Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24


F., R.; D., C. y P., R. Reg.: A y S t 195 p 392-395. Santa Fe, 24 de marzo del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor técnico de C. D. y R. P. contra el pronunciamiento de fecha 30 de abril de 2003, dictado por la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rafaela, en autos "F., R.; D., C. y P., R. -Homicidio culposo- Denegatoria prescripción de la acción penal- (Expte. 94/01)" (Expte. C.S.J. nro. 514, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 30 de abril de 2003 la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rafaela resolvió confirmar la resolución que, a su turno, no hizo lugar a la prescripción de la acción penal intentada.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el defensor técnico de C. D. y R. P. recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad y violación del principio de igualdad y de la defensa en juicio, de la división de poderes y de la jerarquía normativa establecida por el artículo 33 de la Constitución nacional.

Al referir a los antecedentes del caso relató que inter Seguidamente aseveró que la sentencia atacada es arbitraria porque la decisión de los sentenciantes no repara en el tema constitucional planteado y porque en lugar de tener en cuenta que está afectado el principio de igualdad y el del debido proceso, se detiene exclusivamente en cuestiones procesales y de derecho común. Agregó que también se incumple con el artículo 208 del C.P.P.. y se arroga el Poder Judicial funciones que corresponden al Poder Legislativo.

Afirmó que como derivación de la forma republicana de gobierno, la resolución de la Cámara debió estar ajustada a la ley. Añadió que si la ley 24.316, modificatoria del artículo 64 del Código Penal, establece que una cosa es la etapa de la instrucción y otra la del juicio; si el Libro Tercero del Código Procesal Penal de la Provincia, bajo el título "Juicio", establece como se inicia (Capítulo I, arts. 375 y ss) luego de que concluya la instrucción y de que se formalice la requisitoria de "elevación a juicio" (art. 370), lo decidido por los sentenciantes viola la ley y el principio de división de poderes, por lo que resulta arbitrario. Reiteró que existen disposiciones de la ley que han dejado de ser aplicadas y aclaró que la Corte ha admitido el recurso extraordinario en temas relativos a derecho común.

Sostuvo que el derecho de igualdad ante la ley también le ha sido denegado. Destacó que si una persona que hubiese estado en la misma situación de sus defendidos y el hecho que se juzgase hubiera acontecido en la jurisdicción de la Cámara de Santa Fe, tendría un tratamiento distinto sin que nada justificase la diferencia, ya que una única ley es aplicable a todos los hechos que acontezcan en el territorio de la Nación Argentina (art. 1, C.P.).

Al respecto puntualizó que en la resolución atacada la Cámara dice que la interrupción de la prescripción obedece al criterio de que el procedimiento constituye una manifestación de la voluntad de perseguir. Y que si bien esto es cierto, deja de lado la evidencia de que no se lo puede hacer en cualquier momento; que tampoco hay duda que la indagatoria y el procesamiento traducen la voluntad inequívoca y fundada de vincular el sujeto al proceso, y de imprimir real dinámica al mismo, pero -a su criterio- lo importante es que no son actos del juicio; por lo mismo, si entre la fecha del hecho y la del comienzo del juicio se ha cumplido el plazo para la prescripción, como ocurre en el presente caso, el Estado ya no puede ejercitar la acción penal.

Posteriormente afirmó que la Corte Suprema sentó doctrina acerca del significado de 'plazo razonable' sosteniendo que no es posible determinarlo en abstracto sino en cada caso en particular; que para establecer la razonabilidad habrá que medir la gravedad de la infracción; y que la duración del proceso se inscribe dentro de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Siendo así -dijo- la decisión debió acoger el pedido de esta Defensa, pues pasaron más de tres años desde la fecha del hecho que se juzga hasta la del comienzo del juicio.

Afirmó que la excesiva duración de los procesos también conspira contra la garantía de la defensa en juicio, no sólo por la indefinición en que permanece el justiciable sino también ante la evidencia de que a medida que pasa el tiempo se hace más difícil producir la prueba de descargo. A su entender al dejarse de lado el texto de la ley se está constriñendo a afrontar una acusación que ya el Estado, por decisión propia, ha resignado y se está violando el artículo 31 de la Constitución nacional.

2. Por decisorio de fecha 7 de noviembre de 2003 la Cámara resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/24), lo que motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte (fs. 27/36).

3. Esta Corte sostuvo in re A. y S. T. 182, pág. 84 -al igual que el más Alto Tribunal de la Nación- que todo lo relativo a materia de prescripción de la acción penal son cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal y común, y por lo tanto, ajenas a la jurisdicción extraordinaria (Fallos: 293:50; 294:282; 295:704; 301:1073); y que la determinación de los actos procesales que constituyen secuela de juicio a los efectos de considerar interrumpida la prescripción es materia de hecho y de derecho común propia de los jueces de la causa y ajena, como principio, a la instancia extraordinaria. Empero, ello no obsta a la intervención de la Corte cuando la Cámara ha fundado su decisión en una afirmación dogmática (Fallos:312:1221); o cuando el pronunciamiento recurrido carece de fundamentación suficiente para ser considerado como acto judicial válido (criterio también de A. y S., T. 149, pág. 419; in re A. y S., T. 164, pág. 21). A la luz de tales pautas cabe señalar que la presente impugnación no puede prosperar. En efecto, se queja el recurrente de la interpretación que la Cámara efectúa de la palabra 'juicio' -en relación a lo que debe entenderse por la expresión 'secuela de juicio' que utiliza el artículo 67, cuarto párrafo del Código Penal-, afirmando que con ella se viola la ley y la Constitución; mas de la confrontación de sus genéricos planteos con lo resuelto sólo surge la pretensión de éste de imponer su propio criterio interpretativo al respecto, insistiendo en que entre la fecha del hecho y la del comienzo del juicio se ha cumplido el plazo para la prescripción, pero sin lograr demostrar que lo resuelto por los juzgadores -en ejercicio de funciones indudablemente propias- presente algún vicio que autorice la apertura del remedio intentado. Este Cuerpo ha señalado que determinar qué actos del proceso deben reputarse como "secuela de juicio" es una cuestión eminentemente interpretativa. Sobrada cuenta de ello son los dos plenos reunidos al efecto, uno de la Cámara en lo Penal de Santa Fe y otro de la Cámara en lo Penal de Rosario con resultados diametralmente opuestos: el primero sostiene, en esencia, que sólo hay ""secuela de juicio" en la etapa del plenario o juicio propiamente dicho, mientras que el segundo entiende que es posible considerar como secuela de juicio con entidad interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación (conf. Plenos "Vigo" 14.10.99 y "Pieckenstainer", 12.7.02, respectivamente).

La bifurcación conceptual entre las dos tesis propuestas sobre la misma cuestión es ciertamente profunda pero ambas son ampliamente sustentadas (ya sea en antecedentes históricos, doctrina, jurisprudencia, etc.), circunstancia que permite sostener que cualquiera de las adoptadas quedan enroladas dentro de aquellas interpretaciones posibles u opinables.

Bueno es recordar, sobre tal aspecto, que si el alcance asignado por el Juzgador versa sobre una temática discutible, formando parte de una de las corrientes de opinión que pueden surgir del texto legal, no autoriza la descalificación del decisorio mediante la doctrina de la arbitrariedad. Así, la Corte federal, ha sostenido que no reviste dicho carácter una interpretación en materia opinable sustentada en un sector de la doctrina, como la no coincidencia de una parte con el criterio hermenéutico del Sentenciante no es bastante para tornar viable el recurso extraordinario (Fallos:306:262 y 1054, criterio de este Cuerpo en A. y S., T. 122, pág. 333, entre otros).

Siendo ello así, queda claro que los reparos encierran la mera discrepancia del recurrente con el alcance asignado por el Tribunal a normas de derecho común, mas sin lograr demostrar que los Jueces de la causa -al otorgar calidad interruptiva del curso de la prescripción a algunos actos de la instrucción como la indagatoria y el procesamiento- hayan trasvasado, en el ejercicio de interpretar y aplicar las leyes, los márgenes de razonabilidad y logicidad tolerados de manera tal de brindar una solución que contenga un defecto exegético de magnitud que impida vincularla con el ordenamiento jurídico fundamental.

Quedan así sin sustento sus alegaciones vinculadas a la violación del principio de división de poderes, del derecho de igualdad ante la ley, defensa en juicio y jerarquía normativa que surge del artículo 31 de la Constitución nacional; como así también sus alegaciones vinculadas al plazo razonable de duración del proceso, desde que con lo escasamente manifestado no logra articular ningun cuestionamiento que resulte idóneo en orden a lograr la apertura de la vía intentada. Cabe reiterar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales según la divergencia del apelante con respecto a la inteligencia que los jueces de la causa asignen a los hechos y a las leyes comunes. Su aplicación, por tanto, debe quedar reservada para aquellos supuestos en que una total carencia de fundamentos o el apartamiento injustificado de la solución legal prevista para el caso, conviertan al pronunciamiento en un mero acto de voluntad, incompatible con la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el artículo 18 de la Constitución nacional. Siguiendo estos conceptos, no se avizora en el "sub judice" que el Tribunal haya incurrido en algún vicio que autorice a descalificar su decisorio mediante la vía prevista por la ley 7055, por lo que el remedio intentado debe ser desestimado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)