Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-26


Salta, 26 de febrero de 2013.

Vistos: estos autos caratulados "MACONDO BAR S.R.L. c. SECRETARÍA de TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL - APELACIONES CONTRA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA" expte. de Sala nº CAM 29680/12, originario de la citada Secretaría, para resolver la apelación interpuesta a fs. 74, con alegatos vertidos 103/06, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: para oponerse a la sanción aplicada mediante resolución nº 9569, del 28 de octubre de 2011 /fs. 73), interpone la firma Macondo Bar SRL recurso de apelación, mediante los escritos detallados en el encabezamiento, el segundo de los cuales paso a sintetizar a continuación.

Luego de sostener que la resolución no se ajusta a derecho, señala el apelante que la misma es nula de nulidad absoluta e insanable, por haber sido dictada en abierta violación de los arts. 7 y 17 de la ley de procedimientos administrativos, el primero de los cuales alude a la necesidad de que el acto de esa naturaleza se sustente en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable, y que sea motivado y, el inciso "b" del art. 14, que declara la nulidad del acto emitido mediando falta de causa, por no existir o ser falsos los hechos invocados o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspira su dictado.

Agrega, que la resolución no cumple con los requisitos mentados; que se quiere mostrar una fundamentación, mediante escuetos considerandos que nada dicen; que se configura una decisión que no constituye derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, incurriendo en arbitrariedad, del modo que la define la SCJN; que ello es lo que ha sucedido en el supuesto bajo exámen, donde se aplica sanción alegando que los incumplimientos reseñados configuran infracción grave de acuerdo a lo establecido por el inc. g) del art. 3 del Pacto Federal del Trabajo, afirmación que es absolutamente falsa; que la Corte, señaló la obligación de los jueces, de fundar debidamente sus decisiones, para que los ciudadanos se sientan mejor juzgados, para mantener el prestigio de la magistratura, para cumplir las prescripciones de la ley y para excluir la posibilidad de decisiones irregulares y que la sanción de nulidad, deriva de la falta de fundamentación y la invocación de hechos falsos respecto de la falsa imputación de una falta, sin siquiera señalar a cuál falta se refiere.

Finaliza este aspecto del recurso, argumentando que el supuesto sobre el cual se funda la presunta infracción, parte de la falsa premisa de que la ins- pección habría detectado nueve trabajadores afectados por falta de pago previsional, social y de aseguradora de riesgos del trabajo; que la AFIP ya tenía conocimiento de las declaraciones juradas ingresadas y es ella quien exige el pago, no otro organismo; que lo contrario, implicaría riesgo de existir dos sanciones por el mismo hecho, lo que está vedado en nuestro derecho; que de tal modo, aparece clara la incompetencia del ente provincial, para exigir el pago de esas sumas ante la AFIP, bastando la exhibición de las declaraciones juradas ante el órgano recaudador; que en tales condiciones, el acto es nulo de nulidad absoluta e insanable, por resultar falsos los hechos invocados y la prueba que supuestamente lo sustentaría; que Enrique Díaz, indagado a fs. 4, manifestó haber ingresado el 20/5/11, por lo que no se encontraría dentro de los nueve trabajadores, ya que la documentación se exigió por marzo y abril de ese año; que toda vez que lo decidido carece de fundamentación y se basa en hechos falsos (dado que no valora siquiera mínimamente las circunstancias comprobadas en autos) deberá ser declarada nula de nulidad absoluta e insanable, en los términos del art. 14 (b) de la ley 19549, por haber sido dictada en violación de los arts. 17 de la LPT y 7 (b) y (e) de la LPA; que cabe señalar lo arbitrario y desproporcionado de la sanción aplicada, frente a hechos nimios e insignificantes, que ni siquiera se mencionan ni se encuentran tipificados, por cuanto se sanciona a Macondo Bar por la falta de presentación de los comprobantes de pago social, sindical y ART.

Continúa, señalando que la sanción recurrida es infundada e inmoti-vada, por aplicar un tipo penal abierto, que como tal omite fundar el por qué de la aplicación de la sanción y de dónde surge el incumplimiento del administrado, en el amplio, ambiguo y poco claro inc. g) del art. 3 de la ley 25212; que entiende, que ninguno de los tres requisitos capaces de configurar como grave "toda otra violación a la normativa laboral, no tipificada expresamente en la ley" (proteger los derechos del trabajador, garantizar el ejercicio del poder de policía y evitar la competencia desleal de empleadores), fueron fundamento de la sanción recurrida, que resulta por ello inmotivada; que la resolución, se limita a decir que el empleador está obligado a depositar los aportes a la seguridad social, pero guarda silencio sobre su competencia o deber de vigilancia frente a los agentes de retención y sobre la supuesta omi- sión de presentación del LRU y el por qué de la adecuación al citado inciso "g" del art. 3, violando el debido proceso y su derecho de defensa; que no re- sulta adecuada a derecho, la ausencia de motivación, o explicación, de por qué se aplica $ 750 por cada trabajador afectado, y no $ 250, que resulta ser el mínimo, sin manifestar la existencia de antecedentes sancionatorios en la firma inspeccionada, lo que tacha de arbitraria y excesiva tal imputación; que al mismo tiempo, al fundar la sanción, la Secretaría no tuvo en cuenta la presentación de fs. 66/69, de donde surge el cumplimiento de asimismo la presentación de DDJJ f 931; que la Corte Suprema, dijo que para que una sentencia, o una resolución como la que se impugna, constituya un acto judicial válido, debe ser derivación razonada del derecho vigente, en relación a los hechos de la causa y que la Sala II, (debo suponer que de ésta Cámara) tiene dicho que el procedimiento administrativo regular, debe respetar la garantía del debido proceso adjetivo, lo que incluye el derecho de los interesados a ser oídos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones controvertidas. Pide se haga lugar al recurso, se ordene la eximición de la sanción y la devolución de la suma depositada y se impongan costas a la contraria.

Entiendo, que el recurso debe prosperar parcialmente. No, en lo que hace al pedido de declaración de nulidad absoluta e insanable, porque por mucho que la resolución 9569 no sea un dechado de perfección, contiene, a mi manera de ver, fundamento suficiente; con el que el recurrente podrá o no estar de acuerdo, pero no por ello menos existente. Por otra parte, la alusión al inciso "g" del art. 3 de la ley 25212, no pasa de ser una generalidad y una apreciación personal, ya que se trata de norma vigente y, su aplicación por parte de la autoridad administrativa, configura un acto protegido por el art. 1071 del Código Civil, en la medida en que "el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto". Cabiendo recordar que mientras no se plantee su incostitucionalidad, seguirá operando como un "tipo penal abierto", sin menoscabo de derecho alguno, por tener habilitada la parte que se considera perjudicada, la vía que precisamente en este momento ejercita.

Descartada la nulidad, digamos que la circunstancia de que la AFIP tenga la posibilidad de hacer cuanto sea necesario para que se efectivicen los aportes patronales, no quita al órgano administrativo la facultad de pedir que le sean exhibidos los respectivos comprobantes. De modo que son dos aspectos distintos: el pago por un lado y, por otro, el acreditarlo en caso de inspección,.

También cabe señalar, que "Es criterio de esta Sala, no considerar leve la falta de exhibición de los comprobantes de pago previsional, social, sindical y ART, dado que no es una violación de una obligación meramente documental (art. 2 inc. "d" ley 7253) sino que dificulta la protección de los derechos del trabajador y el ejercicio de la policía del trabajo, encuadrándola como falta grave, el inciso "g" del art. 3 de ley comentada" (autos Cerámica Santos SRL c, Sec. de Trabajo, 28/12/10). Paralelamente, entiendo que en modo alguno puede considerarse que las constancias de fs. 66 a 69 sustituyan la obligación de exhibición a los inspectores, que no tienen facultades adivinatorias y no están en condiciones de saber, en el momento de la actuación, el contenido de documentos que fue necesario todo un trámite administrativo, para lograr que la firma presente. En cuanto al argumento de que ninguno de los tres supuestos del discutido inciso "g" se han dado en el caso, ello no es verdad, en la medida en que nítidamente se refiere a la protec- ción de los derechos del trabajador.

De todas maneras. teniendo en cuenta que no se demuestra que la sancionada tuviera antecedentes desfavorables; que se trata de una situación de falta de exhibición, pero no de incumplimiento, (lo que minimiza la figura del "perjuicio causado por la misma al trabajador indagado" (fs. 73, penúltimo parrafo) y que Enrique Díaz había ingresado a trabajar el mismo día de la inspección, 20 de mayo de 2011 (ver columna de observaciones de fs. 4) y evidentemente la patronal no podía cumplir ni dejar de cumplir respecto de él cuestiones vinculadas a los meses de marzo y abril de ese año), voto por hacer lugar parcialmente al recurso y consecuentemente reducir la multa impuesta a pesos dos mil ($ 2.000); que resultan de multiplicar el mínimo de $ 250 por cada trabajador, por ocho, teniendo presente lo dicho sobre Díaz. De seguirse mi voto, las costas deberán ser por su orden, por vencimiento parcial y mutuo, art. 71 CPCC, los honorarios regularse al quedar firme el fallo y los autos devolverse a la Secretaría de orígen. Así me expido.

El Dr. Cabrera, adhiere al voto precedente.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Haciendo lugar parcialmente al recurso planteado y en su mérito re- duciendo la multa impuesta a la suma de pesos dos mil ($ 2.000). Costas por el orden causado.

II) Mandando registrar, notificar, regular honorarios y, oportunamente, devolver las actuaciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.