Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-17


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 17 de 2008.

Y Vistos:

1.) Apeló la parte demandada la resolución dictada en fs. 138/140 por la que se rechazó el pedido de suspensión del procedimiento a las resultas de la causa penal "García Duarte Guillermo s. Defraudación", como así también las defensas de falsedad e inhabilidad de título opuestas en fs. 117/119.- Los fundamentos fueron expuestos en fs. 153/155 y respondidos en fs. 160/165.- 2.) La recurrente se quejó de la decisión adoptada en la anterior instancia con sustento en que: i) la previsión contenida en el art. 1101 CCIV resulta plenamente aplicable a la especie, dado que la causa penal tiene por objeto no sólo determinar si existió -o no- una maniobra para defraudar a la sociedad accionada, sino también si el tenedor del pagaré colaboró, cooperó o participó de algún modo en dicha maniobra; ii) sin perjuicio de que no se hubiera inscripto por ante la IGJ el cese del cargo de quien suscribió el título en ejecución, existirían diversas circunstancias que permitirían aventar la buena fe del ejecutante. Indicó a modo de ejemplo, que en el documento se consignó como domicilio de pago el de la calle Viamonte 1546, piso 4º, of. 406 de esta Ciudad, pero que, sin embargo, al momento de otorgarse el respectivo poder general por parte del actor, se consignó que este último posee su residencia en Av. Santa Fé 3344, piso 2 "6". Refirió asimismo que ni el ejecutante, ni su letrado, denunciaron, al promover la demanda, su domicilio real, pese a la obligación real de hacerlo. Manifestó también que en el acto de apoderamiento, el accionante denunció ser de nacionalidad peruana y poseer DNI Nº ..., pero tales datos serían incorrectos, ya que la documentación para extranjeros posee los dos primeros dígitos de su numeración dentro de los 92 ó 93 millones. Por otro lado, refirió que el domicilio del librador del documento -García Duarte- consignado en el pagaré no se corresponde con el del lugar donde operaba la sociedad ejecutada. En lo que toca a este punto alegó, por último, que debió autorizarse la apertura a prueba de la causa, dada la existencia de elementos que permitirían descartar la presunta buena fe del ejecutante; iii) no debió concluirse sin más que el cartular no presenta ninguna adulteración, por el solo hecho de que aquélla no resulta a simple vista.- 3.) Defensas de inhabilidad y falsedad del título 3.1. Ha de señalarse en primer lugar que la excepción de inhabilidad de título (art. 544 inc. 4º CPCCN), se configura cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del documento, sea porque no aparece entre los mencionados por la ley, sea porque no reúne los requisitos a los que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (cantidad líquida, exigible, etc.), sea porque el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que aparecen en el título como acreedor o deudor.- De su lado, la defensa de falsedad de título opuesta procede cuando se la funda en la adulteración total ó parcial del documento. Esta excepción sólo puede referirse a la adulteración material del documento, encontrándose vinculada a los vicios extrínsecos de aquél, quedando fuera de su ámbito cognoscitivo la existencia, ilegitimidad o falsedad de la causa obligacional. También resultan ajenas las irregularidades de carácter delictuoso que puedan afectar el proceso de formación del título (conf. Colombo - Kiper, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. V, págs. 124 y sgtes.).- En ambos casos, pues, se encuentra vedada la discusión sobre la inexistencia, ilegitimidad o falsedad de la causa que motivó el libramiento del título en ejecución.- 3.2. Efectuada esta precisión conceptual, cabe puntualizar que dado que en los procesos ejecutivos, como el presente, el conocimiento se limita a la exégesis de las formas extrínsecas del título, sin que corresponda analizar defensas sustentadas en aspectos causales, la apertura a prueba de las excepciones constituye facultad privativa del Juez de la causa, quien válidamente puede prescindir de esa indagación si los elementos aportados revisten entidad bastante para dirimirlas (esta CNCom., esta Sala A, 31.5.94, "Citibank N.A. c/Esses, Carlos Isaac s/ejecutivo"; íd. íd., 17.07.06, "Szwarcberg León c. Whitex SA s. Ejecutivo"; íd., Sala D, 31.8.95, "Banco de Crédito Argentino c/Carollo, Miguel A."; conf. Palacio Lino, "Derecho Procesal Civil", T. VII, pág. 490, nº 1103; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal... ", T. 2, art. 549 y citas de la nota nº 11, pág. 769).

Dicho esto, ha de señalarse que, en la especie, la defensa de inhabilidad de título halló fundamento en la circunstancia de que el firmante del pagaré -Guillermo Hugo García Duarte- dejó de pertenecer al Directorio de Córdoba 602 SA con fecha 02.02.07, por lo que mal pudo obligar cambiariamente a la sociedad a través de un cartular librado 01.03.07. Se alegó también que la buena fe del acreedor se evidenciaba discutible, debido a diversos extremos "sugestivos" o "raros" (en el pagaré no obra estampado el sello de la sociedad, la sociedad nunca habría realizado operaciones en moneda extranjera, la suma abonada se encuentra fuera del giro normal de la empresa). A su vez, indicó que existirían "graves adulteraciones" en el contenido del pagaré, por lo que se desconocía la firma inserta en aquél, la deuda, así como los agregados producidos.

Efectuado el análisis del expediente, esta Sala estima que los elementos obrantes en autos resultan suficientes para resolver las cuestiones planteadas, mostrándose inconducente a tal fin la producción de la prueba ofrecida por la quejosa, tal como se expondrá in fra.

3.3. Ello sentado, cabe apuntar que el desenvolvimiento de una sociedad, la gestión de sus negocios, su actuación frente a terceros, la vida misma de la sociedad requiere la actuación de personas facultadas a ese efecto, que deben procurar que la sociedad alcance el objetivo propuesto para su creación, actos éstos que una sociedad efectúa a través de sus "órganos" (Brunetti "Tratado...", p. 334), definidos éstos como aquella estructura normativa que determina cuándo y de qué manera la voluntad o el hecho de un individuo o de varios serán imputados en sus efectos a un sujeto de derecho en un orden jurídico especial (conf. Colombres G., "La Teoría del Órgano en la Sociedad Anónima", 1964, pág. 14/15).

Así, el régimen nacional recepta la teoría del órgano, en virtud del cual se atribuye como actos propios de la sociedad a todas aquellas conductas humanas, voluntarias y lícitas, realizadas por quienes conforman sus diferentes órganos deliberativos, ejecutivos, administrativos, de control o de representación (conf. Roitman H., en su trabajo "Representación en la Sociedad Anónima", publicado en Revista del Derecho Privado y Comunitario, 6, pág. 277).

En una sociedad anónima, como ocurre con la demandada en autos, corresponde recordar que la función de "representar" al ente corresponde legalmente al presidente del directorio (art. 268 LSC). A todo evento, destácase además, que la jurisprudencia ha dicho que la recepción de un título con una firma auténtica, emanada de persona aparentemente idónea para obligar a la sociedad -aunque se alegare una infracción al alcance del mandato-, resulta configurativo para los terceros contratantes de una situación de apariencia que genera en ellos la certidumbre de que la sociedad ha quedado obligada. La apariencia razonable de un derecho debe, en las relaciones con los terceros, producir el mismo efecto que el derecho mismo (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 23.3.90, "Etchart Carlos c/ Facema SA s/ejecutivo"; íd. íd., 30.08.07, "Lewin Arnaldo c. Droguería Unifarma SA y Otro s. Ejecutivo").

En el sub lite, se encuentra fuera de discusión que quien suscribió el pagaré invocando la condición de presidente de la demandada -Guillermo H. García Duarte- (fs. 8) desempeñó dicho cargo hasta el 03.12.02 (fs. 84/85), como así también, por haber sido reconocido por la recurrente, que a la fecha del libramiento del título, el cambio de autoridades de la sociedad ejecutada no se encontraba inscripto ante la IGJ.

En este marco, y en virtud de lo expuesto precedentemente, cobra plena virtualidad lo dispuesto por el art. 60 LSC en punto a que la sociedad no puede oponer a terceros la designación de un órgano de administración no inscripto para desconocer obligaciones contraídas por los administradores salientes, aún después de la elección de aquéllos. Por ende, el ente es responsable, en principio, por los actos realizados por los anteriores administradores, si omitió inscribirlo, siempre y cuando -claro está- los actos en cuestión no excedan notoriamente el objeto social y cuando la cesación del administrador suponga una modificación del contrato o estatuto social (véase Verón Alberto Víctor, "Sociedades Comerciales", Tº I. p. 459 y ss.).

En el caso, el cese de la actuación de Guillermo H. García Duarte como presidente del directorio de la ejecutada importó, efectivamente, una modificación del estatuto social, de acuerdo a lo que resulta de la constancia agregada en fs. 65/70. Por otro lado, la dilucidación de la naturaleza y alcances de la obligación que determinó el libramiento del pagaré en orden a establecer si ella excedió -o no- el objeto social de la ejecutada conduciría inexorablemente al análisis de la relación subyacente entre las partes, lo cual excede el campo acotado del proceso ejecutivo, y enervaría los principios de abstracción, literalidad y autonomía propios del título en ejecución.

Recuérdase que la literalidad, común a todos los títulos circulatorios, implica que el contenido, extensión, modalidades de ejecución y todo otro posible elemento principal o accesorio del derecho cartular sean únicamente los que resultan de los términos en que están concebidos los instrumentos, pues "la referencia a la relación causal es la que fija los límites dentro de los cuales ésta puede influir en la relación cartular". Por ello, desde esta óptica estricta, que rige para estos títulos, tales elementos extracartulares únicamente valdrían cuando se hace mención de ellos en el título y en los términos de dicha mención -la llamada "cláusula valuta"- (véase Gualtieri-Winitzky, "Títulos Circulatorios", pág. 85).

3.4. En otro orden, no se soslaya que la recurrente ha puesto en duda la buena fe del ejecutante. Refirió al respecto que debió ponderarse que en el pagaré se consignó como domicilio de pago el de la calle Viamonte 1546, piso 4º, of. 406 de esta Ciudad, cuando en oportunidad de otorgarse el respectivo poder general por parte del actor a su letrado apoderado, se consignó que aquél tiene su residencia en Av. Santa Fe 3344, piso 2 "6", como así también que ni el ejecutante, ni su letrado, denunciaron, al promover la demanda, su domicilio real y que el accionante denunció ser de nacionalidad peruana y poseer DNI Nº ..., pero que tales datos serían incorrectos, ya que la documentación para extranjeros posee los dos primeros dígitos de su numeración dentro de los 92 ó 93 millones.

Pues bien, más allá de las consecuencias procesales que algunos de los extremos indicados podrían llegar a acarrear, ninguna de las cuales fue concretamente planteada por la apelante, lo cierto es que las circunstancias apuntadas carecen de idoneidad per se para perjudicar al título en ejecución.

Es que más allá de si la exceptio doli puede ser opuesta en el juicio ejecutivo, por cuanto no se encuentra contemplada en el CPCC544, lo cierto es que en un marco fáctico del tipo del que subyace en el sub lite, la posibilidad de discutir en un proceso de esa naturaleza la mala fe atribuida al ejecutante del título importaría transformarlo en un juicio de conocimiento, siendo la instancia adecuada para el tratamiento y dilucidación de las cuestiones atinentes a la legitimidad de la causa de la obligación la vía prevista en el CPCC:553, donde precisamente el accionado podrá hacer valer las excepciones o defensas que por disposición legal no son admisibles en el juicio ejecutivo. Cabe señalar sobre el punto, que la limitación de las defensas en el juicio ejecutivo y en particular, la exclusión de aquellas que puedan vincularse con la causa de la obligación, no vulnera la garantía de defensa en juicio, habida cuenta la amplitud de debate y prueba propios del juicio ordinario posterior antes referido.

No obstante ello, también se ha considerado que esta regla general podría ceder ante la existencia de una causa penal en la que se ha dictado sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que dé cuenta que se ha procedido a sabiendas en perjuicio del deudor demandado, extremo que ciertamente no acontece en el sub examine. Nótese que si bien se ofreció como prueba las constancias del expediente "García Duarte Guillermo s. Defraudación", donde el ex-presidente de la demandada fue procesado por considerarlo, prima facie, autor del delito de estafas reiteradas al haber simulado ostentar el cargo en cuestión obligando a la sociedad, a través de la suscripción del pagaré objeto de este proceso, entre otros documentos, lo cierto es que no se ha indicado y mucho menos acreditado, que se hubiera instado acción penal contra el aquí actor. En efecto, la única referencia con relación a este último consignada en la resolución copiada en fs. 169/172 se halla referida a la "utilidad" de citarlo a declarar en dicho expediente "en los términos que (el Juez) considere", lo que ciertamente se evidencia insuficiente para quebrantar el principio general expuesto.

Ante ello, ha de desestimarse el agravio deducido sobre el particular.

3.5. Igual temperamento ha de adoptarse con relación a la defensa de falsedad, habida cuenta que los términos en que ha sido planteada llevan inexorablemente a su rechazo.

Repárese en que es la propia recurrente quien sostiene que la cambial fue suscripta por Guillermo García Duarte, lo cual torna carente de todo contenido a la alegación efectuada en fs. 118 en punto al desconocimiento de la firma del librador y, por otro lado, tampoco se han individualizado cuáles son los otros elementos del título que supuestamente habrían sido materialmente adulterados.

4) Prejudicialidad Sobre este particular, y si bien no puede desconocerse que una causa penal que ha obtenido pronunciamiento firme resulta un elemento cuya solidez y contundencia no puede soslayarse, en el sub examine, la denuncia penal que impetró el recurrente por defraudación se encuentra dirigida contra quien suscribió el pagaré invocando la condición de presidente del directorio y en virtud de cuestiones que hacen al vínculo intrasocietario, mas no, contra quien es el ejecutante con motivo de la ejecución del pagaré objeto de este juicio. Ello resulta dirimente, para rechazar el planteo aquí introducido.

5) Por todo ello, esta Sala RESUELVE:

Desestimar el recurso incoado en fs. 146 y, por ende, confirmar el pronunciamiento dictado en fs. 138/140 en lo que ha sido materia de agravio.- Imponer las costas de Alzada a la apelante, dada su condición de vencida en esta instancia (CPCC:68 y 558).

Devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.