Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-29


Antecedentes La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores confirmó el fallo de primera instancia que había decretado el abandono y preadoptabilidad de los niños K. M. G. y de F. E. G. (fs. 722/727 vta.).

La progenitora de los menores interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 828/840).

Oído el subprocurador general, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión:

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? El Dr. Pettigiani dijo:

I. Las presentes actuaciones se iniciaron el 11/10/2002 a partir de la denuncia de la Sra. J. E. G., tía de la progenitora de autos, quien puso en conocimiento del entonces Juzgado de Menores, la situación de F. E. y K. M. G., de 3 y 1 año y medio de edad respectivamente a esa fecha. La misma denunció que los niños se hallaban fuera de todo cuidado materno y especialmente que la niña, pese a su edad, no hablaba ni caminaba. Por demás, agregaba la denunciante que tenía miedo que la progenitora de la niña la diera en adopción o vendiera, tal como le había sido comentado ello por su hermana, abuela de los niños (fs. 1/2).

A partir de allí se inició la investigación pertinente realizándose un informe ambiental que dio cuenta de la situación socio-económica apremiante de la Sra. S. P. G., madre de los niños, y de su grupo familiar (fs. 5/6).

En noviembre de 2002 declaró la Sra. G. y negó desentenderse de sus hijos, si bien sostuvo que era su intención dar a K. en guarda a la Sra. L. E. L., quien la ayudaba con la crianza de la nena y sería su madrina (fs. 16). Frente a ello, previo informe de la trabajadora social (fs. 25/26), el tribunal decidió mantener a K. -hasta que se resolviese en definitiva su situación- junto a la Sra. L. (fs. 29), quien se ocupó de la debida inscripción del nacimiento de la niña (fs. 30/48).

A su turno, en noviembre de 2003, la Sra. A. C. S. d. B. solicitó la guarda de F., a quien mantenía bajo su cuidado desde julio de ese año, por haberlo recibido directamente de su progenitora a tal fin (fs. 262).

Citada que fue la Sra. G. a los fines de manifestarse respecto de la petición de guarda de la Sra. S., en marzo de 2004, sostuvo su rechazo a que se otorgara la guarda de su hijo en favor de la solicitante, si bien reconoció que a su hijo lo cuidaban bien, pero que cuando consiguiera un trabajo lo llevaría a vivir con ella (fs. 269).

Tres meses después, en junio de 2004, la Sra. G. se presentó en el juzgado y denunció que cuando concurría a visitar a F., los guardadores la atendían mal, en forma seria, y que el nene ya no la recibía con abrazos y besos como antes, por lo que encontrándose en hogar estable y criando a las dos hijas de su nueva pareja, solicitó la restitución de su hijo (fs. 276/277, reiterada a fs. 327). En forma previa, el tribunal ordenó el cumplimiento de un amplio régimen diario de contacto de la progenitora con su hijo (fs. 311/312).

En agosto de 2004, con posterioridad a una denuncia efectuada por la Sra. G. por no poder ver a su hija K. (fs. 49), el juzgado ordenó lo mismo respecto de la niña (fs. 55), así como el inicio de tratamiento psicológico individual para ambas, madre e hija (fs. 57).

Durante ese tiempo surgieron desavenencias entre los guardadores y la progenitora de los niños, pues -a más de otras disputas vinculadas al origen de lesiones en F.- aquéllos denunciaron en varias oportunidades las inasistencias de la madre en el cumplimiento del régimen de visitas fijado por el juzgado, mientras que la progenitora sostuvo que los guardadores ponían obstáculos para el cumplimiento de dicho régimen (fs. 60/65, 70, 72, 73/74, 322, respecto de K.; fs. 315, 318/320, 321, 324, 336/338, 341/342, 377/379, 381/382, respecto de F.).

En octubre de 2004, la Sra. G. solicitó al tribunal la restitución de su hija K. (fs. 73/74).

Finalmente, en diciembre de 2004, previa opinión favorable de la Asesoría de Incapaces actuante (fs. 339/340), avalada por nuevos informes psicológicos (fs. 394), el Juzgado de Menores dispuso la inmediata restitución de K. y F. a su progenitora, con control socio ambiental semanal en el domicilio de los niños (fs. 90/95 y fs. 413/416, respectivamente).

Sin embargo, las actuaciones recobraron impulso cuando el 03/06/2005, la maestra del jardín de K. denunció que la nena había concurrido a clases presentando golpes (fs. 107, situación constatada con la pericia médica de fs. 112), situación que fue asimismo, denunciada por la Sra. L. (fs. 451). Por su parte, F. también refería recibir golpes habituales de parte de la pareja de su madre (fs. 126/127, 198).

Así, en junio de 2005 se ordenó mantener a la niña provisoriamente internada en el Hogar San José (fs. 122), y luego, en agosto de 2005, se dispuso lo propio respecto del niño (fs. 200/201).

Con fecha 04/10/2005, luego de realizada una audiencia de conciliación entre todas las partes, se otorgó la guarda de F. nuevamente a favor de A. C. S. y la de K. nuevamente a favor de L. L. (fs. 459/469, 485 y vta.).

El tiempo transcurrió y según pericia emitida con fecha 09/09/2009, se constató que los niños no habían tenido por los últimos 2 o 3 años vinculación con su madre, aunque sí entre ellos, pues se visitaban todos los días (fs. 619/623, lo que era confirmado por el informe ambiental practicado a fs. 594 y el informe de la terapia para recomposición del vínculo de fs. 630/633 y 681/684).

A partir de allí, la Sra. S., por un lado, y el matrimonio integrado por los Sres. L. y D., por el otro, solicitaron sendas guardas preadoptivas de los menores (fs. 642, 643 y 648), a las que se opuso la progenitora cuando compareció a la citación cursada por el tribunal, el 17/11/2009, denunciando nuevamente numerosas trabas al tiempo de intentar ver a sus hijos, a las vez que sostuvo estar en condiciones de criarlos (fs. 658).

Así, con fecha 10/12/2009 se presentó formalmente S. G. con el patrocinio letrado del defensor oficial y solicitó que se arbitraran los medios necesarios para poder tener contacto con sus hijos, por estar el mismo imposibilitado por sus respectivos guardadores (fs. 669).

A fs. 674/675 se agregó el informe del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Dolores de fecha 29/12/2009, conforme al cual -a criterio de ese órgano administrativo- ya no era apropiado arbitrar medios para asegurar el contacto de los niños con su progenitora, debido a que los mismos no la querían ver y le tenían miedo (a fs. 557, 573/576, en mayo de 2009, el organismo ya había informado que la progenitora había obstaculizado las estrategias de revinculación que desde allí se habían propuesto).

A fs. 686/688, con fecha 10/3/2010, la asesora de Incapaces dictaminó solicitando que se decretase el estado de abandono de los menores y se otorgara la guarda preadoptiva solicitada.

Se incorporaron luego los informes médicos, psicológicos y ambientales de los menores y sus pretensos guardadores (fs. 617/618, 619/620, 707/720), realizadas entre el 5 y el 11/05/2010.

Así las cosas, con fecha 14/05/2010 el magistrado a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil decretó el estado de abandono de ambos niños y otorgó la guarda preadoptiva de K. M. a los cónyuges N. A. D. y L. E. L., y de F. E. a A. C. S. (fs. 722/727).

El fallo fue apelado por la progenitora. Los jueces de la alzada, luego de tomar contacto personal y directo con los niños, confirmaron lo decidido en primera instancia (fs. 811/819).

II. El tribunal a quo fundó su decisión en que:

a) El planteo de nulidad de la sentencia basado en la violación al derecho de defensa en juicio de la progenitora y al debido proceso legal en el curso de la sustanciación de las actuaciones debía desestimarse por no resultar ámbito propicio el recurso de apelación para enmendar supuestas omisiones o errores procesales que pudiera haber cometido el juzgador con anterioridad a la sentencia; máxime cuando la progenitora había contado desde el inicio de las actuaciones con representación promiscua y luego, cuando cumplió la mayoría de edad, con letrado patrocinante, sin que se articulara incidente alguno en este tiempo ni se especificara en el recurso el agravio concreto de lo decretado en revisión;

b) Luego, tuvo por acreditado en forma palmaria que los niños habían sido víctimas de violencia familiar por parte del concubino de la progenitora, circunstancia que junto al accionar pasivo de esta última, terminaron configurando una situación de riesgo para los menores, incapacitando a la progenitora para el ejercicio del rol materno. Del abandono y descuido por parte de la progenitora recurrente, correspondía colegir que los derechos de los niños habían prevalecido en el decisorio de primera instancia, debiendo tenerse por cumplidos los requisitos del art. 317, CCiv. respecto de sus actuales aguardadores.

III. Contra dicho pronunciamiento se alzó la progenitora por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo e infracción a los arts. 18 y 75, inc. 22, CN, 15, Const. prov.; II, VI, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre; 21, 7, 8, 10, 11, 16.3, 25 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 8, incs. 1 y 2 "a", "b", "c", "d", "e", "g", 17, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre derechos humanos; 10, incs. 1 y 2; 11, incs. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2, 3, 14, incs. 1. 2. 3 "a", "b", "d", "g", 23, inc. 1, 24, inc. 1, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (fs. 828/840).

Aduce en suma que:

a) No existe un solo acto de violencia que la tenga como agresora de sus hijos, ni actos abandónicos de su parte en perjuicio de ellos, por lo que la sentencia analizada concluye errónea y absurdamente sobre su ineptitud para ejercer la maternidad, la patria potestad, desconociendo el interés en juego, de jerarquía superior, cual es el primordial derecho a la identidad de sus hijos y a ser criados por sus padres (fs. 836/837);

b) El proceso se desarrolló en un marco irregular y violatorio de las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso hasta que recién después de 7 años se la citara con patrocinio letrado obligatorio el 30/10/2009, sin que la asistencia a la audiencia del 6 de junio de 2005 con ocasional patrocinio letrado pudiera poseer entidad purgativa de los vicios procesales en tanto hasta allí las guardas otorgadas eran meramente asistenciales y no con fines de adopción (fs. 837/838);

c) El abandono decretado no responde a la realidad de los hechos, cuando la guarda fue decretada pese a la negativa de la progenitora y sus infructuosos reclamos de tener contacto con sus hijos (fs. 839);

d) Finalmente, se ha infringido el art. 317, CCiv., desde que no es posible conceder sin más la guarda preadoptiva a quienes la detentan de hecho, sin haber observado los requisitos legales para ser considerados aptos como aspirantes a adopción (fs. 839).

IV. Pues bien, considero que el recurso no puede prosperar.

1. Por un lado, esta Suprema Corte ha sostenido ya que determinar si existió abandono de uno o varios menores constituye una cuestión de hecho inabordable -en principio- en esta instancia extraordinaria (C. 100.587, fecha 04/02/2009; entre otras), y si bien la impugnante aduce la existencia de absurdo en la valoración de las circunstancias fácticas valoradas por el tribunal a quo para tener por acreditada su configuración, el mismo no ha sido eficientemente demostrado (art. 384, Cód. Civ. y Com.).

En autos, la recurrente insiste, en forma genérica, con la ausencia de todo acto de desatención o violencia en contra de sus hijos, mas omite confrontar las concretas razones dadas por la alzada para hallar corroborado el estado de abandono de los niños, en especial su actitud omisiva frente a las agresiones que recibían de parte de quien en ese entonces era su pareja. Así como el abandono cristalizado a partir de la falta de contacto con ellos durante el período posterior a la nueva guarda otorgada en octubre de 2005, lapso durante el cual tampoco constan denuncias de su parte por supuestas obstrucciones de los guardadores a dicho proceso de revinculación -recién las formula cuando es citada a fines de 2009-, que por el contrario, fue calificado por el propio Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños de Dolores como inapropiado justamente por conductas propias de la progenitora.

Es que para que la Corte pueda revisar las cuestiones de hecho no basta con denunciar absurdo y exponer -de manera paralela- su propia versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que pueda ser la opinión del recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que esta Corte sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación, y esto es así aun cuando este último pueda aparecer como discutible, objetable o poco convincente (C 101.243, fecha 07/10/2009; C. 105.769, fecha 06/10/2010; entre otras).

2. Otro tanto ocurre con las objeciones que la recurrente reitera en esta instancia acerca del estado de indefensión que habría padecido en el transcurso del proceso hasta que en octubre de 2009 se presentara con el patrocinio letrado del defensor oficial departamental, pues en este caso, por un lado, omite nuevamente expresar cuáles habrían sido los gravámenes concretos que dicha presunta situación procesal mantenida hasta el año 2009 le habría provocado, circunstancia que torna en insuficiente el embate que reitera en esta instancia (arg. art. 279, Cód. Civ. y Com.).

En efecto, toda vez que la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo es un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante en vía extraordinaria, la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que la misma se asienta (C. 97.485, fecha 20/02/2008; C. 97.296, fecha 15/04/2009; entre otras).

Pero adicionalmente, por otro lado, tampoco se condice su postura con las constancias de la causa pues la recurrente no sólo se había presentado ante el tribunal de origen en varias oportunidades durante el año 2004 en ejercicio de su derecho de defensa y en procura de obtener la facilitación del contacto con sus hijos que ya se encontraban dados en guarda (fs. 49, 276/277), sino que asistió a la audiencia del 6 de junio de 2005 con patrocinio letrado (fs. 121) y nuevamente en el mes de marzo de 2007 designó uno nuevo (fs. 553/554), sin que luego de esos actos procesales volviera a acudir al juzgado con petición alguna al respecto (art. 384, Cód. Civ. y Com.).

3. No obstante lo expuesto, no omito considerar que este tribunal ha dicho que en los procesos donde se ventilan conflictos de familia y en general cuestiones de interés social, se amplía la gama de los poderes del juez, atribuyéndosele el gobierno de las formas, a fin de adaptar razonable y funcionalmente el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice. Es evidente que en estos litigios aislar lo procesal de la cuestión sustancial o fondal, limitarlo a lo meramente técnico e instrumental, es sustraer una de las partes más significativas de la realidad inescindible (conf. mi voto en causas Ac. 56.535, fecha 16/03/1999; C. 87.970, fecha 05/12/2007 y C. 99.748, fecha 09/12/2010).

En el mismo sentido ha dicho la Corte Suprema nacional que queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia, si éstos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar (conf. JA 2006-II-27).

Así pues observo que lo resuelto por las instancias jurisdiccionales precedentes concilia acabadamente con el interés de los menores involucrados en el presente proceso. "Interés del menor" que en mi criterio debe ser aprehendido como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (mi voto en Ac. 63.120, fecha 31/03/1998 y en Ac. 73.814, fecha 27/09/2000; Ac. 79.931, fecha 22/10/2003), máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad, en tanto lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente (mi voto en Ac. 66.519, fecha 26/10/1999; Ac. 71.303, fecha 12/04/2000; Ac. 78.726, fecha 19/02/2002).

Así, la jerarquía de los derechos vulnerados, que interesan sin duda alguna al interés público, y la consideración primordial del interés de los menores involucrados deben guiar la solución del caso en orden a restablecerlos por una parte y hacerlo con el menor costo posible -entendiendo esto último en términos de economía y celeridad procesales-, atendiendo a razones de elemental equidad (mi voto en Ac. 56.535, fecha 16/03/1999 y en Ac. 84.418, fecha 19/06/2002).

Por ello, en aras de ese interés superior de K. y F. y de la protección y defensa de sus derechos, quedan relegados en una medida razonable los de los mayores, y el proceso despojado de toda consideración ritualista, para tender casi exclusivamente a la satisfacción de aquella meta, aún mucho más resaltada a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a nuestro texto constitucional por imperio de la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22).

Surge así de las constancias de esta causa que luego de que el tribunal (estando K. y F. bajo el cuidado de las Sras. L. L. y A. S.), desarrollara una intensa labor con miras a intentar la revinculación de los niños con su madre, éstos resultaron reiteradamente golpeados por el concubino de su progenitora (situación constatada pericialmente), por lo que fueron internados provisoriamente en el "Hogar San José", para luego finalmente volver cada uno con sus guardadores iniciales.

Las pericias realizadas posteriormente dan cuenta de la falta de vinculación de K. y F. con su progenitora, así como del temor y el rechazo ante la eventual posibilidad de encontrarla, manteniendo entre ellos contacto diario, vínculo de importante significación afectiva recíproca (fs. 594, 619/622, 630/633, 681/684).

A su vez, el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Dolores informó: "que (ya) no e(ra) apropiado arbitrar los medios para asegurar el contacto de los niños con su progenitora, ya que los mismos le tienen miedo, no la quieren ver, se sienten mal con ella, no quieren pasar por hechos que ya vivieron y en este momento [diciembre de 2009] los niños no tienen sus derechos vulnerados. Se encuentran adaptados, protegidos, contenidos, queridos en sus nuevos hogares. Y por el tiempo transcurrido de la guarda consideramos que no es conveniente la revinculación con la progenitora. Dado el informe remitido por la psicóloga que atendió a los niños... la progenitora de los nenes fue citada en varias oportunidades y nunca asistió, así como tampoco cumplió el régimen de visitas pautado judicialmente, situación poco propicia si lo que se trata es un vínculo estable y duradero con la consecuente represión emocional que conlleva en el desarrollo psicoemocional de ambos niños..." (fs. 674/675), conclusiones que fueron luego corroboradas por los informes técnicos de los auxiliares actuantes ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil (fs. 617/618, 619/620, 621/622, 707/720).

Es posible entonces concluir que más allá de las razones que dieron origen a la última disposición de los niños bajo la custodia de sus actuales guardadores (en la audiencia celebrada el 04/10/2005, fs. 459/469), la propia conducta de la progenitora desplegada durante los casi cuatro años posteriores a la misma, en los cuales no sólo no logró regenerar vínculo afectivo alguno con sus hijos, sino que por el contrario, ella misma se constituyó en obstáculo a tal fin (fs. 557, 573/576, 674/675), sumada a que con excepción de los meses que van entre diciembre de 2004 y octubre de 2005, los niños han vivido desde el año 2002 junto a sus actuales guardadores, con quienes han sabido consolidar a lo largo del tiempo saludables lazos parento-filiales (fs. 617/618, 619/620, 708/709, 710, 712, 715, 716/717 respecto de F. y la familia S.; fs. 617/618, 621/622, 707, 711, 713/714, 718/719, 720, en relación con K. y la familia L.), situación de la que he tomado directa impresión en la audiencia celebrada ante este tribunal, con asistencia de la Representante del Ministerio Público y un perito psicólogo (ver acta de fs. 867), me convencen de que la decisión del tribunal de origen de conceder la guarda de los niños con fines de adopción en favor de los actuales guardadores ha sido acertada por responder cabalmente al superior interés concreto y actual de K. y F. respectivamente (arg. arts. 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; 2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; 1, 18, 31, 33, 75, inc. 19, 22, 23 y ccdtes., CN; 1, 11, 15, 36.2 y ccdtes., Const. prov.; 1, apart. 1, párr. 2º, 3 y 9, ley 26061; igualmente el art. 4, ley 13298).

Es que al lado de las obligaciones estatales asumidas en procura del respeto o tutela del derecho de los menores a la preservación de su identidad y de sus relaciones familiares, velando porque los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, el mismo texto internacional prevé -razonablemente- que esto último debería ceder cuando la separación se presente como necesaria en el interés superior de los menores, como por ejemplo cuando sean objeto -como ha ocurrido en el caso- de descuido o abandono (arg. arts. 8, 9, 19, Convención sobre los Derechos del Niño).

En tal sentido, la maternidad no constituye una omnipotestad biológica que confiera impunidad para incursionar en experiencias abandónicas o desarraigantes que dejen secuelas irreparables a los hijos durante el resto de su vida, por lo que quienes han sido dotados de la aptitud de engendrar no pueden ir y volver sobre sus pasos irresponsable e impunemente. El necesario punto de inflexión debe encontrarse en el superior interés del menor..., y en este aspecto aparece la posibilidad de que los niños víctimas de tales desatinos sean pasibles de adopción, no como consecuencia de una sanción impuesta a los padres, sino como un remedio para los hijos, resultando en definitiva irrelevante, en principio, el motivo por el cual se produjo el abandono o desamparo que los coloca objetivamente en grave peligro material o moral (conf. mi voto en Ac. 79.931, fecha 22/10/2003).

4. Finalmente, el agravio vinculado con la supuestamente indebida conversión del procedimiento en los términos del art. 317, CCiv. tampoco puede ser de recibo.

Si bien es cierto que la guarda otorgada a los pretensos adoptantes fue en su inicio carente de dicha finalidad, con el transcurso del tiempo y el devenir de los acontecimientos, aquéllos solicitaron la conversión de sus respectivas custodias en guardas con fines de adopción. En tales términos, corroborado el estado de abandono de los niños por parte de su progenitora, el consolidado grado de afecto parento-filial de los vínculos conformados entre los niños y sus guardadores al amparo de la autoridad jurisdiccional, así como la aptitud adoptiva de éstos (fs. 617/618, 619/620, 621/622, informes técnicos de fs. 707/720), el tribunal de grado dispuso dicha conversión en el entendimiento que la misma respondía al superior interés de K. y F. respectivamente (fs. 722/727).

Dicha actuación no resulta merecedora de reproche.

Por un lado, porque a partir de los informes técnicos quedó en evidencia que los guardadores reúnen condiciones saludables para asumir la parentalidad de los chicos (fs. 713/714), habiendo construido verdaderos lazos facilitadores de un adecuado desarrollo emocional de los menores (fs. 708/709).

Así como por otro lado, porque la efectiva constatación de su aptitud adoptiva enerva toda objeción que pudiera emanar de la ausencia de su inscripción en el Registro Único de Aspirantes a Guardas de Adopción. Ello así pues éste constituye simplemente un medio instrumental, como tal ordenado a la consecución de un fin (mi voto en Ac. 73.814, fecha 27/09/2000 y en Ac. 84.418, fecha 19/60/2002), que jamás podrá erigirse en elemento que conspire contra el interés superior del menor (mi voto en Ac. 78.013, fecha 02/04/2003), de modo que en definitiva cumple una función de marcada importancia en cuanto rodea de ciertas garantías la entrega de criaturas en estado de abandono con destino a su futura adopción contribuyendo a desplazar prácticas viciosas tales como el tráfico y la explotación de menores, pero no puede representar una especie de monopolio para determinar las personas que puedan adoptar un niño (mi voto en Ac. 84.418, fecha 19/06/2002).

De este modo, "el requisito de inscripción en el registro no puede constituirse en un requerimiento ritual,... sino que debe ser interpretado y aplicado con arreglo al principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes,... que orienta y condiciona toda decisión de los tribunales en aras de lo que resulta de mayor beneficio para ellos" (Corte Sup., "R. H. en G., M. G. s/prot. de pers.", fecha 16/09/2008); y en el presente caso, por las consideraciones ya efectuadas por el tribunal de grado, las edades de los niños, el conocimiento acabado de ambos sobre su realidad biológica y la garantía de que mantendrán su vínculo fraternal -como lo han venido haciendo hasta ahora-, encuentro que tanto el otorgamiento de la guarda con fines de adopción de K. M. a los cónyuges N. A. D. y L. E. L., como el otorgamiento de la guarda con fines de adopción de F. E. en favor de A. S., también han respondido acabadamente al superior interés de los menores (arg. arts. 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño; 2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; 1, 18, 31, 33, 75, inc. 19, 22, 23 y ccdtes., CN; 1, 11, 15, 36.2 y ccdtes., Const. prov.; 1, apart. 1, párr. 2º, 3 y 9, ley 26061; igualmente el 4, ley 13.298).

V. Por lo tanto, en virtud de todo lo expuesto y en concordancia con lo dictaminado por el subprocurador general, propongo el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley entablado. Costas a la recurrente vencida (art. 289, Cód. Civ. y Com.).

Voto por la negativa.

El Dr. Soria dijo:

1. El recurso no puede prosperar.

a. De un lado, por las razones expuestas por el Dr. Pettigiani en el pto. IV, aparts. 1 y 2 -al que adhiero en tal parcela- corresponde desestimar las quejas relativas a la declaración de abandono y estado de adoptabilidad de los menores y la esgrimida indefensión.

b. Del otro, el segmento de la protesta enderezada a cuestionar la conversión del procedimiento en los términos del art. 317, Cód. Civil luce manifiestamente insuficiente.

En sustento de su queja, la recurrente expresa que medió una "indebida conversión del procedimiento" de "guarda simple [...] en un proceso de guarda preadoptiva previsto en el art. 317, CCiv.". Arguye que "no se puede sin más conceder la guarda preadoptiva a quienes la detentan de hecho sin haber observado los requisitos legales para ser considerados aptos como aspirantes a adoptantes, pues la referida guarda no se consolida, ni se convalida por lo antiguo y sostenido de las transgresiones que se reprochan" y sostiene que aquella guarda simple se debió a "motivos estrictamente económicos" (ver fs. 839 y vta.).

A tal enunciado se ciñe su embate sobre el punto, careciendo de todo desarrollo argumental en torno a la eventual violación de normas o doctrina legal de esta Corte y desentendiéndose por completo de las razones concretas brindadas por el tribunal -con base en las constancias y hechos comprobados en la causa cuya absurdidad no se ha logrado demostrar- a fin de tener por cumplidos los recaudos exigidos por el art. 317 del ordenamiento civil (ver fs. 815 vta./818 vta.), lo que sella adversamente la suerte de sus agravios (art. 279 su doc. del Cód. Civ y Com).

2. Voto, en consecuencia, por la negativa.

El Dr. Negri dijo:

Adhiero al voto del Dr. Soria.

En ese sentido recuerdo que, en otro contexto fáctico, puse de relieve el valor de la familia biológica y en su momento la restitución del niño al hogar de sus padres biológicos (conf. Ac. 69.426, fecha 12/09/2001). Sin embargo, las excepcionales circunstancias de esta caso -específicamente detalladas por el Dr. Pettigiani en los párrafos sexto a noveno del apart. IV, pto. 3, de su voto y las que surgen de los informes obrantes a fs. 617/622- determinan que ese principio deba ceder toda vez que el interés superior de los niños así lo exige.

En consecuencia, doy mi voto por la negativa.

La Dra. Kogan, por los mismos fundamentos del Dr. Pettigiani, votó la cuestión también por la negativa.

El Dr. Hitters dijo:

La impugnación no puede prosperar.

Para fundar esa respuesta, y en lo que tiene que ver con la protesta ensayada frente a la confirmación por parte de la alzada, de la declaración de abandono y situación de adoptabilidad de los niños; adhiero a las consideraciones que a ese respecto ha dejado expresadas en el pto. IV, apart. 1 el colega que ha dado apertura a este acuerdo, y que ponen de resalto la inidoneidad que presenta la queja para demostrar que el aludido aspecto del decisorio ha recaído al cabo de una valoración absurda de los hechos y las pruebas reunidas.

A las aludidas razones sumo las conclusiones corroborantes del sentido y alcance de ese contenido de decisión del tribunal de alzada, y que ha extraído el colega (párrafos quinto a décimo del apart. 4 del pto. IV), a partir de una merituación y análisis propio, tanto de los distintos elementos probatorios allegados al expediente, como de la conducta de la progenitora.

En lo que a la denuncia de indefensión se refiere, acompaño expresamente los argumentos expuestos por el Dr. Pettigiani en el apart. 2 del pto. IV de su voto, y que estimo son suficientes para descartar la tesis de la impugnante.

Finalmente y con relación a la queja que se postula de la mano de la pretendida infracción del art. 317, CCiv., comparto los señalamientos de insuficiencia (art. 279 y su doctrina del Cód. Civ. y Com.) que resalta el Dr. Soria.

Sin mengua de lo anterior, la infundabilidad de este aspecto de la denuncia ha de encontrar sustento a partir de la línea de razonamiento que ha dejado expuesto el Dr. Pettigiani su voto en el pto. IV, apart. 4, párr. 6º de su voto.

Voto por la negativa.

El Dr. Genoud, por los mismos fundamentos del Dr. Pettigiani, votó la cuestión también por la negativa.

El Dr. De Lázzari, por los mismos fundamentos del Dr. Soria, votó la cuestión también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia:

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, en concordancia con lo dictaminado por el subprocurador general, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, Cód. Civ. y Com.).

Notifíquese y devuélvase.- Eduardo J. Pettigiani.- Daniel F. Soria.- Héctor Negri.- Hilda Kogan.- Juan Carlos Hitters.- Luis E. Genoud.- Eduardo N. de Lázzari. (Sec.: Carlos E. Camps).