marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento contencioso administrativo, derecho tributario, Derecho constitucional, derecho a la vivienda digna, situación de vulnerabilidad, mayor de edad
Materia: PROCESAL
Carátula: C. D. U. y otra c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ C. D. U. y otros c/ GCBA s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

En materia de alimentos y obras sociales, el legislador ha querido tutelar expresamente a los jóvenes -aún mayores de edad- que estuviesen capacitándose con vistas a su desempeño en el mercado laboral y profesional. Frente a este panorama, no existe razón que permita sostener válidamente que los hijos de los hogares vulnerables deban emanciparse económicamente varios años antes que los hijos de los trabajadores del sector formal de la economía. Aceptar esta solución implica soslayar los principios constitucionales de igualdad, equidad y la prohibición de discriminación que deben guiar la solución a fin de evitar distinciones arbitrarias. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe. Voto coincidente del juez Luis Francisco Lozano).
Contestación de la demanda, recurso contencioso administrativo, jubilaciones, haber jubilatorio, juicio, partes, pretensión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, RAUL EMILIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 229-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-27

La materia litigiosa está dada por las pretensiones no aceptadas por la contraria, y no por el alcance que equivocadamente pueda adjudicarle la demandada.

En el caso, debe entenderse que la litis se trabó incluyendo el período anterior a la fecha del reclamo administrativo por el que se impugnó el decreto dictado de conformidad a la ley 8233, y por el período posterior al cese de la vigencia de los topes previstos en esa ley como expresamente surge del escrito de interposición del recurso, no obstante que la Provincia al contestar la demanda, parezca entender que todo el planteo se reduce a la aplicación de los topes surgidos en la ley 8233, desde que, por otra parte, si alguna duda razonable tuvo, pudo utilizar el remedio previsto en el artículo 37 inciso c) de la ley 4106.
Contrato de trabajo, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: "González  Claudia Roxana c/ Cargos SRL s/ Certificado de trabajo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

Los antecedentes de conducta desfavorables y las faltas disciplinarias anteriores del trabajador, aun cuando puedan considerarse para establecer la gravedad del nuevo hecho supuestamente injurioso, no bastan para justificar la cesantía si no se acredita la existencia de un incumplimiento actual sancionable que fuese contemporáneo a la cesantía (en igual sentido, S.D. 91.249 del 23/3/06 "Valentini Roxana Isabel c/ Louro Barreiro Juan Carlos s/ despido").
Jurisdicción y competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, accidente de tránsito, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Julio Daniel y otros s/ lesiones culposas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Los escasos elementos de prueba incorporados en el legajo y la ausencia de una mínima investigación tendiente a establecer cómo ocurrieron los hechos, la tipificación que prima facie puede ser atribuida y, sobre la base de ello, la eventual responsabilidad del aforado, determinan que la causa iniciada a raíz del accidente automovilístico en el que habría sufrido lesiones el primer secretario de la Embajada de Israel en nuestro país y que tiene por objeto investigar una posible infracción a los arts. 94 y 89 del Código Penal resulte ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema.
Conducción riesgosa, tipo penal, acusación fiscal, prueba, acuerdo de mediación, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín s/ s/ Inf. Arts. 111 y 114 ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20

Entendemos que resulta suficiente para desechar cualquier argumento tendiente a comprobar la responsabilidad del aquí encausado por las contravenciones de los artículos 111 y 114 de la Ley Nro. 1472, el compromiso de carácter económico asumido con la parte damnificada, situación que se encuentra sujeta a las reglas elementales del Derecho Público y el Derecho Privado.
Enfermedad accidente, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero, Pedro Antonio c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05

La prescripción de la acción indemnizatoria derivada de una enfermedad accidente comienza a correr desde que el trabajador conoce la incapacidad que las dolencias habrían de producirle.
Empleo público, empleados públicos, personal transitorio, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, LUPE LEONOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CSJ EXPTE NRO 133-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-25

Es de naturaleza pública el vínculo que une a un agente que presta servicios transitorios como auxiliar de enfermería en un servicio para la atención médica de una comunidad dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social -hoy de Acción Social y Salud Pública-, y se rige por la normativa de la ley 6936 que distingue los efectos que tal vínculo produce entre dicho personal transitorio del permanente, el que no resulta violatorio de la igualdad o razonabilidad, por estar vinculado a las diversas exigencias del servicio, ante cuyo interés debe ceder el del sujeto particular.
Cosa juzgada, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Villa, Rubén c/ Parezmar S.A. s/ Diferencia de haberes, etc Santos, José María c/ Parezmar S.A. s/ Diferencia de haberes Riccardi, Eduardo José c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Diferencia de indemnización, ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14|1984-12-14|1990-03-06

Sean cuales fueren las diferencias que existan entre la cosa juzgada judicial y administrativa, ésta tiene con aquélla un elemento común, y es que media un acto decisorio de la autoridad, por el que se reconoce o del que surge un derecho subjetivo a favor de una de las partes.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Zuccoli, Marcela A. c/ SUM S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

Los jueces deben, aún de oficio declarar la inconstitucionalidad de las normas que en su aplicación concreta padezcan dicho vicio ya que el tema de congruencia constitucional se le plantea antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción declarativa de inconstitucionalidad, Constitución Nacional, ley de servicios de comunicación audiovisual, servicio de radiodifusión, tratados internacionales, observancia de tratados internacionales, Poder Ejecutivo Nacional, Comunicaciones, acceso a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-14

El análisis constitucional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, cuya inconstitucionalidad la actora peticiona mediante la acción prevista en el art. 322 del CPCCN contra el Poder Ejecutivo Nacional, debe efectuarse recordando que el sustento constitucional de aquélla norma se enmarca en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional - conforme lo establece el art.75 inc.22 de aquélla-, en función de los cuales y a partir del precepto contenido en el art. 14 de nuestra Carta Fundamental, el acceso a la información es la primera escala en el camino hacia el conocimiento, constituyendo la antesala de la opinión fundada y el presupuesto del análisis y transformación de la realidad en cualesquiera de sus manifestaciones, representando de tal modo un derecho que no sólo pertenece al periodista, investigador o empresario de los medios de comunicación, sino fundamentalmente al hombre común, por cuanto la libertad de acceso, elaboración y difusión de información constituyen instancias sucesivas en el trayecto del derecho de expresión que el orden jurídico debe tutelar, habiéndose destacado que el derecho a la información es prioritario, y su efectivo ejercicio comporta una herramienta sustantiva para el goce de los derechos humanos, sociales y económicos, culturales y de incidencia colectiva, cuya satisfacción constituye un presupuesto de las libertades civiles y políticas.
Obligaciones concurrentes, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Retondini, Rubén A. c/ Club Atlético Independiente s/ Daños y perjuicios Gómez, Eugenio y otros c/ Villalba, Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|1999-06-15

Cuando se trata de deudores que deben responder in solidum, casos en que existe identidad de objeto, el contenido económico de la obligación no puede ser más que uno para todos, pues -según elementales principios lógicos- todo objeto debe ser igual a sí mismo y una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si se concibiera la posibilidad de que los obligados in solidum resultaran condenados en distinta magnitud, desaparecería el sustrato caracterizante de este tipo de obligaciones.
Indemnización por accidente de trabajo, acumulación de indemnizaciones, aplicación de la ley, trabajadores viales
Materia: LABORAL
Carátula: Azevedo, Julio César c/ Dirección Provincial de Vialidad y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-04

El estatuto o convenio pueden disponer en forma diversas. Es decir que pueden excluir a la ley general, en cuyo caso predominarán aquellas. Pero es del caso que tampoco el estatuto vial excluye su concurrencia con el art. 212, 4° párrafo. La ley 20.320 excluye en su art. 2° sólo a las normas generales o especiales que se "oponen".

El beneficio del art. 36, establece que no se abonará cuando el trabajador está en condiciones de acogerse a la jubilación (art. 36, in fine). De esta manera ambos regímenes no son incompatibles. Al contrario, el art. 212, 5° párrafo de la L.C.T. , expresamente declara que son acumulables. (Dr. Diblasi: en disidencia).
Sentencia condenatoria, homicidio con alevosía, homicidio calificado con el concurso de personas, asesinato, prisión perpetua, detención
Materia: PENAL
Carátula: Etchebarne Cristian Javier s/coautor de homicidio agravado por haber sido consumado con alevosía a través de una promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas y Reina Claudia Susana, Maillo José Maximiliano y Maillo Luis Gabriel s/coautores de homicidio agravado por el vínculo, consumado con alevosía a través de una promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2021-03-25

Corresponde condenar al imputado de la causa, a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser consumado con alevosía, a través de una promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas, y al pago de las costas del proceso -arts. 80 incs. 2, 3, 6 y 29 inc. 3 del CP-, manteniendo el estado de detención en la dependencia penitenciaria donde actualmente se encuentra alojado. Para decidir así, ha de precisarse que en este caso, en particular, la muerte violenta responde a un mecanismo homicida de carácter exógeno que concurre con la acción de un sujeto agresor responsable de la ejecución, es decir, que la interrupción repentina de la vida se produce por una conducta humana de origen criminal y consecuencias traumáticas que provoca el cese definitivo de la actividad integrada del organismo. El autor del hecho actuó sobre seguro, con la víctima durmiendo, en estado de total indefensión, prueba de ello es que en el examen de autopsia no se detectaron lesiones de defensa en manos, brazos o antebrazos; se trata de un agravante que constituye una forma insidiosa de cometer el homicidio. La consumación del homicidio perpetrado por el imputado, no encuentra contradicción probatoria material ni formal a lo largo de la investigación desplegada, y por esta razón resulta ser la aceptada.
Seguros, subrogación en los derechos del asegurado, obligaciones de dar sumas de dinero, inoponibilidad a terceros, moneda nacional, convertibilidad, obligaciones en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA ANGLO ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Habiendo sido la petición formulada en moneda argentina y no en divisas y ponderando, además, que la subrogación coloca a la aseguradora en el lugar del primitivo acreedor (consignatario) y que la transportista es un tercero con respecto a las partes contratantes del seguro -por lo que no le es oponible, ni puede oponer, el tipo de moneda por ellos convenido para efectuar los pagos contractuales (arg.

art. 1199, Código Civil; cfr. esta Sala, Causas 7772 del 20.11.90;

8788 del 20.3.92; 6238/93 del 15.4.94) -, no resultaba pertinente decidir que, por haberse reclamado la suma de australes necesaria para adquirir u$s 7.934,20, la condena no podía superar la de $ 7.934,20 por constituir el indicado monto en moneda extranjera (traducido a moneda argentina según lo dispuesto en la Ley de Convertibilidad -u$s 1 = $ 1-) el límite de sus pretensiones. Ello aún cuando el pronunciamiento admitió que la suma que abonará la aseguradora a la consignataria el 3.11.88 (inferior al valor del faltante reajustado hasta el pago subrogatorio), actualizada a la fecha de corte establecida por la Ley 23.928, arrojaba $ 9.758,63, sino hacer lugar a la demanda por ésta última suma.
Deberes procesales, multa procesal, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: GROPPO, HECTOR c/ GIOLLI, JOSE s/ CONDUCTA PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-18

El CPR. establece la posibilidad de que el juez, al sentenciar, califique la actuación de las partes e, inclusive, sancione la inconducta procesal genérica observada a través de la sustanciación del litigio, imponiendo una multa que obedece exclusivamente a la actitud temeraria y maliciosa asumida por el vencido, que consiste:

a) en el conocimiento que tuvo o debió tener de la carencia de motivos para accionar o para resistir la acción, y no obstante ello prefirió hacerla, abusando de la defensa y de la jurisdicción temeridad-; o b) en la utilización de facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión, en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe.
Licencia de conducir, sanciones administrativas, suspensión del juicio a prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: " Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:    'Huidobro, Cristian Roberto s/infr. Art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de  estupefacientes -CC-'" . (Expte. nº 7387/10). 22-06-11.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-22

En los casos en que se disponga la pérdida de puntos en virtud de una decisión dictada en sede administrativa a propósito de una conducta que no constituya una contravención, incluso cuando el presunto infractor haya realizado un pago voluntario (art. 17, ley 451), la revisión de esas quitas quedará supeditada a que ella sea una de las acumuladas para dejar al conductor con cero puntos; pero si la conducta constituye también una contravención, como principio, habrá que estar a lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 11, pto. 1.3 del Código de Tránsito y la posibilidad de que opere la quita de puntos por esa conducta estará supeditada a la decisión judicial a la que se arribe en el proceso contravencional. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Transporte marítimo, fletamento, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARPEZ  S.A. c/ C. ITMO ARGENTINA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-12

Los acuerdos entre fletante y fletador pueden significar una disminución de la responsabilidad del transportador marítimo, desde el momento del embarque hasta la descarga, con relación al cargador o al consignatario de la mercadería, carecen del valor frente a éstos, por ser inderogables las normas nacionales e internacionales que rigen ese aspecto del transporte y, con apoyo en los arts. 241, apartado 4, 284 y 300 de la LN, el fletante transportista puede convenir validamente con el fletador estipulaciones que reduzcan la responsabilidad del primero frente al segundo.
Honorarios del perito, peritos, perito de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: PILAFTSIDIS, Carlos A. c/ B.C.R.A. s/ PROCESO DE CONOC."
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-17

Es jurisprudencia reiterada de este tribunal, siguiendo el fallo plenario de esta Cámara del 16-9-76 (E.D. 70-204), que el perito designado de oficio puede cobrar sus honorarios a cualquiera de las partes, incluso a la vencedora en costas, sin perjuicio del derecho de ésta a repetir a la contraparte la suma que hubiese abonado.

Criterio del cual no cabe apartarse exigiéndole accionar primero contra el vencido en costas (confr. esta Sala in re, 2-9-93, "Cartonería San José").
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, ley arancelaria, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MURGUIA, Elena Josefina c/ GREEN, Ernesto Bernardo s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Resulta admisible el recurso de inaplicabilidad de la ley, cuando se encuentra en juego la aplicación de las normas contenidas en las leyes de aranceles y su alcance, pues constituye una cuestión de derecho, así como los alcances de los arts. 1195 y 1199 del Código Civil, con relación a los acuerdos alcanzados en juicio que ponen fin al litigio, sin la intervención de los interesados en la regulación de sus honorarios.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LOS ANDES  S.A. c/ RODRIGUEZ JUAN DE DIOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-15

El CCOM 793 faculta a las entidades bancarias para crear unilateralmente un título ejecutivo; pero el uso de tal prerrogativa les impone ser eficientes y serias. La ejecutante no ha justificado la simultaneidad de dos certificados; decir que "el día de cierre, la cuenta registraba dos saldos deudores sucesivos" nada explica. El saldo deudor debe ser uno al cierre de cada día, por consecuencia con el ser esa unidad jurídica del tiempo (CCIV 24) y con el mandato del CCOM 797 que alude a tal medida y ocasión para referirse a la fijación del saldo .
Locación, fianza
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Godoy, Olga Irene c/ Aguirre de Sanchez, María Argentina y Otros s/ Gestión Preparatoria de la Vía Ejecutiva-Hoy ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-10

No cabe responsabilizar al fiador por las obligaciones del locatario contraídas una vez vencido el contrato de locación -en el caso, por la continuación del alquiler luego del vencimiento-, según art. 1582 bis del CC -texto según ley 25.628-, pues de otro modo el fiador quedaría comprometido "sine die" por deudas que en su fuero íntimo jamás consideró que se extenderían más allá del término de la locación, sin que importe el hecho de que éste se haya constituido como deudor solidario, liso, llano y principal pagador, compromiso que se entiende hecho hasta la finalización del contrato -arts. 1995 y 2046 CC.-.
Prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMOP S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

Corresponde al accionante acreditar los hechos que justifiquen el derecho por él invocado porque no actúa en simple instancia recursiva sino en proceso de conocimiento y, en consecuencia, debe cumplir con la carga de la prueba.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad de la petición, defecto legal, improcedencia del recurso, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Toujours Vacances SA c/ Kalmus, Miguel Santiago y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

Procede rechazar la excepción de defecto legal opuesta por el demandado. Ello por cuanto, en esta acción se han determinado con claridad cuáles eran los daños y perjuicios reclamados (con base en una presunta actuación por lo menos negligente de los directores), resulta evidente, que para determinar la cuantía de los rubros indemnizatorios pretendidos, la sociedad no contaría con la posibilidad de hacer siquiera una aproximación de valores al no disponer, según dijo, de toda la documentación pertinente. En este contexto, el resultado de la peritación contable y demás prueba ofrecida solo serán necesarios, en caso de prosperar la acción, para cuantificar el monto de lo pretendido en el sub lite circunstancia que pondría en evidencia la imposibilidad actual de su determinación en virtud de las particulares circunstancias del caso. Cuadra reiterar -además-, que la omisión de indicar el monto reclamado por este rubro no colocó a los accionados en estado de indefensión, ni en desventaja procesal, que les impidiese ejercer en debida forma su derecho de defensa por haber sido descriptos conceptualmente los fundamentos de la pretensión de resarcimiento, lo que amerita el rechazo de la excepción. (En el caso, el actor describió los daños y perjuicios reclamados en concepto de rubros indemnizatorios, por realizar los demandados una administración y/o explotación ineficiente y/o negligente y/o contraria a los usos y costumbres, como por los egresos registrados sin debida justificación y/o respaldo documental y/por egresos injustificados y/o falsos o inflados y/o sobreprecios injustificados y/o desproporcionados de dicho ejercicio, como también por los ingresos y/u operaciones comerciales que debieron ingresar y/o registrarse de haberse explotado el inmueble de la sociedad conforme lo hubiera hecho un administrador leal).
Robo con armas, extinción de la acción penal, prescripción, sentencia no firme, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ajata, Julio Cesar y otros s/ robo con armas c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-17

Si bien en principio la resolución que no hace lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción no constituye por regla sentencia definitiva, y no se enmarca en ninguno de los supuestos que taxativamente prevé el art. 457 CPPN para habilitar la instancia de casación -pues no pone fin a la acción o a la pena, ni hace imposible que continúen las actuaciones, sino que por el contrario, impone la prosecución del proceso-, se advierte que en casos donde podría encontrarse comprometido el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, de no atender la cuestión planteada, podría generarse un gravamen definitivo de imposible reparación ulterior (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus) Cita de "Mattei" (Fallos: 272:188); "Mozzatti" (Fallos: 300:1102); "Kipperband" (Fallos: 322:360) y "Barra" (Fallos: 327:327)