marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Marcas, registro de marca, oposición al registro de marca, cigarrillos
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOBLEZA PICCARDO  S.A.I.C.F. c/ MASSALIN PARTICULARES  S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

La actora reivindica el conjunto Open-Box independientemente de cualquier forma, disposición, tipo de letras, tamaño o color, con lo que ha dicho que podrá o no ser usado otorgando preponderancia al vocablo Open. Dicho vocablo incluido en el signo Open-Box no contribuye a descartar el carácter indicativo que Box reviste relativamente a los cigarrillos envasados en cajas. En tales condiciones la marca Open-Box lesiona las prohibiciones del art. 2 incs a) y b), de la ley 22362, desde que resulta indicativa de una de las características que presentan algunos cigarrillos, estar envasados en cajas, que prácticamente se hallan abiertas, por contraposición a los que aparecen acondicionados en paquetes comunes; el término Open oficia como una cualidad que necesariamente presentan dichas cajas para cigarrillos, a diferencia de los otros calificativos que pudieran añadirse al vocablo Box, Smiling Box, Vertical Box, Bluebox, etc. Asimismo, se lesionaría lo dispuesto en el art. 3 inc. d) ley 22362, también invocado en la oposición, si a cigarrillos acondicionados en paquetes comunes se los distinguiera con la marca Open -Box, por razones fáciles a aprehender: se estaría pregonando a su respecto una calidad que no poseerían, estar envasados en cajas abiertas, Open -Box.
Inhabilidad de título, títulos de crédito, pagaré, aval, avalista, representante legal, sociedades civiles
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PETRESKY, DANIEL c/ REVESTEK SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

Procede confirmar la sentencia que rechazó la excepción de inhabilidad de titulo opuesta por el coejecutado fundado en que se habria violado su derecho de defensa en juicio, en tanto se habria fallado extra petita ya que fue demandado como endosante y se lo condeno como avalista. Ello asi, por cuanto de los titulos ejecutados se aprecia, en primer lugar que han sido librados por el excepcionante en su caracter de presidente de la sociedad coejecutada, la cual ha quedado como obligada directa.

Ademas, al dorso de los mismos y sin mención de su calidad de representante legal, existen firmas atribuidas a aquel, que no ha desconocido, no tratandose del beneficiario -que es a la sazón, el accionante-; en efecto, las solas firmas del presidente de la libradora al dorso de los titulos de marras conlleva a considerarlo avalista de los pagares en ejecución, ya que nadie pone normalmente la firma en una letra sin tener la intención de asumir una obligación cambiaria. Sentado ello, surge evidente que el recurrente suscriptor de los pagares como representante legal de la deudora, reforzó el vinculo cambiario al garantizar personalmente la obligación (cfr. camara, "letra de cambio y pagare", t. ii, p. 130), al haber consignado dos veces su firma, primero como representante legal de la libradora en el anverso, y despues, a titulo personal en el reverso de esos titulos, lo cual solo puede ser interpretado como un aval.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas autosatisfactivas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODADOS INTEGRALES S.A. c/ FORD ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Corresponde desestimar la queja interpuesta, desde que el rechazo de la Sala de la medida autosatisfactiva incoada -por considerar que no era la vía procesal adecuada para canalizar la pretensión- no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a tal, toda vez que no pone fin a la controversia ni impide su ulterior tramitación, ya que -al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes- se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda. Y si bien dicho principio cede en caso de que lo resuelto produzca un gravamen irreparable, la impugnante no logra con sus argumentos persuadir acerca de la existencia en el caso de razones de excepción que permitan superar el mentado recaudo formal. - CITAS: CSJN: Fallos 302:417; 256:474; 302:555; 304:479; 308:2230; 311:455; 311:2701; CSJStaFe: AyS T 144, p 450; T 188, p 181; T 199, p 265; T 63, p 111. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Declaración de quiebra, desapoderamiento, rehabilitación del fallido, remuneración, levantamiento del embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, MARIA VERONICA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Procede hacer lugar al levantamiento del embargo trabado sobre los salarios de la fallida, una vez producida su rehabilitación; ello así, por cuanto el desapoderamiento de sus bienes comprende a los existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los adquiridos hasta su rehabilitación (Ley 24.522, art. 107, conc. Ley 19.551, art.

111), y en tanto el salario constituye la retribución por las labores contratadas, que se devenga periódicamente luego de su prestación, no pueden considerarse adquiridos antes de la rehabilitación los salarios por periodos futuros a ella, que además, son de existencia meramente eventual.
Locación de contenedores, responsabilidad del propietario del buque
Materia: CIVIL
Carátula: Star Shipping Argentina S.A. c/ Family Express S.R.L. s/ Demora en la Devolución de Contenedores
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

El agente de carga tendrá, en principio, sólo una responsabilidad relativa y que corresponde al objeto del contrato de agencia, por lo que su responsabilidad es limitada e indirecta y responderá de conformidad con los términos del contrato que lo erige como un coordinador de servicios de transporte, siendo su responsabilidad directa sólo respecto de los actos consecuentes a la coordinación de servicios de transporte o servicios logísticos pero nunca del transportista en sí. Es jurisprudencia constante de esta Excma. Cámara que conforme con la preceptiva amplia del artículo 276 de la ley 20.094, asume la calidad de transportador quien toma a su cargo el transporte de mercaderías, sea "propietario, armador o fletador o quien tenga la responsabilidad del buque", excluyéndose al "agente marítimo o intermediario". Para hallarse obligado como transportador no es menester que quien emite el conocimiento realice el transporte efectivo.
Tratados internacionales, jerarquía de las leyes, derecho de los tratados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27.
Caducidad de instancia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Santos, José H. c/ Civardi viuda de Mónaco, Simoneta s/ Daños y perjuicios Tapia, Claudia Daniela c/ Amadore, Marcelo Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16|2002-02-19

Si bien el art. 3 del Código Civil establece que las leyes valen a partir de su entrada en vigencia aún para las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra el principio de la aplicación inmediata de la legislación nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, no resulta aplicable respecto de hechos consumados con anterioridad a su vigencia, razón por la cual no resulta aplicable al caso el art. 315 de la ley 12.357 porque -precisamente- se trata del juzgamiento de hechos consumados con anterioridad a su vigencia.
Accidente de tránsito, señales de tránsito, responsabilidad civil, culpa de la víctima, vialidad
Materia: CIVIL
Carátula: Martin, Edgardo Derly c/ Municipalidad de Rawson y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-27

"La pretendida impericia de la víctima, que debe ser considerada a la hora de la distribución de culpas, no puede ser invocada como eximente de responsabilidad de la Dir. Nac. de Vialidad, por cuanto resulta absurdo que para transitar por las rutas -que se supone tienen que estar sometidas a una continua labor de mantenimiento y conservación, amén de su señalización suficiente- se requiera una pericia en el manejo mayor que la ordinaria, teniendo en cuenta que no se ha probado que la víctima circulaba a una velocidad superior que la permitida y prudente, velocidad que sí debería y podría haber sido disminuida en el supuesto de oportuno aviso sobre el estado deteriorado y peligroso del camino".
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, pago, improcedencia del recurso, cheque
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Microomnibus Saavedra SATACEI s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

El pago representa un hecho cuya carga recae sobre quien lo invoca, conforme lo dispuesto por el CPR 377 y concordantes. Así, cupo a la ejecutada acreditar que los cheques librados fueron efectivamente honrados por el Banco girado, quedando así cumplido el pago invocado (CNCom, Sala D in re "Ferrocort SRL c/ Calvo, Martín Antonio y otro", del 29/09/09, LL, Cita Online: AR/JUR/45040/2009).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SULIGOY, MAURICIO JAVIER c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

En torno a la existencia de una relación de pareja entre imputado y víctima, los Sentenciantes señalaron cuáles eran los testimonios mediante los que se pudo acreditar el vínculo sentimental que los unía, destacando que no se trató de un mero encuentro casual u ocasional entre dos personas, sino que existía un relación entre ambos, que significa una correspondencia o conexión entre dos personas que se sienten sentimentalmente unidas, lo que no tiene tanto que ver con la cantidad de meses que llevaban juntos, sino con la confianza mutua, la afinidad de trato y el tiempo compartido entre ambos; y frente a ello, la recurrente insiste con la solución que le correspondería al caso, mas sus agravios no cuentan con entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es enmendar posibles errores o soluciones opinables, reabriendo el debate acerca de cuestiones de hecho, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.
Validez del acto administrativo, prescripción decenal, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., A. P. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-03

En materia de nulidad de actos administrativos, como lo resolví en SD Nº 5/SCA/03 ".exceptuando supuestos muy claros, la prescripción a aplicar en la materia debe ser la más amplia, esto es, la decenal." prevista por el art. 4023 CC.
Interpretación de la ley, graduación de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOSA, M. s/ infr. artículo 162 Código Penal Causa nro. 26.810
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-01

El artículo 41 del Código Penal no preestablece respecto de ninguna de las circunstancias que enumera si ellas constituyen atenuantes o agravantes. El legislador prefirió una regulación flexible en esta materia, a fin de salvaguardar los principios de culpabilidad y de individualización de la pena: La pena a aplicar debe ser la que mejor se adecue al caso concreto y ello veda las soluciones estandarizadas, y la preexistencia de hechos delictivos no necesariamente debe ser interpretada como mayor reprochabilidad del hecho si no se cuenta con mayores precisiones respecto de los hechos concretos (en el caso no se contaba con fotocopias de las sentencias anteriores)
Honorarios del perito, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BANCO INTERCAMBIO REGIONAL s/ INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

Para la regulación de los honorarios de un perito ingeniero debe aplicarse el decreto ley 7887/55 ratificado por la ley 14.467, con la actualización monetaria dispuesta por ley 21.165.

En sede penal no es posible aseverar que exista monto que pueda apreciarse pecuniariamente, por lo que la cuestión planteada debe dilucidarse con sujeción a las pautas establecidas por el art. 6 del decreto 7.887/55, de acuerdo al cual los jueces determinarán esos honorarios "fijándolos en un monto equitativo en relación al valor que se le asigne al juicio y teniendo en cuenta las pretensiones en contienda y la importancia y dificultad de los trabajos realizados y los honorarios que deban regularse o se hayan regulado a otros profesionales que intervengan en el juicio".

En el caso no es de aplicación las pautas establecidas en los arts.

50, 51 y 88 del citado arancel pues ellas están establecidas para el caso de proyección y dirección de obras de arquitectura e ingeniería y aquí se trata de una pericia.

En consecuencia, a los efectos de la regulación de honorarios, deben tenerse en cuenta la magnitud del siniestro, la complejidad de las experiencias técnicas y la importancia de la peritación para el debido esclarecimiento del suceso.
Empleo público, responsabilidad contractual, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERDERA, CARLOS c/ ESTADO NACIONAL (GENDARMERIA NACIONAL) s/ COBRO DE PESOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Fundada la demanda en la responsabilidad nacida de la relación contractual que vinculó el actor y demandada, responsabilidad que el demandante entiende objetiva con independencia de que los daños derivan de un actuar ilícito, las normas del Código Civil que también se invocan será aplicables en la medida que se compatibilicen con la naturaleza jurídica de la relación originaria de donde nació la responsabilidad, por lo que el caso es de competencia del fuero contencioso administrativo federal.
Impuestos internos, modificación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fleischmann Argentina In s/ recurso por retardo - impuestos internos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La ley 23.350 no fue aclaratoria sino modificatoria de la norma legal anterior.
Lesiones, principio de reciprocidad, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: POGONZA SANTOS, Oscar Alberto. s/ SOBRESEIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-23

Si hay agresión de ambas partes y no puede comprobarse quien la inició, corresponde el sobreseimiento.

Disidencia del Dr. Donna: Si las pruebas reunidas en el sumario no aportan la certeza requerida por el art. 336 del C.P.P.N., sino que crean el estado de duda previsto en el art. 309 del C.P.P.N., habida cuenta que no está claro quién provocó la disputa de la que resultó lesionado el damnificado, y dañado el parabrisas de su automóvil, corresponde revocar el auto apelado y disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer.
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Seijo de Alvarado, Emilse Ignacia s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

Cuando entre todos los herederos capaces y presentes no hay acuerdo en la forma y por el acto que debe llevarse a cabo la partición, esta debe ser judicial (arts. 3465 inc. 3, Código Civil). Que sea es la situación que se da en el "sub lite" en que el cónyuge supérstite solicitó en la audiencia designada a los fines de disolver la comunidad hereditaria que el bien inmueble, que era asiento del hogar conyugal, sea subdividido en dos unidades funcionales mediante la afectación al régimen de la ley 13.512, propuesta esta que fue replicada por los restantes herederos, quienes ofrecieron distintas alternativas a los fines de proceder a la división de los bienes de la herencia, ya que existe un conflicto de intereses entre los herederos que, obviamente, el único que puede resolverlo es el magistrado de la causa, ya que es una facultad privativa del órgano jurisdiccional, tornándose innecesario derivar la solución a un criterio partidor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, incompatibilidad de cargos, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SHATSKI, RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 724 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27

El sistema legal de incompatibilidades contribuye, además, a la realización del propósito de un mayor rendimiento de tareas de la administración y a la exigencia del deber de dedicación de los funcionarios públicos. La incompatibilidad tiene como efecto jurídico la extinción de la relación de función pública con respecto al cargo incompatible.
Tercerías, posesión, adquirente por boleto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.S. LEONARDI EN J.: ROSALES c/ ALONSO s/ Terc - exc (LIBRO: S065 - 478)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-06

El adquirente por boleto, debidamente inscripto que detentara la real y efectiva posesión del inmueble, podrá oponer su derecho contra los acreedores del enajenante a través de una tercería de posesión, siempre que cumpla con los demás requisitos formales que mergen de las leyes procesales (art. 98 CPCN Y 106 CPC). Procede la tercería de posesión si se acredita en forma inexcusable y conjuntamente la inscripción del boleto de compraventa en el Registro respectivo (ley 1197 o 17801) y la posesión detentada a través de una prueba concluyente e idónea. La no inscripción del boleto de compraventa en el registro es factor determinante del rechazo de la tercería en razón de que, aunque tenga fecha cierta por la presentación en el juicio por escrituración (art. 10 CCI), no puede ser opuesto al acreedor embargante, en razón de la existencia del sistema registral y a que "todo lo inscripto es conocido por terceros".
Despido indirecto, cambio de tareas
Materia: LABORAL
Carátula: Marisa Adriana Altamirano c/ Supermercados Super Supe s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-08-12

Debe tenerse por configurada la situación de despido indirecto injustificado, ante la afectación de un trabajador jerarquizado a tareas inferiores, aunque las mismas no implicarán una reducción en sus remuneraciones.
Principios procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González vda. de Fernández, Encarnación A. autos "Bco. Pcia.Chubut c-Félix M. Fernández González s-Ej. Hipotecaria" s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-06

Otro principio que nutre el tema de los presupuestos de la nulidad es el de la trascendencia; éste significa en suma que no existen nulidades en el mero interés de la ley, que no hay nulidad sin perjuicio. Quien invoca el vicio formal, debe alegar y demostrar que tal vicio le produjo un perjuicio cierto e irreparable, que no puede subsanarse sino con el acogimiento de la nulidad.
Sociedad cooperativa, impugnación de decisión asamblearia, plazo, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: TISINOVICH, ANTONIO c/ COOPERATIVA  DE  TRABAJO TRANSPORTADORA ARGENTINA GANADERA LIMITADA Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

Corresponde conceptuar como plazo de caducidad, al termino previsto por la ley 20337: 62 (análogo de la lc: 251). 2. Atento a que por su naturaleza la caducidad es insusceptible de interrupción o suspensión, a los fines de la impugnación de una asamblea, la denuncia administrativa efectuada ante el I.N.A.C. (Instituto Nacional de Acción Cooperativa) es inhábil bajo todo punto de vista para la interrupción del plazo de caducidad de la ley 20337: 62.
Acción reivindicatoria, aplicación temporal de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Mileo, Olga Juana y otros c/ María De Los Ángeles Faue y otro s/ ordinario acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-12

En las acciones de reivindicación, el Código Civil y Comercial incorporó normas de índole procesal referidas a la legitimación, a la prueba y a la sentencia, por lo que su aplicación debe ser inmediata.
Contratos, prenda, prenda con registro, caducidad de la inscripción, reinscripción registral, efectos entre partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garantizar SGR c/ Zariaga, Jorge Ruben s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

La caducidad de la inscripción del certificado se produce de pleno derecho y por el mero vencimiento del plazo legal. Por ello, la reinscripción debe ser formalmente requerida ante el encargado del registro correspondiente con anterioridad al vencimiento (cfr. ley 12962: 23; R. A. Muguillo, "Prenda con registro", Buenos Aires, 1997, pág. 131, parág. 5).
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Cos Estrada Lidia c/ Conte Emelina Norma s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-09

La adulteración que da lugar a la excepción de falsedad debe provenir del falseamiento del documento a partir de su lavado mecánico o químico, enmendaduras, raspados, sobrelineados, agregados inauténticos o enmiendas por sobrecarga, que pongan de resalto -de manera inequívoca- que existió una voluntad tendiente a suprimir, ocultar o modificar la literalidad que le es propia.
Transporte por agua, documentación del buque, manifiesto de carga, registraciones inexactas, responsabilidad del transportador
Materia: ADUANERO
Carátula: Ríos Ar S.A. -TF 8223-A- contra A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

Es verdad que en el Código Aduanero en su artículo 146 se prevé la posibilidad de que en la reglamentación se establezcan las condiciones con arreglo a las cuales diferentes embarcaciones, entre las que se cuentan los ferribotes, puedan quedar exceptuados del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el capítulo II del Título I de la Sección III de aquel texto y que el Poder Ejecutivo Nacional al ejercer las facultades reglamentarias dictando el decreto 1001/82 dispuso expresamente que, entre otros navíos, los ferribotes "quedan sujetos a las disposiciones del artículo 135 del código" (art. 15, inc. 2). En el artículo al que se remite la norma reglamentaria se prevén los documentos que debe portar todo buque que arribe al territorio aduanero nacional, entre los que se cuenta, especificamente "el o los manifiestos originales de la carga..." (inc. b), no resultando razonable que se imponga la obligación de su presentación y por la sola circunstancia de su falta de mención en la reglamentación no se le asigne responsabilidad alguna al documentante que presente dicha documentación obligatoria con errores o discordancias con la carga real que transporta. La imposición a estas naves de llevar la misma documentación que cualquier otra nave que arribe a nuestros puertos ha de llevar a la necesaria conclusiòn de que ella debe ajustarse a los mismos requisitos de los demás buques, y sus responsables sujetos a las mismas sanciones para el supuesto de infracciones a las disposiciones dictadas en esa materia. (cons. IV). (Ver idem esta sala en causa 19.903/97, "Ríos Ar. S.A.).