Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-01


PEPINO, Julio Reg.: A y S t 212 p 71-75.

En la ciudad de Santa Fe, a los un días del mes de marzo del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PEPINO, Julio-Concurso Preventivo-Hoy Quiebra-Expte. 331/02- Incidente de Revisión promovido por A.F.I.P.-D.G.I. sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. C.S.J. N 430, año 2005). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad desestimó la apelación interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra el decisorio de baja instancia -que, a su turno, había rechazado el recurso de revisión deducido por el organismo recaudador-.

Contra esa resolución interpuso la perdidosa su recurso de inconstitucionalidad, tachándola de arbitraria por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Le imputó al A quo no decidir cuestiones oportunamente planteadas y desconocimiento de la normativa aplicable al caso al morigerar de oficio la tasa de interés establecida respecto de las deudas para con el Fisco nacional.

Esta última causal descalificante también le atribuyó al Tribunal al desestimar la acreencia pretendida en concepto de multas.

La Cámara denegó el remedio extraordinario, circunstancia que motivó a la recurrente a ocurrir directamente ante esta Corte quien, por resolución registrada en A. y S., T. 209, pág. 373, abrió la instancia de excepción solo en lo concerniente al segundo de los planteos enunciados ("multas").

El examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar aquella conclusión de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 130/131.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. En el "sub júdice" la Administración Federal de Ingresos Públicos promovió el incidente de revisión previsto por el artículo 37 de la ley 24522, en procura de que se admitiera la diferencia entre el monto insinuado al momento de la verificación tempestiva de créditos y el reconocido por el Juzgador, sosteniendo que la misma provenía -en lo que aquí es de estricto interés- de la desestimación de la acreencia por multas.

Aseveró, con sustento en la ley 18820 y en la Resolución General (A.F.I.P.) 79/98, que las multas fueron aplicadas al contribuyente concursado como consecuencia de incumplimientos de disposiciones previsionales.

Dijo que, aunque la ley concursal veda la realización de procesos de ejecución fuera del concurso, ello no impedía al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias y/o previsionales anteriores a la fecha de iniciación del concurso y de las sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas.

Citó, entre otros precedentes jurisprudenciales, el caso "Fisco Nacional Argentino (Dirección General Impositiva) s/ Incidente de verificación de crédito en autos 'Cosimatti, Gregorio G. s/ con. merc. prev.'" (C.S.J.N., Fallos:310:785).

El Juez de primer grado de conocimiento rechazó la revisión impetrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Impugnada esa resolución por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Sala la confirmó por considerar que "...la liquidación de las multas habría ocurrido con posterioridad a la presentación concursal del contribuyente. Con ello deviene aplicable sin más la doctrina de la Sala según la cual el hecho de que la aplicación de aquellas sea sobreviniente a la apertura del concurso, es un óbice decisivo a su viabilidad, aun cuando las supuestas infracciones que la determinan se hubieren podido materializar en períodos fiscales precedentes... Es claro que el 'título' o la 'causa' del crédito que se pretende insinuar es la planilla de liquidación de las multas y no las presuntas irregularidades fiscales que dieron lugar a la determinación de ellas..." (fs. 75/76).

2. Contra tal pronunciamiento dedujo la Administración Federal de Ingresos Públicos, recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.

Considera que el Tribunal, al sostener que "el hecho de que la aplicación de la multa sea sobreviniente a la apertura del concurso es un óbice decisivo a su viabilidad", prescinde de la norma expresamente aplicable al caso (art. 32, ley 24522) que dispone que todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo deben insinuar sus créditos.

Asimismo, afirma que el A quo soslaya la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando -en abono de su tesis- un precedente de la Suprema Corte de Mendoza "in re" "Bodegas y Viñedos La Vid S.R.L." (L.L., 1998-F-641), en el que se trajo a colación lo sostenido por el Alto Tribunal nacional en "Cosimatti Gregorio s/ Verificación", sentencia del 09/04/87 (Fallos: 310:785), para así atribuir al Judicante apartarse del criterio rector en torno a multas aplicadas a contribuyentes concursados o quebrados sin brindar fundamentos que pudieran justificar tal alejamiento.

3. El detenido estudio de la causa me convence de que el recurso intentado merece favorable acogida.

En tal sentido, se impone destacar que la desestimación por parte del Tribunal de la admisión en el pasivo concursal de las sanciones pecuniarias se fundamentó exclusivamente en la circunstancia de que las multas fueron impuestas con posterioridad a la declaración judicial de la quiebra.

Palabras más o menos, la Cámara sostuvo que aun cuando las supuestas infracciones que las determinan se hubieran podido materializar en períodos fiscales precedentes, el hecho de que la aplicación de la multa sea sobreviniente a la apertura del concurso es un óbice decisivo a su viabilidad.

Tal solución se opone derechamente a la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación.

En efecto: La Corte federal en los autos "Fisco Nacional Argentino (Dirección General Impositiva) sobre incidente de verificación de crédito en autos Cosimatti, Gregorio G.

sobre conc. merc. prev.", dijo que ("...) el art. 22 de la ley 19551...en casos como el presente, sólo debe ser entendido con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni de las sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Fallos: 310:785)(...").

Más recientemente, la Corte nacional ha ratificado el criterio enunciado in re "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Fisco Nacional c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A.", en tanto consideró procedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia dictada por un Juzgado Federal que había ordenado llevar adelante la ejecución fiscal contra la sociedad concursada por multas referentes a aportes de la seguridad social correspondientes a períodos anteriores a la presentación concursal. El Alto Cuerpo argumentó -haciendo suyo el dictamen del Señor Procurador General- que el fallo impugnado privaba a la deudora y a los restantes acreedores de la intervención procesal que les cabía, a la vez que impedía al juez del concurso determinar en última instancia si se trataba de una deuda pre o post concursal, para en su caso hacer lugar a la prosecución de la causa por la vía obligatoria de la verificación de créditos (cfr. Fallos: 325:3386).

Es dable mencionar que, en igual sentido que el Alto Tribunal nacional, se ha pronunciado la Suprema Corte de Mendoza, "in re" "Bodegas y Viñedos La Vid S.R.L." (L.L., T. I, 1998-F, págs. 643/644).

Ahora bien, sin perjuicio de la autoridad de los fallos de la Corte federal, no puede perderse de vista que la solución que dicho Órgano sustenta y que comparto, se aviene con el carácter declarativo de la determinación tributaria y de los actos de la Administración -en particular los sancionatorios-, derivado de nuestro sistema constitucional y del principio de legalidad, e inveteradamente reconocido en la doctrina nacional.

Es consecuencia ineludible de lo expuesto que el pronunciamiento impugnado no resulta derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Comparto los fundamentos brindados por la señora Ministra preopinante en cuanto a que la Cámara erige como valladar a la admisión de la multa la imposición de ésta con posterioridad a la apertura del c de Fallos: 212:51) (Fallos: 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos: 307:1094; en idéntico sentido, Fallos: 311:1644 y 2004; "Lloyds Bank Limited c. Okecki, Juan J.", del 19 de octubre de 1995 DJ, 1996-I, 609; también de esta Corte, "Gutiérrez", A. y S., T. 119, pág. 119; "Vallejos", T. 119, pág. 483; "Parón", T. 120, pág. 374; "Dutto", T. 123, pág. 272; "Airasca", T. 139, pág. 22).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas en el orden causado.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).