marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, acción de retrocesión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada c/ INDER Soc. del Estado en liquidación s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-12

Ambas partes están de acuerdo en que se encontraban unidas por un contrato de retrocesión de reaseguro, que consiste en un contrato por el cual una de las partes denominada retrocedente (INDER) cede en todo o en parte una cartera de riesgos previamente reasegurados a un retrocesionario (SEGUROMETAL) que acepta cubrir en todo o en parte los riesgos retrocedidos, contra el pago de una prima. En nuestro país, hasta su liquidación, el Inder ofrecía a las aseguradoras en retrocesión los reaseguros, les pagaba una prima y estas asumían el riesgo. En definitiva el contrato que unía al Inder con las aseguradoras funcionaba de la siguiente manera. El INDER en las retrocesiones pagaba una prima a las suscriptoras y estas se comprometían a pagar las consecuencias derivadas del siniestro si este se producía.
Justicia municipal de faltas, proceso de faltas, firma de la sentencia, falta de firma, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de queja. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

El artículo 124 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria (conforme arts. 42 del Código de Procedimientos de Faltas y 6 de la LPC), dispone claramente que la omisión de firma de las resoluciones acarrea la nulidad del acto.

En el sentido apuntado se ha expedido la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en autos "GARGIULO, HECTOR y otro" de fecha 5/10/95, no pudiendo subsanarse tal omisión por aplicación del artículo 399 del Código Procesal Penal de la Nación en atención que no se dan los recaudos que este último impone, es decir, impedimento ulterior a la deliberación para suscribir la resolución o sentencia.
Circunvención de incapaz o menor, asiento registral, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Murúa, María del Carmen s/ circunvención de incapaces
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-28

En el marco de un proceso en el que se condenó a un imputado en orden al delito de circunvención de incapaces previsto en el art. 174 inc. 2 del Código Penal, es válida la anotación ordenada al Registro Civil volviendo atrás la transferencia donación realizada por la victima, pues aún cuando se aceptase que la anotación ordenada hubiera desbordado la órbita de los arts. 546 por no tratarse de un supuesto de falsedad de instrumento público y 302 por no ser una medida cautelar del Código Procesal de la Provincia de Córdoba, la decisión igualmente se encontraba autorizada en virtud del art. 29 inc. 1 del Código Penal, al establecer que la sentencia condenatoria podrá ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.
Recurso de casación, sentencia interlocutoria
Materia: CIVIL
Carátula: AGUERO ANA MARIA c/ CENTRO EDUCATIVO FRANCISCANO SAN FRANCISCO DE ASIS Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-31

Es equiparable a definitiva la sentencia que al admitir el recurso de apelación interpuesto por la accionante y revoca el resolutorio homologatorio del convenio transaccional, define cuestiones vinculadas al alcance de la cosa juzgada del mismo, adquiriendo por ende, la intangibilidad e inmutabilidad típicas de este instituto, y provocando un perjuicio de imposible subsanación posterior, atento los efectos propios de aquélla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incidente de revisión, crédito fiscal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Luanpack SRL c/  s/ quiebra s/incidente de revisión de crédito de afip
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-22

Corresponde admitir parcialmente el pedido de morigeración de un crédito fiscal originado en multas, toda vez que la admisión de la acreencia pretendida en su totalidad se transformaría en un verdadero menoscabo en perjuicio de los restantes acreedores de la quiebra quienes verían afectadas sus posibilidades de cobro (CNCom, Sala B in re "Sepúlveda Roberto Raúl s/ inc. de revisión promovido por AFIP" del 27/02/08). En base a ello, y considerando que el crédito insinuado fue reliquidado hasta permitir un tope del 30% reclamado, solo podrán admitirse las multas según criterio de esta Sala que es el de hacerlo en un 50% del monto fijado (CNCom, Sala B in re "Batroni Nora Mariana s/ quiebra s/ inc. promovido por AFIP" del 06/02/09).
Defensa del consumidor, contratos bancarios, cláusulas leoninas, operaciones bancarias, cajero automático
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC Banco Roberts S.A c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI Nº 622/99
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-25

Es abusiva la cláusula que determina que las operaciones que el usuario puede realizar a través de la red de cajeros automáticos son aquellas que el banco determine, pudiendo éste variarlas cuantitativamente y cualitativamente en cualquier momento y quedando el banco autorizado para dejar sin efecto el servicio de cajeros automáticos sin aviso previo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, ley nacional, ley procesal, concurso preventivo, quiebra, juicio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Celulosa Argentina Sociedad Anónima s/ Concurso comercial preventivo. Cuestión a resolver: Iniciado el   trámite de concurso preventivo, encontrándose pendiente de resolución  ante otro juzgado la solicitud de quiebra contra la misma deudora,  incoada por un tercero en fecha anterior ¿Debe el concurso preventivo  tramitarse en su juzgado de origen o ser remitido ante el cual pende la   solicitud de quiebra, aún no declarada, por ser más antiguo? (Tribunal   pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1982-04-15

En materia de concursos deben ceder las normas procesales comunes que rigen la acumulación de las causas en base a la antigüedad de las mismas. Es así que, con fundamentación en el artículo 10 de la ley 19551, en virtud de existir un pedido de quiebra, no decretado, es conceptualmente jurídico admitir la radicación ante el Juez del Concurso, pues es en éste donde se admite la posibilidad de un concordato y eventual quiebra. La distinta índole de la finalidad perseguida en el juicio de quiebra y en el de petición de concurso preventivo, veda hablar de acumulación y sí autoriza a opinar en términos de prevalencia de uno sobre otro, en virtud del propósito perseguido por la ley de facilitar un arreglo entre el deudor y sus acreedores, con miras a evitar la liquidación del patrimonio. (Del Voto de los Dres. Mc Guire y Dedomenici Sánchez).
Falsificación de instrumento público, uso de documento falso, credenciales falsas
Materia: PENAL
Carátula: Albornoz, Rubén A. s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

No configura delito de falsificación de documento público (art.

292 C.P.) ni uso de documento público falso, la confección apócrifa y presentación para cometer otro ilícito, de un carnet del Consejo Deliberante; de reportero-gráfico; de una credencial judicial; de una licencia de conductor del Ministerio de Aeronáutica y de credenciales de la Cámara de Diputados de la Pcia. de Bs. As., por no alcanzar, ninguno de ellos, ni siquiera el carácter de documento.
Personal policial, ascenso laboral, remuneración, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: V., N. G. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (JEFATURA DE POLICIA) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 26635/13STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-29

No procede el pago de salarios caídos por el período en que el agente fue ilegítimamente dado de baja -en este caso, diferencias salariales por el período en que el agente fue ilegítimamente privado de ascensos-, salvo supuestos específicamente reglados, y que ello no supone un enriquecimiento indebido para la Administración, porque no hubo de parte del agente, al margen -en su caso- de su buena voluntad, prestación de servicio que la justifique.

Ciertamente, la remisión del a quo a la Ley 679 del Personal Policial de la Provincia de Río Negro, particularmente a sus disposiciones generales sobre el derecho del agente público a los ascensos y las remuneraciones -art. 32, incs. c) y l)-, no permite detectar la existencia de una norma específica para ordenar el pago de diferencias salariales por funciones no desempeñadas, de suerte que no se advierte en concreto en el cuerpo normativo citado en la sentencia una norma que contradiga el referido principio general, a saber, que para habilitar el pago salarial, debe haber existido previa y efectiva prestación del servicio, y que para remunerar la categoría escalafonaria debe haber existido efectivo desempeño de ella. (Del voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Cioppa de Di Stefano, Violeta c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Del texto de la reglamentación del régimen de Fondo de Pensión (art.

2.3 in fine del reglamento de 1987) no surge que el afiliado deba reiterar su Pensión al tiempo de obtener su jubilación por incapacidad. Por el contrario, si no ha pedido expresamente la baja en los términos de art. 6 del reglamento de 1987 -como sucede en el caso- debe entenderse que optó por continuar en el sistema, máxime cuando la adhesión al mismo era la única forma de dar cobertura al riesgo de desamparo de su familia en caso de fallecimiento (art. 45 de la ley 5920).
Extinción de la relación funcional, prueba insuficiente
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Calderero, Tamara Michelle c/ Ente Provincial de Energía del Neuquén y otro s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-02

El desempeño desfavorable de la agente demostraba que no reunía las condiciones de idoneidad necesarias para ocupar el puesto en el que fue designada y, esa cuestión, no fue desvirtuada por la prueba rendida en la causa.
Estafa procesal, tentativa, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Burdakova, Tetyana s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-23

La tentativa de estafa procesal se configura con la sola presentación que tiende a engañar al juez, ya que la estafa es un delito material en que la consumación depende de la producción del resultado de la acción. Si bien la estafa procesal es una figura que no tiene definición concreta en nuestro código de fondo la doctrina la ha entendido como la inducción del juez mediante medios fraudulentos dirigidos a concretar un despojo en perjuicio del derecho de propiedad de la contraparte en un juicio o un tercero, y que el error, como elemento que se correlaciona íntimamente con el ardid previo y el perjuicio, recae en el juez, quien a la luz de elementos falsos incorporados maliciosamente, dicta un pronunciamiento al que de manera alguna hubiera arribado sin ese dato.
Pena privativa de la libertad, ejecución de la pena, prisión domiciliaria, interna embarazada, hijo menor de edad, personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: GANON, GABRIEL ELIAS HERIBERTO; AMADEO, SEBASTIAN Y BALANDA, VIRGINIA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

En cumplimiento al deber de velar para que toda privación de la libertad se cumpla en forma acorde con los parámetros legales, constitucionales y convencionales, resguardando los más esenciales y fundamentales derechos a la vida, dignidad, salud física y psíquica, educación, resocialización y protección contra tratos crueles y degradantes -más aún, cuando se trata de mujeres privadas de libertad embarazadas y/o con hijos menores de edad o discapacitados a su cargo- en el derecho interno argentino se estableció en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que la interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años y, en razón de que algunas veces muchos niños vivieron y viven en instituciones carcelarias junto a sus madres en condiciones no propicias para su desarrollo, toda toma de decisión que implique que el infante viva en la cárcel con su madre no puede prescindir de evaluar el impacto que la modalidad de ejecución de la pena tenga sobre esos niños, resguardando su interés superior; estableciendo asimismo por ley 26472 que el juez de ejecución o juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria a la mujer embarazada y a la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad, a su cargo. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: Herrera, AyS T 246, p 176/183. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículos 18 y 75, inciso 22; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3, 5, 25.2 y 26; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 5.1, 6, 19 y 26; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículos 1, 7, 11, 12, 18 y 26; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 7, 10.2.b, 10.3 y 14.4; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10.3; Código Penal, artículo 10, inciso e) y f); Ley 24660, artículos 32, incisos e) y f) y 195
Acción de amparo, ordenanzas municipales, poder de policía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gysin Federico Ezequiel c/ Municipalidad de Gualeguay s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-04

Al no advertirse que haya una decisión reglamentaria que se margine de las potestades tutelares de la salubridad, higiene y orden que competen al ámbito comunal; tampoco que haya mediado con la decisión adoptada una lesión al principio de igualdad de los artículos 15 y 16 de la Ley Suprema, no emergiendo de la Ordenanza impugnada que se hubiera instrumentado un régimen discriminatorio que establezca diferencias odiosas, ya que la prohibición efectuada tiene carácter general y se extiende a la pluralidad de comercios contemplados en la misma, sin que surjan excepciones posibles de ser calificadas como desnaturalizantes de lo reglamentado y susceptibles de ser consideradas irracionales, no cabe considerarun obrar manifiestamente arbitrario o ilegítimo de la accionada que autoricen la admisión del amparo intentado, por lo que debe confirmarse el pronunciamiento apelado en cuanto rechaza la acción de amparo.
Aportes previsionales, régimen de capitalización, alícuota
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Kimberly Clark Argentina S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

En razón de las menores alícuotas de aportes que se encuentran a cargo del trabajador en el Régimen de Capitalización, la "falsa declaración" conllevan "per se" un beneficio de reducción improcedente, a poco considerar que se encuentra a cargo del empleador la retención e ingreso de las obligaciones que, en concepto de aportes, pesan sobre sus dependientes. Ello aún cuando el contribuyente no sea el be-neficiario de la situación de la referida falsa declaración, pues le resulta imputable la ventaja creada frente al régimen de los recursos de la Seguridad Social, desde el momento que el propio art. 14 de la Res. A.F.I.P. 1566/03 y sus modificatorias, pone de manifiesto que el "beneficiario" puede ser también el dependiente.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, empresas del Estado, empresa residual
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Chaco, Provincia del y Banco del Chaco s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Es de la competencia originaria de la Corte la demanda contra una provincia sobre el alcance del régimen de garantías previsto en legislación provincial, si en el juicio concurre una empresa residual del Estado Nacional, pues ello permite satisfacer las exigencias constitucionales que emanan de los arts . 116 y 117 de la Constitución Nacional.
Extinción de la acción penal, sobreseimiento, estado de incertidumbre, interpretación de la constitución, interpretación de tratados internacionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Oliva Gerli, Carlos Atilio y otro s/ infracción Ley 22.415 y art. 174 inc. 5 CP -causa nº 1227-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19

Corresponde revocar la sentencia y declarar extinguida la acción penal, disponiendo el sobreseimiento, si sobre los imputados pesó durante casi 18 años el estado de incertidumbre que importa seguir sometido a un enjuiciamiento penal, lo que constituye una tergiversación de todo lo instituido por la Constitución Nacional en punto a los derechos de la personalidad vinculados a las declaraciones y garantías concernientes a la administración de justicia, principio que no es sólo corolario del derecho de defensa en juicio sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

-Las juezas Highton de Nolasco y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, contrato de transporte, Derecho administrativo, contratos administrativos, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORGANIZACION CLEARING ARGENTINA SA c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ JUICIO ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 290-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-07

Se rige por las normas del derecho administrativo el contrato de transporte celebrado entre el banco provincial de Santa Fe y la empresa particular encargada del servicio de clearing, que no se limita exclusivamente a transporte de "documentación comercial" que pueda entenderse directamente vinculada a la actividad del banco regida por el derecho privado, sino "y-o" a documentación vinculada a las funciones esenciales y específicas del banco como ente de derecho público.
Sucesiones, demanda contra la sucesión, administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: ALBARRACIN DE PEREYRA, IRMA c/ SUC. ROSAS, LUCÍA NOEMÍ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-05-28

Tanto la jurisdicción inicial y las partes están conteste en aseverar que cuando se demanda a una sucesión debe ser en la persona de los herederos y no en la del administrador. Así debe ser entendido por cuanto los herederos continúan la persona del difunto y la sucesión no constituye una persona jurídica o tiene personalidad diferenciada de sus herederos, por lo cual las demandas deben ser dirigidas y notificadas personalmente contra éstos y no al administrador.-
Delito de acción privada, facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: " Perea Amadeo, Sebastían E. s/ excepción falta de acción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-18

" este Tribunal ha señalado que "...en los juicios por delitos de acción privada, el límite de la intervención de esta Alzada sólo puede extenderse hasta la citación prevista en el artículo 428 del código de rito. En consecuencia, superada esa etapa, la vía impugnativa se ciñe a la casacional pues sólo recursos de carácter extraordinario son procesalmente compatibles con la previsión del artículo 405 del C.P.P.N" (ver de esta Sala, causa n° 16.504 "Moreno Ocampo", reg. n° 17.869 del 22/8/00, causa n° 17.368 "Rosenfeld", reg. n° 18.341 del 29/12/00, causa n° 26.492 "Castellano", reg. n° 28.468 del 23/5/08, y de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa n° 2.423 "Vázquez", reg. n° 2.907 del 15/7/99, Sala IV, causas n° 2.749 "Rosenfeld", reg. n° 3433.4 del 11/6/01, y n° 9.501 "Castellano", reg. n° 12939.4 del 16/2/10 y sus citas)".
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Q., A. c/ D.F., E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16

A los funcionarios que actúan "ministerio legis" no son aplicable, en principio, las reglas comunes en materia de costas; por eso cuando el defensor de pobres, luego de producidas la pruebas no controvierte la pretensión de la actora, no pueden imponérsele las costas.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, remuneración del juez, adicionales de remuneración, fallo plenario, revisión del fallo plenario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Valotta, Marcelo Ricardo c/ E.N.  (Poder Judicial de la Nación) s/ Ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-15

En relación a la procedencia del pago del 25% previsto en la Ley 23.199, la C.S.J.N. resolvió hacer lugar a la pretensión del actor por lo que ello hizo que esta Cámara dejara sin efecto el fallo plenario de fecha 12 de abril de 1989 dictado en la causa "Carrillo Avila", que sentaba la postura contraria.
Regulación de honorarios, recurso extraordinario federal, contestación de la demanda, base regulatoria, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: González, Jorge Manuel c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Corresponde rechazar la oposición efectuada por el GCBA a que se regulen los honorarios solicitados por la abogada que le corresponden como letrada por la contestación del traslado del recurso extraordinario federal interpuesto por el GCBA. Las razones por las que éste se opone a dicha petición -que el art. 31 de la ley n° 5134 regula los emolumentos que corresponden a la interposición de recursos y no a su contestación- además de reflejar una lectura literal desprovista del objetivo de la ley, no se hacen cargo de que el art. 11 de la ley n° 5134 establece que los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado. Del texto del art. 31 no puede extraerse que el legislador hubiese anulado la posibilidad de que el profesional que contesta un recurso ante un tribunal superior exija la regulación de los honorarios cuando desarrolló un trabajo profesional, más aún cuando fue el GCBA -que ahora se opone a la regulación- quien recurrió la sentencia de este tribunal y generó los honorarios de la otra parte. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, compartido por la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), cuestiones de hecho y prueba, resoluciones apelables, fundamentación de sentencias, sana crítica racional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: "BASTIANES, Adrián Marcelo y BASTIANES, Javier Alejandro s/ inf. Art. 189 bis CP - Apelación."
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

Los cuestionamientos de hecho y prueba propuestos en el Recurso de Apelación serán tratados tan sólo en su dimensión de elementos de juicio relacionados en la articulación deductiva efectuada por el a quo, y sólo conducirán a un pronunciamiento revocatorio total o parcial cuando, como resultado de esa labor de análisis, la pieza expositiva evidencie una errónea conjugación silogístico - jurídica que dé por borda con la exigencia de fundamentación sustentada en la sana crítica racional, y la descalifique como acto jurisdiccional válido, o bien, sin llegar a este extremo, patentice su requerimiento de adecuación a Derecho.