Ante productores rurales en Santa Fe
La oportunidad de dirigirme a las masas laboriosas del campo es siempre para mí motivo de profunda satisfacción.
   En el cumplimiento de mis deberes profesionales, a través de muchos años y hasta en las más apartadas regiones del país, pude, antes de ahora, observar en forma personal y directa la vida de nuestra campaña. Conozco, pues, perfectamente la intensidad de vuestros esfuerzos y valoro la trascendencia de los sacrificios que realizáis, año tras año, en la dura faena del campo, identificada con el vigor económico del país y que tantas veces factores adversos la tornan incierta y desalentadora en sus resultados.
   De ahí nacen la simpatía y el interés que despiertan en mi espíritu el trabajo y la vida agrarios, y de ahí también que las cuestiones que suscitan los problemas que afectan su desenvolvimiento constituyan una preocupación permanente de mi gobierno, que ha definido y concretado en su doctrina y sus realizaciones, de vasto alcance y significación, una política agraria de indudable sentido social.
   Como gobernante que pondera, pues, en toda su magnitud la actividad rural a través de sus distintas manifestaciones, aliento siempre el deseo de una comunicación más estrecha con vosotros y palpar personalmente en vuestro medio todos y cada uno de los problemas que os preocupan. Lamentablemente, la atención de las múltiples tareas de gobierno, que no admiten pausa y demandan esfuerzos y consagración totales, no siempre permite satisfacer ese deseo.
   No obstante esta circunstancia, tened la seguridad de que comparto y siento las mismas inquietudes y esperanzas de cada uno de vosotros, y que la atención de mi gobierno no cede un solo momento en el estudio y consideración de los 223 problemas del agro argentino. Aparte de la nutrida y completa información que mis colaboradores inmediatos me proporcionan a diario sobre la evolución de los asuntos agropecuarios, llegan a mis manos diversas peticiones de las entidades que os agrupan y que me permiten conocer el alcance de vuestras aspiraciones.
   Hace pocos días recibí un extenso memorial que he leído detenidamente. Se exponen en el mismo las cuestiones que considero de más vital importancia y de mayor actualidad para el agro, desde el trabajo asalariado rural, los arrendamientos, la provisión de semilla, hasta la comercialización o industrialización de los productos.
   Puedo anticiparos, en estos momentos en que se inicia un nuevo ciclo de la producción agrícola, que todos esos problemas ya están siendo estudiados con la atención que merecen por los organismos oficiales competentes, y que la consigna del gobierno que presido es la de mantener firmemente las directivas de un amplio apoyo al trabajo y la producción agropecuaria, fundamento básico o insustituible de la actividad económica nacional.
   Por eso estas palabras son de aliento y confianza, no obstante las dificultades que es preciso afrontar en la hora actual. La guerra ha terminado, pero subsisten las dificultades para organizar la paz. El mundo siente la escasez de alimentos, pero carece de los medios financieros necesarios para adquirirlos en la medida de sus reales necesidades. Este desequilibrio entre necesidades y posibilidades de compra han tornado inciertas las condiciones del mercado internacional.
   Nuestro país, como gran productor de artículos alimenticios y de materias primas, está en condiciones de concurrir con cantidades substanciales al abastecimiento de los pueblos y desea llenar esa función con plena conciencia de su responsabilidad. Para asegurar a nuestra producción agrícola y ganadera mercados estables y duraderos, se están realizando actualmente negociaciones comerciales con los más importantes países compradores de los productos de nuestro agro.
   Acaba de firmarse en Washington un acuerdo internacional que fija precios para el trigo durante los próximos cuatro años. Nuestro gobierno está dispuesto firmemente a colaborar en la acción internacional concertada para organizar el mercado de producción y consumo de alimentos. Sin embargo, lamentablemente, 224 las bases en que reposa dicho acuerdo impidieron a nuestra delegación adherir al mismo. Observamos fundamentalmente que los precios fijados no eran suficiente garantía como para cubrir las contingencias del período abarcado. Además, señalamos que la regulación de los precios de los productos agrícolas necesariamente debía guardar relación con el nivel de precios de los productos manufacturados.
   Con esto queremos significar que nuestro gobierno no puede asumir la responsabilidad de comprometer los precios de venta de nuestro trigo, mientras que el costo en el mercado internacional de los combustibles, de la maquinaria agrícola y de los otros elementos esenciales que intervienen en la producción, continúan elevándose sin medida, como está ocurriendo en los años posteriores a la terminación de la guerra.
   Tradicionalmente, nuestro país se caracterizó en el concierto de las naciones productoras agrarias por los bajos costos y por el alto grado de calidad de sus producciones. Ello se debía, principalmente, a nuestras excepcionales condiciones geográficas de suelo y clima y al bajo costo de la mano de obra. La política social del gobierno de la Revolución modificó uno de esos factores, al elevar sustancialmente el estándar de vida de la población campesina.
   En tal sentido, no podemos ni debemos retroceder. Pero, para compensar ese factor de incremento en el costo, multiplicaremos nuestros esfuerzos para aumentar la eficiencia del trabajo rural. Para ello es imprescindible importar en grandes cantidades, y dentro de un plan racional y orgánico, los equipos mecánicos más modernos que reemplacen con ventaja el trabajo rudimentario.
   Aspiramos a que la máquina sustituya en el campo el trabajo meramente muscular y que nuestro campesino sea un obrero que dirija su explotación con capacidad o inteligencia. Así lograremos dignificar el trabajo rural y abaratar los costos. Y si se llegara a producir algún desplazamiento de mano de obra, sería rápidamente absorbido por los otros sectores de la actividad nacional.
   El Gobierno está dispuesto a dedicar una importante proporción de divisas para adquirir la maquinaria agrícola que requiera el adecuado desenvolvimiento de la actividad rural.
   Medimos exactamente la responsabilidad que, ante los hechos expuestos, emergen para el gobierno. Pero sin alarmismos ni decepciones, antes por el contrario, con serena confianza en el porvenir, debo decir a los agricultores que me escuchan que estamos decididos a seguir prestando el más franco apoyo a las 225 actividades agrícolas, para que puedan desenvolverse sin dificultades y no quede una sola explotación del campo sin rendir a la colectividad y a la economía nacional el preciado fruto de la tierra.
   La obra del Gobierno, en lo que se refiere al agro, tiende a alcanzar soluciones integrales, orgánicas y permanentes e, indudablemente, como expresión suprema en que se ha plasmado la doctrina revolucionaria, debemos señalar la reforma de nuestra Carta Magna sancionada recientemente por una Convención soberana, exponente de la voluntad y de los ideales del pueblo argentino, en la hora presente.
   El artículo 38 de la nueva Constitución establece que: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo, o intervenir con el objeto de desarrollar o incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”.
   En el artículo 39 se completa el pensamiento cuando dice que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social, definición fundamental de toda nuestra concepción política, que reafirma y amplía el artículo 40 al expresar que: “La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de justicia social”.
   Impulsamos así el espíritu de solidaridad en la defensa y dignificación del trabajo, para distribuir más equitativamente la riqueza. En la ardua empresa no faltan por cierto los escollos que sabremos superar, pero contamos con nuestra firme voluntad de ayudar a los productores rurales con medidas de orden práctico que contemplen graves situaciones de emergencia.
   El Poder Ejecutivo tiene a consideración un decreto por el cual autoriza al Banco de la Nación a disponer la suma de hasta 95 millones de pesos en el otorgamiento de créditos a los agricultores, con intereses a cargo del Estado, para hacer frente a los gastos de siembra, reposición de existencias tamberas y gastos 226 de subsistencia de la familia del colono, en las zonas afectadas por factores climáticos adversos en el año 1948.
   La Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, sancionada por el Congreso el año anterior96, representa sin duda un valioso estatuto legal que ha de lograr que los derechos y las obligaciones de propietarios y arrendatarios se cumplan efectivamente y se llegue a un equilibrio fructífero que arraigue más a la familia campesina en la tierra y sea a la vez un factor de progreso de nuestras explotaciones.
   La sanción de esa ley satisface legítimos anhelos de los agricultores arrendatarios, que constituyen la mitad de los que se dedican al cultivo del suelo, y así lo han expresado en forma inequívoca las entidades más representativas del medio rural. El 1.o de junio próximo, fecha en que comenzará a regir dicha ley, serán puestos en movimiento los organismos que la misma crea, para lo cual el Ministerio de Agricultura dio término a la pertinente reglamentación, delicada tarea que ha sido llevada a cabo consultando en repetidas oportunidades la opinión de los sectores interesados.
   El Gobierno tiene fundadas esperanzas de que la aplicación integral de esta ley será ampliamente beneficiosa para la vida rural, por la influencia que ejercerá para alcanzar el anhelado equilibrio entre los intereses de los sectores vinculados con la explotación de la tierra.
   Quiero que mi palabra sea de aliento y de fervorosa incitación a que redobléis vuestros esfuerzos, seguros de que para este gobierno no existe otra norma que la que manifestó el 1.o de mayo de 1944: “para nosotros no existe una población industrial o una población campesina, sino una única y auténtica población trabajadora. No podemos concebir ciudades prósperas y campañas pauperizadas”.
   El Gobierno está firmemente dispuesto a asegurar, tanto al productor agrícola como al ganadero, precios compensatorios, cualesquiera sean las contingencias a que nos veamos abocados, pues estamos dispuestos a afrontarlas sin permitir el sacrificio del productor. Conforme con estos principios, y luego de prolijos estudios sobre los costos de producción, el Gobierno ha resuelto adquirir la cosecha de maíz al precio de $ 15,50 por quintal.
   Tal política demuestra que el propósito del Estado al hacerse cargo de la 227 comercialización de las cosechas, no es de realizar beneficios circunstanciales. Nuestro propósito es de un alcance mucho mayor y más elevado, y persigue estabilizar los precios de los productores del campo a niveles que resulten remuneradores y aseguren el normal y continuado desenvolvimiento de esta actividad básica para la economía de la Nación.
   Señores productores:
   Mi mayor satisfacción como gobernante sería que al término de este mensaje hubiera logrado, como lo espero, retemplar vuestras energías y vuestra confianza en el futuro de la empresa agropecuaria, persuadidos de que nada ni nadie podrá torcer mi inquebrantable voluntad de trabajar sin descanso por la felicidad de todos los argentinos y de labrar, como ya lo entrevemos, una Nación grande y justa.