Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25


SENT Nro. 270 San Miguel de Tucumán, 25 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Cruz, Pedro Segundo vs. Provincia de Tucumán s/Cobro ejecutivo", en el que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para entender en la presente causa; y C O N S I D E R A N D O :

Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente causa, a fin de examinar la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para entender en la misma.

En autos se promueve juicio ejecutivo contra el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán por cobro de Bonos del Tesoro Provincial "Independencia", Ley 6183.

1.- Que teniendo en cuenta que se demanda a la Provincia de Tucumán, se configura en el caso el supuesto previsto por el art. 50, apdo. I, inc. a) de la LOPJ, que atribuye competencia originaria a este Tribunal para conocer en todas la causas en que la Provincia sea demandada por su articulación en el ámbito del derecho privado, así se declara.

2.- Que de los términos de la demanda, surge que como medida previa a la ejecución, el accionante plantea la inconstitucionalidad de normas y decretos vinculados a los títulos que se pretenden ejecutar (fs. 20/26). Al respecto cabe señalar que, en la estructura del proceso ejecutivo no se encuentra previsto, ni es posible incoar un procedimiento previo de inconstitucionalidad, por lo que no que no corresponde su tratamiento en la presente causa.

3.- Analizando la documentación en que se sustenta la ejecución, debe concluirse que la misma no reúne los requisitos de título ejecutivo exigidos por el art. 500 y 501 CPCC, habida cuenta de que la vía procesal elegida debe contar con autonomía propia de la pretensión ejecutiva, la que reside en su cualidad abstracta respecto al crédito que da razón de ser a ese título.

Para ello es necesario que tengan los presupuestos sustanciales que le den la calidad de título ejecutivo, como ser: a) Legitimación sustancial, b) Obligación dineraria; c) Obligación exigible, y d) Cantidad líquida o fácilmente liquidable. (Carlos Eduardo Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", T 3°, pág. 10/13).

En la especie uno de los requisitos esenciales, concretamente la exigibilidad del título, está ausente.

En efecto, carece de título ejecutivo la documentación adjunta con la demanda, en razón de la normativa alegada de inconstitucionalidad y con vinculación directa a dichos títulos, que suspenden la exigibilidad del pago, siendo la más reciente: Ley Provincial nro. 7202 (B.O. 22/4/2002), que prorroga por 180 días el plazo establecido en el Decreto 3515/3 (ME), ratificado por ley 7180, que convalida lo actuado en virtud del decreto 365/3 M.E. (B.O. 22/4/2002), en cuanto prorroga por un período de 180 días corridos, o hasta tanto se concrete la renegociación de los Títulos Independencia, Independencia Argentina o Bonos Solidarios, en todas sus series en función al acuerdo Nación- Provincia de fecha 27 de Febrero de 2002. A su vez el decreto de necesidad y urgencia nro. 1700/3 (M.E.) del 06/9/2002 (B.O. 8/10/2002), dispuso una nueva prórroga a la suspensión de los pagos ordenada originariamente por el decreto 3515/3 por un período de 180 días, o hasta que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en virtud de la instrucción del Decreto Nacional nro. 1579/2002 asuma las deudas provinciales implementadas en la forma de Títulos Públicos y Ley nro. 7237 (B.O. 25/10/2002), que en su art. 1°, amplía por el término de 180 días el plazo establecido por la ley 7202, ampliación que consigna, será por el período indicado precedentemente o hasta que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en virtud de dispuesto en el Decreto Nacional nro. 1579, asuma las deudas provinciales implementadas en la forma de Títulos Públicos. De todo lo expuesto corresponde, no dar curso a la presente ejecución.

Por ello, oído al señor Ministro Fiscal y encontrándose excusado el señor vocal doctor Alberto José Brito, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para entender en la presente causa.

II.- AL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD incoado: no corresponde su tratamiento atento a lo considerado.

III.-A LA ACCION EJECUTIVA: no corresponde dar curso a la misma, conforme a lo considerado precedentemente.

IV.-OPORTUNAMENTE, archívese la presente causa.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana:

1.- Viene la presente causa, a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, por la competencia para actuar en los autos del rubro.

En autos, el actor promueve demanda ejecutiva, por ser portador de los bonos del Tesoro de la Provincia de Tucumán Independencia, conforme ley 6183, serie 2, láminas 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709 y 4710. Expresa que los servicios trimestrales de renta que estos títulos devengan no han sido abonados desde el 15/02/2002 hasta la fecha, encontrándose impagos los servicios correspondientes a los cupones 33, 34 y 35 de cada lámina, por un valor de U$S 25 cada cupón, lo que totaliza un monto de U$S 750. En el marco de la ejecución promovida, peticiona que con carácter previo, se declare la inconstitucionalidad de las normas que disponen la conversión de las obligaciones del sector público nacional, provincial y municipal fijadas en dólares, a pesos $1,40 por cada U$S (dto. 471/2002); como así también, las que ordenan la suspensión de los pagos de los servicios de los títulos de la deuda emitidos por la Provincia (dto. 3515/3 ratificado por ley provincial 7180; ley 7202, dto. 1700/3 y la ley 6974).

2.- De los términos de la pretensión articulada -a la que corresponde ceñirse para determinar la competencia del Tribunal- se desprende que la acción ejecutiva tiene como base títulos públicos emitidos por la Provincia de Tucumán para hacer frente a la deuda oportunamente consolidada, cuyo cobro se persigue, previa declaración de inconstitucionalidad de las normas que se refieren a su modalidad de pago y su suspensión; todas ellas de naturaleza administrativa.

Los fundamentos expuestos permiten advertir que no se ha configurado en la especie el supuesto previsto en el inc. a) ap. I del art. 50 de la LOPJ, según el cual esta Corte de Justicia es competente para conocer y resolver originaria y exclusivamente, sino que el caso queda aprehendido en la normativa del art. 57 del mismo texto legal citado, que atribuye competencia material a la Cámara Contencioso Administrativa en las causas en las que el acto o hecho jurídico constitutivo de la acción sea de naturaleza administrativa. La norma del art. 57 LOPJ efectúa una atribución de competencia en razón de la materia; la cual es improrrogable y susceptible de pronunciamiento de oficio al respecto, por el órgano judicial hasta el momento de dictar el pronunciamiento definitivo (cfr. arts. 3, 4, 6, y 13 y cc del CPCC).

3.- Conforme a ello, y resultando competente para entender en el sub lite la Cámara en lo Contencioso Administrativo debe remitirse la causa a dicho Tribunal, para que la continúe según su estado.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA