Conferencia de prensa, comunicado  y  decretos  referidos  al  alza  de  los precios
SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN: En  primer  término,  quiero  destacar  mi agradecimiento al Consejo Económico Social por la labor que ha  desarrollado y la colaboración que ella significa para el Gobierno, así  como  el  placer que experimento al ver que  los  señores  comparten  la  responsabilidad  de estas funciones.
En esta oportunidad quiero manifestarles a  los  periodistas  que  he  de entregarles el resultado a que ha arribado la Comisión que  está  estudiando la cuestión relativa al abaratamiento de la vida,  con  las  directivas  del señor vicepresidente de la  Nación.  Esta  comisión  ha  llegado  a  algunas conclusiones  en  el  combate  iniciado  contra  los  precios  abusivos,  la especulación, el agio.   Creo que la tarea en dicha comisión se ha encarado bien, pues  no  se  ha ido a buscar  a  las  hormigas  que  andan  sueltas,  sino  que  se  fue  al hormiguero, es decir, no se ha ido a buscar una solución de paso,  sino  una solución fundamental, para no andar persiguiendo a pobres hombres que  andan por ahí negociando; en cambio, se  ha  encarado  la  tarea  para  tomar  las medidas adecuadas para poder  desarrollar  bien  la  labor  y  saber  a  que atenerse en esas cosas.
Estos decretos, que son cinco en total, llevan  ya  alguna  solución  que creemos ha de ser definitiva.  Por  eso,  felicito  especialmente  al  señor Vicepresidente y al señor Secretario Técnico así  como  a  todo  el  Consejo Económico Social por haber llegado a una solución que  contempla  todos  los aspectos del  problema,  sin  la  oposición  de  los  industriales,  de  los comerciantes, ni de las demás fuerzas que intervienen en este problema.
En un comunicado que daremos a la  prensa  de  inmediato  se  explica  en detalle todas estas cuestiones.   -Dentro de un par de horas los representantes de la prensa  recibirán  el comunicado que resumen con detalles la tarea  realizada,  Se  trabajó  bien, porque no se pude ir a perseguir a las hormigas sueltas, sino que se ha  ido derecho al hormiguero. Hemos ido a  las  medidas  del  fondo,  y  los  cinco decretos, cuyas copias les va a entregar el Dr. Figuerola a  las  22,  lleva algunas soluciones, que creemos serán definitivas. Sólo me  resta  felicitar al Dr. Quijano, al secretario técnico  de  la  Presidencia  y  a  todos  los miembros del  Consejo,  así  como  a  los  comerciantes  e  industriales  en general, pues la tarea a que hemos dado cima en esta primera  parte,  se  ha cumplido sin oposición de industriales, comerciantes ni otra ninguna.
SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA NACION: Si me permite.  Yo  quiero  hacer  una aclaración, y es la siguiente: desde luego, dejo constancia de  mi  profunda gratitud hacia su gentileza, señor Presidente, pero yo no puedo aceptar  del todo sus palabras a mi respecto, porque nosotros no hemos  hecho  otra  cosa que captar sus conceptos  y  sus  directivas  en  la  materia  y  las  hemos cumplido al pie de la letra.
Si hemos pegado, señor,  alguna  "costalada",  no  ha  sido  por  nuestra voluntad sino porque, a veces, por la premura del tiempo, dada  la  magnitud del problema,  habremos  podido  equivocarnos.  Pero,  en  definitiva,  hago constar que todo lo hecho no ha sido otra cosa que  el  cumplimiento  exacto de las instrucciones conceptuales y de procedimiento que nos diera el  señor Presidente de la Nación.
Al mismo tiempo, debo manifestar al señor  Presidente,  públicamente,  la colaboración desinteresada y generosa de los señores  miembros  del  Consejo Económico Social aquí presentes, así como la de todos los  industriales  del país.  Yo  creo,  señor,  que  en  esta  emergencia  el  país  realmente  ha triunfado, desde luego, mediante el timón que usted tan honorablemente,  con honradez moral y mental, sabe manejar."    SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION: - Muchas gracias, señor vicepresidente.
SEÑOR  VICEPRESIDENTE  DE  LA  NACION:  -  Yo  les  pido  a  los  señores industriales y comerciantes  que  el  Gobierno,  por  definición,  significa ecuanimidad, cordura, equilibrio y justicia.  El  Gobierno  no  se  pone  en beligerancia ni con el comercio ni con la industria. Sólo se pone en  contra de la especulación. Les manifesté que, partiendo desde ese punto  de  vista, no habrá ningún inconveniente "en arreglar las canchas",  como  decimos  los criollos, sobre el camino, vale decir, llenar los huecos que quedan atrás  y rectificar algunas  pequeñas  cosas,  sin  que  ellas  puedan  vulnerar  los principios básicos de los decretos.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION.- Bien, señores: ahí hay cinco decretos que solucionan cinco asuntos absolutamente importantes. Está en la forma en  que se apliquen  y  se  hagan  cumplir  esos  decretos  el  éxito  de  la  tarea realizada. Así, las soluciones vendrán paulatinamente.
Yo no tengo otra cosa que decirles  que  agradezco  nuevamente  al  señor vicepresidente, que es tan  amable  conmigo  y  tan  eficaz  en  esta  tarea absolutamente  difícil,  así  como  al  Consejo  Económico   Social,   cuyos integrantes son todos  viejos  amigos  que  han  trabajado  y  trabajan  con nosotros para llegar a soluciones concretas, y abusando  de  esa  amabilidad demostrada creo que todavía les voy a dar mucho trabajo que hacer.  Comunicado del presidente de la República   A los quince días justo de haberme hecho cargo de  la  conducción  de  la campaña contra la especulación, el agio y los  precios  abusivos,  han  sido firmados los decretos que, a mi juicio, han de  contribuir  a  producir  una notoria reducción en los precios que hasta ahora han regido.   Estos decretos obedecen a una idea central de conjunto, que armoniza  sus disposiciones, y se tienen previstas medidas para el caso improbable de  que alguna  o  algunas  de  las  que  hoy  se  dan  a  conocer   llegasen,   por incomprensión o por malicia, a ser resistidas. Afirmo que no creo que  haya, por parte de nadie de los obligados a cumplirlas, resistencia  alguna,  pues ha sido tal la tolerancia que el Poder Ejecutivo  ha  tenido  para  con  los infractores a las disposiciones  de  abastecimientos  dictadas  desde  1939, cuando recién declarada  la  guerra  el  Congreso  Nacional  aprobó  la  ley 12.591, que seguir con igual despreocupación más  parecería  tolerancia  con designios inexcusables de lenidad en el cumplimiento del deber.   Dije, y repito, que contra los abusos cometidos por los  especuladores  y los comerciantes inescrupulosos no se había operado en la  forma  terminante que desde el primer momento de hacerme cargo  del  gobierno  he  creído  que debía hacerse, y he recordado que desde el Consejo  Nacional  de  Posguerra, sin contar con los resortes del  poder  en  la  mano,  habíase  logrado  una mejora positiva en el nivel de vida de la población que permitió  sobrepasar las dificultades que en determinados momentos  ocasionaban  los  niveles  de salarios.   No es tolerable que habiendo llevado los  salarios  a  niveles  justos  y razonables,  proporcionados  al  esfuerzo  de  los  trabajadores,   por   la indiferencia de los organismos del Estado y por la falta  de  escrúpulos  de ciertos  comerciantes   deshonestos,   la   población   trabajadores   sufra prejuicios que estoy dispuesto a impedir a toda costa.   No lanzo amenazas ni me dedico  a  estudiar  los  medios  represivos  del abuso; señalo simplemente la voluntad inquebrantable de  hacer  cumplir  las leyes, dando el ejemplo cumpliéndolas yo primero que todos, y recabo  a  los organismos del Estado no sólo el cumplimiento de  su  obligación,  sino  que anuncio que exigiré a todos los funcionarios y empleados de cualquier  orden y grado la máxima dedicación al servicio, llegando a verdaderos  sacrificios personales, si así lo exige el interés de la comunidad.   Nuestro país, al igual que  el  resto  del  mundo,  vive  horas  solemnes creadoras de problemas que no deben ser tomados  con  indiferencia  por  los gobernantes, que exigen soluciones meditadas que no pequen de  improvisación y, mucho menos que traten de ocultar  la  realidad  de  las  cosas,  lo  que conduciría a agravar, más que a resolver, aquellos problemas.   No me refiero tampoco a los funcionarios y empleados que  se  colocan  al margen de la ley o que se prestan a manejos irregulares, porque sobre  ellos deberá caer inexorablemente la fuerza de los  preceptos  del  Código  Penal. Estoy tan dispuesto a que la campaña  que  por  segunda  vez  iniciamos,  de abaratamiento del costo de la vida, logre positivos resultados,  que  no  he de tardar en presentarme ante la conciencia de  todos  los  argentinos  para que expresen si he acertado o mi intervención ha quedado limitada  nada  más que a las buenas intenciones.   Al proyectar las medidas que constituyen la primera serie de decretos que hoy se ponen en conocimiento del pueblo, se ha partido  de  aquellos  rubros del presupuesto  familiar  que  han  experimentado  mayores  aumentos  o  de aquellos otros que, sin ser tan elevados,  no  reconocen  una  causa  más  o menos  satisfactoria.  Son  ellos  los  artículos  de   vestir,   incluyendo sombreros, calzado, ropa interior, ropa de cama y de mesa y tejidos  de  uso doméstico  en  general;  los  precios  de  los  alquileres  de  habitaciones modestas y los espectáculos cinematográficos.   Con respecto a los artículos de vestir y tejidos  de  uso  doméstico,  el Poder  Ejecutivo  se  incauta  desde  el  día  de  la  fecha  de  todas  las mercaderías elaboradas en "stock" o a elaborarse,  en  todas  las  fábricas, establecimientos  y  talleres  textiles  y  de  calzado  o  sombreros,   que manufacturan   o   transforman   aquellos   artículos,   incluyéndose    los establecimientos y talleres de confección y los importadores.   Estas   mercaderías   quedarán   en   depósito   de   los    fabricantes, confeccionistas e importadores, quienes quedarán sometidos a  las  sanciones que determina el Código  Penal  si  quebrantaran  el  depósito  que  se  les confía.   El Poder Ejecutivo las autorizará para que  las  vendan  directamente  al público, sin pasar por ninguna clase  de  intermediarios,  señalándose  como precio de venta al público el que regía en los  expresados  establecimientos el 5 de agosto  de  1946,  que  figuran  consignadas  en  las  declaraciones juradas que al efecto se presentaron en cumplimiento de disposiciones de  la Secretaría de Industria y Comercio, aumentados hasta un máximo que se  fija, según sean fabricados en el país  o  importados.  Este  aumento  tendrá  por objeto formar un fondo de compensación para cubrir los gastos que  ocasionen la organización y gestión de las  ventas  directas  al  público.  Cuando  se trata de artículos que no se fabricaban en agosto de 1946 o  no  figuren  en las referidas declaraciones juradas a que se ha hecho referencia,  el  Poder Ejecutivo fijará el precio equitativamente.   A  fin  de  garantizar   a   los   establecimientos   indicados   de   la responsabilidad que terceras personas  pudieran  exigirles,  se  declara  la rescisión de  pleno  derecho  de  los  contratos  existentes  en  la  fecha, aplicándose esta norma a las mercaderías  que  no  hubiesen  salido  de  las fábricas o depósitos, aun cuando estuviesen vendidas.   Los productos incautados podrán ser vendidos: a) Por  los  fabricantes  o importadores u otros comerciantes a quienes el Poder  Ejecutivo  autorice  a tal efecto, b) Directamente por  el  Poder  Ejecutivo  en  los  locales  que habilite a tal fin, c) Por un  sistema  mixto  a  convenir  entre  el  Poder Ejecutivo y los fabricante importadores y otros  comerciantes.  d)  Por  los comerciantes minoristas que adquieran los productos al precio de  agosto  de 1946, siempre que garanticen que no  habrán  de  venderlos  con  un  recargo superior al que se autoriza a los fabricantes  en  sus  ventas  directas  al público.   Los artículos y productos incautados deberán llevar marcado el precio  en forma que no pueda ser borrado ni substituido,  quedando  en  poder  de  los fabricantes, talleristas o importadores en calidad de depósito.   "Con el método del decreto, será  posible  evitar  el  encarecimiento  de mercaderías que hasta ahora había sido la nota dominante cuando  se  fijaban precios  que  debían  regir  para  una  determinada  cuota  de   producción, insuficiente para atender las necesidades del consumo normal. Ahora toda  la producción normal se lanza al mercado a precios  bajos,  lo  suficientemente remuneradores para el productor.   Hasta el presente todos los intentos para abaratar los artículos textiles habían fracasado porque el consumidor no  encontraba  la  mercadería  a  los precios  oficialmente  establecidos  posiblemente  porque  la  fijación   no alcanzaba sino a una parte de la producción. Ante la necesidad de evitar  el alza constante de los precios, el Poder Ejecutivo cambia  de  sistema  y  al amparo de las facultades que le concede la ley  12.983,  se  decide  por  la incautación de toda la producción, con lo cual ya no  habrá  posibilidad  de dejar la mayor parte fuera de la limitación de precios.   Las medidas  encaminadas  al  normal  y  correcto  abastecimiento  de  la población y a la  inspección  del  cumplimiento  del  decreto,  aseguran  la efectividad de sus disposiciones, con  el  consiguiente  beneficio  para  la colectividad.   Conviene, finalmente, destacar que no se ataca la libertad  de  comercio, pues, sin entrar  a  considerar  que  el  contrato  de  compra-venta  es  un contrato bilateral, en el que debe ser  contemplada  la  libertad  de  ambas partes, no sólo la del vendedor para  vender  al  precio  que  quiera,  sino también la del comprador para comprar al precio justo, es lo cierto  que  el precio de  venta  por  los  fabricantes  se  fija  en  el  mismo  que  ellos señalaron. En lo que se refiere a los minoristas,  se  respeta  su  libertad para vender al precio que quieran los artículos que tengan en  su  poder  si encuentran compradores dispuestos a pagar los precios que les pidan.   Otra  cuestión  interesante  en  la  acción  encaminada   a   lograr   el abaratamiento de la vida, es el relativo a la vivienda, que ofrece el  doble aspecto de la escasez y la carestía. Íntimamente relacionados ambos,  se  ha hecho preciso adoptar medidas que los resuelvan conjuntamente.   A  eso  tiende  otro  de  los  decretos  que  hoy  se  publican  y   que, naturalmente, no agota el tema  sino  que  deja  abiertas  todas  las  demás posibilidades que se encaminan al aumento de la capacidad de habitación y  a la reducción de los precios. La Capital Federal como todas nuestras  grandes ciudades se caracteriza por el tipo de construcción baja, frecuentemente  en una sola planta, lo que representa un desperdicio del  terreno  incompatible con las necesidades de la  vida  moderna  y  una  agravación  del  ya  grave problema de los transportes.   Es  indispensable  facilitar  los  medios   económicos   para   que   los propietarios de esas casas de una planta puedan  levantar  un  segundo  piso mediante la obtención de un  crédito  del  Banco  Hipotecario  del  100  por ciento del su valor, siempre que el propietario  se  ajuste  a  determinadas condiciones relativas a la habitabilidad y al precio de la vivienda.   De esta manera el propietario no tendrá que desembolsar cantidad ninguna, alquilará el nuevo piso a un  precio  que  le  permita  atender  las  cargas adquiridas y todavía le dejará un beneficio  no  menor  al  de  otra  normal inversión de capital. Si a esto se añade que como  complemento  del  decreto se presenta un proyecto de ley estabilizando la contribución  territorial  y las tasas municipales y se exime de una y de  otras  a  la  parte  de  nueva edificación, todo ello por un período  de  10  años,  no  parecerá  excesivo optimismo creer que se habrá buscado  una  solución  acertada  y  de  amplio alcance.   La Cámara de Alquileres está procediendo  a  la  revaluación  de  piezas, departamentos y casas habitación habiendo logrado sensibles rebajas  en  más de 10.000 procedimientos realizados en el curso de una semana.   Otro de los decretos afecta a las  necesidades  de  esparcimiento  de  la población modesta; la elevación del  precio  de  los  espectáculos  públicos constituye un motivo de preocupación para el gobierno, sobre todo en lo  que se refiere al cinematógrafo, que es el más popular de todos.   Claro es que el Poder Ejecutivo ha de cuidar en éste como  en  todos  los casos, los legítimos intereses de las clases productoras y por  ello  ha  de procurar que el beneficio público se haga compatible con las necesidades  de la industria.   Basta  leer  el  contenido  del  decreto  para  apreciar  la  repercusión favorable que va a tener en los precios. Si respecto a  este  particular  no se han extremado las medidas, obedece simplemente a que tampoco se trata  de un elemento para la vida que pueda incluirse entre los llamados  de  primera necesidad, pese a su evidente importancia, cual antes he señalado.   Mientras se procede al estudio  de  los  artículos  de  alimentación,  la Municipalidad de la capital dispone por  decreto  de  esta  misma  fecha  la intervención del Mercado de Abasto Proveedor y de los mercados de Liniers  y Buenos Aires.   Se preparan también las disposiciones que reglamentarán la inspección,  a fin  de  unificar  procedimientos  y  asegurar  la  debida  defensa  de  los particulares.   Por último, ¿Qué ha de representar en cifras llevar  a  la  práctica  las disposiciones adoptadas ya y las contenidas en los decretos que hoy  se  dan a conocer?   Las rebajas en el alojamiento llevan en promedio a una reducción del 17%, las del rubro indumentaria, alcanzan al 50% de sus precios  actuales,  y  la rebaja de los cinematógrafos representa el 20%.   Si se aplican estos valores al presupuesto normal de  la  familia  obrera que sirva para determinar el índice del costo de vida, resulta que desde  el momento mismo en que surtan efecto las medidas adoptadas, el índice  general descenderá en 23 unidades. Traducido esto a valores reales quiere decir  que el presupuesto medio que ahora requiere 280 pesos por  mes,  necesitará  tan sólo  238  pesos.  Inmediatamente  serán  fijados  los  nuevos   precios   y condiciones de venta de los artículos de alimentación.   Que nuestros afanes logren éxito en interés de la comunidad nacional,  es lo que fervientemente deseamos.  Disposiciones relativas a los artículos de vestir   El decreto concerniente a los artículos de vestir dispone lo siguiente:   Visto lo dispuesto por la ley número 12.983, efectuadas las consultas que el Poder Ejecutivo ha considerado pertinentes, el dictamen favorable de  los representantes patronales y obreros de la Comisión  Permanente  del  Consejo Económico y Social y considerando:   Que todos los intentos realizados hasta la  fecha  por  parte  del  Poder Ejecutivo  para  conseguir  el  abaratamiento  de  la  vida  en  materia  de vestuario y artículos  para  el  hogar  se  han  desvirtuado  por  falta  de mercaderías a precio económico y porque el consumidor  no  ha  sabido  donde hallarlas, a pesar de la fijación de precios bajos;   Que ante el alza constante de los precios de toda clase de mercaderías  y especialmente las de primera necesidad, ha llegado  el  momento  de  que  el Poder Ejecutivo haga uso de las atribuciones que le  fueron  conferidas  por la ley Nº 12.983, en  lo  que  afecta  a  artículos  de  vestir,  sombreros, calzado y ropa para el hogar, acordando la incautación de los  elaborados  o a elaborarse en todas las fábricas, establecimientos  y  talleres  textiles, de  calzado  y  sombreros  que  manufacturen  o  transformen  artículos   de indumentaria y uso doméstico,  incluyendo  también  los  establecimientos  y talleres de confección y las existencias de igual  clase  en  poder  de  los exportadores.   Que es necesario para ello declarar  rescindidos  de  pleno  derecho  los contratos existentes a la fecha de  incautación,  entre  los  fabricantes  e importadores de dicha clase de artículos y terceras personas, en uso de  las atribuciones que concede al Poder Ejecutivo la mencionada ley.   Que como consecuencia de la incautación que se decreta, debe establecerse un sistema de venta al público, ya sea directamente por los fabricantes,  ya por el Estado o por los propios minoristas que se acojan al régimen  que  se establece, fijando los  precios  iniciales  y  determinando  un  sistema  de recargo encaminado a cubrir los gastos de comercialización.   Que incumbe a la presidencia de la Nación fijar o determinar  el  sistema que se establezca para el abaratamiento de la vida y aplicar  las  sanciones que  correspondan  a  los  infractores,  como  asimismo  al  Ministerio  del Interior cuidar  de  adoptar  las  medidas  pertinente  de  las  normas  del presente  a  las  provincias  y  territorios  de  la  forma  que,  según  la jurisdicción, sea pertinente, y a la Secretaría  de  Industria  y  Comercio, juntamente con la Municipalidad de la Capital Federal, cuidar del  normal  y correcto abastecimiento de la población.   Que ante tal realidad, el Poder Ejecutivo se ve obligado a proceder a  la incautación a que se ha hecho mérito  del  género  existente  tanto  en  las fábricas como en los talleres de confección,  para  ofrecerlos  directamente al consumidor.   Que las medidas adoptadas en este decreto  no  afectan  para  nada  a  la libertad  de  comercio,  puesto  que  los  precios  que  se  fijan   a   los industriales  son  los  mismos  a  que   ellos   declararon   efectuar   sus transacciones  comerciales,  y  no  impidiéndose  tampoco  que  el  comercio mayorista  y  minorista  venda  sus  existencias  en  la  forma   que   crea conveniente ya que lo único que establecen estas normas es  la  adopción  de medidas tendientes a  poner  toda  la  producción  textil  y  los  artículos confeccionados al alcance de la totalidad de  la  población  del  país,  sin perjuicio de que quienes así lo deseen puedan  seguir  comprando  a  precios superiores a los que correspondan a aquellos minoristas que no  se  adhieran al sistema ahora establecido, el presidente de la Nación Argentina decreta:   Artículo 1º - El Poder Ejecutivo, en uso de la facultad que  le  confiere el articulo 1º de la ley número 12.983, se incautará  desde  el  día  de  la fecha de las mercaderías elaboradas, en stock o a elaborarse  en  todas  las fábricas, establecimientos y talleres textiles y de calzado o sombreros  que manufacturen o transformen artículos  para  indumentaria  y  uso  doméstico. Quedan incluidos en esta disposición  los  establecimientos  y  talleres  de confección y los importadores de todos aquellos artículos.   Art. 2º - Los contratos existentes a la fecha de la incautación entre los establecimientos especificados en el artículo anterior y terceras  personas, quedan rescindidos del  pleno  derecho,  reputándose  el  incumplimiento  de dichos contratos como  debido  a  causa  de  fuerza  mayor.  Esta  norma  se aplicará a las mercaderías que no hubiesen salido de la fábrica o  depósito, aún cuando estuviesen vendidas.  En este caso los vendedores  devolverán  al comprador el importe o seña que hubiesen percibido.   Art. 3º - Los artículos y productos incautados quedarán en poder  de  los fabricantes, talleristas o importadores  en  calidad  de  depósito  para  su venta al publico en la forma determinada en  el  artículo  6º  del  presente decreto, quedando sometidos los depositarios que quebranten  el  depósito  a las sanciones determinadas en el artículo 172 en relación con el 173  número 2º del Código Penal.   Art. 4º  -  El  precio  de  venta  al  público  será  declarado  por  los fabricantes de acuerdo a la resolución Nº 6144  de  5  de  agosto  de  1946, recargado hasta un máximo del 40%. En estas condiciones, el Poder  Ejecutivo autorizará la venta. Todos los artículos deberán llevar  marcado  el  precio de venta al público en forma que no pueda ser borrado ni sustituido.  Cuando se trate de artículos que no se fabricaban  en  agosto  de  1946  o  que  no figuren en las declaraciones juradas a que se ha hecho referencia, el  Poder Ejecutivo fijará los precios equitativamente, a  propuesta  de  la  Comisión Mixta a que se refiere el artículo 11 de este decreto.   Art. 5º - El precio de los artículos importados será el de costo  de  los mismos puestos en el almacén del importador, más  un  15%  como  máximo.  El precio de venta al público será igual  al  de  compra,  recargado  hasta  un máximo del 40%.   Art. 6º - Los productos incautados serán vendidos del siguiente modo:  a) Por los fabricantes o importadores u otros comerciantes a quienes  el  Poder Ejecutivo autorice a tal efecto, b) Directamente por el Poder  Ejecutivo  en los locales que habilite a tal fin, c)  Por  un  sistema  mixto  a  convenir entre  el  Poder  Ejecutivo  y  los  fabricantes,   importadores   y   otros comerciantes, d) Por los comerciantes minoristas que se acojan a las  normas que fija el artículo siguiente.   Art. 7º - Los  comerciantes  minoristas  podrán  adquirir  los  productos objeto de incautación al precio de compra  establecido  en  el  artículo  4º para  la  venta  al  público,  menos  el  recargo  que  el  propio  artículo establece, siempre que garanticen que no habrán de  venderlos  a  un  precio superior al señalado en dicho precepto.   Art. 8º- El recargo a que se hace mención en el artículo  4º,  cuando  la venta se realice en la forma determinada por los incisos a),  b)  y  c)  del articulo  6º,  se  destinará  a  constituir   un   fondo   de   compensación administrado por el Estado para cubrir el mismo y a los fabricantes  de  los gastos que ocasione la organización y gestión  de  las  ventas  directas  al público. El excedente será destinado a la rebaja de  los  artículos  que  el Poder Ejecutivo consideres conveniente.   Art. 9º - Los fabricantes están obligados a mantener los mismos  tipos  y calidades de los  productos  que  fabrican  normalmente  en  las  diferentes épocas del año a partir del mes de enero de  1946,  así  como  el  ritmo  de producción salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobado.   Art. 10º - El  Poder  Ejecutivo  utilizará  para  la  ejecución  de  este decreto,  incluso  las  operaciones   de   venta,   el   personal   técnico, administrativo y subalterno  de  la  administración  pública  que  considere necesario.   Art.  11º  -  El  Poder  Ejecutivo  constituirá  una  comisión  mixta   y administración de lo dispuesto en el presente decreto. Los  acuerdos  de  la comisión serán inapelables. Para el movimiento de fondos, se  abrirá  el  en Banco Central una cuenta especial.   Art.  12º  -  El  Poder  Ejecutivo  tendrá  en  cuenta  las   variaciones justificadas en el costo que hiciera necesaria una revisión de precios.   Art. 13º - El normal y correcto abastecimiento  de  la  población  de  la República estará a cargo: a) En la Capital  Federal,  de  la  Secretaría  de Industria y  Comercio  y  de  la  Municipalidad.  b)  En  las  provincias  y territorios nacionales, del Ministerio del Interior, dentro de los  términos del artículo 4º de la ley 12.983.   Art. 14º - La comisión mixta a que se refiere  el  artículo  11  de  este decreto propondrá al Poder  Ejecutivo  los  artículos  que  por  condiciones especiales de fabricación, comercialización o venta deben  excluirse  de  la incautación.   Art.15º - Las disposiciones del presente decreto son de orden público.
Art.16º - Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan  al  presente decreto.
Art..17º - Comuníquese, publíquese,  dése  a  la  Dirección  General  del Registro Nacional y archívese.  Decreto que designa presidente de la Comisión Mixta el Dr. Quijano   Por otro decreto fue designado presidente de la Comisión Mixta a  que  se refiere el artículo 11 del decreto precedente, el Dr. J. Hortensio  Quijano. Como vocales del organismo actuarán los Sres. Andrés F. Stagnaro  y  Luciano T. Reynal O' Connor.  Decreto de la vivienda establece:   Vista la necesidad de adoptar medidas encaminadas  a  resolver  el  grave problema de la  falta  de  viviendas,  el  contenido  de  la  ley  12.983  y considerando:   Que según resulta del contenido de los  decretos  Nº  18.376  del  16  de noviembre del año último y Nº 2172  del  27  de  enero  de  1947,  el  Poder Ejecutivo se halla empeñado en la solución del problema  de  la  vivienda  y dispuesto a resolverlo en lo posible, no solamente por  la  acción  oficial, sino también por el fomento de las iniciativas particulares exentas  de  los obstáculos que crea a la administración pública la construcción  de  barrios y  ciudades  de  casas  económicas,  cuya  complicada  administración  puede malograr o entorpecer el propósito de los poderes públicos,  estimulando  la actividad privada que representa, por  medio  de  aportes  individuales,  un conjunto de acción tal vez superior al de la acción oficial.   Que este ensayo puede hacerse principalmente en las  poblaciones  en  las que, como en la Capital Federal,  predomina  la  construcción  de  casas  de planta baja, fuera del centro comercial y residencial,  pudiendo  significar una solución para el problema creado por la  falta  de  viviendas  del  tipo medio el fomento de la iniciativa de los propietarios de casas de  una  sola planta, para que sobre la misma, en  cuanto  sea  técnicamente  posible,  se construyan  nuevas  habitaciones  destinadas  exclusivamente   a   viviendas compuestas como mínimo de dos  dormitorios,  cocina,  baño  e  instalaciones accesorias correspondientes, o sea los suficiente  para  el  alojamiento  de una familia de empleados u obreros, siempre que  el  Estado  dé  facilidades que compensen ese esfuerzo. Las mismas facilidades pueden concederse  cuando existan espacios libres suficientemente amplios contiguos a  una  finca  del tipo de que se trata.   Que los beneficios que debe conceder el Estado conviene limitarlos  a  la construcción de un solo piso por casa,  para  repartir  mas  por  igual  los materiales necesarios y la  mano  de  obra  y  concretar  los  beneficios  a construcciones de tipo modesto, evitando así la especulación en gran  escala que falsearía los propósitos del Poder Ejecutivo.   Que entre las condiciones beneficiosas que realmente ofrece esa forma  de aumentar las viviendas  de  tipo  medio  debe  tenerse  en  cuenta  que  sus beneficios se extienden por todo el ámbito de la  ciudad  en  donde  existan casas de planta baja y que no han de preocupar a los poderes públicos ni  el problema de la urbanización  de  nuevas  zonas,  ni  el  transporte,  ni  el aprovisionamiento del vecindario, porque todo ello ya existe,  como  tampoco deben contemplarse problemas de otra índole, tales como son la  creación  de centros de enseñanza primaria, lugares de  recreo,  etc.,  que  surgen  como serios conflictos de difícil situación  cuando  se  trata  de  crear  nuevos barrios y ciudades llamadas jardín.   Que las facilidades que se presten han  de  ser  de  tal  naturaleza  que pueden ser otorgadas aun existiendo créditos hipotecarios sobre la finca  de cuy ampliación se trate y que ofrezcan también el incentivo  de  un  aumento de renta compatible con el pago de los servicios al Banco Hipotecario a  que obligue el préstamo para construcción y su amortización a largo plazo.   Que la solución que se propicia, es de carácter parcial y forma parte del plan que el Poder Ejecutivo tiene trazado, tanto  en  lo  que  concierte  al fomento de la acción privada, como en lo que espera realizar con  la  acción oficial directa o indirecta, dejando expresa constancia, en  cuanto  a  esta última, que no descuida el estudio de uno  de  los  aspectos  fundamentales, que, por ahora, traba todas las posibilidades y está  representando  por  la carencia  de  mano  de  obra  especializada  y  común,  por  la  escasez  de materiales y por las dificultades de transportes, si  el  presidente  de  la Nación Argentina decreta:     Artículo  1º-  A  partir  de  la  publicación  de  este   decreto,   los propietarios de la Capital Federal que posean inmuebles de una  sola  planta destinados o no a vivienda, que se acojan al régimen del  presente  decreto, y efectúen una ampliación, sea en planta baja o  alta,  construyendo  uno  o varios departamentos compuestos, como mínimo  de  dos  dormitorios,  cocina, baño e instalaciones sanitarias correspondientes, gozarán de  los  siguiente beneficios, siempre que lo soliciten dentro de los 120 días de la  fecha  de promulgación del  presente  decreto:  a)  Préstamos  del  Banco  Hipotecario Nacional equivalente al 100 por ciento  del  valor  de  la  obra  proyectada hasta un presupuesto de m$n. 30.000 por departamento que se construya  y  el 60 por ciento de la diferencia hasta un total de m$n.  90.000  por  toda  la obra;  b)  Este  préstamo,  con  garantía  hipotecaria  y  por  el   régimen establecido por  el   Banco  Hipotecario  Nacional,  satisfará  un  servicio superior al 5 por ciento anual, del capital invertido,  incluido  interés  y amortización, pagadero en un término de 30 años.
Art. 2º - El Banco Hipotecario Nacional aplicará el presente  decreto  de acuerdo con el régimen hipotecario para construcción de viviendas,  pudiendo contemplar el caso de que sobre la propiedad graviten créditos  hipotecarios que pueden ser tomados a cargo  de  Banco  en  una  sola  operación  global, dentro de la escala de préstamos establecida en el inciso  a)  del  artículo 1º.
Art. 3º  -  El  Poder  Ejecutivo  gestionará  al  Honorable  Congreso  la exención de tributos y tasas que pudieran corresponder a las  construcciones levantadas al amparo del presente decreto por el término  de  diez  años  de modo que el propietario no satisfaga otras contribuciones y  tasas  que  las que afectan al inmueble primitivo.
Art. 4º - Los propietarios  que  opten  por  construir  con  sujeción  al régimen que se estatuye deberían concurrir a la Municipalidad de la  Capital Federal, la que examinará los planos  y  condiciones  de  los  departamentos proyectados y, una vez aprobados, deberán ser acompañados a la solicitud  de acogimiento que se presentará al Banco Hipotecario Nacional.
Art. 5º -  Una  vez  aprobada  la  solicitud  por  el  Banco  Hipotecario Nacional, éste otorgará el préstamo a que se refiere el artículo 1º, con  el régimen hipotecario que establecerá a tal fin.   Art. 6º - El importe de los alquileres de  los  nuevos  departamentos  no podrá exceder el 9% bruto de la cantidad invertida para la  edificación  del nuevo piso o departamento. En ese 9% se entiende  incluido  el  servicio  de interés  y  amortización  del  préstamo.  Si   como   consecuencia   de   la construcción del nuevo piso hubiese disminuido el valor  locativo  del  piso inferior, en igual proporción se podrá aumentar el precio  de  alquiler  del nuevo. Esa disminución en el valor del precio locativo  del  piso  inferior, será determinado por el Banco Hipotecario antes de conceder  el  préstamo  y se hará constar en la correspondiente escritura.   Art. 7º - Las obras se iniciarán en el plazo de treinta días a partir  de la concesión del préstamo continuando la construcción  de  acuerdo  con  las normas que fija el Banco Hipotecario.   Art. 8ª - Tanto la Municipalidad como el Banco Hipotecario  y  los  demás organismos administrativos que según  prescripción  legal  deben  intervenir directa o indirectamente en los trámites o asignación de  materiales,  darán preferencia a las construcciones que se realicen dentro del régimen  que  se estatuye.   Art. 9º - El Poder Ejecutivo adoptará dentro de un plazo de 30  días  las medidas que considere convenientes para facilitar a los  que  se  acojan  al régimen de este decreto la provisión  y  la  adquisición  de  materiales  en cantidad adecuada y precio razonable, a cuyo fin solicitará  la  cooperación de la Cámara Argentina de la Construcción  en  su  carácter  de  institución representativa de  la  industria  y  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  las atribuciones conferidas por la ley Nº 12.983.   Art. 10º - El presente decreto será  refrendado  por  el  señor  ministro secretario de Estado en el Departamento de Interior."    ART. 11º - Comuníquese, publíquese,  dése  a  la  Dirección  General  del Registro Nacional y archívese.  Decreto sobre los precios de los espectáculos cinematográficos   Vista la ley 12.983, efectuadas las consultas que el Poder  Ejecutivo  ha considerado pertinentes, oída la Comisión Permanente del  Consejo  Económico y Social y considerando:   Que la determinación de las necesidades vitales que deben ser  objeto  de atención por parte del poder público para conseguir una  disminución  en  su costo, se ha de basar no solo en relación a los artículos  de  alimentación, vivienda y vestuario, sino también  a  aquellos  otros  que  representan  un esparcimiento del espíritu indispensable a todas las clases sociales.   Que entre esos elementos de distracción, el que  tiene  un  carácter  mas popular y el que más se ha extendido,  es  el  espectáculo  cinematográfico, por lo cual conviene adoptar medidas que lo  hagan  accesible  a  todos  los sectores de la población, el presidente de la Nación Argentina decreta:   Artículo 1º - Los cines que en la actualidad exhiben siete días  seguidos el mismo programa, a  precios  superiores  a  pesos  uno  con  cincuenta  la platea, rebajarán el veinte por ciento sobre los precios de  boletería  tres días  por  semana  como  mínimo.  Todos  los  turnos  subsiguientes   quedan obligados asimismo, a ofrecer no menos de  tres  funciones  semanales  a  un precio máximo de ochenta centavos la platea.   Art. 2º - La rebaja de precios a que se refiere el artículo precedente no autoriza a las empresas a variar la calidad de los programas,  con  respecto a los que se ofrecían al público antes de la fecha del presente decreto.   Art. 3º - Las empresas  cinematográficas  comprendidas  en  este  decreto comunicarán a la autoridad  de  aplicación  los  días  en  que  regirán  los precios rebajados y exhibirán de modo visible  en  la  boletería  un  aviso, consignando los precios rebajados y los días que rijan.   Art. 4º - El presente decreto será refrendado por el señor secretario  de Estado en el Departamento de Interior"   Beneficios a los que construyan nuevas viviendas   También el P. E. envió al Congreso un mensaje y proyecto de ley acordando nuevos beneficios a los  propietarios  de  fincas  que  resuelvan  construir viviendas. Dice el mensaje:   El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse  a  V.  H.  adjuntando  un proyecto de ley, que es complemento  del  decreto  dictado  en  esta  fecha, facilitando la construcción de departamentos para viviendas sobre  casas  de una sola planta en cualquier ámbito de la Capital Federal.   Se funda dicho  proyecto  de  ley  en  la  conveniencia  de  dar  mayores facilidades que compensen el esfuerzo de la iniciativa privada fomentada  en tal decreto, tanto  en  la  exención  de  tributos  como  en  la  de  tasas, facilidades que pueden consistir en la  estabilización  del  importe  de  la contribución territorial por el término de diez  años,  durante  los  cuales los  propietarios  satisfarán  la  misma  contribución  que  corresponda  al inmueble antes de levantar sobre él un nuevo piso y  estabilización  de  las tasas municipales  de  alumbrado,  barrido,  limpieza,  etc.,  y  otras  que pudieran existir durante el mismo tiempo, de modo que el  propietario  pague solamente el importe que corresponde por tasas a la actual edificación,   También es conveniente que el propietario, que construye sin auxilio  del Banco Hipotecario  ni  ningún  otro  de  carácter  oficial,  un  nuevo  piso destinado a vivienda en la misma forma y con la misma finalidad  determinada en dicho decreto, halle facilidades de índole análoga, tanto más cuanto  esa colaboración para resolver el problema  de  la  vivienda  estará  hecho  con dinero propio.   A ello, pues, obedece el adjunto proyecto de ley,  que  espera  el  Poder Ejecutivo sea favorablemente sancionado por V. H."  Proyecto de ley   Artículo  1º  -  Los   propietarios  que  se  acojan  al   beneficio   de construcción de departamentos establecido por el decreto número de junio  de 1947 sobre fomento de la vivienda, en la Capital Federal, gozarán además  de los establecidos en aquel decreto, de los siguientes beneficios: a)  Derecho a que no les sea aumentada la contribución territorial  durante  diez  años, en cuyo término satisfarán únicamente la misma contribución que  corresponde al inmueble primitivo. b) Derecho a que no se les sea aumentadas  las  tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza,  desagües  pluviales,  etc.  y otras que pudieren  existir  durante  el  mismo  término,  de  modo  que  el propietario satisfaga solamente el importe que corresponde por  tasas  a  la actual edificación.   Art. 2º - Todo propietario de  finca  urbana,  que  conste  solamente  de planta baja situada en la Capital Federal, que  construya  sin  auxilio  del Banco Hipotecario, ni  ningún  otro,  de  carácter  oficial  un  nuevo  piso destinado a vivienda, cuyo  departamento  o  departamentos  consten  por  lo menos  de  dos  dormitorios,  cocina,  baños,  servicios   e   instalaciones accesoria en la forma  que  determina  el  decreto  de  junio  11  de  1947, quedarán libres del aumento de contribución y de impuestos y  tasas,  en  lo que se refiere a dicho piso, por un espacio de diez años. .............