Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-19


Causa Nº 20339-00/CC/2006 Caratulada:"Casino Puerto Madero (Responsable) s/inf. Art. 60 ley 1472. Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, a efectos de resolver el recurso interpuesto en la presente causa.

La Marta Paz dijo:

Y VISTOS:

1º) La resolución de fecha 5 de octubre de 2006 que dispuso declarar la nulidad del acta de fs. 140/141vta., que documentó la audiencia a tenor del art. 41 de la ley 12 y el requerimiento de juicio abreviado (fs. 146/148vta.).

El recurso de apelación interpuesto por el cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas N° 9, Sergio Martín Lapadú (fs. 150/152vta.).

La presentación de la Sra. Fiscal de Cámara obrante a fs. 161/vta.

Y CONSIDERANDO:

2º) El recurso ha sido interpuesto contra una resolución interlocutoria por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible (conf. Arts. 6 de la L.P.C. y Art. 449 y ss. del C.P.P.N.).

Corresponde evaluar si el decisorio recurrido causa un gravamen irreparable que habilite la vía recursiva (art. 449 in fine). Dicho gravamen se produce cuando el decisorio recurrido cause un perjuicio tal que "...no es susceptible de obviarse durante el trámite del proceso ni en la sentencia definitiva, de suerte que puede frustrarse el ejercicio de derechos procesales..."(Francisco J. D´Albora, "Código Procesal Penal de la Nación. -Anotado. Comentado. Concordado"- Tomo II, pág. 1026, Ed. LexisNexis Abeledo-Perrot, 7ma. edición, Bs. As.,2005).

Como ha sostenido este Tribunal en innumerables casos, se configura dicho gravamen en autos debido a que la resolución impugnada coloca a la imputada en la situación de tener que enfrentar un juicio, siendo que la tutela de los derechos que se invocan no resultaría efectiva en una oportunidad procesal posterior.

3º) Los agravios del Sr. Fiscal pueden resumirse en que cuestiona como errónea la interpretación de la ley ritual que realizó la Jueza a quo en lo concerniente a la aplicación del art. 13 de la ley 1472 que tacha como extensiva y analógica.

4º) Con fecha 18 de septiembre del cte., se llevó a cabo la audiencia prevista por el art. 41 de la ley 12, donde "Casino Buenos Aires S.A.", representada por el Santiago Blanco Bermúdez, fue imputada conforme las previsiones del art. 13 de la ley 1472 de los hechos contravencionales previstos y reprimidos por los arts. 60 y 61 de la ley 1472.

5º) Yerra la jueza a quo al sostener que en las condiciones de autos no pudo ser realizado el juicio abreviado. En efecto, habiéndose acordado una multa, tanto el fiscal como el apoderado de la imputada se encontraban legitimados para así hacerlo. El fiscal conforme lo dispuesto por el art. 43 de la LPC y el mandatario porque el poder que le fuera otorgado por la empresa resulta apto para esos fines, desde que la responsabilidad que asume es de carácter patrimonial. No resultan aplicables al caso, ni siquiera analógicamente, las exigencias procesales que se imponen a quienes como mandatarios se presentan querellando las que son de interpretación restrictiva.

A contrario sensu, desestimar las facultades del apoderado conllevaría introducir cuestiones que no fueron motivo de agravio ni tratamiento o consideración por la resolución recurrida, e importaría una afectación al derecho a la defensa.

6º) La imputada admitió que el día 10 de junio de 2006, aproximadamente a las 23.30 hs., la menor de 16 años, E. T., ingresó al buque Estrella de la Fortuna y permitió que consumiera bebidas alcohólicas en Dársena Sur, Muelle Este del Puerto Local, sito en Av. Elvira Rawson de Dellepiane s/n° de la Ciudad de Buenos Aires. Así, tras el reconocimiento del hecho por parte del representante legal de la empresa y abogado en causa propia, Bermúdez, las partes acordaron la "resolución definitiva del conflicto" a partir del instituto contemplado en el art. 43 de la ley 12, confeccionándose el acta de rigor.

La a quo no hizo lugar al acuerdo voluntario celebrado entre las partes y resolvió declarar la nulidad del acta y del requerimiento de juicio abreviado. Fundó su postura en que el art. 13 de la ley 1472 sólo es aplicable a las contravenciones tipificadas en los arts. 54 y 82 del mismo cuerpo normativo y no así a las de los arts. 60 y 61 investigadas en autos. Considera la magistrada que nos encontramos "...ante un Código con un sistema específico de penas, la interpretación armónica de los arts. 13, 54 y 82 del Código Contravencional, me conducen a la conclusión que la aplicación de sanciones a las personas de existencia ideal, sólo es procedente en los casos expresamente previstos..." (fs. 147vta./148).

7º) La "interpretación analógica" no está proscripta toda vez que sería difícil la aplicación de la normativa sin la utilización de ésta en el razonamiento. El Eugenio Raúl Zaffaroni ha sostenido que:..."lo que es menester apuntar es que nadie pretende excluir la analogía como forma o recurso del pensamiento. El argumenteum a simile no tiene porqué ser eliminado del derecho penal: la "violencia" del art. 164 CP es análoga a la del art. 280. Cuando se aplica un principio a un cierto grupo de casos, de no haber una disposición legal o razón válida que diga lo contrario, no media razón para abstenerse de aplicarlo a otro que se halle en una relación esencial con éste. De no aplicarse la analogía en la lógica jurídica, la construcción jurídica sería prácticamente irrealizable, porque el pensamiento acude ineludiblemente a la analogía, dado que la comparación es indispensable para el razonamiento." (Eugenio Raúl Zaffaroni, "Manual de Derecho Penal. Parte General", 2da. edición, pág.118, Ed. Ediar, Bs. As, 2003).

En el mismo orden de ideas la Corte ha sostenido: "...es jurisprudencia clásica que la proscripción, en el orden represivo, de la aplicación analógica o extensiva de la ley, no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación...Ello, claro está, sin dejar de puntualizar que las prohibiciones de analogía en el ámbito penal se sustentan en la debida correlación entre la sanción y el bien jurídico..."(Fallos:316:1223).

Conforme las consideraciones que se formulan arriba la interpretación hecha en la resolución resulta restrictiva y "contra legem".

8º) A fin de interpretar acabadamente el alcance de la normativa aplicable, resulta necesario el análisis de los términos empleados por el legislador en los arts. 60 y 61 del C.C., para ello nos remitiremos al Código de fondo en la materia.

El artículo 13 C.C. enuncia: "Cuando una contravención se comete en ocasión del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona de existencia ideal, esta es pasible de las sanciones que establece este Código..." (el subrayado me pertenece).

Los artículos 60 y 61 del C.C. disponen que es sujeto activo: "El propietario/a, gerente/a, empresario/a, encargado/a o responsable..." (el subrayado me pertenece).

El art. 2506 del Código Civil define al dominio diciendo: "El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona." Los derechos reales pueden ser exclusivos o no exclusivos, según no admitan o sí admitan la concurrencia de varios titulares sobre la misma cosa. El dominio pertenece a la primera categoría, de modo que es de su esencia reconocer un sujeto único, que puede ser persona física o jurídica. (Conf. Beatriz A. Aréan, "Derechos reales 1", 6ª ed., págs.237/242, Ed. Hammurabi. José Luis Depalma Editor).

Son requisitos de la "personalidad" de las personas jurídicas privadas: 1) finalidad de bien común, 2) patrimonio propio, 3) dispositivo de actuación, 4) un acto constitutivo emanado de los particulares, y 5) un acto de reconocimiento estatal. (Conf. Jorge Joaquín Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Tomo II, pág. 91, Ed. Perrot, Bs. As. 1975). Al adoptar la imputada en autos uno de los tipos societarios de la ley 19.550, se cumplen todos estos requisitos.

Es decir que, el propietario, es sujeto activo de la norma referida que puede ser tanto una persona física, como jurídica o de existencia ideal, supuesto que comprende entonces al propietario del Casino Estrella de la Fortuna.

Las constancias de fs. 127/133 dan cuenta asimismo del carácter de agente operador -empresario- que ostenta Casino Buenos Aires S.A. en relación a la explotación del buque Estrella de la Fortuna.

Se advierte el desacierto de la afirmación que fundara la resolución recurrida ("los tipos contravencionales imputados por el Sr. Fiscal requieren que la acción haya sido llevada a cabo por una persona de existencia física, ya que tanto el art. 60 como el 61 específicamente refieren: 'El propietario/a, gerente/a, empresario/a, encargado/a o responsable...' con lo cual, en modo alguno, procedería la imputación a una persona de existencia ideal.", según surge a fs. 148) cuando tal aserto implica interpretar el concepto propietario en contradicción con las normas civiles dictadas por el Congreso Nacional en orden a la competencia que constitucionalmente le corresponde.

Por todo ello, al "Casino Buenos Aires S.A." le son perfectamente atribuíbles las contravenciones imputadas de acuerdo a una interpretación correcta de los términos utilizados en la norma.

9º) Es oportuno señalar que los tipos contravencionales de los arts. 60 y 61 del C.C. son de peligro abstracto debido a que se configuran con la falta o ineficiente deber de cuidado.

En esa línea de pensamiento es dable recordar lo sostenido por Roxin en una de sus obras al decir: "Schünemann ha modificado ese punto de partida en el sentido que la cuestión no depende de la infracción objetiva del cuidado debido, sino de la subjetiva, por lo que habría que determinar el delito de peligro abstracto como una tentativa imprudente (en su caso incluso inidónea). Según esto habría ya punibilidad si el autor deja de observar solamente las medidas de precaución subjetivamente requeridas desde su perspectiva, por mucho que, considerando todas las circunstancias, las precauciones adoptadas sean objetivamente suficientes para eliminar el peligro. Esta posición se puede aprobar; 'pues lo que precisamente sigue siendo adecuado a la culpabilidad, es lo que más se aproxima a la decisión del legislador descuidando el principio de culpabilidad'... 'Las concepciones indicadas, pese a todas sus diferencias en puntos concretos, coinciden en que ven el fin de los delitos de peligro abstracto en la protección de bienes jurídicos, sino para garantizar 'seguridad'. Y seguridad es el 'estado jurídicamente garantizado que está previamente cuidado de modo suficiente', la 'legítima despreocupación al disponer de bienes', mientras que la lesión del bien jurídico no es 'punto de referencia' ni para el reproche de injusto ni para el de culpabilidad." (Claus Roxin, "Derecho Penal. Parte General" Tomo I, pág. 408/409, Ed. Civitas, (Madrid) España, 1997).

10º) En cuanto a la teoría del dominio del hecho aplicada en relación a las personas jurídicas, supone obligadamente la posibilidad que tiene la persona jurídica (autora) de desbaratar el plan, de retirar la contribución, de abandonar el hecho (conf. David Baigún, "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", págs. 192/193, Ed. Depalma, Bs. As., 2000). En el presente caso, el Casino pudo haber desbaratado el plan o acción imputada, o mejor aún debió evitarlo, lo que no hizo.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo:

I. REVOCAR la resolución apelada.

II. HOMOLOGAR el acuerdo celebrado el 18 de septiembre de 2006 a fs. 140/141vta. conforme al art. 43 de la ley 12.

Así lo voto.

Los Dres. Silvina Manes y Jorge A. Franza dijeron:

1º) Llega a estudio de esta sala la presente causa en virtud del recurso de apelación deducido por el titular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas Nº 9, Sergio Martin Lapadu (fs. 150/2 vta.) contra la resolución que dispuso declarar la nulidad del acta de fs. 140/1 que documenta la audiencia a tenor del art. 41 de la ley 12 y el requerimiento de juicio abreviado (fs. 146/8).

2º) El Sr. Representante del Ministerio Publico Fiscal, de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho que ventila en el escrito obrante a fs. 150/2, brega por la revocatoria de la resolución en cuestión, impetrando el dictado de una sentencia ajustada a derecho, como asimismo, el apartamiento del magistrado interviniente en la causa por afectación del principio de imparcialidad.

3º) Se encuentran acreditados los requisitos de admisibilidad objetiva y subjetiva del recurso interpuesto, motivo por el cual es formalmente procedente (art. 6 LPC y 449 y ss. del CPPN), siendo en este sentido correcto el análisis que efectuara la Sra. Juez de grado a fs. 156/7.

4º) Resulta prioritario examinar, como en toda causa de naturaleza penal, la existencia o no de nulidades, ello así pues, de existir algún vicio de insusceptible reparación, las presentes actuaciones habrían perdido virtualidad y, en consecuencia, se carecería en autos del imprescindible objeto procesal que le diera vida y dinámica. La normativa adjetiva supletoria (art. 168 del CPPN) establece que cuando un Tribunal compruebe una causa de nulidad tratará de eliminarla inmediatamente.

En este sentido es dable señalar que el acuerdo suscripto entre el titular de la Fiscalía que se agravia y el abogado Santiago Blanco Bermudez, compromete penalmente a una persona jurídica por el accionar de un tercero, por lo que es necesario analizar, minuciosamente, en primer término, si quien se encuentra actuando en representación de Casino Buenos Aires SA tiene poder suficiente para ello.

Consideramos que en el poder presentado por Blanco Bermudez se encuentra el serio vicio que nulifica el acuerdo suscripto, ya que el nombrado letrado carece de mandato suficiente para asumir en nombre de la persona de existencia ideal la responsabilidad de naturaleza penal a que daría lugar la homologación de tal convenio.

Por un lado es necesario señalar que conforme el art. 268 de la ley de Sociedades Comerciales, la representación de una sociedad anónima corresponde al presidente del directorio, o a los directores que específicamente autoricen sus estatutos.

Tal como surge del poder obrante a fs. 135/6 Tomas Isidoro Martinez Olmedo otorgó poder general judicial amplísimo, a partir de la autorización que a tal efecto le efectuara el Directorio de Casino Buenos Aires SA en fecha 3 de junio de 2005, al nombrado Blanco Bermudez; sin embargo nada refiere de modo especifico a los límites o extensión de su mandato en las presentes actuaciones.

5º) No resulta ocioso recordar que para que el apoderado sea legitimado activamente en el proceso es necesario que el poder especial judicial contenga una manifestación inequívoca de la voluntad de accionar, referencia al delito investigado y juzgado interviniente. El art. 83 CPPN (de aplicación supletoria conforme el art. 6 de la LPC) establece que "la pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal o por mandatario especial que agregará el poder, con asistencia letrada...".

En tal sentido, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes (ver Rubianes, Carlos J., "La querella de acción pública", 1964, Ed. Depalma, ps. 75/7; Navarro, Guillermo R., "La querella", 1981, Ed. Pensamiento Jurídico, p. 127; C. Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 1ª, c. 9244 "Bonavita, O. A.", del 20/12/1968; c. 9609 "Botscher, M.", del 6/5/1969; Sala 3ª, c. 12562 "Salas, Bernardo", del 23/11/1979; c. 13299 "Di Giorno, Miguel", del 8/7/1980; c. 15141 "Palomba, Oscar", del 26/2/1982; C. Nac. Crim. y Corr. Fed., sala 2ª, c. 6751 "Incidente de falta de personalidad en el acusador particular y falta de acción planteada por la defensa de Susana Siciliano", del 19/9/1990).

6º) Los principios de derecho común relacionados con el mandato y una correcta interpretación sistemática de normas legales que son eran aplicables a la querella obligan a trasladarlos al supuesto que nos ocupa, para sostener la necesidad de la intervención judicial de la persona jurídica imputada por medio de un mandatario especialmente investido para ello.

7º) Es dable señalar que del poder general agregado en autos a fs. 135/7 ni siquiera se otorga a Blanco Bermudez facultades especiales para asuntos penales, por lo que no es posible reconocerle la personería invocada a fin de asumir las consecuencias punitivas de la conducta imputada al ente ideal.

Es evidente que la aceptación de la responsabilidad contravencional (que es de naturaleza penal, y no de "carácter patrimonial") puede acarrear consecuencias de índole civil -reparatorias o resarcitorias- o de índole administrativo -mas aun en el caso de marras en que Casino Buenos Aires SA que actúa autorizado en el marco de una concesión otorgada por Lotería Nacional mediante resoluciones Nº 292/99 y 84/02-, todo lo cual obliga a exigir mandato especial para suscribir acuerdos como el presente, en el que no sólo se renuncia a la realización de un juicio oral y publico, sino que, antes bien, se asume la comisión de una conducta contravencional y a partir de tal reconocimiento, se habilita la imposición de una pena pecuniaria.

Por otra parte, también esta exigencia tiende a rodear de firmeza la actuación y evitar que las eventuales responsabilidades asumidas por el mandante puedan ser eludidas y queden ilusorias, por el posible desconocimiento por su poderdante de lo actuado por su representante, ante un exceso del mandato general.

Nótese que el art. 58 de la ley de Sociedades comerciales (ley 19550) establece que "El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social".

Es notorio que el objeto social de Casino Buenos Aires SA nunca puede estar constituido por una actividad ilegal. De allí que si del mandato nada surge sobre la actuación del apoderado judicial en la causa contravencional, la pena que eventualmente pudiere surgir del acuerdo abreviado celebrado en autos, puede ser desconocida por la referida sociedad, truncándose de esta manera su pago.

El juego de las normas rectoras de los arts. 1879 y 1884 Código Civil, ha permitido elaborar el claro sentido de los actos que son consecuencia natural del negocio jurídico o los negocios jurídicos determinados, que el poderdante ha encargado hacer. En su virtud, no se rechaza la posibilidad de que existen facultades implícitas, que la propia naturaleza de los actos encomendados presuponen, para la mejor realización del objeto del mandato. Sin embargo, es indudable que en el caso concreto el poder especial debe contener e individualizar la causa contravencional, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ha cometido la contravención imputada, por estar vinculada estrechamente con la determinación del ámbito de actuación societaria, máxime en casos como el presente en que se pretende dar cabida a la responsabilidad social por hechos ejecutados por las personas subordinadas.

8º) En la especie, el apoderado sobrepasó los límites del mandato y obró sin autorización de Casino Buenos Aires SA.

Creemos oportuno destacar que no se trata de invalidar una escritura pública sino de establecer si ésta contiene los requisitos necesarios, o sea, si es autosuficiente a los fines para los que es requerida, siendo notorio que no reúne los mínimos requisitos como para tener por legitimada la actuación del Blanco Bermúdez en representación de Casino Buenos Aires S.A., en la suscripción del acuerdo abreviado cuestionado.

9º) El vicio señalado constituye una nulidad de orden general prevista por el art. 167 inc. 3 de CPPN, que reza: "Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes:...3º) A la intervención asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece", y por lo tanto, por los fundamentos desarrollados, deberá convalidarse la declaración de nulidad del acuerdo señalado. Debemos señalar que no entraremos a analizar el mérito de la argumentación desarrollada por la Sra. Juez de la Instancia ya que la falta de legitimación de Blanco Bermudez torna directamente invalido el acuerdo que suscribiera.

Finalmente, no podemos dejar de resaltar que el abogado Blanco Bermudez se hizo cargo de su defensa, situación que fue aceptada sin mas por el Ministerio Publico Fiscal. Sin embargo considero que toda resolución que importe prescindir de un defensor técnico debe ser fundamentada, mas aun cuando el imputado -aún revistiendo la calidad de abogado, como en el caso de autos- está admitiendo lisa y llanamente, en nombre de una persona juridica, la responsabilidad contravencional que se le esta imputando.

10º) Por todo lo expuesto, proponemos al acuerdo: Declarar la nulidad del acta de fs. 140/1 y en consecuencia el acuerdo de juicio abreviado allí celebrado, en atención a la falta de legitimación del Blanco Bermúdez.

Así votamos.

11º) Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

DECLARAR la NULIDAD del acta de fs. 140/1vta. y en consecuencia el acuerdo abreviado allí celebrado (art. 167 inc. 3, art. 6 y art. 51 de la L.P.C.).

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y remítase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 16, a fin de que practique las notificaciones pertinentes.

Ante mí:

Ende diciembre de 2006 notifiqué a la Fiscalía de Cámara. Conste.

En de diciembre de 2006 notifiqué a la Secretaría General de Cámara de la remisión de la causa al juzgado de origen. Conste.

En de diciembre de 2006 se remitió al juzgado de origen. Conste.