Ante una concentración de trabajadores en el local del Córdoba Sport Club
Un acontecimiento feliz, de amplias proyecciones  nacionales,  que  acaba de conmover a esta ciudad, docta y dinámica, en la cual se complementan  tan bien,  la  inquietud  del  espíritu,  la  elevación  del  pensamiento  y  la capacidad  creadora,  me  proporciona  la  satisfacción  profunda  de   este contacto  personal,  directo,  con  los  trabajadores  de   Córdoba,   cuyos problemas conozco, cuya situación me preocupa  y  cuyas  grandes  y  limpias aspiraciones comparto argentinamente.
He venido a esta ciudad, que es constante laboratorio de  ideas  y  usina de fecundas realizaciones, para asistir,  en  mi  carácter  de  ministro  de guerra, al bautismo de una máquina aérea,  concepción  del  ingenio  nativo, ejecutada por manos criollas. Ahora, como secretario de trabajo y  previsión concurro a esta asamblea para proclamar  mi  júbilo  por  las  realizaciones técnicas que hemos hecho  posibles  mediante  una  magnífica  conjunción  de fuerzas y para asegurar que así como aquella obra materializa un afán  hondo y una firme voluntad dinámica, otros hechos, también  auspiciosos,  traducen nuestras preocupaciones y actividad en el sentido de estructurar  cuanto  el país necesita y requiere en el orden social.
Todo esto resulta muy grato para mí,  pero  debo  añadir  algo  más:  que tengo el honor de traeros el saludo del Excelentísimo  señor  Presidente  de la Nación, general Farrell, quien me ha hecho portador  de  sus  expresiones de afecto y su palabra de aliento, mensaje que os entrego con toda  simpatía y cariño. También os traigo el saludo de todos los hombres que me  acompañan en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde se da forma el nuevo  derecho de los argentinos y se aplican sus principios con el más  hondo  sentido  de solidaridad.(no esta en diario)    Con viva complacencia he escuchado la palabra de  cada  gremio,  de  cada agrupación  o  sector,  en  esta  asamblea,  como  oí   las   solicitaciones individuales en las ocasiones que  tuve  de  conversar  con  los  obreros  y empleados de la ciudad y la provincia.  Tendré  presente  cuanto  se  me  ha dicho, valorando con equidad cada expresión, apreciando cada  hecho,  en  su verdadera medida y preocupándome muy sinceramente  por  las  soluciones  que deben darse sin pérdida de tiempo. Pero quiero llevar desde ya al  ánimo  de vosotros, y de cuantos me escuchan, que muchas de esas peticiones  han  sido consideradas  y  en  breve  aparecerán  los  acuerdos   que   concreten   el pensamiento del gobierno. Los ferroviarios, los empleados de  comercio,  las enfermeras, para citar algunos casos, como los trabajadores del  campo,  son motivos de nuestra preocupación y el fin de la acción consiguiente.  Estamos preparando  el  Estatuto  del  Peón,  que  terminará  con  la  orfandad  del trabajador rural, en materia legislativa,  fijándosele  un  salario  que  le permita satisfacer todas sus necesidades. El salario  familiar  se  impondrá al fin, porque es justo que perciba más el obrero o el  empleado  que  tiene cargas de familia. El asunto de las retenciones de los  ferroviarios  a  que se ha referido uno de los oradores es estudiado  en  todos  sus  aspectos  y pronto se conocerán las disposiciones gubernamentales en tal  materia.  Esto no sólo traduce nuestra  disposición  y  nuestra  voluntad,  sino  la  firme acción oficial, para que sean satisfechas tan humanas aspiraciones.
La firme orientación del gobierno que represento en  cuanto  concierne  a la acción social ha sido expuesta con claridad y aplicada con  energía  cada vez  que  un  conflicto  o  un  problema  ha  necesitado   la   intervención gubernamental.  En  tres  oportunidades  recientes  me  he  referido  a  los principios esenciales de autoridad,  de  organización  y  de  justicia  que, junto al propósito obstinado de hacer, fijan  el  rumbo  social  del  actual gobierno, precisan las consignas rígidas a las que todos  hemos  de  ajustar nuestra acción inmediata.
Comenzamos por reivindicar para el Estado - que junto a  los  patrones  y obreros forma las tres partes de todo problema social  -  ese  principio  de autoridad que había sido abandonado por indiferencia, por incapacidad o  por cálculo. Nadie podrá alegar ahora desconocimiento de la función que le  toca cumplir en el futuro.
Los representantes del capital y el trabajo deben ajustar sus  relaciones a las reglas  más  cristianas  de  convivencia  y  de  respeto  entre  seres humanos. El Estado, a su vez, se reserva el derecho de ejercer  una  función conciliadora, exigiendo por igual el cumplimiento estricto de  los  deberes, y el pleno goce de los beneficios consiguientes a cada una de las partes.
En el cumplimiento de esa regla seré inflexible. Nadie  podrá  desconocer ésta facultad tutora de las  autoridades  del  trabajo,  porque  ello  sería peligroso,  trastornando  los  cimientos  de   organización   estatal.   Los funcionarios  encargados  de  aplicar  la  legislación  social   deben   ser respetados como los  tribunales  de  justicia.  Es  necesario  acostumbrarse definitivamente a esta idea, porque no  estamos  dispuestos  a  delegar  una función que  corresponda,  íntegramente,  al  gobierno,  ni  queremos  dejar librada la solución de un problema a la buena o  mala  voluntad  de  unos  u otros.
Todo conflicto encierra una perturbación social de repercusión  inmediata en la economía y bienestar general, y es función de gobierno evitarlo en  lo posible o resolverlo con celeridad, energía y justicia.
Pero hay algo más. La labor de la  Secretaría  de  Trabajo  y  Previsión, organismo mediante el cual el Estado va en defensa de los  derechos  de  las masas  sufridas  y  laboriosas,  es  la  garantía  absoluta  de  esta  nueva justicia. Nadie ha golpeado estérilmente a  sus  puertas.  Ningún  conflicto quedó  sin  solución.  Centenares  de  reivindicaciones  obreras  han   sido logradas por su intermedio. En los seis meses de la nueva  era  de  política social  argentina,  que  hemos  inaugurado,  ha  habido  una  transformación fundamental.
 El  profundo  contraste  que  señala  este  momento  de  tránsito  entre abstencionismo indiferente y suicida de un régimen que fenece  y  la  acción social  que  se  inicia  vigorosamente,  ha  sido  señalada,  con  intención inconfesable, como una intromisión estatal en  las  organizaciones  obreras. Señalo esta acusación porque no soy hombre de decisiones a medias y  sé  que a los enemigos sociales hay que enfrentarlos con la  franqueza  y  el  valor que nos dan nuestras propias convicciones.
Cuando asumí la Secretaría de Trabajo y Previsión, proclamé la  necesidad de  cumplir  uno  de  los  imperativos  culminantes  de  nuestra  hora:   el imperativo de la  organización  de  las  fuerzas  creadoras  de  la  riqueza social. Sostuve que era imperioso estimular  al  espíritu  de  asociación  e impulsar a las entidades gremiales conscientes de sus  deberes  y  funciones específicas, para que colaborasen en la acción  encaminada  a  extender  los principios de la justicia social.
No hemos perseguido otra finalidad que la de fortalecer las  asociaciones para que estén en condición de gravitar en la regularización del  trabajo  y en el mejoramiento del stándard de  vida  de  los  trabajadores.  Porque  sé cuánto  esto  significa  para  los  trabajadores  y  el  país.   Me   opongo severamente al debilitamiento de esas  organizaciones  o  al  reconocimiento oficial  de  los  grupos  constituidos  por  los  que  abandonan  sus  filas alentados  por  fuerzas  disociadoras  que  no  se  resignan  a  perder  sus posiciones.
 La  Federación  Gráfica,  representando  a  todos  los  trabajadores  de imprenta del país; la Federación de Periodistas, asumiendo la de esos  miles de intelectuales diseminados en toda  la  extensión  de  la  República;  las asociaciones de telegrafistas y  de  enfermeros,  y  la  Unión  Ferroviaria, reuniendo 200.000 voluntades dispersas, fuertes  y  prósperas,  ofrecen  una magnífica lección sobre las ventajas que trae aparejadas la  unidad  gremial en las luchas sociales.
Nada hemos pedido ni nada queremos, a no ser su colaboración en el  deber inexcusable de engrandecer la  patria  y  refirmar  la  justicia,  para  que nadie, en esta tierra, altiva y generosa,  sufra  la  angustia  de  sentirse olvidado. Nuestra inquietud es social y no política. Es  constructiva  y  no disociadora.  Está  impregnada  de  humano  sentido  de  equidad  y  no   de ambiciones personales o de odios. La justicia que emane de  las  autoridades del trabajo  ha  de  ser,  ante  todo,  realista  y  humana.  Los  problemas candentes de cada hora no admiten dilaciones. Deben  ser  dilucidados  sobre la marcha,  dándoles  la  solución  que  merezcan,  sin  excepciones  y  sin privilegios.
No vamos a ofrecer  una  fórmula  para  cada  caso.  Por  encima  de  los preceptos, de las costumbres y  de  las  reglamentaciones  deben  estar  los altos principios de solidaridad humana y  de  colaboración  social.  Nuestra justicia es y será  más sensible que letrada, más patriarcal que  legalista; menos formulista y más expeditiva. Hay que responder a la urgencia  de  cada situación, libres del peso de las interpretaciones y el precedentismo, y  de cuanto  enerva  el  pronunciamiento  de  la  justicia  ordinaria.   Nuestras decisiones  no  pueden  sujetarse   a   la   secuela   agobiadora   de   los procedimientos tradicionales, porque correríamos el albur de llegar  siempre tarde.
Los hombres encargados de hacer efectivos los preceptos fundamentales  de esta nueva política, deben parecerse a los  jueces  bíblicos  y  sentir  las solicitaciones que hicieron grande a Alfonso el Sabio. Esos hombres  no  nos faltarán. La revolución ha creado la mística del deber y ésta  hará  posible la elevación del espíritu y la comprensión humana indispensables para ello.
Estamos empeñados en la consecución de un fin social superior,  alentados por centenares de miles de trabajadores argentinos que como  nosotros  creen en  la  necesidad  de  lograrlo.  Hemos  proclamado  el  derecho  a  mejores condiciones de vida y nada nos detendrá en la tarea  de  hacerlas  posibles. Cerca de un millón de obreros de la ciudad y del campo,  del  pensamiento  y del músculo, gozan ya de las mejoras a que me refiero.
La jubilación no puede ser un privilegio sino un  derecho  de  todos  los que trabajan, y al sostenimiento de ese seguro  social  deben  concurrir  el Estado, las empresas y el individuo, porque mientras las primeras  florecen, el hombre, que entregó  todas  sus  energías  para  que  se  engrandecieran, declina falto de una legislación previsora y humana.  Esto  es  irritante  y debe hallar su término. Por eso trabajo para que los beneficios de  que  hoy disfrutan las enfermeras y maestras, se extiendan mañana a los  periodistas, a los radiotelegrafistas, a los empleados de comercio y todas las  ramas  de la fecunda actividad humana.
Legislamos para todos los argentinos; para el presente y para el  futuro; para que convulsiones inevitables de posguerra no conmuevan  nuestra  tierra de paz por no  haber  realizado  los  preceptos  del  derecho  social,  cuyo incumplimiento jamás podríamos justificar ante nuestras conciencias  y  ante la historia.
  El panorama social de Córdoba no ofrece distingos con el  resto  de  la tremenda realidad argentina. El mismo retardo  en  el  cumplimiento  de  ese deber estatal; idénticas injusticias;  igual  irrespetuosidad  patronal  por las leyes obreras. Desde Oncativo, desde Río  Cuarto,  Dean  Funes,  Leones, Villa Dolores, Alta Gracia y  muchos  otros  puntos  de  la  provincia,  han llegado denuncias reiteradas de violaciones a la  legislación  del  trabajo, traduciéndose así en hechos concretos un estado de  cosas  al  que  vamos  a poner término. La retribución  de  los  asalariados  agrícolas,  forestales, pecuarios y salineros es generalmente baja  y  en  muchos  casos  misérrima. Pero donde la realidad social cordobesa adquiere tintes trágicos, es  en  lo concerniente a la vivienda. He leído con asombro las cifras que  arroja  una encuesta del  Ministerio  de  Hacienda  de  la  Provincia,  que  nos  da  un coeficiente  de  hacinamiento  irritante:  sobre  un  total  de  quince  mil familias censadas en la ciudad capital, hay un  promedio  de  ocho  personas por rancho de una sola pieza. Esto  es  demasiado  doloroso  para  quien  no puede reparar de un solo golpe la injusticia acumulada  en  muchos  años  de apatía, de indiferencia e incuria social inexcusables. Pero  vamos  a  hacer con premura todo lo que esa situación nos impone.
El gobierno de la Revolución no  formula  promesas;  anuncia  realidades. Los hombres que  lo  integramos  no  llegamos  al  interior  del  país  para despertar una esperanza que no será cumplida; venimos a  imponernos  de  sus problemas para resolverlos. Hemos entrado en  una  era  de  realizaciones  y avanzaremos por ella con creciente rapidez por el fervor que cada uno  ponga en su tarea y por la adhesión creciente que esa  actitud  merezca  en  todos los sectores de la vida y el pensamiento nacional.
Hemos proclamado nuestra política social. La cumpliremos.  Para  probarlo estoy aquí esta tarde, rodeado de los trabajadores de  Córdoba,  como  tanto quería hacerlo,  y  estoy  aquí  para  afirmar  que  las  leyes  obreras  se cumplirán inexorablemente, sin contemplaciones. Hasta ahora se ha  realizado una labor informativa,  especialmente,  pero  ya  cerramos  ese  ciclo  para iniciar otro, en el cual no quede un solo  obrero  o  empleado  sediento  de Justicia. Cuanto deba hacerse para la justa retribución  del  trabajo,  para que todos tengan sus horas de reposo y para  que  las  licencias  justas  no resulten cercenadas, o para que ningún abuso sea cometido, pueden  tener  la seguridad que se hará.
Me complace ahora anunciar a los trabajadores del riel que se ha  logrado una nueva conquista social que les favorece en este sector de la  República. Se ha  conseguido  de  la  Intervención  que  sea  donado  un  terreno  para construir aquí el Hospital  Común  Regional,  que  satisfará  tantas  y  tan hondas necesidades. Allí tendrán los servicios  que  requieran  los  obreros ferroviarios, manifestándose  así,  prácticamente,  nuestras  preocupaciones por estos hombres tan meritorios. A los policlínicos para  los  ferroviarios y sus familias de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca - motivos de  mis  más hondos afanes - se agregará así el de esta ciudad.
Quiero agregar que he ordenado la urgente  preparación  del  anteproyecto en el cual se invertirá alrededor de un millón de pesos. Este  instituto  de los ferroviarios tendrá capacidad para cerca de ciento cincuenta camas.  Así concretamos en  hechos  auspiciosos  para  la  comunidad,  nuestra  política social.
 Esto  es,  trabajadores  de  Córdoba,  cuanto  puedo  expresarles   como pensamiento y como realidad en este instante, ante esta asamblea de la  cual guardaré un grato recuerdo. En breve, posiblemente, pueda anunciarles  otros hechos. Serán la consecuencia de  nuestras  inquietudes,  de  la  tarea  sin pausa en que  estamos  empeñados,  de  nuestra  voluntad  inquebrantable  de elaborar en común, la mayor grandeza de la patria.
Para que esto sea posible, necesito contar con el  concurso  fervoroso  y eficaz de todos vosotros. Os  invito  a  esa  acción  constante,  honrada  e inteligente. No puede existir bajo el cielo de la patria sino un  ideal  que a todos nos una y nos aliente a los más grandes hechos. Es el  ideal  de  la Justicia, del bienestar y de la solidaridad de todos los argentinos.  ...............