Mensaje radial anunciando aumentos para  los  empleados  y  obreros  de  la Administración Pública Nacional
Fecha: 1951-04-13

Siempre he sostenido que el personal de la Administración  Pública,  por ser servidor directo de la Nación, tiene derecho a una  retribución  justa, equiparada  a  las  actividades  privadas,  quienes  mediante   la   acción justicialista han alcanzado un nivel de vida nunca obtenido en el país.
Este esfuerzo. lo haría el gobierno  realizando  a  costa  de  cualquier sacrificio, gracias a las medidas, desvelos  y  previsión  de  los  señores ministros del equipo económico, ha sido posible  realizarlo  sin  crear  un difícil problema financiero al Estado.   Dichas medidas, propias de una sana política económica, nos han permitido cerrar nuestros ejercicios presupuestarios con superávit e incrementar a la vez la riqueza nacional, la producción, el comercio y la industria, fuentes de nuestros recursos fiscales, sin necesidad de llegar a la  aplicación  de los extraordinarios impuestos que gravan los capitales en otros países.
Asimismo un  aprovechamiento  más  racional  del  material  humano,  que contempló mejor verdaderas necesidades de la Administración Pública, se  ha traducido en  la  disponibilidad  de  casi  50.000  cargos  vacantes.  Esta contención, severamente mantenida evitó  designaciones  innecesarias,  pues los nombramientos se limitaron a lo estrictamente indispensable.  No  hemos malgastado el dinero. Hoy  lo  tenemos  para  contribuir  a  solucionar  el problema de los aumentos de sueldos.
Estas causas hacen ahora posible este acto de profunda  justicia  social para con los hombres y mujeres que sirven o han servido al Estado.
Les dije hace pocos días, que cuando un país es  pobre,  los  servidores del Estado no pueden tener buenos sueldos. Para ello es  necesario  que  el país sea rico, ya que la fuente de recursos del Estado es el pueblo  mismo. Un pueblo pobre no puede sacrificar parte de su pobreza para  pagar  a  los servidores mejores sueldos. En cambio, un pueblo rico, -y el nuestro ya  lo es- sí, puede pagar bien a quien lo sirve.
Este sano y claro principio de justicia y  de  equidad  es  el  que  hoy aplicamos. Es probable que mucha gente vea en  los  aumentos  que  anuncio, nada más que una  simple  medida  de  gobierno.  Quienes  piensen  así,  no advierten que la justicia social no se realiza con palabras ni se  sostiene con un sencillo decreto de aumentos de  sueldos  y  jornales.  La  justicia social, aquí y en todas partes del  mundo,  sólo  puede  sostenerse  si  se cimenta con una sana economía nacional. Nosotros hemos hecho  todo  lo  que había que hacer para que la economía de  nuestro  país  respalde  en  forma permanente los principios del justicialismo argentino.
Eso es lo que yo quiero que vean los empleados y obreros del Estado y el mismo pueblo argentino.
 Quiero  que  miren  un  poco  por  encima  de  este  acto  de  justicia distributiva y piensen que para hacer lo que  hoy  hacemos,  fue  necesario todo el esfuerzo que en cinco años hemos realizado.
 Quiero  que  eso  comprendan  y  mediten  los  obreros,   empleados   y funcionarios  que  se  benefician  con  las   nuevas   remuneraciones   que implantamos.   Así aprenderán a querer y a defender mejor lo que hemos hecho,  que  sólo pudo ser realizado porque al acierto le  añadimos  mucho  ingenio  y  a  la capacidad le pusimos el patriotismo necesario para vencer obstáculos que  a veces parecían insalvables.
Los aumentos para la Administración  Pública,  comprenden  a  todos  los servidores del  Estado  en  sus  tres  poderes:  Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial.
El sueldo mínimo se fija en 450 pesos para los solteros  mayores  de  18 años y en 500 pesos  para  los  casados  comprendidos  en  el  régimen  del subsidio familiar. El subsidio familiar se eleva a 50 pesos por el  cónyuge y a 25 pesos por cada hijo. Además se aumenta a 100 pesos la asignación por nacimiento de hijos.
Participarán del subsidio familiar, todos los empleados y obreros  cuyas entradas normales y permanentes al hogar no excedan de 800 pesos  mensuales en las condiciones que establezca la reglamentación.
Sobre todos los conceptos  que  integran  el  subsidio  familiar  no  se efectuarán deducciones o descuentos de ninguna clase.
Además del subsidio familiar  a  que  me  he  referido  y  que  presenta notables aumentos con relación al régimen que rigió hasta el presente,  los agentes del Estado tendrán un aumento en sus  asignaciones  que  en  ningún caso será inferior a 100 pesos mensuales, suma ésta sobre la que  no  habrá ningún descuento.
Los sueldos hasta ochocientos pesos, se aumentan en un 20%.
Los sueldos de 800 pesos a 1.500,  recibirán  un  aumento  fijo  de  160 pesos, más un 8% sobre la suma que exceda de 800 pesos.
Los sueldos superiores a 1.500 pesos recibirán un aumento  fijo  de  200 pesos y un 5% sobre la suma que supere los 1.500.
Los carteros, docentes y personal de seguridad cuyo  esfuerzo  meritorio he querido reconocer especialmente, tendrá aumentos también especiales.
Los carteros, con sueldo de 350 pesos tendrán una retribución mínima  de 500. Los que ya perciben  un  sueldo  mayor  de  350,  tendrán  un  aumento uniforme de 150 pesos. Asimismo este personal gozará de los beneficios  del salario  familiar  en  la  forma  anunciada  para   el   personal   de   la Administración General.
El personal de seguridad -Policía, Gendarmería,  Prefectura  Marítima  e Institutos Penales- tendrá una retribución mínima de 550  pesos.  El  resto del personal subalterno tendrá aumentos de 150 pesos como cuota  fija,  más el subsidio familiar.
El personal subalterno y superior de la Policía Federal será  equiparado al de Gendarmería y Prefectura General Marítima, los que  a  su  vez  serán también beneficiados. El personal de Institutos Penales será remunerado  en forma proporcional al  de  Prefectura  y  Gendarmería.  Todo  ese  personal también percibirá el subsidio familiar.
Los maestros de escuelas diurnas tendrán un sueldo mínimo de  550  pesos mensuales, y el resto de  esa  clase  de  docentes  -preceptores,  maestros especiales, etcétera-, gozará de un aumento fijo de 150 pesos.
Dicho personal experimentará también una  mejora  en  el  adicional  por antigüedad ya que comenzará a recibir beneficios por ese concepto a  partir del primer año, al propio tiempo que el nuevo sistema habrá de  regir  para todos los maestros cualquiera sea su categoría.
Los profesores se benefician igualmente con un aumento en  sus  haberes, ya que las actuales remuneraciones por hora de cátedra  se  aumentan  a  15 pesos.
Todo el personal docente gozará del  subsidio  familiar  en  las  mismas condiciones que para los demás agentes del Estado. En cuanto al clero,  las mejoras se  ajustarán  a  la  escala  establecida  para  la  Administración Pública, y  el  beneficio  será  computado  como  una  sobre  asignación  o bonificación y no sufrirá descuento de ninguna naturaleza.
En cuanto al resto del personal que se desempeña en los  arzobispados  y obispados, las mejoras que habrá de percibir son similares a las anunciadas para iguales agentes de la Administración Pública.
En el Poder Judicial los Funcionarios de Ley, tendrán aumentos adecuados a la jerarquía que poseen, y el  resto  de  los  empleados  y  obreros  las mejoras que se acuerdan con carácter general.
Las dietas de los señores legisladores nacionales se verán aumentadas  a 4.500 pesos. En cuanto al resto del personal del Poder Legislativo,  tendrá los mismos aumentos que los establecidos para  los  agentes  similares  del resto  de  la  Administración.  Todos  los  aumentos  anunciados  se  harán extensivos a entidades descentralizadas, bancos nacionales y  Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que estos beneficios  superen a los que se hubiesen acordado desde el 1º de  octubre  de  1950  hasta  la fecha.
No hemos olvidado tampoco a los jubilados, para quienes establecemos una jubilación mínima de 350 pesos, ni a los pensionistas  a  los  que  se  les otorga una asignación mínima de 275 pesos. El  resto  de  los  jubilados  y pensionistas percibirá  un  aumento  fijo  de  50  pesos  mensuales.  Estos aumentos para jubilados y pensionistas que importan más de 100 millones  de pesos, serán soportados por el Estado y no por las Cajas  de  Jubilaciones, por entender que dichas cajas no deben ser afectadas en  sus  recursos  con erogaciones para las cuales no se hicieron los aportes respectivos.
También se aumentan las pensiones a la vejez, que se fijan en 225  pesos para los ancianos casados o viudos con hijos menores, y en 175  pesos  para los ancianos solteros o viudos.
Este gasto también será soportado por el Estado y se inspira en un mismo sentido que el aumento de los jubilados y pensionistas.  Además  refirmamos como  esto  la  prescripción  constitucional  que  impone  al   Estado   el cumplimiento de los Derechos de la Ancianidad.
Todas las mejoras anunciadas  se  aplicarán  con  efecto  retroactivo  a partir del 1º de enero de 1951.
Por conducto del Ministerio de Hacienda, se dará luego en un  comunicado el detalle de los aumentos y los ejemplos que  aclaren  en  cada  caso  las manifestaciones aludidas.
Debo por fin anunciar que estos aumentos y mejoras en  las  asignaciones del personal al servicio de  la  Nación,  superan  para  la  Administración Central la suma de 800 millones de pesos anuales, circunstancia que demanda al Estado un gran esfuerzo, toda vez que su financiación será atendida  con las autorizaciones legales de que dispone, mediante la  afectación  de  las economías que el gobierno nacional se ha impuesto en  la  ejecución  de  su presupuesto de gastos para el año en curso.
No obstante, inspirado en los  propósitos  reiteradamente  expuestos  de asegurar a todos los hombres de trabajo, cualquiera sea la naturaleza de la labor que cumplen o hayan cumplido, una retribución justa, pienso  que  tal esfuerzo debe ser realizado, ya que concreta una vez más la efectividad  de los principios justicialistas que orientan toda la acción del gobierno.
Pero por eso mismo debo insistir en lo que muchas veces  he  señalado  a los funcionarios y empleados de la Administración  Pública:  cada  servidor del Estado debe saber que el pueblo lo paga para que  lo  sirva  bien,  con lealtad, con honradez y aún con sacrificio.
Por eso puedo pedirle también al pueblo que exija a sus servidores,  que somos todos los que cobramos un sueldo en  la  Administración  Pública,  la atención, la lealtad, la honradez, y aún el  sacrificio  a  que  el  pueblo tiene derecho, porque para eso paga.
He dicho que alguna vez el Estado necesita que  el  funcionario  sea  su defensor y su amigo y que cada uno haga de su puesto un verdadero  baluarte de capacidad y de honradez, y que al final de la jornada se pregunte si  ha hecho algo para dejar más grande la República de  lo  que  la  encontró  al asumir el cargo. ....................