Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21


Causa Nº 086-00-CC/2006 Supermercados Ekono SA s/ Alimentos en infracción - Apelación ///n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 21 días del mes de julio de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 136/48, del presente legajo, del que RESULTA:

1) Que a fs. 129/33 vta. se agrega el acta que documentó la audiencia de juzgamiento llevada a cabo con motivo de las faltas que habrían sido verificadas en el mes de mayo del año próximo pasado.

Por una parte, se verificó, el 11/05/2005, luego de los procedimientos administrativos sustanciados en la órbita de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) documentados a fs. 5/27 y 31/54 originados en las muestras extraídas el 30/03/2005, que en la calle Estomba 838 de esta Ciudad, donde funciona una sucursal de la línea de Supermercados Ekono, se vendían alimentos en mal estado, específicamente harina de trigo leudante, marca Trigueña, en envase no satisfactorio por presentar orificios que permiten el contacto del alimento con el exterior (documentado en el acta N° 2 0796456, obrante a fs. 3) y harina de trigo tipo 000, marca Trigueña, en envase no satisfactorio por presentar orificios que permiten el contacto del alimento con el exterior (documentado en el acta N° 2 0796455, obrante a fs. 28).

Por otra parte, se constató, el 17/05/2005, a las 11:20 hs., en otra sucursal de la misma cadena de supermercados sita en la Av. Córdoba 6107 de esta Ciudad, que se encontraban depositados y destinados a ser vendidos (conservados en cámara y/o exhibidos para la venta): a) tres (3) Kg. aproximadamente de masas finas, elaboración Plaza Vea, de fecha aptitud vencida el día 16/05/2005; b) diez (10) unidades de postre mixto marca Montana, de 1000 cm3, de fecha de aptitud vencida en 2/2005; c) una unidad de helado de sabores varios, marca Milcream, de 1000 cm3 con envase primario deteriorado (roto); d) una (1) unidad de pizza congelada de mozzarella de 45 grs., marca Fausto, con envase primario deteriorado; e) tres (3) unidades de postre de crema helado, de 1000 cm3, marca Eilron, de fecha de aptitud vencida en 4/2005; f) una (1) unidad de patynesa de mesa de 226 grs., marca Paty, con fecha de aptitud vencida el 28/01/2005; g) una (1) unidad de caja de medallones de carne vacuna congelada de 250 grs., marca estancia La Legua, por fecha de aptitud vencida el 8/04/2005; h) once (11) Kg. aproximadamente de pescado fresco por interrupción de cadena de frío y exhibirse a 12 ° C (todo ello documentado en el acta N° 2 0796583, obrante a fs. 55, así como en el acta de decomiso obrante a fs. 57/8).

La audiencia de juzgamiento aludida, efectuada con posterioridad a que el Controlador Administrativo de Faltas dispusiera imponer por la conducta documentada en el acta 2 0796456 una multa de dos mil quinientos pesos ($2.500), por la documentada en el acta 2 0796455 una multa de dos mil quinientos pesos ($2.500) y por la documentada en el acta 2 0796583 una de multa de cinco mil pesos ($5.000), culminó con el dictado del veredicto condenatorio que se aprecia a fs. 133/33 vta. mediante el cual la Juez de Grado condenó a Supermercados Ekono SA: a) respecto del hecho ocurrido el día 11 de mayo del año 2005, por el cual se labrara el acta de comprobación N° 2 0796456, a la sanción de dos mil pesos de multa ($2.000) en suspenso; b) respecto del hecho ocurrido el día 11 de mayo del año 2005, por el cual se labrara el acta de comprobación N° 2 0796455, a la sanción de dos mil pesos de multa ($2.000) en suspenso y c) respecto del hecho ocurrido el día 17 de mayo del año 2005, por el cual se labrara el acta de comprobación N° 2 0796583, a la sanción de dos mil peso s de multa ($2.000) en suspenso.

Para decidir como lo hizo la Juez de Grado rechazó preliminarmente el planteo de nulidad que pesaba sobre el acta de comprobación N° 2 0796583 por considerar que la ausencia de calificación no determinaba dicha consecuencia legal toda vez que ella es de carácter provisorio. Asimismo consideró que el acta de decomiso obrante a fs. 57/8 era integrante del acta de comprobación cuestionada lo que disipaba la hipótesis de ausencia de descripción fáctica. Asimismo, y en atención a una de las conductas contenidas en el acta aludida en último término (se encontraban depositados y destinados a ser vendidos, conservados en cámara y/o exhibidos para la venta: once (11) Kg. aproximadamente de pescado fresco por interrupción de cadena de frío y exhibirse a 12 ° C) consideró que los elementos reunidos hacen plena convicción sobre la eficacia del instrumento que se cuestiona circunstancia que hace nacer la carga, en cabeza de la infractora, de enervar la validez del acta en crisis, circunstancia que no verificó en el caso de autos con relación al acta de comprobación N° 2 0796583, ni tampoco a las actas de comprobación N° 2 0796456 y N° 2 0796455.

Posteriormente calificó legalmente las conductas reprochadas. Con relación a aquellas consistentes en vender harina de trigo leudante y harina de trigo tipo 000 en mal estado, específicamente en envase no satisfactorio por presentar orificios que permiten el contacto del alimento con el exterior, las encuadró en el art. 1.1.1 de la ley 451 de conformidad con los arts. 184 y 185 del Código Alimentario Argentino, ello así toda vez que la primer norma aludida sanciona a quien elabore, fraccione, envase, conserve, distribuya, transporte, exponga, expenda, importe o exporte productos alimenticios que no cumplan con las disposiciones en materia bromatológica (...) y que, en el caso, la conducta reprochada a la firma Supermercados Ekono SA, susceptible de imputación de responsabilidad en materia de faltas (art. 4 ley 451), consistió en exponer o expedir al público los productos cuestionados que, según advirtió, contravenían las disposiciones del Código Alimentario que, entre otras disposiciones, establece que la finalidad de los envases alimentarios es proteger a los alimentos acondicionados en ellos, desde el momento de su fabricación hasta el momento de su uso por el consumidor, de los agentes externos de alteración y contaminación.

De ese modo rechazó la postura defensista tendiente a deslindar la responsabilidad por las conductas referidas en el párrafo anterior que pretendía responsabilizar por el mal estado de los envases en que se comercializaban las distintas harinas a la firma productora, Lagomarsino e Hijos SA, cuyo gerente depuso en carácter de testigo único durante el juicio. Entendió que aún cuando la condenada limitó su conducta a la acción de exponer o expedir al público incurrió en una omisión del deber de vigilancia que justificaba el reproche previsto en la norma.

Las conductas documentadas en el acta N° 2 0796583 merecieron de parte de la Juzgadora de Grado la misma calificación jurídica que las dos conductas anteriormente referidas. Afirmó que, de conformidad con las constancias del legajo que identifica, la totalidad de los productos que fueran decomisados se encontraban exhibidos para la venta y que no resultaba cierta la afirmación de la infractora en cuanto a que se habrían encontrado en un lugar separado para su posterior devolución.

Finalmente, aplicando las pautas mensurativas contenidas en el art. 28 de la ley 451 dispuso las sanciones ut supra referidas. Asimismo hizo uso de la facultad conferida por el art. 32 de la ley 451 y dejó en suspenso la efectiva aplicación de las mismas, luego de apreciar erróneamente el informe remitido por la Dirección General Administrativa de Infracciones obrante a fs. 105/08.

2) Que a fs. 136/48 se agrega el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la infractora, por su intermedio se agravia en primer término por considerar que con relación a las actas N° 2 0796456 y 2 0796455 la Juez no debió responsabilizar a la firma Supermercados Ekono SA (primer agravio, fs. 137/41) toda vez que las distintas harinas en cuestión fueron envasadas por la firma Lagomarsino e Hijos SA y la infraccionada no tuvo real posibilidad, ni la obligación legal, de analizar la mercadería que expende por lo que concluye que no tiene más remedio (sic) que confiar en la documentación que avala la mercadería que adquiere. Para fortalecer su hipótesis advierte que la DGHySA, para determinar los defectos en los envases (orificios de 1 milímetro que permiten el contacto del alimento con el exterior), debió efectuar un análisis químico lo que no se encuentra al alcance de su representada que se dedica a una actividad comercial.

Afirma que no pudo haber sido la intención del legislador sancionar al que expone o expende productos en supuestos como el de autos toda vez que el comerciante, con respecto a sus proveedores, se encuentra en la misma situación que los consumidores respectos de los productos que adquieren. Para robustecer su afirmación sita el art. 18 inc. 10 del Código Alimentario Argentino así como antecedentes jurisprudenciales de Tribunales del fuero.

Entiende que la sanción por estas conductas resulta arbitraria al no haber considerado en plenitud los elementos obrantes en el expediente, así como las cuestiones jurídicas introducidas, que resulta producto de una interpretación que trasunta un excesivo rigor formal y resulta irrazonable.

En segundo término el recurso de apelación cuestiona la sanción aplicada por las conductas documentadas en el acta N° 2 079583 (segundo agravio, fs. 141/45 vta.) pues los productos vencidos que se habrían encontrado el 17/05/2005 no se encontraban exhibidos para la venta sino que estaban en una cámara para su devolución. Para sustentar su afirmación señala la misma acta del legajo en que la Juez sustentó la postura contraria (fs. 57/8).

En este punto el recurso también cuestiona que el acta de fs. 57/8 no aclarara en cada caso si el producto se encontraba conservado en cámara o exhibido para la venta y que dicho defecto imponía la solución de absolución por aplicación del principio in dubio pro reo.

El acta N° 2 079583 además de cuestionar la exhibición de una serie de productos vencidos también reprocha que se hallaron depositados y destinados a ser vendidos (conservados en cámara y/o exhibidos para la venta) 11 Kg. de pescado fresco por interrupción de cadena de frío y estar exhibido a 12° C. Acerca de este producto la recurrente no cuestiona que no se hubiesen encontrado destinados a la venta sino que se agravia por las irregularidades del procedimiento toda vez que no se consignó el modo empleado para concluir la temperatura a la que se encontraba, por ende y en virtud del defecto del procedimiento que señala concluye que no pueden tenerse por válidos sus resultados.

En tercer término, se agravia el recurrente de la decisión impuesta cuestionando el procedimiento de inspección en lo atinente a los productos vencidos (tercer agravio, fs. 145/47 vta.), en este punto se agravia por cuanto el acta que da cuenta de dichas conductas solamente menciona la denominación genérica del producto lo que, según afirma, resulta insuficiente para tener por comprobada la infracción. Considera que a los efectos de dotar de certeza a los cuestionamientos en este punto se debió, imprescindiblemente, adjuntar a los presentes actuados el rótulo de cada uno de los elementos en infracción. Entiende que la carencia apuntada denota la falta de elementos mínimos para tener por configurada la conducta prohibida, asimismo considera que se trata de un vicio en la forma que considera que es un requisito esencial del acto administrativo, caracterizando de tal modo al acta detallada de fs. 57/8.

Por los motivos expuestos solicita la revocación de la decisión en crisis dedicando un breve párrafo a señalar la presencia de un caso federal.

3) Que a fs. 157/59 luce el dictamen de la Sra. Fiscal ante esta Cámara mediante el cual considera que el recurso bajo examen ha sido mal concedido. Arriba a dicha conclusión por considerar que si bien el extenso recurso menciona someramente la causal de arbitrariedad de sentencia y la violación de la ley, se trata de agravios aparentes pues en rigor el recurso reitera cuestiones que han quedado firmes (resolución -no definitiva- que a fs. 119/21 rechazó una excepción de falta de legitimación pasiva) o cuestiones de hecho y prueba ajenas al ámbito de revisión del Tribunal del recurso bajo examen.

Subsidiariamente, por los argumentos que expone, considera atinada la aplicación de la sanción por la conducta consistente en vender harina en envases defectuosos, tipificada en el art. 1.1.1 de la ley 451, aún cuando la infractora no haya sido quien envasó los mismos. En lo atinente a las conductas vinculadas con la exhibición de productos vencidos considera, con cita de antecedentes de este Tribunal, que se trata de una cuestión probatoria excluida del análisis de los Tribunales que no presenciaron la producción de prueba atinente a ella, asimismo entiende que de la lectura del acta de fs. 57/8 se desprende que dichos productos se encontraban en el local de la Avenida Córdoba destinados a ser vendidos.

4) Que a fs. 163 quedan los actuados en estado de ser resueltos resultando necesario dilucidar, en primer término, si el recurso resulta admisible a la luz del art. 56 LPC, toda vez que la Magistrada de Grado no cumplió satisfactoriamente con dicha obligación legal que además fue expresamente encomendada por este Tribunal. Luego, en caso de corresponder, corresponde revisar el fondo de las cuestiones acerca de las cuales este Tribunal posee competencia legalmente asignada.

PRIMERA CUESTION En efecto, toda vez que el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las sentencias de los Magistrados de Grado dictadas en el marco del ejercicio del control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece taxativamente- tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad, es menester recordar, una vez más, en consonancia con lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad (considerando 5 del voto de la Juez Ana María Conde in re Ministerio Público Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso apelación´, Expte. nº 4054/05 del 21/12/2005), que no cualquier motivo de agravio permite a este Tribunal revisar una sentencia de primera instancia dictada en estos procesos, tan sólo los motivos legalmente previstos.

La norma aludida no resulta sino una derivación lógica del principio de inmediación que informa la audiencia de juzgamiento en la materia y que impide que los jueces que no estuvieron presentes en el debate oral se inmiscuyan ilegítimamente en la apreciación de cuestiones de hecho y prueba a no ser a través de la excepcional doctrina de la arbitrariedad que en su acepción técnica posee contornos delineados por la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal Federal que acuñó dicha noción, a los cuales la recurrente no efectúa alusión alguna.

En el presente caso, si bien el recurso cumple los requisitos formales exigidos, el auto que lo concedió originariamente omitió toda consideración acerca de si los motivos que contiene permiten la intervención de esta Alzada (fs. 149), ello determinó la devolución de la causa a efectos de que el juicio de admisibilidad sea completado acabadamente (fs. 151/2).

En su nueva intervención la Juez de Grado manifestó que los tres agravios sostenidos por el representante de la infractora proveen de consideraciones suficientes como para declarar la admisibilidad del recurso que se plantea de conformidad con lo ordenado por el art. 56 de la ley 1217 (fs. 154). Dicha expresión resulta ausente de toda motivación, pues es claro que a la luz de la norma en cuestión los jueces tienen la obligación de explicar por qué entienden que los agravios planteados entrañan motivos que tornan procedente el recurso, cosa que no ocurrió en el caso. La falta de fundamentación señalada determina que este Tribunal ejerza las funciones legales incumplidas por la Juez.

En esta tarea se advierte que el primer agravio contenido en el recurso de apelación bajo examen transita el cuestionamiento de la forma en que se interpretó y, sobre todo, se aplicó en el caso la norma contenida en el art. 1.1.1 de la ley 451 para responsabilizar a quien expuso y/o expendió diversos tipos de harina en envases defectuosos toda vez que la recurrente entiende que dicha aplicación resultó irrazonable, arbitraria y propia de un excesivo rigor formal por la interpretación efectuada. Este motivo, es claro, demuestra una discrepancia con la aplicación de la ley sustantiva en el caso, lo que torna procedente el recurso en relación a este motivo.

El segundo agravio alude, como advierte la Sra. Fiscal ante esta Cámara, a una clara cuestión de hecho y prueba ajena, por determinación legal, a la incumbencia de este Tribunal. En efecto, este agravio se refiere al lugar donde se encontraban los productos detallados en el acta de fs. 57/8, toda vez que la recurrente afirma básicamente que desde el momento que dicha acta no aclaró si los productos cuestionados se encontraban conservados en cámara o exhibidos para la venta contuvo un defecto que imponía la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo.

En relación a este agravio es necesario recordar que la Juez consideró, en consonancia con lo señalado por la Sra. Fiscal ante esta Cámara, que de dicha acta surge en forma palmaria que los productos decomisados se encontraban exhibidos para la venta, por ello la controversia acerca de esta cuestión fáctica no entraña una situación que pueda ser analizada por esta Alzada, máxime cuando el núcleo de la decisión en este aspecto se asentó en expresiones o elementos que surgen del contenido del expediente. En suma, no se advierte en este punto la presencia de circunstancias de excepción (v.gr.: deficiencias lógicas en el razonamiento del tribunal recurrido) que autoricen a discutir, ante un Tribunal que no participó ni observó la producción de la prueba, un suceso histórico que se tuvo por acreditado en la instancia de grado. Un obrar diferente equivaldría a actuar extramuros del art. 56 LPF, excediendo la competencia legalmente asignada en la materia.

Una consideración similar a la efectuada en el párrafo anterior corresponde realizar con relación al agravio, presentado también dentro del capítulo segundo agravio, que cuestiona las irregularidades del procedimiento por cuanto no se consignó, en el acta de fs. 57/8, el procedimiento empleado para medir la temperatura a que se encontraban los 11 Kg. de pescado ofrecidos para la venta. En efecto, si bien el recurrente pretende presentar el agravio como un cuestionamiento a los ritos seguidos para determinar una situación fáctica (exponer y/o expender pescado habiendo interrumpido la cadena de frío), circunstancia que traduciría un cuestionamiento de las formas sustanciales prescriptas para el trámite (...) de la causa, lo cierto es que la recurrente no identifica norma procedimental alguna cuyo incumplimiento sirva de soporte al agravio construido. En rigor, este aspecto del recurso intenta cuestionar nuevamente aspectos fácticos de la decisión en crisis, es decir, si se interrumpió o no la cadena de frío en relación al pescado en cuestión. Tanto esta controversia, como la aludida en el párrafo anterior transitan cuestiones de hecho y prueba que, en estos procesos y por determinación legal, son del resorte preponderante de los juzgados de instancia, ante el cual, en el caso, tal vez no se desplegó todo el esfuerzo probatorio que se puede imaginar (v.gr.: citación de los inspectores de la DGHySA). Por lo expuesto el recurso ha sido mal concedido con relación a este agravio.

Finalmente el cuestionamiento a la sentencia de grado desarrollado bajo el rótulo tercer agravio tampoco encierra una cuestión que pueda ser tratada por este Tribunal, por cuanto la afirmación en torno a que el acta que da cuenta de la exhibición de productos vencidos debió adjuntar los rótulos de cada uno de los elementos en infracción adolece del defecto que consiste en no señalar norma alguna que imponga la obligación que considera incumplida. Tampoco la genérica alusión a diversa doctrina jurisprudencial que cuestionó actos administrativos permite que esta cuestión sea otra cosa, como se explicará, que un nuevo intento por discutir cuestiones fácticas. Téngase presente además que las actas de infracción no son, en rigor, actos administrativos (este Tribunal in re Hoyts General Cinema Argentina SA s/ cables expuestos y otras -Apelación-, Causa Nº 444-00-CC/2005 del 24/02/2006) toda vez que, en lugar de generar efectos jurídicos directos sobre el administrado implican, tan sólo, una seria noticia acerca de una presunta infracción que, en su caso, sí llevará al dictado de un acto de tal naturaleza por parte de la Unidad Admini strativa de Control de Faltas (ver AGUSTÍN GORDILLO, Tratado de derecho administrativo, Tº 3, El acto administrativo, Cap. II-2, 4ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 1999). En realidad mediante el cuestionamiento al procedimiento la recurrente considera que no existen, o no se han recabado, elementos suficientes que permitan tener por acreditado que los productos cuestionados se hubiesen encontrado vencidos, se advierte en forma clara que así cuestiona dicha circunstancia fáctica, o los elementos tenidos en cuenta por la Juez de Grado para tenerla por acreditada. Por principio entonces se trata de una cuestión ajena al recurso de apelación previsto en el art. 56 LPF, por ello el recurso ha sido mal concedido en relación a este agravio.

SEGUNDA CUESTION:

Ingresando en el análisis del único agravio que, como quedó explicado, este Tribunal está en condiciones de estudiar, corresponde advertir, tal como lo señaló la Juez de Grado y la Sra. Fiscal ante esta Cámara, que el art. 1.1.1 de la ley 451 sanciona a quien elabore, fraccione, envase, conserve, distribuya, transporte, exponga, expenda, importe o exporte productos alimenticios que no cumplan con las disposiciones en materia bromatológica (...) y responsabilizar, por la exposición o expedición, de productos contenidos en envases en mal estado, a quien los exponga o expenda, lejos está de entrañar una irrazonable aplicación de dicha norma, o una aplicación que traduzca un excesivo rigor formal o se aparte de la intención legislativa, sino que consiste en una decisión adecuada a los fines que la norma tiende a perseguir.

Ello así pues el fin último de las normas en materia de bromatología consiste en tutelar la salud y seguridad de quienes en esta Ciudad consumen productos alimenticios ofrecidos en el mercado, y en el ejercicio de tal salvaguarda resulta razonable acudir al medio apreciado en el presente legajo consistente en responsabilizar a todos aquellos que aporten factores que contribuyan a poner en peligro los bienes jurídicos aludidos.

Lo expuesto no excluye que además de responsabilizar a la firma recurrente, en estos casos sea útil, asimismo, reprochar a la firma que envasó los productos cuestionados por una conducta diferente a las de exhibir o exponer, es decir por la consistente en envasar y/o distribuir. Tampoco excluye la hipótesis de que la infraccionada pueda efectuar reclamos a quien, a su criterio y según sus dichos, la habría inducido a la comisión de la infracción. Se trata, en aras de la tutela referida en el párrafo anterior, de motivar a quienes comercian productos alimenticios a extremar los controles referidos a los productos que exhiben o a que efectúan adecuadamente las decisiones comerciales en el sentido de que con ellas no se ponga en riesgo la salud o seguridad de los consumidores de esta Ciudad. Por ello, corresponde confirmar la sentencia en crisis en cuanto condenó a Supermercados Ekono SA a la sanción de multa por un total de cuatro mil pesos ($4000) (actas N° 2 0796456 N° y 2 0796455 ) en orden a la conducta tipificada e n el art. 1.1.1 de la ley 451 de conformidad con los arts. 184 y 185 del Código Alimentario Argentino.

Finalmente es necesario dejar constancia del error en que incurrió la Juez de Grado al considerar que la infractora no posee antecedentes en la materia y con sustento en ello suspender el cumplimiento de las multas impuestas. De una simple lectura del informe remitido por la DGAI se advierte que las presentes no son la primer condena de la infractora sino que posee en su haber distintas condenas impuestas en sede administrativa que se hallan firmes (fs. 106/07) lo que constituye un impedimento para otorgar el beneficio concedido. En caso de haber tenido dudas acerca del contenido del informe aludido debió haber certificado las constancias que surgen del mismo.

Sin perjuicio de ello, resulta claro que ante la ausencia de recurso de parte interesada este Tribunal se ve impedido de modificar lo resuelto en perjuicio del único recurrente, tan sólo resta señalar que no era tan estéril (sic, fs. 127) la presencia del Fiscal de Grado en la audiencia de juicio como él mismo lo consideró.

Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, por unanimidad RESUELVE:

I) Declarar mal concedido el recurso de apelación obrante a fs. 136/48 en torno al segundo agravio y tercer agravio que giran en torno al cuestionamiento del reproche por las conductas consignadas en el acta N° 2 0796583 y a la pretensión de su nulidad por defectos de forma. (art. 56 LPF).

II) Confirmar la sentencia obrante a fs. 130vta./133vta. en cuanto condenó a la firma Supermercados Ekono SA, respecto de los hechos verificados el día 11 de mayo de 2005, por los cuales se labraron las actas de comprobación N° 2 0796456 y N° 2 0796455, a la sanción de multa de pesos dos mil ($2000) por cada una de ellas, cuyos cumplimientos dejó en suspenso (art. 1.1.1 ley 451).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mi Se deja constancia que el Dr. José Sáez Capel no firma por hallarse en uso de licencia.