marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, defensor de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA MARRO, EXEQUIEL. s/ INCIDENTE DE DESALOJO E/A 243687/0
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09

Corresponde revocar la parte pertinente del auto en donde la "A-quo" dispuso que la Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente asista a la diligencia de desahucio dada la circunstancia que existen menores habitando en el inmueble sobre el que se ejecuta el desalojo -con sentencia firme y consentida- ya que conforme me he expedido in re: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ SOTO EDGARDO S/ DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION", (Expte. Nº 355560/7) aún cuando el esquema tutelar consagrado en la Ley 2302, conlleva en la práctica un rol más activo por parte de la Defensoría de los Derechos del Niño, la decisión adoptada por la jueza además de implicar una arbitraria meritación de la intervención pupilar al aplicar la ley provincial 2302, carece de sustento jurídico, como bien se pone de relieve por parte de la Defensora del Niño. (Del voto del Dr. Ghisini, en mayoría).
Allanamiento domiciliario, consentimiento
Materia: PENAL
Carátula: Guerrero Ocampo, Arnulfo Eladio s/ robo agravado por el uso de armas en concurso con violacion agravada Daix, Carlos Gastón s/ Robo agravado por el uso de armas Carranza, Juan Ramón y Acosta, Mercedes s/ Robo calificado por el uso de armas reiterado (2 hechos) y violación  calificada Paye, José Antonio s/ Violación Capurro, Cristian J s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26|1997-03-18|1999-06-23|2002-02-19|2003-05-28

Implica allanamiento el ingreso mediante la fuerza a un domicilio contra la voluntad del morador. Si éste ha prestado su conformidad, no existe allanamiento y, obviamente, no se hace necesaria la orden respectiva.
Docentes, remuneración, adicional por dedicación exclusiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAUDANO, Eduardo y otros c/ C.O.N.E.T. s/ EMPLEO PÚBLICO PÚBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Procede la confirmación de la sentencia de primera instancia que no hace lugar a la demanda contra el CO.N.E.T., a fin de obtener el cobro de diferencias salariales que resultan de la omisión efectuada por la demandada en abonar el rubro dedicación funcional por el período que va desde el 1° de septiembre de 1987, hasta la fecha del efectivo pago.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral
Materia: LABORAL
Carátula: Guzmán, Juan c/ Indecar SA s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Laudo 29/75 (Expte.: C.S.J. Nro.  1761 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

La interpretación de las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales, como así de la ley 14250 son cuestiones de derecho común cuya decisión corresponde a los jueces de la causa y ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: Castiglioni, Carlos Humberto y otro c/ Municipalidad de General Pueyrredón y otros s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

Resulta sustancial que el impugnante demuestre el pretendido yerro valorativo que en estos casos imputa al decisorio del tribunal de alzada, cuando -si bien constituyen infracciones a normas de tránsito- ni la mera ausencia de carnet habilitante para conducir, ni la ausencia de casco protector, ni el estado de ebriedad de la víctima, resultan determinantes de la causa del accidente y/o de su responsabilidad, pues aún frente a tales circunstancias el juzgador debe atender a la forma en que se produjo el hecho generador del perjuicio, frente a una atribución legal de responsabilidad de carácter objetivo.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cueto, Adriana Mabel c/ Telias, Walter Horacio. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial) interpuesto contra la sentencia que rechazó la demanda de da!os y perjuicios derivados de un accidente de tránsito.
Derecho contravencional y de faltas, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Galiano, Juan Ramón s/ Inf. art. 96 inc. f, dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Si la sentencia de la Cámara que confirmó la condena impuesta al contraventor fue impugnada mediante la interposición de un recurso extraordinario de inconstitucionalidad que no pudo ser resuelto sino por esta Suprema Corte, desde que la Cámara sólo se hallaba habilitada para revisar su admisibilidad puramente formal, la acción se prolongó en autos hasta la resolución definitiva de ese intento, de modo que la sentencia aludida no pudo ser ejecutada -ni por lo tanto ser tenida por firme- hasta la decisión de esta Corte por la que se rechazara el alzamiento federal intentado contra la que tuvo por inviable el precitado recurso de inconstitucionalidad.
Comunicación del despido, silencio del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: VERGARA, CARLOS c/ TRANSPORTES SANTA FE S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-14

Una vez notificado el despido al trabajador, éste no tiene obligación de impugnarlo o rechazarlo. No existe ninguna norma que acuerde valor a su silencio en tal situación, pues el art. 57 LCT sólo acuerda valor presuncional al silencio del empleador.
Daño ambiental, deberes del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pinini de Pérez, María del Carmen c/ Copetro s/ Daños y perjuicios Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Ancore S.A. y otro c/ Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19|1998-05-19|2002-02-19

En el nuevo marco procesal es papel irrenunciable del juez el que hace a su participación activa con miras a la prevención del daño ambiental, donde debe buscarse "prevenir más que curar".
Jubilación por invalidez, pérdida del beneficio, acción de amparo, resolución denegatoria, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Acevedo de Olivera, Fernanda Emilia c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-21

Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que había rechazado la acción de amparo intentada contra la resolución administrativa de ANSES por la que el organismo previsional revocó el beneficio de jubilación por invalidez del actor, pues el excesivo rigor formal que denota la decisión recurrida no tuvo en cuenta la doctrina del Tribunal según la cual cuando se juzgan peticiones sobre derechos alimentarios, los jueces tienen el deber de actuar con extrema cautela, de modo de no afectar los fines tutelares de la prestación previsional (Fallos:335:346, "Saldaña, Ricardo Roberto c/ANSES") -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Homicidio, fiscales, AMIA, procesamiento, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: Miño, Luis Ismael y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-01

Corresponde confirmar los procesamientos de los custodios de un fiscal, en orden a los delitos de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento, las evidencias físicas directas, los peritajes posteriores y los testimonios que se refieren a la actividad desarrollada por la víctima momentos previos al fatal desenlace, conforman el cuadro indiciario que habilita concluir que el fiscal fue asesinado en virtud de la denuncia que realizó y de la actividad que como consecuencia de aquella llevaría adelante inmediatamente después. La observación del contexto indica que el funcionario, que se encontraba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del ataque terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, fue asesinado horas después de haber formulado una denuncia contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y otras personas por haber encubierto a los presuntos responsables del atentado, y horas antes de exponer ante una comisión especial del Congreso Nacional los detalles de tan grave imputación.
Energía eléctrica, tarifa de servicios eléctricos, estado de emergencia, pesificación, esfuerzo compartido, tarifa de servicios públicos, cuestión política, política energética, Poder Judicial, cuestión no justiciable, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

La inflexión que le puso la sociedad al modelo de los noventa a fines del 2001 y principios del 2002, llevó al legislador y al administrador a establecer y tener que aplicar el "principio del esfuerzo compartido" receptado a partir de la Ley Nacional 25561 y la adhesión en nuestra Ley 3623, partiendo de la premisa que esa traumática salida de la Convertibilidad era gravosa para todos y que en conjunto, solidaria y equitativamente había que hacerse cargo (ver Ley nacional 25561 y siguientes y sus adhesiones locales como la Ley 3623 dentro de la actual Emergencia Pública, sin que comporte anticipar opinión sobre el fondo del asunto). Nadie puede desconocer seriamente esa circunstancia, ni el Estado, ni los gobernantes, ni los ciudadanos, ni los inversores nacionales o extranjeros, ni los jueces.

El diseño de los marcos regulatorios de los servicios públicos, específicamente para el sector eléctrico, prevé una amplia publicidad a través de la difusión o audiencias, ciertas reglas para controversias o renegociaciones, procedimientos arbitrales, facultades reglamentarias para la autoridad de aplicación, etc.; que han sido concebidas para preservar de alguna manera el valor de la seguridad jurídica y que resultan de ineludible tránsito en tiempo y forma oportuna, sin morosidad de la Administración a pesar de la gravedad de la crisis.

En principio están fuera del campo de lo jurisdiccional y no debe someterse a los jueces la resolución de asuntos que son de incumbencia de los Poderes Políticos del Estado. No obstante, en una sociedad democrática que funciona y debe superar sus problemas, más allá de un perverso o pernicioso, o negativo modelo económico de turno, la Constitución y las leyes vigentes tienen que ser aplicadas, agotando todas las instancias sean administrativas o judiciales.

Están para ser cumplidas y cuando hay inobservancia o conflicto entre partes, quien asegura el cumplimiento es el sistema Judicial con sus jueces.
Procedimiento de impugnación de deuda previsional, acto administrativo, presunción de legitimidad, deberes de la administración, carga de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPLEJO PESQUERO MARPLATENSE S.A.I.C. c/ I.N.P.S. - D.N.R.P
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

La presunción de legitimidad dispuesta en el art. 14 de la ley 19.549 para los actos de la administración, no produce la inversión de la carga probatoria, sino que sitéa el deber probatorio de aquélla previo al dictado del acto administrativo.

En consecuencia, lo que realmente ocurre es que la Administración Fiscal debe reunir los elementos de convicción previo al dictado del acto, mientras que el impugnante del mismo debe acercarlos luego de su dictado, al momento de tramitar el procedimiento que corresponda. En tal procedimiento, la ausencia de actividad probatoria de la Administración posterior al dictado del acto, puede crear la ilusión de una presunción en su favor, lo que realmente no ocurre de esa manera ya que su actividad probatoria tuvo que desarrollarla con anterioridad al dictado del acto, y cuya ausencia no podrá ser defendida con la sola referencia a una presunción de legitimidad que resulte desvirtuada por la prueba aportada por el impugnante. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)
Recurso de revisión (procesal), ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Palazzo, Julio Oscar s/ Recurso de revisión Soplan, Gilberto Jesús s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01|1996-04-30

Es improcedente el recurso extraordinario de revisión por aplicación del inc. 5 del art. 315 del Código de Procedimiento Penal en relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 38 del dec. 6582/58, efectuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que ello no representa "ley posterior" que haya disminuido la penalidad del acto juzgado ni tampoco que el recurso de revisión autorizara "la revisión" del contenido sustancial de la sentencia.
Recurso extraordinario de nulidad, sentencia, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Arrascaeta, Roberto Andrés c/ Sargento Cabral S.A. de Transportes s/ Accidente de trabajo Gómez, Gustavo c/ Fadelsa S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-27|1997-12-02

Los plazos y formas a que se refiere el art. 156 de la Constitución provincial son los fijados a las partes para plantear las cuestiones y no a los tribunales para resolverlas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, apertura del concurso, crédito previsional, crédito laboral, acreedor, igualdad entre acreedores, LEY DE CONCURSOS, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

El inciso 8 del artículo 11 de la ley 19551 solo importa una exigencia más que el legislador ha considerado incluir entre las indispensables para ser acreedor al beneficio del concurso preventivo, y que debe ser cumplida por todos aquellos que pretendan acogerse a las ventajas de ese instituto, lo que no pude considerarse lesivo de la igualdad consagrada en la Constitución Nacional. (Del Voto del Dr. Chiappini).
Contrato de trabajo, condiciones de trabajo, apertura del concurso, efectos de la apertura
Materia: LABORAL
Carátula: B., D.R. c/ SERVICOOP s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-30

El salario o la jornada integran de manera sustancial la estructura del contrato laboral como modalidades esenciales del mismo, por lo cual no pueden tener reducciones o cambios, salvo conformidad expresa del trabajador, por la alteración del orden público laboral que la LCT no admite con la nulidad a tales transgresiones. Producida la apertura del concurso y la suspensión del convenio, los aspectos primordiales del contrato de trabajo no pueden sufrir cambios que alteren o afecten precisamente tal primordialidad.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, facultades discrecionales, acto administrativo, recurso de reposición (procesal), oportunidad procesal, Administración Pública, control de legalidad, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA   DE  SERVICIOS  DE  AGUA  POTABLE-ELECTRICIDAD  Y  OBRAS PUBLICAS DE FUNES LIMITADA c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 67-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-03

Debe desecharse la objeción formulada por la demandada a la admisibilidad del recurso interpuesto, fundándose en que la ordenanza cuya derogación se impugna, no se atuvo a normas preexistentes o a un procedimiento previo del que pudiera concluirse que fue dictada en ejercicio de facultades regladas, requisito exigido por el artículo 10 de la ley 4106, surgiendo del propio texto de la norma cuestionada que las atribuciones conferidas a la actora fueron de carácter graciable, sin trámite licitatorio previo, y que los derechos que eventualmente pudieron nacer, tuvieron su origen en la potestad discrecional del ente Comunal que escogió a la Cooperativa para realizar la explotación del servicio de agua potable en la localidad, constituyendo un acto excluido del contencioso administrativo por el artículo 12 de la citada ley. Ello es así, porque si bien puede afirmarse que la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia es un derecho que la Administración puede ejercitar en todo momento según su discreción, ello no significa que se exima del control jurisdiccional, el examen de legitimidad de los actos administrativos.
Confirmación de sentencia, quiebra, compraventa, subasta, martillero, publicación de edictos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Desde Francia SA c/  s/ quieba s/incidente de venta de automotor
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-10

Procede confirmar la resolución en la cual la magistrada de grado decidió la remoción del martillero por considerar que no realizó las gestiones que le fueron encomendadas tendientes a la liquidación del activo falencial. Ello por cuanto, de las constancias objetivas habidas en este proceso denotan que el funcionario no cumplió temporánea y adecuadamente con su cometido. Máxime si se tiene en consideración que la ley 20266 establece entre las obligaciones del martillero la de "anunciar los remates con la publicidad necesaria" (art. 9-d); por lo que mal puede sostenerse que la publicación de los referidos edictos "excedía" la tarea del auxiliar. Sumado a ello, el martillero tampoco rindió oportunamente cuentas del remate fracasado ni acreditó la publicidad edictal en el boletín oficial, lo cual fue requerido por el Tribunal a quo. En función de lo señalado, cabe concluir que la conducta llevada a cabo por el apelante fue negligente, y ello justifica la aplicación de la sanción impuesta.
Depreciación monetaria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: BUKSTEIN, ALEJANDRO Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (IAPS) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-08

Si se hubiera producido un retardo en el cumplimiento de la obligación -mora-; ello daría derecho al perjudicado por dicho retardo, para demandar además los intereses que correspondan al tiempo que el moroso ha hecho uso del capital ajeno después de la fecha de vencimiento de la obligación.-
Seguro de desempleo, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Patterer, Susana Alicia c/ Estado Nacional  s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

El seguro de desempleo integra el derecho de la seguridad social consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en diversos tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional o supralegal a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 9° -y su proyección en los arts. 11 y 12- del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales -PIDESC-, art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Protocolo de San Salvador-).
Denuncia ante el juez, desestimación de la denuncia, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: ARECHA, Santiago y otros. s/ SOBRESEIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-12

En la sistemática del código no procede la desestimación, por inexistencia de delito de los hechos denunciados, sin que previamente se haya dado cumplimiento a las disposiciones que emanan del art. 180, C.P.P., ya que sin este requisito no hay posibilidad de que el juez pueda expedirse, pues no puede actuar de oficio.
Admisibilidad del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, revocación de sentencia, impugnación del acto administrativo, multa tributaria
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Mediacom Argentina S.A. y otros contra GCBA por Impugnación de Actos Administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo en cuanto había revocado la sanción de multa impuesta por omisión fiscal. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados en "Generación 2010 SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 13180/16, sentencia del 3/10/2018).
Telecomunicaciones, tasas, paseos públicos, vía pública, servicio público, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: NSS S.A. c/ GCBA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-15

Cabe confirmar parcialmente la sentencia que declaró la ilegitimidad de la pretensión de cobrar a la actora- titular de una licencia para prestar el servicio de telefonía fija local, de telefonía de larga distancia nacional e internacional y del servicio de telefonía pública-, el gravamen por el uso y ocupación de la superficie, espacio aéreo y subsuelo de la vía pública, pues la pretensión tributaria local de gravar tal uso diferencial con la gabela indicada "constituye un inequívoco avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha hecho en una materia delegada por las provincias a la Nación (incs. 13, 14, 18 y 32 del art. 75 de la Constitución Nacional), e importa el desconocimiento del ámbito de protección que la ley federal otorga a dicho servicio público, lesionando palmariamente el principio de supremacía legal del art. 31 de la Constitución Nacional
Tallerista, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, OSVALDO HERMES c/ MOIS CHAMI SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-18

Los talleristas son verdaderos dadores de trabajo, (artículo 4 de la ley 12713) pero ello no autoriza a suponer a priori la existencia de un contrato de trabajo. Debe acreditarse fehacientemente la existencia de subordinación y dependencia (conforme CNAT., Sala V, 'Gatti, Elida Beatriz c/ Felner SA. s/ despido', sentencia número 27225 del 24 de marzo de 1980; Sala VII, 'López, Jorge E. c/ Nobel SA. y otro', sentencia número 646 del 20 de septiembre de 1981).
Banco central, SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS
Materia: BANCARIO
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B.Ch.S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

"El conjunto de normas que otorga facultades al B.C.R.A. en materia cambiaria y que complementa e integra la regulación de la actividad financiera que se desarrolla en el país, convierte a esta entidad autárquica en el eje del sistema financiero, concediéndole atribuciones exclusivas e indelegables en lo que se refiere a la política cambiaria y crediticia, la aplicación de la ley y su reglamentación y la fiscalización de su cumplimiento. Las relaciones jurídicas entre el Banco Central y las entidades sujetas a su fiscalización se desenvuelven en el ámbito del derecho administrativo".