marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto a las ganancias, créditos personales, grupo económico, cuestiones de hecho y prueba, cuestión federal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Akapol S.A. (TF 20.985-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-03

Si se tuvo por probado que los préstamos otorgados por la actora estaban relacionados con el giro comercial de esa empresa y que le reportaron un beneficio, y ello no resulta revisable en la instancia del recurso extraordinario por remitir a la valoración de cuestiones de hecho y prueba, sería inoficioso detenerse a considerar los agravios relativos a la interpretación asignada al art. 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en el caso de operaciones realizadas entre sociedades vinculadas que conforman un mismo grupo económico ya que, aunque se los admitiera, no se alteraría el resultado del pleito, por lo cual la dicha cuestión federal no guarda relación directa e inmediata con la materia en litigio.
Error de prohibición, falta de prueba, absurdo, prisión, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Burgos Saucedo, Angel Gastón c/  s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-13

Debe descartarse la existencia de un error de prohibición pues no existen pruebas en el expediente que sustenten tal postura y sostenerla respecto de los hechos realizados, resulta un absurdo contrario a las más elementales reglas normativas, sociales y culturales.

La pena única de veintisiete años de prisión impuesta al recurrente no resulta contraria a derecho pues ella encuentra fundamento jurídico en la agravante genérica introducida en virtud de la sanción de la ley 23.077 que establece que: "El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentada en un medio cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional".

No es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas. (Dres. Figueroa, Hornos, Borinsky).
Recurso de reposición (procesal), daño irreparable, hechos nuevos, preclusión
Materia: ELECTORAL
Carátula: Devita, Graciela N. y otros s/ solicitan revocatoria de providencia del 15/05/12   denuncian (Unión Popular -O.N.-)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

La revocatoria interpuesta contra la decisión que rechazó la pretensión de agregar un escrito a dos expedientes con fundamento en que ello causaría un daño irreparable, es improcedente, pues el recurrente no solo pretende agregar un hecho nuevo y formular consideraciones sobre las cuestiones planteadas en los expedientes mencionados, sino modificar el objeto de la apelación interpuesta en una de las causas mencionada una vez agotada la oportunidad para expresar agravios, lo cual resulta claramente inadmisible por aplicación del instituto de la preclusión.
Cosa juzgada írrita, juez previniente, competencia por conexidad
Materia: LABORAL
Carátula: Compañía Láctea del Sur c/ Piana, Ricardo s/ Acción de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Cuando el objeto de la solicitud actoral consiste en su pretensión de invalidar las sentencias de primera y segunda instancia por considerar configurado un caso de "cosa juzgara írrita", la aptitud jurisdiccional le corresponde al órgano que intervino en la causa cuya revisión se pretende y no cabe admitir que lo allí decidido pueda ser revisado por este Tribunal, que no fue el que emitió el pronunciamiento y posee idéntica jerarquía institucional. Ello conforme doctrina elaborada respecto del art. 6 inc. 1° del CPCCN referida a la "perpetuatio iuridictionis" y a la naturaleza de una demanda que impone el análisis de una única relación. Si bien difieren los objetos de ambas causas, lo cierto es que la íntima vinculación entre las cuestiones planteadas y las debatidas en el proceso mencionado, pone en evidencia la conexidad existente entre ambos pleitos aconseja su elucidación por el mismo Tribunal. (conf. Dictamen del Fiscal General N° 46.032 del 21/4/08).
Contratos comerciales, resolución del contrato, precio indeterminado, intereses, actualización monetaria, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUSTIE, TOMAS  G c/ BRONSZTEIN, DANIEL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

En la medida en que se ha declarado la nulidad del contrato por la existencia de una falta inicial -en el caso, indeterminación del precio- el pago deviene indebido, por lo que las cosas deben volver al mismo estado en que se hallaban antes del acto anulado, con la consiguiente obligación de restituir (CCIV 1050 y 1052). En tal situación, y no habiéndose demostrado que el que percibió la suma fuera de mala fe, los intereses y la revigorización del capital solo pueden ser computados a partir de su mora, que cabe tener por configurada no al tiempo del pago sino del primer reclamo mediante el cual se pretendió dejar sin efecto la convención.
Notificación, domicilio legal, recursos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: GONZALEZ de PRIETO, Julia Elena c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

El domicilio legal subsiste a todos los efectos legales en tanto no se constituya uno nuevo (cfr. art. 21 dec. 1759/72 reglamentario de la ley 19.549 y art. 42 C.P.C.C.N.). En consecuencia, deberá desestimarse el recurso tendiente a invalidar una notificación aduciendo haberse realizado en un domicilio erróneo, si el escrito en el que consta el nuevo constituido fue presentado con fecha posterior al acto cuestionado.
Pena, registro de antecedentes
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Carlos Edelmiro s/ Robo agravado por el empleo de armas en grado de tentativa Tarifa, Juan Carlos y otro s/ Hurtos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17|1996-10-08

Si se entiende en forma absoluta la prohibición de informar prevista por el art. 51 del C.P. o lo que es lo mismo, que la excepción que contempla la norma no comprende el supuesto de ser necesario el antecedente para graduar la pena, o determinar si se encuentra o no en situación de ser condenado en modo condicional, los plazos y condiciones propios de cada instituto resultarían trastocados.
Sentencia absolutoria, competencia de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Duret , Alejandro Guillermo y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-28

La disidencia consideró que la Sala IV de la CFCP -en su anterior integración- luego de anular la absolución, debió reenviar las actuaciones a otro tribunal de juicio. (Dres. Gemignani -disidencia parcial-, Borinsky, Slokar -disidencia-).
Competencia de la Corte Suprema, competencia provincial, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Acosta, Oscar y otros c/ Frigorífico Meatex  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Las decisiones que son aptas para ser resueltas por la Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial supremo de la provincia.
Banco central, entidades financieras, querellante
Materia: PENAL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MONICA BENES Y BERNASCONI COOPERATIVA LIMITADA s/ ENTIDADES  FINANCIERAS  -  BANCO CENTRAL - PODER DE POLICIA - DELITOS  COMETIDOS EN LA INTERMEDIACION DE RECURSOS FINANCIEROS -   INTERPRETACION DE LA LEY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12

La comisión de delitos por quienes están habilitados para la intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros relacionados con el giro de la empresa autorizada y controlada por el Banco Central, no sólo perjudica al sujeto pasivo de los delitos de que se trate, sino que además importa una alteración de la confianza que deben merecer entre el público en general las operaciones del mercado financiero; y para asegurar la aptitud, solvencia y competitividad de las entidades que operan en éste, se ha investido al Banco Central de facultades entre las que se incluye la de asumir la calidad de querellante en los casos de delitos cometidos en ocasión de esas operaciones.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, competencia por conexidad, conexidad objetiva, Superior Tribunal de Justicia, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., O. A. s/ Conflicto negativo de competencia (Expte. CSJ N.  798-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

Conforme al criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relativo a la facultad de declarar la competencia del juez que realmente la tenga, aunque no haya sido parte en la contienda (Fallos 259:42; 318:183; 303: 1763; entre otros), corresponde en el caso sub examen, atribuirle el conocimiento de la causa al juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción Número 1 de la ciudad de Rafaela. En efecto, del modo que ha quedado trabado el conflicto entre los magistrados de esta Provincia surge, en los términos que prescribe el artículo 35 inciso 3 del Código Procesal Penal, la existencia de una conexidad objetiva entre los ilícitos cometidos en distintas jurisdicciones, -estafa (o su tentativa), robo-, que justifican la necesidad de procederse a la unificación del Tribunal. Dicho ello, por aplicación del artículo 36 del citado digesto, corresponde que entienda en la causa el juzgado del fuero rafaelino, que según las constancias de autos tiene intervención en la investigación del delito de robo, ya que conforme a la norma citada en cualquiera de los supuestos por ella contemplada, por corresponderle el juzgamiento del delito primeramente cometido, el que tiene pena más grave, ya por haber prevenido.
Proceso expropiatorio, contestación de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD c/ SUAREZ DE ROSSI, MARIA Y OTROS s/ EXPROPIACION - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-24

En materia expropiatoria y mediando razones de justicia, cabe prescindir de los términos de la litiscontestación.
Juicio de desalojo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Allevato, Eduardo Juan c/ Citro de Mareque, Graciela s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-09

Siendo el juicio de desalojo un procedimiento de naturaleza excepcional, incumbe al actor la carga de la prueba.
Recurso contencioso administrativo, demanda, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PELLEGRINET, DANTE CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 131-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-26

El artículo 39 de la ley 4106 refiere a la excepción oponible en caso de que se recurra vencido el plazo legal que la ley establece para deducir el recurso contencioso administrativo, y no otra causal de inadmisibilidad, cual es la relativa al correcto agotamiento de la vía administrativa; por lo demás, el Alto Cuerpo se encuentra habilitado a controlar ese aspecto, aun de oficio.
Compraventa inmobiliaria, prehorizontalidad, sociedades civiles, objeto social
Materia: CIVIL
Carátula: CIALE, RUBEN E. Y OTRA c/ BEJERMAN, JOSE Y OTROS s/ ENCUADRAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

La relación entre los promotores de venta de unidades de un edificio que luego incorporan a una sociedad civil a quienes sea presentaran con el fin de adquirirlas, y estructuraran un sistema por el cual en lugar de aparecer vendiendo se adjudicaban las unidades a esos interesados, evitándose así el régimen de prehorizontalidad, aunque en lo que hace a la naturaleza jurídica y alcance del negocio es un contrato de sociedad civil, no puede desconocerse que la intención de las partes no pudo ser otra que la compra de una unidad en construcción, pues éste era en realidad el objeto de aquella, lo que torna procedente la demanda tendiente a que la operación se adecue a las exigencias de la ley 19.724. También es posible el acogimiento de la pretensión, en virtud de la inoponibilidad de la forma societaria conforme a lo dispuesto por el art. 54, segunda parte, de la ley 19.550, que contiene principios generales aplicables a todas las sociedades, incluidas las civiles.

No debe confundirse el objeto de la sociedad, proclamado en su instrumento constitutivo -comprar un terreno y construir al costo o adjudicar viviendas a los socios- con el fin de la sociedad constituida. Desde la óptica en que se encuadra el art. 54 de la ley 19.550, que establece la inoponibilidad de la forma societaria, con principios aplicables a todas las sociedades, incluidas las civiles, y que responde a una ya larga elaboración iniciada por la doctrina del disregard y, vinculada a ella, la noción de inoponibilidad; el fin de la sociedad ha sido extrasocietario en tanto ha consistido en la realización de un negocio de carácter individual, como es la compraventa de una cosa futura con cada uno de los adquirentes, que en la instrumentación documental aparecen incorporándose como socios.
Revisión judicial, universidades, concursos docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Barriles,  Juan  Carlos c/ U.B.A. - Rsl 809/10 -F. Ingeniería Rsl3404/08 (Exp. 996.302/05)". s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

La evaluación judicial de lo actuado por las autoridades académicas en un concurso universitario comporta el ejercicio de potestades discrecionales, donde juega la pericia de sus integrantes, que, por principio, el juez no posee (conf. Sala I, "Luchini, María Christina c/U.B.A. - Resol. 4.620/05 (Expte. 1227795/98)", 04/02/10). Por esa razón, es necesario que -como principio- el juicio de dichos expertos sea sostenido en sede judicial, salvo ilegalidad o arbitrariedad.
Auto de elevación a juicio, notificación
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Figueroa,Rosa Estela s/ Estafa Reiterada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-14

Previo a la elevación de la causa a juicio, debe correrse una nueva notificación al defensor del imputado a los fines del art. 316 de la ley procesal actual, por lo que tal omisión implica una violación al derecho de defensa en los términos del art. 151 inc. 3º del rito, y que por poner en crisis una garantía de raigambre constitucional autoriza a declarar oficiosamente la nulidad de las actuaciones desde el momento que tal circunstancia se ha operado, esto es desde el Auto de Elevación a Juicio.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Spacarstel, Néstor A. c/ El Día S.A.I.C.F. s/ daño moral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-03

Cuando un órgano periodístico difunda una información que puede rozar la reputación de las personas, para eximirse de responsabilidad debe hacerlo atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito.
Empleo público, régimen disciplinario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tonarelli, Roberto Julio c/ U.B.A. - res. 330/94 s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-25

Conforme un criterio reiteradamente aplicado en las decisiones judiciales, la absolución en la jurisdicción penal -o el sobreseimiento provisional por falta de elementos probatorios como en este caso- no obliga a adoptar similar solución en jurisdicción contencioso administrativa.
Despido sin causa, indemnización por despido, falta de pago, mora del empleador, temeridad o malicia, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz, Emir René y otros c/ MADER VENT S.A. y/u otros s/ Acción común otros s/ Acción común
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-06-01

El art. 9 de la Ley 25.013 ha introducido una nueva figura legal, por la cual ante la falta de pago en término y sin causa justificada por el empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la L.C.T.

Este establece que en el caso en que se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y medio el que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida.

La norma dispone que en el caso de que un empleador despida sin causa a un dependiente, vencido el plazo legal para abonar las indemnizaciones correspondientes sin que ello se haya hecho efectivo, se presume que ésta conducta de incumplimiento de pago por parte del empleador tiene la condición de temeraria y maliciosa.

Vale decir, que para que el principal se libre de pagar los intereses fijados por el art. 275 de la L.C.T. deberá probar fehacientemente que su incumplimiento no responde a esas dos calificaciones sino a otras causas justificantes del mismo. Fundamento del Dr. Franco.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, incapacidad laboral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Valentín, Norma Beatriz contra Durisotti, Rodolfo y otros. Daños y perjuicios (causa n° 27.653/93) y Valentín, Norma Beatriz y G., J. C. contra Durisotti, Rodolfo y otros. Daños y perjuicios (causa n° 30.820/96). c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

Es absurdo el razonamiento del sentenciante que al determinar el quatum indemnizatorio de la incapacidad laboral derivada de la enfermedad contraída (HIV-Sida), considera la invalidez casi por completo desde el momento del contagio hasta el fallecimiento, cuando hay periodos que la enfermedad ha debido cursar de modo asintomático y es del caso suponer que la capacidad de trabajo de la actora se ha visto disminuida en cierta medida, pero no al punto de invalidarla, máxime si no obra prueba que acredite lo contrario.(doctor Genoud, sin disidencia)
Sentencia arbitraria, Ministerio Público Fiscal, intervención del Ministerio Público, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Fajardo, Silvina Magalí s/ secuestro prendario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

Es arbitraria la sentencia que omitió darle intervención previa al Ministerio Público Fiscal en tanto con ello el a quo dejó de lado las disposiciones legales aplicables (artículos 120 de la Constitución Nacional, 52 de la ley 24.240 y 2° inc. e y 31 de la ley 27.148), sin dar motivos valederos, lo cual descalifica su decisión como acto judicial válido.
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palermo, Oscar Alberto y ot. c/ Corporacion, Medica de Gral. Sarmiento y/u ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La pauta del artículo 23, parte segunda del Dec. Ley 8904/77, no puede ser aplicada sin más; debe ser interpretada en un adecuado marco de razonabilidad, en función de la condena que podría haber resultado de prosperar la demanda. No otra cosa es lo que ordena tener presente el artículo 16 del Dec. Ley 8904/77, en sus incisos a), e) y j) para la regulación de los emolumentos. Lo contrario puede llevar a situaciones de notoria injusticia. En el caso, el monto inicialmente reclamado ha sido sujeto "a lo que en más o en menos resulte de la prueba de autos"; vale decir, se previó que inclusive podría ser inferior a lo pretendido. Es de apreciar que aquí, la paciente es una criatura de corta edad, a cuyo respecto debe reflexionarse si resulta apropiado predicar la existencia de una incapacidad laboral o si la incapacidad sólo mide la pérdida de chance para desempeñarse en el futuro en ese mercado. El monto de la reparación -al que podría haberse condenado de prosperar la demanda- debería resultar del análisis de esa realidad. Por tanto, una vez establecida la cuantía del pleito en debida forma y no antes, podrá efectuarse la regulación y determinarse su justicia. (Cód. Proc., arts. 163 inc. 5°, 1068, 1069, 1083, 1086)
Contrato de obra pública, contratista, plazo, reservas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

Del análisis de las pautas temporales a que deben someterse los reclamos emergentes de la ejecución de la obra pública, se desprende que no es posible adoptar al respecto un criterio único para la determinación del momento en que el contratista debe hacer saber a la Administración su reclamo o disconformidad. Es así, que la definición de cuál es el momento oportuno para solicitar reclamos dependerá de la índole de lo que la contratista exige, pudiendo resultar que el aviso debe formularse en momento de recibir los certificados, o en el momento en que se debe proceder a la fundamentación de reservas hechas al recibir certificados -en las obras cuyos pliegos estatuyen un momento específico al efecto-, en el plazo previsto para cuestionar una orden de servicio, en el plazo que razonablemente pudo serle necesario para advertir una deficiencia del sistema contractual, o eventualmente en el momento de la certificación final -cuando, por ejemplo, el error en los certificados emitidos trasunta meramente una diferencia aritmética-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, enfermedad profesional, ley sobre riesgos del trabajo, carga de la prueba, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAGISTRIS, ANDREA VALERIA c/ JAN AGROPECUARIA S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Corresponde rechazar la queja interpuesta ya que, más allá de la aplicación del inciso 1 o 2 del artículo 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo -que refieren a accidentes o enfermedades profesionales, respectivamente, cubiertos por dicho régimen- la prueba de su vinculación con las tareas desarrolladas resultaba ineludible, incluso desde la perspectiva de una indemnización tarifada que, de todos modos, no fue demandada en autos, quedando inalterada la conclusión a la que arribaron los magistrados sobre que no hay una sola prueba tendiente a demostrar que fue el trabajo lo que ocasionó el óbito. REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 6, incisos 1 y 2.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAPORASO MARIO VICENTE c/ MORALES VARGAS SERGIO W. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Es principio recibido que debe probarse la existencia de cualquier daño (art. 1068 del C. Civil) y la privación de uso del automotor no escapa a dicha regla ni constituye un supuesto de daño in re ipsa, por lo que quien reclama por este rubro debe probar efectivamente que esa privación le ocasionó un perjuicio.-
Prueba, carga, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: MORALES HIDALGO JUAN BAUTISTA c/ HELLAS MAR  S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-12

La parte actora ha perdido el pleito por no haber probado los hechos que debió probar, ya que negada la vinculación obligacional con la demandada, la distribución de la carga probatoria se imponía a quien ha afirmado los hechos constitutivos de la pretensión.