Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 7 de 2004.

Vistos:

Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el ex letrado apoderado de la parte actora a fs. 19, contra la providencia de fs. 18.

I. La señora Jueza de grado mandó llevar adelante la ejecución hasta hacerse íntegro pago a la accionante de las sumas reclamadas, con más sus intereses y costas.

Posteriormente, el letrado interviniente presentó un escrito indicando que había renunciado como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, constituyó un nuevo domicilio procesal y, asimismo, solicitó que se le regulen los honorarios profesionales que correspondan.

La magistrada de grado tuvo presente lo requerido, para la oportunidad en que se encuentre debidamente satisfecho el crédito fiscal reclamado en autos (arg. art. 460, CCAyT). Contra dicha resolución el letrado interpuso recurso de apelación, lo que motiva la intervención de esta Alzada.

II. El art. 460, CCAyT, establece que "Los procuradores, mandatarios o funcionarios que representen o patrocinen al Fisco, tiene derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la autoridad administrativa y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal".

Según se advierte, el texto de la norma establece un orden de prelación en la satisfacción de los créditos, de forma que sólo luego de la efectiva percepción de la renta pública puede concretarse el derecho de los representantes o patrocinantes del Fisco a percibir honorarios.

Este sistema, además, es el adoptado, en la órbita nacional, por el art. 98, ley 11.683, conforme la cual los procuradores, agentes fiscales u otros funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos que representen o patrocinen al Fisco tendrán derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la Nación, y cuando ya se encuentre satisfecho íntegramente el crédito fiscal.

III. Liminarmente, corresponde determinar si resulta aplicable al recurrente lo dispuesto en el art. 460 antes citado.

Se advierte que la intervención del apelante en la causa se produjo en virtud del mandato conferido por la Ciudad de Buenos Aires a fin de que la represente en la ejecución el crédito fiscal adeudado. Ello, sin perjuicio de que, al momento de solicitar la regulación de honorarios (cfr. fs. 17), ya no revestía el carácter de mandatario de la actora.

Al respecto, debe ponerse de resalto que la legislación adjetiva no establece ninguna referencia entre el letrado que aún es apoderado del Fisco y aquél que ha renunciado al mandato. Es decir, la regla de prelación mencionada en el considerando anterior es perfectamente aplicable al supuesto de autos, ya que, al momento de intervenir en el expediente, el recurrente lo hizo en calidad de mandatario de la Ciudad.

Así las cosas, no cabe duda de que el letrado actuó en el expediente como apoderado del Fisco local y, por ende, su intervención en tal calidad se encuentra regida por la legislación especial prevista al efecto.

IV. Aclarado ello, corresponde determinar cuál es, estrictamente, el alcance del art. 160, CCAyT.

Liminarmente, cabe indicar que los fundamentos que se expondrán a continuación conducen a modificar parcialmente la tesitura adoptada por este Tribunal con anterioridad (in re "GCBA c. Vacca Marcelo Fabián s/ Ejecución Fiscal", resolución del 24 de octubre de 2003, entre otros).

En este sentido, es dable poner de resalto que la norma citada obsta a la percepción de los honorarios por parte del mandatario y/o patrocinante de la Ciudad, pero no a la existencia del derecho a la regulación de los honorarios. Ello, pues literalmente la disposición se refiere a "percibir honorarios", y no a la regulación que deba efectuar el magistrado interviniente respecto de su cuantía.

Es decir, más allá de las condiciones que deben cumplirse para que el letrado apoderado del Fisco local pueda percibir el crédito que eventualmente le corresponda, la norma adjetiva no impide que se le regulen los honorarios pertinentes.

Esta disposición establece un privilegio a favor de la Ciudad, referido a la percepción del crédito tributario, que comporta una preferencia en el cobro por sobre el derecho a la percepción de los honorarios por parte de los profesionales antes mencionados.

Esta conclusión se ve reforzada por lo establecido en el art. 63, dec. 1397/79 que, al reglamentar el art. 98, ley 11.683 -disposición análoga al art. 460, CCAyT en la órbita nacional-, prevé expresamente que en ningún caso puede ser admitido el pago de honorarios a los distintos apoderados del Fisco nacional cuando no se encuentre íntegramente satisfecho el crédito fiscal. Se advierte claramente que el impedimento se refiere al pago de los honorarios, pero no a su determinación por el magistrado interviniente.

V. Concluyendo el análisis precedentemente expuesto, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por el ex letrado apoderado de la Ciudad que, si bien encuentra -en el caso- restringida la percepción de los honorarios que eventualmente le correspondan a la íntegra satisfacción del crédito fiscal, tiene derecho a que la magistrada de grado le regule los mismos, pues el art. 460, CCAyT no establece ninguna restricción al respecto.

Por ello, el tribunal resuelve: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios, debiendo efectuarse la regulación pertinente una vez devueltas las actuaciones a la instancia de grado. 2) Sin costas, atento a no haber mediado contradicción. - Carlos F. Balbín. - Horacio G. A. Corti. - Esteban Centanaro. - Aurelio L. Ammirato.