marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligación tributaria, impuestos, pago de tributos, alumbrado, barrido y limpieza
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CENTRAL COSTANERA S.A. c/ M.C.B.A. s/ REPETICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30

La obligación de pagar el tributo -en el caso por alumbrado, barrido y limpieza- nace de una necesidad pública de demanda coactiva, que no necesariamente debe estar vinculada a la efectiva prestación del servicio, sino que aquél puede ser de uso actual o potencial.
Juicio de desalojo, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Occhino de Garigali, Rosario c/ Vargas, Evar s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

En los juicios de desalojo, la estimación que autoriza el art. 40 de la ley arancelaria, debe ser expuesta en forma clara y precisa con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia, siendo ello corroborado por la última parte del inc. a del art. 27 de dicho cuerpo legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Escala penal, desproporcionalidad de la pena, acción de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Farfán, Maximiliano y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-15

El voto concurrente agregó que la desproporción postulada por la defensa en orden a la escala penal del art. 170, 2º párrafo del C.P., soslaya el carácter pluriofensivo del delito en cuestión, ya que por un lado se valora la libertad, y por otro, la propiedad, de ahí su ubicación dentro del título de los delitos que menoscaban este último bien jurídico, recibiendo un plus de valoración; de ahí que no se permite inferir irracionalidad en el mayor castigo a ciertas particularidades del tipo pena; y que respecto al planteo de inconstitucionalidad del art. 50 del C.P., el recurrente no trajo a estudio nuevos fundamentos que logren conmover la doctrina de la C.S.J.N.(Dr. Borinsky -según su voto-.)
Competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, cuestión política
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dunda, Saúl c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Acción mere declarativa de  Inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 548 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

La distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es tema de alta política constitucional y legislativa.
Contrato de trabajo, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: DE GRACIA OSCAR A. c/ FERRERI GANADERA S.A. Y OTROS s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-07

No obsta a la validez del libro que prevé el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, la falta de rubricación mes a mes del mismo por la autoridad de aplicación ya que, habiendo intervenido dicha autoridad habilitando el registro del accionado, la falta de comunicación de altas y bajas al organismo de contralor, podrá acarrearle al empleador una sanción administrativa pero no la invalidéz de la documentación laboral y la inversión de la carga de la prueba.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Videla de Polizzi, Clara E. c/ Pugliese, Antonio y otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Con referencia a los juicios que versen sobre bienes inmuebles o derechos sobre ellos o en juicios relativos a la escrituración de los mismos o derivados de contrato de compraventa, la base regulatoria será determinada por la valuación fiscal incrementada en un 20 por ciento si no han sido tasados los inmuebles. No obstante, la misma ley faculta al profesional a incrementar la base regulatoria (arts. 27 y 46 ley 8904) pero no a las partes a reducirla por debajo del valor fiscal, ya que la ley parte de que hay un "piso" para fijar la base regulatoria y ese está constituido por la valuación fiscal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración Pública, astreintes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gomez, Silvia Ines c/ Provincia de San Juan s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-11-22

Según el criterio mayoritario en doctrina resuelta viable la aplicación de astreintes a organismos de la Administración Pública.

Por cuanto existe un deber jurídico de la Administración de pronunciarse concretamente dentro de los plazos establecidos por la ley. Ello no afecta el principio de la división de poderes, en razón de que no se obliga al organismo a resolver de un determinado modo, sino que se aplican las sanciones por la demora en expedirse.
Despido con causa, injuria laboral, gravedad de la falta, insultos, amenazas, suspensión del trabajador, suspensión por causas disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, CARLOS c/ MOLBA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

Constituye falta disciplinaria grave que por sí sola justifica el despido el haber insultado y amenazado el trabajador al superior jerárquico a cuyo pedido se le había aplicado una suspensión, aún cuando tal agresión ocurriera en las inmediaciones de la entrada al establecimiento al comienzo de la jornada de uno de esos días en los que estaba suspendido, y en presencia del personal que en esos momentos ingresaba a trabajar.
Proceso penal, revocación del sobreseimiento, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, recurso de queja (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Roberti, Firmo Emilio y Ahumada, José Walter s/ Recurso de Queja por casación denegada deducido por el Dr. Enrique Lilljedahl (h) en Expte. Nº 05/10 Recurso de Casación - Subsidiariamente Planteo de Inconstitucionalidad y Reserva del Caso Federal interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl (h) c/ Auto Interlocutorio Nº 101/09 (17-12-09) en Expte. "R" Nº 94/2008 - Capital - 09/02/10
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-19

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos hizo lugar al recurso de apelación deducido por el querellante particular contra el sobreseimiento de los imputados, revocó aquél y dispuso la elevación de la causa a juicio.

Contra esa resolución el defensor de los imputados interpuso recurso de casación, cuya denegación por dicha Cámara dio lugar a la presente queja (art. 472 del .C.P.P.).

No habilita el recurso de casación la arbitrariedad que el recurrente predica del fallo revocatorio de los sobreseimientos de los imputados, en tanto, justamente por no tratarse de sentencia definitiva, los supuestos defectos que el recurrente le atribuye a dicho pronunciamiento pueden ser corregidos en la decisión final sobre las cuestiones debatidas y, en esa oportunidad, ser disipados los gravámenes alegados, los que no tienen en esta etapa el carácter de irreparables.

Por otra parte, dicha tacha supone la ausencia de fundamentación por carencia absoluta o insuficiencia notable de referencia fáctica o probatoria y de desarrollo argumental de las conclusiones a las que arriba el fallo.

Sin embargo, y sin que implique juzgar sobre el acierto o error de aquella decisión, se advierte que la impugnada no se basa sólo en la voluntad del juzgador -como dice el recurrente-, y que los jueces que formaron la mayoría expresaron las razones de su pronunciamiento, con detalle y valoración de la prueba testimonial y documental en la que sustentaron su convencimiento.

Por ello, el agravio invocado deviene inidóneo a los fines de lograr la revisión de dicha decisión por esta Corte y corresponde no hacer lugar al recurso queja por casación denegada deducido.
Cosa juzgada, cosa juzgada írrita, non bis in ídem
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El principio non bis in idem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos, constitutiva de una infracción al derecho internacional, ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, dado que una sentencia pronunciada en tales circunstancias produce una cosa juzgada aparente o fraudulenta, conforme ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Información ambiental, derechos y garantías constitucionales, acceso a la información pública, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscalía Penal, Dr. Gómez Amado, Gonzalo c/ Municipalidad de Joaquín V. González s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-05

La difusión de la información pública define el perfil de la relación entre los ciudadanos y el Estado y -consecuentemente- el grado de democracia imperante en una sociedad y en un momento específico. Por un lado, la potestad de acceder a la información pública es un derecho individual en cuyo contenido resaltan factores que apuntan a la autorrealización personal.

Desde un enfoque diverso, el derecho de acceso a la información pública puede ser considerado como un derecho colectivo, dado que la información de tal carácter ha sido calificada como un bien no distributivo ni excluyente, titularizado por la sociedad en su conjunto. En este sentido, se enraíza con la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia del obrar estatal, caracteres propios del régimen republicano.

Dentro de este genérico derecho a la información pública se encuentra comprendido el de acceder a la información pública ambiental, previsto y amparado por numerosas disposiciones legales.
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Puertas, Marcelo Oscar s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

Iniciado el procedimiento de apelación, la modificación retroactiva en perjuicio del recurrente, no sólo sería violatoria del derecho de defensa (art. 18 de la Const. Nacional) sino de lo dispuesto por el art. 145 de la ley 10.358.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Braun, Rosana Lilian s/ Martillero y corredor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 88 inc. 1 del Código de Comercio, y 1 inc. "c" de la ley de facto 20266, que atribuyen a los tribunales de Alzada de la República competencia en materia de idoneidad para el ejercicio de la actividad de martilleros y corredores, es arbitrario por no ser derivación razonada del derecho vigente, por resolver asuntos no planteados y por desoír la doctrina legal de la casación nacional, que es vinculante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido por matrimonio, interpretación de la ley, igualdad de género, principio de no discriminación, trabajo de mujeres
Materia: LABORAL
Carátula: Puig, Fernando Rodolfo c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

La interpretación que limita la exegesis del art 181 de la LCT al supuesto de matrimonio de la trabajadora mujer, desfavorable a los varones, implicaría afectar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso a los puestos de trabajo, restringiendo la contratación del género femenino; en tanto al tener éstas y no aquellos la presunción de despido por matrimonio, el empleador podría inclinarse por seleccionar varones a fin de evitar la futura aplicación de la figura (Voto del juez Rosatti).
Legados, acción de nulidad, prescripción, dispensa de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Vigano, María Cristina c/ Sattler, Eduardo Julio s/ Nulidad de legado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-28

Se opera una dispensa de la prescripción corrida por imposibilidad de obrar cuando, por razón de dificultades o imposibilidades de hecho, se hubiere impedido temporáneamente el ejercicio de una acción (art. 3980 C. Civil).

Para que proceda la "dispensa de la prescripción" es necesario que la acción se haya hecho valer "inmediatamente" después de cesada la imposibilidad de obrar (art. 3980 C. Civil).
Veto, ley general, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la CABA y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

La demanda, al cuestionar el decreto 670/11 que vetó el proyecto de ley 4015, ataca un procedimiento legislativo en curso pues no se han cumplido, y agotado, con relación a ese proyecto, todos los procesos que la CCBA prevé para la sanción de una ley.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Prov. Bs. As. c/ Hedegaard, L. s/ Ejecución prendaria. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-27

Las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios son, por regla, irrecurribles por vía extraordinaria (art. 57, 2do.

párrafo, dec. ley 8.904), no correspondiendo apartarse de dicho criterio si, no obstante alegar el profesional habérsele denegado el derecho a la regulación de sus honorarios, surgiendo de las constancias de autos que la misma ha sido efectuada, en realidad se limita a exhibir su disconformidad con las bases y pautas tenidas en cuenta por el juzgador. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, elevación en consulta, elevación a juicio, facultades del querellante, facultades del fiscal, fallos de la Corte Suprema, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ CORREA, TRISTAN. s/ Balance Falso.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-28

1 - Por el fallo de la CSJN in re "Quiroga" (327:5863) se declaró la inconstitucionalidad sólo de la primera alternativa del segundo párrafo del Art. 348 del CPP, por lo que debe interpretarse que cuando existe parte querellante y ésta estima que la causa debe remitirse a juicio, no se afecta la independencia del Ministerio Público Fiscal establecida por el Art. 120 de la CN, ni las garantías de imparcialidad del tribunal, de la defensa en juicio y del debido proceso, también de raigambre constitucional, por lo cual, frente a la elevación en consulta efectuada por el Juez y aún cuando el Ministerio Público considere que la causa no debe ser elevada a juicio, atento al requerimiento de elevación a juicio efectuado por la querella y en atención a la doctrina de la CSJN (Fallos 327:5863, 321:2021y "Del'Olio, Edgardo L." de Jul.11.2006), cabe establecer que corresponde la elevación de la presente causa a juicio y evacuar la consulta en ese sentido (Del voto de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).

2 - Si bien en ocasión de contestar el traslado conferido en los términos del Art. 346 del CPP la Fiscal no efectuó un pedido de sobreseimiento de los imputados, del dictamen se infiere sin lugar a dudas que aquélla ha considerado que la causa no debe ser elevada a juicio, por cuanto esa representación fiscal expresó que ya había desistido de la acción penal instada en las actuaciones, señalando que el Juez se encuentra habilitado para continuar la sustanciación de la causa a instancia de la querella particular, por lo que la declaración de nulidad de aquél dictamen constituiría un exceso de rigor formal censurado de manera pacífica y desde antiguo por la CSJN (Del voto de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).
Acción reivindicatoria, escritura traslativa de dominio, boleto de compraventa, escrituración, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAR, FERNANDO RAUL. c/ VALDERRAMA, ELFI Y OTRO. s/ ACCIÓN REINVINDICATORIA" (EXP Nº 360739/7) y "VALDERRAMA ELFY ASUNCION C/ COOP. DE VIV. RIO GRANDE LTDA. S/ ESCRITURACION".
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-06-13

Si en el posesorio las partes debatieron acerca de la posesión con la correcta satisfacción de la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 CN), en relación a esa misma posesión (el "factum" principal y sus cualidades), sería "escandaloso" que la definición que a ese respecto se hubiera alcanzado en aquél pudiese luego ser tergiversada en el petitorio (PS 2002 N°168 T°IV F°761/775, el resaltado es propio).

Siguiendo estos lineamientos, es claro que en el presente juicio no podría definirse que los demandados no han contado con la posesión del bien en cuestión, ya que la sentencia que puso punto final al interdicto rechazó la demanda, justamente, a partir del reconocimiento de tal posesión. Pero, como anticipara, allí se sostuvo que los actos posesorios se realizaron luego de la fecha del título invocado por el reivindicante.
Abogados, relación con el cliente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, María Cristal c/ Etchochoury, Jorge Gustavo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

Es la parte interesada quien guiada por el asesoramiento de su letrado patrocinante, tiene la carga de impulsar el proceso y firmar todos los escritos que se presenten al mismo (art. 118 del CPCC), como condición esencial de su eficacia procesal y so pena de ser devueltos si no se suscriben dentro de las 24 horas de exigido ello (art. 34 inc. 5° y 57 del CPCC). Es un deber de actividad de la misma. Y esto es tan así, que la misma actora al tiempo de demandar presentó el incumplimiento del demandado como una quiebra a deberes "de medios o de diligencias y no de resultado".
Recurso de inconstitucionalidad, multa tributaria, evasión fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad respecto de la multa impuesta por evasión fiscal -equivalente en el orden federal a la omisión de impuestos-, pues la sanción exige de una conducta culposa o negligente de parte del contribuyente. Las multas tributarias funcionan esencialmente como penas y no como indemnización ya que se trata de sanciones ejemplificadoras e intimidatorias enderezadas a lograr el acatamiento de los preceptos legales. (Voto disidente del Dr. José O. Casás).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, advertencia, llamado de atención, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F., A. E. c/  s/ delitos contra la integridad sexual con acceso carnal-apelación salidas transitorias rechazadas-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-02-27

El Defensor adjunto se agravia de lo dispuesto por la Alzada en la resolución venida en recurso, en el cual se le efectuó un severo llamado de atención en virtud de los términos empleados en su pieza recursiva; mas cabe señalar que el llamado de atención no puede ser considerado sanción disciplinaria y por ello es irrecurrible, puesto que esta advertencia constituye el ejercicio de una facultad jurisdiccional implícita, de índole potestativa, y por ende no susceptible de ser objeto de recurso alguno, debiendo tenerse presente lo dicho por este Cuerpo relativo a que el llamado de atención no importa sanción alguna de las catalogadas en la ley 10160, ni tampoco se vincula con las establecidas en la ley 13014, debiendo señalarse que la advertencia fue efectuada en el marco de facultades del Tribunal, sin que se observen cuestiones de índole constitucional como para operar la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 263, p 11; T 110, p 327. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160; Ley 13014; CSJtaFe, Actas N° 24, 123, 152 de fechas 3.4.1990, 24.10.1990 y 3.10.1991.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, prevención, defraudación, automotores, falsificación de documentos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Salvatori, Marcelo D. c/ Millevich de Aure s/ falsificación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

La falsificación de documentos de un automotor cometida con el fin de su posterior venta, es independiente de la estafa perpetrada como consecuencia de aquélla, por lo que deberá entender, en el segundo delito, el tribunal del fuero ordinario que previno.
Período de exclusividad, ampliación del plazo, régimen de mayorías, aplicación de la ley, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: WAISER, ESTHER LILIANA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Resulta improcedente que el concursado solicite la postergación del plazo de exclusividad en atención a las avanzadas negociaciones con los acreedores en orden a "obtener las mayorías que marca la ley", toda vez que, si bien de conformidad con lo normado por la LC 43, en ciertos supuestos el juez podrá fijar un plazo mayor, sin embargo, esa previsión no preve "prorroga ni postergación" del período originariamente fijado por el magistrado, por lo cual no procede la alteración propuesta por el concursado. Máxime, si -como en el caso- no acredito que se hallara en alguno de los supuestos que autorizan el plazo mayor, ni se advierte que el "numero de acreedores o categorías" hubiera justificado que el juez extendiese inicialmente el plazo de 30 días para que formulase su propuesta.
Costas, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Botana, Helvio Ildefonso y otros c/ CADEPSA. y otros s/ nulidad de actos jurídicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Corresponde imponer las costas, si se declara admisible el recurso de apelación y se confirma la sentencia apelada.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: DE JESUS, Juan c/ FERNANDEZ GARCIA, Nicanor s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

El hecho de tratarse de un testigo único no resta la eficacia plena que puede tener su declaración, ya que los testigos se pesan, no se cuentan (conf. Cám. de Apelaciones de Azul, L.L. rep. XL pág. 1978;

C. II CC La Plata Sala I, LL. rep. XLI pág. 2432 nro., 14), aunque sus dichos deben ser analizados con rigor, y se robustecen si hallan correlación con otros elementos de prueba o presuncionales que surgen de la causa (conf. C.N.Civ. Sala F, E.D. 90-219, íd, Sala G, JA 1981-IV-281; SCBA 23-3-82 DJBA 123-10).