marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, apreciación del juez
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MANGINI, CARLOS PEDRO c/ SUD AMERICA CIA DE SEGUROS DE VIDA Y PATRIMONIALES s/ SALARIO, PREAVISO, VACACIONES, ETC.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 88-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-09-12

No cae por arbitraria una sentencia que no considere prolijamente una a una todas las pruebas de autos o que no extraiga cabalmente de cada una de ellas todas sus consecuencias razonables; pero cuando esa circunstancia se da respecto de un rico plexo probatorio y con incidencia en la verificación de un extremo fáctico categóricamente decisivo para el pleito, la tacha de arbitrariedad resulta inevitable.
Responsabilidad civil, responsabilidad del empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Gutiérrez, Medardo c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-14

Si bien la responsabilidad del empleador por el daño sufrido por su dependiente tiene sustento en una obligación legal preexistente a la propia relación celebrada entre las partes de resguardar la vida e integridad física del obrero derivada del artículo 75 de la L.C.T., y precisamente la violación de este tipo de deber jurídico constituye el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual, ello no significa que la norma mencionada sustente la posibilidad de interponer una acción autónoma de carácter contractual.
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hoteles y Explotaciones Ganaderas Solange S.A. c/ Municipalidad de la Matanza s/ Daños y perjuicios -Cuestión de Competencia- art.6 C.C.A
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

En las demandas en las que el actor no invoca directamente la lesión de una situación jurídica administrativa generada por un acto de la misma naturaleza, sino que ubica la causa dañosa en el comportamiento negligente de la autoridad que compromete la supuesta obligación de indemnizar en el ámbito de la responsabilidad del Estado, es la justicia ordinaria la competente para entender en ellas (en el caso, el actor reclama la indemnización por daños y perjuicios derivada del incumplimiento de la Municipalidad demandada en otorgar el certificado de habilitación del albergue transitorio de su propiedad). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prisión preventiva, prueba
Materia: PENAL
Carátula: GALESI, MARIO ALBERTO - VILCHES, JESUS EBER - ZAMIN, LUIS s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

"...el análisis profundo, comparativo y definitivo de las pruebas aportadas, así como las demás cuestiones que plantea el recurrente, corresponde que sean realizadas en un estadio superior del proceso, al dictar sentencia, bastando a los efectos del presente que la prueba sea convincente a los fines de establecer el cuerpo del delito y la sospecha fundada que se ha delinquido para tornar procedente la aplicación de lo dispuesto por el art. 183 de la ley ritual."
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, administración de vialidad provincial, multa, juez de faltas, jueces, competencia, Superior Tribunal de Justicia, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte Maxi S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso   Extraordinario (Expte. CSJ Nº 161-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-09

Resulta inidónea para operar la apertura de la instancia extraordinaria, la mención que efectúa la recurrente -recién introducida en el memorial de la apelación extraordinaria- acerca de que el conocimiento de la causa (imposición de multas, por transgresión de los límites máximos de carga), debería haberse atribuido a la Justicia de Faltas por ser su competencia material, con invocación del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 10160, puesto que de ninguna manera corresponde a dichos Tribunales el control de legitimidad de los actos administrativos de órganos de la Provincia, el que, en el sistema establecido por la ley 4106, corresponde en forma originaria y exclusiva a la Corte, lo que también se encuentra previsto en el artículo 17 de la ley 10160.
Concursos, impugnación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL PERFIL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

La correcta hermenéutica del derecho positivo vigente, aunque no hace pie en parámetros constantes y generales para determinar si una propuesta de acuerdo preventivo es abusiva en lo que concierne a la quita o la espera (o la combinación de ambas), resulta, no obstante, claro en cuanto a que "...no puede consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor..." (ley 24522: 43); así, la propuesta resultará abusiva cuando sus condiciones y términos fueron impuestos por el deudor a su arbitrio aprovechando una posición de fuerza que le permitiera manipular las mayorías para que de tal forma las prestaciones a que se obligara dependieran en definitiva de su voluntad y no de un consenso equilibrado con los intereses de los acreedores y de la situación objetiva de su explotación (conf. Truffat, D., "Puliendo el concepto de propuesta abusiva y algunas otras cuestiones", ll 2004-d-853; Porcelli, l., "No homologación del acuerdo preventivo. propuesta abusiva o en fraude a la ley", ll 2002-c-1244; Petrasso, H., "Homologación del acuerdo preventivo y facultades judiciales: modificaciones introducidas por la ley 25589", doct. jud., t. 2003, p. 778).
Martillero, actos jurídicos, nulidad absoluta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Nestor Roberto c/ Mace S.C.A. y otro s/ Cobro de comisiones y gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

Resulta nulo, de nulidad absoluta, manifiesta y total, un convenio celebrado con un martillero según el cual éste sólo cobraría comisión a los eventuales compradores (arts. 502, 953, 1038, 1044, 1047, del C.C.; 59 inc. a, 65 ap. I, II inc. a y ap. III, ley 7021;

modif. por ley 9126).
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fanjul, Francisco Domingo c/ Moyas, Jorge y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

La tasa de interés monetario puro a aplicar sobre los capitales actualizados, en función de la depreciación monetaria, se debe fijar en el seis (6) por ciento anual (SCBA, en DJBA, t. 136, p. 4500), motivo por el cual cabe aplicar dicha tasa por el período comprendido entre el 25 de julio de 1990 y el 31 de marzo de 1991 sobre el importe de la indemnización.
Responsabilidad civil, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: M., R.J. c/ C.T. E.G. Ltda. y Otros s/ Demanda Laboral (Acc. de Trabajo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-16

"La esencia de la responsabilidad civil que consagra el art. 1113, 2 párr. está en el riesgo creado más que en el hecho de provenir éste (o no) de una cosa. De allí que sus principios sean aplicables a otros sujetos pasivos distintos del dueño y del guardián".
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, interés público, acto administrativo, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, ELVIO DANIEL DARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 1-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-07

Para que pueda considerarse mínimamente esbozada la causal de ilegalidad del acto por violación del fin, que habilite por vía de excepción la competencia de la Corte para controlar actos dictados en ejercicio de potestades disciplinarias, no bastan las vagas afirmaciones de injusticia, sino que es menester una exposición que al menos mínimamente, permita considerar que con algún fundamento se impugna el acto porque a través de él, la administración no persiguió el interés público.
Acto administrativo, recursos administrativos, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, EULALIO ORLANDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 87-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-29

Es indiscutible que las normas legales, además de las constitucionales, estatuyen a favor de quien se considere afectado por un acto administrativo, la posibilidad de recurrirlo, en defensa de sus derechos o intereses legítimos.
Recursos, recurso de apelación (procesal), tasa de justicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUAN SANCHO c/ DEL POPOLO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 439)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-24

Debe declararse mal concedido el recurso y disponerse la devolución de la causa al Juzgado de origen, cuando no se abonase la tasa al plantear la apelación. Dicho pago ha sido establecido como requisito de admisibilidad. La resolución general nro. 17/95, por la que se ha suspendido la aplicación de este instituto,carece de validez y entidad suficiente para impedir la aplicación de la ley provincial 6246, que obliga a los Tribunales a su observancia a efectos de preservar el orden de prelación de las leyes.
Prueba testimonial, domicilio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Waist, Margarita c/ Fernández Arroyo, Milo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Que según lo dispone en forma expresa el art. 452 del Cód. Procesal, el juez debe fijar el plazo dentro del cual, la parte que ofreció los testigos que deben declarar fuera del lugar del asiento del juzgado, debe informar acerca del órgano judicial en que ha quedado radicado el oficio y de la fecha que éste ha fijado para la celebración de la audiencia, bajo apercibimiento de tener al proponente de la prueba por desistido del testigo o testigos ofrecidos. El fundamento de tal solución normativa reside, por un lado, en la necesidad de asegurar a la otra parte el efectivo control sobre el diligenciamiento de la prueba y, por otro lado, en la de determinar con precisión el comienzo del plazo previsto por el art. 454 del Código Procesal a fin de que el proponente asuma la carga que le impone el artículo precedente del mismo ordenamiento.

Minoría u opinión personal)
Defecto legal, monto de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laborde, Armando c/ Garcia, Ignacio s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

En principio, en ningún juicio, cualquiera sea la 'causa pretendi', ni aún en los de reparación de daños y perjuicios, es admisible la indeterminación de los daños fundada en el argumento de tratarse de elementos susceptibles de ser acreditados durante el período de prueba y que su omisión cuantitativa 'no coloca al demandado en desventaja procesal alguna'.-
Prescripción, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Bianucci, César Fernando s/ Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-12-09

Si al condenado le restaba cumplir tres años, tres meses y veintiséis días de prisión, y el plazo de prescripción comenzó a contarse a la medianoche del día de la notificación de la sentencia definitiva (29-12-87) art. 66 C. Penal), la pena prescribió a la medianoche del 24-04-91.

A partir de esa fecha debieron transcurrir 5 años (o sea un término igual al de la condena) para que la primera condena no fuera tenida en cuenta a los fines de la reincidencia, en caso de que el condenado cometiera un nuevo delito (art. 50 parr. 4º C. Penal).

Como los 5 años se cumplieron recién el 24-04-96, los delitos por los que fue condenado en 1995 los cometió antes de que se borraran los efectos de la primera sentencia, por el transcurso de un plazo igual al de la pena impuesta.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Cartolano de García, por sí y por su hijo menor D.M.G. c/ Ferreyra Jorge Rubén y/o Hospital Peditrico, Dr. Avelino Casteln y /o Provincia del Chaco y/o quien resulte responsable s/ Indemnización daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-23

La falta de camas, de lugares, de vendas, férulas y de todo otro recaudo necesario para lograr adecuada rehabilitación del menor no es un déficit del que puede valerse el Hospital para menguar su responsabilidad. El Estado está obligado a cumplir con sus roles institucionales, siendo uno de los más fundamentales el que atañe a la salud pública y que además se acentúa cuando se trata de personas que por sus carencias económicas no tienen acceso a la medicina privada. Por ello la antijuricidad en este caso se difunde, y si bien no cabe expedirse sobre este tema en razón de su falta de planteamiento por los interesados atento la estructura en que se desenvuelve la actividad del médico, es evidente que este puede descargar su débito en la misma, cuando aquella incide en la inadecuada prestación de servicio. Lo mismo respecto de los restantes profesionales que integraron el equipo médico.
Extinción de la acción penal, acción privada
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Avilés, Luis César s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-11

El Poder Legislativo Nacional en ejercicio de la jurisdicción local, estableció en el art. 422 del C.P.P.N. un presupuesto de extinción de la acción penal invadiendo así el marco correspondiente al Congreso Nacional como legislador del Código Penal, en clara violación de los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. (Voto del Dr. Mitchell).
Acta de detención, nulidad procesal, declaración espontánea, ausencia de testigos
Materia: PENAL
Carátula: Acevedo, Martiniana y otros s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-12

Es válida el acta de detención pese a que no se ha podido contar con los dos testigos actuación que prescribe el Código Procesal Penal en el art. 138, si se presentó una situación que justificó la realización de la detención teniéndose en cuenta el horario y la premura del caso. La eficacia probatoria de las actas dependería de su autenticidad y de la veracidad de las manifestaciones en ellas contenidas, y hacen plena fe de la existencia material de los hechos que el oficial público exprese que el mismo ha cumplido o que han sido realizados en su presencia, hasta tanto sean reargüidos de falsas por acción civil o criminal conforme a lo establecido por el art. 993 del Código Civil. En cuanto a las declaraciones espontáneas del imputado en sede policial, detentadas por voluntad propia, en la medida en que no sea producto de la coacción, no constituye un indicio que debe desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener que la restricción policial -referente a los interrogatorios- impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de la comunicación. (Dres. Catucci, Rodríguez Basavilbaso, Madueño).
Tribunal de alzada, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Q., E. M. c/ M., C. A. s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-10

En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primer limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación.

Juegan en ello liminares principios que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos, y, del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, pues en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite que las partes incorporen nuevas pretensiones, cuestiones y oposiciones.

El cometido del órgano "ad quem" se limita a verificar, sobre el piso de marcha de la sentencia de mérito impugnada y siguiendo el hilo conductor de los agravios, el acierto o error en que haya incurrido el juzgador de la instancia de origen en ese acto procesal decisorio, mas, desde luego, sin incursionar en tópicos que el juzgador de origen no resolvió por la sencilla razón que no le fueron sometidos.
Acción de amparo, medidas cautelares, suspensión de obra pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Teso, Oscar Emilio y otros c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-11

Corresponde admitir la queja presentada y en consecuencia hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazando la medida cautelar tendiente a que se suspendan todas las tareas de remoción de los adoquines en el caso histórico del barrio de San Telmo. En este sentido, y aun cuando el ordenamiento constitucional local (art. 14, CCABA) admite el ejercicio de la acción de amparo contra actos que afecten derechos de incidencia colectiva como la protección del "patrimonio cultural e histórico de la Ciudad", es que las medidas precautorias deben aplicarse con un criterio excepcional; no resultando suficiente la mera invocación de posibles riesgos para suspender la ejecución total de la obras legalmente ordenadas atento no haberse demostrado un perjuicio directo, especifico y concreto a un derecho o interés colectivo.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: PEÑALOZA DE COLIN, HERMINIA MICAELA c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

El artículo 1 de la ley 23982 no sólo alcanza a las obligaciones vencidas con anterioridad al 1 de abril de 1991, sino asimismo a las de causa o título anterior, a cuyo respecto se especificó, en el correspondiente decreto reglam. 2140/91, que se trata de aquéllas que tuvieren su origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad a la fecha indicada, aun cuando se reconocieren, administrativa o judicialmente, con posterioridad. En consecuencia, el derecho a los abogados y procuradores al cobro de los honorarios devengados por tareas judiciales, no nace a partir de la cuantificación por parte de la autoridad jurisdiccional, sino desde el comienzo de la actividad profesional del letrado en el expediente.
Entidades financieras, prescripción, interrupción de la prescripción, instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: "Castro,  María  Clementina y otros c/ BCRA -resol. 153/04 (Expte.100129/01 sum fin 852)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

Si el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias era competente en razón del grado, a la fecha de la resolución que dispuso la instrucción de sumario, tal diligencia tuvo aptitud suficiente para interrumpir el curso de la prescripción (Con. VII).
Desindexación, obligaciones de dar sumas de dinero, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, José María c/ DAMIANI, Alicia s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-18

La aplicación de la ley 24.283, puede ser planteada incluso existiendo sentencia firme y planilla de liquidación aprobada, toda vez que tiende a modificar aspectos circunstanciales y contingentes de la resolución del juez, estableciendo un tope o límite a las liquidaciones que se obtengan mediante actualización por índices, el que está constituido por el valor real de la prestación que origina la obligación de pago, si ésta fuere menor.-
Juicio de desalojo, conservación del dominio, animus domini
Materia: CIVIL
Carátula: W., S. y Otros c/ W., M. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-29

No basta para neutralizar la pretensión de desalojo la sola afirmación del demandado de que posee el fundo. Pero corresponde rechazar la demanda si se verifica mediante las probanzas aportadas la seriedad de la defensa invocada, si la posesión alegada es "prima facie" acreditada -no es menester la demostración plena que conduzca a la absoluta certeza en esa cuestión extraña al proceso especial de desalojo, bastando con que el poseer "animus domini" aseverado aparezca como una alegación seria-, de modo de llevar al ánimo del juzgador el convencimiento de la existencia del carácter de poseedor en grado de probabilidad.
Daños y perjuicios, automotores, daño resarcible, lucro cesante, taxi
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OQUI c/ PICCIONI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S064 - 054)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-03-01

Acreditado que el actor tenia un automovil afectado como taxi y que explotaba el mismo, el perjuicio que sufre por la inmovilizacion del mismo, para su reparacion, fluye como "notoria".-
Sumario administrativo, prueba confesional, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AYUNTA MARIO ANGEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-22

En lo que respecta al valor probatorio de la prueba confesional, el Decreto Serie F Nro. 3.601 establece que la manifestación expresa del imputado por la cual se reconozca autor, cómplice o encubridor de un hecho, producirá los efectos de la confesión, siempre que se reúnan las condiciones prescriptas por el art. 59 incs. 20 I, II, III, IV y 21. Esto es, no haber mediado violencia, intimidación, dádiva o promesa; que sea hecha y ratificada ante la instrucción; que no se preste a error evidente y que concuerde con las circunstancias de hecho.
Despido indirecto, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Mazzoli, Pablo c/ Podestá, Horacio s/ Indemnización por despido y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-20

El despido indirecto del actor aparece plenamente justificado por cuanto la patronal no se avino a pagar diferencias salariales que fueron receptadas, parte en la instancia inferior y parte en esta Alzada, y no se trataba de escasas diferencias y por un período, sino de montos debidos durante dos años, lo cual por sí sólo habla a las claras de la entidad injuriosa de la actitud patronal.
Recurso de casación laboral, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ORTEGA ALEJANDRO JAVIER c/ BANK BOSTON S.A. S/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-10

Si el recurrente pretende con su escrito recursivo, que se realice una nueva valoración de pruebas y hechos, por cuanto discrepa con la realizada por el tribunal,ello en principio no constituye materia objeto de casación, por ser esta de exclusiva incumbencia del tribunal de juicio.
Contratos, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA ANTONIO c/ ZABALETA BERNARDO Y OTRO s/ RES. DE PROMESA DE VENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

La facultas agendi compete exclusivamente a la parte que cumplió el contrato o que ofrece cumplirlo. Nunca a la parte incumplidora, quien no puede alegar su propia torpeza: propiam turpitudinem allegans, non est audiendur.-
Prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., F. s/ Resultó víctima de tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-06

La libertad ambulatoria a la que tiene derecho el que sufre prisión preventiva luego de agotado el término máximo de encierro previsto en la Ley 4096 -ó Ley XV N ° 4, artículo 1°, depende de que el plazo se cumpliese habiéndose dictado sentencia condenatoria y ésta no se encontrare firme.

Pero si en autos la declaración acerca de la existencia del delito y la participación responsable de M. son extremos que ya no pueden revocarse por una decisión judicial ulterior, dichas circunstancias indiscutibles, dotadas de la autoridad de la cosa juzgada, afirman la existencia del encarcelamiento como pena y no como seguridad tendiente a garantizar el proceso.