Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-25


SENT Nro. 65 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 20 DE FEBRERO de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por Círculo Médico del Sur, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIª del Centro Judicial de Concepción de fecha 24/5/2002 (fs. 52/57 vta.); el que es denegado mediante interlocutoria del 21/6/2002. por el referido Tribunal (fs. 159) y abierto por queja mediante resolución de esta Corte del 10/12/2002 (fs. 175/176). En esta sede. no se presentó memoria casatoria, mientras que el señor Ministro Fiscal en dictamen obrante a fs. 188/190 se expide en el sentido que corresponde casar la sentencia en crisis. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecida la cuestión a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

La cuestión propuesta es la siguiente: ¿ Es procedente el recurso ?.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 63/71 por el letrado apoderado del denunciante Círculo Médico del Sur, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIª del Centro Judicial de Concepción del 24/5/2002, que hizo lugar al recurso de apelación deducido por la perito contadora María Graciela Maderuelo, y en consecuencia reguló sus honorarios profesionales en la suma de $32.000 por la pericial realizada en autos; imponiendo las costas a su representada.

Este Tribunal se ha pronunciado por la admisibilidad de la vía impugnativa intentada, en oportunidad de admitir el recurso de queja por casación denegada deducido por la misma parte (cfr. sentencia Nº 1122 del 10/12/2002, obrante a fs. 175/176 de autos). En consecuencia, corresponde examinar la procedencia de los agravios esgrimidos.

1.1.- De los autos principales que se tienen a la vista surge que por resolución de fecha 23/6/2000 (fs. 183/185) el Sr. Juez en lo Penal de Instrucción de la Iª Nominación declaró la nulidad del decreto fiscal de fs. 32, punto c), y todos los actos posteriores directamente relacionados con la designación de oficio de la CPN Maderuelo; estableciendo al punto 5 que no correspondía imposición de costas. En los considerandos, puso de relieve que tal designación tuvo lugar de oficio antes de la ratificación de los interesados en sede judicial, omitiendo los peritos oficiales judiciales o policiales, o funcionarios públicos que en razón de su título o competencia se encuentren habilitados para emitir dictamen acorde al art. 236, segundo párrafo en concordancia con el art. 246 del mismo cuerpo legal. Añadió que el letrado defensor no fue notificado de la intervención pericial; destacando finalmente la inexistencia de directivas precisas del órgano investigador respecto a las cuestiones a dilucidar, y de plazo para efectuar la operación técnica. Esta resolución fue notificada a la perito Maderuelo con fecha 30/6/2000 (cfr. fs. 189); quien luego procedió a devolver la documentación oportunamente entregada. El 04/10/2000 se procedió a la designación de nuevo perito (fs. 201), presentando su dictamen el 11/7/2002.

La resolución sobre los honorarios de la CPN Maderuelo fue dictada en este proceso incidental, iniciado con motivo de su pedido de regulación de honorarios en fecha 19/11/2001; es decir, transcurrido un año y cinco meses de serle notificada la declaración de nulidad de su designación. Fue en esa oportunidad que presentó el dictamen pericial que se tiene a la vista; adjuntando además un informe del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. De su contenido resulta que la Institución valoró como procedimiento más adecuado para apreciar el trabajo profesional, la consideración del tiempo de trabajo estimado, multiplicado por un valor de la hora de trabajo. El mismo informe, obrante en copia a fs. 13/14 de autos, puso de relieve que no existe base regulatoria, por tratarse de una labor profesional cumplida en relación a una causa tramitada en jurisdicción penal.

1.2.- La sentencia en recurso, obrante a fs. 52/57 de autos, revocó la decisión del inferior en grado, que había fijado los emolumentos de la perito en la suma de $4.000. Previamente, desestimó el planteo de nulidad articulado por el Círculo Médico del Sur; quien alegó que el dictamen fue ilegalmente introducido al proceso. A criterio de la Sala a quo, si bien la designación de la perito fue declarada nula, ella había sido nombrada a solicitud de los propios denunciantes, y no era la responsable de dicha nulidad. Añadió que según las constancias de autos, la contadora efectivamente trabajó; no siendo procedente la declaración de nulidad impetrada, toda vez que el digesto procesal no establece trámite de sustanciación para petición de regulaciones de honorarios. Concluyó que correspondía regular los emolumentos según las previsiones de los arts. 246, 549 y cc. del CPP; toda vez que tanto denunciantes como denunciados tuvieron conocimiento de la designación de Maderuelo y de su intervención en el proceso; como de que se encontraba efectivamente realizando la pericia.

De otra parte, la Sala a quo hizo lugar a la apelación deducida por la perito, cuestionando por bajos los honorarios regulados en la anterior instancia. Expresó compartir la valoración del trabajo profesional expuesta por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, en cuanto a que se trata de una tarea de especial magnitud y complejidad, consistente en un trabajo de auditoría al Colegio Médico del Sur y a la Asociación de Prestadores del Sur, por el período comprendido entre 1990 y 1997; orientado a determinar potenciales diferencias patrimoniales derivadas de presuntas irregularidades cometidas por las autoridades denunciadas.

Seguidamente, la sentenciante transcribió lo dispuesto por el art. 13 de la ley nacional 24.432. Destacó que se trata de un trabajo de 111 fojas, y que "en los rubros más significativos se denota un faltante por $552.061,63". Con estos fundamentos, decidió apartarse de lo establecido por la ley 3706, "teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el patrimonio de la entidad peritada, el tiempo que demandó la pericia, la calidad de la labor desarrollada y el resultado obtenido"; lo que a su entender inclinaría necesariamente a regular la suma de $32.000 (cfr. fs. 56 vta. y 57). Tuvo en consideración que la pericial ha insumido gran cantidad de horas de trabajo, resultantes de los innumerables escritos presentados por la nombrada en los autos principales. Por último, con cita de los arts. 246, segundo párrafo, 549 y cc. del CPP, y arts. 107 y 117 del CPCC, impuso las costas al Círculo Médico del Sur; dado que su denuncia dio lugar a la formación de la presente causa, y fueron sus directivos quienes solicitaron la realización de la pericial o investigación jurisdiccional sobre supuestos hechos delictivos en contra de sus anteriores directivos.

1.3.- Luego de relatar los antecedentes de la causa, el recurrente se agravia en primer término por la indebida y errónea aplicación de la normativa contenida en el art. 13 de la ley 24.432, que no ha derogado la ley provincial 3706. Entiende que la Sala a quo incurrió además en un yerro interpretativo, al determinar una regulación superior a la prevista por la legislación local; dado que el citado art. 13 de la ley nacional sólo aprehende supuestos en los cuales proceda determinar los emolumentos profesionales en menos del mínimo legal, por resultar éste demasiado alto en relación al trabajo profesional o a la importancia de la causa.

Sostiene que en los términos del art. 11 de la ley 3706, la pericial en cuestión no ha sido dada en juicio, ya que la profesional presentó su dictamen con motivo del pedido de regulación de honorarios. Es decir, transcurrido ya un año y cinco meses de su desvinculación en esta causa, y luego de ser designado otro perito. Pone de relieve que el trabajo en cuestión tiene como fecha cierta la de su presentación en juicio; esto es, el 19/11/2001; lo cual excluiría el derecho a percibir honorarios, por haberse cumplido al solo efecto regulatorio, y sin que su parte tuviera oportunidad de compulsarlo.

Considera además que la determinación de los honorarios es arbitraria, por basarse en argumentos dogmáticos o aparentes ajenos a la realidad del caso, y omitir explicar las razones que según la sentencia, inclinarían necesariamente a regular la suma de $32.000. En consecuencia, se vería infringido el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia y las normas procesales cuya violación invoca. Pone de relieve que conforme al art. 10 de la ley 3706 modificada por ley 6508, los únicos parámetros a considerar son los contemplados en sus tres incisos, que han sido soslayados por la Cámara a quo. Por último, denuncia que en lo concerniente a la imposición de las costas procesales derivadas de la pericia misma, el fallo se ha pronunciado extra petita, en violación al principio de congruencia. Puntualiza que la pretensión originaria de la incidentista estuvo limitada a la regulación de sus honorarios, y tal fue la materia sometida al juez de primera instancia; por lo que la indebida introducción del tema al expresar agravios, no autorizaba a la Cámara a expedirse sobre este punto. Propuso doctrina conforme a los agravios expuestos.

2.- Ante la impugnación de los apelantes, la solución del caso exigía en primer término determinar el régimen legal aplicable; y en ese marco reexaminar la cuantía de los emolumentos cuestionados; siendo misión propia de los jueces, aplicar el derecho y fijar la norma legal que rige el caso (arg. art. 34, CPCC).

Se advierte que a la fecha en que se cumplió la labor pericial estaban ya vigentes las modificaciones de la ley 3706, introducidas por ley 6508. Según pacífica doctrina de esta Corte, los emolumentos del perito deben regularse según las disposiciones del digesto arancelario propio de los profesionales en ciencias económicas, vigente al tiempo de realización de la pericia. En el caso de los trabajos profesionales, y conforme a la doctrina de la Corte Suprema Nacional, el derecho a su retribución se constituye en la oportunidad en que fueron realizados; pues es entonces cuando nace la situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable. No es admisible que frente a una ley remuneratoria específica de una profesión, el caso se decida ignorando sus disposiciones; pues ello priva a la decisión de sustento legal.

En su actual redacción, el art. 10 de la citada ley arancelaria dispone que para la determinación de los honorarios que correspondan por informes periciales presentados en juicio, cualquiera sea el fuero o jurisdicción donde tramiten, se tendrán en cuenta a) el mérito e importancia de los trabajos presentados; b) la complejidad y carácter de la cuestión planteada; c) la trascendencia moral o económica que para las partes reviste la cuestión en debate. En forma expresa, han sido derogadas las escalas mínimas que establecía el art. 3º, en base a porcentuales sobre el monto del juicio.

De otra parte, cabe destacar que la referencia al art. 13 de la ley 24.432 -meramente transcripto en la sentencia-, resulta igualmente inexacta y ajena al caso que se resuelve; toda vez que en ningún momento explica el Tribunal la pertinencia de su cita en el caso particular, ni la incidencia de esta disposición legal en la cuantificación de los honorarios reclamada por esta vía incidental. Con la derogación de las escalas mínimas fijadas en el art. 3º de la ley 3706, los jueces sólo deben aplicar las pautas previstas en el art. 10 vigente; sin que se advierta en el sublite -ni se explica en la sentencia- la concurrencia del supuesto de hecho descripto en dicho art. 13, que autorice a aplicarlo en el caso resuelto.

En este marco normativo, el planteo de nulidad de la regulación ha sido correctamente desestimado, en cuanto se presenta dirigido a cuestionar el derecho de la incidentista a percibir honorarios. La declaración de invalidez de su designación en esta causa, no autoriza a desconocer que la labor profesional encomendada por la Sra. Fiscal de Instrucción -previo requerimiento de la institución denunciante, y con su aquiescencia- tuvo principio de ejecución. En la instancia de mérito ha quedado establecido que la CPN Maderuelo realizó distintas tareas dirigidas a la ejecución de la pericia, y su labor debe ser retribuida porque se presume onerosa (art. 1627, CC). Los agravios del recurrente no logran rebatir el fundamento central expresado por la Cámara, relativo a que tal declaración de nulidad no es imputable a la perito, y tampoco alcanza para desconocer la tarea cumplida.

3.- Sin embargo, los jueces de mérito debieron atender a las circunstancias en que tuvo lugar la presentación del dictamen pericial, previamente reseñadas, y su incidencia en la cuantificación de los emolumentos. Para una correcta evaluación de la tarea profesional, tampoco puede soslayarse que ella debe estar referida a los trabajos válidamente cumplidos, en el marco de la encomienda asignada oportunamente. Las constancias de autos evidencian -según destacaron los jueces de grado-, que la perito realizó diversas diligencias encaminadas a la elaboración del dictamen pericial; pero es igualmente cierto que presentó sus conclusiones mucho tiempo después de notificársele el cese de la designación. Esta circunstancia debió ser atendida por el Tribunal; pues si bien es ineficaz para desconocer el derecho a la retribución por las tareas cumplidas (para lo cual no se le había fijado plazo), indica, cuando menos, que el dictamen final no estaba concluido al tiempo de ser declarada nula su designación. Cabe recordar, en tal sentido, que entre otros elementos la ley arancelaria provincial manda apreciar "el mérito e importancia de los trabajos presentados"; pauta que también involucra la pertinencia y tempestividad de la labor profesional.

3.1.- Desde esta perspectiva, asiste razón al impugnante, en cuanto tacha de arbitraria la determinación de los honorarios. Si bien algunas de las pautas que enuncia el citado art. 10, ley 6508 han sido mencionadas por el Tribunal de mérito, en su decisión está ausente una valoración integral de la real labor cumplida por la perito en la presente causa. Conforme a lo expuesto, la mera transcripción de lo normado por el citado art. 13 de la ley 24.432, o la alusión al monto que se dice involucrado en la labor pericial -esto es, los presuntos faltantes determinados por la perito-, resultan desacertadas para motivar el decisorio; añadiéndose que su fundamentación no se vincula con las concretas circunstancias de la causa que se resuelve. Igualmente, la decisión del Tribunal de apartarse de lo establecido por la ley 3706 carece de sustento legal. A más de aludir a una ley parcialmente derogada, resulta arbitraria la valoración del patrimonio de la entidad peritada, como elemento a considerar para cuantificar los honorarios profesionales de la perito.

La lectura del fallo impugnado revela que la cuestión fue decidida en forma arbitraria, aplicando pautas regulatorias que sólo resultan de la voluntad de los jueces. La determinación de los honorarios carece de sustento normativo, pues se sustenta en afirmaciones meramente dogmáticas; ignorándose por otra parte las razones que justifican su cuantía; dado que no se expresa una apreciación crítica y valorativa de la concreta labor desplegada por la perito, de acuerdo a las pautas que la ley ha previsto como relevantes a tal efecto. La Cámara a quo soslayó toda consideración sobre la fecha en que ha sido presentado el dictamen pericial; cuestión que de acuerdo a lo considerado, se vincula inescindiblemente con la determinación de las tareas a retribuir. De la sentencia emerge que los jueces de mérito aluden reiteradamente al contenido del dictamen presentado en este incidente; lo cual importa incluirlo como tarea remunerable sin dar razones suficientes en respuesta a los cuestionamientos de la contraria. Lo expresado no significa desconocer la tarea llevada a cabo; pues lo que la Sala a quo ha omitido es determinar el alcance de la labor válidamente cumplida.

Se concluye que, en estas condiciones, el "resultado obtenido" y "la calidad de la labor desarrollada" fueron arbitrariamente valorados, en tanto referencias vinculadas a un dictamen presentado mucho tiempo después de quedar sin efecto la designación de la perito.

En suma, la errónea valoración de la Cámara impide sustentar su razonamiento, en cuanto llevaría "necesariamente" a regular la suma de $32.000 (cfr. fs. 56 vta. y 57). Dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio, aquél en que la operación intelectual desarrollada carece de bases aceptables. La ausencia de fundamentación normativa y el quebrantamiento de las reglas de la lógica privan de motivación al decisorio, y lo descalifican como acto jurisdiccional válido. La motivación exigida por el art. 28 de la Constitución de la Provincia y art. 272 del digesto de forma, bajo pena de nulidad, implica la expresión del razonamiento de contenido crítico, valorativo y lógico con que el tribunal de alzada aprecia los agravios de quien recurrió por vía de apelación; lo que no ha sido observado en la sentencia impugnada.

Los déficit señalados vician la motivación de la sentencia en recurso, transgrediéndose lo dispuesto en los arts. 28 de la Constitución de la Provincia, y arts. 34, 40, 272, 273 inc. 4º y 280 del CPCC; por lo que a tenor de las normas citadas y lo expresamente dispuesto por los arts. 166 y 167 del digesto de forma debe ser declarada nula. En consecuencia, procede hacer lugar al recurso de casación en examen, y declarar la nulidad de la sentencia impugnada, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y por ende, jurídicamente descalificable, la que se dicta prescindiendo de la normativa aplicable al caso, y de las constancias obrantes en la causa que resuelve". "Para regular honorarios al perito contador se aplica la ley arancelaria de los profesionales en ciencias económicas, vigente al tiempo en que se desarrolló la labor profesional, en la medida en que normativiza el caso; atendiendo a la tarea efectivamente cumplida en el caso particular".

4.- Finalmente, agravia al recurrente la imposición de las costas procesales a su representada, por haber sido los directivos de la entidad, constituidos en denunciantes, quienes solicitaron la realización de la pericia; con mención de los arts. 246, segundo párrafo, 549 y cc. del CPP, y arts. 107 y 117 del CPCC.

De acuerdo a los antecedentes previamente reseñados, el pedido de regulación de honorarios de la perito tuvo lugar después de ser declarada nula su designación, la perito reclamó por esta vía incidental, se determinen los honorarios profesionales correspondientes. La compulsa de los autos principales revela que la causa continúa en la etapa de investigación; lo cual excluye el supuesto descripto en el art. 550 del CPP, que manda a los jueces decidir sobre el pago de las costas procesales y a cargo de quién corresponden, en toda resolución que ponga término a la causa o a un incidente.

Por su contenido, el auto regulatorio dictado en primera instancia no es resolución que ponga término a la causa o a un incidente, sino que se limita a determinar los emolumentos de la perito, a su pedido. En consecuencia, la Cámara excedió sus facultades, al decidir en forma parcial y anticipada sobre la imposición de uno de los rubros que integran las costas procesales. La distribución de los causídicos habrá de ser resuelta en la oportunidad correspondiente, de modo general y en relación a todo el proceso, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Libro V, Título IV de la ley adjetiva. Ello sin perjuicio del derecho al cobro de los honorarios que pueda asistir a la profesional -independiente de la condena en costas- , en virtud de la normativa que rige específicamente la retribución de la labor de los peritos en el proceso penal.

En este punto, la Sala a quo ha aplicado erróneamente los arts. 550, 246 y cc. del CPP citados en su resolución, al decidir en forma prematura sobre el pago de las costas generadas por la actuación de la perito. La segunda norma referida dispone que el perito nombrado a petición de parte puede cobrar sus honorarios directamente de ésta o del condenado en costas. Por ende, no cabe cargar al solicitante de la pericia, por su sola condición de tal, el pago de estos emolumentos a título de costas procesales. En el sistema legal, se trata de obligados diferentes que responden por causas distintas; sin perjuicio de que eventualmente la legitimación pasiva -concurrente- llegue a coincidir en un único sujeto, por haber sido la condenada en costas la parte que requirió la pericia.

A mérito de lo considerado, procede dejar sin efecto el pronunciamiento también en cuanto a la distribución de costas, conforme a la siguiente doctrina legal: "El derecho del perito nombrado a petición de parte, a cobrar sus honorarios directamente de ésta, es distinto e independiente de la distribución de las costas procesales, que se rigen por las reglas generales vigentes en la materia".

Por las razones expresadas, se declara la nulidad del fallo en recurso; debiendo ser restituidos los autos a la Excma. Cámara a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo a las doctrinas legales previamente establecidas. La presente decisión no implica pronunciarse sobre la de los emolumentos que correspondan a la labor profesional de la perito en el caso concreto; lo que deberá ser resuelto en la sentencia a dictarse, según el marco normativo establecido en este pronunciamiento.

En cuanto a las costas del recurso de casación en examen, a mérito del resultado a que se arriba, y no siendo imputable a las partes la declaración de nulidad, se distribuyen por el orden causado.

Devuélvase el depósito judicial, por no constituir requisito para la admisibilidad del recurso de casación previsto en el CPP.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 63/71 por el letrado apoderado del denunciante Círculo Médico del Sur, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIª del Centro Judicial de Concepción del 24/5/2002, conforme a las doctrinas legales enunciadas en los considerandos precedentes. En consecuencia, se declara su nulidad; debiendo restituirse los autos a la Excma. Cámara a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

II.- DISPONER la devolución del depósito.

III.-COSTAS del recurso de casación, como se consideran.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA