Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-09


EXPEDIENTE N° 992: "PEREZ Pablo Daniel C/ Lozano Roberto Delfín S/ Acción de Remoción de Socio - Legajo para tramitar Recurso de Apelación".- San Juan, 9 de abril de 2018	VISTO: Para resolver en AUTOS N° 4486/2015-A (C.C. SALA IV Nº 992), caratulados: "PÉREZ PABLO DANIEL C/ LOZANO ROBERTO DELFÍN S/ ACCIÓN DE REMOCIÓN DE SOCIO - LEGAJO PARA TRAMITAR RECURSO DE APELACIÓN", el recurso de apelación articulado contra la sentencia de fecha 09 de agosto del año 2016 obrante a fs. sub 118/119, dictada por el Sr. Juez del Juzgado Comercial Especial. El recurso ha sido concedido sin efecto suspensivo a fs. sub 121.-	Y CONSIDERANDO: Mediante el decisorio recurrido el juez a quo rechazó la nueva medida cautelar solicitada por la parte actora a fs. sub 117 y vta.-	Para así resolver el juez de grado destacó que con anterioridad y a pedido de la misma parte actora se decretó la intervención judicial de la sociedad, limitada a la designación de un veedor, quien presentó informe en fecha 27/06/2016. Relató que basado en el mismo la accionante solicitó la designación de un interventor. Juzgó que dicha medida debe ser analizada con criterio restrictivo, habida cuenta que de la petición realizada, como de las irregularidades informadas por el veedor, no se advertían en forma concreta la configuración de una situación de peligro urgente para la sociedad, que no pueda ser sometida a la decisión de sus órganos naturales conforme lo previsto en la ley o en los estatutos, por lo que adelantó criterio en el sentido del rechazo de la medida.-	Transcribió lo dispuesto por el art. 114, 2° parte de la LSC (hoy Ley General de Sociedades) y citó jurisprudencia. Acto seguido consideró que el peligro grave e inminente debe ser de imposible subsanación por otra vía y de tal seriedad que la demora en la designación del interventor provoque un verdadero peligro de desmembración del patrimonio social, circunstancias que "prima facie" y con los elementos aportados en esta primera etapa del proceso, no lograron conmover la decisión que adoptara de designación de un mero veedor, pronunciándose por el rechazo de la intervención judicial.-	Contra dicho pronunciamiento viene en apelación la parte actora, quien expresa sus agravios a fs. sub 122/126 los que pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer lugar le agravia que el juez de grado para justificar su decisorio haya minimizado el desmanejo de la sociedad por parte del socio-gerente. Refiere que el veedor se vió imposibilitado de cumplir cabalmente con la labor encomendada por la falta de respaldo documental de los negocios sociales de Nova Vista SRL, transcribiendo lo expuesto por el auxiliar. Alega que el veedor reconoce expresamente que la sociedad no funciona con normalidad, llegando incluso a sugerirle al juez que denuncie la situación ante las autoridades fiscales. Explica que las graves omisiones en que incurrió el socio-gerente dejan entrever que gestionó el patrimonio social en su propio beneficio, actuando a contramano de los intereses sociales, poniendo en peligro grave a la propia sociedad y afectando además el derecho de información del socio Pérez. Relata los hechos por los cuales entiende que el gerente de Nova Vista SRL está poniendo en peligro a la sociedad y a los intereses de su parte que según su criterio ameritan la intervención judicial.-	También le afecta que el sentenciante analizara la cautelar con un gran apego a las cuestiones formales, alejándose en forma consciente de la verdad real y objetiva fin de todo proceso, restringiéndole a su parte un adecuado servicio de justicia. Le agravia que con las probanzas arrimadas el a quo no se haya convencido que la sociedad se encuentra en una situación de peligro urgente y que la intervención es necesaria para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al otro socio de la sociedad. Solicita la revocación de la sentencia recurrida y que se ordene la intervención plena de la sociedad con desplazamiento del gerente de sus funciones. Finalmente alega que la sentencia cuestionada viola el principio de congruencia y los derechos constitucionales de debido proceso, de defensa de las personas y principalmente el derecho de propiedad. Formula reservas para interponer los recursos extraordinarios de la Ley Nº 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley Nº 48.-	A fs. sub 133 vta. obra certificación de pase de autos a despacho para resolver en definitiva.-	De la lectura de la expresión de agravios del apelante, se advierte que esta no se ajusta a las disposiciones del artículo 253 del C.P.C.; norma de carácter imperativo, cuyo párrafo segundo establece que: "La expresión de agravios deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas." (el subrayado nos pertenece).-	En el sublite no se han brindado sólidos fundamentos para rebatir la decisión adoptada por el juez a quo en el fallo apelado, cuyos argumentos reprodujéramos, constituyendo el escrito de fundamentación del recurso un mero disenso con lo resuelto por el magistrado. "Expresar agravios significa reputar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que pueda contener la sentencia, pero además, consiste en refutarlos hasta que ninguno de los fundamentos esenciales del pronunciamiento quede en pie. Esto supone la carga procesal que implica una exposición jurídicamente calificada, donde queden en evidencia, punto por punto, aquellos errores que tornan injusta o contraria a derecho la resolución tomada por el juez". (Sala I, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, Autos "Galván de Cañadas, Elena Ivana c/ Gorviric, Jorge Pablo, D. y P.-" L.S. T° 102 F°49/56 14-11-08; Sala IV Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, Autos Nº279- Juzgado Contencioso Administrativo- caratulados "Ortiz Héctor Hugo C/ Provincia de San Juan- Contencioso Administrativo - Prot. L. de Sentencias - T°I - F°40/49- año 2015).- En efecto el apelante no ha logrado demostrar el yerro del sentenciante al negarse a acceder a la nueva cautelar pretendida por el apelante.-	Por esta acción el actor peticiona la remoción del socio gerente, Sr. Roberto Delfín Lozano, de la firma NOVA VISTA SRL, habiendo solicitado en su momento la intervención judicial (v. fs. sub 34 vta./ 36 y vta.). Medida que fue acogida parcialmente por el a quo en el resolutorio de fs. sub 42/44 vta. disponiendo la designación de un veedor judicial fijando la tarea que se le encomendaba y el plazo de duración de la veeduría.-	Posteriormente a fs. sub 117 y vta. el actor solicitó la intervención judicial de la sociedad referida, fundamentado su pedido en el informe del veedor que según entiende prueba un grave desmanejo del gerente que afectó los intereses sociales, petición que fuera rechazada por la resolución apelada.-	Así las cosas cabe señalar que la Ley General de Sociedades prevé en el artículo 113 y s.s. los casos en los que se admite la intervención judicial en las sociedades comerciales. La misma tiene por objeto resolver problemas motivados por actos u omisiones de los administradores (no de los socios en asamblea o en otros ámbitos) que pongan en peligro grave a la sociedad (no al interés personal de uno o más socios o de terceros); siendo indispensable, para su admisión, agotar los recursos acordados por el contrato social, institución que además es de interpretación restrictiva para el juez (art. 114 L.G.S.).-	Hemos de destacar que tanto la normativa societaria como la jurisprudencia son terminantes al exigir que el perjuicio lo padezca la sociedad. Por eso, tomando en cuenta que se trata de una medida cautelar se ha dicho que esta interferencia en la vida societaria solo puede ordenarse en pos del "interés social objetivo" (CNCOM., Sala B, 13/07/2010, "Risatti, Romina c/ Ricardo Risatti S.A. S/ Inc. de medida cautelar- Inc. de apelación", MJJ58734), y por lo tanto no procede en razón de la violación del derecho de información del socio (CNCOM., Sala D, 23/03/2010, "Rasore Pablo c/ Velconet S.A.", MJJ55919).-	En autos el apelante no ha demostrado, ni justificado en debida forma, la existencia de irregularidades contables y desmanejos comerciales que pongan en grave riesgo la vida misma de la sociedad.-	En este sentido consideramos, al igual que el a quo, que el informe del veedor no es suficientemente concluyente para demostrar la gravedad de la situación social que habilite la intervención.-	Esta Sala ha dicho: "....Tanto la normativa societaria como la jurisprudencia son concluyentes al exigir que el perjuicio lo padezca la sociedad. Por eso, tomando en cuenta que se trata de una medida cautelar se ha dispuesto que esta interferencia en la vida societaria solo puede ordenarse en pos del "interés social objetivo" (C.N.COM., Sala B, 13/07/2010, "Risatti, Romina c/ Ricardo Risatti S.A. S/ Inc. de medida cautelar- Inc. de apelación", MJJ58734), y por lo tanto no procede en razón de la violación del derecho de información del socio (CNCOM., Sala D, 23/03/2010, "Rasore Pablo c/ Velconet S.A.", MJJ55919), o en los casos en los cuales se denuncia el cercenamiento del derecho de voto (CNCOM., Sala E, 30/03/2009, "Comfin S.A. c/ PESQUERA OLIVOS S.A. Y OTROS", REDS, www.societario.com, referencia N°14966), o en general, cuando "la medida solo tiende a amparar el resultado de desavenencias entre socios, que eventualmente afecten la minoría, sin comprometer el funcionamiento del ente" (CNCOM., Sala C, 16/03/2010, "Carlini, Hugo L. c/ Italcred S.A.- Medida Precautoria, ED. Digital (56391), Velconet S.A.", MJJ55919).-	En cuanto a la normativa procesal invocada por los recurrentes para obtener la medida peticionada (arts. 223 y 225 del C.P.C.) diremos que el artículo 223 del C.P.C. establece que: "Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, podrán disponerse las que se regulan en los artículos siguientes...."; a su vez el artículo 225 habilita al juez a designar de oficio o a pedido de parte un interventor informante para que de noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que establezca en la providencia que lo designe.-	"Este tipo de intervención tiene como finalidad anoticiar, comunicar, informar o ilustrar al Tribunal de las distintas operaciones, maniobras o actividades que realiza el deudor o sobre el estado de los bienes objeto del proceso.... Pero el juez no puede permitir que con esta medida se procure adelantar pruebas que hacen al proceso principal, mediante informaciones que se obtengan a través del interventor informante. No es el objetivo de esta medida cautelar. Tampoco mediante ella se deberá permitir obtener los elementos que acrediten la verosimilitud del derecho o el peligro en la demora. No obstante, de manera indirecta se puede lograr ello, pues se pueden aportar datos que hagan a una futura acción, o al proceso ya iniciado, como hecho nuevo..... La jurisprudencia ha declarado que corresponde designar un interventor veedor si desde la constitución de una sociedad, el socio no logró conocer la marcha de los negocios del ente, ni consultar los libros de comercio y se le negó el ingreso al lugar fijado para la realización de la asamblea por él impugnada (CNCom, Sala D, LL 2000-F-982). No obstante ello, el socio tiene los medios apropiados para urgir el conocimiento de los datos que requiera, incluso, según el tipo de sociedad puede hacerlo a través del Síndico. En consecuencia para solicitar la medida deberá acreditar que, pese a los medios que la ley le otorga, que ha hecho uso de ellos, siempre con resultado negativo." ("CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE SAN JUAN", Dres. Jaime A Velert F. Roberto Pagés LLoveras y Gustavo A . Velert. B; T°1 B; Pág. 1011; Ed. Nuevo Enfoque) (Autos N°4325-B (C.C.SALA IV Nº838) caratulados: "GORANSKY GABRIEL JOSUÉ C/ AONA S.A. S/ Impugnación Decisión Asamblearia- LEGAJO P/ TRAMITAR REC. DE APELACIÓN", L. de A., año 2017, T°01, F°171/176, fecha: 22/06/2017).-	Por último debemos recordar la excepcionalidad de este tipo de medidas, razón por la cual la Ley General de Sociedades determina que deben ser analizadas con carácter restrictivo, tal como lo hizo el juez de grado.-	Por los fundamentos expuestos se impone el rechazo del recurso de apelación impetrado a fs. sub 120 contra la resolución interlocutoria obrante a fs. sub 118/119.-	Costas y Honorarios: Atento el resultado arribado no corresponde imponer costas en atención a su tramitación inaudita pars. Asimismo y conforme lo establecido por los artículos 13, 22 y 47 de la Ley Nº 56-O se regulan los honorarios profesionales correspondientes a los letrados apoderados del peticionante Dres. Carlos Guillermo Infante y María Pía Moya, en forma conjunta, por su labor en esta instancia, en la suma de PESOS UN MIL ($1.000,00) calculados a la fecha del presente resolutorio.-	La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido en el art. 257 C.P.C.-	Por ello, SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. sub 121 de autos contra la sentencia de fecha 09 de agosto del año 2016, la que es confirmada en todos sus términos por los motivos expuestos en los considerandos.-	II) No imponer costas en atención a su tramitación inaudita pars.-	III) Regular los honorarios profesionales de los letrados apoderados de los peticionantes Dres. Carlos Guillermo Infante y María Pía Moya, en forma conjunta y por su labor en esta instancia en la suma de PESOS UN MIL ($1.000,00) calculados a la fecha del presente resolutorio.-	Protocolícese, notifíquese y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.-