marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, inadmisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gorostiaga, Lucio Ricardo y otros c/ Dirección de Riego de la Provincia y Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-12

Comparecen los actores interponiendo acción de amparo en contra de la Dirección de Riego y Poder Ejecutivo de la Provincia, persiguiendo se ordene a la demandada que "continué proveyendo la misma cantidad de agua para riego que según títulos, usos y costumbres tienen concedido y que el Estado venía suministrado desde hace más de cincuenta años hasta el pasado 14/Nov/11, en la Banda del Puesto, Tinogasta, a la vera del río Abaucán, ante la disposición de abastecer con menor cantidad de agua al instalar un regulador de provisión de agua para riego".

En orden a las características intrínsecas de este proceso abreviado de la acción de amparo, se impone la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública.

En efecto, el proceso constitucional de amparo, tiende a la protección rápida y eficaz de derechos de idéntica índole, conculcados por actos u omisiones de la actividad administrativa de los poderes del estado. Circunscribiendo su ámbito de protección a la lesión de derechos constitucionales expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial.

Exigiendo como imperativo legal, en el juicio de admisibilidad de la acción, el requisito de la temporalidad que condiciona la pretensión a la actualidad o inminencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o ilegalidad a derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional. (Art. 1 de la Ley 4642).

Aunado a la demostración de la ilegitimidad del acto que se cuestiona, el daño grave e irreparable que se pretende reparar y las normas de superior jerarquía conculcadas o preteridas por el actuar administrativo.

En orden a la exégesis enunciada y actuaciones cumplidas en la causa, surge de manera indubitable la ausencia de actualidad o inminencia del grave daño invocado como sustento de la pretensión, que justifique admitir la acción.

Conforme a ello, y lo previsto por el Art. 3 de la Ley 4642, que resulta aplicable cuando se presenta alguno de los supuestos de inadmisibilidad mentados en los Arts. 2 y 6, corresponde declarar improcedente la acción de amparo deducida. Debiendo imponerse las costas a la parte accionante, conforme al Art. 17 de la ley adjetiva.
Accidentes de trabajo, culpa concurrente, trabajador calificado
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, LUCIANO c/ CONSTRUCTORA MARTE SA. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-31

Procede compensar las culpas y distribuir el daño en consideración a la gravedad de cada una de ellas, si el operario calificado no ha puesto total diligencia ni ha observado máxima precaución procurando que la sierra con la que trabajaba, dada su peligrosidad, estuviera afilada, y la empleadora ha omitido adoptar las medidas tendientes a mantenerla en buen estado de operatividad, (artículo 7, ley 19587).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, cuestión constitucional, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FALCONE, DOMINGO R. Y OTRO c/ GALAN, EDUARDO S. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS-LEGAJO DE COPIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 233 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

Si bien, en el sub judice se da el recaudo de definitividad exigida por el artículo 1 de la ley 7055, ya que la Corte tiene dicho que cuando la impugnación extraordinaria incumbe a la imposición de costas de manera autónoma -es decir, cuando el agravio se limita a la supuesta arbitrariedad que se ha cometido en orden a los gastos causídicos- aunque la resolución atacada no ponga fin al pleito principal, el asunto propuesto por la recurrente, precisamente, la condenación en costas, queda definitivamente agotado y ella no tendría ya oportunidad de subsanar el presunto mal.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, beneficio de litigar sin gastos, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina de Ruarte, Blanca E. c/ E.F.E.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

Los trámites dirigidos a la obtención del beneficio de litigar sin gastos, planteado por incidente aparte, no son suspensivos del procedimiento, por tratarse de una actividad que no tiende al interés exclusivo de una de las partes, sin afectar el trámite de la causa, por lo que no resultan idóneos para interrumpir la caducidad.
Denegatoria del recurso, falta de fundamentación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BRUNO, EMILIO ANGEL s/ sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-26

La sentencia de la Cámara que confirmó el proveído en el cual el juzgado desestimó el pedido de M.A.B. de que se intime a la perito a devolver los oficios y se justifique el pedido de informes financieros respecto a su persona y demás socios, aparece basada en circunstancias de hecho y de derecho que le dan suficiente sustento. Para ello, los sentenciantes tuvieron en cuenta que: a) la orden fue dada por el juez competente y en una causa judicial; b) el objeto de la misma era confeccionar el inventario correspondiente; c) por lo tanto están reunidos los requisitos establecidos por el inc. a) del art. 39 de la ley 21.526 para relevar el secreto bancario. Frente a estos argumentos fácticos y jurídicos, las críticas que ensaya el impugnante se desvanecen sin lograr demostrar el desacierto incurrido por el tribunal de Alzada en forma suficiente como para otorgar vida a la arbitrariedad que denuncia.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lisse, Juan Gotardo c/ Polichella, Mónica s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Como el demandado en la expresión de agravios, no formula ninguna crítica concreta y razonada contra la sentencia que ha decretado el desalojo, por la causal de vencimiento del plazo contractual, no se ha abierto la jurisdicción de la Alzada sobre el particular y, en consecuencia, en función del principio dispositivo que limita los poderes del Tribunal de segunda instancia, debe reputarse consentida esa parcela del pronunciamiento (arts. 164, 260, 384 Cód. Procesal).
Procesamiento, tentativa de homicidio, exceso en la legítima defensa, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Viola, S. c/  s/ queja O., T. Y. c/  s/ procesamiento, embargo, homicidio agravado en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-28|2022-01-06

Corresponde disponer el procesamiento, en orden al delito de tentativa de homicidio con exceso en la legítima defensa propia, de una mujer que apuñaló a su ex pareja luego de que este se apersonara en el domicilio y la golpeara, puesto que si bien existió una inicial agresión ilegítima hacia la imputada, sin que ésta la hubiese provocado, y que el arma utilizada para repelerla o impedir su continuación no luce desproporcionada en atención a la necesidad y el miedo a una defensa ineficaz, en el particular contexto de violencia (art. 34 inc. 6, CP), hubo una intensificación de la respuesta inicialmente justificada que torna aplicable el dispositivo del art. 35 del Código Penal, que puede abarcar, según las circunstancias, una acción justificada inicialmente, pero cuya defensa se convierte en excesiva desde la perspectiva de lo temporal, o superar los límites de lo modal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Fabián A. s/ Robos calificados reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa se agravia por la incorporación de un testimonio, sosteniendo que no producida la información de abono y disconformada la parte, la declaración cuestionada no puede serle opuesta; si no logra evidenciar que en el caso la testigo estuviese muerta o ausente según el régimen de los arts. 245 y 246 del Código de Procedimiento Penal (textos según ley 3589 y sus modif.).
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Fernando Andrés s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-20

El consentimiento brindado por el encartado fue expreso y comprobadamente anterior a la entrada de la policía en el garaje de la vivienda, por lo que alegación de la defensa de coacción moral en la persona de su defendido, no puede prosperar. Ello así porque el permiso de ingreso fue brindado sin engaño, maquinación, ocultamiento o fraude por parte de los oficiales preventores, quienes le informaron al imputado que compulsarían los rodados, y sin embargo, habilitó su entrada. Por lo tanto, es válido el procedimiento y todo lo actuado en consecuencia ya que está probado que el imputado, titular del derecho de exclusión, permitió el acceso de la policía al garaje de su casa por lo que no puede ser posteriormente amparado por la cláusula del art. 18 CN cuando fue su propio accionar, despojado de vicios, el que posibilitó la presencia de los agentes preventores en su ámbito privado. La disidencia sostuvo que como regla los registros domiciliarios deben estar precedidos por una orden de allanamiento que debe ser dispuesta por un auto emanado del juez de la causa como autoridad competente, el que deberá ser fundado bajo pena de nulidad; sin perjuicio de los supuestos excepcionales, expresamente contemplados en el art. 227 CPPN, que reconocen a los funcionarios de la prevención la posibilidad de obviar tal recaudo. Ninguna disposición del CPPN autoriza a asignarle al consentimiento efecto convalidante para un allanamiento llevado a cabo sin orden judicial. Convalidar un allanamiento sin orden judicial asignándole carácter autorizante al consentimiento prestado por el morador en casos en donde no se encuentran del todo claros los extremos fácticos que rodearon el procedimiento, y no se observan razones de urgencia ni circunstancias que hicieren imposible cumplir con lo dispuesto en el art. 224 CPPN, debilitaría la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio e implicaría crear un supuesto no contemplado en la ley procesal en perjuicio de la dignidad y libertad de las personas. (Dres.

Gemignani, Hornos -en disidencia-, Borinsky).
Concurso real, pena
Materia: PENAL
Carátula: LIÑAN, Albar D. y otros s/ Extorsión y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-27

El juego de los mínimos no tiene significación alguna en la operatoria del art. 55 CP. Dicho texto genera una escala penal vicariante cuyo mínimo es el mínimo mayor de las penas amenazadas y cuyo máximo es la suma de las penas que correspondan a los diversos hechos, sin pasar el límite legal de la pena de que se trate. De tal modo, de ambos mínimos, el menor queda desplazado en forma definitiva de la construcción de la nueva escala y de su funcionamiento, tanto que teóricamente puede elegirse el mínimo de la escala para sancionar, sin que el procedimiento pudiera objetarse por razones legales.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión no decisiva, sentencia, razonabilidad, prueba testimonial, desistimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, DAVID FABIO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO IDEAL CON PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Frente a los argumentos brindados por la Cámara al momento de rechazar los agravios de la recurrente vinculados a la imposibilidad de fiscalizar a testigos con base en que ésta no había demostrado -no obstante su invocación en abstracto- cuál era el perjuicio específico que le acarreaba la motivada negativa jurisdiccional a la mentada fiscalización de dicha prueba tras ser desistida por el Ministerio Público de la Acusación, la impugnante se limita a reiterar -con apoyo en doctrina y jurisprudencia contestes con su tesis defensiva- los mismos planteos que sobre este tópico esgrimiera en la Alzada, insistiendo con invocar genéricamente que tales testimonios desistidos proporcionarían elementos significativos a la causa relacionados con el hecho, mas ello resulta insuficiente en orden a descalificar al fallo desde la óptica constitucional, toda vez que no demuestra la decisividad que eventualmente los mismos tendrían para una solución diversa de la litis y su conexión con la teoría del caso, ni rebate los extremos invocados por el a quo, los que seguramente podrán no ser compartidos por la compareciente, pero en modo alguno pueden ser tildados de absurdos, ilógicos o arbitrarios, a punto tal de descalificarse como acto jurisdiccional válido, no evidenciando así la irrazonabilidad del criterio sentencial adoptado por los magistrados en ejercicio de funciones propias. (Del voto de la Dra. Gastaldi y los Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dr. Erbetta)
Nulidad procesal, agravio concreto, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: JOSE BUCK S.A. c/ EL CARACOL DEL SUR S.R.L. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

Es dable recordar el "principio de trascendencia", requisito indispensable para que se constituya la nulidad. Es decir, que sólo tiene viabilidad este remedio cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma, en otras palabras cuando la desviación tenga influencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, facultades del Poder Legislativo, aplicación de la ley, publicidad oficial, equidad, campaña publicitaria, publicación periodística, Comunicaciones, Estado Nacional, facultades discrecionales, facultades de la administración, límites a la discrecionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Cornisa Producciones S.A. c/ EN - JGM - SC s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

Si bien el legislador no sancionó un régimen integral sobre la publicidad oficial, la cuestión debe regirse por lo normado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522 que establece parámetros de asignación de la inversión publicitaria oficial del Estado, aplicando criterios de equidad y razonabilidad en su distribución, debiendo complementarse con el artículo 3° del decreto de Regulación para la Realización de Campañas Institucionales de Publicidad y de Comunicación de los Organismos del Sector Público Nacional N° 984/09, que prevé para la adjudicación de campañas publicitarias el respeto a los principios generales de publicidad y concurrencia, atendiendo a la capacidad creativa, artística o técnica, a la habilidad, experiencia del ejecutor del trabajo, antigüedad de publicación y tirada y a la capacidad de difusión del medio de comunicación que se trate.
Honorarios del abogado, mora, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: GIBELLINI ELIAS JUAN c/ PLAN OVALO  S.A.  AHORRO s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

La constitución en mora de la obligación de pagar honorarios regulados en juicio a los peritos actuantes, en el caso de no haberse establecido plazo a ese efecto, hace necesario su requerimiento, ya que no se trata del supuesto previsto en el art.

509 del primer párrafo del Código Civil, sino de obligaciones de exigibilidad inmediata.

Mientras no media interpelación de pago, los honorarios no devengan intereses (art. 622 código citado) y tampoco pueden actualizarse por la depreciación monetaria sobreviniente por no existir mora del deudor; la mera notificación lo reúne los requisitos propios de la interpretación, que debe ser una manifestación de voluntad del acreedor (conf. C.N.Civ. Sala B, R. 3309 del 10/12/83).
Prenda, caducidad de la inscripción
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIFER S.A. (EXPT. N° 39.055) c/ RANGO MIGUEL ANGEL Y OTS s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-03-15

La caducidad de la prenda opera de manera automática o de pleno derecho transcurrido el plazo de cinco años que establece el art 23 del decreto 15.348/46 ratificado por la ley 12.962, teniendo la misma efectos no sólo respecto a terceros, sino también entre las partes contratantes, desde que el art 30 inc. 5 las incluye dentro de las defensas oponibles en la ejecución prendaria.
Daños y perjuicios, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROMERO ARGENTINO IDELFONSO c/ TERESA GLORIA RUIZ DIAZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-06-13

Una interpretación amplia del art. 1.111 del C.C., permite concluir que el responsable del hecho dañoso puede invocar como eximente -a los fines de la reducción de la indemnización -el comportamiento del dañado que agravó o complicó su responsabilidad con una serie de actos posteriores; m s en ese orden de ideas, sería dable exigir solo aquellas precauciones que una persona medianamente responsable adoptaría en su propio interés.
Recurso extraordinario, depósito previo, concurso preventivo, quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: Alarcón Irala A. c/ José J.L. Lombardi e hijos SACIF s/ Indemnización ley 9688. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Se declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente no acredita encontrarse comprendido en la excepción del art. 56 de la ley 11.653 (antes art. 57 del dec.ley 7718, t.o. dec. 4444/93) pues solo se limita a anoticiar la apertura de un concurso preventivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intervención federal, Estado Provincial, interventor federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Incidente  de  competencia  en  autos:  "Fernández, Sixto Omar y otros" s/ promueve acción de amparo, medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Los actos de naturaleza local que emanan de los interventores federales de una provincia no pierden ese carácter en razón del origen de su investidura, por lo que su impugnación como contrarios a las normas locales no es de la competencia federal.
Quiebra, pedido de quiebra, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, legitimación activa, accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA  S.A.  SOBRE PEDIDO DE QUIEBRA POR JOSE PERELMAN s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

Carece de legitimación para pedir la quiebra de una entidad financiera en liquidación el accionista que sustenta su pretensión en el derecho que le asiste al eventual dividendo de liquidación, que según su parecer estaría siendo afectado por actos de disposición del activo social realizados por el liquidador, quien alega derecho eventual a un dividendo societario no aparece con la calidad de "acreedor" requerida por la LC 87. La ley 21.526 y su reforma por ley 22.529 reservan para el BCRA el solicitar la quiebra de entidad financiera.
Menores, derecho a la identidad, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sauer, Clara s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

No existe interés que pueda compararse al de que la niña sea restituida al hogar de su madre y hermanos y abuelos, rescatándosela de una pérdida de identidad personal que de otro modo, va a gravitar negativamente a lo largo de toda su vida.
Pesificación, ley de emergencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kindsvater Nelly Beatriz c/ Cooperativa Arroceros Gualeguaychu Limitada s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-24

Cabe la aplicación de la normativa emergencial a la obligación ejecutada aún cuando se verificare mora en el deudor, sin perjuicio de la oportuna revisión del contrato que las partes puedan procurar en un proceso con amplio debate que asegure los principios de contradicción y prueba con base en los postulados generales recogidos en los artículos 16, 907, 954, 1069, 1071, 1198, 1638 ss y ccs. del Código Civil.
Medidas de fuerza, huelga
Materia: LABORAL
Carátula: A. de T. E. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-15

Así, la doctrina elaborada por los juslaboralistas, sostiene en forma casi unánime que en principio, la participación de los trabajadores en una huelga de carácter legal no genera derecho al cobro de salarios por el plazo de inactividad.
Denegatoria del recurso, recurso extraordinario federal, inhabilidad de título, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ BT Latam Argentina SA s/ ejecución fiscal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal intentado, si la sentencia cuya revisión se persigue -la de este Tribunal que resolvió rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta-, por no poner fin al pleito, ni impedir su continuación, no es la definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley n° 48. Voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano.
Beneficios previsionales, incapacidad relativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Núñez Alejos Angela R. c/ Caja de Pensiones de la Vejez e Invalidéz s/ Contencioso Administrativo (Libro: S065-500) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-10-03

No le corresponde pensión a los términos del art. 139 de la ley 1828, a la actora que según los informes; pues la ley exige inhabilitación para todo trabajo o profesión lucrativa.
Menores, actos de disposición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: V. de P. c/ H.P.M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

La prohibición del art. 279 del Cód. Civil es absoluta; no pueden celebrase los contratos abarcados por la norma ni con autorización judicial, ni cuando los jueces los reputaran ventajosos para el menor, pues ellos son de nulidad absoluta y manifiesta (art. Art. 1043, 1047 del Cód. Civil).

En igual sentido rige la prohibición establecida por el art. 1359 del Cód. Civil por el cual los padres no pueden bajo ninguna forma vender bienes suyos a los que están bajo su patria potestad; tampoco procede admitir la autorización judicial para dar validez al acto, ni siquiera sustentada en la conveniencia de la operación.