En el acto en  que  se  constituyó  el  Consejo  Directivo  de  la  Asamblea Nacional de la Vivienda
En mi carácter de Secretario  de  Trabajo  y  Previsión  tengo  la  grata satisfacción de hacer llegar al pueblo de la República  la  noticia  de  una medida de gobierno, acaso la más  importante  que  se  haya  adoptado  hasta aquí, en orden al mejoramiento de las condiciones de vida material, moral  y espiritual de la clase trabajadora, por la magnitud de la obra  que  implica y por su proyección en el futuro. Me refiero al  decreto-ley  que  acaba  de dictar el Poder Ejecutivo por el cual se crea la Administración Nacional  de la Vivienda, organismo que tendrá a  su  cargo  la  enorme  pero  nobilísima tarea de proporcionar a miles de hogares, techo sano, decoroso  y  agradable y eliminar al propio tiempo el conventillo promiscuo, el rancho primitivo  y el tugurio insalubre, focos de innumerables males.
En ocasión de iniciarse los estudios preliminares  que  condujeron  a  la estructuración de la Secretaría de  Trabajo  y  Previsión,  sostuve  que  no podía escapar a la órbita de sus atribuciones específicas  cuanto  atañe  al problema de la vivienda que, junto con el  del  salario,  constituyen,  como gráficamente se ha dicho, los dos polos de la cuestión social.   Propugnar una política social nueva, integral y dinámica, dejando de lado uno de sus aspectos básicos,  como  es  el  que  nos  ocupa,  por  temor  al esfuerzo, a los intereses creados o a otros  pretextos  igualmente  fútiles, hubiera importado quebrar el sentido orgánico que debe presidir la labor  de la Secretaría y claudicar, en mitad del camino, del programa de  acción  que aspiramos a realizar no importa con que sacrificios y cuya  finalidad,  como ya lo he manifestado categóricamente y  explícitamente,  hacer  efectiva  la intercolaboración de todas las fuerzas  del  país,  de  todos  sus  sectores patronales, obreros e incluso de las autoridades públicas  para  que  en  el ámbito de nuestro vasto y rico territorio imperen los  preceptos  saludables de la justicia distributiva y se alcance así la más pacífica y feliz de  las convivencias.
De acuerdo, pues, con el  concepto  lógico  e  incuestionable  que  debía primar, la Secretaría de Trabajo y Previsión asumió desde  un  principio  la obligación de afrontar el  angustioso  problema  de  la  vivienda  planteado entre nosotros y notoriamente agravado en los últimos tiempos, en virtud  no sólo del crecimiento desorganizado y vertiginoso  de  los  centros  poblados sino también de la carencia que  una  política  comprensiva  dirigida  a  su solución.
Si la vivienda pobre, destartalada y miserable pudo  servir  hasta  ahora de argumento para efectivas y  truculentas  disertaciones  y  ser  tema  que difundió la prensa en enjundiosos editoriales, estudió  el  sociólogo  hasta sus últimas derivaciones, analizó  el  estadígrafo  a  través  de  numerosos reveladores de increíbles hacinamientos y de progresiva desnatalidad  y  si, por  lo  demás,  dio  lugar  a  algunas   iniciativas   legislativas   y   a realizaciones prácticas de escaso relieve frente a las ingentes  necesidades del pueblo, no constituyó nunca en las alturas del  poder  una  preocupación verdaderamente honda y patriótica que, impulsando la voluntad  con  decisión incontenida, provocase  ese  empuje  realizador  que  todo  gobernante  debe desplegar cuando, como en el  caso,  corren  riesgos  valores  imponderables como la supervivencia misma de la estirpe y el acrecentamiento  del  capital humano cuyo déficit es y ha  sido  siempre  síntoma  inequívoco  de  grandes males sociales.
Cuidando de no caer en el error de diagnosticar la enfermedad  sin  poner en práctica consecutivamente los procedimientos curativos, traté  por  todos los medios de llevar al terreno de los hechos,  los  antecedentes  meramente informativos  que  existían  sobre  la  cuestión;  ponencias,   monografías, cuestionarios, y fue así que, juntamente con  la  Secretaría  de  Trabajo  y Previsión, formando parte integrante de la misma surgió en  las  esferas  de las actividades públicas la Dirección de la Vivienda,  la  cual  después  de auspiciar una exposición que atrajo a más de 700.000 visitantes y de  llenar una etapa experimental, dio comienzo en la vecina localidad de  general  San Martín,  a  las  obras  del  barrio  Villa  Concepción;   ciudadela   modelo presupuestada en más de seis millones de  pesos  que  satisfará  necesidades materiales y afanes de  cultura  y  cuyas  520  casas,  que  asoman  ya  sus perfiles sobrios y simpáticos darán albergue, dentro  del  presente  año,  a igual número de familias obreras. Asimismo dispuso que  la  intersección  de las calles Juan B. Alberdi y Lacarra de la Capital Federal, se abrieran  los cimientos  de  otro  núcleo  de  edificación  constituido  por  ciento   174 departamentos y que en Santa Rosa de Toay se licitase la edificación  de  24 casas. De tal suerte que, sin haberse abordado todavía los planes de  fondo, estas 718 viviendas mandadas a construir en tan breve lapso nos revelan  que casi hemos alcanzado el nivel de todo lo que el esfuerzo nacional de  otrora pudo lograr.
La mencionada Dirección se transformó luego en el Consejo Nacional de  la Vivienda, entidad que con  la  eficaz  colaboración  de  personas  de  buena voluntad preparó el estatuto legal y financiero de la actual  Administración Nacional de la Vivienda,  por  el  que  se  otorga  a  esta  la  calidad  de repartición autárquica y se pone a  su  disposición  los  fondos  necesarios para encarar con inquebrantable firmeza una obra en  vasta  escala  que,  no trepido en afirmar, colocará a nuestro país  a  la  vanguardia  de  los  más adelantados en punto  a  proporcionar  a  las  clases  necesitadas  vivienda higiénica, adecuada y económica.
En este aspecto hago público mi  agradecimiento  al  excelentísimo  señor ministro  de  Hacienda  doctor  Ceferino  Alonso  Irigoyen  por  su  valiosa cooperación.
Un problema de tanta magnitud, que ha incidido sobre  la  raza  valorando sus ricas calidades autóctonas, sobre esta raza criolla y sufrida, sobria  y paciente, y por lo mismo digna de todo estímulo y  ayuda;  sobre  esta  raza valiente y heroica con  cuya  sangre  y  sudores  se  conquistaron  nuestras glorias más puras; un problema de tanta trascendencia que atenta  contra  la estabilidad del hogar al que le cierra la puerta de su natural desarrollo  y fortalecimiento, no podía  dejar  de  ser  afrontado  en  toda  su  dolorosa realidad por este gobierno revolucionario que  siente  en  sus  entrañas  la acuciadora inquietud de asegurar el porvenir, a todas luces  grandes  de  la patria, asegurando primeramente a la célula sustancial de  la  sociedad,  la familia, al mayor número de las mismas, la  propiedad  de  la  casa  que  es manantial de  sentimientos  puros,  afección  a  las  cosas,  evocación  del recuerdo, sostén del linaje y base de una misión social.
Y tal es nuestro afán en ese sentido que si los  tratadistas  de  derecho público señalan como elemento integrante de la  Nación,  primordial  y  sine qua non al territorio, nosotros sostenemos que no  es  posible  concebir  la idea de familia  que  indisolublemente,  como  la  sombra  al  cuerpo,  esté adherida a ella el espacio vital, el techo, elemento material que  cobija  y aglutina y a cuyo amparo se expande  y  florece  la  vida.  De  ahí  nuestro ideal: "una vivienda para cada familia, cada  familia  en  su  vivienda",  y cuya cristalización, tras la cruzada que hemos  de  emprender  al  instante, traerá irremisiblemente aparejada una firme y segura armonización social.
Profundos cambios, inquietudes que vienen desde lo más hondo del alma  de los pueblos  y  urgentes  reclamos  de  la  pura  obligan  a  afrontamientos decisivos y a enfoques totales. A tales imperativos responde  la  concepción de la Administración Nacional de  la  Vivienda,  cuyas  grandes  líneas,  el vasto panorama que abarca, los elementos  y  fuerzas  sociales,  privadas  y públicas, que pone el juego y las soluciones  de  fondo  a  que  aspira  nos permiten entrever, no en la lejanía brumosa de un futuro  distante  sino  en días cercanos, asentadas en miles y miles de viviendas,  miles  y  miles  de familias, las familias de los artesanos y de los campesinos que,  rebosantes de alegría y su salud rejuvenecida, serán testimonios,  el  más  fehaciente, de que tal era necesario realizar para desterrar la vergüenza de ese  clamor de los guarismos que repercute en las páginas del Censo Escolar de  1943  al consignarse en ellas que son más de 300.000 los casos  en  que  conviven  en una sola habitación  en  condiciones,  las  más  deplorables,  cinco  y  más personas; que conviven noche  y  día,  viejos,  jóvenes,  hombres,  mujeres, enfermos y sanos.
Excedería mi propósito analizar en estos momentos, punto  por  punto,  el articulado del decreto-ley creador  de  la  Administración  Nacional  de  la Viviendas y su régimen especial y civil, lo cual no es óbice para  que  haga una rápida incursión por él y advierta, ante  todo,  que  en  virtud  de  la misión respetable  asignada  a  la  Administración,  nadie  debe  aspirar  a desempeñarse en ella que no tenga verdadera vocación hacia el bien común,  y no sea cultor de la más acrisolada honradez, pues se trata en definitiva  de una labor de  apostolado  social  y  administrativo,  encaminada  a  brindar viviendas holgadas al  menor  costo  posible,  a  quienes  para  adquirirlas tienen, con inquietante frecuencia, que ahorrar sobre el hambre y la salud.
Un organismo en extremo ágil, con amplias  atribuciones,  regido  por  un consejo que preside el Secretario de Trabajo y  Previsión  y  dotado  de  un personal, el mínimo necesario, que al ponerse en  funciones  cree  el  clima propicio para que se incorporen sincronizadamente a su  movimiento  mediante convenios  de  ayuda  financiera  y  de  administración,  los  gobiernos  de provincias,  las  comunas,  las  entidades  patronales  y   gremiales,   las asociaciones mutualistas,  las  sociedades  cooperativas  y  demás  personas responsables con el fin de construir viviendas  económicas,  individuales  o colectivas, ya se trate de plan de  conjunto  o  de  obras  aisladas,  y  de alquilarlas o venderlas; y con facultad de ejercer funciones de contralor  y tutela para asegurar que los fondos provistos sean empleados  debidamente  y que las construcciones efectuadas con  los  mismos  se  utilicen  según  las respectivas disposiciones, he ahí el objetivo central de  la  Administración Nacional de la Vivienda.
El sistema de convenios de ayuda  financiera  o  de  coparticipación  que vamos a poner en práctica y que es una de las características  de  la  nueva repartición permitirá actuar con extrema desenvoltura, abrirá  la  puerta  a la iniciativa privada  ofreciéndole  amplio  campo  de  acción,  alejará  la posibilidad de dar pie a engranajes burocráticos de pesado  rodaje  y  será, por tanto, una garantía que  no  recaerá  sobre  la  cuota  de  venta  o  de alquiler de las  viviendas  un  porcentaje  de  gastos  tal  que  las  torne inasequibles para sus legítimos destinatarios, los hogares  de  más  exiguos recursos.
La Administración instaura un régimen fiscal y civil para  las  viviendas puestas bajo sus disposiciones protectoras, las cuales son  anotadas  en  un registro  especial  y  eximidas  de  sellados,  de  impuestos   que   graven directamente su valor; de tasas que se refieran a prestaciones  de  servicio público a cargo de reparticiones oficiales -esto  último  por  un  plazo  de diez años- y de los gravámenes de los contratos, actos, escrituras  públicas y actuaciones administrativas  que  tengan  por  objeto  la  adquisición  de terrenos con destino a estas viviendas o la  construcción  y  colocación  de las mismas.
De los planes de construcción de conjunto a que anteriormente  nos  hemos referido, fluye la posibilidad de que se obtengan diversas ventajas. Por  un lado los gastos generales de edificación se reducen, y ello hace posible  el propósito que tenemos de que el obrero no insuma por  concepto  de  vivienda arriba  de  la  quinta  parte  de  sus  ingresos  mensuales.  Por  otro,  la agrupación de determinado número  de  familias  facilita  la  prestación  de servicios  sociales,  cada  vez  más  necesarios.  A  este  respecto  no  es aventurado pensar que el esfuerzo realizado se malograría  si  junto  a  los barrios no se establecen, mediante el  apoyo  privado  u  oficial,  aquellas entidades de fomento que velen por la  salud  física  y  espiritual  de  los moradores, promoviendo  un  convincente  "aprendizaje  de  la  propiedad"  e impartiendo la enseñanza, en su más amplio sentido de la "manera de  vivir".
 Si bien la Administración tiene como función primordial  la  de  resolver el  problema  de  la  vivienda  económica  para  la   clase   auténticamente trabajadora, se ha tenido en  cuenta,  asimismo,  las  exigencias  no  menos dignas de protección, de otros importantes sectores de la población,  el  de la clase media, igualmente descuidados hasta el presente. A  tal  efecto  se dispone la iniciación inmediata de los estudios pertinentes y se  prescriben medidas de carácter práctico.
 El  estatuto  legal  otorga  a  la  Administración  facultades  que   le permitirán extirpar de una vez por todas esa lacra de  nuestra  Capital:  el conventillo;  prevé  la  formación   de   nuevos   centros   de   población, particularmente  industriales,  que  reúnan  los  adelantos  de  la  técnica urbanística; dispone se empleen materiales de construcción  que  ofrezca  la naturaleza allí donde se erijan las futuras viviendas, y  cuida  que  éstas, en su arquitectura y en su color, no choquen con los contornos del  ambiente lugareño. La vivienda económica,  dentro  de  su  modestia  y  sencillez  de líneas, debe ofrecer matices agradables que completen si es  posible,  nunca que malogren, la belleza del paisaje nativo.
Con un exacto conocimiento de nuestra realidad de ayer y de  hoy,  y  con una clara visión de las  necesidades  del  futuro  se  ha  creado  el  Fondo Nacional  de  la  Vivienda  de  cuatro  mil  millones  de  pesos  destinados exclusivamente a la ejecución de obras, dentro del espíritu que  informa  el decreto-ley. Dicho fondo ha de constituirse e  invertirse  en  un  plazo  de veinte años y se integrará con el aporte de  la  Nación,  para  lo  cual  se autoriza la necesaria emisión  de  títulos  o  de  bonos  de  edificación  y ahorro. También el producido de las cuotas de venta o  localización  de  las viviendas  que  se  construyan  serán  reinvertido  con  los  mismos  fines, lográndose de este modo un fondo rotativo que  sobre  la  base  del  3%  del interés mínimo fijado para los préstamos y treinta años  de  amortizaciones, ha de requerir una financiación  de  aproximadamente  dos  mil  millones  de pesos.
El  esfuerzo  de  financiación  que  la  Nación  debe  realizar  se  verá disminuido  en  forma  proporcional  a  la  participación  activa   de   las provincias,  municipalidades,  entidades  públicas,  sociedades   mixtas   y empresas  privadas  que  construyan  viviendas  económicas  conforme  a  las directivas enunciadas.
Dicha participación se producirá amplia  y  sobradamente.  Me  inclina  a afirmarlo la extensa expectativa que en estos momentos existe sobre  todo  a cuanto atañe al problema de la vivienda, el unánime deseo de coadyuvar a  su solución y el convencimiento general  de  que  para  alcanzarla  es  preciso realizar un esfuerzo como el que intentamos: coordinado, de gran  aliento  y equitativamente repartido entre múltiples entidades de orden privado  y  los diversos organismos estaduales. Y siendo así, ¿quien puede dudar que  en  su oportunidad tan propicia no arrimen  su  buena  voluntad  y  no  aporten  su generosa  contribución  autoridades,  patronos  de   los   grandes   centros industriales  agrícolas  y  ganaderos,  asociaciones  gremiales,  a  fin  de adelantar la hora en que veamos vivir a nuestros obreros de la  ciudad  y  a nuestros peones del campo de acuerdo con su dignidad de seres humanos?    No pretendo abusar de vuestra atención examinando otras  particularidades del decreto-ley a que me estoy refiriendo, de  tanta  importancia  como  las expuestas. Con lo dicho, creo haber llevado a vuestro  ánimo  la  persuasión de que las dificultades iniciales han sido superadas y que  nos  encontramos en condiciones de lanzarnos a una acción pujante y efectiva.
La primera batalla emprendida y ganada por la  Secretaría  de  Trabajo  y Previsión fue la batalla contra la apatía, contra el  espíritu  marcadamente individualista, asocial y egoísta que iba prevaleciendo entre  nosotros.  No bien comenzaron a notarse las primeras  manifestaciones  de  una  conciencia social más viva y sensible, acercando a  las  dos  fuerzas  productoras,  la patronal y obrera, propiciando sus respectivas  organizaciones  y  rompiendo toda una trama de prejuicios que se oponían a la conquista  de  la  justicia distributiva, pudimos, con  inmenso  júbilo,  hacer  depositar  en  la  mano curtida y noble del trabador un salario más equitativo y remunerador.
Nos corresponde ahora  resolver  esta  otra  ardua  cuestión.  Para  ello quemaremos también las  naves  y  no  cejaremos  hasta  ver  convertidos  en realizaciones  orgánicas  el  contenido  virtual  del  decreto-ley   y   los proyectos trazados.
En suma, de hoy en más, y mirando al porvenir, nos  proponemos  facilitar el acceso a la pequeña propiedad privada al mayor número  de  familias,  con lo que entendemos contribuir al  afianzamiento  de  una  de  las  bases  más sólidas de la seguridad social. No se me oculta que la tarea  es  ímproba  y espinosa, pero también reconfortante. Por lo demás, nada me  arredra.  Todas mis energías y todos mis afanes los he puesto al servicio de  los  intereses supremos de la patria.
¡Plantemos un nuevo jalón en la realidad del movimiento social  argentino y demos comienzo a la labor que ha de salir airosa contando con la ayuda  de aquel que dejó caer sobre los corazones la bienaventuranza de la justicia  y del amor. .....................