marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, verificación de créditos, incidentes, incidente de revisión, juicio ordinario posterior
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: La Romería S.A. s/ concurso preventivo incidente de revisión promovido por la  concursada contra el crédito de Cattorini Hnos. S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Cabe diferenciar el proceso ordinario posterior al que se refiere el art. 553 del código de rito, del incidente de revisión de créditos que han sido declarados verificados o admisibles, pues si bien ambos son procesos de conocimiento pleno, en el primero rige una limitación cognoscitiva respecto de las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo cuya defensa o prueba no se ha visto restringida, que no opera en el incidente concursal referido (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cuestiones de competencia, facultades jurisdiccionales, intervención judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Barone, Pablo Uriel c/  s/ 149 bis - amenazas s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Si los hechos investigados que motivan este incidente de competencia se encuadran dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar que aquellos denunciados en otra causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, corresponde que sea dicho tribunal el que continúe con el trámite de la totalidad de las actuaciones en tanto dicho juzgado ha tomado conocimiento primeramente del contexto de violencia en el que se enmarca el caso y la situación conflictiva se sigue suscitando. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aranda de Ponti, Nélida c/ Clínica Santa Cecilia S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

La simple discrepancia del quejoso con el criterio adoptado por la Cámara de Apelación en punto a la meritación de la prueba producida, sin demostración de la existencia de absurdo, no basta para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley.
Juicio sumario en tiempo de paz, recurso militar ante la justicia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMON JUAN ALBERTO CAMPS s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA- COMPETENCIA MILITAR- MILITARES- DELITOS  COMUNES- PRIVACION  ILEGAL  DE  LA  LIBERTAD-  CONEXIDAD- COMPETENCIA  FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-30

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 445 bis, inc. 1ro., del Código de Justicia Militar, las facultades de controlar establecidas en el art. 10 de la ley 23.049 asisten a la Cámara Federal de Apelación con competencia en el lugar del hecho que originó la formación del proceso.
Recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Presidente del Concejo Municipal de Viedma. s/ Acción   Artículo  12  y  13  Constitución  Provincial.  Recusación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-12-24

Para que proceda la recusación fundada en la causal del artículo 15 inciso 2 CPC debe: 1) invocarse un interés directo respecto de los resultados del pleito, 2) referirse concretamente a la persona del Juez o Jueces cuya exclusión se pretende, y 3) fundarse seria y precisamente señalándose concretamente los hechos demostrativos de la existencia de la causal que pone en peligro la imparcialidad del magistrado.
Decretos, trabajadores marítimos, despido
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, JOSE c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

El art. 1 del dec. 1772/91 limita su ámbito de aplicación a todos los buques o artefactos navales inscriptos o que se inscriben en la matrícula nacional destinados a la navegación comercial vale decir, a los que están en condiciones de "...poder competir en el mercado de fletes". Pero si el actor trabajó en un buque que no transportaba productos pertenecientes a terceros, sino productos derivados del petróleo de su propiedad, su situación jurídica no está encuadrada en el decreto mencionado, lo que deviene arbitrario e ilegítimo el cambio de régimen que se le impuso y, en consecuencia, el despido que se le notificó.
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guarino Dardo Ramón c/ Pcia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

La irregularidad del acto administrativo que autoriza su anulación de oficio, se confirma cuando el vicio es tan patente que no presenta ninguna duda, es decir, cuando se destaca en forma certera o indiscutible, siendo un hecho notorio que surge de la mera confrontación del acto con el orden jurídico positivo.
Incapacidad, interpretación de la ley, defensor público de menores e incapaces, curador
Materia: CIVIL
Carátula: V., B. Z. c/ PROCESO SOBRE CAPACIDAD s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

No puede entenderse que una misma persona, considerada capaz de ejercicio (tanto así que posee capacidad para estar en el proceso -art. 36 CCyC-), a la que se limita dicha capacidad solo para algunos actos, sea considerada a la misma vez incapaz. Pues ello desinterpreta la CDPD (art. 12), la Observación n°1 del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26.65 (ley específica) y la normativa fondal (art. 32). Asimismo, se desinterpreta la ley de fondo al entender que aquella persona que no puede realizar determinados actos (vg. cobrar la pensión graciable y administrarla) debe contar con un curador, figura prevista cuando los apoyos resulten ineficaces. Puesto que el art. 43 del CCyC en clave convencional establece apoyos (judiciales y extrajudiciales) que varían en su intensidad y -aledaño a ello- establece salvaguardias para evitar abusos o indebidas influencias por intereses contrapuestos; respecto de lo cual corresponde estar atento, tanto el Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, como la defensa técnica del restringido. Las restricciones a la capacidad deben valorarse con sumo cuidado y de modo excepcional, por constituir una restricción a un derecho humano. Una limitación total de la capacidad jurídica por la sola existencia de una discapacidad intelectual o psicosocial viola los principios de la Convención de Naciones Unidas (www.commissioner.coe.int). La sentencia incurre en el exceso de imponer curador a quien no ha sido declarado incapaz. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Bienes del Estado, dominio público, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la Municipalidad, aceras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VEZZANI, HORACIO c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Las aceras pertenecen al dominio público del Estado municipal (arts. 2339, 2340, inc. 7, y 2344, Código Civil). Conforme ello, las distintas municipalidades tienen la obligación de construirlas y conservarlas en buen estado (Ley 11.545, respecto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires).

La municipalidad toma únicamente a su cargo el arreglo de las aceras que resulten deterioradas por las obras de pavimentación, repavimentación y recapado de calles y avenidas o por trabajos relacionados con el alumbrado público, señalización luminosa, demarcación y corte de raíces de árboles plantados por la comuna. (Compiani, María Fabiana, en la voz Acera, en la Enciclopedia de la Responsabilidad Civil, Directores Atilio A. Alterini y Roberto M. López Cabana, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, Tº I, pág. 135)
Homicidio calificado, atenuantes extraordinarias
Materia: PENAL
Carátula: Passaglia, L. M. s/ Homicidio calificado - Juicio oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-03

Las circunstancias personales del autor del homicidio quien presenta una tendencia al "acting out" como respuesta a los estímulos emocionales y el desquiciamiento familiar que en el caso tenía ribetes de franca y gravísima patología grupal, configuran circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 último párrafo C.P.).
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Etcheveste, Carlos R. c/ Otero, Justo s/ Rubros adeudados y despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-27

No puede considerarse que los reclamos detallados en la carta documento remitida por el actor, sustento de su posterior despido indirecto, hayan legitimado el mismo si, precisamente, dichos rubros fueron rechazados por el Juez y el rechazo ha quedado firme. Existe falta de identidad en la causal explicitada para invocar la injuria que legitima el despido indirecto y los rubros que el Juez ha admitido como procedentes.
Derecho civil, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, responsabilidad objetiva, actividad riesgosa, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas, Italo Abel c/ Empresa Inei S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-12-13

Para que se configure la responsabilidad del art. 1113 2do. párrafo del Código Civil, acreditado que el daño fue causado por el riesgo que entraña la actividad misma y en el medio en que se desarrolla, poco importa que el propietario o guardián de la cosa riesgosa despliegue un obrar lícito y que no se le pueda reprochar dolo, malicia, imprudencia, descuido o negligencia; basta para la imputación, la comprobación del daño y la cosa riesgosa (responsabilidad objetiva) y que no exista probanza fehaciente de la negligencia o culpa en el obrar de la víctima.
Fuero de atracción, concursado, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Araujo, Nemesio c/ Basso, Víctor Eduardo y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

La CSJN resolvió que cuando la condición del concursado es la de citado como tercero en los términos del art. 94 CPCCN, no procede el desplazamiento de la competencia a favor del juzgado donde tramita el proceso universal ("Cabana, Fabián c/ Brítez, Néstor y otro, fallo de fecha 05/08/2003).
Homicidio, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: Ibarra, Luis Gumersindo s/ Homicidio - Lesiones en riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

No existe plena prueba del cuerpo del delito de homicidio si no es posible acreditar legalmente el nexo causal entre la herida producida al occiso y su deceso.
Fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Echeverría, Agustín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-25

Es arbitrario el sobreseimiento dictado a favor del imputado como autor del delito de tormentos agravados si las inferencias que se extraen de los dichos de los testigos no se ajustan a la realidad de lo expresado por ellos, sin que haya quedado clara la circunstancia que el tribunal toma por cierta, en cuanto al supuesto conocimiento previo entre el imputado y la víctima, máxime si ello fue considerado como motivo válido para sustraerle mérito al relato brindado por la damnificada. Es contradictoria la afirmación de que el imputado no habría sido visto en el centro clandestino cuando, párrafo seguido, el a quo destaca que si bien el encartado se encuentra procesado por su presunta participación en la asociación ilícita por delitos cometidos durante los años 1976 y 1977 en el Regimiento del Monte 29, ello no significa que todos los delitos allí cometidos deban serle atribuidos. La disidencia consideró que la impugnación resulta inadmisible pues la decisión atacada fue dictada por un tribunal oral, en su carácter de órgano revisor de la resolución emanada del magistrado instructor, por lo que se ha dado cumplimiento a la garantía de la doble instancia, sin que se haya acreditado la existencia de cuestión federal. (Dres. Mitchell, Catucci y Ledesma -en disidencia-).
Intangibilidad de la remuneración, funcionarios judiciales, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arata, Rodolfo Victoriano c/ E.N. (Mº de Justicia) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Dado que el art. 96 de la C.N. (actual art. 110), consagra la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, resultando dicha particularidad fundada en la independencia de criterio que ha de aplicarse en las decisiones; no sería dable entender que la Constitución Nacional admitiera extenderla a las retribuciones de otros funcionarios o empleados del Poder Judicial. (Del voto en disidencia del Juez Mordeglia, cons. 3).
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AVALOS GOROSTIAGA DE CALABRESE  ZULEMA c/ ANTONIO CALABRESE s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-04-12

Al establecerse el carácter recíproco de la prestación alimentaria entre cónyuges, permite interpretar que la obligación de mantener el hogar incumbe a uno y otro cónyuge, por lo tanto la decisión judicial debe encaminarse a satisfacer las prestaciones alimentarias en orden a las posibilidades de cada uno de los cónyuges, al medio social, a las costumbres y demás situaciones que vive el matrimonio.
Trámites judiciales, acuerdo no homologado
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez Irene Noelia c/ Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-14

La accionante impugna el pronunciamiento adverso que rechazó su reclamo en procura de una indemnización sistémica por estimar que curó sin secuelas y cuestiona, asimismo, que la judicante haya denegado homologar el acuerdo transaccional simbólico celebrado en autos. En principio, los magistrados laborales están autorizados a denegar su concurso homologatorio cuando adviertan:

a) la posibilidad de afectar derechos irrenunciables o los principios propios del derecho del trabajo ya que la conciliación sólo puede recaer sobre derechos litigiosos o dudosos; b) carezcan de base objetiva para dictar una resolución fundada y c) crean factible una situación de colusión o fraude que afecte el patrimonio público y/o el orden social. En el caso a estudio, en tiempos en que se sospecha de la imparcialidad del Poder Judicial y se lo vincula con una industria del juicio laboral, resulta explicable que la magistrada de grado haya denegado homologar un acuerdo transaccional simbólico carente de toda razonabilidad y sin base objetiva, porque se hubiera hecho sospechosa de colusión, esto es, vincularse irregularmente con una de las partes, por lo que entiendo que no resulta viable el recurso de apelación deducido.
Multa tributaria, fallos de la Corte Suprema, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: CIVIL
Carátula: Distribuidora Esteban Echeverría S.A (TF- 35604-I)  c/ DGI  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

Se rechazó el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y se confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación, que había revocado la resolución en cuanto aplicó a la parte actora una multa en los términos del artículo 45 de la Ley 11.683. La sala sostuvo que al tiempo de promoverse la acción no existía la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Piantoni Hermanos SACIFIA", del 12/12/2017, y que - conforme lo sostuviera el Tribunal Fiscal de la Nación- la existencia de pronunciamientos contrapuestos (aun cuando sean posteriores a los períodos discutidos) llevaron a que la cuestión fuera en definitiva, resuelta por la Corte Suprema en dicho precedente, lo que permite justificar el error interpretativo en el que incurriera la actora y tener por no verificado el elemento subjetivo exigido por el tipo infraccional del artículo 45 de la ley 11.683.
Daños y perjuicios, indemnización, desvalorización del inmueble, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Tellería E. J. c/ M.C.B.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-20

Demandados daños y perjuicios por el menor valor del inmueble, como consecuencia de la limitación constructiva que le ocasionó al demandante el Código de Planeamiento Urbano corresponde rechazar la demanda ya que la mera desigualdad no configura sin más el daño siquiera sea a título de chance frustrada.

La sanción del Código de Planeamiento Urbano de 1977, especialmente por el carácter general de sus disposiciones para todo el éjido municipal y la disminución de las posibilidades constructivas de los terrenos, no debe ser entendida como un artilugio para depreciar lo que estaba en miras de expropiación. Si bien los demás propietarios tuvieron oportunidad de aprobar planos confeccionados según el anterior código de edificación, ello suponía el enorme esfuerzo económico de la inversión involucrada en el proyecto y, sobre todo, la necesidad de concluir las obras en el plazo de seis años, transcurridos los cuales eran pasibles de sanciones que aumentaban los costos.

Esa vigencia limitada de los planos, no resulta compatible con el estado de ocupación y destino del inmueble, máxime si la carencia de un proyecto arquitectónico concreto impedía realizar ninguna ponderación seria sobre el máximo de capacidad constructiva del predio, sobre todo teniendo en cuenta las reducidas dimensiones que limitan notoriamente cualquier proyecto generoso, aludiéndose a esta circunstancia como definitoria de la potencialidad del terreno.

Para que el perjuicio sea susceptible de reparación es indispensable demostrar, al menos, que se han frustrado proyectos en curso de ejecución a concretarse sobre el bien afectado.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Carrazán, Osvaldo Raúl s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Viola los arts. 40 y 41 del C.P. el fallo que computa como circunstancia agravante la forma de comisión del delito, si sobre el tema de la agravación se ha remitido al relato del cuerpo del delito, es decir, ha erigido en elementos de agravación todas las circunstancias que hicieron al hecho del robo seguido de muerte.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, principio de congruencia, fundamentación insuficiente, calificación legal, instigación a cometer delitos
Materia: PENAL
Carátula: D'Elía, Luis Angel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-12

Corresponde rechazar el agravio relacionado con la violación a la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable, toda vez que del cotejo integral del expediente se desprende que el caso no se ajusta a los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró susceptibles de haberlo excedido, Pese a la evidente gravedad de los hechos investigados, y a que no se trataba de una causa compleja, su trámite se vio lamentablemente alterado por connotaciones ajenas al poder judicial.El planteo de nulidad por violación al principio de congruencia debe ser rechazado pues la sentencia se basa en el mismo hecho descripto en las piezas procesales esenciales del procedimiento y sólo se ha verificado una modificación del encuadre jurídico del caso a tenor de lo dispuesto en el artículo 401 del Código Procesal Penal de la Nación.En cuanto a los restantes planteos de nulidad (reglas del juicio unipersonal, afectación al derecho de controlar las pruebas y garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo) ningún vicio se pu do constatar en los aspectos cuestionados, y atento a que el aquo ha dado precisa respuesta a todos los planteos del recurrente, se concluye respecto de todos esos supuestos defectos que el recurso carece de fundamentación seria.La calificación de instigación a cometer delitos a tenor del artículo 209 del Código Penal escogida resulta de indiscutible acierto, toda vez que dadas las graves circunstancias que desencadenaron los sucesos delictuales de marras, en plena vía pública, irrumpiendo y frustrando un procedimiento policial originado en un delito de homicidio, el requisito de "publicidad" a que alude la norma de cita está en evidencia. Los abusos y desmanes probados en autos además de haber obstruido con violencia ese procedimiento por homicidio, usurpado el poder policial y anulado la actividad de la violentada Comisaría 24, dejaron en serio peligro la seguridad pública a cargo de los mismos funcionarios cuya función quedó anulada.La forma adverbial " públicamente" empleada en el precepto legal no lo ha sido por oposición a "secretamente" sino en el sentido que la instigación a la que califica sea formulada desde un lugar público o abierto al público o en presencia de una reunión de personas o por la prensa u por otro medio de publicidad, de manera que pueda vencer la influencia sobre un número indeterminado de voluntades.

Fuente del sumario: OFICIAL
Prueba, prueba de informes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LETA RUBEN Y OT. c/ LE ROSE TOFE JUAN s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S069 - 484)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-07

La resolución vial no contiene ninguna referencia a hechos materiales como ocurridos en presencia o cumplidos por el funcionario que la suscribe, por lo que escaba al ámbito de aplicacipon del art. 993 CCI, subsumiéndose en cambio en el 994. Por tanto las ddeclaraciones testimoniales que constan en las distintas actas del sumario vial, si bien importan una enunciación del oficial público de que las mismas se prestaron en su presencia, no garantiza la veracidad, sinceridad y exactitud de las mismas; esa sinceridad subsiste hasta prueba en contrario , sin requerirse querella de falsedad para producirla.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL
Carátula: G., N.C. c/ J., O.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-03

En los procesos de alimentos corresponde imponer las costas al alimentante como lógico corolario de la especial naturaleza de la materia controvertida, o imponerlas, cuanto menos, en el orden causado de resultar vencedor aquél.
Temeridad o malicia, interpretación restrictiva, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: IBRAHIM,ALBERTO c/ INDUSTRIA FAMEL SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-10

La sanción de multa por conducta temeraria o maliciosa, sólo es procedente en casos excepcionales para no incurrir en la aberración de restringir el uso del derecho de defensa, garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, parques nacionales, autoridad interjurisdiccional, nulidad del acto administrativo, Río Limay
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Shotover Jet Ltd. c/ Administración  de  Parques  Nacionales s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

No es competencia originaria de la Corte Suprema la demanda deducida contra la Administración de Parques Nacionales, tendiente a obtener la nulidad de los actos administrativos que prohiben determinadas actividades en el río Limay pues, atento el carácter de ente federal de la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, las provincias signatarias no integran la litis en los términos del art. 117 de la Constitución Nacional.
Policía, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gauna, Francisco Ricardo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 29-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-24

El decreto 3120/72 recoge, como pauta para establecer el "orden de cada escalafón" (artículo 3), el criterio contenido en el artículo 23 de la ley 6769, que califica a la "superioridad por antigüedad".

Asimismo, el número de orden en el padrón resulta, aunque no exclusivamente "...de los años de permanencia en el grado".