marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, derecho a la salud
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B., G.  c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Rios (IOSPER) s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-09

Si la prestación del amparista requiere insoslayablemente que sea abonado el pago adeudado al profesional especialista -psicopedagoga-, mal puede afirmarse que la cuestión debatida no comprometa seriamente el derecho a la salud, limitándose así a una cuestión de índole patrimonial. La falta de pago de la prestación ya autorizada se aprecia decididamente injustificada y por lo tanto arbitraria, afectando a partir de allí de manera manifiestamente ilegítima el derecho fundamental a la salud, y que como tal se exhibe de específica tutela convencional y constitucional. Por ello, la vía del amparo resulta admisible frente a tal cuadro de situación.
Superior Tribunal de Justicia, MENDOZA, derechos y garantías constitucionales, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, recusación, libertad de cultos, creencias religiosas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Carrión Carolina c/ Sarda Alberto Daniel y otros s/ Daños derivados de violencia de género p/Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-02

No resulta procedente la recusación deducida contra un integrante del Superior Tribunal invocando como causa su activa participación en la comunidad de una parroquia toda vez que se funda en el ejercicio de su libertad religiosa lo que en caso de tener acogida favorable implicaría el cercenamiento de su derecho humano fundamental de jerarquía constitucional y supranacional (art. 14 Constitución Nacional, art. III de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros) a profesar libremente su culto o religión, individual o colectivamente tanto en el ámbito público como en privado.
Extradición, sentencia condenatoria, cómputo de la pena, Estado requirente, tiempo de detención
Materia: PENAL
Carátula: Bertulazzi, Leonardo y otro c/  s/ extradición art. 52
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-01

Es improcedente la defensa del requerido vinculada a que el Estado requirente no brindó ninguna garantía de que computará, a los fines de un eventual cumplimiento de pena, el tiempo que permanezca privado de su libertad como consecuencia de procedimiento de extradición, pues más allá de que esa es una medida prevista en el artículo 11.e de la ley 24.767 y, como tal, no es exigible en el marco de las relaciones regladas por el acuerdo bilateral con la República de Italia, son suficientemente claras las seguridades manifestadas por esa Nación en la causa sobre las que la sentencia que concede su entrega se apoya para poner en su conocimiento esa circunstancia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Extradición, tentativa, extinción de la acción penal, robo calificado
Materia: PENAL
Carátula: Ortega Reyes, Cristian Giancarlos  c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

Es procedente la extradición requerida por la República del Perú para someterlo a proceso por el delito de robo agravado en grado de tentativa (artículos 188 y 189, incisos 2° y 7°, del Código Penal de ese país), pues el cálculo sobre el tiempo de vigencia de la acción penal determina que de conformidad con la ley del país requirente hasta ahora no ha transcurrido el plazo de quince años y, en consecuencia, el ius puniendi no se ha extinguido. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Cesación de cuota alimentaria, costas, allanamiento
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: T., F. J. Y A., G. H. A.  c/  s/ incidente cese cuota alimentaria s/ incidentes (familia) (legajo de apelación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-23

Si en el pedido de cese de la cuota alimentaria, la parte alimentada en su contestación se allana y no fue quien dió lugar a la reclamación, por aplicación de lo previsto en el art. 67 CPCC, las costas deben ser a cargo del alimentante.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alsina, Néstor Carlos c/ Sindicato de Peones de Taxis de Rosario (SPT) s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-04-22

El estudio de las constancias de la causa revela que la cuestión aquí debatida exhibe sustancial similitud con la que fuera materia de conocimiento y decisión por este Tribunal en la causa "Figueroa, Eduardo Raúl c/ Sindicato de Peones de Taxis de Rosario -Otras Diligencias- s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Queja Admitida)", a cuyos fundamentos se remite y se dan aquí por reproducidos por razones de economía procesal, pudiendo concluirse que los fundamentos de la resolución atacada no satisfacen las exigencias del artículo 95 de la Constitución provincial, por lo que cabe su anulación de conformidad con las razones desarrolladas en el mencionado precedente. - CSJStaFe: Figueroa, 2024:1032 - Constitución de Santa Fe, artículo 95. - Jurisprudencia concordante con Eujanian, 2025:188, sumario J0054155.
Caducidad de instancia, beneficio de litigar sin gastos, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Silveyera, Horacio Enrique y otros  c/ Núñez, Sebastián Ezequiel y otros s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-18

La tramitación del beneficio de litigar sin gastos no interrumpe ni suspende los plazos procesales, salvo disposición expresa, por lo que la falta de impulso procesal dentro del plazo legal en segunda instancia genera la caducidad del recurso, sin que la solicitud de medidas cautelares sea suficiente para evitar la perención.
Daños y perjuicios, derecho a la intimidad, programa de televisión, publicación de fotografía, actores, vicios de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por B. R. S. -hoy fallecida- por derecho propio y en representación de sus hijas N. y B. F. S. en la causa S., B. R. y otros c/ Rial, Jorge y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-01

Corresponde establecer que no existió consentimiento por parte de la actora -que exima de responsabilidad a los conductores y productora de un programa televisivo- para la difusión de imágenes de contenido sexual de su esposo obtenidas por una cámara oculta, pues no cabe admitir que la sola concurrencia de aquella al canal motivada en una razón diferente y su posterior permanencia en el programa constituyan elementos con entidad suficiente para tener por configurado el consentimiento tácito a la intromisión en su intimidad, anuencia que solo podría admitirse cuando de las circunstancias particulares del caso surja en forma cierta que esa ha sido la voluntad de los sujetos.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Servin, Luis Alberto c/ La Segunda ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (concedido por la Cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-03-18

En relación a la aplicación del índice RIPTE como tasa de interés fijado por la Cámara, las cuestiones planteadas por la compareciente guardan sustancial analogía con las que fueron motivo de análisis y resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "García" y en "Lacuadra", donde se señaló que el método de reajuste instituido en segunda instancia implicaba apartarse sin fundamento de las facultades acordadas a los jueces por el inciso c) del artículo 768 del Código Civil y Comercial, ya que comportaba la aplicación de un coeficiente para la actualización del capital y no de una tasa de interés fijada según las reglamentaciones del Banco Central, debiendo interpretarse, en atención a las pautas allí estimadas, que una tasa que no ha sido fijada según las reglamentaciones de este organismo, no se ajusta a los criterios previstos por el legislador en el mencionado artículo, ello en armonía con las pautas de razonabilidad y legalidad señaladas por esta Corte provincial in re "Olivera". - CITAS: CSJN: García, Fallos:346:143; Lacuadra, Fallos: 347:947; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295.
Recurso extraordinario federal, pena privativa de la libertad, prisión perpetua, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ruffino, Juan Manuel c/  s/ homicidio doloso calificado-apelación defensa sentencia condenatoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-03-25

En orden a los cuestionamientos referidos a la perpetuidad de la pena impuesta, se advierte que esta Corte rechazó la queja por entender que los mismos no revestían actualidad; respuesta que, ante el nuevo criterio expuesto sobre el punto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentado en los recientes fallos "Guerra" y "Soto", ambos posteriores a la resolución de este Tribunal, no resulta admisible, por lo que lo postulado en este sentido amerita la concesión de la vía federal en relación a este agravio. - CITAS: CSJN: Guerra, Fallos:347:1770; Soto, Fallos:347:2324.
Actos ilícitos, agentes de la administración pública, juicio administrativo de responsabilidad, juicio de cuentas, poderes del Estado, responsables, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MINISTRO LIC. FELIPE DE LOS RIOS - Formación Docente Permanente - E/ Cuenta Gral. del Ejercicio Año 2017 c/  s/ S/ APELACION RESOLUCION TRIBUNAL DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-03-26

El "juicio de cuentas" es el que tiene por objeto aprobar o desaprobar las rendiciones efectuadas por los responsables en los tres poderes del Estado, mientras que el de "responsabilidad" es el encaminado a determinar los ilícitos cometidos por los agentes del Estado y a sancionarlos por los hechos, actos y omisiones que lesionan la hacienda pública.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: V., V. c/  s/ delitos contra la integridad sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-03-18

Los planteos vinculados con el monto de la pena impuesta se reducen a su mera discrepancia con una actividad que -por regla- queda reservada a los jueces de la causa y que sólo en supuestos de arbitrariedad o falta de motivación puede habilitar la competencia de este Tribunal, hipótesis de cuya concurrencia la compareciente no alcanza a persuadir a esta Corte, desde que, con sus genéricas alegaciones y pretendida insistencia de aplicación del mínimo de la escala penal o, subsidiariamente, modificación en la modalidad de ejecución de la misma, no logra evidenciar una aplicación indebida o una violación de las pautas legales de mensuración de la respuesta punitiva, al no hacerse cargo de rebatir idóneamente los argumentos brindados por la Alzada en pos de demostrar a este Tribunal por qué considera que la misma no refleja la medida del injusto y de la culpabilidad efectivamente probada ni que resulte en el caso de una magnitud irrazonable o desproporcionada, por lo que los reproches de la compareciente sobre este tópico, al apuntar exclusivamente a discutir la interpretación efectuada por la Cámara de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal tenidas en cuenta para graduar la pena, no habilitan la apertura de esta vía de excepción, imponiéndose, por tanto, su desestimación.
Habeas data, banco de datos personales, información errónea o desactualizada, rectificación de datos, supresión de datos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marín, Edgardo Néstor c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SAU s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

El art. 4 de la Ley 25.326 consagra el principio de calidad de los datos, lo cual implica que aquellos que sean objeto de tratamiento deben ser exactos y, cuando sea necesario, actualizados, debiendo tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados. Asimismo, el art. 16 de la misma norma dispone que toda persona tiene derecho a que sus datos personales que estén incluidos en un banco de datos sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad, y que el responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación o supresión de los mismos en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad.
Confirmación de sentencia, transmisión del dominio, competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Puerto Norte S.A.  c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-11

Se confirmó la sentencia de primera instancia, ratificando que el GCBA tiene potestad tributaria y de policía sobre la zona portuaria, y rechazando la inconstitucionalidad del artículo 8° del Estatuto de la CABA. Respecto de la jurisdicción y competencia tributaria del GCBA, se analizó la ley 24.093, que establece que los puertos estarán sujetos a la fiscalización de las autoridades nacionales, sin perjuicio de las competencias locales. Se sostuvo que el veto presidencial al artículo 11 de la ley 24.093, que impedía la transferencia del dominio portuario a la Ciudad, no excluye la potestad tributaria del GCBA, en tanto el puerto sigue dentro de su territorio. Se invocó la jurisprudencia de la CSJN en Fallos: 320:875, donde se reconoció que los estados locales pueden ejercer poder de imposición sobre bienes federales, siempre que no interfieran en la utilidad nacional del establecimiento. Se concluyó que la actividad de Puerto Norte S.A. no es de utilidad nacional, ya que se trata de un emprendimiento privado de explotación comercial y deportiva, lo que justifica la potestad tributaria del GCBA. Respecto de la teoría de los actos propios y presunción de constitucionalidad de la ley se rechazó el planteo de Puerto Norte S.A. sobre la inaplicabilidad de la teoría de los actos propios, sosteniendo que: La empresa se inscribió voluntariamente en el régimen de ingresos brutos y adhirió a planes de facilidades de pago y que tales actos denotaron reconocimiento de la potestad tributaria del GCBA, impidiendo su impugnación posterior. Se destacó que toda ley es presumiblemente constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia (CSJN, Fallos: 207:238 y 210:1129), y que el art. 8° del Estatuto de la CABA no fue declarado inconstitucional en otras causas. Respecto al poder de policía del GCBA en el área portuaria, se ratificó que el GCBA tiene poder de policía en la zona portuaria, conforme al artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional, que establece la concurrencia de competencias entre Nación y provincias. Se citó el fallo "Casino Flotante" (CSJN, Fallos 303:285 y 305:1672), que reconoció que la jurisdicción marítima federal no excluye la potestad contravencional local, y se concluyó que el GCBA puede ejercer poder de policía en la zona portuaria, siempre que no interfiera con la operatoria nacional del puerto.
Recurso extraordinario, fallos de la Corte Suprema, orden público, derechos y garantías constitucionales, nulidad de sentencia, nulidad absoluta, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de M.C.M. y Francisco Alfredo Silva en la causa M., M. C. y otro c/  s/ lesiones graves (art. 90)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-01

Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmado por las sentencias ulteriores.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, adhesión al recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Courault, Hugo c/ Drovet S.R.L. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-05-27

El detenido estudio de la causa lleva a la convicción de que la sentencia cuestionada debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido habida cuenta que, si bien los agravios esgrimidos por la recurrente remiten al examen de cuestiones de derecho procesal que -por su naturaleza se encuentran reservadas en principio a los jueces de la causa y excluidas de este remedio extraordinario local, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando -como ocurre en el caso- el Tribunal ha formulado una interpretación absurda e irrazonable del instituto de la apelación adhesiva con lesión a derechos constitucionales. - CITAS: CSJN: Fallos:308:1078, 2360; 311:341; 312:184.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pronunciamiento inoficioso, proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Schreiber, Walter Federico; Schreiber, Kevin Carlos; Dejon, Martin Miguel; Grandolio, Pedro Pablo y Villan, Cristian Alejandro c/  s/ homicidio-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2025-05-06

De la lectura del memorial introductor de la vía recursiva se advierte que los agravios de la Defensa se centran en cuestionar lo decidido con posterioridad a la audiencia preliminar, confirmándose el rechazo de ciertas pruebas para el plenario, como así también su pretensión de que el juzgamiento lo sea por un jurado popular, y al respecto cabe señalar que del sistema informático de consultas de la Oficina de Gestión Judicial surge que en la presente causa y tras la realización del juicio oral, los imputados fueron condenados como coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado por ser perpetrado con el concurso premeditado de dos o más personas, a la pena de prisión perpetua, con más accesorias legales y costas, por lo que surge que la pretensión defensiva se ha disipado, toda vez que en el caso recayó sentencia definitiva en orden a los hechos investigados, tras la realización de un juicio oral y público, por lo que ninguna actualidad revisten las cuestiones plantadas, demostrándose, en tales condiciones, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito.
Crímenes de lesa humanidad, abuso sexual de menores, prescripción de la acción penal
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Ilarraz, Justo José  c/  s/ promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación s/ impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-01

Un repaso del derecho internacional consuetudinario así como lo previsto en los arts. 7.1 y 7.2 del Estatuto de Roma (aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200), permite afirmar, sin dificultad, que los elementos allí exigidos para la configuración de los delitos de lesa humanidad están ausentes en el caso donde se investiga la comisión del delito de abuso sexual de menores; de allí se sigue, linealmente, que la imprescriptibilidad propia de esos delitos no puede ser aplicada a las conductas que se han investigado y si bien son aberrantes, eso no basta para excluirlos del alcance de las reglas generales previstas por el legislador en el Código Penal para examinar la vigencia de la acción penal.
Derechos políticos, derecho de voto, pena de inhabilitación, reformatio in pejus, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Donocik, Luis Juan c/  s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

La decisión que dispuso la inhabilitación del condenado para el ejercicio de los derechos políticos (art. 3 inc. m del Código Electoral Nacional) debe ser dejada sin efecto, pues las partes estaban contestes en que la inhabilitación de aquél era inconstitucional y estaban conformes con la porción de la sentencia que le reconocía el derecho a votar y el único objeto de las apelaciones era, entonces, que se lo habilitara en forma inmediata y que no tuviera que esperar a que el Congreso Nacional sancionara la reglamentación correspondiente, por lo cual el pronunciamiento de la Cámara revocó el de primera instancia en un aspecto que no había sido apelado y que, por ende, había quedado consentido y firme.
MENDOZA, Superior Tribunal de Justicia, recusación con causa, CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE MENDOZA, libertad de cultos, deber de imparcialidad, creencias religiosas
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrión Carolina c/ Sarda Alberto Daniel y otros s/ Daños derivados de violencia de género p/Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-02

Cabe admitir la recusación interpuesta por la parte actora contra un integrante del Superior Tribunal mendocino pero bajo la figura procesal de recusación sin expresión de causa, en el caso en el cual impugnó su intervención pretendiendo que fuera con causa basándose en que el ejercicio de su culto en la comunidad parroquial que integra afectaría su deber de imparcialidad por ser la iglesia parte demandada, pues dicha figura está prevista en el artículo 13 del Código Procesal provincial al no haber ejercido con anterioridad el derecho que le asiste de recusar sin expresión de causa y atendiendo a la voluntad recusatoria de la recurrente.
Prisión domiciliaria, visitas carcelarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-11

Debe tenerse en cuenta que la razón por la que el tribunal resolvió la prisión domiciliaria fue esencialmente por entender que resultaba dificultoso compatibilizar la garantía de preservar la seguridad de la condenada en un establecimiento penitenciario sin afectar de manera intolerable otros derechos constitucionalmente reconocidos, por lo cual, aparece como un deber del juez y una limitación razonable al ejercicio de los derechos de la condenada el recaudo de someter a contralor judicial el ingreso al domicilio de visitas que no constituyen su círculo más cercano. (Del voto del Dr. Barroetaveña)