Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-22


AUTOS N° 109646/1 (11° JUZ. CIV.) (SALA III N° 10930), "MEDAWAR Salma y Otros C/ Storniolo Francisco José S/ Reivindicación - Ordinario - Actuaciones para Elevar a la Cámara".- ///Juan, a 22 días del mes de Noviembre de dos mil doce.- - - - - - - - - - - - - -VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido al tercero citado, Escribano Alejandro Esteban Crifó, a fs. sub 45, contra la resolución de fecha quince de septiembre del año dos mil once, obrante a fs. sub 41 de estos autos.- - - - - - - - - - - - -CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió: "Téngase presente el informe que antecede. Por notificado. Por repuesto el sellado. Proveyendo a fs. 275/280: Atendiendo al informe que antecede, se tiene por contestada la demanda en forma extemporánea" (sic).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Contra dicho pronunciamiento, el escribano citado como tercero, a fs. sub 42/44, interpone recurso de apelación subsidiario del de reposición que el Sr. Juez a-quo rechazara en primera instancia a fs. sub 45 en esa oportunidad, en fecha cinco de octubre del año dos mil once. Los agravios se encuentran expresados a fs. sub 42/44 al tiempo de fundamentar el recurso de reposición. Ellos, han sido respondidos por la actora citante, a través de su apoderada judicial, a fs. sub 50/51. La recurrente efectúa la reserva de los recursos previstos en la Ley N° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -La resolución apelada -transcripta precedentemente-, causa agravios a la recurrente, los que se resumirán de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I) Luego de exponer algunas precisiones conceptuales respecto al instituto del litisconsorcio necesario, le agravia que el Sr. Juez a-quo haya considerado en la providencia de fecha 15 de septiembre del año 2.011, extemporánea su presentación sobre la base de la providencia que le concedía diez días para comparecer a ejercer sus derechos (plazo fijado en la providencia de fecha 03.03.11); califica como arbitraria e ilegal la resolución cuestionada toda vez que, dice, el término está conferido a los accionantes para integrar la litis y no al término establecido para que ella conteste la demanda; que entenderlo de otra manera implica vulnerar sus derechos constitucionales sobre la base de una errónea interpretación y aplicación de las normas de procedimientos. En razón de ello solicita se considere a la contestación de la demanda dentro de los plazos establecidos por los arts. 300 y 308 del C.P.C.. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura procesal.- - - - - - - - - -Los agravios son respondidos por la parte actora -citante- a fs. sub 50/51 quien peticiona el rechazo de la vía recursiva intentada. En ese sentido, propone primeramente se declare la deserción del recurso por no encontrarse fundado ni criticado concreta y razonablemente; luego, que la providencia recurrida, resulta ser una consecuencia directa de la providencia de fs. 206; que al no haber sido cuestionada, quedó consentida y precluída la posibilidad de modificarla. Resulta así contradictorio consentir un proveído y luego recurrir los resultados de ese pronunciamiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Entrando al tratamiento del recurso traído a estudio, nos pronunciaremos sobre el pedido formulado por la actora al momento de responder los agravios expresados por la recurrente, en cuya virtud peticiona se rechace el recurso por inexistencia de una crítica razonada y concreta en la fundamentación del mismo. En ese sentido, este Tribunal tiene sentado el criterio que indica: "Si bien el escrito deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 265 del C.P.C.) ante la gravedad de la sanción impuesta por el art. 266 del Cgo. citado, en caso de duda, y a condición de que el apelante individualice su disconformidad con la sentencia recurrida, debe tratarse la apelación.- (Prot. de Sent. Tº III Fº 527/529 Año 1999), entre otros.- PROT. DE AUTOS Tº I Fº 27/28 AÑO 2002 AUTOS Nº 57906 (9º JUZ. CIVIL) (8797 SALA III) "GARADE ALLENDE AMADO C/BARCELO JOSE CRISTOBAL - COBRO DE PESOS - ORDINARIO" PROT. DE SENT. Tº IV Fº 617/621 AÑO 2007; 30-11-07; TRAMI27). Así, a tenor de dicha pauta de interpretación, considero que el escrito por el que se critica el fallo dictado por el Sr. Juez a-quo, se ajusta a los parámetros de admisibilidad que impone el art. 253 del C.P.C., razón por lo que corresponde dar paso al tratamiento de los agravios propuestos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Dicho esto, nos remitimos a la decisión adoptada por el Sr. a-quo en la que ordena, en fecha tres de marzo del año dos mil once, la citación en los términos del art. 89 del C.P.C. de los escribanos enunciados por la actora citante; a la resolución de fecha veinte de abril de ese mismo año, en la que se analiza y conceptualiza al litisconsorcio como necesario, ello por cuanto entendemos que a los fines de definir el presente recurso debemos realizar una correcta armonización de las normas que rigen tanto el instituto del litisconsorcio como de aquéllas que regulan la intervención de terceros en el proceso judicial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En efecto, la citación dispuesta en los términos del art. 89 del C.P.C., otorga al tercero citado la posibilidad de intervenir en el proceso ejerciendo las mismas facultades de su litisconsorte principal según así lo dispone el art. 91 segundo párrafo del citado cuerpo legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Luego, dada la conceptualización efectuada por el Juez a-quo, considerando que la intervención del escribano resulta en este proceso "necesaria", entendemos que el plazo que debió otorgarse para la citación del tercero debió ser aquél que expresamente se dispone en el art. 94 "tercer párrafo" del ordenamiento procesal, en la misma medida que si el litisconsorcio resulta necesario, la intervención del tercero deviene obligatoria. En ese mismo sentido, nuestros Tribunales locales han expresado que "Los escribanos, en su calidad de funcionarios públicos, depositarios de la fe pública y ante los cuales deben celebrarse determinados contratos para adquirir validez, sólo actúan para revestir al acto de su forma instrumental, pero no forman parte del negocio jurídico o relación substancial (arg. arts 1183 y 1184 del Cód. Civ.). De tal suerte que si tuvieran que responder por algún daño causado, fuera a título de culpa o negligencia, o incluso por delitos de índole penal, nacerán en contra de ellos responsabilidades de orden civil, penal o administrativo.

Aunque todo cuanto incumbe a su responsabilidad puede dar lugar a la promoción de acciones de diversa naturaleza, instaurando un proceso distinto de aquél donde se ventila la nulidad de los actos jurídicos donde intervinieron, existe indudablemente un interés propio de participar en el mismo proceso donde se controvierte la nulidad de los actos jurídicos por ellos autorizados. El interés jurídicamente tutelado es evidente si se tiene en cuenta la proyección de la sentencia que hará cosa juzgada sobre el fondo del asunto. Desde este punto de vista el fundamento del litisconsorcio necesario reside en tutelar el derecho de defensa, porque las responsabilidades que les incumbe como depositarios de la fe pública pueden derivar en daños a las partes que celebraron el negocio jurídico y por ellas serles reclamado si la nulidad procediere y alguna culpa cupiere al escribano. A pesar de ser tan diferenciadas las relaciones jurídicas substanciales entre el escribano público que solo interviene formalmente en la celebración del contrato (art. 1137 Cód. Civ.), es menester la intervención obligada en calidad de terceros en el proceso. Los límites subjetivos de la sentencia les afectaría por la gestión desarrollada como funcionarios en el acto jurídico anulado. (cfr. Calvo, Encarnación M. C/ Naranjo, Hugo José y González, Daniel S/ Acción de Nulidad - Ordinario Tribunal Ori.: Noveno Civil Nº de fallo: 01280105 (SENTENCIA) Magistrados:

FERREIRA BUSTOS, CARLOS EDUARDO - RIVEROS, GILBERTO AMÉRICO - ALFERILLO, PASCUAL EDUARDO 02/11/01).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ahora bien, sin perjuicio de la referencia apuntada y sustentada en la fuente del derecho citada, no es menos cierto que el tercero compareciente, ha consentido tácitamente los términos de la citación ordenada por el Sr. Juez a-quo en la providencia de fecha tres de marzo del año dos mil once, toda vez que al efectuar su presentación en el proceso, lo hizo optando voluntariamente por el plazo de quince días que no era el que se le había fijado, sin cuestionar ni advertir que la resolución judicial le había establecido uno menor para apersonarse en la causa.- - - - - - - - - - - - - -De ello entonces debemos entender, a la luz del criterio que sostiene la relatividad de las nulidades procesales que, aún cuando existe una norma de procedimiento que fija claramente el plazo por el cual el tercero citado debe comparecer al proceso, en el presente caso, aún cuando no haya ocurrido así toda vez que el Sr. Juez a-quo fijó uno menor, ello no ha violentado en modo alguno el debido ejercicio del derecho de defensa en juicio puesto que se le ha notificado en debida forma la resolución correspondiente, cumpliendo así la finalidad a la que estaba destinada la comunicación, y el interesado -tercero- tampoco cuestionó la decisión alegando cuestión alguna al respecto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -El razonamiento expuesto y a tenor del que a partir de este momento sostenemos la improcedencia del recurso traído, tiene sustento en lo dispuesto por los arts. 171, 172 y cc del C.P.C. y sobre esa base argumental, este Tribunal ha dicho: "El vicio emergente de la inobservancia de los requisitos legales, no determina, por su sola confirmación la nulidad a que se refiere la norma, pues ello contraría el principio general conceptualizado por el art. 175 del C.P.C., en cuya virtud no es admisible la nulidad, si el acto no obstante su irregularidad ha logrado la finalidad a que estaba destinado (Prot. de Autos Tº II-Fº 243/245-1991).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En cuanto a las costas, de conformidad lo dispuesto por el art. 67, las imponemos al tercero-recurrente vencido, regulando los honorarios de los letrados intervinientes, en el equivalente al 30% de la regulación correspondiente a Primera Instancia, de conformidad a lo dispuesto por el art. 196 de la ley 2150.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Por lo expuesto precedentemente, normas jurídicas y jurisprudencias citadas, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación concedido al tercero citado, con costas a su cargo. II) Regular los honorarios de los letrados intervinientes, en el equivalente al 30% de la regulación correspondiente a Primera Instancia, todo de conformidad a los considerandos precedentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Protocolícese, déjese copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo del C.P.C..- FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. HUMBERTO CABALLERO. ANTE MI DR. CARLOS FERNANDEZ COLLADO - SECRETARIO- PROT. DE AUTOS T° IV F° 692/695-AÑO 2012.