Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-29


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

1. El juez de primera instancia hizo lugar al amparo promovido por el Sr. Murillo y ordenó restituirle al actor las sumas indebidas, pagadas en concepto de aumento de cuota a partir del 1.01.00, y a continuar brindándole al actor las prestaciones obligatorias indicadas en el art. 1 de la ley 24.754 (264/7).

2. Apeló la demandada. Expresó agravios a fs. 286/91.

Afirmó que el aumento en la cuota estaba expresamente previsto en el Reglamento que forma parte de las condiciones de contratación y que en el caso se aumentó la cuota dado que el actor cumplió 70 años, con lo que cambió de categoría. Destacó que en los contratos de tiempo indeterminado es imposible establecer el valor de la cuota desde el inicio del mismo.

Por otro lado, afirmó que no es una entidad abarcada por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, por lo que no cabe asimilarla a una obra social a los efectos de establecer las prestaciones a su cargo.

3. Adelanto que, por las razones que paso a exponer, comparto la decisión del a quo.

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, decidió en un caso similar que correspondía admitir la acción de amparo deducida por un afiliado a una empresa de medicina prepaga tendiente a impedir que ésta pueda, mediante un proceder unilateral, establecer aumentos en la cuota o modificaciones lesivas en los parámetros previstos inicialmente para la prestación del servicio médico, pues tales alteraciones, en el marco de la relación de consumo, provenientes de la parte que tiene sin duda mayor gravitación dentro del sinalagma, pondrían una vez más en inminente peligro no sólo el equilibrio contractual, sino el derecho a la protección de la salud del peticionante amparada constitucionalmente (art. 42, CN). (CNCom., Sala C, "Montorfano, Oscar Luciano c. Omaja Sociedad Anónima s/amparo", 23.11.00, LA LEY, 2001-B, 743).

En dicha causa, se agregó que en un contrato de prestación de servicios médicos por una empresa de medicina prepaga es fundamental contar con el acuerdo de ambas partes para alterar los elementos esenciales de la relación jurídica, esto es, el precio de la prestación médica y las condiciones previstas para la prestación del servicio (CCiv: 1137 y 1197), toda vez que un proceder contrario sería incompatible con la exigencia de buena fe en la ejecución de los contratos y con la regla "rebus sic stantibus", que impone el equilibrio de las prestaciones entre las partes durante la vigencia del vínculo (CCiv: 1198).

Asimismo, cabe destacar que las cláusulas de los contratos de cobertura médica celebrados con empresas de medicina prepaga deben interpretarse a favor del beneficiario, pues se trata de contratos de adhesión y consumo comprendidos en el régimen de defensa del consumidor establecido por la ley 24.240 conforme los arts. 3 y 37.

En este contexto, considero que la demandada no ha logrado mostrar que el aumento de la cuota exigido a partir del 2001 haya sido celebrado con el acuerdo del Sr. Murillo, sino, por el contrario, parece que constituyó un aumento unilateral prohibido por las razones invocadas en la citada jurisprudencia, que comparto. El demandado no ha mostrado que el Sr. Murillo tuviera conocimiento efectivo del invocado Reglamento y que haya comprendido que significaba el aludido "cambio de categoría". Estos elementos son esenciales para sostener que el Sr. Murillo prestó su consentimiento a dicho aumento. Máxime cuando el actor era un afiliado indirecto, dado que contrató el plan de medicina prepaga a través de la Mutual Liceana, a la que pertenecía. Como afirmó el a quo, las convenciones celebradas entre la demandada y la mutual son inoponibles al actor.

Por otro lado, no se trata de un caso donde la circunstancia, en la que se fundó el aumento de la cuota (que el actor alcanzó los 70 años), no pudiera preverse desde el inicio de la relación contractual, por lo que cabe rechazar los argumentos del apelante al respecto.

Tampoco encuentro argumentos para apartarme de la decisión del juez de grado de obligar a la demandada a continuar prestando al actor las prestaciones obligatorias en los términos del art. 1 de la Ley 24.754, cuya inconstitucionalidad no fue planteada en autos. Los argumentos de la apelante de que no se encuentra entre los sujetos comprendidos por las leyes 23.660, 23.661 y 24.445 son inconducentes porque justamente el art. 1 de la Ley 24.475 obliga a las empresas que presten servicios de medicina prepaga, y no las leyes citadas anteriormente, a cubrir, como mínimo, las prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales.

4. Por tales consideraciones, opino que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la decisión apelada. - Agosto 3 de 2005. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 29 de 2005.

Considerando: 1. a) Rafael Norberto Murillo promovió la presente acción de amparo con el objeto de que se ordene a la demandada: (*) retrotraer la cuota a la pactada originalmente; (*) continuar cumpliendo con la asistencia médica comprometida; y (*) restituir la totalidad de las sumas percibidas indebidamente (demanda a fs. 52/57).

b) La sentencia de primera instancia de fs. 264/268 hizo lugar a la acción.

c) Dicho pronunciamiento concitó la apelación de la accionada (fs. 280).

A fs. 286/291 obra el memorial de agravios y a fs. 317/319 luce la respuesta del accionante.

d) Finalmente, el Ministerio Público Fiscal intervino a fs. 337/338.

2. Los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en el aludido dictamen, que esta Sala comparte y a los que se remite por razones de brevedad, bastan para fundar el rechazo del recurso.

Sólo cabe agregar lo siguiente:

(i) Según ya tiene dicho la Sala (v. voto que informa el decisorio recaído en los autos "De Oromi Escalada, Mariano c. Galeno Previsión S.A. s/Sumario" del 03/04/1997, cit. en JA, Número especial: Medicina Prepaga, nov. 24 de 1999 Nº 6169, p. 46) la especial característica del contrato de medicina prepaga exige una adecuada protección de los derechos del usuario, debido a la desigualdad existente entre la institución y el consumidor, y por celebrarse mediante adhesión a cláusulas predispuestas.

En dicho decisorio se dijo además que es impensable que un sistema que tiende a la utilización masiva pueda basarse en un equilibrio orgánico que haga casi imposible o muy improbable una enfermedad.

Y se destacó que, por ese motivo, no puede atenderse a la invocación de mayor onerosidad -en este caso, fundada en la edad avanzada del afiliado-, desde que el sistema de medicina prepaga tiene un ingrediente aleatorio, semejante al del seguro, que lo obliga a afrontar esa mayor onerosidad que debió tenerse en cuenta al efectuar los cálculos actuariales tendientes a fijar el precio del servicio.

(ii) Por otro lado, debe precisarse que la ley 24.754 -promulgada el 28/11/96-, art. 1 prevé que: "... a partir del plazo de 90 días de promulgada la ley, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455 y sus respectivas reglamentaciones...".

Esa norma no fue impugnada de inconstitucional y, por lo demás, el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social invocado por la quejosa, donde se había declarado la inconstitucionalidad de la citada ley 24.754, fue dejado sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Hospital Británico de Bs. As. c. Estado Nacional -Ministerio de Salud y Acción Social- s/recurso de hecho" H. 90 XXXIV, del 13/3/2001, ED, 192-202).

Lo expuesto, sin necesidad de formular otras consideraciones, es suficiente para fundar el rechazo de los agravios y confirmar el fallo recurrido.

3. En consecuencia, se resuelve: desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (CPr.: 68).

4. Atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto del proceso, se confirman los honorarios regulados a favor del letrado patrocinante en un principio y apoderado después, de la parte actora, doctor Ramiro Hernán Rey Méndez Rodríguez (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 8, 19, 37 y 39).

Por las actuaciones de Alzada que motivaron la presente resolución, se fijan en doscientos pesos ($200) los emolumentos del Doctor M. R. y en ciento veinte pesos ($120) los de la letrada apoderada de la parte demandada, doctor M. I. K. (art. 14 ley cit.).

Notifíquese a las partes, a la señora Representante del Ministerio Público -en su despacho- y devuélvase. - Angel O. Sala. - Martín Arecha. - Rodolfo A. Ramírez.