Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-02


En Buenos Aires, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil seis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos AGINESTET IRMA c/ CITIBANK N.A. SUCURSAL BUENOS AIRES s/ incumplimiento de contrato@, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia (fs. 195/197vta.), mediante la cual fue rechazada la demanda interpuesta por Irma Leonor Ginestet contra el Citibank N.A., Sucursal Buenos Aires, la actora vencida interpuso recurso de apelación (fs.

201/202); expresó agravios a fs. 232/237vta., los que fueron contestados a fs. 246/259vta.

Median asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado, los que serán tratados por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.

II. De acuerdo a las constancias de autos, ha quedado debidamente acreditado no sólo que Irma Leonor Ginestet era titular de diversas cuentas en la Sucursal Buenos Aires del Citibank, sino también que el 20 de febrero de 2002 aquélla procedió a desafectar sus depósitos, los que habían sido reprogramados de conformidad con el plexo normativo dictado en el marco de la denominada emergencia económica (ver certificado de fs. 4, resúmenes de cuenta de fs. 5/18 y formulario de fs. 19 y 118).

Tampoco se encuentra en tela de juicio que la desafectación antedicha se efectuó bajo reserva escrita por la propia actora en esa misma oportunidad (ver inscripción inserta sobre la firma del solicitante en el formulario que luce a fs. 19 y 118).

III. En las condiciones expuestas, debo en primer término apuntar que el magistrado de la instancia anterior acertadamente adjudicó efectos a la reserva efectuada por la actora,.toda vez que la disponibilidad de los saldos reprogramados no alcanza por sí sola para negar a su titular el derecho de controvertir el régimen legal de emergencia si -al momento de disponer del remanente- aquél expresa su protesta (conf. esta Sala, causa 6552/03 del 11/08/05); ello es así, máxime cuando -como ocurrió en el caso de autos- la actora formuló su reserva al momento de solicitar la desafectación de los fondos reprogramados.

IV. Así las cosas, me abocaré a los agravios esgrimidos por la recurrente, relativos -por un lado- a la contradicción que aquélla invoca entre las consideraciones y el fallo apelado, y -por el otro- a la errónea aplicación de la sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa ABustos@ al caso de autos.

Respecto del primer punto, estimo que la contradicción apuntada por la actora no es tal. En efecto, la aplicación al caso de una determinada doctrina sentada por el Alto Tribunal no resulta incompatible con la circunstancia de que la opinión personal del magistrado difiera de aquélla. En estas condiciones, mal puede la recurrente afirmar que el a quo se abstuvo de fallar en torno a la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia invocada en el escrito de inicio (fs. 30, punto III, y 232vta.);

por el contrario, resulta claro que al haber aplicado la doctrina del caso ABustos@, el sentenciante sostuvo la validez constitucional de la normativa cuestionada, no obstante -reitero- haber dejado constancia de su opinión personal.

A estos efectos, resulta indiferente que la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema lo hubiese sido por Abuenas razones de economía procesal@, por Ala jerarquía institucional que en el orden judicial cabe otorgar a su interpretación@ en cuestiones federales (fs. 197, primer párrafo), o por lo dicho en el fallo plenario AWilliams, Alberto Adrián y otra c/ Banco Hipotecario Nacional s/ cobro de pesos@, del 10/11/87, en donde se sostuvo que si bien en nuestro régimen constitucional y legal ninguna norma obliga a acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, siempre se ha reconocido la ventaja que representa mantener unidad en la interpretación de la ley con la doctrina del más Alto Tribunal del país; ello es así, máxime cuando se trata de la interpretación del alcance de garantías constitucionales.

Por ello, es que no se advierte la incompatibilidad anotada por la recurrente.

V. Sentado lo anterior, y al no haber controvertido las partes los hechos sobre cuya base la actora promovió el presente pleito, corresponde entrar de lleno en el examen de los agravios vinculados a la inconstitucionalidad planteada por la actora de la ley 25.561, de los decretos 1570/01, 71/02, 141/02, 214/02, 320/02 y 410/02 y de diversas resoluciones ministeriales. En este punto, no está de más recordar que no es función del Tribunal enjuiciar la formulación de la política gubernamental que subyace en las disposiciones impugnadas, sino la de establecer si éstas son compatibles con la Constitución. Ello, sumado al deber que tienen los magistrados de velar por el cumplimiento de la Ley Fundamental en las causas traídas a su conocimiento y decisión (art. 31 de la Constitución Nacional; conf. CSJN, doctrina que surge de Fallos:

149:122; 302:1325 y 308:490; esta Sala, causa 6552/03 supra citada).

Esclarecido ello, conviene recordar que en la causa 6552/03, del 11/08/05, esta Sala advirtió que las limitaciones impuestas por el decreto 1570/01, con los alcances definidos por la reglamentación ulterior (v.gr., Resolución N1 23/02 del Ministerio de Economía del 21/1/02 y su anexo), en cuanto impiden al titular de los fondos en dólares depositados en la entidad financiera bajo la modalidad de caja de ahorro disponer de ellos y prescriben su reprogramación y devolución en períodos mensuales, y por cantidades fijas a un tipo de conversión que no guarda relación con el que el propio Estado autorizó en el mercado libre de cambios, configuran una afectación irrazonable del derecho de propiedad amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:28).

Conviene enfatizar que el ius utendi -que en el caso se traduce en la facultad de la actora de extraer los dólares depositados en su cuenta- encuentra su razón de ser, más allá de los preceptos de derecho común que inmediata y expresamente lo reconozcan, en la Ley Fundamental, al ser uno de los aspectos en que se manifiesta el derecho de propiedad. Por lo tanto, los condicionamientos a que las disposiciones cuestionadas lo sujetan -dada la inexistencia de razones decisivas que los justifiquen- no pueden ser entendidos como el fruto de una reglamentación que tenga respaldo constitucional (Fallos: 305:945). Con tal comprensión, resulta evidente que las sucesivas reglamentaciones -que deben ser interpretadas en forma conjunta con las normas restantes (Fallos: 313:1293)- han excedido el marco de la delegación legislativa, ya que ésta no pudo haber sido conferida para que la autoridad administrativa avanzara sobre los derechos de los particulares de un modo tan intenso que significara su aniquilamiento.

En lo que concierne al decreto 1570/01, la imposibilidad de disponer libremente de los recursos en moneda extranjera por parte de los titulares de depósitos a la vista o a plazo fijo contraría palmariamente lo prescripto por la ley de intangibilidad de los depósitos Nº 25.466, promulgada de hecho poco más de tres meses antes de entrar en vigor aquél. Es del caso recordar aquí que la intangibilidad suponía la prohibición -con rango de orden público- de que el Estado Nacional alterase las condiciones pactadas entre los titulares de los fondos y las entidades financieras;

expresamente, estaba vedado prorrogar la devolución de los depósitos, alterar la moneda convenida e imponer su canje por títulos de la deuda pública. Sobre este último aspecto corresponde tener en cuenta, además, que la delegación legislativa hecha a favor del Poder Ejecutivo mediante la ley 25.414 no sólo no contempló la modificación o derogación de la 25.466, sino que tampoco autorizó a modificar la legislación de fondo vigente (art. 11, apartado II, punto c).

Debe entenderse, entonces, que quienes eran titulares de depósitos a la vista o a plazo fijo en entidades financieras durante la vigencia de la ley de intangibilidad -tal el caso de la demandante- adquirieron el derecho a disponer de ellos, pues cumplieron todos los actos y condiciones sustanciales que las normas de aquél momento exigían para que tal consecuencia se materializara. Es decir que la situación jurídica general creada por dicho régimen legal se transformó en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto, por lo que ésta se hizo inalterable; por ello, no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad (Fallos:

314:1477; 316:2090 y 317:1462; esta Sala, causas 3851 y 22.267 del 29/06/04 y 5/11/04, respectivamente).

Concordemente con esta línea argumental, se ha sostenido que ni el legislador ni el juez pueden - sea por medio de una ley, sea por su interpretación- arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que -en ese supuesto- el principio de irretroactividad deja de tener carácter infraconstitucional para confundirse con la garantía misma de inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema (Fallos: 319:1915 y 320:31).

Lo expuesto hasta aquí conduce a declarar la inconstitucionalidad del decreto 1570/01 y de las resoluciones del Ministerio de Economía Nº 18/02 y 23/02 y su anexo. Y dado que la imposibilidad de extraer los recursos en dólares fue consecuencia de normas írritas a la Constitución, cabe concluir que la Apesificación@ dispuesta ulteriormente por el decreto 214/02 no puede alcanzarlas, ya que ésta vino a recaer sobre un conjunto de particulares que se encontraban inermes para retirar los fondos de su propiedad y ponerlos a salvo de esa nueva limitación. Dicho de otra manera, la nulidad de las restricciones opera retroactivamente al tiempo en que fueron impuestas y, por ende, determina la exclusión del crédito de la actora del conjunto de obligaciones a Apesificar@.

VI. Tres meses después de la firma del decreto 1570/01, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 214 (B.O. 4/02/03), cuyo art. 11 dispone: AA partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes a la sanción de la Ley N1 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS@.

Por su parte, el art. 21 establece que A[t]odos los depósitos en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a PESOS a razón de PESOS UNO CON CUARENTA ($1,40) por cada DOLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada@. El art. 41, a su vez, prescribe que Aa los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los artículos 21, 31, 81 y 11 del presente decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que se será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA@. La aplicación de este coeficiente no importó la derogación de los arts. 7 y 10 de la ley de convertibilidad Nº 23.928, según el texto aprobado por el art. 41 de la ley 25.561, al tiempo que se mantuvo la prohibición de indexar las obligaciones de cualquier naturaleza u origen posteriores a la sanción de la ley 25.561 (art. 5 del decreto 214/02).

El art. 9 del decreto citado previó, para los depósitos de hasta U$S 30.000, la emisión de un Bono en DOLARES ESTADOUNIDENSES, con cargo a los fondos del Tesoro Nacional, por el que pueden optar los depositantes en el sistema financiero, a los que se refiere el art. 21, en sustitución de sus depósitos.

Posteriormente, el decreto 214/02 fue modificado por los decretos 320/02 (del 15 de febrero de 2002), 410/02 (del 11 de marzo de 2002), 471/02 (del 8 de marzo de 2002), 494/02 (del 12 de marzo de 2002), 704/02 (del 30 de abril de 2002), 762/02 (del 6 de mayo de 2002) y 1836/02 (del 16 de setiembre de 2002), los cuales fueron, a su vez, modificados o reglamentados por resoluciones del Ministerio de Economía y Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina.

Corresponde hacer un alto en la reseña normativa, a fin de recapitular sobre los requisitos que hacen a la legitimidad de las medidas de emergencia que puede adoptar el Estado para paliar una situación de ese carácter. Ellos se resumen en: a) la existencia de una situación extrema que demande del Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b) que las medidas implementadas por la ley para cumplir con esa finalidad protejan el interés general de la sociedad y no a un grupo de individuos determinados; c) que tales medidas sean razonables en un doble aspecto: que produzcan un alivio a la emergencia y que estén circunscriptas al tiempo necesario para que las causas que la motivaron desaparezcan (AHome Building & Loan Ass=n v. Blaisdell, 290 U.S. 398).

La primera observación que suscita la conversión dispuesta por el decreto que se examina es que transgrede, por lo menos, dos de los presupuestos enunciados: no es limitada en el tiempo ni restringe los derechos de ambos contratantes por igual.

Respecto del primero, hay que tener presente que la emergencia no crea poderes fuera de los previstos en la Constitución, sino que provee la oportunidad para ejercer los ya existentes (conf.

AWilson v.New@, 243 U.S. 332, 348). Si se considera que la jurisprudencia estadounidense -de permanente consulta por el Alto Tribunal en razón de la afinidad que nuestra Ley Fundamental tiene con la de aquél país- equipara las crisis que dan lugar a la situación que se examina a los cataclismos naturales (ver voto del juez Olsen en 189 Minn. 437; 249 N.W. 340), lógico es concluir que la restricción a los derechos individuales debe desaparecer junto con la situación que la justifica (256 U.S. 198;

asimismo, AChastleton Corp v. Sinclair, 264 U.S. 543, 547 y 548, concorde con Fallos: 172:21 y 313:1513). Ello no ocurre en el sub lite, pues el pago que haga la entidad bancaria con arreglo a lo establecido en las normas es cancelatorio de la obligación (art. 6? de la ley 25.561 y art. 21 del decreto 214).

En lo que atañe al segundo de los presupuestos referidos, en la causa ABustos, Alberto Roque y otros c/ E.N. y otros s/amparo@, fallada el 26 de octubre de 2004, el propio Procurador General de la Nación señaló que la validez constitucional de las disposiciones que aquí se cuestionan depende de que ellas tengan Acomo finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos@ (punto VIII, parte final; el subrayado me pertenece).

Ahora bien, con arreglo al marco normativo en cuestión, las entidades financieras quedan liberadas de las obligaciones libremente contraídas en los contratos de depósito a plazo fijo, cuenta corriente y caja de ahorro, por un pago sustancialmente inferior al pactado libremente, sin que ello represente ningún quebranto para ellas. Y si bien es cierto que la ley que regula su actividad prevé consecuencias cuando su liquidez se ve afectada, no lo es menos que ninguna de ellas ha dejado de operar. A ello se suma la circunstancia de que el Estado Nacional dispuso el salvataje de los bancos involucrados mediante el aporte de 2.800 millones de pesos en ABonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013@ (ver art. 21 de la ley 25.796), lo que se traduce en una transferencia de los pasivos al sector público en beneficio de los depositarios. En consecuencia, no puede sostenerse que las normas cuestionadas limitaron el derecho de propiedad de los depositantes en beneficio de los Aintereses generales@ antes citados, ya que son los inversores y el conjunto de la población -éste mediante el pago de sus impuestos- los que soportarán en forma desigual las derivaciones negativas de la crisis.

Ello conduce a declarar la incompatibilidad constitucional del decreto 214/02 y demás normas que lo complementan.

VII. En un independiente orden de ideas, conviene recordar que la ley 25.561 declaró Acon arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiara, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente@, las que fueron señaladas a continuación en cuatro incisos.

Es decir que el Congreso de la Nación, investido de las facultades que le confiere la Ley Fundamental, impuso una clara mas no menos severa restricción al ejercicio de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo, ya que fijó el ámbito de la emergencia en que ellas habrían de ser ejercidas -esto es, en las materias social, económica, administrativa, financiera y cambiaria- como así también el límite temporal - circunscribiéndolo al 10 de diciembre de 2003- y los objetivos a alcanzar -reordena-miento del sistema financiero, bancario y cambiario, reactivación de la economía, etc.-.

En el decreto 214/02 dictado posteriormente, se reiteraron -en síntesis- las consideraciones precedentes y se expuso sobre la necesidad de mantener las restricciones a la disposición de los fondos depositados en los bancos con el propósito de contribuir a la paulatina normalización del sistema financiero. Empero, no se invocó ninguna situación nueva o distinta de la que dio lugar a la declaración de emergencia hecha en la ley 25.561, por lo que el Poder Ejecutivo quedó sujeto, en cuanto a las facultades delegadas, a las limitaciones estrictas que emanan de este último cuerpo legal. En otros términos, no es razonable entender que -frente a una delegación como la que hizo el Congreso en la ley 25.561- el dictado del decreto 214 haya obedecido a facultades excepcionales del Presidente concebidas para materializarse en defecto del órgano legisferante. Por lo tanto, no se da en el caso la hipótesis del art. 99, inc. 31, de la Constitución Nacional.

Aclarado ello, y teniendo en cuenta que una de las cortapisas impuestas por la norma delegante fue la de Apreservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001...@ quedando comprendidos Alos depósitos efectuados en divisas extranjeras@ (art. 61 de la ley 25.561), corresponde concluir que el decreto 214/02 incumple ese objetivo al alterar artificialmente el valor de cambio de la moneda convenida en perjuicio del ahorrista, lo que equivale a decir que el Poder Ejecutivo excedió los límites establecidos en los arts.

3, 4, 5, 6, 15, 19 y 21 de la ley 25.561.

Dicha conclusión se hace aun más evidente si se advierte que la ley 25.561 no derogó -sino que sólo suspendió- la vigencia de la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos, aplazando los pagos según las previsiones de los arts. 617 y 619 del Código Civil.

Las distintas razones expuestas en los considerandos precedentes conducen a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones cuestionadas.

VIII. No obsta a tal solución el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ABustos@ por los siguientes motivos: a) las sentencias dictadas por el Alto Tribunal sólo vinculan en los casos en los que son dictadas (Fallos: 255:187;

262:101; 263:145; 264:13 y 307:671); 21) aunque son y serán tenidas en cuenta siempre por esta Cámara en razón de la jerarquía del órgano jurisdiccional que las dicta, ello no significa que los jueces de las instancias inferiores deban abdicar de la función que les confiere la Constitución en punto al control de constitucionalidad, pues el rol institucional de la Corte no supone instaurar una única instancia eliminando, virtualmente, la intervención de las restantes autoridades judiciales del país. En un todo de acuerdo con este postulado, se exige que los fallos que se aparten del holding fijado por el Alto Tribunal se sustenten en Anuevos argumentos@ (Fallos: 307:1096), ya que la disparidad de criterios -bien que circunscripta a los límites indicados- no es Asino una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Ley Fundamental@ (disidencia del juez Severo Caballero en Fallos: 311:460); 31) antes del fallo recaído en ABustos@ la propia Corte resolvió la inconstitucionalidad del régimen legal atacado en el sub lite (Fallos: 326:417), por lo que no puede decirse -estrictamente hablando- que el presente pronunciamiento se aparte del criterio oportunamente sentado por el máximo Tribunal de la República, máxime cuando en la causa ABustos@ no existe una mayoría de votos que conforme una decisión homogénea respecto de la totalidad de operaciones bancarias comprendidas en la legislación de emergencia (conf. voto del juez Zaffaroni en el precedente cit. con los de los restantes jueces; art. 23 del decreto-ley 1285/58;

CNAp.Cont.Adm.Fed., Sala II, causa AFosaro, Juan Carlos y otro c/ PEN dto. 1570/01, 71/02 y 214/02 s/amparo@, fallada el 4/11/04, y Sala V de dicho tribunal, voto del Dr. Gallegos Fedriani en la causa 117.893/02 del 3/02/05).

En atención a ello, a que no existe una norma que -frente a dos criterios contrapuestos de la Corte- le imponga a los magistrados restantes de la Nación la obligación de seguir uno determinado, y a que no se advierte la razón por la cual, si las disposiciones cuestionadas eran írritas a la Constitución al año de haberse declarado la emergencia, puedan llegar a ser constitucionales varios años más tarde, en un contexto de plena recuperación económica en el que se ha cancelado la deuda externa y con un sistema financiero que sigue funcionando con la casi totalidad de las entidades financieras colapsadas por la crisis, corresponde dar favorable acogida a los agravios de la recurrente que atañen a la invalidez constitucional del bloque normativo analizado.

IX. Por todo lo dicho, considero que corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda. En consecuencia, se condena al Citibank N.A., Sucursal Buenos Aires, al pago en el plazo de diez días de la cantidad necesaria para completar las sumas que la señora Ginestet tenía en las cuentas individualizadas en autos en la misma moneda en la que fueron impuestas originariamente o, en su defecto, en la cantidad de pesos necesaria para adquirir los dólares comprometidos en el mercado libre de cambios. La presente condena devengará intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina y que comenzarán a correr desde el día siguiente de la notificación de la demanda. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así voto.

Los Dres.Medina y Recondo , por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo. Es copia fiel del original que obra en el T? 4, Registro Nº 2 , del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2006.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda. En consecuencia, se condena al Citibank N.A., Sucursal Buenos Aires, al pago en el plazo de diez días de la cantidad necesaria para completar las sumas que la señora Irma Leonor Ginestet tenía en las cuentas individualizadas en autos en la misma moneda en la que fueron impuestas originariamente o, en su defecto, en la cantidad de pesos necesaria para adquirir los dólares comprometidos en el mercado libre de cambios.

La presente condena devengará intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina y que comenzarán a correr desde el día siguiente de la notificación de la demanda.

Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Una vez aprobado -por liquidación firme- el monto de la sentencia en concepto de capital e intereses, el Tribunal procederá a fijar los emolumentos correspondientes a todos los profesionales intervinientes.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Fdo.: Guillermo Alberto Antelo - Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo.