Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100451 SALA II Expediente Nro.:25.038/06 (Juzg. Nº 6) AUTOS: "TELLO LAURA NORMA C/ BARONE FAVIO DAVID Y OTROS S/ COBRO DE SUMAS DE DINERO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 27/4/12	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia extendió la condena dictada contra Roca y Asociados SRL en las actuaciones caratuladas "Tello, Laura N. C/Roca y Asociados SRL y otro s/despido, Expte. Nº 17.502/01 del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 6 a los codemandados en estos autos, Antonio Gervasio Sánchez Elía, Andrés Facundo Caro, Fernando Agustín Rovaletti, Cintia Carolina Ostrofsky y contra Luis Antonio Maraciotola. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la codemandada Cintia Carolina Ostrofsky y los codemandados José Antonio Gervasio Sánchez Elía y Luis Antonio Maraciotola (fs. 760/764 y fs. 766/775), en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios.

Al fundamentar el recurso, la codemandada Ostrofsky se agravia porque la a quo la consideró solidariamente responsable por la condena dictada contra Roca y Asociados SRL en las actuaciones antes mencionadas, sin considerar, a su modo de ver, que las cuestiones aquí debatidas ya habían sido ventiladas en una causa anterior y, por lo tanto, deben considerarse extinguidas por el efecto de cosa juzgada. Los codemandados Sánchez Elía y Maraciotola se quejan porque la judicante los consideró solidariamente responsables por la condena dictada contra Roca y Asociados SRL en las actuaciones mencionadas sin considerar, a su juicio, que si bien se había condenado en dicha causa a la sociedad demandada, la extensión de responsabilidad solidaria había sido desestimada. Consideran que, como simples socios, no pueden ser condenados solidariamente Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicitan que se modifique el pronunciamiento de grado de acuerdo con sus respectivas posiciones.

Se agravia la co-demandada Cintia Carolina Ostrosfsky porque, según dice, la sentencia dictada en la instancia anterior viola el "principio de cosa juzgada" pues extiende la condena en forma solidaria a los socios gerente de la empresa "Roca y Asociados SRL", sin considerar que ya se había dictado sentencia en la causa "Tello Laura Norma c/ Roca y Asociados SRL; Brain Stroming SRL y Barón Fabio" en la cual a través de la sentencia dictada por esta Sala II se había resuelto rechazar la solicitud de que se extienda la responsabilidad solidaria del codemandado Barón en los términos de los arts. 54, 59 y 274 de la LSC.

El recurso que extemporáneamente intenta dicha codemandada no puede tener acogida, pues consintió la resolución que resolvió no hacer lugar la excepción de cosa juzgada que oportunamente habían opuesto otros litisconsortes pasivos. En efecto, mediante resolución de fs. 598, la sentenciante resolvió no admitir la defensa de cosa juzgada oportunamente opuesta. La codemandada Ostrofsky fue notificada de dicha resolución el día 23-9-09 (ver fs. 601 y vta.); y no dedujo recurso de apelación contra dicha decisión dentro del plazo que prevé el art. 117 de la LO, por lo que arriba firme y consentida por ella a esta Alzada.

En consecuencia, propicio desestimar, por extemporáneo, el recurso de Ostrosfsky en cuanto concierne a la cuestión resuelta a fs. 598.

Sin perjuicio de ello, observo que, a través del recurso de apelación oportunamente interpuesto por los codemandados Sánchez Elía y Maraciotola en los términos de los arts. 110 y 117 de la LO, éstos cuestionan que la Sra. Juez a quo no haya hecho lugar a la defensa de cosa juzgada oportunamente opuesta.

Critican los fundamentos del fallo recurrido y dicen que de la simple lectura de la sentencia recaída en las actuaciones caratuladas "Tello Laura Norma c/ Roca y Asociados SRL y Barón Favio David s/despido" que tramitó ante el Juzgado Nº 6 de este fuero, se puede advertir que el juzgador ya dictó sentencia definitiva y rechazó la extensión de responsabilidad a los socios. Destacan que, en un acto "totalmente antijurídico", la accionante inició nuevas actuaciones por los mismos montos reclamados en el primero de los juicios iniciados. Entienden que la sentencia firme ya resolvió lo que constituye la materia y la pretensión deducida en este nuevo juicio.

A mi entender, no asiste razón a los recurrentes pues, valorados los términos de una y otra contienda, resulta evidente que la materia sometida a decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 6 y que fue objeto de revisión por esta Sala, en la cual se condenó únicamente a la sociedad co-demandada Roca y Asociados SRL, es completamente distinta a la que constituye el objeto de esta litis. En efecto, el inciso 6º del art. 347 del CPCCN -ley 22434-, establece que, para que sea procedente la excepción de cosa juzgada "el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a la decisión judicial, o que, por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiaridad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve. Se requieren tres identidades básicas: objeto, causa y partes, no obstante lo cual el legislador en la ley 22434, ha dotado al juzgador de un margen de discrecionalidad a fin de establecer si los litigios considerados en su conjunto, son o no idénticos, contradictorios o susceptibles de coexistir (Santiago Fassi Alberto L. Maurino Código Procesal Civil y Comercial comentado anotado y concordado, T. 3, Edit. Astrea, pág. 270 y sgtes., "Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo comentada, anotada y concordada, dirigido por Amadeo Allocati, T. 2, 2º edición actualizada y ampliada pág. 158 y sgtes, Edit. Astrea).

El Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 6 y esta Sala han intervenido para decidir en torno a la responsabilidad de Roca y Asociados SRL y de su socio gerente Barón; y en modo alguno se han expedido en torno a la existencia de la responsabilidad solidaria que le pudiera corresponden a las personas físicas codemandadas en estos autos. En consecuencia, es del todo evidente que la decisión adoptada en la causa anterior no condiciona ni excluye la que debe adoptarse en este pleito sobre la base de un objeto litigioso diferente.

Como existe una diferencia sustancial entre los sujetos pasivos y objeto del litigio anterior y los del presente litigio, no se encuentran configuradas las "identidades" que caracterizan a la "cosa juzgada".

No dejo de advertir que, aún cuando en las notas a los arts.1.102 y 1.103 del Código Civil Vélez Sársfield menciona las tres identidades clásicas (sujeto, objeto y causa), la doctrina y la jurisprudencia nacional adoptaron un criterio amplio que no exige una rigurosa coincidencia entre los elementos de la pretensión objeto de juzgamiento (Palacio, Lino "Estudio", pág.228; Peyrano, Jorge W. "A propósito del redimensionamiento de los alcances de la cosa juzgada" LL 1985-E, 374; Fenochietto, Carlos "Cuestiones litigiosas amparadas por la cosa juzgada" en LL 1988-E, 334). Pero lo cierto es que, de acuerdo con esa autorizada doctrina, corresponde reconocer a los jueces un margen de discrecionalidad a fin de establecer si los litigios, considerados en su conjunto, son o no idénticos o susceptibles de coexistir; y, a la luz de las circunstancias antes analizadas, creo evidente que la cuestión decidida en el pleito anterior, es diferente de la que constituye el objeto del presente litigio, y por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que medien pronunciamientos contradictorios sobre los mismos hechos (cfr. "Suar Ema C. c/ Medical View SRL s/ despido", S.I.D Nº 59.991 del 10/2010 del registro de esta Sala).

El argumento que gira en torno al supuesto efecto de cosa juzgada que provocaría la decisión adoptada en el juicio anterior respecto al codemandado Barón con relación a los codemandados recurrentes, es insostenible en estos autos porque dicho efecto sólo podría ser invocado por el propio Barón y no por otros sujetos que no integraron el litis consorcio pasivo en aquellos autos. En otras palabras, los recurrentes no han intervenido como parte ni como terceros, en los autos anteriores, por lo cual lo allí decidido mal puede tener efecto de cosa juzgada con relación a ellos.

En tales condiciones, la defensa de los codemandados Sánchez Elía y Maraciotola basada en la supuesta existencia de "cosa juzgada" no puede tener favorable acogida, y, por lo tanto, corresponde confirmar la resolución dictada a fs. 598 de las presentes actuaciones.

Se agravia la co-demandada Ostrofsky porque la sentenciante no consideró que la acción se encontraba prescripta. Destaca que, si bien reconoce que la defensa de prescripción debe articularse en la primera presentación, lo cierto es que ésta es la primera oportunidad que tuvo en virtud del estado de rebeldía en que quedara incursa al no contestar la demanda. Considero que no le asiste razón. En efecto, de acuerdo a lo establecido por el art. 68 de la LO, el plazo para contestar la demandada y oponer excepciones vence a los 10 días de haberse efectuado el traslado de la demanda; y, si bien el art. 3962 del Código civil establece la obligación del demandado de hacerlo en su primera presentación, ello no quiere decir que autorice a plantear la excepción luego de vencido del plazo fijado, pues es obvio que la norma del código de fondo refiere a toda presentación primigenia que pudiera efectuarse con anterioridad al vencimiento del plazo fijado por la ley adjetiva para la oposición de la excepción respectiva.

Por ello, propicio desestimar el agravio y confirmar lo decidido en la instancia de grado anterior, en este aspecto.

Se agravian los codemandados Ostroksky, Sánchez Elía y Maraciolora porque la sentenciante, según dicen, extendió la condena dictada en la causa anterior a quienes no han sido parte en esa causa.

Tal como lo he señalado al votar en primer término en las actuaciones caratuladas "Nuñez J. C/ Ramella Ejudio y otros s/daños y perjuicios", voto al que adhirió el Dr. Miguel Ángel Maza (S.D. Nº 97.807 del 26-3-10, del registro de esta Sala), la "autonomía" de la demanda interpuesta es sustancialmente relativa puesto que, en rigor, no pretende erigir en empleadores a los integrantes de la sociedad antes demandada (Roca y Asociados SRL), sino extender la responsabilidad de ésta última por las deudas, reconocidas por sentencia firme, a sus socios gerentes. La presente demanda tiene por objeto establecer si los demandados deben o no responder en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales por las obligaciones incumplidas por la sociedad empleadora y, en consecuencia, establecida en forma definitiva la deuda en cabeza de la persona jurídica en cuestión, corresponde determinar si ellos pueden ser condenados en forma solidaria por la responsabilidad que se derivaría de su calidad de integrantes del órgano de administración y dirección de la sociedad.

Como lo ha sostenido esta Sala en los autos "Cibeira, David Fernando y otro c/ Lodeiro Carmen y otros s/ extensión resp. solidaria" (sent.97.026 del 26/8/2009), a través del voto de mi distinguida colega, Dra. Graciela A. González, ello no implica desconocer lo dispuesto en el art. 715 del Código Civil, sino otorgarle otros efectos a la solidaridad impuesta por la Ley de Sociedades Comerciales cuando lo que se pretende es -como en el caso- hacer valer una responsabilidad derivada o vicaria. Como lo explicó la Dra. Graciela A. González, al votar en esa causa, a diferencia de lo que acontece en el ámbito de las obligaciones civiles, en el derecho del trabajo, muchas veces, la solidaridad se predica respecto de sujetos que no ocupan frente al trabajador el mismo rol que le cabe al deudor principal. En efecto, cuando se demanda a los socios, administradores y/o gerentes de las sociedades comerciales en los términos de la LSC, los co-obligados solidarios no se constituyen, en virtud de la solidaridad establecida por la ley, en co-empleadores del trabajador. Simplemente se anexan o añaden como co-deudores solidarios, en función de una obligación legal de garantía.

Ubicados los demandados de autos en esta situación, no puede válidamente sostenerse que, para poder hacerles extensiva la condena recaída mediante sentencia firme contra la sociedad empleadora como deudora principal, la trabajadora tenga que volver a plantear las mismas cuestiones contra los obligados solidarios, máxime cuando éstos no han sido sus empleadores. Además de resultar contraria a la teoría del órgano aplicable a las personas jurídicas, podría llegarse al absurdo de que se obtenga contra terceros co-obligados una sentencia diversa a la recaída contra el principal. En resumen, en casos como el de autos, el art.715 del Código Civil no debe ser aplicado según la hermenéutica de la doctrina y jurisprudencia civilista, sino de modo armónico con las previsiones normativas que hacen al derecho de fondo que se intenta hacer valer y teniendo especialmente en cuenta la índole de las relaciones que subyacen en el planteo, sustentado en que la trabajadora prestó servicios para una sociedad comercial que, con el concurso o no de sus socios o administradores -cuestión que resta analizar-, incurrió en fraude a la ley.

En este contexto, en el precedente recién citado, la Dra. González recordó que Horacio H. De La Fuente ha sostenido que es posible adaptar el derecho civil o general a las necesidades y principios del derecho especial en aquellos supuestos en los que la aplicación inalterada del derecho civil condujera a una grave y evidente injusticia, o bien a una situación de alta inconveniencia, a un resultado absurdo o carente de toda lógica, contrariando claramente los fines y objetivos perseguidos por el derecho especial (conf. autor citado en "Posibilidad de modificar el derecho civil para adaptarlo a los derechos especiales" L.L. 1994-B, págs. 983 y ss. -ver también Domínguez, Juan Manuel en "El artículo 30 de la LCT y las normas civiles" en colección Temas de Derecho Laboral (Errepar), T. 1 Solidaridad laboral en la contratación y subcontratación de servicios, Bs. As., 2008, págs. 203 y ss-).

Ello así, pues el único contenido admisible de una demanda de extensión de responsabilidad como la planteada en autos es la determinación del rol y responsabilidades que se les imputa a quienes se quiere erigir en co-deudores solidarios de los créditos reconocidos como adeudados por la empleadora en una causa anterior. Al respecto se ha señalado que "en la eventual acción autónoma dirigida contra el co-obligado, solo podrán plantearse las defensas relativas a los supuestos atributivos de responsabilidad, pero resultan inadmisibles los planteos que pudieran conmover las conclusiones de la sentencia cuya efectivización se persigue. En este aspecto, se advierte que la mayoría de la jurisprudencia se inclina por no desconocerle pleno valor a la sentencia dictada sólo contra uno de los co-obligados porque se interpreta que se trata de "extender" dicha condena al codeudor que no fue parte en el juicio, y no de establecer otra. Esta situación revela que no se interpreta el alcance de la cosa juzgada en la forma prevista en el art. 715 del Código Civil" (conf. Rainolter, Milton A. y García Vior, Andrea E. en Solidaridad laboral en la tercerización, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 277 con cita de la sentencia de la Sala VII CNAT, 27019 del 24/10/05, "Pereira Amaya Maria M. c/Rosana Echt SRL y otros s/despido").

Por ello, propicio desestimar los agravios que giran en torno a las cuestiones precedentemente analizadas y confirmar lo resuelto en la instancia anterior en el punto.

Se agravian los codemandados Ostrofsky, Sánchez Elía y Maraciotoloa porque la sentenciante los consideró solidariamente responsables de la condena dispuesta en los autos "Tello, Laura N. C/ Roca y Asociados SRL", Expte. Nº 17.502/01, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 6.

Más allá de que está fuera de discusión que la actora no ha sido empleada, en forma directa y personal de ninguna de las personas físicas a las que demanda en esta causa, lo cierto es que tanto Ostrofsky como Maraciotola invistieron el carácter de socios gerentes de dicha sociedad, desde el 1-9-2000 (en el caso de Ostrofsky, ver fs. 669) y desde noviembre de 2000 (en el caso de Maraciolota, ver fs. 675), es decir, durante la vigencia del vínculo que Tello mantuvo con esa sociedad que según quedó acreditrado en la causa respectiva se inició el 1-4-98 y concluyó el 18-5-01 (ver sentencias definitivas dictadas en la causa anterior cuya copia obra a fs. 4/7 cuyo reconocimiento se desprende de fs. 513, 518 y 523 y, en el de Ostrofsky, en virtud de lo establecido en el art. 71 de la LO) En numerosos pronunciamientos anteriores he señalado que no resulta factible extender la responsabilidad de una persona jurídica a sus integrantes aplicando la "teoría de la penetración en la personalidad jurídica", cuando no se acredita que haya mediado un uso abusivo de la figura societaria; y también señalé que, con prescindencia de esa teoría, la extensión de responsabilidad a los directores, socios gerentes o administradores de una entidad podría resultar viable cuando éstos hayan incurrido en maniobras ilícitas tendientes a defraudar al trabajador o a terceros. En efecto, tal como lo expuse en mi trabajo "Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria" (en Rev. de Derecho Laboral 2001-1, Ed.Rubinzal-Culzoni), los casos en los que la Ley de Sociedades Comerciales prevé la responsabilidad directa y personal de los directores o gerentes, no tienen relación directa con la doctrina del "disregard", sino con la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción se aprovecha la estructura societaria. En estos casos, el fin para el que fue constituida la sociedad es lícito pues su existencia ideal no fue planeada para encubrir una responsabilidad personal (de allí que no resulte viable descorrer el velo); pero, sus directivos, no sólo hacen que la entidad incumpla sus obligaciones sino que, además, incurren en actos o maniobras dirigidas a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de seguridad social, etc.) o a burlar la ley. Cuando esto último ocurre, quienes ocupan cargos de administración o de dirección resultan directamente responsables, más allá de que también comprometen económicamente al ente. No es lo mismo omitir el pago del salario o no otorgar las vacaciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral, o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración porque, independientemente del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan porque sus actos, más allá de constituir un ilícito delictual o cuasidelictual en el ámbito civil (conf.art.1.072 y subs.del Código Civil), podrían llegar a encuadrar, incluso, en tipificaciones propias del derecho punitorio (arg.arts.172 y 173 y conc. del C.P. y ley 23.771). Como ha señalado la doctrina especializada en la materia al analizar el contenido del art. 274 de la ley 19.550 -aplicable al gerente de una SRL por vía de lo dispuesto por el art.157, 3er.párrafo de la LS-, "la violación genérica de la ley, o los daños producidos por dolo, abuso de facultades o culpa grave y, en general, cualquier responsabilidad que cupiere frente a terceros, es siempre de tipo delictual o cuasidelictual" (Zaldívar, Enrique y otros en "Cuadernos de Derecho Societario", Vol.III, pág.526). Por tal razón, cuando una sociedad anónima o una de responsabilidad limitada realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los administradores o directores por vía de lo dispuesto en los arts.59 y 274 de la LS -cuya solución, se traslada a los gerentes de una SRL por vía del citado art.157 LS- (arg.arts.1.072, 1.073 y 1.074 Código Civil).

En el caso de autos, estimo que se configura uno de los supuestos analizados porque, como surge de las circunstancias que se han tenido por acreditadas en la sentencia de primera instancia pasada en autoridad de cosa juzgada (ver fs. 4/7 y reconocimiento de fs. 513, 518 y 523 y art. 71 LO), quedó evidenciado que la actora percibía una parte de la remuneración en forma marginal; y, como se ha visto, está probado que Ostroksky y Maraciotola eran socios gerentes de Roca y Asociados SRL durante la vigencia del vínculo que dicha sociedad mantuvo con la actora. Por otra parte, no puede soslayarse que, en estos autos, los codemandados Ostroksky y Maraciotola -quienes, reitero, integraron el órgano de dirección de dicha sociedad-, no brindaron explicación alguna acerca de la razón en virtud de la cual la sociedad administraba y dirigía pagaba la remuneración de la actora en forma marginal como para evidenciar que pudieron haber incurrido en una equivocación que razonablemente justifique su actitud; ni han explicado cuál es el motivo por el que pudieron haber considerado que la sociedad estaba eximida de registrar la totalidad de la remuneración abonada (la primera incluso, ha sido declarada rebelde en los términos del art.71 de la L.O., ver fs. 547).

Destaco que, en esa causa anterior, no se analizó una relación que pueda considerarse transitando por las denominadas "zonas grises" del Derecho del Trabajo; ni se han explicado razones en virtud de las cuales la mentada sociedad o alguno de sus integrantes puedan haber entendido, objetiva y razonablemente, que los pagos efectuados hayan podido tener naturaleza no salarial. Lo expuesto, me persuade que, los socios gerentes de la sociedad comercial declarada formalmente "empleadora" en la sentencia pronunciada en los autos que se encuentra agregada a fs. 4/7 (cuyo reconocimiento se desprende de fs. 513, 518 y 523 y art. 71 LO), han obrado con pleno conocimiento de la existencia de pagos en forma marginal que se efectuaban a la accionante. Todo ello a fin de violar la ley y de perjudicar a la actora y al sistema de seguridad social.

Las circunstancias precedentemente reseñadas revelan que, en este caso, no se verifican los mismos presupuestos que consideró la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en cuestiones que, si bien tienen puntos de contacto con la presente, no son iguales (C.S.J.N., 31-10-02, "Carballo, Atiliano c/ Kanmar SA (en liquidación) y otros"; y C.S.J.N., 3-4-03, P 1013 XXXVI, "Palomeque, Aldo c/ Benemeth SA y otro"). En efecto, del análisis precedentemente efectuado se desprende que, en el caso, no se ha prescindido de considerar que la personalidad jurídica diferenciada de la sociedad y de sus socios administradores constituye el eje sobre el cual se asienta la normativa sobre sociedades; y, es más, se ha señalado más arriba que aquí se plantea una situación diferente a la de los supuestos que tornarían procedente la aplicación de la teoría del disregard; y también se dijo que no es factible establecer la responsabilidad de los administradores o directores por meros incumplimientos contractuales de la sociedad. Pero en este caso, a diferencia de los considerados por la Corte, no se analiza la extensión de la responsabilidad a los administradores y directores (en el caso, socios gerentes) por aplicación de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica ni del art.54 de la ley 19.550, sino por aplicación de las normas específicamente destinadas a regular la responsabilidad de los directores y socios gerentes de las SRL como lo son los arts.59, 157 y 274 de la ley mencionada, frente a actos ilícitos de carácter delictual o cuasidelictual (arg.art. 1.072, 1.073 y 1.074 del Código Civil) que podrían llegar a encuadrar, incluso, en tipificaciones propias del derecho punitorio (arg.arts.172 y 173 y conc. del C.P. y ley 23.771). Asimismo, cabe señalar que en los casos en que la actitud de los administradores va más allá del incumplimiento contractual y se traduce en delitos civiles e incluso penales, no obsta a su responsabilidad el hecho de que no formen parte de la sociedad al momento del distracto, pues el hecho generador de esa ruptura (ocultamiento total o parcial de la relación), los ha tenido como copartícipes durante parte de la vigencia del vínculo.

En tales condiciones y a la luz de lo establecido por los ya citados arts. 59, 157 y 274 de la LS, estimo que, habida cuenta la manifiesta antijuricidad del proceder de Roca y Asociados SRL que fue condenada según la sentencia que se encuentra agregada a fs. 4/7 (cuyo reconocimiento se desprende de fs. 513, 518 y 523 y art. 71 LO) que en esta causa se verificó que los demandados Ostrofsky y Maraciotola ocuparon el cargo de socios gerentes, corresponde desestimar los agravios y confirmar el fallo recurrido en cuanto hizo extensiva la responsabilidad de los mencionados codemandados por los créditos salariales, indemnizatorios y sancionatorios reconocidos a la actora en la sentencia que recayó en los autos "Tello, Laura N. C/ Roca y Asociados SRL", Expte. Nº 17.502/01, del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 6, confirmada por esta Sala.

Ahora bien a través de los instrumentos obrantes a fs. 665/671 y fs. 673/677 también queda evidenciado que el codemandado Sánchez Elía sólo ocupó el rol de socio de la sociedad Roca y Asociados SRL y, lo cierto es que, no se encuentra demostrado que el mencionado codemandado haya integrado el órgano de administración y dirección ni que, en forma personal, haya incurrido en actos o maniobras tendientes a ocultar parte de la remuneración de la actora. Como ya he señalado, independientemente del incumplimiento patronal que este último acto supone, configura una maniobra defraudatoria de la que resulta inmediata y directamente responsables las personas físicas que integran el órgano de administración de la sociedad empleadora (tal es el caso de los codemandados Ostrofsky y Maraciotola).

En el caso de autos, más allá de la actuación del codemandado Sánchez Elía como socio integrante de Roca y Asociados SRL, no existe evidencia de que haya formado parte de las maniobras elusivas ni que haya asumido personalmente la explotación de la empresa o del establecimiento en el que trabajó la accionante. Por otra parte, la accionante no probó que el Sr. Sánchez Elía haya tenido asignado cargo de dirección o administración alguno en la sociedad durante la vigencia del vínculo; y, tampoco, demostró que haya participado en forma efectiva en las decisiones de la sociedad mientras estuvo vigente el contrato de trabajo que motivara esta causa.

En consecuencia, no existe razón que justifique establecer en estos autos la responsabilidad solidaria de Sánchez Elía por las obligaciones contraídas por la sociedad ( arg. art. 499 Código Civil), por lo que propicio revocar este aspecto de la sentencia recurrida y rechazar la demanda promovida contra José Antonio Gervasio Sánchez Elía.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación pero únicamente con relación a la acción instaurada contra el codemandado Sánchez Elía. En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con la directriz que emana del art. 68 2da. pte. del C.P.C.C.N, y que la actora pudo considerarse razonablemente asistida de mejor derecho para accionar contra dicha persona física estimo qu e los gastos causídicos de ambas instancias deben imponerse en el orden causado.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada, al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto con relación a la acción que se desestima contra el codemandado Sánchez Elía, de acuerdo con las pautas que emergen de la ley 24.432 y del art. 38 de la LO, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de dicho codemandado en el 11%; a calcularse sobre el capital diferido a condena contra los restantes demandados con más sus intereses.

Asimismo, con relación a la actuación en esta Alzada de los codemandados Ostrofsky y Maraciotola, corresponde imponer las costas a cargo de éstos en forma solidaria (Cfr. art. 68 CPCCN).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada Ostrofsky; del codemandado Maraciotola y del codemandado Sánchez Elía, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30%, 25%, 25% y 35%, respectivamente, de lo que corresponde a cada una de ellas, por lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia de grado y rechazar íntegramente la demanda promovida por Tello Laura Norma contra Antonio Gervasio Sánchez Elía. 2) Confirmar la sentencia en cuanto condenó en forma solidaria a los co-demandados Ostrofsky y Maraciotola. 3) Respecto de la acción que se rechaza contra el co-demandado Sánchez Elía, imponer las costas de ambas instancias en el orden causado; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de dicho codemandado por lo actuado en primera instancia en el 11% a calcularse sobre el capital diferido a condena contra los otros codemandados con más sus intereses; 5) Imponer las costas de Alzada correspondientes a lo actuado en el marco de la acción dirigida contra los codemandados Cintia Carolina Ostrofsky y Luis Antonio Maraciotola, a cargo de éstos, en forma solidaria. 6) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada Ostrofsky, del codemandado Maraciotola y del codemandado Sánchez Elía por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30%, 25%, 25% y 35% de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara