Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-27


000136/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los 27 días de mayo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "H., E. c/ D. P. S.R.L. s/ Cobro de pesos - Laboral" (Expte. 136 - Año 2009) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 241.----------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo:---------- Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 210 y por la parte actora a fs. 211 en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 201/204 vta., por el cual se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por E. H. contra D. P. S.R.L., condenando a esta última a que abone al actor, previo los descuentos legales que correspondan, y dentro del quinto día, la suma de $ 4.861,45 con más intereses. Asimismo se ordenó que entregue la certificación de servicios y remuneraciones previsto por el art. 80 de la LCT en diez días bajo apercibimiento de astreintes, imponiendo las costas por su orden y las comunes por mitades.-	--- A fs. 212 se conceden ambos recursos. A fs. 213/216 vta. obra el memorial de la demandada y a fs. 217/226 el de la actora. Se confiere traslado de los mismos a fs. 227, contestándolo la demandada a fs. 228/229 vta. y la actora a fs. 230/234. A fs. 238/vta. se dictó resolución denegando el replanteo de prueba efectuado por la demandada.--------- I.- Comenzaré por reseñar los agravios de ambas partes y efectuar una breve síntesis de sus respectivas contestaciones.-------------------------- 1) La accionada refiere, como primer agravio, que la jueza confunde el contrato con su instrumentalización, señalando que aquél es el acuerdo de voluntades y que aún en materia laboral no se requiere de un ritualismo o rigor formal. Señala los requisitos esenciales del contrato, considerando que en la especie las partes pactaron un contrato de plazo determinado y por media jornada en beneficio mutuo. Expresa que en la instrumentación hay hechos acordados que no pueden controvertirse, como que el actor fue contratado por cuatro horas diarias a partir del 15/02/07. Entiende que en el contrato no hubo desapego a la ley, ya que la misma no establece formalismo alguno para la celebración del contrato, debiendo el juez interpretar la intención de las partes. Se refiere luego al art. 94 de la LCT, indicando que se ha aceptado en casos de contratos de tiempo determinado que el preaviso se realice de manera anticipada al contratar. Admite que se cometió un error al instrumentarse el contrato cuando se hizo referencia a un contrato legal por temporada. Enfatiza que el acuerdo de voluntades era el de convalidar el contrato de plazo fijo por cuarenta y cinco días, habiendo comenzado el 15/02/07 y feneciendo el 31/03/07, todo lo cual fue aceptado libremente. Expresa que el contrato no fue cuestionado ni declarado nulo y que en el "sub lite" se cumplen los requisitos para la vigencia del contrato por tiempo determinado: a) que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración, y b) las modalidades de la tarea, temporada de verano y eventos en la hotelería.----------------- Como segunda queja, objeta que la "a quo" dio como cierto que el actor comenzara a laborar a fin de enero de 2007, basándose para ello en pruebas erróneas y equívocas. Enumera las pruebas que fundamentan que el inicio de la relación fue el 15/02/07: pericial contable, informe de la Anses, contrato escrito, ficha de ingreso, libro del art. 52 de la LCT y declaración de la testigo C.. En cambio, agrega, la jueza se basó en las declaraciones de A. y M., quienes son imprecisos o no tenían contacto con el actor, amén de que, respecto de este último debe tomarse toda la declaración.---------------------------- En tercer lugar se agravia de que se hubiera determinado que el despido fue incausado y que por ende corresponde la indemnización por preaviso, cuando se alegó y probó que el despido fue causado por las injurias graves cometidas por el accionante el 31/03/07, fecha del vencimiento del plazo contractual. Reafirma que el despido se dio como consecuencia concomitante de la injuria por desobediencia. Cita declaraciones testimoniales al efecto. Considera que concluir que el despido verbal por su forma siempre es incausado no puede entenderse como derivación razonada del derecho vigente, ya que el hecho injuriante se produjo a las 23.30 de un sábado, por lo que hasta el lunes 2 de abril no había forma de cursar la comunicación. Añade que como la contraria no concurrió ese día a fin de dar cuenta de la faz económica, su parte comunicó legalmente en tiempo y forma el despido por escrito. Refiere que la actuación de la parte demandada fue lógica, dadas las condiciones en que se suscitaron los hechos.---------------------------------- Finamente como cuarto agravio critica que se haya condenado a pagar el salario íntegro de marzo cuando el demandante sólo trabajó quince días en forma completa, ya que la primera quincena lo hizo por cuatro horas como lo reconoce el propio actor. Hace reserva de caso federal, realiza una somera consideración del fallo apelado y efectúa el petitorio de estilo.--------- --------------- 2) Cuando el actor contesta los agravios de la contraria, en cuanto al primero referido al tipo de contrato expresa que la demandada no acreditó el mismo porque no se expresó la causa que justifique este tipo de contratación, sino que sólo se describieron las tareas a ser cumplidas. En cuanto a lo que la accionada considera de público y notorio conocimiento por tratarse de un hotel y de la temporada estival, señala que en todo caso debió haberse celebrado un contrato de trabajo de temporada.------------- En segundo lugar, respecto a la fecha de ingreso del trabajador, indica que la prueba instrumental que cita la contraria no puede acreditar en favor de la misma, sosteniendo que las declaraciones testimoniales en las que se apoya la juzgadora son válidas.----------- En lo que se refiere a si existió causa para el despido expresa que la demandada transcribe de manera incorrecta las declaraciones testimoniales con las que pretende demostrar las supuestas faltas del actor, las que fueron descriptas pero no acreditadas.---- En cuanto al cuarto agravio, indica que la juzgadora concluyó que a pesar de los reconocimientos mutuos las remuneraciones abonadas resultan menores a las convencionales.-------------------------- 3) La accionante expresa agravios, previa reseña de los antecedentes de la causa y del decisorio en crisis. Señala dos quejas. La primera se focaliza en el rechazo de la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25345, sosteniendo que su parte intimó a la empleadora en los términos del decreto 146/01 a fin de que se procediera a la entrega de la documentación del art. 80 de la LCT. Agrega que, si bien es cierto que la demandada contestó a fin de poner a disposición la misma, no lo es menos que con dicha actitud no cumplió con su obligación de entrega, por lo que debió consignarla judicial o administrativamente. Añade que debe sumarse el informe del correo que da cuenta de la devolución de la carta documento de la demandada, por lo que la accionada debió arbitrar los medios para liberarse de su obligación. Cita jurisprudencia. Destaca que la jueza, acertadamente, condenó a la contraria al cumplimiento de la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones del art. 80 mencionado, por lo que se ha acreditado que los datos volcados por la empleadora en la documentación que acompañó al contestar demanda no son verídicos. De allí que no se pueda obligar al actor a recibir documentación cuyos datos no son reales y de esa manera impedir que sea acreedor a la indemnización del art. 45 de la ley 25345. Vuelve a citar jurisprudencia.------------------------- En segundo término se queja de la forma en que fueron impuestas las costas, las que, considera, deben ser soportadas por la accionada, ya que su parte debió promover este proceso a fin de obtener sus correspondientes indemnizaciones motivadas por el despido sin justa causa, previa intimación extrajudicial. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal y efectúa el petitorio de estilo.----------- 4) Al contestar los agravios, la demandada expresa que es falaz que se le endilgue morosidad a su parte, por cuanto cumplió al contestar demanda lo que fue expresamente aceptado por la contraria al responder el traslado de la documentación acompañada y posteriormente pidió extraer la suma depositada en concepto de haberes, no haciendo más salvedad que la relativa al monto del pacto de cuota litis. Luego refiere a que el actor debió concurrir al domicilio laboral a recibir los haberes y los certificados que supuestamente aún reclama, por lo que entiende que la contraria no actuó con buena fe contractual. Menciona asimismo que el actor ni siquiera alegó interés legítimo o lesión alguna por la mora alegada, amén de que podía haber obtenido la información pertinente por parte de la autoridad de aplicación.----------------------------------- En cuanto a las costas esgrime que el actor, lejos de verse impelido a demandar no actuó de buena fe, ya que desde siempre se colocó en situación de litigio. Añade que en realidad la contraria debe ser condenada en costas "in totum" dada su apelación sobre el fondo de la cuestión. Se refiere al caso federal planteado por la demandante.------ II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, comenzaré el análisis de los agravios de la demandada, ya que con los mismos se pretende el rechazo total de la demanda, mientras que la actora se queja de la desestimación de un rubro reclamado y de la imposición de costas.------------------------------- 1) La jueza "a quo" desgranó, al examinar el tipo de relación laboral entre las partes, las siguientes consideraciones: "Comenzaré por señalar la confusión respecto del tipo de contratación efectuada y sus efectos que campea en el responde. Ello así porque "la contratación a prueba por un perentorio plazo" que se señala a fs. 56 vta., no existe como tal. Es que, por definición ...todo contrato por tiempo indeterminado... comienza con un período de prueba. Pero, ello es la parte inicial de un contrato por tiempo indeterminado. Por el contrario, no pueden las partes pactar períodos de prueba en contratos sujetos a plazo (art. 92 bis L.C.T.). Para más confusión tampoco la parte parece distinguir entre "contrato a plazo fijo"... y contrato de temporada. Ello así porque la documental que la propia demandada acompaña (ver fs. 41) pese a titularse claramente "contrato a plazo fijo", en su primer párrafo se lee que las partes convienen en celebrar un "contrato laboral por temporada". El contrato en cuestión, en la cláusula quinta, retoma el contrato a plazo fijo para dejar constancia que el período fijado se debe a razones operativas de la empresa, eventos en el salón que forman parte de la explotación hotelera...obviamente que el corolario, de esta retahíla de improvisaciones, es que la demandada ha obviado acreditar los requisitos que acumulativamente exige el art. 90 L.C.T. para demostrar contratos por plazos determinados, por lo que deberá entenderse que en sublite existió entre las partes una contratación por tiempo indeterminado que según las declaraciones..." (ver sentencia a fs. 202 "in fine"/203, 1er. párrafo).--------------------------------- La demandada se agravia por entender que, más allá de reconocer que se incluyó por error la frase "contrato legal por temporada", el contrato de fs. 41 celebrado a plazo fijo resulta ser la genuina expresión de voluntad de las partes, que no existe ninguna invalidez en la cláusula sexta en la que se contiene el preaviso debido a la duración del contrato y que, contrariamente a lo expuesto por la jueza, sí se han demostrado los requisitos que exige el art. 90 de la LCT. La norma precitada establece, en la parte que aquí interesa: "El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias: a) que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración; b) que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen...". Es de resaltar que la propia recurrente admite la confusión y el error en introducir una referencia a un contrato por temporada (ver contrato de fs. 41, 1er. párrafo), quedando claro, según su postura que se trata de un contrato a plazo fijo, esto es, por tiempo determinado. Es que resulta incompatible que se trate de un contrato por temporada y por tiempo determinado simultáneamente , ya que el contrato de temporada es una especie dentro del género contrato de tiempo indeterminado (conf. Tosto, Gabriel A. en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº III, pág. 5).---------------------------------- Dicho lo anterior, entiendo que lo dirimente en el agravio viene dado por la invocación de que en la especie se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la norma en cuestión para que nos encontremos frente a un contrato por tiempo determinado. Ello es así porque carecen de relevancia los argumentos que trae la accionada relativos a que el contrato instrumentado a fs. 41 resulta ser la genuina expresión de la voluntad negocial de las partes. Es que se acuerda que en la temática vinculada a la duración de los contratos de trabajo se destaca la vigencia del orden público laboral, que importa una técnica que consiste en imputar a las partes contratantes obligaciones necesarias e indisponibles, sustrayendo de la autonomía de los sujetos la capacidad para negociar cuestiones estructurales de los contratos (conf. Tosto, op. cit., ídem, págs. 10/11). En consecuencia lo que debe indagarse es si se cumplen los requisitos que prohijan las excepciones a la regla de la indeterminación, tal como ya lo he sostenido en un antecedente de este cuerpo (CANE, Sala "B", SDL 59/07). En primer lugar se señala la forma tasada, expresándose que una de las condiciones de validez de la modalidad temporaria es que se instrumente por escrito, caso contrario el contrato se configura como de tiempo indeterminado (conf. Tosto, op. cit., ídem, pág. 13). En la especie, con el instrumento de fs. 41 cabe tener por cumplimentada dicha exigencia. La segunda, que por ser exigencias acumulativas debe presentarse en forma conjunta con la anterior (conf. Tosto, op. cit., ídem, pág. 15), radica en la justificación objetiva. Esto es, las condiciones objetivas de producción, como mecanismo ajeno a la voluntad de las partes que requiere la modalidad temporaria, que no debe responder a la atención de necesidades permanentes del establecimiento; en suma, sólo para solucionar exigencias impuestas por necesidades estructurales temporarias (conf. Tosto, op. cit., pág. 14). En tal sentido se ha sostenido que para que se vea justificada la implementación del contrato a plazo fijo debe existir una necesidad objetiva -vale decir, no meramente subjetiva, emanada de la sola voluntad de las partes- de carácter temporal que justifique suficientemente la marginación de una contratación por tiempo indeterminado (conf. CNTrab., Sala V, exp. 16.975/03, S.D. 67.432, 09/02/05; elDial.com.-ALBC7).------- La apelante arguye, con relación a la justificación objetiva de la modalidad temporaria, que por las modalidades de las tareas, la temporada de verano y eventos en la hotelería, la misma surge del propio contrato, del informe de la Cámara Hotelera y que se trata de una verdad hominis de la zona que no requiere siquiera de mayor prueba (ver fs. 214, últimos párrafos del primer agravio). En realidad del propio contrato se desprenden las tareas encomendadas al actor (ver cláusula cuarta), y si se examinan las mismas son actividades propias del servicio de hotelería por lo que de su mera enunciación no cabe deducir la justificación de la temporalidad invocada. En cuanto al informe de la cámara hotelera (ver fs. 116 y 134), se refiere a que es de estilo celebrar contrato a plazo fijo en temporada alta por la mayor ocupación hotelera, mas esto en todo caso justificaría un contrato por temporada, más allá de que se señalan como períodos de temporada alta los de los meses octubre/noviembre y enero/febrero, por lo que no se justifica en forma específica por qué el contrato se celebró desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo. Y en cuanto a la alegada verdad hominis la misma, en todo caso, justificaría un contrato por temporada pero no a plazo fijo como el que intenta demostrar la agraviada.------------- En virtud de todo lo expuesto deviene inaudible lo expresado por el quejoso en cuanto al preaviso, ya que amén de lo dispuesto por el art. 94 de la LCT, se ha concluido en que se trataba de una relación por tiempo indeterminado.-------------------------- En base a todo lo expuesto es que postulo el rechazo de este primer agravio.---------------- 2) La segunda queja se refiere a que erróneamente la "a quo" tuvo por cierto que el actor comenzó a laborar a fines de enero de 2007, cuando en realidad de las pruebas que enumera surge que el vínculo tuvo inicio el 15 de febrero de 2007. La sentenciante expresó que la relación "...según las declaraciones coincidentes de A. (fs. 127) y de M. (fs. 167), se inició a fin de enero de 2007..." (ver fs. 202 vta. "in fione"/203, 1er. párrafo). La quejosa hace referencia, para sostener su postura, a la pericia contable, al informe de ANSeS, al propio contrato escrito, a la ficha de ingreso suscripta y reconocida por el actor, al libro del art. 52 de la LCT y a la declaración de la testigo C. (ver fs. 214 vta., primeros párrafos).---------- Cabe decir en primer lugar que las pruebas documentales -el contrato de fs. 41, la ficha de ingreso y los libros del art. 52 de la LCT- de ninguna manera pueden prevalecer sobre la realidad del vínculo sobre la que puedan ilustrar, por ejemplo, los testigos. Es que el art. 23 de la LCT importa la consagración del principio de la primacía de la realidad como principio típico del derecho del trabajo (conf. Rodríguez Mancini, en Rodríguez Mancini-Barilaro, op. cit., Tº II, pág. 75). En ese contexto la eficacia probatoria de la documentación laboral queda librada a la apreciación judicial, y los jueces deben valorar dos consideraciones insoslayables: el carácter unilateral de la creación de una prueba que no puede ser controlada por la otra parte, aún mediando su firma inserta en ella, y b) los efectos que en el derecho público tienen los libros que no llevan las formalidades legales. Esta valoración es acorde con el principio de la primacía de la realidad que impera en el proceso laboral y que implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos formales, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos (conf. Tosto, op. cit, Tº II, págs. 565/566). En base a lo expresado, y habiendo sustentado la jueza su conclusión en las declaraciones testimoniales, carece de relevancia el argumento apoyado en la prueba documental mentada, así como en la pericia contable a fs. 82 (pto. 3) y el informe de fs. 108/110, dado que estas dos últimas pruebas también descansan en las fuentes documentales.----- En cuanto a la prueba testimonial, C. (ver fs. 129/132), quien trabajó con el actor en el hotel de la demandada, expresa que H. ingresó a mediados de febrero de 2007 (ver respuesta a generales de la ley). Por su parte A. (ver fs. 127/128 vta.), quien también laboró con el actor en el hotel, contesta que habrá ingresado a fines de enero de 2007, que exactamente no lo recuerda (ver respuesta primera); y M. (ver fs. 167/169), que es el contador de la demandada (ver respuesta primera), manifestó en cuanto a la fecha de ingreso que está en los libros del hotel y que le parece que fue en enero de 2006. La apelante señala que A. es tendencioso porque no recuerda cuándo entró a laborar otro conserje del hotel y que además es dubitativo, respecto de M. expresa que refiere al año 2006 y que remite a los libros del hotel. Es cierto que este último indicó el año 2006 pero resulta claro que se trató de un "lapsus", ya que no hay controversia entre las partes con relación al año en el que se desarrolló la relación laboral y que es 2007. Entiendo que las críticas que la recurrente realiza a la consideración que la "a quo" efectuara de estos dos últimos testigos deviene insuficiente para hacer lugar al agravio, ya que se trata de discordancias leves o relacionales (derivadas de la oportunidad, lugar, circunstancias del testimonio) (conf. Falcón, Enrique M.: "Tratado de la prueba", Ed. Astrea, 2003, Tº 2, pág. 375). Es que en el caso de A. la no manifestación de la fecha de ingreso de otro trabajador no importa de por sí que el testigo fuera tendencioso. Y que el contador remitiera a los libros debe ser tomado como una expresión de práctica dada su condición profesional, no obstante ello resulta sintomático que hiciera referencia al mes de enero, más aún teniendo en cuenta que de acuerdo a lo contestado en la cuarta y sexta preguntas, el testigo tuvo presente las circunstancias en las cuales el actor se acercó a su estudio para que sea dado de alta en el empleo.--------------------- ----- Por lo dicho es que también en este agravio propongo desestimar la queja.-------------------- 3) Con relación al tercer agravio, la demandada sostiene que dadas las circunstancias de tiempo y lugar en que se desarrolló el despido del actor, para lo cual hace referencia a las declaraciones testimoniales, no podía en dicha oportunidad volcar por escrito la causal del despido, por lo que debió esperar al día lunes 2 de abril de 2007 para cursar la comunicación pertinente. El argumento dirimente que se explayó en la sentencia consiste en que la propia accionada reconoció que el despido fue verbal y que el mismo es por definición incausado (ver fs. 203).------- Ya me he pronunciado sobre la cuestión que corresponde examinar en el antecedente de esta Sala "B", SDL Nº 06/08 del 08/02/08. Sostuve en el mismo que el art. 243 de la LCT reza: "El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas". En comentario a dicha norma se ha considerado, que de acuerdo a la LCT tanto el preaviso en el despido incausado como el despido causado, deben ser comunicados por escrito, pero mientras que en el primer caso la exigencia es de prueba, en el segundo hace a la existencia no del despido pero sí de la causa. En cambio el despido incausado puede ser comunicado por cualquier forma y probado por cualquier medio (conf. Ramírez Bosco, Luis E., en Rodríguez Mancini-Barilaro, op. cit., Tº IV, pág. 365). Como bien lo señalara la magistrado de la instancia anterior, la demandada reconoció en su carta documento de fs. 42, haber despedido verbalmente al actor. Es más en dicha carta se comunica que se notifica por esa vía fehaciente el despido verbal que se le notificara el día 31/03/07 y allí se enumeran los motivos. En consecuencia, ante la admisión de que el distracto se produjo de manera verbal, el mismo debe reputarse incausado, deviniendo en tardía la alegación de causas imputables al actor como se hace en la comunicación de fs. 42. Nuevamente es de recordar que cuando se omiten las formas exigidas por el artículo 243 de la LCT en una denuncia motivada, ella será eficaz como acto unilateral extintivo, pero no tendrá validez como invocación de justa causa de rescisión contractual (conf. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de trabajo", Ed. Astrea, 2002, pág. 243, pto. 2). A lo sumo se admitió jurisprudencialmente la notificación verbal del despido con causa registrada en una escritura pública a los fines de cumplir con la exigencia del art. 243, cuando se comunica en forma expresa la voluntad rescisoria y las causales en que se funda la decisión (conf. CNAT, Sala IV, 27/05/91, DT, 1991-B-1656), lo que no ocurrió en la especie.----------------------------------- ---- En síntesis por los motivos expuestos, bien se tuvo en la instancia anterior por incausado el despido verbal indicado, por lo que se desestima el agravio.-------------------------- 4) En último lugar la demandada critica que en la sentencia se haya condenado a pagar el salario íntegro de marzo cuando el actor trabajó en forma completa sólo quince días, ya que reconoció que en la primera quincena laboró cuatro horas (ver fs. 216, 1er. párrafo). Sin embargo la jueza se hizo cargo de la cuestión horaria pero a pesar de ello dio otros argumentos para hacer lugar al reclamo, los que no fueron confutados en el agravio. La magistrado de grado razonó: "En cuanto al horario, existen reconocimientos mutuos. En efecto, la demandada reconoce el trabajo del actor en jornadas de 8 hs. A partir de marzo (ver respuesta a la posición cuarta de fs. 121). Por su parte el actor reconoció un horario de 4 hs. desde el ingreso (respuesta a la posición cuarta y quinta del pliego de fs. 123, en fs. 124). Teniendo en cuenta que aún asi y conforme lo dictaminado por el perito contador a fs. 82/3, las remuneraciones abonadas al actor resultan menores a las convencionales, la demanda prospera en cuanto pretende las diferencias salariales durante el mes de febrero (1.615,56/200 x 100 -381,04): $ 426,74, así como la remuneración completa del mes de marzo por $ 1615.56" (ver sentencia a fs. 203 vta., 2do. párrafo).---------- Es así que atento que la apelante no cuestionó el argumento brindado por la jueza respecto a que ni siquiera se abonaron las remuneraciones convencionales, corresponde declarar la deserción parcial en lo que se refiere a este agravio.------------------ III.- Pasaré a ahora a examinar los agravios de la actora.------------------------------------- ------- 1) La sentenciante de la instancia anterior consideró: "En cuanto a la multa prevista en el art. 45 de la ley 25345, si bien el actor intimó en forma extrajudicial y temporánea en los términos del decreto 146/01 la entrega de la documentación en cuestión, también lo es que la demandada conforme la documental que acompaña y que no fuera desconocida (ver fs. 49/50), contestó poniéndola a disposición del trabajador. Si a lo expuesto se agrega que no se ha invocado que el actor se haya presentado infructuosamente a los fines de retirar la documental en cuestión, cierto es que no existe mora de parte del deudor, por lo que corresponde desestimar la multa en cuestión" (ver sentencia a fs. 203 vta., anteúltimo párrafo).--- El accionante se agravia de esta decisión por cuanto explica que él intimó en tiempo y forma a fin de que se le entregue las certificaciones del art. 80 de la LCT y la contraria no lo hizo en el plazo adicional de dos días, agregando que no hay razones para entender que dicho cumplimiento dependa de que el trabajador se presente en la empresa a retirar la documentación y que en todo caso el empleador debe consignarla administrativa o judicialmente. Y añade que se informó que la comunicación por la cual la demandada puso a disposición la certificación pertinente fue devuelta. Como otro argumento expresa que además la documentación acompañada al contestar demanda cuenta con datos inexactos y que por dicha razón se ordenó a la contraria la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones bajo apercibimiento de astreintes.- --------- --- El art. 3 del decreto 146/01, que reglamenta el art. 45 de la ley 25345, que a su vez modifica el art. 80 de la LCT reza: "El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los aps. 2 y 3 del art. 80 de la LCT 20744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modif., dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". El actor cumplió con la intimación referida en el plazo legal, esto es luego de los 30 días de extinguido el vínculo, tal como surge del telegrama de fs. 08 del 07/05/07, esto es luego de pasados 30 días del despido verbal del 31/03/07. Ante ello la demandada contestó poniendo a disposición del actor las certificaciones requeridas en las oficinas de la empresa (ver fs. 49). Más allá de que, según surge de lo informado por el correo a fs. 50 esta última comunicación no habría llegado a conocimiento fehaciente del accionante, y no obstante de existir opiniones controvertidas, se ha entendido que resulta procedente la condena a abonar la multa del art. 45 de la ley 25345 por el hecho de que el empleador no haya entregado el certificado de trabajo pues la mera puesta a disposición es insuficiente para demostrar cumplida la obligación prevista en la norma y no permite considerar que la accionada haya tenido verdadera voluntad para hacer entrega del mismo (conf. CN.Trab., sala VII, 27/12/02, in re: "Fiori, Mirta E. c/ Brewda Construcciones S.A." y 12/03/03 in re: "García, Roberto c/ Pentars S.R.L., RDLSS, 2003-230). Es así que la empleadora debió, en todo caso, haber consignado en sede administrativa o judicial las certificaciones pertinentes.----- --- A lo antedicho debe añadirse que en la propia sentencia se dejó constancia de que la documental acompañada con la contestación de demanda resulta parcial e incompleta, por lo que se condenó a la entrega de la certificación pertinente bajo apercibimiento de astreintes (ver fs. 204, 2do. párrafo). En tal sentido se ha considerado que "La sanción que la ley 25.345 incluyó en el art. 80 LCT resulta de aplicación si la empleadora confeccionó los certificados con una fecha de ingreso que se demostró era posterior a la real" (conf. CN.Trab., sala III, 25/11/02, in re: "Dolcet, Adriá P. C/ Cerrito Car S.A., RDLSS, 2003-231). Si se recuerda que la actora ha resultado victoriosa en cuanto a la determinación de la fecha de comienzo del vínculo laboral, encuentro que, de acuerdo a todo lo razonado asiste razón a la apelante, procediendo acoger la multa reclamada. En consecuencia se hace lugar a este rubro por la suma de $ 4.846,68, procediendo el aumento de la condena total en la suma final de pesos nueve mil setecientos ocho con trece centavos ($ 9.708,13).---- ------ 2) La jueza de grado, enumerando los aspectos en los cuales las partes resultaron parcialmente vencidas y vencedoras, impuso las costas por su orden y las comunes por mitades (ver fs. 204, pto. III). La actora se queja de esta solución adoptada por entender que la contraria debe soportar el total de las costas pues su parte debió incoar este proceso a fin de obtener las indemnizaciones correspondientes motivadas por el despido sin justa causa.------------ Se ha sostenido que para determinar la noción de vencido debe aplicarse una visión global del juicio y no reducirse a un análisis aritmético de las pretensiones y resultados (conf. CN. Com., Sala C, 13/7/90, LL, 1990-E-283). En el mismo sentido se consideró que para la imposición de las costas lo que vale es la razón o la sin razón de las respectivas posiciones que el magistrado extrae de lo expuesto y probado en el pleito. El está autorizado a dar al complejo de hechos relatados por los desavenidos, un encuadre jurídico distinto del que éstos perciben, en atención a la fórmula da mihi factum, dabo titi ius (conf. Sentís Melendo, Iura novit curia, en Revista derecho procesal 1947, 2da. parte, págs. 208 y sigtes.; C. 1era., Sala III, La Plata, causa 178.895, reg. sent. 186/80, entre otras). También se sostuvo que para establecer el carácter de vencido en una contienda judicial no es admisible parcelizar el litigio con relación a los distintos reclamos, sino que ha de estarse a un enfoque global del resultado de la controversia (conf. SCBA, DJBA v. 100, pág. 130; LL, 152-140. Y en similar orden de ideas, el máximo tribunal provincial, decidió que es dable discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. STJCH, in re: "C. L. c/ Pcia. del Chubut", SD 07/91 y "C. de R. c/ Chubut Construcciones y otro", SD 03/93).----------- En atención a las pautas mencionadas, dado que se concluyó que el despido fue incausado y que la actora debió promover esta pleito a efectos de obtener satisfacción a las indemnizaciones correspondientes, no cabe duda que será la accionada quien deberá cargar con el grueso de los gastos generados por la contienda. Ahora bien, también es cierto que la actora resultó vencida en lo que hace al reclamo de la integración del mes de despido y de las multas de los artículos 8 y 15 de la ley 24013, por lo que encuentro equitativo que las mismas se repartan en un 75% a la accionada y en un 25% al actor (conf. art. 71 del CPCC, conf. remisión del art. 76 de la ley 69).----------- IV.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se revoque parcialmente el fallo apelado a fin de incrementar el monto total de condena en la suma de pesos nueve mil setecientos ocho con trece centavos ($ 9.708,13), y de imponer las costas en un 75% a la demandada y en un 25% al actor, confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.------------------------------------ Dado que se revoca parcialmente la sentencia, por conducto de lo dispuesto por el art. 279 del CPCC corresponde examinar si corresponde la readecuación de la imposición de costas y de la regulación de honorarios. En cuanto a lo primero ya fue objeto de estudio al tratar la apelación del actor. Respecto de lo segundo dado que la revocación parcial importó un aumento sustancial del monto de condena, quedando la demandada como sustancialmente vencida, encuentro prudentes los emolumentos establecidos a los letrados de la actora y al perito, mas deviene procedente reducir los de la letrada de la demandada, Dra. L. H. E de M., ya que amén de lo expuesto resulta ser letrada patrocinante. Es así que encuentro ajustado a derecho establecer los mismos en un 11% del monto total de condena.----------------- En cuanto a las costas en esta sede, dado que la demandada resultó perdidosa en su totalidad, mas el actor no triunfó completamente por cuanto las costas de la instancia de grado se repartieron parcialmente, si bien en su grueso las carga la accionada, encuentro equitativo distribuirlas en un 90% a la demandada y en un 10% a la actora (conf. art. 71 del CPCC).-	--- Propongo asimismo regular los honorarios de los letrados actuantes en esta sede, atendiendo a la regulación efectuada en la primera instancia, y a la extensión y eficacia de las tareas, así como a los resultados respectivamente obtenidos, como sigue: para los Dres. F. A. y M. A., letrados apoderados del actor, en conjunto, en un 30%; y a la letrada patrocinante de la demandada Dra. L. H. E. de M., en un 25%, en ambos casos de lo regulado en la primera instancia y con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 7, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200).-	----------- --- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-	--- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	--- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y actora a fs. 210 y 211, respectivamente, que fueran concedidos a fs. 212, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 201/204 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por E. H. y condenó a "X" S.R.L. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $4.861,45.-, con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales febrero 2007, remuneraciones adeudadas marzo 2007, vacaciones proporcionales, indemnización sustitutiva por falta de preaviso, e incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323, e indemnización contemplada por el art. 45 de la ley 25.345, y asimismo ordenó la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones previsto por el art. 80 de la L.C.T., en el plazo de diez días y bajo apercibimiento de aplicar astreintes, con imposición de costas por su orden y las comunes por mitades.------------------------------------- Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen presentados por la demandada y el actor a fs. 213/216 y vta. y 217/226, respectivamente, y los traslados conferido a fs. 227 fueron contestados por dichas partes a fs. 228/229 y vta. y 230/234 y vta., el replanteo de prueba formulada por la sociedad fue denegado a fs. 238/vta., y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.-- --- 2. Al ingresar al examen de los agravios de la parte demandada corresponde señalar que la Sra. Juez de la anterior instancia puso de relieve a fs. 202 vta., a saber, que: a) las partes no pueden pactar períodos de prueba en contratos sujetos a plazo; b) la parte parece no distinguir entre contrato a plazo fijo y contrato de temporada a pesar que ambos tienen diferentes regímenes; c) se convino en la cláusula sexta un preaviso que infringe lo normado por el art. 94 L.C.T.; d) la demandada ha obviado acreditar los requisitos que acumulativamente exige el art. 90 L.C.T. para demostrar contratos por plazos determinados, por lo que deberá entenderse que existió una contratación por tiempo indeterminado.	2.1. Frente a tales razonamientos la sociedad accionada argumenta que la inclusión de la frase "contrato legal por temporada" fue un lapsus propio de la aplicación del archivo de la computadora sin borrar esa frase (sic), el contrato es la fuente de la relación de trabajo y no ha sido declarado nulo, el valor probatorio de la prueba instrumental no fue siquiera cuestionado, y que los requisitos exigidos por el art. 90 de la L.C.T. -forma escrita, plazo, modalidades de la tarea, temporada de verano y eventos en la hotelería- no fueron obviados.	Desde ya que no hay duda alguna que la postura de la sociedad es la de considerar que se trató de un contrato de trabajo a plazo fijo al reconocer a fs. 213 vta. que por error se deslizó en el "instrumento" la frase "contrato legal por temporada", en puridad "contrato laboral por temporada" (fs. 41, renglón 6), pese a lo pese a lo cual vuelve a introducir confusión al mencionar entre los requisitos cumplidos las "modalidades de la tarea, temporada de verano" (fs. 214, renglón 33).	Así, indudable resulta la diferencia existente con el contrato de trabajo de temporada ya que este es un contrato por tiempo indeterminado aun cuando las prestaciones sean discontinuas y no continuas como en el contrato de trabajo más común (Etala, "Contrato de trabajo, Astrea, 4ª ed. act., 2002, pág. 275).	Con ese alcance, el contrato de trabajo a plazo fijo es una excepción al principio de indeterminación del plazo, al establecer los requisitos formales y sustanciales para que este contrato tenga legitimidad (Etala, ob. cit., pág. 252).	Y en ese direccionamiento, no basta con observar las formalidades legales sino que se requiere la acreditación de una causa objetiva propia del proceso productivo.	--- El régimen común de contrato de trabajo privilegia la relación por tiempo indeterminado, dándole a aquella que no lo es un carácter excepcional sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones objetivas cualquiera sea la modalidad que se adopte para instrumentarlo y las causas que se invoquen para su existencia (CNTrab., sala V, marzo 27-991, D.T. 1991-A, 827).-------- --- La celebración del contrato a plazo fijo no depende exclusivamente de la voluntad de las partes de vincularse mediante este tipo de contrato. Deben existir causas objetivas fundadas en las modalidades de las tareas o de la actividad de que se trate que lo justifiquen. De no darse estas exigencias, el contrato se juzgará como de tiempo indeterminado (Etala, ob. cit., pág. 252).	El contrato a plazo fijo constituye una excepción a dicho principio (tiempo indeterminado) que es legítima cuando se haya respetado la forma escrita, y además medien razones objetivas que justifiquen el plazo propuesto a la contratación. Al respecto, el mismo art. 90 de la L.C.T. establece requisitos formales y sustanciales para que el contrato a plazo fijo tenga legitimidad. Los primeros están vinculados con la forma escrita y con la determinación del plazo que puede ser cierto o incierto, el requisito sustancial radica en la existencia de una causa objetiva fundada en las modalidades de las tareas o de la actividad de que se trate que justifiquen este tipo de contratación. Si las partes calificaron erróneamente el contrato como de plazo fijo se le debe aplicar las reglas del contrato por tiempo indeterminado. Y lo mismo ha de ocurrir si no se cumple alguno de los requisitos del artículo 90 de la L.C.T. (forma escrita, necesidades objetivas de la empresa). Este encuadre, y la aplicación de la normativa pertinente, deben ser hechos de oficio por el juez, pues esas normas son de orden público (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ª. ed. act., 2007, T. I, par. 7.6.1. y 7.6.3., págs. 875 y 878, respectivamente) (la cursiva me pertenece).	Por eso, las manifestaciones vertidas en el sentido de que el contrato expresa la voluntad de las partes y que no fue declarado nulo carecen de toda eficacia pues con ello la recurrente omite considerar que el cumplimiento de los requisitos, no sólo formales sino también sustanciales, previstos por el art. 90 de la L.C.T. deben aplicarse de oficio por el juez pues esa normativa es de orden público y por consiguiente está alcanzada por el principio de irrenunciabilidad subsumido en el principio protectorio (art. 12 de la L.C.T.).	A su vez, los requisitos establecidos en los incisos a y b del artículo comentado son acumulativos y no alternativos, es decir, deben darse conjuntamente para que el contrato se considere de plazo fijo (Etala, ob. cit., pág. 253).	Y si bien se respetó la forma escrita y la determinación del plazo, debe verificarse si en el caso se observó la relación entre el plazo y la necesidad objetiva de la empresa (requisito sustancial), ya que la doctrina mayoritaria se inclina en el sentido de que el contrato por tiempo determinado sólo es válido cuando responde, en su duración, a las necesidades objetivas de la empresa (Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 7.6.2., pág. 877).	Y corresponde descartar la existencia de un contrato a plazo fijo, debiendo entenderse como de tiempo indeterminado, si la demandada que lo invoca no acreditó el requisito que establece el inc. b del art. 90 de la LCT (Altamira Gigena, Coordinador, "Ley de contrato de trabajo", Astrea, 1981, T. 1, pág. 438).	Así, en virtud del principio general de indeterminación del plazo del contrato de trabajo (art. 90 L.C.T.) es carga de la demandada acreditar fehacientemente que la relación se encuadra en un contrato a plazo fijo (art. 92 de la L.C.T.).	Es criterio de esta Cámara, en su composición de sala única c. 12.222, S.D.L. 13/97, sala "B", c. 22.336, S.D.L. 59/07.	En este aspecto, considero que la exigencia objetiva fundada en las modalidades de las tareas debe adecuarse a necesidades temporarias cuya carga probatoria ineludiblemente pesa sobre el empleador, toda vez que si la actividad hace al giro normal de la empresa la falta de acreditación de esa modalidad temporaria importa que se configure una relación laboral por tiempo indeterminado.	La celebración de contrato a plazo fijo sólo es procedente cuando las modalidades de las tareas o la actividad, razonablemente apreciadas, lo justifiquen. Si la tarea que presta el trabajador corresponde a una necesidad permanente de la empresa, debe considerarse que la contratación fue por tiempo indeterminado (CNTrab., sala V, 09/10/1986, "Poire, Arturo Horacio c/ Hierro Patagónico de Sierra Grande, S.A.M.", D.T. 1987-A, 198).	Pesaba sobre la demandada la carga de demostrar que las modalidades de la tarea justificaban la suscripción de contratos por tiempo determinado (art. 92, ley de contrato de trabajo). La calificación que las partes den al contrato carece de relevancia para encuadrarlo jurídicamente, ya que ésta es tarea del juez conforme al principio "iura curia novit". Y si la actividad de la actora resulta comprendida dentro del concepto de "giro normal de la empresa", se configura la relación laboral subordinada y dependiente en forma permanente (CNTrab., sala I, abril 18-997, "Prelorán, Norma M. C. Banco del Acuerdo S.A.", del voto del Dr. Vilela, D.T. 1997-B, 1797).	Y aun cuando nos colocáramos en la posición más favorable para el empleador para admitir que en ciertas circunstancias y condiciones, un trabajo permanente podría llegar a ser objeto de un contrato a plazo fijo, lo cierto es que se podrá justificar su celebración especialmente en caso de contratación de técnicos, profesionales, personal especializado, etc., cuando se considere que la fijación del plazo constituye el resultado de una verdadera negociación, o surgiere que por medio de él se han beneficiado las dos partes, sobre todo el trabajador, o, en fin, repetimos cuando los antecedentes del caso, "modalidades de las tareas o de la actividad", y demás circunstancias, razonablemente apreciadas, se evidencia la necesidad que han tenido los contratantes de fijar un término extintivo a la relación (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1982, T. 3, págs. 556/557).	Dicho de otro modo, aún de aceptarse que la ley emplea una fórmula amplia, "las modalidades de las tareas o de la actividad" deben justificar la limitación temporal impuesta para los contratos de trabajo a plazo fijo ya que el régimen general consagra el sistema de indeterminación del plazo.	Con tales pautas, a pesar del despliegue argumental de la apelante para justificar la celebración del contrato a plazo fijo, es evidente que la manifestación vertida acerca de "modalidades de la tarea, temporada de verano y eventos en la hotelería" (fs. 214) es una afirmación meramente genérica.	Por otra parte, la prestación de servicios de conserjería y detalle de los mismos que resulta del contrato celebrado (cláusulas primera y cuarta, fs. 41) hacen a tareas inherentes al giro normal de la empresa por lo que su sola individualización no cumple con el requisito sustancial previsto por el inciso b) del art. 90 de la L.C.T., esto es, con la debida acreditación de la exigencia objetiva.	Y si bien "es de estilo en la temporada alta celebrar contratos a plazo fijo con el personal que presta servicio en los hoteles" ya que "Ante el requerimiento de más ocupación los hoteleros deben acudir a contratar personal temporario" (informativa, fs. 116), tal circunstancia (mayor ocupación en temporada alta) justifica la celebración de un contrato de trabajo de temporada y no a plazo fijo, pues precisamente la relación de trabajo de temporada se origina en necesidades permanentes de la empresa (Etala, ob. cit., pág. 275).	Sobre la invocación de la "verdad hominis de la zona" emanada del citado informe de la Cámara Hotelera, cabe precisar que están excluidos de prueba los hechos notorios, de acuerdo con la regla notoria non egen probatione, cuyo origen se remonta hasta el derecho canónico. Se entiende por hecho notorio aquel cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el momento en que la decisión se pronuncia. No pueden darse a su respecto reglas precisas . pero su característica es el dominio público, es decir, que nadie lo pone en duda, de tal manera que la convicción que de ella surge es tan firme como la que emana de una prueba directa y por ello puede el juez tenerlo por cierto en su sentencia aun cuando las partes no lo hubieran invocado (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, 2da. ed., 1958, T. III, págs. 247/249).	"Hechos notorios" son aquellos conocidos y tenidos como ciertos por un determinado círculo de personas de cultura media, en un momento histórico determinado (Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1973, T. V, pág. 10).	Y es un hecho notorio que en temporada alta la mayor ocupación hotelera justifica la celebración de un contrato de trabajo de temporada por responder precisamente a necesidades permanentes del giro empresario, por lo que de contratarse dependientes mediante el régimen excepcional de trabajo a plazo fijo se burlaría el carácter permanente del primero con grosero quebrantamiento del orden público laboral.	A su vez, los fundamentos expuestos y previsión contenida por el art. 94 de la L.C.T. conducen a considerar inaudibles las manifestaciones formuladas en cuanto a la limitación que pretende introducir la apelante en materia de preaviso.	Por tales razones se desestima la queja.	2.2. Respecto a la fecha de ingreso del actor, el fallo de la anterior instancia luego de apreciar en conjunto las declaraciones de los testigos A. y M. tuvo por acreditado que la relación laboral se inició a fines de enero de 2007.	La recurrente sostiene que el actor comenzó a trabajar el 15 de febrero de 2007 y cita en favor de su postura la pericial contable, el informe de ANSES, el contrato escrito, la ficha de ingreso, el libro art.52 de la L.C.T., y la declaración de C.	Tocante a la pericial contable, corresponde precisar que el informe pericial debe necesariamente ser ponderado por el juzgador a fin de dilucidar la cuestión traída en el caso concreto que debe ser objeto de decisión.	De lo contrario, el dictamen pericial resultaría imperativo para el juzgador y de aceptarse ello, la sentencia sería adelantada por quien no es más que un auxiliar judicial (conf. S.C.B.A., L.L. 90-535).	El perito no juzga, sino que suministra elementos de hecho y conceptos de valor que le sirven al juez para pronunciar su decisión, mas sin obligarlo (Carnelutti, "La prueba civil", Arayú, 1955, N° 11, nota 138).	El perito en ningún caso sustituye al juez ni puede éste hacerle abandono de su tarea propia (Gorphe, "De la apreciación de las pruebas", E.J.E.A., 1955, pags. 42/43, 75, 260/261).	En cuanto a las constancias del Libro Especial art. 52 L.C.T., lo cierto es que el valor probatorio de los libros de la empresa debe apreciarse con criterio más restrictivo cuando sus constancias se esgrimen en contra del trabajador. No sirven como medio de prueba fehaciente y convictiva, ya que, en definitiva, para la empleadora sería prevalerse de un medio probatorio que ella misma ha elaborado, sin posibilidad de fiscalización cierta por su oponente o por el tribunal (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1980, T. I, pág. 234, acápite nº 492 y cita nº 467; y obra citada, 1991, T. III, pág. 122 y nota nº 416, respectivamente).	Se trata de una probanza unilateral que se sustrae a toda posibilidad de contralor por la otra parte y a la posibilidad de constitución por ésta de una contraprueba equivalente, como en el caso de los asientos en libros entre comerciantes (López, Centeno y Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ediciones Contabilidad Moderna, 1977, T. I, pág. 332).	Sobre la documental suscripta y reconocida por el actor (contrato y ficha de ingreso), debe precisarse que ello bien pudo deberse a una imposición de la patronal por ser la parte económicamente más fuerte en la relación laboral.	Conclusión a la que se arriba como consecuencia del principio protectorio que en diversas normas suple la insuficiencia del dependiente para autoprotegerse ante la situación de desigualdad en que se encuentra el trabajador, toda vez que es el empleador el que fija las pautas del contrato y de la relación de trabajo.	Por eso, la primacía de la realidad importa el relativo valor de la prueba documental frente a la testimonial, incluso en el caso de que figure el trabajador en un acta de inspección firmada por éste y con una fecha de ingreso distinta a la invocada en juicio, o también en el supuesto de contratos de trabajo firmados por el dependiente.	Es criterio de esta sala "B", c. 53/08, S.D.L. 15/09, y c. 22.065, S.D.L. 24/2008, respectivamente.	A su vez, la prueba informativa de ANSES (fs. 110 y consultas al sistema de fs. 108/109) surge de prueba documental que no necesariamente resulta coincidente con la realidad.	Es que, la primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial . La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, ob. cit., T. I, par. 2.7.18., pág. 323).	Y desde ya que, en caso de fraude a la ley laboral, sea cual fuera el medio empleado, el mismo queda comprendido dentro de la normativa prevista por el art. 14 de la L.C.T.	En tal sentido, puede decirse que habrá fraudem legis cuando al amparo de una norma jurídica, y dentro de la máxima legalidad, se obtiene un resultado prohibido por otra norma jurídica (Meilij, ob. cit., T. I, par. 141, pág. 76).	Asimismo, cabe destacar la íntima relación que existe entre la primacía de la realidad y la buena fe pues la realidad refleja necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito. Afirmar invariablemente el imperio de la realidad -que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad- equivale a rendir tributo al principio de la buena fe (Plá Rodríguez, "Los principios del Derecho del Trabajo", Depalma, 1998, par. 174, pág. 333) (la cursiva me pertenece).	Por lo tanto, en la "discordancia" entre lo que ocurrió en la realidad y lo que surja tal vez de documentos o acuerdos, hay que dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que acaece en el terreno de los hechos. A tal efecto, el juez debe investigar para descubrir el hecho real. Así pues, lo "escrito" no tiene validez, cualquiera sea el motivo que le de fundamento a su discordancia con la realidad (simulación, error, fraude, etcétera). En el caso, priman los hechos sobre lo documentado (Vázquez Vialard, Director, ob. cit., 1982, T. 2, par. 60, págs. 271/272).	Es criterio de esta sala "B" en reiterados pronunciamientos, entre ellos y recientemente c. 156/08, S.D.L. 23/09, c. 130/08, S.D.L. 27/09.	Por ello, ante el relativo valor de la prueba documental el juzgador con acierto priorizó la prueba testimonial, por lo que corresponde ingresar a la crítica efectuada por la recurrente.	En ese aspecto, las manifestaciones vertidas en el sentido que la declaración de A. es tendenciosa y producto de haber sido instruido por quién lo ofreció como testigo deben desestimarse toda vez que la crítica orientada a restar idoneidad a sus dichos es extemporánea ya que debe efectuarse en la misma instancia que prestaron declaración a fin de que el juez al dictar sentencia aprecie el valor de los motivos fundados en inhabilidad y los hechos que hicieran presumir la parcialidad de la misma (arts. 35 de la ley 69 y 456 del C.P.C.C.).	Por lo demás, no basta con impugnar la idoneidad del testigo sino que las tachas deben probarse en la instancia de origen ("Las partes podrán tachar a los testigos . y el Juez al dictar sentencia apreciará el valor de las mismas. La prueba de las tachas deberán producirse dentro de los tres días de deducidas", art. 35 de la ley 69).	La falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 481 y 482, respectivamente).	Y la circunstancia de no recordar la fecha de ingreso de otro conserje no permite considerar que su declaración sea tendenciosa ya que el testimonio no es indivisible por lo que corresponde rescatar la porción del mismo que tiene fuerza de convicción. En todo caso se trata de una circunstancia accesoria que puede justificarse por las naturales diferencias que en la percepción de un hecho se forme cada testigo de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, ya que la percepción varía de acuerdo al interés que se tenía del suceso y que influye en el recuerdo.	Así, si un hecho interesante entra a formar parte de nuestra conciencia, aun cuando sea por una sola vez es suficiente, como se sabe, para que en ella se imprima de una forma duradera. Contrariamente, una representación única de un contenido indiferente, se fija muy difícilmente (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, pág. 297.	Y no resulta dubitativa la respuesta a la 1ª pregunta al señalar "Habrá sido a fines de enero del 2007 ...", pues la falta de precisión estuvo referida al día exacto ya que a continuación agregó "... exactamente la fecha no recuerdo".	En ese aspecto, no cabe exigirle exactitud en su recuerdo, pues el material registrado por el testigo se guarda en su mente, su reproducción y fidelidad depende de la memoria de manera fundamental. En términos generales se ha probado que la deformación de los recuerdos producen errores que aumentan en un 0,33% diario (Falcón, obra, tomo y página citada).	En cuanto al testigo M. si bien confundió el año ello no le resta eficacia al testimonio ya que no hay duda alguna que la vinculación laboral transcurrió durante el año 2007, debiendo hacerse notar a ese respecto que manifestó que "El actor fue al estudio porque se le requirió que se les haga las alta(s) ...", precisando asimismo las circunstancias vinculadas con la tramitación y con el contrato celebrado (respuesta a la 1ª, 4ª y 6ª pregunta, fs. 167 y vta., respectivamente).	Frente a tales declaraciones C. manifestó que el actor comenzó a mediados de febrero de 2007 (respuesta a las generales de la ley, fs. 129).	En síntesis, a partir de valor en conjunto la prueba testimonial rendida en la causa y desde que corresponde al juez apreciar según las reglas de la sana crítica las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (art. 456 del C.P.C.C.), luego de ponderar el cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones (Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1991, pág. 254) y después del examen de cada uno y del conjunto de los testimonios habidos (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", Víctor P. de Zavalía Editor, 5a. edición, 1970, T. II, pág. 273), me inclino por otorgarle mayor fuerza de convicción a las declaraciones de los testigos A. y M. que establecieron la época de ingreso del accionante en el mes de enero de 2007, con la salvedad ya expuesta del error en el año cometido por el último de los testigos citados (respuesta a la 1ª pregunta, fs. 127, y a la 1ª repregunta, fs. 169, respectivamente), en particular teniendo presente que M. es el contador de la empresa, lo que así aprecio conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).	Por tales razones desestimo el agravio.	2.3. Alega la demandada que probó el despido por justa causa y sostiene que la consideración del a quo en cuanto a que el despido verbal hace al despido incausado no es una derivación razonada del derecho vigente. Invoca para ello circunstancias que le impedían en el momento en que se produjeron los hechos expresar por escrito la causa del despido directo dispuesto.	En tal sentido, el sentenciante señaló que el despido verbal es por definición incausado, ya que el art. 243 L.C.T. impone como requisito del despido con causa la comunicación por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato y la invariabilidad de los motivos enunciados en la comunicación de la ruptura. Es que, el despido es un acto que puede ser manifestado de cualquier manera, verbalmente o por escrito, o resultar de un comportamiento como la negativa de trabajo.	En tales condiciones, la argumentación ensayada por la quejosa merece su rechazo pues el juzgador siguió el criterio por el cual la forma escrita resulta ineludible cuando la rescisión se produce con invocación de justa causa.	Las formalidades establecidas por el art. 243 de la L.C.T. para la comunicación del despido son requeridas en los supuestos en que el contrato de trabajo finaliza con expresión de justa causa de despido manifestado por el empleador o por el trabajador ya que la norma no contempla los casos en que la rescisión del vínculo se produce sin dejar constancia del motivo. El despido sin expresión de causa únicamente queda perfeccionado cuando el trabajador ha tomado conocimiento fehaciente de la extinción de la relación de trabajo habida con su empleador (S.C.B.A., mayo 10-983, "Favero, Ezio c. La Papelera del Plata S.A.", D.T. 1984-A, 456).	El despido es un acto unilateral recepticio que puede manifestarse de cualquier manera, verbalmente, en casos excepcionales, y si no se vulneran los derechos del trabajador, o por escrito (por telegrama, por carta), o resultar de un comportamiento, como la negativa de trabajo. Pero, en el caso de despido con preaviso y de despido por justa causa, la forma escrita es impuesta como requisito para poder invocar el preaviso o la causa respectiva (arts. 234 y 243, L.C.T.) (Fernández Madrid, ob. cit., T. II, par. 15.3.5., pág. 1808) (la cursiva me pertenece).	La denuncia inmotivada no requiere una forma determinada. La ley, en el art. 243, exije, concretamente, para la denuncia motivada en injuria, la declaración escrita ("deberá comunicarse por escrito") ... Hay que entender que lo que se impone es una forma del acto (forma de declaración escrita: "deberá comunicarse por escrito") y no una forma de la prueba del acto; en el lenguaje convencional, se trata de una forma ad solemnitatem y no solamente ad probationem (Lopez, Centeno y Fernández Madrid, ob. cit., 1978, T. II, pág. 990).	La LCT, en su art. 243, establece dos requisitos formales que complementan los de regularidad de la denuncia por invocación de justa causa, cualquiera que sea la parte denunciante: 1) la comunicación debe cursarse por escrito, y 2) en el instrumento debe consignarse expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Las exigencias son de particular importancia, pues en ausencia de toda comunicación escrita, el acto resultará formalmente nulo como expresión de denuncia motivada. De lo expresado se infiere que para que la denuncia resulte "causada", formalmente deberá ser notificada por escrito ... (Vázquez Vialard, ob. cit., 1984, T. 5, par. 183, pág. 367) (la cursiva me pertenece).	--- El incumplimiento de esa forma del acto (comunicación por escrito y con expresión clara de los motivos) no trae como consecuencia la invalidez del distracto, sino solamente su aptitud para fundarlo en causa justificada (López, Centeno y Fernández Madrid, obra y tomo citado, págs. 990/991; Meilij, ob. cit., 1981, T. II, pág. 486).	----------- --- O sea, la omisión de la forma por escrito quita validez al acto como manifestación de denuncia motivada, pero esa declaración verbal unilateral resulta eficaz para extinguir la relación. ----------------------------- --- Y la declaración de cesantía dispuesta por el empleador reviste el carácter de recepticia, de modo tal que una vez que la comunicación llega a la esfera jurídica del destinatario la extinción contractual queda consumada. Por ello, en el preciso momento en que se notifica la voluntad de rescindir la relación habida entre las partes, el contrato de trabajo cesa en su vigencia (conf. S.C.B.A., junio 27-989, "Centurión, Adalberto y otro c/ Banco Bragado Coop. Ltdo.", T y SS, 1989-1007). - --- Así, la comunicación oral del distracto reconocida por la accionante surte plenos efectos en la misma fecha en que se la efectúa (conf. "Ortiz, Alcibíades c/ Librería Hachette S.A.", CNAT., sala VIII, 22/11/91, DT. 1992-B-1444).-----------------------------------	Es por lo demás, el criterio de esta Cámara, por su sala "A", ya en c. 13.752 S.D.L. N° 117/98; y sala "B", c. 13.534, S.D.L. n° 106/98, y recientemente en c. 22.378, S.D.L. 06/08, entre otros pronunciamientos.	Y una vez que la comunicación llega a destino, la denuncia se perfecciona, extinguiéndose ex nunc el contrato de trabajo, dando origen a una serie de nuevas obligaciones vinculadas con el hecho de la extinción. Una vez perfeccionada la denuncia, el contrato se extingue de pleno derecho . quedó sin efecto ex nunc, es decir para el futuro, con carácter definitivo (Vázquez Vialard, ob. cit., T. 5, págs. 269/270).	La invocación de hechos posteriores al distracto es manifiestamente inoficiosa (Altamira Gigena, coordinador, "Ley de contrato de trabajo", Astrea, 1981, T. 2, par. 10, pág. 426).	Por tales razones, el despido verbal dispuesto por la empleadora al ingresar a la esfera de conocimiento del trabajador tuvo efecto extintivo de la relación y esa comunicación rescisoria resultó incausada.	En consecuencia, reconocido por la patronal el despido verbal pues así lo consignó en la pieza postal del 3 de abril de 2007 ("NOTIFICO ahora por esta vía fehaciente el despido verbal que se le notificara el día 31/03/07 ..") y habiendo llegado esa decisión verbal a la esfera de conocimiento del trabajador el día 31 de marzo de 2007 en ese momento se produjo la extinción del vínculo laboral, no pudiendo válidamente cursarle posteriormente comunicación por escrito invocando justa causa de despido, por lo que la alegación de causas imputables al trabajador que contiene la carta documento obrante a fs. 42 resultó tardía.	Por tales fundamentos se desestima el agravio.	2.4. Formula queja la demandada por la condena a pagar el salario íntegro de marzo pues sostiene que solo trabajó el actor quince días en forma completa ya que en la primera quincena laboró cuatro horas.	Con esa manifestación la apelante no se hace cargo de uno de los razonamientos del juzgador que resultó dirimente para la dilucidación de la causa.	En efecto, el fallo de la anterior instancia después de ponderar los reconocimientos mutuos habidos señaló que aún así las remuneraciones abonadas al actor resulten menores a las convencionales, y ese fundamento sirvió para otorgar la remuneración completa del mes de marzo por $1615.56.	En tales condiciones, dicho razonamiento no mereció embate alguno por la recurrente y al resultar consentido no hay agravio que atender.	En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de pronunciamientos).	Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).	Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "Cufre, Héctor N. y otro c. Bravo, Julio J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.	La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.	----- --- Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).	Por ello, la apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).	3. Corresponde considerar los agravios vertidos por la parte actora en cuanto al rechazo de la indemnización prevista por el art. 45 de la ley 25.345 y el régimen de imposición de costas.	3.1. Tocante a la indemnización centraré la cuestión en dos aspectos que resultan esenciales, a saber: 1) la insuficiencia de la manifestación de la empleadora acerca de que el certificado de trabajo estaba a su disposición; y b) la falta de veracidad de su contenido.	Sin perjuicio de considerar que la comunicación de la patronal no llegó a destino (ver fs. 49/50), el último párrafo del art. 80 de la L.C.T, agregado por el art. 45 de la ley 25.345, le impone una obligación de hacer al empleador consistente en la "... entrega de la constancia o del certificado ..." que no puede suplirse con la mera puesta a disposición pues ello en definitiva no importa una concreta voluntad de cumplir con tal obligación.	Así, no resulta suficiente con poner a disposición el certificado de trabajo para liberarse de la obligación que pesa sobre la patronal pues de no presentarse el dependiente deberá consignar el mismo judicialmente.	Y tal obligación no depende de que el propio trabajador se apersone en la sede de la empresa, toda vez que si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignarlos judicialmente (Fernández Madrid, ob. cit., T. II, par.15.41.2., pág. 1973, y fallos citados).	Pero aún dejando de lado dicho fundamento pues al respecto existe jurisprudencia encontrada, cabe señalar que la sentencia de la anterior instancia precisó que teniendo en cuenta que la documental acompañada con el conteste resulta parcial e incompleta, conforme lo decidido en autos, deberá cumplirse con la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones previsto por el art. 80 L.C.T.	En este direccionamiento, el art. 80 de la L.C.T. impone al empleador dos obligaciones que se diferencian por su objeto. El primer párrafo, luego de atribuir carácter contractual al deber del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, sea como obligado directo o como agente de retención, le impone el deber de entregar al trabajador constancia documentada de ello subordinado a su requerimiento expreso. El objeto de esta obligación de dar es la entrega de copia de los comprobantes de depósito de las contribuciones debidas como obligado directo por el empleador y de los aportes y cuotas a cargo del trabajador retenidas por aquél con destino a la seguridad social o sindicales. El segundo párrafo establece una obligación que consiste en otorgar al trabajador un certificado de trabajo ... El otorgamiento del certificado es así comparable a la locación de obra, cuyo objeto no deja de suponer principalmente una obligación de hacer, aunque lógicamente ella presuma su entrega al comitente (Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T. 2001-A, 544/545 y 546, respectivamente).	Y en el caso del certificado de trabajo, si bien el cumplimiento se perfecciona con su entrega, lo relevante es la información que el empleador debe incluir en él, lo que supone un hacer. No habría cumplimiento, en cambio, si la información fuera inexacta o incompleta (Ackerman, comentario citado precedentemente, D.T. 2001-A, 545/546 y 550, respectivamente) el resaltado me pertenece.	Por eso, no cualquier certificación cubre la obligación impuesta por el art. 80 de la L.C.T, por lo que cabe tener por insatisfecha la obligación si la información volcada no resulta veraz y exacta.	Es criterio de esta sala "B", c. 19.766, S.D.L. N° 54/2004; c. 19.783, S.D.L. 58/2004, c. 19/09, S.D.L. 38/09.	Por lo demás, el certificado que luce a fs. 53/54 no satisface los requisitos fijados por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T., pues en el mismo no se precisa dato alguno respecto de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social.	Así, con la entrega de dicha constancia la obligación de hacer a cargo del empleador está incumplida, pues la falta de integridad importa inejecución, ya que si en materia convencional el obligado a hacer debe ejecutar el hecho en tiempo y modo propio y si de otra manera lo hiciere se tendrá por no hecho (art. 625 del Código Civil), más aun cuando se trata del cumplimiento de una obligación legal.	Y una de las obligaciones del empleador que nacen de la extinción del contrato de trabajo, es la de otorgar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre: el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, calificación profesional obtenida. El empleador cumple, en este caso, suministrando, por escrito, la información que corresponda a estas circunstancias.	Por tales fundamentos, corresponde hacer lugar a la queja formulada por el actor apelante lo que lleva al progreso del rubro indemnización art. 80 de la L.C.T. por un importe de $4.846,68.-, y conduce a revocar parcialmente el fallo en crisis para incrementar el capital de condena a la suma total de $9.708,13.-	3.2. Desde que la revocatoria parcial que se propicia lleva a adecuar el régimen de imposición de costas, su ponderación se efectuará dentro del encuadre impuesto por el art. 279 del C.P.C.C.	Sin perjuicio de ello, participo del criterio del vocal que me precediera en la votación en torno a que la petición formulada por el actor a fin que se impongan las costas de primera instancia en su totalidad a la accionada no merece acogimiento pues en definitiva existen reclamos que no prosperaron.	4. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para elevar el capital de condena a la suma total de $9.708,13.-, como consecuencia de acoger favorablemente el rubro indemnización art. 80, último párrafo, de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345, con más los intereses establecidos en la anterior instancia.	La revocatoria que se propicia lleva a adecuar las costas y honorarios establecidos en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.).	En lo que hace al régimen de costas, el art. 59 de la ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. de R. c/C. Construcciones y otro", S.D. 3/93).	Así, debe ponderarse la naturaleza de la acción entablada, el principio establecido por la ley de procedimiento laboral, y el resultado económico del pleito, atendiendo para ello a los rubros pretendidos que fueran acogidos y el monto definitivo de condena.	Con tales pautas y teniendo en cuenta que de las pretensiones deducidas (liquidación de fs. 23 y vta.) no prosperaron las referidas a la integración mes de despido e indemnizaciones previstas por los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, estimo prudente imponer las costas de primera instancia en un 75% a cargo de la demandada y en un 25% a cargo del actor, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).	Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales, entiendo también prudente mantener los emolumentos de los letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, por resultar el actor sustancialmente vencedor, y los del perito contador en función a las labores cumplidas, pero teniendo en cuenta que la demandada se presenta sustancialmente vencida deberán reducirse los correspondientes a la letrada patrocinante de esa parte para establecerlos en la suma porcentual equivalente al 11% del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39, 47, y 61 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	El fracaso de los agravios de la demandada y el éxito de los agravios traídos por el actor, aun cuando progresa parcialmente el referido al régimen de costas, permite delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de alzada en 90% a cargo de la accionada y en un 10% a cargo del accionante, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenidos por los apelantes en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.).	Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo prudente las regulaciones que propone el Dr. De Cunto a favor de los letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, y de la letrada patrocinante de la demandada, por las tareas desplegadas en esta instancia, en un 30% y 25%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. pertinente.	Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:	--- En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado al mero efecto de incrementar el monto total de condena en la suma de pesos nueve mil setecientos ocho con trece centavos ($ 9.708,13) y de imponer las costas en un 75% a la demandada y en un 25% al actor.------------------------------- --- II.- Fijar por adecuación los honorarios de la instancia anterior de la Dra. L. H. E. de M., en un 11% del monto total de condena, manteniendo las demás regulaciones de la sentencia de grado.-------------------------- --- III.- Las costas en la Alzada se imponen en un 90% a la demandada y en un 10% al actor (conf. art. 71 del CPCC), regulándose los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede de la siguiente manera: a) para los Dres. F. A. y M. A., en conjunto, en un 30% de lo regulado en la instancia anterior; y b) para la Dra. L. H. E. de M., en un 25% también de lo establecido para la instancia de origen; en ambos casos con adición del I.V.A. correspondiente.---------------- --- Así lo voto.-	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.	Así lo voto.	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara, Dr. Sergio Rubén Lucero (art. 8 ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A: ---- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:-------------- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado al mero efecto de incrementar el monto total de condena en la suma de pesos nueve mil setecientos ocho con trece centavos ($ 9.708,13) y de imponer las costas en un 75% a la demandada y en un 25% al actor.------------------------------- --- FIJAR POR ADECUACION los honorarios de la instancia anterior de la Dra. L. H. E. de M., en un 11% del monto total de condena, manteniendo las demás regulaciones de la sentencia de grado.-------------------------- --- IMPONER las costas en la Alzada en un 90% a la demandada y en un 10% al actor (conf. art. 71 del CPCC).----------- REGULAR los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede de la siguiente manera: a) para los Dres. F. A. y M. A., en conjunto, en un 30% de lo regulado en la instancia anterior; y b) para la Dra. L. H. E. de M., en un 25% también de lo establecido para la instancia de origen; en ambos casos con adición del I.V.A. correspondiente.--- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----------------------- --- REGISTRADA BAJO EL N°_____42____DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.-	CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA