marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso, Colegio de Escribanos, relación de dependencia, contratos, rescisión del contrato, indemnización, competencia laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gioffre, Enrique c/ Provincia de Santa Fe y Colegio de Escribanos de la 2da. Circunscripción s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Recurso contencioso administrativo  - Ley 11.330 (Expte.: C.S.J. Nro. 157 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

Habiendo iniciado el actor de estos autos dos medidas distintas: una demanda mere declarativa ante la Justicia en lo laboral contra el Colegio de Escribanos de la 2da. Circunscripción (habiéndose integrado a la litis la Provincia) y una demanda contenciosa administrativa contra la Provincia y el Colegio, y sin soslayar que ambas pretensiones -que han recibido, en esencia, sendas declaraciones de incompetencia- difieren en su contenido y que el presente no arriba a la Corte por la vía contemplada en el artículo 93, inciso 5) de la Constitución Provincial y 17, inciso 2) de la ley 10160, lo cierto es que las especiales circunstancias de autos ameritan avanzar un paso más en lo que es el estricto ámbito delineado por el artículo 8 de la ley 7055 y resolver cuál es el órgano competente para entender en este proceso. Ello así, no sólo por razones de economía procesal sino también, y especialmente, para permitir al justiciable el acceso a un adecuado servicio judiciario aventando la posibilidad de que, finalmente, se caiga en un supuesto de privación de justicia.
Riesgos del trabajo, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Llosco, Raúl c/ Irmi SA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que -al rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LCT- no trató el agravio de índole federal que oportunamiente introdujo la actora y tampoco dio razones válidas para ello (Disidencia parcial de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, negligencia probatoria, segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Scrimaglio, Jorge E. c/ Cabanellas, Manuel y O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio   ordinario. Prohibición de innovar (Expte. CSJ Nº 631-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-17

No puede prosperar el planteo de la recurrente vinculado a que se limitó irrazonablemente su actividad probatoria con la afirmación efectuada por la Sala respecto a que la peritación "no se rindió por motivo sólo imputable al propio oferente", desde que sus alegaciones resultan insuficientes para persuadir que lo resuelto al respecto, en ejercicio de funciones indudablemente propias, traspase los límites impuestos a los juzgadores por la Constitución y la ley. A pesar de su esfuerzo no logra acreditar que la solución adoptada por la Sala en torno a esta temática -al entender que la clausura del término de prueba en sede inferior no impedía la producción de las pruebas ofrecidas en término- desborde las posibilidades hermenéuticas que las normas en juego autorizan, incurriendo en arbitrariedad.
Notificación, retiro del expediente
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: P. DE M.F. Y M.M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-11

El retiro del expediente para que produzca la notificación de todo lo actuado debe haberse efectuado por el letrado apoderado o patrocinante de una de las partes (art. 54 bis C.P.C.). Esta norma encierra un supuesto de notificación tácita, por lo que debe ser interpretada estrictamente, a contrario sensu, no es posible aplicarla analógicamente a situaciones en las que un empleado del estudio de la letrada interviniente es quien retiró el expediente, ya que aquél no está comprendido entre las personas habilitadas a las que se refiere el supuesto legal.-
Prescripción, prescripción bienal, suspensión de la prescripción, responsabilidad extracontractual del Estado, imposibilidad de accionar, actos suspensivos
Materia: CIVIL
Carátula: ARRIETA GENARA RAMONA c/ GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

Si bien en el caso no era posible entablar querella contra el Estado Nacional, esa imposibilidad no impedía en absoluto ocurrir a la Justicia Civil (cfr. Sala II, Causas 1878 del 21.6.83; 208 del 27.10.92), dentro del plazo de dos años que la ley establece para hacer efectiva la responsabilidad aquiliana de aquél, sea por su actividad lícita o ilícita (art. 4037 del Código Civil; cfr. Corte Suprema, in re "Díaz, C. A. c/Gobierno de la Nación" del 26.3.91; In re "Celano, Marta C. c/Estado Nacional - Ministerio del Interior" del 3.11.88; etc.; esta Sala, Causas 6006 del 16.5.90; In re "Mangano, Pablo O. c/Y.P.F." del 3.6.92, entre muchas otras).
Tarjeta de crédito, resumen de cuentas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TARJETA NARANJA S.A. c/ HERRERA CARLOS ALBERTO s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-04

El usuario de la tarjeta de crédito no puede esgrimir la falta de recepción mensual del resumen de deuda para justificar la omisión de pago, ya que es aquél quien tiene la obligación de retirarlo de la entidad bancaria emisora cuando no lo haya remitido.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, daños y perjuicios, indemnización, accidente ferroviario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Almarante, María Ester, en representación de sus hijos menores c/ Ferrocarriles Argentinos s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la indemnización de los daños y perjuicios derivados de un accidente ferroviario, por no haber demostrado la actora la existencia de un hecho ilícito del personal ferroviario a cargo de la locomotora y por ende la consiguiente responsabilidad refleja de la Empresa Ferrocarriles Argentinos, que impone la aplicación del art. 1113 del Código Civil (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Defensa del consumidor, trámites judiciales, cumplimiento de normas generales, acciones de clase, sociedad colectiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Michan, Laura Elena c/ Prisma Medios de Pago SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-18

Si bien es verdad que la ley 24240: 65 establece que las normas de esa ley son de orden público; esa mención no tiene el alcance que le atribuyen los demandantes pues, contrariamente a lo que ellos sostienen, la viabilidad de aplicar el CCCN 387 fue implícita pero inequívocamente desechada por el legislador consumerista, que se ocupó de establecer un plazo de prescripción para las acciones fundadas en tal ley, descartando así su pretendida imprescriptibilidad. Así lo hizo al fijar para esas acciones el plazo de prescripción que contenía el art. 50 en su anterior versión, sin que la modificación plasmada en tal norma a partir de la sanción de la ley 26994 pueda entenderse idónea para sustentar un temperamento contrario, pues, como es obvio, tal modificación sólo importó remitir a la aplicación de las disposiciones que, para legislar sobre esta materia, estableció en forma general y orgánica el código nuevo a partir de su art. 2532. De esto se deriva que, como ha sido admitido en forma pacífica, esa atribución del carácter de orden público a la aludida ley tiene, en cambio, la inequívoca finalidad de permitir la actuación oficiosa del juez, que obliga a éste a pronunciarse en términos tales que, aun cuando no hayan sido planteadas las defensas respectivas, esa omisión no redunde en la vulneración de los derechos que esa ley reconoce al usuario o consumidor.
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lagoria, Inés del R. Tejada de c/ Lila Rosa del Valle Castro Vda. de Aibar y/o Quienes Resulten Poseedores - Reivindicación s/ Casación Castro Vda. de Aibar y/o Quienes Resulten Poseedores - Reivindicación s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-23

En el presente juicio de reivindicación, partiendo del punto no discutido de que el título que presenta la parte actora es de fecha posterior a la posesión que invoca la parte demandada, habrá que analizar cómo operan, en el caso, las presunciones establecidas legalmente conforme a los elementos de prueba aportados por las partes.

La legitimación activa del actor emerge de las acciones que tenía la vendedora que no ha hecho tradición de la cosa, pues en el caso de autos estamos en presencia de uno de los supuestos que pueden darse ante la acción reivindicatoria: demandante que acciona con título y demandado que no tiene título y se ampara en su posesión.

En virtud de ello se aplica lo preceptuado en el art. 2790 del Código Civil, que crea una presunción a favor del reivindicante en cuanto tuvo la posesión desde la fecha de su título, previendo que, si la misma es posterior a la posesión del demandado, pueda el actor invocar el título de su autor y el del autor de éste, hasta dar con uno que sea de fecha anterior a la posesión de su oponente, es decir, en caso de ampararse en el derecho que le hubiera correspondido a su antecesor actuaría como procurator in remásuam o como subrogante de los derechos del enajenante -nota del art. 2109 del Código Civil-.

Esta presunción es iuris tantum, puesto que el demandado puede enervarla mediante prueba en contrario, acreditando que ninguno de los antecesores del dominio ni quien presenta el título tuvieron la posesión del inmueble.

Por ello, en virtud de la cesibilidad de la acción (art. 1444 y notas a los arts. 1445 y 2109, Cód Civil) se considera tácitamente cedida la misma en cada acto de enajenación que compone la cadena, sin requerirse para ello tradición."Le basta al accionante probar -a través de presunciones- que uno de los adquirentes intervinientes, en las sucesivas enajenaciones era poseedor y propietario y por consiguiente que podía reivindicar..." (Kiper, Claudio Marcelo, "Acción Reivindicatoria: Legitimación activa y prueba", en J.A 1983-IV-328 y ss). Del voto del Dr. Cáceres.
Reordenamiento del sistema financiero, pesificación, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO CMF S.A. c/ AYERZA y PRANDO, Toribio s/ EJECUCION ESPECIAL LEY 24.441
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

Las leyes que establecen el CER no son normas supletorias, porque no respetan la voluntad de los particulares, no establecen una voluntad complementaria para el caso de que las partes no hayan exteriorizado su voluntad, sino que sustituyen lo pactado. Estas normas son imperativas en orden a la pesificación, al indice de actualización y a la tasa de interés aplicable, porque en principio excluyen o suprimen la voluntad privada, de tal modo que la regulación que establecen se impone a los interesados.
Autonomía provincial, autonomía municipal, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Granja Tres Arroyos SACAFEI  c/ Municipalidad de Río Cuarto  s/ acción meramente declarativa de Derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-08-03

Así como las provincias se han reservado la potestad de darse leyes sobre impuestos y, en general, dictar las normas que juzguen conducentes para su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el artículo 126 de la Constitución, los municipios, por imperio de los artículos 5° y 123, cuentan con un reconocimiento explícito que los dota de autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de acuerdo a los alcances que las provincias dispongan (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Monllau, Antonio Bernabé c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-13

Este Alto Tribunal ha sostenido en varias oportunidades, en consonancia con pacífica y reiterada jurisprudencia y doctrina que, aún mediando ausencia de un acto administrativo expreso, existiendo un acto con virtualidad suficiente como para lesionar, restringir, alterar o amenazar algún derecho del recurrente, la acción de amparo es viable siempre que no exista otro medio judicial más idóneo y está previsto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente alteren derechos de raigambre constitucional.

Comparto, como ya lo he sostenido en casos precedentes, la interpretación respecto al nuevo Art.43 de la Constitución Nacional reformada que, si bien cierta doctrina considera que la norma mencionada mantiene un núcleo lamentablemente restrictivo, es decir, el carácter de manifiesta ilegalidad o arbitrariedad que ha de tener la conducta lesiva, libera al amparo de las vías administrativas previas y permite un accionar expedito.

En consecuencia, se puede conceder que, por lo menos en lo atinente a las vías administrativas, se trata de un escollo que, a la luz de la presente vigencia del artículo referido, ha perdido gravitación.
Indemnización por despido, reclamo salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Estrada, Mónica Patricia c/ Álvarez, María Rosa s/ proceso laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-09-17

Deben desestimarse los reclamos salariales y la indemnización por antigüedad solicitada por una empleada doméstica, pues las declaraciones en las que se apoya la actora no prueban la fecha de ingreso que denuncia ni desmienten los dichos de los testigos de la demandada (del voto del Dr. Costantino).
Procesos de ejecución, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASUSKY DE GUTMAN, CARMEN PERLA c/ FRANCO, OSCAR L. Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

La ley 24283 se aplica exclusivamente a supuestos en los que la diferencia de valor verificada se apoya en la actualización y no a una fluctuación del valor intrínseco de la cosa, bien o prestación derivada de variaciones del mercado. Dispone un principio rector para los jueces; ajustar sus pronunciamientos a la realidad económica, cuya apreciación debe ser permanente para conjurar soluciones que afecten -en mas o en menos- el valor justicia en la solución de cada caso (conf. Nicolau, Norma Noemí, "La Ley 24283 y las nuevas pautas desindexatorias", LL.

1994-C-862; Rivera, "Requiem para la indexación arbitraria", ed.

Diario del 2.6.94).
Recurso de casación penal, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PEIRETTI ROQUE DEL ORDEN s/ RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-26

Si el agravio del recurrente se funda en la falta de determinación precisa y circunstanciada del hecho penal que el tribunal estimó acreditado, el recurso de casación no es procedente, porque la parte civil no puede pedir la anulación de la resolución mediante la cual el tribunal de mérito ha dejado establecida la situación penal del acusado.-
Honorarios, base regulatoria, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSTRUCCION Y DISEÑO S.R.L. c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-05

Viola el art. 40 de la ley 5480, la sentencia que adopta como base regulatoria una liquidación que no computa al monto reclamado como consolidado por la ley 6271.
Insuficiencia del agravio, apreciación de la prueba, acta de secuestro, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: CARNERO, Claudio Ariel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

De la lectura del fallo impugnado es posible tomar conocimiento de los hechos y razones que llevaron al tribunal a resolver del modo en que lo hizo, de forma tal que las críticas formuladas por las defensas no pasan de ser un mero disenso con la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado y que, por las razones que pasaremos a exponer, no demuestran el yerro de la decisión. Las pretensiones de las defensas, chocan contra las pruebas rendidas y producidas en el debate. Es que la materialidad de los hechos y la responsabilidad que en ellos le cupo a los encausados, quedaron claramente comprobados no solo por el acta de secuestro, las actas de aprehensión de los imputados, y la pericia balística, sino que a éstas se acoplaron en sustancia los dichos vertidos por los funcionarios policiales intervinientes y por la víctima, quien vía telefónica alertó a la policía del hecho que lo damnificó y dio origen al operativo cerrojo que culminó con la detención de los encartados. La valoración conjunta de todos estos elementos de prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, tal como lo hizo el tribunal, no dejan margen de duda acerca de la intervención de los nombrados en los hechos que les fueron atribuidos, sin que se aprecie la orfandad probatoria y los defectos de fundamentación alegados por los impugnantes.
Acción de inconstitucionalidad, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reynoso, Juan María c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos y Caja de Jubilaciones y Pensiones de E.R. s/ Acción de Inconstitucionalidad-Incidente de Medida de no Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-24

Deviene inapelable el pronunciamiento que dispone una medida cautelar habida cuenta de lo prescripto por el artículo 55 de la Ley 8369, que textualmente reza: "Unicamente será apelable la sentencia definitiva que se dicte por los Jueces de Primera Instancia".Tal limitación recursiva se justifica en función de la índolemeramente declarativa de la pretensión que tiende a evaluar la conformidad de normas locales con las constituciones nacional o provincial y cede frente a supuestos excepcionales que no se encuentran presentes en el sub-júdice, correspondiendo -por ende- declarar mal concedido el recurso que nos ocupa.
Daños y perjuicios, compraventa, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cabona, Luis Mario c/ Veron de Moreira, Dominga s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

Debe responder por daños y perjuicios quien vende un rodado con conocimiento de la existencia , de un juicio ejecutivo contra él y la órden de traba de una medida cautelar contra el vehículo vendido.

Un vehículo utilitario está destinado en principio para fines lucrativos los que no necesitan ser demostrados fehacientemente para que se acredite el lucro cesante producido por la falta de utilización a raíz de un embargo sobre el mismo, que impide su transferencia y su desplazamiento público intensivo.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, avocación jurisdiccional, doble instancia, procedimiento militar
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Incidente de Competencia en la causa:  CONADEP s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

No configura materia constitucional el invocado desconocimiento del derecho de defensa que el recurrente deriva de la avocación dispuesta, pues si bien la doble instancia no puede suprimirse arbitrariamente cuando el legislador la ha establecido, en la especie es la propia ley 23.049 la que otorga facultades de avocación a las cámaras federales (art.101), posibilidad que el a quo ha ejercido en el caso sobre la base de sus circunstancias fácticas y de la aplicación de normas procesales.
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Productos Proteicos Uruguayos c/ Eclipse Argentina SRL s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

La tarea de decidir el tratamiento de la prescripción planteada como cuestión de previo y especial pronunciamiento y de diferir su análisis al momento de dictar sentencia definitiva, es propia y excluyente del juez de grado, quien al declarar no poder expedirse por el momento a ese respecto, veda así la posibilidad de avanzar más sobre el encuadre legal aplicable al caso, so riesgo de incurrir en prejuzgamiento y violentar la prohibición dispuesta por el artículo 272 del rito (art. 272 del CPCC.)
Honorarios, apelación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Módica Francisco G. c/ Oscar E. Mura y otros s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A160 - 255)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-16

Cuando se ha tramitado el recurso en base a lo dispuesto por el art. 40 CPC, no se puede plantear, ni el Tribunal puede entrar a resolver, otras cuestiones que no sean las estrictamente cuantitativas, referidas a los montos de las regulaciones practicadas por el Inferior y las normas de la ley arancelaria.
Salario de asistencia y salvamento, Ley de Navegación
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACEVEDO, PEDRO LUIS Y OTROS c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. CHATA CAA POTY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El valor de los bienes salvados solo constituye una de las pautas a tener en cuenta para fijar el salario, el cual se establece en un porcentaje que varía, según establece el art. 379, Ley de navegación (cs., Fallos: 307:806; esta sala, causas 3446 del 10.8.85 Y 714 del 1.2.90, entre otras). Consecuentemente, y a pesar que no hay en este caso un monto reclamado que pueda ser tomado como base a los fines arancelarios, lo cierto es que en este proceso se deben utilizar como pauta orientadora los distintos valores como así también el importe por el que se ha trabado el embargo preventivo ordenado, apreciado en los términos del art. 6, inc. a) y f) del arancel de honorarios de abogados y procuradores.
Cuestiones de competencia, competencia federal, ENTEL, línea telefónica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CORDOVERO, Carlos s/ ESTAFA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

La Justicia Federal debe seguir conociendo en las actuaciones si en el estado actual de la causa, no puede descartarse que el hecho a cuyo respecto se ha suscitado la contienda de competencia pueda haber producido perjuicio y afectado el normal desenvolvimiento de los servicios de ENTEL, en el caso utilización de línea vacante.
Filiación, prueba de la filiación
Materia: CIVIL
Carátula: S., E.B. c/ S., H.S. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

No se rehuye la extracción de sangre sino por el fundado temor acerca de un incierto o descontado resultado desfavorable. En efecto, no resulta verosímil que quien se sepa por completo ajeno al hecho, se abstenga de someterse a la prueba por otro tipo de consideraciones.-