marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, representación procesal
Materia: LABORAL
Carátula: PISANTI, DIEGO LEON c/ TELESERVICIOS Y PROMOCIONES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

Es procedente el rechazo de los rubros indemnizatorios reclamados con fundamento en las leyes 24.013 y 25.323 con base en que la intimación del art. 11 LNE no fue cursada ni por el trabajador ni por la asociación sindical que lo representa estando incumplido así el requisito de ley dado que las cartulares fueron cursadas por la apoderada del actor habiéndose así ésta excedido de las facultades de su mandato por cuanto el mismo se trata sólo de un poder especial para la representación en juicio sin que se infiera la voluntad visible del mandante como para avalar su actuación habida cuenta la falta de ratificación personal en orden a lo expuesto.
Sociedades comerciales, intervención judicial, distribución de dividendos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Industrias Argentinas Man SA y otros c/ Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución del Norte Argentino SA (Transnea) y otros s/ ordinario s/incidente de intervención judicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-17

1. Corresponde rechazar el pedido cautelar de intervención del ente -con desplazamiento de sus administradores-, deducido en el marco de una acción de nulidad de una decisión asamblearia que designó a la administración, toda vez que no se advierte la relación de instrumentalidad entre la medida pretendida y la presente acción. 2. La medida cautelar no constituye un fin en sí misma, sino que es el medio para preservar el objeto litigioso a los efectos de que la sentencia que vaya a dictarse no se torne ilusoria (conf. CNCom, Sala A, in re "Otero, Raúl c/ Colinas del Tiempo SA s/ medida precautoria", del 79-07) y, dada la plataforma fáctica de las presentes actuaciones, la intervención solicitada no sirve para asegurar la finalidad de la acción de impugnación, ni la eficacia del pronunciamiento que oportunamente se dicte.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

Ausente el elemento "agresión ilegítima" ello es suficiente para descartar -sin atender los temas del elemento subjetivo y los derechos defendibles- la justificante de legítima defensa, y su exceso.
Derecho penal, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Derganz, Víctor David s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-30

Esta Cámara ha decidido en reiterados fallos que "las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal para graduar la pena a imponer quedan, en general, fuera del control de la casación, ... toda vez que la ponderación a efectuarse depende de poderes discrecionales del tribunal de juicio, lo que ocurre cuando el mérito debe hacerse respecto de las condiciones personales del autor, su educación, costumbres y demás circunstancias cuya apreciación es sólo posible durante el debate" (Voto del Dr. Hornos, por la minoría).
Ley penal en blanco, reforma legislativa, ley extrapenal, ley penal más benigna, retroactividad de la ley penal, tratados internacionales, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: Ayerza, Diego Luis s/ infracción al régimen cambiario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Ante las modificaciones favorables, experimentadas por las leyes penales en blanco a consecuencia de variaciones de la norma extrapenal, el reo debe beneficiarse con el principio de aplicación de la ley penal más benigna consagrado en los pactos que gozan de jerarquía constitucional (Disidencia de los Dres.

Carlos S. Fayt, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Incidentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Valle, Roberto P. L. c/ Gatti, Susana L. s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Resulta improcedente la imposición en costas si el rechazo del incidente lo fue en los umbrales del proceso y sin haberse, por ende, sustanciado.(Cód. Proc.,arts. 173, 68)
Recurso de casación, procedencia del recurso, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Santos, Antonio César c/ S.A. Organización Coordinadora Argentina s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-23

La interpretación errónea se lleva a cabo, según Hitters, cuando no se le da a la disposición aplicable su verdadero sentido, por equivocación en la indagación de su acepción. Es decir, se elige bien la normativa pero se le asigna un significado distinto al que realmente tiene, como ocurrió en la especie. Estamos en presencia de un error en la base jurídica o premisa mayor. No se trata ya de un déficit sobre la existencia, subsistencia o delimitación del alcance de la norma, sino sobre su contenido.
Derecho procesal, excepciones procesales, sociedades comerciales, procesos de conocimiento, admisibilidad del recurso, seguros, presidente del directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Transportes Especiales El Tenaz SA  c/ Antartida Compañia Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

Corresponde admitir la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la aseguradora demandada, contra el presidente de la sociedad anónima coactora, en el marco de una acción de cumplimiento del contrato de seguro que uniera a las partes. Ello así, pues el excepcionado es el representante legal de la sociedad, cuya figura no absorbe ni se confunde con la persona jurídica, resultando independientes entre sí.

Tampoco puede justificar tal legitimación el hecho de que la titularidad registral de los bienes siniestrados estén en cabeza del director, pues a pesar de ello, sigue siendo un tercero frente al contrato ante quien la demandada no asumió ningún compromiso.
Actualización monetaria, cómputo de la actualización, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, MIGUEL ANGEL c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-05

Las normas aclaratorias dictadas en virtud del art. 10 de la ley 21.391 no pueden en forma alguna desvirtuar el espíritu de la ley e ir justamente en contra de lo que ella determina Teniendo en cuenta el contexto de la norma el plazo para abonar la actualización no debería exceder de quince días contados a partir de la solicitud del proveedor, según el art. 4to. segunda parte, y no como ocurrió en el caso que la demora, desde el reconocimiento de la actualización de las sumas que se reclaman en marzo de 1978 llegó hasta el 20 de julio de 1979, las que en cumplimiento de la ley debieron ser actualizadas hasta la última fecha mencionada, cosa que no se hizo por lo que el hecho de haberse indexado una suma hasta un cierto momento y no hasta el efectivo pago, quita sustento al principio de que no haya mora de la mora.
Leyes de facto, actos del gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Explotaciones Coloniales SRL y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

Si bien la jurisprudencia de la CSJN sostiene que la vigencia de las normas y actos emanados de autoridades de facto requiere ratificación del gobierno constitucionalmente elegido que las sucede, también acepta que, esa ratificación, sea expresa o tácita y frente a ello, los accionantes no pueden sostener la nulidad de origen que invocan sin referirse a las consecuencias que provocaría, no ya la emisión del decreto 399/97 también impugnado en autos, sino la ley 3212 que derogó un artículo de la ordenanza atacada y mantuvo el resto de sus disposiciones. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhiere el Sr. Juez José O. Casás).
Recurso de inconstitucionalidad, subrogancia del juez, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sphan, Vicente c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio ordinario (Expte CSJ Nº   498-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

Ante la circunstancia de que la Corte local declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora y, por ende, anuló la sentencia impugnada (dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela), ordenando la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa, los señores Vocales de dicha Cámara de Apelación no debían excusarse de entender en la causa porque el instituto de la excusación presupone la presencia de un juez que, si no mediase la causal de auto inhibición, se encontraría habilitado para tomar intervención en ella; y ese no es el caso de los integrantes de esa Cámara, pues por imperio de lo normado en el artículo 12 de la ley 7055 y lo ordenado por el Alto Tribunal al declarar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, al recibir los autos ya carecían de jurisdicción sobre el pleito y sólo correspondía, como forma de cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Corte, remitir la causa al subrogante legal. En efecto, el artículo 12 de ley 7055, no formula distinciones y ordena de manera imperativa que, cuando se estimare procedente el recurso, en el supuesto del inciso 3 del artículo 1 (tal el caso de autos), la Corte anulará la sentencia impugnada y remitirá la causa a otro juez o tribunal para que sea nuevamente juzgada, por lo que corresponde que los Señores Vocales de la Cámara de Apelación en lo Penal tomen intervención a los fines de juzgarla nuevamente.
Audiencia de vista de causa, caducidad, debate, nulidad del acto jurídico, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ WALTER RUBEN c/ LINO RUBEN DIAZ s/ DEMANDA  - CASACION  LABORAL - AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA CADUCIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-10-29

Si bien el debate constituye una unidad en su desarrollo existen diversas etapas (art. 65 LPT) y todo cuestionamiento al respecto debe formularse en la que resulte oportuna, bajo pena de caducidad.
Marcas, registro de marca, interés legítimo, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: PLAZA  OESTE  SA c/ PEREZ  CUESTA  SACI s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Si bien es cierto que es plausible propender a una extensión razonable del concepto de "interés legítimo" ya aludido, no lo es menos que no corresponde validar indiscriminadamente cualquier tipo de oposición a las solicitudes de registro marcario. Es indispensable que quien resiste la inscripción de una solicitud demuestre, no sólo la vulneración de las prescripciones contenidas en el art. 3º de la ley 22.362 sino también la lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado (conf. Sala I, causa 656 fallada el 13-4-82).
Aplicación de la ley penal, graduación de la pena, agravantes de la pena, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Pedro Pablo y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

La escala penal que resulta aplicable a la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio calificado es la prevista por el Código Penal argentino vigente en ese momento, que prohibían tales conductas, más allá que las mismas constituyan crímenes de lesa humanidad, dado que la subsunción en tipos penales locales de ningún modo contraría ni elimina el carácter de lesa humanidad, debiendo considerarse dicho carácter como circunstancia agravante. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos en disidencia parcial)
Prueba testimonial, exhibición de documentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Triolo Horacio c/ Vivas Ceferino s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

La limitación al número de testigos que prescribe el art. 428 del C Pr., no tiene vigencia en lo que se refiere a terceros citados para el reconocimiento de documentos, desde que si bien es cierto que el tercero a los fines de dicho reconocimiento concurre como testigo, también es verdad que esa pieza probatoria, reviste el caracter de instrumental, debiendo limitarse la intervención de los terceros excluyentes al reconocimiento de los documentos. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, competencia penal, actor civil
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Oscar Salvador s/ Homicidio culposo - Casación (Libro: A028A-109)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-07-08

La sentencia absolutoria consentida por el Ministerio Público puede ser recurrida por el actor civil si impugna la validez formal de la sentencia por no ajustarse a las formas y solemnidades para su pronunciamiento, ya que la sentencia desde este punto de vista -aspecto formal- es un todo orgánico imposible de fraccionar por materia (penal o civil), interés o persona.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, seguros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Julián c/ Guevara, Mirta Susana s/ Daños y perjuicios Municipalidad del Partido de Luján c/ El Sol Argentino Compañia de Seguros Generales s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08|1987-11-10

Juzgar el sentido, alcance, consecuencias jurídicas de un contrato de seguro es -al igual que la interpretación de cualquier otro negocio- una tarea reservada a los señores jueces ordinarios y exenta de análisis por la Corte, salvo el supuesto de denuncia y demostración de absurdo.
Entes reguladores provinciales de servicios públicos, necesidades del servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Provincial Del Agua y Del Saneamiento (E.P.A.S.) c/ Municipalidad de Las Heras s/ Conflicto
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2002-09-06

Los entes reguladores aparecen como una necesidad desde que se sanciona la ley 23.696 de reforma del estado y se decide como política de estado la privatización de los servicios públicos nacionales y provinciales (Voto Dr. Nanclares).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, excepciones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: González, Pio J. c/ Imar S.A. y Emetepe S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

La excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653 se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por este Tribunal en la interpretación de las normas de fondo que rigen la relación laboral debatida en una determinada controversia, supuesto que no comprende la consideración de cuestiones de hecho y prueba, como lo es, en el caso, resolver sobre la vigencia del contrato de seguro.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, asignación de funciones, remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Idoate, Ramón León c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:   C.S.J. Nro. 186 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

El deber de desenvolver la actividad necesaria para que el ente público pueda satisfacer sus fines no comprende una cantidad de trabajo específicamente fijado, o cierto tipo perfectamente determinado de él. Por el contrario, la variedad de las tareas administrativas, continuas y cambiantes, explican esa característica imprecisión en cuanto a las actividades a desarrollar, por lo que una misma categoría puede comprender el desempeño de diversas funciones y algunas de ellas, incluso, imponer mayores exigencias que otras. Ello, sin embargo, no significa necesariamente que corresponda a una categoría superior, salvo, claro está, que esas funciones excedan las razonablemente comprendidas dentro de los cometidos propios del cargo en el que revistaba el agente. En el caso, el actor no ha siquiera precisado cual es la categoría cuya remuneración pretende, lo que impide cotejar si las funciones que el actor manifiesta haber desempeñado se correspondían a una categoría superior determinada.
Autoridad de contralor, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Antonow de Marastoni, María Lydia. s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-10-04

Cuando por vía de la Ley 170 se equiparan las remuneraciones del Contralor con las del Superior Tribunal de Justicia, se adopta justamente por medio de la decisión legislativa impuesta por el mencionado art. 130 Constitución Provincial, un determinado nivel de remuneraciones, un rango salarial, un mecanismo que automáticamente asigna al Contralor el módulo de su retribución.
Constitución Provincial, Poder Judicial Provincial, facultades del Poder Judicial, Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez y De La Fuente  S.A. c/ Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

La aplicación de la cláusula constitucional que, de modo genérico faculta a la Corte de la Provincia de Buenos Aires a disponer lo necesario para proveer al cumplimiento de los pronunciamientos dictados en las causas contenciosoadministrativas, requiere - de manera ineludible considerar si la facultad conferida de ese modo reviste carácter absoluto o bien si resulta susceptible de reglamentación legal.
Medidas cautelares, embargo, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, liquidación del asegurador
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ABELLAN, Juan Carlos c/ FINOCCHIETTI, Roberto A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Toda vez que en el proceso de transferencia de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, se han confeccionado estados contables que han determinado sus activos y pasivos, en los cuales se ha previsto la existencia de deudas pendientes de pago derivadas de riesgos cubiertos por la aseguradora en liquidación, ningún impedimento existe para proceder a la traba del embargo sobre fondos destinados a saldar deudas pendientes, sin que eso implique dirigir la ejecución al Tesoro Nacional, no resultando de aplicación el art.

20 de la ley 24.624.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: LILLO HUGO O. c/ COMPAÑIA DE PERFORACIONES RIO COLORADO SA s/ ORDINARIO s/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-30

El pronunciamiento judicial que impone el pago de una indemnización fundado en reclamos realizados por un infortunio laboral, sólo declara la existencia del derecho que lo sustenta, que es anterior a dicho pronunciamiento. Es decir que cuando la víctima del infortunio-acreedor-demanda judicialmente el pago de una suma de dinero en concepto de indemnización, concreta la pretensión de una sentencia de condena; éstas son declarativas en cuanto no tienen otro efecto que el de reconocer un derecho que el actor ya tenía cuando entabló la acción, o el de desestimar la pretensión como consecuencia de una valoración relativa a la preexistencia o no del derecho pretendido en la época en que acaeció el evento dañoso. De lo expuesto resulta que la sentencia no resultará constitutiva del derecho, sino que sólo importará la exigibilidad de la obligación pero no así el origen o el contenido de la obligación misma.
Transporte aéreo de pasajeros, demora en el servicio, pasajero de avión, pasajero damnificado, responsabilidad del transportador aéreo, huelga
Materia: CIVIL
Carátula: Uberto, Carlos Luis y Otro c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-11

Al tratarse de un conflicto gremial con su personal no puede este hecho ser calificado como "fuerza mayor" ya que no medió imprevisibilidad e inevitabilidad , por ello la empresa aérea es responsable de los daños resultantes de la cancelación del vuelo y posterior reubicación en otro, transcurridos dos días y con otro destino. (art. 141 del Código Aeronáutico y artículos 512 y 904 del Código Civil, y resulta ajena a lo normado en el art. 142 del Código Aeronáutico; y artículos 18 y 20 del Convenio de Varsovia de 1929, modificado por el Protocolo de La Haya de 1955 y Montreal de 1975).
Procedimiento judicial de la seguridad social, limitación de recursos económicos, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CIAMPAGNA, RODOLFO NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

La Constitución Nacional no reconoce como derecho a tutelar la negativa del deudor a cumplir con su obligación. Menos aún es de admitir que en la particular diferencia a decidir -relación litigiosa entre un justiciable y el Estado- tenga cobijo constitucional el negarle el derecho subjetivo a aquél que en nada ha contribuido al calamitoso estado financiero del sistema y que lo ha obligado a presentarse ante la justicia en procura de lo que entiende su crédito, y a contrario, reconocerle exculpación a quien ha sido el responsable de conducir la estructura previsional. El inédito instituto adjetivo de la limitación de recursos -de claro tinte dilatorio- conlleva una innegable incidencia negativa en la marcha normal del proceso judicial al afectar su celeridad, con menoscabo además de las facultades con que cuenta el juez para ordenar y dirigir la litis, al par de consagrar una evidente e irritante desigualdad entre las partes. (Del voto del Dr. Fernández).
Exequátur, laudo arbitral
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PROCESAL
Carátula: Deutsche Rückversicherung AG c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro en liquidac. y otros s/ proceso de ejecución c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-24

Como principio, el examen de compatibilidad propio del exequátur no puede llegar al extremo de reeditar las cuestiones que ya fueron sometidas a decisión arbitral y tampoco es lógico equiparar ese control al que se lleva a cabo en la etapa de revisión judicial del laudo, pues, "la comprobación de los recaudos exigidos por la ley 23.619 [y, en el caso, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación] para la ejecución del laudo arbitral no autoriza a revisar o alterar las decisiones de fondo adoptadas en el pronunciamiento, debiendo circunscribirse el tribunal a la verificación de la concurrencia de los requisitos indicados" (Fallos: 334:552) (Voto del juez Rosatti).
Prescripción adquisitiva, actos posesorios, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: El Encuentro S.A. c/ Vera, María Azucena y otros s/ Prescripción veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-04

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación incoado revocando el fallo apelado, por considerar que en autos está probada la posesión denunciada por los demandantes. En efecto, se puede constatar -inspección judicial mediante- la existencia de actos posesorios, tales como la constatación de las personas que se hallaron poseyendo -demandantes- trabajos ejecutados en el inmueble, existencia de alambrados y otros cerramientos, es decir se evidenció la existencia del "corpus" como elemento en la posesión de lo cual se induce el ánimus. Por último, se acreditó algo que en doctrina se ha estimado como un excelente medio de prueba en la usucapión, que es el éxito del interdicto para retener o recobrar la posesión.