Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-18


En la ciudad de Trelew, a los 18 días del mes de Junio de Dos Mil Ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noreste de Chubut, Sala A, Dres. Marcelo J. LÓPEZ MESA, Carlos Dante FERRARI y Carlos A. VELÁZQUEZ, con la presencia del Secretario actuante Dr. Paulo König, para dictar sentencia en los autos caratulados: "V., L. N. y otro c/ L. J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", (Expte. Nº 22.389, Año 2007), resultó del sorteo realizado a fs. 57 que debían votar en el siguiente orden: Dr. LÓPEZ MESA - Dr. FERRARI - Dr. VELÁZQUEZ.------ Analizadas las constancias de autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S----------- 1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada?.-------- 2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.--------- V O T A C I O N A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: -------- Que a fs. 4/8vta. se presenta el Dr. A. M. S. en representación de L. N. V., E. C., C. J. C. y M. A. C., promoviendo demanda laboral contra L. J. S.C.T.T.L, reclamando la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 15.259,26) más intereses y costas.----------- Manifiesta el reclamante que la actora L. N. V. contrajo nupcias con el Sr. A. E. C., naciendo de esa unión tres hijos: M. A., E. y C. J. Expresa que la empresa demandada explota la actividad de transporte automotor de pasajeros de media distancia en la zona noreste de la Provincia del Chubut.-- ---------- Agrega que el Sr. A. E. C. ingresó a prestar tareas en dicha empresa el 1º de marzo de 1988, desempeñándose como chofer de media distancia. Que a principios del mes de agosto de 2001 la empleadora impulsó una imperativa reducción salarial hacia los trabajadores, consistente en la eliminación lisa y llana del adicional por zona desfavorable, equivalente al 20% del salario, mediante la firma de un acuerdo.--- Sigue diciendo que esta reducción salarial motivó el inicio de varios juicios en los que finalmente se declaró la nulidad de dicho acuerdo, haciéndose acreedores los trabajadores al pago de las diferencias salariales. ------- n	Indica que en fecha 24 de noviembre de 2005 se produjo el fallecimiento del Sr. A. E. C. y, por consiguiente, la extinción de su vínculo laboral con la demandada. Que tal circunstancia tornó exigible la indemnización prevista en el art. 248 de la L.C.T., liquidando la demandada erróneamente dicho rubro y, en razón de la eliminación del adicional por zona desfavorable, resultando también equivocado el cálculo de la mejor remuneración mensual, normal y habitual.-- Aduce que con fecha 25 de julio de 2006 interpeló a la empresa, emplazándola para que abone las diferencias adeudadas. Considera que la cuestión planteada puede resolverse como de puro derecho, ofrece prueba y funda en derecho.---------- Corrido traslado de la acción, se presenta a fs. 14/18 el Dr. G. H. U., en representación de L. J. S.C.T.T.L., contestando demanda.- Niega el mismo los hechos expuestos en el escrito de inicio que no reconozca especialmente. Reconoce como cierto el vínculo existente entre el difunto Sr. C. y los demandantes, como así también la existencia de la relación laboral, la fecha de su inicio y su finalización por la muerte del trabajador, y la actividad de la empleadora.------- Indica que también es cierta la existencia de un acuerdo merced al cual ante la falta de prestación de tareas en zona desfavorable la empresa y muchos de sus dependientes -entre los que no se contaba al Sr. C.- acordaron la eliminación del adicional que por dicho concepto percibían.- n	Expone luego que el mismo no desarrollaba tareas de conducción aunque se encontraba categorizado como chofer merced a su antiguo desempeño, sino que cumplía tareas en la boletería de la oficina ubicada en la terminal de ómnibus, siendo el cambio de tareas efectuado a su solicitud y motivado por su enfermedad.- Agrega el demandado que los haberes del reclamante no sufrieron merma alguna toda vez que no existió acuerdo que importara un cambio en las tareas ni en su remuneración, con la única excepción de su afectación a la boletería y además que no fue parte del acuerdo de Agosto de 2001. Ofrece prueba y solicita el rechazo de la acción en todas sus partes.------ n	A fs. 21 de autos se declaró la cuestión como de pudo derecho, decisorio que fue recurrido por el demandado a fs. 22/vta. por la vía de la reposición con apelación en subsidio, y que quedó firme ante el rechazo de la reposición por el juez de grado a fs. 27 y al declarar esta Sala mal concedido el recurso de apelación en sentencia interlocutoria glosada a fs. 32/vta., llamándose a fs. 38 autos para sentencia.- Que a fs. 39/41vta se dictó sentencia, haciendo lugar el Sr. Juez de grado a la demanda en todas sus partes y, en consecuencia, condenando a la demandada a abonar a los actores en el término de diez días la suma de pesos quince mil doscientos cincuenta y nueve con veintiséis centavos ($ 15.259,26), importe sobre el cual se deberá agregar un interés equivalente al que fije el Banco S. S.A. para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a computarse desde que fue debido y hasta su total y efectivo pago. El juez a quo impuso las costas a cargo de la demandada vencida.------ Para fallar de tal modo adujo el Sr. Juez de grado que el Excmo STJ de Chubut, tanto en los autos "S." como "D." resolvió que: ".el acuerdo novatorio" invocado por la demandada para justificar la supresión del adicional por zona que venían cobrando sus dependientes vulnera abiertamente el art. 12 de la L.C.T., y que "no puede ser calificado como contrato el acto por el cual una persona se obliga a dar algo a cambio de nada, y que la renuncia expresa es revocable ad líbitum por el trabajador en los términos del art. 12 de la L.C.T." Que "son nulos por objeto prohibido aquellas convenciones por las cuales el trabajador renuncia a sus derechos, aunque éstos provengan de normas no imperativas" y que "implicando la reducción salarial dispuesta por la empleadora - accionada, una manifiesta violación al art. 12 de L.C.T. por cuanto el efecto querido fue la eliminación de un derecho incorporado a la remuneración de los actores y previsto en la convención colectiva conforme surge del citado art. 37, el acuerdo celebrado deviene nulo de nulidad absoluta (...) Estamos en presencia de una manifiesta transgresión al art. 12 que conlleva a la nulidad del acuerdo desde su nacimiento, y por ende, resulta inconfirmable ... ".----------- n	Recordó el a quo que el Dr. Pasutti indicó en su voto que: "Descalifica tales acuerdos el hecho que el trabajador siga poniendo a disposición del empleador la misma fuerza de trabajo para llevar a cabo idénticas tareas que las originarias, mientras que la empresa pasa a abonar menos de lo que pagaba al inicio. La empleadora no puede modificar la contraprestación remuneratoria a su cargo cuando las restantes modalidades del contrato de trabajo se encuentran inalteradas (horario de labor, tareas a cumplir, etc.). Estos acuerdos son nulos y sin ningún valor a la luz de lo normado por el art. 12 de L.C.T.". También agregó que "el acuerdo novatorio si bien fue celebrado por las partes de este proceso, el mismo carece de efectos jurídicos desde su nacimiento, por cuanto tuvo por objeto excluir para el futuro específicamente el adicional por "zona desfavorable", derecho que, por cierto, ya estaba incluido en el salario de los actores y por lo tanto, incorporado a su patrimonio. Este acuerdo, como lo sostuvo la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, es nulo "ab initio", no teniendo, incluso para el suscripto, relevancia jurídica alguna la circunstancia del silencio de los actores a la hora de recibir los sueldos por varios meses sin hacer ninguna reserva como señala la accionada al contestar la demanda". Sostuvo luego el juez de grado que si esa era la situación para aquellos empleados que habían firmado el convenio cuya nulidad fue declarada por el S.T.J. mucho más favorable resultaría a los demandantes que el mismo no haya sido rubricado por C. pues ni siquiera un mínimo fundamento tendría la rebaja salarial dispuesta por ella.-------- Indicó después que de la prueba documental surge con claridad que Línea 28 de Julio S.C.T.T.L. procedió a rebajar unilateralmente la remuneración que su empleado venía percibiendo hasta el mes de agosto de 2001, pues así surge de la Certificación de Servicios y Remuneraciones -Form. PS6.2- que en fotocopia certificada ha sido acompañada a estos actuados -fs.19/24 d.r.-.--------- n	A consecuencia de ello, concluye el juez a quo que "comparta o no la postura que fijara el S.T.J. en los referidos expedientes, lo cierto es que razones de economía procesal aconsejan que la doctrina sentada por la Corte Provincial sea acatada. Por ello, y verificados que fueron los importes peticionados en concepto de diferencias salariales en la liquidación practicada a fs. 6, encuentro que se ajustan en un todo a derecho pues efectivamente los cálculos practicados resultan de obtener el mentado 20% de los importes percibidos, dándonos o arrojando una diferencia a favor de los demandantes del orden de $ 7.300,29".-------- Seguidamente, en lo tocante a la indemnización prevista en el art. 248 de la L.C.T. y que tuviera origen en el deceso del Sr. C., en la instancia de grado también se le dio la razón a los reclamantes, debido en primer lugar a que el juzgador de la instancia anterior consideró que la antigüedad del mencionado Sr. C. a las órdenes de la demandada, conforme surge de los recibos de pago, le daba derecho a percibir 18 períodos y no 17 como se abonó; en segundo lugar, se decidió que al liquidar este concepto no se tuvo en cuenta la mejor remuneración percibida en el último año trabajado.-------- Entendiendo el magistrado de la instancia anterior que sobre la indemnización regulada en el art. 248 dos eran las observaciones a formular al respecto: a) se pagó un período menos de lo que correspondía y 2) se tomó un importe base inferior a la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el dependiente. Prosperó el reclamo, por ende, por la cantidad de pesos siete mil novecientos cincuenta y ocho, con noventa y siete ($ 7.958,97)------ A fs. 44 la demandada interpone recurso de apelación contra el decisorio final de grado, el que es concedido a fs. 45 y sostenido a fs. 46/49vta., oportunidad en que la apelante expresa agravios. Aduce que la sentencia apelada merced a una valoración errónea de la prueba documental, fruto tal vez de una lectura apresurada, dirime la controversia concluyendo la existencia de una merma salarial negada por su parte y contradicha por las constancias de la causa.-- Alega que ha existido un evidente error en la apreciación de la prueba por el juez a quo, yerro que dice debe ser corregido por esta instancia. -------- Cuestiona también que el iudex a quo acoja el criterio del Excmo. STJ de Chubut que en diversas causas anuló el acuerdo de reducción salarial suscripto entre la empresa y sus trabajadores, aclarando que igualmente el Sr. C. no había suscripto el mismo.--------- Realiza diversas manifestaciones sobre el -a su juicio- desacertado criterio del STJ en diversas causas que identifica en su recurso. Y en base a lo expuesto solicita se revoque la sentencia apelada en todas sus partes.-- Corrido traslado de los agravios a la contraria, ésta contesta la vista a fs. 51/52, expresando que la cuestión relativa a la diferencia de la liquidación correspondiente al art. 248 LCT ha quedado firme ante la falta de un agravio idóneo para conmover la sentencia en este punto.----------- Agrega que no asiste razón al recurrente, por cuanto la reducción salarial se habría producido en los meses de Mayo y Julio, especialmente a partir de este último mes, donde se reducido el salario del Sr. C. de $ 1381,15 que percibió en Abril a 1136,69 que cobró en Julio.- Continúa expresando que los precedentes del Excmo. STJ de Chubut dictados en casos iguales al presente son plenamente aplicables al sub judice y finaliza diciendo que debe rechazarse el recurso en todas sus partes, con costas.-- Corrida vista de las actuaciones a la Asesoría de Familia e Incapaces, ésta contesta a fs. 54.----- A fs. 56 se dictó la providencia de AUTOS PARA RESOLVER, quedando el expediente en estado de ser fallado por esta Sala.----------- Ingresando al análisis de la cuestión traída a resolución de esta Sala, surge desde el inicio que la sentencia de grado ha adquirido firmeza en lo atinente a las diferencias de cálculo que el juez constatara en la indemnización prevista por el art. 248 LCT. Ello en virtud de que en el recurso de fs, 46/49vta. no obra un agravio idóneo relativo a este rubro, no cuestionándose ni la procedencia de un cómputo de dieciocho años, y no diecisiete como realizara el demandante respecto del fallecimiento del actor, ni tampoco se cuestiona allí lo relativo a la mejor remuneración mensual, normal y habitual que el juzgador de grado determinara y que se encuentra por encima de la que tomara en consideración la accionada al momento de liquidar, rubros ambos que motivaron una diferencia reconocida a favor de los actores de pesos siete mil novecientos cincuenta y ocho, con noventa y siete ($ 7.958,97)--- Con dicho proceder el recurrente vulnera uno de los principios rectores del derecho de los recursos, el llamado principio de sustentación. Se ha dicho que "la sustentación exige indicar razonada y explicadamente los cuestionamientos que respecto de la decisión, bien en sus fundamentaciones jurídicas o fácticas, hace el recurrente. La sustentación tiene por finalidad hacer un cuadro comparativo entre las razones aducidas por el fallador, y las del recurrente, para demostrar desde allí, el agravio, la lesión que esa decisión causa" (Luis Alonso Rico Puerta, "Teoría general del proceso", Edit. Comlibros, 1ª edición, Bogotá, 2006, p. 841).---------- La falta de cuestionamiento idóneo de ambos aspectos de la decisión atinente al cálculo de la indemnización prevista por el art. 248 LCT, provoca que tal materia haya quedado firme, al no ser idónea o hábilmente rebatida la sentencia impugnada, lo que deja sin sustento al cuestionamiento intentado de la sentencia..-- Es un principio procesal indiscutible que el agravio es la medida de la apelación; no habiendo agravio idóneo para conmover la sentencia impugnada, ésta adquiere firmeza en ese aspecto. Es que, estando fijados los límites de la intervención de este Tribunal por los agravios del recurrente, es una carga procesal para éste detallar con precisión los motivos de su queja, no pudiendo la Cámara suplir de oficio las omisiones, silencios o defectos en los que incurriera el apelante, ni extraer de sus manifestaciones conceptos que no ha podido o sabido explicitar en forma hábil.------ Bien se ha dicho que "la técnica de fundamentación de los recursos está relacionada con la pertinencia de la impugnación, y no con el análisis de su admisibilidad. Es decir, atiende a la adecuada y suficiente fundamentación de cada uno de los agravios que constituye algún aspecto del fallo apelado" (Gozaini, Osvaldo Alfredo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentado y Anotado, 2ª edición actualizada y ampliada, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2008, T. I, p. 577). ------------- La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideren equivocadas y ello implica que la eficacia de esta vía recursiva queda supeditada o condicionada a la realización por parte del recurrente, de un examen razonado y minucioso del decisorio atacado, demostrando los motivos que se tienen para considerar que el pronunciamiento recaído es erróneo, refutando pormenorizadamente los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales aquella se asienta y poniendo de relieve concreta y detalladamente las circunstancias o elementos no tenidos en cuenta o mal interpretados por el sentenciante, de los cuales se desprende una conclusión opuesta a la recaída en el decisorio impugnado. Consecuencia de ello es que los puntos o cuestiones que no hayan sido objeto de un ataque concreto, deben considerarse consentidos por la parte que no los impugnó debidamente (Cám. Civ. y Com. Quilmes, Sala 1ª, 4/8/2005 , "D´Amico, Melinda c/ Fischer, Carlos Héctor s/ Desalojo por falta de pago", en Juba sum. B2903352).-- De tal modo, los agravios no pueden señalar una mera disconformidad de criterio sino que deben bastarse a sí mismos con una explicación frontal, razonada y precisa. De lo contrario la decisión quedará consentida. Habiendo omitido el apelante introducir idóneamente un agravio relativo a este punto o haciéndolo de modo genérico e inhábil, ha quedado firme la sentencia de grado en este aspecto, lo que así debe declararse.----------- En segundo término, debe analizarse el restante motivo de impugnación, relativo a la existencia o no de una reducción salarial en perjuicio del actor, que habilite el reconocimiento de diferencias salariales en su favor.------ En rigor, si se analiza fríamente la pieza recursiva, debiera declararse tal vez la deserción del recurso, puesto que el recurrente se ha limitado a expresar una opinión distinta tanto del Sr. Juez de grado, como especialmente, del Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia, pretendiendo al parecer revertir en este pleito criterios que han adquirido firmeza en otros pronunciamientos dictados en expedientes que guardan conexión temática con el presente.------------- Para que un recurso sea idóneo como tal, no bastan las palabras o frases enfáticas o altisonantes, sino que debe realizarse en él una ponderación razonada de la sentencia cuestionada, atacando la misma con fundamentos distintos a los expuestos en el fallo y no solamente con meras palabras que, en definitiva, no constituyen una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante y no debe mantenerse.

Recurrir no es hacer gala de un verbalismo huero ni sustituir argumentos por adjetivos ni confundir en lugar de convencer. Recurrir, si lo que se busca es la procedencia del ataque recursivo, requiere inexcusablemente demostrar con argumentos claros, patentes, el desacierto de la resolución recurrida, poniendo en crisis sus fundamentos, privándola de su misma apoyatura, para así hacerla caer. El recurrente no ha atacado idóneamente la sentencia dictada en el caso de autos por el Sr. Juez de grado. Las expresiones enfáticas utilizadas por el recurrente no pueden esconder el hecho evidente -a la luz de las constancias de la causa y la documentación reservada obrante en la misma- de la falta de asidero de sus afirmaciones y de la carencia de razón de sus impugnaciones a la sentencia.- Es dable recordar que no basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio, en función de la significación de las normas que rigen en la materia (Morello - Passi Lanza- Sosa - Berizonce, Cód. Proc. Civil y Comercial comentado, T. III, p. 358).- Y, en verdad, cuando se analizan las afirmaciones del recurrente, ellas carecen de detalle y convictividad, no logrando éste acreditar siquiera mínimamente los presuntos errores que imputa al acto sentencial impugnado.-------------- El art. 265 CPCyC exige que "el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores...".--------- A la luz de él, no se satisfacen en la pieza recursiva que analizo los requisitos del art. 265 CPCyC, pues lo que se observa en el recurso de fs. 46/49vta. es que se sostienen allí posiciones que se han sustentado en una etapa anterior del proceso, repitiendo conceptos ya vertidos en la contestación de demanda y pretendiendo reeditar en este proceso un debate ya cerrado por el Excmo STJ de la Provincia. Este proceder no alcanza para fundar idóneamente un ataque recursivo.-- Si el apelante se limita en la expresión de agravios a remitirse o reproducir las consideraciones de escritos anteriores al fallo recurrido, ello no constituye una expresión de agravios, ya que no se efectúa el estudio crítico del fallo dirigido a señalar las fallas, defectos, errores o improcedencia de lo apelado. La consecuencia jurídica de tal omisión es la deserción del recurso en relación al punto respecto al cual se ha incumplido con el imperativo legal. La doctrina y la jurisprudencia elaboradas en torno al art. 265 son contestes en considerar insuficientes para fundar los agravios, las remisiones a presentaciones anteriores o a otros expedientes donde se haya dictado sentencia resolviendo cuestiones similares.------ Discutir los criterios sentenciales sin fundar sustancialmente la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios. Es que la fundamentación del recurso de apelación no puede consistir en una mera discrepancia que manifieste el recurrente con el criterio sustentado por el juez de la causa" (ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, 2001, Tomo I, p. 835).- La expresión de agravios para ser considerada como tal y cumplir con los requisitos que impone el art. 265 del Código ritual debe consistir en un trabajo en el que, con un mínimo de técnica jurídica se consignen en forma razonada y concreta los errores de hecho y de derecho en que haya incurrido el Juez de la instancia inferior, examinándose los fundamentos de la sentencia impugnada y aportándose la demostración de que la misma es errónea, injusta o contraria a derecho. El mero disenso o el cuestionamiento de la apreciación de las pruebas elegidas por el juzgador como contundentes, sin hacerse cargo de los argumentos concretos que sustentan el fallo, no cumplen con el imperativo contenido en la Ley de forma. Ello solo bastaría para el rechazo del recurso.- Pese a ello, y como además de su improcedencia formal, el recurso analizado, también es sustancialmente inacogible, en aras de dar satisfacción al principio de amplitud de la defensa, habré de ingresar al tratamiento de los aspectos sustanciales del recurso, magùer las deficiencias formales apuntadas.-- El recurrente centra su ataque en los siguientes cuestionamientos a la sentencia:---- 1) En su opinión la procedencia de la demanda declarada por el juzgador de grado se basa en un evidente error de apreciación de la prueba. Sostiene el apelante que la principal prueba documental tomada en cuenta por el a quo (Formulario ANSES PS.6.2) desmentiría los dichos del juez y demostraría que el Sr. C. no ha sufrido ninguna quita en su salario en el año 2001.-- Analizando el mencionado formulario, identificado como fs. 19 a 24 y obrante en la documentación reservada, se aprecia la sinrazón del cuestionamiento del apelante. En efecto a fs 20 de esa planilla y en el detalle de las remuneraciones abonadas al Sr. C. del año 2001, se aprecia que en los primeros meses de 2001, el Sr. C. percibió en todos ellos más de un mil trescientos pesos ($1.361,00 en Enero, $1.381,15 en Febrero, Marzo y Abril, $1.335,50 en Mayo y Junio y que a partir de Julio y hasta Diciembre de 2001 el mencionado Sr. C. percibió la suma de $1.136,69, continuando hasta el mes de abril de 2003 percibiendo sumas de ese tenor aproximado, es decir, de entre $1.114,67 (meses de Marzo, Abril y Mayo de 2002) y $ 1.153,27 (meses de Junio de 2002 a Marzo de 2003).----- A la luz de tal probanza, las afirmaciones del apelante de fs. 46vta sobre que el análisis de la prueba documental en cuestión ha sido errónea y que el mencionado comprobante demuestra que el Sr. C. no ha sufrido reducciones de salarios, deben considerarse un exceso de celo defensivo que pretende extraer sustento para su apelación donde no lo hay. El apelante pretende sacar ventaja de un error de su contraria que alegara que la reducción salarial comenzó en Agosto de 2001 cuando en realidad, a la luz del comprobante mencionado comenzó en Julio. Un mes antes o un mes después como término a quo de la reducción salarial carece de incidencia en este caso, porque solo se ha reclamado las diferencias por el período no prescripto, muy posterior tanto a Julio como a Agosto.---- Una afirmación como la que el litigante realiza sobre la falta de reducción salarial del actor, sin hacer aclaración alguna cumple apenas mínimamente el deber de buena fe en el proceso; evidentemente sus afirmaciones sobre el error del juez apelado en la apreciación del formulario PS 6.2 y de la falta de reducción salarial del Sr. C. en 2001, se han tratado de un exceso de celo en la defensa de los intereses del cliente; pero la carencia de total apoyatura de sus dichos y la intención evidente de sacar partido de un error intrascendente de la contraria, no puede ser soslayada por este Tribunal, que debe advertir sobre la inconveniencia de estas prácticas.------- También es errónea la afirmación del apelante sobre el sueldo del mes de Enero de 2001 y es confusa su alegación de que las remuneraciones superiores percibidas por C. obedecerían a la realización de horas extras o al reconocimiento y pago anticipado de una cuota adicional del SAC. La redacción de esa frase, a fs. 47 primer párrafo es ininteligible: "los altibajos salariales....que anteceden nada obedecen al la realización de horas extras, o al reconocimiento y pago anticipado de una cuota adicional del SAC" (textual del recurso, fs. 47, primer párrafo).-------- Pero, pese a que sea confusa la afirmación o ininteligible la redacción, se aprecia que la idea que se intentó plasmar carece de viabilidad: a fs. 20 la planilla que venimos analizando consigna detalladamente y con mención de las sumas pagadas los meses en que se pagó SAC. Y si la mayor remuneración abonada al Sr. C. hubiera obedecido a horas extras, estaba a cargo de la demandada acompañar prueba documental que así lo demuestre, lo que no ha hecho. La generalidad de esta afirmación conspira además contra su acogibilidad.----------- Este primer agravio debe resolverse entonces por la apreciación detallada y serena de las constancias documentales obrantes en autos, sobremanera la de fs. 20, correspondientes a los diversos meses del año 2001.-- Del análisis de la documentación reservada en esta causa, surge manifiesta la existencia de una disminución de haberes en el salario del Sr. C.. También surge que ha existido un error del actor en la identificación del mes en que comenzaron a evidenciarse dichas reducciones. Pero ello, en todo caso, no puede redundar en el rechazo de la demanda, si se acreditan las reducciones, aunque hayan arrancado antes de lo que se afirma, lo cual como se dijo carece de efectos en la causa porque no se reclamó ese mes. Lo genuinamente importante es si hubo o no reducción salarial, no si ella arrancó en Julio o Agosto, pues como no se reclamaron las diferencias de Julio o Agosto, para el caso es igual cualquiera de esos términos a quo de la reducción.----------- No puede olvidarse tampoco que la apreciación de la prueba por el Juez constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnar tal decisión sobre la base de una opinión distinta, sino que debe ensayarse a su respecto un ataque frontal con fundamento en argumentos hábiles y conducentes, que demuestre el desacierto manifiesto de la resolución.----------- De tal suerte, si lo que se cuestiona fundamentalmente es la apreciación de la prueba documental por el juzgador, debió el apelante ser particularmente certero en demostrar el desacierto del iudex a quo, poniendo de resalto sus deficiencias. No sólo no lo ha hecho sino que sus alegaciones, en el mejor de los casos, han buscado sacar ventaja de un error intrascendente de la contraria, antes que demostrar el desacierto de la sentencia.-------- La inacogibilidad de planteos tales cae de su peso, dado su insustancialidad y carencia de apoyatura documental. El primer agravio debe rechazarse por ello.--------- 2) El litigante cuestiona que el Sr. Juez de grado acate un criterio del Excmo STJ de la Provincia, dictado en causas con conexidad evidente con la que aquí se juzga.-- Contrariamente a su opinión, entiendo que ha hecho lo correcto el Sr. Juez de grado, al dejar a un lado su criterio y seguir el del Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia. No sólo los principios de celeridad y economía procesal militan en pro de mantener aquí el criterio del a quo, sino que además en esta Provincia rige un sistema casatorio cuyo vértice es el Superior Tribunal de Justicia. Una vez que dicho Tribunal se ha expedido sobre un punto determinado y fijado doctrina legal no cabe que los jueces inferiores se aparten de dicho criterio. Siempre pueden, claro, dejar a salvo su opinión distinta, aunque en este caso ello hubiera sido irrelevante, vista la posición del Sr. Juez de grado en sentencias anteriores, donde ha quedado perfectamente clara su posición.- El sistema de los arts. 286 y 288 CPCyC de esta Provincia convierte en obligatoria a la jurisprudencia sentada por el STJ y hasta la establecida "por otro tribunal colegiado de única o última instancia de la provincia, dentro de un lapso no mayor a tres (3) años" (art. 288 inc. a) CPCyC), no pudiendo apartarse los jueces inferiores de la doctrina legal que éstos establecieran ni de los criterios que éstos trazaran en sus fallos.------- Es así que legalmente estaba el juzgador de grado obligado a actuar como lo hizo, siendo además conveniente a los efectos de la mejor resolución de la causa amoldarse al criterio sentado reiteradamente por el STJ en varias causas seguidas contra la aquí demandada.----- El legislador procesal provincial estableció un sistema de unificación de criterios jurisprudenciales a través del recurso de casación, con vértice en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; el apartamiento de los criterios de éste sentados en los últimos tres años es causal de procedencia de ese recurso. Y es innegable, como lo reconoce el propio recurrente, que el STJ de la Provincia ha sentado postura en casos similares a éste, a no ser por la falta de firma del acuerdo, lo que no constituye una diferencia esencial que lleve a apartarse de la doctrina allí sentada. De tal manera, antes o después, la suerte del recurrente está echada, al contar su postura con pronunciamientos adversos del Máximo Tribunal provincial.- ¿Cuál sería el acierto del juez de grado de empecinarse en posiciones que el Superior Tribunal ha rechazado? ¿cuál sería el mérito de la persistencia en posturas que podrán tener su fundamento, pero que no han sido receptadas por la doctrina legal provincial?.---- Entiendo por ello que la actuación del Sr. Juez de grado aquí ha sido adecuada y ponderable, por lo que no advierto cuál sería el apoyo y fundamento del cuestionamiento intentado contra ese seguimiento de criterios superiores. Del recurso no surge fundamento atendible alguno. - La alegación de que otros tribunales han resuelto la cuestión de modo distinto no tiene injerencia en este caso, toda vez que su jurisprudencia, a diferencia de la del STJ no es obligatoria en esta Provincia, sea o no acertado el criterio del Máximo Tribunal provincial, aspecto que en todo caso, si lo considera apropiado el recurrente debiera cuestionar ante la Excma. CSJN y no aquí.----------- Siendo todo ello así, el agravio no puede prosperar.------- 3) El tercer agravio es todavía más difícil de aceptar. El apelante alega que, como el Sr. C. no firmó el acuerdo anulado, no le sería aplicable a él el criterio del STJ sobre la irrenunciabilidad. Es justamente al revés: contra quien no ha suscripto un convenio nulo ni siquiera se tiene ese argumento para descontarle salarios. La irrenunciabilidad de derechos opera entonces fictamente y no ante actos expresos de disposición. El consentimiento ficto o tácito de la disminución salarial no puede validar el recorte y, entonces, tiene razón el juez a quo cuando afirma que "...si esa era la situación para aquellos empleados que habían firmado el convenio cuya nulidad fue declarada por el S.T.J. mucho más favorable resultaría a los demandantes que el mismo no haya sido rubricado por C. pues ni siquiera un mínimo fundamento tendría la rebaja salarial dispuesta por ella" (fs. 40vta/41). No hay en el recurso en tratamiento un solo argumento que permita apreciar la sinrazón de esta frase del juez a quo. El apelante cuestiona el criterio pero no dice en dónde yace el error, en qué finca el desacierto. Marca un error, pero no profundiza los motivos o fundamentos de su postura. ----- Advierto que, tal vez, su postura se basa en un error conceptual: no tener presente que la irrenunciabilidad de derechos del art. 12. LCT se aplica tanto a renuncias expresas, instrumentadas en acuerdos homologados, como en simples actos unilaterales de quita consentidos en silencio por el trabajador.---- En el primer caso, el STJ provincial ha descalificado el acuerdo como violatorio del orden público laboral, anulándolo, criterio que comparta debo aplicar a tenor de la obligatoriedad institucional establecida por los arts. 286 y 288 CPCyC.-------- En el segundo caso, la permanencia en silencio por parte del trabajador ante un descuento o reducción salarial no le quita el derecho de reclamar luego las diferencias salariales durante los plazos de prescripción. Es esto así, porque no se aplica a estas materias donde rige el orden público y la irrenunciabilidad está establecida legalmente, la doctrina de los actos propios, que pudiera esgrimirse en otros casos de hechos similares, pero siempre que se encuentren fuera del ámbito de protección del derecho laboral.-------------- Ni siquiera había nulidades que declarar en casos como el presente, operando ipso jure la prohibición de reducir el salario, ante la irrenunciabilidad de acatamientos expresos o fictos de actos del patrono en perjuicio del trabajador (art. 12 LCT).- Ante tal panorama de carencia de apoyatura legal e imprecisión y generalidad de los agravios esgrimidos por el recurrente, no cabe más que el rechazo de su recurso, con costas a su cargo.--- Por lo expuesto, considerando justa la sentencia apelada, voto por la afirmativa a la primera cuestión. Así lo voto.-------------- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --- I. El colega preopinante ha efectuado ya una adecuada síntesis de los antecedentes fácticos que informan el caso y de los fundamentos sustanciales del decisorio apelado, como así también de los motivos de agravios expuestos por el recurrente. En consecuencia, abordaré directamente el tratamiento de las cuestiones traídas a conocimiento y decisión del Cuerpo.-- II. Como bien lo ha señalado el Dr. López Mesa, la decisión acerca de las diferencias indemnizatorias en concepto de 18 períodos de antigüedad y erróneo cómputo de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, acogidas por la suma de $ 7.958,97, ha ganado firmeza por ausencia de agravio concreto a su respecto. Según lo tiene dicho este Tribunal en numerosos precedentes, la competencia de la alzada está limitada a la consideración de los agravios planteados (art. 271 in fine, C.P.C.C.), pues ése es el ámbito de su actuación jurisdiccional y responde al principio tantum devolutum quantum apellatum, de manera que lo resuelto sobre este punto debe reputarse consentido por las partes.--- III. Luego, en lo atinente a las diferencias salariales reclamadas con fuente en una indebida rebaja de las remuneraciones a partir de mediados del año 2001, considero que las argumentaciones del recurrente no consiguen desmerecer el criterio adoptado en el fallo para decidir el progreso de este reclamo.----- Así, en primer lugar, si bien es cierto que al relatar los hechos en la demanda la parte actora expresó que la disminución salarial se produjo a partir de agosto de 2001 (fs. 5) cuando en realidad la misma se había registrado desde julio del mismo año, este error de pluma de ningún modo puede perjudicar la legitimidad del reclamo. En definitiva, lo sustancial es que, tal como surge de la documental reservada (fs. 20), dicha rebaja remuneratoria efectivamente existió, que el actor formuló a su respecto el reclamo pertinente e incluyó además el mes de julio/01 en la liquidación practicada (fs. 6), por lo que carece de todo sustento que la parte recurrente pretenda invocar este simple error material en su provecho.- Tampoco resulta atendible la argumentación referida a que el a quo partió de una falsa premisa al considerar que la situación sometida a litigio era idéntica a la planteada en dos casos anteriores, ya que, sea como fuere, dicha apreciación, aun siendo parcialmente inexacta, no llega a conmover el basamento jurídico de la decisión. En efecto, por más que a diferencia de los precedentes citados, el aquí actor no suscribió el acuerdo entre la empresa y algunos de sus dependientes -que motivó pronunciamientos del Excmo. Superior Tribunal provincial declarando nulos tales convenios-, este hecho, lejos de pasar inadvertido por el juzgador de primera instancia, fue en cambio expresamente señalado en el fallo invocándolo como fundamento a fortiori, al hacer notar que si así lo había resuelto nuestra Corte local en aquellos procesos, mucho menos podía entonces justificarse la rebaja salarial en este caso (conf. sentencia, fs. 40 infra/41).- Insiste el recurrente en su discrepancia con el criterio sentado por el S.T.J., sosteniendo que el mismo contraría precedentes de la Cámara Nacional del Trabajo y de la Corte Suprema de la Nación, que el principio de irrenunciabilidad no es absoluto y que encuentra excepciones, por ejemplo, en lo establecido en los arts. 15 y 241 de la L.C.T.-- Estas objeciones ya habían sido expuestas por la quejosa al contestar la demanda y su reiteración en esta instancia dista de constituir una crítica concreta y razonada sobre el punto, pues conforme a las exigencias técnicas contenidas en el art, 265 C.P.C.C., no basta a este fin la mera divergencia acerca de las razones expuestas en el fallo, ni la reproducción de argumentos ya expuestos en piezas anteriores y debidamente tratados en la sentencia, sino que debe aportarse un razonamiento superador, señalando de manera clara y precisa los hipotéticos yerros u omisiones contenidos en el pronunciamiento.- Por otra parte, la invocación de las normas citadas es inidónea para descalificar la doctrina aplicada en la especie, ya que ni siquiera puede hablarse aquí de una renuncia tácita del actor a reclamar las diferencias impagas. En este mismo sentido, la doctrina y la jurisprudencia han señalado que resulta irrelevante que el trabajador no hubiera cuestionado la rebaja de sus remuneraciones, ya que su silencio no puede ser valorado como renuncia a derechos conferidos por la ley en el marco del contrato celebrado por las partes, y en virtud de lo dispuesto por el art. 260 de la ley de contrato de trabajo se encuentra facultado a reclamar las diferencias salariales a las que se considera asistido de derecho (arts. 58, 259, 1º, 12 y conc., ley de contrato de trabajo - conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III o 27/10/1999 o Prinetti, Jorge M. c. Bagley S. A. o DT 2000-B, 1429 - Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - Director: Mario Eduardo Ackerman, Ed. LA LEY 2002, 20, con nota de Diego Martín Tosca).---- IV. Como corolario de todo lo expresado y en plena coincidencia con la postura del colega preopinante, considero que el fallo merece confirmación en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a la parte apelante (art. 59, Ley N° 69).- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor LÓPEZ MESA, dijo: Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, convencen de la pertinencia del rechazo del recurso de fs. 46/49vta. y, por ende, de la procedencia de confirmar en cuanto fuera materia de recurso y agravios la sentencia de fs. 39/41vta., imponiendo las costas de alzada al apelante vencido, y regular los honorarios de Alzada correspondientes al Dr. A. M. S. en un treinta y tres por ciento de los que le sean regulados en primera instancia, regulando asimismo los honorarios de segunda instancia del Dr. G. H. U. en un veinticinco por cinco de los que le sean determinados en la instancia de grado, lo que así propongo al Acuerdo.- Así lo voto.-- A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --------- Conforme ya lo adelanté, comparto la propuesta del Dr. López Mesa, así como su propuesta en materia de honorarios, ya que las regulaciones que propicia se ajustan a la extensión, calidad y eficacia de las tareas realizadas en cada caso, así como a los resultados respectivamente obtenidos, conforme a las normas arancelarias vigentes (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).----------- Por lo tanto, emito mi voto en sentido idéntico.--------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).--- Trelew, 18 de junio de 2.008.-------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: ---- RECHAZAR el recurso de fs. 46/49vta.--- CONFIRMAR en cuanto fuera materia de recurso y agravios la sentencia de fs. 39/41vta.- IMPONER las costas de alzada al apelante vencido.---- REGULAR los honorarios de Alzada correspondientes al Dr. A. M. S. en un treinta y tres por ciento de los que le sean regulados en primera instancia, regulando asimismo los honorarios de segunda instancia del Dr. G. H. U. en un veinticinco por cinco de los que le sean determinados en la instancia de grado, lo que así propongo al Acuerdo.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - MARCELO J. LOPEZ MESA REGISTRADA BAJO EL Nº 36 DE 2.008 - SDL.- Conste.----