Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-02-25


SENTENCIA NÚMERO: CINCO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil catorce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros, doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 104/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. René Fernando Contreras en causa Nº 088/2.013 - Zárate, Gaspar Edgardo s/ libertad condicional - Capital, en contra del Auto Nº 360/2.013 - Capital", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, y a consecuencia de ello, haber aplicado erróneamente el art. 13 del C.P.? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio Nº 360/13, dictado en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de una resolución judicial equiparable a sentencia definitiva en tanto la cuestión no es susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior; por lo que es formalmente admisible.

De acuerdo al resultado del sorteo efectuado a fs. 26, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 360/2013, el Juzgado de Ejecución Penal resolvió: "1) No hacer lugar a la libertad condicional solicitada por el condenado Gaspar Edgardo Zárate, atento lo señalado en los considerandos II y III (art. 13 del Código Penal ley 11179, art. 501 ss y cc del CPP y 28 ley 24660).".

II. Contra el decisorio aludido, comparece a fs. 1/3 el Dr. René Fernando Contreras del Pino, defensor del penado Gaspar Edgardo Zárate, e interpone recurso de casación -ampliado a fs. 19/25- esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1º y 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Denuncia, en primer término la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. En tal sentido, cuestiona los fundamentos dados por la Sra. Juez de Ejecución Penal en relación a la educación obligatoria, manifestando que la primera vez que se denegó el pedido de libertad condicional lo hizo basándose en que Zárate no había cumplido con la educación primaria y ahora, que ya terminó el ciclo mencionado -lo cual está acreditado fehacientemente-, exige que éste cumpla con el nivel secundario -requisito no solicitado a la mayoría de los internos a los que sí se les concedió el beneficio solicitado, enfatiza-.

Sostiene que el aspecto educativo no es determinante a los fines de la concesión del beneficio solicitado, enfatizando que lo que debe evaluarse, es la evolución de la condición de penado, que lo prepara para su reinserción social.

Luego de transcribir los diferentes informes emitidos por el Servicio Penitenciario Provincial, concluye que su defendido está en condiciones de obtener el beneficio solicitado por lo que, considera, la negativa del mismo se basó solamente en un requisito legal inexistente, como lo es la educación secundaria.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. Adelanto que los argumentos por los cuales el recurrente resiste la resolución atacada no pueden tener acogida favorable. Y es que, a diferencia de lo postulado por la defensa, la juez a quo ha brindado distintos fundamentos que avalan su decisión de denegar la libertad condicional solicitada; argumentos éstos que no condicen con las críticas invocadas por el recurrente; es decir, no han sido rebatidos por éste.

Digo ello, en razón de que el tribunal puntualmente resaltó que, de los informes obrantes a fs. 54/55, si bien surgen indudables indicadores de peso que permiten considerar que le asiste razón a la defensa en cuanto a que Zárate realizó tarea educativa durante veinticuatro (24) días en el ciclo lectivo 2011 y tres (3) meses y medio del ciclo lectivo del 2012, culminando el ciclo primario obligatorio; no obstante ello, valoró que dicho objetivo fue alcanzado debido a las reiteradas exhortaciones que le hizo el tribunal y que no fue más allá de la educación primaria, a pesar de la gran oferta educativa que existe en el penal, ya sea formal o no formal.

Esta apreciación del tribunal, no implica afirmar que se pretenda imponer a Zárate, la finalización del nivel secundario como requisito determinante para la concesión de la libertad solicitada, como insinúa la defensa.

En este orden de ideas, también cabe destacar que en el análisis de los requisitos de procedencia del instituto en cuestión, el tribunal puntualmente destacó que, si bien el requisito temporal que exige el art. 13 de la Ley 11.179 se encuentra cumplido, no ha ocurrido lo mismo en relación al segundo, valorando en forma negativa que Zárate no haya observado con regularidad las normas carcelarias. Como lo sostiene en juzgador, el interno no cumplió con las cláusulas compromisorias impuestas al incorporarlo al régimen de semilibertad. Desde septiembre del año 2010 hasta abril del año 2011, Zárate no asistió a su lugar de trabajo sino que lo hacía a su domicilio particular conforme lo constatado en autos y lo manifestado por el propio interno, lo que determinó la revocación del beneficio. También se constató que carecía de trabajo en el medio libre, y no comunicó tal circunstancia al tribunal ni al servicio penitenciario, optando por decisión propia, dirigirse a su domicilio vulnerando de este modo el nivel de confianza que el tribunal valoró al momento de incorporarlo al régimen de semilibertad. Sumado a ello, destacó que esto se condice con el diagnóstico psicológico, el que señala la proclividad del interno a la transgresión. Concluyó el juzgador que tales faltas a las cláusulas compromisorias, son equiparables al incumplimiento de las normas carcelarias, por lo que el segundo requisito exigido por la norma no se encuentra verificado, sin perjuicio del exiguo cumplimiento educativo, el que logró alcanzar luego de diez años.

Desde otro ángulo, también advirtió que en relación a la problemática sexual, el interno mostró compromiso con el abordaje de su problemática sexual, comparándolo con el informe de fecha veintisiete de junio del año dos mil once, en el que se advirtió un fuerte conflicto del interno con su esfera sexual y con el pasado que frenan su evolución, con indicadores de control de impulsos, mecanismos defensivos y justificación en sus respuestas. En razón de lo expuesto, el tribunal consideró necesario intensificar el abordaje de la problemática, argumentando que una problemática tan fuerte, con conflictos en el pasado del interno, debe ser afrontada con el grado de responsabilidad, compromiso y predisposición que este tipo de problemática requiere.

De los argumentos expuestos por el tribunal surge evidente que la denegación a la solicitud de libertad condicional se sustenta en el incumplimiento de las normas carcelarias (art. 13 ley 11.179 vigente al tiempo de la condena) y no en el incumplimiento del nivel secundario por parte del interno Zárate, conforme fundamenta la defensa. En efecto, la magistrada interviniente no ha ponderado, en el caso bajo examen, la culminación del ciclo educativo (nivel secundario) como determinante a los fines de la concesión del beneficio solicitado, sino que ha evaluado como dato objetivo y formal, lo que en definitiva propone el recurrente, y es justamente, si Zárate está preparado para su reinserción social, brindando sólidos argumentos de por qué estima que el interno mencionado aún no cumple con el segundo requisito impuesto en la normativa en cuestión (art. 13 C.P.).

Y es que, la ponderación del grado de adaptación del penado debe contemplar la capacidad del interno para observar las pautas de disciplina, los esfuerzos efectuados con relación a la educación y trabajo dada la importancia de estos factores para la readaptación y los progresos en el tratamiento penitenciario en especial enfocados hacia la perspectiva del egreso anticipado. Desde luego que, este abordaje debe realizarse contemplando las características de la conflictiva delictual, la individualidad del penado y de su contexto familiar y social.

En tal sentido, debe recordarse que "... No es exclusivamente la adaptación del interno a la vida carcelaria lo que califica para gozar de la libertad condicional, ya que se espera que aquélla sólo sea un período de tránsito hacia su vida en libertad, sino también, su potencial adaptación al medio social ya que allí es donde irá una vez concedido el beneficio. Para ello no solamente debe tenerse en cuenta la observancia por parte del recluso de los reglamentos internos sino que es fundamental ponderar su actitud personal positiva para volver a la comunidad... "(Edgardo Donna, Javier Esteban De La Fuente, María Cecilia I. Maiza, Roxana Gabriela Piña; "El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia", Rubinzal Culzoni Editores, 2005, t. I., p. 109).

En definitiva, observo que la resolución recurrida se apoya en razones objetivas que sustentan el pronóstico negativo de reinserción social que habilitan, en consecuencia, la denegación de la libertad condicional.

Por lo expuesto, concluyo que la Juez de Ejecución Penal ha examinado suficientemente todas las informaciones disponibles relevantes para decidir la petición de libertad condicional, y no encuentro defecto ni fáctico ni jurídico en sus valoraciones.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto en su totalidad los fundamentos expuestos por el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a los mismos, votando en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/03 y ampliado a fs. 19/25, por el Dr. René Fernando Contreras del Pino, en su carácter de asistente técnico del imputado Gaspar Edgardo Zárate. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del recurso federal y el del contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto en su totalidad la solución propuesta por el señor Ministro preopinante. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/03 y ampliado a fs. 19/25, por el Dr. René Fernando Contreras del Pino, en su carácter de asistente técnico del imputado Gaspar Edgardo Zárate.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del recurso federal y el del contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.