marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Petrasquevich c/ Guevara s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-04

El objeto de la acción de desalojo es asegurar la libre disposición de los inmuebles, al que tiene derecho a ello, cuando son detentados contra su voluntad por personas que entraron en su tenencia mediante actos o contratos que por cualquier causa no pueden considerarse ya existentes, por lo que el art. 676 del Cód. Proc. la autoriza además de contra el locatario, contra cualquier otro ocupante cuya obligación de restituir o entregar sea exigible, o en caso de intrusión como lo dice la exposición de motivos. Por ello no procede contra el poseedor sin interesar sea la posesión legítima o ilegítima, de buena o mala fe.
Publicaciones obscenas, película obscena, devolución de objetos secuestrados
Materia: PENAL
Carátula: GUGLIELMO, P. s/ PUBLICACIONES OBSCENAS. DEVOLUCION DE EFECTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

Corresponde devolver al representante legal de la empresa de películas el film secuestrado, ya que la investigación concluyó con sobreseimiento definitivo, pues aunque fuera obsceno, su sola tenencia no es ilícita.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Araujo, Víctor Agustín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

La falta de cita legal no genera "per se" insuficiencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Emergencia sanitaria, Constitución Nacional, facultades concurrentes, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

La invocación de la emergencia no puede justificar el desconocimiento del esquema constitucional de reparto de competencias legislativas entre la Nación y las provincias; la necesidad de enfrentar circunstancias de esa naturaleza solamente explica que las atribuciones que la Constitución Nacional distribuye entre cada una de ellas sean excepcionalmente ejercidas de un modo más intenso, sin alterar la sustancia de los derechos reglamentados (Voto del juez Rosenkrantz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sociedades comerciales
Materia: LABORAL
Carátula: Mellado, Mirta Alicia c/ Perfumería San Justo S.A. y otros s/ Despido y cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

La acción intentada contra reprsentantes de una sociedad, fundada en los arts. 59, 274 (modif. por ley 22.903) y 279 de la ley 19.550 se basa en la responsabilidad delictual de la persona física del órgano societario y no puede introducirse al formular el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: SPINOSA, BLAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. RECURSO CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 305-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-27

La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto corregir en una nueva instancia pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, pues sólo comprende desaciertos u omisiones de gravedad extrema.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

La Corte Suprema es el intérprete final de la Constitución. El ejercicio de esta función encuentra su cabal significado si se tiene en cuenta que aquélla no proclama como principio único la soberanía popular (Preámbulo y art. 33), sino que en la segunda parte del art.

19 y en el art. 29 consagra el principio del estado de derecho, otorgando primacía a la ley como regla general y objetiva por sobre la voluntad subjetiva de los gobernantes.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Constitución Nacional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BUZZALINO, HECTOR RAUL. c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-15

La competencia originaria de la Corte proviene de la Constitución Nacional y no es susceptible de restringirse o modificarse, siendo específicamente ajena a dicha competencia la demanda de amparo, lo que no autoriza a que por esa vía, se sustraiga a los jueces competentes del conocimiento de las causas que les incumben.
Apertura de cuenta corriente, domicilio constituido
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANKBOSTON   NATIONAL   ASSOCIATION c/ BARCESAT,  EDUARDO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

El domicilio constituído en la solicitud de apertura de una cuenta corriente no tiene los mismos efectos que el domicilio constituído ad litem. Cabe aclarar que el carácter de "especial" que la ley 24452: 3, asigna al domicilio registrado en el banco, está referido a los efectos legales derivados de la emisión del cheque. Cuando es ejecutado un saldo deudor en cuenta corriente bancaria, no corresponde la aplicación analógica de aquel régimen legal, pues entre otras razones la conformación del saldo deudor puede derivar de diversos negocios y no únicamente de cheques. Además, la cuenta corriente bancaria tiene un respaldo legal propiedad contenía en el ccom y en las circulares del banco central de la republica Argentina, diferente del de la ley mencionada. (sala d, 13.2.96, "the first national bank of Boston c/ ducrey, Oscar s/ ejec."; id, 28.5.90, "bco. de la pampa c/ andreni, Ricardo s/ ejec."; sala b, 20.4.95, "bco. del buen Ayre SA c/ alonso, marina s/ ejec."; id. 31.5.95, "the first national bank of Boston c/ Silva Gonzalez, Theresa s/ ejec.").
Concurso preventivo, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VICENTIN S.A. c/  s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-29

Cabe remarcar que la correcta y eficiente tramitación del concurso que aquí nos ocupa, interesa no sólo a la fallida y a sus acreedores, sino a la sociedad en su conjunto, puesto que se trata de una firma emblemática para la Provincia y para la Nación, que tiene una participación relevante en el mercado de granos, por lo cual la toma de decisiones acertadas, en tiempo y forma, es la mejor manera de brindar seguridad y transparencia a todos los involucradas y, a través de ello, incrementar la confianza en el Poder Judicial de Santa Fe. (Del voto del Dr. Gutiérrez)
Prescripción adquisitiva, prescripción veinteñal, plano de mensura
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez, Ramón Alfredo s/ Posesión  Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-05-15

El plano de mensura es un requisito imprescindible, no sólo porque individualiza y ubica el bien, sino que además determina la fracción sobre la que se ha ejercido la posesión, no puede pretenderse que el Juez declare derechos posesorios sobre una fracción cuyos límites y linderos no han sido señalados debidamente.

En razón del objeto de la demanda, el plano de mensura debe ser de fecha reciente a su presentación en el proceso, para una mayor seguridad jurídica y evitar, así, cualquier modificación en la fracción a usucapir; o su invalidez por motivos fundados.

La Dirección de Geodesia y Catastro señala como vigencia del mismo, para iniciar juicio por usucapión, ciento ochenta días, a partir de la fecha de visación.

Se trata de un rigorismo procesal la exigencia de la presentación del plano en forma para promover la acción.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ENLEIP, Alé s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1980-06-19

Si un testimonio decae en su validez, no puede adquirir el carácter de indicio y tampoco agregarse como elemento integrativo del concurso probatorio que posibilita el art. 256 del C.P.P. en su último párrafo. Pero ésto es solamente a condición de que sea exacto que ese testimonio no tenga validez, porque si de lo que en verdad se trata es de su valor probatorio, de la significación que tenga en orden al mérito asignado en un sistema de prueba tasada, dejando de lado el problema de su entidad como indicio que discurre por otros caminos, lo indisputable es que el mismo dispositivo legal citado permite hacer de dos testigos inhábiles cabeza del concurso que instrumenta, y que nada hay que se oponga a que, en los otros casos, entre los elementos que se agreguen se encuentre uno o más testigos inhábiles.-
Costas, costas al vencido, cosa juzgada, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: CANZANO DOMINGO c/ PODER JUDICIAL DE LA NACION s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

Si bien el vencimiento es el presupuesto para la imposición de las costas, no hace surgir por si mismo el derecho a ellas; es decir, no hay condena tácita (cfr. Fase-Yañez, código procesal comentado, t. I, pág. 415). En consecuencia, no habiendo un pronunciamiento expreso en materia de costas y a falta de interposición de los recursos previstos por el ordenamiento procesal para remediar dicha omisión, cabe interpretar que el silencio implicó un consentimiento a la falta de imposición de costas a la vencida (cfr. esta sala, doctrina de la causa 787/94 del 8.3.94). La solución opuesta, colocaría a su contraria en un estado de incertidumbre en cuanto a la parte que debe cargar con la obligación atinente a los costos del proceso, lo cual resulta inadmisible. En ese sentido, pretender suplir omisiones en cualquier momento ataca las bases mismas del sistema procesal, afectándose gravemente la garantía de la cosa juzgada y la estabilidad de las decisiones judiciales que, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional (Corte Suprema, voto en disidencia de los dres. Carrió y Caballero, fallos: 306:150).
Procesos de ejecución, apertura a prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ COCCIOLI, CARLOS ARTUROS/ s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

En un proceso ejecutivo, resulta improcedente denegar la apertura a prueba del mismo cuando, -como en el caso-, se verifica que su falta de concesión le impidió al ejecutado producir las medidas que, en la debida oportunidad procesal, ofreció a fin de sustentar la defensa de pago que opuso. En tal sentido cabe precisar, que no procede prescindir discrecionalmente de dicha etapa si ello conduce al menoscabo de la admisión de la verdad jurídica objetiva, concluyendo en desconocimiento de derechos de fondo o en soluciones notoriamente disvaliosas (Conf. Lugones, Narciso, "Recurso Extraordinario", pag. 307, ED. 1992). Ello implica que el juzgador debe determinar la verdad en sustancia por encima de los excesos rituales pues el logro de la justicia como valor fundamental en la actividad de aquel requiere que la misma sea entendida como lo que es, o sea una virtud al servicio de la verdad sustancial (CSJN., 7.10.76, "Bogado, Oscar", ED 70-172;

id. fallo 238:27; 238-550; 247-176, entre muchos otros), ya que lo contrario implicaría que la sentencia no sea la aplicación de la ley a los efectos del caso sino precisamente, la frustración ritual de la aplicación del derecho (fallos: 230-99; 243-84;

247-176; 254-311).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, escritos judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Politex Sociedad de Hecho c/ Let S.A. s/ Resolución de contrato. Daños y perjuicios Del Río, Luis y otro c/ Serra Lima, Martha s/ Cobro de australes. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26|1995-09-19

Analizar los escritos judiciales constituye -salvo absurdo- una cuestión propia de los jueces de las instancias ordinarias, principio que obviamente se extiende a los tribunales de apelación respecto a los escritos que sostienen los recursos.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Revestek S. A. c/ Banco Central de la República Argentina y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que, bajo la apariencia del reconocimiento de facultades que diversas normas atribuyen al Banco Central respecto de la regulación del mercado cambiario, de la determinación de la política del área y del ejercicio del poder de policía cambiario - al admitir desacertadamente la responsabilidad del Estado -, vació de contenido a las atribuciones que los demandados fundaron en tales normas de naturaleza federal.
Aplicación errónea de la ley, trabajadores rurales, daño moral, legislación rural
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Luís A. c/ Nieto Ortiz, Juan José - s/ beneficios laborales y acción de daño moral s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-09-18

Sin embargo, he de señalar respecto al vicio de errónea interpretación de las normas aplicables, que ha sido la pretensora la que invoca la aplicación del Estatuto del Trabajador Agrario ubicándose en la categoría profesional de "peón de campo", por lo que, en principio y dado que las actividades se habrían realizado fuera del ámbito urbano, en tareas que conforme los dichos de los testigos y lo reconocido por el actor se vinculan con la actividad agraria (art. 2°, ley 22.248), corresponde considerarlo bajo dicho encuadre. Comparto por ello, el criterio sostenido por el Sr. Procurador, en el sentido que será la ley N° 22.248 -Régimen Nacional de Trabajo Agrario- la norma que resulte aplicable, por lo que siendo este un régimen autónomo, opera a su respecto la exclusión absoluta que dispone el art. 2° L.C.T. en su inciso c), es decir, que las disposiciones del derecho común laboral no son aplicables a los trabajadores agrarios, por tratarse de un estatuto cerrado.- (Voto del Dr. Cáceres)
Declaración de inconstitucionalidad, relación de consumo, ejecución prendaria, ley de defensa del consumidor, Constitución Nacional
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rombo Compañía Financiera S.A. c/ Sánchez Luciano Emanuel s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-09-17

Corresponde modificar la sentencia, debiendo la actora adecuar la demanda al trámite de ejecución prendaria prevista en la misma norma, ello pues, conforme normativa aplicable, doctrina y jurisprudencia sobre la temática y compartiendo la solución a la que arribó la a quo, pero con un alcance parcialmente distinto, declarando en lugar de inaplicable a la relación de consumo el trámite previsto en el art. 39 del Decreto Ley 15348 ratificado por Ley 12962, su inconstitucionalidad -tal como fue ponderado por la Fiscal de Cámara-. El mencionado artículo 39 que permite al dador de un crédito fundado en una relación de consumo secuestrar el bien dado en garantía y rematarlo privadamente sin oír previamente al consumidor, implica una violación palmaria a sus derechos reconocidos por el art. 18 de la CN. Además, para dar una respuesta jurisdiccional razonable y adecuada, resulta imperioso ponderar que la relación jurídica en la que se funda la demanda se trata de un contrato de adhesión -el adherente está sometido a lo predispuesto por el oferente sin posibilidad de negociación-; lo que indefectiblemente limita la libertad del consumidor a convenir la cláusula que habilitó el sistema especial que dio lugar al secuestro prendario.

A mayor abundamiento, de lo expuesto resulta evidente que el secuestro prendario interpuesto por entidades financieras contra el consumidor en las operaciones financieras y de crédito para el consumo, no resiste el test de constitucionalidad y convencionalidad por cuanto resulta ostensiblemente violatorio de los arts. art. 18 y 42 de la CN; art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 9, 10 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); arts. 1, 2, 3, 4, 8 bis, 36, 37, 53, 65 ss. y cdtes. de la LDC, arts. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación.
Trabajadores de Luz y Fuerza, personal militar
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTAMANTE, ENSO OSCAR Y OTROS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

No corresponde el cobro de diferencias salariales por parte del personal militar que durante el último gobierno de facto cumplió funciones en empresas públicas, por lo que quedaban comprendidos directamente en materia remuneratoria en las prescripciones de la ley 21350, su modificatoria ley 22480 y decreto reglamentario de la primera, número 279/82, desde que a su ingreso al cargo optaron con entera libertad y conocimiento de causa por la posibilidad que les otorgaba el artículo 3 del decreto 278/58 (artículos 2 y 2 bis de la ley 22480) en el sentido de continuar percibiendo el haber de retiro militar dejando de hacerlo con la remuneración que le correspondiere en la empresa (conforme Sala IV, sentencia 53453 del 28 de febrero de 1985, "Bueno, Luis Angel y otros c/ SEGBA SA. s/ cobro de pesos").
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Leonor c/ Chab, Norberto Isaac y otros s/ Daños y perjuicios B., M. G. c/ T., C. A. s/ Divorcio. Medidas cautelares Del Río, Luis y otro c/ Serra Lima, Martha s/ Cobro de australes. Daños y perjuicios Maceiro, Rosa Beatriz c/ Clínica Pueyrredón y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21|1994-03-29|1995-09-19|1997-02-18

Las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia y aun aquéllas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas resultan ajenas a la instancia extraordinaria, desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente.
Accidentes de trabajo, tareas de altura, muerte del trabajador, obligaciones del empleador, responsabilidad del empleador, asegurador por riesgos del trabajo, relación de causalidad, responsabilidad subjetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Rivero, Mónica Elvira c/ Techo Técnica S.R.L s/ Accidente - Acción Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-18

El accidente de trabajo que ocasionó la muerte del trabajador se produjo con motivo de su caída de una escalera de 10 metros de altura cuando se encontraba reparando el techo de un galpón, perteneciente a una empresa de transporte, en cumplimiento de una orden del empleador. Los trabajadores expuestos a caídas desde altura, deben tener a disposición elementos de protección personal debidos por los empleadores en la ejecución de su deber de seguridad en los términos del art. 75 L.C.T. Su inobservancia, constituye la causa adecuada de la muerte del causante y responsabiliza a la empresa empleadora por las consecuencias inmediatas y mediatas.

En cuanto a la responsabilidad de la ART por el incumplimiento de sus obligaciones preventivas, cabe señalar que su omisión no incidió causalmente en el siniestro, pues su sola actividad no lo hubiera evitado y, por ello, no genera responsabilidad en el marco del art. 1074 del Código Civil. (Voto del Dr. Morando en mayoría).

(Sumario confeccionado por el S.A.I.J.)
Tercería de dominio, tercería de mejor derecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Horastell S. A. c/ Soc. Siria de Socorros Mutuos y otro s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

No obstante la improcedencia de promover una tercería de dominio fundada en un boleto de compraventa de un inmueble, deviene aplicable por vía analógica el art. 1185 bis del C.C. que prevé una situación de "mejor derecho", acudiendo válidamente para la calificación de la cuestión, al principio "iura novit curia".
Acción, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nievas, Luis N. c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

La acción contencioso administrativa sólo procede en relación a resoluciones administrativas que revisten la condición de definitivas (arts. 1 y 28 inc. 1 del C.P.C.A.). (En el caso, se desestimó la demanda en virtud de su inadmisibilidad, por ser evidente su carácter prematuro, en cuanto se impugnaban actos emanados de un órgano inferior de la administración -Director General de Administración y Subsecretario de Coordinación Técnica y Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad-, se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, se concedió el jerárquico y se le otorgó al actor el plazo de 48 horas para ampliar los fundamentos del mismo y se encontraba pendiente de resolución el referido remedio al momento de interponerse la acción). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho civil, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas, Italo Abel c/ Empresa Inei S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-12-13

El principio de reparación integral enunciado y contemplado en el plexo normativo del art. 1083 del Código Civil en concordancia con el art. 1069 del mismo cuerpo legal, ese daño moral corresponderá determinarlo teniendo en cuenta la lesión a los sentimientos, afección y tranquilidad anímica que afectó al actor como consecuencia del accidente, considerando justo y equitativo estimar- por estos puntales motivos.
Derecho administrativo, empleo público, diferencias salariales, docentes, adicionales de remuneración, declaración de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Mazza, Roberto Horacio y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Los decretos n° 1442/98, 260/03, 310/04, 483/05, 682/06 y 618/07, incorporan otro componente a tener en cuenta para fijar la retribución mensual de los docentes: el pago de una suma fija a cada agente por cada hora o cargo trabajado, según corresponda, el que se abonará en forma acumulativa hasta el tope previsto en la normativa (los topes están fijados en una suma determinada de dinero y se corresponden con las 32 o 34 horas cátedra trabajadas o, en su caso, los dos cargos ejercidos). Así, los referidos decretos son consecuentes con el fin de mejorar el salario del personal docente y se enmarcan en la normativa que regula tal retribución, la que no se constituye exclusivamente por la asignación por el cargo desempañado, sino también, por las disposiciones legales correspondientes a cada agente (inciso c del artículo 118 del Estatuto Docente). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).