marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo, bienes inmuebles, expropiación, ley provincial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAXIM SA S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Procede revocar la resolución mediante la cual la magistrada concluyó que no habiéndose perfeccionado en el plazo correspondiente la ley expropiatoria de los bienes alcanzados por la ley 14648, correspondía considerarla abandonada. Sabido es que las leyes de expropiación de empresas en quiebras persiguen distintas utilidades públicas. Así, en general persiguen la conservación de la fuente de trabajo por parte de los trabajadores de las empresas fallidas y la conservación de la actividad económica. Por su parte, si bien la quiebra permanece con un propósito eminentemente liquidatorio, con la reforma introducida por la ley 25589 comenzó a cobrar protagonismo la "utilidad social" de la empresa, esto es, su potencialidad para el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Posteriormente, la ley 26684 redobló aquella intencionalidad al incorporar la noción de solidaridad en la conservación de las fuentes de trabajo, viabilizada principalmente a través de las cooperativas de trabajadores por cuya vigorización propendió notoriamente. Justamente, como amalgama de estas ideas basales se confiere a los trabajadores reunidos en cooperativas la posibilidad de adquirir los bienes del activo falimentario, mediante la compensación de las acreencias reconocidas (LCQ 203, 205-1° y 2°). Esta referencia explícita permite inferir la importancia que ha cobrado la conservación de la fuente de trabajo al amparo del nuevo régimen legal mediante una tutela diferenciada (Cfr. esta Sala en autos "Gilmer SA s/ quiebra, expte n° 14687/2013). En esta orientación, se ha llegado a sostener sin ambages que debe privilegiarse la prosecución de la labor de la empresa por sobre la urgencia en la venta de sus activos (cfr. Tevez, Alejandra N., "La cooperativa de trabajo como continuadora de la empresa en quiebra según la reciente ley 26684", en LL 2011-D-959; íd., "Las cooperativas de trabajo en la quiebra según un reciente proyecto de reformas de la ley concursal", LL, Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa, año 1 N° 2). En esta línea de pensamiento es sobre la cual deben armonizarse los intereses de los participantes de este proceso universal: las expectativas de la masa de acreedores de preservar los bienes y de la cooperativa, de poder someterlos a la actividad productiva para mantener las fuentes de trabajo.
Inconstitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Punte, Roberto Antonio s/ Acción Constitucional Sumarísima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-31

...el Poder Judicial si bien tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de una ley, no las tiene para resolver sobre la forma como ellas han llegado a ser aprobadas por el Congreso.
Voluntad del legislador, plan para la vivienda, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Morozovsky, Verónica Celia c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-22

El GCBA recurrente funda sus agravios en que lo decidido por la Cámara era contrario a la política habitacional establecida en las normas en cuestión y al derecho de propiedad consagrado en la CCABA, sin hacerse cargo de demostrar que esa interpretación contrariase la "política habitacional", y que la voluntad del legislador era la de regularizar las anomalías en la operatoria en cuestión y el ámbito de aplicación para la cancelación de las deudas quedaría ampliado a todos los adquirientes de inmuebles en el marco de la licitación N° 17/93. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: Delizia, José M. s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-28

La aplicación del art. 365 del Código de Procedimiento Penal se ajusta impecablemente a lo dispuesto en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 11 de la Constitución de la Provincia). En efecto: tanto "el fallo condenatorio" como "la pena" originarios han resultado sometidos a la Cámara y a esta Corte -al margen del resultado- (art. 365 cit.), de modo que la suma de ambas instancias, que conocieron en el fondo de la dos cuestiones citadas, constituye la doble instancia en cuestión (en cuanto a la impensable posibilidad de que lo normativamente exigido a nivel internacional sea que las dos instancias coincidan en el monto de la pena, tal interpretación excedería lo absurdo y contendría la posibilidad de que en una indefinida cantidad de veces dentro de un mismo juicio la Corte discrepara con la pena recurrida y debiera devolver otras tantas veces la competencia para que se aplique otra pena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio culposo, velocidad reglamentaria
Materia: PENAL
Carátula: L, M G s/ HOMICIDIO CULPOSO      EXPTE NRO 197-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-10-31

Velocidad reglamentaria es la adecuada según las circunstancias.

Lo de "reglamentario" debe ajustarse a las condiciones fácticas, tales como estado de piso, densidad de tránsito, visibilidad, etc.

Ante la cercanía de una parada de ómnibus, apenas finalizado el cruce de vías férreas, salida de una curva, visibilidad nula o escasa, la exigencia es mayor y conlleva la atribución de culpa.
Indemnización, daño moral, muerte de un hermano, herederos forzosos, legitimación activa, pariente colateral
Materia: CIVIL
Carátula: S., A. D. y Otra. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION) y Otros. s/ ORDINARIO s/ CASACION" (Expte. N* 26667/13STJ-).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-14

Mientras que en el caso de los herederos forzosos y frente a la reclamación del daño moral, les acompaña una suerte de "presunción del daño", respecto de otros vínculos familiares o de afecto (entre los que quedan incluídos los hermanos), se requiere una prueba rigurosa de que -en el caso en concreto-la negación de la reparación violenta de manera grosera la Constitución Nacional y Provincial tornando irrazonable su exclusión como legitimados activos, standard probatorio que los informes periciales psicológicos, por sí solos, no alcanzan a conformar. (Mayoría: Dra. Zaratiegui, Dr. Apcarian y Dr. Mansilla)
Convenios colectivos de trabajo, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: Braca, Abraham y otros c/ Textilo S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral (Expte. CSJ Nº 757- 92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

Resulta decisivo para la determinación del ámbito material de aplicación de una convención colectiva, el fin principal de la empresa o su actividad predominante, cuando se dedica a varias;

cuando la actividad del trabajador no es la principal del empleador, la jurisprudencia ha resuelto que en todo caso debe aplicarse la convención de la actividad principal y no la de las accesorias o complementarias. Para la ley 14250, la actividad a tener en cuenta es la del empleador; a estos efectos debe tomarse en cuenta la actividad desplegada por la comunidad laboral (empresa) y no la que realiza cada trabajador. Debe aplicarse el convenio de la actividad prevalente de la empresa, salvo que realice una doble explotación -comercial e industrial, por ejemplo- y ninguna de ellas sea subsidiaria.
Farmacias, farmacéuticos, socios, socio comanditado, trabajador autónomo, relación de dependencia, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: GALENO GAMMA S.C.S. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-16

Aunque el socio comanditado sólo detente un bajo porcentaje del capital social, si a tenor de la documentación acompañada surge que su papel era el de administrador de una farmacia, con uso de la firma societaria y plenas facultades administrativas, lo que denota que su gestión dentro del establecimiento no estaba subordinada a las de los otros socios, corresponde descartar la posibilidad de encuadrarlos en la figura del socio empleado al que hace referencia el art. 27 de la L.C.T. (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 25.08.95, "Farmacia Americana S.C.S. c/ C.A.S.F.E.C."); máxime si la falta de prueba de que los restantes socios tuvieran facultades para impartirle órdenes o instrucciones que debiera acatar, descarta toda posibilidad de existencia de una relación de trabajo subordinada, por lo que la imputación de deuda de aportes determinada por el ente previsional resulta arbitraria (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 05.08.91, "Farmacia Romero S.C.S.; Sala I, sent. del 10.08.93, "Farmacia Tiedmann S.C.S.")
Principios procesales, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: J.O.B. s/ Abuso Sexual con Acceso Carnal de Menor de Trece Años, Continuo, Calificado por Haber Sido Cometido con Abuso de la Situación de Convivencia, en Concurso  Real con Corrupción de Menores de Trece Años de Edad, Calificada por Haber Sido Cometida por Persona Conviviente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-26

"La duda representa un estado neutro, sin salida posible, pues expresa el fracaso absoluto del intento por conocer la imposibilidad de emitir un juicio de certeza o probabilidad, positivo o negativo, sobre la hipótesis objeto de la averiguación...".
Coautoría, código penal, lavado de activos, delito continuo, delito precedente, origen de los fondos, encubrimiento, concurrencia de agravantes
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina c/  s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2019-03-08

Corresponde considerar co-autores penalmente responsables-artículo 45 del Código Penal-, del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda -artículo 303, incs. 1 y 2 a. del Código Penal-, a todos quienes resultan imputados, pues cada uno cumplía acabadamente con su rol dentro de la asociación a fin de dar apariencia lícita a los bienes que procedían de un delito anterior, co-dominando conjuntamente el accionar ilícito, decidiendo sobre el curso causal de los acontecimientos conforme la división funcional acordada, disponiendo sobre su configuración central y cumpliendo cada uno con sus necesarias contribuciones hacia el logro de la finalidad conjunta.
Recurso contencioso administrativo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Scotti, Norma Guadalupe Lescano de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.   Excepciones previas de incompetencia y falta de presentación en   tiempo (Expte CSJ Nº 122-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-02

Aun en el régimen nacional -Ley 19549- en que los términos no son perentorios, el artículo 1, inciso a, apartado 6, establece la pérdida del derecho en caso de no articularse los recursos en los plazos establecidos al efecto y sin perjuicio de la operatividad del planteo -ante el superior- como denuncia de vencimiento. En el sub judice, esta facultad fue desaprovechada por la recurrente, si es que entendía que el término legal resultaba exiguo para el ejercicio de su defensa, circunstancia de la que en modo alguno se ha hecho cargo al momento de contestar la excepción.
Divorcio, ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Guillermo c/ Sanchez, María Cristina s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

Si del análisis del convenio de venta del mueble, asiento del hogar conyugal, se observa que el mismo arriba vacío de contenido respecto de las condiciones específicas de la venta (precio, forma de pago, etc.) e indeterminada respecto de la "inmobiliaria" que actuaría como intermediaria en la operación. En tales condiciones, pretender ejecutarlo no es factible jurídicamente por carecer de prestaciones concretas pendientes de cumplimiento -arg. art. 499 del C. Civil- y por no ser procedente obligar a las partes "a ponerse de acuerdo" con relación a una "inmobiliaria" determinada -arg. art.

910 del C. Civil-. Esto es así pese a la homologación dispuesta en la audiencia conciliatoria, pues aquella manifestación concorde de las partes no puede catalogarse como acuerdo conciliatorio transaccional -arts. 308 y 309 del Código Procesal-, sino como una mera expresión de deseos que no tiene relevancia jurídica para generar prestaciones exigibles, siendo por ello inejecutable -art.

498, inc. 1°, del C.P.C.C.- autorizando así su rechazo "in limine" por improponibilidad de la pretensión de ejecutar.-
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CORRIONERO, PILAR c/ A.N.Se.S. s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

La condena conminatoria -asterintes- impuesta se ajusta a derecho en tanto se trata de una medida adecuada para vencer la resistencia de la parte que resultó perdidosa, ya que en caso de seguirse la postura del ente previsional -el cual, como órgano autárquico de la Administración Pública no se encuentra fuera del bloque de legalidad ni sobre la autoridad de los magistrados- el Poder Judicial se vería inerme para contrarrestar el incumplimiento de sus pronunciamientos.
Peritos, gastos del perito, anticipo de gastos, plazos procesales, desistimiento de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: HONORIO PENDINO c/ OSVALDO ROMANO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-14

El plazo del CPR 463 corre a partir de la providencia que resuelve sobre la procedencia del anticipo y ordena el depósito. Si el juzgado se limitó a conferir vista del pedido, el depósito hecho después de vencido el término de la misma no puede interpretarse como desistimiento de la prueba.
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, sociedad anónima, acciones societarias, bienes propios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B., M.L. c/ E., S. y otros s/ SIMULACIÓN Y FRAUDE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06

1- La circunstancia que la empresa financiera no hubiese distribuido dividendos desde el inicio de sus actividades hasta luego del divorcio de las partes, no pone de relieve el propósito de sustraer ganancias devengadas en ejercicios anteriores a la disolución matrimonial, en tanto la omisión no provenga de una decisión asamblearia sino de disposiciones legales. No obstante que el ex cónyuge y sus familiares directos formaran parte de un grupo económico no puede suponerse que por ello se pretenda violar el régimen patrimonial del matrimonio. 2- Si la actividad principal de la empresa es la financiera -accionista y controlante de un banco- recién al cierre del ejercicio económico de la controlada, se produce el devengamiento contable positivo o negativo computado proporcionalmente en la controlante, prescindiendo de la distribución de dividendos de la controlada. En esta situación se incrementa en el activo la inversión y como contrapartida se imputa a resultados del ejercicio que se pueden destinar a capitalización o constitución de reservas, acrecentando el valor nominal de la inversión, al revalorizarse el patrimonio de la controlada. Sólo a partir del cobro de dividendos en efectivo la controlante puede distribuir utilidades líquidas y realizadas entre sus accionistas y los que no se distribuyen conforma capital que pertenece a la sociedad y no a los accionistas. 3- Por lo demás si se aumenta el capital social emitiéndose nuevas acciones -sin contraprestación o el pago de una cantidad determinada por los socios-, la nueva acción así emitida también tiene carácter propio porque no varía la calidad del accionista. 4- Aun cuando las ganancias hayan sido devengadas en ejercicios anteriores -durante la vigencia de la sociedad conyugal- si las acciones son propias de uno de los cónyuges, la capitalización no es un aporte ganancial. La sociedad conyugal no ingresa como un nuevo socio a la sociedad civil o comercial. La reinversión de los dividendos -en tanto no ingresan al patrimonio del socio no pueden asimilarse a mejoras que generen derecho a recompensa a favor del cónyuge al momento de disolverse el vínculo.
Accidente de tránsito, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lombardo, Nazareno c/ Sanchez, Darío Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

El hecho de ordenar la confección de un presupuesto para determinar el costo de los arreglos del automóvil, como también abonar su importe, amén de ordenar la toma de las fotografías respectivas, es demostrativo de que quien reclama los daños era poseedor del automóvil dañado y en consecuencia se hallaba legitimado para demandar como lo hizo (art. 1110, C. Civil; arts. 163 inc. 5º, segunda parte, 375, 384 y 394, CPCC.).
Competencia de la Corte Suprema, fallos de la Corte Suprema, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y oto s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-29

Las sentencias de la Corte deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan, aunque hayan sobrevenido a la interposición del recurso respectivo.
Marcas, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: COMERCIAL
Carátula: MISSONI SPA c/ FILATO SRL s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

El requisito de la verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares (art. 195 del Código Procesal)- no es, en princípio, ajeno a las medidas específicas del derecho industrial (art. 35 de la Ley n° 22.362 y art. 25 del Decreto-Ley n° 6673/63; conf. esta Sala, causa 5004/03 del 21.8.03), mas un examen dirigido a determinar su concurrencia no puede soslayar que la medida del art. 50 del ADPIC permita obtener anticipadamente el cese de la explotación o el uso.
Sentencia extra petita, medidas cautelares, medida de no innovar, efecto retroactivo, medida cautelar innovativa, energía eléctrica, tarifa de servicios eléctricos, suministro de energía eléctrica
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

La medida cautelar de no innovar solicitada se concede con efecto retroactivo, con lo cual la misma, se transforma en una medida cautelar innovativa ya que modifica la situación fáctica imperante al tiempo de su dictado, mas allá del nombre jurídico adjudicado por el "Ad quo".

Conviene destacar, una vez más, que las que pudieran otorgarse sólo pueden computarse a partir de la demanda, porque lo anterior, cumplido por las partes, es inherente al carácter conmutativo de los contratos, y en este sentido nadie puede ir en contra de sus propios actos y no se puede resolver "extra petita", o con notorio apartamiento de la legislación aplicable (conf. arts. 1138, 1195, 1198 3er. apartado, 1201, 1204, etc. del Cód. Civ.).

Que en el momento de resolver, se encontraba vigente y en ejecución el contrato de suministro de energía eléctrica que vincula a EDERSA con TPC entre cuyas cláusulas se fija el precio que debe abonar la primera como contraprestación de la energía suministrada por la segunda;

la medida decretada al recortar ese precio al fijarle como límite máximo el valor que rige en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el área de Río Negro y retrotraer sus efectos, alteró la ecuación económica prevista en aquel contrato, de obligaciones que ya estaban cumplidas por las partes, lo que desnaturaliza por completo la finalidad de la medida cautelar dictada.

Es de acotar que en el contrato originario entre EDERSA y TPC se establecen los mecanismos de renegociación o rescisión y las causas que lo pueden motivar, entre ellas, el cambio de legislación.
Extorsión, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, CARLOS s/ PROCESO PENAL - SUMARIO - PRUEBA - EXTORSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-21

En tanto se acreditó la disposición patrimonial perjudicial por parte de la víctima, la extorsión quedó consumada. No obsta a ello, el hecho que la exigencia se viera cumplida a medias, ya que a los fines de la configuración del tipo, tal dato aparece como intrascendente.
Recurso de queja (procesal), sustitución del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: MASSON OMAR ALFREDO Y OTROS c/ DIFUSORA ENTRERRIANA S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD - RECURSO DE QUEJA - INCIDENTE DE  SUSTIT. DE DEPOSITO PREVIO POR BIEN OFRECIDO A EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-13

El incidente en el que se tramita la sustitución del deposito previsto en el art. 125 inc. a) del C.P.L., por el ofrecimiento de bienes a embargo, es parte integrante de los recaudos que deben observarse para la concesión del recurso de apelación que se interponga contra la sentencia definitiva y, obviamente, es que, en caso de resolución denegatoria, solo de este último, debe ocurrirse en queja.
Importación temporaria, reexportación, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Safra C.I.F. (T.F. 7052-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

No es suficiente para tener por demostrada la posible reexportación de los efectos, la información producida por el despachante de aduana de la empresa. Tratándose de un hecho que se ha de probar a través de la documentación, la que necesariamente debe encontrarse en poder de su documentante -esto es, la actora-, no resulta idónea una prueba sustituta, como la de informes de un particular. (Consid. VI).
Pagaré no protestado, mora, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sejas, María Mónica c/ Elisseche, Juan Carlos y otro s/ Ejecutivo Respaldo S.A. c/ Leis, Emir s/ Ejec. Iglesias, Susana c/ Inmar S.A. s/ Ejec.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07|1995-07-06|1996-08-08

A los efectos de la procedencia de la presunción establecida en el art. 50 del dec. ley 5965, es necesario que el ejecutante manifieste haber presentado el documento de que se trate al cobro, en fecha y lugar determinados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extinción de la acción penal, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MORONI, RUBEN EMILIO. s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

La decisión que suspendió el curso del proceso a prueba resulta equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal, en tanto impide la continuación del trámite del expediente y, en principio, conduce a la extinción de la acción penal, con lo cual la pretensión punitiva del fiscal -rol esencial que le incumbe en el proceso- no podría ser ejercida (voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante votos de las Sras. Juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg).