En el acto teatro Colón para celebrar el primer aniversario de los comicios del 24 de febrero de 1946
Señores:                 Se cumple hoy un año de la fecha en que  el  pueblo  de  la República, mediante elecciones ejemplares, impuso por el voto de la mayoría de los ciudadanos,  a  las  actuales  autoridades  constitucionales  de  la Nación.
Ese pronunciamiento popular ha de adquirir progresiva  trascendencia  en el futuro, puesto que consolidó el triunfo de la  Revolución  de  junio  de 1943 y consagró definitivamente el pensamiento político, social y económico que inspiró a los gobiernos surgidos de aquel movimiento,  identificándolos con las supremas aspiraciones y auténticos intereses de los trabajadores de nuestro país.
Esta circunstancia,  unida  a  mis  profundas  convicciones  en  materia social, comprometen  mi  deber  de  gobernante  de  contemplar,  en  primer término, los problemas comunes  a  todos  aquellos  que,  con  su  trabajo, contribuyen constantemente al engrandecimiento de la Nación y he de  agotar las posibilidades compatibles con los intereses generales y permanentes del país, en una acción tendiente a  procurarles  el  mínimo  bienestar  a  que tienen derecho por sus esfuerzos en beneficio de la comunidad.
Se justifica así, que haya considerado auspiciosa la oportunidad que nos ofrece el primer  aniversario  de  ese  trascendental  acontecimiento  para proclamar, en una declaración solemne, los principios doctrinarios que  han de orientar en lo sucesivo, nuestra política en materia social.
He querido que este acto tuviera especial importancia, que  se  reuniera aquí los elementos  más  representativos  de  las  actividades  públicas  y privadas de la Nación, pues debo fundamentar esa iniciativa, que  considero ha de  tener  especial  repercusión  en  el  futuro  de  las  instituciones sociales.
Ella ha sido  producto  de  meditados  estudios  y  serias  reflexiones; permítaseme, entonces, que retenga la  atención  de  los  presentes  y  del pueblo que me escucha; deseo que mis palabras tengan la más amplia difusión para que sean comprendidas e interpretadas por todos los hombres  de  buena voluntad, y que, transpongan la frontera de  nuestra  patria  ya  que,  por referirse a los derechos derivados de la personalidad humana,  interesan  a todos los pueblos, a todos los gobiernos, y  a  todas  las  personas,  como expresión de ideas que sólo  aspiran  a  imponerse  por  la  fuerza  de  la convicción y por el espíritu que las sustentan.
Debo recordar que hace pocos meses, ante el Honorable Congreso Nacional, dije que la evolución de las instituciones humanas y la experimentación  de las teorías políticas y económicas permitían, en los actuales momentos,  un nuevo planteo  tendiente  a  facilitar  el  adecuado  equilibrio  entre  el individuo y el Estado que podría ser el origen de lo que nos  adelantábamos a denominar renacimiento argentino. Afirmamos entonces, que podría haber en ello pretensión pero no  negábamos  que  existían  posibilidades,  pues  es lógico pensar que una evolución  de  ese  orden  tuviera  su  origen  entre nosotros, donde se han suscitado también,  muchas  iniciativas  de  notable proyección en el orden espiritual.
Hoy más  que  nunca  me  ratifico  de  esas  manifestaciones  ante  esta imponente  asamblea,  que  es  una  demostración  más  de  las  tantas  que evidencian el despertar, en el seno de nuestro pueblo,  de  una  suerte  de sensibilidad  colectiva  que  impulsa  a  los  hombres   en   las   grandes realizaciones; que estimula el pensamiento, reconforta los ánimos y permite afirmar que la Nación entera se ha puesto en marcha y que todos  unidos  en el propósito de trabajar solidariamente  para  el  bien  común,  lograremos vencer todos los obstáculos y superar todas las dificultades.
Al  hacer  referencia  a  un  nuevo  planteo  que  permita  un  adecuado equilibrio entre el individuo y la comunidad; al sostener el imperativo  de dignificar el trabajo y humanizar el capital y, en general al aspirar a una organización social más humana y  más  justa,  debo  advertir  que  no  nos consideramos  por  ello  seres  providenciales,  ni  creemos  en   milagros políticos ni soñamos con utopías y panaceas sociales. La explicación es más sencilla: amamos nuestra tierra como hombres de paz, de orden y de trabajo; consideramos que la miseria, el abandono y la explotación del hombre por el hombre constituyen situaciones lamentables que deben eliminarse  y  estamos dispuestos a llevar a cabo la obra de justicia social que propugnamos.
Es natural que esas realizaciones incidan en el problema político motivo por  el  que  considero  indispensable  ratificar   nuestra   fe   en   las instituciones democráticas y republicanas que  nos  gobiernan,  ya  que  no faltan opiniones adversas que  pregonan  su  fracaso  en  el  propósito  de satisfacer, dentro de la actual interdependencia económica, las necesidades vitales de los individuos.
Creemos firmemente que esas instituciones  son  las  únicas  que  pueden garantizar la libertad y la felicidad de los pueblos; sabemos perfectamente que sus detractores sólo cuentan con dos recursos para sustituirlas,  ambos de tendencias extremistas, ideologías nutridas de principios materialistas, que pretenden fundamentarse en los defectos de los sistemas liberales y que se traducen, en la práctica, en consecuencias más lesivas que  aquellas  de los vicios que tratan de reparar, derivando  en  regímenes  del  más  crudo despotismo y denegatorios de los atributos esenciales  de  la  personalidad humana.
Corresponde analizar ahora, si la confianza en el  sistema  democrático, nacido como  forma  política  del  individualismo,  significa  aceptar  sin reservas, en el momento actual, las tendencias extremas que derivan de  las corrientes filosóficas del siglo XVIII en cuanto consideran al hombre  como un ente aislado y todopoderoso.
 ¿Acaso  el  exceso  de  libertad  económica  no  ha  dado   origen    a procedimientos que, de no ser combatidos, terminarían con ella?    ¿Acaso la injusta distribución de los bienes materiales no condujo a  la explotación despiadada del  trabajo  ajeno,  siendo  el  individuo  aislado impotente para impedirlo?    ¿Acaso el individuo, librado a sus propios recursos,  no  ha  demostrado que requiere del auxilio de la colectividad para  dar  satisfacción  a  sus necesidades materiales?    ¿No debemos pensar, entonces, que  la  falta  de  adaptación  al  actual desarrollo de la economía y de la ciencia, por parte  de  las  concepciones individualistas que olvidan que el hombre es un ser  eminentemente  social, amenaza con destruir el propio individualismos?    Podrían multiplicarse los argumentos para demostrar que, cada día es más indispensable la cooperación de la comunidad para mantener el equilibrio de los intereses individuales y sociales y para obtener  el  reconocimiento  y respeto de los derechos inherentes a la personalidad humana.
Esa conclusión no nos  ha  de  llevar  a  enrolarnos  en  las  doctrinas colectivistas y,  menos  aún,  a  apartarnos  del  principio  esencial  que sostiene la supremacía del individuo  con  respecto  al  Estado,  cuyo  fin primordial es asegurar el bienestar de aquel, dentro de la  mayor  libertad posible.
De la armonía y del equilibrio de los derechos individuales y  sociales, han de surgir las bases para el perfeccionamiento que aspiramos.
Estamos  sinceramente  convencidos  de  que  existe  la  posibilidad  de asegurar a los individuos, al mismo tiempo que su libertad, otros  derechos esenciales de carácter patrimonial que, sin restringir  los  beneficios  de aquella, le permitan un mínimo de bienestar compatible con  las  exigencias del medio social.
Ello ha de contribuir, sin duda, a evitar el aluvión  colectivista  que, impulsado por la imperiosa necesidad de dar  solución  a  las  dificultades económicas de la clase  trabajadora,  amenaza  destruir  las  instituciones liberales.
Por eso consideramos una política suicida la de  los  gobiernos  que  se mantienen  alejados  de  los  problemas  de  la  población  trabajadora   e indiferentes a las contiendas sociales.
La opresión económica y la falta de justicia en la distribución  de  los bienes, favorecidas por esa política prescindente del  Poder  Público,  así como la resistencia que hallaron los trabajadores para el reconocimiento de sus reivindicaciones, alentaron en el sindicalismo el espíritu de lucha que caracterizó su acción.
Las organizaciones  obreras  fueron  acrecentando  su  desarrollo  hasta constituir  fuerzas  considerables  que  pueden  llegar,  en   determinadas circunstancias, a perturbar hondamente el normal  desenvolvimiento  de  las actividades públicas y privadas, con el  consiguiente  perjuicio  para  los intereses generales. En armonía con las ideas liberales,  esas  medidas  de coalición, deberán admitirse como legítimas, mientras las  reivindicaciones legítimas de los trabajadores requieran de la fuerza para ser  reconocidas. Acaso los  gobiernos  que  respondían  a  los  intereses  capitalistas,  se preocuparon  de  instituir  recursos  leales  tendientes  a  reconocer   la legitimidad  de  esos  derechos  en  la  extensión  que   permitieran   las posibilidades y los intereses colectivos. No, señores; prefirieron  que  no se debatiera ese problema dentro del orden jurídico y confiaron más  en  la fuerza y en la lucha, que llegaron a legitimar, pues  sabían  que,  con  el apoyo del Poder Público, la fuerza y la lucha estarían al servicio  de  sus intereses. Por eso  he  propugnado,  en  todo  momento,  la  unión  de  los trabajadores en organizaciones fuertes y  representativas,  por  considerar que era el único medio de asegurar sus conquistas frente a la oposición  de las fuerzas reaccionarias.
En todos los  países  democráticos,  las  asociaciones  de  trabajadores adquieren progresiva  importancia  y  su  gravitación  es  evidente  en  la solución de los problemas públicos; esa circunstancia las llevará a asumir, paulatinamente, mayores responsabilidades y conducirá  a  los  gobiernos  a emprender una acción más decidida en procura de soluciones para el problema social.
En nuestro país, ese proceso está adelantado  como  consecuencia  de  la política seguida por los gobiernos surgidos de la Revolución de Junio.
Nosotros no sólo respetamos los derechos sindicales, sino  que  apoyamos decididamente a las organizaciones obreras  y  requerimos  su  colaboración para llevar a cabo nuestro propósito de reivindicar  los  derechos  de  los trabajadores. Pero, ya  que  esa  política  se  traduce  en  un  desarrollo acelerado de la actividad sindical y de las fuerzas de las  organizaciones, es prudente recordar que éstas son susceptibles, en un momento dado, de ser utilizadas con fines distintos al único que puede justificar  su  admisión, con la fuerza que representan, que se concreta a la legítima defensa de los intereses profesionales.
La  responsabilidad  del  gobierno  de  salvaguardar  las  instituciones fundamentales y de mantener el equilibrio  entre  los  distintos  intereses sociales, le impone la obligación de seguir atentamente el  desarrollo  del movimiento sindical, preservando el principio de su autoridad, para  evitar que sea desnaturalizado y utilizado por influencias extrañas al interés  de los trabajadores,  como  también,  impedir  que  la  libertad  sindical  se transforme en un salvoconducto, permanentemente  invocado,  para  legitimar actividades destructoras de las instituciones liberales a  cuya  sombra  se amparan.
Aprovecho esta oportunidad para hacer saber a los señores comunistas que pretenden infiltrase en el movimiento  obrero  argentino,  cuáles  son  las ideas  del  gobierno  al  respecto  y  advertirles  que  ni  éste,  ni  los trabajadores, permitirán en forma alguna que las organizaciones obreras  se presten ingenuamente al juego de sus finalidades  inconfesables  ni  a  sus designios  antipatrióticos.  No  ha  de  enervar  esa   determinación,   la propaganda tendenciosa por la que se atribuye al gobierno el  propósito  de dirigir el movimiento sindical.
Saben perfectamente los trabajadores que, en ningún momento, han  gozado de más independencia y libertad para la defensa de sus  derechos,  pero  no permitiremos que esa independencia y esa libertad  sean  usufructuadas  por quienes nada representan, por quienes nada  han  hecho  para  bien  de  los trabajadores y tienen la pretensión de valerse de las fuerzas obreras  para obstruir o dificultar la  obra  en  que  está  empeñado  el  gobierno.  Los trabajadores de nuestro país, conscientes  de  su  responsabilidad,  sabrán buscar adecuadas medidas para denunciar públicamente a esos  agitadores  en su impostura y reducirlos por el desprecio que se merecen.
La posibilidad de las realizaciones futuras descansa en  la  cooperación de los poderes públicos y en el necesario apoyo de la opinión  general.  La reactivación de los medios  económicos  confiere  a  la  industria  un  rol esencial  en  la  emergencia.  Los  trabajadores  tienen,  a  su  vez,   la responsabilidad de contribuir  con  su  trabajo  y  con  el  apoyo  de  sus organizaciones al éxito de la producción. El gobierno, por su parte, y  las fuerzas armadas de la Nación serán celosos custodios de las  instituciones, del orden público y del principio de autoridad.
Antes de fijar las bases, que, a nuestro  juicio,  deberán  orientar  la tarea  legislativa  y  la  acción  del  gobierno  en  materia  social,   es conveniente efectuar un análisis sucinto de los métodos  legales  empleados con anterioridad para proteger a la clase trabajadora.
Las realizaciones en esta materia, acusan tal  interdependencia  con  la evolución industrial y con las posibilidades económicas de los pueblos que, sin duda, ellas no pueden ser obra  exclusiva  de  un  gobierno  o  de  una generación, sino la resultante de una coincidencia de elementos  vinculados con la producción de riqueza, con el  progreso  de  la  ciencia  y  con  la evolución de las ideas. Por eso no debe sorprender que el  mundo,  en  este orden de cosas, haya progresado en las últimas décadas en concordancia  con un paralelo avance en lo científico, económico y técnico.
El encuentro de las ideas viejas con las ideas  nuevas,  la  resistencia que opone normalmente la  tendencia  conservadora  frente  a  los  impulsos renovadores, provocó y provoca aún, el antagonismo de los que luchan por un bienestar social que se les niega y los que se  aferran  en  conservar  sus antiguos privilegios.
De allí que el proceso legislativo haya sido retardatario  con  respecto al  proceso  social  y  económico,  y  la  norma  jurídica,  más  que   una consecuencia  de  principios  doctrinarios,  sea  producto  de   exigencias sostenidas por la actividad gremial, después de muchos años de injusticia e iniquidad. En virtud de ello, se  ha  legislado  con  el  criterio  de  dar solución circunstancial a hechos aislados, mediante instituciones híbridas, que no dieron sino parcial  satisfacción  a  los  problemas  derivados  del trabajo. A su vez, la falta de una doctrina propia, es la causa por la  que la legislación obrera acusa una  íntima  relación  de  dependencia  con  el derecho privado, lo que dificulta su desarrollo racional y se  opone  a  la autonomía que debe revestir como rama de la ciencia jurídica.
La índole de las situaciones que debe contemplar la legislación  social, hace que muchas de sus normas pertenezcan al campo del derecho público y su casi totalidad revistan el carácter de  orden  público.  Esa  circunstancia señala la incompatibilidad de la  doctrina  del  derecho  privado  con  las instituciones jurídicas que forman el contenido de la  legislación  social. Si se tiene en cuenta asimismo, que muchas de las normas vigentes  adolecen del defecto de contemplar  exclusivamente  el  interés  que  protegen,  sin reparar que la elección de un medio inadecuado para ello puede promover  la lucha entre patrones y obreros perjudicando la necesaria colaboración entre las fuerzas de la producción; y que, la falta  de  unidad  doctrinaria,  se traduce  también  en  la  anarquía  reinante  de  los  textos   legales   y reglamentarios y en situaciones injustas y a veces absurdas en el campo  de su aplicación, debe concluirse con que las leyes actuales no satisfacen las exigencias presentes. El propio poder judicial se ha  visto  precisado,  en algunos casos, a  extender  las  prescripciones  legales  o  morigerar  sus efectos, con la consiguiente contradicción en  los  pronunciamientos  y  la inestabilidad en los derechos.
Esta crítica de la legislación vigente no ha de  ser  interpretada  como una disconformidad con los principios de  protección  que  la  promovieron, sino al solo efecto de señalar la necesidad de una elaboración metódica  de los principios doctrinarios de la legislación social, determinando su campo de acción y adecuando sus instituciones de conformidad con la naturaleza de sus propósitos y fines.
Por eso propugnamos una  serie  de  reformas  sin  olvidar  que  nuestra Constitución es sabiamente previsora y que el país dentro de  los  sistemas que ella consagra, está en condiciones de realizar la obra más  completa  a que puede aspirarse en materia social.
En esa tarea debe tenerse en cuenta que el derecho ha de responder a  la realidad social de la hora presente  para  que  sus  normas  contribuyan  a mantener el equilibrio de intereses que, lógica y racionalmente, se  deriva del concepto de justicia. Un eminente filósofo del derecho, afirmó  que  el contenido de todo derecho histórico  se  forma  de  una  serie  de  deseos, aspiraciones y propósitos que se producen siempre dentro de  una  situación históricamente determinada y mediante un  proceso  natural.  El  legislador sólo elabora la materia histórica que la realidad misma de la vida impone y ha de renunciar a crear, espontáneamente y  como  por  arte  de  magia,  un estado jurídico. Su misión y su poder se  limita  a  corregir  los  estados sociales, tal como se los ofrece la realidad.
Pues bien, señores; si se investigan las causas comunes  que,  frente  a una sucesión de hechos sociales, ponen sistemáticamente  de  manifiesto  la necesidad de un orden jurídico especial, debe llegarse a la conclusión  que existen razones superiores y verdaderas, impuestas por la  dinámica  de  la vida social.
Nuestra  concepción,  como  lo  hemos  expresado,  se  conforma  con  el principio que considera al hombre como el centro de interés  de  todos  los esfuerzos de los pueblos y de los gobiernos  y  esa  circunstancia  nos  ha movido a concebir los derechos naturales que, consustanciales a la  calidad humana, derivan del trabajo y que,  en  última  instancia,  condicionan  su libertad. Esos derechos  primarios,  innatos,  subjetivos,  inalienables  e imprescriptibles que posee,  por  la  sola  circunstancia  de  revestir  la calidad de tal y cuyo desconocimiento es  causa  directa  de  los  actuales malestares y contiendas sociales, constituyen, en  esencia,  el  objeto  de nuestro razonamiento.
En mi concepto, los derechos  naturales  del  hombre  originados  en  su trabajo, surgen del simple análisis de sus necesidades y de las necesidades de la comunidad. Reducida a estos términos la cuestión, se comprende que no son indispensables  complicadas  concepciones  ideológicas,  que  pretenden reformar todo lo existente, al perseguir el bienestar  de  los  individuos, incurriendo en el error de ignorar o contradecir las condiciones comunes de la naturaleza humana.
Un gran pensador argentino, ha afirmado que la filosofía está  ligada  a todo lo que hay de más positivo, de más real y de más indispensable  en  la vida; a las artes, a las  leyes,  a  la  política,  a  la  economía,  a  la industria; y agregaba que los gobiernos  que  velan  por  los  progresos  y adelantos de los pueblos, no deben ser jamás indiferentes a la ciencia que, señalando sus destinos  e  impeliéndolos  con  el  poder  de  su  autoridad irresistible, constituye la porción más considerable del Poder Público.
Por eso, en la elaboración de una doctrina de legislación social,  hemos recurrido al razonamiento lógico que imponen las  disciplinas  filosóficas, en  el  convencimiento  de  que,  particularmente  en  materia  social,  es indispensable que los gobiernos tengan ideas bien definidas.
Consideramos que el respeto de esos derechos  naturales  del  hombre  no puede seguir dependiendo  exclusivamente  de  los  contratos  individuales, concertados de acuerdo a la supuesta autonomía de la voluntad y regidos por la ley de la oferta y de la demanda como si se tratara de una mercancía. El respeto de esos  derechos  patrimoniales  de  origen  natural,  deberá  ser defendido y garantizado por la sociedad, con el mismo celo que se defienden y garantizan la libertad y otros derechos inherentes a la dignidad humana.
La conciencia social intuye la existencia de esos atributos  esenciales, pero así como fue necesario y trascendente, en su oportunidad, enunciar los derechos y garantías que correspondían al hombre y al ciudadano por el solo hecho de revestir tales caracteres, con la ventaja de objetivarlos  en  una declaración e inculcarlos mediante su difusión, en los actuales momentos de incertidumbre porque atraviesa el  pensamiento  social,  considero  que  la Declaración de los Derechos del Trabajador, ha de contribuir igualmente  en la consecución de análogas finalidades.
Resulta innecesario advertir que esa  Declaración  no  ha  de  tener  la virtud de resolver, por sí sola, la totalidad de los problemas que  afectan el orden social  pues,  como  hemos  expresado,  sus  reformas  acusan  una relación de íntima dependencia con factores económicos y de  producción  de riqueza, que constituyen elementos  indispensables  para  ser  viables  las soluciones pertinentes. Tendrá, sin embargo, la importancia  de  fijar  los objetivos de la obra de gobierno, en forma que la  tarea  a  realizar,  aún cuando sólo sea una etapa en el proceso de los años futuros,  adquiera  una orientación racional y sólo se halle limitada, en  la  consecución  de  sus fines ulteriores, por las posibilidades materiales de que disponga  nuestra economía.
Tradúcese  así,  la  importancia  de  esta  Declaración  y  la  evidente necesidad de hacerla conocer por todos los medios de difusión, para que sus enunciados lleven a  todos  los  pueblos  de  la  tierra,  la  contribución espontánea y generosa del pueblo y del gobierno argentinos a la  resolución de las más trascendentales cuestiones que preocupan a la humanidad,  en  su marcha hacia la realización plena de sus destinos.
                DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR                                     PREAMBULO     El presidente de la  Nación  Argentina,  haciéndose  intérprete  de  los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y  teniendo  en  cuenta que los derechos  derivados  del  trabajo,  al  igual  que  las  libertades individuales,   constituyen    atributos    naturales,    inalienables    e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o  agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de  que,  en el presente y en el futuro, sirva de norma para orientar la  acción de  los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la  cultura  social, dignificar el trabajo y humanizar  el  capital,  como  la  mejor  forma  de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y de afianzar, en un nuevo ordenamiento jurídico, los principios que inspiran la legislación social.
 Por  ellos  y  de  acuerdo  con  estos  propósitos  y  fines,   formula solemnemente la siguiente:                     DECLARACION DE LO DERECHOS DEL TRABAJADOR                                         I                              DERECHO A TRABAJAR    El trabajo es el medio indispensable  para  satisfacer  las  necesidades espirituales y materiales del individuo y de  la  comunidad,  la  causa  de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de  la  prosperidad general; de ahí que, el derecho de trabajar,  debe  ser  protegido  por  la sociedad considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo a quien  la necesite                                       II                        DERECHO A UNA RETRIBUCIÓN JUSTA    Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital  frutos  exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes  de producción  en  forma  de  posibilitar  y  garantizar  al  trabajador   una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades  vitales  y  sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.
                                   III                           DERECHO A LA CAPACITACIÓN    El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los  valores del espíritu, imponen la necesidad de propiciar la elevación de la  cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias  puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento,  e  incumbe  a  la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando  los  medios  para que, en igualdad  de  oportunidades,  todo  individuo  pueda  ejercitar  el derecho de aprender y perfeccionarse.
                                   IV                    DERECHO A CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO    La consideración debida al ser humano, la  importancia  que  el  trabajo reviste como función social y  el  respeto  recíproco  entre  los  factores concurrentes de la producción, consagran el derecho  de  los  individuos  a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad y  la obligación de la sociedad de velar  por  la  estricta  observancia  de  los preceptos que las instituyen y reglamentan.
                                    V                     DERECHO A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD    El cuidado de la salud física y moral de los  individuos  debe  ser  una preocupación primordial y constante de la sociedad, a  la  que  corresponde velar para que el régimen de trabajo  reúna  los  requisitos  adecuados  de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales  del  esfuerzo  y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo.
                                   VI                             DERECHO AL BIENESTAR    El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya  expresión  mínima  se concreta  en  la  posibilidad  de  disponer  de  vivienda,  indumentaria  y alimentación adecuadas y de satisfacer sin angustias sus necesidades y  las de su familia en forma que le permita trabajar con satisfacción,  descansar libre de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el  nivel  de  vida  y  de trabajo  con  los  recursos  directos   e   indirectos   que   permita   el desenvolvimiento económico.
                                      VII                         DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL   El  derecho  de  los  individuos  a  ser  amparados,  en  los  casos   de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, promueve la obligación de la sociedad  de  tomar  unilateralmente  a  su  cargo  las prestaciones correspondientes  o  de  promover  regímenes  de  ayuda  mutua obligatoria  destinados,  unos  y  otros,  a  cubrir  o  complementar   las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida  o  las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.
                                   VIII                     DERECHO A LA PROTECCION DE SU FAMILIA     La  protección  de  la  familia  responde  a  un  natural  designio  del individuo,  desde  que  en  ella  general  sus  más  elevados  sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su  bienestar  debe  ser  estimulado  y favorecido por la comunidad como el medio  más  indicado  de  propender  al mejoramiento  del  género  humano  y  a  la  consolidación  de   principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
                                   IX                       DERECHO AL MEJORAMIENTO ECONÓMICO    La capacidad productora y el empeño  de  superación  hallan  un  natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico,  por  lo  que  la sociedad  debe  apoyar  y  favorecer  las  iniciativas  de  los  individuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utilización de capitales en cuanto constituyan elementos activos de la producción y  contribuyan  a  la prosperidad general.
                                    X              DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALES    El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto  que  pueda dificultarlo o impedirlo.  Locutor: En estos momentos el presidente de la Nación Argentina va a  hacer  entrega del documento de los derechos del trabajador argentino al secretario de  la Confederación General del Trabajo señor Aurelio Hernández  General Perón   Señor secretario de la Confederación General del Trabajo:   Por primera vez en el mundo, se concretan los derechos del trabajador,  y cabe a la Confederación del Trabajo argentina,  ser  la  custodia  de  este primer  documento  de  derechos  que   hemos   declarado   inalienables   e imprescriptibles de los trabajadores argentinos,  pensando  en  la  patria, pensando en  sus  conciudadanos  y  en  sus  compañeros,  sepan  defenderlo dignamente en el futuro. ................