marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pensiones, denegatoria del beneficio, afiliados previsionales, afiliación post mortem
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NARVAE, BLANCA HIPOLITA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ AFILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-15

Conforme la doctrina sentada por la C.S.J.N. el 25.08.88, in re "Mirkin, Julio", a fin de evitar la indebida captación de beneficios no procede la afiliación post-mortem dentro del régimen previsional para trabajadores autónomos. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución que denegó la pensión solicitada con fundamento en que el causante, en vida, no se había afiliado al referido régimen.
Contrato de trabajo, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado, Agustín Segundo c/ DI CARLO VAZQUEZ Y CIA. C.I. y C. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-10

La necesidad de realizar periódicamente una modernización de las maquinarias por la necesidad de brindar mayor seguridad y lograr mayor rendimiento y calidad en razón de la competencia, lo mínimo exigible a la patronal era que tratara de ir utilizando el conocimiento que les brindaban los nuevos modelos de sobadoras para adecuarle medios de seguridad suficiente que redujeran al mínimo los riesgos de la utilización de dichas máquinas.
Beneficios previsionales, matrimonio celebrado en el extranjero, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bombassei, Nélida Armanda c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

La pretendida insuficiencia probatoria del certificado de matrimonio aducida por la Fiscalía de Estado para justificar la denegatoria del beneficio previsional a la cónyuge supérstite no puede ser acogida si en la instancia administrativa no se manifestó objeción alguna en cuanto a la falta de legalización del instrumento, habiéndose tenido por probada la unión extranjera al pronunciarse resolución respecto de su invalidez. Si bien es cierto que el representante fiscal puede articular argumentos novedosos al contestar la demanda, no lo es menos que deviene inadmisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los propios actos anteriores.
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa Leonardo Aurelio s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-07

Para que pueda hacerse efectivo el apercibimiento que establece el art. 247 inc. 3 del C.P.C.C. es necesario que el recurso haya sido concedido en efecto devolutivo y que en el auto que lo conceda se indiquen las copias de las actuaciones necesarias para el recurso.

A partir de ello se ha sostenido que no corresponde so pretexto de excesivo ritualismo dejar de aplicar una norma procesal que expresamente contiene los requisitos que deben observarse en los recursos concedidos con efectos devolutivo.
Derecho procesal, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad formal, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Canobas, Maximiliano Héctor c/ Woolyn SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-30

Procede rechazar la falta de legitimación opuesta por la fabricante, en tanto no estamos ante el supuesto de incumplimiento del concesionario respecto de lo prometido al comprador, sino ante la existencia de defectos en lo entregado que obligan al fabricante e importador. No es posible, en consecuencia, juzgar el caso por aplicación de las reglas que rigen la responsabilidad en los llamados sistemas de distribución a cargo de terceros -v.gr. agentes, concesionarios, distribuidores, etc.-, sino ante un supuesto que obliga al mismo fabricante a responder por tratarse de un defecto que afecta a la prestación en sí misma.
Recurso de apelación (procesal), depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Dacuez, Omar U.R. c/ Ivoskevich, Eduardo Carlos s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-11-26

No corresponde encuadrar en el artículo 979 inciso 9 del Código Civil, al contrato de fianza bancaria para garantizar las resultas del juicio, conforme el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral y en sustitución del depósito allí previsto. No cabe asignarle la calidad de instrumento público que en el mejor de los casos sólo puede llegar a configurar un contrato privado de fianza artículo 2006 del Código Civil-.
Seguros, seguro de transporte, indemnización por accidente de tránsito, transporte de pasajeros, emergencia económica, inconstitucionalidad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MC ADDEN, María Gerónima c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-13

Lejos de proteger intereses generales, el decreto 260/97 está amparando solamente las necesidades de un sector empresarial. Quien ha sido víctima del autotransporte, de aplicarse este decreto, sufriría además nuevos menoscabos, al ver dilatado el cobro de sus indemnizaciones para posibilitar que sus victimarios y las aseguradoras resuelvan su coyuntura actual de insolvencia de la que son responsables ellos mismos o aún el propio Estado, a quien le incumbe asegurar la prestación del servicio de autotransporte público de pasajeros, porque se trata de una de sus funciones indelegables. Trasladar ese costo a las víctimas de los accidentes de tránsito es atentar contra la garantía de igualdad protegida por el art. 16 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, tipo de cambio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Pozzi  Carlos  Daniel c/ PEN Ley 25.561 Dto 1570/01 214/02 (BNL) s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

Cuando las sumas entregadas cautelarmente hayan sido percibidas en pesos o se tratase de montos pesificados sobre los que se reconocen las diferencias de cotización deberá estimarse el quantum recibido en dólares, tomando en cuenta la cotización de la divisa extranjera en el mercado libre de cambios -tipo vendedor- del día en que se cumplieron tales operaciones. Dicha suma deberá restarse del depósito original y sobre el remanente aplicar la ecuación económica conforme los términos indicados en el punto 4) último párrafo.
Régimen jubilatorio, reciprocidad jubilatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIAZ, Horacio Ramón c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-05-28

Es sabido que mediante el dictado del Decreto Ley Nº 9316/46 el sistema de reciprocidad jubilatoria permitió interrelacionar los servicios prestados ante cualquiera de las cajas nacionales para integrar la antigüedad a los fines jubilatorios. De esa manera, cada una de ellas debía considerar los servicios prestados ante las demás como si hubieran sido cumplidos ante su propio régimen. Paulatinamente, y mediante sucesivos convenios, se fueron adhiriendo todas las cajas provinciales y municipales.- Posteriormente se incorpora un nuevo régimen de reciprocidad mediante la suscripción de un convenio -la Resolución Nº 363/81- ratificado por la ex Subsecretaría de Seguridad Social, que incluye las Cajas Nacionales de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, a las del Personal del Estado y Servicios Públicos y a los Trabajadores Autónomos juntamente con las cajas signatarias del convenio.- En líneas generales, podemos decir que a través de este régimen se incorpora el concepto de pro rata tempore lo cual implica que cada institución paga una proporción del haber total, en función de los años aportados a su régimen.- Asimismo, y de acuerdo a lo que surge de su artículo 13 se deja de lado el beneficio único en los casos en que el afiliado reuniere en distintos regímenes comprendidos los requisitos necesarios para gozar de él, con la posibilidad de acceder a la doble prestación, prescindiendo de la reciprocidad.- De esta manera, desaparece la ficción de la unidad de la vida laboral del Decreto Nº 9316/46 y la obligación económica es compartida ahora por todas las entidades intervinientes en función de los aportes recibidos y los beneficios a pagar.- De más está decir que la Resolución Nº 363/81 se aplica siempre que intervenga en la reciprocidad una caja para profesionales ya sea con otra caja profesional, con el SIJP, con una caja provincial (como en nuestro caso) o una municipal. En su defecto se aplica el Decreto Nº 9316/46.-
Obediencia debida, inimputabilidad, presunción legal, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivera, Fermín s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

El carácter absoluto de la presunción establecida en el art. 1, párrafo 1 de la ley 23.521 no admite distingo alguno en tanto los delitos sean de aquellos a que se refiere el art. 10, punto 1, de la ley 23.049, es decir, fuesen cometidos con el motivo "alegado" de la represión de la subversion y el terrorismo.
Aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley, multa, carácter sancionatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION  GENERAL  DE  JUSTICIA c/ CHEVROLET SA DE AHORRO PARAFINES DETERMINADOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-16

El principio de retroactividad de la ley más benigna es en verdad un principio general de derecho represivo; por donde este, se encuentra presente no solo en el derecho penal strictu sensu (entre los cuales existe una relación de género a especie), sino que opera también en otras materias tales como el Derecho Mercantil. Por tanto, como la sanción impuesta de multa aplicada entraña materia represiva si bien -es obvio- no asimilable a la pena del derecho penal que reposa sobre la idea de vindicta pública, pero si importa privación de bienes y esto si importa represión aunque no penal. Por ende, sentada la existencia de una materia represiva penal materialmente extraña al cuerpo legal que la conforma, es forzoso concluir que en la especie, la aplicación de la resolución IGJ 1/02 importaría juzgar al sancionado por una norma mas gravosa que tuvo una fugaz vigencia en el tiempo. De tal forma, se constataría una violación al principio aludido. Es que la conducta juzgada, merece una sanción menos severa que la prevista como consecuencia de la aplicación de la mentada resolución de la Inspección General de Justicia, y en tanto los efectos de la benignidad normativa operan de pleno derecho, devino aplicable el principio de retroactividad en favor del recurrente; pues la modificación de la disposición aludida importó la supresión legal de la pena impuesta (CSJN, 20/9/00, in re: "Ministerio de Trabajo c/ Estex SA"). Disidencia del Dr. Butty.
Partidos políticos, sanciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mascheroni Santiago y otros c/ Convención Provincial de la U.C.R. s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-20

Además de los procesos disciplinarios que pueden derivar en la expulsión existen diversos supuestos en los que decisiones del órgano que representa la soberanía partidaria, son susceptibles de incidir, modificar o -incluso- hacer fenecer ese vínculo, aun cuando no se enmarquen formalmente en las causales de extinción de la afiliación previstas por la carta orgánica o la ley 23.298 -modif. por ley 26.571- (cf. artículo 25 bis).
Contrato de trabajo, extinción del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, DARDO RUBEN c/ CLINICA MAYO U.M.C.B. S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-16

De conformidad al artículo 242 de la LCT, las partes se encuentran posibilitadas de denunciar el contrato de trabajo ante el incumplimiento del otro sujeto de la relación que configure injuria, cuya magnitud sea tal que impida su continuación. En el caso de que la extinción la disponga el trabajador, éste la debe fundar en justa causa. La ley confía a los jueces la valoración prudencial de la justa causa de despido indirecto pero condiciona esa ponderación a pautas precisas que deberán inexcusablemente observar y que son, el análisis de: a) carácter de las relaciones y b) las modalidades y circunstancias de cada caso. Siendo así, recién luego de este examen que deberá realizar el juzgador, podrá determinarse si la causa invocada es justa y autoriza la denuncia del contrato de trabajo (cfr. Meilij, Gustavo, Contrato de Trabajo, T. II, p.597). Sobre el particular, esta Corte ha expresado que la determinación de la existencia o no, de injuria como causa de la extinción del vínculo laboral, constituye materia propia de los jueces de mérito, y cuya revisión en la instancia extraordinaria local está condicionada a la eficaz alegación y demostración del absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR.
Violencia de género, discriminación de la mujer, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por E. M. D. G. en la causa Rivero, Alberto y otro c/  s/ abuso sexual - art. 119 3° párrafo y violación según párrafo 4to. art. 119 inc. e
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia; dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, delitos comunes
Materia: PENAL
Carátula: HIGA, JUAN CARLOS s/ COMPETENCIA - DELITO COMUN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-09-02

Si se trata de delitos comunes, la sola invocación sin prueba certera de haber sido perpetrados por algún grupo o fuerza, cuyos integrantes serían funcionarios federales o habrían actuado al servicio de una autoridad de ese carácter, así como la hipotética conexidad que pudiera tener el episodio con otros de similares características, atentatorias de la paz, seguridad y soberanía de la Nación, no justifican, en la etapa instructoria, el apartamiento del Juez que previene.
Confirmación de sentencia, interrupción de la prescripción de la acción penal, feria judicial, oportunidad procesal, dictamen fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., E. L. s/ Prescripción de la acción penal c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-06

Corresponde confirmar la sentencia apelada por la defensa oficial en cuanto dispuso el rechazo del planteo de prescripción de la acción penal formulado en favor del imputado, en coincidencia con el juez a quo en cuanto a que el dictamen fiscal interrumpió el curso de la prescripción. El hecho de que fuera presentado durante la feria judicial en modo alguno le resta la capacidad de interrumpir el curso de la prescripción que le asigna el art. 67 inc. "c" del CP, instituto que, además, no efectúa la distinción que propone el apelante entre días hábiles o inhábiles.

No debe confundirse la validez e integridad de los actos procesales, incluyendo el cómputo de los términos para que las partes puedan ejercer, a partir de ellos, sus derechos y facultades con los plazos establecidos en la legislación de fondo para el caso de producirse aquéllos que tienen prevista una consecuencia jurídica determinada.

En el caso, el dictamen de la Fiscalía no ha sido siquiera objeto de planteos de nulidad y cumple con las formas exigidas para tales actos, incluyendo su fecha; debiendo tenerse además presente que el art. 116 del cuerpo ritual establece que "Los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles, salvo los de instrucción", lo que no debe confundirse con el tiempo útil y hábil para que las partes los impugnen o contesten.
Recusación sin causa, litisconsorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TULA RAUL JUAN Y ALEJANDRO CARNEVALI c/ PROVINCIA DE MENDOZA Y BANCO DE MENDOZA s/ Ordinario (LIBRO: A134 - 032)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-15

Se aprecia entonces que conforme al art. 13 inc. I del CPC, cada litigante, cualquiera sea la posición que ocupe, cualquiera sea la cantidad de ellos que intervengan en el juicio como actores o demandados y ya sea que el interés sustancial sea común o diverso, podrá, una sola vez, ejercer la recusación sin causa.

En conclusión si los litis consortes conservan su individualidad en la relación procesal, litigando... autónomamente, deben ser considerados, en sus relaciones con la contraparte, como litigantes distintos, pudiendo cada uno de ellos, si bien una sola vez, ejercer la facultad acordada por el art. 13 inc. I del CPC.
Autopsia, prueba pericial, notificación
Materia: PROCESAL PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-11

El art. 185 del C.P.P. sanciona con nulidad la inobservancia de las normas referidas "a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece". Ello importa que no puede éste agraviarse en su derecho de defensa, si no se ha transgredido una norma procesal que lo resguarde. Corresponde entonces, verificar si la ausencia de notificación de las conclusiones de la autopsia resulta violatoria de las disposiciones de la ley adjetiva, acarreando por ende la nulidad del acto. El art. 236 del C.P.P. establece la obligación de notificar la designación de perito al Ministerio Público -cuando corresponda- y a la defensa, "antes de que se inicien las operaciones, bajo pena de nulidad, a menos que haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente simple. En estos casos, bajo la misma sanción, se les notificará que se realizó la pericia...".

Por consiguiente, resulta claro que la notificación de las conclusiones de la pericia sólo es obligatoria cuando, ya sea por razones de suma urgencia o por la simpleza de la indagación, aquélla se hubiere practicado sin previa notificación a las partes. En otras palabras, el principio es la notificación anterior al acto; debidamente cumplimentada, ésta releva de toda necesidad de similar diligencia posterior. La notificación de las conclusiones sólo viene a suplir la preliminar cuando ésta debió ser omitida por razones de excepción.

En el caso, la autopsia fue ordenada con fecha 29 de enero de l995 y recién el 31 de enero de 1995, se imputó a los condenados el delito de homicidio. Por esta razón, en el mismo decreto se designó a la asesora letrada como defensora de ausentes (art. 118, in fine, C.P.P.), quién al igual que el fiscal de Instrucción, renunció al término de ley.

Una pericia notificada solamente al asesor de pobres designado en tal carácter no es nula. La notificación practicada en la persona de la asesora letrada, en los términos del art. 118, in fine, C.P.P., resulta suficiente y no debe ser renovada al incorporarse al proceso el defensor particular, luego de la individualización de los imputados. Ello es así, atento a lo dispuesto por el art. 119, in fine, C.P.P., que establece que, en caso de sucesión de defensores, "la sustitución del uno por el otro no alterará trámites ni plazo". No les asiste razón a los recurrentes toda vez que no pueden válidamente reprochar a la sentencia el haber vulnerado el derecho de defensa en juicio de los imputados si no hay en el C.P.P. norma alguna que obligue al instructor -en las circunstancias de autos- a repetir la notificación de la autopsia, esta vez, en sus conclusiones.
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Prince, Miguel Angel c/ Concejo Deliberante de Luján s/ Conflicto art. 187 Const. Prov.. Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Corresponde no hacer lugar al conflicto planteado por el Intendente de Luján, mediante el cual cuestiona su destitución al cargo, resuelta por el Concejo Deliberante, por la causal de mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Ello así, en tanto no se han excedido los límites legalmente impuestos para disponer la destitución del Intendente, esto es, no se ha incurrido en ilegitimidad ni en irrazonabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Rapto impropio, abuso sexual, delitos contra la integridad sexual, docentes, menor de diecisiete años
Materia: PENAL
Carátula: D. J, D s/ abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-06

La conducta del preceptor que se fugó con una estudiante de 16 años con la que mantenía relaciones sexuales consensuadas, configura la figura de rapto impropio prevista por el segundo párrafo del art. 130 del Código de Penal, -en concurso material con el delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima continuado pues las acciones o conductas punibles son sustraer y retener y en el caso se ha configurado la primera, ya que sustraer es quitar a la víctima de un lugar, retirarla, apartarla, sacarla, llevarla consigo a algún lugar determinado, o separarla del medio o sitio donde se encontraba o hacia donde se dirigía, ya sea que ello se logre por escaso tiempo o en forma permanente. La maniobra se perfecciona cuando hay efectiva disponibilidad o sujeción de la víctima, impeditiva de su libre determinación con la intención de menoscabar la integridad sexual de la víctima.
Daños y perjuicios, indemnización, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: DAVILA, MARIA ANGELICA c/ TELLECHEA, RAUL FELIX s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-18

Respecto de la aplicación de los intereses en los casos de indemnización de daños y perjuicios, cuando son solicitados, deben ser impuestos desde el momento de acaecimiento del hecho dañoso. La sola circunstancia de que la deuda pueda considerarse liquida no es obstáculo para que el deudor se halle incurso en mora ni impide el curso de los intereses moratorios. Es decir, la iliquidez de la deuda no impide que esta devengue intereses moratorios siempre que sea cierta en cuanto a la existencia y legitimidad de la obligacion. Además de ello se debe tener en cuanta que durante el tiempo acaecido entre la producción del daño y su resarcimiento, el deudor responsable de indemnizar el menoscabo retiene en su patrimonio la suma establecida para resarcir, los cual presume que la misma generaba en su favor intereses cuando tenia la posibilidad de hacerlo, en detrimento del acreedor perjudicado.
Despido, indemnización por despido, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Coronel, Alfonso Seferino y otros c/ Swift-Armour S.A. s/ Diferencias Mas, Roberto Rufino c/ Swift Armour <S.A.> s/ Indemnización por despido Vidal, Guillermo M. c/ Banco Platense S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16|1986-06-03|1997-05-06

Para determinar la remuneración del trabajador a los fines del cálculo de la indemnización establecida por el art. 245 de la L.C.T.

deben computarse, además del básico, las retribuciones variables que dependen de la extensión de la jornada de trabajo o las que se originan como incentivos otorgados libremente por el empleador,como las que se devengan del trabajo en turnos rotativos, siempre que se perciban en forma normal y habitual, a lo que deberá adicionarse la parte proporcional del sueldo anual complementario.