marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reforma de la justicia, Consejo de la Magistratura, declaración de inconstitucionalidad, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Se encuentra acreditada la existencia de un interés "concreto", "directo" e "inmediato" del actor en obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.855 pues, en su carácter de apoderado de una agrupación integrada por abogados de la matrícula federal que participa en los procesos de elección de los representantes de ese estamento técnico en el Consejo de la Magistratura, sostiene que disposiciones contenidas en aquélla establecen un sistema de selección de representantes que desconoce lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional e impone requisitos que proscriben a la agrupación, no configurándose la falta de legitimación activa que el Estado Nacional invoca.
Recurso de inconstitucionalidad federal, Superior Tribunal de la Causa, hábeas corpus
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Lara, María Verónica s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La sola referencia al art. 7 de la ley 23.098, en cuanto consagra que "las sentencias que dicten los tribunales superiores en el procedimiento de hubiste corpus serán consideradas definitivas a los efectos del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema", no basta para concluir en que el recurso interpuesto no se dirige contra lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y no se dirige contra la sentencia del tribunal superior de la causa.
Divorcio, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: M. M. C. c/ C. E. J. s/ compensación económica (sorteo de mediación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-26

En consonancia con el nuevo sistema de divorcio incausado y la regulación de las uniones convivenciales, el instituto de la compensación económica busca favorecer la autovalidación y autonomía en el plan de vida individual que sigue a la ruptura del proyecto común, evitando a modo de correctivo, una injusta desigualdad producto de diferentes capacidades de obtener ingresos que se desarrollaron y consolidaron durante la vida en común.
Sentencia suficientemente fundada, confirmación de sentencia, apreciación de la prueba, principio de contradicción, principio de congruencia, facultades del juez, reconstrucción histórica, reconstrucción del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

Se considera que una sentencia está fundada, en lo relativo a la reconstrucción histórica de los hechos, cuando menciona los elementos de prueba en virtud de los cuales arriba racionalmente a la conclusión fáctica, esos elementos han sido válidamente incorporados al proceso y son aptos para ser valorados en cuanto a su legitimidad probatoria, es decir que contiene la explicación del porqué de la conclusión en orden a los principios lógicos de igualdad, contradicción, tercero excluido, razón suficiente junto a los de la experiencia y la psicología común.
Proceso penal, principio de legalidad, dictamen fiscal, requerimiento de sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: E., A. O. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA EN  GRADO DE TENTATIVA (EXPTE. C.S.J. NRO. 470 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

La aplicación del principio de legalidad procesal (u oficialidad) en la persecución de los delitos, sentado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, expresamente prohíbe la suspensión, interrupción o cesación del ejercicio de la acción penal fuera de "los casos expresamente previstos por la ley", principio de oficialidad que coexiste con el sistema acusatorio y que impide, a su vez -salvo decisión constitucional o legislativa en contrario- "introducir una connotación dispositiva de la acción penal -principio acusatorio material- pues ello implicaría desconocer que el ius puniendi no pertenece al Ministerio Público Fiscal sino al propio Estado del que también son expresión los jueces".
Declaración de insania, plazos procesales, nulidad de sentencia, domicilio real, extraña jurisdicción, desplazamiento de la competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: K., M.S.V. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-05

1- No resulta razonable que luego de haber transcurrido un prolongado lapso desde la promoción del proceso de declaración de incapacidad, se invalide la sentencia con fundamento en que el causante tiene su domicilio real en otra jurisdicción. Máxime si la intervención del juez que se pronunció en la causa, fue consentida por los propios órganos designados por la ley para la protección del incapaz.

2-Si bien no obsta a la validez de la sentencia de declaración de incapacidad, la circunstancia de que el causante se domicilie en extraña jurisdicción, si allí también se encuentra ubicado su lugar de internación y reside su curador, corresponde la ulterior intervención de un Tribunal de esa localidad en tanto permitirá un control más directo y eficiente respecto del incapaz.
Acceso a la justicia, queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Obra  Social  del  Sindicato de Mecánicos y Afines del TransporteAutomotor c/ Pavia Automotores S.A. s/ Tasa de Justicia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

La operatividad y efectividad del derecho al acceso a la justicia sufre una severa restricción si se interpreta que, por ser un requisito de admisiblidad de la queja por denegación del recurso extraordinario, la falta del depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación obsta al tratamiento del recurso por la Corte (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, apertura del concurso, crédito previsional, crédito laboral, LEY DE CONCURSOS, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

No puede estimarse arbitraria o abusiva la norma del inciso 8 del artículo 11 de la ley 19551, máxime frente a la ausencia de otros institutos que pudieran eventualmente atenuar los efectos patrimoniales de la falta de cumplimiento de las obligaciones previsionales. (Del Voto del Dr. Chiappini).
Homicidio, excarcelación, auto de procesamiento, caución real
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, Gastón Adrián. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

No obstante la naturaleza y gravedad de los hechos que se le atribuyeron al imputado, por los cuales se dictó su procesamiento, con prisión preventiva, en orden al delito de homicidio (art. 79 del C.P.), las escalas penales previstas para sancionar los delitos regulados en el ordenamiento jurídico, no pueden funcionar como parámetros excluyentes para otorgar la libertad de los encausados (*).

Es tarea del Tribunal analizar si existen elementos objetivos, que permitan presumir que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación (art. 280, C.P.P.N.).

Si la pesquisa prácticamente se halla concluida, no puede operar como único fundamento, para considerar que la investigación pueda entorpecerse, por la única y aislada circunstancia relativa al intento del imputado de apoderarse de una de las fotografías que le fueron exhibidas al momento de la declaración indagatoria ya que ese acontecer fue neutralizado y, a todo evento, frente a una eventual futura exhibición de elementos probatorios se deberán tomar los recaudos correspondientes, constituyendo una respuesta desproporcionada, para neutralizarlo, el mantenerlo en detención por ese solo hecho.

Asimismo si de acuerdo a las condiciones personales del imputado, no puede sostenerse, en forma objetiva y fundada, que tal peligro procesal concurra, en virtud del arraigo que posee el imputado, lo cual, se encuentra reflejado en la circunstancia de que tiene domicilio fijo, y que tiene un trabajo en relación de dependencia, sumadas a que la detención del imputado se concretó como consecuencia de su presentación voluntaria en la dependencia policial, ellas configuran cuestiones que permiten descartar, objetivamente, la existencia del peligro de fuga al que hace referencia la norma del art. 319 del C.P.P.N. en su conjunción con lo establecido en el art. 280, de mismo cuerpo legal.

Por ello, corresponde revocar el procesamiento decretado y conceder la excarcelación del incuso bajo caución real de 250.000 pesos, con la obligación de presentarse ante el ante el juzgado y/o tribunal a cargo del caso cada quince días y de no ausentarse de su domicilio, ni de traspasar los límites geográficos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin previa autorización, debiendo acompañar su pasaporte (art. 324 del C.P.P.N.).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, honorarios del abogado, valor cuestionado en último término, sentencia definitiva, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Romero S.A. s/ quiebra s/inc de revisión por el Fisco Nacional- D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación si se trata de una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6, ap. a) del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y actualizado conforme resolución de la Corte 1360/91.
Contrato de trabajo, sociedad cooperativa, despido, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Pessina, Jorge Eduardo c/ Luis Frisman y otros s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-19

Corresponde desestimar el recurso contra la decisión que consideró acreditado que el actor estaba relacionado con la cooperativa demandada a través de un vínculo laboral dependiente y que la labor cumplida no fue en el marco de una tarea propia de la cooperativa sino en favor de un tercero que contrató con ella si no demostró de manera suficiente que el fallo apelado no constituya una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa, que amerite dejarlo sin efecto en virtud de la doctrina de la arbitrariedad (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-.

- Los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco, en voto conjunto, consideraron que el recurso era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Separación personal, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: L.M. c/ B. DE L. s/ DIVORCIO - INC. DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

Dispone el art. 211 del Código Civil que dictada la sentencia de separación personal el cónyuge a quien se atribuyó la vivienda durante el juicio, o que continuó ocupando el inmueble que fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal si ello le causa grave perjuicio, y no dio causa a la separación personal, o si ésta se declara en los casos del art.

203 y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo. Tal como se advierte de la lectura de la norma transcripta, lo relevante en la interpretación de la conducta sometida a aquélla consiste en verificar la existencia de grave perjuicio para uno de los cónyuges, como hecho impeditivo de la liquidación reclamada por el otro.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, confesión ficta, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DONZINO RATTO, MARIO ADRIAN; DONZINO, GUILLERMO LUIS c/ BESSONE, JUAN JOSE Y BESSONE, MARIANO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Si bien del artículo 168 del Código de rito se desprende que la confesional ficta tiene la fuerza de la expresa, tal eficacia probatoria no emerge en todos los casos con idéntica contundencia, puesto que su apreciación debe llevarse a cabo en función del conjunto de los elementos de juicio que obren en el proceso y de las demás circunstancias de la causa que -incontrastablemente- sean idóneas para desmerecerla como plena prueba; y siendo ello así, no se advierte configurada la endilgada irrazonabilidad en la valoración de la prueba. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 168.
Medidas cautelares, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ MENGUAL, EDUARDO c/ MARTIN, RAUL OSVALDO s/ EJECUTIVO-QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-25

Las medidas cautelares, una vez declaradas procedentes por el juez, deben concretarse inexorablemente, sin que ningún incidente planteado por el destinatario de la misma pueda detener su cumplimiento: se evita así que se dilate la traba de tales medidas hasta tornarlas de imposible ejecución. Debe advertirse que el recurso de apelación debe concederse solo en efecto devolutivo;

debiendo formarse incidente por separado que se eleva a la cámara mientras continúa el trámite del principal.
Personal contratado, contrato de servicios, empleo público, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: SORIA, FABIANA SANDRA c/ MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA s/ ORDINARIO - DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-09-30

La deliberada informalidad en que incurrió la municipalidad demandada al contratar a la actora bajo una supuesta locación de servicios no puede favorecer a la demandada en desmedro de la trabajadora y por ello, si bien no es posible la incorporación lisa y llana de la trabajadora al R.C.T., se torna aplicable el sistema de protección previsto en el art. 14 bis de la C.N.,para que la protección de la remuneración y contra el despido arbitrario no queden en derechos meramente programáticos ante la falta de una normativa expresa que incluya a quienes no pueden ingresar en un determinado régimen.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Maio, Estanislao c/ Pérez, Eduardo y otros s/ Daños y perjuicios Viola, Alfredo José c/ Lojo, Néstor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29|1994-08-25

Si la atribución de responsabilidad por los hechos ilícitos dependiera del solo testimonio de quien dijo haber verificado el número de patente del automotor presuntamente interviniente, el valor seguridad quedaría prácticamente anulado y todo individuo estaría expuesto a quedar involucrado en hechos en los que nunca tuvo participación.-
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Demyda, Gregorio Lademir c/ Reginald Lee S.A.I.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

Los tribunales del trabajo deben examinar en cada caso si por sus circunstancias la cosa actuante genera un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima. Y ello así porque hay cosas que no son en sí mismas riesgosas ni peligrosas pero que pueden adquirir tal carácter en razón de las peculiaridades de las tareas realizadas por el trabajador y la modalidad de su desempeño al exigirle desmesurados esfuerzos físicos mediante constantes y repetidos movimientos de su cuerpo.
Estafa, mutuo
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Jorge R. s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

Constituye delito de estafa la acción del procesado que, para concretar un contrato de mutuo, prometió otorgar en garantía un inmueble edificado que ya no era de su propiedad, entregando en cambio dos lotes aledaños sin ninguna edificación y de mucho menor valor.

No existe negligencia por parte del querellante, quien, previo a la firma del contrato, se trasladó hasta el inmueble ofrecido como garantía, con los planos suministrados por el procesado, a fin de verificar su existencia y valor, por lo que las maniobras desarrolladas por el acusado constituyen ardid idóneo para inducir a la víctima a engaño y moverla a entregar la suma de dinero que ésta creyó debidamente avalada.
Contrabando, importaciones, escribanos públicos, participación secundaria
Materia: PENAL
Carátula: SAYOS, ALICIA ZULEMA s/ Contrabando Causa Nro. 33939.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

Corresponde proseguir la investigación por contrabando de automotores (importaciones efectuadas con engaño al servicio aduanero simulado que los importadores fueran personas interpuestas que gozaban de ciertas franquicias) respecto del escribano interviniente, a título de partícipe secundario (en cuanto los verdaderos importadores, para resguardar sus derechos, habrían hecho otorgar, por los respectivos personeros, mandatos de venta de los vehículos con carácter irrevocable y con la manifestación de estos últimos de estar desinteresados en la percepción de las sumas provenientes de la venta) si, aunque la mera autorización notarial de las escrituras de mandato no es prueba de la complicidad del autorizante en el negocio ilícito, tampoco puede admitirse el descargo de la absoluta prescindencia respecto de los alcances del otorgamiento. Un poder irrevocable para valer como tal, debe estar basado en un interés legítimo, cosa que un escribano, que es un profesional con preparación jurídica, no puede ignorar.
Recurso de casación, honorarios, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: COOP. TRANSPORTE LA UNION LTDA. s/ CONCURSO PREVENTIVO-CUADERNILLO DE LA C.N.R.T. Y SECRETARIA DE  TRANSPORTE-CASACION DIEGUEZ RAMON S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-05-06|2003-07-01

Si bien, en principio, las cuestiones atinentes a la determinación del monto del proceso y a la interpretación de la ley arancelaria, son ajenas a la instancia extraordinaria, tal principio cede cuando el pronunciamiento carece de la debida fundamentación y se aparta de las normas legales aplicables, con afectación del derecho a la justa retribución de los profesionales, privándolos de derechos definitivamente incorporados a su patrimonio como consecuencia de las tareas realizadas. Asimismo, cuando la sentencia impugnada no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso.
Procedimiento laboral, Ministerio Público del Trabajo, vista de las actuaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, ALBERTO c/ CASA MAZZINO  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

De conformidad al artículo 12 de la ley orgánica es facultad del Ministerio Público del Trabajo evacuar las vistas conferidas por los jueces o por la Cámara, por lo que las resoluciones o sentencias fundadas en los dictámenes que el mismo pronuncia no adolecen, por dicha circunstancia, de un vicio de forma en los términos del artículo 115 de la ley orgánica ni siquiera en el caso que remitan o reproduzcan el mencionado dictamen.
Secretario judicial, deberes del secretario, deberes del juez, disponibilidad de los depósitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Nestor Rubén Reader c/ José Vargas, Delia Viñale, Fedora Virode y Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nro.A-69.261/93 Ordinario. L.A. N 47 F 617/621 N 280 Fedora Virode y Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nro.A-69.261/93 Ordinario. L.A. N 47 F 617/621 N 280
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-17

Como clara y terminantemente lo dispone el art. 127 del Código de rito y también su nota, la Secretaría de Trámite debe comprobar y asegurarse de la existencia de los fondos como de su disponibilidad, plasmándola en la certificación correspondiente, más allá de que, como lo expresa el propio codificador al anotar la norma, resulta claro que será el juez en definitiva quien tendrá a su cargo decidir sobre la procedencia o no de la orden de pago que se peticione.
Medidas cautelares, sociedad anónima, asamblea de accionistas, nulidad de asamblea de accionistas, impugnación de decisión asamblearia, convocatoria a la asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOPEZ, ALEJANDRO c/ CAMINOS DEL COMAHUE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Cabe rechazar la medida cautelar solicitada, a fin de que se suspendan los efectos de lo decidido -la remoción del cargo de director y presidente de la sociedad accionada del solicitante en una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, autoconvocada por la totalidad de los socios de la firma accionada, con prescindencia del director peticionante; toda vez que no resulta clara la verosimilitud del derecho, pues la asamblea unánime autoconvocada no resulta un acto que contenga una nulidad manifiesta, como pretende el peticionante, ni es unánime la doctrina en cuestionar su legitimidad; ya que, si bien parece excesivo el requisito previsto por la ley 19550 art. 237 ult. parr., la doctrina mayoritaria lo admite, pues la presencia de todos los accionistas torna irrelevante esa formalidad, lo cual se encuentra confirmado por la LS art.

246 que no exige orden del día cuando estuviera presente la totalidad del capital y la decisión se adopte por unanimidad (cfr.

Nissen, "Ley de Sociedades Comerciales", T. 2, ed. Abaco, p. 567);

Ni existe peligro en la demora, ya que la alegada incertidumbre acerca de quien es el presidente de la sociedad, no es tal, pues la representación actual de la accionada estará a cargo de una persona designada en la cuestionada asamblea y hasta tanto ella no sea declarada ineficaz en sede judicial, encontrándose el acta debidamente inscripta en el registro correspondiente, lo cual publicitó la designación frente a terceros.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal, prescripción, acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barra, Roberto Eugenio Tomás s/ defraudación por administración fraudulenta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

Las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48. Tal es lo que ocurre con las resoluciones que rechazan la prescripción de la acción penal (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).