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Reordenamiento del sistema financiero, emergencia económica, ejecución hipotecaria, obligaciones en moneda extranjera, mora del deudor, pesificación, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cova, María Eugenia y/o c/ Cesa, Daniel Héctor y/o s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-08

No corresponde pesificar las obligaciones en mora, porque existen razones impeditivas que surgen de las mismas leyes de emergencia, del Código Civil y de la Constitución. Ello porque de la interpretación del artículo 11 de la ley 25561, surge que las únicas obligaciones pesificadas son las exigibles a partir del 6 de enero del 2002, y no las que ya eran exigibles con anterioridad.

Pero aún en el caso de que se interpretara que se aplica retroactivamente a todas las obligaciones en razón de lo dispuesto por el decreto 214 art. 1ro. (lo que sería de pésima técnica interpretativa y legislativa porque los decretos no derogan a las leyes) por aplicación del artículo 3 del Código Civil, la norma no podría afectar derechos amparados por garantías constitucionales, por lo tanto no podría conculcar el derecho de propiedad del acreedor. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario federal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. José Raúl Velazco s/ Recurso de queja por casación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-26

El aquí recurrente postula que en caso de serle rechazado el recurso extraordinario federal por la Alta Corte Nacional, subsistiría la posibilidad de revisar la destitución por la vía del procedimiento contencioso administrativo (...) Es el recurrente quien pone de manifiesto la falta de carácter definitivo de la sentencia en crisis, resultando aplicable la doctrina del Alto Tribunal que establece: La invocación de arbitrariedad o de desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la existencia de pronunciamiento definitivo.
Recurso de inconstitucionalidad, resolución denegatoria, trámites judiciales, escrito recursorio, traslado, copias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME c/ FORNILLO, DANIEL ADOLFO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-10

Corresponde revocar la resolución de esta Corte que anuló el decreto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad deducido por el demandado, por haber omitido el Juzgador sustanciarlo en debida forma, toda vez que con posterioridad a ello el recurrente adjuntó las copias necesarias a fin de acreditar que se había cumplimentado debidamente con el traslado exigido por el artículo 4 de la ley 7055. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 286, p 251/252. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 4
Confirmación de sentencia, AFIP DGI, inmuebles rurales, impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NAON, ROMULO SILVESTRE (TF 32342-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

Se confirma la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que revocó la determinación de oficio practicada por la AFIP-DGI. La sala precisó que (i) el artículo 21, inciso T, de la ley de ISBP establece con toda claridad que los inmuebles rurales cuya titularidad de dominio correspondan a personas humanas sujetas al impuesto a la ganancia mínima presunta se encuentran exentos en el impuesto sobre los bienes personales; (ii) ese criterio se ve corroborado por los antecedentes parlamentarios de la ley 25.063; (iii) las normas que invoca la AFIP en su intento de limitar la exención prevista para los inmuebles rurales refieren, por un lado, a la fuente territorial de los bienes gravados (artículo 19, inciso 'k', del ISBP) y, por otro lado, a la valuación de esos bienes (artículo 22 del decreto reglamentario de la ley de ISBP) y, por tanto, técnicamente, no son aptas para definir un hecho imponible.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, proyecto de ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Correo Personal S.A. c/ Congreso de la Nación y otro s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

Si bien nos encontraríamos ante el accionar de una autoridad pública -entendiendo por tal no sólo al Poder Ejecutivo sino también a cualquier clase de persona que integre, de cualquier manera el aparato estatal (conf. Morello Augusto, "El Amparo. Régimen Procesal", pág. 25)-, en la especie no podríamos encuadrar al objeto de esta impugnación como un "acto" de autoridad pública, pues se trata de un "proyecto de ley", el que, hasta tanto no se transforme en Derecho Positivo, nunca podrá de manera actual o inminente, afectar derechos y garantías reconocidos por la C.N., un tratado o una ley. (confr. esta Sala, 17/10/95, in re "High Comm S.A.").
Poder de policía, Estado Nacional, Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La Corte nacional afirma que lo relevante en la distribución del poder de policía no es el territorio sino la materia objeto de la limitación y la extensión de los bienes en custodia; así, unos merecerán una custodia jurídica con extensión nacional y otros, provincial o municipal. La doctrina administrativista, por su parte, mayoritariamente afirma que en principio, el poder de policía corresponde a las provincias, ya que se trata de una potestad que éstas se reservaron al constituir la unión nacional; y excepcionalmente corresponde a la Nación, cuando ésta ejercite atribuciones que la Constitución le otorga expresa o implícitamente, o cuando el ejercicio de idénticas atribuciones por las provincias resulte incompatible con igual ejercicio por parte de la Nación. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - DOCTRINA: Marienhoff, Miguel, "Tratado de Derecho Administrativo", 4ta. Edición, Bs. As., Abeledo Perrot, 1987, T. IV, n° 1527.
Sociedades civiles, sociedades comerciales, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORIA JOSE BENJAMIN c/ YUNES ALDO Y OTROS S/ DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO, ETC. s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-21

La determinación del carácter civil o comercial de una sociedad de hecho, conforme a la naturaleza de los actos que realicen, es una cuestión de derecho, por lo tanto es deber de los jueces determinar su verdadera naturaleza sin que afecte de modo alguno el sistema dispositivo .
Defensa del consumidor, aplicación de la ley, debido proceso, asociaciones de consumidores, tasa de justicia
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Santander, Leila Sabrina c/ Mercado Libre SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-15

Procede eximir a la parte actora de abonar el importe correspondiente a la tasa de justicia, en función a lo dispuesto en la LDC 53. Ello por cuanto la relación que sustenta el reclamo permite detectar una relación de consumo por la calidad de proveedor de servicios y consumidores, que revisten los sujetos enfrentados (LDC 1 y 2). En cuanto al alcance que corresponde reconocer a la franquicia para litigar sin gastos en los términos del artículo antes mencionado se estima que el beneficio que aquella norma otorga no deja de ser un derecho de índole patrimonial que, como todos los de esa misma índole, resultan susceptibles de ser renunciados por su titular.
Oposición del fiscal, admisibilidad del recurso, sustitución de identidad, cambio de nombre
Materia: PROCESAL
Carátula: H. B., C. B. c/  s/ cambio de nombre
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-19

Corresponde desestimar el planteo formulado por el Sr. Fiscal General en su dictamen y, en consecuencia, declarar que el recurso de apelación interpuesto por la actora ha sido bien concedido, pues si bien le asiste razón en cuanto a que al incoar el recurso de apelación la recurrente se limitó a su interposición sin indicar expresamente en qué carácter lo hacía, lo cierto es que del memorial presentado sí surge expresamente que la misma actúa en representación de su hija adolescente -quien, por otra parte, sostuvo en el marco de la audiencia celebrada ante esta Alzada, la pretensión incoada por su progenitora a partir del recurso en ciernes-.

Es así que, valorando la naturaleza de la cuestión traída a juzgamiento, el hecho de que el desarrollo del proceso no se vio comprometido y las especiales circunstancias que gravitan en la presente, no puede declararse que la apelación ha sido mal concedida sin caer en un excesivo rigor formal. Esto no implica, claro está, determinar un criterio general para analizar el acierto o no de la admisibilidad recursiva en materia de familia, sino tan sólo ponderar las circunstancias que caracterizan al caso concreto.
Deber de vigilancia, responsabilidad de los padres, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Tinti de Gugliemin, Rosana Ester c/ Miguens, Cora Antonia y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-09

Los padres se liberan de responsabilidad acreditando que no cometieron culpa alguna, sea en la vigilancia, sea en la educación moral del hijo; extremos éstos que nuestro legislador ha resumido en la expresión "vigilancia activa".
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C., A. s/ Dto. Ley 6618/5
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

Esta Sala ha dicho en la causa 028/CC/99 caratulada "R., G. R.

S/art.47", propugnando un nuevo criterio para dirimir acerca de la concesión correcta o no de los recursos planteados, que en razón de encontrarnos por mandato constitucional en un sistema netamente acusatorio (art.13 C.C.B.A.), las cuestiones pasibles de ser resueltas en la audiencia de juicio del artículo 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional deberán tener en ella su debido tratamiento, con intervención de las partes, y su resolución, garantizándose posteriormente el derecho a la doble instancia mediante la intervención de esta alzada.

La regla general habría de tener sus necesarias excepciones, esto es cuando estuvieran en juego garantías constitucionales. En los presentes actuados se advierte esta excepción en la primera de las cuestiones planteadas - la nulidad del auto que ordena el allanamiento-, no así el planteo de inexistencia de la infracción por cuanto la resolución que se apela no es de aquellas que habiliten la vía para recurrir, ya que tiene como única consecuencia directa proseguir las actuaciones a fin de continuar con el normal desarrollo del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, sentencia condenatoria, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GERBALDO, GABRIEL OMAR s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD CALIFICADA, TORTURA LIBERTAD CALIFICADA, TORTURA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-27

Habiendo el imputado aceptado un proceso abreviado, en virtud del cual se lo condenó a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, sin que se informara a este Tribunal que tal decisión hubiera sido recurrida, necesariamente la prisión preventiva cuya prórroga cuestiona por la presente vía ha cesado y con ello, se han disipado sus agravios, operando la sustracción de materia; lo que constituye un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte por falta de agravio actual, lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores.
Honorarios, regulación de honorarios, apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: FASSI, J. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXPROPIACION INVERSA - EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-15

El pedido de regulación de honorarios como procurador está excluido por el art. 23 de la Ley 7.269 a tenor del cual "cuando en un proceso o gestión interviene m as de un profesional por la misma parte, se considera como un solo patrocinio o representación". De la correlación de esta norma con el segundo párrafo del art. 45 de la misma ley, resulta que el o los profesionales no pueden ejercer en el juicio dos funciones distintas y separables, susceptibles cada una de ser remunerada en forma independiente de la otra.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Möller, Aureo Jorge c/ Fernández, Manuel y otra s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

Las decisiones judiciales no deben ser ambiguas, dejando abierta la posibilidad de generar futuros conflictos. Así lo impone el art.

163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial al exigir "... la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas...declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda o reconvención... en todo o en parte".
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marino, Pedro c/ Boccia, Javier s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-02

La ley de locaciones urbanas ha introducido una serie de reformas en la relación del contrato de locación, disponiendo que los contratos, modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito (art. 1, ley 23091). Ya se considere que la instrumentación del contrato por escrito se trata de una forma "ad solemnitaten" o "ad probationem", lo decisivo es que cuando se está frente al supuesto de contrato verbal, el ordenamiento jurídico le confiere un efecto limitadísimo, pues queda reducido al plazo mínimo legal, con el alcance de que el precio locativo del mismo debe ser fijado judicialmente (art. 1°, ley 23091). En consecuencia, en una situación de ese tipo, mientras no se haya producido la determinación judicial de ese precio, no existe obligación de dar suma de dinero, líquida y exigible y, por lo tanto, no hay título ejecutivo (art. 518, 521 Código Procesal). Ello excluye, por consiguiente, que pueda prepararse la vía ejecutiva cuando existe contrato de locación formalizado por escrito (arts. 1°, ley 23091; 523 Código Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguridad social, embargo, Administración Nacional de la Seguridad Social, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Baloni, Ana María c/ C.A.S.F.E.C. s/ inaplicabilidad de la ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

La ley 24.463 -al reformar el procedimiento judicial de la seguridad social- dispuso la inembargabilidad de los bienes y cuentas de la ANSeS y que las autoridades administrativas competentes debían tramitar de inmediato el levantamiento de las medidas ejecutorias dispuestas con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, incluyendo las trabadas respecto de los bienes afectados a su servicio (art. 23).
Trabajadores aeronáuticos, convenios colectivos de trabajo, incapacidad total
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, LEONARDO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-22

La cláusula 10.8.2 del CCT. número 175/75 E celebrado entre Aerolíneas Argentinas y la Asociación Personal Técnico Aeronáutico, que incrementa la indemnización que fija el artículo 32 del Decreto Ley 16130/46, a la vez que define el concepto de incapacidad absoluta y permanente para el trabajo, no fue derogada por la ley 21476, toda vez que ésta se refiere a normas que excedan a las insertas en el régimen de contrato de trabajo, el que no legisla sobre accidentes, materia sujeta a normativa específica.
Impuestos, impuesto a las ganancias, sociedades comerciales, fusión de sociedades, grupo económico
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Holding Marítima y Portuaria S.A. (T.F. 15.352-I)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-19

Del art. 109 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias surge que en caso de fusión de empresas, resulta necesario que el ochenta por ciento (80%) del capital de la nueva entidad, al momento de la fusión, corresponda a los titulares de las antecesoras. Asimismo según esa norma reglamentaria del art. 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, un "conjunto económico" se conforma cuando el ochenta por ciento (80%) o más del capital social de la entidad continuadora pertenezca al dueño, socios o accionistas de la empresa que se reorganiza y siempre y cuando éstos mantengan individualmente en la nueva sociedad, al momento de la transformación, no menos del 80% del capital que poseían a esa fecha en la entidad predecesora. Además, en el art. 112 del decreto reglamentario también se hace referencia a la permanencia en la participación, al indicar que para que la reorganización de sociedades y empresas tuviesen los efectos impositivos previstos, el o los titulares de la o las empresas antecesoras deberían mantener, durante un lapso no inferior a dos años contados desde la fecha de la reorganización, un importe de participación no menor al que debían poseer a esa fecha en el capital de la o las entidades continuadoras (Cons. IV).
Revocación de sentencia, quiebra, sucesores, fallido, compraventa
Materia: PENAL
Carátula: ALOI ABELARDO FRANCISCO c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-10

Procede revocar la resolución que dispuso la ineficacia de pleno derecho de la venta realizada por el heredero del fallido, respecto del cierto inmueble objeto de subasta en el proceso de quiebra. Ello así, considerando que nunca fue inscripta la inhibición general de bienes del fallido, la falta de publicación de edictos en la jurisdicción del domicilio de la adquirente -donde se encontraba ubicado además el inmueble en cuestión- y que dicho bien fue vendido con informes registrales que no advertían la existencia de la quiebra, que tampoco aparecía exteriorizada en la sucesión y que esa operación pasó filtros notariales, estudios de títulos y examen del acreedor hipotecario y la inscripción registral de ese gravamen sin despertar sospechas ni reparos, esas circunstancias muestran al comprador, al menos, como un tercero con buena fe registral y ello autoriza, razonablemente, a concluir que la adquirente no tuvo efectivo conocimiento de que el fallido -y su heredero en consecuencia- se encontraban desapoderados del inmueble en cuestión, por ende, cabe entenderse que se actuó de "buena fe" al realizar la operación de compraventa. En ese marco, estimase que la operación pudo llevarse a cabo debido a la negligencia verificada en el trámite del proceso falencial y es con base en ello que se estima que la compraventa efectuada por el heredero del fallido, resulta oponible a la quiebra.
Recursos, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ROCAMORA, ALBERTO LUIS s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-08-20

PREVIO A TRATAR LA CUESTION TRAIDA A RECURSO,LA ALZADA DEBE MERITUAR DE OFICIO, LA PROCEDENCIA DEL CONCEDIDO AL FALLIDO, PUES SOBRE TAL PUNTO NO ESTA OBLIGADO NI POR LA CONFORMIDAD DE LAS PARTES NI POR LA RESOLUCION DEL JUEZ DE GRADO.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CERDAM, ANA c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-05-27

El recurso administrativo es una garantía para el administrado.

Es un "plus" y no un "minus", como de hecho vendría a ser si a través de él pudiera disminuirse el "estatus" del recurrente, que para la administración es ya definitivo en cuanto inmodificable por su propia iniciativa. Aun cuando pueda reconocerse que el funcionario con competencia para resolver el recurso tenga facultades para corregir los fundamentos de derecho dados por las partes, o para revocar, modificar o sustituir el acto en favor del recurrente, de ello no puede inferirse que pueda modificar parte o aspectos del acto no impugnados cuando estos hayan concedido derechos al recurrente y haya estabilidad en el acto administrativo, pués la decisión del órgano del recurso no puede reconocer al recurrente menos que lo que le reconocía el acto recurrido.
Delitos cometidos por medio de la prensa, doctrina de la real malicia
Materia: PENAL
Carátula: Contin, Aníbal Antonio c/ Impresora Patagónica S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-19

La doctrina de la real malicia exige que la afectada demuestre que conocía la falsedad de la noticia y obró con el propósito de injuriar.
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MORALES, MARIO ANTONIO c/ FENIX CREDITOS PROGRAMADOS S.A. Y/O VIDEO FILM PRODUCCIONES Y/O RUBEN  MASNAGUETTI s/ DIF. DE SUELDOS, ETC. MORALES, MARIO ANTONIO c/ FENIX CREDITOS PROGRAMADOS S.A. Y/O VIDEO FILM PRODUCCIONES Y/O RUBEN  MASNAGUETTI s/ DIF. DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-05|1997-03-05

Puede hablarse de "destitución", expulsión, exoneración, despido, ante la decisión unilateral de la demandada, que abusando del "Ius Variandi" pretende trasladar al actor a un centro alejado de su asiento laboral actual.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Juan Carlos c/ Rielmaricano S.A.C.I. y otra s/ Accidente Maidana, Porfidio c/ IWECO Isidoro Weil y Cía. S.A. y otra s/ Accidente de trabajo Vázquez de Cañón, Ana Cristina c/ Mapfre Aconcagua s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09|1995-05-16|2002-02-27

La circunstancia de que los jueces del trabajo gocen de amplia libertad para implementar la modalidad que consideren conveniente en la determinación del quantum indemnizatorio no los exime de explicitar el razonamiento que llevaron a cabo para arribar a la suma que consideraron más justa.
Falsedad ideológica, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO S.D ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA EN CONCURSO REAL; FERNANDEZ PEDRO, ACUÑA EFRAIN VALERIO, GOMEZ DIEGO EMILIANO S.D FALSEDAD IDEOLOGICA E.P ESTADO PROVINCIAL s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-13

En cuanto al elemento subjetivo de la falsedad ideológica, sabido es que la misma es imputable a título de dolo. Éste requiere la conciencia y la voluntad de cometer la falsedad capaz de perjudicar a un tercero. El dolo, en su aspecto cognoscitivo debe abarcar el conocimiento de que se inserta una falsedad sobre lo que el documento debe probar y del que puede resultar lesión a otro bien jurídico. Se puede afirmar, entonces, que la faz subjetiva del tipo penal se sienta sobre el conocimiento de afirmar un hecho falso del cual puede derivar un perjuicio y en la voluntad de hacerlo no obstante el conocimiento de esa posibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal administrativo de la navegación, revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Av./ Causa Abordaje B/P Topacio (mat. 5164) con B/P Quarracino (mat. 4933) y posterior hundimiento de este último s/ AVERIG. DE SU COLISIÓN , DEL 30/9/80). Quarracino (mat. 4933) y posterior hundimiento de este último s/ AVERIG. DE SU COLISIÓN , DEL 30/9/80).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

El examen que se debe efectuar -en sede judicial- de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo de la Navegación se encuentra limitado al control de legitimidad de lo resuelto por el tribunal en los términos que son precisados por los arts. 86 y siguientes de la ley 18.870, modificada por la ley 20.395, con exclusión de las cuestiones de hecho, suficientemente debatidas y examinadas por ante un Tribunal altamente especializado.