Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-09


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los días del mes de mayo del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los miembros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Daniel Luis Caneo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "T., J. A. y otro s/ homicidio" (Expte. 21.604- F° 123 T° II-Año 2009).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 561: Rebagliati Russell, Panizzi y Caneo.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I. La cuestión traída a esta Sala es la sentencia registrada bajo el número 01 del año 2010, emitida por el Tribunal Subrogante de la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, que declara parcialmente procedente la impugnación ordinaria deducida por la Defensa, modifica la calificación legal del hecho por el que fuera condenado J. A. T., encuadrándolo en la figura de Homicidio Simple con exceso en la Legítima Defensa y dispone el reenvío de la causa al Tribunal de origen a fin de que individualicen la pena; por otro lado hace lugar a la impugnación deducida por la defensa del menor V. A. P. , revoca parcialmente la sentencia nro. 78 y absuelve al mencionado del hecho por el cual fuera condenado.

II. A fs. 465/8 vta., la Fiscal General, doctora Marcela Pérez, interpone impugnación extraordinaria aduciendo que la sentencia en crisis resulta arbitraria, contradictoria y que carece de motivación suficiente.

Sostiene que los jueces que conformaron la Cámara de revisión vulneraron el principio de inmediación y le dieron plena credibilidad a la explicación dada por el imputado T. respecto a la mecánica del hecho, cuestión que únicamente pudo haber advertido, valorado y merituado el Tribunal de Juicio. De esta manera, han desechado arbitrariamente el resto del material probatorio ventilado en el debate oral y público.

Critica el razonamiento que hacen los jueces para confirmar el accionar defensivo de T. en base a las lesiones que presentaba L., ya que lo único que demuestra es que la víctima fue agredida no sólo por las dos puñaladas mortales sino además con golpes, según consta en el informe de autopsia incorporado como prueba objetiva.

Agrega que el otro imputado (P.) sólo manifestó haberse quedado en el automóvil y que no observó la pelea, por lo que la versión de T. no está corroborada por ninguna otra probanza, siendo que además no hace un relato coherente y creíble de los hechos.

Sostiene que las doctoras Rodríguez y Jones descalifican a los testigos E. y M. en base a los dichos de V., único testigo creíble a juicio de las magistradas.

Este razonamiento lo juzga de arbitrario, contradictorio y carente de motivación suficiente y asegura que el Tribunal Colegiado había efectuado un correcto análisis del material probatorio, lo cual fue acogido por el doctor Pintos en su disidencia, confirmando la credibilidad de estos testigos.

En el punto 2 se agravia de la absolución dispuesta respecto de P., sosteniendo que en este aspecto el fallo también resulta arbitrario y con falta de motivación.

De esta manera solicita se haga lugar a la impugnación, revocándose la sentencia de fecha 17 de febrero de 2010 y confirmando la dictada por el Tribunal Colegiado de fecha 23 de diciembre de 2008.

III. A fs. 470/92 también interpone impugnación extraordinaria la parte querellante.

En el punto III del escrito consigna los motivos de agravio.

Luego de analizar los votos de las doctoras Mónica Rodríguez y Cristina Isabel Jones, considera que se han interpretado y aplicado erróneamente los artículos 34, 35 y 79 del Código Penal.

Sostiene que no existe prueba suficiente para modificar la calificación jurídica escogida por el Tribunal de Mérito, con lo cual la sentencia que ahora se impugna resulta ilógica y no ajustada a derecho.

También considera que no se observó la ley procesal penal y lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Provincial, ya que como consecuencia de una incorrecta valoración de la prueba, que había sido validada por el Tribunal Colegiado, concluyen en la absolución de V. A. P.

Continúa su análisis diciendo que los argumentos utilizados por la Cámara en lo Penal se alejan de la sana crítica, ya que revelan defectos graves de fundamentación. Entiende que, a diferencia de lo razonado por el Tribunal Revisor, los testimonios de E. y M. han coincidido en lo sustancial, como por ejemplo cuando describen la actitud agresiva y no defensiva.

Critica el razonamiento efectuado en la sentencia revisora cuando aseguran que los testigos de cargo mienten, y que la veracidad y credibilidad de los mismos se debió haber juzgado desde lo expresado por el testigo V., que dejó bien en claro que el cruce verbal fue entre M. y E. por un lado, y T. y P. por el otro.

Luego continúa tratando de aclarar el porqué de las diferencias entre las declaraciones de los testigos, explicando las dificultades que presenta el transcurso del tiempo y que de ninguna manera las declaraciones deben ser idénticas, ya que todo depende de las percepciones personales y los distintos aspectos del hecho.

En el último punto de los agravios se dedica a criticar la absolución de P. y sostiene que su participación en el evento está probada desde el primer incidente en "E. S." y también en el desenlace fatal, aportando con su presencia y conducta de atacar a golpes de puño y patadas, disminuyendo así la posibilidad de defensa de L.

IV. Que fijada la audiencia prevista en el artículo 385 del C.P.P., la parte acusadora, pública y privada, ratifican los motivos mencionados en las impugnaciones. V. Previo a continuar con el análisis del caso, habré de expedirme respecto a la admisibilidad del recurso.

Como he sostenido en otras oportunidades, tratándose de una impugnación de la Parte acusadora contra una sentencia que favorece la situación procesal del imputado en el proceso, deberá observarse con estrictez si se dan los presupuestos legales para habilitar la instancia.

En este caso, los motivos centrales de los recursos radican en cuestionar la forma en que los jueces revisores descartaron la prueba rendida en el debate oral y público y consecuentemente la conclusión a la que arribaron, que determinó la modificación de la calificación jurídica escogida y la existencia de una causa de justificación, con exceso (C.P., artículo 35).

A este razonamiento lo juzga arbitrario, ya que se aparta de las declaraciones testimoniales rendidas en el debate y la pericia médica efectuada y utiliza únicamente los descargos del imputado T. para modificar el hecho y cambiar la calificación jurídica.

De esta manera los motivos de los recursos han sido debidamente encuadrados en el supuesto del artículo 372, inc. 3° del C.P.P.

Respecto a los límites objetivos, conforme lo dispone el artículo 378, inc. 2° y 3° del ordenamiento adjetivo, y la pena requerida por la acusación respecto de T., se encuentra habilitada la instancia.

VI. Superado el aspecto formal de las impugnaciones, habré de ingresar directamente al tratamiento de la cuestión planteada.

El eje central radica en determinar si la Cámara en lo Penal estaba facultada para modificar la calificación jurídica dada al hecho que se investiga.

Que la presente causa llegó a conocimiento de aquél Tribunal a raíz de las impugnaciones ordinarias interpuestas por la defensa de los imputados contra la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn, que condenó a J. A. T. a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor del delito de homicidio simple, en perjuicio de V. A. L. Por otro lado, impuso una medida socio-educativa a V. A. P., hasta cumplir los veintiún años de edad, en régimen de semilibertad en su domicilio, con intervención del Programa de Libertad Asistida, por hallarlo coautor penalmente responsable del mismo hecho delictivo.

El Tribunal Revisor, con el voto de la doctora Rodríguez que lideró el acuerdo, comenzó sosteniendo que los Magistrados de Mérito tienen por acreditados los sucesos tal como los relató la Fiscalía, pero que sólo dos de los acusados fueron los autores. Tiene por acreditado la existencia de un episodio previo al momento del desenlace fatal, que ocurre en el local denominado "E. S." y sostiene que la mejor manera de recrear lo sucedido es a través del testigo G. V.

En base a este testimonio, que escucha en su totalidad, confirma que los testigos que acompañaron a la víctima, E. y M., habían mentido cuando narraron lo sucedido, circunstancia reconocida por la propia Fiscalía, y que el Tribunal no lo había valorado en lo más mínimo.

Concluye que los testigos han sido mendaces en varios pasajes de sus declaraciones, que estaba fuera de toda duda que fueron capaces de mentir ante el Tribunal de juicio y que el interrogatorio al que fueron sometidos había sido defectuoso y no permitió reconstruir lo realmente ocurrido.

No obstante llega a la conclusión que ". Reconocer ambos testigos haber iniciado también la última agresión los colocaría en una situación de responsabilidad frente a los familiares de las víctimas y a sus propios allegados, sin contar con eventuales consecuencias penales.".

Afirma que por este motivo los testigos han distorsionado una parte del episodio final, esto es, el modo en que comienza la agresión.

Esta hipótesis le sirvió para sostener que "si los testigos ocultaron o distorsionaron haber sido quienes "provocaron" el primer incidente, aparece cuando menos como posible que también hayan sido mendaces respecto del "modo" en que se produce el último enfrentamiento. Por todo ello entiendo que no resulta suficientemente fundado el fallo en todo aquello que, con base en lo afirmado por estos testimonios, no haya sido corroborado por otros medios de prueba, que no sean las meras afirmaciones de M. y E. en la causa" (v. fs.416 y vta. de la sentencia).

Luego transcribe la declaración que presta el imputado T. y concluye que los magistrados han descartado la credibilidad de los dichos del imputado con base a los testimonios de quienes acompañaban a la víctima al momento del hecho: M. y E.

Para ello, continúa sosteniendo, pasaron por alto las diferencias y contradicciones que saltaban de las declaraciones de estos testigos, acomodándolos a lo que fuera acorde a la versión fiscal de los hechos.

Agrega que el informe de autopsia incorporado al debate se complementa con la versión dada por T.

Así, descartando los testimonios de E. y M., y confirmando la compatibilidad de la pericia con la hipótesis esbozada por el imputado, entiende que en el presente caso existió una situación de legítima defensa incompleta por parte de J. A. T.

En cuanto a V. A. P. consideró que no se encontraban reunidos los elementos probatorios que demostraran la participación en el hecho investigado.

Expresa que a su juicio, lo único que pudo acreditarse en autos es la presencia del menor en el lugar de los hechos, pero que de ninguna manera ha sido posible atribuirle participación activa mediante acciones violentas efectuadas contra la víctima.

Por esta razón vota por absolver al mencionado P. del delito de homicidio (C.P., art. 79).

La doctora Cristina Jones, quien continúa en orden de votación, coincide con su colega de Sala, y sostiene que la sentencia de mérito no ha dado fundamentos válidos para descartar la legítima defensa invocada.

Hace mención, al igual que su colega del Tribunal, que los dos encuentros protagonizados por las partes han sido por casualidad.

Sostiene que se pudo comprobar que los testigos M. y E. mintieron cuando narraron el episodio del local S., ya que según los dichos de V., quienes comenzaron los insultos fueron las personas que acompañaban a la víctima. Esta circunstancia, a juicio de la magistrada, impide darle absoluta credibilidad respecto a lo acontecido en el segundo encuentro.

Critica la valoración que se hizo de los dichos de la propia víctima, narrados a través del preventor R. N., el Oficial Subinspector P., y el testigo V. Ello le permite inferir que lo que escucharon pudo dar lugar a diferentes interpretaciones.

De esta manera concluye que E. y M. no han sido imparciales ni objetivos, y que incurrieron en mendacidades y contradicciones, de manera que todo ello le genera un estado de duda en relación a la hipótesis planteada por la Fiscalía.

En cuanto al problema de la inmediación responde que la transcripción efectuada por el Tribunal de Mérito de la declaración de T. le permitió conocer la coherencia del relato y que el mismo no incurrió en contradicciones.

Agrega que esta versión se complementa con el testimonio de V. y el de L. B. V., que refirió que M. no portaba cuchillo cuando salía de los asados.

Le da razón a la defensa cuando critica que los jueces de la sentencia hicieron una valoración parcial de la prueba, y ello la obligó a sostener la debilidad de los argumentos del fallo.

Así, va concluyendo que no había prueba suficiente para desvirtuar la existencia de la pelea previa entre M., L. y T., que justificó la defensa de éste último, y que el uso del cuchillo de la forma en que lo hizo no autorizaba la aplicación completa de la legítima defensa.

También coincidió con la doctora Rodríguez respecto de la situación de P., y sostuvo que los jueces no lograron construir un andamiaje certero, ni en el aspecto probatorio ni en la fundamentación teórica de la condena, respecto a la acción desplegada por el mencionado.

Por último votó el doctor Daniel Pintos, quién quedó en una posición minoritaria, al sostener la confirmación de la sentencia condenatoria.

A su juicio tanto E. como M. coincidieron de modo claro cuando tuvieron que describir la actitud agresiva del acusado y sus acompañantes.

Tiene en cuenta que no se produjo ninguna prueba de descargo para avalar la tesis de una legítima defensa.

VII. La Cámara en lo Penal analizó exhaustivamente la prueba utilizada por el Tribunal de Mérito y luego la confrontó con la versión del imputado T.

En primer término concluyen que la sentencia está edificada sobre dos pilares que la sostienen: la declaración de E. E. y R. M., ambos amigos de la víctima.

Continúan el análisis y describen el testimonio de V., quien se encontraba en el local de comidas cuando ocurrió el primer episodio descripto en la sentencia.

Comparan esta declaración con los testimonios de E. y M., y afirman categóricamente que los mismos han mentido en pasajes de sus declaraciones. Agregan que esta circunstancia había sido advertida por la defensa, pero los jueces no lo tomaron en cuenta.

Esta breve síntesis tiene por finalidad describir el razonamiento que los jueces realizaron para modificar la calificación jurídica, y advierto que para llegar a esta conclusión se han apartado en forma arbitraria de la prueba de cargo valorada por los jueces de mérito.

Veamos.

En primer lugar desechan la declaración de los únicos testigos presenciales del hecho.

Para ello sostienen que estaban alcoholizados y que tenían un interés en el resultado de la causa. Esta última circunstancia, a juicio de la doctora Rodríguez, los llevó a distorsionar una parte del episodio final, es decir el "cómo" comienza la agresión.

De esta manera concluyen que los testigos E. y M. no han sido imparciales ni objetivos, y que habiendo incurrido ambos en mendacidades y contradicciones entre sí, la hipótesis del ataque sorpresivo que le atribuyen a T. y a sus acompañantes no se encuentra debidamente fundada -del voto de la Dra. Jones v.fs. 435-.

Luego enaltecen la declaración del imputado y sostienen que no sólo hizo un reconocimiento de su participación en el hecho, sino que además permitió entender una parte del episodio que, sin su declaración, nunca se hubiera conocido.

La verosimilitud del relato, el extenso interrogatorio al que fue sometido el imputado en la audiencia, y la inexistencia de prueba que permita descartar la versión de T., son circunstancias que la jueza que lideró el acuerdo del Tribunal Revisor contempló para hacer prevalecer la hipótesis presentada por la defensa.

Agregan a esta nueva construcción que hacen del hecho, que la autopsia y el testimonio del Dr. N., no son incompatibles con la pelea y los forcejeos narrados por T.

Sostienen que lo único que el imputado no pudo explicar fue cómo es que L. presentaba dos heridas cortantes y penetrantes.

Este razonamiento evidencia que para modificar la calificación jurídica del hecho los magistrados se apartaron del plexo probatorio ventilado en el debate, y lo hicieron, como lo adelanté, de manera arbitraria.

En efecto, las doctoras Rodríguez y Jones han ingresado a un terreno que les estaba vedado por el principio de inmediación.

El Tribunal de Mérito evaluó al dictar la sentencia condenatoria la credibilidad de los testigos cuestionados por la defensa, y este juicio lo hizo luego de someterlos a un debate oral y público, donde las partes procedieron a interrogarlos.

Esta impresión personal es lo que la Cámara en lo Penal no puede invalidar, máxime cuando no se demostró contradicción alguna o arbitrariedad.

Al contrario, estas declaraciones, como bien lo indica la parte acusadora, convergen con la declaración de V. y coinciden plenamente con lo graficado en la autopsia practicada en el cuerpo de la víctima.

Por otro lado, y en igual sentido, se vulneró el ámbito reservado a los magistrados cuando se inmiscuyen en la valoración que hicieron de la declaración del imputado prestada en la misma audiencia.

Los jueces del juicio mencionaron justamente esta circunstancia en la sentencia, y sostuvieron ´.Los movimientos reproducidos en la Sala por T. mostrando cómo extendía su mano izquierda hacia delante y hacia arriba para defenderse de la agresión, lamentablemente no se pueden revelar mediante la escritura. Sólo quienes estuvimos presentes en el juicio, advertimos de la flaqueza de los argumentos trasladados en movimientos por parte de T., intentando demostrar una supuesta defensa ante el presunto ataque de L. La extensión del brazo hacia delante con un cuchillo en mano, en defensa por un ataque, nunca pueden provocar las lesiones que tenía la víctima, por varios motivos, entre los que cabe enumerar como cardinales, a) el lugar de ingreso de las dos puñaladas, una en hemitorax derecho, a 9 cms. por encima y afuera de la tetilla, en 5to. espacio intercostal, la otra de iguales características a la anterior, localizada en el 3er. espacio intercostal, sobre línea axiliar media; b) por la profundidad extrema de las heridas, según surge de la autopsia, que muestra patente la fuerza de cada estocada en el cuerpo de L., y por supuesto c) por la cantidad -dos. ´-del voto del doctor Pitcovsky v.fs. 275 y vta.-.

Y todo ello en base a los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de fecha 20 de septiembre de 2005, en autos: C.1757 XL. ´Casal, Matías Eugenio y otros s/robo simple en grado de tentativa...´ cuando sostiene que:´. Lo no controlable es la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal, pero de la cual el tribunal debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido, pues a este respecto también el tribunal de casación puede revisar criterios; no sería admisible, por ejemplo, que el tribunal se basase en una mejor o peor impresión que le cause un testigo por mero perjuicio discriminatorio respecto de su condición social, de su vestimenta, etc.. En modo alguno existe una incompatibilidad entre el juicio oral y la revisión amplia en casación. Ambos son compatibles en la medida en que no se quiera magnificar el producto de la inmediación, es decir, en la medida en que se realiza el máximo de esfuerzo revisor, o sea, que su esfuerzo en que se agote la revisión de lo que de hecho sea posible revisar. Rige a su respecto un principio general del derecho: la exigibilidad tiene por límite la posibilidad o, dicho de manera más clásica, impossibilium nulla obbligatio est. No se les exige a los jueces de casación que revisen lo que no pueden conocer, sino que revisen todo lo que puedan conocer, o sea, que su esfuerzo de revisión agote su capacidad revisora en el caso concreto . ´("Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N° 1681-") Por todo lo expuesto juzgo que el examen que se hizo de la sentencia es inadecuado por arbitrario.

VIII. Distinta es la situación de V. A. P.

En este caso, los agravios indicados en las impugnaciones extraordinarias no autorizan a ingresar al tratamiento del tema.

Entiendo que el razonamiento efectuado por el a-quo para descartar algún tipo de participación del mencionado en la muerte de L., es correcto.

La acusación no determinó de manera precisa en qué consistió el accionar de P., más allá de la imputación inicial que lo indica como parte del grupo que propinó una golpiza y finalmente apuñaló a la víctima.

El fallo dejó debidamente acreditado que la persona que hirió mortalmente fue T., pero no explicó en qué consistió el accionar del coimputado como para adjudicarle nada menos que la coautoría del hecho.

Además, y como bien lo indica el doctor Pintos en su voto, la única prueba que sitúa a P. en el escenario del hecho es el testimonio de M., que únicamente declara que eran dos los sujetos que le pegaron a L.

De esta manera, habré de confirmar la absolución dictada a favor de V. A. P.

IX. Por todo lo expuesto, voto por declarar parcialmente procedentes las impugnaciones extraordinarias interpuestas y revocar la sentencia protocolizada bajo el nro. 01/10 de la Cámara en lo Penal, obrante a fs. 400/55, en lo que hace a la calificación jurídica dispuesta respecto de J. A. T., debiéndose mantener la consignada en la sentencia protocolizada bajo el nro, 78 del Tribunal de Juicio, obrante a fs. 269/96. Asimismo y, como consecuencia de ello, se revoca la sentencia de pena obrante a fs. 518/20 vta. y se confirma la pena aplicada en primera instancia.

En cuanto a V. A. P., se confirma la absolución dictada a su favor por la Cámara en lo Penal.

Así voto.

El juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Ministro Rebagliati Russell, al componer su voto en esta sentencia, ha expuesto con claridad los antecedentes del caso, los argumentos que motivaron las impugnaciones extraordinarias deducidas por el Ministerio Público Fiscal y el Querellante y las cuestiones a resolver, por lo que, omitiré la reiteración de lo dicho para no fatigar al lector.

II. Me expediré en primer término sobre la admisibilidad de las impugnaciones, tal como lo hizo el colega preopinante en su considerando quinto.

En reiteradas ocasiones expresé que la parte acusadora cuenta con una facultad recursiva demarcada por las reglas procesales, toda vez que, la impugnación extraordinaria no es equivalente a la apelación, sino que está circunscrita únicamente a los motivos enumerados en el artículo 372 del Código Ritual.

Los artículos 378 y 379 del mismo cuerpo legal, regulan la legitimación procesal del Ministerio Público Fiscal y del Querellante, respectivamente, para ejercer la facultad impugnativa.

En el caso, los recurrentes alegaron que el razonamiento seguido por la mayoría de la Cámara en lo Penal, que acarreó la mutación de la calificación legal del hecho imputado a T. y la absolución de P., resultaba arbitrario, contradictorio y carente de motivación.

Sostuvieron que en la sentencia sólo se había valorado la prueba ventilada en el juicio a partir de la declaración del imputado, desechando sin más el resto de las probanzas rendidas en el debate oral y público.

Así las cosas, juzgo que las impugnaciones deducidas deben ser examinadas por esta Sala desde que los recurrentes han observado los límites objetivos fijados en los artículos 378, incisos 2º y 3º, y 379 del ordenamiento adjetivo.

III. Sorteado el escollo formal, ingresaré al tratamiento de las cuestiones planteadas, comenzando por la situación del imputado J. A. T.

Los jueces del debate lo condenaron como coautor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple, a la pena de veinte años de prisión.

Ese fallo fue revocado parcialmente por la Cámara en lo Penal mediante sentencia N° 01/10 en lo que se refirió a la calificación legal del hecho, el que subsumieron en la figura de homicidio simple, con exceso en la legítima defensa.

Para arribar a esa conclusión el a-quo, tildó de insinceros los testimonios de cargo de E. E. y R. M. y, a la par, sostuvo que el fallo no resultaba lo suficientemente fundado ya que las meras afirmaciones de aquéllos no habían sido corroboradas por otros medios de prueba.

Resaltó que así como ambos testigos habían ocultado o distorsionado haber sido quienes provocaron el primer incidente en el local de comidas "E. S.", aparecía como posible que hubieran sido falaces con respecto al "modo" en que también se había producido el último enfrentamiento.

Para atenuar la responsabilidad penal de T., la Cámara se valió del relato de él, calificándolo como circunstanciado y creíble acerca de cómo acaeció el suceso investigado. Subrayó, además, que el informe de autopsia no permitía desechar la versión del imputado, ya que en la experticia y en la audiencia el Doctor N. estimó como probable que las otras lesiones exhibidas en el cuerpo de L. se trataran de "signos de lucha".

De esta manera, la mayoría del tribunal revisor restó credibilidad a las declaraciones de los testigos que acompañaban a la víctima en el evento, apartándose de la prueba de cargo valorada por los jueces del juicio.

En mi opinión, las doctoras Rodríguez y Jones fueron más allá del ámbito restrictivo de la posibilidad de revisión del pronunciamiento emitido por el tribunal colegiado, ya que el grado de convicción que cada testigo genera en los magistrados de mérito configura una cuestión subjetiva reservada, no susceptible de ser invalidada, salvo que se demuestre su contradicción o arbitrariedad, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

Es que considero que los magistrados del debate argumentaron correctamente acerca de la credibilidad de los testimonios debatidos por la defensa y confutaron sus versiones con la declaración de G. V. y los resultados de la autopsia practicada. También apuntaron la sensación y grado de convencimiento que les causó la explicación del imputado ofrecida en el juicio, tendiente a demostrar la supuesta defensa ante el presunto ataque de L.

Así las cosas, juzgo que las impresiones personales que causaron los testimonios de E. E., R. M. y J. T. en los juzgadores al observar su declaración, no podían ser reeditadas por la Cámara en lo Penal, ya que constituían extremos percibidos a través de la inmediación.

Por lo expuesto, adhiero a la solución propiciada por mi colega de Sala, el Doctor Rebagliati Russell, en punto a que el examen de la sentencia efectuado por la Cámara en lo Penal, resulta arbitrario.

IV. Debo analizar el agravio con respecto a la absolución de V. P. dispuesta por la Cámara en lo Penal.

Sobre este punto, anticipo que la sentencia atacada sale airosa de esta crítica.

Es que, tal como lo advirtió el tribunal a-quo, no hubo prueba suficiente para demostrar la responsabilidad penal del joven P.

Concuerdo con lo indicado por la Doctora Rodríguez en punto a la vaguedad y orfandad probatoria para acreditar la conducta concreta que se le imputó al joven, esto es, las acciones desplegadas específicamente para tener por configurada su participación en carácter de coautor.

Los jueces del juicio tuvieron por cierto que P. participó en la golpiza y que su conducta estuvo encaminada a causar la muerte de la víctima. Pero, advierto que no hubo prueba que permitiera corroborar fehacientemente que el joven desplegó las acciones endilgadas, más allá del testimonio de R. M., quien afirmó que "dos personas le pegaron a H.".

De este modo, el razonamiento efectuado por la Cámara en lo Penal para desechar la participación del menor P. en el evento es el adecuado.

En resolución, propicio declarar parcialmente procedentes las impugnaciones extraordinarias articuladas, revocando la sentencia Nº 01/10 de la Cámara en lo Penal en cuanto a la nueva calificación jurídica dispuesta respecto a J. A. T., debiéndose mantener la resuelta por el Tribunal de Juicio. También postulo que se revoque la pena determinada por la Cámara en lo Penal y, consecuentemente, se confirme la aplicada por el tribunal de mérito.

Por último, confirmo la absolución de V. A. P. dispuesta por el tribunal a-quo.

Así voto.

El Juez Daniel L. Caneo dijo:

I. El artículo 25, último párrafo, del Código Procesal Penal, me impone la obligación de exponer los fundamentos que encuentro para confirmar o revocar la decisión atacada, de modo extraordinario, por la Fiscal General de la ciudad de Puerto Madryn, doctora Marcela Perez, y por el querellante Sr. O. L. S., con el patrocinio letrado del Dr. R. E. D., contra la sentencia dictada en autos por los doctores Mónica Rodríguez, Daniel Pintos y Cristina Jones, el día 17 de febrero de 2010, bajo el N° 01 del 2010.

Omitiré toda reseña sobre el caso y los planteos recursivos, pues el relato que precedentemente llevó a cabo el Juez Rebagliati Russell sobre ambos temas, resulta suficiente.

II. En primer término, debo emitir un juicio sobre la admisibilidad de las impugnaciones de fs. 461/464 vta. y 470/492, tal como lo han hecho los Ministros cuyos sufragios preceden a éste.

Para ello, tomo las palabras de los recurrentes quienes invocaron arbitrariedad, contradicción y carencia de motivación en el razonamiento utilizado por la mayoría de la Cámara en lo Penal, al modificar el encuadre jurídico del hecho imputado a J. A. T. y para proceder a la absolución de V. A. P.

Además, denunciaron que los magistrados revisores apreciaron la prueba a partir de la declaración de T. y, con ello, descartaron plenamente el resto del material producido durante el debate oral y público.

En función de estos argumentos, entiendo que los remedios bajo estudio dan lugar al examen del pronunciamiento atacado, puesto que ambas presentaciones acataron los límites objetivos fijados en los artículos 378, incisos 2º y 3º, y 379 del Código Procesal Penal.

III. El meollo del re-examen estriba en determinar si la Cámara en lo Penal, estaba legalmente justificada para revertir la calificación legal que los magistrados del juicio condenatorio le habían dado al suceso que se investiga y, adelanto, que para hacerlo se apartaron arbitrariamente de la prueba de cargo valorada en la instancia anterior.

J. A. T. fue condenado a la pena de veinte años de prisión, al hallárselo coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de H. A. L. Ese pronunciamiento fue revocado parcialmente por la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, a través de la sentencia N° 01 del año 2010, en tanto recalificaron el evento enrostrado como homicidio simple con exceso en la legítima defensa.

Ese cambio en la tipificación del delito, se debió a la apreciación que de las declaraciones brindada por los testigo de cargo de E. Enciso y R. M., llevaron a cabo los magistrados revisores, las que fueron calificadas como infieles a la verdad. Pero fue el relato de T. lo que permitió recalificar el hecho imputado, pues su declaración fue juzgada como circunstanciada y creíble.

Además, la pericia y declaración del Doctor N. les sirvió para no desechar la versión del imputado, ya que el galeno señaló como probable que las otras lesiones halladas en el cuerpo de L. fueran "signos de lucha".

En función de esto, la Cámara en lo Penal por mayoría le quitó credibilidad a los dichos de los testigos que se encontraban junto a la víctima el día del evento luctuoso, y así se alejaron de la prueba de cargo que tuvo en cuenta el Tribunal de juicio para condenar a T.

Esto implicó una revisión del pronunciamiento condenatorio, más allá del ámbito restrictivo que el procedimiento penal permite en el caso. Pero también, un desprecio por la convicción que los testigos provocaron en los Jueces de mérito, cuestión no susceptible de ser revisada, salvo contradicción o arbitrariedad, circunstancias estas que no concurrieron en el caso.

El principio de inmediación, es la valla que los Jueces de la Cámara en lo penal franquearon al revisar el pronunciamiento condenatorio, para poder así juzgar la verosimilitud de los relatos. Por ello, comparto la solución propiciada por los Ministros prevotantes, por considerar que el estudio de la sentencia efectuado por la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, fue arbitrario.

IV. En punto a la absolución de V. P., habré de coincidir con el criterio sentado por el a-quo, porque entiendo -al igual que los magistrados revisores- que no hubo prueba suficiente para demostrar su responsabilidad penal en el hecho.

Los Jueces que condenaron al joven acusado, tuvieron por probado que participó en la golpiza y que la conducta desplegada estuvo dirigida a causar la muerte de L. Sin embargo, la prueba producida en la causa no permite corroborar esa afirmación.

Además, ni la acusación ni la sentencia de condena establecieron cuál fue el específico accionar del joven absuelto, como actuó en el evento luctuoso o de qué modo su conducto dejó ver la voluntad de causar la muerte de L.

Por ese motivo, hallo razonables los argumentos utilizados por la Cámara en lo Penal para desestimar la coautoría del menor en el evento bajo juzgamiento.

V. En razón de todo lo expuesto, habré de coincidir con los Ministros prevotantes en declarar parcialmente procedentes las impugnaciones extraordinarias interpuestas y revocar la sentencia protocolizada bajo el nro. 01/10 de la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, obrante a fs. 400/455, en lo que hace a la calificación jurídica dispuesta sobre J. A. T., debiéndose mantener la consignada en la sentencia protocolizada bajo el N° 78 del Tribunal de Juicio, obrante a fs. 269/96.

Asimismo, se evoca la sentencia obrante a fs. 518/20 vta. y se confirma la pena aplicada en primera instancia.

Con respecto al acusado V. A. P., concuerdo en que debe confirmarse la absolución dictada en su favor por la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn.

Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente -S E N T E N C I A -- 1º) Declarar parcialmente procedentes las impugnaciones extraordinarias interpuestas a fs. 465/8 vta. y 470/92.

2º) Revocar la sentencia registrada bajo el número 1 del año 2010, pronunciada por la Cámara en lo Penal, obrante a fs. 400/55, en lo que hace a la calificación jurídica dispuesta respecto al hecho adjudicado a J. A. T., debiéndose mantener la consignada por el Tribunal de Juicio en la sentencia obrante a fs. 269/96;

3º) Revocar la sentencia de pena obrante a fs. 518/20 vta., y confirmar la pena aplicada en primera instancia;

4º) Confirmar la absolución dictada a favor de V. A. P.

5º) La presente es firmada por dos miembros de la Sala Penal por encontrarse el doctor Rebagliati Russell en uso de licencia;

6°) Protocolícese y notifíquese.