marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia laboral, concejales, reclamo del haber jubilatorio, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GEY, Marcelo Santiago c/ E.N. (Honorable Consejo Deliberante) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Pedido de inconstitucionalidad. Es competente la Justicia del Trabajo en la acción en la que los actores, en su condición de ex concejales jubilados, demandan al Estado Nacional, el incremento de sus haberes de jubilación conforme las normas del decreto P.E.

800/90; solicitan se declare la inconstitucionalidad del art. 34 de la ley 24.018 y la nulidad del decreto 1600-P-91.
Derechos humanos, tratados internacionales, acceso a la justicia, derechos de la víctima, víctima del delito
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., F. Y. s/ Homicidio y Homicidio en gdo. de tentativa c/alevosía en c.r. en carácter de partícipe necesario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-22

Es que "... el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención". Correlativamente con tal derecho, el Estado tiene el deber de investigar e identificar a los autores de los delitos aquí tratados; de lo contrario, se incurriría en la impunidad, que propicia la repetición crónica de hechos similares y la total indefensión de las víctimas y sus familiares, quienes tienen el derecho a que se respete su vida y tal derecho debe encontrar protección en la ley (art. 4 CADH).
Empleados públicos, cargo, jubilación por invalidez, empleo público, salarios caídos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESCONTRELA, NELIDA DEL VALLE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 533-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Si la relación de empleo cesó definitivamente el 03-10-80 -fecha a partir de la cual le correspondía la jubilación por invalidez por sentencia de esta Corte-, debe negársele el derecho de la actora a la percepción de los haberes activos desde esa fecha, desde que ya había dejado de revistar en la administración como agente en actividad.
Relación de consumo, defensa del consumidor, industria automotriz, responsabilidad de la concesionaria, compraventa de automotores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caccavo, Viviana Elizabeth c/ L'expres SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

Entablada una demanda contra una concesionaria y una fabricante automotriz concedente con motivo de la falta de entrega del vehículo adquirido, toda vez que la actora expresó que utilizaría el automóvil para satisfacer las necesidades del traslado familiar, corresponde encuadrar el caso como una relación de consumo, y por ende, deben considerarse para su resolución las normas y principios de derechos del consumidor (ley 24240 y CCCN).
Fundamentación de sentencias, fundamentación de la resolución, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Carbajal Ziesenis, Claudia Isabel s/ Recurso por Casación denegada en autos: "Molina, Bluet Starlit  s/Hurto" y su acumulada "Riquelme, Karina; Molina Bluet Starlit  s/Hurto" Casación denegada en autos: "Molina, Bluet Starlit  s/Hurto" y su acumulada "Riquelme, Karina; Molina Bluet Starlit  s/Hurto"
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-03-17

Para que se configure la falta de fundamentación en la sentencia es necesario que exista ausencia total o motivación -caso puramente teórico- o que la motivación ostente un grado de deficiencia tal que deje al pronunciamiento sin sustanciación legal; mas no afecta a la decisión el hecho de que la misma sea breve o escueta, siempre que sea eficaz.
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia
Materia: PROCESAL TRIBUTARIO
Carátula: Robledo, Lucio Orestes. c/ Quellemen, Pedro y otros. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-18

Aún cuando el beneficio de litigar sin gastos puede ser solicitado en cualquier estado del proceso (art. 78 del Cód.

Procesal; S.C. Fassi, Código Procesal Civil y Comercial), tal amplitud no admite, sin más, la modificación de actuaciones alcanzadas por la preclusión. En tales condiciones si el actor ha solicitado el beneficio de litigar sin gastos en oportunidad de finalizar la primera etapa del proceso -restaba sólo el traslado y notificación de la demanda-, debe abonar los gastos de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud. Ello sin perjuicio de la prosecución de los trámites enderezados al logro aquél.
Juicio ejecutivo, allanamiento, costas, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: SABSON, LUIS c/ BOSCO DE MORETTI, MONICA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

El Código Procesal 76 establece que si el actor se allanase a la prescripción opuesta, las costas se distribuirán en el orden en que fueron causadas.

No es obstáculo para la aplicación del dispositivo citado la circunstancia de que se trate de un proceso ejecutivo.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, colegio de psicólogos, tribunal de disciplina, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CATALANO, MARIA BELEN c/  s/ APELACION RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE ETICA DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS RESOLUCION QUE APLICA SANCION DE APERCIBIMIENTO PUBLICO Y SUSPENSION DE MATRICULA (EN CARPETA JUDICIAL EMBON, MIRNA Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Luce como comprobado que en el presente caso, con arbitrariedad la Alzada anuló una sanción disciplinaria de un ente público legalmente autorizado con desentendimiento de las constancias y antecedentes de la causa, que eran las cuestiones a considerar en el marco del control judicial suficiente respecto de sanciones administrativas; y desde tal perspectiva, debió considerar los extremos del obrar de la administración puesto en juego en su disposición sancionatoria, es decir, si el Tribunal de Ética pudo razonablemente considerar acreditado un supuesto de actuación profesional por parte de la colegiada que persiguiendo intereses propios pudiera haber interferido en forma inconsulta o clandestina con el actuar profesional de un Equipo de Salud Pública de esta Provincia. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Erbetta, Depetris y Andrés)
Retiro policial, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capetta, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

La Caja de Policía sólo está obligada a abonar al afiliado un monto equivalente al porcentaje que se establezca con respecto a la remuneración del cargo en actividad.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, actividad agropecuaria, productores agropecuarios, granos y semillas, compensación
Materia: PROCESAL - AGRARIO
Carátula: Produsem c/ Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong s/ cobro de pesos. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Es competente la justicia federal para decidir la controversia suscitada entre el dueño de un predio y el usuario del cultivo (o productor) por la "compensación" a fijar por el uso de la semilla.
Patentes, denegatoria de la solicitud, Ley de Propiedad Industrial, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOVARTIS AG c/ LABORATORIOS LKM SA s/ cese de uso de patentes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

La ley de patentes establece que una vez cumplidas las formalidades de presentación, la administración nacional de patentes, previo solicitud del interesado y pago de la tasa correspondiente, procederá a realizar un examen de fondo para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el TITULO I, CAPITULO I de esta ley. Agrega la normativa que cuando la solicitud merezca observaciones, se correrá traslado de las mismas al solicitante para que haga las aclaraciones que considere pertinente o presente la información que le fuera requerida. Y finaliza que en caso de que las observaciones formuladas no fuesen salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud (arts 27 al 29 de la ley 24.481). A su vez, el artículo 30 del decreto reglamentario establece que si la resolución fuera denegatoria, a partir de su notificación, empezará a correr el plazo para la interposición de los recursos y acciones correspondientes (art. 72 de la ley citada). La voluntad del legislador ha sido la de sancionar con la denegatoria de la solicitud a quienes no aporten -ante la observación formulada- la información que le fuera requerida y que, a partir de ésta, dar por concluida la etapa del procedimiento administrativo (más allá de la interposición del recurso de reconsideración), quedando, desde entonces, expedita únicamente la vía judicial (Sala 1, doctrina de la causa 13.523/02 del 16-3-06).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, maltrato infantil, denunciante, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: VAZZANO, PAOLA ALEJANDRA c/ URRUTIA, ALICIA MARIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

La exigencia de efectuar una investigación profunda previo a realizar ante la autoridad cualquier exposición sobre posibles casos de maltrato infantil, se contrapone con el deber que pesa sobre toda persona de comunicar todo conocimiento que se tenga de la vulneración de derechos que afecten la vida o la integridad física y psíquica de una niña, niño o adolescente, en tanto ha de entenderse que en tales casos se debe actuar de manera eficaz y celerísima y en función del interés superior del niño, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño; de modo tal que, en casos como el de autos, la rigurosidad en el juicio sobre la culpabilidad debe ser inversamente proporcional a la trascendencia del interés constitucional en juego; sin que, además, pasen inadvertidas las inconsistencias discursivas de la Alzada al analizar si había mediado verdadera intención de dañar o menospreciar, o culpa o ligereza en el obrar de las demandadas, por cuanto impiden conocer cabalmente la inteligencia que adoptó sobre ese punto.
Competencia por el territorio, declaración de insania, domicilio, principio de inmediación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M., L. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

1- El domicilio de un presunto incapaz mayor de edad internado en un establecimiento asistencial, sin posibilidad alguna de salida de él, está dada por esta residencia actual, que aunque pudo considerarse en un principio accidental o transitoria, se ha convertido en habitual, determinando así la competencia de la justicia del lugar.

2- Es pertinente mantener la competencia del tribunal donde se encuentra la residencia del presunto insano, ya que es allí donde deben desarrollarse las tareas específicas, incluyendo las visitas del curador, la verificación de la gestión de éste último sobre la persona del causante y sus bienes, la actualización de los controles médicos y socio-ambientales, etc. y, en consecuencia, donde debe ejercerse el contralor jurisdiccional, con la inmediatez que ello requiere.
Sociedad anónima, accionistas, derechos del socio, derecho al dividendo, prescripción, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUISA TKACH c/ DROGUERIA FUCHS  S.A. s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-30

El derecho al dividendo del accionista constituye un derecho creditorio contra la sociedad, por lo que como tal, prescribe de conformidad con el principio general expresado en el CCIV. 4019. El plazo que debe regir esa prescripción es el establecido por el CCOM.

848-1, puesto que se trata de un acción derivada del contrato de sociedad.
Proceso penal, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Amadeo  de  Roth,  Angélica  Lía s/ lesiones culposas -Causa N°1395/81-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

No es deber del encausado instar la prosecución del proceso instruido en su contra ni su conducta -sujeta a las normas de procedimiento- puede incidir en la objetiva aplicación del instituto de la prescripción.
Defensa en juicio, proceso penal, requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Alfaro Farías, Sergio s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-04-20

El fiscal de instrucción sólo puede requerir la citación a juicio si la declaración del imputado obrante en la causa puede ser tenida, en el caso concreto, como un ejercicio efectivo del derecho de defensa. Si, por el contrario, la declaración del imputado no puede reflejar más que un ejercicio meramente formal del derecho en cuestión, y no obstante ello el ministerio público requiere la elevación a juicio, esa requisitoria presentará un vicio que conlleva su nulidad absoluta, pues hace a la intervención del imputado en el proceso y afecta directamente a la garantía constitucional de defensa en juicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Taboada, Sergio Orlando s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se tacha de inhábil un testimonio sin relacionar tal postura con norma legal alguna, y con descuido del fundamento proporcionado sobre ello por el tribunal.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba testimonial, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TEVEZ, JULIO MARTIN c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

En cuanto a los reproches por incorporación de prueba no producida en el debate, manifestando la recurrente que el A quo convalidó la utilización y valoración que los Jueces de grado hicieran sobre la misma, se evidencia que tales pretensiones carecen de fundamentación suficiente, en tanto la defensa se limita a invocar genéricamente afectación de garantías constitucionales, mas no explicita acerca del contenido de la declaración del testigo aludido, de los mensajes telefónicos que -dice- habrían sido introducidos por la Acusación en su alegato de clausura y la forma en que luego ello fue valorado por el Tribunal de grado para fundar la condena del imputado. (Del voto de la mayoría)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba, omisión de considerar cuestión propuesta, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PALOMEQUE, SANDRA NOEMI Y PALOMEQUE, SILVIA PAULINA c/  s/ USO DE DOCUMENTO PUBLICO DESTINADO A ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS FALSO Y USO DE DOCUMENTO PUBLICO DESTINADO A ACREDITAR EL DOMINIO DE VEHICULO EN CONCURSO REAL 2. USO DE DOCUMENTO PUBLICO DESTINADO A ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS FALSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-29

La recurrente se queja de que los Judicantes no atendieron su solicitud de nulidad de la causa con base en la pérdida de la computadora y otros efectos secuestrados, pero tal agravio se diluye a poco que se confronte con la argumentación ensayada por los Magistrados, toda vez que éstos analizaron tal planteo, mas entendieron que más allá de lo irregular de la situación, la falta de exhibición de los elementos secuestrados no había causado perjuicio alguno al derecho de defensa, ya que ninguno de los hechos por los cuales se condenara a las imputadas tenía relación con la falta de exhibición de los objetos referidos.-
Constitución Nacional, partidos políticos, financiamiento de los partidos políticos, LEY DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, competencia electoral, vencimiento del plazo, informe de campaña
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Izquierda Popular Capital Federal c/  s/ control de informe de campaña en elecciones generales - 2019
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-07

La ley de Financiamiento de partidos políticos 26.215, reglamentaria del artículo 38 de la Constitución Nacional, dispone un plazo determinado -noventa días después de cada elección-dentro del cual las agrupaciones deben presentar ante la justicia electoral un detalle de los aportes recibidos y de los gastos derivados de su campaña electoral, plazo cuyo vencimiento opera automáticamente, por el mero agotamiento del término legal.
Condena condicional, período de prueba, revocación de la condena condicional, pena, unificación de penas, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: O., J. s/ Hurto calificado (Expte Nº218-99, Resolución Nº11, Tomo 6, Folio  375)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-10

Siendo el punto a dilucidar si puede considerarse como una forma de "cumplimiento de pena" el período probatorio que a tenor del artículo 27 del Código Penal se haya impuesto en una condena anterior y por un hecho anterior al que es juzgado, debe tenerse en cuenta que el artículo 27 del Código Penal, en su segundo párrafo, expresamente soluciona dicho problema, cuando, tras establecer como condición para la condena en suspenso el no cometimiento de delito durante cuatro años, expresa que "Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas"
Muerte del trabajador, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Uboldi, Angela Irma c/ Las cañas S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Es civilmente responsable el empleador rural por la muerte de su dependiente si aparece nítida su omisión negligente -no cumplir con su obligación de someterlo al examen preocupacional ni a posteriores revisaciones periódicas- que le impidió conocer a tiempo la enfermedad preexistente del trabajador, para liberarlo del cumplimiento de aquellas tareas inadecuadas para su salud que, concausalmente, desencadenaron la grave patología que lo llevó al óbito (art. 1109, C.Civ.)
Medidas precautelares, elecciones municipales, personal municipal
Materia: PROCESAL
Carátula: Garro Julio Cesar c/ Municipalidad De La Plata s/ Medida Cautelar Autónoma O Anticipada - Otros Juicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-20

Corresponde ordenar, a título precautelar, al Intendente y Presidente del Concejo Deliberante de salientes de la Municipalidad de La Plata abstenerse de efectuar nombramientos de agentes municipales sin contar con las partidas presupuestarias pertinentes y en contravención con las normas legales y reglamentarias, pues las irregularidades denunciadas consistentes en el nombramiento de agentes sin respetar los procedimientos legales, ni contar con las necesarias previsiones presupuestarias, podrían encontrarse en colisión con el resguardo del erario público fiscal, lo que constituye el riesgo de un daño extremo e irreparable, máxime considerando que es medular el respeto a las normas que establecen mecanismos de transparencia en el manejo de los fondos públicos y que aseguran la efectiva participación.
Sentencia, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ WALTER HORACIO c/ CANO ALONSO PABLO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08

Infringe el art. 3986 del Código Civil la sentencia que atribuye a una medida de aseguramiento de prueba el efecto de interrumpir la prescripción respecto de quien no fue mencionado en la misma como futuro demandado, pese a ser conocidos su persona y datos por quien pretendía accionar judicialmente.
Juicio de desalojo, locatario, falta de prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ROMA Y EMMA RENE c/ ORTIZ, WALTER ALVARO Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-06

No habiendo quedado acreditado fehacientemente la condición de poseedores que los accionados alegan, corresponde hacer lugar a la demanda de desalojo instaurada contra ellos.
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, personal municipal, tutela sindical
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: CORIA FRANZA, GABRIEL CEFERINO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ -DEMANDA SUMARISIMA- AVOCACION (ART. 2, LEY 11.330) (EXPTE.: C.S.J. NRO. 138 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27

Corresponde rechazar el pedido de avocación formulado por la Municipalidad desde que si bien es cierto que el demandante ostenta en principio el carácter de empleado público -aspecto que las partes no discuten-, también lo es que la pretensión por él ejercida contra la Municipalidad en el caso reconoce como único fundamento la violación de derechos que no emergen "del ordenamiento jurídico administrativo". Su conocimiento, pues, le corresponde a "los jueces o tribunales con competencia en lo laboral" (art. 63, ley 23.551), quienes, de modo excepcional, son los competentes para controlar la legitimidad de hechos y actos de la Administración Pública provincia l y municipal que se reputen contrarios, con exclusividad, a las garantías de la tutela sindical. Dicha tarea, desde luego, deberá ser abordada sin soslayar las naturales prevenciones que se siguen del carácter público de la Administración en cuanto "empleadora" -en los términos de la ley 23.551-; y en particular, de las que se derivan del hecho de que sus actos se presumen legítimos aun ante la jurisdicción que no es la que el ordenamiento específicamente dispone para su control. Así decidirlo no implica emitir pronunciamiento acerca del cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso sumarísimo intentado, ni mucho menos sobre si efectivamente el actor ostenta la calidad de sujeto amparado por los mecanismos de tutela sindical establecidos por la ley 23.551.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, fundamentos suficientes, nulidad del acto jurídico, procurador general
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: M., M. A. y S., J. C. s/ Secuestro extorsivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   235-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

No corresponde acoger favorablemente la postulación del Procurador General que solicita se declare la nulidad del auto de concesión del recurso de inconstitucionalidad, si la Sala ha mencionado -económica pero explícitamente- la razón que a su juicio justificaba la apertura de la instancia extraordinaria, no apareciendo la decisión como el resultado de un criterio de genérica concesión del recurso de inconstitucionalidad, que importe -en la práctica- la normal habilitación de una tercera instancia. La ostensible parquedad del auto de concesión, aunque importe deficiencia de fundamentación, no puede equipararse a falta de fundamentación, por lo que no aparece justificada la declaración oficiosa de nulidad requerida.
Infracciones aduaneras, aplicación de la ley, código penal, culpabilidad
Materia: TRIBUTARIO-PENAL
Carátula: Dante  SRL c/ ANA s/ demanda contenciosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

Son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente.