Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 17 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 297/305? El doctor Arecha dijo:

1.- N. M. demandó al BankBoston N.A. el cobro de daños y perjuicios por $ 35.500 comprensivos de lucro cesante y daño moral. Explicó que en 1996 obtuvo del demandado un préstamo; que tuvo dificultades financieras y que el 22 de noviembre de ese mismo año le fue decretada la quiebra; posteriormente fue rehabilitado y el 1.8.00 acordó con el banco el pago de cierta deuda que mantenía; no obstante, el demandado no modificó su calificación como deudor irrecuperable ante Organización Veraz, lo cual le impidió asumir un empleo y le provocó daño moral.

El BankBoston N.A. respondió desconociendo la documentación salvo el acuerdo suscripto, negó los hechos y dijo que no mantenía a M. denunciado ante Organización Veraz con calificación crediticia negativa. Opuso excepción de falta de legitimación pasiva argumentando que la acción debió dirigirse contra esa entidad informante que era la que divulgaba la información que agraviaba al actor.

2.- La sentencia de fs. 297/305 tuvo en cuenta las pruebas rendidas -documental, informativa y testimonial- asignando relevancia al reconocimiento del banco de haber suscripto acuerdo de pago, lo que consideró incompatible con mantener la calificación crediticia negativa de M. e inadecuado al principio de buena fe. Considero probado que el actor fue impedido de obtener cierto empleo -por esa información negativa-; también concluyó que M. había soportado afecciones que justificaban admitir el daño moral.

Con tales consideraciones admitió parcialmente la demanda por $ 25.000, de los cuales $ 15.000 se reconocieron como lucro cesante y $ 10.000 por daño moral. Dispuso se pagaran intereses e impuso las costas al banco.

3.- Apeló el banco; mantuvo su recurso con los agravios de fs. 314/25, los que quedaron sin responder por la contraria.

4.- Antes de ingresar a las quejas, cabe destacar que la excepción deducida no fue sustanciada ni decidida. Ello no ha sido cuestionado por el banco que era el que se encontraba legitimado para impulsarla y sostenerla.

Lo actuado en ese aspecto, ha quedado precluido.

No ha mediado recurso sobre esa irregular tramitación, siquiera sobre la omisión de decidirla, de modo que, debe entenderse que durante la sustanciación del proceso el banco dejó sin efecto esa defensa (art. 163, inc. 6, parr. 2do. del Cód. Procesal).

5.- De modo principal el banco se queja argumentando que no fue probado el presupuesto sobre el cual el actor fundó su reclamo: el mantenimiento injustificado ante B.C.R.A. y Organización Veraz de su calificación como deudor irrecuperable luego de celebrado el acuerdo de pago del 1.8.00.

Cuestionando la valoración de la prueba efectuada en la sentencia, afirma que la carga de probar aquél hecho recayó en M. (art. 377 del Cód. Procesal); que la incumplió, en tanto el informe de Veraz -acompañado al demandar- es de fecha anterior a la del acuerdo de pago celebrado entre las partes; de todos modos, señala que fue desconocido y no probada su autenticidad. También se queja por los montos de los "supuestos daños"; alega que han sido fijados sin dar fundamento.

5. - a) Si bien es cierto que no está demostrada la autenticidad de aquél informe, de todos modos se observa que es del 10.5.00 y que da cuenta de la situación crediticia de M. anterior a las del acuerdo con el banco (1.8.00); de tal modo, aun sobre la base de esos datos, no se puede tener por cierto que esa constancia correspondiera a información de Organización Veraz posterior a la suscripción del convenio del 1.8.00.

De otro lado, el informe de Organización Veraz de fs. 216 -en respuesta de oficio librado en la prueba- tampoco demuestra registro alguno de M. posterior o inmediato a esa fecha del 1.8.00, sólo refiere el modo en que obtiene la información que da a conocer; esto es, se trata de una información general que nada prueba sobre el hecho reprochado al banco.

5. - b) Se cuestiona el efecto que le ha sido dado a la carta documento que el actor remitió al banco (del 3.11.00, fs. 98) alegando que no puede asignársele el efecto del art. 919 del Cód. Civil.

La misiva refiere la existencia del acuerdo; indica que se está cumpliendo, pero señala que a pesar de ello se lo mantiene en Organización Veraz como "irrecuperable"; por último, intima para que se "...proceda a informar a la Organización mencionada (Veraz) sobre el verdadero estado de mi actual relación contractual con ese banco y que mi calificación es normal (1)...". No consta respuesta del banco.

Ahora bien, el art. 919 del Cód. Civil no asigna valor al silencio como manifestación de voluntad o consentimiento, pero hay tres supuestos de excepción, dos de los cuales pueden ser analizados en este caso. El primero: cuando exista obligación legal de expedirse y el tercero: a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

El referido al la obligación legal, devendría del sistema de calificación de deudores organizado por las Circulares A 2216 y 3339 del B.C.R.A. Básicamente los calificadores son las entidades financieras; se les fijan pautas de valoración y los efectos y; se determina una graduación que va desde "normal" -aquél capaz de atender holgadamente sus compromisos-, pasa a "riesgo potencial", sigue "con problemas", pasa a "alto riesgo de insolvencia" y termina con "irrecuperable".

La carta contenía intimación de M. para ser incorporado a la primera de esas categorías, pero no es un dato insignificante que estaba registrado en la de "irrecuperable", cuestión que surge de todo lo actuado y del mismo texto de la demanda. Tal variación intimada, no resulta procedente; primero porque es el banco el que hace la calificación -siguiendo las pautas que le fijan-, segundo por no resultar razonable considerar que pudiera variar de la última a la primera categoría -en la que se incluyen quienes pueden atender holgadamente sus compromisos- cuando la renegociación de lo adeudado al banco fue así: deuda reconocida US$ 7933, se pacta como base del acuerdo US$ 3967 -importe que se compromete a pagar en 24 cuotas de US$ 165-, tal financiación por más que resulte del acuerdo de las partes no es indicativa de la "holgura" que requiere la calificación crediticia organizada por el B.C.R.A.

De tal modo, ello lleva a concluir que el BankBoston N.A. no se encontraba obligado a proceder a la modificación de la calificación que M. intimó en su carta, tampoco pueden admitirse entonces los efectos del primer supuesto del art. 919 del Cód. Civil.

Si se analiza la tercera de las hipótesis de la norma la solución resulta igual a la anterior, pues si el banco no estaba obligado a requerir la modificación de la calificación como se concluyó precedentemente, la omisión de responder no puede llevar a concluir que ello significó reconocimiento o consentimiento de esa improcedente petición.

Resumiendo, el silencio ante la carta documento no significó -en el caso- que se aceptara la procedencia de la calificación de M. como deudor "normal" en el sistema de calificación de deudores de las entidades financieras, el cual por otra parte, se integra con datos y calificaciones provenientes de todas las entidades con las que se pueda operar.

5. - c) El testigo único que declara en fs. 237/40 refiere que, como integrante de una fundación y por el cargo que desempeñaba, entrevistó a M. para un trabajo para el cual había sido seleccionado, pero que no pudo ser incorporado debido a informes bancarios desfavorables.

Ahora bien, no explicó si los informes bancarios a los que aludió eran originados en los datos proporcionados por el BankBoston N.A. u otra entidad; ni tampoco cual era esa calificación desfavorable -existe graduación a la que me he referido anteriormente-; tampoco dio cuenta del tipo de dato sobre los que se fundaba la referida calificación negativa; es decir, sus dichos no resultan suficientes (art. 396 del Cód. Procesal) para sustentar la responsabilidad del banco demandado.

5. - d) Observo que el informe de American Express Argentina S.A. (fs. 99) en el que se refiere cierto impedimento para otorgar la tarjeta se indica que "...no cumple [el actor] actualmente con los requisitos establecidos por nuestros procedimientos para otorgar La Tarjeta", pero sin explicar en concreto cuales eran esos requisitos y en todo caso, si el obstáculo era el informe que se le reprocha el banco demandado.

En el caso, no aprecio demostrado como lo impone el art. 377 del Cód. Procesal, el presupuesto del reclamo, prueba que hubiera significado simplemente requerir un informe de Organización Veraz de la situación del actor al momento en que sostuvo ocurrieron los hechos y cuya obtención no debió ofrecer mayores dificultades.

No contar con esa prueba impide juzgar sobre la antijuridicidad atribuida al banco, sobre los alegados daños y sobre la relación de causalidad entre ambos; requisitos que constituyen presupuestos para admitir la responsabilidad del demandado.

En consecuencia, he de proponer admitir los agravios y revocar la sentencia, sin necesidad de ingresar a la consideración de los restantes agravios.

6. - Propongo por todo lo expuesto, que la sentencia sea revocada disponiendo el rechazo de la demanda con costas al actor (art. 68 del Cód. Procesal); las de la segunda instancia también se imponen al actor en tanto el banco se vio obligado a interponer el recurso.

El doctor Sala dijo:

Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el doctor Ramírez, adhiere a los votos anteriores.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: a) revocar la sentencia de fs. 297/305 y disponer el rechazo de la demanda imponiendo las costas al actor -art. 68 del Cód. Procesal- y b) en cuanto a las de segunda instancia, cargarlas también al actor. - Martín Arecha. - Angel O. Sala. - Rodolfo A. Ramírez.