marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, líneas aéreas
Materia: LABORAL
Carátula: Andrioli, Diego Marcelo  c/ Lan Argentina S.A.  s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

La demandada Lan Argentina S.A. cuestiona que el sentenciante considero nulo el mutuo acuerdo extintivo de la relación laboral en los términos del art. 241 LCT. Lo que hace a la existencia de un mutuo acuerdo no es que la iniciativa provenga de alguna de las partes, sino que el acto jurídico que pone fin a la relación laboral sea bilateral y donde confluya un acuerdo de los intereses de ambas partes. Cabe aclarar que un acto jurídico solo se ve privado de efectos si está afectado por algún tipo de nulidad, sea esta absoluta o relativa. Desde el inicio se indicó que la voluntad empresaria era lograr una "quita" en las liquidaciones que debían hacerse efectiva como consecuencia de los despidos que generaba su decisión de abandonar las operaciones comerciales y ello en el marco de prohibición legal para lograr la reducción del personal y sin que se plantearan nulidades. Continuar en una empresa que ya había anunciado su partida del país y el cierre de las operaciones comerciales, se vio ampliado ante la incertidumbre de no saber si abonarían las indemnizaciones finales o presumir la imposibilidad del pago en un plazo contemporáneo al momento del distracto. No existen noticias en el acuerdo que la parte actora hubiera querido finalizar la relación laboral sino que además, este acuerdo fue minuciosamente redactado incluso con la incorporación de estipulaciones gravosas para el trabajador. Las declaraciones de los testigos dan cuenta de la existencia de una práctica que buscaba una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación, a poco que se observe que todos ellos describieron la operatoria implementada para conseguir la salida de los dependientes de la empresa a un menor costo y logrando de esta forma el efecto no querido por la norma legal que prohibió los despidos sin causa en forma excepcional durante los tiempos de pandemia, demostrándose efectivamente que existió un despido encubierto por un acuerdo celebrado a fin de evitar consecuencias más gravosas para el actor en caso de no hacerlo. El vicio invocado y demostrado impide otorgar validez al acuerdo cuestionado.
Empleo público, derechos de los agentes de la administración pública, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JELEN, Viviana c/ T.C.N. s/ JUICIO DE CONOC"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-26

En la ley 22.140 se condiciona la estabilidad del agente no sólo al cumplimiento de los 12 meses de servicio efectivo sino también a que se satisfagan los recaudos resultantes de la reglamentación. En ella -aprobada por el decr. 1.797/80-, se agrega como requisito para la estabilidad, la necesidad de obtener la calificación mínima que en el escalafón básico o los ordenamientos especiales se determine para la confirmación.
Recurso de casación, expresión de agravios
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESORES DE ANTONIO LLADHON S.R.L. c/ PETROLERA AÑATUYA S.R.L. S/ EJECUCION HIPOTECARIA s/ CASACION CIVIL CAJERVILLE ALFREDO NESTOR S/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS: EL ORIENTE C/ MONTOTO ALBERTO S/ COBRO DE PESOS. s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-11-01|2007-05-31

Lo referente a la insuficiencia de la expresión de agravios y a la consiguiente declaración de que ha quedado desierto el recurso de apelación interpuesto, son cuestiones ajenas al recurso de casación, ello así, por cuanto esta declaración encierra una apreciación de aspectos fácticos y de derecho procesal cuya valoración es facultad privativa de los jueces de la causa, y por lo tanto está exenta de revisión en esta instancia, salvo absurdo o arbitrariedad en la merituación de la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 260 del C. P. C. y C..
Recurso extraordinario, cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: S.A.D.O.C. c/ UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA, PLAN SOCIAL EDUCATIVO, GOB. DE LA PCIA.,ETC. s/ AMPARO-APELACION-RECURSO EXTRAORDINARIO PRESENTADO POR EL DR.CERRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-04

No es planteamiento adecuado de la cuestión federal, la cita de normas constitucionales en el sentido de haberse violado la defensa en juicio y como consecuencia la igualdad ante la ley en forma genérica e indiscriminada, sin probarse el ligamen que guarda cada una de ellas con lo resuelto en el pleito.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zarate Elida s/ Sucesion testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La presentación al juicio de dos herederos del causante, estando ya abierto el sucesorio, no traduce una actividad beneficiosa para la masa, sino claramente realizada en interés de los presentantes y que, como tal, debe ser considerada de interés particular.
Fallos de la Corte Suprema, declaración de la víctima, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: BAREZ, Noelia Carolina c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

Sobre la base del estándar fijado en el fallo "Benitez" de la Corte Suprema, la circunstancia de que la defensa nunca haya podido controlar la declaración del damnificado prestada en sede policial el día del hecho, por el suceso que se le reprocha a la imputada sumado a que se trataría de una persona que no dominaba perfectamente el idioma castellano y cuya identidad nunca fue fehacientemente constatada, resulta inviable la valoración de tal testimonio incorporado por lectura al debate. Cita de "Benitez" Fallos: 329:5556
Regulación de honorarios, abuso del derecho, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Decavial S.A.I.C.A.C. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ revocatoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

El derecho de los profesionales a percibir sus honorarios no puede ser invocado para legitimar una solución que configure un lucro abusivo (art. 1071 del Código Civil), desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas (art. 28) (Voto del Dr. Guillermo A. F.

López).
Derecho procesal, dictámenes, competencia, perpetuatio jurisdictionis, Poder Judicial, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

La competencia del poder judicial está limitada a la resolución de "casos" o "causas". Su facultad de "jurisdictio" sólo se ejerce respecto de cuestiones que se susciten ante ellos por las partes, para asegurar el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones, teniendo en mira, principalmente, la necesidad de preservar el sistema de organización del Estado. La Corte Suprema de la Nación ha declarado desde antiguo que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, sino que es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (CSJN, Fallos: 2:253; 24:248; 94:444; 94:51; 130: 157; 243:177; 256: 103; 263: 397, entre otros). Asimismo, desde sus inicios se negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la Nación, la facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los poderes legislativo y ejecutivo (CSJN, Fallos: 1:27 y 292; 12:372; 95:51 y 115:163). Del Dictamen Fiscal N° 1167/20
Excepción de pago, honorarios, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Manzzi Marcos Alberto c/ Abbate Pablo Eduardo s/ Cobro De Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-27

Procede parcialmente la excepción de pago opuesta a la ejecución de honorarios profesionales, pese a que los recibos fueron otorgados por el ejecutante con anterioridad a la sentencia que reguló los emolumentos, pues de no ser así, se obligaría al cliente a pagar dos veces el mismo servicio; es que, si bien el derecho al honorario deriva de la propia índole de los trabajos cumplidos ello no empece a que el profesional sea desinteresado total o parcialmente con antelación a la regulación e incluso del cumplimiento mismo del servicio.
Indemnización en razón de equidad, alterum non laedere, principio de progresividad
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez, Maria Laura c/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-12

Es dable tener en cuenta la primacía de la equidad para merituar lo justo en el caso concreto, principio operativo en materia de resarcimiento de daños, el reconocimiento de la máxima indemnización posible -y reconocida por el Estado- en atención al principio "alterum non laedere", a fin de resguardar la indemnidad, y la vigencia del principio de progresividad -receptado en la órbita constitucional y por vía de tratados- como norma primaria que inspira y sistematiza a esta rama del derecho, y del cual se desprende como regla secundaria la de la norma más favorable, que es aplicable en función del ámbito temporal de las leyes, entre otros principios.
Modalidades del contrato de trabajo, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Troncoso Héctor Martín c/ Frigorífico de Aves Soychú SAICFIA s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-12

En cuanto a cuáles son las "modalidades esenciales del contrato", lo sustancial del contrato son el salario, el tiempo de trabajo y la calificación o rol contractual del trabajador. Si unilateralmente el empleador modifica algunas de estas pautas básicas no estaríamos ante un uso abusivo del ius variandi sino ante un supuesto más trascendente como es la modificación novatoria objetiva y unilateral del contrato (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas urgentes, daño irreparable, medidas provisionales, competencia contenciosa del tribunal internacional, derecho a la integridad psíquica y moral, hijos de desaparecidos, sustracción de menores, protección a la familia, medidas de seguridad y protección, REPÚBLICA ARGENTINA, dictadura militar
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Reggiardo Tolosa c/ República Argentina s/ Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1993-11-19

Si la Comisión Interamericana denuncia que se encuentra en juego la integridad psíquica de dos menores hijos de desaparecidos -durante la dictadura militar acaecida en la República Argentina-, que fueron apropiados e inscriptos como de un subcomisario, invocando un agravamiento en la situación en tanto continúan en poder de quienes están siendo juzgados como autores de ilícitos en su contra, aún cuando el caso no se encuentre en el marco de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, cabe ponderar que resulta necesario evitar daños irreparables a través de la implementación de las medidas provisionales solicitadas por aquél organismo, pues la situación reviste carácter de gravedad y urgencia.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: JACOBO, MARIA ALEJANDRA Y ALEJANDRO SERGIO MONTENEGRO s/ DIVORCIO VINCULAR POR PRESENTACION CONJUNTA (INCIDENTE DE REDUCCION  DE CUOTA ALIMENTARIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-06

Si bien en principio la mayoría de edad hace cesar la obligación alimentaria, también es cierto que la parte interesada debe ser escuchada a los efectos de resguardar su derecho de defensa.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pastor, Claudio Rube s/ Robo agravado por el empleo de armas, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la transgresión del art. 256 in fine -n.a.- del Código de Procedimiento Penal si existen, en la conformación de la prueba compuesta efectuada por la Cámara, declaraciones testimoniales que, aun resultando inhábiles, junto con la confesión extrajudicial pueden formar base de la prueba compuesta, restando además otros elementos complementarios suficientes que permanecen firmes por falta de ataque.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía, aportes y contribuciones previsionales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Fontana Emilse Mariela y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia impugnada. Ello así, porque, ante una liquidación consentida que no las contemplaba, la jueza de primera instancia admitió la retención de aportes previsionales sobre diferencias salariales aún no pagadas, mientras la denegó sobre las ya abonadas, mientras que la Cámara a quo revocó esta decisión, alegando que el pago parcial supone un principio de ejecución ante el cual caduca ese derecho a retener. Ello constituye un apartamiento palmario de la sentencia que puso fin al pleito sin pronunciarse acerca de una retención que no formó parte de lo discutido. El tribunal a quo no brinda -ni se advierte- razón que dé sustento a esa tesis, sino un obstáculo práctico consistente en que, una vez efectuada la entrega del dinero, desaparece la posibilidad física de retener parte de lo entregado. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
SOCIEDAD DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS PROVINCIALES DE SANTA FE, LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, televisión por cable, Impuesto sobre los ingresos brutos, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. N° 79001 - TEVECOA S.R.L. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-12-20

El tributo provincial a los ingresos brutos afecta la llamada "cláusula comercial" contenida en el Art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional. La legislación local incluye en el régimen de exenciones a las emisoras de radiotelefonía y televisión, excluyendo la ley 6648 de tal exención a la explotación de televisión por cable. Si la exención se ve avalada por el texto del art. 10 ley 25.063 donde expresamente se prevé la exención tributaria para todas las empresas prestadoras de servicios de radiodifusión y complementarios; la exclusión de las empresas de televisión por cable, codificadas, satelitales, de circuito cerrado, que establece la ley provincial 6648 es violatoria de disposiciones de orden nacional e importa un inequívoco avance sobre las facultades del gobierno nacional en materia relacionada con el servicio público de radiodifusión.
Caducidad de instancia, incidente de caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Portnoy, Miryam Silvina. c/ Banco Hipotecario Nacional y Otros. s/ Escrituración Inmueble.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

Si bien en términos generales la carga de impulsar el proceso pesa sobre la accionante, dicha responsabilidad cesa cuando el juez se encuentra en condiciones de emitir un pronunciamiento atinente a la situación procesal de la causa. Desde que en el expediente se está en condiciones de dictar una resolución que el necesaria como paso previo al ulterior trámite -que de otra manera no se podría realizar- se abre un compás de espera a la actividad de las partes:

nada puede útilmente hacer y, por tanto, no les ha de correr el plazo de caducidad. De las constancias de autos resulta que ha fs.

86 a demandadas formuló el acuse de perención de la instancia y a fs. 88 notificó a su contra parte, quedando relevada desde ese momento de la carga de impulsar el proceso en razón de que el juez se encontraba en condiciones de dictar la correspondiente resolución, por lo que se debe concluir que en la especie fue correctamente desestimada la caducidad del incidente de caducidad impetrada.
Abogados, expresiones incorrectas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mar del Plata, Jockey Club S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Usucapión Kaspar Juan José c/ Emanuele Nicolás y-o quien resulte propietario s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24|1999-12-02

Corresponde adoptar un criterio amplio, con relación a qué debe entenderse por "...toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos..." (sic. art. 35 inc. 1º CPC), de modo tal que queden comprendidas no sólo las frases injuriosas u ofensivas propiamente dichas, sino también toda otra expresión que denote una falta de consideración hacia la persona del Juzgador (o letrado de la parte contraria), o que incluya la utilización de adjetivaciones innecesarias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

En virtud de un análisis gramatical de los artículos concernientes a la probation, más allá de la deficiencia o poca claridad en la redacción, no cabe duda alguna que cuando se indica como norma y criterio general, que la suspensión proceder para el imputado de delito con pena de prisión o reclusión "cuyo máximo no exceda de tres años", está haciendo referencia indudable a la pena en abstracto, ya que si habla de máximo, debemos remitirnos a su significación que según el Diccionario de la Lengua, indica "límite superior o extremo a que puede llegar una cosa", y como tal, la redacción del código Penal, cuando indica en cada pena, la sanción, habla de máximo, para decir cuál es su conminación en abstracto, debiendo entenderse de la misma forma o manera para este caso. (Del Voto del Dr. Crippa García). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Remuneración, recibo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Marcos c/ Empresa Crucero del Norte y/o responsable s/ Laboral, por despido intempestivo, rubros adeudados, horas extras,  indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-11

No es suficiente que se exhiba el recibo sino que éste debe contener la firma del beneficiario, negada ésta, carga la parte demandada con la obligación procesal de acreditar la pertenencia en miras a lograr la actuación de la ley a su favor y no al contrario, como sostiene el recurrente en clara referencia a que el actor no produce la pericial caligráfica, ya que a este le basta con su negativa y así lo recepta correctamente la sentenciante.
Caducidad de instancia, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galvan, Carlos Miguel c/ Bolsa de Comercio Mar del Plata S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

La solicitud de caducidad de la instancia debe ser resuelta por el tribunal competente para dictar la resolución cuya instancia abrió el recurso, es decir por la instancia donde debe tramitarse el recurso.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Goycoechea, Enrique C. c/ Scialchi de Oberti, Norma y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Las previsiones del art. 219 del C.P.C. no amparan a los bienes que integran un fondo de comercio o establecimiento comercial o industrial. (Minoría u opinión personal)
Regulación de honorarios, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Rocca, J. C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

Establecer los honorarios conforme al enorme valor de los montos involucrados en el juicio retribuiría desmesuradamente la labor, con menoscabo del derecho de propiedad de los obligados al pago (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Carlos S. Fayt).
Privilegios parlamentarios, inmunidad de expresión, inmunidad de jurisdicción, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tula, Lucía Garín de s/ En Expte. Cámara Nº 205/00 "Cisternas, Mario Héctor c/ Tula, Lucía Garín de s/ Indemnización por daño moral y profesional" s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-04-05

Nuestra Constitución local en su art. 103 ha previsto en dos apartados distintos lo que la C.N. engloba en el Art. 68.

De modo que se distingue en el orden provincial "la inmunidad de opinión" y "la inmunidad de proceso o jurisdicción", entendiéndose a Esta como "la imposibilidad de iniciar proceso judicial ... o administrativo ... ni citación para comparecer en juicio ... ni como testigo ..." (Bidart Campos, "Derecho Constitucional del Poder" T-I, pAg. 276).

Por lo tanto, la inmunidad aludida supone la imposibilidad absoluta de iniciar en todo tiempo cualquier tipo de proceso -ya sea penal, civil o administrativo- contra un legislador siempre y cuando tal tipo de proceso tenga origen en las opiniones que aquél haya expresado como tal.

Además en el orden provincial también se reemplaza el término "judicialmente" por "ninguna autoridad", con lo que se admite hasta la imposibilidad de que se le inicien procesos administrativos.

Del voto del Dr. Cáceres-Según su Fundamento-por la Mayoría
Estado Provincial, empleados públicos, Policía Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-11

Mediante los arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional las provincias se han reservado la facultad de darse sus propias instituciones y de regirse por ellas, razón por la cual es competencia del legislador local reglar en todos sus aspectos las relaciones jurídicas de empleo público provincial, a lo que se suma la circunstancia de que en el caso especial de las fuerzas policiales está en juego la regulación de instituciones que son esenciales para que los Estados locales puedan cumplir con sus cometidos propios en materia de seguridad interior (art. 5° de la ley 24.059) (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).