Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-03-12


Córdoba, marzo 12 de 2008.

1º ¿Es procedente el recurso de casación? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

1. A fs. 322/361, con fundamento en las causales previstas en el artículo 45 de la Ley 7182, la actora interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Número Doscientos catorce, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el veinte de diciembre de dos mil cinco (fs. 311/321vta.), mediante la cual se resolvió: "I- Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por Codere Argentina SA y Bingos Platenses y Entretenimientos Mediterráneos contra Lotería de Córdoba SE. II- Costas por su orden...", que fue concedido mediante Auto Número Doscientos veintiocho del veintinueve de mayo de dos mil seis (fs. 382/384vta.).

2. Impreso el trámite de ley (fs. 362), en aquella Sede el procedimiento se cumplió con la intervención de la demandada, quien a fs. 363/367vta. y 369/372, presentó su informe al evacuar el traslado corrido, solicitando el rechazo del recurso interpuesto por la contraria, con costas según ley.

3. A fs. 391 se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia, expidiéndose la Señora Fiscal General Adjunto en sentido adverso a la procedencia formal del recurso de casación (Dictamen CA Nº 481 del 1 de agosto de 2006, fs. 392/396vta.).

4. A fs. 397 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 399/400), deja la causa en estado de ser resuelta.

5.1. Como primer motivo de casación, la impugnante denuncia que el razonamiento de la Cámara a-quo es totalmente dogmático, contradictorio y carente de asidero legal y lógico.

Señala que la sentencia dictada vulnera los principios de la lógica al partir de un presupuesto de hecho que es fragmentado parcialmente y omite tener en cuenta el contexto de todas las constancias de autos.

Expresa que la Sentenciante no ha observado el principio de razón suficiente, toda vez que el razonamiento seguido para concluir que es improcedente en sí la pretensión sustancial, se ha basado en la voluntad del Tribunal, el cual no ha pasado de lo conocido a lo desconocido mediante una ligazón lógica.

Manifiesta que en congruencia con las constancias de autos, pidió la anulación de las resoluciones administrativas emanadas de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado y la devolución del fondo de garantía de impugnación incautado, con más intereses hasta su efectiva restitución.

Acusa que la Sentenciante dispone el rechazo de la demanda en función de un presupuesto equivocado ya que parte de una idea que no se compadece con las constancias de autos, resultando un fallo dogmático que ignora sus argumentos esgrimidos a lo largo de las actuaciones judiciales cumplidas.

Estima que el A-quo se escuda en la interpretación gramatical de la ley olvidando la interpretación sistémica que debe exhibir toda resolución judicial.

Explica que la comparación entre la postura adoptada en el escrito de la demanda y la sentencia impugnada, evidencia que el Tribunal ha omitido por completo analizar y refutar in concreto las críticas y pretensiones legítimas efectuadas en sustento de la acción.

Niega que haya correspondencia entre las pretensiones deducidas y la sentencia dictada, lo cual constituye un evidente vicio formal.

Expresa que, tal como lo ha señalado este Tribunal Superior, una vertiente del principio de congruencia y de la exigencia lógica de razón suficiente, es la obligación de la alzada de considerar todos los argumentos deducidos por los pretensores con influencia para decidir la cuestión.

Indica que el principio de razón suficiente sólo se respeta cuando se expresa porqué algo es de un modo determinado y no de otro; en el caso concreto de una sentencia, cuando el Juzgador enuncia el motivo o la razón por la cual la conclusión correcta es la que se adopta y no otra.

Agrega que la resolución dictada en autos carece de motivación real, siendo que el pronunciamiento sólo contiene una fundamentación aparente, por lo que la misma deviene en arbitraria y avasalla el principio de razón suficiente. Cita jurisprudencia y doctrina.

Recalca que la sentencia de mérito, principia con un error conceptual: analiza como objeto de la pretensión deducida por su parte, la negativa de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, de restituir el importe depositado en concepto de garantía de impugnación de la licitación relacionada.

Sostiene que semejante hipótesis de trabajo, violenta las constancias de autos, de las cuales surge que pretende la declaración de nulidad absoluta de las resoluciones emitidas por la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado y la restitución de los fondos de garantía entregados en caución al momento de deducir las impugnaciones respectivas.

Afirma que no obstante la claridad en la redacción y presentación de las pretensiones esgrimidas por su parte, la Cámara se circunscribe a tratar sólo la competencia de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado para la devolución del fondo de garantía, añadiendo que ello no sólo violenta el principio de congruencia, por cuanto omite el tratamiento y análisis de las cuestiones sometidas a decisión jurisdiccional, sino también los principios de razón suficiente y de fundamentación lógica y legal.

Señala que la Juzgadora reconoce explícitamente, la ausencia de competencia de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, más no declara la nulidad de los actos administrativos atacados, es decir que, no obstante haber advertido los vicios endilgados en cuanto a la existencia de arbitrariedades suficientes y manifiestas para la fulminación del acto impugnado, omite aplicar la sanción legal requerida en autos.

Denuncia que semejante denegación de justicia amerita la concesión del remedio articulado, no sólo porque se omite la sanción del acto viciado, sino porque le impide que pueda beneficiarse de la declaración de nulidad de los actos administrativos atacados.

Aclara que lo demandado no se encuentra en la pretensión de la nulidad por la nulidad misma, sino que las consecuencias de semejante decisión redundarían en la procedencia del reintegro de los fondos de caución depositados al momento de ejercer el derecho impugnativo.

Explica que el Poder Ejecutivo -mediante Decreto Número 1344/02- convocó a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la instalación y explotación de las máquinas de juego en la Provincia de Córdoba, agregando que con fecha veintiocho de octubre de dos mil dos se procedió a la apertura de los sobres, con fecha seis de diciembre de dos mil dos el Comité resolvió la impugnación deducida por la actora en contra de la preadjudicación y mediante Decreto Número 2157/02, el Poder Ejecutivo dispuso adjudicar la Licitación a la oferta formulada por Servicios del Centro Sociedad Anónima Grancor Sociedad Anónima y aprobar el Proyecto de Contrato a suscribir, autorizando a la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado para la suscripción del mismo.

Parafraseando los términos de la sentencia impugnada, sostiene que la Provincia de Córdoba sólo actúa en la licitación como ente ratificador de lo efectuado por la Comisión de Evaluación y, una vez adjudicada al mejor postor, como ente concedente de la licencia de explotación de los tragamonedas.

Concluye que resulta lógica y legítima su presentación formulada con fecha once de febrero de dos mil tres y su ampliación del once de marzo de dos mil tres, por ante la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, autoridad de Aplicación y Control de la Licitación y posterior Concesión.

Indica que en ningún momento, el Comité de Evaluación ni el Poder Ejecutivo se expidieron acerca de la apropiación de los fondos entregados en caución, agregando que no existió ningún acto administrativo que transformara la naturaleza jurídica de los importes entregados en garantía y que un fondo dado en caución no puede ser apropiado por la sola voluntad del caucionado sin al menos existir un acto jurídico que así lo disponga.

Pregunta cómo podría atacar un acto del Poder Ejecutivo que no se ha exteriorizado en el mundo fáctico y cómo se podría intentar la fulminación de nulidad por ilegitimidad y arbitrariedad de un accionar del Poder Ejecutivo inexistente en el mundo legal.

Deduce que el requerimiento efectuado en aras a la obtención de la devolución de los bienes de su propiedad por ante la Autoridad de Aplicación y Contralor competente en las fechas de mención, resulta ajustado a derecho.

Refiere que, atinadamente, la sentencia señala que las fianzas otorgadas en los supuestos de impugnaciones, debían ser con carácter irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la sola decisión del Poder Ejecutivo, ya que para la apropiación de cualesquiera de los fondos que se caucionaran en semejantes supuestos, corresponde la emisión y exteriorización de una decisión expresa.

Infiere que no habiéndose expedido el Poder Ejecutivo y siendo autoridad de aplicación y contralor la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, mal puede interpretarse que se haya desnaturalizado la fianza pasando a las arcas del Estado.

Sintetiza el planteo, expresando que su solicitud se efectuó ante la autoridad competente, por cuanto la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado resultaba ser el organismo director de la licitación una vez cesadas las actividades del Comité de Evaluación y no existió ninguna decisión provincial para apropiar los fondos entregados en caución.

5.2. Como segundo motivo de casación, la impugnante denuncia que la sentencia contradice abiertamente la doctrina que prohíbe el exceso ritual manifiesto y la renuncia consciente a la verdad.

Acusa que la Cámara a-quo omitió deliberadamente, mediante argumentos meramente formales y ritualistas, contestar como la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado pese a ser competente para resolver las notas presentadas y los recursos administrativos incoados, en la actualidad no tiene competencia y/o capacidad ad causam pasiva para ordenar la devolución de los fondos incautados.

Indica que tampoco se trató cómo si la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado le reconoció legitimación para actuar en Sede Administrativa, en Sede Judicial le opone una excepción sustentada en la falta de capacidad.

Sostiene que tampoco se ha resuelto, porqué no se revisó la capacidad de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado para disponer el rechazo de la impugnación que determinara la retención de los fondos de caución, ni por qué la demandada se avocó al conocimiento y resolución de los recursos administrativos oportunamente planteados, cuando -de estimarse procedente la excepción de falta de acción deducida-, correspondería que se hubiere declarado incompetente.

Manifiesta, por último, que no se ha explicado porqué se entiende que es incompetente el mismo órgano que dictó el acto administrativo impugnado, expresando que resulta inconcebible que, si lo que se pretende es nulificar un acto administrativo dictado por la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, se sentencie que la misma no es competente para ser demandada.

Sé pregunta por qué la Cámara niega la legitimación pasiva de quien dictó el acto administrativo que puso fin a la vía recursiva en Sede Administrativa y dejó expedita la vía judicial; por qué el Tribunal se aparta de la doctrina según la cual está legitimado para ocurrir al proceso como parte demandada el órgano administrativo de que proviene el acto impugnado y porqué hay en el fallo un apartamiento del principio del informalismo que obliga a una institución a derivar el recurso ante ella interpuesto, a la autoridad administrativa competente para resolver el fondo de la cuestión.

Sostiene que ninguno de los puntos de embate fueron tratados al momento de fallar, agregando que todos refutan la teoría de la supuesta falta de legitimación causal pasiva de la demandada en autos.

Estima que como no existen razones que justifiquen la omisión en su tratamiento, la Sentenciante debió refutar dichos agravios conforme con los principios lógicos que al ser olvidados, han concretado una renuncia consciente al deber de hacer justicia.

Agrega que la omisión de juzgar los puntos señalados, se potencia si se tiene en cuenta que en modo alguno la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado declaró su incompetencia al adentrarse en la resolución de los recursos administrativos interpuestos oportunamente, sino que se avocó voluntariamente a su tratamiento y resolución sustancial, denegando mediante resoluciones infundadas, arbitrarias e ilegítimas, la restitución del depósito en garantía, apropiándose de la propiedad ajena de una manera casi delictual. Cita jurisprudencia.

Acusa que la Sentenciante incurrió en un déficit de fundamentación lógica, al no haber consignado por escrito las razones que -supuestamente- refutarían los argumentos sustentadores de la demanda, por lo cual han sido transgredidos el principio de razón suficiente y la exigencia de congruencia.

Aclara que, si bien la revisión de las cuestiones fácticas son ajenas al remedio casatorio, la valoración de los hechos que desembocaran en el presente litigio y el ulterior encuadre normativo efectuado por la sentencia, refrendan la ilegitimidad y arbitrariedad del accionar del comitente en la Licitación objeto del presente.

Denuncia que es incongruente una declaración de incompetencia a favor de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado en esta instancia, luego de haber trasuntado un sinnúmero de circunstancias que han denotado acabadamente, su capacidad sustancial para responder en el reclamo formulado.

Insiste en que se omitió valorar los antecedentes fácticos, señalando que la Cámara a-quo no podía desconocer que quien ejerció en todo tiempo la facultad ordenadora del procedimiento administrativo fue la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado y que la resolución emanada de su seno, es reconocedora de su capacidad causal pasiva.

Estima evidente que la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado se arrogó la potestad ordenadora del procedimiento administrativo frente a la denuncia efectuada por la actora, razón por la cual mal puede interpretarse que sea el administrado quien haya tomado las riendas procesales a través de los recursos intentados.

Sostiene que la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, en ejercicio del principio ordenador, se convirtió en amo y señor del proceso, dirigiéndolo, instruyéndolo y resolviendo la denegación del recurso de reconsideración interpuesto y del jerárquico deducido de manera subsidiaria, con lo que se agotó la vía administrativa.

Señala que la Cámara a-quo avala la falta de congruencia de la Administración, con sustento en que la acción debía ser entablada en contra del Poder Ejecutivo, pero desconociendo que fue la misma Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, quien impidió el reclamo por quien se dice competente para atender su pedimento.

Cuestiona cómo puede interpretarse que el pedido de restitución de fondos deba ser canalizado por ante el Poder Ejecutivo, si la misma Lotería de Córdoba Sociedad del Estado cercenó tal posibilidad al denegar el recurso jerárquico interpuesto de modo subsidiario.

Acusa que la Sentenciante violenta los principios básicos de la materia ya que una denuncia o un recurso presentado por un particular contra un acto que se reputa ilegítimo, principia el procedimiento, agregando que éste no queda librado a la simple voluntad del particular, sino que la Administración está obligada a averiguar la verdad de la denuncia o del recurso y a considerar todo posible vicio de ilegitimidad que el acto atacado contenga, no debiendo ceñirse únicamente a los puntos signados por el administrado, sino también a aquéllos que -en ejercicio de las facultades y prerrogativas que le son propias- descubra en su ordenación del proceso.

Afirma que la Administración debe realizar los actos de instrucción adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos o datos en virtud de los cuales, debe dictar resolución.

Manifiesta que la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado -en su calidad de Autoridad de Aplicación y Contralor en aquel entonces, por cuanto el Comité de Evaluación ya había fenecido- rechazó el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico en subsidio, agregando que por sobre su estructura organizativa, se encuentra el Poder Ejecutivo Provincial.

Recalca que si se le reconoce que nada podía reclamar a la Provincia al denegar en la Resolución Número 266/03 el recurso jerárquico en subsidio, mal puede ahora argüirse que era la misma Provincia la legitimada para resolver semejante pedimento.

Acusa una violación a la teoría de los actos propios, ya que la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado reconoce la incompetencia de la Provincia para utilizar el argumento de su falta de capacidad causal pasiva al momento de pleitear.

Pregunta si no hubiera sido lógico y legítimo que se concediera el recurso jerárquico en subsidio, si quien tenía la potestad resolutoria era la Provincia de Córdoba y cómo puede reputarse en esta instancia la incompetencia de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado -y la consecuente competencia de la Provincia- si al momento de resolver idéntico pedimento al que se ventila en autos, la demandada adoptó una posición diametralmente opuesta.

Concluye que la Sentenciante no puede avalar semejante contradicción, porque a más de violentar los principios lógicos, no respeta la ley.

Estima que si se ha reconocido jurisdiccionalmente, la firmeza y la causación de estado con relación a los actos cuya fulminación de nulidad se pretende y si dichos actos son los que han cercenado la posibilidad de recurrir por ante quien se dice que posee la capacidad sustancial pasiva necesaria para resolver el pedimento de que se trata, no puede entenderse que la demanda haya sido mal planteada.

Tacha de incongruente al decisorio en este aspecto, expresando que aparece con total y eximia claridad la capacidad de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado para resolver la devolución de los fondos confiscados, por cuanto en su accionar precedente, ha denotado la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado -como autoridad de aplicación y contralor del proceso licitatorio- ser competente no sólo para resolver las cuestiones sometidas a su consideración, sino también para finalizar todas y cada una de las alternativas de impugnación en la Sede Administrativa.

Sostiene que el accionar de la propia demandada, ha sido el que extinguió la vía administrativa causando estado, reparando en que sus propios actos han imposibilitado recurrir por ante quien hoy se signa como competente para la devolución de los fondos cautelados.

Indica que la demandada se avocó voluntariamente al conocimiento y resolución de sus recursos, cercenando las posibilidades de ocurrir a la Provincia, omitiendo señalar el órgano que entendía como competente para responder el reclamo, no obstante que sus facultades ordenatorias así lo requerían, por lo cual resulta incuestionable su accionar, que recurrió judicialmente los actos administrativos definitivos.

Razona que, de haberse demandado desde el comienzo a la Provincia, la contraparte hubiese argüido que no recurrió los actos administrativos emanados de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado y por tanto, consintió las decisiones emitidas desde ésta.

Señala que hay circunstancias fácticas, que aunque ventiladas en autos, nunca fueron consideradas por la Juzgadora, tal como el reconocimiento practicado por la propia demandada en torno a la competencia para entender en el asunto sometido a su decisión.

Transcribe un párrafo de la resolución dictada por la demandada donde se reconoce que los recursos administrativos fueron interpuestos ante la autoridad competente, señalando que, a tenor de lo establecido en el Pliego de Condiciones, aquélla resulta lógica.

Sostiene que la Cámara a-quo hizo caso omiso a las disposiciones del pliego y las peticiones formuladas por su parte, añadiendo que cuesta entender porqué si el pliego dispone que la autoridad de aplicación y control es la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado -una vez finalizada la gestión del Comité de Evaluación-, si la misma Lotería se declaró competente para entender en la cuestión sometida a su consideración y negó la posibilidad de recurrir a instancias superiores y si el propio Tribunal de Sentencia reconoce tales extremos, llegue a una resolución opuesta a la que en lógica y derecho corresponde.

5.3. Como tercer motivo de casación denuncia que la Sentenciante confiere preeminencia normativa a una serie de leyes provinciales por una simple interpretación subjetiva, que dista con claridad a la referenciada en el Pliego Licitatorio, contradiciendo de este modo, normas básicas del sistema constitucional argentino.

Agrega que, por sobre las consideraciones de la Sentenciante, se encuentra la protección constitucional de su derecho de propiedad y todas las leyes nacionales y provinciales que arbitrariamente no han sido consideradas.

Estima que corresponde, en cualquier circunstancia sometida a decisión jurisdiccional, el análisis del plexo normativo en su conjunto y sin parcializaciones infundadas, de manera tal que el encuadre legal realizado por el Tribunal, violenta sobremanera derechos fundamentales, contradiciendo el sistema piramidal normativo previsto por el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Sostiene que la Cámara a-quo peca por simplista, en la medida que lo solicitado por su parte, redunda en la protección de derechos consagrados constitucionalmente.

Añade que excluir normas de mayor o igual jerarquía a las signadas en el punto 1.2.1. del Pliego, resulta arbitrario, no sólo por ilegítimo, sino también porque en momento alguno el Pliego excluye la aplicabilidad de otras normas, incluso las prevé textualmente al sostener que resulta de aplicación la legislación provincial.

Asevera que su tesis en cuanto a la aplicabilidad de la Ley 7631 y sus modificatorias, así también como la interpretación jurisprudencial adoptada por el Tribunal Superior, aparece como plenamente aplicable al caso.

Concluye que la visión parcializante, acotada y simplista de la Cámara, demuestra claramente la arbitrariedad del resolutorio atacado, lo cual provoca un agravio insubsanable, por cuanto impide la tutela judicial de aquellos derechos que se acusan vulnerados y la consecución de una sentencia justa y racional, permitiendo el enriquecimiento ilegítimo de la Provincia, so pretexto de interpretaciones contradictorias y violatorias del plexo normativo en su conjunto que avala las resoluciones infundadas y carentes de motivación de los entes autárquicos, en el caso, de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado.

5.4. Como cuarto motivo de casación, denuncia que la Sentenciante incurre en dos errores lógicos, ya que por un lado considera que la acción derivada de la negativa a devolver la garantía de impugnación no podía ser ejercida en contra de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, con independencia de que la demandada, en lugar de declarar inadmisibles los recursos planteados en Sede Administrativa, los haya resuelto sustancialmente y, por el otro, al imponer las costas por el orden causado, afirma que pudo considerarse con derecho para litigar.

Expresa que existe un reconocimiento tácito a sus argumentos defensivos ya que se reconoce que la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado se declaró competente para resolver los recursos planteados en su contra, pese a lo cual, la Juzgadora -violando los principios lógicos- aunque rechaza la demanda, impone las costas por el orden causado por entender que podía considerarse con razón y derecho para litigar.

Indica que la sentencia crea un marco de dudas, ya que si para la Sentenciante existe claramente un vencedor y un vencido, porqué se regulan los honorarios por el orden causado.

Denuncia a la Cámara a-quo de simplificar equivocadamente su razonamiento, expresando que la arbitrariedad e ilegitimidad de las resoluciones emanadas de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, se erigen en el objeto mismo de la pretensión deducida judicialmente.

Acusa que la Juzgadora, incorrectamente, independiza los actos cuya fulminación se pretende, para analizar, la competencia de la Lotería de Córdoba in abstracto, solicitando que aquélla se considere a partir de los actos administrativos tildados de arbitrarios.

Controvierte que la Juzgadora aluda a otras acciones judiciales incoadas por su parte, sin advertir las evidentes diferencias existentes entre las plataformas fácticas de cada pleito ya que en el caso referido se demandó tanto a la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado como a la Provincia, en cambio en autos, la única legitimada causal pasiva para responder las pretensiones deducidas, es la primera.

Manifiesta que en la acción de ilegitimidad se atacó la concesión misma, requiriéndose la anulación de la resolución que dispuso la concesión de la Licitación Pública involucrada, donde la Provincia resultaba ser la autoridad oferente y la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado la autoridad de aplicación y contralor, por lo cual la demanda contra la Provincia, persiguió un fin concreto y determinado, la nulificación de un acto administrativo emanado de su seno, cual es el decreto de concesión.

Reseña que, en cambio, la plataforma fáctica de autos es diametralmente opuesta, ya que se impugnan los actos administrativos dictados con relación al pedido de devolución del fondo de garantía, emanados desde el seno de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, la que continúa siendo la autoridad de aplicación y contralor, mientras la Provincia de Córdoba tan sólo reviste la calidad de depositaria de los fondos oportunamente cautelados.

Estima que, a mérito de ello, resulta odiosa y arbitraria la comparación entre ambos litigios, agregando que las situaciones procesales y sustanciales de las demandadas son distintas.

Finalmente, hace reserva del caso federal.

6. La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio, en contra de una resolución taxativamente establecida como recurrible, por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (arts. 385 del C.P.C. y C. y 45 de la Ley 7182).

Por ello, corresponde analizar si el remedio ensayado satisface las demás exigencias atinentes a su procedencia formal y sustancial.

7. Mediante el pronunciamiento recaído en autos, la Cámara a-quo rechazó la demanda planteada por la actora en contra de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado confirmando la Resolución s/ Número de fecha dieciocho de marzo de dos mil tres (cfr. fs. 66) y la Resolución Número Doscientos Sesenta y seis del veintitrés de mayo de dos mil tres (cfr. fs. 86/93) que denegaron la devolución de lo depositado como garantía de presentación y mantenimiento de oferta y garantía de impugnación de la preadjudicación y rechazaron el recurso de reconsideración y el jerárquico interpuesto en subsidio.

Para así resolver la Cámara a-quo desarrolló los siguientes argumentos:

a) De la Constitución Provincial, las Leyes 8665, 8836 y 8837, los Decretos Números 1130/01 y 1344/02 y el Pliego de Condiciones Generales de la Licitación -plexo normativo aplicable, a los fines de definir si la demandada era el ente competente para restituir el importe depositado en concepto de garantía de la impugnación de la Adjudicación-, surge que a la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado en momento alguno le fue otorgada competencia para resolver acerca de las impugnaciones que pudieran efectuarse en el procedimiento de formación del contrato y, en consecuencia, de la garantía de impugnación, sino que la misma comenzaba a funcionar tras el perfeccionamiento del contrato de concesión, extendiéndose durante toda su vigencia como autoridad de aplicación y control (cfr. fs. 317 in fine/319vta. in fine);

b) Al Poder Ejecutivo le había sido atribuido la competencia, tanto para adjudicar la Concesión -una vez que el Comité de Evaluación resolviera las eventuales impugnaciones- cuanto para otorgar validez al contrato con su refrendo, dado que ello importaba la incorporación del capital privado en Sociedades del Estado, a cuyo nombre debían otorgarse tanto la fianza de mantenimiento de la oferta cuanto la de impugnación de la adjudicación (cfr. fs. 320);

c) En el marco licitatorio las fianzas de mantenimiento de la oferta y de impugnación de la adjudicación tenían carácter irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la sola decisión del Poder Ejecutivo, pudiendo el Comité de Evaluación exigir la sustitución de la entidad emisora, lo que constituye una cláusula exorbitante propia del Derecho Público (cfr. fs. 320);

d) El Comité no se identificaba con la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, sino que su Directorio lo integraba conjuntamente con el Fiscal de Estado y con el Administrador Ejecutivo del OCPIF y su existencia, dado el tenor de sus funciones, concluía con la propuesta de adjudicación de la licitación (cfr. fs. 320);

e) La acción derivada de la negativa a devolver la garantía de impugnación no podía ser ejercida en contra de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, sino que debió dirigirse en contra de la Provincia, ello con independencia de que la demandada, en lugar de declarar inadmisibles los recursos incoados por la actora, los haya resuelto sustancialmente (cfr. fs. 320 y vta.);

f) No resulta un dato menor, que el juicio seguido por la actora persiguiendo la anulación del acto administrativo de adjudicación de la concesión de la licitación a CET Sociedad Anónima y otros, lo fue sólo contra la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, ampliándose luego en contra de la Provincia, habilitándose la instancia en contra de ambas y recaratulándose la causa (cfr. fs. 320vta.).

Contra tal pronunciamiento alza su embate recursivo la parte actora.

8. Sabido es que la concesión de un recurso por el Inferior no inhabilita al Tribunal de Alzada para controlar la concurrencia de los presupuestos procesales atinentes a su admisibilidad formal aún mediando conformidad de los justiciables (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los recursos ordinarios", Librería Editora Platense, La Plata 1985, págs. 394 y sgtes.).

Al configurar el recurso de casación un medio extraordinario de impugnación de la sentencia, por motivos de derecho específicamente previstos por nuestro ordenamiento procesal (art. 45, Ley 7182), debe contener una fundamentación autónoma en la cual se brinden los argumentos sustentadores de cada motivo (art. 385, inc. 1º del C.P.C. y C., aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).

Ello es así, atento la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, cuya procedencia está condicionada a la observancia de particulares requisitos de admisibilidad, entre los cuales es dable destacar la concurrencia de motivos específicos de impugnación -vicios in iudicando y vicios in procedendo, artículo 45 incisos "a" y "b" de la Ley 7182- previstos por la normativa formal, que no se cumplimentan con relación a la presentación efectuada en autos.

9. En el sub lite, la recurrente omite individualizar la causal de casación en la que se encuadran los agravios planteados, incumpliendo de este modo, la carga prevista por el ordenamiento adjetivo de la materia, al establecer que el recurso de casación debe indicar "... separadamente cada motivo debidamente fundado" (art. 46 de la Ley 7182 y doctrina de esta Sala en: A.I. Nro. 58/1994 "Febre..."; Auto Nro. 122/1995 "Dulab..."; Auto Nro. 14/1995 "Empresa la Estrella S.R.L. ..."; Auto Nro. 144/1995 "Santa Lucía S.A.C.I.F. ..."; Auto Nro. 249/1996 "Curtino..."; Sent. Nro. 105/1998 "Mansilla, Walter..."; Sent. Nro. 33/2001 "Azar, Aldo..."; Sent. Nro. 131/2001 "Larghi..."; Sent. Nro. 20/2002 "Cuerpo de Regulación de Honorarios...", entre muchos).

Dicho requisito no constituye una solemnidad vacía de contenido, sino que por el contrario, responde a la necesidad que el recurrente individualice correctamente los agravios que le ocasiona el pronunciamiento que ataca, evitando que en la práctica se desvirtúe el carácter de medio de impugnación "extraordinario" propio del recurso de casación.

Tal recaudo ha sido incumplido por la presentación recursiva, donde si bien el casacionista denuncia que la Sentenciante vulnera los principios lógicos, formula un razonamiento fragmentado que omite la consideración completa de las constancias de autos, no individualiza el motivo de casación en el que se sustenta la queja esgrimida, pese a lo cual, en la conveniencia de obviar un ritualismo extremo, este Tribunal se avocará al examen de los agravios planteados, encuadrando los mismos en el motivo formal de casación (art. 45 inc. "b", Ley 7182).

10. De la lectura del escrito de expresión de agravios se infiere que el recurso intentado no contiene una crítica concreta y razonada de la fundamentación esencial de la sentencia atacada. Ello es así, toda vez que de la confrontación de los argumentos vertidos en el resolutorio impugnado y los reproches esgrimidos en el recurso, surge palmario que la casacionista soslaya el embate de argumentos esenciales del fallo, en los cuales se examinaron las particularidades del caso subexamen.

En efecto, la recurrente se limita a reeditar las consideraciones que expusiera al momento de interponer la demanda, sin hacerse cargo de las razones sentenciales, lo cual demuestra un mero desacuerdo con los términos de fallo, deficiencia que determina la improcedencia del remedio impugnativo impetrado.

En este sentido, cabe poner de relieve que para la recurrente, la Cámara a-quo incurrió en un defecto de fundamentación por no existir correspondencia entre las pretensiones deducidas y la sentencia dictada ya que en la demanda se persiguió la declaración de nulidad absoluta de las resoluciones emitidas por la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado y la restitución de los fondos de garantía entregados en caución al momento de deducir las impugnaciones y, al tiempo de resolver, se circunscribe a analizar sólo la negativa de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado para restituir el importe depositado en concepto de garantía de la impugnación.

Dicho planteo no es de recibo, ya que el tratamiento de la cuestión referida a la competencia no se exhibe como un apartamiento de la traba de la litis, sino como la consideración de los argumentos defensivos expuestos por la demandada. Así lo expresa la Cámara a quo al señalar que "... Constituyendo el objeto de la acción el control de la negativa de LPCSE a devolver el importe depositado en concepto de garantía de la impugnación de la Adjudicación aduciendo su carencia de competencia para disponer de ella, por lo que todo cuestionamiento al respecto correspondía ser efectuado en contra de la Provincia de Córdoba, en primer lugar corresponde resolver acerca de tal defensa, dado que la competencia al respecto constituía el presupuesto necesario para que la acción pudiera dirigirse en su contra, y, en su caso, si la devolución pretendida era procedente..." (fs. 316vta.).

11. Por otra parte, la casacionista denuncia que la Cámara a-quo omitió contestar cómo la demandada, pese a ser competente para resolver las notas presentadas y los recursos administrativos incoados, luego no tiene competencia para ordenar la devolución de los fondos incautados, sin hacerse cargo de los argumentos sentenciales, según los cuales las normas aplicables no le otorgaron a la Lotería de la Provincia Sociedad del Estado atribuciones para resolver las impugnaciones que se efectuasen en el procedimiento de formación del contrato ni las cuestiones que se suscitasen respecto a las garantías de impugnación (cfr. fs. 319vta./320vta.).

12. Asimismo, la recurrente acusa que la Sentenciante confiere preeminencia normativa a una serie de leyes provinciales, haciendo caso omiso de la protección constitucional de su derecho de propiedad y de todas las leyes nacionales y provinciales que arbitrariamente no han sido consideradas.

Tal denuncia resulta infundada en virtud del completo análisis del plexo normativo aplicable realizado por la Cámara a-quo (cfr. fs. 317/319vta.) el cual aparece acertadamente descripto, no obstante la argumentación recursiva que no atina a justificar como, pese a la prelación legal dispuesta en el Pliego que la propia impugnante transcribe en el texto de su recurso, considera que se debía aplicar la Ley 7631, postulando de este modo un abandono de las reglas del caso.

13. Finalmente, la recurrente controvierte que la Juzgadora aluda a otras acciones judiciales por ella incoadas en las cuales se demandó, luego de una ampliación, tanto a la Lotería como a la Provincia, sin lograr invalidar el fallo dictado en cuanto estima que no es un dato menor la consideración de tales circunstancias para resolver el caso sub examine (cfr. fs. 320vta.), razón por la cual resultan insuficientes para modificar el sentido de la resolución impugnada.

14. De las consideraciones precedentes es dable concluir que, en definitiva, los agravios desarrollados por la recurrente no logran rebatir las razones que sustentan el pronunciamiento recurrido, en virtud de las cuales, la Juzgadora sostiene la procedencia de la defensa de falta de acción planteada por la demandada, lo que por sí sólo, conduce a resolver la improcedencia del recurso de casación por falta de la debida autosuficiencia.

La casacionista insiste en esta instancia en postular un vicio formal al pronunciamiento del Tribunal de Juicio, ello así sobre la base de alegar que es incongruente sostener que quien en Sede Administrativa se consideró autoridad competente para resolver el planteo articulado por la accionante, en la instancia judicial se reputa incompetente y -agrega- es esta incompetencia la que -a juicio de la recurrente- determina la nulidad absoluta de la decisión que denegó su reclamo administrativo y no concedió el recurso jerárquico.

Pero es del caso que tales objeciones aparecen desvinculadas de los concretos términos del fallo, que con ajustado análisis de la normativa aplicable al proceso licitatorio, concluyó que la demandada no era la autoridad contra la cual podía perseguirse la pretensión de reintegro o restitución de los depósitos de garantía satisfechos por la actora, como necesaria consecuencia de la nulidad absoluta de las decisiones administrativas planteadas en la acción judicial.

En efecto, por el principio del paralelismo de las competencias, si la propia casacionista reconoce (cfr. fs. 343vta.) que el Poder Ejecutivo Provincial fue la "autoridad licitante" ya que convocó a la "Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar una concesión para la instalación y explotación de máquinas de juego (slots) en la Provincia de Córdoba" mediante Decreto Número 1344/02 y también admite la impugnante que el Poder Ejecutivo era la "autoridad adjudicante" puesto que mediante Decreto Número 2157/02 adjudicó la licitación a la oferta formulada por Servicios del Centro Sociedad Anónima - Grancor Sociedad Anónima y aprobó el proyecto de contrato, autorizando a Lotería de la Provincia de Córdoba a suscribir el contrato (cfr. fs. 343vta.), es claro que la relación jurídico-sustancial que vinculaba a los proponentes u oferentes de la licitación y la única autoridad con competencia para comprometer a la Provincia respecto del objeto del contrato a adjudicar, era el Poder Ejecutivo.

A esa conclusión arribó el A-quo tras analizar todo el marco jurídico, incluso de jerarquía constitucional que confiere en exclusividad la reglamentación del poder de policía en materia de "autorización" y represión de los juegos de azar cuyo ejercicio compete en forma "exclusiva" a la Provincia a través de los organismos que ella determina (art. 104 inc. 39 Const. Pcial., cfr. fs. 317vta. y ss.).

En el sub lite, el Comité de Preadjudicación que intervino en el procedimiento licitatorio no era la autoridad licitante y tampoco la adjudicante. Tal calidad, tampoco puede ser atribuida a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado sin una norma que asigne esa competencia de manera expresa.

Las consideraciones expuestas por la Juzgadora han sido, en definitiva, soslayadas por la casacionista en condiciones tales que sus reparos formales al pronunciamiento del A-quo se exhiben como una mera discrepancia con la solución jurídica propuesta para la causa.

15. Como ha sostenido esta Sala in re: "Iriart, Pedro Juan c. Banco Social de la Provincia de Córdoba y otra - Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación" (Sent. Nro. 36/2000) y "Falchetto, Luis y otro c. Banco Social y otro - Plena Jurisdicción - Recursos de Apelación" (Sent. Nro. 39/2001), la defensa de falta de acción -sine actione agit- es una defensa de fondo que no puede dejar de ser considerada en la sentencia definitiva, porque hace a la procedencia de la acción intentada, en términos condicionantes del fallo a dictar.

De tal modo que cuando se denuncia una "falta de acción" -en el sub lite-, la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado niega ser la autoridad de la que dependió la licitación y, en consecuencia, la que podía decidir acerca de la restitución o reintegro del importe depositado como garantía de mantenimiento de la oferta y de impugnación de la preadjudicación dicho aspecto constituye claramente un presupuesto sustancial para juzgar la pretendida nulidad absoluta que la actora endilga a los actos administrativos enjuiciados pretendidamente lesivos de su derecho al reintegro.

Así lo ha resuelto este Tribunal Superior de Justicia al señalar que no se configuraba la legitimatio ad causam por cuanto "... La conclusión necesaria a que se arriba es, por tanto, que la excepcionante señala la inexistencia de legitimación pasiva... con la cual se entiende la identidad de la persona del demandado con la persona en contra de quien está la voluntad de la ley (Chiovenda, Insstituzioni, I, nº 39, pág. 164, Napoli 1933). Ahora, si de conformidad a lo enseñado por este autor, entre los requisitos para obtener una sentencia positiva de acogimiento se cuenta, fuera de la existencia de un derecho y del interés de obrar, precisamente la legitimatio ad causam, no sólo pasiva sino también activa, es decir asimismo identidad entre quien hace valer el derecho y contra quien se hace valer (op. cit., pág. 166), es evidente que la excepción de que se discurre, encaminada a destacar la falta de legitimatio ad causam, no puede ser otra que la de sine actione agit (op. cit., pág. 167)..." (Sala Contencioso Administrativa, A.I. Nro. 206/1977 "Dufour, Oscar David Luis c. Superior Gobierno de la Provincia - Contencioso Administrativo" cc. con A.I. Nro. 225/1977 "Boito, Oscar Juan c. Provincia de Córdoba - Contencioso Administrativo").

En autos, al carecer la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado de la competencia necesaria para resolver las impugnaciones que se efectuasen en el procedimiento de formación del contrato, como así también para disponer el reintegro de las garantías de presentación y mantenimiento de la oferta y de impugnación, el acogimiento de la defensa de "falta de acción" deviene inconmovible.

Consecuentemente, el pronunciamiento dictado por la Cámara a-quo -en ejercicio de sus facultades para resolver sobre la procedencia de la defensa de falta de acción planteada por la demandada-, se exhibe ajustada a los términos en que se trabó la litis y al derecho aplicable, por cuanto como acertadamente se decide en el pronunciamiento, la acción derivada de la negativa a devolver las garantías depositadas no podía ser ejercida en contra de la demandada, sino que debió dirigirse en contra de la Provincia (cfr. fs. 320).

16. La impugnante tampoco puede aducir falta de correspondencia entre las pretensiones deducidas en la demanda y la sentencia de la Cámara, si para sustentar tal aserto la casacionista solamente repara en el contenido de su demanda y prescinde vincularlo al contenido de la pretensión de la accionada excepcionante.

La actora en su demanda planteó la nulidad de los actos administrativos por ser lesivos de su pretendido derecho subjetivo al reintegro de las garantías satisfechas en el procedimiento licitatorio y no acusó un vicio de ilegitimidad por violación de las normas que ordenaban el procedimiento. De allí que no puede recién en esta instancia fundamentar su pretensión de nulidad de los actos administrativos en la denegatoria del recurso jerárquico cuando a su opción, no interpuso la queja y, en su lugar, planteó directamente la demanda contra la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado.

17. Siendo la acción procesal el instrumento a través del cual se introduce la pretensión en el proceso, ésta constituye una petición con relevancia jurídica en la que, a través de la demanda, debe expresarse el petitum y la causa petendi que son los extremos que perfilan el contenido de la pretensión y su oposición.

La sentencia debe ser congruente con la demanda y su contestación, cuyas pretensiones respectivas, oportunamente planteadas en el proceso, delimitan el objeto del litigio. Por tanto, la congruencia de la sentencia, desde un punto de vista procesal, trasunta una inescindible relación entre todas las pretensiones deducidas y la parte resolutiva de la sentencia (cfr. arts. 328 y 330 del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

Ella se erige en un límite para el Juez que no puede fundar su decisorio en hechos que no han sido objeto de alegación ni prueba y que por esa razón, no han sido motivo de discusión entre las partes.

Como lo ha puntualizado el Tribunal Supremo Español con singular referencia al proceso contencioso administrativo, el debido respeto al principio de congruencia, obliga al Juez "... a no traspasar el marco definido por los motivos -alegaciones en la Ley- a la hora de fundamentar su decisión, lo que no significa que pueda acudir a argumentaciones propias o preceptos jurídicos distintos de los invocados por las partes (iura novit curia) siempre que conduzcan a aceptar o rechazar alegaciones ya deducidas por éstas, y por tanto debatidas, para fundamentar sus respectivos pedimentos..." (Sentencia Sala Tercera del 14 de julio de 1988, citada por Eladio Escusol Barra, "La incongruencia de la sentencia. Su análisis como motivo de casación en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa", Edit. Colex, Madrid 1998, pág. 46).

Por lo demás, "... cualesquiera que fueran las expectativas de las partes sobre el fallo, el principio de congruencia no alcanza a limitar la libertad de razonamiento jurídico de los Tribunales ni los obliga a recorrer el íter lógico seguido, propuesto o esperado por una de las partes; la congruencia existe cuando se da una razonable correlación entre el fallo, las pretensiones y los problemas debatidos..." (autor y op. cit., pág. 136).

En ese orden de conceptos, el vicio de incongruencia que en el sub lite denuncia la casacionista, aparece carente de sustento real, en la medida que se exhibe como una apreciación subjetiva de quien la exterioriza prescindiendo de hacerse cargo y de rebatir las razones explicitadas por la Cámara a-quo en el pronunciamiento respecto del cual pretende derivar el vicio que denuncia.

18. Con relación al planteo efectuado por la recurrente, a través del cual se denuncia una contradicción en los considerandos de la sentencia, que por un lado rechaza la demanda y por el otro le reconoce que pudo creerse con mejor derecho para recurrir, argumentos en función de los cuales se imponen las costas por el orden causado, cabe señalar que según la jurisprudencia de esta Sala Contencioso Administrativa (doctrina de autos: "Aukha Barbero y otro..." Auto Nro. 94/2002; "Zapata, Nora del Carmen..." Auto Nro. 200/2002; "Cuerpo de ejecución de sentencia en: Ugalde, Carlos..." Auto Nro. 19/2003, entre otros) la potestad de distribuir costas constituye, en principio, una facultad privativa del Tribunal de Juicio.

En este sentido cabe indicar que si el impugnante acusó una violación al principio lógico de no contradicción, era menester que demostrase que el razonamiento seguido por la Juzgadora para arribar a la solución que lo agravia, contiene juicios contradictorios, acerca de una misma relación u objeto de pensamiento, que sean excluyentes entre sí.

Tal condición no se exhibe en autos, donde se observan dos órdenes distintos de pensamiento, cuyas proposiciones no se neutralizan entre sí: a) el referido a las circunstancias determinantes de un pronunciamiento desfavorable sobre el fondo del asunto y b) las razones eximentes, meritadas y explicitadas por la Juzgadora para apartarse fundadamente del principio objetivo de la derrota, distribuyendo razonablemente las costas en ejercicio de una potestad legal y con base en un contexto fáctico delimitado por las particularidades de cada caso.

Con esa proyección, no advierto arbitrariedad en la decisión de la Sentenciante que, luego de considerar en extenso las circunstancias objetivas de la causa y desde una perspectiva ajustada exclusivamente a la equidad, distribuye -en ejercicio de atribuciones que le son propias-, los gastos causídicos por el orden causado, ni tampoco contradicción entre la conclusión sentencial que rechaza la demanda y la distribución de las costas efectuada, ya que se han evaluado suficientemente las particularidades de la causa, las que si bien no alcanzan para hacer lugar a la demanda, permiten inferir un cierto grado de razonabilidad en la pretensión actora que justifica una excepción a la regla general de vencimiento.

19. En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir que las objeciones planteadas por la impugnante devienen formalmente improcedentes, correspondiendo el rechazo del recurso de casación interpuesto.

20. Con relación a las costas de esta instancia estimo justo y equitativo imponerlas por su orden, en atención a que la actora pudo creerse con mejor derecho para recurrir (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión art. 13 del C.P.C.A.).

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Considero que las razones dadas por el Señor Vocal preopinante deciden acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido.

2º cuestión. - El doctor Domingo Juan Sesín dijo:

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso casación interpuesto por la parte actora (fs. 322/361) en contra de la Sentencia Número Doscientos catorce, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el veinte de diciembre de dos mil cinco (fs. 311/321), con costas por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182).

II) Disponer que la regulación de los honorarios profesionales del Doctor Juan Carlos de Goycoechea -parte actora-, por los trabajos realizados en la instancia extraordinaria local, sean regulados en su caso, por el Tribunal a-quo, si correspondiere, previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis de la Ley 8226, en el treinta y uno (31%) del mínimo de la escala del artículo 34 ib. (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta asimismo las pautas del artículo 29 de la citada ley.

Así voto.

La doctora Aída Lucía Teresa Tarditti dijo:

Estimo correcta la solución que da el Señor Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesín, por haber expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa RESUELVE: I) No hacer lugar al recurso casación interpuesto por la parte actora (fs. 322/361) en contra de la Sentencia Número Doscientos catorce, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación el veinte de diciembre de dos mil cinco (fs. 311/321), con costas por su orden (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182). II) Disponer que la regulación de los honorarios profesionales del Doctor Juan Carlos de Goycoechea -parte actora-, por los trabajos realizados en la instancia extraordinaria local, sean regulados en su caso, por el Tribunal a-quo, si correspondiere, previo emplazamiento en los términos del artículo 25 bis de la Ley 8226, en el treinta y uno (31%) del mínimo de la escala del artículo 34 ib. (arts. 37, 1er. párrafo y 38 ib.), teniendo en cuenta asimismo las pautas del artículo 29 de la citada ley. - Domingo Juan Sesín. - Aída Lucía Teresa Tarditti. -María Esther Cafure de Battistelli.