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Constitución Nacional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, debido proceso, culpabilidad, proporcionalidad de la pena, derecho a la privacidad, principio de legalidad, non bis in ídem, derecho penal de acto
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Gramajo, Marcelo Eduardo s/ robo en grado de tentativa -causa Nº 1573-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-05

La reclusión por tiempo indeterminado prevista en el art. 52 del Código Penal es inconstitucional, en tanto viola los principios de culpabilidad, proporcionalidad, reserva, legalidad, derecho penal de acto y prohibición de persecución penal múltiple -ne bis in idem-, todos ellos consagrados de manera expresa o por derivación, en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional y en los distintos intrumentos internacionales de derechos humanos, que desde el año 1994 pasaron a configurar un imperativo constitucional, siempre que su contenido no resulte violatorio de los principios de derecho público local, tal como lo exige el art. 27 de la Constitución Nacional, manifestación inequívoca de la soberanía estatal (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Modificación del monto del juicio, indemnización, incapacidad sobreviniente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sandoval, Nora Haydea c/ Leal, Rosa Herminia y otro s/ d. y p. res. contractual particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-13

A partir de considerar el porcentaje de incapacidad informado por el perito médico (7%), la edad de la actora al momento de hecho (78 años), lo señalado por el experto en punto a que padece dificultad para deambular y la lesión de autos es uno de los motivos de ello, y las indemnizaciones otorgadas en otros casos por esta Alzada, corresponde elevar el monto de condena por este rubro a la suma de $30.000 (art. 165 del C.P.C. y C.).
Bienes gananciales, bienes gananciales de administración propia
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de Formosa S.A. c/ Lombardo, Sara s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-13

Respecto al régimen de los bienes de los esposos cabe señalar, que el artículo 5 de la ley 11.357 sienta el principio de la irresponsabilidad de uno de los cónyuges respecto de las obligaciones contraídas por el otro con terceros. Es decir, que la responsabilidad por deudas es, pues, propia de quien las contrajo y afecta su patrimonio con total prescindencia de que los bienes que lo integran tengan calidad de propios o gananciales. Por ello, para que un bien ganancial inscripto a nombre del cónyuge del deudor responda -y sólo con sus frutos- por las obligaciones contraídas por este último, debe acreditarse que se ha constituido la obligación para atender las necesidades del hogar, gastos de conservación de los bienes comunes o educación de los hijos (art. 6 ley 11357).

Cabe dejar sentado que estos supuestos constituyen casos de excepción y, por lo tanto, su prueba compete a quien los alegue y no pueden ser presumidos; habiéndose entendido que incumbe al ejecutante probar su crédito es de los previstos en el artículo mencionado.
Litisconsorcio, litisconsorcio pasivo, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: Atieni, Margarita c/ Lagos, Carlos L. filiación (Expedientes DSJ. Nros 195/90 y 202/90) s/ recurso de inconstitucionalidad (quejas admitidas).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Tanto en el litisconsorcio pasivo como en el necesario, los litisconsortes conservan su autonomía de gestión procesal, ya que pueden adoptar distintas actitudes frente a la sentencia.
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caballero Enrique c/ Comesaña José y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

El daño moral nace con el hecho ilícito y a cuya reparación está obligado el responsable desde el momento mismo que comete aquel, dependiendo su determinación del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido sin que sea menester otra precisión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Ovidio Atilio s/ Robo agravado y resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia genéricamente una errónea interpretación de la ley pues se omite cumplir la carga que le impone el art. 355 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) de citar de manera concreta la norma que se alega violada.
Abogados, sanciones del Colegio Profesional, suspensión de la matrícula, exclusión de la matrícula
Materia: PROCESAL
Carátula: GARROS CALVO, JORGE CARLOS s/ RECURSO DE QUEJA Causa 761 761
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Si el letrado en cuestión fue suspendido en la matrícula °lo que constituye un mero trámite administrativo- por no haber abonado las cuotas pertinentes del Colegio Público de Abogados, esa circunstancia resulta irrelevante para el normal ejercicio de su ministerio por no tratarse de una sanción de exclusión.
Notificación, domicilio constituido
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA RAFAEL OSCAR Y OTRO c/ VIVERO ARAUCARIA Y/U OTROS s/ INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD, ETC. - CASACIÓN LABORAL s/ INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-13

Al ser la propia incidentista quien denunció el domicilio al que luego le niega todo valor o eficacia por inexistente, es innegable que fue el autor de la causa que ahora señala como invalidante, por lo tanto, conforme el tenor del art. 73 de la Ley 3.603, carece de toda habilitación procesal, a los efectos de promover el incidente de nulidad planteado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal de cuentas, revisión judicial de actos administrativos, Pacto de San José de Costa Rica, democracia, Poder Judicial, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pizzagalli Eduardo Elmo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

El Tribunal de Cuentas, como todo órgano estatal, ha de estar sometido a la ley y actuar de acuerdo a ella, y la revisión judicial de sus decisiones constituye un principio amparado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscripta en la Ciudad de San José de Costa Rica el 22-11-69, aprobada por Ley del Congreso Nacional 23.054 (arts 8.1. y 25 ;arts 31 y 100 Const Nac. ;149 Const.prov.), y acorde con la defensa de los valores de un sistema democrático que impone un cuidado especial en la adopción de soluciones que impidan al Poder Judicial velar por la vigencia de legalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, facultades tributarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco Provincial c/ Folgueira, Omar Jorge s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-12

Se admite que los "adicionales" o "recargos" establecidos por las leyes impositivas y municipales están cubiertos por el privilegio del art. 3879 inc. 2 del C.C. porque su naturaleza jurídica es la de verdaderos impuestos. Pero tanto los intereses como las multas, ya se los considere accesorios de los impuestos o de naturaleza distinta, no están cubiertos por el privilegio que la ley de fondo otorga sólo a los impuestos, atento al carácter de interpretación restrictiva imperante en la materia.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: B., M.A. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-10

En el sistema de la ley 23.982 se ha abandonado la regla de la accesoriedad establecida en la ley 23.696, que el crédito por honorarios no guarda subordinación material con relación a la obligación que constituyó el objeto de la pretensión y que aquél configura, de por sí, una obligación de dar una suma de dinero sujeta a la consolidación con el alcance del artículo 1 de la ley 23.982.
Privación del uso del automotor, indemnización, taxi
Materia: CIVIL
Carátula: PICCINI, SILVIA SUSANA Y OTRO c/ LA RIOJA, PROVINCIA DE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

El período de inactividad de un automóvil taxímetro debe considerarse comprendido entre la fecha del accidente y la del pago de la indemnización por la aseguradora, al cual debe añadirse el tiempo que insumió la reparación del vehículo, que no podía razonablemente haber sido efectuada antes de que se abonaran las sumas debidas.
Repetición de impuestos, actualización monetaria, pago de tributos, pago espontáneo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Lisport  SRL . s/ apelación (por retardo).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Para establecer los alcances de lo dispuesto por los arts. 813 y 814 del Código Aduanero, cabe recurrir al art. 81 de la ley 11.683 (t.o. en 1978) de cuyo texto surge que constituyen pagos espontáneos aquéllos que realice voluntariamente el contribuyente, sin que medie una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora.
Recusación, jueces, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Lima, Hugo Enrique y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-26

La casación provincial a su vez ha reiterado que la opinión en ocasión de dictar sentencia en otro juicio, no es susceptible de fundar el prejuzgamiento, aunque se haya planteado en él un caso análogo, idéntico o semejante al del proceso en que se formula la recusación, porque cada juicio está constituido por cuestiones de hecho distintas que obligan a especiales decisiones y porque el prejuzgamiento debe referirse a que los Magistrados hayan emitido opinión acerca del mismo proceso pendiente (STJER, CyC, "Municipalidad De Paraná C/ I.a.p.v. S/ Apremio", del 26/09/2000), supuesto este último, que no ha sido mencionado en la especie.
Violencia familiar, exclusión del hogar, concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: A., M.S. c/ S., J.C. s/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-12

El sustento de la denuncia en el marco de la ley 24.417 debe estar referida a una situación de violencia que suscite riesgo actual para quien la invoca. Tal circunstancia no se configura si la denunciante alega una exclusión violenta por parte de su ex-concubino respecto del inmueble que detentaba con sus hijos menores. Pues, la mera pretensión de recuperar la vivienda, encuadra en otro tipo de acción sumarísima, ajena al ámbito específico de la denuncia por violencia familiar.-
Despido, comunicación del despido, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Domínguez, Palmiro Miguel c/ Cooperativa Regional Agrícola Ganadera de General Pico Ltda. s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-06-24

La comunicación por la cual la patronal desconoce la existencia de una relación de trabajo expresa una clara voluntad de no mantener una relación laboral que se ha tenido por probada y es indudablemente incompatible con su continuación. La voluntad de la patronal de despedir al empleado quedó así reflejada, en la forma inequívoca que requieren el art. 918 del Código Civil. Por tal motivo lo expresado por el actor en su telegrama al considerarse " despedido sin justa causa" es exacto, pues efectivamente la patronal decidió extinguir la relación sin invocar razón alguna y bajo pretexto de que no existía.
Cheque sin fondos, concurso preventivo, error de prohibición, error de derecho extrapenal, convocatoria de acreedores
Materia: PENAL
Carátula: PARODI, JORGE A. s/ Cheque sin fondos Causa Nro. 34734.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

1-El error de derecho extrapenal, para ser exculpante, debe ser esencial e invencible y dicha circunstancia se da cuando el autor no puede librarse de él usando cautamente los sentidos y la razón, y su admisibilidad depende de las circunstancias concretas del caso para decidir si debe considerárselo o no vencible, es decir, en la terminología de nuestra ley, inimputable. (Del voto del Dr.

Pizzatelli).- 2-Existe en el procesado un "error de prohibición" si por un singular y erróneo consejo profesional de no pagar los cheques objeto de la causa entendiendo que ese crédito estaba comprendido en el concurso preventivo, ya que si los abonaba cometía un delito mayor al haber entrado en dicho concurso de acreedores, error que lo condujo a desconocer el carácter ilícito de su conducta. (Del voto del Dr.

Pizzatelli).- 3-La confianza que debe existir entre el cliente y el abogado, conforman una situación objetiva y subjetiva relevante para poder llegar a la conclusión de que, en el caso, el imputado ha padecido un error invencible e inculpable. (Del voto del Dr. Pizzatelli).
Honorarios, costas, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: CORONADO CARLOS HUMBERTO c/ ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. s/ OFICIO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-26

Esta Alzada ha sostenido, desde hace tiempo, que: "Tal como señala el perito al contestar los agravios, es criterio reiterado de este Cuerpo que aquel puede reclamar la totalidad de sus honorarios a cualquiera de las partes, sin tener que atenerse al modo en que se hayan impuesto las costas". "La pretensión del quejoso acerca de que previamente debe requerirse el pago al condenado en costas no se ajusta al modo que cabe concebir la tarea del perito dentro del proceso, aspecto éste último que resulta medular al momento de establecer el criterio a seguir". "No se trata de analizar las normas de fondo que gobiernan las obligaciones solidarias, sino de dejar en claro el papel que es llamado a cumplir el experto dentro de una controversia judicial". [.]
Recurso de queja (procesal), competencia de instrucción, competencia correccional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Tello, Irma Ramona en autos "Tello, Irma Ramona s-Querella" s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-15

Según el artículo 434 C.P.P., es presupuesto de la queja que el recurso denegado "procediere" ante el Tribunal donde se ocurre por vía del recurso directo lo que no sucede en el presente ya que, según se expusiera hasta aquí, este Tribunal de Alzada resulta incompetente por la materia para entender las impugnaciones dirigidas contra las decisiones tomadas por los Jueces Correccional.
Rescisión del contrato administrativo, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Echenique   y  Sánchez Galarce S.A. c/ Instituto de Vivienda del Ejército s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Corresponde reducir el porcentaje de utilidad que presuntamente hubiera obtenido la empresa constructora en caso de haber seguido ejecutando el contrato hasta concluir la obra, de manera proporcional al valor resultante de los informes del perito ingeniero y el consultor técnico al estimar el valor actual del faltante al tiempo de la rescisión.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, apreciación del juez, protección de la vivienda
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BIANCHINI Y BRUSATORI SA c/ ADALA, MOHAMED Y OTRA s/ DESAFECTACION DE BIEN DE FAMILIA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 100-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-29

No habilita la instancia de excepción la supuesta prescindencia de prueba que no aparece como decisiva en orden a revertir la suerte del litigio.

En el caso, el recurrente se agravia porque no se tuvo en cuenta las constancias expedidas por el registro general que demostraban que el inmueble no había sido transferido y la sala lo consideró apartado de lo que fue materia de la litis, habida cuenta que la demanda de desafectación del inmueble como bien de familia no se fundó en que la finca hubiera sido transferida, sino en que su titular no cumplía con el artículo 41 de la ley 14394, que obliga al propietario o a su familia a habitar el bien.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Almafuerte Empresa de transporte SACIeI c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Es improcedente la promoción de la acción contencioso administrativa por retardación si después de interponerse el escrito impugnatorio contra la decisión cuya anulación se pretende es presentada la demanda antes de que venciera el término de inacción que autoriza a los particulares a pedir pronto despacho. Ello así, por cuanto el primer período de inactividad y la presentación del pronto despacho sumados al transcurso del segundo período de inactividad devienen requisitos inexcusables para la configuración de la denegación tácita prevista en el art.7 del C.P.C.A (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida, actos ilícitos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz, Miguel Angel y otros c/ Mondenesi, Pablo Alejandro Manuel s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-15

El hijo mayor de edad tiene derecho al resarcimiento cuando prueba el perjuicio efectivo que la muerte del progenitor le ocasionó, en la medida que se acredite el motivo por el cual la muerte del padre o de la madre produce un daño. De manera que no importa negarle a los hijos mayores el derecho a demandar por los daños y perjuicios que la muerte de su padre o madre pudo acarrearles, pero en este caso no será de aplicación el art. 1084 del Código Civil sino los arts. 1077, 1079 y 1109 del mismo código, con la consiguiente obligación de acreditar el daño que el hecho ilícito ocasionó.
Interés público, lesiones leves, Estado
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Mariana Solange s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Resulta palmario el interés público que torna aplicable la excepción prevista en el ap. b) del art. 72 CP, si de conformidad con la plataforma fáctica contenida en la imputación, la damnificada es una agente de una fuerza de seguridad que ha sido lesionada en el ejercicio de sus funciones. Objetivamente hablando, existe una eventual afectación a un interés público, dado el carácter que tenían las prestaciones efectuadas por la presunta damnificada al momento de sufrir las lesiones y por ende, su eventual afectación no puede quedar restringida a la mera esfera privada de su persona. De ese modo, la conducta bajo examen se enmarcó dentro del desarrollo de una actividad propia del Estado, es decir concerniente al manejo de la cosa pública (voto del juez Días)
Recurso contencioso administrativo, ejecución de sentencia, juicio de apremio, inhabilidad de título, remuneración, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villagra, Rodolfo René Daniel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -Incidente  de apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 105 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-17

La excepción de inhabilidad de título interpuesta por la Provincia demandada debe prosperar, desde que la restitución a los recurrentes - empleados públicos- de la esfera jurídica vulnerada, desde el punto de vista patrimonial, no puede ser más extensa que aquélla que le hubiere correspondido en caso de no haber existido el proceso, porque la garantía jurisdiccional consiste justamente en asegurarle al justiciable el mismo resultado que le hubiere proporcionado el cumplimiento voluntario de la obligación; lo que motiva a considerar que en caso de haber sido oportunamente reconocidas las diferencias salariales reclamadas, los apremiantes no habrían percibido el importe aquí cuestionado que se habría abonado en concepto de cargas sociales al I.A.P.O.S., Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, etc.
Estafa, falsificación de cheque, fecha del título
Materia: PENAL
Carátula: POMPONI, Jorge F. s/ Causa 2.601
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

La adulteración de un cartular consistente en la modificación de la fecha contenida en él, no configura acto ilícito penal alguno, siempre que ese accionar no altere la relación entre las partes y por lo tanto no se derive ningún perjuicio concreto distinto de la deuda preexistente que originara la entrega del cheque.
Gastos de fotografía, gastos de escrituración, falta de prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Gloria María Mercedes Portal de Albisetti y María del Huerto Portal c/ Eduardo Ramón Contreras y Lorenza Contreras s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B - 57756/00 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. N 47 F 989/993 N 427. Huerto Portal c/ Eduardo Ramón Contreras y Lorenza Contreras s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B - 57756/00 Ordinario por daños y perjuicios. L.A. N 47 F 989/993 N 427.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-07-14

Si bien sobre los gastos de escritura y fotografías solicitados por la actora como daño emergente también existe falencia probatoria puesto que no se agregaron los comprobantes pertinentes, también es verdad que los jueces están facultados de fijar prudencialmente el monto de los daños cuando éste estuviere comprobado, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 46 del Código Procesal Civil.
Pensiones, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ventavoli, Josefa Angélica c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La legislación previsional no requiere el estado de indigencia para que el beneficio sea procedente, pues basta la demostración de la insuficiencia de los recursos propios en orden a la subsistencia de la beneficiaria.
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, cuestiones de competencia, daño ambiental, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de apelación interpuesto por los Dres. Alberto Miguel Matuk y Carlos Manuel De Aparici c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-07-10

Procede rechazar el recurso de apelación; y, en consecuencia, confirmar la resolución que no hizo lugar a la excepción de incompetencia articulada por los abogados defensores, pues si bien es correcto lo manifestado al plantear que el art. 58 de la Ley 24051 establece la competencia federal para conocer en las acciones penales que deriven de esta ley, luego que la misma fue sancionada; se sancionó la Ley 25675 la cual traza los presupuestos mínimos que son base para toda la normativa referente a la materia ambiental, y no surge en el caso pruebas que acrediten o hagan sospechar que la extensión del daño ambiental producido por la actividad de los inculpados, traspase los límites de la Provincia -no es suficiente esgrimir el argumento de la migración del daño/contaminación por la corriente del agua para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad y pretender así la competencia federal-, por lo que tampoco les asiste razón a los recurrentes al decir que la "interjurisdiccionalidad" del daño es una "cláusula no escrita", "no legal", desde que se encuentra establecida en el art. 7 de la Ley 25675.
Competencia por la materia, competencia penal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Mellado, Juan Rafael; Guerrero, Heriberto s/ ROBO S/CASACIóN E INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-12-26

Si el juez correccional advirtiera que la calificación de los hechos excede su competencia, aún cuando -como en el caso- medie anterior y provisional calificación impuesta por la Cámara respectiva, está obligado a declararse incompetente, pudiendo realizarse tal declaración en cualquier estado del proceso, inclusive durante el desarrollo del debate.