Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-09-16


La Plata, setiembre 16 de 2009.

Antecedentes La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia dictada por este Tribunal a fs. 335/337 vta., y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo allí expresado (fs. 404/405).

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? El doctor Pettigiani dijo:

I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia pronunciada por esta Corte el 20 de agosto de 2003 (fs. 335/337 vta.), mediante la cual había confirmado el fallo dictado por el Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata, en cuanto había declarado prescripta la acción por la cual Aída Ferrabello Moreira le reclamó a la Provincia de Buenos Aires el pago de una indemnización por accidente de trabajo, con fundamento en la ley 9688, modificada por ley 23.643.

Para así resolver, el Alto Tribunal tuvo por reproducidos e hizo suyos los fundamentos contenidos en el dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante, en el cual se consideró que el pronunciamiento oportunamente dictado por este Tribunal no constituyó un acto judicial válido ni una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las circunstancias del caso, razón por la cual debía ser descalificado sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad (v. dictamen, fs. 402/403 vta.).

Para arribar a tal conclusión, ponderó la Procuradora Fiscal las siguientes circunstancias:

(i) El fallo omitió tener en cuenta que, en virtud de lo que dispone el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, las acciones provenientes de la responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales prescriben a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad, entendiendo tal determinación como la fijación de la minusvalía; en consecuencia -concluyó, con cita de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los precedentes que identificó- "sólo a partir del conocimiento por parte del trabajador interesado del dictamen de la junta médica emitido en sede administrativa, queda determinada la incapacidad del actor" (fs. 402 vta.).

(ii) La sentencia del tribunal del trabajo confirmada por esta Corte aplicó el art. 19 de la ley 9688 -modificada por ley 23.643- sin advertir que dicho dispositivo prescribía que "la toma de conocimiento de la incapacidad se produce cuando el incapacitado conoce el grado definitivo de la incapacidad, las causas laborales que lo determinaron, la irrevisibilidad del proceso incapacitante y ha culminado el proceso de agravamiento de la incapacidad progresiva" (fs. 403), extremo que no fue ponderado por los jueces a pesar de que, al contestar la defensa de prescripción, la actora alegó que en la demanda se había detallado el curso evolutivo y no consolidado de las secuelas postraumáticas, la existencia de una licencia prolongada y la falta de alta médica, todo lo cual conducía a descartar la fecha del infortunio como relevante a los fines debatidos.

(iii) El decisorio de mérito hizo hincapié en el informe contable en lo relativo a la constatación de los datos emergentes de los expedientes administrativos iniciados con motivo del infortunio; sin embargo, sobre la base de dichas constancias, el perito no relacionó la determinación de la minusvalía como contemporánea a la denuncia del accidente, sino con las licencias imputables a una enfermedad de larga duración y, cuando se refirió al dictamen definitivo, respondió que fue producido con fecha 15 de abril de 1998.

Sobre la base de tales consideraciones, la Procuradora Fiscal concluyó que la interpretación formulada se había limitado a un "análisis parcial y aislado de los elementos de juicio, sin integrarlos ni armonizarlos en su conjunto" (fs. 403 vta.), correspondiendo descalificar el pronunciamiento, máxime cuando -puntualizó, con cita de precedentes de la Corte federal- en los litigios laborales debe actuarse con cautela para llegar a la denegatoria de beneficios reconocidos por las leyes en la materia (conf. dictamen cit., fs. 402/403 vta.).

II. Entiendo que debido a los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde desestimar la defensa de prescripción deducida por la Provincia de Buenos Aires.

1. El tribunal del trabajo tuvo por acreditado que el día 24 de mayo de 1989 la accionante sufrió un accidente de trabajo in itinere, como consecuencia del cual sufrió politraumatismos con pérdida de conocimiento y epilepsia postraumática, síndrome subjetivo postconmocional y una hernia de disco, secuelas que le provocaron una incapacidad laboral permanente del 70% del índice de la total obrera (vered., fs. 305). Empero, consideró que, tratándose de un hecho traumático, debía considerarse operada la toma de conocimiento coetáneamente con el acontecimiento. En virtud de ello, consideró que, a la fecha de interposición de la demanda (27/X/1992, cargo de fs. 103 vta.), ya se había agotado el plazo bianual de prescripción de la acción (sent., fs. 308 y vta.).

Esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido contra dicha sentencia, en virtud de que la recurrente había omitido una impugnación idónea de lo resuelto en la instancia de grado, habida cuenta que no se ocupó de desvirtuar la conclusión del fallo en orden a que la accionante había adquirido conocimiento de su minusvalía en la misma fecha en que se había accidentado (fs. 336 vta./337), decisión que fue revocada por el alto tribunal por los motivos más arriba reseñados.

2. Como lo anticipé, corresponde en virtud de lo resuelto por la Corte federal desestimar la defensa de prescripción interpuesta por el Estado provincial.

a. En efecto, aplicando al caso las pautas establecidas en el dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo propias, se impone concluir que, al momento de la interposición de la demanda, la acción no estaba prescripta.

Ello así, pues si -a los fines de dilucidar cuándo debe comenzar a correr el lapso de prescripción de la acción, en los términos del art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo (norma que el alto tribunal juzgó aplicable al caso)-, debe entenderse que la "determinación de la incapacidad" a la que allí se hace referencia se ha producido -en este caso y por las razones expuestas por la Corte Suprema- al tomar conocimiento la actora del dictamen de la junta médica emitido en sede administrativa, y, en tanto que de la pericia contable resulta que dicho dictamen fue emitido con fecha 15 de abril de 1998 (ver fs. 245, punto VIII, conclusión pericial resaltada por la C.S.J.N.), no cabe otra solución que considerar que la acción no se hallaba prescripta al momento en que se interpuso la demanda.

b. A lo expuesto cabe añadir lo puntualizado por el cimero tribunal, en orden a que el planteo efectuado por la actora al responder el segundo traslado -fincado en el curso evolutivo y no consolidado de las secuelas postraumáticas sobrevinientes al accidente- y el criterio establecido en el segundo párrafo del art. 19 de la ley 9688 -modificada por ley 23.643- (aspectos que el Máximo Tribunal juzgó que no fueron advertidos ni debidamente ponderados por el tribunal del trabajo), podían igualmente conducir a descartar la fecha del infortunio como dato relevante a los fines de la determinación del dies a quo del plazo de prescripción, sobre todo si se tiene en cuenta que en la pericia médica se determinó el carácter evolutivo de las lesiones padecidas por la actora (ver fs. 228 vta. y 403).

3. Por las razones señaladas, debe rechazarse la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires a la acción deducida por Aída Ferrabello Moreira.

III. En virtud de lo expuesto, corresponde devolver la causa al tribunal de origen para que -con nueva integración- dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo que aquí se ha resuelto.

Costas a la demandada vencida (arts. 289, C.P.C.C.).

Así lo voto.

Los doctores Kogan, Hitters y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en igual sentido.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 314/316 y se revoca la sentencia del tribunal del trabajo en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo que aquí se ha resuelto. Costas a la demandada (art. 289, C.P.C.C.). - Luis Esteban Genoud. - Hilda Kogan. - Eduardo Julio Pettigiani. - Juan Carlos Hitters.