marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Benito, Abel Ignacio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Uno de los votos concurrentes agregó que se impone la evaluación en el caso concreto de ciertas pautas que revelen la razonabilidad (o no) de los tiempos que lleva un proceso. Ello es así, en tanto el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no puede traducirse en número específico de días, meses o años (Fallos 322:360 y 327:327), pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos y la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible (Fallo 332:1512). En esa tarea, debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró una serie de parámetros a tomar en cuenta para determinar cuándo se ha cumplido el plazo razonable del proceso: "a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales" (CIDH, caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, sentencia del 29 de enero de 1997; caso Escué Zapata vs. Colombia, sentencia del 4 de octubre de 2007, caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008, caso Bayarri vs. Argentina, sentencia del 30 de octubre de 2008).

Con esas aclaraciones, se advierte, entonces, que la decisión del sentenciante sobre el asunto, a partir de la ponderación conjunta de los actos procesales llevados a cabo en la causa, normas y jurisprudencia existente acerca de la materia, exhibe una adecuada fundamentación, a lo que se agrega que la defensa no ha logrado demostrar, ni tampoco se advierte, la alegada violación a la garantía invocada. En efecto, el planteo se sustenta en afirmaciones abstractas y genéricas sin que se haya intentado la demostración de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos: 330:4539 y sus citas), toda vez que la referencia al caso concreto que efectúa el letrado se vincula con la opinión de que resulta por demás complicado reconstruir un hecho después de siete años y que ello, a su entender, constituye un perjuicio concreto para su asistido; afirmación que no resulta suficiente para la demostración antes apuntada en tanto no representa más que una conjetura que, de verificarse, supondría, en definitiva, un escollo para la acusación y no para la parte que lo alega.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-23|2002-02-19

El art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo no veda el acceso a la Justicia (arts. 18 y 15 de la Constitución nacional y local, respectivamente). Lo que razonablemente imposibilita es la reparación de los daños y perjuicios de conformidad con las normas civiles, mas no deja de resarcirlos de acuerdo a su propio régimen.
Depósito previo, gravamen irreparable, falta de agravio concreto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Esso Petrolera Argentina S.T.J. c/ Municipalidad de Concordia s/ Incidente de Suspensión de Ejecución de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-08

No se vislumbra acreditado el daño grave o irreparable que al incidentante pueda provocar el acto de aparecer como anulable si, como lo puntualiza el Ministerio Fiscal, se formaliza en debida forma el depósito que debe efectuarse en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 7061, lo que excluirá toda posibilidad de apremio sobre los conceptos debatidos en el juicio principal.-
Personal militar en actividad, Prefectura Naval, diferencias salariales, adicionales de remuneración, carácter remunerativo, cobro de retroactivo, régimen de consolidación de deudas, tasas de interés, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Ceparo  Roberto  Leonel  y  Otros c/ EN -M Justicia- PNA Dtos.1246/05  861/07 s/ Personal  Militar  y  Civil  de las FFAA. y deSeg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23

El personal de la Prefectura Naval Argentina tiene derecho a la inclusión de las sumas correspondientes a los incrementos salariales otorgados por los decretos 1.104/05, 1.246/05, 1.126/06 y 861/07 al concepto sueldo determinado en el art. 55 de la ley 19.101 y el art. 54 de la ley 18.398 y al pago de las retroactividades devengadas desde su entrada en vigencia, crédito que se regirá por lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.982 y al que se le aplicará la tasa pasiva promedio mensual que publique el B.C.R.A. (art. 10 del decreto 941/91 y art. 8, segundo párrafo del decreto 529/91), capitalizable mensualmente, hasta su efectivo pago (C.S.J.N. "Y.P.F. c/Corrientes, Prov. de y Banco de Corrientes s/cobro de pesos", 3/3/92).
Falta de contestación de la demanda, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ñancañanca, María e los Angeles c/ Centro de Instrucción Profesional S.R.L. y-o Leading TrainingCoorporation S.R.L. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-04

La no comparecencia de la demandada no exime a la parte actora de la obligación de acreditar el presupuesto de su afirmación, ya que debe aportar al juicio los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de sus pretensiones.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta, ordenanzas municipales, pensiones, beneficiarios previsionales, cónyuge supérstite
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CUCU, NORMA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 289 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-23

Es inadmisible la queja interpuesta por la Municipalidad contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ordenanza 3844/47 y su modificatoria 6116/95 (art. 43, inc. b) de la Municipalidad de Rosario, en cuanto disponía que "el derecho a pensión se extinguirá... para el cónyuge supérstite..., si hicieren vida marital de hecho", ya que la declaración de inconstitucionalida d de la norma en crisis, no afecta el sistema que rige el Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario, desde que la propia demandada mediante el dictado de la ordenanza 7654/2004 ha eliminado la causal de extinción analizada.
Aplicación de la ley laboral, rechazo de la prueba, oportunidad procesal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Portela Ramón Manuel c/ Superintendencia de Seguro de la Nación-Fondo de reserva s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-26

Frente a un informe pericial, si bien el CPCC Ley 4.870 no contempla en forma expresa (como sí lo hace el actual CPCCER en su art. 461) la impugnación del dictamen por parte de los contendientes, el cuestionamiento de las conclusiones a que arribó el experto mediante las argumentaciones que se estimen pertinentes es un derecho que, en el marco de la teoría general de la prueba y más aún, desde la óptica del debido proceso y el derecho constitucional a probar, no puede ser restringido a las partes. Atendiendo que el CPL no prevé la oportunidad en que los litigantes puedan hacer uso de tal prerrogativa impugnaticia salvo la referencia a "observaciones" a la prueba en general que se observa en el art. 97, se sobreentiende que la misma no es otra que la de los alegatos (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Colegio profesional, competencia civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Gilberto Ramón s/ APELACIóN ARTíCULO 23 LEY 442 S/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-06-16

La inhabilitación impuesta por un Consejo Profesional por infracción al Código de Etica, no constituye cuestión de naturaleza contencioso-administrativa sino civil, atento al carácter residual de ésta última. Ello, en tanto no se trata de materia especial ni existe atribución a un órgano judicial diferente, sino del típico ejercicio del poder disciplinario por parte de una asociación.
Aplicación errónea de la ley, intereses, anatocismo, empleo público, remuneración, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Landeira, Amanda c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

En el caso, recién con la condena de primera instancia a abonar las diferencias salariales -fundada en el carácter remunerativo de los suplementos- más los intereses computados conforme el criterio fijado en el plenario de la Cámara en la causa "Eiben" es que puede entenderse que el GCBA estaba obligado a pagar; y no desde la notificación de la demanda, como presupone el inc. b) del art. 770 para legitimar la acumulación de intereses al capital y su nuevo curso. Por ello, no ha quedado acreditado que el GCBA deudor haya incurrido en mora para el pago de intereses que se encuentren vencidos en el marco de la presente demanda judicial (incumplimiento), precisamente porque la condena a abonar las diferencias salariales más los intereses en el modo que indicó el juez de primera instancia, recién fue reconocida en la sentencia definitiva. En estas circunstancias, no se encuentran acreditados los requisitos para que se configure el supuesto de excepción del inc. b) del art. 770 del CCyCN. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, tribunal de alzada, elevación en consulta, trámites judiciales, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "B.; L. D. s/ competencia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-27

Corresponde darle intervención a la Cámara Nacional de Casación Penal para resolver un conflicto negativo de competencia entablado entre dos tribunales de alzada. (Uno de ellos entendió a raiz de la elevación en consulta de su inferior).
Homicidio calificado, emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: Sifuentes, María Haydee s/ Homicidio calificado por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-31

La conducta de la mujer que tras dar a luz dio muerte a su hija recién nacida no puede ser encuadrada como homicidio calificado por el vínculo atenuado por encontrarse en estado de emoción violenta, pues si bien la imputada se vio inmersa en un estado emotivo cuando se produjo el nacimiento en el interior del baño de la vivienda familiar, dicha emoción no fue tan intensa como para atenuar su conducta ilícita, dado que no existió un trastorno mental transitorio incompleto, de naturaleza emocional, que implicara una disminución de sus frenos inhibitorios.
Competencia por conexidad, violencia familiar
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A. c/ A., F. s/ DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Si bien el trámite de las denuncias de violencia familiar (ley 24.417) requiere celeridad, inmediatez y la adopción de medidas urgentes que fueren necesarias, tales caracteres no obstan a la ponderación de las circunstancias que presenta cada caso a los fines de decidir la competencia del Tribunal. Por ende, si el objeto de la denuncia está íntimamente vinculado con las decisiones adoptadas en juicios en trámite por ante otra jurisdicción, las medidas o rectificaciones que se pretendan deberán ser planteadas ante quien corresponda.
Despido, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: G.P.F. c/ Bainter S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Otros s/ Otros reclamos - Mobbing
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-24

Corresponde hacer lugar a una demanda por despido y mobbing incoada por un empleado administrativo contra una sociedad de ahorro para fines determinados, toda vez que se ha logrado demostrar que el actor fue objeto de un trato hostil y persecutorio por parte de una de las codemandadas persona física, para lo cual se remitió a las declaraciones testimoniales obrantes en el expediente, las que exhaustivamente examinadas, daban cuenta de los malos tratos recibidos por el actor por parte del directivo en cuestión.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O, J C s/ EXACCION ILEGAL AGRAVADA     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-03

El artículo 3 de la ley 7055, requiere que en el escrito de interposición del remedio extraordinario, se exponga sobre la admisibilidad del recurso, demostrando los requisitos formales necesarios y sobre su procedencia, explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada. "Para cumplir este requisito, el escrito deberá bastarse a sí mismo". En el sub judice, la pieza recursiva no se basta a sí misma y resulta insuficiente en orden a demostrar los fundamentos de fondo relacionados con la normativa enunciada.
Bienes inmuebles, bienes inembargables
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-14

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en autos "ABUJALL José Omar y Feu Mario Gustavo C/ GARCIA Erika Ruth y otros s/ Juicio Ejecutivo", respecto a que la inembargabilidad prevista en la Ley 14.394 solo afecta a las deudas posteriores a la inscripción del bien de familia, y no a las anteriores, sin distinción alguna (Fallos 326:1864).-
Recurso de casación penal, procesamiento, situación del imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: A., W.F.; M., G.G. s/ Abuso Sexual por acceso carnal agravado por el vínculo (el primero) y Abuso Sexual por acceso carnal (el segundo).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-26

Mal puede argumentar la defensa que la regresión a etapas anteriores no agravia al imputado, cuando la resolución que impugna fue dictada en su beneficio. El acto se dictó contraviniendo una norma que lo prohibía en atención a la condición del imputado (artículo 282 C.P.P.) e innegablemente, lo perjudicó así se omitió aplicar el régimen que mejor lo protege y garantiza sus derechos..... .....La declaración de nulidad fue necesaria porque el auto de procesamiento agravó la situación del imputado, y acarreó una coerción que la resolución impugnada derribó en beneficio del acusado. Por ello corresponde su aplicación sin más, y la desestimación de los argumentos casatorios que esgrimió el recurrente. (En Disidencia).
Derecho laboral, accidentes de trabajo, enfermedad accidente, personas con discapacidad auditiva, condiciones de trabajo, ambiente de trabajo ruidoso, relación de causalidad, indemnización, enfermedades, capital ingreso base, cómputo de intereses
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Amsler, Gastón Iván c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ enfermedad profesional con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-04-21

3.- Teniendo en cuenta que la actual redacción del art. 12 de la LRT ha optado por abandonar el salario previsional, para tomar como base de la liquidación de la indemnización por incapacidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional el salario contemplado en el Convenio n° 95 de la OIT, y dada la claridad de la jurisprudencia de la Corte sobre la materia, mal puede pretenderse la exclusión de los adicionales no remunerativos de la base para el cálculo del IBM del actor.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C. F. u O., L. A. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-05-05

Resulta improcedente el recurso extraordinario incoado, pues el auto de concesión debe resolver circunstanciadamente si la apelación federal 'prima facie' valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la origina, con fundamentos suficientes para darle sustento; lo que es exigible no sólo cuando el recurso se basa en la doctrina de la arbitrariedad, sino también en los casos en que se invocan cláusulas constitucionales respecto la relación directa que ellas deben guardar con la cuestión objeto del pleito. Entonces, si no se demuestra que la decisión impugnada confirmó una sentencia producida dentro de un proceso ilegítimo, que las pruebas fueron valoradas con arbitrariedad o padece algún defecto en las normas sustantivas aplicadas, no se exhiben las razones que justifican la intervención de la Corte Suprema.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAMPOS DE CUELLO LILIANA S. Y OTRO c/ JOSE FABIAN FRIAS Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-22

De acuerdo con el art. 49 inc. "A" de la ley 13893, el peatón tiene en las zonas urbanas prioridad de paso con respecto a los automotores, y en caso de accidente en la senda peatonal, la ley ha establecido una presunción de culpabilidad del conductor del automóvil. El automovilista está obligado a observar máximas precauciones en esos lugares, pero no puede llegarse al extremo de que sea imputado en forma exclusiva habiendo evidente culpa de la víctima del siniestro, si ésta sale corriendo y pretende cruzar la calle, sin tomar la más mínima precaución. El hecho de haberse lanzado bruscamente a cruzar, y para colmo corriendo, importa la omisión de la más mínima medida de seguridad, y esto es un actuar reprochable por ser culposo, sin embargo la causación del daño se produce en parte por culpa de la víctima, pero también por la peligrocidad de la cosa. El automóvil en marcha comporta contingencia de daño, o sea, un peligro potencial; ha de atribuirse responsabilidad objetiva (y no culpa) al conductor del automóvil (guardián de la misma), concurrente con la culpa de la víctima (art. 1113, C.C., párrafo 2do).
Segunda instancia, sentencia, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: BARBER, DIEGO c/ KUSTIN, SALVADOR s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - RECURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

Por aplicación de lo que dispone el art. 30 del decreto-ley 1285/58 y el art. 273 del Código Procesal, las sentencias y resoluciones de las cámaras nacionales de apelación, o de sus salas, son irrecurribles.
Recusación, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: V., L. V. c/  s/ denuncia abuso sexual r/v hijo menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-25

Si los jueces aceptan la recusación antes de que se dicte la sentencia de responsabilidad, debiera darse en ese momento intervención a un nuevo tribunal y posteriormente, si fueran confirmados en el juicio, llevar a cabo el dictado de la sentencia y juicio de cesura.
Incapacidad sobreviniente, indemnización, monto de la indemnización, daño emergente
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILAR, FRANCISCO L. c/ ORTIZ DE FASCETTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-04

A los fines de establecer el monto indemnizatorio por los daños derivados de la incapacidad sobreviniente debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil, también es preciso meritar la disminución de las posibilidades, edad de la víctima, cultura, estado físico, profesión, sexo, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación de la víctima.
Estabilidad del empleado público, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Graciana Ester c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

La estabilidad del empleado público no implica necesariamente inamovilidad pues la primera se refiere a la permanencia en el cargo o empleo, en tanto que la segunda se refiere al lugar donde la función o empleo serán ejercidos. En principio, y salvo el supuesto de cargos cuya índole no admite el ejercicio en otro lugar, no puede sostenerse la inamovilidad de los agentes públicos ante la innegable facultad que tiene la Administración para trasladarlos.
Prisión preventiva, cómputo del plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: García, Alberto Mario J. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

Las prescripciones contenidas en el art. 24 del C.P. establecen reglas de cómputo de la prisión preventiva a los efectos de la condena definitiva dictada pero no cambian ni modifican la naturaleza de la misma convirtiéndola en pena. El artículo en cuestión indica que, a los efectos del cómputo, deben ser tenidos en cuenta los tiempos de prisión preventiva en los que el imputado estuvo efectivamente privado de su libertad. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, divorcio contradictorio, reconvención
Materia: CIVIL
Carátula: P., F. c/ R. M., M. F. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-30

La defensoría oficial está facultada no sólo para defender, sino también para contraatacar, mediante la oportuna deducción de una reconvención. Es más, si el defensor no lo hiciera, incurriría en incumplimiento de sus deberes, lo cual reglamentariamente está considerado falta grave. En este sentido el defensor "es" la propia parte y puede formular todas las alegaciones que a esta le competan (conf. CNCiv., Sala G, 5/11/90 JA 1/1/92, N. 5757, pág.29, voto del Dr. Greco).

Toda vez que en todo proceso judicial se trata de arribar a la verdad objetiva que permita solucionar con justicia el conflicto traído a conocimiento judicial, cuando la misma surge de elementos aportados a la causa por el propio demandante, su existencia no puede ser ignorada por motivos puramente formales y teniendo en cuenta que el proceso de divorcio puede ser iniciado mediante mandatario, sin que sea necesario poder especial a tal efecto (conf.

Zannoni, Derecho de Familia, T. II, pág. 128, n. 576), el Defensor Oficial puede cuestionar la causal invocada por el accionante para contrademandar para que se lo declare por la que él alega.
Delitos contra la integridad sexual, violación, abuso sexual, concurso aparente de leyes, consunción, doctrina
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, WILFREDO MARIANO s/ Abuso Sexual Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-15

A veces la conducta del agente aparenta encuadrar en dos o más tipos penales sin que así ocurra efectivamente, porque las relaciones establecidas entre las figuras penales que concurren en el caso determinan que una de ellas desplace a las otras, por alternatividad, consunción o progresividad.

Tratándose de delitos contra la integridad sexual, cuando el autor actúe con la intención de acceder carnalmente a la víctima, los actos de abuso son absorbidos por el delito de violación consumado de acuerdo a lo dispuesto por el art. 119, tercer párrafo, que prevé tal situación.

En tal sentido se ha expedido la doctrina de los autores: Edgardo Alberto Donna en su obra "Delitos Contra la Integridad Sexual", Zulita Fellini en "Comentarios a la Ley 25.087"-Noviembre de 1999, Enrique A.

Gavier-"Delitos contra la Integridad Sexual", José Luis Clemente-"Violación, Estupro, Abuso Deshonesto, y Ricardo Núñez en "Manual de Derecho Penal-Parte General", obra citada por Enrique Gavier.
Honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zgong, Daniel c/ Asociación Atlética Villa Gesell s/ Cobro de Australes - Incidente Reg. Honorarios Dr. Battaglia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

No resulta aplicable la Ley de consolidación de deudas 11.192 a los honorarios profesionales, cuando tampoco se aplicó a la deuda principal del juicio, que fue abonada por quien reclama su aplicación por no configurarse el supuesto previsto en el inc. c.

del art. 1ro de dicha Ley.