Recurso de casación, fundamentación de sentencias, honorarios, honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANTA LUCÍA SACIF c/ MUNICIPALIDAD DE CÓDOBA s/ PLENA JURISDICCIÓN- RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-02-26

Si bien es cierto, que como regla, no son revisable los criterios que adoptan los Tribunales de mérito en orden a la elección de los porcentajes previstos en los diferentes escalas de la Ley Arancelaria para el cálculo de los estipendios profesionales por las labores desarrolladas ante su Sede, desde que se sustentan en el ejercicio de una facultad discrecional legalmente establecida, sin embargo, y como se ha expresado en reciente precedente en esta Sala, es dable al Tribunal adquem controlar la motivación de la decisión cuando ella es el supuesto necesario para que las partes puedan verificar la razonabilidad o proporcionalidad del porcentaje escogido y las pautas cualitativas que le sirven de objetivo sustento.

En orden al agravio referido a la falta de fundamentación porcentual escogido para la regulación de honorarios, asiste razón a la impugnante cuando establece que la Cámara aquo incumplió el deber de motivación, toda vez que le Juzgador justifico su decisión invocando una excesiva laxitud el art. 36 de la ley 8226, ya que en momento alguno describe los elementos de juicio objetivos en los que sustentan esa remisión normativa, como bien podría haber sido el análisis y la relación a las piezas procesales consideradas para juzgar si la causa tenía particularidades especiales o no, o la valoración de la complejidad de las cuestiones planteadas, la responsabilidad de los profesionales puesta en la defensa, el elevado monto de la base económica, que provean de adecuada motivación a la resolución jurisdiccional y justifiquen la racionabilidad y proporcionalidad del porcentaje escogido del art. 34 de la ley 8226.

Tal como ha tenido ocasión de resolver recientemente esta Sala en un precedente análogo (Sent. Nro. 127/2002, Babini y Cía c/..."), ello adquiere particular significación si se repara que, en el caso, el conflicto de intereses entre parte, en lo que hace al fondo del asunto, se refería a una obra pública, donde los montos adquieren una magnitud propia de este tipos de contratos administrativos y el precio del mismo representa una suma que, como bien lo ha hecho la Corta Suprema de Justicia de la Nación,"... no mantiene correspondencia con el valor real de la pretensión incoada...", toda vez que.."los intereses en litigio no coinciden con su precio total..", lo cual se ha erigido en doctrina consolidada de esta Sala por su constante seguimiento en precedentes análogos.

Existiendo un monto que puede ser tomado como punto de partida para practicar una regulación provisoria de los honorarios de los peticionarios, la cuantía del asunto (art.36 inc. 7 de la Ley 8226), representa por si sólo una pauta tendible que justifica el acogimiento del recurso de casación, pues resulta determinante para escoger el porcentual de la regulación, al no haber mediado agravio de las partes respecto de las bases económica tomada por el Tribunal de juicio con apoyo en idéntica razón falta oposición de la demanda, sin atender a la doctrina legal consolidada por su continuo seguimiento por este Tribunal para casos análogas y elaborado en causas en que la demandada era parte y condenada en costas.

Por ello corresponde efectuar una nueva regulación tomando al efecto 3 puntos más del mínimo de la escala del art. 34.

El porcentual elegido no agravia a los beneficiarios si se considera que la regulación es meramente provisoria, lo que significa que cuando medie una determinación definitiva del valor del juicio se fijarán los correspondientes honorarios que la Ley Arancelaria garantiza a los letrados.