marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, in dubio pro reo, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Franco, Fernando Gabriel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-23

Los elementos probatorios existentes no alcanzan para tener por excluida la finalidad de consumo personal, toda vez que, si bien con el total de la cantidad hallada quedarían conformadas 21,5 dosis umbrales, del informe pericial surge que ningún envoltorio superó los 0,08 grs y sólo 6 de ellos alcanzan la dosis umbral, por lo que se pone bajo cuestionamiento la finalidad de la conducta del imputado, y considerando que el elemento subjetivo no puede probarse, la calificación atribuida al hecho es la descripta en el art. 14, 2° párrafo de la ley 23.737 -tenencia para consumo personal-. El voto concurrente expresó que corresponde declarar mal concedido el recurso pues el recurrente pretende someter a una segunda revisión, cuestiones de hecho y prueba no comprendidas en los motivos del art. 456 del CPPN. Además, señaló que los obstáculos a la admisibilidad no pueden ser superados por la doctrina establecida por la CSJN en "Casal" pues esa doctrina, elaborada respecto de casos en que se trataba de la primera pretensión recursiva del condenado contra una sentencia de condena, no puede extenderse también al caso que se trataba del Ministerio Público Fiscal que recurre un sobreseimiento. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -según su voto-).
Instrumentos privados, reconocimiento de firma, formulario preimpreso
Materia: CIVIL
Carátula: GHIRAY PROPIEDADES S.A. c/ CARREÑO RODRIGUEZ WENCESLAO Y OTRO s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-04

Cuando el instrumento privado se extiende en un formulario, su "cuerpo" sólo está constituido por el texto impreso y los claros debidamente llenados (conf. Salas, "Código Civil anotado" t. 1, p.

508, coment. art. 1028) jurisprudencia citada en la nota 3). De ahí, que aunque no se hubiese previsto un espacio para consignar la fecha, el reconocimiento de las firmas no pudo involucrar, en virtud de aquella extensión legal, a la atestación referida a una data colocada en el margen superior, fuera del encuadre gráfico que poseía el formulario.

Pero el hecho de no aceptarse la presunta autenticidad que impone aquella norma, no obsta negarle convicción a los distintos medios probatorios que evidencian que la empresa dedicada al corretaje inmobiliario estaba habilitada para cumplir tal sometido durante el lapso de cuarenta y cinco días a partir de la controvertida fecha colocada en el margen del documento.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, delitos, tipo penal, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley, arma descargada, simulada o defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Si concebimos al vocablo "arma" como elemento meramente descriptivo que remite al concepto que acerca de él existe fuera del mundo jurídico, habremos de admitir inicialmente un considerable grado de "normatización" en su definición; porque en un ida y vuelta son los aspectos técnicos los que condicionan el tenor de las leyes que abordan temas técnicos, pero también es la regulación jurídica la que incide directamente en la conformación de la acepción vulgar del término. No puedo compartir el argumento de que el significado literal posible del término arma específicamente referido a las de fuego- sea diferente al que, como acabamos de ver, brindan las leyes específicas sobre la materia en este más superficial plano de conocimiento que implica definir si un arma descargada o con defecto de funcionamiento es o no un arma de fuego. Creo que la postura contraria dialécticamente está haciendo una afirmación dogmática, atribuyendo una hipotética extensión analógica del tipo que supuestamente afectaría los principios de culpabilidad y legalidad, la que resulta alejada de una realidad empíricamente constatable. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Juicio de desalojo, conservación del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Perez Maria De Los Angeles c/ Pradal Nelida Yolanda s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-10-31

Para que sea procedente la acción por desalojo, en la cual se ejercita una acción de carácter personal, es carga del actor demandante demostrar la precariedad de la ocupación ejercida por el accionado; más en el caso, que el accionado invoca la posesión "animus domini", es a este a quien corresponde la prueba de los hechos en base a los cuales argumenta su defensa.
Recurso de apelación (procesal), caducidad de instancia, juicio ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fisco de La Pcia. de Cba. c/ Castro Ricardo Gerardo y otro s/ ejecutivo fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-27

Debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó el incidente de perención de instancia planteado en un proceso ejecutivo, dado que, este tribunal no comparte el criterio utilizado por el a quo que sigue lo sostenido por el Superior Tribunal de Justicia provincial, referente a que resulta aplicable el art. 361 inc. 2) del CPCC de la Provincia de Córdoba que supone la apelabilidad autónoma e inmediata de esta categoría de resoluciones, pues tal postura lejos de contribuir a la economía procesal y a otorgar al trámite una salida rápida, sencilla, eficaz y práctica, termina por resultar contrario a la celeridad y lleva el trámite a su desnaturalización con grandes demoras hasta la sentencia.
Reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, valor justicia, seguridad jurídica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Sidoti, Tindaro c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-18

Cuando el beneficio del accionante fue otorgado bajo un régimen legal distinto de aquel que se descalifica en el fallo, no puede soslayarse la incongruencia en que incurrió el a quo al suministrar criterios para el recálculo del haber y movilidad aplicables (en el caso, el actor obtuvo la jubilación al amparo de la ley 24.241 y la sentencia de la anterior instancia basó su decisión en la ley 18.037). Ello así, puesto que de otro modo se vería afectado el principio de seguridad jurídica y el valor justicia, pilares sobre los cuales debe asentarse de modo imperativo la resolución judicial de los conflictos.
Policía, sumario administrativo, acto administrativo, desviación de poder
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gudiño, Oscar Juan Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 436-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-27

El mero hecho de que el recurrente haya sido consecutivamente sometido a dos sumarios administrativos, no puede ser considerado sin más indicativo de la persecución invocada, máxime si -como en el caso- en el primero de ellos se hizo lugar al recurso de revisión de causa, sustituyéndose una sanción expulsiva por una de diez días de arresto. Por lo demás, de las actuaciones administrativas y judiciales no surgen elementos suficientes que demuestren que la Administración, al disponer la destitución del actor, haya ejercido sus potestades para satisfacer un fin distinto al que las justifica, ni que el mismo respondiera al ánimo de perjudicar al agente y tal intención no corresponde sea presumida, al menos en las circunstancias del caso, en el que no se aportaron elementos conducentes, que, puestos en relación, permitan inferir la persecución de un fin desviado.
Competencia, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Baquela José L. y otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-11

La promoción de la demanda ante el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, implica de hecho el ejercicio de la opción que, a favor de la actora, estatuye la ley 10571, art. 3 inc. 6 entre ése y el Juzgado de Paz Letrado. Receptado el pedido y consentido ello por el ejecutante, la alteración de la jurisdicción a favor del último que pretende introducirse antes de la traba de la litis, en orden a evitar un planteo de incompetencia y el potencial riesgo de costas, es improcedente, sin perjuicio de que se recurra a la prerrogativa que el propio ordenamiento procesal brinda para dar finiquito al proceso. (Minoría u opinión personal)
Empresas del Estado, privatizaciones, indemnización por despido, plazo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, NICOLAS Y OTROS c/ FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-31

El artículo 20 de la ley 22177, en cuanto fija un plazo de 30 días para el pago de las indemnizaciones por despido y sustitutiva del preaviso a los trabajadores cuyos contratos resulten extinguidos en virtud de las medidas adoptadas por el estado, no vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, pues implica un igual tratamiento para quienes se encuentran en la misma situación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Lantin, Ramón Delmiro c/ Peldaño  S.R.L.  y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Es arbitraria la sentencia que frente a una demanda fundada en el art. 1113 del Código Civil, omitió realizar una ponderación razonada del grado de incidencia que pudo tener la tarea desempeñada por el actor respecto de la afección sufrida, pues es propio de la naturaleza del trabajo físico una relación necesaria con las cosas.
Despido, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Ricardo  c/ Tudda, Liliana Beatriz s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

El art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial se quebranta sólo cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, ha impuesto a una parte la obligación de probar hechos que correspondían a la otra.
Pena, principio de insignificancia
Materia: PENAL
Carátula: PEZZOLO, JOSE RAFAEL ARAUJO, ROBERTO s/ TENTATIVA DE HURTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-28

La insignificancia del hecho en relación con el peligro sufrido por el bien jurídico tutelado, cuyo escasísimo valor se manifiesta a través de distintas probanzas, deben conducir a la impunidad del encartado ya que la punción de levísimos ataques al bien jurídico, aparece como una reacción desmedida del Estado frente a un estímulo nimio, lo que, por tal razón, no satisface el fin de individual que toda pena procura.
Incapaces de hecho, menores, responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: V., S.A. y V.Y. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-17

Dada su condición jurídica, los 'menores de edad' se encuentran adscriptos a relaciones jurídicas de autoridad con respecto a sus padres, las cuales se encuentran reguladas por la ley e integradas en la institución 'patria potestad', entendida -según versa el art. 264 del Código Civil- como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, para su protección y formación integral.
Leasing, leasing inmobiliario, rescisión del contrato, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, juicio sumarísimo, juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO TORNQUIST SA c/ ARGENCRAFT SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

Procede la acción sumarísima deducida por una entidad bancaria, a fin de obtener el desalojo y la restitución de un inmueble en los términos de la ley 24.441, art. 34, inc. a), si -como en el caso- se verifica que: a) la tomadora no contestó la carta documento que le fuera remitida por el pretensor, por medio de la cual la había intimado para que dentro de las 72 horas abone el saldo deudor de la cuenta corriente abierta para efectuar el débito de los cánones mensuales, bajo apercibimiento de dar por rescindido el contrato de leasing inmobiliario que los vinculaba y de exigir la citada restitución de la finca locada, y b) ante la referida incontestación, el banco actor remitió otra carta documento por la que comunicó la resolución contractual y, fijó un plazo de 48 horas para que se le restituya el inmueble objeto del pacto, sin que tampoco medie contestación por parte de la reclamada de esta segunda misiva. Ello así, en la situación descripta, no puede sino reputarse que la tomadora aceptó la resolución del contrato decidida y comunicada por el dador por medios fehacientes.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORONEL, RENE ORLANDO c/ GIMENEZ, MARIA DE LA CRUZ Y/O SUCESORES s/ PRESCRIPCION VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-21

La existencia de relación de mediería de los testigos con el actor, no es obstáculo para que las declaraciones testimoniales sean tenidas como verdaderas, ya que es muy común en la zona rural este tipo de relación entre los vecinos. Máxime al ser testimonios coincidentes, y además son, deponentes que tuvieron una intervención personal y directa en los actos posesorios que el actor denuncia, o sea fueron ellos quienes tuvieron la experiencia fáctica de realizar las construcciones en el inmueble en cuestión, mejoras que fueron corroboradas por las otras pruebas.
Locación, fianza
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ugolini, Julio c/ Santana, Roberto Arístides y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

Cuando las partes han suscripto un nuevo convenio locativo sin la participación del anterior fiador, acordando un nuevo precio y otro plazo de vigencia de locación, la fianza concluyó. Esta última no puede extenderse a las nuevas obligaciones contraídas en el contrato posterior. Es que, si la estipulación por la que se constituyó fiador hace referencia a las obligaciones que en ese momento contrae el afianzado, sin extender a las que contraiga en el futuro, el afianzamiento de éstas debe nacer de un nuevo contrato, en razón de que el fiador no puede obligarse a más que el deudor principal.
Hurto impropio, tareas de inteligencia, línea telefónica
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Javier Ezequiel y otros y ALLEGUE, Jonathan Héctor y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

El entrecruzamiento de datos recabados a partir de las tareas de inteligencia llevadas a cabo por la Unidad Especial Antisecuestros, sumado al análisis objetivo del contenido de las conversaciones, dan acabada cuenta que las líneas telefónicas atribuidas a los encartados efectivamente se corresponden con ellos.

El delito previsto en el art. 277 CP no es una forma de participación en un apoderamiento ilegitimo sino un ilícito autónomo que se comete mediando -como presupuesto- un delito ya consumado: el previo desapoderamiento cometido por otra persona.
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, delito de comisión, incrementos patrimoniales no justificados, requerimiento a funcionarios públicos, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-09

El debido requerimiento de justificación establecido en el art. 268, 2° del Código Penal, no resulta violatorio de la garantía que establece la prohibición de ser obligado a declarar contra sí mismo -artículo 18 de la Constitución Nacional-, en el caso en que el hecho de justificar implique para el imputado autoincriminarse, porque también le asistirá el derecho a negarse a hacerlo y esa negativa no podrá ser ponderada en su contra como prueba del delito, pues le está garantizada constitucionalmente.
Medidas cautelares, medida de no innovar, interpretación restrictiva, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Mercedes Benz Argentina S.A. -incidente- c/ Fisco Nacional (DGI) s/ D.G.I..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La aplicación del principio de validez de los actos de los poderes públicos -que trae como consecuencia la adopción de un criterio más estricto para apreciar la existencia de la verosimilitud del derecho invocado como fundamento- requiere que quien solicita la medida de no innovar demuestre, prima facie, la ilegitimidad del acto recurrido o la violación del orden jurídico, para hacer caer dicha presunción. Ello se debe a que, si bien en las medidas cautelares en general no se requiere una prueba acabada de la verosimilitud del derecho invocado por quien la pide, ello debe ser compatibilizado con un principio de tanta trascendencia como el mencionado.
Obligación tributaria, desistimiento
Materia: LABORAL
Carátula: DR. GIL EDUARDO s/ PEDIDO DE AVOCAMIENTO EN CAUSAS: CORONEL VICENTE OMAR, JIMENEZ  WALTER DARIO Y OTRO C/ CURI HNOS. S/ CONCURSO DRES. BARRERA MARTINEZ M. A. Y ATIA PABLO s/ PEDIDO DE AVOCAMIENTO DRES. BARRERA MARTINEZ M. A. Y ATIA PABLO s/ PEDIDO DE AVOCAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-07-02|2001-09-18

Las disposiciones sobre los efectos del desistimiento deben interpretarse en armonía con las normas que regulan las obligaciones fiscales... ya que no puede archivarse el expediente sin previa certificación por el secretario de no adeudarse tasa judicial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Errónea apreciación de la prueba, contrato de obra, compraventa mercantil, clasificación de los contratos
Materia: CIVIL
Carátula: NO.RU.ZI. S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-11-23

Cuando el objeto es una cosa a fabricarse o construirse; existe locación de obra y no compraventa, cuando se fabrica para un sólo cliente o conforme a las indicaciones del cliente, es decir cuando no se trata de una fabricación en serie. Existe errónea apreciación de la prueba, en cuanto al encuadre jurídico de la relación sustancial existente entre las partes del juicio, cuando se concluye que se trata de una compraventa mercantil y no de una locación de obra; consistente en las facturas obrantes en autos y oficios al Instituto Provincial de la Vivienda, de los que surge claramente, que la carpintería no era standard, sino que respondía a especificaciones técnicas de pliegos de condiciones. De ello se sigue que la verdadera calificación del contrato que ligó a las partes era de una locación de obra y no una compraventa mercantil.
Fuero de atracción, seguros, liquidación del asegurador, citación en garantía, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Unión Mercantil Cía. de Segs. c/ Transportes Pampeano  S.A. s/ Cobro de 2.784,47 Bonex Serie 1982
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-14

Si bien esta Cámara ha señalado que la situación falencial de la aseguradora llamada a juicio únicamente por parte de la demandada, como principio, no justifica por sí sólo la remisión del expediente al tribunal donde está radicado el juicio de quiebra (o de la liquidación sustitutiva), dado que, en tal caso, no se está estrictamente en presencia de una acción contra el fallido a cuyo respecto tampoco resulta posible afirmar que se encuentra en el litigio en condición de demandado, tal solución colisiona abiertamente con la doctrina que sobre el tema estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Arcadia Cía. Arg. de Seguros S.A. c/Hesslegrave, Carlos F.", del 22/5/86, en donde se ocupó de señalar que tanto la citación en garantía del asegurador hecha por el damnificado como la realizada por el propio asegurado en los términos del art. 118 de la Ley 17.418, tienen idénticos efectos (desde que la sentencia también hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él por el asegurado, en la medida del seguro), por lo que, aun en éste último supuesto, constituye una acción judicial contra aquél que - por su contenido patrimonial - se ve comprendida en el fuero de atracción establecido en el art. 136 de la Ley 19.551.
Beneficios previsionales, anulabilidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Godoy, Antonio Hugo c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ Ordinario - cobro de haberes - Instituto Provincial de Previsión Social c/ Godoy, Antonio Hugo s/ Demanda de nulidad y restitución de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-05-27

Sabido es que los efectos de declarar la anulabilidad de un acto son ex nunc, es decir, se producen a partir del momento de su declaración. Sin embargo, como consecuencia del carácter declarativo de la sentencia, sus efectos se proyectan hacia el pasado, porque el transcurso del tiempo durante la tramitación del juicio, no debe perjudicar a quien tenía derecho, sino a quien obligó al litigio para reconocerlo, y especialmente en lo que hace a la sentencia de lesividad que es constitutiva, cabe concluir, con Palacio, que hay sentencias de declaración constitutiva que retrotraen sus efectos al día de notificación de la demanda. Luego de notificada la demanda, el actor sabía del cuestionamiento a sus haberes jubilatorios, por lo que las diferencias que surgen entre lo que percibió en mas no pueden reputarse de buena fe (del voto del Dr. Hutchinson, por la mayoría).
Procedimiento administrativo, Ente Nacional Regulador del Gas, prueba, ampliación de la prueba, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gas Natural Ban S.A. c/ Resolución 506/97 -Enargas (Expte. 3221/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-18

El Tribunal predica -a fin de equilibrar el derecho de ofrecer prueba-, en el caso, otorgar un plazo de cinco (5) días desde la notificación de esta resolución para que la parte actora pueda ejercer la facultad de ampliar la prueba oportunamente ofrecida (conf. art. 486 del C.P.C.C.N.). (Consid. III).
Licitación pública, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gabelco S.A. c/ Corporación de Fomento del Chubut -Corfo-Chubut- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-12-01

El pliego de bases y condiciones constituye o forma parte del contrato, y son fuente principal de los derechos y obligaciones de la Administración y de los contratantes, llegándose a decir que son la ley del contrato.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-31

El efecto práctico de la presunción de denegación de lo solicitado por el administrado que se produce ante el silencio de la Administración Pública, es dar la posibilidad de ejercer la facultad de deducir la acción en sede judicial sin esperar un pronunciamiento expreso de la administración. Tal es el sentido en el que el Superior Tribunal interpreta el art. 4 de la Ley Nº 2297.