Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-31


Salta, 31 de octubre de 2016.	(Tomo 208:425/494) Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C SANDOVAL, ANTONIO EDUARDO; VILTE LAXI, DANIEL OCTAVIO; LASI, GUSTAVO ORLANDO; VERA, SANTOS CLEMENTE; RAMOS, OMAR DARÍO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PENAL" (Expte. Nº CJS 38.233/16), y	___________________________CONSIDERANDO:	1º) Que a fs. 5831/5843 los Dres. José Humberto Vargas y Roberto Adrián Reyes, en ejercicio de la asistencia técnica de Santos Clemente Vera, interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala III del Tribunal de Impugnación, obrante a fs. 5666/5760 vta., que revocó la absolución dispuesta por la Sala II del Tribunal de Juicio, condenándolo en definitiva a la pena de prisión perpetua por resultar coautor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y el uso de arma (dos hechos) y homicidio "criminis causa" (dos hechos), todo en concurso real (arts. 166, inc. 2º y penúltimo párrafo, art. 119, 3er. y 4to. párrafo inc. "d", 80 inc. 7º y 55 del C.P.).	Señalan que forma parte esencial de los derechos de una persona el de recurrir aquellos fallos judiciales que le causen un grave perjuicio al derecho de gozar de la libertad ambulatoria.	Recuerdan que el art. 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite una revisión de la sentencia sobre los argumentos vertidos por el juzgador, en lo que hace tanto a la valoración de la prueba, como a la aplicación del derecho positivo, posición refrendada por el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior que reconoce el art. 8 inc. h del Pacto de San José de Costa Rica. Destacan, en este caso, la importancia de la doble instancia como modo de enmendar errores de interpretación que pudieran derivar de una decisión judicial, por cuanto del principio "in dubio por reo", fundamento de la absolución, el Tribunal de Impugnación arribó a la condena de prisión perpetua.	Invocan, como requisito de admisibilidad del recurso en cuestión, que Vera fue sometido a juicio en base a las disposiciones del anterior Código Procesal Penal (Ley 6345 y modificatorias), cuyo art. 484 -al tratar el recurso de inconstitucionalidad- hacía un reenvío al procedimiento y forma de dictar sentencia referidas al recurso de casación, lo que autorizaría a invocar el art. 480 del mismo cuerpo legal, con lo cual el "a quo" debió anular la resolución impugnada y remitir el proceso al competente para una nueva sustanciación, cuando la cuestión a dilucidar estaría referida a las inobservancias de las normas procesales.	Añaden, además, que desde el momento en que el Tribunal de Impugnación puso en duda el método empleado por el Tribunal de Juicio para valorar la prueba, su decisión apuntó a destacar la inobservancia de las normas procesales, sin discutir la aplicación de una ley sustantiva, por lo que no podría dictar una sentencia condenatoria; así pues, al hacerlo, como lo hizo, habría tornado su pronunciamiento en arbitrario. Refieren que el proceder es violatorio del principio constitucional de defensa en juicio por cuanto el Tribunal de Impugnación habría emitido una sentencia condenatoria sin que Vera tuviera la oportunidad de prestar declaración.	Consideran que ante la valoración de los elementos probatorios, cuyas conclusiones resultaron contrarias a la situación procesal que gozaba, debió su defendido ser citado para escucharlo y permitirle refutar los elementos de cargo existentes en su contra. En esta situación, concluyen que al dictar una sentencia condenatoria, sin antes citar al justiciable a fin de ser oído, se ha-brían violado los arts. 18 de la Constitución Nacional, 18, 1er. párrafo de la Constitución Provincial y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica.	Arguyen que la resolución recurrida habría violado el principio de inmediación de la prueba penal, por cuanto el Tribunal de Impugnación hizo un detallado análisis de los informes periciales de los Dres. Corach, Pascal y Raimondi, olvidando que las conclusiones arribadas necesitaron durante el debate explicaciones que luego fueron interpretadas por el sentenciante como carentes de certeza para justificar la imposición de una condena a Vera.	Aducen que al resultar necesario el testimonio de los peritos y su deposición personal, sus informes habrían mutado en prueba de carácter personal, por lo que estarían sujetos al principio de la inmediación penal, que impondría al juzgador el deber de mantener un contacto directo con las pruebas producidas. Por ello, consideran que el tribunal debió tomar contacto directo con el testimonio de aquellos peritos para así conformar indubitadamente su propio criterio y razonamiento frente al plexo probatorio producido; y, al no hacerlo, se habría violado la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), al obviar los pasos necesarios para la reconstrucción judicial de la verdad.	Critican al fallo señalando que mediante diversas consideraciones el "a quo" optó por dar amplia jerarquía probatoria al informe del perito oficial, por sobre el resto; recuerdan que el Tribunal de Impugnación consideró que el Dr. Corach, para producir su informe, seccionó cada uno de los hisopos, utilizando una parte para su estudio y reservando la restante. Aluden a la nota aclaratoria que presentó dicho perito referida a la palabra "parcial", quien le dio el significado de que parte del material contenido en el hisopo fue utilizado en la pericia realizada, mientras que el restante fue entregado al genetista francés.	Denuncian que oportunamente se tomaron dos juegos de muestras del cuerpo de las víctimas, uno de los cuales fue entregado al perito oficial, mientras que el otro habría quedado reservado en el Departamento de Criminalística de la Policía de Salta, para el caso de practicarse una contraprueba; pero al ser requeridas en la instrucción por el perito de parte, Dr. Raimondi, se le informó que, por un error involuntario éstas fueron desechadas, por lo que en definitiva produjo su informe en base al remanente de las muestras que se habían enviado a la justicia francesa y, consecuentemente, concluyen que el Dr. Corach efectuó sus estudios sobre muestras distintas a las utilizadas por los Dres. Pascal y Raimondi.	Alegan que la contraprueba debió practicarse sobre el mismo material biológico que fuera objeto de estudio por parte del perito oficial, pero la imposibilidad de realizarlas al haber sido desechadas, no puede perjudicar la situación procesal de su defendido, como tampoco le permitiría al tribunal dar preeminencia al informe del Dr. Corach, tomando como base la mejor calidad del material biológico analizado.	Impugnan, por contradictoria, la ponderación que hace el tribunal respecto de las pruebas científicas de ADN practicadas. Con transcripción del punto X.A.6.b (fs. 5720 vta.), recuerdan que el "a quo" reconoce diferencias entre los cromosomas autosómicos y el cromosoma sexual "Y", pero la defensa entiende que, sin restarle valor probatorio a uno sobre el otro, los cromosomas autosómicos observados por el Dr. Corach en los cuerpos de las víctimas sólo permitieron acreditar indubitadamente la presencia en la escena del crimen de Gustavo Orlando Lasi; por el contrario, señalan que el cromosoma "Y" no identifica a persona, sino a los varones de una misma patrilínea conformada entre diez a quince generaciones; así, consideran que la cantidad de años que se agrupan dentro de una patrilínea, no puede generar la certeza de culpabilidad en la persona de Vera. Recuerdan, además, que el juez de instrucción le dio escaso valor probatorio a este cromosoma, lo que sirvió de fundamento para dictar el sobreseimiento de Walter Lasi, pero este mismo razonamiento fue desechado respecto de Vera, tanto en la instrucción como en la apelación.	Denuncian que, además de otorgarle importancia capital a las conclusiones del perito oficial Corach, como medio idóneo para acreditar la presencia de Vera en el lugar, las restantes pruebas en las que se apoya el fallo serían meramente indicios. Entre ellas, refieren a los dichos de Gustavo O. Lasi, a los que el tribunal les reconoció coherencia en lo relativo a su confesión calificada y a la constante incriminación dirigida a Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera (fs. 5708 vta.), pero luego, en el punto VIII.D.4 (fs. 5707) destacan el reconocimiento de contradicciones en lo que atañe al resultado de los hechos delictivos propiamente dichos y adaptación de su relato en la medida del avance del proceso.	Sostienen que el tribunal valora como elementos negativos las circunstancias anteriores y posteriores del evento, entendiendo que las contradicciones en las que Lasi incurrió durante el hecho delictivo no son suficientes para invalidar su relato; pero, por el contrario, la defensa considera que la falta de contradicción en el relato se debe mantener en los hechos acaecidos al momento de la consumación del objeto de la investigación. De allí que la mutación de su relato, acomodado a las pruebas que se sumaban en su contra, sería una estrategia procesal para buscar responsables que morigeren su situación penal, lo que explicaría tanta virulencia de su relato en contra de Vilte Laxi y Vera.	Aluden a la nula validez que el tribunal les reconoce a las declaraciones testimoniales de José David Tolaba y María Magdalena Brañez -el primero por cuanto declaró luego de seis meses de producido el hecho, y la segunda al incorporar en su declaración circunstancias no relatadas por Vera-, con lo cual no podrían ser tomadas como pruebas indiciarias en contra de su defendido.	Objetan las consideraciones hechas por el tribunal respecto del careo entre Lasi y Vera (punto X.B.3, fs. 5724), de las que entienden erróneas las conclusiones como elementos probatorios ante la negativa de Vera a dicho acto procesal. Achacan tal consideración como violatoria de la garantía constitucional que tiene todo acusado de negarse a declarar o de negarse a un careo, sin que ello pueda constituirse en presunción de culpabilidad en su contra.	Cuestionan el valor probatorio asignado por el tribunal a los estudios psiquiátricos y psicológicos realizados (X.C.3, fs. 5726 vta.), en especial al informe psiquiátrico producido por el Dr. David E. Flores, quien caracteriza a Vera como una persona machista, impulsiva, agresiva, que observa a las mujeres como objeto y mantendría un doble discurso moral. Afirman que, asignándole escaso margen de error, tales características serían compartidas por un número importante de personas, sin que estos defectos los transformen en peligrosos criminales. Reputan como discriminatorio, también, al informe psicológico practicado, cuando sostiene que Vera trasladaría las ansias de dominio salvaje de un animal, propio de su condición gauchesca, a la esfera sexual.	Concluyen afirmando que las violaciones denunciadas a los principios de defensa en juicio y a las normas del debido proceso habrían producido que la sentencia impugnada sea nula por arbitraria.	A fs. 5915/5919 la defensa técnica de Santos Clemente Vera amplía los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad, insistiendo sobre la errónea valoración de las pruebas científicas de ADN y de las conclusiones de la declaración indagatoria de Gustavo Orlando Lasi (fs. 1075/1077), realizadas por el Tribunal de Impugnación.	2º) Que a fs. 5844/5856 los Dres. Horacio Morales y Matías Sebastián Adet Figueroa, defensores de Gustavo Lasi, deducen idéntico recurso contra la misma sentencia, por cuanto dispone que la pena impuesta lo es a prisión perpetua, por resultar coautor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y el uso de arma (dos hechos) y homicidio "criminis causa" (dos hechos), todo en concurso real (arts. 166, inc. 2º y penúltimo párrafo, 119, 3er. y 4to. párrafo inc. "d", 80 inc. 7º y 55 del C.P.).	Tachan de arbitrario al fallo, que revoca la declaración de inconstitucionalidad que fuera dispuesta originariamente respecto del art. 80 del Código Penal, en lo atinente a la prisión perpetua.	Fundan la procedencia y admisibilidad del recurso denunciando trasgresión a los arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 y cc. de la Convención contra la Tortura y otros Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Recuerdan, también, que por imperio del art. 10.5 del citado Pacto, se trata de un caso garantido por el "doble conforme" o derecho a la segunda instancia, de acuerdo a los lineamientos del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto el Tribunal de Impugnación, que revocó la pena impuesta, se habría convertido en primera instancia.	Refieren, como agravios, que la sanción con una pena de prisión perpetua colisionaría con el principio de culpabilidad, con la división de poderes, con el mandato resocializador de las penas privativas de la libertad, con el principio de estricta legalidad y con la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes.	Sostienen que atenta contra el principio de culpabilidad, al resultar una pena fija que lleva ínsita la relación de un individuo con su hecho en forma estandarizada, omitiendo las circunstancias particulares que implican un agravamiento o morigeración del reproche, lo que violaría el art. 19 de la Ley Fundamental. Entienden que constituiría un obstáculo para la graduación de la culpabilidad que se le atribuye al imputado, al impedirle al juez velar por la razonabilidad de las leyes y una adecuada graduación de la pena. Además, dicen que imposibilitaría la reinserción social del condenado, lo que resultaría incompatible con lo prescripto por el art. 18 de la Constitución Nacional en función con el art. 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, puntualmente, con los arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también con el art. 1º de la Ley 24660.	Denuncian como atentatorio de la división de poderes el imponer una única pena, estandarizada para todos los casos que encuadren dentro de la figura legal, circunstancia que le prohibiría al juez individualizar la pena aplicable, lo que implicaría, en definitiva, que el legislador se arrogaría el conocimiento de las causas pendientes, trasgrediendo el art. 116 de la Constitución Nacional.	Aluden que art. 18 de la Constitución Nacional acuerda el principio resocializador de las penas privativas de la libertad, mientras que una pena de duración indefinida, como lo es la prisión perpetua, impide la reinserción del condenado. Reputan de falso el razonamiento del Tribunal de Impugnación referido a que esta pena también es temporal por la sola expectativa que el condenado sea beneficiado con alguna de las salidas que la ley de ejecución de penas reconoce, ya que se pondría en manos de la autoridad que controla la pena establecer si es de cumplimiento perpetuo o "sine die".	Manifiestan que vulnera el principio de estricta legalidad por cuanto el derecho a la individualización de la pena quedaría truncado al no existir certeza que al cabo de treinta y cinco años de encierro, que prevé el art. 13 del Código Penal, el condenado pueda acceder a la libertad condicional, situación -entienden- que podría extenderse de manera indefinida, en colisión con los arts. 5º y 7º de la C.A.D.H.	Señalan que las penas fijas atentan contra el principio de igualdad de armas, al privarle a la defensa de alegaciones sobre la concurrencia de circunstancias reductoras de la culpabilidad y facilitándole la tarea al fiscal, quien sólo debería acreditar la materialidad del hecho y la autoría de quien es acusado.	Afirman que el fallo infringe la prohibición de la imposición de penas crueles y degradantes, que tiene directo ligamen con el respeto que merece la dignidad humana, por cuanto la prisión perpetua sería una sanción violatoria de los principios reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos al quitarle a su defendido toda posibilidad cierta de rehabilitación.	Concluye la defensa alegando que se debe pensar en la escala prevista en el art. 79 del Código Penal, como único baremo posible a la hora de mensurar la pena, por lo que solicitan la imposición de la pena única de veinticinco años de prisión.	3º) Que a fs. 5907/5913 vta. y 5924 y vta., la Sra. Fiscal ante la Corte Nº 2 se pronuncia por el rechazo de los recursos de inconstitucionalidad deducidos.	Analiza el recurso interpuesto por la defensa de Santos Clemente Vera y recuerda, en relación al derecho a la doble instancia, que en el precedente "Carrascosa" (Fallos, 337:1289), la Corte Federal precisó que el rigor formal es incompatible con la necesidad de garantizar al condenado el derecho a una revisión amplia de la sentencia que así lo declara, cuestión que no podía soslayar en supuestos en que se procura revisar una condena a prisión perpetua impuesta en la instancia casatoria y en orden a un hecho por el que el recurrente fue absuelto por el tribunal oral. Señala que en el caso "Casal" (CSJN, Fallos, 328:3399) se sostuvo que la garantía de doble instancia exige, como regla, que el imputado tenga -conforme a las particularidades de cada caso- la posibilidad de someter la totalidad del contenido de la sentencia de condena al escrutinio del tribunal del recurso, con la sola excepción de aquellas cuestiones que, en razón de encontrarse directamente vinculadas con la inmediación propia del debate oral, resultan de imposible reedición por parte del órgano revisor. Menciona que en el caso "Mohamed vs. Argentina" (sentencia del 23/11/2012), la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el alcance del art. 8.2.h de la C.A.D.H. señalando que el contenido de la garantía busca proteger el derecho de defensa y que no po-dría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquel que es condenado mediante sentencia que revoca una decisión absolutoria. Concluye que teniendo en cuenta el precedente registrado en Tomo 199:567, entre otros, esta Corte se halla habilitada para satisfacer el derecho al "doble conforme", superando las restricciones propias del recurso de inconstitucionalidad.	Opina que el agravio relacionado con la pretendida inobservancia de las normas procesales sobre la valoración de la prueba, que a criterio del impugnante debió remitirse el proceso al "a quo" para una nueva sustanciación, no resulta atendible desde que no refuta el pronunciamiento del "ad quem" sobre que "... Los sujetos procesales cuestionan y proponen diversas soluciones en sustitución a las contenidas en la sentencia -tanto en orden a la valoración del cuadro probatorio como a la aplicación de la ley sustantiva penal- que, por su contenido y naturaleza, exigen un tratamiento conjunto por parte de esta alzada, pues, amén de su diversidad, las pretensiones jurídicas traídas a conocimiento recaen sobre idéntico objeto jurídico..." (punto IV de la sentencia, fs. 5677). Además, sostiene que el apelante no ha demostrado que el Tribunal de Impugnación hubiese excedido la competencia que por ley le corresponde, como tampoco que concurra un supuesto que traiga aparejada nulidad.	Señala que el agravio argüido acerca de que Vera no fue oído porque no prestó declaración antes de la sentencia condenatoria, con citas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso "Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondo de Reparaciones y Costas", sentencia del 13 de octubre de 2011 y caso "Apitz Barbera y otros ('Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- vs. Venezuela'). Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas", sentencia del 5 de agosto de 2008), concluye que el solo hecho de que la defensa del apelante, por las vías procesales previstas, haya interpuesto recurso de casación y, luego, presentado el respectivo informe a fs. 5612/5623 vta. (cfr. arts. 544 y 546, C.P.P.), le quita todo sustento al argumento defensivo.	Considera que la queja vinculada a la vulneración del principio de inmediación por las declaraciones de los peritos debe ser desestimada pues en el precedente "Casal" la Corte Federal ha precisado que lo no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación y, concluye, que lo no controlable es la impresión personal que los testigos pueden causar al tribunal, pero de la cual se debe dar cuenta circunstanciada, si se pretende que la tenga como elemento fundante válido, ya que el Tribunal de Casación también puede revisar estos criterios.	Entiende que el agravio relativo a la vulneración del principio de igualdad y debido proceso, con fundamento en la imposibilidad de la contraprueba sobre el mismo material biológico y que conduciría a que el analizado por el Dr. Corach es de mejor calidad e invalidante de los otros informes, constituyen alegaciones que evidencian una mera divergencia, ya que de modo alguno alcanzan a rebatir las conclusiones a las que, luego de un minucioso análisis, arribó el "a quo".	En relación con la contradicción que la defensa le atribuye al punto X.A.6.b, considera que no se pone en evidencia un vicio que invalide al pronunciamiento, ya que la causal de arbitrariedad por autocontradicción se patentiza cuando es inconsistente consigo mismo, portando incoherencias o autooposiciones que lo descalifican como acto judicial, circunstancias que entiende no verificadas en este caso.	Sostiene que las alegaciones tendientes a desvirtuar las conclusiones del Dr. Corach y las afirmaciones relativas a que las pruebas indiciarias valoradas no superarían el grado de probabilidad, evidencian disconformidad y constituyen la proposición de un distinto punto de vista sobre la apreciación del material probatorio contenido en la sentencia, lo que resultaría insuficiente para viabilizar el remedio intentado.	Respecto del recurso interpuesto por la defensa de Gustavo Orlando Lasi, refiere que la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó la declaración de inconstitucionalidad dispuesta por el "a quo" y dispuso que la pena sea de prisión perpetua, de modo que los agravios se dirigen a lograr que se reforme este punto, sin que se encuentre en juego el derecho a recurrir el fallo condenatorio previsto en los arts. 18 de la Constitución Nacional, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.	Considera que las alegaciones en torno a los motivos por los que eventualmente Gustavo Lasi podría no verse beneficiado con las salidas previstas en la ley de ejecución de penas, resultan marcadamente conjeturales e hipotéticos, por lo que no constituirían agravios suficientes a los fines del recurso deducido.	4º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto que los recursos fueron oportunamente concedidos (v. fs. 5857/5859 vta.), previo a expedirse sobre los motivos invocados por los recurrentes, incumbe a esta Corte, en la presente instancia, efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (arts. 544 y 554 del C.P.P.).	A ese respecto, se observa que han sido presentados en término y por parte legitimada (v. notificaciones de fs. 5791/5792 vta., y los cargos obrantes a fs. 5843 y 5856) y, además, la resolución resulta objetivamente impugnable. Sin embargo, corresponde valorar si los motivos invocados por las defensas técnicas logran rebatir, con argumentos suficientes, la arbitrariedad atribuida al fallo cuestionado.	5º) Que las presentaciones examinadas consisten en un recurso que le compete conocer a esta Corte, el de inconstitucionalidad (arts. 38 inc. a y 554 del C.P.P., Ley 7690 y modificatorias). Ciertamente, en materia penal, el recurso de inconstitucionalidad local es el medio para impugnar las sentencias u otros pronunciamientos jurisdiccionales con carácter de definitivos dictados por el tribunal de juicio, invocando un motivo especialísimo de derecho consistente en una cuestión de inconstitucionalidad (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de derecho procesal penal", Ed. Ediar, Bs. As., 1966, T. V: La Actividad Procesal, pág. 529; esta Corte, Tomo 203:655, 981; 205:821, entre otros).	Empero, sin desmedro del carácter del aludido recurso, el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho del imputado de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; a su vez, el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Ambos tratados fueron incorporados a nuestro derecho interno de conformidad a lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Se hallan ubicados al mismo nivel y se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental como tratados internacionales de derechos humanos.	En relación con el derecho a recurrir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 23 de noviembre de 2009, en el caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", ha señalado que "... no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el art. 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el art. 2 de la Convención..." (párrafo 338). Agregó, asimismo, en relación con las prácticas judiciales que "... este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin que desde el inicio carecen de efectos jurídicos." (párrafo 339).	Existe, como corolario, la necesidad de excepcionar el rigor formal propio del recurso local -inconstitucionalidad- en este especialísimo caso en que la sentencia condenatoria que impuso la pena de prisión perpetua emerge como consecuencia de la revocación tanto de la absolución originaria (en el caso de Vera), como del planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua (el supuesto de Lasi).	Permite proceder de esta forma, por un lado, el precedente "Mohamed vs. Argentina", sentencia del 23 de noviembre de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparación y Costas), en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el alcance del artículo 8.2.h de la Convención, con respecto a las sentencias penales de condena emitidas al resolver un recurso contra la absolución, explicitando que el contenido de la garantía busca proteger el derecho de defensa y que éste no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria; mientras que, por otro, este supuesto ya había sido aprehendido, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por la Observación General N° 32 del Comité de Derechos Humanos, en su 90° período de sesiones (Ginebra, 9 a 27 de julio de 2007), al tratarse el alcance del art. 14 de dicho instrumento, relativo al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.	En el apartado vinculado con la revisión por un tribunal superior aparece contemplado el supuesto de autos, en los siguientes términos: "47. El párrafo 5 del artículo 14 se vulnera no sólo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva, sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior" (con cita de las Comunicaciones 1095/2002, "Gomariz Valera c/. España", párr. 7.1; y 1073/2002, "Terrón c/. España", párr. 7.4). Este derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impuesta se sometan a un tribunal superior "impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa. Una revisión que se limite a los aspectos formales o jurídicos de la condena solamente no es suficiente a tenor del Pacto. Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 14 no exige un nuevo juicio o una nueva 'audiencia' si el tribunal que realiza la revisión puede estudiar los hechos de la causa. Así pues, por ejemplo, no se viola el Pacto si un tribunal de instancia superior examina con todo detalle las alegaciones contra una persona declarada culpable, analiza los elementos de prueba que se presentaron en el juicio y los mencionados en la apelación y llega a la conclusión de que hubo suficientes pruebas de cargo para justificar el dictamen de culpabilidad en el caso de que se trata" (ap. 48).	La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el citado caso "Mohamed vs. Argentina", considera que el derecho emergente del art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo al recurso para impugnar un fallo condenatorio: "Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria" (párr. 100). Señala, también, que: "Además el Tribunal considera que, en la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de la Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios planteados por el recurrente, lo cual no implica que deba realizarse un nuevo juicio oral" (párr. 101). En otras palabras, la Corte Interamericana exige que el recurso a deducir por el condenado tenga entidad suficiente como para revisar lo resuelto en la sentencia ahora cuestionada por las defensas técnicas, esto es, todo lo extensa que sea posible llevando al máximo el esfuerzo de revisión.	En el contexto descripto, las vías extraordinarias de impugnación locales podrían ser vistas como limitativas de la amplitud requerida por la jurisprudencia aludida pues, como principio, la competencia recursiva de esta Corte en materia penal (art. 153 ap. III de la Constitución Provincial) es la de conocer y decidir del recurso de inconstitucionalidad, regulado por los arts. 554, 555 y cc. del Código Procesal Penal (Ley 7690 y modificatorias), así como la queja por su denegación, siempre que concurran los requisitos exigidos para ello, esto es, que se interponga el recurso de inconstitucionalidad contra las resoluciones del Tribunal de Impugnación si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente, o cuando la sentencia fuere arbitraria (siendo este último el supuesto invocado por los recurrentes).	Es decir, constituye otra instancia en el orden local que, como tal, es de carácter extraordinario y de competencia de esta Corte. Por eso, dicho medio impugnativo ha sido ampliado a las causales de arbitrariedad, en absoluta conformidad al art. 153, ap. III, inc. a) de la Constitución Provincial (art. 554 del C.P.P.; cfr. esta Corte, Tomo 194:407; 203:981, entre otros).	Sin embargo, como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Duarte" (Fallos, 337:901), con cita de lo fallado en "Barreto Leiva vs. Venezuela" (CIDH, 17/11/2009), el derecho que prioriza la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 8.2.h es el doble conforme en resguardo de la inocencia presumida, aún con la primer sentencia adversa, pues la propia Corte Interamericana excepciona la intervención de un tribunal superior aunque exige que sean magistrados diferentes a los que ya juzgaron el caso los que cumplan con la revisión amplia (cons. 7º).	En este caso, al encontrarse prevista la causal de "arbitrariedad" (art. 555 del C.P.P.), esgrimida por la defensa como fundamento de procedencia del recurso de inconstitucionalidad deducido, la que permite revisar las cuestiones de hecho y derecho, se encuentran amparados los estándares exigidos por el sistema interamericano de derechos humanos en materia penal. En efecto, esta Corte ha señalado que la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 116:441; 120:157; 203:101, 509, entre otros).	Así las cosas, en aras de garantizar que la sentencia de condena dictada por el órgano casatorio, en ejercicio de su competencia positiva, sea revisada con la amplitud cognoscitiva que reclama el derecho a la doble instancia judicial, esta Corte procede a abordar el pronunciamiento dictado por la Sala III del Tribunal de Impugnación.	6º) Que bajo dichas directrices, en forma previa a analizar la validez intrínseca de la sentencia, en atención al planteo efectuado por la defensa de Santos Clemente Vera, corresponde primeramente corroborar que no exista un vicio en el procedimiento que impida considerar válido el resultado obtenido.	Sobre el particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional, el control, aun de oficio, del desarrollo del proceso cuando están comprometidos aspectos que atañen al orden público, siendo que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional, no podría convalidarse (CSJN, Fallos, 320:854; 329:4248; esta Corte, Tomo 142:37; 195:447, entre otros). Así, esta Corte, en su calidad de garante constitucional, está facultada para declarar nulidades absolutas, aún al margen de los planteos concretamente formulados por la impugnante (Tomo 143:643; 197:489, entre otros) toda vez que, en un Estado de derecho, la pena no puede ser la consecuencia de un hecho jurídicamente beneficioso o indiferente, sino de una infracción al orden establecido por el derecho. Lo contrario implicaría una contradicción (Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal. Parte General", 5ª ed. act. por el Dr. Roberto E. Spinka, Lerner Editora S.R.L., Cba., 2009, pág. 161).	7º) Que a fs. 5832 y vta., al deducir el recurso de inconstitucionalidad, bajo el epígrafe "Requisitos de admisibilidad", la defensa tacha de arbitrario el fallo del Tribunal de Impugnación, argumentando que al poner en duda el método empleado por el "a quo" para valorar la prueba, tal decisión -sostienen- apuntaría a destacar la inobservancia de las normas procesales referidas a la valoración de la prueba, con lo cual debió remitir el proceso al competente para una nueva sustanciación (reenvío, art. 480 del C.P.P., Ley 6345 y modificatorias).	Empero, el recurrente atribuye arbitrariedad a la sentencia del Tribunal de Impugnación sin lograr precisar, ni demostrar, de qué modo se vulneran los derechos constitucionales que invoca (cfr. esta Corte, Tomo 52:881; 55:583; 58:1141; 66:389; 67:585; 75:1025; 184:431; 203:719, entre otros), ya que aquélla contiene fundamentos suficientes para resolver conforme a una recta apreciación de los hechos y el derecho aplicable, y es además precisa y congruente, pues luego de enumerar cada uno de los recursos que dedujeron el fiscal, las dos partes querellantes y las defensas técnicas, en el punto IV, 4º (fs. 5677 vta. y 5678) consideró que: "El examen a efectuar, de ese modo circunscripto, se identifica con el nuevo concepto de casación que surge del bloque constitucional vigente (arts. 8.2.h. Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y que ha sido adoptado por nuestro derecho público local a partir de la incorporación de un inc. 3º al art. 466 de la Ley 6345 y modificatorias (cfr. esta Corte, Tomo 144:97); adición que operó incluso con anterioridad al conocido caso 'Casal' de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que fue ratificada, en términos aún más amplios, por los arts. 539 y cc. de la Ley 7690 y modificatorias"; "Su significado, en apretadas pero no por ello menos precisas palabras, impone examinar la sentencia de grado en todo aquello que resulte revisable, abandonando la vieja e impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, pero sin pasar por alto que la competencia aquí provocada es caracterizada con absoluta precisión con la voz 'recursiva', pues, amén de su amplitud, autoriza a esta segunda instancia a ejercer una función de 'control' y no originaria o ilimitada (conf. Clariá Olmedo, Jorge, 'Tratado de Derecho Procesal Penal', T. V, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, p. 452 y ss.; Levene, Ricardo (h), 'Manual de Derecho Procesal Penal', T. II, Ed. Depalma, Bs. As., 1993, pág. 730 y ss.)".	Sin perjuicio de ello, corresponde recordar que la defensa no denunció a lo largo del proceso la existencia de actos cumplidos de modo irregular que en definitiva ameriten su anulación; siendo que, además, como lo sostuvo el más Alto Tribunal de manera reiterada, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia, y que quien la invoque deberá indicar qué alegaciones fue privado de ejercer y qué pruebas hubiere propuesto si el acto cuestionado no exhibiese el defecto que motiva el cuestionamiento (CSJN, Fallos, 302:179; 304:1947; 306:149; 307:1131; 325:1404, entre otros).	No debe olvidarse que el interés es la medida de las acciones, y esta regla de pura lógica jurídica se aplica al proceso. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo señala cuando entiende que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes ya que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma (doctrina receptada por esta Corte, Tomo 174:1, entre otros). Ninguna nulidad puede tener un fin en sí mismo (Tomo 140:101; 163:99, entre otros) y esta grave sanción debe obedecer siempre a la existencia de un interés (esta Corte, Tomo 106:499; 178:155, entre otros).	De este modo, las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente (Tomo 145:55), reservándose como "ultima ratio" frente a la existencia de una efectiva indefensión (Tomo 79:167; 119:613, entre otros); lo cual supone la violación de una formalidad legal y la demostración de que mediante ella la parte experimenta un perjuicio (esta Corte, Tomo 114:987; 189:197, entre otros) que -claro está- debe ser concreto y sustentarse en un planteo oportunamente efectuado (Tomo 155:1033, entre otros).	En similar inteligencia, esta Corte ha sostenido que la declaración de nulidad pretendida a partir de un defecto formal debe estar siempre orientada a poner de manifiesto que esa circunstancia se ha traducido en un concreto gravamen para la parte que la invoca, porque la invalidación de los actos procesales no puede en ningún caso obedecer a razones de mero ritualismo (Tomo 78:433, entre otros).	Es principio reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas de naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite (de acuerdo a lo dicho en Fallos, 220:1250; 310:2845; 312:466, 251; entre muchos otros), encontrando única excepción en la expresa decisión de la ley sobreviniente, o en los casos en que dicha aplicación afecte la validez de actos procesales cumplidos y firmes bajo la vigencia de la normativa abrogada (CSJN, Fallos, 319:1675; 306:2101; G. 1295. XXXII, "G., J. c/ R. B., S. C.", rta. el 18/06/98).	Ello encuentra fundamento, siguiendo con la estructura de los antecedentes de nuestro más Alto Tribunal Federal, en que "la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía" (Fallos, 163:231, pág. 259) y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, especialmente cuando estatuyen acerca de la manera de descubrir y perseguir delitos (Fallos, 193:192; 249:343, entre otros).	La Ley 7690 (promulgada por decreto del P.E.P. Nº 4.870, del 16/11/2011 y publicada en el B.O. Nº 18.726 del 06/11/2011) en su art. 3º prescribe que: "Las disposiciones del presente código se aplicarán a las causas que se inicien a partir de su vigencia, aunque los delitos que se juzguen se hayan cometido con anterioridad, sin perjuicio de la opción que pueda formular el previamente encausado" y el Libro V, Título I, Capítulo I expresamente dispone la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en etapas sucesivas. A su vez, el art. 36 de la Ley 7716 (Ley Orgánica de la Justicia Penal) refiere que hasta tanto el Tribunal de Impugnación asuma la competencia sobre el recurso de casación, se aplicarán las disposiciones de las Leyes 6345 y modificatorias en lo relativo a ese recurso y al de inconstitucionalidad; en tanto, la Ley 7797, art. 4º, prevé que el Tribunal de Impugnación asumirá la competencia del recurso de casación y de la acción de revisión una vez que se encuentre efectivamente instalada la Sala III. Desde ese momento, se aplicarán las siguientes disposiciones transitorias... b) El Tribunal de Impugnación resolverá de conformidad a la Ley 7690 los recursos que le competen, aún cuando correspondan a causas iniciadas con anterioridad...". Resulta ahora oportuno recordar que la mentada condición suspensiva se cumplió el día 31 de julio de 2014, al prestar formal juramento en acto público los integrantes de la citada Sala (cfr. esta Corte, Tomo 189:37; 193:693).	Consecuentemente con lo expuesto, esta Corte, en el caso, por resolución de fecha 3 de noviembre de 2014 (Tomo 193:693, fs. 5519/5521), al resolver la contienda suscitada entre el "a quo" y la Fiscal de Impugnación, dispuso que "... bajen las presentes actuaciones a la Sala III del Tribunal de Impugnación, a los efectos de la resolución de todos los recursos de casación interpuestos y oportunamente concedidos, sin perjuicio de la eventual intervención de este Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad local, en su caso"; recordando -además- que regían en dicha instancia las disposiciones de la Ley 7690.	Sentado ello corresponde afirmar que el tribunal "a quo" ha resuelto conforme al procedimiento previsto por la ley adjetiva vigente ya que, como bien señala Clariá Olmedo, "en caso de vicio in iudicando, el tribunal debe casar la sentencia y, constituido en tribunal rescisorium, resolverá el caso de acuerdo con la ley o doctrina aplicables" (Clariá Olmedo, Jorge, "Tratado de Derecho Procesal Penal", Rubinzal-Culzoni Editores, 1998, T. III, pág. 202).	Por lo expuesto, siguiendo precedentes como el que nos ocupa (Tomo 176:651; 187:471; 189:495; 191:557; 194:503, entre otros), al no encontrase el presente caso encuadrado en las prescripciones del art. 551 del Código Procesal Penal -"error in procedendo"-, deviene infundado el agravio vertido por la defensa.	8º) Que procede, ahora, analizar el planteo vertido por la asistencia técnica de Vera, relativo a la omisión de prestar declaración en forma previa a la condena dispuesta por el Tribunal de Impugnación, con fundamento en la violación del principio constitucional de defensa en juicio.	Esta Corte ha señalado que el derecho impugnativo de las partes en el proceso penal no es ilimitado, sino que se encuentra concretamente condicionado por un conjunto de pautas relacionadas a la formal interposición y a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, cuya falta de acatamiento produce la inadmisibilidad del planteo (Tomo 98:703; 193:37; 203:981, entre otros); y en virtud del principio de taxatividad o legalidad, receptado en el art. 514 del Código Procesal Penal, el que prevé que las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en tal Código (Tomo 198:1093), la observancia de esta regla debe extremarse cuando se trata de recursos extraordinarios (Tomo 106:621; 190:493; 203:609, entre otros).	Conforme a lo precedentemente expuesto y en atención a lo decidido por esta Corte mediante resolución agregada a fs. 5519/5521, que fuera notificada a la defensa (v. fs. 5532) sin que fuera motivo de objeción, corresponde concluir que el recurso de casación deducido fue correctamente tramitado por el "a quo" bajo las disposiciones de la Ley 7690 (arts. 539 y ss.).	Así es que, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos procesales (por ej. el Código Procesal Penal de la Nación, art. 468), la ley adjetiva local no prevé la realización de debate alguno en forma previa a resolver el recurso de casación. En efecto, el art. 549 expresamente dispone que: "El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez (10) días sin previo debate, teniendo a la vista los recursos interpuestos, las pruebas producidas y los escritos que las otras partes hubieren presentado".	Sobre el particular, en el ámbito internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la exigencia de que una persona "sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial" es equiparable al derecho a un "juicio" o a "procedimientos judiciales" justos. Al respecto, aquella Corte, en el caso "Barbani Duarte y otros vs. Uruguay", sentencia del 13 de octubre de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 121, -citando Echr, Kraska v. Switzerland. Judgment of 19 April 1993, Series A No. 254-B. App. Nº 13942/88, paraf. 30- ha desarrollado el criterio según el cual un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe "un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión". Este derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido (caso citado, párr. 122). A su vez, la Corte Europea considera que del artículo 8.1 de la Convención no se desprende que el derecho a ser oído debe necesariamente ejercerse de manera oral en todo procedimiento (caso "Apitz Barbera y otros ['Corte Primera de lo Contencioso Administrativo'] vs. Venezuela", sentencia del 5 de agosto de 2008 [Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas], párr. 75).	De lo precedentemente expuesto surge que el derecho a ser oído en la instancia casatoria se encuentra debidamente protegido con las presentaciones realizadas por la defensa técnica de Santos Clemente Vera, agregadas a fs. 5831/5843 -interposición del recurso de casación- y fs. 5915/5919 -ampliación de fundamentos-, por lo que queda sin sustento la queja vertida.	9º) Que en lo atinente a la denuncia de violación del principio de inmediación de la prueba penal, por la consideración del "a quo" de los informes de los peritos Dres. Corach, Pascal y Raimondi, alegada por la defensa de Vera, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Casal" (Fallos, 328:3399, dictado el 20 de septiembre de 2005), estableció como línea directriz que los tribunales de casación deben "... agotar la revisión de lo revisable" y que "... lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación...". Por ende, debe interpretarse que los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto, exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad sino también porque no lo conocen, o sea que a su respecto rige un límite real de conocimiento. Por regla, buena parte de la prueba se halla en la propia causa registrada por escrito, sea documental o pericial. La principal cuestión, generalmente queda limitada a los testigos. De cualquier manera es controlable por actas lo que estos deponen. Lo no controlable es la impresión personal que los testigos puedan causar en el tribunal, pero de la cual el tribunal debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido (considerandos 23, 24 y 25 del voto mayoritario).	Dicho criterio fue luego reiterado en "Martínez de Areco" (Fallos, 328:3741), "Salto" (Fallos, 329:530) y "Tranamil" (Fallos, 330:518).	Así, cuando la Corte Federal señala que la inmediación puede ser un límite fáctico sólo determinable en el caso concreto, se refiere a la ausencia de registros sobre la información utilizada por el juez para sustentar su decisión, de allí que, a mayor información sobre el proceso, menor influencia de la inmediación como límite efectivo a la revisión de la condena; luego, la "impresión personal" sólo tiene importancia en la medida que encuentre argumentos racionales y legítimos (no discriminatorios) para sostener sus conclusiones personales. En otras palabras, las "impresiones personales" de los jueces que tienen obligación de motivar sus decisiones, sólo cobran importancia en la medida que encuentren un discurso lógico-jurídico (racional y legítimo) para sustentar la opción derivada de su impresión personal; es que el juez se encuentra constreñido a motivar sus decisiones, por tanto, el abanico de opciones que se abre para fundar el juicio sobre la prueba se encuentra restringido a las percepciones que puedan racionalmente justificar inferencias. De este modo, puede verse obligado a rechazar determinadas alternativas decisorias, quizá más acorde a sus convicciones, pero insusceptibles de ser argumentadas plausiblemente.	En realidad, aún cuando la "inmediación" brindara datos basados en aspectos no verbales que permitieran al juez del juicio adquirir una "impresión personal" del caso más amplia de la conferida por la deposición de los órganos de prueba, lo cierto es que, como con claridad explica Cafferata Nores, dichos aspectos del testimonio no son controlables intersubjetivamente y por ello mismo pueden ser percibidos de manera diferente por distintos individuos, de modo que su relevancia no puede ser establecida en forma objetiva, circunstancia que priva a tal material de la capacidad de constituirse en base legítima para fundar racionalmente una decisión con validez general (cfr. "¿Un nuevo recurso de casación? Reflexiones sobre el caso "Casal de la Corte Suprema", publicado en revista de Derecho Penal y Procesal Penal, LexisNexis, 9/2006, pág. 1684).	Por ello, encontrándose plasmadas en distintas presentaciones los dictámenes periciales, circunstancia que permitió al "a quo" ponderarlos en toda su amplitud, sin afectar el principio de inmediatez, corresponde señalar que la queja de la defensa también carece de sustento en este punto.	10) Que con relación a la prueba ahora cuestionada por la defensa, esta Corte tiene dicho que "la pericia es el medio probatorio con el cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado en conocimientos científicos, técnicos o artísticos, de modo que permita conocer, explicar y valorar un determinado elemento de prueba. Su fundamento estriba en que el magistrado no puede tener un conocimiento integral de todo lo que es objeto del litigio, por lo cual debe acudir al auxilio de diferentes expertos. La función evaluadora del especialista se concretará en un dictamen pericial, el cual consiste en una descripción, relación y conclusión motivada sobre los puntos de pericia que se le encomendaran de acuerdo con sus conocimientos. Se deben diferenciar dos clases de dictámenes: a) aquellos que permiten arribar a una demostración que 'da certeza' al juzgador, comprendiéndose aquí los dictámenes científicos que producen un resultado objetivo que de hecho obliga al juez (p. ej.: médicos, bioquímicos); y b) aquellos que 'sólo otorgan convicción', respecto de la probabilidad de la existencia o veracidad de algo y de los cuales se derivan conclusiones puramente subjetivas (agrónomos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, entre otros)" (esta Corte, Tomo 201:837).	La jurisprudencia, por su parte, ha puesto especial énfasis en requerir suma cautela -so pena de arbitrariedad- al magistrado que pretende apartarse de dicho dictamen. En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que "la circunstancia de que sus conclusiones no sean vinculantes no significa que los magistrados puedan apartarse arbitrariamente de las mismas, concluyendo de propia autoría y conocimiento conceptos o evaluaciones médicas que el dictamen médico no contiene, porque la de-sestimación de sus conclusiones debe ser razonable y científicamente fundada" (dictamen del Procurador que la Corte hace suyo en "González, Eduardo A. c. Trenes de Buenos Aires S.A.", Fallos, 327:5528; "Medina, Benito c. Siam Di Tella S.A.", Fallos 300:1250).	Así también enseña al respecto Claus Roxin que el perito -mediante sus conocimientos profesionales y su experiencia- ayuda al tribunal en la estimación de una cuestión probatoria, ya sea informándolo sobre principios generales, comprobando hechos que únicamente pueden ser observados o sólo pueden ser comprendidos y juzgados en virtud de conocimientos profesionales especiales, y extrayendo conclusiones de hechos que fueron averiguados conforme a las reglas de la ciencia. Pero esta función del perito nunca debe confundírsela con la del juez, es únicamente un "asistente del tribunal", por lo que su dictamen pericial debe ser "examinado" por el tribunal por sí mismo y a la luz de las reglas lógicas y de la experiencia para poder lograr una fuerza convictiva, sin que puedan ser adoptados dictámenes periciales sin antes ser controlados. A su vez, nace la obligación para el tribunal de fundar en la sentencia que ha realizado una apreciación de dicha prueba por su propia cuenta, debiendo asimismo fundamentar su apartamiento en forma verificable con la debida exposición de las diferencias con el dictamen ("Derecho Procesal Penal", Editores Del Puerto, Bs. As., 2000, págs. 237 y ss.).	Enseña Eduardo M. Jauchen que: "La real entidad probatoria de la pericia descansa en las argumentaciones y fundamentos que el experto exponga. La lógica de sus razonamientos y la solvencia de los principios científicos en que se apoye, son los que esencialmente le otorgarán o quitarán fuerza acreditante" ("Tratado de la prueba en materia penal", Rubinzal-Culzoni Editores, 2002, pág. 437).	En esta línea argumental, corresponde recordar que en nuestro ordenamiento procesal penal rige el sistema de libertad probatoria y el de libre convicción del juez o sana crítica racional, indicados por la ley. Ello implica, por un lado, que el juez no debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios descriptos en la ley y que, sean cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación legal alguna (esta Corte, Tomo 109:1043; 147:613, 173:977; 175:347; 191:827; 193:583; 197:253, entre otros). Este método prescribe la libertad de convencimiento de los jueces, pero les exige que sus conclusiones sean el producto razonado de las pruebas en que se basen y así puedan ser explicadas. Esta libertad implica facultades de seleccionar y descartar, y de conceder o restar eficacia conviccional a las pruebas en que fundan la sentencia.	"La sana crítica racional implica respetar los principios de la recta razón que no son más que las reglas de la lógica que se estructuran sobre la acabada idea de coherencia y derivación, con más las bases cardinales de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Esto debe verse abonado por los principios incontrastables epistemológicos que vienen de la psicología, en cuanto a la percepción, personalidad, emoción, volición, ideación, como así también los elementos empíricos que llegan de la experiencia de vida, conocimientos vulgares, del plano emotivo, de la observación" (Parma, Carlos, "Recursos y acciones contra una sentencia penal arbitraria", Ed. Hammurabi, 2011, págs. 46/47).	Bajo las directrices expuestas debe analizarse el razonamiento desplegado por el tribunal "a quo" al otorgarle mérito al informe pericial confeccionado por el Dr. Corach. En efecto, cabe señalar que, a la luz de los parámetros vertidos por el Tribunal Superior Federal en el citado caso "Casal", el inferior se encuentra legitimado para revisar en forma amplia el fallo condenatorio (lo que la doctrina llamó "casación positiva") y, bajo las reglas de la sana crítica racional (que exige efectuar una valoración conjunta de todo el cuadro probatorio, comprendidas las pruebas y los indicios), siguiendo las pautas que gobiernan la psicología, la experiencia común y la lógica, emitir una resolución brindando una explicación motivada de las razones que llevaron a concluir de una y no de otra manera (esta Corte, Tomo 143:559; 195:289, 957; 200:537; 201:837; 202:749, entre muchos otros). Tal proceder, empero, no afecta el principio de inmediación de la prueba toda vez que la misma se encuentra plasmada por escrito (documental, pericial y las actas de deposición de testigos y partes), circunstancia que posibilita su correcta valoración en las instancias impugnaticias.	11) Que como bien recuerda el tribunal "a quo", el perito oficial, Dr. Daniel Corach, remitió cuatro informes -"Análisis de Polimorfismos de ADN con fines comparativos"- (cfr. punto VI.C.1, fs. 5690 vta.), el 15 de agosto de 2011, agregado a fs. 889/894; el 25 de agosto del mismo año, fs. 1111/1113 y 1334/1342; el 9 de septiembre, fs. 1392/1400; y el 29 de septiembre de 2011, fs. 1667/1673. De su lectura surge que primero procedió a confrontar las muestras extraídas de las víctimas (identificadas como FI y FII), con la sangre de cada una de ellas, para corroborar la identidad y correspondencia; luego las comparó con las muestras provistas por Gustavo Orlando Lasi, Walter Orlando Lasi, Omar Darío Ramos, Santos Clemente Vera y Federico Roberto Cañizares (muestras recibidas el 10/08/2011, fs. 891) y, finalmente, extrajo las conclusiones.	El dictamen pericial da cuenta que de las muestras atribuidas a ambas víctimas se detectó material genético atribuible a Gustavo Orlando Lasi, como así también se obtuvo un haplotipo de cromosoma "Y" que presenta identidad con el correspondiente a la patrilínea de dicha persona. En lo que respecta a Santos Clemente Vera, el profesional dictaminó que "Mediante el análisis de marcadores de cromosoma "Y" en la muestra 'F1-Hisopado anal-fracción epitelial' se ha obtenido un haplotipo parcial, presumiblemente mezclado. Puede identificarse un aportante mayoritario cuyo haplotipo presenta identidad con el obtenido a partir de la muestra atribuida a "Vera, Santos Clemente" (informe de fecha 15/8/2011). La frecuencia del haplotipo mínimo en la población argentina es 0.0015. En sólo dos marcadores puede observarse un componente minoritario cuyos alelos coincidirían con los obtenidos a partir de la muestra atribuida a Lasi, Gustavo Orlando" (informe de fs. 1397, citado por el tribunal a fs. 5692 vta.). Es oportuno recordar que "FI" alude a muestras correspondientes a Cassandre Bouvier.	Ahora bien, tales informes fueron ratificados por el perito en el plenario, en audiencia celebrada el día 24 de abril de 2014 (fs. 4616/4324 vta.), destacándose que a preguntas de la defensa de Vera, atinentes al significado y valor del cromosoma "Y", el Dr. Corach dijo: "... en general uno no identifica a un individuo sino a un linaje. Es decir que no se identifica a una persona sino a todos los varones de esa patrilínea. Ahora no estuvieron todos en el hecho sino uno y ese uno va a ser identificado a partir del resto de la evidencia. No se puede excluir a un integrante de la patrilínea de Vera dado que esta la muestra pero si sabés que está Vera. Lo que va a determinar que Vera es el que estuvo presente va a ser el resto del caudal probatorio. El cromosoma "Y" identifica no el individuo sino el linaje..." (fs. 4318 vta).	En ese orden de cosas, la prueba científica que se calcula con la técnica del polimorfismo molecular del ADN es un estudio que alcanza virtualmente la certeza absoluta y es el método en sí más exacto que cualquiera de los exámenes tradicionales, debido a que esta pericia se dirige directamente al código de vida (el ADN). La exactitud de la identificación proviene de la huella del ADN, que es en realidad una especie de retrato a nivel molecular del individuo (Alesi, Martín B., "Cap. 2. La prueba genética en el juicio de filiación", en Herrera, Marisa - Kemelmajer de Carlucci, Aída - Lloveras, Nora (dirs.) - De la Torre, Natalia (coord.), "Corte Suprema de Justicia de la Nación. Máximos precedentes. Derecho de familia", 1ª ed., Ed. La Ley, Bs. As., 2014, T. II: Derechos sociales - bien de familia - filiación - desaparición forzada de personas - matrimonio, pág. 465).	_	Teniendo en cuenta que todas las células nucleadas de un individuo tienen la misma información genética, excepto el óvulo y el espermatozoide, el ADN de una persona da un único patrón de bandas que es característico de ella independientemente del tipo celular del cual se haya extraído. La excepción al patrón de bandas único para cada persona es el del ADN de los gemelos univitelinos, que en ambos es idéntico (Cejas Mazzotta, Guillermo, "Identificación por ADN", 2ª ed. corr. y ampl., Ediciones Jurídicas Cuyo, Mza., 2000, pág. 244).	El ADN es el soporte molecular de la totalidad de la información genética o genoma. El genoma, constituido por ADN, se distribuye en el hombre en forma mayoritaria en el núcleo central y se lo denomina genoma nuclear. En el ADN genómico se encuentran regiones que se caracterizan por la repetición en tándem de una misma secuencia de ADN. Estas regiones se denominan VNTR ("Variable Number of Tandem Repeats") o "minisatélites" y son secuencias de nucleótidos de distinta longitud. El número de repeticiones varía de una persona a otra, generándose así un multialelismo muy informativo. Los tándems repetitivos se encuentran localizados más frecuentemente en regiones no codificantes pero también es posible hallarlos en regiones codificantes de un gen. Ciertos minisatélites están localizados en un solo lugar: locus, que es el sitio específico de un gen en un cromosoma. Otros minisatélites se hallan dispersos sobre muchos cromosomas, es decir, ocupan distintos "loci". La herencia de estas regiones minisatélites es mendeliana, lo cual permite su utilización en estudios de filiación. El primero en aplicar estos estudios en cuanto a la variación de los VNTR fue Alec J. Jeffreys en Inglaterra, quien acuñó la expresión "DNA-fingerprinting" o "huellas dactilares de ADN" (Leguisamón, Héctor Eduardo, "Producción del examen genético de ADN", en Revista de Derecho Procesal 2012 - 2: Prueba pericial y prueba científica, 1ª ed., Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2012, pág. 294/295).	Cabe recordar que la información genética de todos los organismos vivos está contenida en una sustancia química de alto peso molecular denominada ácido desoxirribonucleico (ADN). Se trata de una larga molécula que forma una doble hélice y es el material encargado de almacenar y transmitir la información genética. A través del empleo de las técnicas de biología molecular, es posible extraer e identificar el ADN de un individuo y obtener de esa manera su huella genética, que viene representada por unas bandas que por su apariencia recuerdan a un código de barras, por el que cada persona puede ser identificada. Cada huella de ADN conseguida mediante esa técnica puede ser comparada con otra huella procedente del mismo u otro individuo, permitiendo determinar con el máximo acierto su identidad y la relación o no entre ambos. La ventaja de este análisis de identificación genética radica en que el ADN es más estable a la degradación que la mayor parte de las proteínas usadas en la actualidad, y también en que puede ser extraído de cualquier resto de sangre, semen, saliva o pelos, precisándose una menor cantidad de material biológico para la pericia. La perfección del análisis viene dada en que la huella genética se transmite de manera estable a la descendencia. El estudio en cuestión se practica sobre las diferencias que las personas tienen en su ADN en localizaciones específicas que se denominan polimorfismos, y que constituyen la clave de la identificación (Alesi, ob. cit., pág. 466).	El dictamen del perito oficial es concluyente y determinante, junto con otras pruebas debidamente colectadas, para asignar responsabilidad penal a Gustavo Orlando Lasi y Santos Clemente Vera como coautores de los delitos imputados.	En definitiva, el informe del perito oficial no fue motivo de impugnación por parte de la defensa, sumado al hecho de encontrar sus conclusiones motivadas con base científica que permite ser considerado prueba directa, válida y justificante de la sentencia condenatoria, con lo cual, la argumentación vertida por la defensa no posee entidad suficiente para atacar el fallo cuestionado.	Al respecto, con relación al planteo nulificante de la pericia biológica introducido por la defensa al ampliar los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad (fs. 5917 vta., par. 16), corresponde su desestimación por extemporáneo. Para ello debemos recordar que el instituto de la preclusión es de orden público y con él se persigue que los actos procesales cumplidos queden firmes y no pueda volverse sobre ellos, prolongando indefinidamente la duración de los procesos. Esto es así, pues si bien el proceso no puede conducirse en términos estrictamente formales, el hecho de dar certeza y estabilidad a los actos jurisdiccionales asegura la garantía de la defensa en juicio de los derechos (esta Corte, Tomo 171:91). Igualmente se ha resuelto que "no es posible retrotraer el proceso mediante una pretensión formulada en instancia ajena a derecho, a etapas ya cumplidas, máxime si no surge de la causa constancia o actuación que avale o, al menos permita, atender las conjeturas del recurrente... Ninguna nulidad puede tener un fin en sí mismo y esta grave sanción debe obedecer siempre a la existencia de un interés, lo cual supone la violación de una formalidad legal y la demostración que mediante ella la parte experimenta un perjuicio. En el proceso penal rige el principio de preclusión y especialmente en materia de nulidades, el de caducidad, a punto tal que la falta de oportunidad del pedido nulidificante produce su subsanación" (Tomo 169:911; 200:511).	12) Que si bien el tribunal "a quo" considera que las conclusiones del perito oficial Dr. Corach resultan irrefutables, corresponde ahora verificar la preeminencia otorgada por sobre los informes que presentaron los peritos Oliver Pascal y Eduardo H. Raimondi.	El perito oficial fue designado de conformidad a las normas procesales vigentes al hecho (arts. 242, 252 y cc. del C.P.P., Ley 6345 y modificatorias), sin que la defensa haya impugnado su asunción, cuestionado su ideoneidad o atacado su dictamen. Al respecto resulta justo recordar que el asesoramiento de este perito es el de un auxiliar de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales (cfr. CSJN, Fallos, 299:265; 319:103; 327:4827).	En el plenario, al prestar testimonio el Dr. Corach, fue categórico en afirmar que la tecnología de los laboratorios nacionales -donde se realizó la pericia- cumple con las pautas y estándares prefijados y que, dicho sea de paso, son internacionales. Dijo, también, que la Asociación Argentina de Genética garantiza, mediante sus funciones y acción efectiva, la transparencia y confiabilidad en la materia (v. fs. 4317 vta./4318 y 4319); aspectos que, por su alcance, resultan aplicables tanto al Servicio de Huellas Digitales y Genéticas de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Buenos Aires.	Ahora bien, el razonamiento expuesto por el tribunal "a quo" sobre el mérito del dictamen oficial sobre los restantes es congruente respecto de las premisas que establece y las conclusiones a que arriba, sin que haya sido cuestionado por la defensa el método empleado. En efecto, surge con meridiana claridad que el perito oficial dividió (seccionó) los hisopos, trabajando sobre la mitad de ellos, mientras que las otras mitades fueron remitidas, luego, a los Dres. Raimondi y Pascal; ello lleva, necesariamente, a concluir que se peritó sobre muestras distintas, lo que explica las disimilitudes en las conclusiones de los dictámenes. Tal aseveración quedó acreditada, por un lado, con lo afirmado por el Dr. Pascal, cuando, en el plenario, sostuvo que "la diferencia es que no están trabajando exactamente en la misma muestra, los hisopos y las muestras que recibieron de Argentina eran parciales. Una parte ya había sido analizada por el laboratorio argentino" (v. fs. 4690 vta.); mientras que, por otro lado, el Dr. Raimondi señaló que la diversidad del dictamen responde a qué "muy probablemente están viendo diferentes cosas" (v. fs. 4323 vta.), agregando luego que las pericias sí darían el mismo resultado "si a todos los peritos se les diera la misma muestra" (v. fs. 4323 vta.).	Además de la división de los hisopos, circunstancia que materializa la afirmación de peritaje sobre muestras no idénticas (distintas), corresponde enfatizar -como lo hizo el "a quo"- sobre la escasa cantidad de material existente en los mismos. Así, el Dr. Corach resaltó la "baja concentración de ADN" en las muestras (v. fs. 4319 vta.) y calificó a su cantidad como "escasísima" (v. fs. 4317 vta.); afirmación ratificada por el Dr. Pascal, "efectivamente, había pocas células y el hisopo había sido cortado en dos por lo que en una parte había más que en la otra" (v. fs. 4691 vta.). A su vez, el Dr. Raimondi, expresó que "la cantidad era débil pero era buena", (v. fs. 4322) y explicó que pudo ocurrir "que al dividir las muestras, el ADN ya no exista, eso sucede, por ejemplo, cuando se dividen los hisopos que puede hacer que no quede nada en la muestra que a uno le toca" (v. fs. 4323 vta.).	Ahora bien, la escasa existencia de material de ADN en los hisopos impidió detectar la presencia de perfil autosómico, pero fue suficiente para hallar un cromosoma "Y" (v. fs. 4320 vta.), cuyo haplotipo presenta identidad con el obtenido a partir de la muestra atribuida a "Vera, Santos Clemente" (v. informe de fecha 15/8/11). Este es un hecho objetivo que no fue rebatido por la defensa y que ubica la patrilínea de Vera en el hecho, por lo que sólo restaba determinar la persona del linaje, cuestión que se clarifica con los dichos del coimputado Lasi.	Corresponde señalar que ya esta Corte ha reconocido validez probatoria y entidad suficiente para justificar la condena, cuando del informe pericial se acredita la existencia del cromosoma "Y" (cfr. Tomo 200:645).	Siendo ello así, el discurso argumental del recurrente resulta ineficiente para invalidar la sentencia, y queda reducido a la emisión de una apreciación discrepante sobre el valor probatorio de la pericia referida, que no fulmina la coherencia de la motivación del fallo (cfr. esta Corte, Tomo 128:863; 136:641; 142:99, entre muchos otros).	13) Que corresponde verificar, ahora, la recreación histórica, lógica y jurídica empleada por la Sala III del Tribunal de Impugnación al emitir el fallo cuestionado por la defensa técnica, bajo el argumento de encontrarse fundada en meros indicios.	En ese orden, esta Corte ha precisado que al dictar sus sentencias los jueces deben cumplir con una crítica externa en el desarrollo de la reconstrucción histórica destinada a descubrir la verdad en el proceso penal, siendo su deber sopesar y explicar las circunstancias que inciden en su decisión (Tomo 162:771, entre otros); ello es así porque nuestro sistema procesal penal exige que la convicción alcanzada -y con ello la resolución del caso concreto- sea el resultado racional de los elementos de juicio valorados (Tomo 119:761, entre otros), lo cual sólo encuentra realización mediante una debida fundamentación del acto jurisdiccional (Tomo 162:771; 197:489, entre otros).	Sobre el particular, enseña Alfredo Vélez Mariconde que la sentencia debe ser fruto de un "convencimiento lógico y motivado, racional y controlable", a lo que agrega que "si motivar significa, como es obvio, expresar las razones que se tienen para llegar a una decisión determinada -y no tan sólo afirmar el resultado de la operación lógica, después de un mero resumen descriptivo de las probanzas- la imposición del camino lógico es evidente"; la motivación de la sentencia concluye, "surge así como un ligamen psicológico de extraordinaria importancia, que une al juez con la ley que aplica, como si fuera un cordón umbilical que no puede cortarse sin decretar la muerte del acto jurisdiccional" ("Derecho procesal penal", Marcos Lerner Editora Córdoba, 3ª ed. act. por Manuel Nicolás Ayán y José Ignacio Cafferata Nores, 2ª reimp., Cba., 1986, T. II, págs. 361 y 362; esta Corte, Tomo 162:771; 176:69; 197:489, entre otros).	En todo caso, la labor del tribunal debe traducirse en un esfuerzo intelectual tendiente a derivar de las probanzas arrimadas una consecuencia acorde con las reglas de la sana crítica racional, a cuyo fin han de tomarse en cuenta todos y cada uno de los elementos que puedan reputarse decisivos para establecer la verdad de lo acontecido (esta Corte, Tomo 894:15; 197:489, entre otros).	La valoración de la prueba, integrante del deber de fundamentación de la sentencia, constituye un complejo mecanismo en función del cual deben enumerarse y justipreciarse todos los elementos probatorios legalmente incorporados al proceso, con el fin de extraer de ellos, por medio de las normas de la sana crítica, las correspondientes conclusiones sobre la verdad histórica del hecho a dilucidar. Se trata de un procedimiento exhaustivo, en el que debe abarcarse a todos y cada uno de los elementos de convicción idóneos para arrojar luz sobre el hecho atribuido al acusado, y no cabe dejar de lado ningún tipo de evidencia susceptible de rotularse como esencial (cfr. esta Corte, Tomo 81:587; 82:439; 84:15; 197:489, entre otros).	Como elemento probatorio directo tenemos las conclusiones vertidas por la pericia biológica realizada por el Dr. Corach, a la que se le suma, entre otros, la versión de los hechos dados por el coimputado Gustavo Orlando Lasi.	Esta Corte tiene dicho que: "La declaración del imputado es un acto esencial en el procedimiento, cuyas formalidades tienden a asegurar el ejercicio de la defensa garantido en el art. 18 de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, por lo que su naturaleza jurídica constituye un medio de defensa del que el mismo puede valerse aún guardando silencio o mintiendo" (Tomo 89:572; 143:643, entre otros); empero, también se dijo que reviste la calidad de fuente de prueba (Tomo 81:791; 144:941), mientras que su fuerza probatoria depende que su contenido sea corroborado por las pruebas que se produzcan (Tomo 183:605) y de una apreciación conforme a las reglas de la sana crítica racional (Tomo 94:477). En ese mismo sentido se dijo que: "La declaración del imputado (indagatoria) es, desde luego, un acto de investigación, pero a la vez y fundamentalmente -como lo sostiene la común doctrina- un acto de defensa de aquél, lo que explica la serie de garantías que la rodean y las particularidades del procedimiento para recibirla que detalla su regulación legislativa" (Creus, Carlos, "Derecho Procesal Penal", Ed. Astrea, Bs. As., 1996, pág. 298).	Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que "respecto a la imputación de los coprocesados debe observarse que las acusaciones de esta especie son siempre, en principio, sospechosas, aunque quienes las formulen no hayan de conseguir con ellas excusar o aminorar su responsabilidad penal, por lo cual para que constituyan prueba, es decir, para que susciten convicción en quien juzga, han de tener particular firmeza y estricta coherencia..." (CSJN, Fallos, 215:324). En la misma línea de razonamiento, esta Corte dijo que la declaración de un coimputado que señala al acusado como autor del hecho y establece la concreta intervención que en él le cupo, aún cuando luego sea alterada constituye un elemento de trascendencia si fue corroborada por medio de su confrontación con otros aspectos derivados del plexo probatorio (cfr. esta Corte, Tomo 92:385; 103:272; 115:1027).	Recuerda Jauchen que, si bien generalmente la ubicación procesal y sustancial del coimputado no permiten que declare como testigo, tampoco se da el extremo de incompatibilidad manifiesta, encontrándose entonces en una posición intermedia en la que sus dichos pueden ser aprovechados conjuntamente con las otras pruebas para la meritación final. Ello es posible con el sistema de la sana crítica, debiendo el magistrado conducirse con cautela ante la probabilidad de incompatibilidad ("La prueba en materia penal", Rubinzal- Culzoni Editores, 2002, pág. 316). Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que "la confesión no sólo es divisible sino que debe ser analizada en conjunto con el resto de la prueba debidamente del proceso; ya que el juzgador puede considerar válida una parte de la confesión y descartar otra, por estimar que no se corresponde con las demás probanzas" (v. en este sentido Karl Mittermaier, "Tratado de la prueba en materia criminal", Bs. As., 2006, págs. 250 y ss.; José I. Cafferata Nores, "La prueba en el proceso penal", 6ª ed., Bs. As., 2008, pág. 189; Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Bs. As., 2006, Tomo 2, pág. 886).	Ahora bien, las declaraciones realizadas en el proceso por Gustavo Orlando Lasi (fs. 1075/1077), en especial la brindada en el plenario (22/05/2014, fs. 4863 vta./4873), aunque pretende aminorar su responsabilidad, poseen entidad suficiente -junto con la pericia biológica- para acreditar en grado de certeza la participación de Santos Clemente Vera en el hecho endilgado. En efecto, en las declaraciones indagatorias prestadas por Lasi, la incriminación fue directa, precisa y se mantuvo firme, al igual que la realizada en el acta de reconstrucción del hecho (fs. 1369/1388); por lo que, confrontada con la pericia biológica realizada por el perito oficial Dr. Corach -que da cuenta del referido hallazgo de un cromosoma "Y", cuyo haplotipo presenta identidad con el obtenido a partir de la muestra atribuida a Santos Clemente Vera (v. fs. 4320 vta.)- el fallo del tribual "a quo" cubre los recaudos de motivación legal y regular exigidos por la ley procesal para justificar una decisión en la forma que fue dictada.	14) Que resulta oportuno recordar que en nuestro ordenamiento procesal rigen el sistema de la libertad probatoria y el de libre convicción del juez o sana crítica racional indicados por la ley; ello implica, por un lado, que el juez no debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios descriptos en la ley y que, sean cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o tasación legal alguna (esta Corte, Tomo 109:1043; 147:613; 200:537, entre muchos otros).	El sistema de la sana crítica racional permite construir un determinado acontecer mediante inferencias que descansan en indicios, y éstos sólo tienen valor cuando no pueden dar lugar a ninguna otra conclusión, es decir cuando resultan unívocos (esta Corte, Tomo 122:901, 136:179). Ello es así porque si la sumatoria de indicios, que individualmente pueden tener explicaciones compatibles con otras hipótesis fácticas, en su valoración global permiten descartar la probabilidad, entonces, la duda que cada uno trae intrínsicamente se transforma en certeza. Empero, tal juicio requiere un extremo rigor empírico en la fundamentación de la decisión (esta Corte, Tomo 112:353; 115:507). Como sentara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "la eficiencia de la prueba de indicios depende de la valoración conjunta que se haga de ellos, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo" (Fallos, 314:346).	A partir de ello, con suficiente claridad y ajustados razonamientos, ha expuesto el Tribunal de Impugnación los motivos por los cuales arribó a la certeza de la forma en que ocurrieron los hechos, sin que se vislumbren errores en la formulación de su juicio, en tanto el evento investigado no pudo haber sucedido de un modo distinto al plasmado en el fallo.	La sentencia es plenamente válida porque en sus fundamentos se ha cumplido con una ponderación completa de los hechos, estableciéndose, de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo, modo y lugar, el accionar de los imputados tal cual ha ocurrido, sobre la base de un nutrido plexo probatorio rendido e incorporado válidamente al proceso. Cuenta, además, con un análisis razonado de las constancias de la causa por las que se arriba a la existencia de la certeza necesaria para motivar y justificar la condena.

En efecto, el tribunal expresó los concretos motivos que lo llevaron a otorgar credibilidad a la pericia biológica realizada por el Dr. Corach, a las conclusiones que emergen de las declaraciones del coimputado Lasi, cumpliendo de ese modo con los deberes de la sana crítica racional y, en especial, con aquellos que le imponen apreciar integral y equilibradamente la prueba, explicitando el por qué hizo prevalecer y otorgó mayor valor a tal deposición, cuyos extremos resultaron de vital importancia para reconstruir el hecho (cfr. esta Corte, Tomo 146:441, entre otros).	De tal modo, el recurso deducido por la defensa técnica de Vera expresa meras opiniones discrepantes sobre el valor probatorio de distintas evidencias, pero no mengua la coherencia de la motivación en que se sostiene el fallo ni alcanza para revertir las condenas dictadas (cfr. esta Corte, Tomo 161:459, entre otros).	15) Que en relación al agravio referido al mérito otorgado por el Tribunal de Impugnación a las declaraciones testimoniales de M. M. B. y J. D. T., a quienes la defensa les asigna valor de coartada, corresponde compartir el criterio del "a quo".	Sobre la importancia de las declaraciones testimoniales en un proceso penal, Jorge A. Clariá Olmedo enseña que: "La versión traída al proceso por las personas conocedoras de algún elemento útil para el descubrimiento de la verdad mediante su dicho consciente, con fines de prueba, es de trascendental significación desde el punto de vista probatorio. Esto nos ubica dentro de la concepción amplia del testigo, cuyo tratamiento ocupa el primer lugar en el análisis de los colaboradores del proceso penal en lo que respecta a la adquisición de las pruebas... En este sentido amplio y generalizante, puede llamarse testigo a toda persona informada de cualquier manera de los hechos o circunstancias que se investigan en una determinada causa penal y cuya declaración es considerada útil para el descubrimiento de la verdad... El testigo desempeña un servicio de carácter público en la administración de la justicia. En materia penal es el colaborador más importante para la adquisición de la prueba, por cuya razón su intervención en el proceso se impone con las menores restricciones posibles" ("Tratado de Derecho Procesal Penal", Ediar S.A. Editores, 1963, Tomo IV, págs. 256 y ss.).	La prueba testimonial debe ser valorada en forma integral y armónica con la restante colectada en el proceso; así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde antiguo, viene fijando criterios para la interpretación de la prueba en los procesos penales. De la doctrina que emana de Fallos, 311:948, "Saturnino Martínez" y de Fallos, 316:1717, "Baño", surge que no resulta admisible la interpretación de la prueba que se limite a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto. En forma contundente señala que ello llevaría a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que: "es conveniente recordar que el acervo probatorio de un caso es único e inescindible" (cfr. casos "Maritza Urrutia", parág. 52; "Myrna Mack Chang", parág. 128, "Bulacio", parág. 57 y "Herrera Ulloa", parág. 68), y por tal motivo la valoración debe realizarse sobre los particulares elementos de prueba incorporados al caso. En este punto cabe señalar que el tribunal tiene la obligación de investigar la verdad real, objetiva y sustancial de los hechos sometidos a enjuiciamiento. Para llegar a ese fin dispone de un amplio catálogo de medios probatorios que son los que le permiten reconstruir intelectualmente acontecimientos del pasado, la existencia o no del hecho que se investiga, la participación del imputado en él, todo lo cual debe ser precedido de investigaciones y pruebas, elementos objetivos que se introduzcan legalmente en el proceso y sean susceptibles de producir en el ánimo de los sujetos procesales un conocimiento cierto acerca de los extremos fácticos de la imputación delictiva; es la fuente legítima de conocimiento de la verdad real o efectiva.	De la interpretación armónica del plexo probatorio surge evidente el escaso mérito que se le puede asignar a las declaraciones testimoniales aludidas por la defensa técnica a modo de coartada; basta para ello confrontarlas con el resultado de la pericia biológica del Dr. Corach y los dichos del coimputado Lasi, las que ubican en forma certera a Vera en la escena del hecho, en calidad de coautor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y el uso de arma (dos hechos) y homicidio "criminis causa" (dos hechos), todo en concurso real (arts. 166, inc. 2º y penúltimo párrafo, art. 119, 3er. y 4to. párrafo inc. "d", 80 inc. 7º y 55 del C.P.).	____________________________________________________________	Es que "toda persona que se presenta a suministrar una información que ha sido ponderada en juicio como evidencia lo hace en calidad de testigo, pero esta información únicamente será pertinente cuando concurra con otras evidencias equivalentes" (Schiavo, Nicolás, "Valoración racional de la prueba en materia penal", Editores del Puerto, 2013, pág. 33); en este caso, las declaraciones de Brañez y Tolaba no sólo no encuentran correlato con las restantes pruebas, sino que, además, como ya se expuso, las contradicen sin sustento efectivo.	En lo referente a la prueba testimonial, se ha prestado atención también a la diferencia entre veracidad y sinceridad, expresándose que: "Son dos términos que no equivalen entre sí, ya que uno puede ser sincero, pero no verídico; esto nos lleva a distinguir entre falsedad y error del testigo... El estudio del testimonio... se reduce a una investigación sobre la sinceridad del testigo y sobre su veracidad. La sinceridad tiene valor puramente subjetivo, y se refiere a una actitud psicológica, a la tendencia a decir lo que se sabe y lo que se piensa, y va acompañada casi siempre de esa actitud espontánea que es la franqueza, que tiene notas fisonómicas particulares. La veracidad se refiere a una exacta correspondencia de este estado subjetivo con la realidad objetiva" (Jauchen, Eduardo M., "Tratado de la prueba en materia penal", Rubinzal-Culzoni Editores, 2002, pág. 359, con cita de Altavilla, Enrico, "Psicología judicial", Temis, Bogotá, T. II, págs. 791/794).	Referente a los testigos J. D. T. -sobrino de V. (v. reconocimiento de fs. 564 vta.)-, y M. M. B., el tribunal "a quo" ha realizado un meduloso y pormenorizado análisis de sus dichos, los que luego de ser confrontados con las restantes probanzas, concluye acertadamente que carecen de valor de descargo ante verificación de fisuras en sus relatos (v. fs. 5730 vta./5732).	Además, la sinceridad del testigo Tolaba se ve comprometida por la relación de parentesco con Vera, lo que impide considerar su versión. Recuerda Clariá Olmedo que: "La necesidad de mantener la cohesión de la familia en su amplia composición y al mismo tiempo el imperativo de evitar que la persona sea puesta en la necesidad de falsear la verdad frente al muy poderoso y noble sentimiento de no delatar a su allegado, ha orientado a la legislación a evitar, absoluta o relativamente, el testimonio del pariente, teniéndose en cuenta en su graduación la mayor o menor proximidad del vínculo familiar con la persona del imputado" ("Tratado de derecho procesal penal", Rubinzal-Culzoni Editores, Bs. As., 2008, T. III, pág. 326).	Respecto a la testigo B., existe una relación de confianza que mengua la sinceridad de sus dichos. En efecto, si la eficacia de la percepción del testimonio se basa en el objeto que debe aprehender la atención del testigo, dicho proceso psicológico nunca puede estar influido por motivos que pueden dejar que sea aséptico y objetivo, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones subjetivas de ánimo en que se encuentra la persona en relación con ese objeto de percepción. Y es allí donde aparecen las dudas, y los elementos probatorios en este caso se desvanecen, por cuanto el testigo del hecho, no sólo sería un "testigo de oído", sino que mantenía una relación de amistad y afinidad con el imputado, razón por la cual, no tenía la capacidad de abstraerse, ni de desvincularse del asunto. Tal como lo enseñó Carnelutti, la duda es un paso obligado en el camino de la verdad (Sentís Melendo, Santiago, "In dubio pro reo", Valletta Ediciones, Bs. As., 1971, pág. 9).	En conclusión, los agravios de la defensa constituyen la proposición de un distinto punto de vista sobre la apreciación de la prueba contenida en la sentencia, lo que resulta insuficiente para viabilizar la queja vertida.	16) Que en este estado, resta expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista en el art. 80 inc. 7º del Código Penal, introducido por la defensa de Gustavo Lasi (fs. 5844/5856 vta.).	Categóricamente, sobre tan importante presupuesto de justicia, de orden público y tratable de oficio, advertía Ricardo C. Núñez que: "Todos los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden interpretar y aplicar la Constitución en los casos concretos cuyo conocimiento les corresponde y confrontar si las leyes, reglamentos, decretos o actos de las autoridades guardan o no conformidad con ella, absteniéndose de aplicarlos si encuentran que se les oponen" (cfr. Núñez, Ricardo C., "Derecho Penal Argentino", Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1959, T. I, págs. 90/91; esta Corte, Tomo 128:257; 159:983, entre otros).	No obstante, tal como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación "... la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos, 226:688; 242:73; 300:241, 1087, entre otros)", razonamiento compartido por esta Corte (Tomo 183:765; 195:707; 201;1005; 203:91, entre otros).	La misión del Poder Judicial consiste en asegurar la supremacía de la Constitución y, como eventual consecuencia, invalidar las disposiciones que se encuentren en clara y abierta pugna con ese texto fundamental. Así, el control de constitucionalidad que compete a este Tribunal debe efectuarse en un marco de estricta prudencia, por cuanto "la declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces" (esta Corte, Tomo 58:l087; 178:163, entre otros), configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última "ratio" del orden jurídico (CSJN, Fallos, 302:1149; 303:241, 1708; esta Corte, Tomo 77:627; 191:703, entre otros).	Desde antiguo se ha sostenido que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones (CSJN, Fallos, 252:288; 302:232, entre otros), toda vez que es el Judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución (Fallos, 321:1252; esta Corte, Tomo 160:757), y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos, 155:248; 311:2580, entre otros; esta Corte, Tomo 114:529; 128:479).	Por otra parte, debe demostrarse "de qué manera la disposición contraría la Constitución Nacional" (CSJN, Fallos, 253:362; 257:127; 308:1631; entre otros), de lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (CSJN, Fallos, 226:688; 242:73, 285:369; 314:424, entre otros). Para ello es menester que precise y acredite fehacientemente el perjuicio concreto que le origina la aplicación de la disposición (CSJN, Fallos, 307:1656 y sus citas; 324:754, entre otros), es decir, no basta para que se configure una situación de inconstitucionalidad alegar la vulneración de derechos fundamentales, si no se prueba la afectación concreta de esos derechos (cfr. esta Corte, Tomo 52:881; 55:583; 58:1141; 66:389; 67:585; 75:1025; 189:1049, entre mucho otros).	Asimismo, ha señalado que el Legislativo es el único órgano de poder que tiene la potestad de valorar conductas, constituyéndolas en tipos penales reprochables y decidir sobre la pena que estima adecuada a la actividad que se considera socialmente dañosa (CSJN, Fallos, 209:342).	Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enfatizado el deber de agotar todas las interpretaciones posibles de una norma antes de concluir con su inconstitucionalidad, toda vez que es un remedio extremo, que sólo puede operar cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que forman parte de ella, dado que siempre importa desconocer un acto de poder de inmediata procedencia de la soberanía popular, cuya canalización no puede ser republicanamente saludable (Fallos, 328:1491). También, ha sostenido como principio que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos, 302:973), y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos, 299:167), así es que los jueces no pueden sustituir al legislador sino que deben aplicar la norma como éste la concibió (Fallos, 300:700); las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico (Fallos, 295:376), máxime cuando aquél concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos, 312:311, cons. 8º), evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como valedero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 1:297, cons. 3º; 312:1614; 321:562; 324:876, entre otros). La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos, 303:578).	De esta suerte, en el sistema republicano, la fuente de legitimidad de la que deriva la fuerza obligatoria de los pronunciamientos judiciales se encuentra en los dictados de la razonabilidad en el marco de las normas vigentes (esta Corte, Tomo 84:15; 197:489, entre otros).	17) Que ahora bien, con las premisas aludidas, corresponde ingresar de lleno al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la defensa respecto de la pena de prisión perpetua.	Nuestra Carta Magna es inagotable manantial de seguridad jurídica para el individuo y para la sociedad. Como fuente primaria de la realización del derecho, ubícase en la cúspide legislativa, de la cual descienden todas las normas realizadoras destinadas a garantizar la satisfacción de los intereses públicos y privados, evitando su encuentro irreconciliable y la destrucción de unos por otros. Cuando esos intereses aparecen comprometidos por causa de la necesaria actividad penal tendiente a reconstruir el orden jurídico y poniendo en juego la libertad individual y la justicia, los principios constitucionales muéstranse como enérgicos resortes reguladores de la función pública represiva; son bases firmes e irrenunciables, cuya vulneración o desconocimiento por la ley, por la autoridad o por el individuo, destruirían más el orden so pretexto de componerlo. La ley o la sentencia que no se acomode a esas bases, las contradiga o desconozca, no debe ser aplicada o debe ser revocada, cualesquiera sean las normas particulares que prevean la situación concreta (cfr. CSJN, Fallos, 241:291; Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de derecho procesal penal", Ediar S.A. Editores, Bs. As., 1960, T. I: Nociones Fundamentales, pág. 213).	Cabe recordar que la reforma constitucional de 1994 introdujo avances en la materia, por cuanto a través del art. 75, inc. 22, otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos, entre ellos, a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sobre este punto, el art. 15 establece que: "Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1º..."; asimismo, el art. 1.1, prevé que: "No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas"; en el mismo sentido, el art. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".	En ese orden de cosas, el primer fundamento político del derecho penal argentino es que éste no puede realizarse libremente. Su establecimiento y aplicación se encuentra limitado por determinadas garantías para todos los habitantes de la Nación, que el órgano judicial debe hacer plenamente efectivas en virtud de que son seguridades que la Constitución les da a los habitantes del país. Las garantías constitucionales penales en un sentido amplio se clasifican en cuatro grandes grupos, a saber: legalidad, reserva (principio de libertad), judicialidad y humanidad. Estas garantías (arts. 18, 19, 75 inc. 22 de la C.N.), complementándose armónicamente, le dan al derecho penal argentino las bases necesarias para que en su realización democrática pueda lograr un alto sentido de justicia.	Al respecto, clarifica Binder que: "Una pena cruel, es aquella que impone un sufrimiento que no tiene ninguna relación con el hecho o le da una intensidad a ese sufrimiento que implica una autorización inadmisible, planteando un problema similar al de la pena de muerte. Es infamante una pena que impone una deshonra que, al igual que la crueldad, no tiene relación con el hecho que ha provocado la reacción estatal y busca otra finalidad. Las penas crueles e infamantes buscan destruir a la persona como si se tratara de la muerte y, por ende... son formas de destrucción humana" (Binder, Alberto, "Introducción al Derecho Penal", 1ª ed., Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2004, págs. 301/302).	En concordancia con el marco dogmático reseñado, la pena de prisión perpetua en nuestro país, pese a su severidad, no puede ser encuadrada con la calidad que le asigna la defensa. En efecto, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 24660, establece que la pena tendrá como finalidad "lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad" (art. 1º). Asimismo, consagra normas que aseguran al interno asistencia espiritual y médica integral, derecho a comunicarse con su familia y allegados, así como también normas que garanticen el ejercicio del derecho a aprender; estableciendo en su art. 9º expresamente que "la ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles inhumanos y degradantes", previendo además para quien ordene, realice o tolere tales excesos las sanciones establecidas en el Código Penal.	En esta dirección, la finalidad de readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema de ejecución de la pena (cfr. CSJN, Fallos, 318:2002 y 329:3806), el cual abarca a todas las modalidades de su cumplimiento, inclusive los condenados a penas de prisión perpetua. Por ello es que a su respecto también se ha delineado un régimen basado en la progresividad -de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la citada Ley 24660- permitiendo el egreso anticipado -según los lineamientos previstos en el art. 13 del Código Penal-, por lo que no se trata en forma literal de una pena "perpetua".	Tal objetivo -la readaptación- se encuentra receptado por los tratados internacionales; así, el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: "Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados". En el mismo sentido, el art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto dispone: "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados...".	Por su parte y más allá de las críticas que puedan a ella formularse, sin embargo, se ha señalado que esas normas indican la finalidad esencial que debe perseguir el Estado en el legítimo ejercicio del "ius puniendi", cual es la reforma y readaptación social de los condenados; y si bien marcan una clara preferencia en torno a aquel objetivo llamado de prevención especial -del que no resultan excluidos los condenados a prisión perpetua- evidentemente no obstaculizan otros fines que el legislador adopte, y que no se enfrenten a la interdicción también prevista en nuestra Constitución Nacional de que las cárceles sean para seguridad y no para castigo de los reos (art. 18).	En esta línea argumental, la pena de prisión perpetua no viola per se el principio de legalidad establecido en la Constitución Nacional, ni los instrumentos internacionales de la misma jerarquía. Dicha sanción ha sido prevista por el legislador desde los orígenes de la legislación criminal en nuestro país, justamente predeterminada para casos de tal gravedad, como el que nos ocupa. Así legislada no resulta inconstitucional, en tanto no constituye una pena prohibida, al no ser infamante, cruel ni inhumana. A ello cabe aunar, que tampoco es verdaderamente perpetua puesto que de acuerdo a la regulación legal establecida en nuestro derecho interno (arts. 13 del C.P.; y 15, 16, 17, 23, 30, 32, 54, ss. y cc. de la Ley 24660) no es vitalicia, siendo que admite la posibilidad -transcurrido determinado tiempo de su cumplimiento- de obtener una morigeración o atenuación de la sanción impuesta, según los institutos legales correspondientes.	También puede traerse a colación que el régimen adoptado por el Código Penal resulta compatible con el sistema que establece el Estatuto de Roma, pues ambos prevén la pena de prisión perpetua, extremo que no cabe soslayar, en tanto dicho instrumento posee jerarquía superior a las leyes federales (arts. 31 y 75 incs. 22 y 24 de la C.N.; y leyes 25390 y 26200), donde se admite la posibilidad de acceder anticipadamente a la libertad en caso de haber transcurrido un período de tiempo. Específicamente, el artículo 110 del Estatuto, que regula este último instituto, determina que el recluso no será puesto en libertad antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte (inc. 1°); que, luego de escuchar al recluso, sólo ella puede decidir la reducción (inc. 2°); y que cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena o veinticinco años de prisión en el caso de pena privativa de libertad perpetua, la Corte revisará la pena -nunca antes del cumplimiento de esos plazos- para determinar si ésta puede reducirse (inc. 3°). Luego de describir los factores a tenerse en cuenta a tal fin (inc. 4°), se prevé que si en un inicio se declara que no procede la reducción de la pena, la cuestión debe volver a examinarse con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba (inc. 5°).	Esta reseña permite apreciar que sin perjuicio de la aludida vigencia de la prisión perpetua, la finalidad esencialmente resocializadora de las penas privativas de libertad también ha sido reconocida por el Estatuto de Roma para esa sanción, pues la expectativa que en el plazo de veinticinco años pueda examinarse la posibilidad de reducción que para ella contempla el art. 110, inc. 3º, habrá de alentar la readaptación social del condenado a esos fines. Más aún, de las aludidas Reglas de Procedimiento y Prueba surge expresamente que en esa etapa la Corte valorará, entre otras circunstancias, que la conducta del condenado durante su detención revele una auténtica disociación de su crimen y sus posibilidades de reinsertarse en la sociedad y reasentarse exitosamente (Regla N° 223).	Por lo tanto, no se advierte la contradicción que aduce el recurrente entre el régimen de prisión perpetua establecido en el art. 80 del Código Penal y el sistema emanado de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales que la República Argentina ha suscripto y se encuentran incorporados a nuestra Constitución Nacional (arts. 31 y 75 inc. 22), en tanto aquélla no es realmente perpetua pues permite al condenado mantener viva la posibilidad de volver a obtener su libertad, cumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Al respecto corresponde señalar que la defensa no brinda datos concretos de la índole del perjuicio, más allá de una apreciación conjetural, lo que resulta insuficiente en orden a la procedencia del recurso deducido (cfr. esta Corte, Tomo 78:767; 137:585).	Corresponde señalar, además, que el juicio referido a la proporcionalidad de la pena, que se trasunta en la ley con carácter general, es de competencia exclusiva del legislador, sin que competa a los tribunales juzgarla, ni imponer graduaciones o distinciones que la ley no contempla, desde que instituye iguales sanciones a todos los que incurran en la infracción que se incrimina como una suerte de salvaguarda de la garantía de igualdad (CSJN, Fallos, 322:2346; 329:5567). En efecto, la Corte Federal tiene dicho que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, ya que está vedado a los tribunales el juicio del mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en el ejercicio de sus propias facultades (Fallos, 300:700; 321:92; 327:3597).	Por otra parte, la imposición de esta pena no viola el principio de culpabilidad, en la forma como sostiene la defensa, en tanto que, como lo tiene dicho el Máximo Tribunal: "Que por regla general, cuando se trata de homicidios agravados cometidos por mayores, la sola subsunción de la imputación en el tipo penal basta para dejar sentada la gravedad del hecho sin necesidad de mayores argumentaciones, pues la pena prevista es absoluta y por lo tanto, no exige, de hecho, ningún esfuerzo argumental adicional para la determinación de la pena: prisión perpetua"; y, "Que las penas absolutas, tal como la prisión perpetua, se caracterizan, justamente, por no admitir agravantes o atenuantes de ninguna naturaleza. Esto significa, que el legislador declara, de iure, que todo descargo resulta irrelevante: son hechos tan graves que no admiten atenuación alguna. En los casos de plena culpabilidad por el hecho, este recurso legislativo resulta, en principio, admisible" ("Maldonado", Fallos: 328:4343, cons. 13 y 14).	18) Que resta señalar que el fallo emitido por el Tribunal de Impugnación, validando la constitucionalidad de la prisión perpetua, no hace más que respetar la inveterada jurisprudencia de este Tribunal (Tomo 179:947; 196:1; 191:785; 197:119; 200:537; 200:645, entre muchos otros).	_____ 19) Que resulta oportuno señalar, tal como correctamente lo hizo el Tribunal de Impugnación a fs. 5759, que lo que sí resultaría inconstitucional es la inclusión al art. 14 del C.P. -y también al art. 56 bis de la Ley 24660 y modificatorias- de ciertas prohibiciones -y entre ellas el homicidio "criminis causa"- que impiden la libertad condicional, pues con ello sí se violenta la posibilidad de egreso y de reinserción social (arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Empero, tal declaración eventualmente deberá ser objeto de tratamiento en la etapa oportuna de ejecución penal y no en esta instancia. Ello es así por cuanto los imputados no han cumplido el tiempo mínimo de pena que la normativa exige para la aplicación de las salidas transitorias, la semilibertad y la libertad condicional; en consecuencia, no se aprecia un interés actual que pueda dar lugar a una declaración de la trascendencia institucional que comporta la inconstitucionalidad de una norma.	_____Es doctrina reiterada, al analizar la naturaleza de la actividad jurisdiccional, que los jueces sólo pueden pronunciarse respecto de un caso concreto y no pueden hacer declaraciones en abstracto o de carácter general (CSJN, Fallos, 306:1125; esta Corte, Tomo 151:1077). Ello, toda vez que es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos, razón por la cual no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas (CSJN, Fallos, 94:444; 107:179; 115:163; 193:524; esta Corte, Tomo 160:627, 169:155), como ocurriría en el "sub examine", si se adelantara una opinión sobre la constitucionalidad o no, de una norma cuyos efectos jurídicos no resultan operativos en la actualidad, ni en tiempo inmediato sucesivo.	20) Que bien afirma la sentencia a fs. 5743 que los homicidios verificados en esta causa traducen numerosos elementos que fueron tipificados como agravantes por el Código Penal con posterioridad a que fuesen perpetrados, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 26791.	Esa circunstancia, sin duda, impide aplicar dichos agravantes en el caso (art. 18, CN); sin embargo no puede soslayarse que en el derecho argentino, desde mucho antes a que esa norma modificara el art. 80 del Código Penal, la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género -femicidio o feminicidio- adquirió especificidad jurídica a partir de un conjunto de preceptos, pero ante todo constituye una categoría sociológica claramente distinguible y necesariamente identificable a efectos de visibilizar este dispositivo de disciplinamiento social de las mujeres y desnaturalizar los mecanismos socio-culturales androcéntricos que recurren a figuras aparentemente neutrales -como la de homicidio- que facilitan su perpetuación.	En efecto, el continuum de violencia que presentan los hechos que fueron objeto de este juicio -que culminan con los femicidios de C. B. y H. M., pero que son precedidos de otras formas atroces de violencia contra la integridad sexual de las jóvenes- encuadra dentro de lo que nuestra legislación califica como violencia de género, de acuerdo con los términos de la Ley 26485, dictada en marzo de 2009 con el objeto de promover y garantizar, entre otros, la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres así como el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (cfr. art. 1).	De igual modo, en el plano del derecho internacional de los derechos humanos, los hechos perpetrados califican como "violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada" (cfr. Recomendación General N° 19 del Comité de la CEDAW), la violencia que afirmada en relaciones de poder sexualizadas y jerarquizadas "causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (art. 1, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres), o en la letra de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, aquella violencia que padece la mujer como resultado de mecanismos sociales fundamentales que se activan para forzar su subordinación histórica respecto del hombre.	Para ello, es ineludible reconocer -como lo hizo ese Comité incluso antes de la adopción en el ámbito de la OEA de la Convención de Belém do Pará- que la violencia de género es la contracara de la discriminación que sufren las mujeres en razón de su condición sexo/genérica e identificar la raíz de esa desigualdad social en la estructura machista sobre la que se asientan desde siglos nuestras sociedades. Entre otras razones, porque la existencia de esa discriminación estructural ha llevado a que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se identifique a las mujeres en relación al ejercicio de ciertos derechos, como la protección frente a la violencia, dentro de las poblaciones discriminadas o excluidas que requieren protección especial o tratamiento diferenciado (cfr. Comisión IDH, Informe 54/01, "María Da Penha Maia Fernández vs. Brasil", del 16 de abril de 2001; Corte IDH, Caso "González y otras (Campo Algodonero) vs. México", Sentencia del 16 de noviembre de 2009).	_____ 21) Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a fs. 5831/5843 por los Dres. José Humberto Vargas y Roberto Adrián Reyes, en ejercicio de la asistencia técnica de Santos Clemente Vera, y a fs. 5844/5856 por los Dres. Horacio Morales y Matías Sebastián Adet Figueroa, defensores de Gustavo Lasi, y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Sala III del Tribunal de Impugnación, obrante a fs. 5666/5760 vta. de estos autos.	Por ello,	______________________LA CORTE DE JUSTICIA,	___________________________RESUELVE:	I. NO HACER LUGAR a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a fs. 5831/5843 y 5844/5856 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 5666/5760 vta. de la Sala III del Tribunal de Impugnación.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).