Declaraciones a periodistas para hablar de los  cuestionamientos  económicos contenidos en el manifiesto de las fuerzas productoras  del  comercio  y  la industria  y nota de la  Secretaría  de  Trabajo  y  Previsión  respondiendo sobre el mismo tema
Hace tiempo que no los invitaba a conversar porque no había nada de  gran interés para hacerlo.  Hemos  pasado  por  una  época  carente  de  noticias trascendentales, pero hoy, con motivo  de  algunos  movimientos  de  opinión vinculados a la acción de la  Secretaría  de  Trabajo  y  Previsión,  quería enterarles de ciertas cuestiones  para  que  no  queden  sin  respuesta  las inquietudes que se registran en el juego, más o menos libre, de las  fuerzas que se consideran perjudicadas, y otras que se curan en salud, con  respecto a las disposiciones de orden económico-social que se están adoptando.   En los diarios de esta mañana ha aparecido un manifiesto del  comercio  y de la industria que, en mi concepto, tiene un carácter  netamente  político. Se trata en él poco de industria y de comercio, advirtiéndose fácilmente  su alcance político. Para mí, es  ello  completamente  explicable  que  suceda. Indudablemente  la  revolución  ha  estructurado   un   nuevo   ordenamiento económico-social  y  como  todos  los  nuevos  ordenamientos   produce   sus fricciones, sus oposiciones de un lado y su  apoyo  de  otro.  En  el  libre juego de las instituciones democráticas es un fenómeno natural  que  se  da, algunas veces, con cierta violencia, como en este  caso  en  que  el  asunto político interfiere en el asunto económico, estimulando  así  las  pasiones. Este es el caso.   En mi concepción realista del Estado moderno, concibe perfectamente  bien los estados actuales: dictadura del proletariado en la extrema  izquierda  y dictadura del capital en la extrema derecha. Hay países de  los  dos  cuños. La nuestra hasta ahora  había  sido  una  dictadura  del  capital  -hay  que reconocerlo- y nosotros queremos dar  a  esa  estructura  una  nueva  forma, creando la verdadera democracia en el medio,  donde  ni  el  capital  ni  el proletariado actúan  sobre  las  decisiones  del  gobierno.  Esa  democracia consistiría en nuestro concepto, como concepción integral,  que  el  Estado, el poder absoluto del poder político, sea el que gobierne  sin  presiones  y sin interferencias.   Tanto el capital como el trabajo  en  la  elección  de  tipo  democrático contribuyen a la formación del gobierno; y muchos de sus hombres  están  con él  representados.  Pero  otra  cosa  ocurre  cuando  desde  las  sociedades poderosas se quiere gobernar. Eso no es posible. El gobierno  lo  ejerce  el Estado por su deber político y nadie sale al cruce para decir como  se  debe gobernar. Para eso ellos tienen la posibilidad de concurrir al gobierno  con sus propios hombres. Ese equilibrio que establecería el Estado con su  poder político, es el que concilia a las dos enormes fuerzas  que  hoy  juegan  en los países modernos: el capital y el trabajo. Así,  en  términos  generales; queda explicada esa idea sintética y el contenido político  e  institucional que es el producto de la concepción revolucionaria. Y vamos a eso.   Hasta ahora ha sido la  nuestra  una  verdadera  dictadura  del  capital. Sabemos que se han hecho gobiernos con el  capital,  vendiendo  el  alma  al diablo muchas veces. Pero  la  democracia  no  es  eso.  Por  lo  menos,  la democracia a que nosotros aspiramos. En este asunto es muy  grato  comprobar que los señores  industriales,  por  quienes  siento  aprecio  especial,  la industria, por la que tengo verdadero cariño, no están representados  en  el manifiesto de  hoy,  lo  que  habla  muy  alto  de  la  comprensión,  de  la inteligencia y del patriotismo de los industriales argentinos.   Y digo esto, señores, porque soy de los hombres que no  ha  olvidado  las cuestiones fundamentales para dedicarse a las subsidiarias.  El  país  tiene dos fuerzas preponderantes en su riqueza: los productores,  que  extraen  la riqueza de la tierra y los industriales que la elaboran. Esas  son  las  dos grandes columnas económicas del Estado. Las demás  son  todas  subsidiarias. Entonces al César lo que es del César. Hay que reconocer que el productor  y el industrial son los que crean  los  valores.  Los  demás  los  negocian  o trafican o  hacen  cualquier  cosa.  Dada  esa  concepción  es  inmensamente satisfactorio para nosotros que  no  estén  representados  las  dos  fuerzas fundamentales del Estado: la producción y la industria.
Por otra parte estas fuerzas que firman el  manifiesto  han  representado dentro del país  la  eterna  oligarquía  económica  que  ha  manejado  a  la oligarquía política  que  gobernó  durante  tantos  años.  Yrigoyen  fue  el primero que quiso poner las cosas en  su  lugar,  abatiendo  esa  oligarquía económica que sustentaba la oligarquía política, que era  su  instrumento  y que verdaderamente no gobernaba al país,  de  acuerdo  a  los  que  nosotros entendemos por democracia, que asegura  la  justicia  igual  y  distributiva para todos. Yrigoyen tenía razón  y  la  atacó  incansablemente.  Y  fue  la reacción de esa oligarquía la que volteó a Yrigoyen.
En el juego natural de las revoluciones y las  contrarrevoluciones,  está en germen esa lucha en todos los países del mundo. Por eso esta reacción  se explica.  Es  una  reacción  netamente  oligárquica,  en  nombre  de   otros intereses. Por eso la ausencia de las  fuerzas  productoras  y  las  fuerzas industriales de ese manifiesto me produce una gran satisfacción.  No  voy  a contestar ninguno de los cargos porque no son de carácter  técnico  para  la Secretaría de Trabajo y Previsión. Son cuestiones generales de carácter  más o menos político, que no contesto como Secretario de Trabajo  de  Trabajo  y Previsión. Sólo contesto al memorial que elevaron al señor Presidente de  la República,  en  el  que  puntualizan  cuestiones  técnicas  y  lo   contesto destruyendo totalmente los  cargos  que  se  hacen,  un  tanto  apasionados, deshilvanados y faltos de reflexión.
Este movimiento, aparentemente, es por la  disminución  de  los  precios, vale decir, que estos señores se curan en salud porque  todavía  no  se  han fijado todos los precios máximos. Lo curioso es que los precios máximos  los vamos a fijar con una representación de ellos, que integran  la  Subcomisión Patronal del Consejo de Posguerra, de la que forma parte  el  presidente  de la Bolsa de Comercio, firmante del manifiesto  y  todas  las  demás  fuerzas patronales. Ellos van a fijar los precios y ya protestan contra los  precios que ellos mismos van a establecer en parte. En este momento  en  el  Consejo de Posguerra se trabaja para establecer los  precios,  con  un  criterio  de estricta justicia. No se pueden fijar los precios de la leche condensada  al 31 de diciembre del año pasado, cuando  durante  al  año  la  Secretaría  de Comercio e Industria ha autorizado un aumento en el precio del azúcar  y  de la leche. Cada uno de los precios van  a  ser  minuciosamente  estudiados  y establecidos de acuerdo a  lo  que  sea  justo.  Lo  que  nosotros  queremos disminuir no es el aumento natural, sino evitar  la  especulación.  Por  eso estudiaremos precio por precio, antes de establecerlo  y  esto  lo  hace  el Consejo  de  Posguerra  con  la  Subcomisión  Patronal  en  la   que   están representados los señores que van  a  vender  al  precio  que  ellos  mismos fijarán. Y protestan. Para mí esto no tiene ninguna explicación.
En cuanto al control les resulta mal  que  lo  haga  la  policía.  Yo  he alterado  un  poco  las  disposiciones  de  la  ley  12.591,  que  establece comisiones vecinales, porque ha  creído  que  el  contralor  de  la  policía representa una mayor garantía para los propios comerciantes, que  entregarlo a comisiones vecinales. También se forman  esas  comisiones  vecinales  pero ellas hacen el procedimiento por intermedio de la  policía,  a  la  vez  que éstas hacen su propio contralor. Lo que se trata de asegurar es que no  pase como otras veces, que se establecen precios  para  que  todo  el  mundo  los viole. Esta vez los precios se respetarán tal como se establezcan.
Esta es una cosa importante porque el interés del  gobierno  es  claro  y sencillo: fomentar la justicia social.
Esta resistencia producto de la mentalidad de quienes se resisten  a  las más justificadas reivindicaciones de los hombres  que  trabajan,  representa verdaderamente un alzamiento  contra  las  disposiciones  del  gobierno;  un alzamiento teórico porque las disposiciones del gobierno se van  a  cumplir, porque son justas y deben ser cumplidas. Estudiemos muy bien cada eso  antes de resolver; sabemos  bien  que  son  justos  y  que  pueden  cumplirse.  No dictaremos disposiciones que no pueden llevarse a la  práctica  y  cualquier error que se deslizara será motivo para que retomemos el estudio con  vistas a  subsanarlo.  De  esto  hemos  dado  prueba  ya  en  muchos  casos.  Estas asociaciones patronales  han  dicho  siempre  que  tienen  gran  interés  en colaborar, pero cuando llega el momento, como sería este, se  advierte,  por lo que he dicho, que existe otro sentimiento que el  de  colaboración,  como es el de oponerse haciendo una cuestión política de lo que  es  un  problema eminentemente  económico.  Se  reúnen  para  deliberar  sobre  lo   que   no estuvieron nunca de acuerdo.
El problema lo he presentado yo a la Subcomisión Patronal del Consejo  de Posguerra en los términos en que se presentan estas cuestiones, con toda  la estadigafría a la vista, con una estadigrafía compilada, teórica, de  muchos años, y otra empírica, que realizamos todos los años diez mil o  quince  mil familias obreras, para establecer lo que ellas necesitan  mensualmente  para vivir.
Al considerarse la relación que debe existir entre  precios  y  salarios, la  base  tiene  que  ser  el  salario,  porque  si  se  puede  limitar  las necesidades vitales del hombre. Por eso el  salario  debe  ser  la  base  de cualquier  combinación  para  establecer  el  equilibrio   económico-social. Cuando el hombre percibe menos de lo que necesita para vivir,  es  su  salud la que comienza a sufrir.  Por  eso  el  salario  tiene  esa  extraordinaria importancia.
De acuerdo con la  estadística  de  hoy,  los  precios  existentes  y  de conformidad con nuestros estudios teóricos y  empíricos  y  la  estadigrafía disponible, el salario mínimo debería alcanzar a 193,60 $  por  mes.  Es  lo que necesita una familia obrera para  vivir  un  mes.  De  acuerdo  con  las estadísticas que pongo a disposición de quienes quieran consultarla, si  ese es el salario  mínimo  hasta  la  referida  suma  mensual  o  disminuir  los precios, para que la situación vuelva al antiguo nivel exigir uno  de  estos caminos. Si alguien tiene otra teoría la  aceptaremos  para  proceder  a  su inmediato estudio; si existe otra solución, que la expongan.
De lo contrario,  o  bajan  los  precios  o  el  gobierno  aumentará  los salarios y seguiremos así en la  carrera  de  la  inflación,  que  será  más perjudicial. Esto es algo claro como el agua.
No alcanzo a percibir  otra  solución  inmediata.  Por  ello  resolvimos, todos de acuerdo, bajar los precios  hasta  el  nivel  que  existía  con  el salario mínimo de 160$ por mes, es decir al nivel medio de lo  que  necesita un hombre para comer, vestirse y habitar con su mujer  y  tres  hijos.  Para ello tenemos que bajar el precio de la carne, de la ropa y de otra serie  de artículos, en una pequeña porción por  cada  artículo.  Si  conseguimos  eso habremos detenido la inflación en forma inmediata. La detención  mediata  se está estudiando sobre la base de medidas generales; pero por ahora  hay  que frenarla y para  ello  no  existe  otro  medio  que  condicionar  precios  y salarios. Y eso es lo que hemos hecho.
En consecuencia, nadie podrá en este país  ganar  menos  de  160$  cuando hayamos bajado los precios hasta relacionarlos con ese límite porque  de  lo contrario no podrá vivir. Ese es el problema que planteo, y  repito  que  si existe  otra  solución  espero  que  la  expongan,  en  lugar  de   publicar solicitadas que no construyen  nada  y  en  cambio  dificultan,  molestan  e interfieren. Si se presenta otra solución la  recibiremos  encantados.  Pero lo cierto es que hasta ahora nadie la ha aportado.
Se trata, pues de evitar la continuación de  carrera  inflacionista.  Los firmantes de la solicitada en vez de buscar  soluciones  mandaron  al  señor Presidente de la República  un  memorial  que  yo  contesto  aquí  en  forma general.  En  dicho  memorial  no  se   puntualiza   nada.   Se   habla   de generalidades. Se dice que la Secretaría de  Trabajo  y  Previsión  no  hace política social. Yo no sé que es lo que hacemos entonces.  ¿Haremos  tortas? Se  agrega  que  en  vez  de  asegurar  la  tranquilidad  social,  la  hemos perturbado; y, en fin, otro sinnúmero de cuestiones  que  podrán  leerse  en ese memorial y a las cuales contesto,  como  he  dicho,  en  forma  general, primero, y  luego  con  comprobaciones  estadigráficas  porque  los  números hablan con la mayor elocuencia en estas  cuestiones  en  económico-sociales. Les enumero por ejemplo la cantidad de huelgas  que  ha  habido  durante  el período en que ellos dicen que estaban tranquilos. Y respecto de una  teoría esbozada de que la Semana Trágica aseguró al país 26  años  de  tranquilidad social, eso hace suponer que quisieran otra Semana  Trágica.  Entendida  así la tranquilidad social, no hay nada que conversar.  Si  se  trata  de  matar cinco o seis mil obreros para luego obligar a trabajar como se quiera y  por lo que se quiera, con el objeto de asegurar  así  25  años  de  tranquilidad social, yo no me voy a prestar para eso.
Conclusión:    El anhelo  más  ferviente  del  Poder  Ejecutivo  es  claro  y  sencillo: fomentar la justicia social. La realización práctica de este  anhelo,  choca con  la  mentalidad  de  quienes  se   resisten   a   la   más   justificada reivindicación obrera y de aquellos otros que  pretenden  imponer  doctrinas económicas y sociales ajenas a nuestras instituciones jurídicas.  Dentro  de las leyes fundamentales de la Nación pueden coexistir las  mejoras  sociales que no se han realizado en lo  que  va  del  siglo,  y  que  la  experiencia recogida de las dos guerras mundiales, aconseja llevar  a  la  práctica.  El gobierno está decidido a implementarlas  por  espíritu  de  justicia,  y  no llega a comprender porque los representantes del comercio y la industria  no comparten  su  convencimiento  aunque  no  sea  más  que  por  espíritu   de conservación. El gobierno ha puesto en primer plano la cuestión  social  por que el mejoramiento  de  las  condiciones  de  trabajo  y  de  vida  de  los trabajadores es un deber elemental,  que  obliga  moral  y  jurídicamente  a cuantos  comparten  la  responsabilidad  del  poder.  Quien  considere   los síntomas exteriores de  riqueza  de  nuestra  metrópoli  y  de  las  grandes ciudades del interior, quizá no llegue a apreciar la estrechez en que  viven los trabajadores ni sospeche las miserables condiciones en  que  se  vive  y trabaja en el interior del país. Nadie puede rebatir esta afirmación.  Nadie puede, tampoco,  negar  legitimidad  a  las  medidas  que  se  adoptan  para remediar la injusticia que representa permitir que continúe  tal  estado  de cosas. A pesar de esta evidencia, cuando  llega  el  momento  de  contribuir cada cual  al  bienestar  colectivo,  el  interés  particular  sobrepuja  al interés social y produce las más enconadas  resistencias  subterráneas  que, la verse atajadas, provocan las expresiones públicas de disconformidad.
 El   gobierno   nacional   ha   solicitado   la   colaboración   a   las representaciones patronales y obreras. Al  prestarla,  no  pueden  pretender los interesados que su opinión sea la que prevalezca, pues, en  posesión  de sus opiniones, ha de ser la autoridad del Estado la que imponga  las  normas de justicia. No entenderlo así, es  alzarse  contra  las  decisiones  de  la autoridad; pretender ofuscar a la opinión señalando  una  sola  faz  de  los problemas, equivale a atentar contra el orden  y la paz que, por  todos  los medios aspira alcanzar  el  gobierno  dentro  de  un  estricto  espíritu  de equidad y de justicia.  Contestación al memorándum elevado por las entidades económicas    La presentación, ante el excelentísimo señor presidente  de  la  Nación, general de brigada Don Edelmiro J. Farell,  de  la  Bolsa  de  Comercio,  la Unión Industrial Argentina  y  numerosas  otras  organizaciones  patronales, expresando el juicio que les  merece  la  política  social  seguida  por  la Secretaría de Trabajo y Previsión, entraña un ataque a fondo a la intensa  y difícil tarea que ha venido desarrollando esta Secretaría, para  mejorar  el estándar de vida de la población laboriosa del país.   En poco más de un año de existencia este organismo ha probado con  hechos irrefutables que no defraudó  las  esperanzas  cifradas  por  el  pueblo  en oportunidad de su creación.
Hasta el 17 de noviembre de 1943 la legislación del trabajo no  sólo  era escasa, sino  que  su  cumplimiento  quedaba  librado  a  la  buena  o  mala disposición patronal o  a  la  fuerza  de  que  dispusieran  los  sindicatos obreros para imponer su respeto. El Estado  se  encontraba  ausente,  puesto que el Departamento Nacional del Trabajo y sus similares de  las  provincias carecían de suficiente autoridad efectiva y de los recursos legales que  les permitieran defender los legítimos  derechos  del  trabajador,  aún  en  los casos que las leyes hubieran estipulado expresamente esos derechos.   Más grave aún era la situación de los trabajadores  con  respecto  a  sus salarios, pues no contando con una legislación que  los  regulara,  quedaban al arbitrio de los empleadores, dando lugar, por lógica consecuencia, a  los reclamos obreros, casi siempre rechazados. En  no  pocas  oportunidades,  no sólo se rehusaba  la  mejora  solicitada  sino  que  adoptaban  medidas  que significaban represalia contra los trabajadores  que  se  destacaban  en  la defensa de los intereses de sus  compañeros  de  tareas.  Las  huelgas,  con todos los inconvenientes para los patronos, los trabajadores  y  el  Estado, eran consecuencia inevitable de ese proceso. Recién entonces  los  gobiernos tomaban intervención y -justo es decirlo-  casi  invariablemente  lo  hacían para sostener y proteger  los  intereses  patronales,  con  desmedro  de  la justicia y en perjuicio de la paz social.   Sólo las muy sólidas organizaciones obreras -y  en  mérito  a  su  propio esfuerzo- lograban imponer mejoras para sus respectivos gremios.  Los  demás estaban desamparados.   Para modificar sustancialmente esta situación, se creó la  Secretaría  de Trabajo y Previsión.   Si alguna demostración definitiva era menester para comprobar la eficacia de orientación seguida y de la obra cumplida por la Secretaría de Trabajo  y Previsión, la encontramos precisamente en que esa obra  provoca  las  quejas de algunas fuerzas económicamente poderosas, habituadas a encontrar  ciertos gobiernos sumisos a sus pretensiones y siempre prestos  a  poner  la  fuerza del Estado para acallar violentamente el reclamo de los humildes.   Cuando los trabajadores del país comprobaron  que  en  la  Secretaría  de Trabajo y Previsión se atendían sus pedidos justificados y se  les  protegía en el derecho constitucional  de  asociación,  se  hicieron  presentes  para solicitar mejoras, que hacía  mucho  tiempo  necesitaban,  pero  que  debían silenciar por falta de autoridades que  los  comprendieran  y  de  garantías para su incipiente organización.   No es cierto que la Secretaría de Trabajo y Previsión impulse  "un  clima de agitación social". El clima lo impulsan las  injusticias  sociales  y  la intransigencia  de  algunas  organizaciones  patronales.  La  Secretaría  de Trabajo y Previsión busca con afán y con serenidad las soluciones  adecuadas y justicieras que  lleguen  a  eliminar  "la  agitación  social"  que  tanto preocupa a las entidades de empleadores,  pero  que  éstas  tan  escasamente contribuyen a evitar.   La acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión dio  esperanzas  a  los trabajadores, y éstos  se  movieron  espontáneamente,  para  entrar  por  la puerta  que  se  les  abría  ampliamente  y  que  antes,  cuando  no  estuvo totalmente cerrada, la encontraban apenas entornada.   Dice la presentación patronal que "la Secretaría de Trabajo  y  Previsión ni estudia ni resuelve problemas de  fondo  relacionados  con  el  trabajo", "Impone  soluciones  circunstanciales  para  satisfacer  conveniencias   del momento, sin mediar sus alcances ni sus  proyecciones".  No  son  necesarios estudios muy profundos para saber que salarios de $4  y $3.50 para  hombres, de $3 y $2 para mujeres mayores y de $1.50 y $1 y hasta  de  $0.80  por  día para menores, representan una vergüenza en plena  Capital  Federal.  Imponer el  aumento  de  esos  salarios,  aunque  pueda  considerarse  una  solución circunstancial para "satisfacer conveniencias del momento", es  un  acto  de estricta justicia que habla muy  alto  de  la  tarea  de  la  Secretaría  de Trabajo y Previsión. Es así que se han  efectuado  numerosos  convenios  que llevaron mensualmente algunos pesos más a hogares de  trabajadores  modestos que sufrían penurias incontables.   Son numerosos los gremios de toda actividad y de distintas jerarquías  en el trabajo que pudieron resolver viejos problemas, merced al esfuerzo  y  al tesonero empeño de la Secretaría de Trabajo y Previsión.   Pero cuando esta Secretaría resuelve o  estudia  problemas  de  fondo  es cuando más se acentúa la queja o la  oposición  de  los  que  dicen  que  no estudiamos ni resolvemos los problemas de fondo.   La previsión social ha encontrado en  esta  Secretaría  un  estímulo  que nadie puede desconocer, y por ello se han incorporado a distintos  regímenes jubilatorios muchos gremios, llevando sus beneficios a centenares  de  miles de trabajadores. Ningún  gobierno  ha  estudiado  más  a  fondo  los  graves problemas de la previsión social de lo que lo hemos hecho  nosotros,  y  las soluciones dadas responden a las justas demandas de las masas afectadas y  a los conceptos modernos y científicos que informan la materia.   Se pretende, por las organizaciones patronales  reclamantes,  sentar  una disconformidad con el procedimiento seguido para el estudio del  decreto-ley sobre jubilación de los empleados de comercio.  Nadie  con  menos  autoridad moral que esas mismas organizaciones para ensayar  siquiera  una  queja  por aquel procedimiento. Esta Secretaría, por intermedio  del  entonces  Consejo de  Previsión  Social,  convocó  a  las  organizaciones  patronales   y   de trabajadores para  que  participaran  del  mencionado  estudio.  Después  de varias reuniones muy numerosas, especialmente por  la  crecida  cantidad  de delegados  patronales,  éstos   se   opusieron   a   que   continuaran   las deliberaciones, porque no se  habían  aceptado  previamente  sus  puntos  de vista. Consta en la versión taquigráfica de la reunión efectuada  el  31  de julio  de  1944,  que  fue  la  representación  patronal  la  que  consideró suficiente el envío de memoriales  por  cada  organización,  exponiendo  sus puntos de vista sobre el proyecto de jubilación de  empleados  de  comercio, para que el  gobierno  resolviera  en  definitiva  y  estimando  innecesario discutir en particular el  proyecto.  Se  comprueba  así  que  sólo  aceptan colaborar cuando previamente consiguen imponer sus puntos de vista. En  este caso no fue el gobierno que lo excluyó, sino los  delegados  patronales  que negaron su contribución a la discusión  y  estudio  del  proyecto.  Como  es lógico, si el reclamo de los empleados de comercio por  obtener  su  régimen jubilatorio era justificado, el gobierno no podía  postergarlo  por  atender el disimulado sabotaje patronal.   El régimen jubilatorio instituido para los empleados mercantiles ha  sido cuidadosamente  estudiado,  y  puede  asegurarse  que  constituye  el  mejor sistema de los existentes en el país y posiblemente de los que rigen  en  el extranjero.   Lejos de merecer críticas, podrá presentarse como ejemplo  y  constituirá legítimo orgullo para la previsión social argentina.   Señalan los organismos patronales, en la presentación que nos  ocupa,  su temor de que siguiendo el  mismo  proceso  de  elaboración  del  decreto-ley 31.665/44,  se  dicte  otro  sobre  salario  mínimo,  salario  vital  móvil, aumentos de sueldos y participación de los trabajadores en las ganancias  de los  empleadores,  según  la  iniciativa  de  la  Confederación  General  de Empleados del Comercio. La Secretaría de Trabajo y Previsión, ha  consultado reiteradamente la opinión del comercio y de la  industria  sobre  el  citado proyecto, se han dado todas las oportunidades para  que  las  organizaciones patronales expresen sus puntos de vista y hagan llegar  sus  estudios  sobre la materia. Pero se ha tropezado últimamente  con  la  obstinación  de  esas organizaciones en pretender señalar, no sólo  a  esta  Secretaría,  sino  al gobierno en  conjunto,  la  forma  y  el  método  como  debe  estudiarse  la iniciativa, al extremo de indicar en qué  entidades  o  reparticiones  deben buscarse los componentes de la comisión de estudio  y  redacción  definitiva del proyecto. Esta Secretaría ha designado  para  ese  efecto  una  comisión compuesta  por  técnicos  profesores,  profesionales  y   especialistas   en problemas sociales y económicos, todos de reconocida capacidad,  ilustración y de indiscutible honestidad para que estudien y  redacten  el  proyecto  en carácter de comisión oficial y no  de  comisión  paritaria  de  empleados  y patronos.   Aparentemente se hacen objeciones de procedimiento, pero lo que  inquieta a los reclamantes es que iniciativas como el salario mínimo  que  hacía  más de  tres  décadas   esperaba   infructuosamente   el   pronunciamiento   del Parlamento, actualmente es estudiada con seriedad  y  con  posibilidades  de convertirse  en  realidad.  La  participación  en  los  beneficios   parecer alarmarles, pero no se han dado las razones que demuestren  la  perturbación que provocaría y menos que prueben la injusticia del sistemas que, por  otra parte,  no  incidiría  sobre  los  precios,  no  provocaría  inflación,   ni afectaría   a   las   actividades   poco   remunerativas.   También   parece intranquilizar a los firmantes  del  memorándum  el  proyectado  aumento  de sueldos, cuando la elevación del costo de vida les podría ser  atribuida  en buena proporción. Y más aún, llama la  atención  esta  actitud  patronal  de solapada oposición a un mejoramiento de los trabajadores,  en  las  actuales circunstancias, en que,  en  general,  han  obtenido  y  obtienen  ganancias extraordinarias, en  muchos  casos  fabulosas;  quedando  en  evidencia  sus espíritu egoísta a  no  admitir  de  ninguna  forma  que  esa  situación  de evidente holgura  sea  compartida  en  mínima  parte  de  los  trabajadores. Igualmente pretende el memorándum que ese  proyecto  comprometería  "nuestra capacidad competitiva  dentro  de  la  comunidad  internacional".  Nada  más inexacto por las razones ya apuntadas y porque  nuestro  porvenir  económico sigue presentándose promisorio, si se lo compara con  el  de  otros  países, cuyo  comercio  e  industria  deberán  soportar  fuertes   gravámenes   para amortizar los gastos de guerra. De esta situación  privilegiada  de  nuestro país, también tienen derecho a participar los trabajadores.   La política de la Secretaría de Trabajo y Previsión, tendiente a proteger al obrero y al empleado, no ahuyentará capitales que quieren  invertirse  en nuestro territorio, porque todavía les resultarán reditivos.   Pero, por otra parte, no podremos olvidar que últimamente  los  capitales foráneos pocas veces se han invertido en forma estable y  con  miras  a  los intereses generales de la  Nación.  No  faltarán  capitales,  sino,  por  el contrario, los tendremos  de  muy  buena  fuente,  provenientes  del  ahorro popular, establecido por los aportes y contribuciones de nuestro régimen  de previsión social. Serán capitales argentinos, al servicio del  progreso  del país y que, al propio  tiempo,  afianzarán  los  sistemas  jubilatorios  que protegen a nuestros trabajadores.   Esta es la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión y de  ahí  pueden deducirse el valor de  la  críticas  que  les  formulen  los  representantes patronales.   Con ligereza extraordinaria las organizaciones patronales afirman  en  el memorándum  que  la  Secretaría  de  Trabajo  "persigue  a  los   dirigentes gremiales y se los reemplaza por otros adictos....". El asombro que  provoca esa aseveración no sólo radica en su inexactitud, sino en que es la  primera vez que los representantes patronales parecen inquietarse  por  el  supuesto atropello  a  los  dirigentes  obreros.  La  Secretaría  de  Trabajo  no  ha perseguido ni ha pedido la detención de ningún  dirigente  gremial.  Tampoco es cierto que los haya substituido por "adictos", pues  no  ha  impuesto  un solo dirigente a ningún sindicato y, por lo  contrario,  las  organizaciones han elegido libremente sus comisiones directivas.  Prueba  de  ello  es  que casi la totalidad de los actuales dirigentes gremiales lo eran ya antes  del 4 de junio de 1943.  Por  razones  de  carácter  político,  el  gobierno  ha impedido la actuación de algunos dirigentes que  utilizaban  los  sindicatos para servir a un partido político declarado ilegal por todos  los  gobiernos del país desde hace más de veinte años. Pero la Secretaría de Trabajo no  ha reemplazado  a  esos  dirigentes.  El  movimiento  obrero   se   desenvuelve normalmente y con mayores garantías que antes de la revolución.   Contrariando esa supuesta preocupación por la suerte  de  los  dirigentes obreros,  la  presentación  patronal  lamenta  que  esta   Secretaría   haya declarado  legales  varias  huelgas,  entre   ellas   la   de   trabajadores frigoríficos.   Es que no pueden olvidar las lejanas y  recientes  épocas,  en  que  toda huelga era reprimida violentamente por la fuerza que  el  Estado  tiene,  no para esas funciones, sino para guardar el orden. Este gobierno no  ha  usado la  fuerza  contra  ninguna  huelga  de  trabajadores,   porque   no   tiene compromisos espurios con las capitalistas y porque respeta  el  derecho  del obrero a defender sus justas reivindicaciones.   Termina la nota patronal recordando que "durante veinticinco  años  desde la semana trágica de enero de 1919 el país ha  vivido  dentro  de  una  casi perfecta  tranquilidad  social".  Pareciera  reclamar  una   nueva   "semana trágica" para asegurarles otros veinticinco años de tranquilidad.   Este gobierno no lo hará. No asegurará ni veinticinco años ni veinticinco días de tranquilidad a los capitalistas siguiendo el ejemplo doloroso de  la semana de enero de 1919, pues la sangre  de  los  trabajadores  sacrificados entonces, no debe refrescarse con nuevos actos  de  injustificada  violencia oficial.   La cohesión social es interés del  gobierno,  pero  debe  basarse  en  la justicia social.   La revolución no pude pasar infructuosamente en esta materia.   El fraude electoral y los negociados públicos no eran los únicos males de que padecía nuestro  país.  También  lo  afectaba  una  profunda  injusticia social, que los hombre de la revolución del 4 de junio queremos eliminar  en la medida que la época y las circunstancias lo permitan.   Hay que unir al país en el bien y en la paz, que  sólo  son  posibles  si todos los  habitantes  y,  esencialmente  los  humildes,  encuentran  en  el gobierno de la revolución la sensibilidad de captar y  resolver  con  altura los problemas y las necesidades que los afectan.   Para que todo el país sea una unidad próspera en lo económico,  no  deben desecharse las reivindicaciones, y medidas  sensatas  de  los  trabajadores. Así podrá vivirse una democracia auténtica, en la que cada ciudadano sea  un valor  individual  al  servicio  del  bien  colectivo.  Así  también  podrán apreciarse los beneficios de  la  libertad,  que  es  consustancial  con  la existencia del  hombre,  a  cubierto  de  necesidades  económicas  y  en  el ejercicio de sus derechos democráticos.   La revolución no cumpliría su cometido si  solo  mejora  al  país  en  lo político. También  tiene  que  mejorarlo  en  lo  económico,  procurando  la justicia social.   Así llegaremos  a  señalar  un  momento  histórico  con  justicia  en  lo económico-social, en un régimen de democracia depurada y auténtica y  en  un clima de verdadera libertad.   Un anexo contiene diversas estadísticas   La "Contestación al memorándum elevado por las  entidades  económicas  al excelentísimo  señor  presidente  de  la  Nación",  que  ayer   entregó   el secretario de Trabajo, está acompañado de un extenso anexo  que,  recogiendo afirmaciones del memorándum, empieza así:    No es lícito hablar de una legislación atenta a la  satisfacción  de  las más justas reivindicaciones obreras", refiriéndose a la que regía  antes  de las revolución. Esta legislación no  tenía  la  atención  fija  en  las  más justas  reivindicaciones  obreras,  ni  siquiera  en  las  más   apremiantes exigencias  del  instinto  primario  de  atender  a  las   necesidades   más perentorias.
El "anexo" examina en seguida  la  evolución  de  la  legislación  obrera argentina, recordando que ya en  1904  el  proyecto  de  "Ley  Nacional  del Trabajo", preparado a iniciativa de Joaquín V. González, trazaba las  líneas generales de una codificación general. Después de  examinarla,  prosigue  el "anexo".
A pesar de esta previsora iniciativa,  la  legislación  promulgada  desde 1904 hasta la revolución del 4 de junio de  1943,  contempló  solo  aspectos parciales o circunstanciales de la vida  del  trabajo,  no  enfoncándose  el problema social como un todo orgánico que debía resolverse armónicamente.   Ni orgánica ni armónica  ha  sido  la  legislación  social.  No  ha  sido orgánica porque solo medidas fragmentarias,  aisladas  e  inconexas  se  han adoptado. No ha sido armónica,  porque  al  dictarse,  para  satisfacer  una necesidad momentánea o una presión política tenaz, la medida  social  no  ha considerado el orden general en que se desenvolvía nuestra economía.   De ahí que no sólo hayan sido ineficaces muchas leyes obreras,  sino  que han  entorpecido  muy  frecuentemente  las   marcha   de   las   actividades industriales, por falta de convenientes enlaces y adecuada coordinación.   El "anexo" que nos ocupa enuncia luego cada  una  de  las  leyes  obreras dictadas en el orden  nacional  entre  1905  y  1943,  para  continuar  así, recogiendo otra manifestación del memorándum de las fuerzas económicas:   La  "intensificación  de  la  actividad  económica   que   daba   amplias posibilidades al trabajo" se ha debido en el curso de los últimos diez  años a dos órdenes de concausas:   1º.- De 1935 a 1939, a la reacción económica experimentada por el país al despejarse las consecuencias de la  gran  crisis  económica  mundial  (1929- 1934), cuyo máximo esplendor alcanzamos en  1937,  con  un  saldo  comercial favorable de pesos 753.313.422;   2º.- De 1939 en adelante, a nuestra industrialización provocada  por  las necesidades de la guerra, a efectos de atender por  igual  las  demandas  de los mercados exteriores y las del mercado interno,  que  requería  artículos que antes de la guerra  se  importaban.  Es  decir,  los  capitales  se  han arriesgado cuando el "riesgo que se corría  no  era  ganar  o  perder,  sino ganar  3.000 por 100, o conformarse con duplicar la suma que se exponía.   El "anexo" cita juicios del Banco Central y de diversos  especialistas  y añade:   Si asombrosa resulta la  afirmación  de  que  "la  cuestión  social  como problema  latente  careciera  de  causas  inmediatas  y   determinantes   de exteriorización pública, debido a la legislación atenta  a  la  satisfacción de  las  más  justas  reivindicaciones"  y  capciosa  puede  ser  la   sutil sugerencia de que a ello podían contribuir las "fuerzas vivas" por su  deseo o esfuerzo encaminados  a  intensificar  la  actividad  económica  que  daba amplias  posibilidades  de   trabajo,   resulta   incalificable   la   audaz aseveración de que fueron "crecientes  las  mejoras  a  la  retribución  del trabajo"   Antes de la Revolución escasos fueron los  salarios  que  se  aumentaron. Aumentaba el volumen  global  de  salarios  pagados,  porque  la  activación económica debida a las causas analizadas en los párrafos  precedentes  había proporcionado mayor cantidad de empleos.   De 609.900 personas ocupadas en la  industria  en  1935,  de  las  cuales 474.400 era obreros, registráronse  1.020.000  en  1944,  de  cuya  cantidad 806.000 eran obreros. De 536 millones pagados en  concepto  de  salarios  en 1935, se pasó a 1.269 millones en 1944.  De  una  producción  que  tenía  un valor de 3.400 millones en 1935 se pasó a un  valor  de  8.000  millones  en 1943, último año de que se poseen cifras.   En un cuadro basado, según expresa,  en  las  estadísticas  oficiales  se desarrollan estas cifras por bienios entre 1935 y  1943,  agregando  las  de 1944.   Estas "cifras absolutas" las traduce luego otro cuadro del "anexo" en sus correspondientes "números índices" con la base 100 colocada en 1935, lo  que hace anotar para 1943  los  siguientes  índices:  personas  ocupadas  en  la industria, 164,4; salarios pagados, 209,9; valor de la producción,  235,3  y para 1944 a 167,2 el primer renglón,  a  169,9  el  segundo  y  a  236,8  el tercero, quedando en blanco el referente al valor de la producción.   Otro cuadro da enseguida los "números índices" de los precios mayoristas. Partiendo de la base 100 para 1935,  anota  los  siguientes  ascensos,  para cada dos años hasta 1943: 110,32 en 1937 y luego 110,70,  157,96  y  225,84. Agrégase a continuación el "índice" de 1944, que llega a 236,55.   Varios cuadros anotan después las variaciones de los  precios  minoristas en el mismo período -pero año  por  año-,  con  relación  a  los  siguientes artículos: pan, papas, carne, legumbres, huevos,  pastas,  pescado,  aceite, conservas, queso, harina, yerba, azúcar, arroz,  café,  leche,  vino,  soda, tabaco, carbón, kerosene y jabón.   Después dice el "anexo":   "Pero si se quieren conocer las crecientes mejoras en la  retribución  de los trabajadores,  es  preciso  consignar  otra  serie  de  cifras,  también oficiales, que revelan cuál era la situación  en  la  época  que,  según  él memorandum de las entidades  patronales,  la  cuestión  social  "carecía  de causas inmediatas y determinantes de exteriorización pública". Estas  cifras son las referentes a salarios nominales costo  de  vida  y  variaciones  del índice del salario real, que a continuación se consignan:                   NUMEROS ÍNDICES Años           Salario nominal        Costo  de  la  vida            Salario real 1935........
        100,-                                          100,-          100,- 1937........
         106,50                                       112,05        95,05 1939........
         106,17                                       112,17        96,04 1941........
         106,97                                       114,97        97,80     Contrariamente a lo que afirma el memorándum, las estadísticas  oficiales no comprueba las crecientes mejoras a la retribución, sino lo siguiente:   1º.- Que en 1944 había 410.100 personas ocupadas más que en 1935.
2º.- Que el importe global de los salarios pagados en 1944  fue  superior en 733 millones con relación al de 1935.
3º.- Que el valor de la producción industrial fue  en  1943  superior  en 4.609 millones de pesos con respecto al que alcanzó en 1935, o para  hacerlo más comprensible, el valor de la producción pasó de  un  valor  relativo  de 100 en 1935 a 735 en 1941. 4º.- Que los precios mayoristas de artículos  no  agropecuarios  pasaron  de 100 a 236,5 en las mismas fechas. 5º.- Que los  salarios  nominales,  es  decir,  los  importes  efectivamente percibidos como retribución del trabajo, subieron un 14,9% de 1935 a 1942.
6º.- Que el índice del costo de la vida pasó de 100 en 1935 a  117,86  en 1942.   7º.- Que el poder adquisitivo  del  salario  estuvo  durante  este  largo periodo por debajo de las necesidades vitales mínimas de la familia obrera.   De donde resulta que,  aún  manteniéndose  para  época  actual  el  mismo salario real, es decir, el mismo poder adquisitivo, no  se  han  beneficiado los obreros en nada, pues a cambio  de  su  esfuerzo  ajustado  en  trabajo, continuarían en la misma situación relativa de 1935, o sea con un  nivel  de vida bajo, según resulta  de  las  encuestas  realizadas,  mientras  que  la plusvalía debida al desarrollo industrial  ha  ido  a  parar  a  unas  pocas manos.   Durante veinticinco años, desde aquella semana trágica de enero de  1919, el país ha vivido dentro de una casi perfecta tranquilidad social.   Muy análoga a la tranquilidad social que precedió a la revolución  del  4 de junio de 1943 debió ser la que precedió a la semana trágica de  enero  de 1919. Porque el  malestar  social  interno,  revelado  por  mil  síntomas  y detalles  que  conocen  cuantos  intervienen  de  cerca  en  los  conflictos sociales,  estudiándolos  metódicamente  y  midiendo  sus   antecedentes   y consecuencias es, por desgracia, trágico problema que viene de muy  antiguo, de muy antes de la semana trágica de enero de 1919. Las causas que  pudieron crear el ambiente necesario a tales desmanes  fueron  idénticas  a  las  que hubieran impelido a las masas trabajadoras a  resoluciones  extremas  si  la revolución de junio se hubiera  forjado  precisamente  para  establecer  una verdadera justicia social.   La indefención del ciudadano como trabajador ante el patrono injusto y la indefención del ciudadano como consumidor ante  las  especuladores  son  las causas que empujan a las masas obreras a  tomar resoluciones desesperadas.   El "anexo" recuerda otra vez el proyecto nacional del trabajo de  1904  y cita una frase del mensaje del P. E. de aquella época, para añadir:   Ya  se  habla  de  agitaciones   y   huelgas,   que   luego   continuaron ininterrumpidamente.   Pero el  periodo  inmediato  anterior  a  la  semana  de  enero,  el  que transcurre desde la declaración de guerra de 1914, conviene  compararlo  con el que transcurre desde 1939 hasta el presente.   El "anexo" se cierra con esa comparación, materializada en  los  "números índices" de las huelgas declaradas entre 1914 y 1918, por un  lado  y  entre 1939 y 1942, por el otro. ...................   Version 2 = es la que va TITULO REDACTADO - VERSION DEFINITIVA                                                          16 de junio de 1945  Declaraciones a periodistas para hablar de los  cuestionamientos  económicos contenidos en el manifiesto de las fuerzas productoras  del  comercio  y  la industria (*)   En su despacho de la vicepresidencia  de  la  Nación,  el  coronel  Perón   recibió ayer a los periodistas destacados  en  la  Casa  de  Gobierno,  a   quienes hizo declaraciones  acerca  de  problemas  económico-sociales  de   actualidad.  (*) Fuentes: -Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación -  Biblioteca del Congreso Nacional - Biblioteca Peronista -La Prensa, 17 de junio de 1945 -La Nación 17 de junio de 1945    Hace tiempo que no los invitaba a conversar porque no había nada de  gran interés para hacerlo.  Hemos  pasado  por  una  época  carente  de  noticias trascendentales, pero hoy, con motivo  de  algunos  movimientos  de  opinión vinculados a la acción de la  Secretaría  de  Trabajo  y  Previsión,  quería enterarles de ciertas cuestiones  para  que  no  queden  sin  respuesta  las inquietudes que se registran en el juego, más o menos libre, de las  fuerzas que se consideran perjudicadas, y otras que se curan en salud, con  respecto a las disposiciones de orden económico-social que se están adoptando.   En los diarios de esta mañana ha aparecido un manifiesto del  comercio  y de la industria que, en mi concepto, tiene un carácter  netamente  político. Se trata en él poco de industria y de comercio, advirtiéndose fácilmente  su alcance político. Para mí, es  ello  completamente  explicable  que  suceda. Indudablemente  la  revolución  ha  estructurado   un   nuevo   ordenamiento económico-social  y  como  todos  los  nuevos  ordenamientos   produce   sus fricciones, sus oposiciones de un lado y su  apoyo  de  otro.  En  el  libre juego de las instituciones democráticas es un fenómeno natural  que  se  da, algunas veces, con cierta violencia, como en este  caso  en  que  el  asunto político interfiere en el asunto económico, estimulando  así  las  pasiones. Este es el caso.   En mi concepción realista del Estado moderno, concibe perfectamente  bien los estados actuales: dictadura del proletariado en la extrema  izquierda  y dictadura del capital en la extrema derecha. Hay países de  los  dos  cuños. La nuestra hasta ahora  había  sido  una  dictadura  del  capital  -hay  que reconocerlo- y nosotros queremos dar  a  esa  estructura  una  nueva  forma, creando la verdadera democracia en el medio,  donde  ni  el  capital  ni  el proletariado actúan  sobre  las  decisiones  del  gobierno.  Esa  democracia consistiría en nuestro concepto, como concepción integral,  que  el  Estado, el poder absoluto del poder político, sea el que gobierne  sin  presiones  y sin interferencias.   Tanto el capital como el trabajo  en  la  elección  de  tipo  democrático contribuyen a la formación del gobierno; y muchos de sus hombres  están  con él  representados.  Pero  otra  cosa  ocurre  cuando  desde  las  sociedades poderosas se quiere gobernar. Eso no es posible. El gobierno  lo  ejerce  el Estado por su deber político y nadie sale al cruce para decir como  se  debe gobernar. Para eso ellos tienen la posibilidad de concurrir al gobierno  con sus propios hombres. Ese equilibrio que establecería el Estado con su  poder político, es el que concilia a las dos enormes fuerzas  que  hoy  juegan  en los países modernos: el capital y el trabajo. Así,  en  términos  generales; queda explicada esa idea sintética y el contenido político  e  institucional que es el producto de la concepción revolucionaria. Y vamos a eso.   Hasta ahora ha sido la  nuestra  una  verdadera  dictadura  del  capital. Sabemos que se han hecho gobiernos con el  capital,  vendiendo  el  alma  al diablo muchas veces. Pero  la  democracia  no  es  eso.  Por  lo  menos,  la democracia a que nosotros aspiramos. En este asunto es muy  grato  comprobar que los señores  industriales,  por  quienes  siento  aprecio  especial,  la industria, por la que tengo verdadero cariño, no están representados  en  el manifiesto de  hoy,  lo  que  habla  muy  alto  de  la  comprensión,  de  la inteligencia y del patriotismo de los industriales argentinos.   Y digo esto, señores, porque soy de los hombres que no  ha  olvidado  las cuestiones fundamentales para dedicarse a las subsidiarias.  El  país  tiene dos fuerzas preponderantes en su riqueza: los productores,  que  extraen  la riqueza de la tierra y los industriales que la elaboran. Esas  son  las  dos grandes columnas económicas del Estado. Las demás  son  todas  subsidiarias. Entonces al César lo que es del César. Hay que reconocer que el productor  y el industrial son los que crean  los  valores.  Los  demás  los  negocian  o trafican o  hacen  cualquier  cosa.  Dada  esa  concepción  es  inmensamente satisfactorio para nosotros que  no  estén  representados  las  dos  fuerzas fundamentales del Estado: la producción y la industria.
Por otra parte estas fuerzas que firman el  manifiesto  han  representado dentro del país  la  eterna  oligarquía  económica  que  ha  manejado  a  la oligarquía política  que  gobernó  durante  tantos  años.  Yrigoyen  fue  el primero que quiso poner las cosas en  su  lugar,  abatiendo  esa  oligarquía económica que sustentaba la oligarquía política, que era  su  instrumento  y que verdaderamente no gobernaba al país,  de  acuerdo  a  los  que  nosotros entendemos por democracia, que asegura  la  justicia  igual  y  distributiva para todos. Yrigoyen tenía razón  y  la  atacó  incansablemente.  Y  fue  la reacción de esa oligarquía la que volteó a Yrigoyen.
En el juego natural de las revoluciones y las  contrarrevoluciones,  está en germen esa lucha en todos los países del mundo. Por eso esta reacción  se explica.  Es  una  reacción  netamente  oligárquica,  en  nombre  de   otros intereses. Por eso la ausencia de las  fuerzas  productoras  y  las  fuerzas industriales de ese manifiesto me produce una gran satisfacción.  No  voy  a contestar ninguno de los cargos porque no son de carácter  técnico  para  la Secretaría de Trabajo y Previsión. Son cuestiones generales de carácter  más o menos político, que no contesto como Secretario de Trabajo  de  Trabajo  y Previsión. Sólo contesto al memorial que elevaron al señor Presidente de  la República,  en  el  que  puntualizan  cuestiones  técnicas  y  lo   contesto destruyendo totalmente los  cargos  que  se  hacen,  un  tanto  apasionados, deshilvanados y faltos de reflexión.
Este movimiento, aparentemente, es por la  disminución  de  los  precios, vale decir, que estos señores se curan en salud porque  todavía  no  se  han fijado todos los precios máximos. Lo curioso es que los precios máximos  los vamos a fijar con una representación de ellos, que integran  la  Subcomisión Patronal del Consejo de Posguerra, de la que forma parte  el  presidente  de la Bolsa de Comercio, firmante del manifiesto  y  todas  las  demás  fuerzas patronales. Ellos van a fijar los precios y ya protestan contra los  precios que ellos mismos van a establecer en parte. En este momento  en  el  Consejo de Posguerra se trabaja para establecer los  precios,  con  un  criterio  de estricta justicia. No se pueden fijar los precios de la leche condensada  al 31 de diciembre del año pasado, cuando  durante  al  año  la  Secretaría  de Comercio e Industria ha autorizado un aumento en el precio del azúcar  y  de la leche. Cada uno de los precios van  a  ser  minuciosamente  estudiados  y establecidos de acuerdo a  lo  que  sea  justo.  Lo  que  nosotros  queremos disminuir no es el aumento natural, sino evitar  la  especulación.  Por  eso estudiaremos precio por precio, antes de establecerlo  y  esto  lo  hace  el Consejo  de  Posguerra  con  la  Subcomisión  Patronal  en  la   que   están representados los señores que van  a  vender  al  precio  que  ellos  mismos fijarán. Y protestan. Para mí esto no tiene ninguna explicación.
En cuanto al control les resulta mal  que  lo  haga  la  policía.  Yo  he alterado  un  poco  las  disposiciones  de  la  ley  12.591,  que  establece comisiones vecinales, porque ha  creído  que  el  contralor  de  la  policía representa una mayor garantía para los propios comerciantes, que  entregarlo a comisiones vecinales. También se forman  esas  comisiones  vecinales  pero ellas hacen el procedimiento por intermedio de la  policía,  a  la  vez  que éstas hacen su propio contralor. Lo que se trata de asegurar es que no  pase como otras veces, que se establecen precios  para  que  todo  el  mundo  los viole. Esta vez los precios se respetarán tal como se establezcan.
Esta es una cosa importante porque el interés del  gobierno  es  claro  y sencillo: fomentar la justicia social.
Esta resistencia producto de la mentalidad de quienes se resisten  a  las más justificadas reivindicaciones de los hombres  que  trabajan,  representa verdaderamente un alzamiento  contra  las  disposiciones  del  gobierno;  un alzamiento teórico porque las disposiciones del gobierno se van  a  cumplir, porque son justas y deben ser cumplidas. Estudiemos muy bien cada eso  antes de resolver; sabemos  bien  que  son  justos  y  que  pueden  cumplirse.  No dictaremos disposiciones que no pueden llevarse a la  práctica  y  cualquier error que se deslizara será motivo para que retomemos el estudio con  vistas a  subsanarlo.  De  esto  hemos  dado  prueba  ya  en  muchos  casos.  Estas asociaciones patronales  han  dicho  siempre  que  tienen  gran  interés  en colaborar, pero cuando llega el momento, como sería este, se  advierte,  por lo que he dicho, que existe otro sentimiento que el  de  colaboración,  como es el de oponerse haciendo una cuestión política de lo que  es  un  problema eminentemente  económico.  Se  reúnen  para  deliberar  sobre  lo   que   no estuvieron nunca de acuerdo.
El problema lo he presentado yo a la Subcomisión Patronal del Consejo  de Posguerra en los términos en que se presentan estas cuestiones, con toda  la estadigafría a la vista, con una estadigrafía compilada, teórica, de  muchos años, y otra empírica, que realizamos todos los años diez mil o  quince  mil familias obreras, para establecer lo que ellas necesitan  mensualmente  para vivir.
Al considerarse la relación que debe existir entre  precios  y  salarios, la  base  tiene  que  ser  el  salario,  porque  si  se  puede  limitar  las necesidades vitales del hombre. Por eso el  salario  debe  ser  la  base  de cualquier  combinación  para  establecer  el  equilibrio   económico-social. Cuando el hombre percibe menos de lo que necesita para vivir,  es  su  salud la que comienza a sufrir.  Por  eso  el  salario  tiene  esa  extraordinaria importancia.
De acuerdo con la  estadística  de  hoy,  los  precios  existentes  y  de conformidad con nuestros estudios teóricos y  empíricos  y  la  estadigrafía disponible, el salario mínimo debería alcanzar a 193,60 $  por  mes.  Es  lo que necesita una familia obrera para  vivir  un  mes.  De  acuerdo  con  las estadísticas que pongo a disposición de quienes quieran consultarla, si  ese es el salario  mínimo  hasta  la  referida  suma  mensual  o  disminuir  los precios, para que la situación vuelva al antiguo nivel exigir uno  de  estos caminos. Si alguien tiene otra teoría la  aceptaremos  para  proceder  a  su inmediato estudio; si existe otra solución, que la expongan.
De lo contrario,  o  bajan  los  precios  o  el  gobierno  aumentará  los salarios y seguiremos así en la  carrera  de  la  inflación,  que  será  más perjudicial. Esto es algo claro como el agua.
No alcanzo a percibir  otra  solución  inmediata.  Por  ello  resolvimos, todos de acuerdo, bajar los precios  hasta  el  nivel  que  existía  con  el salario mínimo de 160$ por mes, es decir al nivel medio de lo  que  necesita un hombre para comer, vestirse y habitar con su mujer  y  tres  hijos.  Para ello tenemos que bajar el precio de la carne, de la ropa y de otra serie  de artículos, en una pequeña porción por  cada  artículo.  Si  conseguimos  eso habremos detenido la inflación en forma inmediata. La detención  mediata  se está estudiando sobre la base de medidas generales; pero por ahora  hay  que frenarla y para  ello  no  existe  otro  medio  que  condicionar  precios  y salarios. Y eso es lo que hemos hecho.
En consecuencia, nadie podrá en este país  ganar  menos  de  160$  cuando hayamos bajado los precios hasta relacionarlos con ese límite porque  de  lo contrario no podrá vivir. Ese es el problema que planteo, y  repito  que  si existe  otra  solución  espero  que  la  expongan,  en  lugar  de   publicar solicitadas que no construyen  nada  y  en  cambio  dificultan,  molestan  e interfieren. Si se presenta otra solución la  recibiremos  encantados.  Pero lo cierto es que hasta ahora nadie la ha aportado.
Se trata, pues de evitar la continuación de  carrera  inflacionista.  Los firmantes de la solicitada en vez de buscar  soluciones  mandaron  al  señor Presidente de la República  un  memorial  que  yo  contesto  aquí  en  forma general.  En  dicho  memorial  no  se   puntualiza   nada.   Se   habla   de generalidades. Se dice que la Secretaría de  Trabajo  y  Previsión  no  hace política social. Yo no sé que es lo que hacemos entonces.  ¿Haremos  tortas? Se  agrega  que  en  vez  de  asegurar  la  tranquilidad  social,  la  hemos perturbado; y, en fin, otro sinnúmero de cuestiones  que  podrán  leerse  en ese memorial y a las cuales contesto,  como  he  dicho,  en  forma  general, primero, y  luego  con  comprobaciones  estadigráficas  porque  los  números hablan con la mayor elocuencia en estas  cuestiones  en  económico-sociales. Les enumero por ejemplo la cantidad de huelgas  que  ha  habido  durante  el período en que ellos dicen que estaban tranquilos. Y respecto de una  teoría esbozada de que la Semana Trágica aseguró al país 26  años  de  tranquilidad social, eso hace suponer que quisieran otra Semana  Trágica.  Entendida  así la tranquilidad social, no hay nada que conversar.  Si  se  trata  de  matar cinco o seis mil obreros para luego obligar a trabajar como se quiera y  por lo que se quiera, con el objeto de asegurar  así  25  años  de  tranquilidad social, yo no me voy a prestar para eso.
Conclusión:    El anhelo  más  ferviente  del  Poder  Ejecutivo  es  claro  y  sencillo: fomentar la justicia social. La realización práctica de este  anhelo,  choca con  la  mentalidad  de  quienes  se   resisten   a   la   más   justificada reivindicación obrera y de aquellos otros que  pretenden  imponer  doctrinas económicas y sociales ajenas a nuestras instituciones jurídicas.  Dentro  de las leyes fundamentales de la Nación pueden coexistir las  mejoras  sociales que no se han realizado en lo  que  va  del  siglo,  y  que  la  experiencia recogida de las dos guerras mundiales, aconseja llevar  a  la  práctica.  El gobierno está decidido a implementarlas  por  espíritu  de  justicia,  y  no llega a comprender porque los representantes del comercio y la industria  no comparten  su  convencimiento  aunque  no  sea  más  que  por  espíritu   de conservación. El gobierno ha puesto en primer plano la cuestión  social  por que el mejoramiento  de  las  condiciones  de  trabajo  y  de  vida  de  los trabajadores es un deber elemental,  que  obliga  moral  y  jurídicamente  a cuantos  comparten  la  responsabilidad  del  poder.  Quien  considere   los síntomas exteriores de  riqueza  de  nuestra  metrópoli  y  de  las  grandes ciudades del interior, quizá no llegue a apreciar la estrechez en que  viven los trabajadores ni sospeche las miserables condiciones en  que  se  vive  y trabaja en el interior del país. Nadie puede rebatir esta afirmación.  Nadie puede, tampoco,  negar  legitimidad  a  las  medidas  que  se  adoptan  para remediar la injusticia que representa permitir que continúe  tal  estado  de cosas. A pesar de esta evidencia, cuando  llega  el  momento  de  contribuir cada cual  al  bienestar  colectivo,  el  interés  particular  sobrepuja  al interés social y produce las más enconadas  resistencias  subterráneas  que, la verse atajadas, provocan las expresiones públicas de disconformidad.
 El   gobierno   nacional   ha   solicitado   la   colaboración   a   las representaciones patronales y obreras. Al  prestarla,  no  pueden  pretender los interesados que su opinión sea la que prevalezca, pues, en  posesión  de sus opiniones, ha de ser la autoridad del Estado la que imponga  las  normas de justicia. No entenderlo así, es  alzarse  contra  las  decisiones  de  la autoridad; pretender ofuscar a la opinión señalando  una  sola  faz  de  los problemas, equivale a atentar contra el orden  y la paz que, por  todos  los medios aspira alcanzar  el  gobierno  dentro  de  un  estricto  espíritu  de equidad y de justicia. ...................