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Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Sustersic,  Bozidar  Darko c/ San Luis, Provincia de y otros s/ acción de daño temido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

No es causa civil aquella en que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones e indemnizaciones de carácter civil, tiende al examen y revisión de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 121 y siguientes de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso contencioso administrativo, Poder Legislativo, remuneración, gastos reservados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALLEJOS, IDILIA MAGDALENA ELBA FAZZIO O FAZIO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 292 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-27

Los legisladores no son empleados, sino que constituyen el órgano al cual se atribuyó la autorización para realizar la erogación. Por ello, más allá que la ejecución presupuestaria fuera efectuada en forma individual por los legisladores (integrantes del Cuerpo) ello no modifica la asignación al Cuerpo por la cual lo dispusieron.

En demostración de lo precedente, es el caso que los importes que constituyen retribución del legislador, se registran individualizadamente, ya que aún cuando se incluyan en el cálculo de gastos para el Poder Legislativo, importan además un pago del tesoro provincial al legislador individualmente.

A diferencia de ellos, los llamados "gastos reservados" y los "gastos protocolares" se atribuyen como gastos del Cuerpo y su registración es imputada a éste y no a los legisladores individualmente considerados.
Reclamo administrativo previo, agotamiento de la instancia administrativa, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sisti, Irma María c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en expte. B-59243/00  Amparo. L.A. Nº 44 Fº 13/15 Nº 6 inconstitucionalidad int. en expte. B-59243/00  Amparo. L.A. Nº 44 Fº 13/15 Nº 6
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-02-05

Debe resolverse favorablemente el acceso a la jurisdicción en caso de duda, a pesar de ser recaudo vigente en el derecho positivo la necesidad de deducir el reclamo administrativo previo y de no haberse agotado, dado que debe tenerse presente los nuevos tratados internacionales incorporados al derecho interno (artículo 75 ap. 22 de la Constitución Nacional) y la necesidad de desburocratizar la administración.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración, actualización monetaria, depreciación monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Osella, Celso Julio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 480-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Corresponde hacer lugar al recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto cuando la demandada se ha limitado, tanto en sede administrativa como en la jurisdiccional, a oponer como único obstáculo a la actualización pretendida por el actor, la circunstancia de que éste haya recibido "sin reservas" la suma abonada., pero sin negar que en razón del tiempo transcurrido desde el período por el cual se le abonó la diferencia por función jerárquica (abril de 1988 a abril de 1989) y la fecha en la que se efectuó el pago (junio de 1990) corresponda reconocer, en alguna medida, la desfavorable incidencia que en el derecho del recurrente tuvo el proceso inflacionario.
Eximición de prisión, nulidad relativa
Materia: PENAL
Carátula: CAVA SET c/ LOPEZ, CASTOR s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-27

El hecho de no remitirse el expediente al Ministerio fiscal con la documentación que oportunamente se le requiriera, no puede decirse que configura una nulidad, sobre todo si consideramos que la misma es relativa, consecuentemente susceptible de ser subsanada. Esto es así, ya que al corrérsele vista al Ministerio Fiscal sobre la Eximición de Prisión solicitada para el imputado, se notificó de la calificativa que el instructor le había impuesto, no formulando ninguna observación a la cuestión actualmente planteada, debiéndose entender que habría aceptado tácitamente los efectos del acto, constituyendo ello un modo de subsanar las nulidades conforme lo dispone el art. 119 inc. 2 del C.P.C.C.
Remuneración, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CAMARDO, CARLOS ALBERTO c/ KONTINUOS S.R.L. Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-13

Los salarios acordados en los convenios colectivos de trabajo son el mínimo aplicable a la categoría y actividad del trabajador. Ambos son mínimos inderogables y no pueden ser vulnerados por la voluntad de las partes.
Reconocimiento en rueda de personas, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ESPINOSA, J. s/ RECONOCIMIENTO EN RUEDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-26

El acto de identificación de los arts. 264 y sgtes. del C.P.C. se resuelve, en cuanto a forma de adquisición de elementos de prueba, en una fuente testimonial. Es obvio que esa probanza debe ser juzgada en su valor para el convencimiento con las pautas de la sana crítica, como lo manda el art. 305. sí, como en el caso, el sujeto que identifica ha visto antes del acto y después del hecho en situación sugerente al procesado, el valor del reconocimiento se resiente; pero no es apropiado descartarlo totalmente como aporte de conocimiento si suficientes elementos de juicio, como los hay, permiten confiar en la veracidad del testigo, o sea que se trata de poner las formas al servicio de sus objetivos, y no al de sí mismas.
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, acción de amparo, bien jurídico protegido, derechos individuales, Poder Judicial, jueces, remuneración, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Marini, Angel Dario c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Expte. CSJ Nº 115-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

Todo órgano Jurisdiccional debe siempre extremar los recaudos para lograr que las garantías se efectivicen dentro de un marco de razonabilidad que atienda no sólo los intereses de los beneficiarios de las mismas, sino también a la igualdad de las partes en el proceso y, en definitiva, al interés general, el que también podría verse necesariamente comprometido, por ejemplo, si se cancelara la posibilidad de que la Corte ejerza eficazmente la competencia que tiene atribuida por el inciso 1 del artículo 93 de la Constitución provincial, cuya invocación, por cualquiera de las partes -en el caso-, resulta razonablemente previsible en los términos en que ha sido trabada la litis. Por lo tanto, la admisión de la vía del amparo no deviene en este caso impuesto por una razón objetiva, ya que, la materia en sí misma considerada es de naturaleza contencioso administrativa y sólo presenta la particularidad de la calidad personal de los actores -en el caso Magistrados- que, por su investidura, se encuentran amparados con la intangibilidad de sus remuneraciones.
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La intervención de la Justicia Federal trata de evitar la dispersión de criterios de interpretación y aplicación de la ley 24.557, procurando por el contrario uniformarlos, a cuyo efecto no es la solución idónea el pretender hacerlo a nivel de la Casación nacional, ya que los recursos extraordinarios que el ordenamiento procesal brinda para acudir a ella tienen por finalidad procurar tal uniformidad sólo en lo relativo a la exégesis del derecho aplicable, mas no en la hermenéutica de los hechos, los que quedarían así librados a su apreciación, que puede anticiparse de marcada heterogeneidad, por los múltiples tribunales pertenecientes a los diversos ámbitos provinciales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expulsión de extranjeros, competencia
Materia: PENAL
Carátula: I. M. J. R. c/  s/ hebeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-06

Explicó que la decisión era prematura pues del relato de los hechos y de la documentación no surgía con claridad que fue lo que sucedió cuando la persona ingresó al país, ni las particularidades que rodearon su supuesta retención y expulsión del territorio nacional. Agregó que tampoco se tenía conocimiento si la orden de expulsión había provenido del organismo central de la Dirección Nacional de Migraciones o, por el contrario, había sido una decisión del personal que se desempeña en la sede que tal entidad posee en el Aeropuerto de Ezeiza, situación que definiría la competencia del tribunal. Finalmente, señaló que debían despejarse las dudas planteadas en la audiencia prevista en el artículo 13 de la ley 23.098 a la que debía concurrir el presentante y las autoridades de Migraciones.
Indemnización por muerte, muerte del cónyuge, daño moral, beneficiarios de la indemnización civil, cónyuge supérstite, presunción juris tantum
Materia: CIVIL
Carátula: GOLDENTUL DE GRINBERG BEATRIZ D c/ OLIVIER, MARIA C s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

Con respecto al daño moral, la cónyuge supérstite tiene calidad de damnificada directa por la muerte de su marido y padre de su hijo menor (art. 1078 del C. Civil). El perjuicio en cuestión se presume salvo prueba en contrario en razón de la particular relación afectiva y moral que une a la víctima de un accidente de tránsito con su núcleo familiar.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, interpretación de la ley, leyes, inconstitucionalidad, jueces, facultades del juez, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

No cabe ninguna duda que la fijación de la interpretación que se dará a lo sucesivo a una cuestión de derecho, en defecto de caso concreto, tal como lo prescribe el artículo 28 de la ley 10160, excede las facultades propias de los Jueces. El criterio contrario, sostenido por la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, soslayó las cuestiones estrictamente constitucionales implicadas en la cuestión y se pronunció desde una hermenéutica casi exclusivamente legal y desde la propia teleología de la norma en crisis. Así, se distinguió la tarea jurisdiccional de juzgamiento en un proceso, para lo que se exigió caso concreto, de la tarea de prevención de conflictos interpretativos (unificación preventiva de la jurisprudencia), enderezada a preservar la seguridad de los justiciables en la aplicación del derecho. Se adujo que en nuestro régimen legal provincial se contemplan hipótesis en las que un determinado proceso es sólo la ocasión de un pronunciamiento sobre la interpretación de la ley y que, por el carácter vinculante que se le asigna (recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal, artículo 488 Código Procesal Penal), ese pronunciamiento respecto de los casos futuros se da "en abstracto", concluyendo de allí en la posibilidad de pronunciamientos en abstracto fuera de un proceso determinado como aceptable procedimiento legislativo, por no existir norma constitucional que lo prohíba. Y se afirmó que tal pronunciamiento no pertenece a la jurisdicción en sentido propio, que no constituye una función natural de los tribunales de justicia, sino de una tarea distinta que se asigna a algunos tribunales. (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Hurto simple, tentativa, apropiación de cosa perdida, esfera de custodia
Materia: PENAL
Carátula: Montero, Sergio s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-15

Constituye el delito de hurto en grado de tentativa el apoderamiento de prendas de vestir que se encontraban tiradas a pocos metros del comercio que las vendía, cuya vidriera había sido rota por autores desconocidos, pues no puede afirmarse que las prendas estuvieran "perdidas" para su dueño en el sentido del art.

175 inc. 1ro.) del C.P. , pues los autores intentaron llevarse cosas que eran y sabían ajenas, de modo y en condiciones que conocían ilegítimas, adecuando su conducta a la descripción del art.

162 del C.P. en su forma extendida por el art. 42. El vínculo fáctico de tenencia penalmente protegida en tales casos está indemne, ya que la relación de hecho entre el tenedor y estas, que se denomina esfera de custodia, alcanza a situaciones en que los objetos tenidos quedan expuestos a la fe pública.
Tenencia ilegítima de armas, acopio de armas
Materia: PENAL
Carátula: MAMAN ORFALI, MARCOS VICTOR s/ TENENCIA DE ARMAS Y MUNICIONES DE GUERRA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-05

La cantidad de armas de fuego secuestradas, cinco de uso civil y dos de guerra, no configuran el acopio ya que "acopiar" significa reunir una cantidad importante de armas y la pluralidad de éstas debe ser significativa y de tal magnitud que dicha acumulación agrave la peligrosidad del hecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Recalde, Raúl Oscar c/ Impresora Chubutense S.A. s/ Liquidación Final e Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse, en uno u otro sentido, por aquellas declaraciones que les deparen mayor y mejor convicción para desentrañar el debate sobre los hechos controvertidos, por cuanto la apreciación de la eficacia del testigo debe ser efectuada por el juez de acuerdo con la regla de la sana crítica, atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones.
Concursos, sociedad constituida en el extranjero, domicilio en el extranjero, sociedad de socio único, sujetos de derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: GREAT BRANDS INC. s/ CONCURSO PREVENTIVO. (ED 19.5.03, Fº 52030).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Cabe hacer lugar al concursamiento de una sociedad regularmente constituida en el extranjero conforme con la ley del país de origen, e inscripta en la inspección general de justicia L.S. art.

123) -en atención a la habitualidad de sus actos y a la posición de control ejercida sobre la sociedad participada instalada en el país-, dada su calidad de sujeto de derecho, ya que aún las adecuaciones que eventualmente pudieran ser requeridas L.S. art.

124), no la privan de personalidad, y como tal, como persona de existencia ideal, tiene abierta la vía de instar el concurso preventivo; ello así, aún cuando se tratase de una sociedad de un solo socio, ya que en caso de no poder suplirse esa situación en el lapso previsto con ese propósito (L.S. art.94-8°), el desenlace final sería un proceso liquidatorio, y la sociedad en liquidación conserva su personalidad (L.S. art.101), siendo como tal, igualmente sujeto concursable (L.C art. 5); máxime considerando que la ley concursal -sobre todo luego de la reforma de 1995 y más aún con la reciente Ley 25589- debe interpretarse en el sentido de propiciar la solución preventiva como medio de superar las crisis patrimoniales de la empresa.
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

En la Argentina, a semejanza de lo que acontece en Estados Unidos, según se ha decidido en este último país, debe entenderse que no es congruente con el sistema de gobierno adoptado por la Ley Fundamental el reconocimiento a los tribunales de justicia de la facultad de inquirir acerca de los motivos determinantes de la conducta de los legisladores cuando actúan en calidad de tales toda vez que, como se infiere de lo dicho, el pensamiento de quienes consagraron este régimen específicamente tuitivo de la función legislativa se apoyó en la presunción de que toda incriminación de un legislador basada en la emisión de opiniones como las que originan este juicio, es política e institucionalmente dañosa o riesgosa y debe ser excluida, ya que es preferible tolerar el posible y ocasional exceso de un diputado o de un senador a introducir el peligro de que sea presionada o entorpecida la actividad del Poder Legislativo.
Prueba, antecedentes penales, graduación de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GARAY, Juan José s/ DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

No pueden utilizarse como indicios de culpabilidad los antecedentes penales del procesado por carecer de relevancia para tal fin. Pero si son plausibles de ser apreciados al momento de fallar en cuanto al monto de la pena a imponerse.
Derecho procesal, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad formal, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa y otros c/ Grupo Clarin SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

La falta de legitimación para obrar (en cualquiera de sus modalidades) se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de su fundabilidad (conf. CSJN, Fallos 324:1838; 326:3206; 327:2722; 327:2625, entre muchos otros).
Trabajadores metalúrgicos, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SANTAGATA, ROBERTO Y OTROS c/ AVAN  S.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

El laudo 29/75 no es aplicable al reclamo por diferencias salariales anteriores al 1 de diciembre de 1985.
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soria Adolfo Omar (Presidente del Concejo Deliberante) c/ Concejo Deliberante de Huillapima s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-25

En el sub lite se presenta el actor -quien denunciara conflicto de poderes, admitido por esta Tribunal- acompañando copia de su renuncia al cargo de Presidente del Concejo Deliberante demandado, efectuada -según manifiesta- en el día de la presentación. Por Sentencia Interlocutoria Nro. 90/08, esta Corte de Justicia ha resuelto emplazar al citado funcionario a efectos de que cumpla la sentencia dictada por este Superior Tribunal Provincial, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ordenará la inmediata remisión de las actuaciones a la justicia penal, a los fines previstos por los Arts.239, 249 y ccs. del Código Penal. Con la presentación aludida, el actor ha incurrido en desobediencia a la orden judicial, obrando al margen de los deberes éticos, constitucionales, legales y reglamentarios que le impone el ejercicio de la función pública para la que ha sido elegido. Ocasiona su obrar contrario a derecho un dispendio jurisdiccional impropio de la función que desempeña, acrecentado con la poca seriedad de la nota que adjunta, en la que ni siquiera consta haber sido presentada ante el Concejo Deliberante del que forma parte. Ante esta situación fáctica, corresponde que se haga efectivo el apercibimiento contenido Sentencia aludida supra, remitiendo de inmediato las actuaciones a la justicia penal a sus efectos. Asimismo, evidenciando el asesoramiento del abogado patrocinante del funcionario público de que se trata una conducta contraria al deber de lealtad, probidad y buena fe, de conformidad a lo preceptuado en el Art.34, Inc.5, apartado "d", del CPCC, corresponde que sea prevenido y sancionado con un severo llamado de atención, con la debida comunicación al Colegio Profesional y a Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia. En conclusión, a los fines de dar cumplimiento a la Sentencia dictada en autos, corresponde que se oficie al Juez de Paz de la localidad, a efectos de que notifique al Concejal de mayor edad para que, dentro de los cinco días de notificado, convoque a sesión para elegir autoridades del Concejo Deliberante, comunicando a la Corte de Justicia fecha de la convocatoria y resultado de la sesión.
Prueba, hechos nuevos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bernaglia, María Nelly y otro c/ Fernández, María Inés s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

Debe admitirse la ampliación de prueba por el accionante después de contestada la demanda a tenor de lo prescripto por el artículo 484 del código de rito, en juicio sumario, cuando ella no conduzca a acreditar hechos que le incumbía afirmar, proponiendo su prueba en la demanda inicial. Es decir, deviene procedente ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los nuevos hechos invocados por el demandado, como acontece en la especie. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Rechazo de la demanda, nulidad del acto jurídico, insuficiencia del agravio, compraventa internacional, daños y perjuicios, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Virumbrales, Rosa Margarita c/ Wm Page & Associates Inc y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-12

Procede rechazar la demanda por nulidad absoluta de siete actos jurídicos, "Acuerdos de compraventa internacional", celebrados con la accionada (cfr. CCIV 1058 bis) de acuerdo al CCIV 14, 21, 502, 953 y 1207, y reclamo de los daños y perjuicios que la inducción a error al contratar (fraudulent missrepresentation) provocó, esto último de acuerdo con el derecho aplicable del Estado de La Florida. Ello por cuanto, en el caso, los agravios de la demandante no se hacen cargo de lo expuesto por el señor Juez a quo en punto al déficit probatorio observado en cuanto a la verificación de que los contratos celebrados entre las partes violen normas imperativas, tales como la ley 17811, la ley 21526 o disposiciones del código penal. Es que, ninguna de las constancias de autos permite afirmar, sin lugar a dudas, que la venta de viatical settlements fuese una actividad prohibida por las leyes nacionales invocadas o que las entidades de contralor aludidas la hubiesen desautorizado; en rigor, que el producto efectivamente requiriese autorización estatal para ser vendido en la Argentina. En esa línea, no puede presumirse que las inversiones que, según la versión de la actora le habrían sido ofrecidas en infracción a las leyes locales, no estuviesen autorizadas por los reguladores pertinentes, incumbiendo acreditar tales circunstancias a quien formuló tales alegaciones. Hubiese bastado oficiar a los entes reguladores para determinar si el producto requería de su parte una autorización para ser comercializado en el país y, en caso afirmativo, si había sido otorgada la misma (CPR 377). A más, según los propios dichos de la reclamante, al contratar estuvo asesorada por alguien instruido en materia de inversión financiera. De allí que resulta cuanto menos extraño, teniendo en cuenta la cantidad de transacciones realizadas por un período superior a un año, que ella no tuviera conocimiento de que la accionada incurría en las numerosas irregularidades que ahora pretende achacarle. En definitiva, los vicios que la actora atribuye a los actos celebrados con la demandada no resultan evidentes y no han sido debidamente probados en la causa.