Abuso sexual, víctima menor de edad, informe ambiental, doctrina de la arbitrariedad, individualización de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., W.E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la Sentencia Nº 45/10 recaída en causa Expte. Nº 103/09 caratulada: C., W.E. p.s.a. Abuso Sexual Gravemente Ultrajante, etc. Capital - Ctca.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-10-05

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente con la víctima. Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

Subsidiariamente, los recurrentes propugnan la nulidad de la sentencia invocando la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.). Sostienen que al momento de determinar la pena a aplicar, los jueces incurren en un excesivo rigor para valorar las agravantes y dejan de lado la consideración adecuada de las atenuantes.

Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo, en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado.

Considero que las críticas expuestas en este punto no resultan procedentes, por cuanto no evidencian que el tribunal de juicio haya ejercido su facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

El sentenciante justificó el monto de la pena considerando la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerla, el daño causado a la menor víctima y a su familia, las particularidades personales y morales del imputado, todo ello, luego de tomar conocimiento directo y de visu del acusado.

A mi entender, no pueden tener acogida favorable las pretensiones de que se pondere a favor del acusado el Informe Socio Ambiental (es decir, lo que los recurrentes denominan la inexistencia de adicciones, la buena conducta, la imagen social).

En tal sentido, esta Corte ha sostenido que ello puede no incidir en la valoración del quantum de la pena impuesta, por entender que el delito que se atribuye al imputado es de los llamados delitos de alcoba, oculto, de intimidad, caracterizado por el restringido ámbito de privacidad en que suele perpetrarse, en donde el sujeto activo actúa al resguardo de ser visto por testigos, manteniéndose incólume el concepto que de él puedan tener (S. nº 19, 11/07/11; S. nº 36, 09/11/10). Por último, estimo oportuno recordar lo sostenido en el precedente Mancini (S. nº 26, 23/12/08), en donde expresamente se aclaró que "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08).

Ello es así, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".

En definitiva, estimo que no sólo la defensa ha omitido demostrar la existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio -recuérdese que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros)-; sino que, además, no es de recibo la petición de disminución de la pena atribuida, ya que la misma no resulta desproporcionada respecto del contenido del injusto del hecho, ha sido aplicada dentro de los márgenes de la escala penal aplicable y contiene fundamento suficiente con base en las constancias de la causa, razón por la cual, no privan al fallo de validez.

Este es el criterio sostenido por este Tribunal en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que "...la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable.

En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.