Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-04-26


Salta, abril 26 de 2004.

Considerando: 1) Que contra la sentencia de fs. 107/109, que rechazó la demanda de amparo, interpuso el actor recurso de apelación, a fs. 124.

Para así decidir la juez a quo consideró, en lo esencial, que la pretensión del amparista de obtener el cese de los efectos del acto lesivo, basados en la resolución 1183 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y la consecuente rehabilitación de la matrícula profesional, resulta improcedente, por cuanto la conducta de la demandada no patentiza un obrar ilegítimo ni arbitrario que habilite la vía excepcional del amparo. Asimismo, señaló que el peticionante cuenta con la vía procesal adecuada para debatir su derecho, sin que pueda advertirse daño grave e irreparable de la magnitud que exige el amparo.

Al expresar agravios (fs. 129/132 y vta.), el recurrente sostiene que la sentencia resulta arbitraria e injusta por cuanto el a quo sustituye al legislador creando limitaciones o condicionamientos al amparo, lo que está prohibido por la Constitución Provincial. Manifiesta que el inferior omite toda consideración a los derechos y garantías constitucionales invocadas, en especial el derecho de trabajar, impidiéndole obtener los recursos necesarios para su subsistencia y la de su familia.

Rebate la interpretación que la juez efectúa en la sentencia respecto a los términos reinscripción y rehabilitación previstos en la ley 6576, como así también el haber rechazado la acción de amparo por considerar que entre la última actividad cumplida y la interposición de la misma, transcurrió un plazo prolongado, lo cual denota la falta de urgencia del resguardo cuyo amparo se requiere.

A fs. 137/143 y vta. contesta agravios el demandado, solicitando el rechazo del recurso conforme los argumentos que allí expone.

A fs. 153/154 y vta. se pronuncia el Fiscal ante la Corte por la confirmación de la sentencia apelada, quedando los autos en estado de resolver.

2º) Que la viabilidad del amparo no solo requiere la invocación de un derecho indiscutible, cierto y preciso, de jerarquía constitucional, sino también que la conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías (esta Corte, Tomo 66:303; 82:137, 147, 207, 535; 83:173, entre muchos otros).

Así, como presupuesto de la admisibilidad de la acción de amparo debe demostrarse la ineficacia de las vías legales paralelas o previas ya existentes. La hipotética lentitud que pueda atribuirse al trámite ordinario no constituye, sin más, un argumento que justifique la procedencia de la vía sumarísima contemplada en el art. 87 de la Constitución Provincial (esta Corte, Tomo 64:221; 73:107).

3º) Que en el caso, el actor pretende obtener por la vía excepcional y residual del amparo, la rehabilitación en la matrícula profesional, cuyo control se encuentra a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia.

En efecto, dicho colegio profesional, persona jurídica pública no estatal, en virtud del instituto de la delegación de competencias, ha sido investido por el Estado Provincial del poder de policía en relación al control de la matrícula de los contadores y profesionales afines, como así también respecto del régimen disciplinario de sus colegiados. En tal sentido, el art. 2º de la ley 6576, de ejercicio profesional y orgánica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, establece, en su inciso d, la función de "llevar las matrículas correspondientes de ciencias económicas y administración y un registro con los antecedentes disciplinarios de los profesionales matriculados. Conceder, denegar, suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción en las matrículas mediante resolución fundada".

De manera concordante con tal cometido, la resolución general 1183, en su art. 8º, dispone que los profesionales que fuesen suspendidos en la matrícula con motivo de adeudar el derecho de ejercicio profesional durante dos años consecutivos, y solicitaren se deje sin efecto dicha suspensión en la matrícula, deberán abonar, como requisito básico para su consideración, un derecho de rehabilitación cuyo importe será el menor entre la deuda anterior actualizada a los valores previstos en el art. 3º de esa resolución, o el equivalente a veinticuatro cuotas al valor de la cuota vigente al momento de solicitar la rehabilitación.

En consecuencia, la negativa de la demandada a rehabilitar la matrícula profesional del actor sin el previo abono de los derechos que determina la citada reglamentación, resulta una decisión legítima, en cuanto se ajustó a las disposiciones vigentes y deviene plenamente razonable. Al respecto, cabe tener presente que a los efectos del progreso de la demanda de amparo, no se configura la ilegitimidad manifiesta cuando el accionar impugnado ha sido ejercido por la autoridad competente y con arreglo a las normas aplicables (esta Corte, Tomo 73:1081).

4) Que, por otra parte, obsta a la procedencia de este remedio heroico la vigencia del art. 14 de la ley 6567, vía específica que habilita a los interesados a cuestionar las denegatorias de inscripción o reinscripción en la matrícula. Tal comprobación excluye la admisibilidad de la demanda de amparo, ya que éste no tiene por finalidad obviar o urgir el trámite de los procedimientos administrativos o judiciales establecidos legal o reglamentariamente para el logro del resultado que se procura, ni es apto para irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida, alterando el normal juego de las instituciones vigentes (esta Corte, Tomo 81:625, 645; 82:207).

5) Que en definitiva, corresponderá rechazar el recurso de apelación de fs. 124. Con costas (art. 67, CPCC).

Por ello; la Corte de Justicia, resuelve: I. Rechazar el recurso de apelación de fs. 124 y, en su mérito confirmar la sentencia de fs. 107/109. Con costas. II. Mandar se registre y notifique. - Edgardo Vicente. - María C. Garros Martínez. - Guillermo A. Posadas. - Antonio O. Silisque.