marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad de responsabilidad limitada, socio empleado, cómputo de servicios, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - COMERCIAL - LABORAL
Carátula: MORISASCO, Irma Ana c/ Caja Nacional de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

Para que proceda el cómputo de los servicios prestados en atención a la figura del socio-empleado a que hace referencia el art. 27 de la L.C.T., debe acreditarse la existencia de una relación de trabajo dependiente. La circunstancia de que, como socio integrante de una S.R.L. se prestaran servicios para la misma y se percibiera por ello una asignación pecuniaria, no es suficiente para que quede configurada la subordinación que exige una relación laboral.
Concursos, homologación del acuerdo, rechazo de la homologación del acuerdo, efectos entre partes, quiebra, recursos
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Productos de la Patagonia SRL  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Aun cuando la ley no se ocupa concretamente del régimen recursivo aplicable a la sentencia que rechaza la homologación y declara la quiebra del deudor, tal vacío legal -dada su especificidad- no puede ser regulado por la norma genérica incorporada en la LCQ 273-3° y debe ser cubierto mediante las previsiones establecidas para regir hipótesis semejantes, de las que resulta que, cuando la declaración de quiebra es apelable, lo es al solo efecto devolutivo (v. gr. LCQ 51 y 96 in fine).

La interposición del recurso, por ende, "...no impide la prosecución del proceso, salvo en cuanto importe disposición de bienes..." (LCQ 97); y si la quiebra es revocada, tal revocación hace cesar los efectos del concurso, pero "...los actos legalmente realizados por el síndico. son oponibles al deudor." (LCQ 98).
Locación, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: Toffaletti Vda. de Granero, María s/ Acción de recupero de inmueble. Toffaletti Vda. de Granero, María s/ Acción de recupero de inmueble.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-03-08|1994-03-08

El art.1564 del Código Civil, prevé: -abandonando el locatario la cosa arrendada, sin dejar persona que haga sus veces, el locador tendrá derecho para tomar cuenta del estado de ella, requiriendo las correspondientes diligencias judiciales que fueran necesarias, quedando desde entonces disuelto el contrato-. La reglamentación procesal está prevista precisamente en el art.18 de la Ley 1968. A tenor de las normativa (art.18), una vez efectuada la denuncia por el locador, del abandono del inmueble por el locatario, el Juez debe recibir información sumaria al respecto. La norma procesal prevé que el Juez disponga que el Oficial de Justicia, por un lado verifique el estado del inmueble y por el otro inquiera a los vecinos acerca de la existencia y paradero del locatario. El cumplimiento de tal medida resulta del mandamiento de constatación diligenciado y agregado a la causa. El artículo mencionado precedentemente es claro en el punto y en ningún momento exige la presencia del locatario (o del continuador de la locación como en este caso) o la intervención del Sr. Defensor Oficial, tal como lo afirma el quejoso, de modo que tales ausencias no invalidan la constatación judicial efectuada en legal forma en el proceso. En caso de abandono del inmueble arrendado, el locador tiene la facultad de peticionar judicialmente que se constate el estado de la cosa, es decir su situación de abandono y grado de desatención, y que se inventaríen sus desperfectos. Es requerible que nadie habite el inmueble y que el abandono haya sido voluntario, no es requerible daño, puesto que basta con que sea potencial, lo cual ocurre a partir del abandono.
Honorarios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ HONORARIOS, PRESCRIPCION. INTERRUPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

En relación a los honorarios ya regulados no resulta jugar el plazo contemplado por el art. 4032, inc. 1ro. del Código Civil sino el correspondiente a la "actio judicati", que no es otro que el decenal establecido por el artículo 4023 del mismo ordenamiento.
Ejecución previsional, liquidación, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Crocco, Guimar José c/ A.N.S.E.S. s/ Ejecucion previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-10

Más allá de la certeza o errores que la liquidación cuestionada pudiera tener, lo cierto es que el juzgado actuante, en la larga tramitación del expediente, siempre había ordenado la notificación de las liquida-ciones practicadas. Por tal motivo, el nuevo procedimiento implementado al aprobarla directamente, considerando suficiente para ello la información del Secretario actuante sin oír a la contraria (A.N.Se.S.), esto es, a quien en definitiva estaba destinada la obligación que se derivaba de la misma, sumado a la envergadura de los valores en juego (en el caso, más de un millón de pesos), lleva a considerar la altera-ción del procedimiento habitual como una violación del derecho de defensa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), abuso sexual, víctima menor de edad, amenazas, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., L. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-RECURSO L., L. A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

La presentante insiste con que correspondía aplicar el beneficio de la duda en cuanto al uso de amenazas para cometer el delito de abuso sexual, pero lo cierto es que más allá de compartir o no la argumentación del Tribunal, debía hacerse cargo de demostrar el apartamiento de las reglas de la sana crítica racional o la insuficiencia o irrazonabilidad de tratamiento que la Alzada hiciera de la materia en debate, lo que no ha logrado con sus alegaciones, las que sólo revelan su mero disenso con la solución a la que arribaron los Jueces de la causa, materia que no le corresponde -por regla- revisar a esta Corte, salvo casos de excepción que no se encuentran configurados en la especie.
Póliza, prueba testimonial
Materia: CIVIL
Carátula: Paz, Elva Azucena c/ Unión de Comerciantes Cía. de Seguros S.A. s/ Ordinario Seguros S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-08-31

Al estar reconocida la póliza por la aseguradora, no es necesario que se abone la firma de la actora por testigos. Fundamento de la Dra. Belkys D. de Cardona.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

La aplicación del principio de la realidad económica al caso, no implica abrir juicio sobre la validez de las formas jurídicas a través de las cuales se desarrollaron las actividades bajo estudio; antes bien, se trata de indagar cuál es su naturaleza económica desde el punto de vista de la ley fiscal.

Para ello, es necesario que prevalezca la actividad tal cual se despliega, con abandono de tecnicismos jurídicos que la seccionen en diversos institutos de manera artificial, especialmente cuando de tal forma se desnaturaliza la obligación fiscal debida.
Cesantía, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONACINA ENRIQUE c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-RECONSTRUCCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-05

En el cuadro legisferante de las Leyes que declaran en comisión al empleado público hay sin duda la conformación de una circunstancia aparentemente legal, pero de contenido decididamente ilegítimo y arbitrario que apunta a las cesantías sin causa, pues ello atenta contra derechos garantizados por la Constitución. La garantía constitucional de estabilidad existe y protege a los individuos por el sólo hecho de estar consagrada en la Constitución independientemente de las Leyes reglamentarias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo no registrado, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Waisman, Ariel Marcelo c/ Selma, Osmar s/ Despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-10-26

Procede el resarcimiento peticionado al amparo de los arts. 8 y 15 segundo párrafo de la ley 24.013, si se acreditó que entre las partes medió una relación de trabajo que no estaba registrada y también que la denuncia motivada del contrato de trabajo por parte del actor quedó consumada luego de haber recibido el principal -de modo justificado- la intimación del art. 11 del mismo cuerpo legal, si el mismo no acreditó de modo fehaciente que su conducta no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en la situación de despido referido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, honorarios, síndico del concurso, letrado del síndico del concurso, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Compañía Papelera Sarandí SAICII Y A c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

Toda vez que la retribución del letrado patrocinante de la sindicatura fue fijada en los términos de la LCQ 257, la concursada carece de legitimación para recurrirla por alta.
Tributos, telecomunicaciones, servicio público, exenciones impositivas, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA  c/ GCBA s/ IMPUGNACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en virtud de que no puede soslayarse que la mera demostración de la titularidad de una licencia para prestar algún servicio de telefonía no trae aparejada, sin más, la acreditación de la prestación efectiva de dicho servicio en una instalación concreta que habilite la aplicación de la exención prevista en el art. 39 de la ley n° 19798. Entender -como ha hecho la Cámara de Apelaciones- que la mera posesión de una licencia para prestar servicios de telecomunicaciones -aún si alguno de esos servicios fuese un servicio público- da lugar a la aplicación de la exención a todos los servicios públicos y no públicos que preste la empresa (sin tener en cuenta si se prestan con la misma instalación sujeta a gravamen o con una diversa), equivale a reconocer un alcance a la dispensa contenida en la ley que claramente no surge ni de su letra ni de la intención que pudo tener el Congreso Nacional al sancionarla. Tampoco de la interpretación que la Corte Suprema ha efectuado de la norma en el precedente "NSS". (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, leyes, interpretación de la ley, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Miranda, Oscar Abel c/ Municipalidad de Coronda s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

La Municipalidad demandada insiste en que la denegatoria de la prueba ofrecida por la defensa fue efectuada conforme a la ley, mas sin hacerse cargo de rebatir la argumentación esgrimida por el Tribunal que -en sustento de la conclusión contraria-, luego de reseñar las constancias del caso que consideró relevantes, expuso que el instructor no había admitido la prueba ofrecida con argumentos vinculados a su pertinencia, lo que contrariaba las disposiciones normativas aplicables que imponen el deber de producir las pruebas requeridas por el inculpado salvo su notoria improcedencia, y a partir de allí, consideró que el actor no había tenido la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de defensa y que la Administración había instruido el sumario con inobservancia de las formas sustanciales establecidas, viciando gravemente el trámite; sin que la recurrente logre persuadir a esta Corte de que la exégesis de la normativa aplicable con arreglo a las circunstancias de la causa efectuada carezca de la debida motivación o aparezca arbitraria o lesiva de garantías constitucionales.
Obras públicas, recepción de la obra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Robustelli, Francisco y la Proveedora Industrial S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-23

La falta de entrega de los planos municipales de la obra, aprobados, obsta a la recepción definitiva si esa carga pasaba sobre la contratista conforme las estipulaciones del contrato.
Contrato de agencia, aplicación de la ley, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Copyle SA c/ Telefónica de Argentina SA  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

El "contrato de agencia" ha sido definido como aquél en que una parte, denominada "agente", asume de manera estable, actuando con autonomía, la tarea de promover negocios por cuenta y en orden de otra parte, denominada "comitente", "principal" o "proponente", sobre la base de una retribución, dentro de una zona asignada (conf. Marzorati, Osvaldo, "Sistemas de distribución comercial", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 13; Etcheverry, Raúl Aníbal; en "Derecho Comercial Económico. Contratos. Parte Especial", Ed. Astrea, Buenos Aires, pág. 365). En otras palabras, la agencia es un medio idóneo para que el fabricante comercialice su producción por medio de un tercero, quien no sólo promueve la venta de bienes, sino también la de servicios (conf. Marzorati, Osvaldo, ob. cit., p. 13).
Empleo público, remuneración, reducción salarial, decreto de necesidad y urgencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZUCHIATTI, Hugo Mario y otros c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

En la relación jurídica entre el Estado y su agente público, el derecho a la percepción del sueldo nace desde que éste toma posesión de su empleo y comienza a ejercer las respectivas funciones. Así, el sueldo otorgado significa un derecho subjetivo al cobro de una suma dispuesta unilateralmente por el Estado, pero aceptada oportunamente por el empleado. Por ello, la privación de la retribución impuesta por el decreto 290/95, sólo hubiera sido posible con el consentimiento del empleado o en función de la vigencia de las causas especiales normativamente establecidas, ninguna de las cuales se verifica en dicha norma.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, Superior Tribunal de Justicia, recurso de casación, denegatoria del recurso, ejecución fiscal, tasas, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Companía Argentina de Teléfonos S.A. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia del superior tribunal provincial que rechazó el recurso de casación contra la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución fiscal por cobro de una tasa municipal, fundándose en razones meramente formales que no constituyen fundamento válido para desestimar la clara cuestión federal configurada por la controversia respecto de la inteligencia de normas de ese carácter, como lo son el art. 39 de la ley 19.798 y la ley 22.016.
Tenencia de hijos menores, sustracción de menores
Materia: PENAL
Carátula: Liana Elina HEGUI s/ DESOBEDIENCIA  -  MENOR DE EDAD - REGIMEN DE VISITAS - JURISDICCION Y  COMPETENCIA - FALSIFICACION  DE DOCUMENTOS - DELITOS CONEXOS - USO DE  DOCUMENTO DE IDENTIDAD AJENO - SUSTRACCION DE MENORES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-18

Estando los niños provisoriamente a disposición de la madre, el delito de sustracción de menores se consuma con la presentación ante la oficina migratoria -con documentación ajena- y la posterior salida al exterior del país sin la autorización del padre, entonces indispensable.
Pena, inhabilitación especial, lesiones culposas
Materia: PENAL
Carátula: ALBINO, JUAN CARLOS s/ LESIONES DOLOSAS LEVES - PENA - INHABILITACION ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-15

Debe eximirse al procesado de la sanción complementaria que el art. 94 C.P. prevé - inhabilitación - al no existir en el caso ocupación que fundamente la prohibición temporal de su ejercicio.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, incongruencia, prescripción, cómputo del plazo, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: COSTILLA VICTOR ORLANDO c/ RIO MANDOLO S.A. s/ ACCION DE REAGRAVACION Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-25

Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que al analizar el plazo de prescripción transcurrido, incurre en autocontradicción manifiesta al fijar la fecha de finalización del trámite de la medida preparatoria.
Ejecución de sentencia, recurso de casación, prueba de informes, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: ALCORTA CONRADO PEDRO c/ BICA VICTORIO RAFAEL s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-04-23

El principio de no definitividad en materia incidental y en etapa de ejecución de sentencia, cede en forma excepcional, cuando se trata de interlocutorias que resuelven sobre planillas de liquidación, dictadas aún en etapa de ejecución, si se evidencia un perjuicio irreparable para el recurrente, siendo obligación de éste acreditar de manera harto clara y fehaciente dicho gravamen, el que debe ser cierto, actual y evidente.
Inspección ocular, ofrecimiento de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: L. M. H. por su hijo menor y otro c/ Carlos J. Maldonado Barros s/ Recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-08-27

El agravio referido a la falta de realización de la prueba de inspección ocular ofrecida por el demandado, es improcedente, pues consintió el auto de apertura a prueba donde se difirió su realización para el caso en que el Tribunal lo considere necesario y no asistió a la audiencia de vista de causa, oportunidad para insistir en la producción de dicha prueba.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, transacción, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ BANCO DE SANTA FE SAPEM s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-13

No cabe hacer lugar al agravio del recurrente respecto a que la sentencia impugnada se apartó de la doctrina sentada por esta Corte Provincial , por cuanto la cuestión debatida en los precedentes citados es distinta. Así, in re "Guerra c/ Santa Teresa S.C.A." , luego de que las partes arribaran a una transacción que recayó sobre el capital de condena (y no sobre el monto de honorarios) se debatió en torno a las diferentes bases tomadas en cuenta por los sentenciantes, por un lado para regular los estipendios se consideró el importe de la transacción y por el otro, para determinar los aportes, se tomó el reclamado en la demanda, lo que esta Corte evaluó como inconciliable, al tratarse de una doble plataforma económica que llevaba a un resultado ilógico y absurdo. Lo mismo ocurre en relación a la causa " Trivisonno c/ Sanatorio Mapaci", en la cual la discusión también versó en relación a la cuantía a considerar para estimar los honorarios cuando medió un acuerdo de partes sobre sus derechos litigiosos que puso fin al juicio, habiendo considerado este Tribunal que los derechos de los profesionales -que no participaron en dicho acuerdo transaccional- se encontraban tutelados de manera adecuada con la aplicación del artículo 8 inciso m) de la ley 6767 (CITAS: CSJStaFe: Guerra, AyS T 208, p 422; Trivisonno, AyS T 212, p 303).
Defensa del consumidor, garantías procesales, deber de información, etapas del proceso, etapas precontractuales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Martin, José Manuel c/ Fiat Auto Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Este deber, como expresión máxima de la actuación del principio de buena fe, adquiere en materia de defensa del consumidor el rango de derecho fundamental (expresamente en la CN 42), en tanto constituye una valiosa herramienta prevista para conjurar la superioridad económica-jurídica que generalmente detentan los proveedores (conf. Hernández-Frustagli: "A diez años de la Ley de Defensa del Consumidor. Panorama Jurisprudencial" JA, 2003-IV-1541, citado por Picasso-Vázquez Ferreyra, ob. cit., T. 1, pág. 421).
Pensiones militares, conviviente, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gómez, María Elena c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

La designación por el causante a la concubina como beneficiaria de un seguro de vida contratado en la Institución Mutualista Sociedad Militar "Seguro de Vida"; la tenencia por parte de ella de cheques suscriptos en blanco por el causante y la propiedad de una parcela en el Cementerio, donde actualmente descansan los restos del de cujus, si bien permiten acreditar la relación de afecto y confianza habida entre el causante y la actora, resultan inhábiles para considerar demostrada la convivencia pública en aparente matrimonio exigida por la ley de fondo. (Del voto del juez Coviello, consid. 3.c).
Liquidación de entidades financieras, autorización para funcionar, banco central, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S. Y KES s/ ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

Aunque con falencias, el Banco Central hizo uso legítimo de sus potestades, tanto cuando decidió que el B.I.R. siguiera funcionando como entidad financiera al momento de constituirse el depósito de las actoras, cuanto al decidir revocar la autorización.

Podría incluso el Banco Central haber decidido la continuación en funciones del B.I.R. a la época de la revocación, por razones políticas (o de oportunidad o conveniencia), atento que la caída de un banco produce una serie de consecuencias (p.ej., afección de la confianza global en el sistema, secuela natural de corridas, desplazamiento de fondos, desinstitucionalización del ahorro y eventualmente un efecto de dominó capaz de arrastrar a otras entidades en la caída) que por razones que escapan a la revisión judicial, puede la Administración querer evitar.

Es decir que si el B.I.R. se liquidaba o no y el momento para hacerlo, era una cuestión de política administrativa, ajena a esta instancia, de donde surge que el Banco Central podía, por las razones apuntadas y por la situación financiera del B.I.R. a la época del depósito decidir que el banco liquidado continuara con la autorización para funcionar en el tiempo cuestionado.