marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, juicio de árbitros, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cormorán SA de Navegación c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito de reward marine inc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

Procede suspender el dictado de sentencia en el trámite de revisión hasta que se acredite el resultado del proceso arbitral iniciado en la ciudad de Londres, Reino Unido, con relación a cierto contrato de fletamento celebrado con el fallido. Ello así cabe señalar que el proceso concursal no ejerce fuero de atracción sobre un proceso en trámite ante un Tribunal Arbitral (arg. CSJN, "Energomachexport c/ Establecimientos Miron SAICIFA, Fallos: 319:1287; Juzgado Nacional en lo Comercial N° 26, 31/05/04, "Tower Records Argentina SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por MTS Incorporated"). En esta línea se ha sostenido, respecto del eventual conflicto de competencia entre un tribunal arbitral y un tribunal judicial en etapa concursal que, por hipótesis, se plantearía frente al fuero de atracción (al menos, en el derecho interno), que una correcta hermenéutica de la ley concursal impone su interpretación en armonía con las restantes normas que integran la legislación y los principios que la informan, por lo que bajo, ciertas condiciones, los juicios arbitrales constituyen una excepción al fuero de atracción (CSJN, "La Nación SA y Otra c/ La Razón Editorial EFICyASA", Fallos 311:2227; Uzal María Elsa, "Derecho Internacional Privado", Ed. La Ley, p. 435/436). Desde esta perspectiva, señálase que el acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero, se halla legitimado para ocurrir a verificar su crédito en el trámite concursal en el país, con la sola condición de acreditar la reciprocidad en los términos de su acreencia, como así también para solicitar la suspensión del procedimiento a las resultas de lo que se resolviese en aquella jurisdicción donde tramita la causa excluida del fuero de atracción susceptible de sustentar un planteo de litispendencia (Uzal María Elsa, ob. cit., p. 436).
Cláusula penal, carácter resarcitorio, principio de inmutabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVARES, WASHINGTON c/ CARLOS MORINO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

Sabido es que las cláusulas penales no solo importan una liquidación por anticipado de los daños y perjuicios que el cumplimiento de la obligación cause al acreedor, sino que también tiene una finalidad eminentemente compulsiva, pues agregan un estimulo que mueve al deudor a cumplir la prestación principal para eludir así el pago de la pena; quiere decir que tal convención accesoria, por la cual se asume el compromiso de satisfacer cierta prestación sino se cumple lo debido o se lo hace tardía o irregularmente, refuerza las consecuencias que se derivan del incumplimiento, en la doble función conminatoria e indemnizatoria que corresponde otorgar a la cláusula penal.
Contratos administrativos, buena fe, equilibrio económico financiero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Co-Ingeniería S.A. c/ E.N. (Mº de Defensa-E.M.G.E.-) s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

Es contrario al principio de buena fe, pretender, una vez cumplidas las prestaciones originadas en el convenio, su revisión con base en una supuesta distorsión de la ecuación económica-financiera.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, honorarios del perito, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Pipito, Roberto Antonio y otros c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires  S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que redujo los honorarios regulados al perito contador, utilizando pautas de excesiva latitud y prescindiendo del predominio de las normas sustanciales sobre las procesales.
Honorarios, prescripción, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: URANI MIGUEL ANGEL Y OTRO c/ ANTONIO GOMEZ s/ ORDINARIO - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-19

En virtud de lo previsto por el art. 4032 inc. 1ro del C.C., el crédito por honorarios no regulados del abogado que cesó en su ministerio, prescribe a los dos años contados desde el momento determinante de la cesación o desde que el pleito fenece -por sentencia o transacción- , contemplando de esa manera situaciones especiales y, por ser tal,sólo permite interpretaciones estrictas y limitadas a los casos explícitamente enumerados.

El momento inicial del cómputo del plazo de prescripción es en principio el del acto,pero también se ha admitido que lo fuera desde que la parte tuvo conocimiento del hecho.

Ello implica que no resulta suficiente, para que empiece a correr el cómputo, que el cliente se presente en el expediente con nuevo patrocinio letrado, si no puso en conocimiento de su ex- patrocinante esa circunstancia ya que, hasta que ello no ocurra, el primer abogado puede estar en la convicción de que su patrocinio subsiste. No se nos escapa la inexistencia de una norma expresa que así lo determine empero, es importante recalcar en la circunstancia de que, a través de la notificación o anoticiamiento de la cesación del patrocinio, no sólo tendrá la certeza de que su patrocinado ha recurrido a otro letrado, sino también que, a partir de ello, le queda expedita la vía para ejercer las acciones cuya prescripción se pretenden.-
Honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Kestner  S.A.C.I. c/ Y.P.F.  Sociedad del Estado s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

En lo concerniente a los honorarios, el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - por referirse específicamente al recurso ordinario ante la Corte - debe prevalecer sobre el art. 244 del referido ordenamiento.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Adeff, Efrain T. s/ Recurso de Amparo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-12-11

Corresponde rechazar in limine el amparo cuando existen vías legales más apropiadas y no resultan acreditados los excepcionales presupuestos exigidos para la admisibilidad del amparo, en orden a urgencia, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta.
Trabajadores de Luz y Fuerza, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: BRASICH, HECTOR c/ SEGBA s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

No es procedente el reclamo de los actores que persiguen el cobro de diferencias en cuanto al rubro bonificación por antiguedad, toda vez que en diciembre de 1984 las partes colectivas acordaron un método de cálculo para dicho rubro, al que se ajustó la demandada y no hay razón alguna que justifique desconocer tal acuerdo en tanto constituyó una verdadera manifestación de autonomía colectiva.
Enfermedad accidente, stress
Materia: LABORAL
Carátula: NIEVAS, BLANCA E. c/ EMPRESA DE FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

El stress o síndrome general de adaptación, es producido por las reacciones del organismo al adaptarse a las exigencias y modificaciones del entorno o de su propio interior, y no puede evitarse mientras subsiste la vida, ya que todo sistema viviente se adapta de modo constante a las variaciones internas y externas. Los factores laborales son una de las fuentes posibles de stress, pero a los fines de obtener la indemnización derivada de la ley de accidentes del trabajo es necesario que se acredite que la tarea que realizaba el actor requería constantes reacciones de alarma y comportaba grandes responsabilidades.
Contratos, compraventa, vicios, vicios redhibitorios, automotores, ley de defensa del consumidor, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tapia, Matías Ezequiel c/ Lng Olivieri SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-19

1. En el marco de la acción redhibitoria in re ipsa incoada por el adquirente de un automóvil usado contra una concesionaria, con motivo de los daños y perjuicios ocasionados por los vicios ocultos que afectaron el vehículo, corresponde desestimar la defensa de prescripción incoada con sustento en la LDC 11. Ello así pues, en la especie, no corresponde computar el plazo de tres meses desde la entrega de la cosa sino desde la advertencia del vicio. 2. Cabe recordar que la LDC 3 dispone que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece dicha ley prevalecerá la más favorable al consumidor. A su vez, el art. 37 prevé que la interpretación del contrato se hará en igual sentido y que cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se estará a la que sea menos gravosa. Consecuentemente, cuando concurren más de una norma genérica -en este caso, LDC y el Código Civil- prevalecerá para su aplicación aquélla que contenga la interpretación más favorable para el consumidor afectado. 3. En virtud de ello, teniendo en consideración lo previsto por la LDC 18, el comienzo del plazo de tres meses fijado por el art. 11 de la misma ley debe computarse como lo prevé el CCIV 4041 a los fines de entablar la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato de compra venta.
Migraciones, transporte de pasajeros, responsabilidad del transportador, documentación migratoria, falta de documentación
Materia: ADUANERO
Carátula: "Varig S.A. c/ D.N.M. Disp. 4237/02 (Exp. 217553/00)". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-28

La empresa es responsable de transportar a los pasajeros con la documentación exigida por la normativa vigente. (Consid. V).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, expresión de agravios
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: S., G.F. y L., A.F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 198 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cuanto el alegado incumplimiento de lo preceptuado por el artículo 41 del Código Penal (el que, a criterio del quejoso, apareja la nulidad del pronunciamiento) fue tratado por la Sala en la denegatoria del recurso, al sostener que dicha tacha no resulto objeto de agravio por el encartado contra el pronunciamiento inferior, razón por la cual el Tribunal se encontró imposibilitado de espedirse, no constituyendo el mismo una causal de nulidad palmaria. Asimismo, tal argumentación no fue rebatida adecuadamente por la defensa técnica en oportunidad de deducir el recurso directo, conforme la carga que impone el artículo 8 de la ley 7055
Recurso extraordinario, contrato de obra pública, mayores costos, teoría de la imprevisión, ejecución de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE MARIA GHISANI c/ SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTORURAL s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

Aún de admitirse que lo concerniente al sistema a seguir para el cálculo del reajuste por mayores costos y excesiva onerosidad sobreviniente en la etapa posterior de ejecución de sentencia pueda configurar un agravio no conjetural, las objeciones formuladas son inatendibles, si la recurrente no demuestra concretamente en qué medida el método propuesto frustra la posibilidad de una solución adecuada al conflicto, o conduce a resultados que exceden los límites impuestos por las propias actuaciones y probanzas producidas en la causa, con menoscabo de sus derechos. El reproche se reduce así a la discrepancia con la aplicación en la especie de los arts.

514 y 811 del Código de rito de la Provincia de Buenos Aires y con la idoneidad de las pautas establecidas por el a quo a los fines de delimitar el cometido a cumplir por los peritos, lo cual no habilita el recurso en los términos de la doctrina de la arbitrariedad.
Confirmación de sentencia, rechazo in límine, cosa juzgada írrita
Materia: CIVIL
Carátula: GUARDIA EUSEBIA MIRTA c/ GUTIERREZ JULIO DANIEL s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-05

Corresponde confirmar la sentencia de origen que desestima in límine la demanda promovida, en tanto tal como lo sostuviéramos en anterior oportunidad ".la denominada "cosa juzgada írrita" que da pie a una acción autónoma de nulidad de la sentencia pasada, al menos formalmente, en autoridad de cosa juzgada, es una vía absolutamente excepcional (cfr. "BUCAREY NORMA BEATRIZ CONTRA ASOC. CULTURAL ARABE DEL NQN S/ PRESCRIPCION" (Expte. Nº 1452-CA-2; Sala I, PI 2003-II-379/383, entre otras); y en el caso, más allá de la reconocida gravedad que la imputación de prevaricato encierra, lo cierto es que el accionante no precisa con relación a quién se imputa la comisión del delito; ni ha denunciado la existencia de un pronunciamiento que así lo declare. (del voto de la Dra. Pamphile).
Excarcelación, robo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DECORTI, CARLOS EGIDIO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-15

Si al acusado se le atribuye participación en el delito de robo (C.P., art. 164) cuya escala penal en abstracto va de un mes a seis años , monto del daño causado, aspectos materiales y morales de las consecuencias delictivas ya resarcidas, modo y grado de participación del imputado en el evento, se puede estimar, prima facie, por aplicación además de las pautas mensurativas del art. 41 del C.P., que en caso de ser condenado el acusado no será privado de su libertad por un tiempo superior al de prisión ya sufrida, que alcanza a ocho meses y veinticinco días (C.P.P., art. 315, ley 7139).-
Costas, partes
Materia: PROCESAL
Carátula: ALBERTO SEFAIR Y HERMANO S.R.L. c/ DISCO S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-12-06

Cuando el resultado del pleito o incidente es parcialmente favorable a ambos litigantes o de la sentencia resultan vencimientos parciales y mutuos, las costas deben compersarse o distribuirse prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.

Resulta principio general en materia de costas que éstas deben ser distribuidas en proporción al éxito obtenido por las partes en las cuestiones sometidas a decisión del órgano jurisdiccional, resultando ajustado a derecho distribuirlas en forma proporcional cuando las pretensiones en juzgamiento hubieran tenido reconocimiento parcial, toda vez que es de equidad que así sea, al operarse una suerte de compensación de las mismas.-
Concurso preventivo, juez del concurso, verificación de créditos, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Farcuh Patricio Nicolas c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Cabe rechazar la oposición de la concursada a pagar el crédito verificado en favor de la AFIP. La cuestión traída a conocimiento de esta instancia obliga a recordar que uno de los efectos, quizás el más importante, que dimana de la ley 24522: 37 (salvo el supuesto de dolo, que aquí no se invoca) es el vinculado al alcance de la cosa juzgada material. Es que en el ámbito de validez intraconcursal la cosa juzgada inherente a alguno de los pronunciamientos dictados en el proceso universal impide que dentro del mismo proceso concursal pueda reabrirse el debate sobre la legitimidad del crédito y, en su caso, sobre la de su privilegio. Y es que, como lo enseña la doctrina procesalista, el primer efecto de la cosa juzgada consiste en la inimpugnabilidad de la sentencia dentro del mismo proceso en que se la ha dictado y sus efectos se proyectan incluso a aquellas cuestiones que, pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron (CNCom, esta Sala, 15.2.11, "Trinter SACIF s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por Oscar Arnaldo Benítez y otro"; en similar sentido, Sala E, 10.7.14, "Talleres Gráficos Morales SA s/ concurso preventivo s/ incidente de restitución de bienes por (HSBC Bank Argentina S.A.", entre muchos otros).
Iura novit curia, principios procesales, nomen iuris
Materia: PROCESAL
Carátula: BELTRAMONE DE SONDON SELVA Y SONDON JUAN CARLOS c/ GAL INMOBILIARIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1993-06-23

Es el juez quien debe determinar el derecho aplicable, la calificación legal corresponde a los hechos probados y son estos últimos los que lo limitan, no el derecho invocado por las partes.
Prescripción, interrupción de la prescripción, reconocimiento de las obligaciones
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA c/ ZAPIOLA, LUIS Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-09-01

En el caso de reconocimiento de deuda efectuado por el contribuyente es aplicable el art. 3989 del CCI. que regla la interrupción de la prescripción por el reconocimiento expreso o tácito que el deudor hace del derecho de aquel contra quién prescribía, disposición que resulta coincidente con lo que expresa el art. 111 inc. 1 del Código Fiscal.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, indemnización por incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CORREA STELLA MARIS c/ HORIZONTE ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-19

La incapacidad psiquica es consecuenica del accidente laboral y está correctamente tabulada en una 20%, toda vez que la demandante presenta síntomas compatibles con un R.V.A.N Grado III y ha tenido que pasar por situaciones penosas y humillantes como consecuencia del accidente sufrido, y sus consecuencias, con riesgo grave de pérdida de su trabajo a una edad en la que es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral, resultando, entonces, fundada la conclusión de la pericia en orden a que la actora presenta un estado psíquico general alterado, con un elevado monto de angustia, que ha virado hacia una depresión.
Cheque, cheque a la orden, nombre del beneficiario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fresedo, Julio s/ recurso de casación  Causa: 329
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Los bancos pagan cheques aún cuando resulta evidente que el nombre del beneficiario no ha sido colocado por el librador sino por un tercero.
Cohecho, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: P., A. E. Y OTRO s/ Cohecho (Expte. Nro. 496-00, Resolución Nro. 231, Tomo 56, Folio 427)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-06

El bien jurídico tutelado tiende al correcto y normal funcionamiento de la administración pública, sin tener en cuenta la licitud o ilicitud de lo encomendado, por cuanto se pretende la eliminación de la venalidad en la actuación del funcionario público que, para satisfacción de los intereses generales y la mayor eficacia del servicio, no debe tener otro aliciente que el deber y su remuneración, y no debe incurrir en la conducta de recibir dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar hacer algo relativo a sus funciones (cohecho pasivo del art. 258 C.P.), ni el ciudadano la paralela conducta de provocarla (art. 256 del C.P.)".
Procedencia del recurso, declinatoria, Ministerio Público Fiscal, desobediencia a un funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: FIGUEROA, F. G. c/  s/ Incompetencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación incoado por el representante del Ministerio Público Fiscal y revocar la declinatoria arbitrada en favor de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto la desobediencia aludida -delito previsto en el art. 239 del CP en varias oportunidades-atenta contra la administración de justicia del Poder Judicial de la Nación.

Las medidas cautelares transgredidas fueron dictadas a través de una orden impartida por una magistrada nacional y no de un funcionario local, por ello los episodios de autos no se adecúan a la propia letra de la Ley 26702. En ese sentido, cabe destacar que según la doctrina de la CSJN, los delitos ejecutados en perjuicio de la administración de Justicia Nacional de la CABA son, en principio, de competencia de los Tribunales Nacionales Ordinarios.
Tribunales internacionales, admisibilidad de la prueba, competencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguridad jurídica
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso López Mendoza c/ Venezuela s/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-10-23

En un tribunal internacional cuyo fin es la protección de los derechos humanos, como la Corte Interamericana, el procedimiento -máxime en lo relativo a la materia probatoria-, reviste particularidades propias que la diferencian del procedimiento en el derecho interno, pues requiere de menos formalidades y mayor flexibilidad que éste, sin que ello signifique dejar de velar por la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes, de allí pues, que en el marco de su competencia contenciosa, goce de amplias facultades para recibir la prueba que estime pertinente.
Régimen penal cambiario, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, actos interruptivos, resolución administrativa, instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SILBERFURS S.A. s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-09

Corresponde revocar la resolución de primera instancia que declaró prescripta la acción penal respecto de la presunta comisión de una infracción cambiaria, si el plazo de seis años de prescripción se encuentra interrumpido por la resolución del organismo administrativo que resolvió instruir sumario, pues ella constituye secuela de juicio.
Responsabilidad del funcionario público, procedimiento administrativo, costas, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zifar  S.R.L. c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

No es posible admitir la responsabilidad del Estado por los actos de sus funcionarios - con la correlativa obligación de indemnizar - por las alternativas a que se vea sometido el administrativo aún cuando haya resultado absuelto, habida cuenta de que la conducta del Estado recién aparece técnicamente expresada o concretada en la resolución que le pone fin, ya que con anterioridad el proceso de formación de tal conducta o voluntad no se halla concluido. Con lo que va dicho que el daño que pudiera derivar de la sustanciación misma (en el caso, gastos originados en su defensa) para el imputado, éste debe absorberlo.