Proceso penal, homicidio culposo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas, Einer Rosario s/ Recurso de Casación interpuesto p/ Dra. Natalia Pérez Casanovas - Fiscal Penal en lo Correccional de 1ra. Nominación - en Expte. Nº 151/03 caratulado: "Vargas, Einer Rosario - s.a. Homicidio Culposo - Chañar Punco - Santa María"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-04

La Sra. Fiscal Correccional de Primera de Nominación, en su condición de representante de los intereses sociales, e invocando el motivo sustancial previsto en el inciso 1 del art. 454 del C.P.P. interpone recurso de casación contra la sentencia que declaró extinguida la acción penal por prescripción a favor del imputado, sindicado como supuesto autor del delito de Homicidio Culposo (art. 84 del Código Penal), y, en consecuencia, ordenó su sobreseimiento total y definitivo.

Concretamente, denuncia la errónea aplicación del art. 67 del C.P., entendiendo que la acción penal no se encuentra prescripta pues su curso se ha interrumpido.

Corresponde analizar la segunda causal que alega la recurrente -la comisión de un nuevo delito (desobediencia judicial, art. 239 del C.P.) Como punto de partida, cabe decir que la causa que alega la recurrente se encuentra dentro de las expresamente previstas en el art. 67 -párrafo cuarto, inc. a)- del C.P.

Ahora bien, dicho ello, cabe preguntarse si efectivamente en el caso de autos, nos encontramos ante la presencia de la mencionada causa interruptiva, es decir, ante la comisión de un nuevo delito.

Un detenido análisis de las constancias del expediente permite advertir que lo que existe es una serie de conductas irregulares y tendenciosas del imputado a lo largo del procedimiento, que han sido puestas en conocimiento del fiscal de instrucción de séptima nominación a efectos de que se investigue la posible comisión de hechos delictivos perseguibles de oficio.

En esta dirección, cabe recordar que el instituto de la prescripción encuentra su fundamento en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales que el hecho ilícito provoca en la sociedad: extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima como medio de obtener la tranquilidad social, circunstancias que constituyen el fundamento de la pena.

La prescripción deviene a consecuencia del incumplimiento de una función esencial del Estado, cual es el ejercicio de su poder jurisdiccional a su debido tiempo, dado que posee un plazo perentorio para ejercitar la acción penal, y se traduce en la obligación de conducir los procesos no sólo en legítima forma, sino, también, en términos regulares y precisos.

Todo esto, siempre y cuando el individuo involucrado en el procedimiento no altere el término de esta potestad por su intervención intencionalmente dilatoria en el procedimiento o eluda el accionar de la justicia.

Ello es así puesto que la fuga del imputado, con claras intenciones de eludir el accionar de la justicia, provoca que ésta no pueda materializarse en ningún sentido.

En este caso, no caben dudas de que existieron acreditadas circunstancias en las que el individuo involucrado en el procedimiento ha alterado el término de la potestad jurisdiccional, eludiendo el accionar de la justicia a través de su intervención intencionalmente dilatoria a lo largo del procedimiento, mudando su domicilio a otra provincia sin dar aviso al tribunal cuando existía una obligación legal de hacerlo, con claras intenciones de evitar su localización y lograr así la prescripción de la causa.

Por ello, teniendo en cuenta que lo que tiene efecto interruptivo es la comisión de ese nuevo delito y no el proceso a que éste pudiera dar lugar, considero que en el caso bajo análisis la prescripción se encuentra interrumpida; asimismo, que se debe tomar como fecha de interrupción el 30/09/09, fecha en la que la División Asuntos Judiciales informa al tribunal la imposibilidad de notificar al imputado en el domicilio fijado en autos por no encontrarse allí, constatándose, además, que el acusado se encontraría nuevamente en la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, revocar el fallo cuestionado y ordenar la inmediata remisión de los autos principales al Juzgado Correccional a fin de que su titular adopte todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa.