Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2006-02-28


Resistencia, febrero 28 de 2006.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto a fs. 308/311vta.? 2º ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Lucas dijo:

I. Que la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, por sentencia Nº 69, de fecha 6 de julio de 2005, glosada a fs. 281/304, condenó a H. Alfredo E. como autor penalmente responsable del delito de Homicidio Simple en grado de tentativa cometido con violencia en las personas con arma de fuego (arts. 79, 42, 44 y 41 bis del CP) a la pena de nueve (9) años y seis (6) meses de prisión efectiva, declarándolo reincidente por primera vez (art. 55, CP), con más las accesorias legales y costas.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la Defensa, a cargo del Defensor Oficial Nº 11 Dr. Marcos Silva, interponiendo el recurso de casación referido, el cual fuera concedido, elevándose la causa a esta Sala, donde quedara radicada, y, habiéndose llamado autos para sentencia, se encuentra actualmente en condiciones de dictarse pronunciamiento.

Deduce el mismo por ambos motivos casatorios contemplados en el art. 462 del CPP, planteando, desde el punto de vista formal, el desvío del fallo de las leyes de la lógica y el raciocinio.

Aclara que no discute la materialidad del hecho sino la autoría de su defendido y afirma que de los elementos de juicio no surge de manera nítida que E. haya sido el autor del delito, habiendo la Cámara fraccionado algunas declaraciones testimoniales, considerando como verdaderos los términos que lo perjudican y desechando los que podrían beneficiarlo.

Alude a las declaraciones testimoniales prestadas por Cynthia Soledad Pérez, Débora Yanina Castaño y Gerardo Daniel Salinas en cuanto refieren a que el lugar donde ocurrió el hecho estaba oscuro o no había mucha iluminación, y a las del imputado respecto a que quiso sacar el arma a Cardozo y al tironear se produjo el disparo, quedándose con el revólver en su mano.

Al fundar el agravio sustantivo expresa que su defendido fue condenado por el delito de Homicidio Simple en grado de tentativa cometido con violencia por el uso de arma de fuego (arts. 79, 42, 44, y 41 bis, CP), habiendo sido evaluada erróneamente la secuencia fáctica, haciendo referencia a su alegato defensivo en el debate y al del Fiscal de Cámara, considerando que el hecho descripto corresponde ser encuadrado en el art. 90 del CP.

Cuestiona también el monto de la pena impuesta, por estimar exagerada, argumentando que la pena prevista por el art. 79 del CP es de 8 a 25 años de prisión, y por aplicación del art. 41 bis se aumenta 1/3 en su mínimo y en su máximo, por lo cual entiende que si se disminuye el 50% del mínimo (por el art. 42), y aumenta 1/3 (por el art. 41 bis), la pena mínima sería de 5 años y 6 meses de prisión, y, considerando que es reincidente, podría habérsele aplicado 6 años de prisión pero nunca llegar a 9 años y 6 meses.

II. Reseñados los agravios incluidos en la presentación impugnaticia, cabe examinar el fallo en función a los argumentos en que se sustentan los mismos, sin perjuicio de, paralelamente, controlar el cumplimiento de las condiciones necesarias para su validez general (CSJN, Fallos 325:1227, "in re": "Caric").

En cuanto al primer cargo formulado, donde se denuncia la defectuosa valoración de la prueba, por el supuesto fraccionamiento de las declaraciones testimoniales de Cynthia Soledad Pérez, Débora Yanina Castaño y Gerardo Daniel Salinas, cabe consignar que si bien las dos primeras señalaron que el lugar del hecho se encontraba con las luces apagadas "un poco" (fs. 268/269) y que, aunque no había mucha luz, "donde sucedió todo... se distinguía quienes estaban" (fs.269vta./270vta.), también refirieron haber visto y reconocido al imputado como el autor del disparo contra la víctima, no obstante esas condiciones de visibilidad. Según se advierte, estas afirmaciones no resultan contradictorias ni se excluyan recíprocamente, de forma tal que no es necesario descartar una parte de ellas para considerar válida a la otra, situación que opera en desmedro de la impugnación al privarla de razón principal.

Además, esta versión fue corroborada por los testigos Elvio David Saya (fs. 228vta./229vta.) y Martín Godoy (fs. 42), quienes ratificaron la autoría del acusado, con lo que se conforma un plexo probatorio de robusto poder conviccional -fruto de la interrelación de sus elementos-, del cual se valieran primordialmente los juzgadores a la hora de acreditar ese aspecto del caso (fs.287vta/288; 293 vta./294).

En ese sentido, resulta incuestionable que la conexión existente entre varios datos probatorios resulta una razón de mayor envergadura y superior efectividad para generar la convicción del juzgador que la versión singular del imputado, y la verdad que surge de ellos en la presente causa conducen inexorablemente a desmentir su relato exculpatorio postulado infructuosamente en pos de la eximición de la responsabilidad penal que dimana de su conducta probada.

Si bien esto basta para rechazar la pretensión, tampoco puede silenciarse que, llegado el caso, no resultaría reprochable la división de la prueba testimonial, por cuanto es acertada la idea que " para rechazar como falsa una parte de la testimonial aceptando la otra como verdadera, es preciso que la primera sea combatida por las pruebas, y que la segunda sea sostenía por ellas; son, pues, las mismas declaraciones las que dicen que esa declaración es verdadera en su primera parte y falsa en la segunda y, en este caso, es lógico que se acepte la primera parte y que se rechace la segunda" (conf. Framarino Dei Malatesta, La lógica de las pruebas en materia penal", t. II, p. 217, Temis, Bogotá, Colombia)...", por lo cual " ... nada impide que se tengan por verdaderas algunas partes de la declaración y que se rechacen otras como mendaces o erróneas" (Florián, "De las pruebas penales" , Temis, Bogotá, Colombia, t. II, p. 349), sustentada por esta Sala (conf. "Ruíz", sent. 63/83 y " Valdéz", sent. 78/96), de forma tal que no existiría impedimento alguno para proceder de esa manera si las circunstancias determinaran la necesidad de particionar una declaración para tomar en cuenta a los fines probatorios solo la que aparece como verdadera, convincente, razonable y conectada a otros elementos.

Por tales razones y porque no se aprecia que la prueba en la que se sustenta la decisión resulte ilegítima en sí misma ni en cuanto a su incorporación al debate, ni tampoco que el fallo se asiente en meras conjeturas o que sus conclusiones sean el producto arbitrario de la voluntad del juzgador, este agravio debe ser desestimado.

En relación a los planteos de índole sustantiva, y específicamente al cuestionamiento vinculado con la aplicación en el caso del art. 79 del CP, en lugar del art. 90, se observa una notoria insuficiencia del recurso en la fundamentación del agravio, al extremo que ni siquiera aludió críticamente a las razones asentadas en el fallo para tipificar la conducta del acusado, limitándose el quejoso a reeditar fragmentos del alegato del Fiscal de Cámara, sin dar a conocer los argumentos que sostienen su pretensión, impidiendo de tal forma que puedan ser considerados en esta instancia.

No obstante que esa situación reviste autosuficiencia para producir la desestimación del agravio en esta sede, dada la insolvencia de fundamentación para revertir la solución censurada, cabe sin perjuicio de ello puntualizar que, contemplada la calificación legal que le fuera asignada al hecho establecido en el sub examen, no se aprecia la existencia de un encuadramiento jurídico incorrecto, adecuándose perfectamente el acontecimiento histórico al tipo penal asignado, satisfaciendo los incuestionados requisitos objetivos del delito tipificado en el art. 79 del CP y los que involucran al aspecto subjetivo del mismo, en tanto los jueces camaristas coincidieron en afirmar, en base a una análisis lógico y razonable de la prueba reunida, la intención dolosa del imputado de causar la muerte de la víctima, no concretada por razones ajenas a su voluntad.

En efecto, los magistrados señalaron que H. A. E. "... quería hacer lo que hizo y sabía en toda su dimensión lo que quería hacer. No hay que hacer demasiado esfuerzo para comprender que un disparo de arma de fuego a quemarropa dirigido al rostro de otra persona lleva destino de muerte" (voto Juez Yurkevich, fs. 294 vta.); que "... la manera que llevó adelante sus actos, los mismos eran para producir el resultado muerte..." (voto Juez Urturi, fs. 296 vta.), y que "... se ha demostrado la intención inequívoca de producir la muerte del sujeto pasivo, como designio mortal..." (voto Juez Del Río, fs. 298).

En tales condiciones, considero que debe ser ratificada la corrección de la calificación jurídica asignada al hecho constatado en autos, desechándose los cuestionamiento formulados a esa tópico.

Idéntica solución cabe adoptar en lo atinente a las consideraciones vinculadas con la alegada exageración del monto de la pena aplicada al acusado, por cuanto el mismo fue condenado a la pena de nueve (9) años y seis (6) meses de prisión efectiva por el delito de Homicidio Simple en grado de tentativa cometido con violencia en las personas con arma de fuego (arts. 79, 42, 44 y 41 bis del CP), que contempla una penalidad en abstracto de 8 a 25 años de prisión, con más el aumento de un tercio de su máximo y de su mínimo (por el uso de arma de fuego) y una reducción de un tercio a la mitad (por la tentativa), lo cual implica que, cualquiera sea el criterio legal que se emplee para determinar la escala, en orden a la regla del art. 44 del CP, el monto de la sanción aplicada en la especie se ubica dentro de los parámetros establecidos por las disposiciones sustantivas mencionadas, y, en ningún caso, el máximo de la penalidad descendería por debajo de los nueve (9) años y (6) seis meses de prisión impuestos a E..

Esto conlleva a que la cuestión resulte una materia ajena al control casatorio (conf. esta sala "in re": "Speranza", sent. 55/05), porque, en tales condiciones, constituye un poder discrecional del tribunal de mérito (conf. De la Rúa, La Casación Penal, p. 64), que resulta ajeno al control casatorio cuando es ejercido de manera razonable, como ocurre en el sub judice, donde fueron consideradas al efecto las circunstancias más relevantes del caso, como su gravedad, la actitud del imputado, sus antecedentes, entre los que cuenta una condena anterior por robo con arma, la falta de domicilio fijo y las demás pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del CP (fs. 301 y vta.).

En ese sentido, la Corte Suprema tiene dicho que "... lo relativo al monto de la pena constituye materia ajena al recurso extraordinario, en la medida que se haya impuesto dentro de los topes mínimo y máximo establecidos por la ley (Fallos 237:190, 423; 255:253; 305:494)" (Fallos 315:807).

En virtud de los fundamentos expuestos, considero que los agravios defensivos deben ser desestimados y el recurso interpuesto rechazado, por lo cual me expido negativamente en lo que fuera interrogante de esta cuestión. Así voto.

El doctor Molina dijo:

Adhiero en forma íntegra a los fundamentos y conclusión expuesta precedentemente. Es mi voto.

2º cuestión. - La doctora Lucas dijo:

Con arreglo al resultado de la cuestión tratada anteriormente, corresponde rechazar el recurso de casación de fs. 308/311vta. Sin costas, por haber intervenido la defensa oficial. Así voto.

El doctor Molina dijo:

Coincido con la propuesta formulada y voto en idéntico sentido. Es mi voto.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, la sala II en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, resuelve: I. Rechazar el recurso de casación de fs. 308/311vta. Sin costas. - María Luisa Lucas. - Eduardo O. Molina.