Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-23


En la ciudad de Trelew, a los 23 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"C. M. DE P. M.c/ SANATORIO D. L.C. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS" (Expte. N° 20.635 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 331.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada a fs. 306 y 302, respectivamente, que fueran concedidos libremente a fs. 308, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 294/298 que rechazó la demanda instaurada por el C. M. de P. M. contra el Sanatorio de la C. S.R.L. al hacer lugar a la defensa de falta de legitimación activa opuesta por la accionada, con imposición de costas a la actora respecto a la actuación de la demandada y a esta última en lo que se refiere a la citación de la tercera citada O. S.U. P.de la U. C.del P. de la Nación.- Asimismo, el Dr. L. A. N. -por derecho propio- y la actora interpusieron recursos de apelación a fs. 303 y 307, que fueran concedidos a fs. 308, respecto de los honorarios regulados a favor del citado profesional, por bajos y por altos, respectivamente, fundados con las piezas de fs. 304/305 y 307 y vta.

Los agravios de la demandada lucen a fs. 318/319 y vta. y señala que: a) la intervención del tercero en el proceso se originó por el llamado coactivo que le hizo su parte debido a que la controversia resulta común por tratarse de un reclamo originado en la atención por profesionales de la medicina de afiliados a la O. S. U. P. de la U. del P. C. de la N. a fin de preservar una eventual acción regresiva, y el tercero no cuestionó el interés de la demandada en la citación, ni su conexidad frente a la controversia; b) no se evidencia por tanto que el llamado del tercero pueda ser valorado de estéril, y en estos casos no es posible dar reglas generales, sino que el asunto debe ser decidido según las circunstancias del caso, y si para una adecuada defensa debe efectuarse la citación de un tercero las costas procesales por su intervención quedan a cargo de la actora condenada en costas; y c) en definitiva, la defensa de falta de acción llevó al rechazo de la demanda y debe ser la actora vencida quien cargue con la totalidad de las costas.- A su turno, la actora a fs. 320/327 expresa básicamente que: a) erróneamente el Juez subrogante omitió el tratamiento de la falta de legitimación para obrar como excepción, y al no dar traslado su parte no tuvo oportunidad de contestar y se le privó de su legítimo derecho de defensa en juicio; b) el a-quo no debió hacer lugar al planteo ya que resultaba patente de los escritos iniciales y documentación agregada que la relación jurídica sustancial estaba constituida entre el C. M. de P. M. y el Sanatorio d. L. C. S.R.L., y no entre los médicos y la demandada o sus citadas como terceros;

c) el principio de buena fe y la regla por la cual nadie puede actuar contra sus propios actos impedía que la demandada opusiese la excepción o defensa de falta de legitimación activa; d) la contratante del servicio fue el C. M. y en ningún párrafo de la demanda se dijo que ejercía la representación de los médicos prestadores de la atención, y de la contestación de demanda surge que existió esa contratación entre actor y demandado, y el C. M. conforme los Estatutos tiene la más amplia capacidad civil prevista en la legislación de fondo pudiendo comparecer en juicio en defensa de sus intereses, por lo que actuó dentro de sus incumbencias y amplia capacidad sumado a la decisión asamblearia que instó a promover el juicio; e) de la contestación se reafirma el vínculo al reconocerse que el saldo de lo recibido de A. O., que coincidía con los honorarios de los profesionales de la medicina, era entregado al C. M., y los testigos B., T., S., y C., ratificaron esa modalidad de entrega del cheque al C. en pago de las prestaciones efectuadas;

f) la documentación acompañada al demandar denota la existencia del vínculo jurídico obligacional existente entre actora y demandada, a fs. 8 luce el reclamo y la respuesta de fs. 9 no desmiente la existencia del crédito ni la calidad de acreedor del C. M., es más, a fs. 10 existe una nota de la accionada que pretende entregar un cheque cancelatorio de los reclamos efectuados, y a fs. 11 obra misiva de la demandada rehusando el reclamo efectuado por un médico prestador ya que su acreencia estaba cancelada con pagos anteriores al C. M. efectuados por el Sanatorio d. L. C. S.R.L.;

g) el C. M. contrató con quien asumió la carga de administrar por el sistema de cápita las prestaciones médicas de la O. S. de U. en P. M., esto es, el Sanatorio d. L. C. S.R.L.; h) el juez de grado sacó de contexto a una cita de Augusto Morello ya que los requisitos que enumera lo es en referencia a la actuación de entidades representativas cuyo objeto es la defensa de los intereses difusos o colectivos, y dicho autor preconiza acordar legitimación cuando simplemente hubiera un interés suficiente que determinara una situación tutelable;

amplia jurisprudencia reconoce el derecho a la legitimación procesal impidiendo maniobras de mala fe como desconocer la relación anterior, y lo que el sentenciante no hizo fue constatar que la demandada había contratado con el C. M., no siendo lícito volver sobre sus pasos en juicio, por lo que la teoría de los actos propios debió ser aplicada de oficio, para lo cual cita doctrina; j) esa Cámara en juicios llevados adelante por el C. M. de P. M. contra A. hizo lugar a las pretensiones admitiendo su capacidad para estar en juicio;

k) en su escrito de contestación la accionada utiliza el tiempo potencial y el art. 356 del C.P.C.C. obliga al reconocimiento o negación categórica de los hechos expuestos, autenticidad de los documentos, y recibos de cartas y telegramas;

l) otro aspecto procesal es la carga de la prueba, ya que en una interpretación exageradamente favorable al demandado acerca que cumplió con una negativa categórica de los hechos, debe tenerse presente que lo que quiso decir en su responde es que la contratación de los servicios médicos que administraba, los contrató con cada uno de los profesionales que figuran en la factura, a quienes le atribuye la propiedad del crédito, y no existe prueba alguna acerca de esa contratación individual, y en cambio su parte acreditó que la contratación se hizo entre el S. D. L. C. S.R.L. y el C. M., y todas las facturas anteriores desde octubre de 1998 emitidas por la actora, excepto la de marzo de 1999, fueron pagadas por la demandada;

m) con la decisión del juez de grado quedó sin resolver la cuestión central del juicio, por lo que el art. 278 del C.P.C.C. prevé la posibilidad que V.E. falle sobre esa cuestión, para lo cual hace una reseña de la prueba producida, y de la lectura de la demanda y sus contestaciones surge que el crédito reclamado existe, y que la responsable del pago es la gerenciadora de la O. S., la firma A. O. S.A. que no compareció, pero no se demostró que no existiera solidaridad entre los obligados al pago, y la O. S. U. y su gerenciadora han sido vinculadas al proceso lo que habilita eventualmente una condena de pago solidaria;

n) quedó demostrado que el S. D. L. C. S.R.L. a través de la gerenciadora de la obra social percibía el importe de las prestaciones médicas, y las declaraciones de T., B., S., y C., son ilustrativas acerca del cobro por el S. D. L.C. S.R.L. y de la administración por esta sociedad del importe recibido, por lo que evidente es que la relación entre la demandada y el C. M. era directa, y la relación entre el S. D. L. C. S.R.L. y la O. S. y su gerenciadora era de tipo contractual pero ajena a su parte, por lo que la sociedad eludió su responsabilidad contractual y en vez de resolver el problema y plantearlo a sus deudores le transfirió la cuestión a su propio acreedor; y ñ) la prueba documental más las pruebas reunidas constituyen un plexo probatorio que conlleva a la condena al pago de la suma reclamada al S. D. L. C. S.R.L., sin perjuicio que en forma solidaria corresponda condenar a los terceros citados, por lo que peticiona se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda, con costas.- A su vez, a fs. 329 y vta. la actora contesta el traslado conferido a fs. 328 respecto de la presentación de su contraria de fs. 318/319 y vta. y manifiesta que: a) las costas irrogadas a quienes fueron citados como obligados deben ser soportadas, en principio, por quién los trajo a juicio; b) surge patente que su parte pretendió litigar sólo contra la demandada y fue ésta la que convocó al juicio a los terceros, por lo que no caben dudas que debe cargar con las costas; y c) la contestación es supletoria de su expresión de agravios que de ser acogidos determinará la imposición singular de costas a la parte accionada.

2.1. Corresponde señalar que la demandada opuso la falta de legitimación para obrar de la actora como defensa de fondo y no como excepción, y así resulta del punto III de su escrito de contestación de fs. 55/58 y vta..- Y si bien es cierto que aun de tratarse de defensa para ser resuelta en la sentencia definitiva debe corrérsele traslado al actor para posibilitarle que ejerza su derecho de defensa en juicio (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. II, pág. 229), debe considerarse que la queja introducida en esta instancia respecto del vicio de procedimiento habido (en el caso falta de traslado de la mencionada defensa) resulta inaudible, ya que ante el llamamiento de autos para sentencia de fs. 292, se ha declarado que los quebrantos procesales acaecidos en el curso de la contienda, deben encontrar remedio en la misma instancia en que se producen (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 559, con cita de la SCBA, Ac. y Sent., 1977, v. III, p. 1071).- Máxime si se considera que la actora, a pesar de haber tomado conocimiento de los términos del escrito de fs. 55/58 y vta. con el retiro de copias a fs. 59, ningún requerimiento formuló a ese respecto limitándose a contestar a fs. 61 el traslado conferido de la documental acompañada con la contestación de demanda.- A ese respecto, los vicios del procedimiento alegados debieron ser impugnados por la vía incidental en la primera instancia (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 1, pág. 793), o sea que debieron en todo caso dar lugar a un planteo de nulidad procesal en la anterior instancia (conforme criterio de esta Cámara, en su composición de Sala única, c. 11.817, S. D. L. N° 104/96; esta Sala "B", c. 14.591, S.D.C. N° 02/99, del 23/03/99).

2.2. En cuanto a la cita de doctrina en el fallo venido en crisis cabe señalar que el mencionado artículo se refiere a la defensa de los intereses difusos o colectivos, y en ese direccionamiento se ha propugnado -y en la práctica se ha aceptado- que los colegios profesionales (de Abogados, Médicos, etc.) poseen legitimación para asumir la defensa institucional de los intereses de sus colegiados, en especial en lo tocante a las incumbencias profesionales (conf. Morello, Coordinador, "La Legitimación", Abeledo-Perrot, 1996, Peyrano, "Legitimaciones atípicas", par. IV, pág. 89) (el subrayado me pertenece).- Así, la cuestión de la legitimación ronda en torno a la cuestión si un Colegio Profesional se halla investido o puede estarlo de atribuciones suficientes para poder asumir la representación y postular la defensa de aquellos derechos o intereses legítimos que comprometen a los colegiados no ya de modo singular sino en la órbita de los básicos y plenos de naturaleza gremial.

De lo que se trata es de la defensa institucional por parte del Colegio profesional, de los derechos o intereses legítimos de la profesión en sí (conf. Morello, "La legitimación procesal de los colegios profesionales, de las organizaciones de protección de los consumidores y de defensa de los intereses difusos", J.A. 1981-I, 707) (el resaltado me pertenece).

Y el antecedente citado por el apelante a fs. 325 (esta sala "B", c. 16.814, S.D.C. 10/2001) no es aplicable al caso de autos ya que en aquella causa la demandada A.. de T. reconoció la vinculación contractual existente con el C. M. d. P. M., y ese aspecto fue especialmente considerado por esta Cámara (ver p. 1) b y c., del voto del Dr. Lucero), y tal reconocimiento lo fue como consecuencia de haber acompañado la actora a fs. 9/13 el contrato que unía a ambas partes (p. 3 del voto del suscripto).

En cambio, en las presentes actuaciones la accionante no acompañó convenio alguno que la vinculara a la demandada, por lo que argumentó que "la O.S.U.P.C.d.l.N., en adelante U..) que desde octubre de 1998 administraba o gerenciaba "S. D.L.C.S.R.L." (escrito de demanda, acápite II, fs. 27).- Por ello, con referencia al comentario efectuado en la sentencia venida en apelación (Morello, "La legitimación de obrar como mecanismo facilitador, en Argentina, de la tutela jurisdiccional de las libertades fundamentales y de los intereses difusos y colectivos, J.A. 1990-II, 718), debe atenderse al tercer recaudo referido en página 720 en lo que hace a que las entidades representativas tienen legitimación en tanto que las cuestiones a ser resueltas en juicio no requieran la participación individual de los miembros.

Y esa es precisamente la cuestión en debate, ante la falta de un convenio que ligara a las partes actora y demandada.- Y aun cuando los estatutos del C. M.(fs. 42) otorgue a la asociación "la más amplia capacidad civil", pudiendo "celebrar todo tipo de contratos y convenciones", tal capacidad queda delimitada en el marco "de su objeto" (art. 2), lo que significa que la aptitud de la entidad para realizar actos jurídicos resulta de su capacidad, o sea que el cumplimiento del objeto de la asociación configura un marco a su capacidad.

Y de la lectura de su objeto, en particular del referido a la defensa de "los intereses profesionales y gremiales" (art. 1), no resulta que la entidad pueda atribuirse la representación de sus asociados en defensa de intereses individuales con contenido patrimonial de sus miembros, debiendo destacarse asimismo que en lo que concierne a "regular las relaciones económicas" lo es en función de "fomentar la creación de organismos que tengan por finalidad estudiar y/o promover la adopción de medidas y sistemas de seguridad social, participar en ellos .".- En consecuencia, la falta de un convenio que vinculara a las partes actora y demandada impide alegar la doctrina de los actos propios como pretende la apelante, no pudiendo considerarse que la nota que en copia luce a fs. 9, o el pago al que se alude a fs. 10 sea prueba de tal vinculación, motivo por el cual participo del criterio del Sr. Juez de la anterior instancia en el sentido que el C.M.de P.M. carece de legitimación para actuar en defensa de intereses individuales de contenido patrimonial de sus asociados.- 2.3. Por lo demás, y aun cuando por hipótesis se obviara la falta de legitimación del C.M.de P.M., cabe considerar que el reclamo tiene como base prestaciones médicas efectuadas a afiliados a la "O. S.:9 - U.P.(factura N° 3096, fs. 17/25), por lo que la actora demandó a otra entidad, en el caso al S.d.l.C.S.R.L. alegando, como ya se señalara, que esa sociedad administraba o gerenciaba a la obra social (p. II, fs. 27).- Y al ingresar al segundo agravio de la actora, atendiendo a aquellas defensas planteadas oportunamente por el vencedor en primera instancia que no fueron consideradas por el juez de primera instancia, implícitamente sometidas al conocimiento del tribunal de alzada (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, t. 1, pág. 78) debe señalarse que ese dato (la administración o gerenciamiento por la accionada) resultó controvertido ya que la sociedad al contestar demanda negó puntualmente que administrara o gerenciara a la obra social (p. 2, negativa 3, fs. 55).

Y si bien los testigos T. B. y S.al contestar la 13a. pregunta afirmaron que el S.d.l.C.gerenciaba localmente a la o.s.U.(fs. 197, 202 vta., y 206 vta., respectivamente), al mismo tiempo T. y S.manifestaron que A. O.es la gerenciadora de la O.S.(contestación a la 2a. repregunta, fs. 197 y 207).

A su vez, y en sentido contrario se manifestaron los testigos R.d.M.(contestación a la 2a. repregunta), K. C. y P.(respuesta a la 3a. pregunta), al señalar que la gerenciadora era A.O.(fs. 198, 251, 252, y 254, respectivamente).- A ello cabe agregar que la apelante en forma expresa reconoció en su expresión de agravios que la obra social era gerenciada por A.O. y no por la sociedad a la que demandara ("a través de la gerenciadora de la obra social .A.O.S.A.", fs. 326 vta.).- En tales condiciones, dicha afirmación se incorporó a la litis y debe considerarse por tratarse de admisión expresa de la actora.

Se trata del principio de adquisición procesal, y es de su esencia que los materiales de conocimiento aportados por cualquiera de las partes benefician o perjudican a las mismas, indistintamente, o sea, cual fuere su resultado, ya que dejan de pertenecer al oferente y se incorporan al proceso para entrar al servicio de la justicia que en éste se realiza (conf. Eisner, "El principio de adquisición procesal (Su ámbito de vigencia)", L.L. t. 128, 1032).

Cualquier afirmación o prueba aportada por las partes se adquiere para el proceso y beneficia en su caso a la contraria, sin que pueda retirarse o dejar de tenerse en cuenta (CNTRAB., sala II, diciembre 29-967, "C. M.c/ B. L.y/u otros", L.L. t. 131, 434).

De tal modo, cualquier afirmación o prueba aportada por una de las partes son elementos de convicción y se adquieren para el proceso, en virtud del principio de adquisición y comunidad probatoria, con independencia de la parte que los haya arrimado (conf. Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5a. edición, I-445, "h"; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 9.780, S.D.L. 82/92; c. 9.927, S.D.C. 20/92; c. 10.084, S.D.L. 97/92).- Es que, por el principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de afirmación y de la prueba (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1982, T. I, par. 163, pág. 619).- En consecuencia, toda vez que el crédito reclamado lo fue en concepto de prestaciones médicas efectuadas a beneficiarios de la o.S. U. (factura N°3096, fs. 17/25), la acción enderezada contra un sujeto distinto, en la presente causa el S.d.l.C. S.R.L., tuvo como fundamento el haber alegado que esa sociedad gerenciaba o administraba esa obra social (fs. 27), y ese dato fáctico controvertido, ante la negativa expresa de la accionada, no resultó acreditado, por lo que la deficiencia probatoria incurrida debe recaer sobre la accionante (art. 377 del C.P.C.C.), sin perjuicio de considerar que por el contrario esa parte admitió en forma expresa que la gerenciadora era A.O.S.A. (fs. 326 vta.), lo que conduce inexorablemente al rechazo de la demanda contra el S.d.l.C..R.L..

2.4. Asimismo, debe considerarse que no le asiste razón a la apelante cuando señala a fs. 326 que no se negó la existencia de las prestaciones generadoras del crédito reclamado, pues la demandada negó en forma específica las prestaciones detalladas en la factura de fs. 17/25, la existencia del convenio, como también la suma reclamada (negativas 2, 4, 11 y 14, fs. 55 y vta.).

Y a ese respecto, la actora con la prueba documental, confesional, y testimonial, ofrecida (fs. 28 vta. y 176) y cumplida en autos, no arrimó elementos suficientes de convicción como era su carga (art. 377 del C.P.C.C.) que permitan determinar la existencia de las aludidas prestaciones, su número e importe.- Así, la nota de fs. 9 y las negativas formuladas por la demandada al contestar las tres primeras posiciones (fs. 194) no arriman probanza alguna en tal sentido, en tanto que las manifestaciones de los testigos T. B. y S. en cuanto a que quedó impaga una facturación de pesos veinte mil (contestación a la 10a. y 11a. pregunta, fs. 196 vta., 202 vta., y 206 vta., respectivamente) se revelan manifiestamente insuficientes como para acreditar las prestaciones médicas, su cantidad e importe, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).

En consecuencia, tampoco acreditó la actora como era su carga procesal ante las negativas puntuales de su contraria (art. 377 del C.P.C.C.) los conceptos y montos parciales indicados con relación a las prestaciones médicas de cada uno de los profesionales y que se individualizan en la factura que en copia corre agregada a fs. 17/25, lo que también conduce al rechazo de la demanda.- 2.5. En cuanto a la pretensión de la recurrente de fs. 326 al considerar que la citación de los terceros habilita eventualmente a una condena de pago solidaria, la misma resulta inaudible por su extemporánea introducción toda vez que en la presente causa la acción estuvo enderezada por la actora exclusivamente contra el S.d.l.C.S.R.L..

Así resulta de los términos de la demanda ("contra la empresa S.d.l.C.S.R.L.", p. II, fs. 27), reiterados al contestar el traslado conferido a fs. 328 ("Que, surge patente de los autos que mi representada pretendió litigar sólo con la demandada", fs. 329, último párrafo).

En tales condiciones, el tercero traído por el demandado y que, a su vez, estaba legitimado para ser demandado no puede ser condenado ya que la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio (art. 163, inc. 6°). Si el demandante no pidió la condena contra el tercero, el juez no puede condenarlo, ya que si procediera de otra forma fallaría más allá de lo pedido.

Tal es la jurisprudencia mayoritaria (conf. Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. I, pág. 385).

Es que, la afectación prevista en el segundo párrafo del art. 96 del C.P.C.C. significa que la sentencia lo afectará y el tercero deberá ajustarse a lo decidido en ella; así no podrá alegar posteriormente que hubo negligente defensa, o la sentencia constituirá un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión que el actor haga valer en otro juicio contra el tercero (conf. Arazi-Rojas, obra y tomo citado, pág. 386).- El tercero citado no es un nuevo demandado, sino que el fundamento de la intervención coactiva de una eventual pretensión regresiva reside en la conveniencia de evitar que, en el futuro proceso, pueda oponérsele la excepción de negligente defensa. Se trata de que la sentencia a dictarse pudiera serle oponible en un eventual proceso ulterior. La regla del artículo 96 de la legislación adjetiva no significa que pueda recaer un pronunciamiento donde se lo absuelva o se lo condene.

Simplemente cabe reiterar, que el decisorio puede serle oponible en el eventual proceso posterior (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1985, T. II-B, cita de jurisprudencia, págs. 412, 415, y 416, respectivamente).

En consecuencia, por los fundamentos vertidos se desestiman los agravios formulados por la actora apelante.- 3. En los casos de intervención obligada de terceros, respecto de las costas, no es posible dar reglas generales, sino que el asunto debe ser decidido según las circunstancias de cada caso y las actitudes que hayan asumido las partes y el tercero citado (conf. Loutay Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, par. 82, pág. 206).- Y si bien en principio se sostiene que las costas irrogadas a los terceros citados en los términos del art. 94 del Código Procesal deben ser soportadas por quien los trajo a juicio, a tal conclusión sólo puede arribarse en el caso que se considere estéril o improcedente tal citación, esto es, en tanto no demostrara la parte que solicitó la citación razón jurídica que otorgara justificativo a la mentada decisión (CNFed. Civ. y Com., sala 2, 08/08/1995, DJ 1996-1-999).- Y este no es el supuesto de autos, pues a tenor de las defensas opuestas por la demandada y las circunstancias comprobadas en esta causa, estimo que asistía razón a esa parte para requerir la citación de terceros, por lo que al no existir razones que permitan apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.) la actora debe cargar con las costas de dicha intervención, máxime cuando no formuló oposición a la misma.

Tales fundamentos conllevan al éxito del agravio vertido por la demandada apelante y a la necesaria revocatoria parcial de la sentencia de la anterior instancia en tal aspecto.

4.1. En lo que hace a la apelación deducida a fs. 307 y vta. por considerar altos los honorarios regulados al Dr. L.A.N., no le asiste razón a la actora al considerar que se trató de la situación contemplada como una primera etapa del proceso, pues la demandada opuso la falta de legitimación no como excepción sino como defensa de fondo, tal como ya se señalara al punto 2.1., lo que motivo el desarrollo de las distintas etapas del juicio ordinario, incluyendo la de producción de pruebas y alegatos.

Con ese alcance se desestima la pretensión de aplicar la escala del art. 7 de la ley del arancel reducida en un tercio.

A su vez, atendiendo a la naturaleza del proceso, extensión, mérito y resultado de la labor desplegada por el citado letrado, en su doble condición de patrocinante y apoderado de la demandada, estimo prudente reducir sus emolumentos al 19,60% del monto del proceso (arts. 6, 7, 9, 38, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. correspondiente.- 4.2. Finalmente, asiste razón al citado profesional en cuanto a que en el caso de rechazo de la demanda, desde que en la misma se requirieron intereses, en el monto del proceso deben adicionarse tales accesorios.- Es criterio sentado por esta sala "B" desde la c. 16.600, S.D.C. N° 01/2001.- Por lo demás, si bien en anteriores pronunciamientos me incliné por considerar el capital reclamado sin adicionar intereses en caso de rechazo de la demanda, siguiendo la doctrina sentada por la C.S.J.N. (c. 15.882, S.D.L. 32/2000), pues a los fines de la regulación de honorarios no deben acumularse los intereses al capital, sino practicarse la regulación exclusivamente sobre el "quantum" de este último, incluso en el supuesto de condena, habida cuenta que los intereses revisten carácter accesorio y constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional (C.S., mayo 11-982, "Establecimientos Rurales San Francisco Soc. en Com. por Accs. c/Gobierno Nacional", Fallos 304-659; octubre 15-985, "Gobierno Nacional -Ministerio de Defensa- c. D.V. d.P. J., L.L. 1986-B-540; octubre 27-994, "H.E.M.A.R.S.A. c. Dirección Nac. de Vialidad", L.L. 1995-E-94), a partir de la c. 19.486, S.D.L. 29/2004 me vi obligado a dejar de lado mi postura por cuanto en la actualidad para la C.S.J.N. la cuestión vinculada a la regulación de honorarios no es materia federal, y por tratarse entonces de cuestión local, debo seguir el criterio seguido por el S.T.J. ya afianzado en diversos pronunciamientos en los cuales estableció la necesidad de incluir los intereses dentro de la base regulatoria en caso de rechazo de demanda (c. 16.937, S.D. 4/S.C.A. 02; c. 15.955, S.D. 8/S.C.A./02, entre otros pronunciamientos).- En consecuencia, y respecto de los honorarios del Dr. L.A. N.la base regulatoria deberá calcularse sobre el monto del proceso con más los intereses a la tasa activa que utiliza el Banco del C.S.A. para sus operaciones de descuento a treinta días hasta la fecha del pronunciamiento de la anterior instancia.

5. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para modificar la misma e imponer las costas irrogadas por la citación del tercero a la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.) y regular los honorarios del Dr. L.A.N.por sus trabajos profesionales de primera instancia en el 19,60% del monto del proceso, con más sus intereses a la tasa activa que utiliza el Banco del C.S.A. para sus operaciones de descuento a treinta días hasta la fecha del pronunciamiento de la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente.- Tocante a las costas de Alzada, desde que la cuestión de honorarios no genera costas, atendiendo a la desestimación de los agravios vertidos por la parte actora y al éxito de la queja traída por la demandada respecto de las presentaciones de fs. 318 y vta. y 320/327, ello lleva a imponer las mismas a la actora apelante (art. 68 del C.P.C.C.).

Finalmente, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de las tareas cumplidas ante la alzada, propicio regular los emolumentos de los Dres. J.G.y L.A.N. letrados apoderados de las partes actora y demandada, en las sumas equivalentes al 25% y 30 %, respectivamente, de la cantidad fijada para los honorarios de primera instancia (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- A LA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 306) y por la parte demandada (fs. 302), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 294/298), por la que se rechaza la demanda del C.M.de P.M. deducida en contra del Sanatorio d.l.C.S.R.L., por falta de legitimación para obrar de la actora, con costas a su cargo.- A fs. 303, el Dr. L.A. N. por su propio derecho, plantea recurso de apelación en contra de los honorarios que le fueran regulados por considerarlos bajos. A fs. 304//305, funda la apelación de honorarios.- A fs. 307 y vta., se presenta por su propio derecho el Dr. J.G.e interpone recurso de apelación en contra de la regulación de honorarios que se le efectuara al Dr. N., estimándolos elevados.- A fs. 318/319 y vta., luce agregado el escrito de expresión de agravios de la parte demandada.

A fs. 320/327, se agrega el correspondiente a la parte actora.

A fs. 328, se corre traslado a la parte contraria respectivamente, evacuándose el correspondiente a la parte demandada por escrito de fs. 329 y vta.

I.- La reseña de los agravios ha sido realizada suficientemente por el Dr. V. vocal de sala que me precede en la votación, por lo que a ella me atendré a efecto de evitar estériles repeticiones en consonancia con la pretendida economía procesal que a todo acto del proceso alcanza.

No obstante ello, resulta útil puntualizar aquel o aquellos aspectos del fallo que fueran la materia de concreto cuestionamiento por cada una de las partes recurrentes, a efectos de individualizarlos, nominarlos y numerarlos para que proveer de una correcta guía del análisis a emprender, como así también con el fin de facilitar su ubicación y lectura posterior.

De tal modo: A) Agravios de la parte actora: 1) Legitimación para actuar en el proceso; 2) omisión de pronunciarse sobre lo pretendido -aplicación del art. 278 del C.P.C.C.-; 3) imposición de costas. B) Agravios de la parte demandada: 4) Imposición de costas devengadas por la citación del tercero..

II.- Ingresaré al análisis respectivo siguiendo el mismo orden lógico en el que fueran individualizados los motivos de queja, respetando la nominación y numeración que se les asignara.- A) Legitimación: El juzgador del anterior grado entendió sustentado en un previa transcripción parcial de los presupuestos de la legitimación según doctrina que cita "...Que la legitimación de los Colegios se vincula a los derechos o intereses legítimos que comprometen a los colegiados, no asumiendo la defensa a título individual de uno o algunos de sus miembros y en razón de los derechos privados de carácter patrimonial, pertenecientes a ellos...."(sic)(fs. 297 vta.)(lo destacado me pertenece).

Me atribuí la facultad de resaltar el párrafo en negritas que, entiendo, es el eje central de la argumentación expuesta por el juzgador allende de las disquisiciones relativas a si la cita doctrinal por él acogida es o no de aplicación al supuesto bajo análisis, toda vez que esa y no otra fue la razón fundante del veredicto en sentido denegatorio del reconocimiento de legitimación del C.M.de P.M.para reclamar créditos por la prestación de servicios de parte de alguno de sus asociados a afiliados de la obra social U.y que en esta litis se le reclaman al Sanatorio d.l..S.R.L..- Ahora bien, es necesario abrir un breve paréntesis para detenerme en la evaluación de un aspecto vinculado a la omisión del indispensable resguardo del principio procesal del debido contradictorio que se trae a colación con motivo de que no se ordenó la sustanciación de la defensa de falta de legitimación activa que opusiera la parte demandada al responder la acción.

Encuentro "prima facie" que efectivamente tal omisión aconteció en el supuesto, aún cuando desde un punto atenidamente formal puesto que la parte actora pudo conocer y también contestar, más allá de los límites del traslado de la documental que se le corriera a fs. 59, y que según constancia obrante al pié de la citada foja fue cumplido con el retiro de las copias del escrito contestatario por parte de la representación letrada de la ahora apelante.

Asimismo, corresponde descartar un supuesto criterio general asumido por esta Cámara de Apelaciones en caso similar, toda vez que precisamente tal como lo destacara el Sr. Magistrado prevotante, el antecedente traído a colación no es análogo al presente excepto que se trató, al igual que en la especie, de la misma entidad aquí actora la que reclamaba un pago de una suma de pesos a una obra social.

Es que básicamente la distintas circunstancias fácticas de aquel conflicto parten de que en él no hubo controversia alguna referida a la existencia del vinculo contractual que uniera a las partes en litigio, situación diametralmente distinta a la que presenta el litigio que originara el presente proceso.

Lo dicho se constata con solo verificar que la afirmación y posterior argumentación asentada sobre la existencia de un vínculo entre la demandante y la demandada formulada en el escrito de inicio (vide: punto II, fs. 27/28 vta.), fue motivo de puntual y concreta negativa de parte de la demandada en su responde (vide: punto II, acápites 1, 3 y 4; punto III -fs. 55/56 vta.-).- Pero, aún más, cabe destacar que si la legitimación se tiene cuando las personas que concurren al proceso son aquellas que la ley habilita especialmente para sumir las calidades de actor y demandando, respectivamente, con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso, era ésta un presupuesto para la obtención de un pronunciamiento de mérito sobre el fondo del asunto sobre la cual el juzgador debía detenerse a examinar previo a la ingresar en la pura sustancia del "thema decidendum", más allá que hubiera o no sido planteada como defensa.

Esto es, en el extremo que no hubiera sido opuesta la excepción, igualmente el juzgador tenía que examinar de oficio el tópico, por cuanto ésta se trata de una típica cuestión de derecho ("iuria novit curia"). Máxime, que su carencia importa o configura un supuesto de rechazo de la pretensión por improponibilidad subjetiva de la demanda en los términos que autoriza hacerlo inclusive "in limine" el art. 337 del C.P.C.C..

A la par, cabe resaltar que el Sr. Juez a quo centró su argumento en la denominada "legitimatio ad causam", entendida -reitero- como la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que se invoca en el juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión, no siendo por ello pertinente aludir como lo hace la parte actora apelante a la capacidad del ente ideal que, a todo evento, describe una legitimación "ad processum", esto es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro.

Insisto, no obstante que resulta incuestionable que esta última idoneidad para estar en juicio la tiene el C.M.de P.M. ello no implica ni puede implicar que por ello se lo tenga como legitimado a dicho ente para pretender en el proceso sobre un derecho sustancial respecto al cual no es titular o representante (Conf. Couture, Eduardo J., en "Vocabulario jurídico", 2da. reimp., Ed. Depalma, año 1983, pág. 379).

Nótese en tal sentido que la noción de personalidad jurídica entendida ésta como un instrumento que provee el derecho para crear un centro diferenciado de imputación de derechos y obligaciones, se encuentra íntimamente vinculada a la noción de objeto o del fin asociativo. Ello por cuanto el objeto por el cual se constituyó el C.M.d.P.M.conceptualiza el fin social, el que cobra sentido y, a su vez, se delimita produciendo efectos, a través de la actividad desarrollada en tal dirección.

Y bien señaló el colega de sala que me precede en la votación el objeto por el cual se constituyó el ente ideal actor se encuentra limitado a la defensa de los intereses profesionales o gremiales, encontrándose alejado de la posibilidad de "representar" con terceros a los asociados, o lo que es lo mismo, comprometer el hacer de sus afiliados en otros tipos de negocios jurídicos como comportaría el que se esgrime en el líbelo de inicio (art. 1 -fs. 42-).

Ya volveré sobre las relaciones y su categorización jurídica, respecto de la cual desde la hipótesis favorable a tener por cierto el vinculo contractual denunciado entre la actora y el S.d.l.C.S.R.L. me explayaré más adelante al tratar el agravio numerado como 2).- En tal sentido es que bien expresó el Sr. Juez a quo que los colegios profesionales en general solo poseen legitimación para asumir la defensa institucional de los intereses de sus colegiados, en especial en lo tocante a las incumbencias profesionales, apoyándose correctamente en la prestigiosa opinión doctrinal que citara (Vide: Morello, Augusto "Legitimación procesal de los colegios profesionales, de las organizaciones de protección de los consumidores y de defensa de los intereses difusos", en J.A., 1981-I-704 y sgtes., cit. por Peyrano Jorge W., en "Legitimaciones atípicas" en obra colectiva coordinada por Augusto Morello, en homenaje a Lino E. Palacio, "La Legitimación", Ed. Abeledo Perrot, año 1996, pág. 89, punto IV, nota nro. 35).

En consecuencia, propongo al acuerdo la desestimación del presente agravio.- 2) Omisión de pronunciamiento -aplicación del art. 278 del C.P.C.C.-: Principio por expresar que no encuentro que el juzgador del anterior grado pudiera expedirse sobre la exigibilidad del crédito que se pretende cobrar en el presente litigio si, antes, no reconoció legitimación activa de quien se presentara al proceso invocando la calidad de acreedor de dicho crédito.

De allí es que no opera de modo alguno el citado art. 278 del Código de rito, por cuanto en ninguna omisión incurrió el Sr. Juez a quo en el marco del argumento sentencial expuesto en sustento de su veredicto.- En uno de los fundamentos en el cual intentara sustentar sin éxito el anterior agravio (paradójicamente ninguna mención se efectuó al motivar la presente queja al respecto), tampoco le asiste razón al apelante.

Rememoro, el recurrente adujo que el Sr. Juez de primera instancia omitió analizar que la relación jurídica se había constituido entre el S.d.l.C.S.R.L. con el C.M.de P.M.y no como creyó equivocadamente, dice, entre los médicos que prestaron la prestación a los afiliados de la obra social de U.y la demandada o sus citadas como terceros (fs. 320 vta.).

Ahora bien, traigo a colación tal alegación ahora sólo a efectos de habilitarme a emitir una breve opinión a título "obiter dicta" en relación a la compleja trama de relaciones que conformaran las partes del presente proceso junto con la o.s.U.y su administradora "A.O.S.A.", tal como prometiera hacerlo "supra".- En primer lugar es necesario tener presente la calidad de prestadora indirecta de servicios o prestaciones médicas en general que ostentaría la obra social U.de mención en el caso, toda vez que surge de la relación de causa efectuada por la actora que esta se remitiría a recaudar el aporte de sus afiliados comprometiéndose a asegurar la cobertura de salud a través de la contratación concertada con una clínica que los efectivizara (en el caso sería el S.d.l.C.S.R.L.).

Ahora bien, fácil es de inducir también que éste sanatorio, a su vez, contrató con la A.M.de P.M.su intermediación a los fines de que los prestadores directos, que son los individuos profesionales asociados a dicha entidad, pudieran unificar la facturación de las prestaciones y prácticas médicas realizadas en dicho sanatorio y en relación a afiliados de la obra social U. con su posterior liquidación para la percepción del pago de cada atención o práctica a cada profesional actuante.- Tal mecánica, en el extremo más favorable a la parte actora, esto es teniendo por cierto que existió el contrato denunciado en demanda, habría conformado en la realidad un negocio jurídico complejo configurativo de una red de contratos integrados por la causa del mismo, cual es la función económica social que los originó y que dio vida a cada uno de tales vínculos entre sí autónomamente pero integrados por un mismo interés en hacer posible el sistema, que se desarrolla y ejecuta por intermedio de los contratos coordinados pero -reitero- autónomos entre si, cual es el de asegurar la prestaciones médicas comprometidas a los afiliado en dicha obra social.

Esto es, lo dicho significa que todos los integrantes de la aludida red contractual tienen una obligación de colaborar en el funcionamiento del sistema, obrando de tal modo que su conducta sirva para el mantenimiento del mismo (Conf. Lorenzetti, Ricardo en "La empresa médica", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1998, págs.213/222).

Ahora bien, focalizada la visión exclusivamente en la vinculación que unió a las partes, reitero de manera autónoma e independientemente del sistema o red contractual que pasaba a integrar (adviértase que la actora solo demandó el cobro de la acreencia que denuncia a su favor al S.d l C.S.R.L. -ver punto II de fs. 27-), correspondería encuadrarlo, en el marco provisto por las calidades de los partícipes en él y la normativa de aplicación, en el denominado "suscipere negotium" (Arts. 6; 7 y 230 del Código de Comercio).

Se ha dicho respecto a la naturaleza de este tipo de relación jurídica que, a diferencia de la gestión de negocios ajenos, donde aún sin la aprobación del dueño del negocio, crea entre éste y el gestor derechos y obligaciones recíprocos (Arts. 2228, 2290, 2291, 2296, 1° parte, 2303, 2304 y conc. del Código Civil). Destáquese que en un "negotiorum susceptor", los derechos y obligaciones entre éste y aquel para quien o por quien se hizo la gestión, depende de la tácita o expresa aprobación de este último, quien para ello, deberá cumplir la prestación ofrecida.

Sin esa aprobación el contrato sólo tiene efecto entre el promitente (en el caso el C.m. y el otro contratante (el sanatorio de la ciudad). Desde otra perspectiva, también cabe indicar que la mencionada figura no es equiparable a los contratos a favor de terceros o "para otros" (arts. 1160, 1195, 1199 y conc. del Código Civil), puesto que en tal supuesto si el tercero a favor del cual se contrató no lo ratifica es de ningún valor.- En la especie, en cambio, entiendo que sería categorizable la relación habida (siempre en la hipótesis que se hubiere tenido por cierta en autos), en el contrato reglado por el citado art. 230 del Código de Comercio, en el cual el C.M.de P.M.como "negotiorum susceptor" no obro a nombre de terceros (los médicos asociados a dicho ente asociativo), sino que se obligó por sí mismo prometiendo que el o los terceros cumplirán con la obligación asumida (la prestación de los servicios médicos), y, aunque el o los terceros no lo aprueben, el contrato subsiste siempre y el gestor deberá cumplir la obligación o indemnizar los perjuicios que ocasione la falta de cumpliento (Conf. Rouillon, Adolfo A., en "Código de Comercio comentado y anotado", Ed. La Ley, T. I., págs. 474/475) .- Igualmente, a mayor abundamiento, es de resaltar que habiendo negado la demandada en autos "S.dl.C.S.R.L.", que fuera generenciadora o administradora de la obra social U. también se encuentra en jaque la legitimación pasiva de la persona jurídica ideal respecto a la cual se pretende el cobro de la denominada "factura" (también es puesto en cuestión tal punto) numerada como 3096 (vide: fs. 17/25), toda vez que las prestaciones médicas indicadas en ella lo son respecto a afiliados de la obra social U.

Se añade a ello que de la prueba aportada solo puede extraerse de tal circunstancia meras contradicciones de los testigos declarantes quienes si bien atribuyeron a la demandada la calidad de gerenciadora de dicha obra social (T.y S.-fs. 196/197 y 206/207, respectivamente-), simultáneamente también le atribuyeron tal calidad a "A.O.S.A."(ver resp. a la 2da. repregunta -fs. 197 y 207 respectivamente).

Por otro lado, corroborantes de esta última contradictoria atribución de la calidad de gerenciadora de "A. O.S.A." resultaron los dichos de los testigos R.de M. K. C.y P.(fs. 198, 251, 252 y 254, respectivamente)(Arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).- Por último, en el mismo sentido, concurre extrañamente para mi, un reconocimiento expreso formulado por la propia parte actora ahora apelante del carácter de gerenciadora de "A.O.S.A." de la obra social U. como puede leerse del escrito de expresión de agravios (ver: fs. 326 "in fine" y vta.).

De la composición de todo ello, parece sumamente dudoso que se pudiera reconocer legitimación pasiva a la demandada en autos para pretender en su contra el pago de las prestaciones médicas cumplidas en relación a afiliados de la obra social U.cuya gerenciadora es -según se reconoce expresamente- la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "A.O.S.A.".- En resumen, entonces, no puedo más que propiciar la desestimación del presente agravio dejándolo así propuesto al acuerdo. Así lo voto.- 3) Imposición de costas: Toda vez que se restringió la recurrente a indicar que correspondería que la imposición de costas sea alterada sin sustentar tal pretensión impugnaticia en argumentación fáctica ni jurídica alguna que de contenido a la indispensable crítica que debe contener el agravio en los términos exigidos por el art. 265 del Código del rito, no cuenta con materia alguna que atender este tribunal revisor por lo que no queda más que tener por desierto parcialmente el recurso a su respecto (Art. 266 del C.P.C.C.).

B).- 4) Imposición de costas devengada por la citación de tercero al proceso: En atención a las razones esgrimidas en la defensa y la remisión que a ellas se efectúa al pedir la citación de terceros en el escrito de responde (ver punto V de fs. 58), la misma importó lo que ha sido denominado "litis denuntatio" cuyo fundamento radica en la posibilidad de ejercer en el futuro la acción revérsica de parte de quién la pide.

Y es admisible la litisdenunciación con este objeto, cuando una parte para el caso de serle desfavorable el resultado del litigio, crea poder ejercitar contra un tercero una acción de regresión y a efectos de que ante la eventual pretensión revérsica no pueda éste oponer la excepción de negligente defensa ("exceptio mali processus").

Ante tal situación fácil es de ver que tal citación no comporta el ejercicio de una pretensión propia de quien lo solicita sino una mera comunicación formal de la pendencia de causa que puede o no provocar la concurrencia al proceso puesto que el tercero citado puede decidir si participa o no en el proceso al que es llamado libremente.

Ahora bien, se presenta en el supuesto bajo análisis un caso testigo de aquellos en los cuales la intervención del tercero no ha sido generada indebidamente por quien la provoca sino todo lo contrario, a tenor de las circunstancias fácticas traídas al proceso por ambas partes litigantes e inclusive por las consideraciones jurídicas que se efectuaran de tal marco fáctico.

De otro lado, me pregunto cómo podría endilgársele a la parte demandada que produjo de modo incausado o indebidamente el devengamiento de costas y por ende, que deba soportar las generadas por la citación del tercero respecto del cual creyó era al que correspondía dirigir lo pretendido.

Es que quien puso en cuestión precisamente la carencia del presupuesto de una acción válida a su respecto -legitimación tanto activa como pasiva-, indicando a la par con la denuncia aquél respecto al cual consideraba era el verdadero legitimado pasivo pidiendo y dirigiéndole la comunicación formal de la existencia de la litis, por una actuación que, a todo evento, era preciso producir en resguardo de su propio derecho y ante la posibilidad de un resultado negativo, fue la parte demandada peticionante de tal intervención.

En tal perspectiva, no desconociendo que en general la incidencia suscitada por el pedido de citación de un tercero, por su carácter de excepción, amerita que sean soportadas "prima facie" por quién la requirió, entiendo que ello siempre se concatena con la intervención provocada de manera estéril, habida cuenta que ante tal circunstancia puede predicarse sobre un exceso en la defensa que redunda en detrimento del derecho ajeno (Conf. CNCiv., Sala D, L.L. 1982-C-252, cit. Por Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales...", Ed. Plantense, año 1985, T. II-B, pág. 184; id. CNTrab., sala 5, 24/05/85, D.T. 1985-B-1049).

En igual inteligencia, supeditando precisamente la imposición de las costas a la parte que provocó de manera estéril -por su improcedencia- la intervención del tercero en el proceso se expidió ésta Cámara de Apelaciones en su composición única en autos caratulados "S. J.. c. S.R.de L.y F.de la P., D.J., 1996-1-370 (Conf. S.C.Mendoza, Sala 1, 02/07/96, L.L., 1997-B-216; id., CNCiv., sala H, 29/05/97, L.L., 1999-C-722, 41.436-S).

En consecuencia, tengo para mi, y de tal manera lo propongo al acuerdo, que corresponde revocar parcialmente el fallo venido en apelación en cuanto a la imposición de las costas derivadas de la citación e intervención del tercero citado a juicio, debiendo cargar con ella la parte actora en tanto que resultó vencida totalmente en el pleito y no encontrándose motivos para apartarse del criterio objetivo que a tal efecto prevé el art. 68 del C.P.C.C.. Así lo voto Recursos de apelación de honorarios: En relación al deducido por su propio derecho por el Dr. L.A.N. letrado interviniente en carácter de apoderado de la parte demandada en autos, adelanto que tendrá acompañamiento en mi voto.- Es que bastará con traer a colación antecedentes análogos de esta sala de la Cámara de Apelaciones que integro en los cuales sostuve que efectivamente ante supuestos de rechazo total de la demanda corresponde computar como base económica de regulación al total del monto pretendido, lo que incluye obviamente los accesorios pretendidos en demanda en los términos previstos por el art. 6, inc. a de la ley del arancel (Conf. mi voto, Sala B, S.D.C., Nro. 01/01, c. 16.600; id. S.D.C., Nro. 29/02; id. S.D.L., Nro. 38/02; id. S.D.L., Nro. 18/04, entre otras, CANE).- En consecuencia, procederá ampliar la base de cálculo de los honorarios fijados a los profesionales intervinientes incluyendo los intereses pretendidos en demanda. Así lo voto.- Igual razón le asiste al Dr. J.G. quien en representación de la parte actora, incoara recurso de apelación en contra de la regulación de honorarios por considerar elevados los porcentuales fijados. Es que ciertamente el 23% que se estableciera a favor del Dr. N. letrado de la parte demandada ganadora en el pleito, implica que se estableció el porcentual del art. 7 de la Ley 2.200 -que prevé una franja para el ganador que va del 11% al 20%-, en aproximadamente 16,50% con más el 40% del art. 9 de dicha norma, lo cual se aparta del criterio de cuantificación que genéricamente y salvo muy contadas excepciones se ha establecido jurisprudencialmente en esta Circunscripción Judicial, que alcanza a elevarse para el ganador en Primera Instancia al 19,6%. Atento a ello, soy de la opinión que corresponderá ajustar dicha regulación a este aludido porcentual. Así lo voto.- III.- Conclusión:

Por lo dicho, entonces, corresponderá revocar parcialmente la sentencia apelada para modificarla en el modo de imposición de costas devengadas por la citación del tercero provocada a partir de la petición de la parte demandada en el sentido que éstas se imponen también a la parte actora vencida; como asimismo, para modificar los honorarios regulados al Dr. L.A.N. por su actuación en Primera Instancia, los que se fijan en la suma equivalente al 19,6% del monto del capital de condena -con sus accesorios- que se determine en la etapa de ejecución de sentencia y a calcular a la fecha del pronunciamiento del anterior grado.- Las costas de Segunda Instancia deberán ser soportadas por la parte actora, merced que de los tres agravios que formulara no prospera ninguno y que el único que vertiera la demandada -imposición de las costas por la intervención del tercero- ésta resulta ganadora, lo cual perfila un vencimiento total en la Alzada (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).- Los honorarios de los Dres. J G. letrado apoderado de la parte actora, y el Dr. L.A.N. letrado apoderado de la parte demandada, por sus tareas cumplidas en esta segunda instancia, apreciándolas por su extensión, calidad, mérito y eficacia, estimo adecuado regularlos en las sumas respectivas equivalentes al 25% y 30% de la regulación que cada uno de ellos le correspondiera por su intervención en el anterior grado, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 9, 14, 37, 39, 47 y conc. de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).- Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para imponer las costas irrogadas por la citación del tercero a la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.), regulando los honorarios del Dr. L.A.N. por sus trabajos profesionales de primera instancia, en el 19,60% del monto del proceso, con más sus intereses a la tasa activa que utiliza el Banco del C.S.A. para sus operaciones de descuento a treinta días hasta la fecha del pronunciamiento de la anterior instancia;

b) imponer las costas de segunda instancia la actora apelante; c) regular los honorarios de los Dres. J.G.y L.A.N. por sus tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 25% y 30%, respectivamente, de la cantidad fijada para los honorarios de primera instancia; y d) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.- Así lo voto.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.- ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A: - Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- REVOCAR parcialmente la sentencia venida en apelación para imponer las costas irrogadas por la citación del tercero a la parte actora vencida, regulando los honorarios del Dr. L.A.N. por sus trabajos profesionales de primera instancia, en el 19,60% del monto del proceso, con más sus intereses a la tasa activa que utiliza el Banco del C.S.A.para sus operaciones de descuento a treinta días hasta la fecha del pronunciamiento de la anterior instancia; - IMPONER las costas de segunda instancia la actora apelante;- REGULAR los honorarios de los Dres. J.G. y L.A.N., por sus tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 25% y 30%, respectivamente, de la cantidad fijada para los honorarios de primera instancia; y DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL N° 14 DE 2006 - SDC.- Conste.-