Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-03


Causa Nº 025-01/CC/06 caratulada "Recurso de Queja en autos ROCARAZA S.A. s/ Violar luz roja" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de mayo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

A fs. 96/98 los doctores Ricardo O. Licari -en su carácter de representante y codefensor de la firma Rocaraza S.A.- y Pablo S. Michelini -letrado patrocinante- interponen recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de esta Sala de fs. 93 que rechaza "in limine" -por no superar el análisis de admisibilidad formal- el recurso de queja planteado a fs. 88/91, y ordena la acumulación del incidente al cuerpo principal de estos obrados.

Aducen los quejosos que la resolución emanada de esta Alzada conculca los principios constitucionales de legalidad, defensa en juicio, debido proceso legal y el derecho a obtener doble instancia jurisdiccional de su defendida. Sostienen, -a diferencia del análisis expuesto en el auto atacado- que no surge del art. 58 de la Ley de Procedimientos de Faltas la obligación de llenar los requisitos estipulados en el art. 283 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a fin de cumplimentar las demandas de forma que tornen viable la vía de hecho intentada; interpretan, por el contrario, que las únicas exigencias que emanan de la disposición local sólo imponen la interposición en el plazo de tres días de notificada la denegatoria y su "radicación en forma directa ante VE", extremos que manifiestan cumplidos. Explican que a la presentación en las condiciones descriptas debe seguir -en función del orden diseñado en el tercer párrafo del artículo referido- la solicitud del expediente principal; "allí estarán los originales de todo lo necesario para que se verifique si los recaudos formales han sido cumplidos o no por el quejoso, para luego entrar a considerar la presentación y resolver el tema conforme al derecho vigente" (fs.97vta).

De este modo, se vulnera el mentado principio de legalidad, toda vez que se habría exigido al peticionante la observancia de pautas concretas surgidas de una disposición normativa extraña al procedimiento de faltas y aun al fuero local. Quedarían también enervadas en perjuicio de su pupila la garantía de defensa en juicio y la expectativa de gozar de doble instancia judicial, en cuanto se verificarían en el trámite una cantidad de nulidades y violaciones de los mismos derechos y garantías que resultarían convalidados con el rechazo de la vía impugnaticia directa, impidiéndose así el efectivo ejercicio del derecho a obtener la revisión de la condena impuesta a la enjuiciada.

A fs. 102/103vta. se expide el Sr. Fiscal, oportunidad en la cual postula la declaración de inadmisibilidad del remedio impugnaticio ensayado, sobre la base de carecer de autosuficiencia la presentación de los quejosos; de encolumnarse el ataque a través de reiteraciones de conceptos ya expuestos por el Juez de grado y de evidenciarse en sus manifestaciones una mera invocación de principios constitucionales que no trasluce una cuestión de ese tenor, sino, antes bien, un simple desacuerdo con lo decidido por el a quo. Por otra parte, entiende que el ámbito del recurso en tratamiento queda acotado a la declaración de inconstitucionalidad de una norma -recurso de inconstitucionalidad stricto sensu- o al estudio de la interpretación asignada al precepto de ese rango aplicado -recurso de casación constitucional-, lo que no condiría con el carácter de la pretensión incoada.

Corresponde, en consecuencia, resolver los planteos traídos a estudio.

Y CONSIDERANDO:

El recurso ha sido interpuesto por quien tenía derecho a deducirlo, por escrito que se encontraría en principio fundado y dentro de los diez días de notificada la resolución atacada, conforme lo normado por el art. 28 de la Ley 402., de modo que se satisfacen los requisitos formales de deducción del remedio.

Ahora bien, la intervención que corresponde en esta instancia, excitada por la interposición del recurso de inconstitucionalidad, abarca también el examen tendiente a dilucidar, por un lado, si el auto en crisis es de aquellos que admiten ser impugnados por la vía en tratamiento, y, por el otro, la constatación de la concurrencia de agravios constitucionales reales y no aparentes, extremo éste último que no se verifica mediante la desnuda invocación genérica de preceptos, principios, derechos y garantías o la reiteración de argumentos ya tratados -conf. criterio esbozado in re "Díaz Quintana, René s/ art. 74 CC - Apelación", rta. el 08/03/2005; "Rosa, Juan Manuel s/ inf. art. 39 CC - Apelación", rta. el 27/05/2005; "GCBA c/ Xueshi Zheng - Shaoming Lin s/ EJ. MULTAS - Apelación", rta. el 05/08/2005; entre otras-, ya que lo contrario implicaría convertir al Máximo Tribunal local en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad, naturaleza que en modo alguno adopta la tramitación ante aquel Alto Estrado -conf. TSJ en "Rébora, Horacio V. c/ Causa Nº 025-01/CC/06. Sala II.

GCBA s/ recurso de queja", rta. el 19/04/2000 y "Lagomarsino de Fernández, Norma Rosa s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", rta. el 18/05/2005, también entre muchas otras-.

En cuanto al tipo de resolución atacada -impugnabilidad objetiva-, cabe recordar que "el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra las sentencias definitivas del tribunal superior de la causa" -art. 27 de la Ley 402-, y es aquí donde la actividad del accionante enfrenta el primer escollo, ya que el auto de esta Sala glosado a fs. 93 del expediente que resuelve rechazar "in limine" el recurso de queja planteado, no constituye sentencia definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad ni causa agravio irreparable que permita su equiparación. Ello es así en virtud de que los defectos de interposición del recurso de hecho, que resultó formalmente inviable, determinan que la decisión del juez de primera instancia que declara inadmisible y rechaza la apelación incoada contra la sentencia (fs. 70/71) haya quedado firme, constituyéndose en la "sentencia definitiva", al haber resultado fallida la queja intentada. Es que al desestimarse "in limine" la queja, la vía impugnaticia ordinaria quedó agotada al adquirir firmeza el auto de fs. 70/71.

La jurisprudencia ha resuelto en situaciones asimilables que: "El recurso de casación no es procedente contra la denegación del recurso de queja por apelación denegada extemporáneamente articulado, sino que lo hubiera sido contra la resolución de la Cámara por la cual se declaró mal concedido el recurso de apelación. Fue ese el auto que agotó la vía impugnativa ordinaria y dió firmeza al sobreseimiento dictado poniendo fin a la acción en los términos del art. 457 del C.P.P. (C.N.C.P., Sala I, causa 13, "Umana, Cayetano C. y Scarpia, Juan C., -recurso de queja-", 28/5/93, Reg. 13; ver también, De la Rúa, Fernando, La Casación Penal, Ed. Lexis Nexis, pág. 182 y 183).

También ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de La Nación que las resoluciones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los Tribunales de la causa son ajenas a la instancia de excepción. (Fallos 302:1134; 307:474; 311:357; 313:77 entre otros).

Por otro lado, la inexistencia de agravio irreparable surge evidente a poco que se considere que si la sentencia dictada en primera instancia no ha podido en el particular ser sometida a revisión de esta Cámara, en ello tuvo que ver la deficiente actividad de la encartada, al no deducir correctamente la queja luego de rechazada la apelación impetrada, siendo por tanto aplicable al caso la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a que no son invocables los agravios de carácter constitucional cuando ellos derivan de la propia conducta discrecional de las partes (conf. Fallos 308:282; 311:358; 313;1.289, entre muchos otros; y causa nº 049-00-CC/2004 de esta Sala, rta. el 14/06/2004) Sin perjuicio de que lo dicho hasta aquí habilitaría el rechazo de la vía intentada, trataremos en lo que sigue los agravios invocados a fin de establecer si el presentante ha estructurado un verdadero caso constitucional.

Argumenta así que al habérseles exigido la observancia de los requisitos enumerados en el art. 283 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como condición de procedencia del recurso de queja oportunamente promovido, esta Alzada ha vulnerado en perjuicio de su representada, entre otros, el principio constitucional de legalidad, toda vez que ha aplicado al caso una norma que, bajo su óptica, no rige el procedimiento previsto para ninguna de las causas que tramitan ante el fuero contravencional y de faltas citadino.

Viene en apoyatura de la tesis contraria la propia letra de la ley procedimental, cuyo artículo 58 ordena -cuarto párrafo- que "presentado el recurso de queja en tiempo y forma, se solicitan los autos, y éstos son elevados a la Cámara para su pronunciamiento". Surge claramente de ella que, con carácter previo al pedido de remisión de las actuaciones, el cuerpo procesal ordena al Tribunal el examen de admisibilidad formal de la presentación efectuada, lo que implica ineludiblemente la realización del test de observancia por parte del peticionante de los plazos otorgados por la ley para cuestionar la resolución impugnada y de los extremos materiales de interposición -que hacen a la demanda de "autosuficiencia" típica del recurso que queja-. Estos últimos están dados por las copias de las piezas indispensables de la causa, cuyo arrimo por parte del recurrente procura el fin de acreditar ante el Superior, prima facie, la pertinencia y seriedad de su reclamo. Sólo superado ese tamiz, la actividad judicante se orientará hacia el profundo estudio de la situación planteada, solicitando la remisión del expediente a fin no sólo de que se cotejen las copias del incidente formado con los respectivos originales, como proponen los apelantes, sino, además, de que -en atención a la celeridad que persigue el sistema de juzgamiento de las faltas- el Tribunal se encuentre en cabales condiciones de decidir sobre el fondo de la cuestión entablada y aun acerca de eventuales nulidades de carácter absoluto que no hayan sido planteadas, habida cuenta de su central misión de velar por la observancia de que toda decisión judicial venga debidamente sustanciada.

Causa Nº 025-01/CC/06. Sala II.

Éste es precisamente el ámbito en que se torna operativa la múltiple exigencia del art. 283 del C.P.C.C.N. Ha sentado la Cámara de Casación Penal hace más de una década que "la queja debe ser autosuficiente" (Sala II, "Reinaga, Hugo Héctor s/ Recurso de Queja", rta. el 05/03/2003), carácter que asoma cuando se debaten legalmente los tópicos sometidos a revisión en función de una pormenorizada exposición de los antecedentes del caso y, además, se cumplen los requisitos del referido artículo del ceremonial civil (conf. Sala II del mismo Tribunal, autos "Hassanie, Emilio Segundo s/ Recurso de Queja y revisión en subsidio", rta. el 09/02/1993; ambos fallos citados en causa 135-01-CC/2004, rta. 08/06/2004 de esta Sala); es decir, si acompaña copia de la resolución recurrida, del escrito de apelación y de la providencia que la denegó; sumado por supuesto a que se indique -y acredite- la fecha de las respectivas notificaciones. Todo esto en aras de que la pieza pueda bastarse a sí misma, ya que, ante la ausencia del expediente principal, las copias son esenciales para conocer la resolución que se ataca -y evaluar los fundamentos en su contra- como también para determinar la interposición del recurso en tiempo oportuno (conf. causa 040-01-CC/04, rta. 24/02/2004).

Al amparo de las precedentes consideraciones es que emerge tan sólo aparente en autos la existencia de un verdadero ataque constitucional, el que, en verdad, se perfila como una mera discrepancia entre la interpretación que en forma homogénea han venido delineando la doctrina y la jurisprudencia en relación a la vigencia de la norma consignada en la resolución puesta en crisis, y la asignada por los quejosos, quienes pretenden que los extremos de admisibilidad formal del recurso de queja consisten únicamente en la presentación directa del escrito de interposición ante el Superior y la húerfana manifestación de que tal ingreso se efectúa dentro de los tres días de notificada la denegatoria respectiva. La aceptación de la postura descripta devendría sin más en la institución por vía de errónea exégesis de una improcedente pauperización del remedio, para cuya activación bastaría -a criterio de los recurrentes- el mero acercamiento de la pieza en la que se adujera la existencia de un recurso denegado y el cumplimiento de los plazos previstos en la norma adjetiva, postura audaz, novedosa y carente de todo sustento que exime de mayores consideraciones a efectos de decidir su rechazo, máxime si se considera que la firma accionada ha actuado durante la totalidad del proceso con patrocinio letrado.

Motivada entonces en una simple discrepancia con el sentido asignado a una norma de derecho común a partir de la invocación genérica de principios de raigambre constitucional, la pieza de fs. 96/98 no cumple tampoco con el requisito sustancial de admisibilidad del recurso (conf. doctrina de nuestro Tribunal Superior de Justicia in re "Martínez, María del Carmen c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/recurso de queja por denegación de recurso extraordinario", rta. 09/03/2000, cons. 4).

En virtud de lo hasta aquí sentado, oído el Sr. Fiscal, y habiendo concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal RESUELVE:

1.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 96/98 del legajo.

2.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal introducida a fs. 98, punto IV.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes.

Sirva lo aquí proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.