Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-04-27


FORMOSA,	Veintisiete de abril de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "CABRERA, GUILLERMO C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO", Expte. Nº 170 - Fº Nº 84 - Año 2010, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 125, y CONSIDERANDO:

I.- Que vienen estos autos al Acuerdo para resolver acerca de la admisibilidad del proceso.

Que, concretamente, la accionante persigue que este Tribunal declare la nulidad de los artículos 2º y 5º del Decreto Nº 543/09 y de la Resolución Nº 01724/10 dictada por el Administrador General de la Caja de Previsión Social de la Provincia, ordenándose a dicho organismo previsional que liquide y abone sus haberes de Retiro Voluntario Nº 1.002 incluyendo el suplemento equivalente al ciento cuarenta por ciento (140%) del sueldo básico de Sargento Ayudante en concepto de adicional por zona inhóspita, así como los montos correspondientes a "Responsabilidad Funcional" y "Actividad Riesgosa", liquidándose correctamente el adicional por antigüedad en función de los veinticinco (25 ) años de antigüedad que registra, y el "Adicional por Título" reajustándolo al diecisiete y medio por ciento (17,5%) del sueldo básico de Sargento Ayudante, todo ello retroactivo al mes de septiembre de 2.009.

En lo pertinente, sostiene que la acción ha sido promovida dentro del plazo previsto por el artículo 19 del Código Procesal Administrativo, postulando asimismo que la competencia del tribunal ha quedado expedita al haber sido dictado el acto administrativo por la más alta autoridad competente en el ámbito de la Caja de Previsión, tratándose por lo tanto de una resolución definitiva que causa estado, citando el accionante jurisprudencia que entiende avala su postura de considerar agotada la vía administrativa previa con el dictado de la resolución impugnada.

II.- Que el señor Procurador General se ha pronunciado mediante Dictamen Nº 6589/10, propiciando la admisibilidad del proceso, al entender que en el presente caso se han dado todos los requisitos exigidos por la ley para ello, sosteniendo en particular con respecto al agotamiento de la vía administrativa previa, que siendo que la Administración ha resuelto la cuestión planteada asumiendo ya una postura, mantener la exigencia de éste último requisito para acceder a la instancia judicial resulta inoperante.

III.- Que entrando al análisis de la cuestión que se plantea en autos cabe señalar que si bien, conforme se desprende de las constancias de la causa, con excepción del pedido de reajuste del adicional por título, las demás pretensiones expuestas en la demanda se corresponden con el reclamo formulado en sede administrativa, no se verifica sin embargo el cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía administrativa previa prevista por el artículo 4º del Código Procesal Administrativo, el cual establece como condición de impugnabilidad de los actos administrativos en sede judicial no solo que la decisión que recaiga sea definitiva sino también que cause estado, concepto este último que es su inciso b) define como aquel que cierra la instancia administrativa por haber sido dictada por la más alta autoridad competente, una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo.

En este último sentido resulta evidentemente necesario recordar al accionante que los recursos de apelación, previstos por el artículo 75 de la Ley Nº 571, o el de alzada, en su caso, contemplado por el artículo 108 del decreto Ley Nº 971, son de interposición obligatoria por imperio de lo dispuesto por el legislador en la norma procesal citada en el párrafo precedente, pues constituyen el mecanismo procedimental que habilita que el Poder Ejecutivo ejerza el control de legalidad y legitimidad de los actos administrativos emanados de los entes autárquicos, lo cual adquiere una importancia superlativa si se tiene en cuenta que, al no ser el mismo órgano que dictó el acto administrativo quien lo revise, no solo el criterio de valoración de los antecedentes de la causa y de los argumentos del administrado pueden ser diferentes sino incluso la interpretación de la norma aplicable, lo que genera la posibilidad cierta de que la pretensión sea acogida favorablemente en las instancias recursivas mas arriba indicadas.

Se sigue de ello entonces como conclusión lógica que si bien la administración puede confirmar hasta en sus últimas instancias la decisión de un órgano inferior, tiene también la posibilidad material de modificar su criterio o corregir eventualmente sus propios errores o arbitrariedades, por lo que más allá de que es la propia ley la que inviste al poder administrador de esa potestad, carece de razonabilidad pretender privar a la misma de dicha facultad.

En consecuencia por lo expuesto, la falta de agotamiento de la vía administrativa previa por parte del accionante sella negativamente la suerte de la admisibilidad de la acción intentada, debiendo así declararse.	Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Héctor Tievas, Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Declarar inadmisible la acción promovida en autos, por lo fundamentos expuestos en los considerando del presente resolutorio.	2º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.