Al inaugurar el 89' periodo de sesiones del Congreso de la Nación  :
Señores senadores y diputados:                                                               El      Poder Ejecutivo, compartiendo el honor y  la  responsabilidad  prescritos  por  la Constitución Nacional, llega hasta esta Asamblea Legislativa  para  declarar inaugurado el octogésimo noveno período del Congreso Nacional.   Estas asambleas extraordinarias, cuya realización corresponde por igual a los poderes que representamos, han sido cumplidas por nosotros con  absoluta fidelidad desde 1946 hasta la fecha, durante nueve períodos  parlamentarios. En los ochenta períodos precedentes,  el  mismo  mandato  constitucional  no había sido cumplido sino en tres oportunidades.   Nos sabemos poseedores de una representación, que constituye nuestra  más alta dignidad: la plenipotencia que nos otorga el único señor y soberano  de nuestros actos: el pueblo. Y por eso nos sentimos honrados por el hecho  que acabo de señalar.   Y recíprocamente, nos sabemos dignos  de  esta  plenipotencia  porque  en ningún momento hemos dejado de cumplir con  la  voluntad  del  pueblo.  Esta Asamblea, que anualmente nos congrega es por muchos motivos una  prueba  más de que practicamos en todos nuestros actos los  principios  de  la  Doctrina Nacional. En este caso cumplimos con el primero  de  todos  sus  principios, cuyo enunciado establece que "el  gobierno  debe  hacer  lo  que  el  pueblo quiere y defender un solo interés: el del pueblo".   Desde  1943  sostenemos  que  lo  sublime  de   los   principios   reside precisamente en su ejecución y no en  su  enunciado.  El  acto  que  estamos realizando contribuye a elevar  nuestros  principios,  que  así,  gracias  a nuestra voluntad  ejecutiva,  llegan  al  plano  superior  que  sustenta  lo sublime de los principios.   Pero el honor de esta Asamblea no reside solamente en que  se  cumpla  un mandato constitucional. Este hecho es más bien un simbólico contraste  entre un siglo de gobiernos y los diez años de la Nueva Argentina   Es  posible  que   a   nosotros   no   nos   interesen   las   diferentes interpretaciones que pueda tener una disposición constitucional.  En  cambio nos vanagloriamos siempre de conocer la interpretación que le da  el  pueblo y  tratar  de  cumplirla  como  la   única   interpretación   auténticamente democrática.   Entendemos nuestro deber de gobernar según los mandatos del pueblo  y  en virtud de la Doctrina Nacional, que es el conjunto  equilibrado  y  armónico de sus sentimientos, de sus ideas y de sus decisiones.   El honor de nuestros nueve parlamentos, desde 1946 hasta la  fecha  tiene su mayor fundamento en la tarea cumplida por todos y por cada uno  nosotros.
El Ejecutivo, en su carácter de poder colegislador, se considera  también partícipe de tan alto mérito debido a la propia tarea responsable que  tiene en la formación de las leyes sancionadas y promulgadas desde 1946.   Si alguien no creyese en la incomparable magnitud de nuestra común  labor legislativa,   bastaría   mostrarle   el   ritmo    parlamentario,    formal espiritualmente colonialista que marcó, hasta 1943,  el  ritmo  de  toda  la República y ponerle enfrente, para  su  adecuada  comparación  objetiva,  el ritmo  parlamentario  peronista  de   la   Nueva   Argentina   que   estamos construyendo.   Recuerdo que el 4 de junio de 1946, después  de  prestar  juramento  como presidente de la Nación, declaré que "pausadamente, a  su  tiempo  y  sazón, deberían adaptarse los principios  revolucionarios  al  cuerpo  nacional  de nuestras leyes".   Es indudable que  todos  los  congresos  peronistas  han  cumplido  aquel objetivo de 1946.   Me permito hablar  de  congresos  peronistas  porque  hemos  asumido  con absoluta plenitud, tanto la responsabilidad de  nuestra  acción  mayoritaria como el honor de representar al pueblo, que delega en nosotros parte de  sus derechos soberanos.   Honrados por  el  favor  del  pueblo,  nos  abruma  ese  favor  como  una responsabilidad que no  podemos  compartir  y  que  nunca  hemos  compartido mediante la transacción o la componenda política, la que por otra  parte  no necesitamos.   El golpe de  Estado  de  1943  fue  exaltado  a  la  suprema  calidad  de revolución del pueblo por los descamisados argentinos el 17  de  octubre  de 1945.   El 24 de febrero de 1946, la Revolución fue convertida en gobierno por la avalancha silenciosa de la ciudadanía  en  pleno  ejercicio  de  su  derecho electoral.   El 11 de noviembre de 1951, el gobierno de la Revolución  fue  consagrado por una ciudadanía que  ya  representaba  prácticamente  a  todo  el  pueblo argentino.   Con la ratificación electoral  de  1951,  el  pueblo  argentino  consagró también los principios de la doctrina que veníamos predicando  y  realizando desde 1943.   Desde entonces, y en virtud de la verdadera democracia  que  practicamos, los hombres, las mujeres y los trabajadores  que  integramos  el  Movimiento Peronista tenemos el derecho de conducir el país  en  todas  las  ramas  del gobierno y en todas  sus  divisiones  políticas,  según  los  principios  de nuestra doctrina. La doctrina del Movimiento Peronista pasa a  ser  doctrina del pueblo argentino, que desde entonces tiene Doctrina Nacional.   Ya no somos la  masa  inorgánica  y  amorfa  de  1943.  Constituimos  una comunidad organizada,  cuerpos  de  organizaciones  sociales,  económicas  y políticas, vitalizada por un  conjunto  armónico  y  equilibrado  de  ideas, sentimientos y decisiones que constituyen nuestra doctrina, alma o  espíritu de la Nación.   Nosotros  no  consideramos  haber  sido  los  creadores  de  la  Doctrina Nacional.  Si  la  llamamos  "nuestra  doctrina"  es  porque  nos   sentimos satisfechos por haber alcanzado el honor de  interpretar  los  sentimientos, las ideas y las decisiones que afloraban confusos y  desordenadamente  desde la masa popular que ahora es nuestra comunidad virtualmente organizada.   La Doctrina Nacional, alma o espíritu de nuestro pueblo,  es  la  primera causa de nuestra existencia vital como Nación. Es el equilibrio armónico  de nuestra unidad nacional en sentimientos,  en  ideas  y  en  decisiones.  Nos acerca a todos los argentinos bajo los signos de un solo corazón,  una  sola mente y una sola voluntad.   Nuestra Doctrina Nacional, que es toda el  alma  de  nuestro  pueblo,  se orienta hacia las alturas de un destino superior: nuestro destino  nacional, un destino que aceptamos  elegir  entre  los  diferentes  destinos  que  nos ofreció la Providencia en los momentos fundamentales de nuestra historia.   El destino de la Argentina, el que decidió elegir  nuestro  pueblo,  está grabado para siempre en el frontispicio de nuestra Doctrina Nacional  en  la piedra angular de su definición.   Queremos  ser  una  Nación  socialmente  justa,  económicamente  libre  y políticamente soberana.   Queremos  la  armonía  entre  los  valores  materiales  y   los   valores espirituales, y la armonía entre los derechos del  individuo  y  los  de  la sociedad. Y queremos realizar  todos  los  principios  y  objetivos  con  la finalidad suprema de alcanzar la felicidad del pueblo y la  grandeza  de  la Nación   Tales son las  banderas,  los  caminos  y  las  cumbres  de  nuestro  des nacional. Realizar la doctrina de nuestro pueblo es marchar hacia las  metas tas del destino nacional.   El destino de la Nación es nuestra suprema ley.  Es  la  ley  fundamental cuyas raíces se hunden en el alma de nuestro pueblo. Debe  ser  el  espíritu de todos nuestros actos y de todas las leyes que nos rigen, sin  excluir  la misma Constitución de la República.   Si la más encumbrada de nuestras leyes fuese un obstáculo  en  el  camino que sigue nuestro pueblo con sus banderas de  justicia,  de  libertad  y  de soberanía,  marchando  hacia  las  altas  cumbres  de  su  destino,  no   de deberíamos dudar ni un solo instante  en  declararla  caduca  en  nombre  de Doctrina Nacional.   En la hora de los pueblos, de la que tanto hablamos, debemos tener  plena conciencia de que las leyes se hacen para servir a los  pueblos,  y  no  los pueblos para servir a las leyes.   Nuestra Revolución debió violentar durante algunos años  la  esencia,  la forma y el articulado de numerosas leyes, en homenaje a la suprema  ley:  el alma de nuestro pueblo,  que  iluminaba  nuestras  luchas  desde  la  fragua encendida de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde empezamos a  forjar todo nuestro sistema de reformas.   La Revolución no ha terminado aún. En tiempos de crisis universales, como la que atravesamos,  todo  gobierno  debe  sentirse  en  permanente  tensión revolucionaria.   Las crisis universales eligen a  los  pueblos  que  deben  sobrevivir,  y solamente sobreviven, los pueblos cuya doctrina abierta hacia  el  porvenir, puede adelantarse a los tiempos y reformar sin  violencias  destructoras,  o con la menor  violencia  y  destrucción  posible,  las  propias  estructuras sociales, económicas y políticas.   Los congresos mayoritariamente peronistas  han  tenido  a  su  cargo  esa empresa difícil y arriesgada: legislar pausadamente toda nuestra  Revolución a través de  las  periódicas  reformas  sucesivas  que  nos  impuso  nuestra decisión irrevocable de abrazar  la  causa  del  pueblo  hasta  sus  últimos extremos.   Tan alta empresa legislativa, realizada sin prisa pero sin pausa,  es  un alto  honor  para  los  congresos  de  nuestro  movimiento,  pero  nos  está señalando al mismo tiempo, el rumbo futuro de la acción legislativa. Y  para nosotros, el rumbo está total y absolutamente  definido:  es  el  rumbo  del destino que nuestro pueblo eligió para realizarlo hasta el fin.   Muchas veces hemos afirmado, desde 1943, que la Revolución  de  junio  no hubiese  pasado  de  ser  una  de  nuestras   acostumbradas   y   periódicas revoluciones  intrascendentes  si  no  le  hubiésemos  dado   un   contenido fundamental.   Ese  contenido  tenía  que  concretarse  en  algunas   reformas   también fundamentales, que solo podían surgir de nuestra acertada interpretación  de las auténticas aspiraciones, ideas y voluntades comunes a la mayoría de  los argentinos.   Para tener caracteres esenciales de "Revolución  Nacional"  era  menester que el movimiento revolucionario  echase  raíces  en  el  pueblo,  expresión viviente de la patria misma.   Acuciados por la fuerza de esta idea motriz, solicitamos al  gobierno  de la Revolución un puesto de trabajo desde donde pudiéramos  ver  la  realidad auténtica del pueblo, que habría de proporcionamos el contenido  fundamental de la Revolución y la orientación de las reformas a emprender.   La patria, cuyo supremo bien nos había lanzado a la Revolución,  ya  era, en nuestro concepto, algo consubstancial con el pueblo. Servir a  la  patria era, ya entonces y desde entonces en definitiva y para  toda  nuestra  vida, exactamente lo mismo que servir al pueblo.   Lo primero que vimos en el pueblo de 1943 -en aquella masa inorgánica sin fe y  sin  esperanza-  fue  la  realidad  de  una  angustiosa  y  desoladora situación social.   Aquella primera realidad  determinó  nuestras  primeras  acciones,  y  el conjunto  de  todas,  constituyó  nuestra  reforma  social,  una   auténtica modificación bajo ese aspecto en nuestro pueblo.   Sobre  esta  reforma  se  concentraron,  poco  a  poco,  todos   nuestros esfuerzos.   La justicia social fue, como objetivo, el primer centro de  gravedad   de nuestro movimiento. Y el pueblo la izó como bandera de sus esperanzas en  la Secretaría de Trabajo y Previsión.   Sin embargo, no se podrá decir que, deslumbrados por el éxito o  atraídos por la lucha, hayamos visto en la reforma social el  conjunto  integral  que la Revolución necesitaba para ser precisamente la revolución total.   Ya  sabíamos  entonces  que  la  reforma  social  exigiría  una   reforma económica, y esta, a su vez, una reforma política.   Por eso, aun en pleno gobierno revolucionario,  procedimos  orgánicamente con el sentido absoluto de la  responsabilidad  que  habíamos  asumido  ante nuestro pueblo y ante nuestra conciencia.   Si no hubiésemos procedido  así,  jamás  se  nos  hubiese  ocurrido,  por ejemplo, propugnar la cooperación entre el  capital  y  el  trabajo,  ni  la armonía y el equilibrio entre  los  derechos  individuales  y  los  derechos sociales; ni hubiésemos pensado tampoco  en  la  formulación  de  planes  de gobierno como los que se elaboraron en el  Consejo  Nacional  de  Posguerra, planes cuyas determinaciones  siguen  teniendo  actualidad  en  las  grandes decisiones que solo se adoptan cuando se trabaja pensando en  etapas  de  un porvenir que acaso no veamos para reconocer en  los  futuros  éxitos  de  la República la certeza de nuestras previsiones.   Si hubiésemos actuado con miras inmediatas,  hubiésemos  optado  por  las reformas demagógicas que habían predominado en nuestra  vieja  politiquería. Pero mal podíamos  hacer  precisamente  nosotros  lo  mismo  que  deseábamos desterrar para siempre de la historia de la República.   Nuestra actitud política estuvo siempre, por lo general, en las antípodas de la conducta que había causado el descrédito y la ruina  de  los  partidos políticos en plena decadencia.   Frente al individualismo de los caudillos opusimos  la  solidaridad  como fundamento de nuestra acción partidaria.   Frente a  la  politiquería  pequeña  y  personalista,  opusimos  la  gran política de masas.   Frente a la politiquería como fin subalterno,  opusimos  nuestro  supremo fin: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.   Estos extremos entre nuestra actitud y las caducas  formas  políticas  de antaño desconcertaron a nuestros  adversarios,  pero  al  mismo  tiempo  nos ganaron el favor del pueblo. Cuando lo  advertí,  pensé  que  la  Revolución había hallado su auténtico contenido fundamental.   Doce años después, es posible ver fácilmente  todo  aquello  con  notoria claridad. Pero no resultaba ni tan fácil ni tan claro en 1943.   Habíamos decidido realizar de inmediato una reforma social auténtica, que era imprescindible para la vida y para el destino futuro de nuestro  pueblo.
Desde   1943   hasta   1946,   nuestras    acciones    se    encaminaron, preponderantemente, en ese sentido.   Fue la etapa de la reforma social, centro de gravedad de nuestra  acción, y que tuvo como objetivo la justicia social. En 1946 dimos predominio  a  la acción económica. La justicia social nos exigía  el  ordenamiento  económico de la vida nacional en función  de  su  bienestar.  En  otros  términos,  la reforma social nos obligó a pensar en la necesidad de  realizar  en  nuestro país los principios de economía social, cuyos bellos enunciados se  detenían ante la enorme distancia que mediaba entre el egoísmo del capital abusivo  y explotador y el odio de la justa reacción de las masas explotadas.   También era fácil entonces hablar  de  economía  social,  y  no  faltaban ingenuos a quienes les parecía fácil llevarla a cabo.   Realizarla, en cambio, era otra cosa. Debíamos  conciliar  necesariamente los equitativos intereses o derechos del capital con los justos  derechos  e intereses del trabajo; y eso ya no  era  tan  fácil  como  aparecía  en  los tratados de la economía  social.  De  lo  contrario,  no  hubiésemos  debido soportar tanto encono, cuyas heridas nos  hemos  olvidado,  del  mismo  modo que, deslumbrados por el recuerdo del 17 de octubre de 1945, los días y  los hechos que lo provocaron han desaparecido de nuestra memoria.   El  capital  servía,  en  aquel  tiempo,  a  los  intereses  del  egoísmo individualista o a los intereses internacionales,  que  no  se  detienen  ni ante la amistad de las naciones, provocando conflictos  entre  los  pueblos. El capital egoísta de 1946 no se avenía con facilidad a la cooperación,  sin egoísmos, con el trabajo, que es el otro factor de la economía social.   Tampoco resulta fácil llevar a cabo la economía social  cuando  el  campo del trabajo está infiltrado por las reacciones  del  odio  negativo  que  va desde el  anarquismo  individualista  hasta  la  reacción  del  colectivismo internacional, que tampoco se detiene ante las amistades  seculares  de  los pueblos y no tiene escrúpulos en provocar enfrentamientos internacionales.   Debíamos suprimir los abusos del egoísmo, para que  no  alterase  nuestra vida nacional el odio de las reacciones justas  que  afloraban  en  la  masa explotada de trabajadores.   La necesidad de  realizar  la  economía  social  -la  misma  que  hoy  se manifiesta  plenamente  en  la  conjunción  armónica  de  esfuerzos  que  se materializa en el Congreso de Productividad y  Bienestar  Social-  nos  hizo ver la imperiosa necesidad de ser económicamente libres.   Así fue como la justicia social, objetivo de nuestra primera reforma, nos obligó a señalarnos como objetivo de nuestra segunda acción reformadora:  la independencia económica.   La tercera serie de acciones reformadoras fue de  naturaleza  política  y registra su mayor intensidad en el período que se  inicia  en  1949  con  la reforma constitucional.   El país lo exigía. Bastará recordar que  hasta  1943  solo  una  reducida parte del pueblo gozaba de los derechos políticos  electorales,  que  cedían en la práctica ante la maquinación o el fraude.   En ese entonces, el Congreso no era la expresión de la voluntad  nacional ni representaba a las organizaciones populares. No traducía, en  definitiva, otra voluntad que la de algunos malos dirigentes políticos  ni  representaba otra organización que la del fraude electoral.   Era  necesario  restablecer  la  soberanía  popular  y  convertir  a  los gobernantes en auténticos ejecutores de la voluntad de la ciudadanía.   Ese fue nuestro  objetivo  en  el  terreno  político  y  creemos  haberlo realizado íntegramente.   Pero hemos querido ir más allá  de  la  liberación  política  del  hombre argentino.   Nuestro mayor afán se ha dirigido a crear en él una firme  conciencia  de sus poderes soberanos y de la invulnerabilidad  de  sus  libres  decisiones. Ese ha de ser el obstáculo infranqueable ante el que se  estrellarán  mañana quienes abriguen la esperanza de volver a usufructuar el  poder  a  espaldas de la voluntad del pueblo, depositario de la soberanía de la Nación.   Ese despertar de la  conciencia  ciudadana  ha  permitido  ir  dando  una estructura orgánica a lo que hasta entonces había sido  el  conjunto  amorfo del pueblo.   Nuestra doctrina de solidaridad social ha ido conformando el alma popular en un sentido constructivo, preparando el terreno para  el  advenimiento  de la comunidad organizada capaz de defender  sus  derechos  y  de  imponer  la justicia en la administración de sus intereses.   La Constitución y el perfeccionamiento de las organizaciones del  pueblo, que trascienden hoy  el  plano  institucional,  son  hechos  que  habrán  de destacarse en  la  historia  de  nuestra  patria  porque  significan  cerrar definitivamente toda posibilidad de opresión o de fraude.   No es empresa difícil la  de  imponer  decisiones  arbitrarias  sobre  el conjunto impreciso del  pueblo  no  organizado.  Pero  muy  distinto  es  el problema cuando el  aventurero  político  debe  enfrentarse  con  un  pueblo organizado, consciente de sus derechos y  dispuesto  a  la  defensa  de  sus intereses. Entonces ya no es posible  la  burla  permanente  a  la  voluntad nacional ni el gobierno de asalto opresivo y omnipotente.   Muchas veces se nos ha acusado de pretender el gobierno absoluto  por  la única y sencilla razón de que no estábamos dispuestos  a  negociar  con  los políticos profesionales el mandato que habíamos recibido  del  pueblo.  Pero si los gobernantes se juzgan  a  través  de  los  hechos  concretos,  deberá reconocerse que quienes han brindado todo su  esfuerzo  para  dignificar  al hombre, darle conciencia de sus derechos inalienables y organizarlo para  la efectiva defensa de  sus  intereses,  no  han  hecho  sino  renunciar  a  la prevalencia de sus propias decisiones para  convertirse  voluntariamente  en los servidores de la voluntad popular.   La comunidad organizada es el  único  basamento  real  de  la  democracia auténtica, porque solo ella está  en  condiciones  de  concretar  y  definir precisamente las  aspiraciones  comunes  y  señalar  los  derroteros  de  la Nación.   Ello supone algo más que un conjunto  de  organizaciones  materiales,  de poderosas centrales o extensas corporaciones. Y ese algo más es el  espíritu de solidaridad de todos  y  cada  uno  de  sus  integrantes;  la  convicción profunda de la comunidad de los intereses y la  franca  colaboración  en  la lucha  por  la  consecución  de  los  beneficios  comunes,  que  se  han  de distribuir equitativamente entre todos sus participantes.   Es esa, para nosotros, la culminación de nuestra obra de gobierno, y  los hechos de todos los días nos están diciendo que las aspiraciones empiezan  a tornarse realidad.   Será  suficiente  referirnos,  como  prueba  de  este   aserto,   a   ese acontecimiento único en nuestra historia  nacional  que  ha  significado  la realización del  Primer  Congreso  Nacional  de  Productividad  y  Bienestar Social,  en  donde  las  organizaciones  de  los  trabajadores  y   de   los empresarios han tomado asiento alrededor  de  una  misma  mesa  para  buscar solución al problema común de la productividad económica.   Cuando la justicia social cierre la etapa de lucha  cruenta,  comienza  a perfilarse por encima de  las  viejas  diferencias  los  basamentos  de  los intereses generales de  la  colectividad,  que  no  son  exclusivos  de  los trabajadores ni de los empresarios sino que atañen a  todos  los  argentinos por igual. (Este parrafo no esta completo en TEXTO DE OBRAS COMPLETAS)  pero aca en audio aparentemente SI)   Es ese espíritu de solidaridad el que deberá cimentar  la  armonía  y  el equilibrio de los intereses de los  distintos  sectores  para  que,  con  el mínimo de sacrificio de cada uno y con la generosidad  de  todos,  se  pueda cumplir el fin supremo de nuestra sociedad, que no es  otro  que  el  de  la felicidad del pueblo.   La reforma  social,  la  reforma  económica  y  la  reforma  política  no constituyen, pese a  su  importancia,  la  solución  del  integral  problema humano. Ellas no hacen sino abrir el camino para que  el  hombre,  superados sus inmediatos  problemas  materiales,  pueda  elevarse  sobre  sus  comunes dimensiones para asomarse a los altos panoramas del espíritu.   Se ha dicho últimamente con evidente injusticia, que el gobierno no tiene nada que ver con el alma de los hombres y que el Estado  no  tiene  por  qué ocuparse  de  problemas  espirituales.  Pero  las  almas  de   los   hombres constituyen, reunidas, el alma común de  nuestro  pueblo.  Si  se  niega  al gobierno su derecho de actuar sobre el espíritu de los hombres, se  le  está negando el legítimo derecho de promover la elevación cultural del pueblo.   Por otra parte, de la misma fuente, con igual injusticia,  con  el  mismo tono apocalíptico de la misma oligarquía soberbia  que  venimos  enfrentando desde 1943, cada vez que debemos actuar  en  defensa  de  los  humildes,  se declara que solo  nos  ocupamos  de  los  problemas  materiales  de  nuestro pueblo.   Las  dos  afirmaciones  se  contradicen  mutuamente,  al  igual  que  las bibliotecas contrapuestas de los malos  abogados  que,  como  algunos  malos comerciantes, consideran "que el cliente  siempre  tiene  razón"  y  que  es necesario dársela de cualquier manera. En el caso nuestro, claro  está,  las dos bibliotecas nos acusan de común acuerdo, a pesar de la evidencia de  sus contradicciones.   Sin atenernos al ladrido de  los  perros  en  la  noche,  porque  venimos cabalgando apresuradamente desde  hace  doce  años  con  ansias  de  llegar, nosotros pensamos que así como las reformas básicas sociales,  económicas  y políticas, corresponden a la esfera de nuestra acción, el gobierno no  puede desentenderse de la elevación cultural  del  pueblo,  porque  de  esa  misma elevación general del alma nacional depende el  porvenir  de  la  República, que es el destino mismo de nuestro pueblo.   Pensamos, y creo que pensamos bien, que en esta reforma del alma  popular era más fácil actuar sobre las almas  jóvenes,  en  las  que  reside  ya  el pueblo futuro.   Así lo confesé  en  cada  oportunidad  que  tuve,  declarando  que  ya  a nosotros, los hombres maduros, no se nos puede  cambiar  tan  fácilmente  el alma.  Confesé  que  nosotros,  los  viejos  dirigentes  del  mundo,  éramos responsables de toda la crisis  que  estamos  presenciando  y  que  habíamos complicado  demasiado  todas  las  cosas.  Dije  también  muchas  veces  que solamente nuestras muchachas y nuestros muchachos, fuertes en el espíritu  y en el cuerpo, pero ante todo y sobre todo buenos, podían arreglar el  mundo.
Y me puse a trabajar para hacer algo, avanzando por un camino  nuevo.  Lo hice personalmente, lo mismo que en 1943,  cuando  me  largué  a  buscar  el problema abriendo las puertas de la Secretaría de Trabajo y Previsión.   Esta vez fui a buscarlo en el contacto directo con la juventud. Abrí  las puertas de la residencia presidencial, que habían disfrutado  tranquilamente muchos presidentes en la soledad sin pueblo de sus veranos o con sus  amigos en sus fiestas también sin pueblo.   En Olivos y en Núñez comparto con la juventud mi propia mesa  familiar  y mis descansos, y allí me siento como padre de una gran familia  cuyos  hijos son los mismos que en 1943 proclamé, por primera vez, "únicos  privilegiados de la Nueva Argentina".   En presencia de tan extraordinaria juventud, me siento responsable de  su porvenir. Yo no me resigno a aceptar los remordimientos que suelen tener  en la vejez los padres que abandonan a los hijos a su propia suerte. Los  hallé huérfanos de toda formación corporal y espiritual.   Nadie se había ocupado de ellos. Si alguno  lo  hizo,  fue  habitualmente para desequilibrar la maravillosa armonía que la naturaleza nos muestra  tan claramente en la juventud.   Todas o casi todas las personas  o  las  organizaciones  que  alguna  vez trabajaron en  la  formación  del  alma  de  nuestra  juventud  lo  hicieron generalmente de manera unilateral, o, lo que es peor  aún,  para  utilizarla como instrumento.   Actúan unilateralmente quienes se ocupan solo de la mente o del alma, sin interesarse por la educación del cuerpo, que es el  supremo  medio  para  la formación del alma como supremo fin.   Unilateralmente actúan quienes solo piensan en una  juventud  físicamente sana, pero desprovista de sentimientos y de ideas nobles.   Pero esta no es la situación más grave. El caso más deplorable es  el  de quienes utilizan la educación de nuestra juventud para sus propios fines.   Cuando me lancé a la educación de la juventud como acción fundamental  de la reforma cultural  que  pretendía  realizar,  traté  de  hacerlo  sin  los unilateralismos que acabo de señalar.   Tampoco me guió el afán de utilizarla con fines  subalternos  de  ninguna clase.   Reitero ante vuestra honorabilidad cuáles fueron y son  mis  intenciones. Siempre pensé que en la juventud está el alma de  nuestra  futura  comunidad vitalmente organizada y por ende, el destino mismo  de  la  Nación.  Por  lo tanto, si queremos perpetuar el contenido fundamental de nuestra  Revolución y de nuestro movimiento, debemos  preparar  el  alma  de  nuestra  juventud. Sobre ella debe gravitar nuestra reforma cultural.   Si empecé por darle todo el aire y  el  sol  que  pude,  fue  porque  era necesario  restablecer  en  nuestra  juventud  de  invernáculo   la   divina proporción y armonía que ya mencionaban los maestros de la antigua Grecia.   Emprendía esta acción con  absoluta  buena  fe,  pensando  en  el  futuro destino de la Nación. quiero para mi patria un pueblo librado de  todos  los unilateralismos y de todos los sectarismos, cuya esclavitud es peor  que  la que imponen las coyundas económicas, sociales o políticas.   Frente a nuestra reforma educacional  y  cultural,  empezaron  a  surgir, primero aisladamente, esporádicamente, subrepticiamente, y  luego  cada  vez más organizados, nuestros enemigos: la reacción de  siempre,  la  antipatria de siempre, que venimos soportando desde 1943.   En muchas oportunidades hemos querido persuadir a  nuestros  adversarios. Algunas veces lo conseguimos. Cuando tales actitudes  se  han  producido  de buena fe, nos hemos sentido felices.   Pero, en general, nuestros adversarios, aunque divididos y  variables  en sus formas de lucha, son los mismos de siempre, precisamente porque  también es la misma muchedumbre de siempre la que  nos  sigue,  con  la  fe  de  los primeros años, acrecentada por  la  visión  real  de  los  esfuerzos  y  las realizaciones de nuestro movimiento.   Nosotros  no  nos  engañamos  nunca  tampoco  en  relación  con  nuestros adversarios.   Pero los enfrentamos de a uno por vez, y los vencimos de a uno  con  cada una de nuestras reformas. Y resultó fácil probar que nunca nos engañamos  ni engañamos al pueblo  con  respecto  a  nuestras  intenciones  y  a  nuestros adversarios.   Cuando el 12 de febrero de 1946 expuse ante el pueblo reunido en la 9  de Julio mi programa de gobierno,  declaré:  "Una  tempestad  de  odios  se  ha desencadenado contra los descamisados, que solo piden  ganarse  honradamente la vida y poder sentirse libres de la  opresión  patronal  y  de  todas  las fuerzas  obscuras  o  manifiestas  que  respaldan  sus   privilegios.   Esta tempestad  de  odios  se  vuelca  en  dicterios  procaces  contra  nosotros, procurando enlodar nuestras acciones y nuestros más  preciados  ideales.  De tal manera nos han atacado que si hubiéramos tenido que contestar una a  una sus provocaciones no habríamos tenido  tiempo  bastante  para  construir  lo poco que hemos podido realizar en tan escaso tiempo. Pero  debemos  estarles agradecidos, porque no puede haber victoria sin lucha".   Declaré también entonces, sin ninguna reserva  mental:  "Cuando  nuestros enemigos hablan  de  democracia,  tienen  en  sus  mentes  la  idea  de  una democracia estática, quiero decir, de una democracia basada en los  actuales privilegios de clase. Como los órganos del Estado y el poder del Estado,  la organización de la sociedad, los medios  coactivos,  los  procedimientos  de propaganda, las instituciones  culturales,  la  libertad  de  expresión  del pensamiento, la religión misma, se hallan bajo su dominio y  a  su  servicio exclusivo, pueden echarse tranquilos en los brazos de  la  democracia,  pues saben que la tienen dominada  y  que  servirá  de  tapadera  a  sus  propios intereses".   Bien claramente se ve en los tiempos actuales que estábamos en la  verdad porque diez años  después  los  privilegiados  siguen  utilizando  frente  a nuestras luchas por el bien del pueblo los  mismos  instrumentos  que  ellos pretenden seguir utilizando contra el pueblo.   Nosotros ya no podemos ni debemos, ni consideramos honroso, retroceder.   El mismo 12 de febrero de 1946 declaré: "Ligada nuestra vida a  la  causa del pueblo, con el pueblo compartiremos el triunfo o la derrota".   En este momento, como en todos los otros, la única solución reside en que el adversario reconozca su error en los hechos, aunque no lo  manifieste  en declaraciones ostentosas.   El error de nuestros adversarios actuales  es  el  mismo  de  quienes  se opusieron a nuestra reforma económica.   Quienes  se  oponían  a  nuestra  reforma  económica  nos   acusaban   de anticapitalistas.   La verdad es muy otra: estábamos en contra de los abusos del capital.  En realidad, defendíamos al capital que servía al pueblo.   Hoy tampoco mezclamos las cosas.   Queremos elevar la cultura de nuestro pueblo. Para eso  realizamos  todas nuestras reformas.   Queremos que el alma de nuestro pueblo se eleve hacia las alturas  dignas de una nación justa, libre y soberana.   No nos oponemos a los derechos de nadie que honradamente quiera servir al pueblo en esta empresa. Pero lucharemos sin tregua, y hasta caer  exhaustos, si es  necesario,  contra  quienes  pretendan  seguir  utilizando  cualquier privilegio para explotar al pueblo  o limitar la elevación cultural, que  es una meta fundamental de nuestro destino.   Para nosotros no puede haber engaños de ninguna clase.  Nunca  los  hubo, por otra parte.   Como en mi primer mensaje  ante  vuestra  honorabilidad,  podría  repetir ahora: "Quienes quieran oír, que oigan; quienes quieran seguir,  que  sigan: mi empresa es alta y clara mi divisa; mi causa es la causa  del  pueblo;  mi guía es la bandera de la Patria".   En   el   orden   económico,   el   país   sigue   avanzando   firme    e ininterrumpidamente hacia las etapas superiores de su desarrollo,  superando en forma definitiva su antigua posición de  país  satélite.  Si  quisiéramos juzgar eficiencia del sistema y de la política económica que hemos  adoptado tendríamos que hacerlo en función de los obstáculos afrontados y  del  éxito en la consecución de los objetivos propuestos.   El período de 1951-1952 constituyó la prueba más dura que haya de  debido afrontar la economía nacional en lo que va de este siglo. Y si el país  pudo sobreponerse a la pérdida de sus cosechas y a la merma de sus  ganados,  sin doblar la rodilla ni imponer sacrificios penosos a su pueblo,  es porque  la nueva estructura de su economía le proporcionó una solidez  en  laque  hasta entonces había carecido. La historia nacional nos enseña, efecto,  que  toda vez que el país debió  afrontar  una  situación  análoga,  desembocó  en  la crisis económica, en la entrega al extranjero y en la miseria popular.   Ese  es  el  primer  aspecto  fundamental  de  nuestra  obra:  el   haber proporcionado seguridad económica a un pueblo que periódicamente pagaba  con lágrimas la adversidad de la  naturaleza  o  la  actitud  reticente  de  los compradores extranjeros.   Pero  no  seríamos  felices  si   nos   limitáramos   a   comprobar   esa circunstancia, porque  no  podemos  olvidar  que  dentro  de  la  concepción peronista, la economía no es un fin en sí  mismo,  sino  un  medio  para  el logro del objetivo  final  que  nos  hemos  propuesto:  el  de  asegurar  la felicidad del pueblo.   Dos son, en efecto, las condiciones que  debe  reunir  una  economía.  De acuerdo con los principios de nuestra Doctrina Nacional: la primera, la   de su capacidad para proporcionar una masa suficiente y  siempre  creciente  de bienes; la segunda, la de posibilitar el equitativo reparto de  esos  bienes entre todos los que concurren a su producción.   Respecto al primer punto, es con satisfacción que comprobamos que  en  el año 1954 la renta nacional  -incluyendo  la  inmobiliaria  y  los  impuestos indirectos- alcanzó la extraordinaria meta de 125 mil millones de pesos.   Ello ha sido posible porque a la  tradicional  riqueza  de  nuestra  pro- primaria hemos sumado la pujanza de una industria cuyo vertiginoso  progreso ha eliminado para siempre las características coloniales y  dependientes  de un país monoproductor.   El censo levantado en el año 1954  ha  permitido  hacer  el  primer  gran balance de esa obra de gobierno. Hemos comprobado  que  en  el  corto  lapso transcurre entre los censos de 1947 y 1954 se incorporaron a la industria  y a la minería  nacionales  95.323  establecimientos.  En  el  mismo  término, mientras la población crecía en un 18 por ciento,  la  ocupación  obrera  en aquellos sectores se incremento en un 25 por ciento, superando  la  tasa  de crecimiento de los países más progresistas.   Pero, si nuestra economía ha avanzado en proporciones y solidez,  también lo ha hecho en justicia, asegurando una mayor y más equitativa  distribución de los bienes producidos.   Es interesante destacar, en ese sentido, que los  análisis  de  la  renta nacional demuestran que en el año 1954 el 55 por ciento  del  total  de  los ingresos  percibidos  en  el  país  correspondió  a  los  obreros  y  a  los empleados,  superando  la  participación  de   los   empresarios,   de   los propietarios, de los rentistas y de los profesionales.   Si se tiene en cuenta que en el año 1945 solo el 41 por ciento del  total de los ingresos fue a manos de los trabajadores,  se  advierte  la  profunda redistribución que se ha operado al amparo de  los  principios  de  justicia social que inspiran nuestra acción.   La economía cumple así el cometido que le hemos fijado: contribuir  a  la felicidad del pueblo a través de una constante  elevación  de  su  nivel  de vida.   Pero las  metas  alcanzadas  no  son,  para  nosotros,  más  que  simples escalones en la persecución de un creciente bienestar popular.   Hasta aquí nos ha bastado poner  en  marcha  los  recursos  inexplotados, destruir las trabas que se oponían a nuestro  progreso  y  asegurar  que  el total producido de la riqueza nacional se distribuya  equitativamente  entre todos los argentinos, suprimiendo los drenajes que la canalizaban  hacia  el exterior. Pero en adelante depende de la  acción  consciente  y  responsable del pueblo organizado abrir los horizontes de un nuevo y efectivo  progreso.
El gobierno puede  movilizar  las  fuerzas  dormidas,  crear  condiciones óptimas para el desenvolvimiento de las actividades productivas  y  asegurar que sus beneficios no emigren injustificadamente. Pero no  puede  suplir  la acción de todos y de cada uno de  los  argentinos  en  la  diaria  tarea  de producir y crear bienes para satisfacer las necesidades populares.   No existe aún, fórmula mágica que permita distribuir más bienes  que  los que realmente se producen. Por eso, si queremos continuar elevando al  mismo ritmo, el bienestar popular, es necesario producir más y producir mejor.   Que ello es ya una conciencia nacional lo muestra la  encomiable  asumida por las  organizaciones  del  pueblo,  representativas  del  trabajo  y  del capital, al asumir conjuntamente la tarea de estudiar la forma de elevar  la productividad de nuestra economía con  miras  al  incremento  del  bienestar social.   El Acuerdo Nacional de Productividad, fruto  de  esos  esfuerzos,  ha  de contar con el apoyo más decidido del Estado para la concreción  efectiva  de las aspiraciones que lo  informan,  tanto  en  la  esfera  de  su  actividad privada, como en la órbita propia de la acción estatal.   El proceso recuperatorio del año 1953 encontró su consolidación  efectiva en el curso del año 1954. La colaboración  disciplinada  del  pueblo  y  las previsiones adoptadas por  el  gobierno,  permitieron  recobrar  el  intenso ritmo de crecimiento económico que  caracterizó  a  nuestro  país  a  partir 1946.   Pese a las creencias y crecientes  dificultades  de  la  comercialización exterior,  derivada  de  la  pronunciada  crisis  del  mercado  mundial   de cereales, el país pudo obtener, en el volumen de sus exportaciones,  el  más alto nivel registrado en los últimos quince años.   El sensible mejoramiento operado en el  mercado  interno  después  de  la atonía originada por las pérdidas agrarias de  los  años  1951  y  1952,  se produjo un importante crecimiento de las actividades  industriales,  mineras y comerciales. La agricultura, a su  vez,  continuó  registrando  los  altos niveles de producción que caracterizaron  al  año  1953,  mientras  que  las existencias ganaderas  se  incrementaron,  reponiéndose  de  las  cuantiosas sufridas en el período referido.   Al propio tiempo, y como pasos decisivos para  el  aseguramiento  de  una total autonomía económica, superando los aislados  vínculos  de  dependencia hacia el exterior que aún subsisten, en  el  año  1954  se  concretaron  los programas destinados al desarrollo de  los  recursos  energéticos  y  de  la industria pesada.   Una sucinta reseña del panorama actual, en los más  importantes  sectores de nuestra economía, reafirmará  los  conceptos  anteriores.  La  producción agrícola de la cosecha 1953-1954 puede considerarse una de las  mejores  del último decenio. La producción  de  trigo  y  granos  forrajeros  ha  de  ser superior aún a la del año anterior, no así la de maíz, que ha sido  afectada por condiciones climáticas adversas. El incremento de  la  productividad  en las actividades agrícolas constituye una de las preocupaciones  mayores  del gobierno. En tal sentido, se ha realizado una  intensa  acción  destinada  a mecanizar  las  tareas,  proporcionar   semillas   de   mejor   rendimiento, intensificar la lucha sanitaria, asegurar la utilización racional del  suelo y diversificar la producción en función de la rentabilidad de la  tierra,  a fin de lograr el mejor aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  y  los capitales invertidos.   Es importante destacar, en tal sentido, los convenios realizados para  la radicación en el país de importantes fábricas de maquinarias  e  implementos agrícolas, integradas con capitales nacionales y extranjeros,  cuyos  planes mínimos de producción aseguran al país una provisión de  más  de  trece  mil tractores anuales, que podrán elevarse a veinte  mil.  De  esta  manera,  la agricultura argentina estará en condiciones de independizarse  del  incierto suministro extranjero de elementos imprescindibles para su progreso  futuro.
En materia ganadera, el amplio apoyo crediticio, la ajustada tipificación y el régimen de  precios  establecido  determinaron  un  incremento  de  los planteles que permitió un normal abastecimiento de carne.   La acción de fomento minero desarrollada, se ha traducido en  un  notable incremento de la producción, siendo destacable el aumento  de  un  diez  por ciento registrado en la producción  de  minerales  metalíferos,  tales  como cinc, plomo y estaño. La extracción de petróleo alcanzó, a su vez, la  cifra de 4.700.000 metros cúbicos,  que  representa  un  aumento  del  cuatro  por ciento con respecto al volumen de 1953.   Los índices del volumen físico de la producción industrial  revelan  para el año 1954 un aumento del siete por ciento sobre el nivel alcanzado el  año anterior. En ello ha  influido  el  mejoramiento  en  el  abastecimiento  de materias primas importadas, una mayor demanda por parte  del  sector  de  la construcción y la elevación de la actividad general económica del país.   La mayor disponibilidad de divisas permitió encarar, con el  concurso  de las organizaciones del pueblo, un plan de modernización  y  equipamiento  de algunas de nuestras más importantes industrias.   La construcción, a su vez, se incremento aproximadamente en un quince por ciento, siendo importante destacar la acción de promoción de la  edificación privada  desarrollada  por  el  Banco  Hipotecario  Nacional,   que   acordó préstamos por un valor de cinco mil millones  de  pesos,  esto  es,  por  un monto que supera en mil cuatrocientos misiones a lo acordado en 1953.   En el año 1954, las exportaciones alcanzaron el elevado  volumen  de  9,6 millones de toneladas, que es el más alto registrado desde el año 1939.  Las importaciones,  a  su  vez,  alcanzaron  un  volumen  de  once  millones  de toneladas, superando aproximadamente en dos  millones  de  toneladas  a  las registradas en 1953.   No  obstante,  el  incremento  observado   en   las   compras   externas, especialmente en los rubros de combustibles, hierros y maderas, los  egresos de divisas pudieron ser atendidos  con  los  ingresos  provenientes  de  las exportaciones, quedando un superávit de 350 millones de pesos.   Esta última circunstancia ha asegurado el manteniendo de un elevado nivel de disponibilidad de oro y divisas que excedían a fin de 1954 los  tres  mil millones de pesos. Ello permite contar al país con una  importante  masa  de maniobra para hacer frente a las contingencias  propias  de  un  balance  de pagos influido fuertemente por las continuas oscilaciones de los  precios  y volúmenes disponibles de nuestros saldos agropecuarios.   En el año 1954, y  corno  consecuencia  del  incremento  operado  en  los diversos sectores de la producción, se registró un  aumento  correlativo  en los medios de pago, aunque en tasa inferior a la del año 1953.   La política del gobierno ha procurado satisfacer las necesidades  creadas por la expansión económica, sin caer  en  excesos  susceptibles  de  generar fenómenos  inflacionistas.  La  mayor  disponibilidad  de  crédito  bancario estuvo  destinada  a  la  satisfacción  de  útiles  y   reales   necesidades económicas, a través de una política selectiva y  flexible.  Los  saldos  de los préstamos, a fines del año 1954, registraban  aumentos  del  veinte  por ciento en  las  actividades  agropecuarias,  del  trece  por  ciento  en  el comercio y del ocho por ciento en la industria y la construcción.   El problema de la energía, talón vital de nuestra  economía,  fue  objeto especial consideración en el  primer  período  de  nuestro  gobierno.  Corno consecuencia  de  la  acción  entonces  iniciada,  se  encuentran   hoy   en explotación setenta mil kilovatios de energía eléctrica, previéndose  en  el plazo de dos años la habilitación de 350 mil kilovatios  más.  En  minerales sólidos, se iniciaron los trabajos para la explotación en  gran  escala  los yacimientos carboníferos de Río Turbio, y mediante el amplio apoyo  prestado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la producción  fiscal  de  petróleo  se elevó de dos millones 330 mil metros cúbicos, en  1946,  a  cuatro  millones diez mil metros cúbicos, en 1954, operándose un aumento del 72 por ciento.
Esa acción, medida tanto a través de su extensión e intensidad como a  la luz concreta de sus resultados, no tiene precedentes en nuestro  país.  Pero si el incremento de la producción de energía fue extraordinario, más lo  fue aún el crecimiento de las necesidades nacionales  como  resultado  del  alto ritmo de expansión de nuestra economía.   Una consecuencia palpable de ese proceso  es  el  hecho  de  que,  en  la actualidad, el cincuenta por ciento de las calorías  totales  consumidas  en el país sea abastecido desde el exterior, provocando un  fuerte  drenaje  de divisas y exponiendo al país a una situación crítica frente a  una  eventual paralización de los suministros exteriores.   Sería cerrar los ojos a la realidad y exponer a nuestro pueblo  a  graves penurias  el  no  decidirse  a  incrementar  energéticamente  la  producción nacional de calorías con fuente  propia,  utilizando  para  ello  todos  los recursos  disponibles,  esto  es,  adoptar  las  medidas  conducentes   para asegurar- nos el  autoabastecimiento  indispensable  para  nuestro  progreso económico, sin sujeción a ninguna dependencia externa.   No podemos ignorar que el logro de ese objetivo  no  podrá  alcanzarse  a corto plazo mediante la energía hidroeléctrica, cuya producción  en  masa  y distribución a los grandes centros  de  consumo  exigen  planes  de  fuertes inversiones con resultados a largos plazos. Frente  al  carácter  agudo  del problema, debemos buscar la solución por la energía termoeléctrica  obtenida mediante la producción de petróleo nacional, que constituye  la  fuente  más económica y de aprovechamiento a más breve plazo.   Actualmente, y no obstante  el  extraordinario  aumento  obtenido  en  la producción, aún importamos el sesenta por ciento del  petróleo  que  consume el país. Frente a esa situación, si pretendiéramos afrontar el problema  con el  único  aporte  de  nuestros  recursos  propios,   cargaríamos   con   la responsabilidad  histórica  de  haber  contenido  el  progreso   del   país, manteniéndolo atado a las peligrosas alternativas que el mundo  experimente, mientras yacen inertes las inmensas  riquezas  que  la  Providencia  nos  ha brindado y que mañana, probablemente, dejarán  de  serio  ante  los  avances acelerados de la ciencia y de la técnica.   Si  quisiéramos  financiar  con  recursos  propios,  exclusivamente,  las cuantiosas inversiones necesarias para asegurar  el  autoabastecimiento  del país al alto nivel de la  demanda  actual,  tendríamos  que  contraer  hasta límites imprudentes otras adquisiciones o inversiones esenciales.  Por  eso, con plena conciencia del significado y de  las  proyecciones  del  problema, entendemos que se sirve a los verdaderos intereses del país al  posibilitar, dentro de las normas fundamentales de nuestra  Constitución,  el  aporte  de recursos adicionales extranjeros para la extracción del petróleo  argentino. Todo lo que contribuya a libramos del suministro foráneo  de  este  elemento vital para nuestra vida nacional significará  un  aporte  efectivo  para  el afianzamiento  de  la  independencia  económica  nacional  y   el   progreso ininterrumpido de nuestro país.   En el  mismo  orden  de  ideas,  y  como  un  paso  definitivo  hacia  la integración total de una economía  que  rompe  con  sus  moldes  coloniales, hemos asegurado la instalación de una planta  siderúrgica  en  San  Nicolás, con capacidad para producir y transformar más de un millón de  toneladas  de hierro y acero.   El Estado, en su función de promotor de las grandes industrias de interés nacional,  como  lo  establece  el  Plan  de  Gobierno,   ha   encarado   su financiación mediante el aporte conjunto  del  capital  público  y  privado, nacional y extranjero. Todas  las  dificultades  de  una  empresa  de  tanta envergadura han sido finalmente vencidas, y la industria  siderúrgica,  base fundamental de nuestra industria de transformación, se  ha  de  convertir  a breve plazo en una realidad palpable de la Nueva Argentina.   El acelerado crecimiento operado en la economía nacional en  los  últimos años ha sido posible por la puesta en  marcha  de  los  recursos  humanos  y materiales, hasta ese momento desaprovechados.   Pero una vez que hemos llegado a un alto nivel de ocupación humana  y  de empleo del capital nacional disponible, nos enfrentamos a una disyuntiva:  o nos limitamos a seguir creciendo al lento  ritmo  de  nuestra  capacidad  de ahorro,  o  aceleramos  nuevamente  el  desarrollo  mediante   el   concurso adicional de recursos extranjeros.   Ese problema se presenta tanto en el factor  humano  como  en  el  factor capital. Si nuestra población ha crecido rápidamente en los últimos  ochenta años ha sido gracias al concurso de las corrientes migratorias  extranjeras. Si nos hubiésemos limitado a crecer en base  exclusiva  a  nuestra  tasa  de crecimiento vegetativo, cerrando nuestras puertas a  los  hombres  de  buena voluntad, no constituiríamos un país de más de dos millones de habitantes.   Pero ese aporte humano debe ser  acompañado  por  un  correlativo  aporte material, si no  queremos  empobrecer  el  país  disminuyendo  la  cuota  de capital por  habitante.  Porque  si  la  población  crece  a  un  ritmo  más acelerado     que el de la formación del capital nacional, no  haremos  sino empobrecernos paulatinamente   Pero así como no podemos abrir las  puertas  del  país  para  la  entrada indiscriminada de inmigrantes, tampoco lo podemos hacer con respecto  a  los capitales.  Unos  y  otros  deben  reunir  un  requisito  previo:   que   su incorporación al país se traduzca en un beneficio y no en una carga.   Es posible que los gobiernos anteriores hayan entendido el problema en lo que atañe a la selección de la inmigración, pero no así en lo  que  respecta al ingreso de capitales.   Se aceptó a estos indiscriminadamente, sin analizarlos desde el punto  de vista del  interés  nacional.  Y  buena  parte  de  ellos  no  solamente  no aportaron ningún beneficio al país, sino que se constituyeron en  una  carga permanente. Bastará recordar que el giro al exterior  de  sus  beneficios  e intereses llegó a absorber el 33 por ciento del producido de todas  nuestras exportaciones.   Esos son los errores en que no debemos incurrir.  Los  capitales  que  se incorporen al país deben ser objeto de la misma selección a que se somete  a los hombres y solo debemos aceptar aquellos que vienen a  crear  riquezas  y no a despojamos de ellas.   Es a ese fin que dictamos la  ley  14.222  de  Inversiones  de  Capitales extranjeros, introduciendo, por vez primera en  la  historia  del  país,  un régimen orgánico que, al tiempo que promueve la inversión  útil,  cierra  la puerta al capital de explotación colonial.   Su fundamento es muy  simple.  Permanentemente  debemos  adquirir  en  el extranjero un volumen de artículos que no  producimos.  Ello  nos  obliga  a disponer de un elevado monto de divisas extranjeras y, lo que es  peor,  nos expone a penurias por el cese del abastecimiento, como ha  sucedido  durante las dos contiendas mundiales en lo que va del siglo.   Esa misma empresa extranjera que nos vende el artículo  puede  instalarse en el país y  producirlo  aquí,  creando  una  nueva  fuente  de  trabajo  y contribuyendo así al bienestar del  pueblo.  Pero  siempre  en  base  a  una estricta condición: que nos permita ahorrar más divisas que  las  necesarias para las transferencias de sus utilidades al exterior.   Tal es, en pocas palabras, la  ley  de  inversiones.  Un  instrumento  de progreso que en lugar de  endeudar  y  someter  al  país  a  la  dependencia extranjera,  contribuye  a  la  liquidez  de  su  balanza  de  pagos  y   al afianzamiento de su independencia económica.   Bajo su régimen, y en el corto tiempo de su vigencia, se ha incorporado a la economía nacional  un  conjunto  considerable  de  empresas  que  han  de liberarnos  de  nuestra  dependencia  del   mercado   extranjero   para   la satisfacción de importantes necesidades de nuestro pueblo.   Concluye así en nuestro país el cielo de la inversión colonial basada  en concesiones y prebendas, para iniciarse  la  etapa  del  aporte  productivo, engendrador de nuevas riquezas  destinadas  a  engrandecer  la  Nación  y  a proporcionar  al  hombre  argentino  el  alto  nivel  de  bienestar  a   que aspiramos.   La acción política  interna,  de  acuerdo  al  principio  fundamental  de nuestra doctrina, de que no constituye un fin en sí  misma,  sino  un  medio para el bien de la Patria, que es la felicidad del pueblo y la  grandeza  de la Nación, ha sido orientada exclusivamente por los intereses del  pueblo  y de sus organizaciones representativas.   El auspicio popular de que se nutre el peronismo, reiterado cada  vez  el juego de las instituciones exige la consulta  a  la  ciudadanía,  ha  tenido oportunidad  de  exteriorizarse  nuevamente  con  motivo   del   llamado   a elecciones para el ex territorio de Misiones. Con  ellas  el  pueblo  de  la nueva provincia ha constituido sus autoridades locales y cumplido la  última etapa  del  proceso  que  se  iniciara  con  la  sanción  de   la   ley   de Provincialización por parte de Vuestra Honorabilidad.   El gobierno estudia  actualmente  las  legítimas  aspiraciones  de  otros núcleos  importantes  de  población,  sobre   los   que   pesa   un   olvido injustificado y  un  retardo  perjudicial  en  brindarles  los  instrumentos necesarios ejercicio de su autonomía.   He afirmado siempre que un gobierno organizado era la etapa previa  y  la base fundamental de toda labor  futura.  Por  eso  nos  preocupamos,  apenas llegamos al gobierno, en estructurar y organizar los cuadros  superiores  de la administración, con vistas al programa que habíamos trazado.   La experiencia recogida durante ocho años, nos ha  permitido  señalar  lo bueno y lo malo  de  esa  organización  y  estudiar  la  posibilidad  de  su perfeccionamiento, como así también destacó la necesidad  de  armonizar  las estructuras orgánico-funcionales del  gobierno  y  el  Estado  con  las  del pueblo que se habían venido desarrollando durante ese período.   Iniciamos así una etapa de racionalización en  la  estructura  del  Poder Ejecutivo, y hoy  puedo  informar  a  Vuestra  Honorabilidad  que  la  nueva organización de los  ministerios  ha  dado  los  resultados  esperados.  Los objetivos  fundamentales  que  se  tuvieron  en   cuenta   al   implantarla: agilización de los trámites, reducción de la burocracia  y  contracción  del presupuesto de gastos, han sido alcanzados plenamente, y la  ley  propiciada por mi gobierno y sancionada por Vuestra Honorabilidad, ha  permitido  echar bases de una organización, la  más  racionalizada  posible,  a  la  par  que posibilitó una colaboración más estrecha con las organizaciones populares.   Las relaciones entre la Nación y las provincias se han desenvuelto en  un clima de cordialidad y mutua colaboración que ha redundado en beneficio  del pueblo.   Procurando la consolidación de las finanzas locales, se  ha  estructurado un nuevo sistema de distribución de impuestos  en  coparticipación,  con  el que la proporción que corresponde a las provincias, aumenta del 32 ciento  a casi el 44 por ciento en el primer año de  vigencia  de  la  nueva  ley.  El gobierno nacional ha llevado así al terreno de las realizaciones  prácticas, una vez más su concepto tantas veces expresado del federalismo.   Hasta 1943, la intervención federal se usaba no como  solución  legal  en los casos contemplados en la Constitución  Nacional,  sino  como  deleznable recurso para desalojar de las posiciones  locales  a  opositores  u  hombres desafectos, y, en la totalidad de los casos, con un  fin  político  claro  e innegable, con vistas a próximas elecciones.   Nuestro gobierno, en cambio, ha apelado al arbitrio constitucional cuando los auténticos intereses del pueblo de las  provincias  así  lo  reclamaban. Antes, los intereses del oficialismo decidían  una  intervención.  Nosotros, por el contrario, hemos  juzgado  imparcialmente,  aun  a  nuestros  propios hombres,  recurriendo  a  la  solución  constitucional   únicamente   cuando consideramos que los gobernantes elegidos no habían sabido  el  responder  a la confianza depositada en ellos por el pueblo.   Hemos reiterado así nuestra firme convicción de que la función  política, en el concepto peronista, no es  una  prebenda  ni  una  canonjía,  sino  el servicio a las organizaciones políticas del  pueblo,  a  la  par  que  estas deben servir al bien general de la Nación.   La sanción de la ley de protección a la minoridad  y  de  fortalecimiento del núcleo familiar integra un ciclo de legislación creadora e  incorpora  a nuestro derecho positivo un capítulo fundamental.   En todo el largo camino recorrido para la adecuación de la legislación  a los  postulados  fundamentales  de  nuestra  doctrina,  que  tiene  vigencia constitucional, esta ley ha de  constituir  una  de  las  realizaciones  más importantes. La humana y efectiva protección a los menores y la  institución del  "bien  de  familia"  fortalecerán  el  núcleo  familiar,  del  que   el justicialismo ha hecho, en su concepción doctrinaria, el elemento  básico  y fundamental de la sociedad.   Por su trascendencia, destaco  también  a  la  consideración  de  Vuestra Honorabilidad la reforma de la legislación impositiva,  que  posibilitó  una desgravación de alto contenido social y mejoró las condiciones  de  vida  de las clases trabajadoras sin afectar el proceso de capitalización del país.   El amparo previsional  de  los  sectores  productivos  de  la  población, beneficiaba ya a más de cuatro millones y medio de afiliados  inscriptos  se verá  considerablemente   incrementado   con   la   incorporación   de   los trabajadores   rurales,   trabajadores   independientes,   profesionales   y empresarios. Con las últimas leyes sancionadas, prácticamente  la  totalidad de hombres que  trabajan  cuentan  con  su  régimen  de  previsión,  lo  que demuestra a la par que el cumplimiento progresivo de nuestro programa y  los objetivos del Segundo Plan Quinquenal,  la  preocupación  del  gobierno  por todos los  que  contribuyen  con  su  esfuerzo  a  la  grandeza  material  y espiritual de la Nación.   Podemos afirmar con legítimo  orgullo  que  nuestro  país  posee  una  de legislaciones sociales más avanzadas del mundo y  que  el  justicialismo  ha probado en forma irrefutable  que  el  equilibrio  armónico  entre  las  dos grandes fuerzas de la producción, el capital y el trabajo, consolida la  paz social y constituye la base indispensable para la grandeza de los pueblos.   La acción del gobierno para facilitar el libre acceso a las  fuentes  del conocimiento me permite informar a la Honorable Asamblea que  el  número  de analfabetos ha descendido a la expresión mínima del 3,9  por  ciento  y  que para  el  año  en  curso  ha  debido  preverse  un  acrecentamiento  en   la inscripción de más de doscientos mil alumnos, cifra que incluye la  creación de más de dos mil unidades  en  los  grados  primarios  y  de  casi  750  la enseñanza  media.  Con  esa  cifra,  el  total  de  alumnos  que   recibirán instrucción en los establecimientos dependientes de la  Nación  alcanzará  a de 2.700.000, cifra que habla  bien  a  las  claras  del  resultado  amplia- satisfactorio de la labor realizada.   La honda preocupación de mi gobierno por la niñez y la juventud va  dando sus resultados. Repudiamos todos los  privilegios,  porque  son  injustos  y lesivos de la dignidad humana, pero hemos consagrado una excepción en  favor de la niñez, excepción en la que deben coincidir todos los hombres de  buena voluntad, cualquiera sea su raza,  su  religión,  su  credo  o  su  partido. Seguiremos firmemente esa política,  porque  entendemos  que  al  obrar  así estarnos echando las bases inconmovibles de la Argentina del futuro  con  la que soñaron los hombres de  nuestra  historia,  y  cuya  consecución  es  el aliciente primordial en nuestra diaria y fatigosa labor.   Los hombres somos meros accidentes en la vida de los  pueblos.  Lo  único trascendente son los valores morales y espirituales de  la  comunidad  y  en ese sentido, creo, y así lo  afirmo  ante  Vuestra  Honorabilidad,  que  una niñez feliz y una juventud sana y fuerte, formada en los  principios  de  la bondad, de la virtud y la comprensión, libre  de  prejuicios  y  sectarismos brindará al país las  generaciones  de  hombres  dirigentes  que  habrán  de llevarlo a sus más altos destinos.   La seguridad de la Nación y la  responsabilidad  que  en  ella  tiene  el gobierno han reclamado también la atención del Poder Ejecutivo.   Se ha continuado apoyando  el  paulatino  desarrollo  de  las  industrias fundamentales para la defensa nacional y, a la vez,  para  la  economía  del país, ya que su consolidación es requisito indispensable  para  asegurar  el aprovisionamiento de  los  materiales  necesarios  para  afrontar  cualquier emergencia.   Paralelamente,  se  ha  vigilado  el  potencial  humano  de  la   Nación, orientando su capacitación  intelectual,  física  y  espiritual,  fieles  al principio de que un pueblo feliz,  unido  y  consciente  de  sus  deberes  y responsabilidades, constituye  un  elemento  fundamental  para  la  eventual defensa de la soberanía del país.   Las Fuerzas Armadas, por su parte, han comprendido y correspondido a  ese esfuerzo de todos los  habitantes  cumpliendo  con  espíritu  de  trabajo  y abnegación un año intenso de educación e instrucción militar  y  demostrando con  su  colaboración  en  numerosas  obras  de  bien  público  la  unión  y solidaridad con el pueblo.   La  política  internacional  de  la  República   Argentina   ha   seguido desarrollándose de  acuerdo  con  los  principios  establecidos  en  nuestra Doctrina Nacional, cuya esencia se basa en el concepto de que la  armonía  y la paz internacionales solo se alcanzan en un mundo de respeto  absoluto  de todas y cada una de las naciones, en función de los derechos conferidos  por la voluntad libre de los pueblos.   En el panorama de nuestra política internacional, la acción  de  gobierno se destaca por nuestra prédica sobre los ideales que  presidieron  la  gesta de San Martín en sus luchas por la emancipación de América.   La unión y libertad de los pueblos de América  fue  el  principio  y,  al mismo tiempo, el primer objetivo de nuestra política internacional.   La política de  integración  y  complementación  americana,  concebida  y ejecutada en todo momento sin otra finalidad  que  el  común  e  igualitario provecho de los países que la  comparten,  ha  quedado  robustecida  con  la adhesión de las Repúblicas de Bolivia y Nicaragua al Acta de Santiago y  con la celebración del Acuerdo de Arica suscrito por los gobiernos  de  Chile  y Bolivia.   Nuestra prédica insistente de  política  de  cordialidad  americana  está dando sus frutos y estamos plenamente convencidos de obtener  finalmente  la comprensión absoluta de todos los pueblos de América.   Las relaciones con los países extracontinentales se han mantenido en  los términos tradicionales. Así lo demuestran la  intensa  intercomunicación  de la  República  con  los  integrantes  de  la  comunidad  de  las   naciones, manifestada en forma de numerosos convenios  internacionales,  especialmente de  carácter  económico  y  cultural;  la  participación  en   congresos   y conferencias, y las visitas de prominentes autoridades extranjeras.   Digno de destacar especialmente es la defensa de  los  conceptos  que  en económica  hemos  venido  sustentando  de  incremento  de   la   producción, mejoramiento del nivel de vida,  uniones  económicas  regionales  y  precios compensatorios para los productos primarios. Sus resultados han  determinado y el comienzo de una era de comprensión, en el seno del Consejo Económico  y Social de las  Naciones  Unidas,  de  este  principio  fundamental  para  la economía de la mayor parte de los países americanos, y con ello  el  triunfo de nuestra política económica.   Complementariamente, la acción del gobierno en la materia  se  orientó  a estrechar las relaciones comerciales y financieras con todos los países  por medio de la concertación de nuevos acuerdos y la ampliación o renovación  de los existentes.   Nuestra invariable  posición,  inspirada  en  la  Doctrina  Nacional  del "Derecho de  autodeterminación  de  los  pueblos"  y  el  principio  de  "no intervención", fue sostenida una vez  más  en  la  Conferencia  de  Caracas.
Así,  también,  los   conceptos   tradicionales   de   justicia   social, independencia económica y soberanía  política  fueron  expuestos  en  la  IX Asamblea de las Naciones Unidas,  ante  el  planteo  de  los  problemas  del desarme, energía atómica,  cuestiones  de  Corea  y  Chipre,  discriminación racial, problema  de  los  refugiados,  del  desenvolvimiento  económico  de países  menos  evolucionados  y  de  los  países  empeñados  en  lograr   su independencia política.   En el aspecto inmigratorio, hemos ocupado durante el año 1954 el  segundo lugar como país receptor  de  inmigrantes.  Ello  por  sí  solo  de  muestra nuestra intensa participación en relación con el  Comité  Intergubernamental para las Migraciones Europeas, organismo  para  el  cual  nuestro  país  fue designado miembro de su comité ejecutivo.   Señoras  y  señores:  cada  1º  de  Mayo  este  mensaje  inaugural  tiene destinatario: suelo elegirlo entre los valores esenciales de  la  República. Mi mensaje de 1950 tiene como destinatario el Gran  Capitán  de  los  Andes. Otros fueron dedicados al  pueblo,  a  la  bandera  de  la  patria  y  a  la comunidad organizada. Este mensaje de 1955 ha de confrontar  los  principios de nuestra doctrina con  las  realidades  de  nuestra  acción  para  señalar después la ruta del porvenir con  cada  uno  de  aquellos  principios;  este mensaje de 1955, tendido hacia un futuro en  el  que  habrán  de  realizarse todos los sueños de nuestro vigilias, no podría tener otro destinatario  que la nueva generación: ¡la juventud de la Nueva Argentina!   Con el permiso de Vuestra Honorabilidad, y por vuestro digno  intermedio, dedico este mensaje a la juventud de nuestra patria.   En  1943  declaré  que  en  esta  tierra  "los  niños  eran  los   únicos privilegiados". Aquello no era una simple frase  literaria.  Decir  que  los niños eran los únicos privilegiados  bajo  el  sol  de  nuestra  tierra  era declarar caducos todos  los  demás  privilegios  que  oprimían  el  alma  de nuestro pueblo. ¡Y era, lógicamente, declararles la guerra!   Los  niños  que  en  1943  recibieron  cariñosamente  mi  declaración  de privilegios son hoy -doce años después- los  muchachos  y  muchachas  de  la Nueva Juventud Argentina.   Ellos han visto  todavía  nuestro  enfrentamiento  final  con  el  último privilegio que pretendía atar a sus cadenas la libertad de nuestro pueblo   Ellos no olvidarán jamás lo que cuesta  esta  clase  de  enfrentamientos. Ellos han sido las víctimas inocentes  de  la  reacción  antipopular  y  han sabido ponerse de pie para defender el ideal, doce años soñado y  doce  años sufrido, de esta Nueva Argentina bajo cuyo cielo ya no existen  entenados.   La juventud de 1955 sabe que el único privilegio reconocido, respetado  y realizado por nosotros, fue recibido por  ella  como  bandera  de  la  niñez argentina, siempre olvidada hasta nuestra Revolución; pero sabe también  que el privilegio recibido importa el ejercicio  de  responsabilidades  que  son irrenunciables.   Por eso dedico este mensaje a la primera niñez privilegiada de 1943,  que es ahora juventud dignificada  y  optimista,  capaz  de  realizar  cualquier empresa, cuanto más heroica mejor.   Y al dedicárselo, me permito recordar a todos los muchachos  y  muchachas de 1955 que en cada uno de ellos reside la patria  futura.  Creo  en  ellos. Miran hacia adelante y hacia arriba. Ven la altura de  "mi  empresa",  y  la claridad de "mi divisa" porque en  los  ojos  limpios  les  brilla  el  alma despojada de la soberbia que enceguece a los hombres maduros,   Creo en ellos, repito, y porque creo en ellos, les  entrego  en  custodia "mi empresa y "mi divisa": la bandera que tanto he deseado y  deseo  colocar en la cumbre de mis ideales.   Ellos verán la Argentina del año 2000. Ellos  verán  en  su  plenitud  la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza nacional.   Ellos serán los artífices elegidos para coronar la unión de  los  pueblos americanos, porque el signo de América señalará, para toda la humanidad,  el comienzo del tercer milenio en el calendario cristiano de la historia.   Ellos realizarán todas  nuestras  esperanzas,  todos  nuestros  sueños  y también nuestras utopías.   A ellos, que son el porvenir, les corresponde en justicia, este  mensaje, que tiene la noble pretensión de señalar los caminos  por  donde  el  pueblo podrá alcanzar la cumbre de su más alto destino.   Debo advertirles, por la experiencia de mi vida, que  todos  los  caminos que llevan a la cumbre son duros y son difíciles.   Es  necesario  ascender  con  el  más  absoluto   equilibrio   entre   la inteligencia, el corazón y el  cuerpo,  cuya  materia  sustenta  la  armonía entre las ideas y los sentimientos.   El exceso de "entusiasmo" de  los  grandes  corazones  frecuentemente  la inteligencia. Cuando se "siente" demasiado, se deja  de  pensar.  Cuando  se piensa mucho, la lógica  de  la  razón  puede  enfriar  hasta  congelar  los sentimientos.   Por eso, debemos evitar la imperfección de la unilateralidad y buscar que la inteligencia se sustente en un cuerpo sano y fuerte,  que  vendrá  a  ser como el mástil enhiesto en donde flamearán al tope las grandes ideas  y  los grandes sentimientos.   Confío plenamente en que la juventud  de  1955  realizará  con  éxito  la empresa de su ascensión hacia la patria futura.   Tiene todas las condiciones para alcanzar  el  éxito.  Está  construyendo desde ahora la victoria de mañana.   A nosotros nos queda la  íntima  satisfacción  de  haberles  señalado  la cumbre y sus caminos. Y nos queda el gozo anticipado de  haberles  entregado nuestra propia bandera.   Sin egoísmos, para que ellos la claven en la cumbre del destino  nacional y la dejen allí, flameando entre la tierra y el cielo. ..............