Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-14


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 14 de 2009.

El doctor Guibourg dijo:

El juez de primera instancia rechaza la acción y fija las costas por su orden, ya que considera que la liquidación por quiebra de la empresa extingue el contrato de trabajo, y que según el art. 199 de la Ley Nº 24.522, la contratación de los antiguos dependientes de la fallida por el continuador de la explotación no comprende el reconocimiento de la antigüedad anterior. Contra esa resolución se alzan las partes actora y demandada según sus respectivas presentaciones de fs. 423/424 y vta. y 425/426, que merecieron las réplicas de fs. 430 y vta. y 433/435 y vta. Por su parte, la letrada del actor y la perito contadora apelan sus honorarios porque los consideran bajos (v. fs. 424 vta. pto. 3 y 429).

El actor se considera agraviado porque el juez no advierte que es el Síndico de Nef SRL quien, en su carácter de administrador de los bienes desapoderados al fallido, acepta la oferta de locación temporaria de la planta industrial propuesta por Eskabe SA en el incidente de la quiebra, y que esa locación sigue vigente a la fecha. Agrega que esos montos son utilizados por la sindicatura para pagar incluso a los ex trabajadores que se retiraron y verificaron sus créditos, y que no se ha dispuesto la liquidación por venta del establecimiento para abonar los diferentes créditos reconocidos. Cita doctrina para respaldar su planteo, cuestiona la aplicación del art. 199 de la ley 24.522 porque entiende que esa norma no derogó los arts. 225 y 228 de la LCT y nada dice sobre los efectos de la antigüedad en cuanto a la composición salarial del trabajador absorbido por el nuevo empleador. Por último, cuestiona los honorarios regulados al perito contador por altos.

La parte demandada, en cambio, se queja porque la sentencia impone las costas en el orden causado cuando no sería correcta esa solución porque el actor no obtuvo resolución favorable y el reclamo carece de fundamentos. Por último, apela por altos los honorarios regulados a todos los profesionales actuantes en el expediente.

Adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso de apelación presentado por la parte actora no prosperará.

De Giuli dice que Eskabe SA, su actual empleadora, es continuadora de la explotación desarrollada por las fallidas Ranesi SA y Nef SRL, y que por esa razón debe reconocer su antigüedad desde el 1/8/91, fecha en la que empezó a trabajar para estas últimas.

Todo parece indicar que, cuando se inició el vínculo entre el actor y la demandada, ya se había extinguido el contrato de De Giuli con Ranesi SA (art. 386 CPCCN), por la declaración de la quiebra.

El art. 196 de la Ley 24.522 dispone que la quiebra suspende el contrato de trabajo de pleno derecho por 60 días, y que vencido ese plazo sin que se hubiera decidido la continuación de la empresa, el contrato queda disuelto a la fecha de la declaración en quiebra.

El actor acompaña recibos de haberes extendidos por Ranesi SA, aunque sostiene que esa empresa explotaba la fábrica junto con Nef SRL, ya que pertenecían a un grupo empresario que era de propiedad de la misma familia (v. fs. 31).

Pues bien, del informe que acompaña el Juez a cargo de la quiebra de Nef SRL (v. fs. 296) se desprende que el 7 de julio de 2000 se decretó la quiebra de esa firma, mientras que de las declaraciones de Roberto Enrique Montorsi y José Luis Escuderi (v., respectivamente, fs. 346 y 354) surge que antes de que Eskabe SA se hiciera cargo del predio, transcurrieron aproximadamente nueve meses ya que este suceso acaeció aproximadamente para marzo de 2001 (art. 90 LO). En este aspecto, tampoco es un dato a soslayar que la accionada acredita que antes de hacerse cargo del personal que trabajaba en las empresas quebradas, acordó con la UOM establecer un período de prueba de 6 meses para esos trabajadores (v. informe de fs. 153/160).

Sin perjuicio de lo expuesto, me permito señalar que, aun cuando se considerara que la transferencia del establecimiento que informa el síndico de Ranesi SA a fs. 166 aconteció sin solución de continuidad, tampoco asiste razón al actor en el reclamo.

En efecto, el art. 199 de la LCQ establece que "El adquirente de la empresa cuya explotación haya continuado, no es considerado sucesor del fallido y del concurso respecto de todos los contratos laborales existentes a la fecha de la transferencia...".

La regulación para el supuesto de transferencia del contrato de trabajo prevista en el título XI de la LCT está prevista con alcance general. Pero cuando ese negocio jurídico está vinculado con la declaración de quiebra del anterior titular del contrato de trabajo, la solución para ese caso está especialmente contemplada en el art. 199 de la Ley 24.522. No hay duda que justifique resolver aplicando el principio de continuidad de la relación o el principio de la norma más favorable, tal como pide el apelante.

La doctrina que el recurrente cita para sustentar su planteo (Miguel A. Sardegna, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada, anotada y concordada", pág. 540, v. fs. 423 vta. y fs. 31 vta., Editorial Universidad, Buenos Aires, 1991) se refiere a un comentario de ese jurista relativo al art. 189 de la antigua ley de Concursos y Quiebras Nº 19.551 (derogada por la ley 24.522 en 1995, es decir, seis años antes de que se concretase la transferencia); las ediciones posteriores de la obra que toman en cuenta la modificación de la ley (v. por ejemplo, Miguel Ángel Sardegna, Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas, comentada, anotada, concordada, octava edición actualizada, Editorial Universidad, pág. 507, comentario al art. 225 de la LCT) ya no incluyen, en opinión de ese autor, el reconocimiento de la antigüedad en estos casos.

En cambio, propongo revocar lo decidido en grado en materia de costas y establecer que las de ambas instancias se encuentran a cargo del actor (art. 68, primer párrafo, CPCCN). Las constancias examinadas no acercan motivos que permitan justificar que el actor pudo considerarse asistido de mejor derecho para reclamar, especialmente cuando de fs. 166 surge que se presentó a verificar su crédito en la quiebra de Ranesi SA.

Considero que los honorarios regulados en autos para la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y para el perito contador son adecuados a la totalidad de las tareas llevadas a cabo por esos profesionales, por lo que propondré su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias vigentes). Asimismo, propongo regular los honorarios de los firmantes de fs. 423/424 y vta., 425/426, 430 y vta. y 433/435 y vta. en 25% de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c. Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto". Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, para que se confirme el fallo de primera instancia en lo principal que decide y revocarlo en materia de costas, que deberán imponerse para ambas instancias a cargo del actor (art. 68 CPCCN). Propongo, también, regular los honorarios de los firmantes de fs. 423/424 y vta., 425/426, 430 y vta. y 433/435 y vta. en 25% de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado.

La doctora Porta dijo:

Que por idénticos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal Resuelve: I. Confirmar el fallo de primera instancia en lo principal que decide; II. Revocarlo en materia de costas y fijarlas para ambas instancias a cargo del actor (art. 68 CPCCN); III. Regular los honorarios de los firmantes de fs. 423/424 y vta., 425/426, 430 y vta. y 433/435 y vta. en 25% de lo que a cada uno corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado. - Elsa Porta. - Ricardo A. Guibourg.