Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a Instancia. áBuenos Aires, el 30/11/09.

El doctoer Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó las pretensiones sa-lariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs.353/361). A su vez, la representación le-trada de la parte demandada, cuestionó la regulación de los honorarios profesionales efectuada en su favor por considerarlos bajos; y, los codemandados apelan la regulación de honorarios efectuada en la sentencia de grado anterior por considerarlos altos.

Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia porque la sentenciante de grado rechazó la totalidad de las pretensiones deducidas en la deman-da, con fundamento en que, a su entender, no se encontraba acreditada la calidad de em-pleadores de los coaccionados, ni la existencia del vinculo laboral invocado por cada una de las actoras. Cuestiona la recurrente la valoración que efectuó la juez de grado, de los testimonios producidos en autos. A su vez, las actoras critican que, en la sentencia de anterior instancia, no se valorara la prueba pericial contable en favor de los hechos na-rrados en el escrito inicial. Por ultimo, apelan la imposición de costas efectuada en la anterior instancia.

Los términos de los agravios imponen memorar que las acto-ras, en el escrito de demanda, sostuvieron que comenzaron a trabajar para los demanda-dos en forma personal el 01/07/2003, en un establecimiento comercial ubicado en la ca-lle Garro 3058, cumpliendo tareas de oficial maquinista -cada una de ellas-. Denuncia-ron una jornada de trabajo de lunes a viernes de 8 a 17 hs y un salario mensual de $ 1.700. Relataron que con fecha 15/5/06, María Celeste Carrasco y Roxana Claudia Ca-rrasco intimaron a sus empleadores -entre otras cosas- a registrar correctamente la rela-ción laboral por medio de los TCL Nº 66075640, 66075519, 66075641 y 66075642, todos ellos transcriptos en la demanda (ver fs. 11 rec. a fs. 166). Ante el silencio de los codemandados a la intimación María Celeste Carrasco decidió dar por finalizado el vin-culo a través de las TCL Nº 63780325 y Nº 63780323 (ver fs. 12/vta. rec fs. 166); en tanto que, Roxana Carrasco recibió contestación de los demandados quienes negaron el vinculo laboral, ante lo cual se consideró despedida a través de los TCL Nº 63780321 y Nº 6378322 de fecha 29/5/06 (ver fs. 12 rec fs. 166).

Los codemandados en el responde (ver fs.41/45) desconocie-ron la relación laboral invocada; y negaron que desarrollaran en forma personal la acti-vidad comercial denunciada en la demanda.

De acuerdo con los términos del memorial recursivo y de aquéllos en los cuales quedó trabada la litis, correspondía a las accionantes acreditar la existencia del contrato de trabajo que invocaron (art. 377 CPCCN); y, a la luz de los elementos reunidos en la causa, coincido con la magistrada de grado, en que no lo han logrado. Por lo pronto observo, que los testimonios producidos a instancia de la parte actora no aportan evidencia fehaciente de la prestación de servicios que las actoras invo-caron como efectuadas en favor y en beneficio de los co-demandados. Veamos. El testigo Ocampo (fs.216/217) dijo que conocía a las actoras del barrio de Ingeniero Budge y que conoció a los demandados en la fábrica de carteras de la calle Garro al 3000. Si bien dijo que los demandados eran los dueños de la fábrica, y que lo sabía por el trabajo que el testigo realizaba para ellos, luego explicó que concurría a la fábrica alrededor de "una vez por semana, cada diez o quince días" ya que las tareas que supuestamente realizaba para los accionados, las hacía en su casa. Si bien afirmó que el codemandado Claudio Brown era el dueño de la fábrica, -porque él era quien le pagaba-, luego aclaró "que no sabia bien". La circunstancia de que individualizara al codemandado Brown como due-ño por el solo hecho de que le habría pagado por algún supuesto trabajo realizado para la fábrica, es insuficiente para acreditar dicha calidad, sobre todo cuando se trata de una persona que habría asistido a retirar trabajos para realizar en su casa, con una asiduidad de -según sus propios dichos - "una vez por semana, cada diez o quince días". Aunque dijo haber visto a las actoras en la fábrica que atribuye a los demandados, las referencias que hace el testigo al supuesto desempeño laboral de las actoras en ese lugar, sólo están basadas en comentarios que habría recibido de las propias actoras. En efecto, dijo que creía que cumplían un horario de trabajo de 8.00 a 18.00hs de lunes a viernes y agregó que se lo comentaron las accionantes. A su vez, señaló que Celeste Carrasco le dijo que dejaron de trabajar porque las habían echado, y que las actoras le comentaron que quien las echó era Claudio Brown. En definitiva se desprende claramente de la declaración del testigo que lo relatado con relación a la supuesta prestación de servicios de las actoras surge de comentarios que habría recibido de éstas, y no del conocimiento directo y per-sonal del testigo, por lo que, obviamente, sus manifestaciones carecen de eficacia proba-toria para acreditar dicha prestación (art. 90 LO).

En tal sentido, reiteradamente se ha sostenido que carecen de eficacia probatoria las declaraciones de testigos de referencia porque la relación de suje-to cognoscente a objeto conocido, no es directa (conf. SCBA. Sentencia del 24/11/76 in re "Ayrolo Juan C. C/ Del Castillo Jorge M y otros" L.L. 1977- y traduce una simple afirmación genérica sin respaldo suficiente en elementos de carácter objetivo, que justi-fiquen el acaecimiento de los hechos descriptos. Cabe memorar aquí que son testigos exclusivamente las personas que han tenido conocimiento personal de los hechos a com-probar, ya por haberlos visto, ya por haberlos escuchado, ya por haberlos percibido de cualquier manera; pero "propiis sensibus" (cfr. Francisco Gorphe, "La crítica del testi-monio", Traducción española a la segunda edición francesa de Mariano Ruiz Fanes, Madrid, 1949, pags. 11 y 12).

Los restantes testigos propuestos por las actoras, relatan que las conocen del viaje en colectivo que ellas realizaban camino a la fábrica. El testigo Portillo (fs.185) dijo que no sabía como se llamaba la empresa o el lugar de trabajo de las actoras, ni su horario de trabajo. Declaró que, Roxana Carrasco le había comentado al testigo que trabajaba a dos cuadras del lugar donde la dejaba el colectivo que condu-cía el deponente; por lo que sus dichos no aportan evidencia alguna en favor de la pres-tación que las actoras dijeron haber cumplido en beneficio de los co-demandados.

El testigo Castella (fs.186/188), dijo que conocía a las acto-ras porque tomaban el colectivo que él conducía. Explicó que las actoras "le comenta-ron" que trabajaban en una fábrica haciendo carteras y toda clase de cosas de cuero. Agregó que las accionantes le dijeron que trabajaban para una marca conocida llamada Ossira, pero que no lo recordaba bien. Su declaración tampoco aporta evidencia de que al testigo le conste en forma directa y personal que las actoras hayan trabajado en un es-tablecimiento industrial explotado por los demandados. Al igual que el testigo anterior, ni siquiera aporta evidencia de que conociera a los demandados ni el ámbito en el cual éstos -supuestamente- llevaban a cabo su actividad empresaria.

La testigo Britos Giménez (fs. 211) , señaló que conocía a las actoras por compartir el viaje en colectivo y relató que las Srtas. Carrasco le comen-taron que trabajaban en una fábrica y que hacían carteras. Sostuvo no conocer a los de-mandados. Mas allá que la deponente aclara que en algunas ocasiones habría acompa-ñado a las actoras a su lugar de trabajo, también señaló que no recordaba el nombre de la calle donde estaba situada la fábrica y lo cierto es que de ninguno de sus dichos se desprende evidencia acerca de quién era el titular de esa fábrica y/o explotación empre-saria.

De los testimonios de Portillo, Castella y Britos Giménez se desprende que, -al igual que Ocampo-, no tuvieron conocimiento directo y personal de los hechos que relatan, sino que las actoras supuestamente, les comentaron algunos datos del trabajo que habrían realizado en una fábrica de cueros y carteras, por lo cual sus de-claraciones carecen de todo valor probatorio a los fines pretendidos (art. 90 LO).

En definitiva, valorando en conjunto y de acuerdo con las re-glas de la sana critica, la prueba testimonial producida en la causa (cfme. arts. 386 y art. 90 de la L.O), - en la cual la recurrente fundamenta su memorial recursivo- concluyo que las Srtas. Carrasco no lograron acreditar que hayan prestado servicios en las condi-ciones descriptas en la demanda en favor o en beneficio de los codemandados Claudio Brown y Silvia Withechurch, ni con sujeción a sus facultades de dirección y organiza-ción de los mencionados en el marco de una actividad empresaria llevada a cabo por ellos.

Si bien, no soslayo lo expresado por las recurrentes con rela-ción a que los demandados alegaron en el responde que la actividad que se invoca en la demanda era desarrollada a través de una sociedad denominada Silvia Brown S.A.; ob-servo que, de todos modos, sostuvieron que ellos no fueron empleadores de los servicios de los actores en forma personal y que tampoco fue empleadora de tales supuestos servi-cios la mencionada sociedad comercial. Aún cuando conjeturalmente se considerara la posibilidad de que los actores hayan podido ser empleados de Silvia Brown Accesorios SA -lo cual sólo considero en grado de hipótesis porque en autos no hay prueba de ello y porque, además, no ha sido demandada dicha sociedad-, lo cierto es que, de acuerdo con los términos en los cuales ha quedado trabada la litis, correspondía a las accionantes acreditar la existencia del contrato de trabajo que invocaron tener con los demandados en forma personal; y por lo ya explicado, ninguna evidencia fehaciente de ello han apor-tado a la litis. Como se ha visto, nada prueba en estos autos que las Srtas. Carrasco hayan prestado servicio alguno en favor o beneficio directo de los codemandados; ni que hayan trabajado en un establecimiento explotado por ambos codemandados en forma personao, ni que la labor que las actoras dicen haber desplegado tuviera carácter subor-dinado a las facultades de dirección de dichos accionados en forma personal. Como es evidente, al no estar probada la prestación de servicios denunciada en favor de dichos accionados, ni siquiera puede entrar a jugar a su respecto la presunción que consagra el art. 23 de la LCT. En síntesis, no esta acreditada la existencia del contrato de trabajo que cada actora invocó en sustento de la posición esgrimida en el inicio respecto de los co-demandados; y, como ello obsta decisivamente al progreso de las distintas pretensiones deducidas en autos con relación a los accionados, a mi entender, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda a su respecto (art.499 Código Civil).

A la luz de las conclusiones precedentemente explicadas, en tanto no esta acreditada la existencia del contrato de trabajo invocado en sustento de las distintas pretensiones deducidas en autos, corresponde desestimar la viabilidad de los restantes agravios que giran en torno a los cuestionamientos expuestos por el recurrente respecto de la falta de prueba de los codemandados con relación a la SA que supuesta-mente interpusieron en la relación a la valoración de la prueba pericial contable.

A través del agravio deducido por la parte actora con rela-ción a la imposición de costas dispuesta en la instancia anterior, las recurrentes la cues-tionan argumentando que pudieron creerse con mejor derecho a reclamar en juicio tal como lo hicieron. A mi entender, no existe elemento objetivo alguno que justifique apar-tarse de la regla básica en la materia derivada del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN) por lo cual, propongo se confirme también este aspecto de la sentencia de ins-tancia anterior.

Los codemandados apelan la totalidad de los honorarios re-gulados en la anterior instancia por estimarlos elevados. En primer término, en atención ala forma en que fueron impuestas las costas en la anterior instancia, los recurrentes ca-recen de interés recursivo respecto de los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, por lo que corresponde desestimar el recurso al respecto.

Ahora bien, en atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la par-te demandada resultan adecuados, en tanto que los regulados a favor de la perito conta-dor, no lucen elevados por lo que corresponde confirmarlos.

Por otra parte y de acuerdo al resultado que dejo propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de las recurrentes vencidas (art. 68 CPCCN).

A su vez con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y por la representación y patro-cinio letrado de los codemandados, propongo que se regulen los honorarios por esas ac-tuaciones en el 25% y 30% respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agra-vios ; 2) Imponer las costas de la Alzada a cargo de las recurrentes vencidas; 3) Confirmar los honorarios regulados por las tareas realizadas en la anterior ins-tancia ; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de los codemandados, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 25% y 30%, respectivamente, de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instan-cia anterior. Graciela A. González Miguel Ángel Pirolo á