Exposición sobre la Reforma Constitucional
Sean mis primeras palabras para saludar a los compañeros que, desde todas las regiones de la República, llegan hasta esta capital para empeñarse en una tarea de tan extraordinaria importancia. Ella ha de ser, quizá a lo largo de muchos años, una garantía de lo que todos debemos buscar con el anhelo más profundo de nuestro corazón de ciudadanos argentinos, como objetivos para nuestra patria: asegurar la felicidad presente de nuestro pueblo, asegurando a la vez la grandeza futura de la Nación.
   Llegue hasta ustedes mi saludo de amigo y de compañero de esta causa, que todos abrazamos con un sentimiento patriótico profundamente argentino y con un sentimiento peronista que lucha, desde hace tantos años, para abrirse paso dentro de las formas y del fondo de nuestro sistema institucional y político.
   Señores:
   Cada uno de ustedes, que representa una región de la República, que en nuestra historia está grabada ya con la designación de la “patria chica”, trae a la capital de la Nación los anhelos de esas “patrias chicas” para asegurar la grandeza y la consolidación de la Patria grande de todos. Por esa razón es que, emocionado, saludo a ustedes como un hombre que abraza sobre su corazón a todas las provincias y territorios, convencido de que el sentimiento argentino 48 late con tanta asiduidad, con tanto patriotismo, en uno como en otro paralelo o meridiano de la patria.
   Esta reunión previa que ha dispuesto se realice el Partido Peronista, quiero comenzarla con un recuerdo de nuestro movimiento hacia todos los hombres que, en todas las latitudes, luchan por los ideales que nuestra doctrina sustenta y que nuestra decisión y nuestra perseverancia quieren cristalizar a lo largo del tiempo.
   El movimiento peronista no es un partido político; no representa a una agrupación política. Es un movimiento nacional: esa ha sido la concepción básica.
   No somos, repito, un partido político; somos un movimiento y, como tal, no representamos intereses sectarios ni partidarios, representamos sólo los intereses nacionales. Esa es nuestra orientación. Nuestro objetivo es, lisa y llanamente, lo que debe ser el objetivo de todas las naciones que luchan por la felicidad de sus hijos y por la grandeza de la Patria.
   Nuestro movimiento, como tal, lo sintetizamos diciendo que el peronismo quiere poner en marcha y quiere realizar la conjunción de todas las fuerzas que amen a la patria, de todas las fuerzas que se lancen hacia el futuro con una sola bandera, que es la bandera de los argentinos. Y con una sola intención: defender todo lo que labre la grandeza de la Nación y oponerse a todo lo que la pueda esclavizar y la pueda empequeñecer.
   Por eso, muchas veces he dicho que el movimiento peronista no puede comprender cómo, dentro del país, pueda haber quienes se opongan a la causa de la Nación. Podemos estar en disidencia en pequeñas cuestiones partidarias o sectarias; pero en lo que ningún argentino puede estar en disidencia es cuando se trata de los destinos de la Nación. Hay una causa superior a todas las demás causas, con la cual ningún argentino puede estar en desacuerdo. Cuando se lucha contra poderes extranjeros que, a su vez, luchan contra la nacionalidad,  ningún argentino bien nacido puede estar en otra causa que no sea la causa de la República. Cuando se lucha contra fuerzas internas de la disgregación, ningún argentino que sea bien nacido puede estar en contra de la Nación y a favor de esas fuerzas del desorden y de la anarquía. Porque solamente siendo unidos, disciplinados, fuertes y amantes de la Patria, podremos asegurar el destino que todos los argentinos tienen derecho a exigirnos, en esta hora en que el timón de la Nación está en nuestras manos y la responsabilidad de conducir la Patria 49 a buen puerto está también pesando sobre nuestras espaldas. Concebir que un argentino, de cualquier sector que sea, pueda oponerse a las causas nacionales, es concebir que dentro de esta patria pueda haber traidores, y eso no puede admitirlo ningún hombre de honor, ninguna Nación que tenga las glorias y las tradiciones que la República Argentina ostenta en su historia.
   Señores:
   Nuestro movimiento persigue eso: persuadir a los argentinos de que, cualquiera sea su orientación, pueden estar en disidencia con otros argentinos en cualquier asunto, menos en la causa que constituye la causa común de todos los argentinos: la defensa de la nacionalidad, la defensa de nuestro pueblo y la defensa de la soberanía de la Nación.
   Es en nombre de estos principios que el Partido Peronista ha propugnado la necesidad de una reforma constitucional, persuadido de que los males que sufre la Argentina deben y pueden ser corregidos y que, para ello, nada hay más racional y más justo que comenzar a eliminar los errores existentes en la Carta Magna de la Nación, los conceptos que pueden haber sido aciertos en otros tiempos, pero que, sobrepasados por las horas, por los días y por los años, aun casi por los siglos, necesitan ser reformados de manera tal que pongamos nuestra Carta Magna al día, sirviendo a los intereses de los argentinos de 1949, responsabilidad que venimos enfrentando desde que iniciamos nuestro movimiento.
   Ésta es solamente una etapa. Algunos han considerado que nuestro movimiento estaba terminado o por terminar, pero se equivocaron; nuestro movimiento recién comienza ahora. Comienza a realizar, en las formas institucionales y jurídicas, la reforma que en los hechos ha venido realizando para darles la consolidación indispensable; para que la República sepa que, en adelante, todo aquello que puede haber sido “de hecho”, comienza a conquistar también el campo del “derecho”; para que legislemos en el futuro sobre las nuevas formas sustentadas por nosotros desde hace cuatro años, apoyados por el pueblo, que ha seguido nuestra acción, que quiere nuestra doctrina y, en consecuencia, apoya la reforma de la Constitución como una base indispensable, para dar consolidación jurídica e institucional a esa doctrina, de la cual el pueblo argentino ha resultado el propio abanderado, puesto que la lleva adelante contra todas las 50 oposiciones, vengan éstas del interior o del exterior del país.
   Siendo así, señores –yo no hablo como constitucionalista, sino como político–, las reformas de la Constitución son más bien obra de políticos que de constitucionalistas. Surge ello del hecho mismo de que el mandato lo da el pueblo a un grupo de hombres políticos, porque sabe que ellos son los que han de interpretarlo fielmente y en ellos deposita su confianza. Nosotros, depositarios de la confianza de ese pueblo, vamos a encarar la reforma de la Constitución, contando con el asesoramiento y la sabiduría de los hombres dedicados al estudio de la Constitución pero, por sobre todas las cosas, buscando interpretar política y fielmente a nuestro pueblo. Él nos ha conferido un mandato que observa y de cuyas consecuencias saldrá una reforma de la Constitución que pesará sobre él, quizá, durante muchos siglos. Esa responsabilidad que los políticos asumimos frente al pueblo no puede ser confiada sino a nuestra propia ciencia y conciencia de hombres del pueblo y de hombres políticos.
   Señores:
   Tal aclaración la hago por una razón de simple racionalismo. En esta Constitución nosotros tenemos que interpretar lo que el pueblo viene apoyando desde hace largo tiempo en distintas ocasiones electorales y no electorales. Nosotros sabemos perfectamente bien qué quiere el pueblo y tenemos que reducirnos a cumplir nuestro mandato en forma solemne, sencilla y leal, realizando exclusivamente lo que el pueblo desea, porque ese es nuestro mandato; porque para eso nos han elegido y porque esa será la responsabilidad que pese en el futuro sobre nuestras conciencias y sobre nuestras espaldas. Esto, señores, lo digo especialmente para aquéllos que han sostenido que el pueblo nos ha dado un “cheque en blanco”.
   El pueblo nos ha dado un “cheque en blanco”; nos ha dado un crédito porque sabe que somos buenos cumplidores y porque vamos a cumplir con él en  ese crédito. No nos han visto hasta ahora falla en ninguna de las acciones en que estaba comprometida nuestra responsabilidad. Sabe el pueblo que no le hemos mentido jamás. Sabe que hemos cumplido fielmente su voluntad como intérpretes y representantes suyos. En consecuencia, el pueblo sabe a quién da un mandato de esta naturaleza y a quién abre un crédito de esta clase. Ese crédito lo hemos de llenar cumplidamente y, salvo los errores y equivocaciones, que son humanos, hemos de poner toda nuestra capacidad al servicio del cumplimiento 51 de esa causa del pueblo, que es la causa superior por la cual nos comprometemos los hombres que nos encontramos reunidos en esta asamblea.
   Ese “cheque en blanco”, que algunos han criticado, es para nosotros el más alto timbre de honor, porque el pueblo no confiere esta clase de cheques en blanco a los hombres que no lo merecen. El pueblo lo ha demostrado a lo largo de toda la historia argentina, y si nos ha dado un cheque en blanco, que algunos critican, es porque el pueblo sabe que no vamos a hacer mal uso de ese cheque en blanco. Eso nos impone a nosotros, señores, una mayor obligación para con nuestro pueblo, que cada día obliga más nuestro reconocimiento; pueblo argentino lleno de sinceridad y de patriotismo, desprendido, sin ambiciones, que solamente está luchando por hacer la grandeza de nuestra tierra; pueblo argentino, señores, que nos ha demostrado su lealtad y su grandeza; pueblo argentino que ha demostrado a lo largo de la historia que cuando no se lo engaña, él no traiciona jamás a sus conductores; pueblo argentino, finalmente, que llega hasta los umbrales de esta reforma de la Constitución y entrega a sus representantes la autorización para modificar, seguro de que sabrán interpretarlo y cumplir sus deseos.
   Este acto de grandeza y desprendimiento del pueblo argentino, nosotros hemos de satisfacerlo llenando cumplidamente nuestra misión y realizando la reforma constitucional con el más alto grado de prudencia y de sabiduría que nos sea posible. Para satisfacerlo, no en las ambiciones de algunos hombres, sino en las necesidades de la totalidad de nuestro pueblo, que pesan más que la ambición de todos los ambiciosos juntos.
   Señores:
   Yo me he preguntado muchas veces cual es la Constitución que anhela el pueblo argentino. Uno de los más graves errores que puede cometer un político, es no vivir claramente la situación de su pueblo, sus necesidades, y sus aspiraciones. De ahí nacen todos los errores políticos. Muchas veces nosotros decimos:
   ¿Pero cómo ese hombre comete un error político de esa naturaleza? Y no nos lo explicamos. Nosotros nos lo explicaríamos perfectamente bien si pensáramos que es un hombre que no conoce realmente la situación política del país. De ahí nacen todos los errores. 52 Para interpretar cuál es la Constitución que anhela el pueblo argentino, tenemos que comenzar por interpretarlo fielmente, con la vista puesta en los grandes objetivos de la Nación misma. ¿Cuál es el objeto de una Constitución vista desde el punto de vista político? En mi concepto, es hacer factible que el gobernante cumpla los dos objetivos fundamentales que todo estadista debe tener delante de sí como la estrella de Ariadna, o la estrella polar que lo conduzca en navegación tan difícil en el timón del Estado. Esos dos objetivos son: primero, asegurar la felicidad presente del pueblo; segundo, labrar la grandeza futura de la Nación.
   Muchos hombres, encandilados con la necesidad de hacer la felicidad presente del pueblo, han olvidado el objetivo de labrar su grandeza futura; y muchos otros, encandilados con esa grandeza de la Nación, han esclavizado al pueblo y labrado su desgracia presente sin haber obtenido después aquel otro objetivo más lejano que la grandeza nacional. Estos últimos tiempos nos dan ejemplos abundantes de esta clase de estadistas.
   Para mí, señores, el secreto está en equilibrar perfectamente bien estas dos aspiraciones.
   ¿Pero podemos nosotros criticar a los hombres que por asegurar la grandeza de la Nación esclavizaron a sus pueblos y a los que por asegurar esa felicidad presente abandonaron el objetivo lejano de la grandeza de la Nación? ¿Podemos criticarlos nosotros, que si analizamos nuestro panorama vemos que otrora se ha esclavizado al pueblo, no para asegurar la grandeza, sino para asegurar la tranquilidad y felicidad de otros pueblos que viven a ocho mil kilómetros del nuestro, entregando el país, entregando su riqueza y entregando, también, su soberanía en muchos casos? Cualquiera de esos otros estadistas equivocados estuvieron siempre menos equivocados que los nuestros, porque lo más terrible que le puede pasar a un país es esclavizar a su pueblo para servir a intereses foráneos.
   Vale decir que en esto estriba lo fundamental de esta reforma. Asegurar para el futuro que nuestro pueblo no pueda ser jamás esclavizado para servir intereses extraños; que nuestra nacionalidad sea un modelo en lo que a justicia social se refiere, para asegurar la felicidad presente de la Nación, y que tales fueros 53 jurídicos e institucionales estén lanzándose hacia el futuro venturoso y hacia la grandeza de la Patria.
   Si cumplimos esto en la reforma de la Constitución, habremos cumplido lo fundamental; pero si no aseguramos esas tres formas fundamentales dentro de la Constitución, no habremos sabido cumplir con nuestro deber.
   Sabemos bien dónde nacen estos males. Nuestra Constitución, en su origen, es una Constitución de las del tipo del siglo XIX, característico de la reacción contra el absolutismo. Lógicamente, contiene un sistema que va creando, bajo la forma de la “libertad”, la “fraternidad” y la “igualdad”, la posibilidad de que el absolutismo político no pueda volver a existir como antes de la Revolución Francesa. Pero olvidó que los absolutismos no son solamente políticos, sino que son también económicos. Así, salimos del absolutismo político para caer en el absolutismo económico, vale decir, se quiso hacer una constitución contra el clero y la reyecía y, en realidad, se hizo una constitución al servicio de la burguesía. Y esa burguesía convirtió a la libérrima Constitución del 53 en un instrumento para instalar en el país un absolutismo económico tan grave y tan peligroso como los antiguos absolutismos políticos de los reyes.
   Desde entonces han pasado en el mundo muchas cosas que deben hacernos reflexionar sobre la inconveniencia de seguir sosteniendo fórmulas ya sobrepasadas por el tiempo. La Primera Guerra Mundial, la aparición de las masas ciudadanas o de las masas populares en la acción política, son todos hechos que nos están haciendo pensar que los regímenes basados en anteriores concepciones han caído en desuso y que persistir en esa formas puede llevar a la República a una reacción de las masas que nos imponga a todos, por la fuerza, lo que no seamos capaces de realizar por la comprensión.
   Frente a este nuevo fenómeno, no esperemos una nueva toma de la Bastilla; realicemos lo que debemos realizar antes que la Bastilla sea siquiera atacada. Suprimamos este absolutismo económico que nos lleva a una segunda Revolución Francesa y que será más grave, más terrible aún, como pueden decirlo algunos pueblos de Europa que han sufrido ya esa reacción, u otros que han caído en regímenes peores que la reacción misma, donde la esclavitud cambia de nombre. 54 Lo que nosotros queremos es suprimir la esclavitud; que no haya esclavos sobre la tierra, porque eso es un fenómeno moderno que lleva a la destrucción y a la muerte. Nada podemos fundar, que sea permanente como lo anhelamos, sobre esas dos desgracias de la humanidad.
   Por esa razón, señores, los hombres del movimiento peronista, interpretando que la hora impone evitar un nuevo ataque a la Bastilla, demos a nuestro país una constitución sabia y prudente, que permita a nuestro pueblo vivir con dignidad y que imposibilite la esclavitud. Que no se limite solamente a una enunciación más o menos teórica, sino que la realidad nacional barra de esta tierra todas las formas de la esclavitud, cualesquiera ellas sean.
   Por eso yo creo que la antigua fórmula de la “libertad, igualdad y fraternidad”, en nuestros días, tiene que ser cambiada por la de “la libertad, la justicia y la solidaridad”, de modo de poner al día el concepto de una libertad conjugada al impulso de otros sentimientos que el egoísmo y el individualismo.
   Una libertad conjugada así puede ser efectiva. De otra manera es un engaño, y los pueblos engañados reaccionaran tarde pero violentamente. Lo que queremos evitar a la República es que se vea frente a esa reacción tardía pero violenta, porque la destrucción de valores no es lo que aconsejamos para la República.
   Esto nos impone una reforma política, una reforma económica y una reforma social que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que es lo que el pueblo argentino ha aceptado como su propio programa de acción. Por ello, las masas populares argentinas se han volcado al peronismo y lo han votado en proporción inigualada en toda la historia política de la Nación. No se debe a hombres; no se debe a nada. Simplemente se debe a que lo hemos interpretado fielmente, a que hemos sabido poner en acción esa interpretación popular y a que hemos sabido realizar una obra que el pueblo anhela, con la cual él está conforme.
   En esto no hay otro milagro. Se equivocan los que creen que hay otra clase de milagros. Se trata de un pueblo interpretado, que dice: yo quiero eso y lo apoya. Eso es el peronismo.
   La Constitución del 53 es una magnifica constitución que ha venido perdiendo actualidad a medida que el tiempo la ha desplazado, desde entonces hasta ahora. No criticamos esta magnífica constitución. Los que creen defenderla evitando su perfeccionamiento, se equivocan. Así es como la atacan, así es como 55 la van a destruir en sus valores. Los que la defendemos somos nosotros, porque la queremos actualizar, le queremos quitar lo que el tiempo ha convertido en anacronismo dentro de su texto. Nosotros la defendemos. Los que se oponen a modificarla, a modernizarla, a sacar las cosas anacrónicas que existen dentro de ella, esos, repito, son los que la atacan y los que la harían fracasar, por incapacidad, por capricho o por cualquier otra razón. Modificar la Constitución es actualizarla, es rejuvenecerla. Desgraciadamente, los hombres no podemos ser igualmente modificados; por eso envejecemos y morirnos.
   No queremos que nuestra Constitución con el tiempo envejezca y muera por falta de perfectibilidad.
   Esa es la función que cumplimos, sin otro interés que el del país, sin otra orientación que la que nos da el pueblo y sin otro mandato que ese mandato efectivo de nuestro pueblo, que nos autoriza para modificar la Constitución, confiando en nuestro honor, nuestra conciencia y nuestra responsabilidad. Para los hombres que interpretan y saben lo que la responsabilidad pesa sobre su conciencia, ese mandato es un mandato que nos impone prudencia y que impone sabiduría. Lo cumpliremos con toda la prudencia que podamos y con toda la sabiduría que Dios nos haya puesto a cada uno de nosotros en la forma de óleo sagrado de Samuel.
   Después de esta pequeña introducción, quiero aclarar el objeto de esta reunión del Partido Peronista. Es el Partido Peronista el que, por decisión de su Consejo Superior, me ha encargado a mí, jefe del movimiento peronista, que exponga cuál es el sentido que el Partido Peronista da a la reforma constitucional que ha de emprenderse. Es, simplemente, una reunión partidaria con los hombres directamente responsables de la reforma, porque si los señores convencionales constituyentes tienen un mandato, ese mandato pertenece al Partido Pero nista, y es éste quien, al igual que los señores convencionales que forman parte de él, tiene la responsabilidad frente a su masa partidaria y al pueblo argentino.
   En ese concepto, hemos querido hacer conocer a los señores constituyentes todo lo que el Partido Peronista piensa y decide sobre la reforma constitucional.
   No puede el Partido Peronista estar ausente en la reforma constitucional, porque él es el que ha afrontado la responsabilidad ante el país, y es su palabra, no 56 improvisada, sino preparada a través de paciente estudio e investigación, la que llega hasta los señores convencionales para entregarles el fruto de su trabajo y para que ustedes, en la convención soberana que han de realizar, consideren eso como un mandato del Partido Peronista.
   No escapa a ninguno de nosotros que la oposición ha creado en todo el país un ambiente de duda y de perturbación en torno a la reforma constitucional. Se han hecho correr, por distintos conductos y medios, las más variadas y antojadizas versiones sobre todas las pequeñas y grandes cuestiones, planteadas en forma de rumores, de [decires], de comentarios periodísticos y demás que llenan la gama de la difamación política, más o menos oculta. Han dicho algunos que íbamos a hacer una constitución fascista o nacionalsocialista; otros, que era comunista; otros, que contenía la anulación de nuestro sistema federal, republicano y representativo; que no era una reforma de tipo popular, sino de tipo dictatorial, etc. Lo único que no han dicho es la realidad: que es una reforma argentina a la Constitución Argentina.
   Ese ambiente creado, que resulta un anticipo malévolo, contrario totalmente a nuestras ideas y a cuanto hemos anunciado hasta ahora, no tiene su origen únicamente en el país, sino que viene sugerido desde afuera, donde se tacha de “gobierno militar” a nuestro gobierno, que no puede ser más civil de lo que es; se acusa de dictadura a un gobierno que cumple totalmente con las leyes del país y asegura la libertad a todos los hombres de la República, que no han tenido jamás la libertad de que gozan hoy. Libertad asegurada por los medios económicos, en lo económico; libertad social, porque nunca las masas argentinas han estado más aseguradas en su libertad sindical y social que en nuestros días; y libertad política, porque tiene la fundamental: eligen por primera vez sus gobernantes. Hasta ahora eso se hacía mediante el fraude, con sistemas por los que no se podía preguntar en nombre de quién gobernaban los que goberna ban, ni a quién representaban los “representantes” surgidos de las elecciones fraudulentas.
   Así comienza nuestra libertad en lo político, hasta llegar, señores, a la libertad que aseguramos para todos los argentinos. Solamente una libertad no hemos de tolerar: la libertad de los hombres para atentar contra la libertad de los hombres.
   Señores:
   Ese es el escenario en que debemos actuar; ese es el clima que se ha creado 57 a la reforma constitucional. Y si antes habíamos pensado ya obrar con la más grande prudencia al encarar la reforma constitucional, hoy debemos pensar que toda prudencia será poca frente a la mala fe de los hombres que han echado a rodar toda la serie de rumores que hemos escuchado en estos últimos tiempos contra la reforma.
   Por esa razón, estudiado este punto, hemos pensado que lo más prudente es respetar al máximo las formas y la tradición que vibran dentro de nuestra Constitución, que ha sido buena. Yo creo más; que los malos han sido los hombres. La Constitución no ha sido mala, y una vez actualizada no dará ocasión a los malos hombres que pudieran venir para que hagan mal uso de un instrumento tan noble y tan grande como es la Constitución de la República. Esa prudencia nos lleva a reformar sólo lo indispensable para respetar la tradición constitucional de la República, basada en esta Constitución de 1853. Bastará que en lo social, en lo económico y en lo político, aseguremos que las formas impuestas por nuestro movimiento tendrán allí una sede constitucional desde la cual seguirán rigiendo por muchos años las formas institucionales argentinas, para asegurar al pueblo que estas conquistas, alcanzadas por él mediante su decisión, su perseverancia y su propio sacrificio, no serán burladas ni por los tiempos ni por los hombres, y que los malos argentinos, a los que hemos soportado por imprevisión en distintos sentidos, no llegarán a reproducirse en le República.
   Esa es nuestra intención. Bajo esa inspiración es que encaramos la reforma de la Constitución, introduciendo en ella, sólo dentro de la forma sintética, concreta y completa, la modificación de fondo que corresponde a los cambios provocados por la nueva doctrina surgida en la Argentina y nada más, sin segundas intenciones, con la mayor sinceridad y con la mayor lealtad, que es lo menos que la República puede exigir de nosotros.
   Contiene así esta Constitución proyectada, el mínimo de reformas. Respeta la tradición; además mantiene las formas institucionales y políticas; no las altera en lo más mínimo y reforma especialmente todo cuanto se refiere al sistema económico y al sistema social. Lo demás queda en la Constitución tal cual está.
   ¿Cómo hemos preparado nosotros este estudio del anteproyecto de reformas? En primer lugar, hace seis meses iniciamos la investigación bibliográfica y 58 documental. Pedimos la colaboración de todos los organismos del Estado y de las personas de buena voluntad que quisieron colaborar en esta tarea. Como consecuencia de ello, tengo en el archivo veinte kilos de papel conteniendo las proposiciones más heterogéneas que ustedes puedan imaginar. Si yo hubiera puesto todo esto en la Constitución, que he estudiado personalmente, hubiéramos sacado algo así como la Enciclopedia Espasa en vez de una Constitución. Y es lógico, porque en esa colaboración venían las ideas desde todos los ángulos, desde todas las posiciones y de todas las orientaciones. Yo tenía que traducir lo que en eso hubiese de constructivo, en una síntesis brevísima, para colocarla dentro del texto en forma de modificación o de reforma. Ese ha sido el trabajo.
   Además, la Secretaría Técnica, que la he tenido exclusivamente trabajando en esto, me ha hecho el trabajo mecánico. Tomó toda la doctrina, fichó asunto por asunto, porque la doctrina –mis discursos desde hace cuatro años hasta la fecha– tiene una importancia grande, ya que no debemos olvidar que es eso lo que hemos prometido al pueblo. Y ahora, si queremos cumplir, tenemos que realizar, en los hechos, y consolidar en la Carta de la República las promesas que hemos hecho hasta nuestros días.
   Señores:
   Además de eso, se ha fichado toda la bibliografía existente sobre la Constitución del 53, todos los antecedentes parlamentarios y publicitarios, y se han descompuesto de los archivos todos los antecedentes, en fichas; se ha armado así un fichero que contiene ciento cinco mil fichas que tratan distintos aspectos de la Constitución, que yo tendré el placer de poner a disposición de los constituyentes, conjuntamente con el personal que ha trabajado en ello y que está muy capacitado para cualquier consulta que ustedes deseen hacer durante el funcionamiento de la Convención.
   Eso es lo que pone a disposición de ustedes el Partido Peronista. Creo que, como material de consulta, no existen antecedentes de un trabajo realizado con mayor minuciosidad en la investigación de orden bibliográfico y documental. Ese fichero, compuesto de ciento cinco mil fichas, les ofrece a ustedes todo antecedente, de cualquier orden, de la Constitución Argentina, para la consulta, como así también para ampliar la consulta mediante la utilización de los archivos que están organizados para consultar textos de constitucionalistas, publicitarios  59 o antecedentes parlamentarios.
   Hemos hecho también en el Partido Peronista un resumen que acompaña el anteproyecto de la reforma, resumen que comprende, en primer término, el Anexo I, que son los “principios y preceptos que contiene el anteproyecto de la reforma, comparados con la Constitución del 53”. En otras palabras, artículo por artículo, todo lo que en la Constitución se deja, y por qué se deja; lo que se modifica; y por qué se modifica; lo que se agrega, y por qué se agrega; y lo que se suprime, y por qué se suprime. Todo está fundamentado en este Anexo I.
   El Anexo II contiene todos los antecedentes parlamentarios de las anteriores reformas constitucionales, y el Anexo III contiene todas las constituciones del siglo XX –es decir, las que ya llevan algo del nuevo concepto que nosotros introduciremos en la nuestra– para que puedan servir de consulta a los señores constituyentes. Finalmente, se agrega un proyecto que, por error en la impresión, le han puesto como título “Constitución de la Nación Argentina”, debiendo decir “Proyecto de Constitución de la Nación Argentina”, que es que lo ordena el texto de acuerdo con las nuevas modificaciones, a fin de que tengan a su disposición los elementos necesarios para consulta rápida.
   Una consulta más profunda sobre cualquiera de estos asuntos pueden efectuarla en el fichero. Esos folletos son sólo de información general. La investigación tiene que hacerse por el fichero y el fichero está a disposición de todos los señores convencionales que quieran consultarlo.
   Todo este material conforma un cuerpo de doctrina constitucional, vale decir, todos aquellos elementos de juicio que el movimiento peronista ha presentado a la consideración de la Nación Argentina en todas sus exposiciones.
   Tal es el trabajo que el Partido Peronista ha realizado para poner a disposición de los señores convencionales, como una obligación partidaria, como una obligación orgánica, para que no queden librados a sus propios medios en un ambiente, en muchos casos, nuevo para los señores convencionales, donde no podrían, quizás, recurrir a la consulta directa e inmediata de las mejores fuentes de antecedentes.
   Ponemos a disposición de ustedes no solamente esto, sino también todo el organismo que funciona con el fichero, para que pueda consultar cualquier 60 constitución, satisfaciendo así no sólo la necesidad, sino también la curiosidad que pueda tener cualquier convencional. Nuestro deseo ha sido el de ayudarlos en la forma más completa posible para que, en adelante, sepamos que el Partido Peronista no va a una convención a discutir sin conocimiento, sino a construir algo bueno para el país.
   No vamos a plantear preeminencias personales porque somos soldados del pueblo, de una sola causa, para la que trabajamos exclusivamente, y el partido pone a sus hombres en condiciones de tener a su disposición las armas necesarias para la lucha. Por esa causa lo hemos hecho, y no por mezquinos intereses personales.
   Por otra parte, no debemos olvidar que los señores convencionales constituyentes son también hombres del partido, que están ligados al partido, que sirven al partido, como un medio de servir a la República.
   La política, señores, en sí, no ha sido ni será un fin: es sólo un medio. Así lo interpretamos nosotros. El fin es servir a la Nación; el medio es la política, para ponerse en situación de poderla servir en la mejor forma. Por esa razón, ustedes son hombres de partido; dependen del partido para servir a la República y el mandato del partido es obedecido fielmente cuando sirve a la República. Pero si alguien del partido, por mucha autoridad que tuviese, dice a un afiliado algo que vaya en contra de la República, no puede ser obedecido; no puede ser obedecido por ningún ciudadano argentino, por más peronista que afirme ser.
   Se sirve a las autoridades en todo lo que las autoridades manden en bien del servicio, como dicen las antiguas ordenanzas; todo lo que no sea en bien de la Patria no puede ser obedecido. Ese es el concepto que debemos fijar.
   Este mandato del Partido Peronista no coarta ni reduce la soberanía del mandato que los señores convencionales han recogido. Eso está en la conciencia de los señores convencionales, y si el partido, en estas reformas, no sirviera en  forma directa al bien de la Patria, cada uno de los convencionales tiene en su conciencia la guía que decidirá cuál será su actitud en la emergencia.
   Sirvamos leal y sinceramente a la República. Si alguien equivocado no lo hace así, debemos persuadirlo de su error. Y si alguien lo hace de mala fe, hay que expulsarlo para que no tenga jamás otra oportunidad de proceder de mala fe.
   Indudablemente, dentro de esta concepción partidaria y de la Nación, las formas políticas de acción imponen los métodos y los sistemas. Fuera de la Con- 61 vención Constituyente, cualquier afiliado peronista podrá exponer libremente su opinión; pero tratada en el Bloque y decidida la actitud que el Bloque ha de tomar, todo el mundo se olvida de su propia idea para someterse a la idea del conjunto. Las ideas personales propias sirven a las responsabilidades personales; y las de la mayoría, por decisión, sirve a las responsabilidades colectivas. Nadie, dentro de un cuerpo, puede obrar por sí sino por el cuerpo, y ninguna idea vale tanto que pueda anular a la idea de la mayoría.
   Esa es la base y la piedra angular en que se afirma el sistema democrático. Los que no son capaces de someter su personalidad a la personalidad del conjunto, están de más en nuestra organización. Las ideas propias sirven a los individualismos, y nosotros queremos terminar con ese individualismo en la República; queremos que todos los argentinos piensen como quieran pensar, pero queremos que la Argentina piense de una sola manera. Queremos que los peronistas piensen como se les ocurra pensar, pero que el Partido Peronista piense de una sola manera: como piensa la mayoría.
   Esa base es lo fundamental. Las divisiones y las claudicaciones de sectores indican sectarismos, y nosotros no los aceptamos dentro de nuestro partido. Nosotros somos universalistas en todo y para todo. Servimos aquí a la República, y con la República al mundo. Ese es nuestro concepto.
   En resumen, esta forma se sintetiza de la siguiente manera: se modifican cincuenta y tres artículos, algunos de fondo y otros de forma; subsisten sin modificación alguna cuarenta y siete artículos de la antigua Constitución; se suprimen nueve artículos, porque ya no tiene actualidad, y se agregan seis nuevos, referentes a cosas que no están contenidas y que debe contener la Constitución. En resumen, eran 110 artículos y nosotros los redujimos a 107.
   ¿En qué consiste cada una de esas reformas? Las voy a mencionar brevemente con ligeros fundamentos, porque ustedes tienen a su disposición todas esas reformas y fundamentos en el texto y en los anexos del anteproyecto.
   Antes de considerar el detalle, quiero sintetizar solamente una idea, y es que en el planeo de las reformas que vamos a comentar, hemos entendido realizar solamente las reformas de fondo. La virtud más extraordinaria que tiene la 62 Constitución de la Nación Argentina del año 1853 estriba, precisamente, en la suprema síntesis que se ha logrado para dar el fundamento constitucional en tan escaso número de artículos, que expresan en forma completa todo lo que una constitución debe contener. Yo he querido respetar esa síntesis porque, evidentemente, la constitución de 1853 fue hecha por hombres extraordinariamente inteligentes. Comparándola con muchas otras constituciones ampulosas, detalladas, prescriptivas y reglamentarias, que desvirtúan el concepto de lo que debe ser una Constitución, afirmo que esta Constitución argentina ha sido realizada por hombres que han dejado patente el sello de su inteligencia en esta síntesis maravillosa de ciento diez artículos que, cuando más se analiza, aparece más grande y más perfecta. Yo he querido respetar esa síntesis y quiero rendir culto a la inteligencia de esos hombres que supieron llegar a ella para dar una idea general de fondo en las concepciones constitucionales que deben ser interpretadas y reglamentadas por la legislación a cargo del Congreso de la Nación. Sería un crimen destruir esa idea de inteligencia de nuestra Constitución y, por esa razón, no solamente hemos respetado su texto, sino que, en los agregados y nuevas prescripciones constitucionales, nos hemos ceñido a la misma síntesis que hicieron los constituyentes del año 1853, porque no queremos que en el futuro se nos juzgue como hombres que no hemos sabido ponernos a la altura de la capacidad de aquéllos que realizaron esta obra maestra del derecho constitucional.
   Preámbulo Respetamos totalmente el texto del Preámbulo. Solamente agregamos a continuación de la parte que dice “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” lo siguiente: “ratificando la irrevocable decisión de  constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
   Estaría de más que yo explicase por qué agregamos esto. Es una nueva concepción que está no solamente en la mente, sino también en el corazón de todos los argentinos como aspiración suprema de la Nación, asegurando con eso todos los beneficios de la paz social por ser socialmente justa; asegurando la verdadera libertad del pueblo argentino y de los argentinos al proclamar que somos eco- 63 nómicamente libres, y asegurando lo más sagrado de la nacionalidad, que es su soberanía, al declarar que queremos y anhelamos ser políticamente soberanos. Artículo 14 Desde luego, solamente cito las cuestiones de fondo, porque hay otras de forma que se entienden fácilmente. En el artículo 14, a continuación de “trabajar y ejercer toda industria lícita”, nosotros agregamos “y útil”, para conformarlo con nuestra concepción económica.
   A los derechos de navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, agregamos la libertad de reunirse, como derecho que no estaba consignado en el texto de la constitución de 1853 aunque, en la realidad y en los hechos, este derecho existe; hemos querido darle carácter constitucional al derecho de reunirse que tienen los ciudadanos dentro de la República.
   Agregamos, además, lo más fundamental de esa primera parte de la reforma constitucional, declarando derechos especiales dentro de la Constitución. Éste es un asunto que ya vibra desde hace tiempo en la conciencia del pueblo argentino, y su explicación es bien simple, como deben ser simples estas cuestiones que se hacen con sinceridad y con buena voluntad.
   Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales ante la ley, y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder, por su libertad, contra la libertad de los demás, en nombre de una igualdad que, desde ese momento, resultaba desigualdad.
   Creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización, compensando las debilidades naturales de un sector, con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derechos mínimos, para que el hombre no esté sometido a abusos de otro sector más poderoso e influyente.
   Esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución derechos mínimos que aseguren la imposibilidad de la repetición de un fenómeno 64 natural en nuestros tiempos: la explotación del hombre por el hombre, sin tener como compensación un derecho que le asegure un mínimo de felicidad a que es merecedor desde el momento en que vive dentro de una sociedad organizada.
   Eso ha traído la incorporación de los derechos especiales del trabajador, cuyo enunciado todos ustedes conocen y cuya síntesis es la siguiente:
   I. Del trabajador En correspondencia al deber de todos los trabajadores de producir con el rendimiento adecuado, de perfeccionar los medios de producción, de respetar los intereses justos de la comunidad, de contribuir a la creación del bienestar colectivo, de cultivar normas de moral, de restituir a la sociedad en forma de trabajo lo que de ella se recibe en forma de bienestar, y de poner la fuerza gremial al servicio de los intereses de la Nación, el Estado garantiza a los trabajadores:
   a) El derecho de trabajar y proveer de ocupación a quien la necesite. El trabajo no es una mercancía, sino un medio de satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad.
   b) Una retribución suficiente para su sustento y el de su familia, compensatorio del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido.
   c) Su capacitación profesional, proporcionándole los medios para que pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse.
   d) El derecho a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad.
   e) Un régimen de trabajo que reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, que no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y haga posible la debida oportunidad de recuperación por el reposo.
   f) El derecho de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas.
   g) El derecho a ser amparado en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo.
   h) El salario familiar.
   i) El derecho del individuo a un mejoramiento económico.
   j) El derecho a agremiarse libremente y de participar en otras actividades líci- 65 tas tendientes a la defensa de los intereses profesionales. II. De la familia a) El Estado adoptará las medidas necesarias para la protección de la maternidad y de la infancia como únicos elementos privilegiados de la sociedad en la Nación.
   b) El Estado garantiza el bien de la familia conforme a lo que una ley especial determine.
   c) El Estado formará la unidad económica familiar de conformidad con lo que esta ley especial establezca. III. De la ancianidad a) El Estado garantiza el derecho de asistencia íntegra a todo anciano por cuenta y cargo de su familia, o, en caso de desamparo, por cuenta de propio Estado.
   b) El Estado garantiza el derecho a una alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada anciano desamparado.
   c) El Estado garantiza el derecho del anciano a una vestimenta decorosa.
   d) El Estado tendrá preocupación especial y permanente por la salud física de los ancianos.
   e) El Estado cuidará igualmente de la salud moral de los ancianos asegurándoles el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes con la moral.
   f) El Estado garantiza el derecho de esparcimiento de la ancianidad para que pueda gozar de un mínimo de entretenimiento que les permita sobrellevar con satisfacción del resto de su vida.
   g) El Estado garantiza el derecho de los ancianos a un trabajo productivo y compatible con su estado y condiciones, siempre que las mismas lo permitan.
   h) El Estado garantiza el derecho de la ancianidad al respeto y consideración 66 de sus semejantes.
   Señores:
   A los derechos del trabajador han sido agregados los de la familia. En nuestra sociedad, si hay algo importante es, precisamente, la conservación y defensa de la familia, que es la verdadera célula de la Nación. Por eso hemos querido que el Estado se preocupe especialmente de la conservación de esa institución tan importante de la sociedad, que es la familia, protegiéndola y amparándola y creando un fondo o un capital familiar para su defensa económica. Serán formas que irán paulatinamente alcanzando su realización dentro de la legislación argentina hasta completar la protección a que la familia tiene derecho.
   Con respecto a los Derechos de la ancianidad, ya los antiguos griegos y romanos establecieron las bases sobre las que una sociedad descansa, creando valores morales necesarios para el respeto y la consideración hacia los ancianos.
   En la sociedad moderna, los ancianos han sido un poco olvidados y hoy cada mocito con unos cuantos años de inexperiencia se cree con derecho a sobrepasar la experiencia y a faltar el respeto a los hombres que peinan canas. Tenemos que volver al respeto y a la consideración a la ancianidad, que es uno de los principios fundamentales en que se sustenta la moral de todas las sociedades y de todos los pueblos.
   Un artículo nuevo que se agrega a los anteriores, referente al disfrute de los derechos ciudadanos, establece lo siguiente:
   Artículo nuevo: “El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales, cualesquiera sean su fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorios al sistema democrático en que la misma se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas en el párrafo anterior, que funcionen ilegalmente,  no pueden desempeñar ninguna función pública en ninguno de los poderes del Estado”.
   Esto, señores, hace el fondo mismo de la defensa de nuestra organización como Nación y como pueblo. Permitir la existencia de organismos de disociación, de anarquía y de destrucción dentro de nuestra democracia sería no crearle al Estado las autodefensas indispensables. En esto, la organización institucional, 67 como la biológica, ha de tener sus autodefensas, o trabaja por su propia destrucción. Eso es lo que ha querido incorporarse: un instrumento automático de defensa propia de nuestra Constitución y de nuestra organización jurídica e institucional.
   Ellos se complementan con otros artículos que leeré a continuación:
   “El Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido únicamente a las prescripciones de la ley”.
   “Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean las del Estado, así como el uso público de uniformes, símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fines prohíben esta Constitución o las leyes de la Nación”. Artículo 16 “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La proporcionalidad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
   Éste es uno de los puntos fundamentales, enunciados por el peronismo, a incorporar en la Constitución. Esta Constitución, que decían fascista, que decían estaba destinada a suprimir las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos, en realidad amplía esos derechos agregando los derechos de reunión que tienen los ciudadanos y agregando los Derechos del Trabajador, los de la Familia y los nuevos derechos de la Ancianidad que reconoce el pueblo argentino a los que han trabajado toda su vida en bien del país.
   Y viene el Artículo 17 La Nación garantiza la propiedad como función social y, en consecuencia, la misma estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad general. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pe68 queña propiedad agrícola de explotación; para la creación de nuevos centros de población con las tierras y aguas que les sean indispensables y para el fomento agrícola ganadero.
   Señores:
   Es el cambio de la propiedad inviolable por la propiedad sometida al interés general, vale decir, la propiedad social, no la propiedad individual. El respeto a la propiedad se mantiene; lo que no se mantiene es su inviolabilidad. No es inviolable; es respetable; de acuerdo con lo que establezca la ley y nadie legislará en la República para hacer mal, sino para hacer bien a la República.
   En cuanto al capital, dentro de la misma concepción económica, un nuevo artículo establece la Constitución:
   “El capital tiene por principal objetivo el bienestar social. En consecuencia; debe estar al servicio de la economía, y sus diversas formas de explotación no pueden afectar los fines de utilidad pública o interés general del pueblo argentino. La libertad, derechos y garantías que establece la Constitución, no amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro.
   Queda prohibida toda forma de explotación del hombre por el hombre o por el capital, en cualquiera de sus manifestaciones. La igualdad jurídica y social de los habitantes de la Nación hacen del abuso de la libertad individual un delito”.
   Ésta es una ajustada síntesis de cuanto hemos expuesto acerca de la necesidad de la economía social, base fundamental del futuro desarrollo de las actividades de la economía, donde el capital esté al servicio de la economía y no la economía al servicio del capital; la mano de obra en colaboración con el capital y no la mano de obra en lucha con el capital, para lo cual la mano de obra cumple con sus deberes y el capital cumple con su deber fundamental de ponerse al servicio de la economía nacional.
   Esta concepción, donde se descarta en absoluto toda posibilidad de explotación, es lo que humaniza al capital, asunto que venimos sosteniendo desde el principio de nuestra lucha. Un capital humanizado donde se reconozca que la explotación de un hombre por otro hombre representa frente a la ley un verdadero delito. Y ahora a la economía en relación con el Estado 69 La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de justicia social, el Estado podrá, por una ley especial, intervenir en el dominio económico y monopolizar determinada industria o actividad, teniendo por base el interés público y, por límites, los derechos fundamentales que asegure la Constitución. Salvo la importación-exportación, que estaría a cargo del Estado de acuerdo a los límites y al régimen que se determine por la ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios.
   Toda explotación de los servicios públicos será argentina, y a tal fin, por ley nacional, se determinará oportunamente la nacionalización y, si procede, la estabilización de los servicios públicos que se hallen explotados por particulares, ya fuesen éstas personas jurídicas o físicas.
   Los minerales y las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente indemnización que se convendrá con las provincias.
   Señores:
   Es lo que venimos ya realizando nosotros. La actividad privada en poder de toda la organización y funcionamiento económico, reservándose el Estado el contralor de la importación y de la exportación, imposibilitando el funcionamiento de toda empresa que quiera constituir un estado dentro del Estado, para lo cual maniobra abierta o encubiertamente para suprimir a sus competidores o realizar un monopolio.
   Los servicios públicos como que no pueden ser empresas de explotación, sino de servicio, deben estar en manos del Estado para que se dé el servicio al mejor precio y en las mejores condiciones posibles.
   De la misma manera, lo que se refiere a la existencia de las riquezas naturales en la República. Exceptuando los vegetales, todo lo que es explotación de riquezas de extractivo ha de pertenecer a la Nación. Pero es indudable que las 70 provincias tienen derechos y esos derechos serán compartidos con la República.
   Las provincias recibirán la indemnización. Y ustedes se darán cuenta de que la finalidad que se persigue con esto es la de hacer una explotación altamente económica, que las provincias difícilmente pueden realizar en un régimen circunstancial y parcial. Ellas recibirán los beneficios que le correspondan y que se darán por acuerdo entre las provincias y el Gobierno Nacional. Respecto a esa indemnización, las provincias ponen a disposición de la Nación la explotación de sus yacimientos. Creo que es el régimen más perfecto de acuerdo a las necesidades económicas y guardando el respeto a las autonomías provinciales.
   En el artículo 18 se ha creado un párrafo que se refiere a la justicia militar.
   Éste es un asunto ya creado en realidad. Existe actualmente un código de justicia militar y existe, también, una justicia militar que no estaba comprendida como fuera dentro de la Constitución. Nosotros no hemos hecho más que ponerla al día, dándole a la justicia militar su lugar dentro de la Constitución. La justicia militar, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, ya está determinada por nuestros códigos y está en ejecución desde hace ya casi cincuenta años, de manera que no es una cosa nuestra. Otro agregado a este artículo 18 es el que se refiere a la incorporación del derecho de “hábeas corpus”, no instituido en la anterior Constitución. Ese párrafo final del artículo, dice así:
   “Todo habitante podrá interponer, por sí y por intermedio de sus parientes o amigos, recurso ante la autoridad judicial competente para que se investigue la causa y el procedimiento de cualquier restricción y amenaza a la libertad de su persona. El tribunal hará comparecer al recurrente, y comprobada sumariamente la violación, hará cesar inmediatamente la restricción o amenaza. En los casos de “hábeas corpus”, será imprescindible la presentación del detenido ante el juez del recurso”.  Artículo 20 “Por el solo hecho de residir durante dos años continuos o discontinuos en el país, el extranjero tendrá que decidir entre pedir la nacionalidad o abandonar el territorio argentino. Una ley determinará las condiciones en que podrá ser concedida o denegada a naturalización”.
   Éste es un asunto anhelado por todos los argentinos y por todos los extranjeros 71 que habitan nuestro suelo. No es posible aceptar, ni siquiera teóricamente, que los hombres que habitan nuestro suelo, después de estar dos años, conociéndolo bien, todavía sigan siendo extranjeros. Esto se impone por numerosas razones, pero en estos tiempos de minorías se impone de una manera más absoluta. No pueden dentro del territorio argentino existir minorías de ninguna naturaleza. Las minorías de aquí son políticas, no de nacionalidades, de religiones ni de credos de ninguna naturaleza.
   No creo que necesite más comentarios este artículo. Estamos todos en general de acuerdo, y más de acuerdo todavía el pueblo argentino. Artículo 23 Este artículo que establece que, en caso de alteración del orden público o de ataque exterior, el presidente de la República o el Congreso pueden declarar el estado de sitio, tiene sus inconvenientes porque el Estado de sitio suspende sistemáticamente todas las garantías constitucionales. Pueden presentarse numerosas situaciones en que no sea necesario suspender todas esas garantías, sino suspender momentáneamente o atenuar algunas de ellas en caso de alteración del orden o fenómenos locales, etc. Por esa razón, en este artículo hemos creado también otros dos estados:
   “Podrá declararse asimismo el estado de prevención y alarma en caso de alteración del orden público que amenace perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de la población. Una ley determinará los efectos jurídicos de tal medida, pero ésta no suspenderá, sino que limitará transitoriamente las garantías constitucionales en la medida que sea indispensable. Con referencia a las personas, los poderes del presidente se reducirán a detenerlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio por un término no mayor de treinta días”.
   El estado de sitio es una medida demasiado grave y una lesión demasiado profunda a las garantías constitucionales que, en algunas ocasiones, no es necesario utilizar. En cambio, el estado de prevención o alarma es una graduación menor, que no infiere una lesión tan profunda ni tan grave a los derechos consti72 tucionales y permite, en muchos casos, evitar que la perturbación se agrande, sin necesidad de echar mano a la suspensión total de las garantías constitucionales.
   Es decir, señores, que es una garantía más de que “porque si” no se van a quitar, reducir, o suprimir totalmente las garantías constitucionales que los ciudadanos deben tener en forma permanente dentro de la República, sino solamente atenuar momentáneamente esas libertades. Ello es una muestra más de respeto a las garantías y a los derechos que la Constitución asigna y que nosotros queremos poner en juego dentro del orden constitucional. Vale decir, una prueba más de respeto a la libertad que, según nos están señalando, queremos suprimir dentro del país.
   Artículo 30 Se refiere a la reforma de la Constitución:
   “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada con el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros presentes”. Hemos agregado esta palabra para terminar con esas cuestiones de interpretación, que tanto mal producen.
   Continúa el artículo: “Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto” Una ley especial –agregamos nosotros– sancionará a quienes de cualquier manera, preconizaren o difundieren métodos o sistemas mediante los cuales, con el empleo de la violencia, se propongan suprimir o cambiar la Constitución o alguno de sus principios básicos, y a quienes organizaren, constituyeren, dirigieren o formaren parte de una asociación o entidad que tenga como objeto visible u oculto alcanzar algunas de dichas finalidades.
   Es decir, señores, que se trata de una defensa más de la Constitución. No se puede aceptar que impasiblemente el Estado permita la organización o la reali zación de una acción para destruir violentamente una Constitución que debe ser establecida y mantenida por la voluntad unánime de la Nación. Esto es, simplemente, un organismo o una disposición de autodefensa de la propia Constitución. Artículo 37 De acuerdo con el nuevo censo de la República, si siguiéramos con el antiguo   73 sistema llegaríamos a formar una Cámara de Diputados excesivamente numerosa, pues tendría más de 350 miembros. Por esa razón, en vez de 50.000 hemos aumentado a 100.000 la cifra de los representados por cada diputado, con lo cual se mantiene más o menos el mismo número de los componentes de la actual Cámara.
   Esto tiene la ventaja de contar con un cuerpo colegiado, que la experiencia ha venido demostrando que, en su cantidad, es efectivamente eficaz. Por otra parte, el aumento traería consecuencias de todo orden, hasta cuestiones de fondo que serían sumamente perjudiciales. Por eso, manteniendo lo que la experiencia nos ha venido demostrando como suficiente y eficaz, no hemos alterado el número de diputados, aumentando en cambio el de votantes, a quienes cada uno debe representar. Ustedes considerarán esto después, estudiándolo minuciosamente, y verán, con números –que es la forma de estudiar estas cuestiones– la razón de esta nueva disposición. Artículo 42 Se refiere a la duración del mandato de los diputados nacionales. El sistema actual nos lleva a un sinnúmero de elecciones más o menos intercaladas que mantienen en movimiento permanente a la República haciendo que casi todos los años tengamos que realizar elecciones generales o parciales. Yo he hecho un cálculo de lo que le cuestan a la República todas esas elecciones, en el que me he quedado completamente corto, porque he considerado sólo los gastos oficiales, sin tener en cuenta los de propaganda, de movimiento y de acción, que también sustraen al trabajo una cantidad de hombres y ocasionan a la República un inmenso desgaste, no sólo en el sentido de la población en su acción perma nente, sino también de dineros extraídos de un […]*23 que reducir al mínimo las elecciones. Por esa razón, hemos establecido que la duración del mandato de los diputados sea de tres años para que coincida su elección con la de Presidente y se renueven por mitades a partir de la primera legislatura así constituida. A los tres años termina una mitad y a los seis termina la otra, y así se van renovando mitades; en vez de hacerlo cada dos años, lo hacen cada tres. De esta manera, 74 entre un mandato presidencial y otro, habrá solamente una elección intermedia, en la que se harán coincidir los comicios para diputados, senadores y todos los demás, para que no haya tantas elecciones. Es un ahorro extraordinario para la República, en todo orden.
   Las disposiciones transitorias que ustedes establecerán en la Convención dirán cómo hay que arreglar el actual momento para que pase a ser esto un movimiento definitivo para el futuro.
   Artículo 46 Suprimimos en este artículo la elección indirecta. La elección indirecta desaparece de la Constitución Argentina por inocua e inoperante. No tiene razón de ser.
   La elección es la única, directa y por simple mayoría de sufragios.
   Artículo 48 Seguimos el mismo sistema dentro de esta Constitución para el mandato de los diputados que para el de los senadores. Duran seis años y se renuevan cada tres.
   Artículo 55 Este artículo se refiere a la iniciación del período y en él decimos que “el Presidente de la Nación puede prorrogar las sesiones ordinarias y convocar a extraordinarias”. También se establece que el Presidente de la Nación podrá convocar a la Cámara de Senadores al sólo objeto de los acuerdos, a fin de que no sigamos con el actual desentendimiento sobre si hay que convocar a una o a las dos Cámaras. Le damos elasticidad a la convocatoria. Artículo 63 Dice lo siguiente: “Cada una de las Cámaras puede solicitar del Poder Ejecutivo los informes que estime convenientes respecto de las cuestiones de competencia 75 de dichas Cámaras. El Poder Ejecutivo podrá optar entre contestar el informe por escrito, hacerlo personalmente o enviar a uno de sus ministros para que informe verbalmente”.
   Esto lo impone la misma dignidad de los poderes. Es inaceptable que un poder llame a personas subordinadas a otro poder en forma directa. Eso es origen de controversias y de encontrones entre un poder y otro, que tenemos que evitar. Los poderes están vinculados por sus jefes, y si algún informe ha de pedírsele al Poder Ejecutivo, se le debe pedir a él, que es el Presidente. Los ministros no son el Poder Ejecutivo; son secretarios de Estado. De manera que el Poder Legislativo pide informes al Poder Ejecutivo y éste informa por escrito; si conviene, va el Presidente de la Cámara o, si no quiere ir, manda a uno de sus ministros.
   Esto es también más democrático y quita un poco la intranquilidad que entre nosotros no debe existir. Si tenemos razón, hemos de ser capaces de discutir y ganar con la razón; y si no la tenemos, debemos de ser capaces de reconocer el error. Artículo 67 Los incisos que lo componen son todos, más o menos iguales. Se aumenta en el inciso 7 la posibilidad de no hacer un presupuesto cada año, sino para dos o tres años, como imponen los planes de gobierno. Un plan bien estructurado puede contener los presupuestos para dos, tres o cuatro años. Ésta es una atribución que se da al Poder Ejecutivo para presentar el presupuesto al Congreso, y a éste para aprobarlo, sin perjuicio de que cada año apruebe o deseche la cuenta de inversiones, porque ese es un derecho de las Cámaras, de contralor, que debe subsistir. De manera que no hay ninguna alteración.
   El inciso 13, que se refiere a una legislación exclusiva sobre los servicios públicos de propiedad de la Nación, nace como una nueva necesidad desde el momento en que el Estado toma a su cargo la realización de los servicios públicos.
   Hay que darle la facultad de organizarlos, dirigirlos y administrarlos.
   El inciso 14 se refiere al régimen de distribución de aguas. Uno de los inconvenientes más comunes en las vinculaciones interprovinciales es el régimen de 76 distribución de las aguas dentro de la República. Hasta ahora, como no habían existido riesgos interprovinciales, ocurrían fenómenos muy curiosos, situaciones no previstas que no se podían resolver dentro del actual régimen, porque no existe una cláusula constitucional que nombre un vocero para decidir en ese asunto. Tal es el caso de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Santiago del Estero, en este momento, no tiene una gota de agua. ¿Por qué? Porque de la del río Salado hace uso Salta y no le deja nada, y de la del río Dulce hace uso Tucumán y tampoco le deja nada. Sin embargo, es un río que corre por Santiago del Estero y cuando hay exceso de agua le rompe los puentes; y cuando hay un cauce normal queda allá arriba el agua para riego y no le deja a Santiago del Estero una sola gota.
   Esto trae un conflicto permanente entre una provincia y otra. Hay que determinar un régimen de distribución de aguas y esto sólo se puede hacer por una ley nacional.
   Artículo 77 Señores:
   Aquí el Partido, aun contra mi voluntad, ha colocado al final del artículo –exactamente igual que el anterior– en reemplazo de “y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período”, “y pueden ser reelegidos”.
   Es indudable, señores, que doctrinariamente, éste es un artículo de la Constitución que corresponde que sea así. A mí me han convencido a ese respecto.
   Corresponde por una simple razón: porque si el pueblo elige, debe elegir sin ninguna limitación, absolutamente ninguna limitación, y esto entra dentro de esa concepción.
   Ahora, bajo el aspecto personal, se imaginarán que yo reservo opinión en lo que a mí se refiere. Yo no sólo no voy a poder aceptar una segunda presidencia, sino que no creo que quede en condiciones de aceptar una reelección. Yo estaré en el gobierno mientras crea que puedo hacer el mayor bien a la República, pero abandonaré el Gobierno un minuto después de que crea que ya no lo puedo hacer bien. El desgaste es extraordinario, por esa razón, para mí esto no representa ningún compromiso. Creo que en nuestro movimiento hay hombres que pueden 77 reemplazarme con ventaja.
   Vayamos al Artículo 81. Trata de la elección directa del Presidente y Vicepresidente. Las elecciones indirectas complican el problema, y no he podido aún darme cuenta de por qué se ha hecho en la República, hasta ahora, la elección indirecta. Suprimimos todo lo que se refiere a los artículos que trataban de la elección indirecta de Presidente y Vicepresidente, para realizar la más simple y eficaz: la elección directa, por simple mayoría de sufragios, para Presidente y Vicepresidente.
   Vienen ahora, hasta el artículo 87, otras reformas que son pequeñas cosas, y sobre las cuales no quiero extenderme para no abusar de la atención de ustedes.
   El artículo 87 dice, en la nueva redacción: “El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de ministros secretarios de Estado, quienes refrendarán y legalizarán los actos del Presidente de la Nación por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Existirán los siguientes ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Ejército, Marina, Aeronáutica, Economía, Hacienda, Finanzas, Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio, Trabajo y Previsión, Transportes, Interior, Justicia, Educación, Salud Pública, Correos y Telecomunicaciones, Asuntos Políticos y Asuntos Técnicos. Por ley de la Nación, y a propuesta del Poder Ejecutivo, se determinarán los ramos del respectivo despacho de los ministros, así como su coordinación, y podrán crearse otros ministerios”.
   Hemos tratado de organizar los ministerios con un sentido moderno. Aquí está solamente la síntesis que responde a la idea fundamental, que se establecerá en una ley de organización de los ministerios. Venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo la necesidad de terminar con el individualismo en todas sus formas dentro de nuestro régimen. Correspondiendo a ese individualismo, los ministerios trabajan cada uno por su cuenta y el ministro establecerá en una ley de organiza ción de los ministerios, sin otra coordinación que la de sus propios organismos.
   Yo considero que esto es un grave error.
   Si analizamos a lo que nos ha llevado ese individualismo, estableceremos con claridad cuáles son sus ventajas y cuáles sus desventajas. Nosotros provenimos de pueblos individualistas. Así fueron los griegos y los romanos. Su organización institucional obedecía al individualismo que la propugnaba. Las formas populares 78 se ajustaron a ese individualismo. En otras palabras más sencillas, ellos tenían la república centralizada. Los triunviratos circunstanciales terminaban por la eliminación de dos triunviratos y el triunfo de uno de ellos, para establecer finalmente el imperialismo, es decir, la forma más centralizada de todos los gobiernos de la antigüedad. Y en los deportes, ese individualismo llevó a la creación del atletismo, por ejemplo, donde uno pelea contra todos y donde es uno solo el que gana.
   Lo mismo los griegos que los romanos.
   Las nuevas formas de otros pueblos que no sirvieron al individualismo los llevó a la organización de gobiernos con un poco más de compensación de lo individual con lo colectivo. Ya no se hicieron, en el pueblo, esos juegos para despertar el espíritu individualista. Se hicieron deportes colectivos, donde luchan once contra once o quince contra quince.
   Y fíjense ustedes cuál es el panorama de la humanidad en estos momentos.
   Todos los pueblos individualistas están en retardo, siendo los colectivistas los que triunfan. En otros aspectos, en la ciencia y en las artes, el individualismo es colosal. Un artista tiene que ser uno; no puede ser un equipo, porque eso lo da la naturaleza a contados individuos. Es lo que ocurre con sabios y hombres de ciencia. Esa es la ventaja del individualismo.
   Conservamos el individualismo, entonces, en lo que tiene de positivo y de ventaja; en la ciencia y en el arte. Pero en el gobierno, no. En el gobierno son equipos de hombres los que hoy trabajan.
   Los ministerios no pueden ser ministerios aislados. Tienen que formar equipos, reuniéndose por actividades afines. Por eso nosotros, dentro de este ministerio, hemos organizado tres grandes equipos.
   El Ministerio de Relaciones Exteriores es una secretaría directa de la Presidencia de la República, porque, por la Constitución, es el Presidente el que dirige las relaciones internacionales. Es el único que trabaja solo.
   Después, hay un equipo económico, que está formado por todos los ministerios que tienen relación con la economía en general, y que trabajan totalmente coordinados entre ellos. Un ministerio de Hacienda, que atiende la administración del Estado; uno de Economía, que es el comercializador; uno de Finanzas, que es el que cuida los cambios, los tipos de monedas, etcétera. También está el de Trabajo y Previsión, porque también el trabajo es un factor de economía, de Transportes y de Correos y Telecomunicaciones.
   79 Un equipo político, encabezado por el Ministerio del Interior, Justicia etc., y un equipo militar, presidido por un ministro de Defensa, que es el que organiza toda la preparación sincronizada para el caso de guerra, y al que acompañan los ministros de Guerra, de Marina, y de Aeronáutica, que manejan los distintos ministerios, por ramos especializados, de las Fuerzas Armadas. Esto obedece, en el equipo militar, a un antiguo concepto, tan viejo como el arte de guerrear y tal vez tan viejo como la humanidad; separarse para vivir y reunirse para combatir.
   Estos ministerios, trabajando por equipos es como van a rendir el mayor provecho para el Estado. Por esa razón hemos organizado así los ministerios. Ya después los señores legisladores nos darán en una ley completa la organización de los ministerios, con sus atribuciones y funciones.
   Hemos creado también, en el artículo 87, que es nuevo, las inmunidades para los ministros. En toda partes del mundo las tienen, pero aquí no, probablemente por una omisión. Pueden ser procesados, por ejemplo, y ello crea conflicto de poderes, como puede suceder en el caso de que procesen a un ministro injustamente y no se preste el auxilio de la fuerza pública, como ya ha ocurrido alguna una vez. Debe haber una forma constitucional para encarar el problema, como en el caso de los legisladores, despojándolos primero de sus fueros y dejándolos después en manos de la Justicia, sin que nadie pueda oponerse a ello, ni siquiera el presidente de la República. Después, una ley ha de establecer los detalles, con lo cual se han de evitar los conflictos de poderes, que son los más perjudiciales para el Estado; es preciso prevenir esto para el futuro.
   Artículo 96 “La justicia es inamovible. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley. Los requisitos, forma condiciones de nombra80 miento, ascenso y separación de los jueces de los tribunales superiores serán establecidos por una ley especial”.
   En otras palabras, el proyecto establece el juicio político solamente para la Suprema Corte y entrega a ella el juzgar a los jueces de instancias inferiores, para no tener que someter en cada oportunidad a los jueces de mala conducta, incapaces o afectados por muchas otras fallas que pueden ser peores a un juicio político, que es un escándalo y significa la ventilación de cuestiones inconvenientes. La Suprema Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, puede someterlos a su propio tribunal, quizá con más capacidad y en mejores condiciones para dictaminar con respecto a cada uno de los jueces inferiores de sus instancias.
   Esto será también determinado por una ley, de manera que los jueces tienen la garantía del Poder Legislativo, que es el que ha de fijar la realización del proceso.
   Tiene también la garantía de la Suprema Corte Nacional, que será la encargada de juzgarlos. Con esto creo que se superan muchos de los inconvenientes que hemos venido sufriendo hasta ahora.
   Artículo 100 Se crea el Tribunal de Casación, de acuerdo con lo que determine una ley de la Nación. Se concreta así un anhelo largamente perseguido por casi todos los juristas de nuestro país. Ustedes analizarán profundamente este asunto y determinarán sobre él definitivamente.
   A continuación, la Constitución considera todas las cuestiones referentes a las provincias, ninguna de las cuales ha sido modificada en ninguna de sus partes.
   Hemos querido dejar todo lo que corresponde a las provincias sin ninguna modificación, porque ello no altera en forma alguna el fondo de la prescripción constitucional y con esto rendimos un homenaje a los derechos y garantías  que las provincias tienen dentro de nuestro orden federal. Respetamos hasta los acuerdos preestablecidos por algunas provincias que posean algunos fueros, y algunas cuestiones especiales realizadas con anterioridad a la Constitución de 1853. Hemos querido en este sentido ser ampliamente respetuosos con las provincias, para desvirtuar también todo lo que se venía afirmando de que no íbamos a respetar en las provincias ni sus autonomías, que les íbamos a restar atribuciones, etc. No, señor. Mantenemos eso, aunque sea por tradición. La tradición dentro de 81 las normas constitucionales también tiene su extraordinario valor. Por eso hemos querido respetarlo. Todas las prescripciones que se refieren a los derechos de las provincias dentro de la Constitución, se mantienen firmes como en la Constitución de 1853.
   He mencionado solamente en forma muy sintética las reformas de fondo a introducirse dentro de la Constitución. Es indudable que esta Constitución dará motivo para que nuestro Congreso, sobre esto que representa la piedra sillar de nuestro sistema jurídico institucional, arme el esqueleto de la nueva legislación argentina constituida por las leyes orgánicas y básicas que completarán lo constitucional con lo legal en el orden orgánico. Y después que complete ese esqueleto, vendrá el resto de músculos y nervios que lo podrán en movimiento. Vale decir, acopladas a las leyes orgánicas, irán las leyes de funcionamiento, de movimiento, para crear un sistema legal que responda este sistema institucional nuevamente concebido por los argentinos del año 1949.
   Esta obra está indicando que comenzamos realmente la tarea de consolidación de nuestras conquistas y de nuestro movimiento. Al hacer estas modificaciones y proponerlas, el Partido Peronista cree haber interpretado el mandato que el pueblo le ha conferido.
   Creemos que entrar en otro orden de modificaciones de fondo sería ir más allá del mandato que hemos recibido. Y omitir alguna de estas reformas de fondo indicaría habernos quedado demasiado cortos en el mandato popular de que somos depositarios. Por esa razón, creemos que dentro del límite de la prudencia y de la armonía con que este orden de trabajo debe realizarse, estamos en un justo punto de perfecto equilibrio. Realizar estas reformas satisfará, sin duda alguna, los anhelo del pueblo y creemos que si sometiéramos esta reforma a la totalidad del pueblo argentino, aunque no lo confesaran, el noventa por ciento de nuestros opositores las apoyaría, si obraran con sinceridad.
   He querido que estas últimas palabras lleven al pueblo argentino la persuasión de que los peronistas, que hemos recibido un mandato del pueblo y que con una inmensa mayoría lo vamos a poner en ejecución; al hacerlo, consideramos estas reformas como argentinos, ya que alcanzan a los peronistas y a los no peronistas, 82 tratando de dejar satisfecho al pueblo argentino, cualquiera sea su tendencia y cualquiera sea su creencia.
   Por eso anhelamos que esta Constitución, propuesta por nosotros, sea bien recibida por nuestros partidarios y por nuestros opositores. Legislamos en estos momentos sobre cuestiones extraordinariamente serias para la República. Tenemos concepto de nuestra responsabilidad, y es en concepto de esa responsabilidad, que asumimos y afrontamos decididamente, que queremos darle a esta Constitución del año 1949, el sello de la dignidad con que ha mantenido durante cien años la dignidad argentina la Constitución de 1853. No queremos desmerecerla, queremos perfeccionarla; queremos actualizarla para que los argentinos que dentro de un siglo nos juzguen, lo hagan también con la misma justicia con que nosotros juzgamos, al glorificarlos en este acto, a los grandes argentinos que forjaron esta Constitución del 53, que dio dignidad y dio honra a la República durante un siglo.