Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ra NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-10-16


2º Instancia. - Córdoba, octubre 16 de 2007.

1º ¿Procede el recurso de apelación de la parte demandada y citada en garantía? 2º ¿Procede el recurso de apelación de la parte actora? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Julio C. Sánchez Torres dijo:

1. Llegan los presentes autos a este Tribunal de Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, demandada y citada en garantía respectivamente, en contra de la sentencia que luce a fs. 498/506, siendo concedidos a fs. 511 vta. y 512 vta.

2. Radicados en esta sede e impreso el trámite de rigor, la parte actora a fs. 530/534 vta. expresa agravios quejándose por los siguientes motivos, a saber: a) por el monto fijado en concepto de lucro cesante futuro. Alega que la sentenciante no ha tenido en cuenta hechos de trascendencia a fin de fijar este rubro, ya que debió prescindir de tomar el salario mínimo. Destaca que se ha dejado de lado voluminosa prueba, recurriendo sin razón alguna a la aplicación de ese salario, sin decir cuál es el motivo para ello; b) por el monto fijado en concepto de daño moral. Afirma que se ha concedido una indemnización arbitraria. Dice el apelante que la sentenciante contaba con elementos suficientes para esgrimir los mismos postulados que se infieren de los fallos citados; además, desde el punto subjetivo la desaparición entraña una dolencia afectiva gravísima e irreparable que se magnifica aún más por el tipo de muerte acaecida. Sigue diciendo que nada se dice sobre la conformación del capital y tampoco de por qué los intereses corren de dictada la sentencia y no desde la producción del hecho lesivo. Hace reserva del caso federal. Pide en definitiva se haga lugar al remedio articulado, con costas.

3. A fs. 535 se corre el traslado de rigor a la demandada el que es contestado a fs. 537/539 vta. y a fs. 542 y vta. hace lo propio la citada en garantía.

4. A fs. 546/553 expresa agravios la parte demandada quejándose por las siguientes razones: a) porque la sentenciante considera que en el sub lite existe una relación contractual entre la actora y la accionada. Sostiene que no se trata de una obligación de resultado y que para la sentenciante poco importa la velocidad que traía el actor o que el animal apareciera imprevistamente, atento que el accidente se produjo en una ruta concesionada. Añade que constituye un error afirmar que hubo una delegación del poder de policía a favor de su parte, ya que del contrato suscripto entre la concesionaria y el Estado, a través de su cláusula primera, se advierte claramente que la delegación de facultades al concesionario lo fue para realizar la construcción, remodelación, reparación conservación, etc., de la red de accesos a la ciudad de Córdoba: b) subsidiariamente, se queja por el lucro cesante. Estima que los actores debieron probar los ingresos que denunciaron al reclamar, sin que baste para ello la actividad denunciada por Cuassolo, lo cual no ha ocurrido en autos. Destaca que si la Juez a quo no tenía elementos para determinar la cuantía de la reparación por este rubro patrimonial, correspondía rechazarlo; c) por la condena del daño moral fijado. Manifiesta el recurrente que si se dice en el sub judice que existe una relación de índole contractual con la demandada, el daño moral debe restar fehacientemente acreditado en los términos del art. 522 del C. Civil.; d) por la imposición de costas. Dice el quejoso que atento la cantidad reclamada y la condenada, la diferencia entre ellas arroja un guarismo del 40% a su favor, sobre lo cual nada se dijo en el pronunciamiento apelado, ya que las costas se impusieron en su totalidad a la accionada. Mantiene la reserva del caso federal. Pide se haga lugar al recurso, con costas.

5. A fs. 554/556 contesta los agravios la parte actora solicitando el rechazo del remedio intentado por la demandada, con costas.

6. A fs. 558 y vta. la citada en garantía expresa agravios, adhiriéndose al memorial vertido por la parte demandada, siendo contestado a fs. 559 y vta. por la parte actora. Dictado el decreto de autos, firme, la causa queda en condiciones de ser resuelta.

7. Ingresando a la cuestión traída a decisión de este Tribunal de Grado, corresponde aludir en primer lugar al agravio vertido por la demandada, reseñado en la letra a) del presente, que refiere a la calificación de relación contractual efectuada por la sentenciante y habida entre el actor y la accionada, queja a la cual también adhirió la compañía aseguradora.

8. En rigor, la queja vertida no puede admitirse. Aun cuando se dijera que no engasta la situación de autos bajo la órbita de la responsabilidad contractual, atento que ha demandado la viuda y progenitores del causante, conductor que falleció a raíz de transitar por la ruta concesionada por la aparición de un animal que se le cruzó, la conclusión sigue siendo idéntica bajo el campo aquiliano (arts. 1079, 1109 y 1113 del C. Civil).

9. El aserto precedente se apoya en razón que la demandada no ha tenido en cuenta los principios de precaución y de confianza. En este último sentido, la Corte Federal ha expresado que: "el ciudadano común que accede a una renta concesionada tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Ello es así, porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para los ciudadanos que los reciben. El funcionamiento regular, el respaldo de las marcas y del Estado es lo que genera una apariencia jurídica que simplifica su funcionamiento y lo hacen posible. Las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad y seguridad son mínimas porque confía en la apariencia creada y respaldada por el derecho" (CS, 2006/03/21 "Ferreyra, Víctor D. y otro c. V.I.C.O.V. S.A.", del voto del Dr. R. Lorenzetti, considerando Nº 4).

10. Sostener como pretende el recurrente que sólo se le ha delegado la facultad de construcción, remodelación, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, explotación y administración, no significa que la presencia de animales constituya una cuestión ajena a su incumbencia, desde que no se mantiene adecuadamente para el tránsito vehicular esa ruta concesionada. El argumento indudablemente violenta la clara disposición contenida en el art. 42 de la Constitución Nacional, además de ubicar al valor seguridad en la banquina de la ruta, lo que no puede tolerarse.

11. A mayor abundamiento, la actividad de mantener o conservar la ruta concesionada debe entenderse que en un estado adecuado para ser transitada por los conductores, lo cual significa que debe removerse todo obstáculo que de algún modo resulta riesgoso o peligroso para el automovilista. Lo expuesto está de acuerdo con lo disciplinado por el art. 23 de la Ley 24.449 que reza: "cuando la seguridad y/o fluidez de la circulación estén comprometidos por situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades sobre la vía deben actuar de inmediato según su función advirtiendo del riesgo a los usuarios"; a su turno, el art. 59 de la misma ley añade que: "la autoridad presente debe remover el obstáculo sin dilación, por sí sola o con la colaboración del responsable si lo hubiera y estuviere en posibilidad de hacerlo".

12. Los dispositivos legales muestran claramente que el organismo con facultades para actuar era precisamente la demandada, quien ha intentado esgrimir que no resulta responsable por la inexistencia de un vínculo contractual. La inexistencia de una relación convencional, no lo libera de responder en el presente caso, desde que sencillamente no probó que el accidente se debiere a una causa ajena por lo que no deba responder. Los deberes de custodia, precaución, confianza y buena fe y seguridad se encuentran vulnerados en el sub lite.

13. El cónyuge fallecido de la parte demandante cuando ingresó a la ruta concesionada bien pudo entender que existía un deber de seguridad; una razonable expectativa que podía mantener su marcha y velocidad de manera tranquila, debido a la inexistencia de obstáculos y al buen estado de conservación de ese trayecto. De allí que, la presencia de un animal constituye un peligro que deja sin protección al usuario de la ruta, afectándose aquél deber que recaía sobre quien tiene la concesión. Debe haber una diferencia para el usuario de ese corredor antes y después de haber abonado el peaje, ya que este plus supone que la firma accionada tomaba a su cargo los deberes primarios, ordinarios para la conservación y mantenimiento en buen estado de la ruta, jerarquizando así, la seguridad de los conductores (Pizarro, R. D. "Responsabilidad de las Empresas Concesionarias de Peaje en un reciente fallo de la Corte Suprema" Responsabilidad Civil y Seguro. Bs. As. La Ley, 2006-375; Weingarten, C.; Ghersi, C. "Responsabilidad de las Concesionarias de Peaje. Nuevo Criterio de la Corte Suprema" en la misma revista, p. 443; Cám. 3ra. C. y Com. in re: "Ferreyra, P. E. c. Red Vial Centro S.A. y Otro" en Rev. Derecho de Daños. Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. 2006-2, 478).

14. Tampoco puede admitirse el argumento que el animal que se interpuso en el recorrido que seguía el marido fallecido de la actora, constituya un caso fortuito en los términos del art. 514 de C. Civil. Respecto a este tema, tuve oportunidad de pronunciarme hace tiempo, para lo cual sostuve: "Además, en el sub-lite alegar el caso fortuito como eximente, hubo de requerir que éste fuera externo a la cosa productora del daño. En este sentido, el cruce de animales o que ellos se encuentren tirados en la ruta no se presenta como un hecho de fuerza mayor, que libere al presunto responsable, máxime cuando ya se dijo, el demandado se conducía a una velocidad que no era la permitida. Por último, los arts. 50 y 51 de la Ley 24.449 indican la responsabilidad de aquel que no respeta la señalada o autorizada para circular.

15. En otras palabras, la alegación del casus requiere que en la producción del evento dañoso nada tenga que ver el responsable. El caso fortuito empieza allí donde la culpa termina. La actuación diligente fracasa por razones totalmente extrañas al deudor. Ya se dijo que el obrar del demandado en el sub-examine no fue diligente, ni el debido, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar. Añádase que no puede efectuarse un análisis superficial del evento ocurrido.

16. El animal muerto en la ruta aún cuando pueda sostenerse que es un hecho anormal -como lo propone el quejoso- no requiere por parte del conductor de un rodado que transita de noche, una previsión extraordinaria y fuera de lo común para evitar las consecuencias de ese suceso. Todo lo contrario; si se parte de la normal diligencia, de tomar las medidas eficaces, bien se pueden suprimir los efectos perjudiciales de hecho que se esgrime como eximente de responsabilidad. Reitero, entonces, si se conjugan los requisitos subjetivos y objetivos, difícilmente pueda concluirse que en el presente caso se está en presencia de un casus (Ver: Ruggiero, R. "Instituciones de Derecho Civil", trad. de la 4ta. ed. por Serrano Suñer y Santa Cruz Teijeiro. Madrid. Reus. T. II, Vol. I, p. 135; Arias Ramos, "Derecho Romano" Madrid. Revista de Derecho Privado, 1940 T. II, p. 42; Soto Nieto, F. "El caso fortuito y la Fuerza Mayor" Barcelona. Nauta. 1965, ps. 13/5 y p. 91; Mazeaud, H. L., Tunc, A. "Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual" Trad. Alcalá Zamora y Castillo. Bs. As. Ejea. T. 2. Vol. II, p. 208, núm. 1528. Rezzónico, L. M. "Estudio de las Obligaciones..." Bs. As. Ciencias Económicas. 1958, ps. 102/03; Pizarro, R., "Causalidad Adecuada y Factores Extraños" en Derecho de Daños Bs. As. La Rocca. 1989, p. 293 y ss.; Gianfelici, M. C. "Caso Fortuito y caso de Fuerza Mayor" Bs. As. Abeledo-Perrot. 1995. ps. 50/2, esp. 121/22).

17. A su turno, mi distinguido colega y amigo, Dr. Mario Sársfield Novillo sostuvo sobre el particular: "Es el lenguaje vulgar el que recuerda un principio: que sí por un lado indirectamente enseña la grandeza de nuestra naturaleza moral la libertad de querer, por otro más claramente muestra la pequeñez de las fuerzas humanas en el mundo exterior y sensible, porque este libre albedrío se reduce con mucha frecuencia a la libertad de los deseos y de estériles intentos. Nos recuerda un principio que, aplicado a la ciencia del derecho, y más particularmente a la materia de la cual nos ocupamos, enseña que entre las causas que ponen al deudor en la imposibilidad de cumplir la obligación, están algunos hechos independientes completamente de su voluntad", (cf.: Giorgi, Jorge, "Teoría de las obligaciones en el derecho moderno", vol. 11, núm. 8, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1909).

II. c. Los romanos llamaban a estos hechos: casus fortuitus, casus maior, vis maior, vis cui resistinon potest, fatum, fatalitas y, considerando sus efectos, damnumo detrimentum fatalé.

II. d. Nuestro Código Civil los llama caso fortuito o fuerza mayor (arts. 513 y 514) siguiendo la denominación del Código Napoleónico.

Los estudiosos se han preocupado por distinguir el caso fortuito de la fuerza mayor, sosteniéndose que el primero comprende sólo accidentes naturales y la segunda el hecho de un tercero.

Estos conceptos, debe advertirse, son utilizados indistintamente en nuestra legislación (así, por ejemplo, arts. 789, 892, 1568, 1914, 2203, 2269, etc., sus respectivas notas y la de los ya citados arts. 513 y 514).

Ambas expresiones son empleadas como sinónimos y, en realidad, diferenciarlas carece de verdadera importancia tanto en la práctica como en la teoría.

Resulta interesante recordar la distinción de Marcel Ortolan: El perjuicio sufrido por una persona puede sobrevenir de un caso fortuito (casus), de una fuerza mayor (vis mayor) o del hecho de otra persona. Ninguno es responsable, a menos de haber convención contraria, de los casos fortuitos o de la fuerza mayor, ("Explicación histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano", t. II, p. 465, trad. de la 3º ed., Madrid, 1847). También la justificación de la distinción entre el caso de fuerza mayor y el caso fortuito que realiza Louis Josserand, ("Derecho Civil", t. 11, vol. 1, núm. 453, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1950).

II. e. La doctrina ha llamado caso fortuito o fuerza mayor al acontecimiento imprevisible e inevitable que lo diferencia del dolo o de la culpa, (cf.: Aubry et Rau, "Cours de droit civil franþais", t. 4, p. 103, núm. 308, 4º ed., París, 1871; Troplong, "De l'echange et du louage", t. 11, núms. 202, 205 y 707, París, 1814; Mourlon, Frederic, "Repetitions de Code Napoleón", t. 111, p. 322, núm. 793, París, 1870; Laurent, F., "Principes de Droit Civil Franþais", t. XVI, p. 320, núm. 257, 3º ed., Bruselas-París, 1878; Baudry-Lacantanerie y Barde, "Des Obligations", t. I, p. 379, París, 1897; Chíroni, G. P., "La culpa en el Derecho Civil Moderno, Culpa contractual", p. 758, Madrid, 1907).

II. f. Guillermo Borda, apunta los caracteres del instituto: imprevisibilidad e irresistibilidad, señalando que no se trata de que sea necesario algo absolutamente imprevisible, pues eso sería excesivo, sino simplemente de que no hay razón valedera para pensar que ese acontecimiento se producirá y que debe tratarse de una imposibilidad de cumplir, no bastando las dificultades sobrevinientes si no se traducen en imposibilidad, reconociendo que la línea separativa entre imposibilidad y dificultad es muchas veces incierta, por lo que el juez resolverá de acuerdo a su prudente criterio. Agrega que este problema de las dificultades se vincula estrechamente con la teoría de imprevisión, (cf.: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones", t. 1, p. 113, núm. 1110 y ss., 3º ed. actualizada, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1971). Esta cuestión es tratada con detenimiento por Francesco Messineo en su "Manual de Derecho Civil y Comercial", t. IV, p. 221, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1955.

II. g. La doctrina argentina coincide en que, en principio, los dos términos caso fortuito y fuerza mayor, corresponden a un único y mismo concepto, (cf.: A. Colmo, "Obligaciones", núm. 121; Busso, t. III, p. 304 y ss.; Lafaille, "Tratado de las Obligaciones", p. 168, núm. 176 y ss.; Machado, t. II, p. 172; Segovia, t. I, p. 126; Galli, "El derecho de las obligaciones", ps. 23 y 25; Guastavino, "Notas al Código Civil", t. 4, p. 264; Rivarola, "Instituciones del Derecho Civil Argentino", t. I, p. 135; Spota, "Tratado de Derecho Civil", t. I, Parte General, vol. III, núm. 1427; Llerena, t. II, p. 418; Borda, ob. cit., núm. 108; Aguiar, "Hechos y actos jurídicos", t. III-2, p. 486, núm. 203, Ed. TEA, Bs. As., 1950; etcétera).

II. h. La jurisprudencia le ha dado la misma consideración (ver la citada por los autores nombrados, por Salas y Belluscio en sus respectivos "Código...", etc.). (C. 1era. C.C. in re: "LLoves...", sentencia Nº 97 de agosto de 2002. De tal modo, este agravio se desestima.

El doctor Mario Sársfield Novillo dijo:

La cuestión debe resolverse conforme lo propicia el Sr. Vocal Sánchez Torres, expidiéndome en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Julio C. Sánchez Torres dijo:

1. Se trata a continuación la segunda cuestión planteada, ya que el agravio referido al lucro cesante, es común con las partes recurrentes. En esta cuestión, estimo que el decisorio apelado debe mantenerse. Ello, porque el lucro cesante es ganancia (en sentido amplio) efectiva dejada de percibir por el damnificado a raíz o como consecuencia del evento dañoso (art. 1069 del C. Civil).

2. Si se recuerda que al momento de accionar, los damnificados sostuvieron que el Sr. Cuassolo tenía ingresos alrededor de $ 1.200 (ver fs. 9 vta./10). Sin embargo, como lo expresa la sentenciante, esa cantidad no ha sido probada en el sub examine. Es cierto si, que se acreditó que la víctima mantenía a su familia; que una de sus hijas, Marcela Cuassolo, padecía de una minusvalía lo que indudablemente trae aparejado mayor gastos; que distribuía el periódico Ámbito Financiero, para lo que debía recorrer grandes distancias.

3. Todos estos extremos se han comprobado pero no son indicativas de por sí que el damnificado tuviere el ingreso que la parte actora denunció en su demanda. De allí que entonces, se muestre correcto el procedimiento seguido por la Juez a quo. La presunción legal que dimana del art. 1084 del C. Civil en favor de los demandantes (todo lo necesario para la subsistencia de la viuda e hijos menores de edad) constituye un lucro cesante que se mandó a indemnizar.

4. La presunción de la ley radica en que ella presume el perjuicio de quienes están al lado o compartían con la víctima todos sus días; hay un especial vínculo que el legislador ha remarcado e intentado proteger. Por ello, reitero, presume con relación a la viuda y herederos forzosos el detrimento (Highton, E. I. "Accidentes de Tránsito. Daño Resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a las personas de la óptica de los jueces" Rev. Derecho de Daños. Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. T. 2, p. 24 y ss.).

5. La cuantificación de este perjuicio como toda faceta del daño patrimonial debe ser acreditada. De tal modo entonces que, si los actores sostuvieron que el ingreso ascendía a la suma de $ 1.200, debieron probar ese cantidad, y no tanto los gastos que realizaba o tenía el cónyuge de la Sra. Silvia Almada. Estos últimos no son demostrativos que el Sr. Cuassolo tuviere aquel ingreso denunciado.

6. Por ello, el agravio vertido por la parte actora a fin que se eleve la suma mandada a pagar por este concepto se rechaza. Igual suerte corre la queja de la demandada y citada en garantía cuando pretenden que se desestima la cantidad ordenada en concepto de lucro cesante, atento los fundamentos expuestos más arriba (Trigo Represas, F. "La prueba del daño emergente y del lucro cesante" Rev. Derecho de Daños. La Prueba del Daño - I" Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. T. 4, p. 39).

7. En lo atinente al rubro daño moral, que también es motivo de queja por parte de la demandante, demandada y compañía aseguradora, considero que el recurso presentado por la actora debe prosperar.

8. Sobre el particular, caben similares consideraciones a las expuestas para el capítulo del daño patrimonial. Del hecho dañoso resultó la muerte del cónyuge y padre de los hijos que demandan. El estrecho vínculo que los unía con el extinto permite presumir que el accidente que ocasionó su muerte trajo como consecuencia un padecimiento o perjuicio de índole espiritual que merece ser reparado.

9. En el sub examine, se acreditó circunstancias que llevan al profundo convencimiento que la falta del padre y esposo de la parte actora lleva a conceder esta indemnización por el daño moral causado. En primer lugar, importa para los reclamantes la pérdida definitiva de quien era el sostén familiar. Ello conduce a cambiar bruscamente los proyectos de vida de todos y cada uno de los integrantes de la familia. El lucro cesante concedido podrá intentar paliar las carencias materiales, pero jamás podrá borrar el significado de la ausencia paterna, como consecuencia del hecho dañoso, dentro del ambiente familiar.

10. En casos como el que nos ocupa, el cónyuge que sobrevive no requiere probar la existencia del perjuicio dado que su subsistencia habrá de resentirse con la desaparición de quien conforme las piezas probatorias era el sostén material y espiritual del hogar. La reparación de este detrimento atiende a bienes que son insusceptibles de traducción económica y, en este caso, el dinero no constituye en equivalente (Stiglitz - Stiglitz "Resarcimiento del daño moral civil, comercial y laboral" Juris 1999. p. 191/92; Zavala de González, M. "Resarcimientos de Daños. Daños a las Personas." Bs. As. Hammurabí. 1993. T. 2 b, p. 394).

11. En el sub examine, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión, edad, sexo y condición social del fallecido, además de la conformación familiar considero que la suma mandada a pagar ($ 30.000) para cada uno de los damnificados resulta exigua. De tal modo, a mi juicio, resulta acertado cuantificar este daño en la cantidad de $ 50.000 para cada uno de los damnificados, con más el interés que ha señalado la sentenciante, dado que no ha sido motivo de agravio por ninguna de las partes (Cám. 5ta. C.C. in re: "Arias, Daniel Alejandro c. Tomás Alfredo Carballido - Ordinario. Daños y perjuicios"; Cám. 4ta. C.C. in re: "Medina de Tapia, L. M. del Valle otros c. Tromboto, J. J. y otros - Ordinario daños y perjuicios").

12. Por último, resta considerar el agravio de la parte demandada relativo a la imposición de costas. Sostiene esta parte, al igual que la citada en garantía, que dado la suma reclamada por los actores ($ 226.780) y la cantidad condenada a pagar ($ 130.323,24), no puede cargarse las costas en su totalidad a la recurrente, ya que la demanda sólo prosperó en el 57% del total reclamado.

13. Sin embargo, estimo que más allá del sentido de este pronunciamiento, la regla madre contenida en el art. 130 del ordenamiento ritual que responde al hecho objetivo de la derrota, debe ser mantenida en el sub judice dado que el carácter de vencido recae sobre la accionada, más allá del quantum por el que prospera la demanda impetrada. En efecto, antes de verificar el guarismo por el que sólo ha sido recibida la acción incoada, debió comprobarse que la parte actora probó todos los elementos o presupuestos de la responsabilidad civil.

14. Es decir, ha logrado la demandante que se le reconozca su derecho íntegramente. De allí entonces, que no corresponde efectuar al momento de imponer las costas un balance aritmético para averiguar en contra quien ha recaído la declaración de derecho, sino que el balance de ser netamente jurídico y, no advirtiéndose plus petición, la morigeración propuesta por la demandada no corresponde que sea admitida (ED. 100-513; ED. 134-725).

El doctor Mario Sársfield Novillo dijo:

La cuestión debe resolverse conforme lo propicia el Sr. Vocal Sánchez Torres, expidiéndome en igual sentido.

3º cuestión. - El doctor Julio C. Sánchez Torres dijo:

Por todo lo expuesto, opino que el recurso de apelación de la parte demandada y citada en garantía debe ser rechazado en su totalidad, con costas a los recurrentes por resultar vencidos (art. 130 C. Ritual). El recurso de apelación de la parte actora prospera parcialmente y, en su mérito, se modifica el fallo opugnado en lo que respecta al daño moral, elevándose la suma por este concepto a la cantidad de pesos cincuenta mil ($ 50.000), para cada uno de los damnificados, confirmándola en lo demás que decide. Las costas de este recurso se imponen a la demandada y compañía asegurada. Asimismo, se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia, dado el resultado del presente y se fija el porcentaje de los honorarios del Dr. Oscar Alberto Romano por su labor en esta sede en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 34 de la Ley arancelaria.

El doctor Mario Sársfield Novillo dijo:

La cuestión debe resolverse conforme lo propicia el Sr. Vocal Sánchez Torres, expidiéndome en igual sentido.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: I) Rechazar los recursos de apelación de la parte demandada y citada en garantía, confirmándose el decisorio impugnado en todas sus partes. II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, modificar el fallo opugnado fijando en concepto de daño moral para cada una de las víctimas la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), confirmándolo en lo demás que decide. III) Las costas de instancia se imponen a la demandada y citada en garantía, a cuyo fin se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas las que deberá adecuarse al sentido de este pronunciamiento. IV) Fijar el porcentaje de los estipendios del Dr. O. A. R. en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 34 de la Ley arancelaria.

Certifico que el Sr. Vocal Dr. Ricardo Jesús Sahab ha fallecido el día 27 de enero de 2007, dictándose la presente resolución en aplicación a lo prescripto por el art. 382 del C.P.C. - Julio C. Sánchez Torres. - Mario Sársfield Novillo.