marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, terceros, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ribeiro, Juan Carlos c/ Giachino, Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

No puede calificarse como "tercero", en los términos del art. 1113 del Código Civil, a aquel cuya actividad con relación al dueño de la cosa causante del daño, excluía tal calificativo.
Prórroga de la prisión preventiva, crímenes de lesa humanidad, secuestro de personas, homicidio, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: González Sass, Gustavo Délfor c/  s/ ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-24

Corresponde homologar la prórroga de la prisión preventiva, por el término de un año, respecto del imputado, en el marco de una causa por la cual se investiga el secuestro, asesinato y desaparición de treinta y siete ex miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, entre junio y julio de 1976, puesto que los fundamentos y circunstancias que dan sustento a la decisión recurrida se adecuan a la normativa vigente, especialmente a los motivos contenidos en el art. 1 de la Ley 24.390 que normativamente justifican la prórroga de prisión preventiva.
Sentencia, fundamentos insuficientes, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CROMOS S.R.L. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS (D.G.I.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO DE REVISION (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 130 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Una de las diversas formas o modalidades que puede asumir la doctrina de la arbitrariedad, la constituyen aquellas sentencias que omiten tratar y decidir cuestiones oportunamente propuestas y esenciales para el resultado del proceso. Cuando el pronunciamiento corporiza esa diáfana hipótesis, se arriba a la falta de motivación y a la afectación del derecho de defensa en juicio.
Declaración del imputado, declaración espontánea, derecho a ser oído
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Reinhart, Carlos Roberto s/ Incidente de Nulidad de la declaración Indagatoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-30

Es facultad del imputado declarar ante el juez tantas veces como quisiera con posterioridad a su declaración indagatoria a fin de hacer valer su derecho de ser oído ante las autoridades -art. 8°, párr. 1ro. y 2do. de la CADH-, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca como un procedimiento tendiente a dilatar o perturbar el normal desarrollo del proceso -art. 303 CPPN
Contratos administrativos, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Laboratorios Armstrong SACI y F. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Para resolver si la teoría de la imprevisión es o no aplicable al caso debe interpretarse el contrato respectivo y sus efectos en función del sistema jurídico -art.3, Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo-. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Andrada, América Argentina c/ Sarli, Lindor Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Sólo es tercero por quien no se debe responder aquel que utiliza la cosa contra la voluntad expresa o presunta del propietario o guardador, y esto es así pues si se interpretara que ese tercero es todo aquel que no es dependiente, la última frase del art. 1113 sería superflua.
Movilidad del haber jubilatorio, actualización monetaria, pago a cuenta, intereses, saldo impago, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVAREZ, Máximo de Jesús c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-18

Declarada la inconstitucionalidad del art. 1, inc. a) de la ley 21864, la liquidación por ajuste e intereses de la retroactividad se hará, en el caso de haber mediado pago a cuenta -con exclusión del efecto cancelatorio previsto por los arts. 624 y 724 del C.C.-, desde que cada suma fue debida hasta la fecha del pago en cuestión, el que será imputado entonces a cancelar los intereses devengados y, en caso de quedar un remanente, al capital actualizado. El saldo impago resultante se actualizará desde entonces por el índice de precios mayoristas nivel general que se obtenga de dividir el coeficiente del penúltimo mes anterior al del pago a realizar por el último mes previo al de que se hubiere realizado, más los intereses por igual período a la tasa que se establezca, debiendo en todos los casos detallarse los índices de ajuste y los porcentajes de interés aplicados. (Del voto del Dr. Wassner).
Costas, exención de costas
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ LUIS ALBERTO Y OTRO c/ ENRIQUE RIZO PATRON s/ INDEMNIZACION POR JORNADAS IMPAGAS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-19

Siendo la regla que la condena en costas pesa sobre el derrotado, la eximición de las mismas a quien resultó vencido, debe reunir características de excepción, en razón de constituir un apartamiento del principio general.
Justicia municipal de faltas, Poder Judicial, sentencia, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Causa N. 164.208/86 - Justicia Municipal de Faltas. s/ RECURSO DE HECHO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-25

La Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires es un órgano de la administración municipal con funciones jurisdiccionales, circunstancia que excluye su inserción dentro del Poder Judicial y priva a sus fallos del carácter de sentencias.
Declaración de rebeldía, presunción legal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fajardo, Beatríz Graciela c/ Lavadero Imperio y-u Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-03

La necesidad de que la presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por la contraria a la rebelde, es juris tantum, está más que asentada en jurisprudencia y doctrina, incluso más allá de las opiniones doctrinarias "restringidas" que los prevotantes mencionan.

Deben ser corroborados con la prueba producida, y no importan una eximición lisa y llana para la actora de la carga que le incumbe de demostrar la razón que asiste a su pretensión.
Procedimiento laboral, abandono de trabajo, pérdida de confianza, recurso de casación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nieva, Miguel Angel c/ Centro de Enfermedades Renales y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-08

De acuerdo con lo normado por el art. 244 de la L.C.T, para que el abandono de trabajo como acto de incumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación de empleo configure causal de despido, se requiere, además de la intimación fehaciente del empresario, que la ausencia del trabajador sea sin motivo ni justificación.

El aviso a la empleadora es entonces el primer suceso tendiente a la justificación del incumplimiento.

En el sub lite, no se configuran los presupuestos aludidos supra, dado que el trabajador, conforme a los elementos de prueba que obran en la causa, se presentó a su lugar de trabajo al solo efecto de comunicar y justificar los motivos de su inasistencia, y si bien es cierto que el aviso no fue canalizado a través del médico encargado, del testimonio del personal de servicio surge que el actor ingresó al centro alrededor de las 15:30 hs. aduciendo que su esposa estaba enferma y que se iba a retirar. No menos cierto es también que aquella comunicación que el trabajador le efectuara a la mucama -antes del inicio de la jornada de trabajo- surtió plenos efectos, pues probado está que la actividad de diálisis del centro ese día fue reorganizada sin causarle ningún perjuicio concreto a la empresa demandada. Ello conduce a pensar que el trabajador no concurrió a prestar servicios el día en que se le imputa abandono de sus obligaciones, sino que su presencia en el lugar de trabajo fue solo a efectos de justificar su inasistencia, de allí que la ruptura no puede atribuirse al supuesto abandono de servicios por parte del dependiente, dado que la ausencia del trabajador, lejos de ser voluntaria, se encontró debidamente justificada. En consecuencia, el análisis de la prueba realizado lleva a concluir que los distintos hechos invocados por el empleador para disolver el vínculo laboral no han sido demostrados, por lo que, resultando inhábiles como injuria laboral, no puede haber pérdida de confianza.

Por lo tanto, corresponde casar la sentencia de grado, por resultar arbitraria.
Derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, faltas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público - Defensaoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11

La remisión de las actuaciones a la Unidad de Faltas dispuesta por los jueces de mérito, unida a la forma en que fue adoptada, priva de relación directa a la garantía del non bis in idem con lo resuelto en autos, porque el imputado nunca fue sujeto del proceso que regula la ley 12, y el proceso al que se lo recondujo, tendiente a dilucidar la existencia o no de una falta, es el primero al que va a estar sometido. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Acción de amparo, gravamen actual
Materia: CIVIL
Carátula: DANTE RAMON MARCOS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-08

La lesión o perjuicio a evitar con el remedio del amparo debe ser de una urgencia tal que su postergación sea improponible,no admitiendo dilación de ninguna naturaleza. Por lo que cuando se advierte alguna inactividad del propio actor, ya que han transcurrido varios meses hasta que se efectivizó el primer reclamo, a partir del acto administrativo, no aparece entonces patentizada la urgencia que caracteriza a este tipo de recurso.
Falsa denuncia, delito de acción privada
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA, Lorenza de Jesús s/ FALSA DENUNCIA:REQUISITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

La figura exige que la falsa noticia de un delito no contenga imputación concreta a persona determinada, pues derogada la denuncia calumniosa por la ley 23.077, la imputación directa de un ilícito quedaría incluida en el art. 109, C.P., que es perseguible mediante acción privada, arts 73, inc. 1° y 75, C.P.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, condiciones de detención, reglamentos carcelarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BALANDA, VIRGINIA c/  s/ APELACION DEL DIRECTOR GENERAL DEL REGIMEN CORRECCIONAL EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-24

La suspensión de las resoluciones que restringen el ingreso de paquetes y alimentos a los establecimientos penitenciarios dispuesta por el A quo no implicó limitación alguna a la autoridad administrativa respecto a la posibilidad de reglamentación del control de lo que ingresa a las Unidades Penitenciarias de la Provincia, desde que sólo significó el cese de una medida que consideró como una restricción irrazonable que provocaba un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resoluciones 533/18 y 574/18 del Servicio Penitenciario Provincial.
Daño psíquico, monto de la indemnización, pericia psiquiátrica
Materia: CIVIL
Carátula: SARTORIO, HUMBERTO Y OTROS c/ E.N.  (E.M.G.E.) s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

El monto indemnizatorio correspondiente al daño psíquico surge del informe del perito psiquiatra que estimó los años y el valor del tratamiento psicoanalítico que la víctima necesita.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mosca, Mariano y otro c/ Igarza, Víctor Manuel s/ Daños y perjuicios Orsi, Guillermo José c/ Distribuidora de diarios, revistas y afines de V. López s/ Sumario Cantale, Francisco c/ Lomato, Juan Pedro y otra s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20|1993-08-03|1991-11-05

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no rebate idóneamente las conclusiones de la sentencia que impugna, brindando motivaciones jurídicas paralelas a las del fallo y dejando incólumes aquellas en las que éste se asiente; sin ser una réplica frontal y contundente demostrativa del agravio denunciado.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gil, Ariel Héctor c/ Lise, José Luis y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Aún cuando pueda admitirse que, en determinadas ocasiones, resulte necesario que el vehículo invada la mano contraria, ello solamente puede hacerse si previamente se ha comprobado la inexistencia de obstáculos para tan riesgosa maniobra. Y no cabe duda alguna que realizar dicha maniobra al arribar a una bocacalle resulta sumamente peligroso (art. 71 inc. 2º, ley 5800).
Tarjeta de crédito, carga probatoria dinámica
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrando, Sergio Alberto  c/ Banco Santander Río SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Cabe condenar al banco accionado y a la administradora de tarjetas, a abonar al actor la suma pretendida, en tanto fue comprobado fehacientemente que los consumos observados en la tarjeta de crédito adicional, no fueron efectuados por la adherente y de haber existido una maniobra fraudulenta debieron ser las accionadas las que tenían la obligación de acreditarla, lo que no hicieron. Los accionados fueron ineficientes en acreditar que las operaciones debitadas hayan sido negocios genuinos por las que el actor debía afrontar los gastos facturados. Esto así en virtud del imperativo procesal que la LDC 53-3° determina, como carga del proveedor, en la aplicación del sistema de la carga probatoria dinámica.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, pretensión
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: UNION  DE  USUARIOS  Y  CONSUMIDORES c/ BANCO DE LA PROVINCIA DEBUENOS AIRES S/ s/ UMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-14

Del Dictamen Fiscal 90476:

Resulta competente la justicia comercial para entender en un proceso en el que se persigue que el banco defendido cese de debitar toda suma de dinero en concepto de comisión por depósito en efectivo, transferencias u otras operaciones en cuentas corrientes, cajas de ahorro o de cualquier otra naturaleza, y que se ordene el reintegro de dichos conceptos cuya percepción se estimó indebida durante la vigencia del decreto 1570/01, ante la prohibición de efectuar tales retenciones ordenada en la citada norma. Ello pues, deriva de una actividad propia de las entidades bancarias, en la especie, en el contexto referido a las transferencias y otras operaciones de cuentas corrientes o cajas de ahorro -entre otros- contratos regidos por las leyes mercantiles, en el que prevalece la actividad lucrativa realizada de modo organizado en forma de empresa. A mas, la cuestión es mercantil, pues también involucra la responsabilidad imputada al accionado, donde se ventila la relación jurídica entre el banco y sus clientes, circunstancia por la que procede la intervención de un juez de comercio para su dilucidación.
Regulación de honorarios, concursos
Materia: LABORAL
Carátula: Nautilus S.R.L. s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-02

A los efectos de la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en el proceso falencial, sin perjuicio de la ponderación de otras circunstancias que en cada caso concreto resulten necesarias o convenientes, pueden señalarse, la concreta mayor o menor complejidad de las tareas realizadas, su extensión material, tiempo probable insumido, grado de jerarquía científica requerida en cada labor, eficacia jurídica de las tareas, novedad del o de los planteos suscitados, esencialidad de las actuaciones en el desarrollo del proceso y la cuantía del crédito reclamado.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, carácter excepcional, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

No se trata de desechar la vía del amparo sólo porque la materia en debate aparezca comprendida en el ámbito propio de lo contencioso administrativo. El que exista dicha competencia, no es, única y excluyentemente, lo que condiciona la procedencia del amparo, sino que deberá verificarse, en concreto, si se encuentran presentes todos y cada uno de los recaudos exigidos por la norma constituciona l para la procedencia del remedio excepcional en estudio.

Comprobados que fueran los presupuestos para su viabilidad -sin perder de vista en este análisis, por cierto, su carácter excepcional- nada impide, en principio, que los derechos supuestamente vulnerados sean objeto de tutela a través del amparo.

(Del voto del Dr. Falistocco).
Legalidad objetiva, acción penal, ejercicio de la acción pública
Materia: PROCESAL
Carátula: H., P. G.-S., L. E.-B., H. O. s/ Homicidio en agresión agravado por haber sido cometido con armas de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

El ordenamiento (art. 71 del C.P.) ha realizado una prudente distribución de acciones en el derecho de fondo, y por ende no puede aceptarse que el interés privado expanda desmesuradamente la reacción a causa del delito. Esto condiciona cualquier interpretación de la norma adjetiva que le es, como ya expresamos, subordinada.

"Lo primero, porque no se concibe -no entre nosotros- una acción pública dependiente de instancia pública que, una vez iniciada (y satisfecho el interés fiscal -el interés de la ley) pueda ser proseguida por el particular damnificado; lo segundo porque es contradictorio predicar que la intervención del Ministerio Público Fiscal está enderezada a lograr la verdad real y la justa aplicación del derecho sustantivo y que, al mismo tiempo, se acepte que dichos objetivos puedan ser alcanzados en contra del interés fiscal, por la actividad de un actor penal particular".

Este pensamiento, aún cuando debemos admitir que no fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuadra perfectamente al caso y justifica el apartarse del criterio sentado por el Máximo Tribunal cuyas sentencias, de paso, no resultan obligatorias y menos aún cuando se vierten fundamentos diversos.
Daños y perjuicios, espectáculos deportivos, responsabilidad contractual, seguridad en espectáculos deportivos
Materia: CIVIL
Carátula: AVILA, Carlos A. c/ PARDO, Julio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

1- Entre los organizadores de la justa deportiva y el espectador, se formaliza un contrato innominado de "espectáculo público" y, entonces, la responsabilidad de aquéllos es de índole contractual.- 2- En todo contrato de este tipo se considera implícita una cláusula de incolumidad en favor del espectador. El empresario asume la obligación de garantizar al público cierta seguridad, por lo que a la víctima le basta probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene la necesidad de acreditar la culpa del organizador, que está presumida por el sólo hecho del incumplimiento contractual: el haber sufrido el espectador un perjuicio, durante la realización de la competencia deportiva o derivación de su desarrollo.-
Obras públicas, energía eléctrica, facultades tributarias, derecho a la privacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Soldano, Domingo c/ EN - ley 26.095 - M° de Planificación - resol. 2008/06 y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-15

Las facultades atribuidas por la ley 26.095 al Poder Ejecutivo para fijar el valor de los cargos específicos y determinar su asignación entre los distintos fondos' fiduciarios constituidos o a constituirse destinados a la ampliación de obras de infraestructura energética no aparecen como manifiestamente arbitrarias o ilegítimas, motivo por el cual deben desecharse las observaciones de carácter constitucional que se fundan en la naturaleza tributaria de tales cargos y en la consecuente violación al principio de reserva de ley que rige en aquella materia. -Del precedente E.280.XLV "Establecimiento Liniers S.A c/E.N- ley 26.095- Ministerio de Planificación" del 11/06/2013, al que la Corte remite.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, graduación de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AVERO, GUSTAVO F. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-10

Las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal para graduar la pena a imponer, quedan fuera del control de la casacion.
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad, depósito previo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Martinez, Carlos Luis c/ Cooperativa de Prod. Ganad. de Com. e Ind. del Chaco Ltda. y/o frigorífico Coop Pto. Vilelas y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por despido incausado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-09-10

Asiste razón al recurrente en cuanto peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la parte pertinente del art. 140 de la ley 2383, que impone a la patronal la obligación de depositar el importe total de la condena conjuntamente con el escrito de interposición de los recursos extraordinarios, pues se entiende que resulta lesivo de sus derechos constitucionales, y concretamente, del principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional y en el art. 8 de la Constitución Provincial y que la carga impuesta por la norma tachada de inconstitucionalidad, trae consigo aparejada una discriminación arbitraria e importa un indebido privilegio en favor del obrero, en detrimento de los patrones. Se advierte que no concurren objetivas razones de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad, resultando la distinción efectuada por el legislador en el art.140 absolutamente irrazonable.

Máxime si se tiene en cuenta que su consagración legal tiene como antecedente el objetivo primordial de tratar de evitar que la patronal haga uso y abuso de este remedio extraordinario para dilatar innecesariamente el cumplimiento de una sentencia que le ha resultado desfavorable, lo que a todas luces contraría los principios que embullen nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema democrático, porque equivale a presumir la mala fe del patrón, lo que traducido en otros términos, constituye una simple y llana discriminación en su detrimento. (Minoría u opinión personal)
Contratos administrativos, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boulic S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

En una licitación, la Administración, aún tratándose de la única oferta, no se encuentra obligada a la aceptación de ninguna propuesta.