marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de inconstitucionalidad, acordadas, competencia criminal y correccional, alternativas a la prisión, emergencia sanitaria, coronavirus, independencia del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Asociación Civil Usina de Justicia c/  s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-02

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que recomienda a los magistrados del fuero extremar los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria atendiendo prioritariamente la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo descriptos por la autoridad sanitaria, dado que atenta contra la garantía constitucional de independencia de los jueces.
Estabilidad del empleado público, régimen disciplinario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMUNDO, Santiago c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

La estabilidad de la que gozan los empleados públicos, no importa un derecho absoluto a permanecer en la función "sine die" dado que el ente administrador puede dentro de su esfera de discrecionalidad y evaluando la actividad del agente, dictar el derecho de cesantía u otra medida que considerase pertinente.
Accidentes de trabajo, monto del juicio, sentencia, empleador, terceros
Materia: LABORAL
Carátula: Decima, Pedro Jesús c/ Fate S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

La sentencia que dispuso eximir a la demandada del pago del monto de condena teniendo en cuenta que el actor había obtenido en sede civil una sentencia que le reconocía el derecho a percibir -por los mismos daños- una suma mayor, se apartó del régimen establecido por el art. 5 de la ley 24.028, en tanto condiciona las relaciones entre el empleador y el tercero responsable a la existencia de un pago previo al damnificado, que habilita tanto la reducción de la obligación del empleador como la subrogación legal hasta concurrencia de su desembolso (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Contrato de trabajo, ejercicio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Rogers, Adriana Elizabeth c/ Asociación de Obras Sociales de Trelew s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-12

Así como es lo normal y típico que un trabajador industrial enajene su fuerza de trabajo a empresarios de su actividad a través de la celebración de un contrato de trabajo, no lo es necesariamente que un profesional universitario lo haga de la misma manera puesto que, de hecho, la misma denominación de "profesiones liberales" indica que lo normal es lo contrario: la prestación del propio arte o ciencia en condiciones de autonomía.
Sana crítica racional, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Z.O.E. s/ RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto, Fernando Ramón Ávila y Claudio Sebastián Contreras y René Fernando Contreras del Pino en contra de la Sentencia Nº Uno/2010, en causa "Expte. letras "M-Y-Z" Nº 122/09
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-30

Contra la sentencia que condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Sometimiento Gravemente Ultrajante (un hecho continuado), previsto y penado por los arts. 119 -segundo párrafo- y 45 del Código Penal (hecho nominado Primero) a sufrir la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (Arts. 12, 40 y 41 del Código Penal).dicha resolución, recurren en casación los asistentes técnicos del imputado.

Los recurrentes enmarcan sus críticas en los incisos 2º y 4º del art. 454 del C.P.P., (inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas e inobservancia de las normas que el Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta (art. 187, 2º parte), el recurrente hubiera reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hubiera hecho protesta de recurrir en casación).

Los impugnantes manifiestan su disconformidad con lo decidido y exponen su propio juicio sobre el valor de la prueba producida, pero omiten describir en forma clara y precisa en qué consisten las contradicciones y defectos del pronunciamiento, como también omiten desarrollar argumentos suficientes con relación a los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales que invocan en sustento de su pretensión.

No obstante lo dicho, después de revisar la sentencia impugnada, concluye el Tribunal que sus decisiones se encuentran debidamente fundadas, en tanto la credibilidad del testimonio de la menor víctima fue establecida por el a quo con los informes técnicos psicológicos producidos respecto de ella, y hasta con el testimonio del perito de parte, compatibles todos ellos con los dichos de su madre y de su ahora esposo.

Por ello, en tanto los recurrentes no demuestran la violación que invocan de las reglas sobre la valoración de la prueba, es dable tener como acertado el relevante valor incriminatorio acordado por el juzgador al relato de la víctima, en tanto éste luce suficientemente claro y detallado, coherente y corroborado por distintos elementos de juicio ponderados en la sentencia, como los referidos informes psicológicos y el testimonio del perito de parte, que dan cuenta de la ausencia en ella de signos de fabulación o confabulación como también de exacerbación de contenidos imaginativos o de distorsión deliberada de la realidad, y señalan -además- indicadores de agresión sexual.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Desistimiento de la prueba, llamamiento de autos
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSSI, E. c/ BANCO SHAW. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Importa desistimiento de la prueba pendiente el consentimiento del llamado de los autos para sentencia.
Daño resarcible, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: CASTAGNETTO, ANABEL KARINA c/ DANONE ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-27

La indemnización tarifada establecida en la LCT cubre la totalidad de los daños y perjuicios, por lo que en principio, no corresponde la indemnización por daño moral, excepto que el empleador hubiese incurrido en un ilícito susceptible de reparación extracontractual.
Daños y perjuicios, cancelación de vuelo, responsabilidad del transportador aéreo, paro de actividades, transporte internacional
Materia: COMERCIAL
Carátula: Miller, Rubén Eduardo y otro c/ Latam Airlines Group SA s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-08

Corresponde condenar a una línea aérea a indemnizar a una familia por la falta de respuesta para reprogramar los tickets de un vuelo internacional con destino a nuestro país, que fue cancelado por una huelga general, dado que si bien los reclamantes no probaron sus alegaciones en punto a los intentos de comunicación vía web y telefónica, la empresa no demostró, siquiera mínimamente, haberles ofrecido una alternativa de vuelos que resultara viable frente a la cancelación (art. 377 CPCCN, y art. 53 Ley 24.240), y el accionar adquiere mayor gravedad porque uno de los pasajes correspondía a un menor de tres años.
Contratos administrativos, vicio de incompetencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EMISORA LR1 RADIO EL MUNDO. c/ RUFO CARLOS SERGIO. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-30

Siendo la aprobación por el órgano con competencia un requisito reglamentariamente impuesto para el adecuado control administrativo de la gestión de las emisoras dependientes del estado nacional, su inobservancia no pudo quedar purgada por el consentimiento del contratante del ente radial actor. La inobservancia del requisito reglamentario de contralor, derivada del vicio de incompetencia por razón de grado que afectó a la conformidad emanada del director general de radio, nunca quedaría suplida por el consentimiento del accionado, como tampoco por actitudes de éste, negociales o procesales, presuntamente contrarias a los principios que informan los artículos 1071 y 1198 del código civil. (Sala 2,1783 300983)
Jueces, competencia, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez Correccional y de Menores Nº 1, Primera Circunscripción Judicial, Dr. José D. Rotela.- s/ Declaración  de  Incompetencia en Incidente Nº 91/97-Juez de  Instrucción Nº 1 S/Plantea Incompetencia en Causa Nº 245/96.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-16

Atento a que la causa que por estupro se tramita y donde surge"prima facie" se encontraría involucrado una menor, está en la etapa instructoria, corresponde entender en el presente expediente la Titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial.(Dra. Poggiese de Oudín:en disidencia).-
Diligencias preliminares, prueba anticipada, evidencia digital
Materia: COMERCIAL
Carátula: SALINA, ARIEL FEDERICO c/ DAMER, GUALTERIO ANDRÉS  s/ ORDINARIO RESCISIÓN DE CONTRATO (TPM iniciado en fecha 07/03/22)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-22

Si como prueba anticipada se requiere el secuestro de la totalidad de los dispositivos informáticos y/o móviles donde se podrían encontrar los mensajes de whatsapp y correos electrónicos enviados entre las partes, se advierte que la medida pedida con ese alcance no conjuga con el principio de proporcionalidad, y podría implicar el secuestro por tiempo indeterminado de un ilimitado número de dispositivos electrónicos, sin medir el impacto que ello puede tener en quien se sirven de los mismos, e incluso de terceros.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, trastorno psicopático, pericia psicológica, indemnización, capital ingreso base, aplicación de la ley, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Guzmán, Eliacer Remigio c/ Galeno Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-03-10

2.- Debe revocarse el fallo de grado y resolver por aplicación de las leyes 24.557 y 26.773 (considerando 3) en tanto que el IBM que obtuvo la perito contadora es consecuencia de la aplicación de la Ley 27.348 que no rige en el sub lite. En consecuencia, para el cálculo del IBM del actor debe estarse al total de remuneraciones anuales informado por la perito contadora, con más lo percibido por el aquél como consecuencia de la realización de los servicios adicionales. Ello así, atento lo dispuesto en el art. 12 Ley 24557 (en su redacción para el caso de autos), dicho total debe ser dividido por el número de días corridos comprendidos en el período considerado, debiendo dividirse por 365 y no por 360 como lo hizo la contadora. Asimismo, cabe precisar que el hecho de que el empleador no haya informado a la demandada si percibía otros rubros como, en el caso, el salario por servicio adicional, no resulta imputable al actor quien los realizó y percibió la remuneración correspondiente por el mismo. (del voto del Dr. Noacco, en mayoría).
Efecto suspensivo, queja por denegación del recurso extraordinario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Di Lernia, Fernando G. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-05

La interposición del remedio de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación careció de efectos suspensivos; ello sólo hubiera ocurrido si el Tribunal Superior hubiese declarado admisible la queja. Tal interpretación se desprende del art. 285 del Cód. Proc. Civil y Comercial de la Nación y de numerosa jurisprudencia de la C.S.J.N. en la materia. Con posterioridad a la sanción de la ley 24.390 y específicamente sobre el tema relativo al efecto suspensivo de los recursos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que, salvo en los supuestos previstos por el art. 258 o el art. 285 del C.P.C.C.N. -referentes a la ejecución de la sentencia apelada por vía del recurso extraordinario federal y de la queja por denegación de dicho recurso respectivamente-, las sentencias no son ejecutables en tanto no se encuentren consentidas o ejecutoriadas (circunstancias estas últimas que no se verificaron en la especie, habida cuenta que no se trataba de una causa de carácter patrimonial en dónde el vencedor que solicitaba su ejecución estaba facultado para hacerlo "dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema" -sic. art. 258, primera parte in fine). (Voto del Dr. Mitchell -en minoría-).
Requisa personal, derecho a la intimidad
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, María Noelia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

De acuerdo a lo prescripto por la Comisión IDH en su Informe n° 38/96, la requisa vaginal es de última ratio, y en función de este precepto, es que se deben efectuar, a los fines del control interno de la Unidades Penitenciarias, otras medidas menos lesivas e intrusivas en la intimidad de las personas.
Responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAGRAN, ENRIQUE OMAR Y OTRO. c/ CHANDÍA, JOSÉ RICARDO Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. RICARDO Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. RICARDO Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-23

A fin de examinar la interpretación dada al artículo 1113 del Código de Vélez debe partirse de que allí se establecen distintos casos de responsabilidad objetiva, entre ellas, por riesgo creado: típico supuesto de la circulación de automotores.

En el campo de esta responsabilidad objetiva se deja de lado la concepción de culpa, que constituye un elemento ajeno al caso.

La ley toma en cuenta el riesgo creado como factor de atribución de responsabilidad y prescinde de toda apreciación de la conducta del dueño o guardián, desde el punto de vista subjetivo.

Es en este marco legal en el que responde el propietario del camión. En efecto, se produce una imputación al margen de la culpabilidad, y con base en la creación de un riesgo, nacido de la misma cosa, de su índole de cosa peligrosa, y la liberación de responsabilidad se logra probando la incidencia de factores extraños (MOSSET ITURRASPE, Jorge - PIEDECASAS, Miguel A., Código Civil Comentado. Responsabilidad Civil. Artículos 1066 a 1136, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 333/334).

En autos el trágico accidente fue producto de concausas: cabe atribuir responsabilidad tanto al obrar de la víctima como al accionar del conductor del camión.

De tal forma, el evento dañoso estuvo determinado por el accionar de ambos partícipes.

Por lo tanto, atento a que el accidente se produjo por la culpa concurrente de los protagonistas, y ante la falta de prueba de la incidencia causal de cada accionar, corresponde confirmar el aporte concausal determinado en la instancia de origen.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Benedict, Ricardo c/ Otero, Plácido y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-05-15

"Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que declaró la caducidad de la instancia por entender que desde el ofrecimiento de prueba hasta la petición siguiente del actor, había transcurrido el término que establece el art. 310 inc.

2° del Código de rito, para los juicios de carácter sumario como el del caso. Pues lo afirmado por el a-quo en el sentido de no mediar durante el transcurso del período resolución alguna que hubiera dispuesto la suspensión del procedimiento, confiere al fallo sustento fáctico y procesal no controvertido que impide su descalificación por razón de arbitrariedad".
Honorarios del abogado, sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ DE ALONSO, Consuelo c/ ALONSO, Pablo s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-06-06

Independientemente del porcentaje que le corresponde a la parte, la disolución y liquidación de sociedad conyugal devenga honorarios sobre la totalidad de los bienes que la componían, y no existe razón para excluir el cincuenta por ciento a los fines arancelarios.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acta policial, valor probatorio, Derecho contravencional y de faltas, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, César A. s/ Infrac. art. 1 de la ley 11.748
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

El art. 134 del dec. ley 8031/73 -t.o.- no invierte la carga de la prueba sino que determina los efectos que en ese terreno produce el acta de constatación policial (art. 10, Const. Prov.).
Escrituración, demanda de escrituración, sociedad cooperativa, cooperativa de vivienda
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Nader, Jorge V. c/ Cooperativa de Vivienda y Consumo de Chilecito LTD s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-08-27

La condición a la cual se sujetaba el cumplimiento de la obligación de escriturar por parte de la accionada, ha sido satisfecha por el demandante. La oposición del Secretariado de la Cooperativa a suscribir la escritura, de ningún modo puede constituir un obstáculo que frustre el cumplimiento de la obligación asumida contractualmente por esa entidad.

Además el art. 73 de la ley 20.337 establece que en la sociedad cooperativa, la representación corresponde al Presidente del Consejo de Administración y únicamente los actos cumplidos contrarios al objeto social, eximen de responsabilidad aquellos. Interpretar de otra manera la legislación de fondo vigente para las sociedades cooperativas, implicaría perjudicar a terceros, que se verían afectados por desacuerdos internos (en la especie, entre Presidente y Secretario), que solo pueden tener consecuencias administrativas puertas adentro y no afectar a personas ajenas, que por contratar de buena fe con la sociedad, podrían sufrir pérdidas patrimoniales.

Admitir lo contrario significaría exigir de los terceros, el cumplimiento de una investigación previa respecto de la marcha de las sociedades cooperativas. Corresponde hacer lugar a la demanda de escrituración incoada.
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, principio de legalidad, privación ilegal de la libertad, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-19

El principio de legalidad no resulta violado por la aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad a hechos acaecidos con anterioridad a la aprobación de dicho Tratado por nuestro país, ya que las normas de derecho internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y los tratados que las receptaron son aplicables a las privaciones ilegales de la libertad cualquiera sea la fecha en que se haya cometido, tal como dispone el artículo 1 de la mencionada Convención.
Competencia contencioso administrativa, Municipalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis Alberto Leiva y otro c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-09

Los hechos que se invocan en la demanda son en carácter de empleador de los actores en la Municipalidad de Río Gallegos y el no pago por parte de la demandada de incrementos salariales determinados por la ordenanza 667/90, incumplimiento que la accionada lo justifica ante la observación formulada por el Tribunal de Cuentas, planteo éste de carácter contencioso administrativo pues la virtualidad jurídica del reclamo se apoya en la aplicabilidad o no de la citada ordenanza, base del reclamo de las diferencias salariales reclamadas.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, nacionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Soto Vargas, Juan José s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

La nacionalidad del actor sólo adquiere significación cuando se está ante una causa civil.
Franco compensatorio, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: VISGARRA, FRANCISCO JESUS Y OTROS c/ MASTELLONE HERMANOS  S.A s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

El instituto del 'franco compensatorio' responde a una finalidad eminentemente higiénica, y de allí que la legislación insista en un goce aún cuando la patronal así no lo disponga (artículo 207 ley de contrato de trabajo). Pero al igual que lo que sucede con las vacaciones no gozadas, aquellos no son compensables en dinero, por lo cual, no ejercido el derecho de su disfrute, los mismos se pierden (artículo 162 del mismo ordenamiento legal).
Seguros, accidente de tránsito, tasas de interés
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Monsalve Candia, Enzo Gastón  c/ Silva Valderas, Amador Hernán y otro  s/ d y p derivados del uso de automotores
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-17

El recurrir a las tasas de interés como método alternativo o mecanismo indirecto de actualización supuso asignar al interés una función que -en rigor- no le era propia. Pero más allá de eso, lo que sucede en la actualidad es que, frente a la espiral inflacionaria, la aplicación de la tasa de interés simple que prevé el art. 770 del CCCN -aún con las excepciones previstas en los incisos b y c- hace que se produzca una licuación del crédito del acreedor.