Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-28


SENT Nro. 198 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 28 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, presidida por su titular, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, el recurso de casación deducido por la parte querellante, contra la sentencia dictada el 30/9/2002, por la Cámara Penal, Sala IIa del CJC, (fs. 388/396 vta.), que es concedido por el referido tribunal mediante resolución del 30/10/2002 (cfr. fs. 410). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, según consta en informe actuarial de fs. 419 y a fs. 420/422 el señor Ministro Fiscal se expide para que la sentencia en recurso sea casada. Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberació n, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2002 por la cual la Sala IIa de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción no hizo lugar a la apelación interpuesta y confirmó el punto 3 de la resolución del señor Juez Instrucción de la 1ª Nominación que sobresee a Isidro Leonidas Paredes Chávez del delito de homicidio culposo en perjuicio de Isidro Enrique Cuello. El recurso fue concedido por el mismo tribunal en la resolución de fecha 30 de octubre de 2002.

2.- Entre los antecedentes relevantes debemos recordar que el 29/6/2001 como resultado de una disputa con un vecino, Enrique Isidro Cuello ingresó al Hospital Regional de Concepción con un impacto en el cráneo región frontal izquierda que provocó una herida en la zona y fractura constituyendo un traumatismo encéfalo craneano. El doctor Isidro Leonidas Paredes Chávez le realizó controles parametrales y saturó la herida. La víctima luego de retirarse del nosocomio por sus propios medios sufrió un desvanecimiento por lo que tuvo que ser reingresado en estado grave. El doctor Paredes Chávez resolvió derivarlo al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en donde falleció en las primeras horas del 30/6/2001.

Atento a los hechos acaecidos, el señor Fiscal de Instrucción de la 4ª Nominación requirió la elevación a juicio en contra de Domingo Damián Suárez por el delito de lesiones graves a Isidro Leonidas Paredes Chávez por el de homicidio culposo (fs. 251/257). Formulada oposición al requerimiento fiscal por la defensa técnica, el juzgado de instrucción de la 1ª Nominación consideró que debía sobreseerse al imputado Isidro Leonidas Paredes Chávez (fs 273/276). El representante de la querellante, Guillermina del R. Cuello, interpuso apelación en contra de la decisión del juzgado ante la cual el señor Fiscal de Cámara se expidió (fs. 383/386), en coincidencia con la fiscalía de instrucción, elevar la causa a juicio. Por su parte, la Sala IIa de la Cámara Penal de CJC, con disidencia del doctor Jesús Carlos Pellegri, resolvió no hacer lugar a la apelación y confirmar la sentencia emitida por el juzgado de instrucción.

3.- El recurrente expresa que la resolución de Cámara que confirma el fallo absolutorio de primera instancia es arbitraria por cuanto resuelve haciendo caso omiso de las probanzas arrimadas al expediente. Indica que los vocales hicieron abstracción del caso concreto y sólo consideraron las declaraciones del propio imputado y de las enfermeras sin reparar en los restantes elementos probatorios.

Se agravia de que no fueron valoradas la declaración de los testigos presenciales de la agresión, Guillermo Iván Deguer y Franco Renato Deguer, como de Luis Antonio Albornoz y Omar Luis Villafañe; quienes coinciden en la notoria gravedad de la lesión. Que tampoco se tomó en cuenta que de la misma declaración indagatoria obrante a fojas 172 se desprende que el acusado no advirtió la importancia de la lesión, ni que la víctima fue aconsejada sobre su delicado estado de salud; criterio que fue sostenido tanto por los fiscales intervinientes como por el vocal Jesús Carlos Pellegri en su disidencia.

Afirma que el tribunal ignoró las conclusiones del médico forense obrantes a fojas 100, las cuales señalan en forma palmaria que el acusado no se percató, por desidia o ignorancia, de la real situación en que se encontraba la víctima Enrique Isidoro Cuello, y que, en consecuencia, no recibió la atención médica adecuada.

Agrega que no obstante constituir los testimonios aludidos, la conducta del acusado y el dictamen del médico forense elementos suficientes para elevar la causa a debate; el tribunal también omitió valorar la adulteración del Libro de Guardia en el cual se registran las atenciones hospitalarias. En efecto -continúa el recurrente- a fojas 130 del citado libro se puede observar que además de una testadura se incorporó la frase "retirándose x su propia voluntad", con el objeto de desincriminarse. Que frente a este hecho surgen contradicciones entre el descargo del acusado y las declaraciones de las enfermeras Zulema G. Aguirre y Sandra del Valle Pereyra.

En síntesis, el recurrente señala que el tribunal resolvió por decisión dividida prescindir deliberadamente de la mayor parte de los elementos de convicción arrimados a la causa. Que razonablemente es imposible afirmar que no se encuentra justificada la formación de causa contra el imputado Isidro Leonidas Paredes Chávez puesto que se ha probado: la existencia de una lesión grave, la liviandad con que fue atendida, la falta de instrucciones suficientes al paciente, la errada técnica de curación y las maniobras dolosas posteriores efectuadas por el acusado con el fin de desincriminarse.

4.- El examen del escrito recursivo permite advertir que los motivos de casación expuestos encuadran en lo preceptuado por la ley adjetiva por cuanto se alega arbitrariedad en la sentencia por no constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Los fundamentos esgrimidos por el recurrente se vinculan detalladamente a los antecedentes del proceso y a las normas cuya violación se invoca, indicándose además la aplicación que se pretende (art. 474 del CPPT), a la vez que el pronunciamiento impugnado cumple con el recaudo de definitividad (art. 469 del CPPT). Con ello, se satisfacen los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario local, correspondiendo, en consecuencia, el análisis de su procedencia.

5.- En relación a los motivos y circunstancias por los que procede el sobreseimiento, considero necesario recordar que, en atención al carácter definitivo que ostenta esta medida, la doctrina en la gran mayoría códigos procesales de la nación ha plasmado el requisito de certeza negativa, de total certidumbre como una condición previa y necesaria para su dictado.

En este sentido, la Corte sostuvo en diferentes fallos que para que resulte de aplicación lo normado por el artículo 350 del CPPT, en cualquiera de las cinco hipótesis que prevé el sobreseimiento, ellas serán viables cuando sean "evidentes", es decir, que se exige la certeza de que en el caso concurran algunas de las situaciones mencionadas en la norma. El sobreseimiento es una decisión jurisdiccional de certeza que entiende como no viable o sin fundamento la pretensión represiva. Se ha dicho por ello que dentro de los grados en que puede ubicarse el juzgador con respecto a la verdad, se exige la certeza negativa, expresión meramente convencional que pretende sólo indicarnos los demás estados en que no puede ordenarse el mismo ("La Investigación Penal Preparatoria del Ministerio Público" de Julio B.J. Maier, Edición Lerner, págs. 89). De ello podemos inferir que para que sea viable el sobreseimiento de la investigación penal preparatoria, debe existir la certeza de la misma, y que la duda no autoriza a cerrar anticipadamente el proceso ("Fara José Roque y Vittar de García M. Elisa s/ Fraude a la Administración Pública Reiteradas", sentencia de esta Corte de fecha 18/11/97).

A través de este prisma teórico es que al analizar la decisión del tribunal se advierte que no se ha fundamentado acabadamente la resolución que sostiene el sobreseimiento de manera tal que sea evidente la aplicación al caso del supuesto previsto en el art. 350 inc. 1 del CPPT. En efecto, por un lado, el voto del doctor Diego Vital Graneros se desentiende completamente para determinar la situación del acusado de pruebas esenciales tales como el informe del médico forense obrante a fojas 100. Por su parte, el vocal Carlos Rolando Meschwitz, considera los diferentes elementos probatorios a partir de un personal criterio sobre las "limitaciones" de medios que presenta el hospital publico frente a los privados cuando en ningún momento se alegó la falta de infraestructura para tratar la víctima sino que, por el contrario, se lo acusa de que por ignorancia o desidia realizó un diagnóstico errado que conllevó a la muerte de un paciente teniendo la posibilidad, como último recurso, de derivarlo a un nosocomio de mayor complejidad donde pueda ser atendido con los servicios adecuados. De igual modo, no determinó con claridad las razones por las cuales no debe considerarse los agregados y testaduras que exhibe la planilla del libro de guardia indicando solamente que está referido "a un tema de carácter administrativo". Asimismo, expone como el motivo por la que le despoja todo valor probatorio al dictamen del médico forense su carácter "técnico, donde se explicita lo que debe suceder", cuando en realidad son esas características las que le otorga aptitud conviccional a dicho medio de prueba. Tampoco, el vocal nada dice acerca del informe del Jefe del Departamento de Emergentología del Hospital Angel C. Padilla, el cual hace constar que es uso y costumbre hacer constar en la planilla de guardia cuando un paciente se retira sin qu e se le haya dado de alta y dejar constancia con la firma del mismo o de un familiar que se retira bajo su responsabilidad.

En conclusión, la decisión del tribunal no se sustenta con fundamentos suficientes al no haberse efectuado una valoración adecuada e integral de los elementos probatorios arrimados al proceso, de modo que pueda establecerse razonadamente el imprescindible grado de certidumbre exigida por la norma aplicable para encuadrar el caso de autos en las previsiones del art. 350 CPPT. Debe recordarse que el beneficio de la duda favorece al acusado en la etapa del plenario cuando el tribunal no arriba al estado de certeza exigido para establecer su responsabilidad. Pero resulta prematuro aplicarlo para clausurar el proceso de manera anticipada y cerrarlo definitiva e irrevocablemente cuando se advierte la existencia de elementos que podrían incriminar al imputado.

Por lo expuesto, debe casarse la sentencia impugnada en base a la siguiente doctrina legal: "Es nulo el pronunciamiento judicial que confirma el sobreseimiento del imputado omitiendo un análisis circunstanciado de las constancias de la causa". En consecuencia, se restituirán los autos a la Cámara Penal a fin de que provea la integración que corresponda para el dictado de un nuevo pronunciamiento, sin que la presente decisión implique establecer criterios ni pautas acerca de la responsabilidad del imputado en la presente causa.

6.- Atento al modo como se resuelve el presente recurso, las costas se imponen por su orden (art. 551 CPPT).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y en coincidencia con lo expresado por el señor Ministro Fiscal, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia dictada por la Sala IIa de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción en fecha 30 de septiembre de 2002, en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos, debiéndose restituir los autos a la Cámara Penal, a fin de que, con la integración que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II COSTAS como se consideran.

III RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR