Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-11


Expte. N° 7021 "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Rodrigo Antonia Beatriz - ejecución fiscal S/ INCONSTITUCIONALIDAD".

En la Ciudad de San Juan, el día once de junio del año dos mil dieciocho, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justicia, doctores Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Lo hacen para examinar el recurso de in-constitucionalidad planteado por la parte actora contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada en autos Nº 5.760 (23.761/15), caratulados "Provincia de San Juan C/ Rodrigo Antonia Beatriz - ejecución fiscal". ------- --- EL DOCTOR ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJO: ------------- --- I. Mediante la sentencia impugnada, el a quo rechazó la apelación articulada por la actora, quedando así convalidada la sentencia de origen que había declarado la perención de primera instancia y, como consecuencia de ello, la revocación de la sentencia monitoria. ---------------------------- --- Para así resolver, el tribunal comenzó señalando que las partes legitimadas para plantear la perención, en términos generales, son las accionadas: demandada, incidentada, recurrida. Que tal situación se replica en los procesos monitorios, con la particularidad de que en ellos se agrega la posibilidad de que la actora puede deducir la perención contra la oposición que la demandada pudiese haber planteado con posterioridad a la sentencia. Aseguró el tribunal que a la parte ejecutada no le está vedado plantear la perención de la instancia abierta por la accionante al promover la demanda y que no empece a esa conclusión el hecho de haberse dictado previamente la sentencia monitoria porque el diligenciamiento del mandamiento constituye la primera comunicación que tiene la accionada sobre la existencia del juicio. Añadió que el planteo se introdujo en la primera oportunidad procesal, resultando válido al constituir una manifestación de la garantía de defensa en juicio. ----------------------- --- A continuación, aclaró la cámara que si bien en el proceso de estructura monitoria el primer acto que produce el juzgado es el dictado de una sentencia, esa resolución resulta condicionada a la falta de oposición o al rechazo de las que pudieran articularse en su contra. Dijo que quien promueve una petición ante la justicia tiene la carga de producir los actos necesarios para impulsarla hasta obtener la respuesta que requirió. Luego de citar un precedente de este Tribunal (expte. 6696, "Provincia de San Juan c/ Nicolía Cristina Beatriz"; PRE S.1ª, 2017-I-171), el a quo afirmó que la actora es quien tiene la carga de producir todos aquellos actos necesarios para que la sentencia monitoria pierda su condicionalidad y quede firme. En esa línea, determinó que la acción instaurada no finaliza con el dictado de una sentencia condicional y que, por el contrario, es por medio de la adecuada y correcta citación de la parte ejecutada que el proceso ingresa a la etapa de bilateralización, razón por la cual, una vez dictada la sentencia monitoria, el impulso procesal continúa en cabeza del actor. Concluyó la alzada que las consecuencias desfavorables de la inactividad procesal ocurrida con posterioridad al despacho de la sentencia y en forma previa a su notificación -sumadas al transcurso del tiempo- debían ser soportadas por el accionante. ----------------------------------------------------- --- En virtud de los argumentos que anteceden, el tribunal juzgó que el planteo de perención debía prosperar teniendo en consideración: a) la normativa aplicable (art. 274, inc. 2 y 275, inc.1, del CPC, art. 102 del Cód. Tributario); b) que la sentencia monitoria fue dictada el día 20/11/15; y c) que el mandamiento de intimación de pago fue recién diligenciado en fecha 2/9/16. Ello, por cuanto fue introducido en la primera oportunidad procesal y dentro del plazo conferido para formular oposición contra la sentencia monitoria. Concluyó la alzada que de acuerdo al derecho vigente y al precedente citado de este Tribunal, correspondía rechazar el recurso de apelación con costas a cargo de la accionante. -- --- II. Contra dicha resolución la actora deduce el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, impugnación que encuadra en el inciso 3 del artículo 11 de la ley 59-O. Sostiene que el fallo impugnado importa un grave impacto en las arcas de la Provincia y que, para el supuesto de quedar firme, se configuraría un caso de gravedad institucional al ponerse en juego garantías de raigambre constitucional como son el acceso a justicia, el debido proceso y el principio de razonabilidad. Como finalidad de esta impugnación, persigue la revocación de la sentencia atacada, la admisión del recurso de apelación y el rechazo del planteo de perención formulado por la demandada -con costas- a cuyo efecto solicita que se aplique la ley vigente. ------------------------ --- II.1. Manifiesta, en primer lugar, que el fallo viola su derecho de defensa y el principio de división de poderes al colisionar directamente con la normativa de orden público; esto es, la ley 1669-O (B.O. del 17/11/17) que introdujo una modificación al CPC disponiendo que no se producirá la perención de instancia una vez dictada la sentencia monitoria, además de establecer que resulta aplicable a los procesos en trámite. Dice que para la hipótesis de no resolverse como propone, se lesionaría su derecho de defensa, el de propiedad y el principio de legalidad. Expresa que la ley aludida, publicada en el periodo transcurrido entre la fecha del fallo de la alzada y el vencimiento del plazo para interponer el recurso extraordinario, impone a la Corte el restablecimiento del orden jurídico vigente. Invoca, en apoyo de su postura, la resolución de esta Corte recaída en la causa "Yanzón de Graffigna". ------------------------------------- --- II.2. Aduce, a continuación, que la alzada omitió pronunciarse sobre un planteo concreto referido a la falta de notificación de la sentencia monitoria, lo que -según postula- es carga del juzgado en los términos del artículo 450 del CPC, razón por la cual en el sub examine no corrían los plazos (art. 275, inc. 6°, CPC). Afirma que resolver en sentido contrario torna a la sentencia en arbitraria y lesiva del derecho de defensa, dejando a salvo que una vez que su parte se notificó de la sentencia monitoria -con el retiro del expediente el 3/8/16- inmediatamente instó la notificación del mandamiento, lo que se materializó el día 2/9/16. - --- II.3. Por último, sostiene que la alzada no tuvo en cuenta que el instituto de la perención es de aplicación restrictiva y que el precedente de este Tribunal que cita el a quo ("Provincia c/ Nicolía") no resulta aplicable en razón de no coincidir las circunstancias de hecho de uno y otro proceso. Concluye que la sanción de la ley 1669-O torna in-aplicable la doctrina citada en el mentado precedente. ---- --- III. Tras analizar el caso y reseñar los fundamentos del recurso, anticipo en este estadio de mi voto que he de pro-poner su desestimación por las razones sustanciales y forma-les que paso a exponer (art. 5, ap. 2, ley 59-O) ----------- --- III.1. En primer lugar, corresponde emitir pronuncia-miento en relación a si la ley 1669-O (B.O. 17/11/2017) debe regir el caso, ya que fue publicada con posterioridad a la sentencia de la alzada (31/10/17) y encontrándose vigente el plazo para interponer el recurso extraordinario. Es que para el supuesto de admitirse su aplicación al sub examine, se tornarían inocuos los agravios vinculados a la inexistencia de la carga de impulsar el proceso (art. 450 y 275, inc. 6°, CPC) o al criterio restrictivo con que debe juzgarse la caducidad. --------------------------------------------------- --- Doy inicio al tratamiento de esta cuestión señalando que la ley 1669-O consta de tres artículos: "ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al Artículo 277 de la Ley Nº 988-O, el inciso 4), el que queda redactado de la siguiente manera: "4) En los procesos de estructura monitoria, una vez dictada la sentencia que establece el Artículo 493." ARTÍCULO 2º.- La presen-te ley regirá después del octavo día de su publicación en el Boletín Oficial, siendo aplicable a los procesos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia y también a los procesos en trámite. ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Memoro que el artículo 277 de la ley 988-O (CPC), establecía: "ARTÍCULO 277.- Improcedencia: No se producirá perención: inc. 1, inc. 2); inc. 3)." -------------------- --- Es decir: mediante el artículo primero de la reforma el legislador ha venido a incorporar al artículo 277 del CPC un nuevo inciso (inciso 4). De ese modo ha añadido un supuesto más de improcedencia de la perención de instancia, determinando que este modo anticipado de conclusión de los procesos no se producirá en los de estructura monitoria una vez dictada la sentencia que establece el artículo 493 del CPC. En el segundo artículo, la ley 1669-O dispone que regirá después del octavo día de su publicación en el Boletín Oficial y que será aplicable a los procesos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia y también a los procesos en trámite. Precisamente, es en esta última disposición que la parte actora sustenta el pedido de aplicación de la norma al caso, la que se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso extraordinario (12/12/17). --------- --- Pues bien, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse recientemente sobre la aplicación temporal de la citada disposición en expediente 6924, caratulado "Provincia de San Juan c/ Gemmo América S.A." (PRE S.2ª, 2018-I-68). La solución dada en ese precedente es plenamente aplicable al expediente de marras, en la parte en que se dijo: ".resulta evidente que la norma no es temporalmente aplicable al caso de autos. Cumplido el plazo de perención, la parte ejecutada articuló el planteo pertinente durante la vigencia del régimen anterior. Así las cosas, debe aplicarse el principio según el cual la aplicación inmediata de las normas procesales a los procesos en trámite no debe afectar la validez de actos ya cumplidos de conformidad con leyes anteriores (Fallos: 200:180, 246:183; cf., también, fallo dictado el 17/3/1998 en la causa "Cantos c/ Santiago del Estero"). En otras palabras, los actos procesales definitivamente ejecutados no pueden ser alterados por una ley posterior, ya que ello implicaría asignar a esta efecto retroactivo (Alsina, Derecho Procesal, T. I, p. 69)". --------------------------- --- En el caso venido estudio, tal como ocurrió en el precedente citado, el plazo de perención acaeció o se cumplió antes de la vigencia de la ley 1669-O; y esa circunstancia fue así denunciada por la ejecutada al interponer el incidente de perención el día 9/9/16. En otras palabras: durante la vigencia del anterior régimen que -precisamente- no preveía el supuesto de exclusión que ahora incorpora la ley 1669-O al artículo 277 del CPC, operó la inactividad durante el plazo legal respectivo, lo que dio lugar a que la parte ejecutada introdujera el planteo de caducidad de instancia. Por esta razón, la cuestión debe resolverse a la luz de la normativa vigente en aquella oportunidad al tratarse de actos procesales definitivamente cumplidos antes de la vigencia de la nueva ley. ---------------------------------------------- --- Por los motivos expuestos, corresponde rechazar el agra-vio tendiente a la aplicación de la ley 1699-O al presente caso. No obsta a lo anteriormente dicho la doctrina fijada por esta Corte en el precedente "Yanzón de Graffigna", ya que ella está referida a la aplicación inmediata de las leyes que modificaron el proceso de expropiación (7965, 7966 y 7967), en cuanto a su trámite, y en la medida que establecían la necesaria y obligatoria producción de la prueba pericial técnica del Tribunal de Tasaciones de la Provincia a los fines de fijar la justa indemnización para el expropiado, lo que surge de las consideraciones del fallo citado a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad. Como puede verse, tales circunstancias resultan absolutamente disímiles a la que aquí toca juzgar y, por lo tanto, deviene inaplicable la doctrina jurisprudencial invocada. ---------- --- III.2. Sentado lo anterior, paso a abordar la admisibilidad del resto de los agravios. La actora sostiene que el plazo de perención no transcurrió porque el juzgado de ori-gen no le notificó la sentencia monitoria recaída en la causa, lo que así correspondía -según dice- en los términos del artículo 275, inciso 6, del CPC. Expresa que esa cuestión fue propuesta a decisión del a quo y que éste omitió pronunciarse al respecto; sin embargo, en contra de lo postulado por la parte impugnante, juzgo que el tribunal de alzada expresamente abordó la temática planteada sin incurrir en el vicio de arbitrariedad. ------------------------------------ --- Veamos: surge de la contestación del incidente de perención (fs. 24/25 vta.) y del escrito de expresión de agravios (fs. 42/45) que la actora hizo alusión expresa a que no pesaba sobre su parte la carga de impulsar el proceso en razón de que el juzgado no había cumplido con la notificación de la sentencia monitoria (arts. 450 y 275, inc. 6, CPC), por lo que el plazo de perención no había transcurrido. Estas objeciones han recibido una respuesta jurisdiccional suficientemente fundada por parte de los tribunales de mérito (fs. 28/29 y 83/85); y ahora, nuevamente, son traídos a consideración de esta Corte pretendiéndose una revisión del caso, tal como si se tratara de una tercera instancia ordinaria que no se encuentra prevista en la ley. Por este motivo, propongo la inadmisibilidad del agravio. ------------------- --- En efecto, la alzada ha juzgado que existiendo una instancia abierta, lo que trasciende es el rol de iniciador de las actuaciones. Dijo el tribunal que si bien en el proceso de estructura monitoria el primer acto es el dictado de una sentencia, la misma está condicionada a la falta de oposición o al rechazo de la que pudiera articularse. En consecuencia, consideró que la carga de producir todos aquellos actos de impulso para que la sentencia pierda la condicionalidad y quede firme recaen sobre la accionante, quien debe diligenciar el mandamiento para que la resolución deje de ser provisoria y pueda -eventualmente- convertirse en efectiva si la accionada no comparece o no formula oposición. -- --- Como puede advertirse, no se verifica la omisión de pronunciamiento denunciada ni un vicio lógico en el razonamiento esgrimido por la alzada que pueda dar lugar a la arbitrariedad. De hecho, la resolución se basa en argumentos que -se los compartan o no- poseen entidad suficiente para fundar la decisión. A mayor abundamiento, cabe señalar que esta Corte tiene dicho -en sentido coincidente con el criterio aquí cuestionado- que un ejemplo de notificación que la ley ritual pone en cabeza del tribunal es la prevista en el artículo 450 del CPC cuando establece que "la sentencia será notificada de oficio." (expte. 6229; "Romero c/Cabrera"; PRE S.2ª, 2014-I-86); resultando determinante que la actividad atribuida a cargo del juzgado esté prevista de forma explícita en la norma en función del principio dispositivo que rige en la materia (expte. 5853; "Lozada c/Provincia"; PRE S.1ª, 2013-III-444). Aquel extremo, esto es, la carga de notificar impuesta sobre el juez o los funcionarios del tribunal, no aparece configurado en el artículo 455 del CPC referido específicamente a la notificación de la sentencia monitoria, lo cual viene a convalidar el criterio del tribunal de alzada, reforzando de tal suerte los motivos del rechazo de esta queja. --------------------------------------------- --- III.3. Por último, la actora objeta que el a quo no haya considerado que el instituto de la perención de instancia debe ser interpretado restrictivamente. Al respecto debo decir que tal criterio solo resulta aplicable en caso de duda y en el sub examine el a quo tuvo por inequívocamente constatada la inactividad procesal de la accionante durante el plazo legal (art. 274, inc. 2, CPC; art. 102 Cód. Tributario), circunstancia que torna innecesario apelar al criterio restrictivo de interpretación. Por otro lado, este argumento resulta ser un tema novedoso que no fue planteado ante las instancias de mérito, omisión que impide su tratamiento en forma originaria por este Tribunal (art. 4, ap.2, ley 59-O).

--- Por lo expuesto, voto por la desestimación formal del recurso de inconstitucionalidad planteado. ---------------- --- LOS DOCTORES ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJERON: --------------------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente. ----- --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad planteado. II) Devolver al recurrente las copias para traslado acompañadas. III) Ordenar que se protocolice la presente, se agregue copia al expediente y se oficie al tribunal a quo a fin de remitir otra copia. IV) Notifíquese y, oportunamente, archívese el expediente. Fdo. Dres. Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: Julieta M. Mercado -Secretaria Letrada de la Corte de Justicia.

Df-7021 CS PRE S.2° 2018-III-449