Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-07


Salta, 07 de Setiembre de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CAMACHANO, Sonia vs. FARES, Jorge Enrique -MEDIDA CAUTELAR", Expte. n° 301.184/10 del Juzgado de 1ª. Inst. en lo Civil y Comercial de 11ª Nominación - Expte n° - CAM 312.534/10 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O _ I) La resolución cautelar de fs. 52 es apelada a fs. 58 por el Dr. Carlos José Montellano, apoderado de la Sra. Adela Nieves Hernández. Concedido el recurso a fs. 62 expresa agravios a fs. 63/65. Puntualiza que no existe fundamentación alguna en la parte de los considerandos del auto en crisis que permita el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio, por lo que impetra su nulidad. Señala que los considerandos arrancan con el tema del pretendido sustento normativo de la cautelar y luego se dice que la verosimilitud del derecho se encuentra acreditada con las constancias de la documentación acompañada y con el expediente n° 280.358/09 de Diligencias Preparatorias, con lo cual no expresa cuáles son los documentos que sirven de base al pedido formulado. También es nula la sentencia porque en el párrafo cuarto, cuando se habla de la segunda cautelar, dice que respecto de la medida de anotación de litis se cumplen los recaudos del artículo 229 del Código Procesal toda vez que, según lo anunciado en la demanda, se iniciará la acción reivindicatoria.

Seguidamente destaca que de no admitirse el planteo de nulidad, debe evaluarse que la sentencia es auto contradictoria por haber dispuesto dos medidas cautelares. Si bien es cierto que no se sabe cuál es el motivo de la petición, la anotación de litis según lo precisa la actora y no lo valora el Juez, es para asegurar que el bien no sea enajenado. Y si es así, basta con esta cautelar para lograr el cometido perseguido. Por ende, carece de sentido el embargo otorgado, que importa un exceso y carece de sustento su pedido.

A fs. 69/73 replican los apoderados de la accionante. Piden se declare desierto el recurso por falta de fundamentación. Luego dicen que si tiene sustento la decisión en crisis y, por ende, no cabe plantear su nulidad. Luego precisan que las escrituras públicas y las cédulas parcelarias obrantes en autos acreditan la efectiva titularidad del 50% indiviso del dominio de la Sra. Sonia Camacho y los derechos de Jorge Fares. Con ello, se demuestra la verosimilitud del derecho. Y nada se dice sobre la intimación fehaciente a rendir cuentas ni de la constatación efectuada por el ujier en la diligencia preparatoria de la que surge que la Sra. Hernández ocupa con exclusividad la vivienda de calle Pueyrredón 385; que existen cuatro locales comerciales dados en locación por la Sra. Hernández; que en todos los casos, los inquilinos abonan el canon a la aludida señora; que está probado el valor estimativo del arriendo.

Y en cuanto a la necesidad de mantener la acumulación de medidas precautorias, reparan que la anotación de litis no garantiza el efectivo pago de lo adeudado al actor en concepto de rendición de cuentas y cobro proporcional por el uso y beneficio exclusivo de los inmuebles por uno de los condóminos (Sra. Hernández) y, eventualmente, los daños y perjuicios._ Sobre el pedido de reducción del monto, aprecian que la vía del recurso de apelación no es la correcta.

Por último, si bien la apelante como propietaria estaría autorizada a ocupar el predio, lo sería de la cuota parte ideal que le corresponde que es el proporcional sobre el cual tiene derecho a beneficiarse con los frutos de la cosa.

IIa) Es jurisprudencia constante de esta Sala que no procede el recurso de nulidad cuando la cuestión puede ser subsanada a través de la apelación (Colombo: Código Procesal Anotado, 1975, tomo I, pág. 410; Fassi: Código Procesal.", 1997, I, pág. 652; Ibáñez Frocham: Tratado de los Recursos, 1969, pág. 204, núm. 102; CJSalta, Sala III, tomo 23-532; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1992-605; íd. íd. 1993-16, 34 y 112). Es decir, la doctrina y jurisprudencia han optado por la validez del acto jurisdiccional antes que decretar su nulidad y resolver el asunto desde la perspectiva del recurso de apelación, de suerte tal que debe declararse la nulidad de la sentencia cuando el hipotético vicio no pudiera remediarse al considerar el recurso de apelación (CNCiv., Sala F, en E.D. 69-323), como ocurre en el supuesto de carecer el fallo impugnado de toda fundamentación que impida al recurrente expresar agravios y al Tribunal de Alzada ejercer la potestad revisora (SC Bs. As., 26/09/78 en Rep. E.D. 14.841, núm. 24; CApel. CC. Salta, Sala III, tomo 2001, f° 44; íd. tomo 2003, f° 1055; íd. t. 2003, f° 610; CApel.CC. Salta, Sala III, 10-11-03, "Fondo vs. Cámara", Expte. de Sala n° 51.162, protocolo año 2003, f° 1062).

No cabe, entonces, atender el planteo de nulidad del auto en crisis.

IIb) Sobre el pedido de deserción formulado por el apelado, cabe señalar que de manera reiterada se ha venido sosteniendo que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de Justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos 306-474; CJSalta, 22-12-92, "Rondoni vs. Eckardt", Libro 44, f° 1109/ 1113). Tal criterio también lo ha señalado esta Sala en numerosos precedentes, entendiendo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (CApel.CC. Salta, Sala III, protocolo año 1993, f° 901; año 2001, f° 415; año 2003, f° 49 y 232/234, entre tantos otros).

De modo que, si la parte apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso. Aún en el supuesto de que existieran dudas sobre si la expresión de agravios reúne o no los requisitos para tenerla por tal, corresponde estar por la apertura de la segunda instancia que implica una garantía más para el que tiene o cree tener un derecho legítimo para hacer valer en justicia (CApel.CC.Salta, Sala III, año 2004, f° 256/259, expte. 30.427/99; Ente Regulador c/Edesa de fecha 30/3/04).

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el contenido del memorial presentado por el apelante, no puede decirse que en el mismo no exista una crítica de la sentencia en grado, lo que lleva a considerar que resulta suficiente para fundar el recurso de apelación interpuesto.

IIc) El auto en crisis otorga -a pedido de los demandantes las medidas cautelares de anotación de litis y embargo preventivo, éste último por la suma de $ 168.000 en concepto de capital, con mas la de $ 50.000 por accesorios legales, en ambos casos sobre los inmuebles catastros 464, 10.382 y 10.383 del Departamento Capital (ver fs. 52), debiendo recordarse que los apelados, en su presentación de fs. 48/50 señalan que los herederos declarados y adjudicatarios de los derechos sobre los bienes aludidos, cedieron en primer lugar a Jorge Enrique Fares la totalidad de las acciones que vinculadas a los inmuebles referidos por daños y perjuicios, frutos civiles, rendición de cuentas y cobro de pesos que tenían en contra de la Sra. Adela Nieves Hernández por escritura n° 91 de fecha 6 de abril de 2008 celebrada por ante la Escribana Letty Bocanera (ver copia del instrumento a fs. 3/5). Por su parte, los mismos herederos cedieron -a favor de la Sra. Sonia Camachano mediante escritura n° 90 pasada por ante la misma fedataria la totalidad de los derechos de propiedad y dominio sobre las matrículas referidas (ver copias de fs. 6/11). Así, sostienen que Fares, por mérito de la cesión concretada a su favor, está legitimado a exigir la rendición de cuentas y el cobro proporcional del valor locativo de los inmuebles por los períodos exigibles anteriores a la fecha del acto notarial y Camachano a reclamar la rendición de cuentas y el cobro derivado de la misma por los valores locativos de los inmuebles con posterioridad a la cesión, por ser además desde la fecha de la escritura la copropietaria del 50 % de los bienes referidos, a más de encontrarse legitimada para deducir la acción reivindicatoria que anuncia promoverá.

La demanda cautelar es enderezada en contra de Adela Nieves Hernández, en su carácter de copropietaria del 50 % indiviso de las parcelas aludidas, habiendo obtenido sentencia firme que ordena la escrituración de tales inmuebles a su nombre en dicha proporción. Y denuncian que quedó acreditado en el juicio por diligencias preparatorias que se tiene a la vista que la demandada se encuentra explotando en beneficio propio la totalidad de los inmuebles.

Para determinar el monto del embargo, analizan los actores la composición física de los inmuebles y toman en consideración los valores locativos denunciados por los inquilinos en cuanto a los locales comerciales cuanto el canon aproximado de la vivienda que habita la demandada en exclusividad, cuya sumatoria es cuantificada por un período de cinco años que es el exigible.

IId) Liminarmente cabe señalar que el memorial de la demandada, a más de plantear la nulidad de la sentencia, cuestiona la adopción de dos medidas cautelares diferentes, pero de ninguna manera ha puesto en duda la supuesta legitimación de los demandantes sobre la base de las escrituras públicas señaladas, lo que autoriza a entender que no puede haber discusión sobre la verosimilitud del derecho. En todo caso, el debate se ha centrado en este aspecto en el monto del embargo.

Ello sentado, destaco que no hay superposición en el reclamo cautelar, toda vez que con la anotación de litis se intenta descartar la posibilidad de que quien adquiera u obtenga la constitución de un derecho real sobre los bienes en cuestión, se ampare en la presunción de buena fe que, como principio general, instituye el artículo 2362 del Código Civil. Cabe reparar que esta medida no impide la libre disposición del bien litigioso. Su procedencia está condicionada a la deducción de una pretensión que pueda tener como consecuencia la modificación de la inscripción en el registro de la propiedad, y a la circunstancia de que el derecho invocado como fundamento de la acción sea verosímil (CNC, Sala A, en L.L. 1996, A-727).

En suma asegura a quien la obtiene que el tercero que se disponga a contratar con el afectado tenga conocimiento de la existencia del pleito que pueda conducir a la modificación de la inscripción registral (CNC, Sala B, en E.D. -80-639). Y para su procedencia, el peligro en la demora resulta de la plena disponibilidad de los bienes que están en el comercio pues de concretarse implicaría el frustramiento de la sentencia eventualmente favorable a los actores (CNC, Sala B- en L.L. 1997 - E 843).

En otras palabras, la pertinencia de la anotación de litis es nítida en el sub lite en tanto la coactora ha señalado que reivindicará el inmueble ocupado por la demandada en la proporción indivisa que le corresponde y que surge de los títulos, que, al menos hasta ahora no se han cuestionado por la apelante.

IIe) En cuanto al embargo preventivo otorgado, tiene que ver con el crédito que invocan los accionantes les corresponde por los períodos anteriores a la cesión -a favor de Fares y posteriores a ésta -en cabeza de Camachano y siempre con base en las escrituras de cesión de derechos y acciones litigiosos en un caso y de derechos y acciones hereditarios y de escrituración en el otro. Está entonces demostrada asimismo a su respecto la verosimilitud del derecho y se respecta el principio de congruencia que debe existir en la materia pues media correlación entre la medida cautelar y el objeto del reclamo principal, es decir hay una clara línea de correspondencia entre el resguardo requerido y el derecho planteado con lo cual se anuncia el embargo como el anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional.

Si bien se dijo que es necesario dar satisfacción al acreedor, pero sin causar perjuicios innecesarios al afectado por la medida cautelar (CJ Salta, Sala III, año 1973, tomo 18, pág. 422; CApelCC Salta, Sala III, año 1985, fl. 229) y que partiendo de esa premisa, a través de la norma del art. 203 del Código Procesal se exteriorizan dos de los caracteres específicos de la materia: la mutabilidad y la flexibilidad, pudiendo auspiciar cambios tanto el impetrante como el destinatario de la cautela, no hay elementos de juicio que permitan una reducción del monto en el estadio actual de la causa, sin perjuicio que en el futuro la afectada pueda intentarlo por la vía procesal adecuada (artículo 203 del Código Procesal.

De acuerdo a estas premisas, se interpreta entonces que el agravio de la accionante excede el marco de la apelación planteada.

Voto, entonces, por la confirmación de la resolución cautelar venida en revisión. Con costas a la recurrente (arts. 67 y 68 del Código Procesal).

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que por sus fundamentos adhiero al voto del Dr. Marcelo Ramón Domínguez.

Por el acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I. NO HACE LUAGAR al recurso de apelación deducido a fs. 58. CON COSTAS.

II. CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.