Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-02-25


L. DE S. Tº 99, Fº 135/147 En la ciudad de San Juan, a 25 días del mes de Febrero del año dos mil ocho, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 19.205 (55.936 - 1º CIVIL) caratulados "CANGA, MIRIAM ERICA C/ SAMAT, JOSÉ LUIS - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha veintiocho del mes de marzo del año dos mil siete, obrante a fs. 146-150, de estos autos originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Vienen los autos del rubro a estudio por recurso que deduce el Sr. José Luis Samat contra el fallo de fecha 28 de marzo del año 2.007 (fs. 150) que hace lugar a la demanda deducida por Mirian Erica Ganga; declara que el accidente ocurrido el 12-03-99 en calle Santa María de Oro y Tomás Cruz se produce por culpa exclusiva del demandado, condenándolo para que pague en concepto de indemnización del daños físicos, $ 35.000; por daño psicológico $ 20.000, y $ 15.000 por daño moral, en el plazo de quince días, con intereses conforme a tasa activa del Banco Nación Argentina - Suc. San Juan desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago, con costas.

Al tiempo de demandar la actora hizo estos reclamos, que fueron íntegramente acogidos por la sentenciante, imputando culpabilidad al demandado en el accidente que ocurrió en el lugar y fecha ya indicados, cuando aproximadamente a las 22,50 hs. la actora circulaba en el ciclomotor marca Daelin Mod. Liberty, motor DK50XE, chapa SK50 XF, de propiedad de su padre, por calle Santa María de Oro en sentido Norte Sur, y al llegar a la intersección con calle Tomàs Cruz - entrada al barrio Puyuta - disminuyó la velocidad hasta prácticamente detenerse para permitir el ingreso de un vehículo a calle Santa Maria de Oro; luego, al comenzar a transitar, es embestida por una camioneta Ford F-100, color blanca, conducida por el demandado, quien invade su carril al pretender ingresar al Bº Puyuta por calle Tomas Cruz. Cae al pavimento delante de la camioneta y sintió un fuerte dolor en pierna izquierda a la altura de rodilla, y lesiones en el brazo derecho. El demandado conducía en forma imprudente, violando las normas de tránsito, omitiendo las diligencias adecuadas al caso.	Sobre las siguientes imputaciones, descripciones y reclamos, vale remitirse al relato que hace la Sra. juez a-quo en su sentencia.

En dicha resolución concluye la magistrada actuante que el único y exclusivo culpable del evento dañoso es el demandado, por así haberlo considerado el juez penal en el "Sumario 350/99 - C./ Samat José Luis. por lesiones." estableciendo que transgredió abusivamente los principos elementales del arte conductivo; que la maniobra realizada no encuentra justificativo alguno, además de su imprudencia y descuido. Sigue refiriendo párrafos de aquel fallo en igual dirección. En base a tal culpabilidad, lo considera responsable por los daños ocurridos, a los que considera acreditados con la prueba pericial; y sobre el daño moral cita jurisprudencia que lo admite.

El demandado apela la sentencia a fs. 151 y mantiene el recurso mediante la expresión de agravios que luce a fs. 167 y siguientes. En dicha actuación dice afectarlo el fallo cuando le atribuye culpa exclusiva en el accidente. Afirma que no es real, ni se condice con los hechos, circunstancias y pruebas; la valoración es parcializada, desconociendo prueba técnica, deviniendo la sentencia en arbitraria. Que para llegar a determinar culpa única del demandado la juez entiende "...que la sentencia penal tiene los suficientes argumentos y análisis de pruebas arrimadas a este juicio resulta ser innecesario en esta instancia civil volver a analizar, en razón que ha determinado con toda claridad la culpabilidad y consiguiente responsabilidad del demandado Samat". Es decir que al momento de valorar los hechos, simple y ligeramente se remite al proceso penal, dejando de evaluar las pruebas que aportara en el ámbito civil, tornando inútil la actividad probatoria desplegada en éste. Destaca la contradicción entre las manifestaciones en el punto 2º de los considerandos cuando expresa que "analizadas que fueren las pruebas ofrecidas y producidas por las partes.." con aquel que dice "..entiendo que la sentencia dictada en sede penal tiene los suficientes argumentos y análisis de las pruebas arrimadas a este juicio resulta ser innecesario en esta instancia civil, volver a analizar las pruebas producidas.." Se pregunta si analizó o no las pruebas producidas. Señala también la afirmación de la sentencia que dice "Así lo entendió el Juez Penal a cargo del 3º Juzgado que dictó sentencia condenatoria en los autos...", lo que habla de poca diligencia puesto que quien determinó culpabilidad del demandado en sede penal fue el juez del 2º Juzgado Correccional, y no el del 3º; a través del auto de procesamiento, que convirtió al demandado en autor prima facie responsable del delito de lesiones, pero que de ningún modo constituye una sentencia condenatoria, que jamás existió; es arbitraria la sentencia basada en ella. La acción penal quedó extinguida por prescripción. Marca las diferencias que existe entre una sentencia condenatoria y el auto de procesamiento. No se ha respetado el principio de congruencia, tampoco el de legalidad pues no se ha decidido con fundamento en una apreciación racional y valedera de los hechos, sino con un error que deriva en una errónea aplicación del derecho.

Aclara que aun en la circunstancia que existiera sentencia penal, ello no obsta al Juez civil analizar debidamente y en su justa medida las pruebas aportadas.

Luego el apelante se ocupa de los argumentos de la sentencia dictada en el fuero penal, a la que se remitiera el juez civil. Afirma que el juez Correccional dijo que con su accionar transgredió abusivamente los principios elementales del arte conductivo expresado en distintas normas ...que interpretadas en su conjunto exigen que todo conductor debe tener en todo momento el control de sus movimientos y el dominio de su máquina. Es errónea esta interpretación judicial pues en todo momento tuvo control y dominio del vehículo, circulando por su propio carril y cumpliendo las exigencias debidas. No se prueba que haya perdido el control. También se agravia cuando el juez penal dice que la maniobra realizada no encuentra justificativo, además de su imprudencia y descuido, ya que no obstante haber circulado a escasa velocidad según su propio testimonio - fs. 43/44 vta. el giro hacia el Oeste por calle Cruz, sin advertir la presencia de la motorista que circulaba por dicho carril pero en sentido contrario y con visibilidad casi nula. Dice que ésto es una construcción imaginaria de la mecánica del accidente. Manifiesta que de haber penetrado el a-quo en el análisis de la pruebas en sede civil hubiese observado que a fs. 65/66 obra la absolución de posiciones del demandado y en la 4º se le pregunta si observó que en dirección Norte Sur se aproximaba una motocicleta, responde que si es cierto, venía de Norte a Sur, es decir que si la advirtió. Respecto a la visibilidad casi nula, frase traída a colación por la a-quo, manifiesta que de las pruebas testimoniales de fs. 70-72 y 83-86 surge que todos los testigos declaran que al momento del accidente estaba lloviznando; no obstante la molestia que una pequeña llovizna puede ocasionar, el demandado advirtió la presencia de la motorista; además que esa llovizna, lógicamente afecta más a quien no se encuentra protegida físicamente de ningún modo, como la actora. Le agravia que esa disminución de visión se aplique al demandado y no a la actora que circulaba sin casco, a cara descubierta.

La actora no percibió la presencia de la camioneta, lo que surge del testimonio ante el juez correccional en donde afirma que al momento del accidente, al demandado "...lo vió cuando ya lo tenía encima.." de donde se colige que era ella quien circulaba con imprudencia y descuido en la conducción de su vehículo. La lógica indica que manejaba con el cuerpo semi agachado, hacia adelante, evitando la fricción del viento y lluvia. Según copia de la licencia de conducir, y su reconocimiento en la absolución de posiciones, entre las restricciones figura la de manejar con anteojos, lo que no era cumplido, así surge de las pruebas. También conducía sin las mínimas condiciones de seguridad; sin luces encendida y con el caso protector en una de sus manos. Los testigos afirmaron ver a la actora con el caso en sus manos, o tirado en el piso con posterioridad al accidente. De haberlo llevado puesto es ilógico que se desprendiera ya que cuenta con un precinto que se ajusta al mentón evitando el desprendimiento.

Sigue diciendo que le agravia que el juez diga que "...sin lugar a dudas de haber prestado Samat la debida atención que las circunstancias exigían, el accidente no se hubiese producido..", siendo que la motocicleta es la embistente. Surge del croquis del sumario penal que el demandado ya se había dirigido al centro de la calzada y ocupaba su mano de circulación para proceder a girar cuando es embestido por la moto. Lo que habla a las claras que fue ésta la embistente; y denota impericia en la conducción al no prestar extremo cuidado en momentos que llovía.

Le agravia también que se le endilgue impericia al demandado cuando cuenta con licencia de conducción profesional que lo autoriza para distinto tipos de vehículos, cuyo otorgamiento exige recaudos más severos y rigurosos que la licencia normal. El motor generador del accidente fue la motocicleta, ya que no vió a la camioneta y la embiste en su costado delantero derecho cuando ésta ya se encontraba con prioridad para girar. No se puede hablar siquiera de culpa concurrente. No entiende cuál ha sido la culpa del demandado cuando cualquiera que hubiere sido la previsión hubiera sido indiferente e irrelevante a los efectos de evitar el hecho. Su culpa ha sido acreditada por la absolución de posiciones en donde se le pregunta si el conductor del vehículo antes de impactar tenía el pleno dominio de su máquina responde "si es cierto".

El segundo de los agravios se refiere a los rubros indemnizatorios y a los montos fijados por la juez en la sentencia recurrida. Tras una crítica generalizada, remarcando la falta de análisis de la juez y el acogimiento de todo lo reclamado en la demanda, se ocupa de la admisión del "Daño Físico". Para objetarlo dice que la sentencia, siguiendo lo estimado por el perito Dr. José González Testi, lo fija en el 387% (a esta cifra la atribuye a un error tipográfico, ya que en realidad es del 38%); pero afirma que no tuvo en cuenta la juez la ampliación de pericia de fs. 131-132 en la que el mismo perito corrige el primer porcentaje y lo reduce al 23%, lo que no es antojadizo sino que obedece a que la actora sufría, con anterioridad al accidente, otros problemas físicos tomados en cuenta en la primera. Sin perjuicio de ello la juez, en notable arbitrariedad y desconociendo la pericia y corrección técnica, atribuye una incapacidad del 38%.

Sobre el monto fijado cuestiona que no se haya tomado en consideración las innumerables ayudas de diversa índole que el demandado prestó en todo momento a la actora con posterioridad al accidente. Afirmó la actora en su demanda que todos los gastos ocasionados (intervenciones quirúrgicas, internación, farmacia, yeso, muletas, etc.) han sido afrontados exclusivamente por ella, cuando en realidad el demandado acompañó a la actora en todo momento interesándose por su salud y brindándole todos los medios necesarios para la recuperación física total, a sabiendas de no ser culpable. En cuanto a los daños en la rodilla derecha y muñeca izquierda, fueron objeto de rehabilitación y operación cuyo gasto fue afrontado exclusivamente por el demandado, igual que los gastos médicos, de hospital, yeso y muletas, sesiones de rehabilitación de kinesiología y fisioterapia. De la declaración ante el 2º Juzgado Correccional surge la ayuda cuando la actora dice que "con respecto al Sr. Samat, manifiesta que le ha prestado ayuda, que le ha comprado algunos remedios, le ha comprado la prótesis y la rodillera y le está pagando los viajes a la facultad"; igual la ponencia nº 42, en donde reconoce que le pagó algunas consultas a su médico, después de la operación.

Luego manifiesta que nada hay de cierto sobre la fractura del tabique nasal, pues esa lesión jamás existió con motivo del accidente y en ningún momento surge del examen e informe realizado en forma inmediata por el Dr. Carlos R. Vega de Medicina Legal de la Policía. La mayoría de las lesiones en base a las cuales justiprecia la indemnización, no han existido y jamás fueron probadas en este proceso.

Sobre el daño psicológico, admitido por $ 20.000 en base a la pericia efectuada a fs. 87-90, dice que existen determinadas circunstancias que no fueron tomadas en cuenta por el a-quo. Que la actora al demandar dijo haber sufrido un importante desequilibrio que marca un grado de incapacidad psíquica parcial y transitoria del 88%, cuyas manifestaciones son depresión, miedo, fobia, introversión exagerada, etc.. Pero ellas, cuando era visitada diariamente por el demandado, no existían, sino que era una joven jovial y extrovertida. Destaca que en la demanda dijo la actora que cuando se iba recuperando de esos síntomas, se produce la muerte de su padre, principal apoyo afectivo y material, lo que surge también de la pericia, por lo que aquellos, si existieron se debieron a un hecho totalmente ajeno a la conducta del demandado.

Por otra parte, la pericia infiere que la actora presentaría una incapacidad del 20 al 25% parcial y permanente. Agrega que al demandar la actora la estimó en un 88% y lo justiprecia en $ 20.000; pero surgiendo de la pericia un porcentaje muchísimo menor (20 al 25%) la juez igualmente declara procedente la suma demandada. Acota que en la sentencia la juez afirma que procede la suma reclamada, atento que la psicóloga ha estimado sus aranceles por dos años de atención especializada, y que especificó que debe recibir (la actora) atención traumatológica; lo que refuta porque excede el ámbito de su pericia.

Finalmente se agravia porque la juez admite este rubro y también el daño moral, cuando el que tratamos se ubica en el daño moral.

Respecto a este último dice que además de la falta de culpabilidad, se agravia porque es irrazonable el monto fijado por la juez, quien no ha tenido a la vista diversos y variados parámetros.

El último de los agravios es por la imposición de costas.

Los agravios son contestados a fs. 186.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

El primero que propone el demandado Sr. Samat, está dirigido a criticar la sentencia en aquellos considerandos que se refieren a la culpabilidad que le atribuye la sentenciante en forma exclusiva.

Ocupándome de él, advierto que le asistes razón al apelante cuando destaca la errónea cita de la juez del fallo dictado en el fuero Penal; y el equívoco en que incurre respecto a la naturaleza jurídica de esa sentencia, y su trascendencia en el ámbito civil.

Todas estas críticas son valederas, ya que no hay sentencia condenatoria en aquel fuero; y la resolución que eleva la causa penal a juicio, fruto de la labor investigativa de un juez distinto al que menciona la sentencia civil, no tiene la calidad y entidad que le atribuye la juez a-quo; a la vez que perdió virtualidad cuando se dispone la extinción de la acción por prescripción (Res. del 09-09-05). De tal suerte que la evaluación contenida en el auto de procesamiento, no debió trascender en el proceso civil para eximir a la sentenciante de evaluar las constancias producidas; menos aun si en el auto de procesamiento (res. del 25-08-99) se encuentra al Sr. Samat autor "prima facie" responsable.

Pero este éxito parcial del recurrente no alcanza para una conclusión diferente como lo propone; por lo que desde ya adelanto que el recurso no va a prosperar en este punto.

Sobre la calidad de embistente de uno u otro rodado, ha dicho el demandado que fue la moto quien colisiona; y así resultaría de los testimonios de los Srs. Maria Carrillo (fs. 84, respuesta a la pregunta 24), y de Javier Riveros (fs. 86, igual pregunta). Sin embargo, según detalle de las fotos del sumario penal, que muestran el frente de la camioneta (fs. 54) ilustran abolladuras en ese sector del rodado; lo que coincide con el informe del perito que actuara en ese fuero (fs. 11 vta) que también lo dice; por lo que bien podría atribuirse al conductor de la camioneta la calidad de embistente. Pero aun cuando así no sea, atento a los dichos de los testigos, la circunstancia que haya sido la moto la que chocara con la camioneta no modifica la atribución de culpa por ser ésta la que se interpone, antirreglamentariamente, en el camino de la actora.

Es así porque conforme a la mecánica del accidente, que resulta de los antecedentes que tengo a la vista y de las circunstancias no cuestionadas por las partes, la actora transitaba, en horario de noche, y en momentos de escasa visibilidad, por calle Santa María de Oro en dirección Norte-Sur, mientras que el Sr. Samat hacia lo propio, por igual calle en sentido contrario Sur-Norte. En tales circunstancias el demandado intenta ingresar a la calle Tomás Cruz, para circular por esta hacia el Oeste, para lo cual produce un giro a su izquierda.

Esta maniobra, en calle de doble mano, como es la calle Santa María de Oro, según resulta del acta labrada en el exped. penal a fs. 7, constituye una maniobra de sumo riesgo pues implica necesariamente invadir el carril de circulación de quienes, como la Srta. Canga, circulan en sentido contrario, e interferir obligadamente en la línea de marcha de éstos.

En situaciones similares ya hemos dicho que el conductor que pretende girar a la izquierda debe cerciorarse del éxito de la maniobra, ya que aún admitiendo que realizó la maniobra lentamente, pecó por defecto, al no cerciorarse de que la vía elegida estuviera libre de otros rodados, pues es él quien introduce una alteración en el curso normal de desplazamiento de otro vehículo. La maniobra de giro a la izquierda importa en las calles de doble mano interceptar la circulación normal del otro carril, por lo que sólo puede realizarse, asegurándose de que es posible hacerlo sin daño para el otro conductor.

Esta consideración va a constituir un reproche para el automovilista ya que es él quien va a ingresar en forma transversal en el carril contrario y no a la motorista que transitaba por su mano derecha y tenía, antes de colisional con la camioneta despejada su línea de circulación.

No hay prueba concluyente en autos que acredite que el demandado haya anunciado con suficiente antelación, con luz intermitente o de otro modo, su intención de girar a izquierda e invadir el carril contrario; o causal que lo releve de tal obligación. Pero en todo caso, resulta exigible la obligación de observar una conducta precaucional que "se potencia en grado sumo cuando el conductor intenta un giro a la izquierda en arteria de doble mano, que entraña riesgos adicionales si se tiene presente que quien dobla puede previsiblemente encontrarse con rodados que gozan de prioridad de paso por aparecer por la derecha del que gira." Daray, "Accidentes de tránsito", Ed. Astrea, 1984, pág. 196, pár. 64, n° 4; y fallo citado en el voto de la Dra. Lima, Revista de Derecho de Daños, Accidentes de tránsito - II, pág. 425, n° 14, respectivamente CANE, c. 9.999, SDC n° 35-92 y citas jurisprudenciales; c. 10.800, SDC n° 22-94; c. 11.984, SDC n° 32-96.

Tampoco está claro si la moto circulaba con luz delantera; pero si se ha acreditado que había, cuando menos, luz artificial (igual actuación del Sumario Penal) que más allá de estar disminuída por la llovizna que caía en esos momentos, permitía ver quienes se aproximaban al cruce. Pero aun cuando la lluvia, o escasa iluminación, haya sido un factor que dificultó al Sr. Samat observar la moto que circulaba en sentido contrario, no modifica su grado de culpabilidad, desde que si no era óptima la visibilidad, mayor debió ser la precaución, atención y cuidado que debía poner antes de iniciar una maniobra de sumo riesgo para aquellos que circulan en sentido contrario.

Es sabido que muchas, frecuentes y cambiantes son las alternativas que van a dificultar la visibilidad en el tránsito por la vía pública, pero ello no actúa como eximente, no explica, ni mucho menos justifica que quien ve disminuía la visibilidad avance a ciegas creando un riesgo para sí y para terceras personas. Por el contrario, dada esa situación, obliga a poner toda la precaución que sea necesaria - incluso detenerse - para neutralizar la dificultad en la visión. La visibilidad, en el área de incidencia del automotor en movimiento, debe ser absoluta. No entenderse así implicaría admitir que se transite sin observar todos los detalles y variables que naturalmente se originan en el andar por la vía pública, y por tanto justificar las consecuencias derivadas de esa relativa observación.

Pero además, y a contrario de lo que sostiene el demandado en el proceso civil, en las actuaciones penales dijo no haber advertido a la moto que transitaba en sentido contrario; así lo manifiesta cuando declara a fs. 44 al decir que "...la esquina estaba muy oscura y además estaba lloviendo finito, pero llovía, que no vió la moto antes, ya que a su parecer la misma circulaba sin luz...." En vista de ello, es que debe rechazarse el agravio y mantener la atribución de culpa exclusiva del demandado.

Otro de los agravios es por los rubros por los que ha prosperado la indemnización.

Se refiere el apelante al daño físico y cuestiona que fijó el juez el 38 % de incapacidad cuando el perito, si bien dio ese porcentaje en la primer oportunidad, luego la reduce a un 23%.

Según constancias de autos, este último es el porcentaje estimado por el Dr González Testi a fs. 131-132, por lo que es válida la observación y así se deberá modificar la sentencia.

Ahora bien, la Srta. Canga reclamó la suma de $ 35.000 por el daño físico, y al hacerlo engloba el gasto de medicamentos, yeso, muleta, etc. que dice haber afrontado; y además dice padecer una incapacidad del 40% (fs. 16 vta). No hace ninguna especificación o distinción en el monto pretendido, de aquel referido a medicamentos y el de incapacidad. Sin mayor análisis la juez se aferra al primer dictamen pericial (que acordaba el 38% de incapacidad), y por ello que es que declara procedente la suma reclamada en la demanda. No tiene en consideración la reducción que formula posteriormente el perito; tampoco nada dice de los gastos por medicamentos, honorarios, traslados, yeso, etc.

En vista de ello, y estando a los datos objetivos, resulta que si la suma de $ 35.000 es la indemnización acorde al 40%, o 38%, menor será la que se corresponda a un 23% de incapacidad parcial; que según el cálculo matemático es de $ 20.125.

No dice la sentencia de primera instancia que dicha suma se refiera a gastos de medicamentos y honorarios, etc.. Tampoco se prueban esas erogaciones con otros documentos que no sean los acompañados en la demanda. Ahora bien, dijo la actora que los tuvo que afrontar, pero también ha reconocido que el demandado aportó dinero para costearlos, (fs. 47 vta. de las actuaciones penales) diciendo que el Sr. Samat le prestó ayuda, que "le ha comprado algunos remedios, le ha comprado la prótesis y la rodillera y le está pagando los viajes a la facultad". En menor medida también lo admite cuando absuelve posiciones (fs. 62) con lo cual queda acreditado que hubo colaboración; queda desacreditado que lo asumiera en forma exclusiva la actora; y queda la incertidumbre de saber hasta qué monto colaboró el Sr. Samat. La falta de análisis por parte del Juez, y la ausencia de reproche de la actora ante esa omisión, hace inadmisible que se considere alguna indemnización sobre esos gastos.

Respecto al acogimiento de la indemnización por daño psicológico ha sido criticado su admisión diciendo el apelante que representa una duplicidad de indemnización al aceptarse también el moral; y además en cuanto a su extensión.

La primera de las observaciones debe desestimarse, ya que si bien ha de reconocerse las posiciones doctrinarias que lo entienden tal como lo propone el apelante, en el caso de autos aparece claramente diferenciado uno y otro daño.

Este criterio ya fue expuesto en precedentes de esta Sala, con voto del Dr. Pascual Alferillo diciendo que " El criterio separatista encuentra sustento en la opinión de Marianetti, José Enrique (Médico criminólogo) en su libro "El daño Psíquico" (Ed. Jurídicas Cuyo - oct/97) sosteniendo que "...en el daño psicológico, está afectado el equilibrio espiritual. En el daño psicológico ese desequilibrio debe llegar a producir patología, para ser reconocido como tal. En el daño moral se hace referencia a dolores, padecimientos y angustias. En el daño psicológico, se tiende a resarcir la incapacidad que en ese campo produjo el accidente. Por lo que sabemos, no es necesario llegar a probar la existencia o extensión del daño moral, cosa que no sucede con el daño psíquico, que sí debe ser probado...(pág. 316)". Y agrega que "...el daño psíquico, entonces, no implica cualquier desequilibrio espiritual, sino uno patológico, diagnosticable y más o menos clasificable por la ciencia médica. Si existe, producirá siempre un daño moral, pero no se identifican conceptualmente ambas nociones..(pág. 320)".

Esta posición es ratificada en precedentes de este tribunal; y aparece sostenida por la pericia agregada a fs. 87-90 en donde la licenciada que dictamina en calidad de perito brinda una clara descripción de la actora en cuanto a su actividad psíquica, el grado de incapacidad derivado de este daño que fija entre un 20 y 25%,y la necesidad de mantener el tratamiento por dos años.

Con relación a la queja vertida por el demandado, relacionadas con la cuantía fijada en concepto de daño psicológico entiendo que le asiste razón.

Cierto es, porque surge del escrito de demanda, que la actora consideró que el daño psicológico representaba una incapacidad del 88%, y que este debía ser indemnizado con la suma de $ 20.000.

Ahora bien, la juez a-quo, al estar a lo dictaminado por la perito psicóloga, admite la estimación de incapacidad que ésta hace, en un 20 A 25%, es decir muy inferior a la invocada en la demanda; pero sin dar explicación alguna reconoce el monto dinerario que la actora pretendiera por una incapacidad mucho mayor (88%). La falta de razones que fundamenten la discordancia señalada, hace que deba ajustarse la cifra indemnizatoria reclamada inicialmente al índice de incapacidad acreditado. Mediante tal cálculo se llega a la cifra de $ 5.681; más el costo de tratamiento por dos años fijados en la suma de $ 2.340.

Respecto al daño moral, la juez sigue la constante que ha caracterizado su fallo como es la falta de merituación; haciendo lugar a todo el monto indemnizatorio pretendido.

Con relación al punto, son conocidas las doctrinas forjadas por los autores y jurisprudencia relacionadas con la trascendencia y procedencia del daño moral, derivado de haber sido víctima de un accidente, en el que se han producido lesiones que dieron lugar a intervenciones quirúrgicas, que demandó tratamientos de rehabilitación, y dejó secuelas incapacitantes tanto en lo físico como psicológico. Ello implicó necesariamente estados de incertidumbre, angustias, inseguridad. A lo que se suma las consecuencias derivadas de la no concurrencia a las clases en nivel universitario. Y si bien puede admitirse que el demandado colaboró abonando una movilidad para que pudiera asistir, está acreditado que perdió la regularidad en una serie de materias que se especifican en el certificado de la U.N.S.J. cuya fotocopia luce a fs. 06, lo que obviamente aporta un sentimiento de frustración.

Ahora bien, atendiendo a que el reclamo de la suma de $ 15.000 estuvo basada en el nivel de daños físicos, que no son de la medida de los expuestos en la demanda; que no vió truncada su carrera universitaria, sino que con motivo del accidente solo será postergada; que el agravamiento de sentimiento negativos, por el fallecimiento de su padre es un hecho cuya producción es ajena al demandado y por ende también las consecuencias no pueden afectarlo; estas consideraciones permiten ver que la suma demandada, y reconocida en la sentencia de primera instancia, aparezca exagerada. Por ello, propongo que se fije en la suma de $10.000.

Sobre el agravio referido a las costas, debe rechazarse ya que conforme a lo considerado precedentemente se mantiene el estado de vencido del demandado.

En mérito de ello, propongo admitir parcialmente el recurso interpuesto, en consecuencia modificar la sentencia de primera instancia respecto a la determinación y cuantificación de los rubros indemnizatorios; imponer las costas de segunda instancia por partes iguales atendiendo al resultado que se arriba.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Admitir parcialmente el recurso interpuesto, en consecuencia modificar la sentencia de primera instancia respecto a la determinación y cuantificación de los rubros indemnizatorios; imponer las costas de segunda instancia por partes iguales atendiendo al resultado que se arriba.

Los DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y PASCUAL E. ALFERILLO, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso interpuesto, en consecuencia modificar la sentencia de primera instancia respecto a la determinación y cuantificación de los rubros indemnizatorios; imponer las costas de segunda instancia por partes iguales atendiendo al resultado que se arriba.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.