Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-18


Expte. N° 6295 "INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN bajo caución juratoria a favor de Fá Jonathan - Casación E Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a dieciocho días del mes de junio del año dos mil quince, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión de los artículos 585 y 591 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del CPP, el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como cuestión a resolver la siguiente: ¿Son procedentes los recursos de casación e inconstitucionalidad deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?---------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, dijo:-------- --- Contra las sentencias dictadas por la Sala Segunda de la Cámara Penal y Correccional, de fecha 26 de febrero y 18 de septiembre de 2014, interpone recursos de casación e inconstitucionalidad el Dr. Francisco B. Micheltorena, defensor del imputado Jonathan Fá.----------------- --- Las resoluciones atacadas y planteos interpuestos por el impugnante pueden sintetizarse conforme al detalle que sigue:--------------------------------------------------- --- En el primer fallo indicado (fs. sub 65/74 vta.), el Tribunal A-quo rechazó el recurso de apelación articulado por la defensa contra el procesamiento y la denegatoria de excarcelación del imputado, dictados por el Quinto Juzgado de Instrucción, a fs. 91/103 de los autos Nº 3.837 caratulados "C/ Fá, Jonathan por delito contra la integridad sexual en perjuicio de Gonzalo Tomás García", y sub 18/24 vta. del presente "Incidente de excarcelación a favor de Fá, Jonathan", respectivamente.---------- --- En la segunda de las sentencias dictadas (fs. 146/158 vta.), el Juzgador se pronunció desestimando la inconstitucionalidad impetrada por el apelante contra los arts. 364 inc.1º, 373 inc.1º, 374 inc.1º y 375 inc. 1º del Código Procesal Penal.------------------------------------- --- Contra el primer decisorio el recurrente interpuso recurso de casación e inconstitucionalidad (fs. sub 77/92 vta.), no siéndole concedida la vía del art. 574 CPP en relación al rechazo de la apelación contra el procesamiento dictado, otorgándosele en cambio respecto a la denegatoria de la excarcelación peticionada (fs. sub 93/95; 99 y vta.). Tal resolución fue consentida tácitamente por el apelante al no formular cuestionamiento alguno.------- --- En cuanto a la casación contra el rechazo de la excarcelación de Fá (fs. sub 82 vta./85 vta.) expresa el apelante que la calificación fijada no respondería a la ley sustantiva pues carecería de conexión con las concretas circunstancias de la causa. Dice, además, que a consecuencia de tal vicio se habría afectado la defensa en juicio y el debido proceso, tornándose nulo el dictum alcanzado. Aduce también que el Tribunal habría interpretado dogmáticamente los arts. 373 y 375 del CPP y aplicado tales normas con prescindencia del ordenamiento constitucional de rango superior. Que el A-quo no se habría avocado a efectuar el debido control de constitucionalidad y convencionalidad. Asimismo, postula que en materia excarcelatoria las normas deben ceder ante el principio de la ley más benigna y a la legislación y jurisprudencia internacional, que reconocen la validez de la restricción de libertad sólo ante el peligro de fuga u obstrucción a la Justicia. Advierte que conforme a tales Estatutos, su defendido podría enfrentar el proceso en libertad o quedar sujeto a medidas menos gravosas que el encarcelamiento preventivo. Arguye también que la interpretación que pondera como determinante para la excarcelación a la escala penal en abstracto no concilia con las cláusulas constitucionales e internacionales que amparan la libertad del imputado durante el proceso. Desde otra óptica distinta critica que el fallo sustente la denegatoria en la imposibilidad de imponer una condena condicional y que valore, con el mismo efecto, la existencia de medidas probatorias pendientes o la inseguridad actual, entre otras condiciones mencionadas. En esa línea de ideas, sostiene que conforme a la doctrina sentada por el fallo "Díaz Bessone", los referidos aspectos deberían meritarse en concurrencia con la peligrosidad procesal del imputado. En función de los argumentos reseñados, peticiona que se case la sentencia dictada y excarcele al mismo bajo la caución y restricciones que se estimen procedentes; puntualizando que Fá carece de condena, que por su juventud, residencia estable y grupo familiar no eludirá la Justicia.------------------------------------- --- A fs. sub 105/125 vta. el recurrente presenta informe ampliando los agravios del planteo casatorio.------------ --- Sostiene que el fallo resistido omitió fundar la calificación legal aplicable a efectos de denegar la excarcelación peticionada y que por no responder a la ley sustantiva vigente, incurrió en arbitrariedad por absurdo. Agrega que se habría violado el art. 155 del CPP y tal vicio debería subsanarse conforme a lo dispuesto por esta Corte en la causa Nº 5761/12 "Actuaciones venidas de la Fiscalía de Instrucción Nº 1 s/ administración fraudulenta...Casación". Afirma también que sería errático y vago el marco fáctico establecido, ya que a su defendido se le imputaron como primer hecho conductas referidas a cuatro años atrás, endilgándosele los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores en concurso real, siendo que en tal época era menor inimputable. Alega que al segundo de los hechos de abuso sexual enrostrado se lo tuvo por acaecido entre los últimos días de enero y primeros de febrero de 2013, contradiciendo esa data al informe médico obrante en la causa pues este último indicaba que las lesiones constatadas en el menor eran de fecha más reciente. En virtud de ello, juzga el recurrente que en el auto de procesamiento no estarían determinados con precisión los hechos, imposibilitando tal circunstancia una adecuada defensa en juicio y que, pese a lo arbitrario del encuadramiento jurídico del Instructor, el Juzgador omitió abordar el tema de la calificación enrostrada a Fá.---------------------------------- --- En lo atinente al recurso de inconstitucionalidad, a fs. sub 86 vta./ 91 vta. el impugnante expone que las normas excarcelatorias del código ritual no serían constitucionales pues establecen pautas objetivas y la aplicación de un criterio iure et de iure para la procedencia de la soltura, vulnerando con ello el derecho a la libertad tutelado por el art. 14 de la Carta Magna y los Tratados Internacionales incorporados a la misma. Asimismo, destaca que por imperio de esa normativa axiológicamente superior se consagraría el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo, y que sólo podría restringirse la libertad corporal si se estimara que el imputado obstruiría la investigación o intentaría fugarse. Sostiene también que por virtud del principio de inocencia no resultaría válido que la legislación local establezca delitos inexcarcelables en contemplación a la gravedad de la pena, ya que ello implicaría una violación a la esfera privativa de la jurisdicción, al impedir la verificación de las circunstancias concretas del caso. Dice, además, que sería ilegítimo detener a una persona con fines retributivos o preventivos propios de la pena pues los mismos no perseguirían la finalidad del encarcelamiento preventivo contemplada en los Tratados. Por último, cita diversas normas de Pactos Internacionales, peticiona que se decrete la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la normativa procesal cuestionada y mantiene las reservas previamente introducidas.---------------------------- --- A fs. 185/199 vta. el recurrente amplía los fundamentos de la inconstitucionalidad planteada, señalando que el dictum se habría fundado dogmáticamente y que el Sentenciante analizó únicamente las relaciones entre el principio de inocencia y la prisión preventiva, siendo que el quejoso no cuestionó su validez o constitucionalidad sino que planteó que las normas excarcelatorias locales no armonizan con la legislación constitucional e internacional en la materia. Cuestiona que el A-quo adhiera a la tesis compatibilista y al criterio excarcelatorio centrado en el monto de la pena en abstracto, sosteniendo el recurrente que tales adhesiones en sí mismas sólo conforman una premisa general y no una fundamentación válida que de respuesta a la impugnación constitucional efectuada.-------------------------------------- --- Por otra parte, el Dr. Micheltorena a fs. sub 167/178 vta. y sub 184/200 vta. reiteró los agravios expuestos en sus planteos anteriores, no obstante ello, en el acápite V.4 se esgrimen los siguientes argumentos: 1) Indica que no considera inconstitucional el instituto propio de la prisión preventiva, sino la normativa procesal que provoca que Fá se halle detenido sin necesidad alguna. Tal normativa, según el recurrente, no estaría subordinada a los principios de excepcionalidad, necesidad, provisionalidad, subsidiaridad e intervención mínima. Se alega que en materia excarcelatoria debería aplicarse la medida coercitiva menos gravosa y que, pese a que la legislación procesal no las contempla, en razón de la supremacía de las normas constitucionales la jurisdicción debería igualmente decretarlas; 2) Afirma que la mera limitación temporal de la prisión preventiva no restauraría los daños irreparables causados al imponerla. En función de lo cual, debería declararse la inconstitucionalidad de las normas denunciadas; 3) Sostiene que tanto la Constitución Nacional como las Convenciones Internacionales delegan en el Poder Judicial la determinación de las circunstancias de hecho (como lo son la posibilidad de entorpecer el accionar de la Justicia o sustraerse a sus órganos) no pudiendo imponérselas legislativamente, como sucede en las hipótesis de los arts. 373 y 375 CPP. En atención a lo cual, se juzga errónea la confirmación por el A-quo del criterio excarcelatorio centrado en la gravedad de la pena.------------------------------------------------------ --- El Sr. Fiscal General de la Corte, por su parte, expone su posición a fs. sub 128/134 vta. y 210 oponiéndose al planteo de inconstitucionalidad y casación traído.--- --- Entre otros argumentos, advierte el Dr. Quatroppani que quienes propugnan que los art. 373 y 375 inc.1º consagran una presunción iuris tantum o que constituyen el marco legal para el análisis de los demás requisitos, proponen mutar de un sistema legalista de determinación de la extensión del riesgo, que contempla un límite objetivo impuesto por el legislador, a uno judicialista. Razona que tal pensamiento traería aparejado un vicio igual que el que se sostiene combatir pues tanto la presunción legal como la argumentación del órgano judicial, constituirían una suerte de profecías o conjeturas sobre un hecho futuro. Rubrica esa idea añadiendo que la doctrina ha explicado las dificultades que existen para aceptar como thema probandum las acciones futuras de una persona. Por último, manifiesta que la asociación de figuras ilícitas enrostradas a Fá contempla una pena mínima de seis (6) años de reclusión o prisión, que excede el término de tres (3) años establecido por el art. 26 CP y que el Tribunal A-quo analizó acertadamente la cautelar dictada, la prueba, el tipo endilgado, la prisión preventiva y otros aspectos relevantes para la solución del caso, hallándose la resolución puesta en crisis debidamente fundada.------ --- A su vez, la querellante Leticia Eugenia Fá, actuando bajo el patrocinio letrado del Dr. Mario Oscar Vega, titular de la Defensoría Oficial Nº 1, adhiere in totum a los fundamentos vertidos por el Sr. Fiscal General (fs. sub 137/138).-------------------------------------------- --- Entre otras cosas, agrega que la Convención de los Derechos del Niño consagró una serie de obligaciones tendientes a resguardar la dignidad y bienestar de los niños. Refiere también que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas brindó pautas directrices, entre las que se encuentran el derecho del niño a que se proteja su seguridad (h) y a que se decreten acciones preventivas especiales (i). Por lo cual, juzga que las medidas procesales cuestionadas por la defensa resultarían fundamentales para mantener la paz y la tranquilidad del niño y de su entorno familiar.-------------------------------- --- En lo que respecta a la cuestión constitucional alegada, a fs. sub 205/207, señala que la argumentación del recurrente discurre sobre premisas generales, fallos y jurisprudencia que carecen de anclaje en el caso concreto. En dicho sentido, cuestiona la querella que la defensa no explique las razones de la inexistencia de peligro real de fuga o peligrosidad procesal de Fá. Aduce, también, que la cuestión articulada se tornaría abstracta, porque en el ámbito de sus respectivas facultades los jueces inferiores habrían evaluado correctamente el peligro procesal de la soltura del imputado. Menciona finalmente que lo fallado resulta concordante con la doctrina que postula que la gravedad objetiva del hecho y su calificación legal tienen sobre el pronóstico de peligrosidad procesal y que ello no significa una invasión de las funciones jurisdiccionales, sino que constituye una orientación morigeradora del arbitrio de las mismas. Formula reservas.------------------------------------------------ --- Así las cosas, considero que resulta imprescindible avocarse primeramente al tema de la inconstitucionalidad planteada, pues la definición de tal asunto permitirá juzgar adecuadamente respecto a los agravios expuestos en el recurso de casación traído por el recurrente.----- --- Opino que no le asiste razón al impugnante cuando afirma que el Juzgador únicamente se empeñó en justificar la validez de la prisión preventiva. Entiendo que, si bien el Tribunal trató meticulosamente el tema de la coexistencia de dicha cautelar con el principio de inocencia, luego se expidió concretamente sobre la constitucionalidad de las normas de excarcelación señaladas. Tales aspectos guardan estrecha e inevitable vinculación.------ --- El A-quo especificó algunos de los fundamentos que se esgrimen para sostener la armonía de la prisión preventiva con la Ley Fundamental. Señaló, en tal sentido, el arresto previsto en el art. 18 de la Carta Magna y las proclamas de "afianzar la justicia" y "asegurar los beneficios de la libertad", insertas en el Preámbulo. También resaltó lo previsto en ciertas Convenciones Internacionales respecto de la admisión de la cautelar, la prohibición imperante de juzgar en ausencia, la naturaleza procesal del instituto, la conclusión que indica que la prisión sin condena no afecta el "juicio previo" pues no se trata de una pena, entre otros argumentos doctrinales. Asimismo, analizando la aplicación de la normativa internacional sobre la prisión preventiva, adhirió a la tesis "compatibilista" que valora, por un lado, los distintos Pactos Internacionales que proclaman el principio de inocencia (art. 11.1 D.U.D.H., art. 14.2 P.I.D.C.P., art. 8.2 C.A.D.H., etc.). Desde otro punto de vista, la citada teoría pondera también otras normas de tales Pactos que autorizan la cautelar bajo determinadas condiciones, como por ejemplo el art. 7.5 C.A.D.H., art. 9.3 P.I.D.C.P. y principio 38 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención, etc. Tales pautas, que difieren esencialmente en su contenido y consecuencias, por hallarse incorporadas a la Carta Magna (art. 75 inc. 22 CN), pertenecen a un mismo plano de jerarquización normativa. De allí que se consideró que la aplicación de la cautelar se halla expresamente autorizada durante el transcurso del proceso penal, por los Convenios Internacionales.---------------- --- Destacó, igualmente, que debía considerarse la doctrina del Máximo Tribunal fijando que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen y por ende, se reconoce como principio que las leyes han de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que la concilie y deje a todas con valor y efecto (cfr. Fallos: 300:1080; 315:727; 310:195, entre otros). También que constituye una regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (cfr. Fallos: 310:937).---------------------------------------- --- También aludió el dictum al voto del Dr. Caballero Vidal en el Expte. Nº 5044/09 "Incidente de excarcelación a favor de Héctor D. Villafañe s/ casación", en los cuales, el Sr. Ministro dijo que, de acuerdo con lo establecido por los arts. 14 y 18 de la Constitución Nacional, art. 31 de la Constitución de San Juan, Tratados Internacionales incorporados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) y normas de rito locales (arts. 3 y 330 del CPP) debe entenderse que la prisión preventiva es sustancialmente un encarcelamiento preventivo de naturaleza cautelar, sometido a los clásicos requisitos de tales medidas asegurativas. En contemplación a la referencia efectuada, el Juzgador concluyó que correspondía confirmar el criterio excarcelatorio objetivo centrado en el monto de la pena en abstracto; ello con el fin de garantizar la investigación penal de los delitos y evitar que se siga delinquiendo, o que se impida la ejecución de una condena por la fuga o ausencia del imputado.------------- --- En cuanto a las normas excarcelatorias cuestionadas, concluyó que se compadecen en forma absoluta con los principios constitucionales, y que lo dispuesto por el ordenamiento ritual respecto a la escala penal como parámetro para la obtención de la excarcelación, es un mandato legal estableciendo el criterio objetivo de consideración.---------------------------------------------------- --- Entiendo así que la sentencia puesta en crisis se pronunció correcta y fundadamente desestimando la inconstitucionalidad planteada, por lo cual, adhiero por mi parte a los fundamentos brindados y los doy por reproducidos brevitatis causae. No obstante, considero apropiado extenderme sobre el asunto a los fines de completar la respuesta.----------------------------------------------- --- En primer lugar, conviene resaltar que la Corte de Justicia de la Nación ha fijado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerada como última ratio (FALLOS 435:496; 322:1349), en tanto las leyes sancionadas y promulgadas conforme los mecanismos previstos gozan de presunción de legitimidad que opera en forma plena, y que obliga a ejercer dicha atribución con prudencia y sólo en el caso que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. Tal doctrina ha sido seguida por esta Sala en PRE S.2ª 2012-II-324, entre otros.------------------------------------- --- Entrando en el meollo de la cuestión, juzgo que los artículos cuestionados no vulneran el art. 18 de la Constitución Nacional, ya que dicha Cláusula autoriza la excepción a la garantía de inmunidad de arresto, supeditándola tan solo al cumplimiento de las formalidades que prevé. Como lo afirmó el Sentenciante, tal norma brinda un sólido basamento al encierro cautelar. Éste concepto alude a la mera detención de una persona por indicios de culpabilidad y a la espera de la prosecución de la causa, que se materializa en una situación de privación de la libertad física. Sostiene Sagüés, en su obra "Derecho Procesal Constitucional, Ed. Astrea, pág. 142, que dicha restricción difiere (en sus fines) del arresto-castigo o arresto como pena, en tanto el sentido amplio del término "arresto" contenido en la cláusula citada comprende también la privación de libertad en virtud del dictado de una prisión preventiva. Al respecto, ha dicho la Corte Federal que las únicas figuras previstas en la Constitución para privar de la libertad a una persona son el debido proceso legal establecido en el art. 18 y en supuestos excepcionales, el arresto durante el estado de sitio del art. 23 (cfr: Fallos 301:771 y 321:2288; casos "Timerman" y "Antinori", respectivamente).------------------ --- Se ha señalado, además, que si bien el estado de libertad del imputado durante el trámite de la investigación es el principio reconocido para que el proceso penal pueda efectivizar sus objetivos, existen supuestos en que resulta necesaria la implementación de medidas cautelares que garanticen la realización de los mismos. Que tales restricciones o privaciones de libertad deben ser reglamentadas por las leyes procesales, fijando las condiciones, modos y formas en que habrá de procederse, sin alterar la garantía constitucional que tutela la libertad de los habitantes de la Nación (Cfr. Jauchen, Eduardo. Derechos del imputado. Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 274). En virtud de ello, por representar el proceso penal la única vía legítima por la cual se puede aplicar la sanción penal y teniendo presente, además, que en la legislación argentina no se permite el juicio en rebeldía, es menester garantizar la realización del proceso evitando la obstrucción o fuga del imputado. En consecuencia, resulta valedero y plenamente legítimo tomar como parámetro orientador el monto de la pena prevista en abstracto por la figura penal prima facie infringida por el imputado cuando exista una probabilidad fundada de ello, presumiéndose que a mayor gravedad de la misma aumenta la posibilidad que aquel intente eludir la pena frustrando la investigación o procediendo a fugarse. Puede concluirse así que la naturaleza del hecho y la severidad de la pena constituyen indicios plenamente ponderables para disponer el encierro cautelar. Así los riesgos guardan proporción con la envergadura de la amenaza que la eventual pena aplicable representa para el imputado y con la personalidad de este.--------------------------------------------- --- En consideración a lo expuesto, los artículos 364, 373 y 375 del CPP no pueden ser reputados como inconstitucionales pues han sido dictados por el legislador local bajo el amparo de lo previsto en el art. 18 de la Carta Magna y los Tratados incorporados. Asimismo, también se encuentran autorizados por el art. 31 de la Constitución de San Juan, que expresamente contempla la posibilidad de aplicar medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado, remitiendo a la ley los casos y modalidad en que procede la excarcelación o eximición de prisión del mismo.--------------------------------------- --- En este punto, amerita consignar lo señalado por la Comisión Reformadora del Código Procesal Penal (integrada por Decreto Nº 0340 del 7 de marzo de 2000) en la Exposición de Motivos del Proyecto: "Se regula el instituto de la prisión preventiva con criterio procesalista, como la máxima coerción que puede sufrir el imputado durante su sometimiento al proceso, y como una medida extrema que tiene como única finalidad asegurar el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos ilícitos denunciados, el aseguramiento del imputado al proceso y garantizar el cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia de condena". Se aclara seguidamente, que: "Se ha seguido un criterio objetivo en la regulación de las causales de prisión preventiva, contemplando como supuestos que den fundamento a la misma, la posibilidad de condena de cumplimiento efectivo y aquellas que obstan a la excarcelación, tales como la imposibilidad de obtener condena de ejecución condicional, la rebeldía, pedido de captura, reincidencia, o la presunción, basada en elementos objetivos, de que intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones". Lo expuesto revela claramente la intención de consagrar el régimen excarcelatorio con los fines procesales que autoriza el instituto constitucional de la prisión preventiva y la detención de personas (art. 31 Const. Provincial).----------------- --- Por otra parte y como lo anticipé, entiendo que la normativa cuestionada también se encuentra bajo la tutela de lo explícitamente consagrado por los Pactos Internacionales, que posibilitan la aplicación excepcional del encarcelamiento preventivo como una facultad concreta e irrenunciable de los Estados Partes. Tal situación se verifica en los artículos XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7.2-4-5 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.1.3 y 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.--------------------------------------------------- --- En cuanto a la violación hipotética que supondrían las normas locales al principio de inocencia, tampoco es correcto lo que postula el recurso pues se comprueba en los Estatutos Supranacionales el equilibrio entre dicho principio y la prisión preventiva, al gozar de un status jurídico similar. De tal modo, la eventual oposición intrínseca y sustancial que el planteo destaca desde la teoría, no implica de manera alguna que un término prevalezca sobre el otro, sino que, por el contrario, y como lo apunté, ambos (principio de inocencia y cautelar) poseen el mismo grado de importancia en los Tratados Internacionales. En consecuencia, se desprende que el encarcelamiento, bajo ciertas condiciones o presupuestos de orden general, de un imputado sin condena y al que le asiste plenamente el principio de inocencia resulta válido conforme a los Pactos Internacionales; caso contrario la prisión preventiva se habría lisa y llanamente abrogado, cosa que no surge en ninguno de los instrumentos citados pues unánimemente la consagran. Por tanto, insisto, la propia Legislación Internacional admite la aplicación de la cautelar aunque con limitaciones, por su carácter excepcional. Tales limitaciones son las que en la Provincia de San Juan prevé el Código Procesal Penal en los artículos 373 y 375. De modo que dichos artículos se encuentra justificados por la normativa de rango superior.- --- También es menester destacar que el Punto A.12 del Informe 2/97 de la C.I.D.H. estableció que el derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable pues de lo contrario adquiere el carácter de una pena anticipada y viola lo previsto en la Convención Americana. Respecto a las justificaciones de la cautelar, el informe menciona, en primer término, la presunción de culpabilidad de una persona, haciéndose la salvedad que los magistrados deben producir otros elementos adicionales para otorgarle validez a la detención "luego de cierto tiempo". En segundo lugar, se establece el peligro de fuga, que ha de evaluarse a través de la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena.----------------------------------------- --- Lo expuesto demuestra nuevamente que, la medida restrictiva de la libertad ambulatoria se halla plenamente autorizada por la Legislación Internacional, aunque sujeta a los límites previstos en el derecho interno, que acotan el encarcelamiento a términos precisos y fatales.- --- A modo de síntesis, me permito reiterar que los artículos cuestionados no vulneran la Carta Magna ni los Tratados incorporados, porque los mismos fijan un criterio excarcelatorio fundado en la posibilidad de fuga o elusión ante la probabilidad de recibir condena efectiva por la comisión de un delito grave.---------------------- --- Así, entiendo que las normas denunciadas (art. 373 inc.1º y 375 inc.1º) constituyen una valla pues sólo después de descartar los presupuestos allí indicados, estará facultado el juzgador para analizar los restantes requisitos para la procedencia de los beneficios de excarcelación o eximición de prisión. Tales recaudos objetivos, desde mi punto de vista, revisten una importante significación frente a cualquier otro análisis judicial sobre la conducta futura e impredecible del imputado. En efecto, un juicio distinto significaría prever eventuales acciones futuras -en desmedro del valor seguridad y los fines del proceso penal- careciéndose de certeza en cuanto a las posibilidades de concreción, por cuanto contemplar la posibilidad de que una conducta se materialice o no tropieza con el propio escollo del libre albedrío inherente a las acciones humanas. De allí que, le asista razón al Sr. Fiscal General en la advertencia que en tal sentido formula, y resulta razonable la solución del A-quo al aplicar la previsión del legislador para los casos en que la gravedad de la imputación justifica imponer la cautelar.------------------------------------------------ --- Pese al riesgo de resultar reiterativo, insisto en que el encierro preventivo no constituye una pena, sino que a través del mismo -cuando existe probabilidad fundada- se privilegia el derecho a proteger a la sociedad adoptando las precauciones para garantizar el éxito de la investigación penal. El derecho a la libertad ambulatoria no es absoluto y su ejercicio se encuentra válidamente restringido por las normas que lo reglamentan, entre ellas las que fijan la cautelar mencionada. Asimismo, dicho encierro se encuentra supeditado a que la pena con que se amenaza el delito atribuido no sea menos grave que la restricción de la libertad que sufre el imputado preventivamente. Este carácter proporcional de la prisión preventiva es el que justifica la medida cautelar.------- --- El criterio expuesto en los párrafos precedentes ha sido seguido por esta por esta Corte en PRE S.2ª 2012-II-362; PRE S.2ª 2012-III-456; PRE S.2ª 2012-III-453; PRE S.2ª 2012-V-921; PRE S. 2° 2013-III-554; PRE S. 2ª 2.013 -IV- 771; PRE S.2ª -2014-I-104, entre otros.------------- --- Por tanto, considero que el planteo de inconstitucionalidad no resulta acertado y debe avalarse la resolución de la Cámara que así se expresó dando pleno fundamento superior a lo dispuesto por las normas excarcelatorias establecidas en nuestra ley ritual.---------------------- --- En cuanto al recurso de casación interpuesto, juzgo que tampoco puede prosperar. En tal sentido, entiendo que los argumentos expuestos, por referirse a la autoría y materialidad de los hechos provisoriamente endilgados, son ajenos a la materia ventilada en el presente incidente de excarcelación, no correspondiendo así su tratamiento. Por otra parte, lo fundado previamente respecto de la constitucionalidad de las normas excarcelatorias locales enerva definitivamente el planteo de vicio in iudicando invocado, bastando los fundamentos allí vertidos para rechazar la hipótesis legal aducida, en tanto dicha normativa ha sido aplicada correctamente.--------------------- --- Poniendo fin al análisis de lo presentado, voto por el rechazo de los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos a favor del procesado Jonathan Fá. Tal es mi voto.---------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.----------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos a favor del encartado Jonathan Fá.------------------------------------- --- Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Dr. Héctor Fabián Meló - Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp-6295 Cs PRE S. 2° 2015-II-334.