Ante la Asamblea Legislativa en la apertura del período de sesiones  :
Señores Senadores, Señores Diputados:                                           Este acto inaugural  significa  el retorno integral a la vida institucional del país. Volvemos a la  normalidad constitucional  que  todos  anhelábamos  para  implantar  con  las   fuerzas renovadoras y renovadas que me han ayudado, una era en que la  voluntad  del pueblo, determine el sentido futuro de la evolución legislativa que  precisa el país, con objeto de encuadrar sus organismos e  instituciones  dentro  de las tendencias, realidades y  necesidades  del  momento  presente.  Vamos  a interpretar, cumplir y hacer  cumplir  la  Constitución,  haciendo  de  ella esencia  de  nuestro  propio  ser.  Si  rompemos  normas  anquilosadas,   si despreciamos corruptelas, si emprendemos caminos  hasta  ahora  ignotos,  no será precisamente  en  desmedro  de  nuestra  Carta  Fundamental,  sino  por imperativo de un nuevo resurgir de sus sabios principios.
El paréntesis que representa el tiempo transcurrido desde  la  disolución del Parlamento, consecuencia del movimiento revolucionario de 4 de Junio  de 1943, habrá servido para que los hombres que por mandato también del  pueblo ocupan este sagrado recinto, tanto los que me han seguido como  los  que  me han combatido, inicien hoy, depurando su espíritu después  de  tanta  lucha, el período normal legislativo con un solo ideal: el bien de la patria.
A unos y a otros como presidente de todos los argentinos, dirijo  con  mi salutación mis más fervientes votos para que el Altísimo nos ilumine  y  nos guíe en nuestra ardua tarea.
Señores Senadores, Señores Diputados: Dije no ha mucho  en  este  recinto que "el Poder Ejecutivo deseaba para sí  la  prioridad  en  las  iniciativas legislativas para no dispersar  esfuerzos  en  arbitrios  fragmentarios  que puedan entorpecer la consideración a fondo de  los  problemas  estrictamente vinculados entre sí y cardinales para la economía de la Nación".
Nos hallamos en el punto intermedio  entre  la  exposición  de  doctrinas sustentadas con honradez y propaladas con pasión por todos los partidos  que han ido noblemente a la lucha comicial y el  momento  de  las  realizaciones prácticas. El momento en que se pone a prueba el valor de los hombres y  que se siente todo el peso de la  responsabilidad.  Es  necesario  para  que  la labor sea fructífera refrenar impulsos para evitar  cambios  bruscos  en  el imperio de la aplicación de la ley, el resultado  será  tanto  mejor  cuanto más firmes en la doctrina sepamos atemperarla a la  evolución  graduada  que la aplicación de la mística de la Revolución requiere para su eficacia.
Apelo al buen sentido del Honorable Congreso para que me preste ayuda  en la consecución de un plan orgánico y práctico en la  evolución  legislativa. Afortunadamente el país se halla en tiempos propicios. De  vuestro  saber  y de las normas que establezca el Poder Ejecutivo depende que  no  se  malogre el momento; que no se defrauden esperanzas.
En el orden interior nuestros extensos  campos  surcados  por  el  arado; dibujados por las filas inacabables de frutales y  viñedos;  o  moteados  de hacienda sobre la alfombra de sus ubérrimos pastos,  rinden  en  abundancia, esperando solo una mejor distribución de su riqueza potencial.
La industria y el comercio crecen y se  perfeccionan,  y,  si  extirpando todo  egoísmo,  la  suma  de  esfuerzos  sustituye  la  lucha   de   clases, alcanzaremos el camino de la verdadera prosperidad.
Nuestras riquezas naturales, aguas,  bosques  y  minas,  no  resisten  su ocultación y aprovechamiento al esfuerzo de los técnicos y del Estado.
Las investigaciones científicas,  las  artes  y  las  letras,  retoñan  y florecen de día en  día,  afianzando  el  prolífero  patrimonio  de  nuestra civilización  greco-latina  que  nos  fuera  legada  y  de  la   que   somos continuadores y esperanza de la sapiencia universal.
En el orden exterior nuestras exportaciones siguen el intenso  ritmo  que los  impone  su  volumen.  Naves  nacionales  y  bajo  pabellón  extranjero, esparcen  el  excedente  de  nuestra  producción  en  América  y  en   otros continentes.
En estos tiempos excepcionales ved al mundo entero  puesta  su  esperanza con ansiedad en la Argentina;  en  su  rica  producción;  en  su  proverbial generosidad para que mitigue el hambre de tantos países que  después  de  la trágica guerra se hallan en situación dantesca. Millones  de  seres  esperan que la Argentina realice el sortilegio de mejorar su triste realidad.
La Argentina es para ellos lugar  de  promisión  fuera  de  lo  terrenal, legendario país de ensueño y abundancia. Hagamos que el  nombre  de  nuestra patria quede  para  siempre  consagrado  y  afiancemos  nuestros  prestigios ayudando en  la  medida  de  nuestra  fuerza  a  quien  nos  necesite;  pero hagámoslo sin jactancia y sin esnobismos, si  ello  representa  sacrificios, que jamás lo sean para nuestras masas indigentes. Que nunca sea a costa  del salario ni del pan de nadie. Que las bendiciones que por  igual  recibiremos todos los argentinos nos unan en el cumplimiento  de  nuestro  deber,  mutua comprensión y condena de toda egolatría y mezquindad.
La  elocuencia  y  veracidad  de  las  cifras,  abona  cuanto  he  dicho. Recogiendo  los  datos  más  importantes  de  las  últimas   investigaciones estadísticas resulta que la situación del país es la siguiente:    1.- La población excede de catorce millones y medio de habitantes.
2.- La renta nacional alcanzó en 1945 a  quince  mil  millones  de  pesos moneda nacional    3.- La ocupación excede de cinco millones de habitantes entre  todas  las actividades.
4.- La producción en cereales, oleaginosas, frutas y hortalizas llegó  en 1945 a más de quince millones de toneladas, correspondientes nueve  millones y medio al  consumo  interno.  En  cultivos  especiales:  algodón,  caña  de azúcar, tabaco, yerba mate y uva, se cosecharon más de ocho  mil  toneladas, casi todo destinado al consumo interno. En carnes, la producción  alcanza  a tres millones  trescientos  sesenta  y  dos  mil  toneladas  en  peso  vivo, correspondiendo al consumo interno la  mayor  parte,  sesenta  y  nueve  por ciento, y a la exportación el treinta y uno por ciento    5.- El comercio exterior es favorable, la exportación excedió en 1945  de dos mil cuatrocientos ochenta millones mientras que la  importación  cifraba mil ciento cincuenta millones  dejando  un  saldo  más  de  mil  trescientos treinta millones. A juzgar por la cifras registradas en lo que  va  del  año actual,   tanto   la   exportación   como   la   importación   se   elevaron considerablemente. En esto primer quinquenio  de  posguerra,  se  prevé  que solamente para industrias y transportes necesitaremos importar  por  más  de mil millones anualmente.
Antes de entrar a detallar los planes legislativos  del  Poder  Ejecutivo he de referirme a los cuerpos legislativos formados por  los  Decretos-Leyes y Decretos normativos dictados por el Gobierno de facto de  4  de  junio  de 1943, hasta mi asunción de la Presidencia de la Nación.
El Poder Ejecutivo se halla en la tarea de estudiar,  ordenar  y  adaptar dichos decretos que serán enviados a vuestra Honorabilidad para  que  en  el ejercicio de la  facultad  legislativa  que  os  corresponde,  el  Honorable Congreso decida sobre  la  aprobación,  modificación  o  derogación  de  los mismos.
 Y antes de seguir adelante y de entrar en la exposición del modo como  el Poder Ejecutivo entiende que se  debe  orientar  la  política  del  Gobierno reflejada en la legislación que se ha de  interesar  Vuestra  Honorabilidad, he de  manifestar  no  ya  el  desagrado  ni  mucho  menos  el  enojo,  sino simplemente la pena del gobierno al advertir la mala fe con  que  se  quiere utilizar la situación financiera de la Nación con fines políticos.
Preténdese obstaculizar nuestra obra con comentarios tendenciosos que  un día tras otro aparecen en las columnas de los diarios. Recientemente se  han formulado  por  miembros  de  Vuestra  Honorabilidad  unas   peticiones   de antecedentes sobre esta cuestión. Su  derecho  resulta  indiscutible,  y  el examen del tema, si se hace con imparcialidad y desapasionamiento, habrá  de resultar provechoso.
 Para  contribuir  a  esclarecer  la  situación  no   tengo   el   mínimo inconveniente en declarar que en el aspecto de las finanzas públicas, si  la labor del gobierno de facto no fue todo lo eficaz que muchos  deseábamos,  y en cuyo logro puse no pocos de mis  afanes,  fue  debido  a  diferencias  de criterio que se suscitaron a través de sus tres años de actuación.
 Posiblemente  el  designio  de  la  Providencia  me  ha   reservado   la satisfacción de poder  anunciar que en virtud de  las  medidas  de  gobierno adoptadas, se encuentra próximo el momento en que por primera  vez  el  país no deberá al extranjero ni un solo centavo, con  lo  cual  se  cumplirá   la afirmación hecha reiteradamente en el sentido de que  la  República  logrará la  aspiración  nacional  de  ser  económicamente  libre   y   políticamente soberana. Sin exageración podemos asegurar que en la historia  argentina  se abre una nueva etapa en el momento mismo en que no existe deuda  externa,  y la  deuda  flotante  consolidada  sea  de  carácter  interno.  Entonces  las decisiones superiores de sus  gobernantes  no  podrán  estar  influidas  por cuestiones foráneas.
Aspiramos a realizar  el  funcionamiento  armónico  de  un  Estado  pobre dentro de una Nación rica, en contraposición con la situación anterior,  que era la de un Estado rico en una Nación  pobre.  Y  es  tal  vez  un  aspecto interesante, que para la eliminación de la deuda exterior  aspiramos  a  que no sean aumentados los impuestos. Conseguido esto, podremos  proclamar  bien fuerte -y es esa la  satisfacción  a  que  antes  me  he  referido-  que  la Argentina dejará de ser una colonia en el aspecto económico.
 El respeto a la Constitución y  el  acatamiento  a  la  voluntad  de  las provincias, han quedado evidenciadas en el primer acto de carácter  político realizado por mi gobierno, al  devolver  a  la  provincia  de  Santa  Fe  la plenitud de su autonomía.
El problema del régimen municipal aplicable a la Ciudad de  Buenos  Aires es uno de los que más preocupación han producido al  Poder  Ejecutivo  y  es propósito del mismo encararlo seriamente para ver si  es  posible  llegar  a una   solución   duradera   dentro   de   la   órbita   de   los   preceptos constitucionales.
Al asumir el mando el gobierno actual, se encontraba disuelto el  Consejo Deliberante desde el año 1941. Hubiese sido un camino  factible  restablecer en materia municipal el régimen legal anterior a  dicho  año,  convocando  a elecciones para instaurar el pleno funcionamiento de la  rama  deliberativa. Más tal solución habría dificultado el estudio del problema,  y  es  esa  la razón de que el Poder Ejecutivo haya preferido  mantener  el  estado  actual del asunto, prometiendo que en un plazo prudencial  traerá  al  Congreso  el oportuno proyecto de ley.
La carencia de un padrón municipal puesto al día, ha sido  causa  que  se añade a la anterior para justificar el mantenimiento del  actual  estado  de hecho. Igualmente, la depuración de los padrones municipales  del  interior, permitirían devolver a las comunas la integridad de sus derechos políticos.
 En  la  organización  del  Estado  moderno  se  ha  demostrado,  por  la experiencia  del  desarrollo  de  la  ciencia  estadística,  la  utilidad  y necesidad de que el país se conozca  a  sí  mismo.  Saber  cuantos  somos  y quienes  somos  es  indispensable  para  el  estudio  y  cálculo   de   toda posibilidad nacional en cualquier renglón de  los  múltiples  que  se  hayan comprendidos en las obligaciones  del  Estado.  Por  ello,  mi  gobierno  ha decidido que  las  tareas  estadísticas  y  censales  se  completen  con  un registro nacional de las personas, con jurisdicción en todo el país.
Las  viejas  corruptelas  políticas  habían  logrado  incorporarse  a  la práctica de  la  mayoría  de  los  partidos  en  su  acción  anterior  a  la Revolución del 4 de Junio.
El país entero  reclamaba  medidas  purificadoras  que  colocaran  a  los partidos políticos a cubierto de la justificada desconfianza popular.
El Estatuto de  los  Partidos  Políticos,  tuvo  ese  sano  y  patriótico propósito; si lo ha logrado o no,  queda  librado  al  criterio  de  Vuestra Honorabilidad,  que  deberá  considerarlo  para  asegurar  un  régimen  que, respetando las convicciones democráticas de nuestro pueblo, sea a la vez  un ejemplo de corrección y honestidad cívica.
Los territorios nacionales  han  de  merecer  especial  atención  de  los poderes públicos, por la extensión de su población y por la riqueza que  han creado merced al trabajo de sus habitantes. Para ello serán sometidos  a  la consideración de Vuestra Honorabilidad los correspondientes planes de  obras públicas, instrucción, higiene y asistencia social, al mismo tiempo  que  se acelera  el  proceso  previsto  y  no  cumplido  en  la  ley   orgánica   de territorios,  hasta  llegar  paulatinamente  a  la  autonomía  política   de aquellas porciones del suelo argentino que deben formar parte del  ejercicio pleno  de  nuestro  sistema  constitucional.  Perfeccionamiento  del   Poder Ejecutivo local, régimen municipal y Legislaturas, son las tres  etapas  que han de cumplirse previamente a la provincialización.
 La creciente intervención  de  la  mujer  en  las  actividades  sociales, económicas, culturales y de toda índole, le han acreditado  para  ocupar  un lugar destacado en la acción cívica y política del  país.  La  incorporación de la mujer a nuestra actividad política, con todos  los  derechos  que  hoy solo  se  reconocen  a  los  varones,  será  un   indiscutible   factor   de perfeccionamiento de las costumbres cívicas. Oportunamente tendré  el  honor de elevar a la consideración de Vuestra Honorabilidad, un  proyecto  de  ley estableciendo el voto y demás derechos políticos para la mujer.
 Carecemos de  los  edificios,  indispensables  para  ampliar  el  sistema sanitario. Mientras la población ha crecido en  proporción  geométrica,  los establecimientos médicos y sus posibilidades han crecido solo en  proporción aritmética. Disponemos de 64.000  camas  en  todo  el  territorio  pero,  de acuerdo con nuestra población, necesitamos 122.000.
De nada sirve tener grandes médicos y especialistas,  si  los  beneficios de su ciencia no pueden llegar al pueblo por  intermedio  de  organizaciones adecuadas.
No  hay  exceso  de  médicos.  Una  mala  distribución  -determinada  por factores  geográficos  y  económicos-  conduce   a   la   concentración   de profesionales en los centros urbanos. Por eso sobran médicos en  la  Capital y faltan en las provincias y  territorios,  donde  diariamente,  se  expiden certificados de ciudadanos muertos sin atención profesional.
El Estado debe afrontar la asistencia médica  integral  en  beneficio  de aquellos que  ganan  menos.  Será  conveniente  semisocializar  la  medicina respetando el libre ejercicio de  la  profesión  y  la  libre  elección  del médico por el enfermo y fomentar por otra parte, para las clases  pudientes, el desarrollo del  régimen  asistencial  privado.  Para  el  desarrollo  del sistema, es conveniente contar con el apoyo popular y  de  los  vecindarios, siempre dispuestos a ofrecer su colaboración humanitaria.
 Las ideas fundamentales que inspirarán la actuación del  Poder  Ejecutivo en materia de  justicia,  han  sido  expuestas  recientemente  ante  Vuestra Honorabilidad. El respeto al orden jurídico y  al  Poder  Judicial,  no  son incompatibles con la legislación que el gobierno promoverá para agilizar  la actuación  de  los  tribunales.  Habrá  de   asegurarse   también   mediante principios legales basados en  razonables  fundamentos  objetivos,  que  los magistrados a quienes se ha encomendado la augusta función de juzgar  reúnan la plena idoneidad moral,  física  e  intelectual  que  exige  tan  delicada tarea. Y esas medidas  habrán  de  extenderse  también  a  los  funcionarios auxiliares de  la  magistratura,  estructurando  el  cuerpo  de  Secretarios Judiciales y el de Oficiales  de  Justicia  y  subalternos,  dotándoles  del grado de jerarquía que a cada cual corresponda, pero sujetándolos también  a la máxima responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
 Otros  proyectos  tendrán  que  ir  encaminados  a  la  reforma  de  los procedimientos civil y comercial, así como también  a  la  Justicia  de  Paz Letrada. En materia de procedimiento penal la Justicia Federal  y  Ordinaria de la Capital, se encuentra a la zaga de la moderna técnica que aconseja  el juicio oral ante la Justicia de Derecho como con tanto éxito se  realiza  ya en algunas provincias.
Los Tribunales  del  Trabajo,  creados  hace  poco  tiempo,  no  obstante advertirse su necesidad desde muy antiguo, y  que  en  el  poco  tiempo  que llevan de actuación han probado toda su eficacia en provecho de  las  clases trabajadoras, habrán de ser debidamente ensalzados y sin  perjuicios  de  la especialización de sus jueces, tendrán que entrar plenamente a formar  parte del Poder Judicial. Ocioso es decir que también será indispensable  extender a todo el país el funcionamiento del fuero del trabajo,  limitado  hasta  la fecha a la Capital  Federal.  Es  absolutamente  indispensable  terminar  en materia de litigios con esos procedimientos  interminables  que  dilatan  la resolución de las contiendas por espacio no ya de meses sino de años.
El  estatuto  orgánico  del  notariado  fundado  en  nuestra  tradicional organización y basado  en  nuestras  costumbres,  con  ingreso  al  Registro Público mediante pruebas de competencia o idoneidad que no otorga la  simple obtención del  título  de  escribano  y  un  Colegio  Notarial  con  severas atribuciones disciplinarias bajo la fiscalización del Poder  Judicial,  debe dignificar y elevar la función  de  los  guardadores  de  la  fe  pública  y terminar  con  hechos  bochornosos  muy  recientes,  que  solo  han   podido cometerse por falta de legislación adecuada.
 La preocupación de cultura es tradicional en la Argentina y  ha  sido  el afán de combatir el analfabetismo mediante una sólida y difundida  enseñanza primaria lo que principalmente ha hecho grande la figura  de  Sarmiento.  La piedra fundamental fue buena, y por eso a través de los años, lo  único  que ha habido que hacer ha sido una labor de perfeccionamiento y  de  adaptación de la enseñanza a las necesidades de los tiempos  modernos.  Con  esa  única finalidad mi Gobierno ha mantenido la intervención del Consejo  Nacional  de Educación decretada por el gobierno anterior  hasta  tanto  se  revisen  las normas que hoy  rigen y que le de una ordenación adecuada.
La enseñanza secundaria debe  contemplar  en  modo  muy  especial,  todos aquellos conocimientos de sentido práctico que contribuyen  a  la  formación profesional, desarrollando  en  gran  escala  las  prácticas  en  huertas  y granjas experimentales y en talleres de todas clases  dotados  de  elementos modernos. Urge que la enseñanza se encamine a formar obreros  eficientes  en todas las especialidades.
Pero posiblemente el problema de mayor trascendencia en  materia  docente es el universitario, respecto al cual y pese a todo lo que se diga  hay  que tener el valor de señalar que es poco  democrático.  El  hecho  de  que  una institución sea autónoma o autárquica  no  implica  necesariamente  que  sea democrática, porque son términos que no guardan relación.  Como  tampoco  el carácter democrático se adquiere por la circunstancia de que la  institución elija sus propias autoridades, pues si la elección se hace por  y  entre  un círculo cerrado o entre una clase  determinada,  el  sistema  lejos  de  ser democrático,  resultará  aristocrático,  plutocrático,  teocrático,   y   en términos generales, oligárquico.
El pueblo que gobernándose a sí mismo, constituye una democracia,  ha  de comprender a la totalidad de los ciudadanos; concepto incompatible con  toda división. Así puede  suceder  lo  que  con  relación  a  la  Universidad  ha sucedido: que pese a su autonomía y al derecho de elegir a  sus  autoridades ha  demostrado  su  absoluta  separación  del  pueblo  y  el  más   completo desconocimiento de sus necesidades y de sus aspiraciones. El divorcio  entre universidad y pueblo ha sido indudable y ha quedado probado en los  comicios del 24 de febrero.
La incomprensión señalada tiene su origen en dos circunstancias.
Es una, la falta  de  acceso  de  las  clases  humildes  a  los  estudios superiores universitarios. Para entrar en la  segunda  enseñanza  y  en  las Facultades se necesita un mínimo de bienestar económico y  ello  a  su  vez, por dos razones: porque los estudios son  relativamente  costosos  y  porque las familias modestas  necesitan  incrementar  sus  ingresos  utilizando  el trabajo de los menores apenas han llegado a la edad  de  los  catorce  años. Sobre este particular conviene salir al paso de una idea muy difundida,  muy equivocada y muy peligrosa para el debido enjuiciamiento  del  problema.  Se dice que la Universidad  argentina  tiene  carácter  popular  porque  muchos estudiantes, posiblemente un crecido porcentaje,  proceden  de  familias  de origen modesto; pero se olvida  que  se  trata  de  familias  que,  si  bien originariamente  eran   pobres,   lograron   por   sus   esfuerzos   o   por circunstancias propicias, que antes se daban  frecuentemente,  levantar  una fortuna más o menos grande. Y el resultado es que siempre  los  estudiantes, salvo  contadas  excepciones  confirmatorias  de  la  regla,  son  hijos  de familias que desenvuelven su vida dentro de un ambiente,  cuando  menos,  de pequeña burguesía. Trabajadores manuales o hijos  de  trabajadores  manuales no llegan a las Universidades ni siquiera a la enseñanza secundaria.
Y es la segunda causa de oposición entre la Universidad y el pueblo:  una gran mayoría de los profesores, por razones de formación o de edad,  también frecuentemente de posición económica, responden a un  sentido  reaccionario, que a veces trata de disfrazarse de avanzado, y casi siempre  conservan  con la relación a cada momento presente el atraso correspondiente a la época  en que iniciaron sus actividades docentes.  Mientras  tanto,  el  pueblo  sigue marchando y defendiendo ideas nuevas. Si quienes gobiernan  los  centros  de enseñanza no responden a  ellas,  no  cabe  decir  que  la  institución  sea democrática. A lo sumo se podrá decir que e gobierna a  sí  misma,  pero  su gobierno será hostil al sentimiento mayoritario de la Nación.  El  rector  o los consejeros que designe un Poder  Ejecutivo  libremente  elegido  por  el pueblo responderán a  la  tendencia  predominante  y  en  ese  sentido  será perfectamente  democrático;  en  tanto  que  esas  mismas  autoridades,  aún elegidas  por  el  propio  claustro,  pueden  ser  antidemocráticas,  si  la composición del claustro que los elige no representa el ideario de  la  masa ciudadana. Conozco bien la crítica a que se presta la  tesis  que  defiendo, pero  tengo  el  convencimiento  de  que  me  asiste  la  razón  y  por  eso repetidamente he dicho que hay  que  dejar  de  lado  las  formas  puramente externas de  la  democracia,  para  sembrar  las  bases  de  una  democracia sincera.
No deseo que mis palabras se interpreten como un  propósito  de  destruir las  autonomías  universitarias.  Francamente  digo  que  mi   política   se orientará en ese sentido hasta el  punto  mismo  en  que  no  se  oponga  al sentimiento popular y a los intereses generales de la Nación.
Pero todavía la Universidad argentina  ofrece  otra  falla  seria  en  el orden pedagógico y es la falta de dedicación  del  profesorado  a  la  labor docente. La realidad es que el catedrático ni convive con el alumnado ni  le sirve de guía u orientación; se limita, los días que le  corresponde  dictar clase, a dar una conferencia que ni  siquiera  su  audición  es  obligatoria para los estudiantes. El porcentaje de alumnos que concurre a la  clase  es, por su baja proporción, realmente vergonzoso, lo que, por otra  parte,  dice poco en favor de los profesores porque demuestra  su  falta  de  condiciones para dar  interés  a  la  disertación.  En  general,  el  profesor  -médico, abogado, ingeniero, etcétera- dedica  su  actividad  primordial  a  aquellos trabajos particulares que le producen  mejores  rendimientos  económicos,  y solo ofrece a la enseñanza sus  residuos.  Lo  que  los  ingleses  denominan "full time" debe ser la norma del profesorado universitario.
 Por  ello  propugnaré  ante  Vuestra   Honorabilidad   una   legislación universitaria que se asiente sobre estas bases: a.- Elección de las autoridades en tal forma que no representen un  criterio de oposición con los anhelos populares. b.- Incompatibilidad de la cátedra con otras actividades,  salvo  los  casos excepcionales de profesores extraordinarios de reputación reconocida. c.- Retribución adecuada para la dedicación total de  los  profesores  a  la enseñanza. d.- Selección escrupulosa del profesorado universitario  mediante  concurso- oposición con pruebas públicas. e.- Obligatoriedad de asistencia a clase de los estudiantes regulares. f.- Gratuidad de la enseñanza universitaria. g.- Derecho de todo estudiante que haya  obtenido  un  promedio  elevado  de calificación en la primera enseñanza para ingresar a la segunda. h.- Derecho de todo estudiante que haya  obtenido  un  promedio  elevado  de calificación en la segunda enseñanza, para cursar estudios superiores. i.- Prohibición de ingreso en las enseñanzas superiores a quienes  no  hayan obtenido en la segunda enseñanza el promedio mínimo de calificación  que  se fije. j.-  Creación  del  número  suficiente  de  becas  de  segunda  enseñanza  y universitarias para aquellos estudiantes pobres que  se  encuentren  en  las condiciones determinadas anteriormente. Las  becas  habrán  de  bastar  para costear las necesidades del becado y para resarcir en todo o en parte  a  la familia, del perjuicio de la falta de trabajo retribuido del estudiante. k.- El sostenimiento de las becas no debe  recaer  exclusivamente  sobre  el Estado,  sino  que  debe  ser   compartido   por   determinadas   entidades, instituciones y empresas  poderosas  y  no  con  carácter  voluntario,  sino compulsivamente y a título de contribución.
 En cuanto a las relaciones de la Argentina con todas las demás  naciones, nada tengo que añadir a lo manifestado en  el  mensaje  leído  ante  Vuestra Honorabilidad con  ocasión  del  juramento  prestado  al  asumir  el  mando. Política de paz y de cumplimiento de los compromisos  internacionales.  Pero como tengo el firme propósito de que todas mis  palabras  se  conviertan  en realidades habré de someter a la consideración del  Honorable  Congreso  los tratados internacionales celebrados, para que sea el  Poder  Legislativo  de la Nación quien determine, no solo si  se  ajustan  a  no  a  los  preceptos constitucionales,  sino  también  si  son  convenientes  a   los   intereses argentinos y merecedores por ello de su ratificación.
  La  labor  que  desarrolla  y  continuará  realizando  el  ejército   se fundamenta en un plan orgánico, de instrucción y de cultura  profesional  de sus cuadros que responde a la necesidad de satisfacer la  suprema  exigencia de la defensa del patrimonio de la Nación.
El instrumento que ha  forjado  la  revolución  para  asegurar  el  mejor gobierno, administración y preparación de la fuerza  armada,  lo  constituye el Decreto-Ley orgánico del ejército puesto en práctica a partir del  1º  de noviembre de 1944.
Sin entrar en mayores detalles debe señalarse que el  articulado  de  ese Decreto asegura: una mejor utilización de los habitantes de la Nación en  el moderno concepto de la organización del servicio  de  defensa  nacional;  la desaparición de odiosas e inmerecidas diferencias en el  establecimiento  de la  contribución  patriótica  que  constituye  el   servicio   militar;   la preparación de cuadros de reserva calificados; un régimen de  excepciones  a las  obligaciones  militares;  un  reclutamiento  del  personal  militar  de carrera capacitado para el manejo de elementos modernos  de  lucha;  ascenso por rigurosa selección y aquilatamiento de  la  idoneidad  y  finalmente  la eliminación de los que perdieron la voluntad de  sacrificio  o  no  supieron mantener  la  línea  de  conducta  y  perfeccionamiento  constante  que   la institución exige.
En los  años  pasados  el  ejército  ha  debido  experimentar  un  brusco crecimiento por imperativo de la hora  crucial  que  el  mundo  vivió,  pero ahora que parece encaminarse hacia un clima de paz y concordia, se  reducirá al indispensable el  número  del  contingente  de  ciudadanos  a  incorporar anualmente, manteniendo bajo bandera los efectivos  necesarios  que  imponga la defensa del país en concordancia con  su  potencialidad  y  también  para responder a las  exigencias  de  la  defensa  del  continente  americano  de acuerdo  con  las  obligaciones  que   se   derivan   de   los   compromisos internacionales suscriptos o que suscriba el país. En  el  mejoramiento  del material de guerra se seguirá  atentamente  la  evolución  del  problema  de estandarización  que  la  Junta   Interamericana   de   Defensa   recomienda introducir en el continente.
Dada la importancia que presenta la capacidad industrial  para  dotar  al ejército de elementos combativos,  la  Dirección  General  de  Fabricaciones Militares continuará  asegurando  su  normal  desarrollo  creando  al  mismo tiempo fuentes de trabajo y  de  riquezas  que  se  acrecentarán  cuando  el Honorable Congreso de la  Nación  sancione  el  plan  siderúrgico  que  será sometido a su consideración.
Se dedicará especial atención al aspecto de  la  instrucción  profesional del ejército y sus cuadros, mediante perfeccionamiento de los  estudios  que realizan  distintos  institutos  militares  y  el  envío  de  oficiales   al extranjero para que perfeccionen sus conocimientos.
El año militar terminará  con  ejercicios  finales  y  grandes  maniobras donde la tropa se ejercitará con la dureza de la vida militar y los  cuadros de mando se familiarización  con  las  condiciones  más  aproximadas  a  las fatigas físicas e intelectuales que la guerra impone.
Las construcciones militares serán intensificadas para asegurar el  mejor índice sanitario de la  tropa,  principalmente  en  las  regiones  donde  la dureza del clima lo exige en forma imperativa.
Se ha procurado establecer unidades en regiones donde ello representa  la consecución  de un fin de orden social y económico, imponiéndose  en  muchos casos la construcción de barrios militares  para  oficiales  y  suboficiales que se irán completando en el futuro.
Es  firme  propósito  del  Poder  Ejecutivo  afianzar  cada  día  más  la disciplina del ejército, mediante  el  libre  juego  de  las  prescripciones legales y reglamentarias  que  rigen  sus  actividades,  e  intensificar  la autoridad y atribuciones  del  comando  y  la  dedicación  absoluta  de  los miembros del ejército a la función específica de  la  institución,  evitando toda ingerencia extraña.
 Finalmente,  no  puedo  terminar  la  referencia   de   los   propósitos relacionados con el ramo de guerra, sin referirme al acto  de  justicia  que me propongo realizar sometiendo a Vuestra Honorabilidad la modificación  del artículo 2º de la Ley 8.871 en cuanto excluye del  padrón  electoral  a  los cabos y sargentos del ejército, de la armada y de la policía.  En  cualquier supuesto, la democracia manifestada electoralmente  constituye  un  atributo de soberanía y debe ser ejercida por todos los ciudadanos libres, ya que  la disciplina militar no es contraria a la libertad de  pensamiento,  ni  a  la libertad política y religiosa de sus componentes que son entraña del  pueblo y les afectan los problemas generales de las naciones lo mismo que  a  todos sus compatriotas. La mejor prueba está en que hace pocos meses,  una  nación europea ha hecho sufragar a los soldados que se encontraban sometidos  a  la férrea disciplina militar en los países de ocupación.
La marina cumplirá fielmente los  objetivos  fundamentales  trazados  por nuestra  política  naval  que  consiste  y  ha  consistido  siempre  en   el desarrollo y protección de los intereses argentinos en el mar.  La  grandeza de la  República  se  halla  íntimamente  vinculada  a  la  importancia  del intercambio comercial y este vive y prospera en gran  parte  gracias  a  las actividades marítimas. De ahí que la doble misión de desarrollar y  proteger nuestros intereses marítimos, define claramente los  dos  grandes  objetivos del la armada: el fomento de nuestra flota mercante y  el  mantenimiento  de una marina de guerra  suficientemente  preparada  para  proveer  la  defensa marítima del país.
La constitución de la flota mercante  ha  podido  salvar  últimamente  la situación creada por la  falta  de  bodegas.  El  Poder  Ejecutivo  prestará preferentemente y señalada atención a los problemas que merecen y afectan  a nuestra joven y ya tan prestigiosa flota mercante.
En la preparación de los  planes  para  la  renovación  de  las  unidades navales y aeronavales que deben ser eliminadas, es necesario  un  compás  de espera a causa de período que vivimos de rápida evolución  en  el  diseño  y empleo del nuevo material de  guerra;  pero  por  compromisos  nacionales  e internacionales derivados de la adhesión a la Carta de la  Naciones  Unidas, hemos de abordar esos problemas para contribuir  en la  medida  de  nuestras posibilidades al mantenimiento de la paz mundial. Mientras se completan  los planes de renovación el personal de la armada no deberá perder  el  contacto con el mar, razón por la cual las fuerzas navales y  aeronavales  mantendrán su ritmo habitual con el fin de poseer tripulaciones bien adiestradas y  con experiencia, que irán amoldándose a  los  nuevos  planes  de  instrucción  y adiestramiento exigidos por las modalidades de  la  guerra  naval  de  estos tiempos. Serán sometidos a la consideración  de  Vuestra  Honorabilidad  los decretos leyes  orgánicos  para  el  personal  de  la  marina  de  guerra  y oportunamente se os propondrá las modificaciones que  la  práctica  sugiere. El actual sistema de reclutamiento sólo requiere reajuste de detalles,  dado que la experiencia ha demostrado la bondad del método  para  la  formulación de sus dotaciones.
Se contribuirá en la medida de  las  posibilidades  al  mantenimiento  de institutos y laboratorios y fomento de  la  investigación  científica  y  la formación de profesionales útiles para la marina, como ya  se  ha  hecho  en Ingeniería  Naval,  Explosivos,  Metalografía  y  Radiocomunicaciones.  Será intensificada la acción de la División "Obra Social", organismo creado  para propender al bienestar moral y  material  del  personal  y  su  familia.  Se encararán dentro de la estructura  orgánica  de  la  marina  de  guerra  los problemas relacionados con la logística y la forma de  coordinarlos  con  la economía general de la Nación. Se ampliarán las  instalaciones  de  nuestras Bases Navales y Aeronavales en la medida necesaria, conforme lo requiera  la conducción de las operaciones militares, estudiándose el desarrollo  de  las bases navales mediante planes relacionados con  los  principios  sustentados por el órgano de la Unión Panamericana encargado de los  estudios  relativos a la defensa continental.
La orientación orgánica de este Departamento tenderá a precisar cada  vez más el  reconocimiento  de  los  dos  grandes  grupos  constitutivos  de  su organización: el primero de  ellos,  de  carácter  netamente  naval-militar, agrupará las fuerzas encargadas de  la  defensa  nacional;  el  segundo,  de carácter civil marítimo, comprenderá a  aquellos  organismos  que,  como  la Prefectura General Marítima y la Dirección Nacional de la  Marina  Mercante, tienen ingerencia en el desenvolvimiento  de  las  actividades  relacionadas con la navegación y comercio a través del mar.
La administración de los servicios seguirá  inspirándose  en  las  normas que constituyen  una  de  las  tradiciones  de  la  marina.  Consciente  del esfuerzo y sacrificio que demanda el país el mantenimiento de esta  rama  de la defensa nacional, no se omitirá esfuerzo alguno para  asegurar  el  fiel, estricto y severo cumplimiento de las disposiciones legales  y  de  carácter circunstancial que se impartan para su sostenimiento y evolución.
El Decreto Nº 268, del 4 de enero  de  1945,  creando  la  Secretaría  de Aeronáutica dota al Poder Ejecutivo de un organismo ágil  y  eficiente  para gobernar y orientar la actividad aeronáutica en sus aspectos  más  diversos. La actividad militar de la aeronáutica no podría tal vez subsistir si no  se estableciese una coordinación  entre  sus  exigencias  y  las  posibilidades aeronáuticas civiles del país y la explotación  de  las  comunicaciones  por aire en  el  orden  nacional  e  internacional,  armonizando  la  iniciativa particular y el patrocinio el Estado cuando sea conveniente.
La orientación del Gobierno sobre los  distintos  problemas  aeronáuticos ha sido fijada en forma general, pero precisa y completa, en el  decreto  Nº 9.358, del 27 de abril de 1945 y el cumplimiento de aquellos propósitos  que han tenido principio de ejecución será totalmente satisfecho  a  medida  que lo permitan los recursos económicos que Vuestra Honorabilidad atribuya  para el cumplimiento de los planes preparados,  entre  los  que  asumen  especial importancia el destinado a construcciones.
 Es  fundamental  obra  de  gobierno  dotar  al  país  de  comunicaciones eficientes que vinculen las regiones diversas de la Patria y que  posibilite en el intercambio de sus riquezas y de sus hombres.  Sin  embargo  para  que las  comunicaciones  por  aire,  cuya  eficacia   es   innegable   para   el cumplimiento de aquellos propósitos, puedan efectivamente desarrollarse,  es necesario ejecutar un vasto plan de construcción de aeródromos  en  toda  la República.
Tiene también  la  Aeronáutica  un  papel  preponderante  en  la  defensa nacional. En la permanente superación de los medios de combate, la  aviación se ha consagrado como uno de los  más  activos  y  enérgicos  en  la  pasada conflagración mundial y su desarrollo  orgánico  múltiple  y  especializado, con características técnicas particulares, le ha dado  jerarquía  de  fuerza fundamental en el cuadro general de las Fuerzas Armadas del Estado.
Por eso es necesario atender las señaladas características  en  cuanto  a su personal se refiere, por medio de una  ley  orgánica  que  a  la  par  de contemplar las particularidades del servicio de  la  oficialidad  del  aire, actualice la situación de los componentes de sus  cuadros,  conforme  a  las características de las misiones que impone la guerra aérea.
Con ello habrá correspondido a Vuestra Honorabilidad  el  alto  prestigio de contribuir a la debida organización de las instituciones  armadas  de  la Patria, unidad indestructible de las Fuerzas del Aire, la Tierra y  el  Mar, en su misión sagrada de defender su  soberanía,  y  contemplando  a  su  vez fisonomía especial determinada por el medio de su actuación y el  riesgo  de sus funciones.
Quedan así expresados los  propósitos  del  Poder  Ejecutivo  sobre  este aspecto de la actividad nacional, tanto  en  el  orden  civil,  como  en  el militar y con  ello  mi  convencimiento  sobre  su  importancia  que  espero Vuestra Honorabilidad ha de compartir, prestándoles en toda  hora  el  apoyo que  merece  a  los  proyectos  que  han  de   presentarse   sobre   materia aeronáutica.
 Dentro de la concepción del Estado moderno ya nadie cree que  la  riqueza y potencia de un país  estén  representados  por  su  stock  de  oro  o  sus depósitos. La riqueza de un país depende  de  su  potencial  humano  con  su grado de organización, su  espíritu  de  iniciativa  y  su  trabajo;  de  la extensión y fertilidad de su suelo; de su producción y reserva  de  materias primas y energía; de sus  plantas  industriales;  de  su  tecnicismo  y  del desarrollo  de  su  investigación  técnico-científica;  de  su  red  vial  y elementos de transporte que faciliten la distribución fácil  y  el  comercio sano y honesto; de una buena organización de  créditos  y  finanzas  que  de agilidad al sistema; y finalmente, de la armonía y solidaridad social.
Dentro del grupo de ideas expuestas  y  teniendo  presente  el  grado  de importancia de cada punto mencionado, la economía nacional debe  basarse  en que el Estado controle los fundamentos de aquella, quedando a la  iniciativa privada,  a  veces  en  colaboración  o  forma  mixta  con  el   Estado,   o exclusivamente  por  su  cuenta,  el  desarrollo  de  la  producción  y   la manufactura de los artículos.
La economía en definitiva alcanza  el  extenso  ciclo  que  parte  de  la producción hasta el consumo. Debe preocuparse de obtener no sólo lo  preciso para  atender  las  necesidades  del  momento,  sino   también   para   que, constituyendo las  reservas  prudentes  de  cada  rama,  esté  asegurada  la atención  de  las   necesidades   del   futuro   sin   alterar   el   normal desenvolvimiento de la vida del país. Por ello,  mi  preocupación  desde  el momento en que fui llevado a la difícil función de gobierno, fue el  estudio de los problemas sociales tan íntimamente ligados a la  economía  y  de  los que emanan de ésta, centralizando la preparación de la labor en  el  Consejo Nacional de Posguerra que elaboró  las  bases  de  estudios  que  a  grandes rasgos debe exponer a Vuestra Honorabilidad como  futuro  desarrollo  de  la obra de mi gobierno en el orden económico.
En primer lugar, como elemento básico, porque él  constituye  la  Nación, hemos de contemplar el elemento humano. Fomentar y  proteger  en  todos  sus aspectos a la familia como célula básica de la sociedad,  no  olvidando  que somos un país poco habitado en relación a su gran extensión  y  que  se  nos presenta  el  problema,  sin  resolver  aún,  de  encauzar  la  inmigración, intensificándola lo más posible con  elementos  sanos  y  afines  a  nuestra cultura y a las bases de nuestra estructura social. No escapa tampoco a  los planes del gobierno la elevación el nivel  moral  y  material  del  elemento indígena. La denatalidad debe ser preocupación de  mi  gobierno  que  ha  de tomar cuantas medidas tiendan a que el elemento vegetativo de  la  población sea el que le corresponde.
No hace muchos días, tuve ocasión en un momento  solemne  de  exponer  en este mismo lugar, que la tierra no es un bien  de  renta  sino  un  bien  de trabajo. Consecuentemente  con  esta  afirmación  se  están  preparando  los medios para  facilitar  la  propiedad  de  las  tierras  para  aquellos  que trabajan venciendo los peligros que acechan al pequeño propietario o al  que desea serlo, como son: la dificultad de reunir  dinero, el  alto  precio  de los campos, los créditos inadecuados, el peligro  de  pérdida  de  propiedad por mala cosecha o precios bajos. Es  preciso,  al  igual  que  se  hizo  en Estados Unidos estabilizar el control de  precios  y  de  terrenos  arables, para  procurar  precios  justos  al  agricultor,  tanto  para  adquirir   en propiedad como para arrendar a bajo precio, cuyo plan  se  completa  con  la concesión de préstamos a bajo interés.
Es necesario establecer también un programa de fomento rural elevando  el estándar de vida de esa población, coordinando sus actividades  mediante  el mutualismo y  la  cooperación  y  complementando  sus  tareas  con  pequeñas industrias  apropiadas.  Una  amplia   organización   de   cooperativas   de productores en forma federada con el fin de proceder en colaboración con  el Estado, asegurará la colocación en el mercado de los productos obtenidos.
Es también necesario un plan general en base  a  principios  de  carácter técnico, económico  y  social  para  orientar  la  producción  agropecuaria, considerando   especialmente   la   repoblación   forestal,   el    racional aprovechamiento de los bosques y el fomento de  la  producción  de  materias primas que sean industrializables en el país.
Debe intensificarse la instalación y difusión  de  laboratorios  técnicos en  lo  posible  adjuntos  a   los   principales   centros   mutualistas   o cooperativistas,  para  que,  en  colaboración  y  bajo  la  supervisión  de organismos  del  Estado,  procedan  a  realizar   investigaciones   técnicas facilitar  a  las  cooperativas  o  particulares  rurales  orientaciones   y consejos apropiados.
Pero eso no es todo. Hay que sistematizar normas  y  procedimientos  para concentrar, almacenar, distribuir y absorber  los  excedentes;  fomentar  la electrificación rural; dotar al país de  una  ley  de  conversación  de  sus suelos; planear y proceder a la  colonización  de  regiones  inexplotadas  y establecer un régimen general de explotación de bosques.
En este renglón, como en los demás  que  afectan  a  la  economía  de  la Nación, no es mi propósito que la acción oficial limite la libre  iniciativa individual ni la libre actuación del capital privado,  si  este  respeta  la libertad de los demás y no trata de erigirse en  instrumento  de  dominación económica.
He dicho también a Vuestra Honorabilidad y no  creo  que  nadie  deje  de compartir mi afirmación, que es necesario  abordar  la  utilización  de  los recursos naturales que la Providencia  nos  ha  prodigado,  pero  ante  todo hemos de conocer cual es  la  importancia  de  esa  energía  disponible.  Un organismo específico del Estado debe inventariar  los  recursos  energéticos para abordar el estudio de su  utilización  integral  como  cimiento  de  la estructura social y económica.
Estima el Poder Ejecutivo que el  desenvolvimiento  de  nuestra  economía está supeditada a la racional utilización de los  recursos  energéticos  aún inexplotados y, en particular, de los hidráulicos, única fuente  de  energía que se renueva a sí misma y que de no ser utilizada se pierde para  siempre. Agua, energía, defensa contra las inundaciones  y  regulación  fluvial,  son factores  de  riqueza  y  bienestar  social,  básicos  para  el  arraigo  de población, cultivos o industrias en nuestro pródigo suelo.  La  premura  por subsanar nuestra dependencia del exterior en  orden  al  aprovechamiento  de combustibles industriales, no debe  relegar  a  plano  secundario  la  vital necesidad de crear zonas de regadío, donde el factor climático lo  aconseje, pues, como nuestra historia demuestra, las  obras  de  riego  crean  riqueza general, medida tanto en valores monetarios como en imponderables sociales.
En atención a estas  consideraciones,  los  aprovechamientos  hidráulicos deben  ser  encarados  no  sólo  con  un  criterio  que  enfoque  íntegra  y simultáneamente  las  distintas  necesidades  a  cuya  satisfacción   pueden contribuir, según un racional orden de prioridad, sino también  en  orgánica correlación con la propulsión integral  del  desenvolvimiento  económico  de cada región del país, con el fin de evitar la improductividad a que  se  han visto condenadas costosas obras públicas por haberse  omitido  adoptar,  con visión de conjunto y previsión adecuada, las medidas necesarias para que  el empleo más racional del agua y de la energía habilitadas por dichas obras.
La utilización de nuestro potencial  hidroeléctrico  es  elemento  básico del plan nacional de electrificación cuya elaboración se  ha  encarado  y  a cuya revisión y complemento oportunamente se abocará el Poder Ejecutivo.  En la financiación del mismo deberá contemplarse la necesidad  de  no  recargar indebidamente el  precio  de  los  combustibles  de  producción  nacional  o importados, por la sensible incidencia del mismo en el  costo  de  la  vida. Reviste análoga importancia la  articulación  práctica  de  la  política  de federalización de los servicios de electricidad, condicionada en los  hechos a la solución de los problemas de orden jurisdiccional que aquella  plantea. En este orden de ideas merece destacarse la conveniencia de adoptar  medidas tendientes a concretar, en beneficio de  los  populosos  alrededores  de  la Capital Federal, el concepto del Gran Buenos Aires.  En  el  marco  definido por las orientaciones precedentes y las soluciones que  se  arbitren  a  las cuestiones aludidas, adoptará el poder  Ejecutivo  las  medidas  que  estime pertinentes en relación a los servicios eléctricos de  la  Capital  Federal, el estudio de cuyos aspectos  técnicos-económicos,  sobre  la  base  de  las investigaciones dispuestas por decreto Nº 4910 de fecha agosto  6  de  1943, que ha sido iniciado a los efectos y por los  organismos  previstos  por  el decreto Nº 15.945 del 1º de junio actual.
Tradicional y dogmáticamente, nuestra política económica descansó  en  la convicción de que el Estado debía rehuir toda participación en el  ejercicio de actividades industriales. La experiencia ha demostrado, sin  embargo,  la imposibilidad  de  que  economías  jóvenes  y  vigorosas  como  la  nuestra, aguarden pacientemente  a  que  la  iniciativa  privada  alcance  la  debida madurez o que, sin adoptar adecuado resguardo, se le confíen  actividades  o riquezas vinculadas a  soberanos  intereses.  Al  evidente  progreso  de  la eficiencia del Estado como gestor  industrial  debe  sumarse  el  progresivo incremento del ahorro nacional y de la  calidad  e  iniciativa  de  nuestros empresarios; ni aquel ni éstos son, en  la  actualidad,  tan  modestos  como inveteradamente se creía.
Si esta madurez en las  posibilidades  se  completa  con  un  sentido  de equilibrio en las realizaciones, no sólo podremos  ver  satisfechas  nuestra añeja aspiración de recabar, para nosotros mismos  el  pleno  comando  sobre los resortes de nuestro desenvolvimiento económico, sino lograrlo  sin  caer en enfermizas exageraciones ni en dislocar  el  delicado  mecanismo  de  las relaciones económicas.
La argentinización de nuestra economía,  que  constituye  un  fin  en  sí misma, requiere la ayuda máxima que pueda proporcionar  tanto  el  principio de la empresa privada como el principio de la organización colectiva;  tanto la libre iniciativa individual como la  capacidad  organizadora  del  propio Estado. Debe evitarse la recíproca  neutralización  de  ambos  principios  y debemos  esforzarnos  para  conseguir  que  en  el  marco  definido  por  la estructura  psicológica de nuestro medio rindan su máximo potencial, a  cuyo fin resulte imperativo buscar con realismo soluciones flexibles y  descartar excluyentes dogmatismos.
Con claridad que disipe toda duda al respecto, dejo constancia de que  la sensibilidad argentina, predispuesta a toda leal cooperación  con  capitales y técnicos extranjeros, ve con sinsabor que  en  su  propia  casa  subsisten islotes cerrados al ahorro nacional y al técnico  argentino.  Por  lo  mismo que  abrimos  nuestras  puertas  a  todas  las  colaboraciones,  no  estamos dispuestos a consentir que empresas foráneas sólo entreabran  la  puerta  de servicio a la colaboración argentina, sin dar pruebas  de  efectivo  arraigo ni de verdadero respeto a nuestra soberanía.
En el caso particular de las empresas de servicios públicos,  la  general adhesión a la política de  recuperación,  incluso  de  los  adversarios,  de ampliar el dominio y sinceramiento del  Estado,  es  neto  exponente  de  un sincero sentimiento  de  plenitud  nacional  que  a  nadie  puede  herir  ni sorprender. Durante la  sustanciación  de  ese  proceso  de  recuperación  y mientras el mismo  se  consuma,  habrá  que  someter  tantos  los  contratos existentes como las actividades de  aquellas  empresas,  a  una  depuración, ordenamiento y contralor que, además de garantir beneficios concretos  a  la población y evitar utilidades desmedidas, facilite el  acceso  en  plano  de igualdad, cuando no de  predominio,  a  hombres  e  intereses  argentinos  y asegure, además, la defensa de los altos intereses del Estado.
En los estudios realizados en el Consejo  Nacional  de  Posguerra,  quedó sentado,  que  la  industrialización  representa:  independencia  económica, independencia política, equilibrio económico, intensificación  del  trabajo, mejor formación profesional y mejores  retribuciones.  Por  lo  tanto,  para ostentar con orgullo  el  estado  de  mayoría  de  edad  que  representa  la industrialización de un país, debemos proteger y fomentar la industria  sana y útil, base de trabajo, de producción y escuela de  prácticos  y  técnicos; facilitar el  desarrollo  de  las  actividades  productivas  industriales  y comerciales;   implantar   una   clasificación   adecuada,   procurando   la centralización del control, con el establecimiento de Institutos  Nacionales de Investigación para cada rama específica,  sistematizando  el  estudio  de los  problemas  que  se  presentan  para  resolverlos  de  manera  rápida  y práctica;   fomentar   el   establecimiento   de   industrias,   protegiendo especialmente a  las  que  elaboran  materias  primas  nacionales;  fomentar industrias  locales  en  zonas  áridas  y  semi  desiertas;   coordinar   la producción industrial entre sí y  con  un  vasto  plan  de  obras  públicas; sistematizar los círculos de los costos; aligerar las cargas fiscales a  las empresas que se inician, recargando los impuestos a  las  que  ya  se  hayan consolidado.
 Preferente atención han de merecer  los  problemas  relacionados  con  el trabajo y con la previsión. Ni puedo, ni  quiero  olvidar,  que  fueron  mis inquietudes sociales las que me impulsaron a  desviarme  de  mi  trayectoria militar para intervenir activamente en la política de mi país. Como  tampoco de  mi  mente  se  borrará  jamás,  el  recuerdo  de  que  fueron   aquellas inquietudes las que supo valorar el  pueblo,  y  las  que  le  impulsaron  a elevarme a la Presidencia de la  Nación.  Por  eso  deseo  afirmar  ante  el Honorable Congreso, cuyos miembros constituyen  la  legítima  representación de la ciudadanía argentina, que se equivocan, cuando no pequen  de  malicia, quienes andan propalando la  posibilidad  de  un  retroceso  en  materia  de política  obrera.  Ni  retroceso,  ni  estancamiento.  El   avance   en   la legislación social ha de constituir  a  través  de  los  años  que  dure  mi presidencia, una de las normas fundamentales de la política gubernamental.
Pero la actividad de gobierno más interesante que se  pueda  realizar  en estos momentos y con  respecto  a  la  legislación  de  trabajo,  es  la  de sistematizar, ordenar, pulir y mejorar cuantas  disposiciones  rigen  en  la materia, dando a todas ellas un sentido armónico y haciendo que  formen,  ya que no un código, porque eso  ofrece  ciertas  dificultades  en  materia  de trabajo, un cuerpo de doctrina principalmente encaminado a  estabilizar  las conquistas logradas por los trabajadores. A esa finalidad primordial  habrán de  encaminarse  los  esfuerzos  del  Poder  Ejecutivo,  que   oportunamente presentará al Honorable Congreso el proyecto de ley  que  estime  necesario. Claro  es,  que  al  realizarse  esta  labor   de   sistematización   y   de estabilización de derechos, habrá que perfeccionar algunos puntos débiles  y aún abordar problemas de verdadera  importancia,  a  los  que  en  ocasiones anteriores me he referido.
El mundo  atraviesa  momentos  difíciles  y  todos  los  argentinos,  por sentimiento  patriótico,  han  de  esforzarse  en  mantener  el   nivel   de producción que se necesita entre otras razones para combatir la carestía  de la vida. Los obreros saben bien que cuando el Poder Público no  sólo  le  es hostil, sino que se preocupa de sus derechos, las  actividades  violentas  o de rebeldía a nada conducen, porque sus reivindicaciones quedan mejor y  más rápidamente atendidas por las vías de la legalidad. La idea que inspira  mis conceptos, podría resumirse en estas palabras:  disciplina  en  el  trabajo, pero disciplina en ambas partes; respeto del empleado  a  los  derechos  del empleador y respeto también del empleador hacia los derechos del empleado.
Si además de esa norma encaminada a resolver los conflictos de  derechos, se intensifica la celebración de  contratos  colectivos  de  condiciones  de trabajo, como medio de solucionar los conflictos de intereses, y se  imponen la conciliación y el arbitraje obligatorios, se  habrá  dado  un  gran  paso para mantener la buena relación entre las partes.
En una alocución reciente dirigida a la opinión pública  he  expuesto  mi criterio en cuanto a la política de salarios. Puedo añadir ahora,  que  ella tiene un doble objetivo. La retribución ha de ser suficiente para cubrir  el nivel de vida de los trabajadores,  entendiéndose  por  nivel  de  vida,  el conjunto de bienes consumidos y servicios utilizados  efectivamente  por  el grupo familiar de que se trate, y por otra parte se ha de  tender  a  elevar ese nivel de vida hasta hacerlo alcanzar un estándar  decoroso.  Es  posible que algunos piensen que el primer objetivo de los dos  enunciados  no  tiene sentido; pero fácilmente saldrán de su error, si consideran que  conforme  a la última estadística  elaborada  por  el  Consejo  Nacional  de  Posguerra, corroboradora de otras anteriores realizadas por  el  Departamento  Nacional de Trabajo, la familia obrera no sólo tiene un nivel de vida bajísimo,  sino que carece de ingresos para cubrirlos  y  ha  de  liquidar  mensualmente  el presupuesto  con  un  elevado  déficit.  A  evitar  esa  situación  ha   ido encaminada la política de salarios  que  he  defendido,  procurando  siempre conseguir que los salarios se hayan  elevado  en  igual  proporción  que  el costo de la vida. Respondiendo a esa idea he pedido  a  los  industriales  y comerciantes el abaratamiento de los precios, dándoles un plazo  de  sesenta días, de los cuales ya van algunos corridos, pero he anunciado también,  que si este medio persuasivo no diese resultado, al vencer el  término,  iría  a la congelación de precios y a  la  elevación  de  las  retribuciones  en  un porcentaje equivalente.
Otro tema de interés que habrá de ser tenido en cuenta cuando se  proceda a la regulación definitiva de las normas del trabajo, es el referente  a  la duración del mismo. Sobre este particular no cabe otra cosa  que  seguir  la corriente universal. Ni sería posible que la  duración  del  trabajo  en  la Argentina fuese superior  a  la  del  resto  de  las  naciones,  ni  tampoco conviene que sea  inferior,  porque  eso  repercute  en  la  competencia  de producción, tanto para el mercado interno como para el  externo.  Deseo  con esto  señalar  que  si  ahora  la  jornada  que  predomina,  fuera   de   la correspondiente a los trabajos nocturnos e insalubres,  es  de  ocho  horas, esa habrá de ser la nuestra; pero si como ya se apunta en muchas  partes  se redujera la  duración  diaria  o  semanal  del  trabajo  en  otras  naciones basándose tal medida en conceptos científicos y económicos, esa misma  norma habremos de adoptar en beneficio de los trabajadores y  en  provecho  de  la producción.
Tampoco cabría hablar de problemas del trabajo sin hacer  una  alusión  a las aspiraciones del gobierno en materia de  Previsión  social.  Dentro  del criterio imperante en la República Argentina, es mucho lo que  se  ha  hecho sobre estas  cuestiones.  En  el  período  de  tres  años  se  ha  extendido enormemente el campo de  aplicación  de  las  cajas  jubilatorias  y  se  ha realizado algo tan importante como la creación  del  Instituto  Nacional  de Previsión. De todos modos el camino a recorrer es largo, y no podrá  decirse que se han llenado  las  necesidades  de  la  colectividad  mientras  no  se encuentren los  trabajadores  a  cubierto  de  todos  aquellos  riesgos  que atentan contra las posibilidades del trabajo y que no son sólo la vejez,  la invalidez, la maternidad, la enfermedad o los accidentes. La  enfermedad  no profesional  y  la  desocupación  involuntaria  han  de   merecer   especial consideración del  Poder  Público.  La  envergadura  del  asunto  impide  la fijación de plazos para su desarrollo. El interés del Poder Ejecutivo  sobre estas cuestiones y la  capacidad  de  los  organismos  técnicos  que  puedan colaborar en su estudio o implantación, constituyen garantía  suficiente  de que han de ser abordadas y  de  que  en  el  plazo  más  breve  posible,  la Argentina en punto a previsión social, estará a  la  misma  altura  que  los países más adelantados de la materia.
 Finalmente, y en relación con las necesidades de las clases modestas,  se ha de resolver con criterio justo y eficaz el problema  no  ya  grave,  sino pavoroso de la vivienda. No solo la capacidad de habitación en  las  grandes ciudades es notoriamente insuficiente y repercute en  el  elevado  costo  de los  alquileres,  sino  que  la  población  vive  en   forma   absolutamente inadmisible.  El  hacinamiento  y   la   promiscuidad   ofrecen   caracteres alarmantes, con influencia perniciosa  en  el  aspecto  sanitario  y  en  el aspecto ético. Naturalmente que la solución no  puede  recaer  integralmente sobre el Estado, sino  que  requiere  otra  serie  de  colaboraciones  y  de arbitrios  principalmente  encaminados  al  aumento  de  capacidad   de   la habitación. El simple  juego  de  la  oferta   la  demanda,  procurando  que aquella sea superior a ésta, ha de resolver gran parte del problema, por  lo cual  me  atrevo  a  decir,  que  no  se  puede  proceder  con  un  criterio unilateral, sino con sentido multiforme.
Se debe fomentar la edificación de viviendas de todas clases, la  que  no ha de ser difícil porque la propiedad inmobiliaria es  considerada  como  la inversión de dinero más segura. Uno de los medios de  fomento,  que  siempre ha dado resultado, ha sido la reducción o la exención de  impuestos  por  un número de años, a quienes edifiquen en  determinadas  zonas  y  con  ciertas condiciones.
Otro punto de interés,  con  vistas  a  la  vivienda  popular,  sería  la promulgación de una ley que autorizase al Poder Ejecutivo y a los  gobiernos provinciales no sólo a prohibir el arrendamiento de viviendas que no  reúnan las condiciones necesarias de capacidad y de higiene, sino a imponer  multas y conceder  plazos  para  que  los  propietarios  realicen  las  refacciones necesarias, con la conminación de que, transcurrido el plazo, las llevará  a cabo el Estado por cuenta del propietario. La aplicación de esta  norma,  se tiene que realizar con la necesaria cautela a fin de evitar  que  queden  en la calle, sin lugar donde instalarse, las familias que vivan  en  las  casas objetos de la refacción.
Se ha de promulgar también una ley que obligue a todos  los  propietarios de explotaciones industriales, agrícolas, forestales o  pecuarias,  situadas a más de determinada distancia de un núcleo urbano, a proporcionar  vivienda en las condiciones previamente determinadas a todos sus trabajadores.  Claro es que esta norma se ha  de  referir  a  las  explotaciones  con  suficiente capacidad económica.
Coordinar la actuación de la Administración Nacional de la  Vivienda  con el Banco Hipotecario Nacional y  las  diversas  cajas  de  jubilaciones  que integran el Instituto Nacional de Previsión, a fin  de  que  como  medio  de inversión de reservas tracen planes de préstamos  para  la  construcción  de barriadas de casas baratas,  es  otro  de  los  objetivos  que  han  de  ser alcanzados; así como también  el  fomento  de  préstamo  para  la  propiedad horizontal entre determinadas clases de trabajadores. Aún cuando esta  forma de propiedad es resistida en la  Argentina,  tiene  grandes  ventajas  y  en todas partes se desarrolla  con  absoluta  normalidad,  sobre  todo  si  los beneficiarios se constituyen en cooperativa. En tal  sentido  se  impone  la modificación del artículo 2.617 del Código Civil.
Fomentar, dentro de  las  normas  legales  y  ordenanzas  municipales  la construcción directa y personal  de  las  viviendas  de  los  obreros.  Esta modalidad del trabajo familiar, puede ser  encauzada  y  orientada  por  las autoridades  competentes,  poniendo  gratuitamente  a  disposición  de   los interesados, planos y consejos técnicos  que  las  hagan  más  higiénicas  y estéticas.
El gobierno, preocupado por dar soluciones razonables y  permanentes  que faciliten a las clases modestas la adquisición de tierras  para  trabajar  y de viviendas limpias para vivir,  ha  comenzado  por  modificar  el  régimen financiero de las operaciones hipotecarias. Ha retirado  de  la  circulación las cédulas del 4% y  ha  emitido  un  nuevo  papel  del  2,5  %,  de  valor efectivo, porque se rescata a la par, y con todas las  garantías  que  tenía la cédula más la del propio Banco Central. De este modo, el capital  que  se recoja  para  hacer  préstamos  hipotecarios,  costará  más  barato  y   los préstamos podrán hacerse a  un  interés  menor.  En  lo  sucesivo  el  Banco Central  proporcionará   al   Banco   Hipotecario   Nacional   y   a   otras instituciones, los fondos que necesiten para hacer  préstamos  hipotecarios, cobrándoles por este servicio solamente el  2,80%  de  interés.  Cuando  las instituciones  hipotecarias  hagan  préstamos  destinados  a   comprar   con facilidades la tierra del colono o la vivienda del  obrero  y  del  empleado modesto,  podrán  otorgarlos  con   intereses   sumamente   bajos   que   no signifiquen, como las tasas actuales, una pesada  carga  sobre  los  escasos rendimientos del trabajo humilde. Esto permitirá cumplir un amplio  plan  de colonizaciones sobre tierra propia y  una  vasta  obra  de  construcción  de viviendas. No tardará en sentirse,  según  espero,  el  estímulo  que  estas medidas han  de  significar.  Ellas  ayudarán  eficazmente  a  resolver  dos problemas vitales: uno, que hace a la estructura de nuestra  economía  rural y que consiste en el alto rédito que nuestro  hombre  de  campo  debe  pagar para comprar su tierra a plazos; otro, de no menos  urgencia,  que  consiste en la inoperancia de las facilidades concedidas hasta  ahora  a  las  clases modestas de nuestra población  para  adquirir  una  vivienda.  El  caso  del colono,  requerirá  soluciones  especiales,  que   contemplen   incluso   la posibilidad de que la tierra sea pagada con una parte  de  su  producción  y también contemple  planes  anuales  elásticos  que  en  los  años  de  malas cosechas no lo fuercen a la liquidación ruinosa de sus escasos  bienes.  Por otra parte, la intensificación de las  construcciones  producirá  un  efecto tonificante sobre las numerosas industrias nacionales que trabajan  para  la edificación. Interesa fundamentalmente mantener al país en el alto grado  de actividad  en  que  hoy  se  halla  y  la  posibilidad  de  acrecentar   las construcciones en todo tiempo  constituye  un  medio  seguro  para  prevenir cualquier amago de desocupación con que el  futuro  puede  enfrentarnos.  La defensa de nuestra economía, que tanto depende de la defensa de la  mano  de obra argentina y del mantenimiento de los ingresos de la clase  trabajadora, encontrará en estas reformas, instrumentos adecuados para su seguridad.
 En cuanto  a  la  producción,  debe  intensificarse  lo  más  posible,  y establecer reservas y distribuir, especialmente  en  lo  que  se  refiere  a productos agrícolas y ganaderos que son la base de la alimentación del  país y del mundo. En lo que a nosotros  se  refiere  no  hemos  de  consentir  la destrucción  de  los  sobrantes,  implantada  por  una  economía  egoísta  y antihumana que permitía que  mientras  en  regiones  del  país  o  en  otros ámbitos del mundo se padecía necesidad o se moría de hambre, se  destruyeran productos  alimenticios  básicos  cuya  distribución  tantas  vidas   podría salvar.  Queremos  libertad  de  producción,  estimulándola  para  abastecer abundantemente las necesidades del país. No basta producir  con  el  fin  de lucrar o hacer dinero, debe producirse para elevar  el  consumo  nacional  y llevar los excedentes aunque sea a precios  módicos  o  sin  beneficios,  al exterior para poner los  productos  al  alcance  de  las  grandes  masas  de población que carecen de ellos.
Si el problema de nuestras reservas ganaderas y  la  producción  agrícola no causa inquietud, en cambio debemos preocuparnos de nuestras  reservas  de materias primas y de la elevación de los elementos o bienes de  trabajo;  no solo  procurando  aumentar  la  capacidad  técnica  del  país  sino  también desarrollando como se ha dicho, la explotación  de  la  energía  y  materias primas, formando depósitos prudenciales y tratando de crear  industrias  con máquinas útiles y manufactureras.
Si bien en lo que se refiere a la producción del país en general está  en buenas condiciones, no puede decirse lo mismo en  cuanto  al  precio  o  los precios que se pretenden cobrar o que se cobran por los productos  ofrecidos a la venta.
Siendo la producción muy superior a nuestro consumo normal  de  productos agropecuarios y abundantes en muchos artículos manufacturados,  la  cuestión de precios deberá resolverse combatiendo la especulación y  controlando  los mínimos.
Es necesario también regular el comercio libre  con  precios  y  recargos normalizados,  transporte  económico  con  elementos  de  origen   nacional, desarrollo de las vías fluviales con transporte  económico;  fomento  de  la flota mercante fluvial, marítima y aérea y  ampliar  y  extender  las  redes camineras y ferroviarias en forma estratégica para la economía nacional,  de tal manera que  las  vías  de  comunicación  constituyan  un  todo  orgánico relacionado con las zonas productoras y las necesidades del consumo.
La mayoría de la población  del  mundo  padece  de  infraconsumo.  En  la Argentina también se  registra  este  hecho,  especialmente  en  lo  que  se refiere a alimentos y vestidos y, aún más, en vivienda y esparcimiento.  Las causas son la falta de capacidad de compra,  la  poca  productividad,  y  la dispersión geográfica, acentuándose el infraconsumo  en  ciertas  zonas  del interior. En el plan orgánico que se está elaborando  debe  combatirse  esta situación elevando el consumo nacional en cantidad, calidad, y  variedad  de los artículos.
La colocación de los excedentes de nuestra producción se  facilitará  con una flota nacional suficiente para  el  transporte  de  la  mayor  parte  de nuestros productos. Mucho se ha conseguido  con  al  creación  de  la  flota nacional pero muy largo  es  todavía  el  camino  que  debe  recorrerse.  El gobierno tomará cuantas medidas puedan  tender  a  que  nuestro  tráfico  al exterior se realice en naves nacionales.
Debe revisarse el régimen aduanero atemperándolo a las nuevas  normas  de protección del trabajo nacional, es decir, en  función  de  la  cantidad  de mano de obra ocupada,  salarios  altos  y  el  consumo  de  materias  primas nacionales. Debe abordarse la posibilidad de una unión  aduanera  de  países de Sud América que facilite el intercambio con las naciones hermanas.
En orden a  las  realizaciones  concretas  habrá  que  modificar  la  ley 12.591, para hacerla más eficaz en estos difíciles momentos  y  agilizar  el trámite de fijación de precios  y  la  ejemplaridad  de  sus  sanciones;  se estudiará el problema de los negocios minoristas a fin  de  que  el  interés general se sobreponga a la libertad no controlada de comerciar y  de  evitar competencias ruinosas; se estructurará la ley anti-trust  y  de  monopolios; se abordará el problema de los vinos en la ley correspondiente, lo mismo  en lo que se refiere a las plantaciones de vid y a la  intensificación  de  las bodegas; se estudiará la conveniencia de una ley que rija la industria y  el comercio del tabaco, protegiendo a los productores y pequeños  comerciantes; asimismo se estudiará una legislación de  yerba  mate  para  equilibrar  las economías regionales.
 La acción propulsora de obras públicas ha  llegado  a  las  regiones  más apartadas  del  país   -sin   descuidar   los   grandes   centros   urbanos- contribuyendo,  con  los  trabajos  públicos  a  la  solución  de   diversos problemas de carácter social y económico. La parte social ha  sido  encarada llevando trabajo a las regiones que lo reclamaban y haciendo  más  cómoda  e higiénica la vida de las poblaciones humildes, con obras  de  producción  de agua, con la construcción de  viviendas  económicas,  escuelas,  hospitales, asilos, colonias de vacaciones, hoteles etcétera. La parte económica  se  ha atendido propendiendo al mayor desarrollo del comercio y de las  industrias, mediante la construcción de obras camineras, ferroviarias, de riego,  líneas de  transporte  fluvial,  construcción  de  elevadores  de  granos,  con  la construcción de usinas  hidroeléctricas,  etcétera,  y  encarando  con  gran aliento  obras  de  tal  envergadura  como  las  del  Aeropuerto   Nacional, sistematización  de  la  ribera  del  Río  de  la   Plata,   dársenas   para hidroaviones y yates y Puerto Internacional, que une nuestra Nación  con  el Brasil, todas en concordancia con la jerarquía  que  le  corresponde  hoy  a nuestro país en el concierto de las naciones.
 Antes de cerrar este mensaje, deseo que la opinión pública en  general  y los intereses económicos en particular, sepan  que  el  Poder  Ejecutivo  no tiene el propósito de efectuar bruscas ni fundamentales alteraciones en  las normas básicas que rigen nuestra economía y, que  por  lo  tanto,  cualquier reforma que se proyecten introducir en los sistemas  actuales,  será  objeto del estudio que corresponde  a  la  naturaleza  de  tales  medidas,  de  una publicidad que permita  la  discusión  pública  de  esas  iniciativas  y  el trámite  normal  a  que   constitucionalmente   deba   someterse   cualquier modificación a nuestro régimen legal.
Señores Senadores y señores Diputados: El Mensaje que he leído a  Vuestra Honorabilidad, ha llegado a  su  término,  y  sentiría  haber  fatigado  con exceso vuestra atención, pese a que en algunos  puntos  me  he  limitado  al mero enunciado de los planes que animan al Poder Ejecutivo. En lo que a  los mismos  se  refiere,  doy  por  sabido  que  han  de  existir  opiniones  no coincidentes, pero sí quisiera que todas ellas estuviesen  conformes  en  la interpretación de los buenos propósitos que me animan. Por eso  me  concreto a solicitar que en la discusión de los proyectos se proceda  con  serenidad, con intención de mejorarlos, apartando la vista de los hombres para  ponerla en las ideas, en los hechos  y  sobre  todo,  en  la  prosperidad  y  en  la grandeza de la patria tan amada. Los Parlamentos que proceden en esa  forma, se hacen acreedores a la pública gratitud, mientras que los  que  actúan  en forma distinta, se apartan de la consideración colectiva.  Estoy  cierto  de que el Congreso que hoy inicia  sus  tareas  habrá  de  realizar  una  labor fecunda que sirva de ejemplo a la generación presente y a las venideras. ..............