Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17976 EXPEDIENTE Nº 20.952/2011 SALA IX	En la Ciudad de Buenos Aires, 29/6/12 para dictar sentencia en los autos caratulados: "MINISTERIO DE TRABAJO C/ UNION TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S/ LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I.- La Unión de Trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-U.T.I. cuestiona, con fundamento en el art. 62 de la ley 23.551 (ver fs. 1/17 del Expediente Nro. 1.446.556/11, agregada como fs. 61 del Expte. Nro. 1.243.618/07), la Resolución Nro. 344 suscripta por el Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con fecha 25/4/11 (ver fs. 52/56 del Expte. Nro. 1.243.618/07), por la cual se le otorgó a la Unión de Trabajadores del Estado-U.T.E.R.A. la personería gremial, con carácter de asociación gremial de primer grado para agrupar a los trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con zona de actuación en todo el territorio nacional.

Que, a fs. 149, de conformidad con lo sugerido a fs. 148 por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se dispuso sustanciar el recurso con U.T.E.R.A., quien a fs. 167/176 se presentó a contestar los agravios vertidos por la recurrente.

Que, a fs. 182/vta. obra dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Dictamen Nro. 53.640 del 24/10/11).

Que, a fs. 183/184 U.T.E.R.A. agrega certificación del PAMI de la cantidad de afiliados cotizantes de la presentante durante los meses de febrero de 2010, abril de 2011 y octubre de 2011; que, a fs. 192 el Tribunal dispuso correr traslado de la presentación y; que, a fs. 200 U.T.I. lo contesta rechazando la incorporación de dichas constancias a la causa en esta instancia judicial y, en su caso y a todo evento, señaló que el cotejo de los datos allí consignados sella la suerte de la cuestión en sentido adverso a la petición de la personería gremial por U.T.E.R.A.	II.- Que, de las constancias agregadas a la causa se desprende que el Expediente Nro. 1.243.618/07 fue iniciado por la Unión de Trabajadores del Estado- U.T.E.R.A. con el objeto de solicitar el otorgamiento de personería gremial (ver fs. 1) en su carácter de asociación sindical de primer grado, dentro de su ámbito personal y territorial de actuación conforme lo determina su estatuto social vigente y de acuerdo a lo establecido por el art. 25 de la ley 23.551 (ver fs. 3). Agrega que conforme el art. 2 del Estatuto Social, la Unión agrupa en su seno a los trabajadores estatales en relación de dependencia sean permanentes, transitorios, contratados, que presten servicios para cualquiera de los poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, entes autárquicos, servicios de cuentas especiales, organismos de control, entes de control de empresas privatizadas o control de servicios públicos, entes públicos no estatales centralizados o descentralizados o cooperadores, empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal, sociedades estatales y con participación de capital estatal, trabajadores dependientes de mercados de hacienda, frutos, flores, centrales de cualquier naturaleza y todo otro organismo centralizado o descentralizado y cooperadores en el orden nacional, provincial, municipal o mixto, y obras sociales de cualquiera de las personas jurídicas antes individualizadas. También agrupa al personal jubilado, retirado que haya estado afiliado al momento de acogerse al beneficio (ver fs. 5).

Que dicho objeto fue readecuado conforme surge de la presentación agregada a fs. 1 del Expediente Nro. 1369038 obrante a fs. 21 de la presente, de modo tal que la petición de personería gremial se circunscribió a la representación de los trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Que, según fs. 33 (Expte. Nro. 1401483) y fs. 34 (Expte. Nro. 1401481), se presentaron en las actuaciones administrativas, respectivamente, la Unión de Trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados U.T.I. y la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médico Integral y Afines A.P.P.A.M.I.A. y se opusieron a la solicitud efectuada.	Que, a fs. 36/38 y fs. 39 obran los dictámenes y resolución del Sr. Director General de Asuntos Jurídicos y de la Sra. Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de los que surge -entre otros argumentos- que "... la entidad estaría peticionando su personería gremial con una tipología diferente a la adoptada como simplemente inscripta, situación no prevista en la normativa aplicable...".

Que, a fs. 42 (Expte. Nro. 1408396) la U.T.E.R.A. interpuso Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio y, como consecuencia, a fs. 48/49 la Sra. Secretaria de Trabajo dispuso se proyecte acto resolutivo de otorgamiento de la personería gremial solicitada.

Que, a fs. 52/56 se encuentra la Resolución Nro. 344 por la cual el Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social admitió el pedido efectuado por U.T.E.R.A. y expresamente dispuso que ". el reconocimiento que por este acto se efectúa no afectará los ámbitos con personería gremial que detenten otras entidades del sector, en atención a lo establecido por la Resolución Nro. 255/03 dictada por esta Cartera de Estado. .".	Que, la Unión de Trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados- U.T.I. presentó a fs. 61 el recurso que ahora se trata y en el que sostiene como argumento central que la mencionada Resolución Nro. 344 violenta el art. 25 de la ley 23.551, su derecho de defensa en juicio y garantías del debido proceso consagradas por el art. 18 C.N., el derecho a la igualdad del art. 17 de la Ley Suprema de la Nación e implica una tergiversación de la Resolución MTE Y SS Nro. 255/03.

III.- Sentado ello, observo que el eje del debate que se plantea en autos se circunscribe a si se ajusta a la normativa vigente el otorgamiento de la personería gremial a U.T.E.R.A., con carácter de asociación gremial de primer grado para agrupar a los trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con zona de actuación en todo el territorio nacional.

Considero que ello no debería ser obstáculo en principio, desde que el libre ejercicio del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos implica la libre determinación de la estructura y la composición de estos sindicatos (cfre. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, 4ta. Edición, párrafo 275).

Al respecto, no se puede soslayar la raigambre constitucional de los derechos involucrados en autos que, en definitiva, se refiere a diferentes aspectos de la libertad sindical tanto en lo individual como en lo colectivo, garantizados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y por cláusulas de diversos instrumentos internacionales de igual jerarquía que la Constitución Nacional (conforme art. 75, inciso 22 C.N.), tal el caso de -entre otros- los arts. 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 22 del Pacto Internación de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Asimismo, desde la normativa de la O.I.T. resultan aplicables fundamentalmente los Convenios Nro. 87 sobre Libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el Nro. 151 sobre Las relaciones de trabajo en la administración pública; pues no se puede obviar la peculiaridad del colectivo involucrado, toda vez que se trata de los trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

En tal sentido, recuerdo que -por ejemplo- el artículo 8 punto 1 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales enuncia "El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos..."; en tanto que el inc. 3 estipula que "Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías".

Pues bien, el art. 2 del Convenio Nro. 87 de la O.I.T. establece que "Los trabajadores... sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas" y el art. 3 "1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal".

Mientras que el art. 5 del Convenio Nro. 151 estipula que "1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas. 2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. 3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública"	Agréguese que la Declaración de la O.I.T. relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, del año 1998, prevé que los Estados Miembros, al incorporarse libremente, han aceptado los principios y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales de la organización; principios y derechos que han sido consagrados y expresados en los convenios reconocidos como fundamentales y que todos los Estados Miembros -en particular y entre otros la libertad sindical-, aún cuando no hayan ratificado los convenios aludidos tienen un compromiso, que se deriva de su mera pertenencia a la O.I.T., de respetar, promover y hacer realidad tales principios y derechos fundamentales, de buena fe y de conformidad con la Constitución, por tratarse de normas que constituyen el jus cogens, como norma aceptada por la comunidad internacional.

IV.- Entrando a analizar la cuestión particular de autos, adelanto que los jueces deben poder conocer el fondo de las cuestiones relativas a la negativa del registro, a fin de determinar si las disposiciones en que se basan las medidas administrativas recurridas infringen o no los derechos que el Convenio núm. 87 reconoce a las organizaciones profesionales. (cfre. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, 4ta. Edición, párr. 267).	En tal sentido y haciendo especial hincapié en las normas internacionales citadas precedentemente, así como en las razones expresadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos "Asociación de Trabajadores del Estado c/Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales" del 11/11/08 y "Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional - Armada Argentina s/ sumarísimo" del 9/12/09, se puede observar de manera preliminar:

1. De la Libertad Sindical se deriva la legitimidad para constituir las asociaciones sindicales que los trabajadores estimen conveniente y para adoptar el modo de organización que consideren adecuado.

2. La posibilidad de constituir más de una asociación sindical emerge de la Ley de Asociaciones Sindicales (art. 4 de la Ley 23.551) bajo un modelo de unidad promocionada, en el cuál sólo a la entidad sindical más representativa se le reconocerá personería gremial. En cambio, para el caso de los trabajadores del Estado, de la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nro. 255/2003 resulta la aplicación del principio de pluralidad sindical, con la posibilidad de que se reconozca la personería gremial a más de una organización sindical.

3. Por otra parte, la autonomía sindical debe tener como marco las previsiones legales, vale decir, no puede prescindirse de la Ley de Asociaciones Sindicales en tanto ella sea compatible y no obstaculice el desarrollo y ejercicio de la libertad y autonomía sindical.

4. El objeto de la mencionada Resolución Nro. 255/03 "... que la personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales preexistentes", debe adecuarse al marco de la Ley de Asociaciones Sindicales, en tanto el ejercicio de las facultades reglamentarias del poder administrador no puede alterar el espíritu de la legislación nacional con excepciones reglamentarias (arts. 28, 31, 99 pto. 2 de la C.N. y art. 56 de la ley 23.551).

5. Debe destacarse que la ley 24.185 se refiere a la "negociación colectiva" en el sector de la administración pública nacional. En consecuencia, queda claro que rige tan sólo un aspecto de la actividad sindical, el referido a la negociación colectiva en ese sector. Pero no regula el régimen referido al contenido para el otorgamiento de la personería gremial para la actuación en ese ámbito. Por lo tanto, debe ser compatibilizada con el marco general de la Ley de Asociaciones Sindicales que lo regula y le sirve de referencia. Además, la pluralidad en el otorgamiento de la personería gremial no debe ser confundido con el porcentaje de votos que le corresponde a cada parte para conformar la comisión negociadora (art. 4 de esa ley).

V.- Expresadas esas notas preliminares, diré que el Comité de Libertad Sindical ha resuelto en su informe a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1948, que la Comisión de Libertad Sindical y de Relaciones de Trabajo declaró que "los Estados quedan libres para fijar en su legislación las formalidades que les parezcan propias para asegurar el funcionamiento normal de las organizaciones profesionales". Por consiguiente, las formalidades prescritas en las reglamentaciones nacionales acerca de la constitución y del funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y de empleadores son compatibles con las disposiciones del Convenio, a condición, claro está, de que esas disposiciones reglamentarias no se hallen en contradicción con las garantías previstas por el Convenio núm. 87. (cfre. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, 4ta. Edición, párr. 247).

Asimismo, ha dicho que "una disposición que prevea que los estatutos sindicales deben cumplir los requisitos de la legislación nacional no constituye una violación del principio de que las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho de redactar sus propias constituciones y estatutos en plena libertad, siempre que esos requisitos reglamentarios no infrinjan el principio de la libertad sindical y de que, además, la aprobación de los estatutos por la autoridad competente no se halle sometida a la facultad discrecional de dicha autoridad". (cfre. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, 4ta. Edición, párr. 334).

Por lo tanto, los recaudos requeridos por la ley de asociaciones sindicales no resultan desplazados, en tanto sean pertinentes y compatibles, es decir, no se opongan ni a la regulación de la negociación colectiva en el sector de la administración pública nacional (previsto por la ley 24.185), ni al otorgamiento de la personería gremial en el ámbito del sector público (previsto por Res. MT 255/03).

En razón de ello, considero que en el caso concreto que se debate en autos, corresponde remitirse a la aplicación de la "parte pertinente" del art. 25 de la ley 23.551, que resulte compatible como requisito previo y necesario para el otorgamiento de la personería gremial en el ámbito del sector público.

VI.- De tal modo, la referencia del art. 25 de la ley 23.551 al cotejo de la mayor representatividad o la identificación de la "más representativa" no resulta aplicable a los fines del otorgamiento de personería gremial en el ámbito personal de que se trata en atención a que rige en el mismo el principio de "pluralidad sindical" que emerge de la ya citada Resolución Nro. 255/03.

Pero en cambio, sí deviene exigible el recaudo de los 6 meses durante los cuales la asociación sindical debe haber detentado el carácter de simplemente inscripta, por entender en caso contrario que se desvirtuaría la distinción entre sindicatos "simplemente inscriptos" y sindicatos "con personería gremial" consagrada por el modelo sindical argentino, cuya validez no ha sido puesta en tela de juicio.

Y, en el concreto supuesto del otorgamiento de la personería gremial, puede verse que si se trata del ámbito privado accederá sólo una asociación sindical a tal condición (cfr. art. 25 de la ley 23.551); mientras que en el caso del sector público, lo podrán hacer varias (cfre. Resolución Nro. 255/03). Pero en un caso u otro, resulta definitoria la calificación de "representatividad" durante los últimos seis meses anteriores a la petición. Caso contrario se podría verificar el absurdo de que una asociación sindical con al menos el número de afiliados necesarios para constituir la Comisión Directiva podría acceder a la personería gremial, lo que deviene además incompatible con el régimen previsto por la ley 23.551, ya que en el punto rige el recaudo de una representatividad de "al menos" el 20 % de los trabajadores del ámbito de que se trate durante los seis meses anteriores a la solicitud (cfre. art. 25 ley 23.551).	En definitiva, considero que en el ámbito de los trabajadores del sector público, no se requiere para acceder a la personería gremial el recaudo de la "mayor" representatividad, pues rige el ya citado principio de pluralidad sindical. Pero sí resultan exigibles los referidos a la antigüedad en la condición de asociación sindical simplemente inscripta y el de tener afiliados al menos al 20% de los trabajadores del ámbito personal de que se trata en los 6 meses previos a la solicitud.

VII.- Las referidas circunstancias no afectan el principio de Libertad Sindical y sus manifestaciones, pues sobre ella la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: "...La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad... Esta Corte considera que la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus iuris de los derechos humanos..." (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso "Baena Ricardo y otros", sentencia de 2 de febrero de 2001).

Y que "...En su dimensión individual, la libertad de asociación, en materia laboral, no se agota con el reconocimiento teórico del derecho a formar sindicatos, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para ejercer esa libertad. Cuando la Convención proclama que la libertad de asociación comprende el derecho de asociarse libremente con fines "de cualquier (...) índole", está subrayando que la libertad para asociarse y la persecución de ciertos fines colectivos son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de asociarse representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de la colectividad de alcanzar los fines que se proponga. De ahí la importancia de la adecuación con la Convención del régimen legal aplicable a los sindicatos y de las acciones del Estado, o que ocurran con tolerancia de éste, que pudieran hacer inoperante este derecho en la práctica... En su dimensión social la libertad de asociación es un medio que permite a los integrantes de un grupo o colectividad laboral alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de los mismos... Las dos dimensiones mencionadas de la libertad de asociación deben ser garantizadas simultáneamente, sin perjuicio de las restricciones permitidas en el inciso 2 del artículo 16 de la Convención... Este Tribunal considera que el contenido de la libertad sindical, una forma de la libertad de asociación, implica la potestad de elección respecto de cómo ejercerla. En este sentido, un individuo no goza del pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación, si en realidad esta potestad es inexistente o se reduce de tal forma que no pueda ponerla en práctica. El Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses..." (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso "Huilca Tecse vs. Perú", sentencia de 3 de marzo de 2005).

Por su parte, se ha dicho que "... el 'modelo' -en referencia al sindical- en sí no ha sido objetado. No cabe extraer otra conclusión del hecho de que no se mencionen entre los censurados ni el art. 25 (que es el que específicamente instituye la 'personería gremial' para el sindicato más representativo -agrego, en el ámbito privado); ni que el inciso c) del artículo 31 (que les otorga en exclusividad a las poseedoras de personería gremial el derecho a intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social); ni el inciso f) del mismo precepto (que también les reserva en exclusividad la facultad de administrar sus propias obras sociales o participar de la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo); ni tampoco, por cierto, el artículo 1° de la ley 14.250 (que les reconoce como único celebrante posible -por parte de los trabajadores- de una convención colectiva de trabajo) ... Definitivamente, entonces la OIT admite la compatibilidad entre el sistema legal argentino y el Convenio N° 87, aunque reclama algunos ajustes parciales de la norma regulatoria" (Grupo De Expertos en Relaciones Laborales, VALDOVINOS, Oscar (Presidente), ALVAREZ, Eduardo Oscar, ALDAO ZAPIOLA, Carlos, ELFFMAN, Mario, ELIAS, Jorge, FONTANA, Beatriz, RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, SAPPIA, Jorge, SIMON, Julio César, TOPET, Pablo, Estado actual del sistema de relaciones laborales en la Argentina, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2008, págs. 116 y sigs.).	Al respecto, el Comité indicó que en diversas oportunidades, y en particular a propósito de la discusión del proyecto de Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, la Conferencia Internacional del Trabajo había evocado la cuestión del carácter representativo de los sindicatos y admitido, hasta cierto punto, la distinción que a veces se hace entre los diferentes sindicatos de acuerdo con su grado de representatividad. La Constitución de la OIT en el párrafo 5 del artículo 3, consagra la noción de "organizaciones profesionales más representativas". Por consiguiente, el Comité estimó que el simple hecho de que la legislación de un país establezca una distinción entre las organizaciones sindicales más representativas y las demás organizaciones sindicales no debería ser en sí criticable. (cfre. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, 4ta. Edición, párr. 309).

También el Comité se ha referido a la opinión de la Comisión de Expertos (Estudio general de 1994) sobre el alcance de los privilegios y ventajas en favor de los sindicatos más representativos, según la cual: "Ciertas legislaciones, ..., consagran la noción de sindicatos más representativos y suelen conceder a éstos derechos y ventajas de alcance diverso. La Comisión considera que este tipo de disposiciones no es, en sí, contrario al principio de la libertad sindical, a reserva de que se respeten ciertas condiciones. En primer lugar, la determinación de la organización más representativa debería basarse en criterios objetivos, establecidos de antemano y precisos, con el fin de evitar toda decisión parcial o abusiva.". Véase 297 o informe, caso núm. 1798 (España), párrafo 123. (cfre. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, 4ta. Edición, párrafo 310).	En el mismo sentido, "Los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones más o menos representativas tienen que ser de carácter objetivo y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso. Véase Recopilación de 1985, párrafo 239" y "Deben existir en la legislación criterios objetivos, precisos y previamente establecidos para determinar la representatividad de una organización de empleadores o de trabajadores, y dicha apreciación no podría dejarse a la discreción de los gobiernos. Véase 255 o informe, casos núms. 1129, 1298, 1344, 1351 y 1372, párrafo 63. (cfre. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, 4ta. Edición, párrafo 314 y 315).

VIII.- Precisamente, en mi opinión, los recaudos de antigüedad en la actuación, como el grado de representatividad requerido en un determinado período de tiempo, se erigen en los criterios objetivos, precisos y previamente establecidos, al decir del Comité de Libertad Sindical, para determinar la representatividad de una organización de empleadores o de trabajadores.

En virtud de ello, de compartirse mi criterio, los recaudos que resultan exigibles a supuestos que involucran la solicitud de personería gremial para una asociación sindical en el específico ámbito de que se trata el de autos, no impiden la pluralidad sindical en orden a la posibilidad de constituir otras asociaciones sindicales con personería gremial respetando el piso de representatividad; así como tampoco impide el derecho a organizarse sindicalmente en forma "libre y democrática", pues de hecho la asociación sindical que pretende la personería gremial en el específico ámbito personal sobre el que se debate en autos está precisamente constituida y organizada.

El Convenio Nro. 87 de la Organización Internacional del Trabajo se refiere a la Libertad sindical y el derecho de sindicación; vale decir al derecho a constituir asociaciones sindicales, afiliarse a ellas, participar en la vida interna, postularse a cargos -entre otros- como manifestaciones de la libertad sindical, que quedan garantizadas y resguardadas por el régimen de personería jurídica de los sindicatos previstos por la ley 23.551 y que se diferencia del régimen de personería gremial sobre el cual se debate en el caso de autos.	En tanto que el Convenio Nro. 151 de la Organización Internacional del Trabajo que consagra la autonomía e independencia de las asociaciones sindicales de trabajadores del ámbito de la administración pública, veda todo acto de ingerencia en la constitución, funcionamiento y administración de la asociación sindical; lo que en el caso de autos tampoco está comprometido.

IX.- Por lo demás, reiteradamente se ha aludido a que en nuestro sistema no existen derechos absolutos (arts. 14 y 28 C.N.), sino que están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. A la par que la reglamentación de los derechos y garantías constitucionalmente consagrados debe ser razonable y en modo alguno puede significar una anulación o pulverización del derecho que se viene a reglamentar.	Circunstancias estas últimas que no se configuran por el sólo hecho de requerir a los fines del otorgamiento de personería gremial a la Unión de Trabajadores del Estado-U.T.E.R.A. la acreditación de los recaudos de antigüedad en la condición de simplemente inscripta y de una representatividad de al menos del 20% de los trabajadores del ámbito personal de que se trata durante los últimos seis meses anteriores a la petición (cfr. art. 25 ley 23.551).	X.- En definitiva, del cotejo de las constancias de autos, se desprende -de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a fs. 182/vta.- que en la tramitación en sede administrativa del pedido de personería gremial efectuado por Unión de Trabajadores del Estado-U.T.E.R.A., no se ha acreditado en modo alguno la representatividad que detenta la peticionante; lo que por sí solo sella la suerte del pedido efectuado y del recurso de apelación en análisis.

XI.- Finalmente, con relación a la documentación acompañada, observo que no fue pedida ni ordenada por este Tribunal. Es más, resulta contradictoria con la posición asumida por UTERA a lo largo de las actuaciones. Así, por ejemplo, frente a la indicación resultante de fs. 15/16 del Expediente Nro. 2015 1243618/07, sostuvo la inconstitucionalidad de toda medida que deniegue o postergue el otorgamiento de personería gremial a UTERA (ver fs. 4/7 del Expediente Nro. 2015 1369038/2010 agregado a fs. 21 de la presente).

Las constancias que ahora agrega a fs. 183/184, en definitiva, constituye una clara admisión que a los fines por ella pretendidos resultaba necesario acreditar la representatividad, aunque no así la mayor representatividad a estos efectos.

Ahora bien, aún cuando se soslayen las mencionadas cuestiones, no se puede desconocer que la documentación acompañada no refleja los 6 meses continuos de actuación en condición de simplemente inscripta ni el número total de trabajadores del ámbito personal, así como tampoco el número de afiliados a la peticionante; todo lo cual deberá ser cotejado por la Autoridad de Aplicación, en orden a lo peticionado y en resguardo de la garantía de la doble instancia.

XII.- En definitiva, por las consideraciones efectuadas precedentemente, concluyo que el recurso interpuesto en los términos del art. 62 de la ley 23.551 debe ser admitido y, por consiguiente, propongo se revoque la Resolución Nro. 344 dictada el 25 de abril de 2011 por el Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se ordene el dictado de una nueva ajustada a las presentes lineamientos y previo cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 25 de la ley 23.551, limitados a los que se han indicado precedentemente como compatibles. Esto es, período mínimo de actuación como simplemente inscripta y grado de representatividad por afiliar a más del 20% sobre la cantidad promedio de los trabajadores que intente representar durante los seis meses anteriores a la solicitud, sin que necesariamente deba ser la "más representativa", en virtud del principio de pluralidad sindical que rige en la materia.	XIII.- En atención a la solución a la que se arriba y la índole de la cuestión planteada, así como que las partes intervinientes pudieron considerarse con mejor derecho a litigar, las costas en esta sede se declaran en el orden causado (cfe. art. 68 del C.P.C.C.N.).	Teniendo en cuenta la entidad y naturaleza de los trabajos profesionales efectuados en esta sede, índole de la cuestión debatida y pautas arancelarias vigentes, se estiman los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la Unión de Trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados- U.T.I. y de la Unión de Trabajadores del Estado-U.T.E.R.A. en las respectivas sumas de $ 5.000.- y $ 5.000.-, calculadas ambas a valores de este pronunciamiento.-	El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: No vota (art. 125 L.O.).-	A mérito del Acuerdo que precede y oído que fue el Sr. Fiscal General ante esta Cámara de Apelaciones del Trabajo, el TRIBUNAL RESUELVE: I) Revocar la Resolución Nro. 344 dictada el 25 de abril de 2011 por el Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ordenar el dictado de una nueva ajustada a las presentes lineamientos y previo cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 25 de la ley 23.551, limitados a: período mínimo de actuación como simplemente inscripta y grado de representatividad por afiliar a más del 20% sobre la cantidad promedio de los trabajadores que intente representar durante los seis meses anteriores a la solicitud. II) Costas en esta sede en el orden causado. III) Fijar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la Unión de Trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados- U.T.I. y de la Unión de Trabajadores del Estado-U.T.E.R.A. en las respectivas sumas de $ 5.000.- y $ 5.000.-, calculadas ambas a valores de este pronunciamiento.-	Regístrese, notifíquese y, oportunamente, con citación al Señor Fiscal General ante esta Cámara, devuélvase.- Dr. Alvaro E. Balestrini Dr. Roberto C. Pompa JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA	Ante Mí