Prólogo al proyecto de la Reforma del Régimen Bancario Argentino
Fecha: 1949-10-26

Los sistemas bancarios cumplen en nuestros días una función fundamental porque facilitan los cambios y el crédito –que son las arterias del organismo económico– movilizando la renta nacional y activando la producción y la industria a fin de promover el mayor bienestar general.
   La banca ha adquirido una gravitación extraordinaria que ha obligado a los poderes públicos a fijar reglamentaciones y establecer normas de defensa de los intereses superiores de la colectividad.
   En la Argentina se adoptaron, en un principio, soluciones tomadas de la experiencia mundial, sin atender a las condiciones particulares del país, tanto en lo que se refiere al aspecto económico como a la política general y sin tener por mira el objetivo de que la Argentina fuera económicamente rica sin dejar de ser políticamente soberana.
   El gobierno de la Nación, en estos últimos años, contempló el problema que presentaba una banca que no había sido debidamente integrada y que no proporcionaba el instrumento necesario para desarrollar una política de recuperación económica. Encontró las soluciones, en un primer momento, mediante la nacionalización de los depósitos que reciben del público los bancos de tipo comercial, tanto oficiales como mixtos o particulares, los cuales, de ese modo, pasaron a cooperar directamente a la consecución de los objetivos de la política económica sustentada por el gobierno de la Nación.
   Se adoptó una solución originalísima, sin precedente alguno en la legislación bancaria mundial, que pone a cubierto al país de cualquier predominio o desvío, 252 en la concentración del dinero y en la distribución del crédito, de grupos capitalistas fuertes que pudiesen anteponer su propio interés al de la colectividad.
   No se ha teorizado, sino que se ha tenido presente la experiencia de pueblos de avanzada cultura económica y de tradición arraigada, que se vieron perturbados por la presión de organizaciones financieras altamente concentradas o muy vinculadas con las clases directivas, que trastornaron el equilibrio de los negocios sin preocuparse por el interés social de su función, dando lugar a medidas y reacciones mucho más drásticas que las operadas en la Argentina. Aquí hemos obtenido la disciplina y el orden de los bancos comerciales sin quitarles su personería jurídica y sus objetivos sociales y comerciales, mientras que en otros países, de estructura muy liberal, se arrasó literalmente con la libertad de banquear, pasando esa actividad a ser función privativa del Estado. En la República Argentina se encontró la verdadera solución, porque si bien se dejó a los bancos la capacidad para hacer operaciones activas, productoras de intereses y comisiones, se les privó de las operaciones pasivas, porque el manejo de los depósitos que los bancos recibían significaba la regulación de los medios de pago, que es función específica de la banca central.
   Pero, evidentemente, no basta con obtener la disciplina y la eficiencia de la banca comercial. Es necesario también que los bancos respondan a una política que debe ser dada por el organismo rector que es la banca central. El gobierno de la Nación ha procurado, primero en 1946, y luego al presentar el proyecto de ley últimamente sancionado, que el Banco Central fuese un instrumento útil de máximo grado. Para ello, se lo despojó de algún tecnicismo inspirado en doctrinas económicas ya superadas, agregándosele, en cambio, todas las palancas y resortes necesarios para actuar, buscando soluciones argentinas a los problemas argentinos. Frente a las críticas de los ortodoxos que objetan la evolución producida, basta recordar que pueblos como Inglaterra, Francia y Australia –para citar sólo  a los iniciadores– han modificado las cartas orgánicas de sus institutos emisores para colocarlos en una posición más adecuada al servicio económico-social de la colectividad. El Banco Central ha dejado de ser un resorte técnico y frío destinado a manejar el dinero y el crédito como factores con vida propia e independiente dentro de un esquema matemático del equilibrio económico.
   El sistema bancario bien organizado facilita la política crediticia y asegura la normalidad en los mercados de cambio y valores. Esos objetivos sólo pueden 253 cumplirse con éxito cuando se cuenta con una banca central que regule y dirija, interpretando cabalmente la política económica del gobierno de la Nación, el cual, como órgano representativo de la colectividad, sólo busca satisfacción de las necesidades reales de la misma.
   La gestión del banco en esas condiciones sólo puede desarrollarse mediante una delegación de funciones muy meditada. Con tales miras, resultaba un contrasentido la forma de gobierno del banco establecida en la carta orgánica del año 1935, que instituía un directorio elegido o propuesto por las mismas entidades que debían ser dirigidas, dando participación a “grupos” de bancos, que incluía a los extranjeros, sin tener en cuenta si tales bancos fomentaban y promovían la riqueza nacional o solamente servían a grupos capitalistas o empresas foráneas. Planteábase así un nuevo problema colonialista en la Argentina, lo cual –menester es señalarlo–, si bien había proclamado mucho antes orgullosamente su independencia política, poco había adelantado hasta entonces la conquista de su independencia económica.
   La nueva ley que acaba de sancionar el Honorable Congreso perfeccionó la reforma de 1946, que nacionalizó el gobierno del banco, entregando la presidencia de la institución a uno de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional quien, por la nueva organización dada a los ministerios, tiene funciones específicas en la materia. El asesoramiento por un cuerpo de directores integrado por los presidentes de los establecimientos del sistema bancario oficial y de auténticos factores de las clases activas de la economía nacional, aunados en la dirección del establecimiento por responsabilidades complementarias y guiados por intereses recíprocos, han de buscar las soluciones que conduzcan al mayor bienestar material, a la consolidación de las actividades tradicionales del país y al afianzamiento y progreso de la industria, mediante la aplicación de políticas y planes de apoyo y de fomento, inspirados en términos auténticamente argentinos.
   El principio de “dejar hacer y dejar pasar”, que descansaba en un equilibrio automático de la economía, hizo crisis total. Fueron necesarias dos grandes guerras para que cayeran los mitos del liberalismo económico, entre los que mantenía un lugar de privilegio el patrón oro. No había sido suficiente el caos monetario de 254 la primera posguerra, ni luego las soluciones circunstanciales del patrón cambio oro, adoptadas como resultado salvador por los técnicos que no querían renunciar a sus principios ortodoxos, para demostrar que la mecanicidad del siglo XIX había sido una experiencia que no se renovaría. Se pensaba que volverían a regir aquellos principios. Pero casi veinte años de progresivo control de cambios en el mundo entero, el caos monetario de la segunda posguerra, la crisis de monedas símbolos y las dificultades de pueblos dueños de enormes depósitos metálicos que pasan graves problemas de economía interna, demuestra que el oro ya no tiene la misión que le asignaban los teóricos.
   Los límites mínimos de garantía oro o cambio oro son resabios de la vieja economía liberal, individualista en sus bancos de reserva, en sus bancos comerciales, en sus institutos financieros y hasta en los mismos comerciantes que olvidan la función social de sus actividades. Los sistemas bancarios nacionales responden actualmente a encuadres presididos por bancos centrales que siguen directivas económicas trazadas por los gobiernos con miras a lograr la más equitativa distribución de la riqueza.
   En tales condiciones, no podemos seguir viviendo uncidos al fetichismo del oro, aunque el oro no sea definitivamente eliminado. La nueva ley argentina ha adoptado una posición realista, al dejar en suspenso los viejos conceptos de los porcentajes de garantía, que constituían una adaptación de leyes extrañas que incluían disposiciones de ese tipo por rutina o tradición.
   La emisión monetaria ha de estar vinculada a la renta nacional, y las tendencias metálicas o en divisas a las alternativas del balance de pagos, quedando al cuidado del Banco Central que se guarden las debidas proporciones, para que aquélla, en lo interno, cumpla su función intermediadora, como de un servicio público social, y éstas aseguren la estabilidad necesaria en los cambios exteriores.
   Reafirmo el concepto de que el respaldo de nuestra estructura económica descansa en la potencialidad de nuestro pueblo y de nuestra propia riqueza; en la ocupación total de nuestros brazos y en el incremento positivo y consolidado de la renta nacional.
   La Argentina es rica hoy, porque sus habitantes, porque todos los que colaboran en su grandeza, participan de una común prosperidad. No entiendo ni entenderé jamás esa concepción de la riqueza nacional consistente en la acumu- 255 lación de tesoros en los sótanos o en las arcas bancarias, mientras la desocupación y el hambre satisfacen su voracidad sobre un pueblo olvidado e indefenso. No entiendo cómo se podía hablar de solidez económica y financiera, cuando éramos deudores del extranjero, cuando los grandes servicios públicos no nos pertenecían, cuando los barcos en que transportábamos nuestros productos eran ajenos al igual que los seguros que cubrían sus riesgos y al igual que los créditos que facilitaban su comercialización. Ni cómo se podía proclamar enfáticamente la prosperidad nacional, cuando la mayor parte de los argentinos estaban sumergidos en la miseria.
   Nosotros no queremos la riqueza expresada en cifras, sino en realidades. No nos seducen las arcas repletas de oro, sino el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y la felicidad de nuestro pueblo.
   Seremos ricos mientras todos los argentinos tengan trabajo y razonable remuneración, mientras nuestras riquezas y nuestras fuerzas productivas estén activamente dispuestas al servicio de los intereses nacionales y en tanto que los gobiernos no tengan, en su gestión, otra finalidad que el bien público.
   Esa es la única aspiración que, como argentino, puedo sustentar: la felicidad y la grandeza de mi pueblo. Y creo sinceramente que la medida de que informan estas páginas tiene una precisa significación en el curso de esta empresa de independización y prosperidad nacional a la que estoy dispuesto a entregar todas mis energías.