marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, dictámenes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CASTELLANO AMADEO IRINEO s/ TENTATIVA DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-09-29

En el caso, el informe médico pericial posee fundamentación, pues los peritos han reseñado el examen psiquiátrico, antecedentes de diversa naturaleza (patobiográficos y testimoniales), y dinámica del hecho, como sustento de la inferencia que realizan -además del sustento científico que obviamente encierra- con la cual dan respuesta al punto fijado en el decreto por el cual se ordena la pericia.

Sin embargo, se advierte cierta improlijidad en la confección del informe, ya que no se mantuvo el orden alfabético y/o numérico fijado en el decreto del oficio respectivo. Por otra parte, si se estimara que no se han evacuado todos los puntos solicitados, dicha carencia no acarrea la sanción de nulidad sino que sería pasible de una ampliación de la pericia realizada y no de una nueva pericia como solicita la defensa. Toda otra cuestión referida al disenso con el contenido y conclusión pericial -como se evidencia subyace en la nulidad oportunamente articulada y la presente apelación- será, eventualmente, motivo de valoración o merituación.

En el caso, la defensa ha ejercido los derechos que le asisten en el debido proceso y que -aun con el presente pronunciamiento- el principio de la inviolabilidad de la defensa se encuentra especialmente resguardado en lo que respecta a la materia traída. En efecto, tratándose de aquéllas que no resultan ni definitivas ni irreproducibles, pueden repetirse (art. 239 C.P.P.; art. 261 C.P.P.N.). Incluso -a partir de la reforma al C.P.P.- se ha ampliado la posibilidad de designación de nuevos peritos en los casos de que los dictámenes de los originalmente designados sean "dubitativos, insuficientes o contradictorios" (art. 241 C.P.P.; art. 262 C.P.P.N.), aun durante el juicio (arts. 363 y 400 C.P.P.; arts. 355 y 383 C.P.P.N.).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, Juan Pablo y otro s/ Atentado y resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

Si al calificar el hecho en juzgamiento la Cámara afirmó que el mismo constituía "atentado y resistencia a la autoridad", a la manera de un concurso ideal -pues se trata de dos delitos- pero sin embargo citó el art. 238 del Código Penal -que se refiere sólo al delito de atentado a la autoridad-, incurrió en contradicción respecto a la calificación legal. Dicha contradicción es de tal magnitud que constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el debido proceso que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional e impone su anulación oficiosa.
Inadmisibilidad del recurso, abuso sexual
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., L. O.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-13

SE RESUELVE: I.- DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del recurso extraordinario federal presentado por el Dr. Ricardo J. Mendaña y la Dra. Melina D. Pozzer, como defensores particulares del imputado L. O. L. (artículo 3, incisos b), d) y e), de la Acordada N° 4/2007, de la CSJN). II.- Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítanse las actuaciones a la Oficina Judicial de la Circunscripción que corresponda.
Recusación, desestimación de la recusación, recurso de casación penal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BIANCO, Inés Teresa. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

Hechos: La defensa impugna mediante recurso de casación el decisiorio que rechazó la recusación articulada por la parte respecto del Juez.

Fallo: Nuestro ordenamiento procesal no prevé la interposición de recurso alguno contra la resolución que se adopte respecto a lo que dispone el Libro Primero, Título III, Capítulo IV del C.P.P.N. ya que no constituyen sentencia definitiva ni equiparable a tal, resulta inadmisible todo recurso intentado contra un auto que decide sobre la recusación articulada a un juez de grado.
Vicios del acto administrativo, validez del acto administrativo, vicios de la voluntad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pichiñán, Hipólito c/ Prov. del Chubut, Instituto Autárquico de Colonización y FomentoRural y Berwyn, Ricardo Ithel s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-19

La voluntad administrativa y sus posibles vicios, no ha merecido tratamiento específico en la legislación provincial: ni como presupuesto, ni como elemento del acto. Ha partido la norma de considerar del acto como voluntad ya objetivada. Ello no induce sin embargo a desatender su influencia en el régimen de invalidez que postula, pues necesariamente el vicio éste de voluntad, se traducirá en alguno de los elementos objetivados en el régimen de invalidez de la ley. Es así que considero que el error, que se produce "cuando falta la necesaria conformidad entre el concepto formado respecto de los hechos o condiciones y circunstancias externas al órgano que emitió el acto, y vinculados como antecedentes de ésta y la realidad de dichos hechos, condiciones y circunstancias... debe ser esencial, esto es versar sobre la persona, el objeto o cualidades sustanciales, no accidentales o accesorias...".
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia, recurso extraordinario local, exceso ritual manifiesto, depósito previo, tasa de justicia, monto del juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Luna, María Luisa c/ Arnau, Francisco Tomás. s/ derecho de defensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

No corresponde restringir el acceso a instancias superiores de revisión de decisiones judiciales, so color de interpretaciones dogmáticas y de excesivo rigorismo formal respecto de la admisibilidad de los recursos locales -ya sea mediante la obligatoriedad del pago previo de tasas, de los montos de condena, la imposición de depósitos previos, el establecimiento de montos mínimos para recurrir u otros requerimientos económicos de cualquier índole- en la medida que condicionen, restrinjan o limiten el acceso a la jurisdicción (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: MIRANDA TEODORO c/ SAIACH CONSTRUCCIUONES S.A. s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-07-12

Debe primar - al momento de su aplicación al caso concreto -, lo establecido por al ley Nacional N° 24028, en sus arts. 17° y 19°, por cuanto el órden público general involucrado en dicha Ley de la Nación envuelve cuestiones que no pueden ser, so peligro de desvirtuar en un todo la eficacia jurídica de tal normativa, depuestas por la normativa local que rige los aranceles profesionales.
Derechos y garantías constitucionales, pena, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alipar S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-01

Resultando notoria la desproporción que se advierte entre el flujo financiero que maneja la empresa apelante y la suma que debía depositar para acceder a la jurisdicción en defensa de sus derechos, co-rresponde prescindir del requisito formal con el fin de no afectar la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva del recurrente. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha justificado apartarse de la im-posición legal en casos de monto excepcional, en los que el requisito en cuestión pudiera constituir un obstáculo insalvable para la revisión de la pena por los tribunales de justicia, fundándose en el derecho de defensa del art. 18 de la C.N., ya sea porque ese pago generaría un importante desapoderamiento (Fallos 247:181; 205:208 y su cita); ante la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarla (Fallos 256:38; 261:101); o cuando se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder(Fallos 288:287; 303:381). Del voto del Dr. Herrero al que adhiere el Dr. Fernández).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, corretaje inmobiliario, corredor no matriculado, contrato de agencia, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUAREZ, JOAQUIN c/  s/ SUSPENSION DE LA MATRICULA DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS-APELACION-RESOLUCION COLEGIO DE PROFESIONALES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-10

Los sentenciantes no abordaron con la amplitud que el caso merecía el cuestionamiento relativo a la falta de pruebas de los hechos que se imputan al corredor inmobiliario, tales como la invocada inexistencia de actos de corretaje de terceros que le puedan ser atribuidos, la diferencia entre la actividad de corretaje y el contrato de agencia, y la afirmación relativa a que los agentes no ejercen el corretaje inmobiliario, ya que se limitaron dogmáticamente a señalar -para desestimar los serios planteos formulados en torno a estas cuestiones- que la negativa respecto de que los agentes realicen actos de corretaje inmobiliario utilizando su nombre y matrícula en forma elusiva a las disposiciones legales y/o reglamentaria aparece en un todo inverosímil cuando se advierten pruebas y elementos claramente adjudicables al acusado y aclaratorios que le corresponden; nro de matrícula, nombre, dirección; cuando esbozó -estando en condiciones de hacerlo- que se trataba de contrato de agencia y no de corretaje -en una inédita maniobra- en sucesos que luego desencadenaron la investigación administrativa; sin individualizar siquiera la prueba en que se funda, ni abordar puntualmente como debiera el planteo referido a que los agentes no ejercen el corretaje inmobiliario, dejando así sin respuesta serios planteos recursivos llevados a su conocimiento.
Abuso sexual, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: L., J. s/ Abuso Sexual Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-13

Los casos de abuso sexual constituyen exponentes de la gama de "casos difíciles" por las circunstancias que los rodean y que repercuten, por lo general, en la ausencia de otras pruebas que aquellas que dimanan de los propios protagonistas. Cuando las evidencias físicas puedan no resultar del todo asertivas, la integración de la prueba de cargo -si existe- es un vehículo eficiente de certeza acerca de la materialidad del suceso y de la autoría que se endilgue al imputado.	En reiteradas ocasiones he insistido en que la actividad de apreciación de la evidencia legalmente incorporada es un proceso de construcción en el que nada puede desdeñarse por que sí ni analizarse fragmentadamente; la sana crítica - como método- importa precisamente eso: la crítica sana (libre de prejuicios) del material que se produce en el deba-te bajo las reglas de la psicología, la experiencia y la lógica, de suerte tal que las consecuencias sigan a sus causas desde la perspectiva de un observador imparcial.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: PAEZ DE TEZANOS PINTO, Ana M. c/ OTERMIN AGUIRRE, Julio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-20

La jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de la prueba concreta y documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación del monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del tratamiento (conf. C.N.Civ.

sala C, E.D. 98-508; sala E, L. 7356 del 29-8-84 y sus citas).
Recurso de casación penal, monto de la pena, facultades del juez, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ESPINOZA, HUGO RAMON s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 1071
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-12

Si la defensa, bajo el pretexto de un motivo de casación, reclama en realidad una revalorización de los elementos de prueba colectados, resulta improcedente en esta instancia provocar ex novo un examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, toda vez que el valor de las pruebas no está prefijado y corresponde a la propia apreciación del tribunal de juicio determinar el grado de convencimiento que aquéllas puedan producir, por lo que dicho examen queda excluido de la instancia casatoria.
Incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, contrato de asistencia integral al viajero, enfermedad preexistente, derechos del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Van Balen Blanken, Matthijs Gerard c/ Assist Card Argentina SA de Servicios s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-26

Corresponde hacer lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios derivados de un incumplimiento contractual de una empresa de asistencia de salud en viaje, incoada por un turista que padeció una hemorragia digestiva en el exterior del país y debió ser intervenido quirúrgicamente en un hospital, toda vez que la exclusión de las enfermedades preexistentes estipulada unilateralmente por dicha empresa es abusiva en tanto desvirtúan la finalidad del contrato, desnaturalizan las obligaciones del predisponente, limitan su responsabilidad a un número muy limitado de casos e importan una restricción de los derechos del consumidor, que, además, es una persona adulta mayor (art. 37, incs. a y b, ley 24.240 y art. 988, CCCN).
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguas  Argentinas  S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa - incidente de medida cautelar. Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31|2002-09-19

El requisito del peligro en la demora debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros.
Cesión de créditos, cesión de derechos litigiosos, competencia civil, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA. s/ ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Si el proceso que confiere carácter litigioso al crédito cedido está radicado ante la justicia civil de la Capital Federal, es coherente que sea la ley argentina la que determine las modalidades de la transmisión de aquél (Disidencias de los Dres. Carlos D. Fayt y Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Augusto César Belluscio).
Representación procesal, falta de presentación del poder, abogado no apoderado, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: F. s/ Guarda judicial (Expte Nro.  386-01, Resolución Nro.  15, Tomo 8, Folio  408)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-06

Es nula la expresión de agravios y debe declararse desierto el recurso de apelación si la funcionaria no acreditó tener la representación procesal del interesado en obtener la guarda, para lo cual debió acompañar carta-poder otorgada ante cualquier secretario (arg. art. 42 C.P.C.C.) inc. 1 del art. 145 de la ley provincial Nro. 10.160); debiéndose destacar que en baja instancia la Defensora General sólo actuó como patrocinante. Al respecto, hay un fallo de la Corte Provincial que califica de nula la diligencia por la que se interpone recurso de apelación si es suscripta por el abogado patrocinante del actor, sino tenía poder.
Seguro de vida, seguro de vida obligatorio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Barros, Mamerta Daniela Romero de c/ Estado provincial s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-03

Acaecida la incapacidad del agente titular de un seguro obligatorio, la aseguradora señaló dos motivos para no pagarlo: uno, que la incapacidad del actor no se encuadraba dentro del decreto de reglamentación de seguros y otro, que la empleadora-Estado Provincial-no se encontraba al día en el pago de las primas.

Formulada demanda en su contra, el Estado, al contestar la acción,no discutió expresamente este segundo tema y, al resultar condenado al pago del seguro,centró su recurso de apelación únicamente en que el actor no probó el incumplimiento del pago de las primas descontadas.

Puesto que el hecho de la falta de pago no fue negado en la forma que requiere el art. 356 del C.P.C., se puede sostener que no se trató de un hecho controvertido, por lo que todo el andamiaje recursivo, que se centró en que no fue probada la falta de pago, se desploma y el recurso debe ser rechazado. (Del voto del Dr. Herrera)
Extradición, principio de contradicción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Peyrú, Diego Alberto s/ pedido de extradición Embajada de la República de Chile.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

En el proceso de extradición se debaten, por un lado, el interés del Estado Nacional de dar satisfacción al requerimiento de la potencia reclamante y por el otro el del sujeto requerido a que tal solicitud sea rehusada.
Escuela de Mecánica de la Armada, demolición de obra, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Palacio de Lois Graciela y otro -ex Feria nº 10/98- c/ P.E.N. s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Debe desestimarse la apelación de la demandada contra la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional suspenda los efectos del art. 3º del decreto 8/98 en cuanto implique demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

El Poder Legislativo está facultado para reglamentar los recursos según los cuales se puede acceder a la máxima instancia nacional, de acuerdo con un criterio cuya conveniencia es ajena a la posibilidad de revisión judicial, pero ello no obsta a la valoración que quepa efectuar acerca de la racionalidad de las medidas adoptadas, entendida ésta como la adecuación entre el medio elegido y el fin propuesto como bien social en un momento dado, medio que será admisible siempre que tenga una relación racional con el fin que le sirve de presupuesto, el cual deberá representar un interés social de intensidad tal que justifique la decisión (Voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Medidas cautelares, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: S. H. P. A. c/ B. T. S. s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-24

Esta Sala ha afirmado en reiteradas oportunidades que en los procesos de familia las medidas cautelares no pueden ser tramitadas bajo parámetros rigurosos desde el punto de vista formal, sino que se caracterizan por su instrumentalidad, provisionalidad y flexibilidad, encontrándose facultada la jueza actuante para sustanciar las medidas cautelares, o fijar audiencia de oficio, a fin de intentar conciliar los intereses en juego y arribar a una solución componedora de la problemática que se denuncia, entre otras medidas.
Derechos humanos, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alba Quintana, Pablo c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

Las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos deben ser interpretadas a partir de las decisiones jurisprudenciales y de las opiniones y dictámenes de los órganos del sistema internacional e interamericano. (Voto en disidencia Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Subasta, acreedor hipotecario, facultades del juez, base
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAGGIONRE, JOSE c/ ZABALJAUREGUI, MANUEL s/ SUBASTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Si bien es cierto que la decisión judicial ante la petición de acreedor hipotecario formulada en los términos del CPR 575, 2a. p, no puede analizar la validez intrínseca de la hipoteca en tanto el acreedor privilegiado no es parte en el juicio; no es menos cierto que los derechos de éste se circunscriben a controlar las condiciones de venta de acuerdo con las condiciones pactadas en la escritura constitutiva. Ello impone al juez de la subasta determinar si la liquidación prestada por el acreedor hipotecario para establecer el monto de su crédito se compadece con las constancias formales del título, pues de otro modo el órgano jurisdiccional se encontraría vinculado a la mera manifestación del acreedor; aquello con mayor razón al no contar este con sentencia judicial a su favor.
Acción contencioso administrativa, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Roa, Rosa Wenceslada c/ Provincia de Misiones s/ Acción Contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-02-15

Si por el art. 107 del C.P.C. (Reenvío Legislativo) "son aplicables a los procesos establecidos en el presente código (el contencioso administrativo) las disposiciones contenidas en el C.P.C. y C., ello siempre se da en forma supletoria, esto es en ausencia o falta de otra norma específica que rija la cuestión en análisis, lo que no ocurre en el caso de autos, que tiene expresa y propia regulación a través del art. 50 inc. "e" del C.P.C.A., lo que desplaza y excluye en el sub-examen la aplicación analógica o supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial.
Excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Zalazar, Pedro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

Cabe presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia ante la especial gravedad de los hechos atribuidos, la condena anterior que registra, la verosimilitud del derecho y la posibilidad de fijar con prontitud la audiencia de debate. La disidencia consideró que la existencia de otras causas no obsta para emitir un pronunciamiento a favor de la libertad del imputado y que aún no se ha fijado fecha de debate, que debe rechazarse lo afirmado en cuanto a la inestabilidad laboral, si el mismo tribunal consideró que se desempeñaba como albañil y, en cuanto al lugar de residencia, expresó que vivía en la casa de sus suegros, a lo que se suma que el fiscal no aportó prueba que permitiera inferir los extremos que autorizan el encarcelamiento preventivo. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma -en disidencia-).
Despido por maternidad, indemnización, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rouco, Carol Débora c/ La Gota Farmacéutica S.R.L. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-02

Procede elevar el monto indemnizatorio reclamado por una trabajadora que fue despedida encontrándose embarazada, pues luce un agraviamiento fundado en la vulneración de la estabilidad especial por maternidad prevista en el art. 177 de la LCT, norma que condiciona expresamente el resguardo en cuestión a la comunicación fehaciente del embarazo al empleador -encontrándose entre sus prerrogativas propias requerir su comprobación-, máxime el reconocimiento de la demandada de haber recibido dicha comunicación con fecha anterior al despido directo que se le comunicó dentro del período de tutela especial de la maternidad establecido en el art. 178 de la LCT, sin que se haya invocado la reticencia de la actora a acompañar certificado alguno de su estado ante la solicitud de su empleadora ni incumplimiento que revierta la presunción de que la medida respondió a la situación de maternidad.