Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-13


000125/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "H., M. A. c/ D. S.R.L. y N., A. J. y/o q´ rlte. resp. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley" (Expte. 125 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 157.---	A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo:	Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 145 en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 138/141 vta., por el cual se hace lugar parcialmente a la demanda entablada por M. A. H. contra D. S.R.L. y A. J. N., condenando a estas últimas a que abonen a aquél la suma de $ 32.027,52, en el plazo de diez días, más intereses, e imponiendo las costas a las demandadas por la parte que prospera la acción y al actor por la que se rechaza.-	A fs. 146 se concede el recurso, y a fs.147/152 obra la expresión de agravios del art. 62 de la ley 69 -actual art. 60 de la ley XIV Nº 1- presentado por las demandadas apelantes, del que se confiere traslado a fs. 153, sin que el actor conteste el mismo.-	I.- Las demandadas, como primer agravio, se refieren a la fecha de ingreso del actor, expresando que la única prueba producida por la contraria a tal fin es la testimonial, explicando que ninguno de los testigos dio precisiones que habilitaran a tener por cierta la fecha de ingreso de H. a las órdenes del codemandado A. N.. Respecto del declarante P. remarcan que dice que vio a actor y codemandado haciendo carpintería, mientras él hacía albañilería para otra persona de apellido M., pero no afirmó que H. laborara para el coaccionado. Agregan que en otra respuesta claramente señala como empleador del actor en el año 2003 al hijo del codemandado, cuyo nombre es M. N.. Añaden que en cuanto al testigo M., el mismo refiere a trabajos del accionante en el año 2004 en Sierra de la Ventana, aclarando que estaban haciendo un complejo de cabañas para la empresa D., para A. que era el dueño, mas indica que le parece que quien figuraba como dueño de la empresa era el hijo, quien además era en el encargado de la obra, daba las instrucciones técnicas de la misma y abonaba los haberes. Es así que reiteran que en esa época el empleador era M. N., lo cual fuera soslayado por el juez. Expresan que la declaración del testigo A. corrobora la conclusión anterior. De todo lo indicado deducen que corresponde rechazar el primer presupuesto que el "a quo" ha considerado para acoger la pretensión del actor y desestimar también las multas de la ley 24013 por cuanto no se consignó una fecha de ingreso posterior a la real.-	En segundo lugar cuestionan la conclusión del sentenciante en cuanto a que se reconoció la categoría profesional reclamada con fundamento en el art. 44 de la ley 69 -actual art. 43 de la ley XIV Nº 1-. Argumentan que la mencionada norma se refiere al monto de los haberes y no a la categoría profesional, por lo que entienden que no operaba la inversión de la carga de la prueba, y ante la orfandad probatoria del actor al respecto se debió haber desestimado que a H. le hubiera correspondido una categoría profesional superior a la registrada.-	Como tercer agravio se refieren a la situación de despido indirecto en la que se colocó el actor, expresando que al demostrarse que el mismo no ingresó a trabajar en una fecha anterior ni que se desempeñaba en una categoría superior a las registradas, la intimación por él cursada deviene improcedente, al igual que la situación de despido basada en tales presupuestos. A ello añaden, como otro argumento, que de la simple lectura de la carta poder adjuntada con el escrito de demanda surge que H. había apoderado a sus letrados para que en su nombre y representación demanden por los haberes, asignaciones e indemnizaciones pertinentes, por lo que se trata de un poder para demandar y las amplias facultades se refieren a ese efecto, siendo un poder especial, pero no estaban facultados para considerar despedido al actor o finalizar la relación laboral. A ello añaden que el juez toma en cuenta dichos del actor que el mismo considerara improcedentes y que lejos están de acreditar que su parte cohonestó la representación que cuestiona, ya que rechazó el telegrama en todos sus términos, y que se refieran al letrado de la contraria como su mandante no importaba reconocerle facultades para considerarse despedido.-	Posteriormente mencionan que el propio juzgador reconoce que no son aplicables al caso las situaciones de solidaridad atribuidas a la causa, y que si bien el juez conoce el derecho no puede suplir el error de la contraria. Resaltan luego que respecto a las multas de la ley 24013, y sin perjuicio de lo expresado más arriba acerca de la evidente improcedencia de las mismas, es claro que el formulario 206/M Multinota impositivo no cumple con el requisito exigido por el art. 11 de la citada ley 24013. Por último señalan que el recurso comprende como agravio que se hubiera acogido la totalidad de los rubros reclamados por el actor, excepto la multa del art. 80 de la LCT, ya que al no haber existido despido indirecto o resultar el mismo injustificado, los rubros indemnizatorios y multas e incrementos devienen absolutamente improcedentes. Hace reserva del caso federal y efectúa el petitorio de estilo.-	II.- Reseñados los agravios vertidos por las demandadas, paso a su tratamiento.-	1) El primer agravio se centra en el -según las recurrentes- erróneo análisis que realizara el sentenciante de grado de la prueba testimonial, para arribar a la conclusión de que el actor ingresó a laborar en julio de 2003 para el codemandado A. J. N.. De la lectura de esta queja (ver fs. 147/149, pto. 1), se desprende que la crítica que ejerce el apelante se basa en que las declaraciones testimoniales dan cuenta de que en 2003 y 2004 H. no laboraba para los codemandados en la construcción de cabañas, sino que lo hacía para M. N.. Es decir que el argumento del recurrente para cuestionar la conclusión del "a quo" acerca de que el actor comenzó a laborar para el codemandado en julio de 2003, radica en que en realidad lo hacía para su hijo. Este extremo no fue alegado por las accionadas al contestar demanda. En efecto, en tal oportunidad, las demandadas arguyeron que H. comenzó a laborar a las órdenes de A. J. N. el 19/02/05 y que hasta ese momento el actor percibía beneficios a través de planes sociales dada su condición de desempleado, y que incluso carecía en absoluto de experiencia en el rubro que explota el demandado, ya que hasta entonces la única profesión que había ejercido era la de esquilador (ver fs. 30 y 38, anteúltimo y último párrafos). Es así que se aprecia que no adujeron la circunstancia de que el actor laborara para el hijo del codemandado y que mucho menos lo hiciera en el mismo rubro que luego lo hiciera para las demandadas, es decir que no fue capítulo propuesto en la instancia de origen.-	Al respecto es de recordar que la Cámara no puede conocer sino de las cuestiones planteadas previamente a la primera instancia, a consecuencia de obrar como controladora de las decisiones del juez recurrido (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 951). Es que el tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (conf. art. 277 del CPCC, actual art. 280 de la ley XIII Nº 5 Anexo A). Queda así vedado a la Cámara tratar argumentos no propuestos en los escritos introductivos de la demanda, contestación, o reconvención en su caso (conf. CSJN, 12/2/87, JA, 1988-I-246; SCBA, 5/5/77, DJBA, 113-41; CN. Civ., Sala A, 14/6/80, ED, 87-178; íd., Sala E, 20/11/81, LL, 1982-A-550; íd., Sala F, 1/12/81, LL, 1982-B-198; íd., Sala G, 5/11/81, LL, 1982-B-443; CN. Com., Sala B, 20/7/79, LL, 1980-A-232; C. 1era. Civ. y Com. La Plata, Sala III, 19/4/77, JA, 1978-II-273; entre otras), precisamente como destaca Chiovenda, porque a la demanda nueva propuesta en apelación le faltaría el primer grado de jurisdicción (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit, ídem, pág. 958). En consecuencia, la expresión de agravios no es la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (conf. CNFed. Cont.Adm., Sala III, 10/5/88, JA, 1989-III-321; C. Apel. Civ. y Com. San M., Sala I, 31/3/78, LL, 1978-C-441). En el mismo orden de ideas se sostuvo que la expresión de agravios no puede modificar las bases litigiosas concretadas en la primera instancia, ya que el recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto del proceso y a la que no puede modificar en sus elementos (conf. CN. Civ., Sala B, 5/9/88, LL, 1989-A-111, y DJ, 1989-1-583). Por ello no pueden introducirse nuevas articulaciones no alegadas oportunamente ni puede cambiarse la situación procesal asumida en primera instancia. De allí que se ha señalado que no constituye expresión de agravios el escrito en donde el apelante se limita a invocar en la alzada una circunstancia no articulada en la debida oportunidad y, por lo tanto, no integrativa de la relación procesal (conf. C. 1era. Civ. y Com. Santiago del Estero, 13/7/64, LL, 116-335).	En síntesis, como consecuencia de todo lo razonado, corresponde concluir que el argumento de que el actor habría laborado para el hijo del codemandado N. en los años 2003 y 2004 no importa capítulo propuesto en la instancia anterior, por lo cual no puede ser objeto de tratamiento en esta sede. A ello debe añadirse, dado que las apelantes pretenden valerse de la prueba testimonial para acreditar dicha circunstancia, que de acuerdo a lo establecido en el art. 364 del CPCC -actual art. 368 de la ley XIII Nº 5 Anexo A- "No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos" (1er. párrafo de la norma citada). En comentario a dicho artículo se ha razonado que desde el punto de vista del proceso sólo interesan al juez los hechos afirmados por las partes como existentes o inexistentes, es decir, introducidos en la causa. La pertinencia hace a la congruencia lógica que debe de existir entre el relato fáctico de las partes y el objeto de la prueba, estrechamente vinculado al principio escriturista y preclusivo. Admitir prueba respecto de hechos no afirmados, es decir impertinentes, significaría no sólo violentar el "buen orden" aludido en el art. 35 que debe seguir el procedimiento, sino también permitir nuevas alegaciones en perjuicio del principio de defensa en juicio en que se desarrolla el debate judicial (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 2, págs. 279/280). De allí que ni siquiera corresponde considerar la valoración de la prueba testimonial en el sentido pretendido por las recurrentes a fin de tener por abonados extremos no alegados oportunamente.-	En definitiva, por las razones esgrimidas, procede declarar la deserción parcial del recurso en lo que a este primer agravio respecta.-	2) Que en segundo lugar las apelantes se quejan del fundamento del art. 44 de la ley 69 -actual art. 43 de la ley XIV Nº 1- con el cual el juzgador admitió la categoría profesional invocada por el actor, dado que la norma en cuestión se refiere a la remuneración y no a la categoría del trabajador. Sobre el punto el juez de grado argumentó "En cuanto a la mayor categoría profesional que reclama el actor y las diferencias salariales que por esta circunstancia se derivan, también he de dar crédito al reclamo de demanda, pues entra a jugar en el caso la presunción del art. 44 de la ley 69 y atento la orfandad probatoria de los demandados en lo que al punto respecta, estando a su cargo la prueba contraria a la reclamación del trabajador conforme lo estipula la norma aludida; dando por otro lado los testigos declarantes cuenta de las múltiples tareas que desarrollaba el actor, el que incluso se trasladaba a distintas localidades para su cumplimiento" (ver sentencia a fs. 139 vta., anteúltimo párrafo).-	Al respecto es de señalar que el art. 44 de la ley 69 -hoy art. 43 de la ley XIV Nº 1- reza: "En los juicios donde se controvierta el monto por cobro de salario, sueldo u otras formas de remuneración en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la parte demandada". Del texto de la norma cabe conferirle la razón a las apelantes en cuanto a que la presunción rige para el monto de la remuneración controvertida mas no para la categoría en cuestión. Es cierto que, en la especie, la categoría influye en la remuneración, ya que las diferencias salariales reclamadas lo son -en parte- en virtud de la diferencia de categoría reconocida (ver liquidación a fs. 06/vta. pto. VI, A, 2), mas no se puede tener por probado el antecedente -la categoría profesional- con la presunción de prueba del consecuente -la remuneración-.-	Ahora bien, el juzgador de origen, tal como se desprende del párrafo pertinente del decisorio transcripto "ut supra", no basó la admisión de la categoría profesional invocada sólo en la presunción del art. 44 de la ley 69 -actual art. 43 de la ley XIV Nº 1-, sino que además tuvo por probada la misma con la prueba testimonial. Específicamente hizo referencia a que los testigos dieron cuenta de las múltiples tareas que desarrollaba H. y que incluso se trasladaba a distintas localidades para su cumplimiento. Y sobre dicha fundamentación, nada expresaron las recurrentes, ya que se limitaron a señalar que correspondía la prueba al actor, obviando que el sentenciante de grado tuvo por acreditada la categoría con la prueba testimonial. Es de destacar que a la luz de lo dispuesto por el art. 265 del CPCC -actual art. 268 de la ley XIII Nº 5 Anexo A- la crítica concreta que debe contener la expresión de agravios se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso (conf. CN. Civ., Sala H, 5/3/91, Rep.JA., 1991-819, nº 39). Debe desarrollarse un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442). La parte del fallo no impugnado o criticado insuficientemente, como sanción al recurrente, quedará consentida, pues la demanda de impugnación viene a determinar los agravios y capítulos que se someten a la Cámara (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 1, pág. 942). En el mismo orden de ideas se consideró que carece de contenido la expresión de agravios si no ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf. C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/4/71, LL, 143-100). Es que así como es deber del juez el fundar sus decisiones, el recurrente tiene la carga de demostrar con argumentos adecuados la posible equivocación en la que aquél incurrió para evitar que quede desierto su recurso (conf. CN. Civ., Sala C, 18/6/96, ED, 172-147; íd., Sala G, 4/3/97, ED, 176-87). Los agravios deben referirse concretamente a los fundamentos que movieron al sentenciante a decidir en la forma en que lo hizo (conf. CN. Civ., Sala F, 24/7/79, ED, 82-263), es decir, deben rebatirse los argumentos del juez de primer grado (conf. CN. Civ., Sala B, 28/12/78, RepED, 13-754, nº 57).-	Como quedara dicho, el juez, amén de la equivocada cita del art. 44 de la ley 69 -actual art. 43 de la ley XIV Nº 1-, tuvo por probada la categoría invocada de Oficial Múltiple (ver demanda a fs. 04) con la prueba testimonial, explicando que los testigos dieron cuenta de las múltiples tareas que realizaba y que incluso se trasladaba a distintas localidades. Esto resulta corroborado efectivamente, ya que los testimonios dan cuenta de que H. además de trabajos de carpintería hacía albañilería y se trasladó a Sierra de la Ventana (ver fs. 90, respuestas primera, cuarta y sexta); que era el único trabajador en la obra de Pampa de Agnia donde se levantaron cabañas hasta que llegó el testigo (ver fs. 91, respuesta cuarta); que hacía carpintería y albañilería, que trabajó en la zona y en Sierra de la Ventana, hacía todo lo que hace un oficial, colocaba machimbre (ver fs. 92, respuestas a generales de la ley, cuarta y octava); así como que trabajaba todo lo que es madera, cosas artesanales, reforma de camas, colocación de bajo mesada, construcción de cabañas, reiterándose el trabajo en Sierra de la Ventana (ver fs. 93, respuestas primera, segunda, tercera, sexta y séptima). Como se puede apreciar las tareas desarrolladas por el actor no se corresponden con las de un mero ayudante o medio oficial, categorías con las que fue registrado por las demandadas (ver fs. 38 vta., 1er. párrafo y recibos de fs. 74/85 de la documental reservada de la actora y de fs. 49/73 de la demandada).-	En síntesis, más allá de que el razonamiento del juzgador ha resultado correcto en cuanto a que la categoría acogida se corresponde con las tareas acreditadas, dado que las recurrentes no atacaron el fundamento de la prueba testimonial mentado, procede también decretar la deserción parcial del recurso en lo que a esta segunda queja se refiere.-	3) Como lógica consecuencia de los agravios anteriores, las quejosas cuestionan el decisorio por considerar que el actor justificó haberse colocado en situación de despido indirecto. Es que justamente las razones que esgrimió para ello consistieron en que ingresó a laborar en una fecha anterior a la registrada y que se desempeñaba en una categoría superior a la reconocida. En tales términos efectuó la intimación del 12/10/06 (ver telegrama de fs. 86 de la documental reservada) y cuya recepción fuera admitida por las accionadas (ver fs. 30 vta. y 38 vta., antepenúltimo párrafo). Ante el rechazo de tal intimación (ver carta documento de fs. 87 de la documental reservada), el actor, a través de apoderado se dio por despedido el 07/11/06 (ver telegrama de fs. 03 de la documental reservada), comunicación cuya recepción también fue reconocida por las demandadas (ver fs. 31 y 39, 3 er. párrafos). Hago expresa aclaración de que no se negó la recepción de esta comunicación, sino que lo cuestionado por las apelantes fue que la misma haya sido enviada por el apoderado del actor con mandato suficiente para ello, lo que será objeto de tratamiento seguidamente.-	En este tercer agravio la primera crítica desarrollada por las quejosas transita por entender que no había justa causa que cohoneste el despido indirecto (ver fs. 149 vta., pto. 3, 2do. párrafo), y esto debe desestimarse como derivación racional de la deserción de los dos anteriores agravios, ya que al haberse concluido en la incorrecta registración del actor, tanto en lo que respecta a la fecha de ingreso como a la categoría profesional, se acreditaron las razones por las cuales H. se dio por despedido. Es que la diferencia de categoría indicada importaba la intimación del pago de las diferencias salariales correspondientes y es sabido que la existencia de una deuda de salarios "puede" constituir injuria pero para que efectivamente "lo sea", es necesario que el obrero exteriorice su voluntad de tenerse por injuriado y que tal decisión llegue a conocimiento del deudor (manifestación de voluntad recepticia), ya que de no ser así, no se perfecciona el despido indirecto (conf. SCBA, 13/2/79, LL del 6/7/79, cit. en Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, 1999, pág. 759). En la especie, el actor cumplimentó con la previa intimación, por lo cual puso en comunicación de los empleadores su voluntad de tenerse por injuriado, ya que expresamente concluyó el telegrama del 12/10/06 con la leyenda "Todo lo expuesto bajo apercibimiento de considerarme despedido por su exclusiva culpa" (ver fs. 01 y 86 de la documental reservada).-	La segunda argumentación, siempre dentro de este tercer agravio, que exponen las apelantes, radica en que la carta poder conferida por el actor a su apoderado no importaba la facultad para enviar el telegrama por el que se dio aquél por despedido, ya que el mandato era para demandar y las amplias facultades se referían a ello, por lo que no involucraban mandato suficiente para considerar despedido a H. (ver fs. 149 vta., último párrafo/150, tres primeros párrafos). El sentenciante de grado razonó al efecto que "Respecto al planteo introducido por los accionados en sus escritos de contestación de demanda en cuanto a que el apoderado del Sr. H. no se hallaba investido de representación suficiente para enviar la misiva de fecha 7/11/06 en representación de su poderdante, a los efectos de no caer en excesos rituales nunca deseados y contando a esa fecha con la carta poder otorgada por este tribunal la que le otorgaba amplias facultades de representación conforme se desprende del documento de fs. 1, entiendo que esta circunstancia lo habilitaba para actuar en nombre y representación de H. respecto al reclamo laboral que tenía pendiente con los demandados. Además, como sostiene la parte en su presentación de fs. 48/49 vta., en la carta documento enviada por N. en representación de D. S.R.L. de fecha 22/11/06 -fs. 4 documental reservada- no cuestionaron la falta de personería o insuficiencia de facultades por parte del Dr. P., sino que se hizo cargo del telegrama rescisorio, rechazando las intimaciones y poniendo a su disposición la liquidación final y documentación laboral, con lo que el planteo ahora introducido deviene además de improcedente extemporáneo" (ver sentencia a fs. 140, 2do. párrafo).-	De la lectura de la carta poder de fs. 01/vta. se desprende que se trata de un poder especial y todas las facultades que se individualizan en él se refieren a la actuación judicial de los apoderados. Es que el art. 1884 del C. Civil constituye una regla general hermenéutica en materia de poderes especiales y sienta la regla de que el poder especial debe limitarse a los negocios para los que ha sido dado, no correspondiendo extender las facultades del apoderado para otros actos análogos. La doctrina ha encontrado en esta disposición legal una regla general vigente para los actos de apoderamiento que consagra la interpretación restrictiva. Dicha interpretación restrictiva asume, entre otras manifestaciones, que no corresponde extender por analogía las facultades reconocidas para ciertos actos a otros actos que pueden ser semejantes pero que no forman parte del objeto del poder (conf. Ariza, Ariel, en Lorenzetti, Ricardo Luis (Director): "Código Civil Comentado", Contratos, Parte Especial II, Rubinzal-Culzoni Editores, 2006, págs. 453/454).-	Ahora bien, el juzgador tuvo en cuenta la carta documento de la demandada del 22/11/06 (ver fs. 04 de la documental reservada del actor), cuya emisión ha quedado reconocida por las apelantes de acuerdo a lo que surge de la expresión de agravios a fs. 150, 2do. párrafo "in fine", en donde señalan que se refirieron al Dr. P. como mandante de H. pero no reconocieron que tenía facultades para considerar al actor por despedido. Al respecto es cierto que el sentenciante hace mención a lo expuesto por la actora a fs. 48/49 vta., cuando a fs. 50 se proveyó que tales manifestaciones excedían el traslado dispuesto a fs. 42 y por dicha razón se tuvieron por no efectuadas. Pero más allá de lo expresado por la actora, el juzgador podría haber arribado a la misma conclusión en virtud del principio "iura curia novit", es decir dando distintos fundamentos de derecho que los invocados por las partes, y lo mismo cabe decir de esta alzada, ya que también los argumentos pueden diferir respecto de los que brindó el propio juez de grado (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 1, pág. 959). Efectúo esta aclaración, por cuanto, más allá de lo manifestado por la actora a fs. 48/49 vta., es claro que de la carta documento de la accionada del 22/11/06 (fs. 04 de la documental reservada de la actora), surge que la misma rechazó el telegrama de distracto enviado por el apoderado del accionante pero no cuestionó la insuficiencia o ausencia de facultades del mismo para llevar a cabo dicho acto. Claramente surge de la carta documento de la accionada que se rechaza el telegrama que se contesta con el argumento de que el actor había sido intimado a trabajar en tiempo y forma, de que se había ausentado de la ciudad, e incluso se menciona "...lo que motiva que ud. deba en nombre de aquel remitir la epístola que en este acto se rechaza en todos sus términos", para continuar negando deuda alguna y reiterando que la relación se encuentra debidamente registrada.-	Del tenor de la comunicación mencionada surge claramente que la accionada no se limitó a admitir al Dr. P. como apoderado del actor, sino que admitió tácitamente sus facultades para enviar el telegrama de despido indirecto, ya que lejos de aludir a la insuficiencia de mandato al efecto, expresamente manifestó que la ausencia de H. de la ciudad motivara que el letrado remitiera el telegrama antedicho. Dicha actitud importa un acto propio que entra en franca contradicción con el desconocimiento de mandato suficiente que se efectuara al contestarse la demanda (ver fs. 31 y 39, 3er. párrafo). Es que debe recordarse que la doctrina de los "actos propios" no es meramente una doctrina, sino que debe ser ubicada entre los "principios generales del derecho", y como tal, para el derecho argentino, es un principio general, de los referidos indeterminadamente por el art. 16 del C. Civil. El contenido de la locución "acto propio" importa que la conducta de su sujeto, producida en un campo cierto y deslindado de relaciones jurídicas, autoriza el rechazo de sus pretensiones ulteriores -o de sus argumentos propuestos en justicia- cuando el resultado de ellas o la construcción lógica de éstos provoque una situación calificable racionalmente como contradictoria con el sentido objetivamente atribuible a aquel proceder (conf. Alberti, Edgardo M. (prologador) en "Doctrina de los actos propios", Manuales de jurisprudencia de La Ley, 1986, págs. XXIII/XXIV).-	En síntesis, de todo lo expresado cabe concluir en que, los términos del rechazo del telegrama de despido indirecto, importaron un acto propio de la parte demandada en el sentido de admitir la suficiencia del mandato del apoderado judicial para enviar el mentado telegrama, por lo que la invocación en juicio de falta de representación suficiente a dicho efecto, deviene improcedente por aplicación del principio general de los actos propios, por lo que cabe desestimar este tercer agravio.-	4) En lo que se refiere a la solidaridad de las demandadas, éstas, al expresar agravios, aducen que el propio juez reconoce que no son aplicables al caso las situaciones atribuidas a la causa y si bien el sentenciante conoce el derecho no puede suplir el error de la contraria bajo pena de nulidad. Por tal motivo entiende que el decisorio carece de sustento por manifiesta ausencia de los hechos, surgiendo de la causa la improcedencia de la demanda y los rubros reclamados (ver fs. 150 "in fine"/vta., 1er. párrafo). Es de señalar que la forma en que el agravio fue formulado resulta confusa. Es que al referirse a la condena solidaria, parecería que lo que se objeta de la sentencia, es que el juez se habría excedido en la aplicación del principio "iura novit curia", pero luego refiere a que el decisorio carece de fundamento por ausencia de los hechos. El sentenciante de grado fue sumamente claro al respecto al señalar que "En cuanto a la pretensión de condenar en forma solidaria al Sr. A. J. N. y a la firma D. S.R.L. no puedo más que hacer lugar al reclamo actoral. De las constancias de autos surge que H. se desempeñó para N. desde el año 2003, debiendo tomarse como un simple cambio de denominación del empleador cuando a partir de abril de 2006 comienza a figurar en los recibos de haberes como dador de trabajo la firma D. S.R.L., propiedad de N. conforme surge del poder de fs. 35/36 y de las contestaciones de las cartas documento. Tan es así que en los recibos otorgados por D. S.R.L. continúa figurando la misma fecha de ingreso que la que se consignaba en los anteriores extendidos por N.. La solidaridad no se declara en base a los arts. 29, 30 y 31 como invoca la actora pues dichos artículos están previstos para otras situaciones -interposición y mediación, subcontratación y delegación y empresas subordinadas o relacionadas-, pero estaríamos mas bien ante la hipótesis del art. 229 de la L.C.T. y es en base a dicha disposición que ambos codemandados deberán responder por la deuda declarada en autos" (ver sentencia a fs. 140 "in fine"/vta., 1er. párrafo).-	Como se puede apreciar el juzgador consideró que resultaba aplicable el art. 229 de la LCT y con dicho fundamento acogió favorablemente la condena solidaria peticionada. Las apelantes no atacan la aplicación de la norma mencionada por considerarla inaplicable al caso, sino que arguyen que la actora requirió la solidaridad en base a otras normas (arts. 29, 30 y 31 de la LCT, ver demanda a fs. 03 vta., pto. IV, 2do. párrafo y 07 vta., pto. IX) y que en consecuencia el juez no pudo haber suplido el error de la contraria (ver fs. 150 "in fine"). Es sabido que en virtud de lo dispuesto por el art. 163, inc. 6 del CPCC -actual art. 165, inc. 6 de la ley XIII Nº 5 Anexo A-, el magistrado debe individualizar el precepto legal aplicable al caso, y en dicha actividad no tiene límites en el campo del puro derecho, en razón de que frente al error que puedan cometer en su enunciación los justiciables, tanto en lo sustancial como en lo procesal, en definitiva corresponde al tribunal (curia) el conocimiento (novit) del derecho (iura). En suma, el juez debe elegir y aplicar correctamente el precepto jurídico, con independencia del nombre jurídico que las partes hayan dado a la relación (conf. CSJN, 17/12/87, LL 1988-B-550; SCBA, ac. 25.089, DJBA, 116-109; CN. Civ., Sala C, 24/3/81, ED, 93-793; íd., Sala E, 17/2/87, LL, 1988-D-214; CN. Fed.Cont.Adm., Sala IV, 26/5/87, LL, 1988-A-84; entre otros). Debe tenerse presente que la correcta aplicación del derecho por el juez, como recuerda el aforismo, debe resultar necesariamente de los hechos afirmados por las partes, pues dentro del régimen dispositivo del CPCC la formación del material de conocimiento en el juicio constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del juez, ya que no puede referirse en sus sentencias a otros hechos que a los alegados por ellas (conf. CN. Com., Sala C, 28/10/87, LL, 1988-B-134). Lo contrario equivaldría a violentar la garantía del debido proceso al impedir a las partes ejercer su plena y oportuna defensa: "la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez" (conf. SCBA, 5/2/80, ac. 28.513, DJBA, 118-106).-	En la especie, el actor expresamente adujo que desde el mes de abril de 2006 se operó la transferencia del contrato de trabajo a D. SRL, sociedad de la que es titular el codemandado N. y que dicha circunstancia torna operativo el régimen de solidaridad de las demandadas, citando a tal efecto los arts. 29, 30 y 31 de la LCT (ver demanda a fs. 03 vta., pto. IV, 2do. párrafo). La terminología utilizada en la demanda de "transferencia del contrato de trabajo", como bien lo apuntara el juzgador, se condice más propiamente con la cesión del personal regulado en el art. 229 de la LCT y no con los supuestos de interposición, mediación, subcontratación, delegación o subordinación entre las empleadoras, que son los que norman los artículos 29, 30 y 31 del mismo texto legal. En consecuencia no se advierte que el sentenciante de grado se haya excedido en el decisorio de la aplicación del principio "iura novit curia", ya que se atuvo a los hechos esgrimidos en demanda y consideró errónea la cita de normas, aplicando el derecho correspondiente. En cuanto a lo manifestado a fs. 150 vta., 1er. párrafo, siempre dentro de este mismo agravio, la improcedencia de los rubros que se alega por manifiesta ausencia de los hechos en los que se pretende apoyar, deviene una reiteración sintética de los argumentos esgrimidos en los anteriores agravios que ya fueron objeto, ora de deserción ora de desestimación.-	Por lo tanto, en atención a todo lo expuesto en este punto 4, se rechaza el agravio aquí examinado.-	5) Se cuestiona seguidamente la aplicación de las multas de la ley 24013, con el argumento de que el actor "comunicó" a la AFIP el requerimiento cursado al empleador mediante el formulario 206/M Multinota impositivo, lo cual no cumple con las exigencias del art. 11 de la ley referida (ver fs. 150 vta./151). El juzgador consideró que eran procedentes "...las multas de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, habiendo por otro lado cumplido el trabajador con el anoticiamiento del reclamo y de la deficiente registración a la AFIP, conforme la carga que le imponía el art. 47 de la ley 25.345..." (ver sentencia a fs. 141, 1er. párrafo). En primer lugar cabe tener presente que el art. 11 de la ley 24013 (t.o. según ley 25345, art. 47) exige en su parte pertinente que además de la intimación al empleador, se proceda de inmediato, o no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la AFIP copia del requerimiento al mismo, para las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24013, mas no para la del art.

15, por lo cual esta última permanece fuera de las exigencias del art. 11 precitado. En cuanto a las indemnizaciones de los arts. 9 y 10 de la misma ley, el actor cumplió con la intimación a las demandadas de acuerdo al telegrama de fecha 12/10/06 (ver fs. 01 de la documental reservada de la actora) y según se desprende de fs. 05/06 de la misma documental, el mismo día, en el formulario que cuestionan las recurrentes, comunica a la AFIP que ha efectuado dicha intimación y acompaña copia de la misma. En consecuencia no se alcanza a comprender cuál es la insuficiencia que refieren las demandadas, ya que no sólo comunicó al organismo fiscal la intimación cursada, sino que además adjuntó copia de la misma, por lo que propongo que se desestime el agravio.-	Finalmente, las apelantes concluyen su memorial, considerando agraviante que se haya acogido la totalidad de los rubros reclamados por el actor, con excepción de la multa del art. 80 de la LCT, en razón de que no resultó justificado el despido indirecto (ver fs. 151, anteúltimo párrafo). Dado que dicha cuestión, esto es, la justificación o no de la situación de despido indirecto en la que se colocó el trabajador, ya fue objeto de examen en el pto. 3, habiéndose concluido en la validez de la conducta del actor al respecto, esta queja deviene vacía de contenido por lógica consecuencia de lo anteriormente considerado.-	En síntesis, por los argumentos brindados postulo al acuerdo el rechazo total del recurso analizado.-	III.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se confirme el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas al apelante vencido (conf. art. 68 del CPCC -actual art. 69 de la ley XIII Nº 5 Anexo A-).-	Por los trabajos efectuados ante la Alzada, y considerando el resultado del pleito, mérito y extensión de las tareas desarrolladas, regulo los honorarios al letrado apoderado de las demandadas, Dr. C. H. A., en un 25% de lo establecido para la dirección letrada de la misma parte en la sentencia de primera instancia por la parte que prospera la demanda, con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200 -actuales arts. 5, 8, 13 y 46 de la ley XIII Nº 4; y leyes 23349 y 23871).-	Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-	A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 145, que fuera concedido a fs. 146, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 138/141 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por M. A. H. y condenó a D. S.R.L. y A. J. N. en forma solidaria al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $32.027,52.- con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales, haberes adeudados, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con más la integración mes de despido, indemnizaciones contempladas por el art. 16 de la ley 25.561 y arts. 9, 10, y 15 de la ley 24.013, e incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323, y asimismo dispuso el depósito del certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. en igual plazo, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, con imposición de costas a los demandados por la porción de la demanda que progresa y al actor por la que se rechaza.	La expresión de agravios luce a fs. 147/152, el traslado conferido a fs. 153 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.	2. Sostiene la apelante que los testimonios habidos no dieron precisiones que habiliten a tener por cierta la fecha de ingreso invocada por el actor a las órdenes del Sr. A. J. N. y centra su queja en la circunstancia de que la prueba testimonial da cuenta de que en los años 2003 y 2004 el actor no trabajaba para los codemandados sino para M. N..	Al respecto, la lectura de los escritos de contestación de demanda permite advertir que no fue dato alegado que el accionante cumpliera tareas para M. N. en la citada época.	También cabe señalar que, además de no invocarse oportunamente ese dato fáctico, en sentido contrario a esa argumentación se afirmó que con anterioridad a febrero de 2005 el actor estaba desempleado por lo que percibía un plan social en ese carácter.	En efecto, la defensa esgrimida por los demandados fue "... que el Sr. M. A. H. comenzó a laborar a las órdenes del Sr. A. J. N. en la fecha que fue correctamente registrado -19/02/2005- y asentado tal extremo en los libros legalmente establecidos. Hasta ese momento el actor percibía beneficios a través de los planes sociales a los que accedía dada su condición de desempleado y, en tal carácter integraba agrupaciones de desocupados." (acápite IV, fs. 30 y 38, respectivamente, penúltimo párrafo en ambos casos) (la cursiva me pertenece).	De tal modo, la falta de alegación oportuna en la anterior instancia impide ingresar a la queja como consecuencia del alcance previsto para la sentencia de segunda instancia en la última parte del art. 274, Ley XIII Nº 5, Anexo A (art. 271 del C.P.C.C.) (". en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.") y prohibición impuesta por el art. 280 del citado ordenamiento (art. 277 del C.P.C.C.) ("El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.").	Como una manifestación o derivación del principio dispositivo, rige el principio de congruencia, en virtud del cual, debe existir conformidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional. El principio de congruencia constituye una manifestación del principio dispositivo en sentido material, dado que si el juez no respetara esa conformidad que debe existir entre su fallo, por un lado, y las pretensiones y oposiciones a las mismas, por el otro, estaría incursionando de esta manera en un campo que el ordenamiento jurídico ha reservado exclusivamente a la voluntad de los particulares, cual es la disposición de los derechos materiales o de fondo; igual conclusión cabe inferirse en caso de que sea un tribunal de alzada. Señala Fassi que los poderes del tribunal de apelación tiene como límite máximo los capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia, salvo el surgimiento de cuestiones referentes a intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 37 y 60, págs. 115 y 165/166, respectivamente) (el resaltado me pertenece).	Al modo en que se constituyó la relación procesal debe atenerse el juzgador en esta segunda instancia, ya que la primera limitación a que se encuentran sometidos los tribunales de Alzada viene dada por la relación procesal trabada en el grado inicial, cuyo respeto se ve impuesto por el principio de congruencia, que también rige en la instancia apelatoria (art. 34, inc. 4°, Ley XIII Nº 5, Anexo A, y C.P.C.C.).	Por ello, en virtud de las limitaciones impuestas por los arts. 274 y 280, Ley XIII Nº 5, Anexo A (arts. 271 y 277 del C.P.C.C.), no puede el tribunal apartarse de las pretensiones y oposiciones y las cuestiones introducidas por las partes y sometidas a decisión del juez de la anterior instancia.	Por un lado se encuentra limitado, siguiendo la terminología del artículo 271 del Código Procesal, por las pretensiones y oposiciones y las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia; y por el otro, por lo que haya sido materia de agravios. Se tratan de limitaciones que se producen por la actitud de los propios litigantes. Si el tribunal de alzada no respeta tales limitaciones y se pronuncia más allá de lo permitido, la sentencia respectiva resulta incongruente, y vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 29, pág. 76).	En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).	Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma (art. 277 del C.P.C.C.) es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia precedente (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 60, pág. 166).	Incluso, quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los escritos de constitución del proceso, aunque se lo introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., sala B, julio 2-975, E.D. 64-514; idem, sala F, junio 22-983, E.D. 105-357).	En consecuencia, por tratarse de capítulo no propuesto a la decisión del juez de primera instancia esta Alzada no puede ingresar a su tratamiento (art. 280, Ley XIII Nº 5, Anexo A, art. 277 del C.P.C.C.).	Por otra parte, desde que los accionados no invocaron oportunamente al contestar demanda que el actor con anterioridad a febrero de 2005 cumpliera tareas para otra persona es evidente que no puede producirse prueba de hechos no alegados, pues la prueba sólo puede versar sobre datos articulados por las partes ("No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos."), conforme lo dispone el art. 364, Ley XIII Nº 5, Anexo A, y C.P.C.C.).	El objeto de la prueba lo constituyen los mismos datos que integran el contenido de las alegaciones procesales. Hay una identificación normal, de principio, entre objeto de la prueba y objeto de la alegación. Respecto de los datos de hecho rige el principio general que acaba de ser expuesto. La necesidad de su prueba es la regla (Guasp, "Derecho Procesal Civil", Tomo Primero, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, par. 23. 5. págs. 328 y 329, respectivamente). En cuanto a la acreditación del hecho no alegado, es de precisar que son los mismos datos fácticos alegados los que deben comprobarse (Guasp, obra y tomo citado, pág. 328, n° 5).	Vale decir que los hechos llamados a establecerse en objeto de la prueba deben haber sido introducidos por las partes en el proceso, a través de sus escritos constitutivos de demanda, reconvención, excepciones y sus contestaciones, y excepcionalmente, al alegarse hechos nuevos en primera y segunda instancia, pues para el ordenamiento procesal que nos rige el hecho no afirmado no existe (Kielmanovich, "Teoría de la prueba y medios probatorios", Abeledo-Perrot, 1996, par. 2.a) I., pág. 40) (el subrayado me pertenece).	En tales condiciones, la queja resulta inaudible por lo que corresponde declarar la deserción parcial del recurso.	3. Formula agravio la quejosa por entender que el art. 44 de la ley 69 (art. 43 de la Ley XIV Nº 1) invierte la carga probatoria en lo que se refiere a la remuneración pero no a la categoría profesional.	En tal sentido, si bien el juzgador hizo jugar en el caso la presunción derivada de esa normativa la que se limita exclusivamente al monto del salario, lo cierto es que además brindó otro fundamento referido a la valoración de la prueba testimonial que no fue objeto de embate por la recurrente.	Nótese que el Sr. Juez de la anterior instancia a fs. 139 vta. respaldó su decisión en la presunción prevista por el art. 44 de la ley 69 pero al mismo tiempo precisó que dando por otro lado los testigos declarantes cuenta de las múltiples tareas que desarrollaba el actor, el que incluso se trasladaba a distintas localidades.	Y ese fundamento que resultó dirimente para dilucidar esa cuestión no fue objeto de embate alguno por la apelante, por lo que no hay agravio que atender.	La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).	En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).	Y el agravio carece de contenido, cuando como en el caso . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 1, pág. 839).	Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).	Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "Cufre, Héctor N. y otro c. Bravo, Julio J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.	Sólo agregaré que el razonamiento seguido por el sentenciante se ajusta a las circunstancias comprobadas de la causa pues con relación a las tareas cumplidas por el actor los testigos expresaron, a saber, que: a) hacía carpintería, hacía de todo un poco albañilería, se quedó trabajando en Sierra de la Ventana (T., respuesta a la 1ª, 4ª, y 6ª pregunta, fs. 90); b) en la cabaña frente a la del C. H. hacíamos de todo y después en Pampa de Agnia era el único que levantaba las cabañas hasta que fue el testigo (A., respuesta a la 4ª pregunta, fs. 91); c) hacía carpintería, carpintería todo lo que es madera, prestó tareas en H. y en Sierra de la Ventana, todo lo que hace un oficial colocaba machimbre (P., respuesta por las generales de la ley, a la 2ª y 4ª pregunta, fs. 92); y d) desarrollaba también "eso" con referencia a las tareas (todo lo que es tema de madera y cosas artesanales, reforma de camas, colocación de bajo mesada), ayudaba a hacer la construcción del levantamiento de cabañas y de lo que era el sum, estaba en Sierra de la Ventana (M., respuesta a la 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, y 7ª pregunta, fs. 93).	Como puede observarse las tareas cumplidas no eran las propias de un medio oficial como figura el trabajador registrado (afirmaciones de ambos codemandados, fs. 30 vta. y 38 vta.; recibos de fs. 49/73 y 74/85 que obran reservados y en este acto se tienen a la vista).	Por tales fundamentos, la apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 269 y 270, Anexo A Ley XIII - Nº 5, arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).	4. Estima la quejosa que al demostrarse que H. no ingresó a trabajar en una fecha anterior a la registrada y en una categoría superior a la registrada no le asistió derecho a considerarse justificadamente en situación de despido indirecto.	Al respecto, cabe aclarar que si se invocan dos causales de despido basta con acreditar una de ellas con entidad suficiente para que la comunicación rescisoria resulte justificada.	Cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido (indirecto), la acreditación de alguna de ellas, con entidad bastante para justificar la medida, es suficiente para admitir el pertinente reclamo indemnizatorio (CNAT., Sala VII, 23/10/92, D.T. 1993-B, 1249).	Es criterio de esta sala "B", c. 22.482, S.D.L. 02/08, y c. 70/09, S.D.L. 69/09.	En tales condiciones, desde que quedó demostrado que el actor ingresó en fecha anterior a la registrada y que su categoría era superior es evidente que el agravio vertido quedó vacío de contenido.	Sin perjuicio de ello, ingresaré en la queja tal como lo hiciera el Dr. De Cunto para destacar que la determinación de una fecha de ingreso anterior y una categoría superior incide en el monto de los salarios, y a ese respecto el trabajador curso intimación con fecha 12/10/2006 (telegrama CD *********, fs. 86 de la documental reservada) cuya recepción fue reconocida por su contraria (p. 4, admisiones de fs. 30 vta. y 38 vta., respectivamente; p. VII.1.3., agregación de la pieza postal, fs. 40), por lo que ante el rechazo del reclamo formulado el 30/10/2006 (carta documento CD ********* 3, fs. 87 de la documentación reservada) el acccionante hizo efectivo el apercibimiento y se dio por despedido el 07/11/2006 (telegrama CD *********, fs. 3 de esa documental), cuya recepción fue a su vez admitida por los demandados (ver admisiones de fs. 31 y 39, respectivamente), sin perjuicio de ocuparme por separado de la queja formulada en cuanto a la insuficiencia del mandato con que actuara el apoderado del actor.	Así, respecto de la situación de despido en la que se colocara el dependiente sabido es que el pago íntegro de la remuneración es el deber principal del empleador (art. 74 de la L.C.T.), por lo que practicada la intimación de pago, una vez incumplida, puede calificarse de "injuriosa" la conducta del empleador.	La mora en el pago de las remuneraciones (o de diferencias salariales como en el caso) no es en sí misma lo que autoriza la rescisión del contrato de trabajo, sino el carácter injurioso de la conducta empresaria, que puede, según las circunstancias fácticas, resultar encuadrada en los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo. Para que se configure la injuria y el trabajador pueda disolver el contrato por tal motivo, es necesario que intime previamente el pago del crédito bajo el apercibimiento correspondiente. Esta es una exigencia impuesta por el obrar de buena fe (Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T. II, par. 15.27, págs. 1920 y 1921, respectivamente).	Y la intimación cursada lo fue bajo apercibimiento de considerarse despedido con lo que el dependiente dio cumplimiento a ese previo recaudo y satisfacción al requisito elemental del deber de buena fe, por lo que justificadamente se colocó en situación de despido indirecto ante el rechazo del reclamo habido.	Así, se observa un incumplimiento objetivo que consiste en la falta de pago de las diferencias salariales; y otro subjetivo consistente en la conducta asumida al no dar respuesta satisfactoria al requerimiento de pago.	En este aspecto se sostiene que para que se configure injuria laboral es necesario que el incumplimiento obedezca a una actitud injustificada del empleador, como es el caso de renuencia o mala fe (Meilij, Gustavo Raúl, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, pág. 101).	Por eso, la falta de pago de diferencias salariales tuvo entidad suficiente como para justificar la ruptura del contrato de trabajo.	Es criterio de esta sala "B", c. 22.919, S.D.L. 04/2009, y c. 70/09, S.D.L. 69/09.	Por tales razones se desestima la queja.	Tocante a que el poder conferido por el actor a su apoderado es un poder especial para demandar y no incluye facultades para considerar despedido al actor o finalizar la relación laboral, cabe considerar que efectivamente el mandato especial debe limitarse a los actos para los cuales ha sido dado, conforme lo dispuesto por el art. 1884 del Código Civil. El mandato especial debe ser interpretado restrictivamente, limitándose a los actos para los cuales hubiese sido dado sin que pueda extenderse a otros análogos, aunque se pudieran considerar consecuencia natural del que se ha encargado hacer (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, 2007, T. III, pág. 490).	Sin embargo, aun cuando el juzgador brindó un fundamento que puede no compartirse es evidente que la apertura de esta instancia por la apelación interpuesta permite ejercer la facultad de revisión con amplitud suficiente ante la plenitud de jurisdicción por lo que esta Alzada de ningún modo queda obligada a ceñirse al razonamiento seguido por las partes y tampoco por el juez de primera instancia.	En virtud del recurso de apelación, el tribunal de alzada asume la plenitud de jurisdicción sobre aquellos puntos que han sido objeto de apelación; es decir, sus facultades para decidir la cuestión son tan amplias como las que tenía el tribunal en grado (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 28, pág. 76).	El principio según el cual la jurisdicción del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla "iura novit curia", es decir, que ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes. En un orden de ideas similares se ha recalcado que el órgano "ad quem" no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tienen amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo". Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y por el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 420/421, y cita de fallos).	Por ello, corresponde considerar que existe otro fundamento que permite confirmar el fallo venido en apelación, por lo que desde ya adelanto que la argumentación de la parte apelante resulta inaudible por aplicación de la doctrina de los actos propios.	En efecto, de la carta documento de la parte demandada del 22/11/2006 (CD *********** 1, fs. 4 de la documental reservada) surge con toda evidencia que la patronal rechazó el telegrama enviado por el apoderado del trabajador pero ningún cuestionamiento efectuó respecto a la insuficiencia o carencia de facultades del mandatario para celebrar el acto de despido cumplido.	Es más, la patronal expresamente en la comunicación cursada alude a la actitud del mandante al no reintegrarse a tomar tareas y a su ausencia de la ciudad, motivo por el cual le señala a su mandatario "... que ud. deba en nombre de aquel remitir la epístola que en este acto se rechaza en todos sus términos. ...", máxime cuando a su vez niega adeudarle suma alguna y consigna el apercibimiento de que en caso de incomparecencia "de su parte" a retirar la liquidación final y documentación laboral se procederá a consignar la misma ante la autoridad administrativa.	Como puede apreciarse, del contenido de esa carta documento resulta con toda claridad que la empleadora admitió al Dr. F. A. P. como apoderado del actor y asimismo reconoció sus facultades para colocar al dependiente en situación de despido indirecto.	En ese contexto, la doctrina de los actos propios, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos).	Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).	La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede. La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A-866; y Morello, "Dinámica del contrato. Enfoques", Editora Platense S.R.L., 1985, págs. 59/60).- El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (Morello-Stiglitz, ob. cit., pág. 866).	De tal modo, la conducta de la parte al remitir la comunicación del 22/11/06 y rechazar el telegrama de despido indirecto cursado por el apoderado del trabajador importó admitir la suficiencia del mandato otorgado, y por ende se erigió en un acto deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que le impide volver sobre tal conducta, por lo que su posterior invocación al expresar agravios de una falta o insuficiencia de representación configura una conducta contradictoria que hace manifiestamente improcedente la argumentación expuesta y conduce a desestimar la queja.	5. Entiende la recurrente en cuanto a la solidaridad de las codemandadas que el juez reconoce que no son aplicables al caso las situaciones atribuidas a la causa y que si bien el juez conoce el derecho no puede suplir el error de la contraria bajo pena de nulidad.	Al respecto, aun cuando el planteo efectuado no resulta claro es evidente que la parte apelante intenta por medio de tal manifestación atacar el fallo en crisis ya que el actor peticionó la solidaridad de las demandadas por aplicación de los arts. 29, 30, y 31 de la L.C.T. (ver escrito de inicio, p. IV y IX, fs. 3 vta. y 7 vta., respectivamente), y en cambio el juzgador entendió que el caso encuadra en el supuesto previsto por el art. 229 del citado ordenamiento.	En tal sentido, la circunstancia de que la parte al formular su pretensión invoque normas que no resultan aplicables no impide considerar que el juez brinda la calificación jurídica correspondiente a la pretensión deducida con independencia del encuadre que hubieran efectuado las partes.	El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente. Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado. Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1984 y 1986, T. II-A, págs. 613/614, y T. II-C, págs. 73/74, y citas de pronunciamientos, respectivamente).	La causa, fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa, en rigor como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar en el caso. El juez, en efecto, debe decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor, pero para ello le es indiferente la designación técnica que aquél haya asignado a la situación de hecho descripta como fundamento de la pretensión, desde que es inmanente a la función decisoria la libertad en la elección de la norma o normas que conceptualizan el caso (iura novit curia). No es por lo tanto la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1967, T. I, pág. 397) (la cursiva me pertenece).	En tales condiciones, dentro del marco de la pretensión deducida por el accionante el sentenciante calificó la norma a aplicar adoptando una decisión válida en ejercicio del deber impuesto por la regla iura novit curia (art. 165, inciso 6, Ley XIII Nº 5, Anexo A, art. 163:6 del C.P.C.C.), pues en ese aspecto (norma aplicable: art. 229 de la L.C.T.) la quejosa no formuló embate alguno.	En tal sentido, el juzgador consideró a fs. 140/vta. que H. se desempeñó para N. desde el año 2003, debiendo tomarse como un simple cambio de denominación del empleador cuando a partir de abril de 2006 comienza a figurar en los recibos de haberes como dador de trabajo la firma D. S.R.L. También ponderó en igual sentido que en los recibos otorgados por D. S.R.L. continúa figurando las misma fecha de ingreso que la que se consignaba en los anteriores extendidos por N.. Todo lo cual le permitió subsumir el caso en la hipótesis del art. 229 de la L.C.T. y es en base a dicha disposición que ambos codemandados deberán responder por la deuda declarada en autos.	En este aspecto, el actor afirmó como concreta situación de hecho que ingresó a trabajar para el Sr. A. N. en julio de 2003 y que desde abril de 2006 se operó la transferencia del contrato de trabajo a D. S.R.L., por lo que esa circunstancia torna operativo el régimen de solidaridad de las demandadas respecto de las obligaciones laborales y previsionales (p. IV, dos primeros párrafos, fs. 3 vta.).	En tales condiciones, la mención a una transferencia del contrato no impide encuadrar el caso en el supuesto de cesión del personal previsto por el art. 229 de la L.C.T. como lo hiciera el decisorio impugnado, pues es deber del juez elegir la norma aplicable al caso. O sea, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez conforme a la regla iura novit curia, con independencia de la incorrecta calificación del derecho efectuada por la parte.	En síntesis, no resulta que el juez de la anterior instancia se apartara del principio antes enunciado toda vez que en el límite de los hechos invocados como sustento de la pretensión del actor calificó adecuadamente la norma a aplicar cual era su deber.	Por tales razones se desestima el agravio.	En lo que hace a su manifestación de fs. 150 vta. en el sentido de que el resolutorio impugnado carece absolutamente de sustento por "manifiesta ausencia de los hechos", la misma es una afirmación dogmática carente de todo sustento y asimismo importa una reiteración de argumentos, por lo que no hay agravio que atender.	Así, no puede considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico. Las apreciaciones personales, o las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones son insuficientes por sí solas para sustentar el agravio (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 354 y 355, y cita de fallos).	Finalmente, la expresión vertida acerca de la improcedencia de la demanda y rubros reclamados resulta vacía de contenido por las consideraciones vertidas en este punto y en los que preceden al mismo, por lo que la falta de material crítico veda toda consideración.	6. Finalmente la parte impugna la condena impuesta por aplicación de las multas de la ley 24.013.	Sostiene que del formulario 206/M Multinota impositivo emana diáfana su impertinencia (sic) toda vez que la comunicación no cumple con el requisito exigido por el art. 11 de la ley 24.013.	En tal sentido, el fallo señaló a fs. 141 que el trabajador cumplió con el anoticiamiento del reclamo y la deficiente registración a la AFIP, conforme la carga que le imponía el art. 47 de la ley 25,3345.	Al respecto, el art. 11 de la ley 24.013, modificado por el art. 47 de la ley 25.345, impone como recaudo para la procedencia de las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9, y 10, que el trabajador curse la intimación al empleador (inciso a), y asimismo proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior (inciso b).	Así, respecto de las indemnizaciones de los arts. 9 y 10 de la citada ley, el trabajador cumplió con ambos recaudos de procedencia ya que intimó al empleador (telegrama del 12/10/2006, fs. 1 de la documental reservada), y asimismo ese mismo día comunicó a la AFIP mediante formulario la intimación cursada a sus empleadores a fin de que regularicen la inscripción de la relación laboral según su real fecha de ingreso a julio de 2003 y real categoría de oficial múltiple (F. 206/M, fs. 5 de la documental reservada), agregando copia del requerimiento.	Y si bien no cursó copia del mismo mediante pieza postal, lo cierto es que el mismo día de la intimación al empleador del 12/10/2006 (en la que dejo constancia de la denuncia a efectuar) compareció ante la AFIP, denunció los datos que exige el penúltimo párrafo del art. 11 de la ley 24.013, y acompañó copia de la intimación (ver constancia de la recepción del formulario F. 206 M, contenido del mismo, y parte final en el que expresamente se indica "... Acompaño a los efectos copia de la intimación realizada").	En tales condiciones, corresponde tener por cumplido el recaudo contemplado por el inciso b) del citado artículo, pues no sólo el trabajador compareció el mismo día personalmente a la AFIP poniendo en su conocimiento la intimación cursada, sino que asimismo agregó copia de tal intimación.	Por eso, no se advierte cual es el requisito esencial que no cumplimentó el actor, o en que consiste la insuficiencia atribuida, por lo que se desestima el agravio.	Finalmente, las expresiones volcadas a fs. 151, dos últimos párrafos, al considerar que hubo una errónea ponderación del juzgador y que no existió una errónea registración, por lo que no hubo un despido indirecto justificado, son reiteración de argumentos que ya fueron objeto de tratamiento, en particular al punto 4 que antecede en cuanto a al alcance de la comunicación rescisoria, por lo que nuevamente la queja queda vacía de todo sustento y nada corresponde agregar a los fundamentos ya expuestos.	7. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la parte apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 69, Ley XIII Nº 5, Anexo A; art. 68 del C.P.C.C.).	Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudente los honorarios que propicia regular el Dr. De Cunto a favor del letrado apoderado de las demandadas, en la suma porcentual equivalente al 25% de la cantidad fijada para la anterior instancia por la porción de la demanda que progresa (arts. 5, 13, y 46, Ley XIII Nº 4; arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:	En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I.- Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido matera de agravios.-	II.- Imponer las costas de esta sede a las apelantes perdidosas.-	III.- Regular, por los trabajos realizados ante la Alzada, los honorarios del letrado apoderado del actor, Dr. C. H. A., en un 25% de lo establecido para la dirección letrada de la parte accionada en la sentencia de primera instancia por la parte que prospera la demanda, con adición del I.V.A. correspondiente.-	Así lo voto.-	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.	Así lo voto.	Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 7º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: ------ S E N T E N C I A: ---------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:---	CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido matera de agravios.-	IMPONER las costas de esta sede a las apelantes perdidosas.-	REGULAR, por los trabajos realizados ante la Alzada, los honorarios del letrado apoderado del actor, Dr. C. H. A., en un 25% de lo establecido para la dirección letrada de la parte accionada en la sentencia de primera instancia por la parte que prospera la demanda, con adición del I.V.A. correspondiente.-	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------	REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2010 - SDL - CONSTE.-	VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA