Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-09


Comodoro Rivadavia, nueve de marzo de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "W, E E c/ S, M A y Otro s/ SUMARIO", Expte. Nro. 12.846/03, venidos del Juzgado Civil y Comercial Nro. 1, Secretaría Nro. 2 de esta ciudad (Expte. Nro. 2287/2000). Que a fs. 630/659vta. el codemandado S M interpone recurso de casación contra la sentencia definitiva Nro. 87/06 de fs. 602/625 por la causal de violación de la ley o doctrina legal (art. 288 del CPr.), indica también la causal arbitrariedad (inc. e del art. 288).

Hace reserva del caso federal. Considera que el fallo recurrido viola innumerables principios del derecho procesal, de fondo, doctrina mayoritaria y legal emanada de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo viola garantías constitucionales, en especial la defensa en juicio, debido proceso legal y derecho de propiedad.

Por último, también invoca la arbitrariedad como fundamento del recurso al omitir la valoración de prueba incorporada al proceso.

Sostiene que ha existido una violación a la ley o doctrina legal y errónea aplicación del derecho, porque la solución arribada por los sentenciantes en relación al régimen de propiedad de los automotores y la extensión de la responsabilidad al titular registral se contradice con la máxima interpretación brindada al respecto, por la Corte Suprema y por el Superior Tribunal de la Provincia aun cuando admite que ha existido más de una interpretación posible de las normas en juego.

Enuncia antecedentes del Superior Tribunal Provincial que considera coincidente con la interpretación efectuada por la Corte Suprema en torno al tema debatido.

Discrepa con el alcance dado a la prueba testimonial, argumentando que la misma no tuvo por objeto acreditar el contrato de compraventa del vehículo sino la efectiva tradición del rodado, causal que considera de exoneración de responsabilidad.

Adentrándonos en la cuestión a resolver, tal como lo prevé el ordenamiento procesal, corresponde efectuar, en este estadio procesal, el juicio de admisibilidad estatuido por el art. 290 del CPr. tendiente a analizar si se dan en el subjudice los recaudos formales que prevén los arts. 286 a 289 del ordenamiento procesal.

Se advierte que los mismos deben tenerse por cumplimentados, ya que el escrito postulatorio se presenta en término, con expresión de sus alcances y autosuficiencia, constituye el interesado domicilio legal ante el Superior a fs. 630 y acompaña comprobante del pago de la tasa de justicia.

Respecto de la sentencia impugnada, la misma es definitiva dado que al resolver sobre la cuestión de fondo, ha puesto fin al litigio impidiendo su continuación.

Continuando en la consideración de la admisibilidad del material recursivo, conviene recordar que desde muy temprano el Superior Tribunal de la Provincia viene exigiendo suficiencia técnica en la interposición del remedio extraordinario de la casación, en lo que se refiere al relato preciso de los hechos de la causa, los que han sido materia de debate y discusión en autos, su vinculación directa con las cuestiones que se pretenden someter a consideración el Tribunal ad quem y en lo que aquí respecta, la individualización concreta y acabada, tipificada e individualizada en la ley, de la causal o causales casatorias que habilitan el recurso (Exptes. Nro. 11.063/85; 11.288/86 entre muchos otros, criterio también sostenido en su actual composición en Expte. Nro. 14.748/04 por Sentencia Nro. 118 del 20 de Diciembre de 2005 por citar alguno).

Del análisis de los agravios, se desprende que el recurrente pretende endilgar diversos vicios al pronunciamiento, pero no ha logrado encuadrarlos en las causales casatorias invocadas.

Pues lo que concibe como violación de la ley, lo presenta también como violación a la doctrina legal, aduce también contradicción entre los votos y por último invoca la arbitrariedad (inc. e) art. 288 del CPr.) como motivo casatorio.

Ello demuestra confusión sobre la cau-sal que justifica el remedio intentado afectando la suficiencia del memorial.

En efecto, el casacionista invoca la causal contemplada en el art. 288 del CPr., esto es violación de la ley o doctrina legal.

Tanto en el supuesto que se denuncie violación de la ley o doctrina legal como en el que se denuncie quebrantamiento de formas, quien interpone recurso de casación deberá encabezar sus agravios indicando con precisión, concretamente, qué norma ha sido violada, errónea o falsamente aplicada y cuál ha debido aplicarse (art. 289 "a" C.P.C.C.).

No es eficaz el recurso extraordinario de casación que no comience por efectuar tal tarea.

En cuanto a la causal de violación de la ley se observa que el recurrente no ha indicado con precisión, la norma legal o regla de derecho que estima violada para habilitar el recurso, sin que corresponda al Tribunal suplir la omisión, ni inferirla por interpretación (STJCh, Sent. Interl. Nro. 104/91 entre muchas otras).

No existen además fundamentos específicos al modo en que se han violentado las normas, ni se advierte, en todo caso, la violación por interpretación errónea o falsa o su no aplicación.

Sin tratamiento puntual por el recurrente debe rechazarse la causal de violación de la ley interpuesta como causal autónoma.

En relación a la causal invocada, violación de la doctrina legal debe decirse que el apartamiento de los principios establecidos por la jurisprudencia no basta por sí solo para autorizar la casación.

"En el inc. a del art. 288 del CPr., se autoriza la revisión de la interpretación de la ley que hicieren los tribunales inferiores cuando tal interpretación fuere contraria a la adoptada por otro Tribunal colegiado de única o última instancia de la Provincia y dentro del plazo que fija" (STJ S.I. Nro. 44/91).

Sobre el particular el Superior Tribu-nal de la Provincia sentó doctrina al afirmar que es posible plantear la causal de que se trata cuando los fallos provengan de una misma Cámara pero de distintas Salas, e interpretar que cuando el inc. "a" del art. 288 del CPr. dice "Otro Tribunal" se esta refiriendo a otra Cámara o a la otra Sala del mismo Tribunal" (Conf. S.D. 2/SRE/99 y 15/SRE/06). En el caso, el apelante cita fallos de la Suprema Corte de Justicia y un antecedente del Tribunal Provincial, con lo cual no cumple con los recaudos propios de la causal prevista, obstando por ello su admisibilidad.

Por último, no será ocioso señalar y toda vez que se esgrimió la arbitrariedad como motivo casatorio, que sin perjuicio que un mismo tema puede ser resuelto con más de un criterio, la circunstancia de que el decisorio no se compadezca con el que el recurrente entiende aplicable al caso, no tiñe necesariamente de arbitrariedad; sino que ella requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación, un desacierto de gravedad extrema, palmaria, patente para tener configurado el vicio que se le endilga al fallo y aun cuando el criterio adoptado por el a quo tolere discrepancias y se admitan como serias las impugnaciones del recurrente, ello no basta para abrir la casación (STJCH S.I. Nro. 58/90, 17/94, S.D. 34/99, 2/04 entre otras).

Por estos argumentos se considera inadmisible el recurso de casación interpuesto por las causales esgrimidas.

Se señala al recurrente que en lo sucesivo deberá observar el debido estilo forense en sus presentaciones, evitando dejar claros en las mismas, así como mantener el orden en la impresión de manera tal que haga posible su lectura sin intercalaciones y repeticiones que se observan en el recurso analizado. Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1) Declarar improcedente el recurso de casación interpuesto por el codemandado a fs. 630/659 vta., contra la sentencia definitiva de fs. 602/625.

2) Téngase presente la reserva del caso federal efectuada por la recurrente a fs. 659vta.

3) Por secretaría expídase fotocopia certificada a los fines que el recurrente gestione el reintegro del depósito efectuado (art. 297 CPr.).

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.:

Marta Susana Reynoso de Roberts, Presidente.

Fernando Nahuelanca, juez de Cámara.

Julio Antonio Alexandre, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 38DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS