marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, responsabilidad patrimonial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sejas, José Pedro Evan c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

La actuación del órgano municipal (celebrando un convenio con el agente sumariado dando término al juicio iniciado por él a condición de su reincorporación a la comuna) resulta ser propia de la denominada "administración activa", por lo que en nada afecta ni modifica el juicio de responsabilidad patrimonial que le cupo al Tribunal de Cuentas, órgano por excelencia de la denominada "administración de contralor" y, por ende, ajeno a la convención materializada entre la municipalidad y su agente.
Querellante, legitimación procesal, imputaciones recíprocas
Materia: PENAL
Carátula: Della Vecchia, Gustavo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-20

No corresponde hacer lugar al recurso de casación contra el rechazo de la pretensión de ser tenido como parte querellante si las alegaciones sobre la inexistencia de identidad de hecho no se hacen cargo de refutar el argumento de que tampoco procede la legitimación como querellante por un imputado por hechos conexos, y en particular del argumento sobre la existencia de incompatibilidad de roles en caso de imputaciones recíprocas, máxime tratándose de la imputación recíproca de delitos distintos que se excluyen entre sí. La disidencia postuló hacer lugar al recurso por entender que por imputaciones recíprocas como impedientes para querellarse debe considerarse cuando ese rol imputado se ha concretado con una disposición judicial y no con la simple atribución de conductas por la parte contraria, pues de entenderlo así pocos podrían asumir el papel de acusador privado. (Dres. Mitchell -en disidencia-, García, Yacobucci).
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, corretaje inmobiliario, corredor no matriculado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BATLLE CASAS, IVANA c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 47 LEY 10160 Y APELACION DE RESOLUCION DEL 15/6/15 TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 1RA. CIRCUNSCRIPCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-03

Con los achaques de arbitrariedad normativa -por imponer sin base legal, al decir de la recurrente, un determinado tipo de relación laboral o societaria para quienes colaboran con los corredores o con las sociedades de corretaje-, la interesada -trazando un supuesto paralelismo entre sus agentes por un lado y los empleados de los corredores o bien los componentes societarios por el otro- no se hace debidamente cargo de las consecuencias lógicas que, en el razonamiento de los Sentenciantes, pueden inferirse a partir de la caracterización de la actividad profesional de corretaje inmobiliario como eminentemente personal e indelegable; y que se traducen en la diversidad de efectos jurídicos asignados a la admitida actuación por sí de los aludidos colaboradores o promotores de negocios, frente a los hechos de los dependientes -en cuanto resultan imputables al principal- y de los órganos societarios -que se reputan realizados por el propio ente-. (De la disidencia del Dr. Netri, a la que adhiere el Dr. Ivaldi Artacho)
Terceros, intervención de terceros, acción de regreso
Materia: PROCESAL
Carátula: Mendoza, Provincia de c/ CADIPSA S.A. y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Corresponde admitir la citación de terceros cuando la controversia puede serles común o el citado podría encontrarse sometido a una eventual acción regresiva, supuestos típicos que habilitan el pedido.
Conflicto de poderes, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA c/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE s/ CONFLICTO DE PODERES Y PROHIBICION DE INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1989-12-29

De las disposiciones del texto constitucional ,artículos 182 y 195, como la Ley 3001 -texto ordenado- surge perfectamente delimitada la competencia de los órganos que integran las Corporaciones Municipales

El Honorable Concejo Deliberante al sancionar en la ordenanza por la cual se autoriza el llamado a licitación para concesión temporaria de un predio municipal , un artículo que sujeta dicha licitación a la aprobación del Cuerpo , es nula en tal aspecto por invadir la esfera de atribuciones propias del Departamento Ejecutivo
Cosa juzgada, orden público, sentencia, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pennachini, Alfredo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

No tratándose de la comprobación de errores en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que pudiera avalar una revisión de la misma, a modo de evitar que una inadecuada o arbitraria resolución ocasione un perjuicio permanente, sino, por el contrario, de volver a revisar una decisión que se consideró conveniente so pretexto de una mejor, resulta de aplicación la concluyente jurisprudencia de la C.S.J.N. respecto de los alcances y efectos de la cosa juzgada, cuya doctrina revalida ese principio constitucional de orden público. (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Convenios colectivos de trabajo, personería gremial, asociaciones sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Sanchez, Emilio Javier c/ Fundación Sara Maria Furman s/ ordinario (L) - queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-08-22

Conviene tener presente de lo que trata el instituto denominado "convenio colectivo" (arts. 1 y 4 de la Ley 14250), es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo, de empleo y remuneración celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una asociación profesional de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial; que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo para tener efecto erga omnes, esto es, respecto de todos los que incluye en su ámbito de aplicación. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad, sistema acusatorio, defensa en juicio, proceso penal, robo, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GODOY, ALBERTO OSCAR U OSCAR ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-01

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa en cuanto invoca afectación a las garantías de imparcialidad del tribunal, debido proceso y defensa en juicio, así como conculcación del principio acusatorio, desde que al haber habilitado la actuación del Sentenciante la incorporación de una circunstancia calificante que no formaba parte de la litis -según el debate de las partes durante el juicio- ha desequilibrado la igualdad que debe existir en el proceso penal entre la acusación y la defensa.

En efecto, en el contradictorio entre las partes no se incluyó en ningún momento a la calificante por escalamiento, y ella fue introducida al proceso por el propio Magistrado luego de cerrado el debate, al decidir la producción de una prueba que se convirtió en el fundamento de la condena por tentativa de robo agravado (art. 167 inc. 4 en relación al art. 163 inc. 4 del Código Penal).

Es que el Juez, al disponer luego de cerrado el desarrollo del proceso la realización de tal prueba para habilitar la agravación del robo por la causal de escalamiento, sustituyó a la parte acusadora en su actividad propia, desnaturalizando el rol que le asignan las normas superiores en detrimento de su imparcialidad.
Abogados, oficial ad hoc, secuestro de bienes, robo simple, concurso real, allanamiento ilegal, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MALAMUD, Eduardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-02

Si el letrado imputado fue designado como oficial de justicia para diligenciar un oficio a una sede bancaria en días y horas hábiles, con facultades para requerir el auxilio de la fuerza pública y violentar cerraduras o tesoro, no obstante lo cual solicitó autorización judicial para ser llevado a cabo en días y horas inhábiles y, sin esperar la resolución -posteriormente denegada-, actuó conforme lo solicitara y secuestró patacones, debe concluirse que ha excedido sus facultades.

Un funcionario público tiene facultades pero acotadas en la ley y por mandato judicial y un letrado no puede ignorarlo.

La utilización de la fuerza para apoderarse de la suma de dinero hace que su conducta encuadre en el delito previsto en el art. 164 del C.P. En consecuencia, corresponde revocar el sobreseimiento dictado y ordenar el procesamiento del imputado en orden a los delitos de robo simple en concurso real con allanamiento ilegal (arts. 164 y 151 del C.P.).
Hurto, delito experimental, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, JUAN s/ HURTO  -  DELITO  EXPERIMENTAL  -  VERIFICACION  - CONDUCTA DELICTIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-12

"...En lo que respecta a la idoneidad de los medios empleados, se advierte que se montaron maniobras propias del delito experimental.

. Resulta penalmente inocua la acción de Suárez tendiente a hacer desaparecer el billete, por constituir ésta sólo una actividad defensiva que no debilita el montaje referido, además de haber sido el billete recuperado y agregado a la causa... No puede afirmarse que el medio delictivo sea idóneo y que se consumara lisa y llanamente el delito, sino que el mismo fue provocado al comparecer "F" de común acuerdo con "S" para efectuar la compra simulada que hiciera caer a Suarez en la infracción penal. No se puede afirmar que el bien jurídico fuera objeto de lesión cuando la actuación de agentes provocadores de la conducta inidónea, convierte desde el principio en imposible la consumación real del delito y por lo tanto no crea el efectivo peligro de dicha lesión.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios del abogado
Materia: ECONOMIA
Carátula: OSN. c/ Confederación General del Trabajo. s/ REGIMEN DE CONSOLIDACION DE DEUDAS:ALCANCES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Los honorarios regulados por las labores efectuadas con anterioridad al 1 de abril de 1991 están alcanzados por la ley de consolidación (art. 1 de la ley 23.982 y art. 2, inc. d, decreto 2140/91) (Disidencia del Dr. Julio S. Nazareno).
Juicio ejecutivo, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Collazo, Daniel Emir c/ Moreno, Daniel Francisco s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-01

Cuando la ejecución se basa en cheques impagos, el escrito de inicio ha de ser acompañado de los documentos originales. Así cuadra entenderlo no sólo para que el órgano jurisdiccional pueda realizar el examen cuidadoso del título en la oportunidad a que alude el art.

529 del CPCC, sino porque de ese modo el actor demuestra estar en posesión del mismo, requisito éste imprescindible para legitimarlo en tanto el art. 38 del decreto ley 4776/63, apartado 2do., acuerda acción ejecutiva al "portador".
Competencia, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ricillo, Nicolas y Pascua Carmen c/ El mirador S.A. E. Y.P.F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Nuestro máximo tribunal ha tenido oportunidad de expedirse con relación al tema de la competencia en los procesos en los que es parte la empresa referida, en los cuales ha dicho: "...constituye YPF sociedad anónima mixta regida por la ley 19550, las acciones deducidas en su contra son de competencia de la justicia provincial...". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Servicio militar, servicio militar voluntario
Materia: MILITAR
Carátula: Estado Mayor General del Ejercito c/ Castrilli, Diego W. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

El servicio militar se cumple, en la actualidad, con soldados voluntarios y de ser necesario completar los cupos con ciudadanos convocados al efecto, la integración debe hacerse -previa autorización legal- con aquellos que cumplan 18 años de edad en el año de cumplimiento de la carga, condición que manifiestamente no reúne el demandado. Por lo demás, la organización y constitución de las reservas militares se encuentran sujetas a una ley a dictarse al efecto.
Administración Pública, interés público, acto administrativo, notificación, defensa en juicio, Municipalidad, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lobos, José Ernesto c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 124-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

La libertad de apreciación de la Administración debe estar condicionada por las normas y principios derivados de la voluntad del constituyente en la ley fundamental y de la voluntad del legislador en las leyes ordinarias. Asimismo, las medidas utilizadas por aquélla deben ser proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico. Por tales razones, el especial deber de colaboración que el decreto 1031/46 de la Municipalidad de Rafaela impuso en las notificaciones que se efectúen a sus empleados -en caso de considerarse que dicha norma aún conserva vigencia- sólo podría ser exigido en tanto resulte estrictamente necesario para asegurar el normal desenvolvimiento de la Administración, en consonancia con las demás disposiciones del plexo normativo aplicable y sin menoscabar el normal ejercicio de los derechos y garantías de los administrados. (De la Ampliación de Fundamento del Dr. Falistocco).
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artime, Raúl Florentino c/ Trouboul, Juan M. L. s/ Daños y perjuicios De la Canal, Eduardo G. c/ Mariscurrena, Adrian J. y otro s/ Daños y perjuicios Bravo, Angel y otra c/ Vázquez, Pedro S. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05|1988-09-20|1988-10-11

Al tiempo de computarse una eventual situación que excluya la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, no podrá dejar de valorarse el cuadro total del comportamiento de todos los protagonistas desde una perspectiva integral.
Ministerio Público, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FLIGMAN DE BLIMAN ROSA. c/ FLIGMAN DE TAUB ELENA Y OTRO s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Cuando se le da intervención al Defensor Oficial y la asume, comienza a actuar en representación de los accionados (conf. art.

136 del R.J.N.C.), teniendo la facultad, pero también el deber, de oponer todas las defensas que a éstos les hubieran correspondido (arg. arts. 49, 50 y 51 del Código Procesal) por lo que partiendo de la base de que el art. 315 del rito, posibilita a la parte no consentir las actuaciones realizadas con posterioridad al vencimiento de los términos de caducidad, cabe concluir que dicho funcionario se encuentra legitimado para plantear la caducidad de la instancia.-
Remuneración, reintegro de aportes y contribuciones, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: VILLARINOS, BLANCA c/ INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

La condena que establece el reintegro de los descuentos efectuados en base al decreto 896/01 y art. 10 de la ley 25453 para su oportunidad sin contener disposición expresa, positiva y precisa acerca del modo y tiempo en que deberá cumplirse dicho reintegro, se adecua a lo expresado por la CSJN en el último párrafo del considerando 17º de su fallo Tobar Leónidas c/ estado Nacional del 22/8/02.
Recurso de revisión (procesal), nulidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: QUEVEDO L. c/ ROMERO H. s/ PRUEBA-ACTA    DE    INSPECCION    OCULAR-NULIDAD  DE  PROCEDIMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-15

La nulidad del procedimiento no se puede invocar como motivo de revisión, cuando el defecto que se pretende denunciar ha sido consentido por la parte, tanto por no haber pedido su reparación en la misma instancia en la que fue cometido (CPC. art. 365 bis) cuanto por haberlo aceptado expresamente al solicitar que se dictar a la sentencia, sin estar levantada el acta de inspección, lo que importa una clara renuncia a esa prueba y al derecho de hacer valer en el futuro la nulidad derivada de la inexistencia de aquel documento (CPC. art. 1268). La ley no concede la revisión cuando los actos nulos han sido aceptados por las partes (art. 1272 inc. 5 CPC).-
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Luna, Luis Alberto c/ Tomkinsons, Ana Blamey de s/ Prescripción Adquisitiva s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-10-17

Si la crítica contenida en los de agravios no está basada en ninguna de las causales establecidas por el Art. 298 del CPC como motivo del recurso de casación, el memorial carece de fundamentación autónoma, y por ello resulta formalmente inadmisible.
Personas con discapacidad, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: A.B.,T., c/ Osdipp - SNR s/ acción de Amparo y medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

La obra social debe reintegrar al afiliado discapacitado menor de edad la diferencia entre el costo del tratamiento de rehabilitación realizado en un centro de alta complejidad excluido de su cartilla y el valor que efectivamente reintegró, ya que, si reconoció la cobertura de la consulta realizada con un profesional de dicho instituto, lo que implica haber privilegiado la opinión jerarquizada de dicho profesional, no puede dejar de lado la cobertura del tratamiento indicado por un problema de costos, en tanto se trata de un tema que hace al interés superior de un niño.
Juicio de desalojo, tenencia precaria, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VALLS JORGE NORBERTO ANTONIO c/ JOSE TAGLIAFICO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-05

Desde que el demandado invoca la calidad de locatario para oponerse a la acción,debió cumplimentar con el requisito para la apelación que le impone el art.769 C.P.C., y al no haberlo hecho deviene irremisible la inadmisibilidad del recurso y, por ende, que se tenga por firme la sentencia apelada, procediendo nomás su ejecución (art. 770 ibiden.-
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS, PATRICIO c/ PAMPA COMPAÑIA DE SEGUROS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

El Baremo del artículo 60 del Decreto Reglamentario de la ley 9688 no resulta obligatorio para los jueces, pues sólo fija pautas relativas a las minusvalías que originan los infortunios laborales en los órganos afectados, y para determinanse la incapacidad laboral deben también tenerse en cuenta otros factores, como la edad y la profesión del accidentado.
Acción de amparo, competencia, cuestiones de competencia, leyes, interpretación de la ley, competencia contencioso administrativa, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: SALE, JOSE EDUARDO R c/ MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ AMPARO. CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA (CSJ EXPTE Nº 635-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-04

Ante la imposibilidad de resolver el conflicto de competencia negativo planteado entre el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral y el Juez de igual grado en lo Civil y Comercial con base en la normal competencia de los órganos judiciales (atento a que se trata de materia contencioso administrativa de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia), corresponde atender al criterio que inspira la ley 10456 en cuanto a la determinación del Juez ante el cual puede deducirse la acción de amparo.
Valor vida, intereses
Materia: PENAL
Carátula: L, R P Y S, S A s/ HOMICIDIO CULPOSO      EXPTE NRO 288-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-13

La disposición del artículo 5 del Código Procesal Penal, en cuanto consagra el principio "in dubio pro reo", tiene que ser aplicado observando las reglas de la lógica.

Cuando la sentencia penal ha concluido en el reconocimiento de la existencia de culpa del imputado, éste tiene que reparar el daño producido por el delito conforme a lo dispuesto por el artículo 1109 del Código Civil.

Cuando la víctima ha fallecido a una edad temprana no existe otro modo de fijar la reparación por el valor vida, más que acudiendo a chances razonables a partir de situaciones probadas, entre las que se cuenta el tiempo probable de la continuación de su ayuda al demandante.

Si el juez prefirió fijar una suma actualizada al momento de sentenciar no es posible pretender intereses "retroactivos" desde la fecha del hecho.
Tribunal colegiado, voto de los jueces, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

"La Corte Suprema de Justicia, desde tiempo atrás ha dejado sin efecto resolutorios que no cuentan con dos opiniones sustancialmente coincidentes en su fundamentación . en el entendimiento que la coincidencia en mayoría debe alcanzar, no solo al sentido en que finalmente se votan las cuestiones propuestas, sino también, a la motivación sustancial que las respaldan.

No resultaría suficiente que se concluyera uniformemente en un decisorio, si las opiniones que la sustentan, contienen diferencias irreconciliables que, como corolario de una expresión razonada del derecho y fundada en los hechos del juicio, fracasare en argumentos que se eliminan o invalidan entre sí. La motivación es indivisible e insoslayable. Su ausencia, desvanece el vínculo lógico entre una y otra y no hay fallo verdadero".
Proceso penal, acción civil, principio de accesoriedad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ROALE, VIANDA LUCIA s/ ACCION CIVIL - PROCESO PENAL - CASACION - ACTOR CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1977-11-28

La regla general de la accesoriedad de la acción civil ha sido consagrada por el art. 16 del C.P.P., cuando dispone que ella "podrá ser ejercida....sólo cuando esté pendiente la acción principal".

Pero esta regla no es absoluta sino relativa; el mismo precepto admite dos excepciones, que se explican en la exposición de motivos del proyecto y que responden a una idea central: evitar que el damnificado se vea en la necesidad de ocurrir a la jurisdicción civil después de haber ejercido debidamente su acción en el proceso penal, cuando su pretensión resarcitoria puede ser fundada.

El art. 469 del C.P.P. introdujo dos excepciones más a la regla general de la accesoriedad, una relativa a las costas y otra referente a la absolución fundada en motivos puramente penales.

(Voto de la Mayoría, Drs. Alvarez y Meehan).