marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tutela sindical, Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales
Materia: LABORAL
Carátula: MARTIN, JORGE c/ SOUBEIRAN CHOBET SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-11

Si la empleadora recurrió al Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales solicitando la exclusión de un trabajador del fuero sindical, estando en conocimiento que dicho Tribunal se encontraba desintegrado y sin quorum para sesionar y dictar resoluciones, debe acreditar haber tomado algún recaudo a efectos de lograr un pronunciamiento del órgano administrativo. Ello es posible conforme lo decidido por la CSJN. en materia previsional (Fallos 256:576), donde se admitió la utilización de la vía de queja por retardo de justicia, y asimilable al presente porque el artículo 76 de la ley 20615 establece la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los casos de revisión de un pronunciamiento sobre tutela sindical. (En el caso, la empresa despidió al trabajador sin haber obtenido pronunciamiento del Tribunal referido).
Constitución Nacional, inamovilidad de los jueces, límite de edad, Constitución Provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LILLJEDAHL, ENRIQUE ERNESTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-05

El sistema constitucional argentino sostiene el principio de la inamovilidad de los magistrados de manera que si el juez ha de ser removido, dicha remoción ha de llevarse a cabo en estricta conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución, como salvaguarda del sistema democrático de gobierno y el Estado de Derecho" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30/09/1997, LL-1998-E-262).

En el caso, ante la existencia de auto contradicción en la Constitución Provincial en su art. 195, apartado segundo, cuando por un lado dice: "Los Magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del derecho" y, por otro lado, agrega: "hasta cumplir la edad de sesenta y cinco años", corresponde declarar la inconstitucionalidad articulada respecto de dicha norma, y porque además entra en pugna con el Art. 99 de la Constitución Nacional. Del voto del Dr. Cáceres
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual, actos ilícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Brusa,  Laura  Verónica  c  E.N.  -PNA s/ Daños  y Perjuicios"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-20

La pretensión indemnizatoria sustentada en la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad ilícita tiene como presupuestos ineludibles para su procedencia: a) la ejecución irregular del servicio, b) la existencia de un daño cierto y c) la relación de causalidad directa entre la conducta y el daño cuya reparación se persigue (Fallos: 328:2546). Con respecto al primero de los recaudos, quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos: 306:2030: 312:1656;

315:1892,1902: 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175 y 329:3065). Esta idea objetiva de la falta de servicio -por acción o por omisión- encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (Fallos: 330:3447) que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil (Fallos: 306:2030). No se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921; 318:193;

321:1124; 330:2748 y 331:1690) (Del voto del juez Argento, cons.

IV).
Entes autárquicos, responsabilidad de los entes autárquicos, responsabilidad del Estado, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: PAZ DE GUILLEN, CLELIA ESTHER c/ ESTADO  NACIONAL  -  MINISTERIO DE DEFENSA - ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-26

Según lo tiene decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cabe hacer responsable al Estado Nacional de los actos de las entidades autárquicas, que tienen patrimonio propio y personalidad jurídica independiente de él; y aunque exista en definitiva responsabilidad del Estado central respecto de los actos y hechos de las entidades autárquicas lesivos de situaciones jurídicas, esta responsabilidad es únicamente subsidiaria o indirecta, pero no solidaria; es decir que no es posible requerir el pago de obligaciones de entidades autárquicas directamente al Estado central sino sólo en hipótesis de extinción de la entidad, insuficiencia de bienes, etc.
Contrato de trabajo, ejecución de sentencia, extensión de los efectos de la sentencia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Rivas  Navia,  Rufo c/ Machuron  Normando  Norberto  y otros s/ extensión de responsabilidad. Recurso de hecho.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-14

Las controversias que conciernen a la invocación de responsabilidad solidaria de personas no comprendidas en el límite subjetivo de la cosa juzgada, exceden el prieto diseño procesal del incidente y, en resguardo del derecho de defensa, la cuestión debe ventilarse en un proceso ordinario pleno. No es factible extender la condena en el ámbito reducido de un incidente de ejecución ya que el trámite incidental no permite un marco adecuado, ni conlleva una etapa de cognición idónea para ejercer el derecho de defensa en juicio, garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional. (Del Dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
Transferencia de fondo de comercio, medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CELULOSA CAMPANA SA c/ SUPERMERCADOS HIPERMARK SA s/ MED. PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-16

Si se solicitó el embargo preventivo del depósito realizado por un notario interviniente en el trámite de la transferencia de un fondo de comercio, con motivo de la oposición que había formulado el accionante, con invocación de la calidad de acreedor del transmitente, resulta improcedente -tal como aconteció en la especie- desestimar dicha solicitud, con fundamento en que el embargo de la ley 11867: 5, debe satisfacer los recaudos comunes para esa medida cautelar previstos en el cpr, y que tales recaudos se hallaban incumplidos. Ello pues, el supuesto de referencia exhibe dos diferencias respecto del embargo preventivo común, a saber: a) la medida recaerá sobre fondos que "ya están indisponibles para el vendedor" supuesto deudor, por el depósito que de ellos hizo el escribano interviniente, y b) el presunto deudor afectado por la medida tiene a su disposición -a mas de las vías comunes sobre levantamiento de embargo, reducción de la medida, aumento de contracautela, etc.- La posibilidad de acceder al trámite de la ley 11867: 6, si el crédito del peticionario fuera "cuestionable". Por tanto en tales circunstancias, y habiéndose agregado certificación contable, resulta suficiente tener por acreditada la verosimilitud del derecho del solicitante, siendo obvio a mas, el peligro en la demora pues el vendedor se desprenderá de la propiedad de su fondo de comercio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, asegurador, citación en garantía, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  la citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Las dos fuentes de legitimación que permiten el ingreso del asegurador a la litis entablada entre las partes del proceso: convencional cuando el citante del asegurador es el asegurado (contrato de seguro artículo 109 ley 17418, obligación de indemnidad) y legal (artículo 118) cuando lo es el tercero damnificado, podrían dar lugar a distintas respuestas frente a los efectos de la formulación de una defensa post-siniestral por cuanto eventualmente se podría argumentar que contraría las bases del contrato de seguro, además del principio de buena fe, la pretensión del cumplimiento de una obligación del asegurador cuando el asegurado ha incumplido con un deber (en este caso de información artículo 46 de la Ley de Seguros) sancionado por la caducidad (artículo 47 de la Ley). (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: PENAL
Carátula: Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

La instancia abierta por apelación no posee suficiente amplitud de procedimiento, de modo que el hecho de modificarse en ella el objeto de juicio resulta incompatible con el debido proceso (art. 18 de la Constitución nacional y 9 -n.a.- de la Constitución provincial).
Procesos de ejecución, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Faget de Adzija, María y Otro c/ Automóvil Club Argentino s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

Si bien las cuestiones relativas a la lesión subjetiva, teoría de la imprevisión o enriquecimiento incausado son, en principio, impropias de plantearse en el reducido ámbito de un proceso de ejecución, deben entenderse y aceptarse como circunstancias excepcionantes de tal pauta, aquéllas en que y por cimentarse en hechos notorios, innecesarios de comprobar por formar parte del conocimiento general de la sociedad, provocan -caso de sujetarse el Tribunal "a-quo" estrictamente al reducido límite del ámbito cognoscitivo del proceso ejecutivo- un evidente exceso ritual, no adecuado al servicio de justicia por menoscabar el derecho constitucional de defensa.
Reajuste jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BERON, ANGEL NATAL c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-14

Reajustar el haber de la parte actora, desde enero de 2007 y hasta la entrada en vigencia del mecanismo de ajuste previsto por la ley 26.417, modificatoria de su igual, ley 24.241(art. 32), según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Concursos, demanda de verificación, crédito laboral, despido con causa, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANTA MARIA SCA s/ CONC. PREV. S/ INC. DE VERIF. DE CREDITO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-23

Resulta improcedente que la concursada postule el rechazo de una pretensión verificatoria de origen laboral con base en lo normado en la L.C.T. art. 247, por existir justa causa de extinción del contrato de trabajo cuando, -como en el caso-, se verifica que en el contenido del telegrama al que alude, no se consigna la fecha ni tampoco los hechos en forma explicita que motivaron el despido. Ello así, en tanto tales requisitos atienden a aquel principio general estatuído en la L.C.T. art. 63 de buena fe laboral, impidiendo a la parte empleadora pretender, como intento, ampliar la causal que en forma primogenia invocara.
Cámaras de casación, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: ORELLANA ANTONIO ALFREDO s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. VELEZ MIGUEL ANGEL s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-13

Corresponde a este Tribunal, en el andamiento del carril recursivo, velar también por la tutela de los derechos constitucionales que se dicen vulnerados, y porque esa tutela, conduzca a una sentencia justa. Esta labor, conlleva en su desarrollo, a una infinidad de hechos de acatamiento ineludible que -dentro de todo proceso- asegure la justicia, la fe de los ciudadanos en sus instituciones y la resolución final de cualquier conflicto de intereses con relevancia jurídica.
Juicio ejecutivo, pagaré, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Radio Sapienza Sacii  c/ Casco Gustavo Pedro s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

El artículo 36 del decreto ley 5965/63 establece que cuando se trata de un pagaré a la vista -tal como acontece en las presentes actuaciones- debe presentarse al pago dentro del plazo de un año desde de su fecha de creación pudiendo el librador disminuir o ampliar dicho plazo. Esta normativa debe ser interpretada en consonancia con la legislación consumeril (arts. 42 CN; 36, 37, 65 LDC; 2, 3 del CCyC; SCBA, causas 109305 "Cuevas", sent. del 1/9/2010 y C.121.684 "Asociación Mutual Asís", sent. del 14/08/19).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mastellone, José y otro c/ Gatti, José Luis y otro s/ Acción revocatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

La decisión de la Cámara que desconoce al apoderado de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires legitimación para solicitar regulación de honorarios por la actuación de los letrados intervinientes en la causa, no es susceptible de ser recurrida por la vía de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio, partes, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivieri, Patricia c/ Bossio, Raul s/ Demanda - Incidente nulidad de convenio - Liquidación soc. conyugal   (Expte. Nro.319-99, Resolución Nro.88, tomo 01, folio 230/233)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-21

Cuando la conducta propia es "errónea" siempre está en condiciones la parte movida a error para formular las aclaraciones tendentes a dejar sin efecto su propio proceder pretéritamente equivocado y si esto ocurriera, no podría encuadrarse tal conducta dentro de los parámetros de procedencia de la doctrina de los actos propios.
Pena, unificación de penas, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Reina,  Carlos  Roberto;  Duarte,  María  Cristina s/ recurso  decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

Si bien el legislador no ha especificado en nuestro código de fondo qué sistema debe emplearse en la unificación de pena y que se aplicará al momento de mensurar la sanción definitiva, de admitirse la aplicación rígida del método aritmético, es necesario que el tribunal brinde razones suficientes para utilizarlo. En el caso, los magistrados han cumplido con este mandato ya que expresamente señalaron que "para graduar el monto de la sanción única, se hace necesario señalar, que la reiteración de las conductas ilícitas transluce la necesidad de que el cumplimiento de cada una de las penas impuestas sea total, para no desvirtuar los fundamentos vertidos al mensurar las mismas, ya que, (...), se juzga necesaria la aplicación de un tratamiento penitenciario que ayude a remover las causales criminógenas en el condenado y obtener su reinserción social, siendo para ello necesario en el caso de autos, dadas sus prenotadas particularidades y la gravedad de los hechos, adoptar, para la mentada unificación, el método aritmético". (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren parcialmente los Dres. Riggi y Tragant según sus votos).
Contratos de adhesión, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Setzes, Jorge c/ Pico Foot Ball Club s/ C. Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

En los contratos de adhesión debe considerarse la presencia de una voluntad común menor para conducir el es fuerzo en reestablecer el equilibrio contractual destruido en un contrato caracterizado por el sometimiento de una parte a otro que concentra todo el poder negocial. Tal de las reglas interpretativas, en nuestro derecho no es sino un corolario del principio superior de la buena fe contractual que consagra el art.1198 C.C., que impone al juez tener en cuenta y compensar "en busca de la justicia", las situaciones de necesidad, inexperiencia o ligereza del adherente (art.954 C.C.) o excesiva generosidad sobreviniente (art.1198 C.C.), o de abuso del derecho por parte del predisponente de las condiciones generales (art.1071) o cuando éstas contrarían el orden público, la moral o las buenas costumbres (art.953 C.C.) con la salvedad que la interpretación a favor del adherente no justifica el abuso por parte de éste. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Agentes de la administración pública, idoneidad para la función, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL-POLITICO
Carátula: ncidente de impugnación de candidaturas en autos "Partido Vecinal Frente De Oro (P.V.F ORO)" s/ oficialización lista de candidatos (elecciones municipales simultáneas 16.04.2023 Gral. Fdez. Oro) s/ apelación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-04-16

Los méritos vinculados a la idoneidad, se extraen del merecimiento que la persona ostenta para aspirar al cargo público. De modo que la idoneidad para acceder o ser admisibles en los empleos tal como lo establece el art. 16 de la CN es abarcativa en la Administración Pública desde el más modesto agente hasta el Presidente de la Nación. A la vez, el art. 5 de las Normas de interpretación de nuestra Constitución Provincial establece que la expresión "agente público" se refiere a los empleados y funcionarios electivos o no de todos los poderes del Estado, los Municipios, Comunas y demás entes descentralizados. (Voto del Dr. Apcarian, Dr. Ceci, Dra. Criado y Dra. Piccinini sin disidencia)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender, carrera docente, gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GABRIEL DARIO ARENZON c/ ESTADO  NACIONAL  ARGENTINO (MRIO. DE EDUCACION) - DIRECCIONNACIONAL DE SANIDADESCOLAR. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

El hecho de que la Resolución 957/81 del Ministerio de Educación de la Nación -con arreglo a la cual se exige una estatura mínima de un metro sesenta centímetros a los varones que deseen ingresar al Instituto Superior del Profesorado- haya sido establecida por autoridades de facto, exige una revisión judicial honda y puntual, presidida por el principio de que... "en los países libres la educación pública es una parte de la soberanía cuyo ejercicio no se delega ni se saca de las manos del pueblo..." (Juan Bautista Alberti).
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Juana N. c/ Empresa La Amistad SRL s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-13

En el régimen del art. 184 del C. de Com. no tiene mayor significación las circunstancias subjetivas presentes en el autor, ello a mérito de tratarse de un régimen objetivo de responsabilidad.

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Accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del deportista, responsabilidad del organizador
Materia: CIVIL
Carátula: Corral de Solana, Mónica c/ Mauriz, José Manuel y otros s/ Demanda Sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-30

...aún admitiendo que no se dé relación de dependencia entre el deportista y la institución organizadora del juego o competencia, existe un sometimiento, que no sólo se aplica a la reglamentación o a normas de ajuste, sino al efectivo contralor de la justa, cuando la entidad ejerce poder de mando, de orden, de organización, aún reconociendo el margen de libertad del deportista para el desarrollo del juego dentro de las reglas. Por cierto, que el jugador o competidor asume un riesgo, pero éste es el inherente al juego. Todo lo que lo exceda, compromete la responsabilidad del organizador
Síndico del concurso, deberes del síndico del concurso, facultades del síndico del concurso, mandato, abogado apoderado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Ramallo S.A. s/ Quiebra -Incidente de verificación tardía promovido por Indexer S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

El síndico otorgante de poder especial al letrado apoderado sólo puede conferirle facultades expresas- en el caso, renunciar a privilegios- con autorización del juez del concurso (art. 182 Ley 24522) en tanto tal funcionario está facultado sólo para celebrar actos de conservación y administración del patrimonio, quedando excluido lo que hace a actos de disposición, que el legislador descarga en el órgano jurisdiccional. La nulidad que implica tal omisión, es sustancial y no procesal.-
Faltas, procedimiento administrativo de faltas, actuaciones administrativas, notificación del acto administrativo, carga de la notificación, pago de la multa, pago espontáneo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ARCOS DORADOS SA s/ s/ falta de higiene y residuos fuera de hora - APELACION fuera de hora - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-06

El artículo 12 de la Ley de Procedimiento de Faltas dispone que el presunto infractor debe ser notificado de la existencia de actas que se le hubiesen labrado, dentro de los noventa días de constatada la falta. La pieza debe contener una intimación para que dentro del plazo de cuarenta días efectúe el pago voluntario o comparezca a requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas. Queda entonces claro que la finalidad de la primera notificación cursada por la "autoridad administrativa" es la de brindar al imputado la posibilidad de acogerse al beneficio del pago voluntario en los términos del artículo 17 del Régimen de Faltas -Ley 451-; por lo mismo, en casos en los que de inicio se descarta la viabilidad de aquella opción legal, nada obsta a que la Unidad Administrativa de Control de Faltas asignada impulse el procedimiento, pues mal podría concederse al imputado una elección inexistente de vías procesales. La solución contraria tornaría dispendioso y sobreabundante el inicio de la actuación administrativa, además de ajena a toda lógica.
Empleados públicos, nombramiento, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marignac, Francisco Ramón c/ CONSEJO  PROVINCIAL  DEL MENOR O SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

El carácter permanente de las tareas asignadas al empleado no importa borrar el título que dio origen a a su nombramiento, el que estando sujeto a plazo fenece cuando aquél expira.
Alimentos, pago
Materia: CIVIL
Carátula: FABIAN, Juan Alfredo c/ FABIAN, Nestor Alfredo s/ CESACION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-09-22

Llegado el hijo a la mayoría de edad concluye la patria potestad y cesa ipso iure el deber alimentario. Si hay circunstancias por la que resultan indispensables los alimentos, no estando el beneficiario en condiciones de procurarselos, le cabe al alimentado hacer el planteo respectivo a fin de lograr el pago de los alimentos. Mientras no haya un reclamo judicial y una sentencia que disponga el pago de los alimentos, la cesación se ha operado de pleno derecho al alcanzar la mayoría de edad.