Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-10


M., O.

Reg.: A y S t 208 p 467-469.

Santa Fe, 10 de agosto del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Defensor General de las Cámaras de Apelación de Rosario, a cargo de la defensa técnica del imputado O. M., contra la sentencia 340 del 8 de noviembre de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación de la ciudad de Rosario en autos "M., O. - Lesiones Culposas- (Expte. 1088/04)" (Expte. C.S.J. nro. 56, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó el auto 1141 del 14.05.2004 dictado por el Juez en lo Penal Correccional Número Tres de esa ciudad -que, a su turno, no hiciera lugar a la suspensión del juicio a prueba en el proceso que se le sigue a O. M. por el delito de lesiones culposas- (fs. 5/6).

En el memorial del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 7/15), el señor Defensor General de Cámaras, a cargo de la defensa técnica de M., sostuvo que la interpretación del artículo 76 bis efectuada en el auto impugnado no aparece como una aplicación razonada del derecho vigente, por cuanto es el producto de un excesivo apego a la letra de la ley, el cual en el caso concreto, conduce a un resultado a todas luces irracional.

Ello así - continuó diciendo- por cuanto que no puede admitirse como razonable que se excluya la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba a delitos en los cuales el autor actuó meramente con culpa, cuando se admite aquél para delitos dolosos, en los cuales se obró con intención deliberada de violar la ley.

Asimismo, sostuvo que una correcta interpretación del artículo en cuestión lleva necesariamente a concluir que los únicos supuestos a los que refiere el párrafo octavo del dispositivo legal -cuando excluye la "probation" para los delitos reprimidos con inhabilitación- son aquellos en los cuales la inhabilitación se prevé como pena exclusiva y no aquellos en los cuales está dispuesta en forma conjunta con la de prisión, como ocurre con los delitos culposos.

En abono de su postura, puso de resalto que numerosos Superiores Tribunales de Justicia del país se enrolan de tal posición, citando a tal fin decisiones del Superior Tribunal de Jujuy, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán, como así el voto en minoría del Ministro Vázquez en la causa "Gregorchuk" del más Alto Tribunal Nacional.

En definitiva, adujo que se ha demostrado la irracionalidad que se deriva en el caso concreto al aplicar la ley de manera literal, postulando que debe interpretarse el artículo analizado en el contexto jurídico en el cual se inserta -interpretación sistemática-, debe analizarse el contexto histórico en el cual fue sancionado -interpretación histórica-, deben evaluarse cuáles fueron los fines del instituto consagrado en la norma - interpretación teleológica-, a lo cual debe sumarse que en el presente caso, por tratarse de un proceso penal, resulta necesario interpretar la ley conforme al "principio in dubio pro reo".

La Sala a quo, mediante auto 15 del 10.02.2005 denegó la concesión del medio impugnatorio deducido (f. 21); tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 22/32).

2. Cabe señalar que, pese al loable esfuerzo desarrollado en su presentación directa, no pueden tenerse por debidamente desvirtuados los fundamentos brindados por la Sala en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, quedando así incumplida la carga que exige el artículo 8 de la ley 7055.

Por cierto, no logra rebatir en su presentación directa los argumentos explicitados en la denegatoria en torno tanto a la ausencia de autónoma fundamentación que exhibiría el memorial -por cuanto dijera que aquél "se dedica a reiterar los fundamentos de la interpretación que postula, sin recorrer todos y cada uno de los argumentos de la resolución que critica" (f. 21)- como así también en cuanto a la falta de configuración de una hipótesis de arbitrariedad, habiendo expresado el Tribunal en ese momento que el pronunciamiento "cuenta con argumentos que contestaron los del recurrente, y la diferente interpretación que se alude existente al aludir a los de su posición como los razonables y los contrarios como no razonables, patentiza una discrepancia sobre la interpretación del derecho común" (f. 21vto.).

En efecto, tal como advirtiera con acierto la Cámara, los cuestionamientos del impugnante tienen un neto corte interpretativo respecto de un precepto de derecho común, materia que por principio y, como reiteradamente lo tiene dicho esta Corte en consonancia con el criterio del más Alto Tribunal de la Nación, escapan a la órbita de los recursos extraordinarios, a menos que se demuestre arbitrariedad normativa, situación que, más allá de lo opinable, no acontece en la especie.

Es que, pese al énfasis puesto en sus postulaciones al respecto, lo cierto es que aquél reitera conceptos ya vertidos en torno al reproche que le ocasionara el criterio conforme al cual el Tribunal interpretara el artículo 76 bis del Código Penal -acompañando el temperamento del Juez Correccional- y derivara en la denegatoria de su solicitud del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, planteo éste que, como se apuntara, entraña indudablemente una cuestión de índole hermenéutica que por su propia naturaleza excede la órbita de la presente impugnación.

Quedan, pues, incólumes los fundamentos de la Alzada, en cuanto expresara que el artículo 76 bis es claro cuando en el párrafo octavo excluye de la posibilidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

En tal sentido, cabe destacar que los planteos esgrimidos por la defensa en torno a la supuesta distinción entre la situación de los delitos que prevén pena de inhabilitación exclusiva de los que la establecen de manera conjunta, fueron debidamente analizados por el Tribunal a quo, dejándose en claro que "La justificación de la suspensión por el interés en neutralizar la continuidad de la actividad en los delitos relacionados con la conducta imprudente, negligente o imperita, mediante la sentencia definitiva, está presente indistintamente en los casos de pena de inhabilitación exclusiva o conjunta, por lo que no se observa que pueda existir diferencias entre una y otra que habilite incluir a una de ellas y excluir sólo a otra" (f. 5vto.).

Lo propio sucedió con los argumentos del defensor centrados en que en estos casos, la sanción menor determina la exclusión y se permite en otros delitos más graves, lo que resultaba a su juicio irrazonable, habiendo puesto énfasis la Cámara en que "No es irracional, asimismo, que se excluya el beneficio de la suspensión para una pena de menor jerarquía, pues no tiene fundamento en la jerarquía sino en lo que neutraliza, que es propio de la inhabilitación..." (f. 6).

Y por último, ha de señalarse que la Alzada tuvo en cuenta los precedentes acompañados por el recurrente que avalaban su posición, pero respondiéndosele a ello que "tampoco obliga a la uniformidad de la interpretación de la ley en todos los tribunales del país, como lo pretende el recurrente como objeción que a su juicio invalida lo resuelto por el a-quo en contra de la jurisprudencia de algunos tribunales de otras provincias que, por otra parte, se aprecia minoritaria" (f. 6).

Siendo así, la tesis seguida por el Tribunal simplemente se inscribió en una de las posibles interpretaciones que, no obstante no conformar al impugnante, no aparece como grosera, absurda o irracional, por lo que el planteo queda reducido al desacuerdo de la recurrente para con el alcance atribuido al referido precepto, y sin que las alegaciones formuladas permitan tener por configurado un supuesto de excepción que autorice a apartarse del principio señalado y, como se anticipara, no puede dar cabida a la apertura de esta instancia excepcional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)