marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, recurso contencioso administrativo, tutela anticipada, daño irreparable, morosidad del proceso, derechos y garantías constitucionales, crédito fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. c/ Municipalidad de Rosario s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Medida  cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-30

Si en el caso, en el escrito de queja, la recurrente insiste con su postura acerca de la innecesariedad de acreditar la irreparabilidad del perjuicio o el peligro en la demora que puede acarrearle la ejecución del acto administrativo -sosteniendo que "para admitir la impugnación resulta suficiente si se alega la existencia de un gravamen irreparable que por su magnitud y las circunstancias del caso, determinan su difícil o imposible reparación ulterior"-, no puede prosperar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco actor. Ello así, por cuanto tales alegaciones no pueden tener acogida en este estadio, desde que correspondía a la parte demostrar la magnitud de tales perjuicios, y por qué ellos no serían susceptibles de ser reparados por alguna otra vía, especialmente si se atiende a la rigidez con la que deben ser ponderados tales recaudos en los supuestos de medidas cautelares suspensivas del derecho del fisco de recaudar rentas fiscales.
Inexistencia del acto jurídico, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza c/ Obra Social Empleados Públicos s/ Ordinario (LIBRO: A162 - 107)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-10

El tribunal acepta la teoría del acto procesal inexistente en caso de ausencia o falsedad de la firma de las partes, letrados o representantes cuando se trata de los actos fundamentales del proceso.-
Municipalidad, régimen de consolidación de deudas, desindexación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vialco S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 619 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Con relación al pedido planteado en la contestación de la demanda por la Municipalidad de que se incluya el crédito reclamado dentro de la normativa prevista en la ley nacional 23.982, la ley provincial 10.798, la ordenanza municipal 9745 y su decreto reglamentario 404/93, conviene recordar que la Corte local ha sostenido que atento a que antes de la expiración del período de vigencia de la ley 10.798 el municipio santafesino reglamentó la consolidación dispuesta por ley provincial mediante el decreto 404/93 actuando dentro del marco de sus facultades propias, las deudas no excluidas legalmente del régimen de la ley nacional 23.982 están consolidadas en el ámbito municipal por existir un procedimiento destinado a hacerlas efectivas. En el caso, teniendo gran parte de las sumas reclamadas "su causa o título anterior al 1.4.1991", se encuentran sujetas en lo pertinente al régimen de consolidación, por lo que, una vez determinado en la etapa de ejecución el quantum de lo efectivamente adeudado, deberá requerirse a la Municipalidad demandada que ponga en conocimiento del Tribunal el plazo y forma de cumplimiento del pago a la actora de las obligaciones consolidadas.
Medidas cautelares, caución juratoria, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: GANDOLA, Beatriz Matilde c/ JAMANDREU, Francisco s/ SUCESION - ART. 250 DEL CODIGO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-23

La caución juratoria resulta viable en supuestos de máxima verosimilitud del derecho, como ocurre cuando el accionado se allana a la pretensión deducida.-
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), demandado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

El auto de admisibilidad del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción no es susceptible de ser impugnado por vía de revocatoria por la demandada.
Responsabilidad indirecta, relación de dependencia
Materia: CIVIL
Carátula: Corchuelo de Huberman, Hebe Lilia c/ Empresa de Transportes Don Pedro S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-08

Entre el autor del hecho y el tercero civilmente responsable tiene que haber una relación de dependencia, a través del derecho de dar órdenes o instrucciones acerca de la manera cómo deben cumplirse las funciones. Este derecho de dar órdenes es el que origina la autoridad y subordinación. Pero si bien la facultad de dar órdenes no es suficiente para crear la relación de dependencia, es necesario que la tarea encomendada satisfaga el interés de quien da las órdenes.
Ejecución de sentencia, debido proceso, recursos, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Melgarejo, José Arnaldo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Estado Mayor General Ejercito s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

Corresponde continuar con el estado de la causa en la etapa de ejecución (art. 499 CPCCN), si el recurso extraordinario presentado por la demandada fue rechazado y el trámite que se encuentra pendiente radica en el recurso de queja presentado por la misma ante la Corte, motivo claro para encuadrar la situación en lo prescripto en el art. 285 CPCCN
Notificación, sentencia, audiencia pública, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TUTOR A. c/ EMPRESA DE CONSTRUCCIONES LISBOA E HIJOS  S.R.L. s/ DESALOJO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-30

La falta de notificación a una parte del decreto que señala fecha para el dictado de la sentencia en audiencia pública es causa de nulidad de este supremo acto procesal porque,de suyo, la consecuencia normal de tal omisión es, precisamente, la sustracción al consentimiento y control del interesado, del cumplimiento de los requisitos de formación y dictado de la sentencia. Si a los contendores se les veda presenciar el acto, parece incuestionable que éste no posee el carácter público exigido por la ley, aunque de hecho hubiese tenido tal carácter para cualquiera del pueblo. La presencia de los interesados no es necesaria para la validez del acto, pero a condición de que la ausencia pueda imputarse a la voluntad de la parte misma y no a la falta de citación, la cual constituye un vicio del procedimiento y un obstáculo al pronunciamiento público de la sentencia. Con la falta de notificación se ha impedido que uno de los sujetos del proceso tenga conocimiento y pueda concurrir a la audiencia para facilitar el debido control del real y formal cumplimiento de todas las formas y solemnidades previas y concomitantes que presiden el acto procesal por excelencia. El acto de la sentencia es público en la medida en que las partes interesadas han sido puestas en condición tal de poder controlarlo. De donde surge que un presupuesto de la publicidad del acto es la notificación de su realización a las partes del juicio y que si esta condición no se cumple va de suyo que se lesiona un interés privado, cual sería el de impedirle el derecho de exigir, tempestivamente, que se cumpla con los presupuestos y requisitos del pronunciamiento de la sentencia.-
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

La motivación constituye el único medio de acreditar la observancia regular de las obligaciones legales que fijan el límite de la competencia de los funcionarios y de las formas que deben guardar para evitar la arbitrariedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad civil, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL
Carátula: Valdez de Leith, Virginia y Otro c/ Perea, Julio Armando y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-20

Dada la aplicación de oficio que los magistrados deben realizar de la sentencia dictada en sede penal, en base a la normativa de orden público contenida en los artículos 1101 a 1106 del Código Civil , cabe concluir que la existencia de condena penal del demandado como autor del hecho que motiva el reclamo indemnizatorio en sede civil, obliga al juzgador a obrar en consecuencia, pues lo contrario, importaría una renuncia consiente a la verdad, incompatible con el servicio de Justicia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Villanueva, Víctor Horacio s/ Hurto ciclomotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 266 del Código de Procedimiento Penal en función de lo prescripto en el 264 del mismo en tanto la Cámara habría decidido anular de oficio la sentencia originaria por haber ésta transgredido el citado art. 264 o, cuando menos, resolver la cuestión, si no se demuestra -ni se advierte- en virtud de qué disposición legal habría estado obligada la Cámara al tratamiento oficioso de esta última posibilidad. Por otra parte la anulación de oficio no está prevista en el art. 266 con carácter imperativo.
Juicios en que es parte una provincia, empresas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, bienes inmuebles, titularidad del dominio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado (en liquidación) c/ Tucumán, Provincia de s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Si el representante de la provincia dirigió una nota a un Administrador Regional de la empresa Agua y Energía S.E. solicitando la modificación de un anexo del convenio de transferencia a fin de incluir el inmueble cuya titularidad se discute y este último rechazó el pedido, ello demuestra que ambas partes partían de la base de que el inmueble no estaba incluido en dicho anexo.
Concursos, fuero de atracción
Materia: LABORAL
Carátula: BALDESSARI, Néstor Ramón c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ Indemnización por despido y Otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-13

El fin perseguido por la norma -art. 21 inc. 1 de la Ley 24.522- es la conveniencia que el mismo juez del concurso conozca y resuelva sobre los juicios seguidos contra el concursado por estar involucrado en los mismos su patrimonio, prenda común de sus acreedores, por lo que no se observa lesión a garantía constitucional alguna cuando el juez ordena remitir la causa al juez del Concurso.
Gastos de sepelio, actualización monetaria, valor real, prueba, desindexación, Ley de desindexación, aplicación de la ley, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - ECONOMIA
Carátula: BAMBIKIAN, MIGUEL ANGEL c/ E.N.T.E.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

La sentencia en crisis ordena que los gastos de sepelio que resultan de la factura agregada sean reajustados a partir de su fecha y hasta el 31.1.91. Por consiguiente, se trata éste de una supuesto aprehendido por la ley 24.283, cuya aplicación, así como la del dec.

794/94, impetra la demandada, cuyo pedido corresponde atender aún cuando se lo formuló solo en el alegato (cfr. esta Sala, Causas 5441/93 y 4068/93 del 17.2.95; 4838/93 del 29.8.95; 624/95 del 3.10.95, etc.) y no recibió tratamiento por el juez (arg. art. 279, Código Procesal). Más, habida cuenta de que no obra en autos elemento alguno vinculado con el valor actual de un servicio de sepelio de las características del que aquí se manda reintegrar, la prueba de tal extremo será producida y el punto -es decir si el valor actual supera o no el que resulte de aplicar el método de actualización escogido por el juez- habrá de quedar definido en primera instancia, luego de rendida la prueba pertinente.
Nulidad del acto jurídico, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA RAMON ROSA c/ ESTANCIA TIO CARLITO Y OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-03

Quien invoca la nulidad debe alegar y demostrar que el vicio le ocasionó un perjuicio cierto e irreparable que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la sanción. No es suficiente la invocación genérica de haberse quebrantado las formas del juicio;

debe existir y demostrarse perjuicio concreto y su real entidad.
Juicio correccional, traslado, defensa, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: GAUNA, MANUEL s/ JUICIO CORRECCIONAL- TRASLADO A LA DEFENSA- NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-03-11

La omisión de dar traslado a la defensa no es causal de nulidad porque no habiendo mediado acusación sino pedido de sobreseimiento, por tratarse de un proceso correccional el mismo es obligatorio para el juez, quien deberá decretarlo en la forma que corresponde y el defensor recurrirlo si no estuviera de acuerdo con el mismo, a fin de lograr su modificación, con lo cual la garantía de la defensa en juicio no se afecta.
Costas, costas al demandado, asegurador
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Alonso, Maria Luisa c/ Peirano Basso, Juan y otros s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Cabe imponer las costas del proceso a la aseguradora demandada. Es que habiendo sido vencida en juicio sin que la condena haya incluido a la citada como tercera, parece juicioso entender que es a dicha demandada a quien corresponde cargar con las costas de la correspondiente intervención realizada en los términos del CPR 94, no sólo porque fue la aseguradora peticionante de la citación (conf. CNCom, Sala D, 15/4/03, "Chiprut, Roberto León c/ De Luca Antonio s/ ordinario"; íd. Sala A, 30/6/86, "Brañas Publicidad c/ Clan SA"; íd. Sala C, 26/12/96, "Pisani De Sosa, Elena c/ Rofa SA s/ ordinario"; CNFed. Civ. Com. Sala I, 23/8/83, "Loiseau, Carlos c/ Riccombeni, Eduardo Alberto"; CNCiv. Sala D, 19/3/82, "Ferrari, Néstor H. c/ Emikdiva SA", ED 98-691 y LL 1982-C, pág. 252; CNCiv. Sala F, 31/5/84, ED 110241; Sup. Corte, Mendoza, Sala I, 2/7/96, "Quercetti c/ Carubin, Daniel"; etc.), sino porque aun ponderando que la citación también se originó en el pedido del actor, su calidad de vencedor frente a la aseguradora conduce a que sea esta la que asuma las expensas respectivas como responsable, en definitiva, de una actividad jurisdiccional sin razón suficiente.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALLUB, ROSENDO c/ COLEGIO DE MEDICOS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-21

Para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, sino que el juez deberá apreciar las circunstancias de hecho y las cualidades morales de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo. Por la índole del agravio moral, resulta absolutamente imposible que sea objeto de prueba directa, pues éste reside en lo más íntimo de la personalidad, aunque se manifiesta a veces por signos exteriores que pueden no ser su auténtica expresión. Nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia y la intensidad del dolor, la verdad de un procedimiento, la realidad de la angustia o de la decepción.
Accidente de tránsito, automotores, ciclismo, absurdo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Loscar, Oscar Alfredo y otra c/ Garro, José María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia que rechazó la demanda indemnizatoria de los daños sufridos por la muerte de su hija en el accidente en que participó con su bicicleta frente a un camión con acoplado, ante la absurda valoración de la prueba que vició el proceso de ponderación de la normativa aplicable a los hechos, tal como se los tuvo por reconstruidos, o si se quiere- la errada aplicación de los preceptos que regulan el caso.(doctor de Lázzari, mayoría)
Comuna, personal contratado, asignación de funciones, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALIENDRO, JUAN CARLOS c/ COMUNA DE EMPALME VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 419 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

Debe rechazarse la pretensión de estabilidad en el empleo alegada por el recurrente basada en que ha cumplido funciones con carácter permanente desde que aun en el supuesto de que el cargo ejercido por el reclamante se hallara comprendido entre aquellos de carácter permanente, resultaría aplicable al sub lite la jurisprudencia del más Alto Tribunal que afirma que el eventual carácter permanente de las tareas asignadas no importa borrar el título que dio origen al nombramiento. Por lo demás, la Corte local, al expedirse con relación al mero transcurso del tiempo, sostuvo que ello no puede trastocar de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente no permanente y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, indemnización, mora del deudor, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: CUBILLA STANDER, RUBEN c/ DANUBIO SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-13

Si no esta acreditada la existencia de alta médica, y no media lesión traumática que permita determinar con exactitud temporal el nacimiento del credito laboral, la mora en el pago de la indemnización emergente de la acción de derecho comun se produce con la interposición de la demanda, y a partir de esa fecha deben liquidarse los intereses moratorios (conforme sala 5, sentencia numero 30760, 15 de febrero de 1983, 'Cortez, Jaime Daniel c/ Leon Losz SAYC.').
Vivienda, embargo, hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: JUAN C. SANDOVAL. c/ JUAN J. GERVASIO Y OTRO s/ EJECUCION DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Los objetivos de afianzamiento de la vivienda familiar perseguidos por el régimen del artículo 5to. del decreto-ley 5167 58, permiten interpretar que el beneficio de inembargabilidad establecido en la norma mencionada, comprende no solamente a los bienes con destino a la vivienda directamente adquiridos con los préstamos que prevé, sino también a aquellos comprados con el mismo fin, cuyo dominio se encontraba afectado por hipotecas y otros gravámenes que hubieran sido cancelados mediante la aplicación de un préstamo del sistema.
Leyes, retroactividad de la ley, tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Luca, José Roberto c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda de nulidad del art. 26 de la ley 4373 y sus acumuladas B.  50.046 y B. 50.047
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El sistema incorporado al art. 3 del Código Civil sólo considera retroactivas a aquellas leyes que pretendan regular hechos acaecidos bajo la vigencia de una norma anterior (facta praeterita). Los facta pendentia se regulan por la ley nueva sin que ello importe retroactividad. Obviamente, la situación supone la existencia de relaciones jurídicas no agotadas sino que tengan un iter pendiente, en la causa o en los efectos, que influya en el tiempo.

Si la situación de autos quedó agotada con la rendición de cuentas presentada bajo la vigencia del anterior texto legal, a lo que debe sumarse que en derecho administrativo la retroactividad no se presume, sino que por el contrario rige el principio opuesto, debe anularse el fallo del Tribunal de Cuentas que tomó como base para determinar el monto de la multa lo dispuesto por el art. 243 de la Ley Orgánica Municipal en su redacción, según dec. ley 10.100.
Ejecución fiscal, monto del juicio, inexistencia de deuda, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Banco Privado de Inversiones SA s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

El criterio de flexibilidad y búsqueda de la verdad material que llevó a los jueces de esta causa de ejecución fiscal a declarar su conexidad con el juicio ordinario impugnativo y trasladar lo allí resuelto a este proceso, cualquiera sea su acierto o error, debe también aplicarse coherentemente en esta oportunidad para arribar a una decisión justa, que resguarde tanto los derechos del contribuyente como el interés público comprometido en la adecuada percepción de los tributos. (Del voto de los jueces los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Di Salvo Ricardo Jesús s/ Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

En el caso de los llamados "testigos de oídas" o "ex auditu" cuando su testimonio aluda a lo que se haya escuchado decir a un imputado, en directa relación con el hecho objeto de la causa, solamente podrá valer en aquello que a éste no lo perjudique, desde que admitir lo contrario, significaría volver elípticamente a la violación de los preceptos constitucionales y procesales que ha considerado inferidos antecedentemente.
Aportes societarios, derechos y garantías constitucionales, obligaciones solidarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SA ANGEL CASSANELLO LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCIÓN.    CSJ EXPTE NRO 98-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

La relación reglada por la ley 5110, no es de naturaleza tributaria de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional provincial en el que se distingue con absoluta precisión los gastos públicos (artículo 5) y los recursos para cubrirlos, de todo otro tipo de prestaciones, causadas en principios de solidaridad social (artículos 16 primera parte, 21 y concordantes Constitución Nacional).