Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-28


Acuerdo N° 263.- En Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil doce, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala "M" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel De los Santos y Fernando Posse Saguier, a fin de pronunciarse en los autos "B., G. I. c/ E., F. G. y otro s/ Daños y perjuicios", expediente n° 5944/2009 del Juzgado Civil n° 108, recurso n° 598423, la Dra. Diaz de Vivar dijo:

La sentencia dictada por la Dra. Susana Novile rechazó la demanda promovida por G. B. por la mala praxis que adjudicó al Dr. E. y al Hospital Británico por una operación abdominal.

La actora apeló a fs. 726 y expresó agravios a fs.763 y sgtes. los que fueron contestados a fs. 781, fs. 784 y fs.788.

I.- Los agravios.

La queja consistió en criticar que la cuestión girara en torno a la categorización de la operación en estética o reparadora, cuando lo que se propuso en la demanda fue que se determinara si el Dr. E. fue diligente o negligente en su accionar profesional al no haber usado el médico el método adecuado para resolver su problema. Tenía la obligación de valorar la conveniencia o no de la cirugía cuando a priori sabía sobre el resultado negativo al que la sometía.

Teniendo en cuenta que la sentencia ha fundado sus argumentos en el consentimiento informado que estuvo circunscripto a la obtención de un resultado favorable o significativo que el médico garantizó (fs. 764). Jamás puede sostenerse que ese documento la hizo abdicar de su derecho a reclamar por la actuación negligente y el resultado dañoso al que se llegó o para justificar la mala praxis y exonerar al médico de responsabilidad. La cuestión es determinar si E. pudo razonablemente de antemano saber que los riesgos del un resultado dañoso eran más que significativos y que ningún mejoramiento del contorno corporal podía esperarse (instrumento de fs. 16). Más allá de lo estético o reparador nunca se podía esperar un resultado como el que presentó la paciente luego de la operación. No puede aceptarse que la situación actual haya tenido su origen en complicaciones de la cirugía que no fueron señaladas en la sentencia. El daño provocado es prueba suficiente de la responsabilidad del médico. Si entre las riesgos estaban las cicatrices y estrías y ellas ya existían no era esperable ninguna mejoría eso no es "lograr lo mejor" (fs.767). No se le explicó que había una alternativa de no hacer nada y dejar todo como estaba.

Tampoco puede aceptarse que la perito Dra. I. no haya podido expedirse sobre el nexo causal, cuando sí pudo hacerlo la consultora de parte. Si existía la posibilidad de mejorar las cicatrices o no, debió ser informado específicamente, de donde se deriva que el daño corporal estético por las fallidas intervenciones se torna ilícito con abstracción de la culpa del médico. Finalmente señaló que el resultado negativo de la intervención, la dispepsia gástrica y la falta de advertencia específica sobre los riesgos incrementaron su daño psíquico.

El planteo mismo de los agravios, desde la óptica de la prueba producida lleva a conclusiones claras que se desarrollarán a lo largo de los considerandos siguientes.-	La versión que cada una de las partes brinda en un proceso, configura literariamente hablando un relato de la verdad de lo acontecido, en el que se incorporan las subjetividades con que el protagonista vive cada situación y que luego, es traducida e interpretada por los profesionales para enmarcarla en las normas legales en que funda su pretensión.

Parto de sostener que el juez llamado a interpretar el caso y formar su convicción sobre la base de esos relatos y las pruebas del expediente, no puede lograr una certeza absoluta al ponderar la prueba sino una certeza moral, que es de características diferentes. Ello porque lo que aprecia es el grado de probabilidad acerca de la verdad de la proposición de que se trata, de tal suerte que superada la mera opinión, pueda el juez fundar su pronunciamiento (conf. esta Sala, Sánchez Molinele María Elisabet c/ El Puente S.A.T. s/ daños y perjuicios", recurso n 406.504).

II.- En otras oportunidades y en términos generales, he dicho que en materia de responsabilidad médica a consecuencia de que el deber de los facultativos es por lo común "de actividad", incumbe al paciente la prueba de la culpa del médico. En las obligaciones de actividad o de medio -cuya infracción apareja responsabilidad subjetiva- el incumplimiento (al menos desde el punto de vista funcional), se conforma con la culpa o en su caso el dolo. Demostrarlo supone tanto como hacer patente tal incumplimiento, que es lo que interesa a los fines probatorios.-	1.- El concepto clásico es quien alega la culpa de otro para demandarlo por daños y perjuicios, tiene la carga de probarla pero, por aplicación del sistema de las cargas probatorias dinámicas, ello recae no sólo en el que alega el hecho sino también en aquél que se encuentra en mejor situación para desvirtuarlo. Una conducta pasiva en materia probatoria, constituiría una violación de elementales principios de buena fe, que el juez no podrá dejar de ponderar al momento de dictar sentencia.-	La opinión de la doctrina mayoritaria nacional que propicia el desplazamiento de la carga de la prueba hacia el demandado en los juicios de responsabilidad médica, en función de las normas procesales exige al profesional médico o al personal paramédico una amplia colaboración en la dilucidación de los hechos relativos a la controversia demostrando su no culpa.

La apreciación más severa del actuar de los médicos se justifica por cuanto su misión tiende naturalmente a preservar la integridad física y la vida de las personas, obligándose entonces a los máximos cuidados y a poner la suficiente aptitud en el ejercicio de esa delicada actividad profesional, a tal punto que cualquier imprudencia o descuido adquiere, sin duda, peculiar gravedad. Sin embargo, lo dicho no puede operar en el ánimo del juzgador a la manera de preconcepto, ni debe hacer olvidar la importancia de ponderar en su totalidad los elementos gravitantes en cada caso particular, de modo de hacer adecuada aplicación de los preceptos contenidos en al art. 902, 512 y concs. del Código Civil.

Es que al ponerse en tela de juicio el prestigio profesional de un médico o institución de asistencia, cabe también al juzgador extremar su cuidado en la ponderación del caso, de modo de lograr el adecuado equilibrio entre los valores comprometidos, como único medio de lograr una decisión justa.-	La conducta esperable y exigible de quien posee el título de médico, es la de poner al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que aquél supone, prestándole una diligente asistencia profesional de acuerdo con el estado del paciente que requiera en cada caso. No se trata de exigir una lucha victoriosa contra lo que sea humanamente imposible, un conocimiento o dominio extraordinario de la ciencia, ni -por supuesto-, pedir infalibilidad. Lo que se le exige al profesional es que posea el caudal de preparación que comúnmente tienen los de su clase; que emplee los cuidados ordinarios, la pericia y la diligencia que guardan los demás médicos en casos iguales.

La culpa médica, por lo tanto, estriba en obrar de un modo distinto al debido y exigible; en tener un comportamiento inadecuado a determinadas exigencias ordinarias (conf. CNCiv, esta Sala M, causa Nº166594). En orden a lo anticipado, consecuencia del planteo de la actora en el proceso era probar este aspecto y el médico a su vez tenía a su cargo demostrar que su conducta estuvo dentro de los parámetros exigibles.

2.- En cuanto al tipo de cirugía hay casos en que la enfermedad del paciente no es presupuesto de la intervención quirúrgica, sino que esta tiene lugar por razones estéticas o de embellecimiento. En estos supuestos, algunos autores se pronuncian por la asunción de una obligación de resultado por parte del médico, al haber pronosticado un final favorable en el se funda el consentimiento prestado por el paciente. Así, sólo se lo eximiría de responsabilidad mediante la prueba del caso fortuito o fuerza mayor (CNC, sala I, Castro c/ Falbo", del 8/7/92, voto Dra. Borda).	Otros sostienen que no toda operación de cirugía estética hace surgir fatalmente una obligación de resultado o la responsabilidad objetiva del médico (CNC, sala G, causa nº 259255, del 19/3/99, voto del Dr. R. Greco; id. Sala A, expte nº126551/94, voto Dr. Molteni, Isis nº 0005978). En estos casos deberá juzgarse con mayor rigor las obligaciones asumidas, pero sin perder de vista que cualquier intervención produce riesgos y hasta la más sencilla puede tener consecuencias inesperadas.	Por otro lado el profesional debe informar sobre riesgos previsibles de común ocurrencia, según las estadísticas, experiencia médica habitual en la especialidad e investigaciones existentes sobre el tema, condiciones de salud del paciente que lo hagan propenso a determinado riesgo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que siempre existe peligro frente a una intervención y no es posible sobrecargar al paciente, ya de por sí asustado o ansioso por la situación, con mayores preocupaciones que pueden llegar a incidir en las condiciones físicas y espirituales con la que enfrentará el acto quirúrgico.

Son temas pues, que deben ser resueltos en cada caso en particular, teniendo en cuenta que la aceptación de los riesgos no importa un "bill" de indemnidad para el médico, ya que no exonera de su responsabilidad por negligencia, ni puede interpretarse que está autorizado a someter al paciente a prácticas injustificadas.-	La relación médico-paciente es contractual sujeta a los principios de buena y así la apreciación de la conducta del médico frente al reclamo por incumplimiento del convenio, quedará enmarcado en este ámbito y en los términos de lo acordado (arts 1137 y 1197, 512 y conc. del Código Civil). La diferencia entre la cirugía estética y la reparadora exige una sutil apreciación porque mientras la primera que tiene un fin exclusivo de embellecimiento, la cirugía reparadora tiende a corregir defectos congénitos o adquiridos y tiene una finalidad eminentemente curativa aunque en algunos casos también puede existir algún matiz estético (Trigo Represas-López Mesa; "Tratado de la Responsabilidad Civil" T. II, p. 417).

En la demanda la actora argumentó que había concurrido a la consulta para mejorar la estética de su abdomen (había tenido tres cesáreas, apendicetomía e histerectomía total), indicándosele una dermolipectomía que se practicó en el año 2004.

La imputación concreta que efectuó al Dr. E. fue sostener que la atribuida "culpa se asienta sobre la previsibilidad, por ello hay culpa cuando se ha podido o debido prever las consecuencias perjudiciales del acto. Y en este caso concreto, F. G. E. debió prever si efectivamente el aspecto estético del abdomen de la paciente podía ser o no solucionado" (fs. 137, párrafos 2°/5°). Garantizó el resultado, dijo, pero las consecuencias demuestran que se condujo con notoria impericia en el ejercicio de su profesión. Agregó una nueva cicatriz y la aparición de un serosa supraumbilical que lo provoca severos trastornos digestivos (fs. 137 vta)	Al expresar agravios sostuvo que no correspondía calificar el tipo de operación, sino que había que prestar atención al resultado antes que a la naturaleza de la cirugía que se le practicara y el tipo de obligación a cargo del facultativo E.. Insistió en que el consentimiento informado se circunscribió a prometerle un mejoramiento corporal y si existía la posibilidad de que no se lograra el mismo o los riesgos superiores a los beneficios esperados, debió ser aconsejada en el sentido de no realizar la intervención. A pesar de lo anterior en el fondo insiste en que se trata de una obligación de resultado.

Determinar si se trató de una cirugía reparadora o terapéutica es el punto de partida para la apreciación del factor de atribución y la consecuente distribución de la carga probatoria en torno a la clasificación de las obligaciones asumidas. En las obligaciones de medio el acreedor es quién debe demostrar la culpa del deudor, a diferencia de lo que ocurre en las de resultado en las que el actor solo debe probar la falta de obtención del resultado, es decir el incumplimiento de la prestación que conduce a la calificación de culpabilidad.

3.- Por otro lado en cuanto a qué es lo que debe informarse al paciente respecto de las consecuencias del tratamiento, corresponde exigir la de aquellos riesgos inherentes a la práctica que, razonablemente y de acuerdo con los estándares científicos, se puedan prever o sea los que con cierto grado de probabilidad ocurren según el curso normal y ordinario de las cosas, no los excepcionales o atípicos.

Es decir de acuerdo con lo dicho, es preciso determinar si el consentimiento quirúrgico firmado por la propia paciente fue lo suficientemente claro como para tener por probado que se le ha explicado en qué consistía la intervención y las complicaciones teóricas propias de un procedimiento quirúrgico, según indica la ciencia, técnica y arte médico como conducente, según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

De ahí que sobre ella pesaba la carga de demostrar que el daño provino de una categoría de riesgo sobre el cual ineludiblemente debió ser avisada, llevando a la convicción del juzgador que de lo contrario no se habría sometido al tratamiento y el daño no habría ocurrido, pues la producción de daño sobrevino por el incumplimiento del médico de tales directivas (conf. Lorenzetti, R., Responsabilidad Civil de los Médicos, pág. 211 y sgtes.).

A pesar de que en el escrito de demanda se afirmó que no había consentimiento informado suscripto por B., señalo que la actora lo suscribió y corre agregado a fs. 16 de la Historia Clínica en su original (fs. 134). Por eso más arriba dije que relacionando los planteos con la prueba producida se llegaba a conclusiones innegables.

La Ley 26.529 sobre los "Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" del año 2009, no estaba vigente cuando se realizó la cirugía de la actora, pero no obstante, surge de la historia clínica que fue informada de todos los riesgos de los procedimientos que se le realizarían.

En efecto, surge del formulario del "Consentimiento Informado" que dio y firmó la paciente B. y que fue completado en forma manuscrita por el médico, que el Dr. E. dio una "pormenorizada explicación acerca de mi estado de salud actual y de: a) La naturaleza del procedimiento propuestos: dermolipectomía. b) Sus beneficios: Mejora del contorno corporal. c) Sus riesgos: Cicatrices,. Hematomas, dehiscencia. Herida o Hernias (¿? casi ilegible). Estrías. Celulitis. Asimetrías. d) sus alternativas, incluida la de no hacer nada. He podido reflexionar lo suficiente acerca de lo expuesto, a la vez he podido formular todas las preguntas que tanto yo como mis familiares directos hemos querido hacer para aclarar todas las dudas surgidas. Por todo lo antedicho, autorizo al doctor/a y a los colaboradores que designe a llevar a cabo el procedimiento propuesto. En la ciudad de . el día . del mes de . - Firmado G. B., aclaración y DNI (de puño y letra de la actora). F. G. E. (hay un sello aclaratorio).

La demandada sostuvo que era falsa la afirmación de B. en cuanto dijo que no había tenido problema de cicatrizaciones anteriores, ya que el estado de su abdomen previo a la intervención y las fotografías demuestran lo contrario. Precisamente con la cirugía reparadora se buscaba mejorar las secuelas que en la zona habían dejado operaciones anteriores (cesáreas, apendicectomía, histerectomía, etc).-	Se designaron como peritos: médico gastroenterólogo al Dr. B., cirujana plástica a la Dra. I. y psicóloga a la lic. M., quienes presentaron sus dictámenes a fs. 492,504 y fs. 452 y sgtes.- B. describió a fs. 493, el estado que presenta el abdomen de la actora: lipodistrofia en la región supraumbilical, con acentuada flacidez y una cicatriz en T invertida en la zona infraumbilical. Tiene varios trastornos en su sistema digestivo gastritis crónica pero ya había antecedentes previos a la operación por presentar síntomas de acidez, pequeña hernia hiatal, reflujo, poliposis, dispepsia, colon irritable, dictaminando el médico que el seroma supraumbilical que presenta tiene poca influencia en los trastornos digestivos que presenta. Me remito a lo que surge de las conclusiones de la peritación obrantes a fs. 499 vta.).- Advierto que la actora es portadora de una personalidad lábil que presentaba dificultades de aceptación de su esquema corporal que influía negativamente en su autoestima y relación de pareja. Tiene dos hijos en el exterior con quienes no mantiene ningún contacto desde diez años atrás a la peritación psicológica y desde hace tiempo es tratada en el Hospital Británico por problemas psiquiátricos. Con una personalidad de base de estas características, es aceptable que haya sentido el agravamiento que dice padecer, pero la psicóloga interviniente sostuvo que no había causalidad directa sino que se trataría de una relación concausal. (conf. fs. 455 y sgtes). Por su parte el Dr. B. sólo encontró una posible relación entre el serosa y la dispepsia gástrica, aunque había antecedentes previos a la operación por stress (fs. 500).

La Dra. I. presentó su dictamen a fs. 504 y sgtes., consideró indiscutible que se ha tratado de una cirugía reparadora porque la señora presentaba flaccidez y liposdistrofia abdominal, explicando que se trataba de una zona que ya había sufrido varias operaciones con cicatrizaciones visibles y un colgajo dermograso, con una piel tan fina que se traslucen los vasos sanguíneos, ello con una estructura corporal que ha experimentado variaciones bruscas de peso. Con un ejemplo de cirugía de nariz aclaró las diferencias entre las operaciones estética y reparadora, sintetizando que en el primer caso la anatomía está conservada, por el contrario por ejemplo en los casos de boxeadores o labio leporino, los planos musculares se hallan atróficos o faltos de desarrollo o reaccionan distinto frente la "injuria" quirúrgica. El cirujano plástico reparador tiene que tratar de lograr lo mejor con lo que quedó, su obligación es de medios porque no puede prometer resultados en tales condiciones (fs 600/2). Finalmente insistió al contestar las impugnaciones, que la cirugía se efectuó según la técnica habitual de la especialidad.

Hasta la misma consultora técnica de la actora dijo que la dermolipectomía está indicada en casos de flaccidez cutánea, exceso de grasa,., musculatura abdominal laxa (ver la descripción que la Dra, M. hace del abdomen de B. a fs.561), y que la aparición de seromas es una complicación frecuente en estos casos.

Se ha explicado en las peritaciones que un seroma se origina por la acumulación de grasa liquida, suero y liquido linfático debajo de una herida quirúrgica reciente y es problema común que se observa mas frecuentemente en áreas del cuerpo donde hay un mayor porcentaje de grasa. El tratamiento consiste en drenar el líquido, pero a veces puede ser necesario repetir los drenajes en días sucesivos, debiendo medirse la cantidad de líquido drenado para saber si cada vez el volumen es menor o ha aumentado. Si a pesar de varios drenajes el seroma persiste, se debe abrir de nuevo la herida, dejarla cicatrizar por si sola realizando curas diarias para prevenir infección y corregir cicatriz en una segunda intervención una vez que ya ha curado.

Concluyo diciendo que en el caso y a mi juicio, la información ha sido suficiente y fue brindada sin reticencias. Había un diagnóstico, un tratamiento acorde, posibles resultados y riesgos, y a estar a los términos del consentimiento otorgado hasta se dio la opción de no realizarlo. Dicho en términos jurídicos hubo una información que explicitó una derivación razonable de las consecuencias que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. No se han alegado vicios del consentimiento en la señora derivados de error, dolo u otros factores obstativos del discernimiento, por lo que se está en presencia de una persona capaz, más allá de algunos rasgos de su personalidad o estructura psicológica de base.

Ocurre que a veces se produce una desviación de lo esperado, sea por una mala elección del tratamiento, sea porque la técnica no fue ejecutada de acuerdo con las reglas del arte, sea por aspectos que responden a factores orgánicos predisponentes o al entorno condicionante del paciente, caso fortuito o fuerza mayor y, con ello sobreviene un resultado dañoso. Determinarlo queda sujeto a las pruebas periciales que se agreguen a la causa.-	No se ha demostrado cuál fue el error del médico cirujano que trabajó sobre una zona vulnerable por los antecedentes de la actora, quien a pesar de haber tenido la opción de desistir de la cirugía, por ser coqueta y estar pendiente de su aspecto (así lo sostuvieron las testigos que declararon), asumió llevarla a cabo. Tampoco se demostró que la técnica aplicada no fuera de aquéllas que habitualmente conducen a solucionar problemas semejantes.	En el específico caso en definitiva, no encuentro elementos suficientes para apartarme de la decisión de la señora Juez de grado y por tanto, propondré al Acuerdo la confirmación de la sentencia en todos sus términos, con costas en esta instancia a cargo del perdedor al no encontrar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota (art. 68 y conc. del Cód. Procesal).

Los Dres. Fernando Posse Saguier y Mabel De los Santos adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mi que doy fe.

Fdo.: Elisa M. Diaz de Vivar - Fernando Posse Saguier - Mabel De los Santos - María Laura Viani (Secretaria) ///nos Aires, noviembre 28 de 2012.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia de grado en todos sus términos. 2) Imponer las costas en esta instancia a cargo del perdedor al no encontrar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota (arts. 68 y conc. del Cód. Procesal). 3) A fin de conocer respecto de las apelaciones de fs. 726, 728, 746, 737 y 739, deducidas por considerar bajos y altos los honorarios regulados en la sentencia de grado, se tendrá en cuenta que habiéndose rechazado la demanda y litigando la actora con beneficio de litigar sin gastos, la interpretación adecuada del régimen arancelario exige aplicar las pautas de la ley n° 21.839 -t.o. 24.432, no estrictamente, sino en base a la cifra que razonablemente hubiera podido corresponder al actor de haber prosperado la acción (conf. CSJN, abril 20 1995, "in re" "Martín, Jorge Alberto c/ Shin Dong Sik s/ Recurso de hecho", fallos 318:558; en igual sentido, esta Sala, expte. N° 359.956; 402.781 y otros; Sala H, expte. N° 36.543; íd. N° 140.436). En tal orden de ideas deben valorarse -en su conjunto- los conceptos relcamados, las características del hecho en cuestión, su víctima y finalmente los trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad de los mismos (conf. Art. 6°, incs. b); c) y d) de las leyes arancelarias mencionadas).

En consecuencia, por resultar elevados los honorarios regulados a favor de los Dres. F. G. Z. y B. P. Z. -en conjunto- en su carácter de letrados apoderados de la parte actora, se los reduce a la suma de pesos diez y nueve mil ($ 19.000) discriminándoselos en la suma de pesos nueve mil quinientos ($ 9.500) para cada uno de ellos. Por resultar equitativos los discriminados a fs. 743 al Dr. B. P. Z., por su labor en las incidencias resueltas a fs. 463 y 592 se confirman sendas sumas.

Por resultar elevados los fijados a los letrados apoderados por la parte codemandada Hospital Británico, se los reduce a la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) discriminándose la suma de pesos seis mil ($ 6.000) para el Dr. F. P. S. y la suma de veintinueve mil ($ 29.000) para el Dr. F. P. R.

Por resultar elevados los de los letrados apoderados por el co-demandado E. y la citada en garantía TPC Compañía de Seguros S.A., se los reduce a la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) discriminándose la suma de pesos treinta y tres mil quinientos ($ 33.500) para el Dr. H. J. E., la suma de pesos un mil ($ 1.000) para el Dr. J. C. B. y la suma de pesos quinientos ($ 500) para la Dra. M. F. C.

Por resultar elevados los de los letrados apoderados de Noble S.A. se los reduce a la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) discriminándose la suma de pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000) para el Dr. M. G. M. y la suma de pesos un mil ($ 1.000) para el Dr. J. I. L.

II.- En lo atinente a los de los peritos, se ha de ponderar la naturaleza de la peritación realizada, calidad, extensión y complejidad de la misma, mérito técnico-científico, monto económico comprometido y proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos respecto de los de los letrados. Respecto del consultor técnico, su asesoramiento a la parte que lo propuso, no es asimilable al dictamen de los peritos, por lo cual sus honorarios deben ser proporcionalmente menores a los de aquéllos (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Bs. As. 1993 pág. 147; CNCiv., Sala H, n° 168.726; CFedCiv y Com., Sala 2, del 30/03/09, entre muchos otros).

En consecuencia, por resultar elevados los honorarios de los peritos se los reduce. Los de la perito en cirugía plástica y reparadora, regulados por su dictamen de fs. 504/520, Dra. H. S. I., se reducen a la suma de pesos seis mil ($ 6.000). Los del perito médico gastroenterólogo, Dr. H. M. B., por su informe pericial de fs. 492/500, se reducen a la suma de pesos seis mil ($ 6.000). Los de la perito psicóloga, C. M. M., por su dictamen de fs. 452/58, se los reduce a la suma de pesos seis mil ($ 6.000).

Por resultar elevados los fijados a la consultora, E. A. M., por su informe de fs. 522/544, se los reduce a la suma de pesos tres mil ($ 3.000).

III.- En este estado, corresponde regular los honorarios devengados por la actuación de los letrados en la Alzada.

Regúlanse los honorarios del Dr. B. P. Z. en la suma de pesos cuatro mil setecientos cincuenta ($ 4.750), los del Dr. F. R. R., en la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta ($ 6.250), los del Dr. H. J. E. en la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta ($ 6.250) y los del Dr. M. G. M., en la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta ($ 6.250).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo.: Elisa M. Diaz de Vivar, Fernando Posse Saguier, Mabel De los Santos y María Laura Viani (Secretaria).