marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Jorge Abel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Pinto en causa Expte. Nº 119/07 caratulada "Romero, Jorge Abel, Aragón, Armando Ronal; Brizuela Pedro Claudio; Vega Fabián Daniel p.s.a. Homicidio agravado en calidad de autor, Homicidio agravado en calidad de partícipe necesario e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real; Omisión de denunciar agravado en Concurso Ideal s/ Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público - Coneta - Valle Viejo - Dpto. Capayán -  Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-11

Coautor no es sólo quien realiza la acción consumativa del delito (con actos parificados o heterogéneos significativos de la división de trabajo), sino también quien toman parte en su ejecución a través de una acción no consumativa, pero coadyuvante y convergente con ella.

En este aspecto y en base a una interpretación sistemática, se ha afirmado que un acto es ejecutivo "cuando, conforme al sistema del art. 42, ha habido al menos un comienzo de ejecución... En esos actos debe tomar parte el coautor..." (DE LA RUA, Jorge, "Código Penal Argentino -Parte General-", Depalma, 2 edición, 1997, nota 184, pág. 855).

Revisten tal naturaleza entonces, aquellos que "aunque no sean directa e inmediatamente consumativos de la acción punible, impliquen ya que el autor ha comenzado las acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la realización directa de sus miras..." (T.S.J., Sala Penal, S. nro. 4, 22/2/2001; "Robles", S. 31, 7/5/2003, entre otros).

En atención a lo precedentemente expuesto, es el tipo penal del delito de que se trate el que dirime la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos para realizar la conducta allí descripta en la categoría de coautor y relegando a la condición de partícipe a quien -actuando en modo concomitante- sólo efectúa un aporte a la ejecución típica llevada a cabo por otro.

(Del voto del Dr. Cáceres según su fundamento)
Deserción del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión Obrera de la Construcción c/ Inducón s/ Juicio Sumario -Cobro de Pesos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-07-12

La deserción de los recursos debe ser aplicada en forma restrictiva, ya que implica privarle al recurrente de la garantía de la defensa en juicio, tanto la doctrina como la jurisprudencia apoyan el criterio de que los agravios deben ser concretos, precisos y expresar en ellos con claridad, de manera ordenada el por qué la sentencia no es justa dando los motivos de la disconformidad ya sea porque el Juez ha aplicado mal la ley o ha omitido alguna prueba decisiva o ha dejado de decidir las cuestiones motivo del juicio.
Depósito previo, formación del incidente, integración económica
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Edgar Alberto c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Gómez, Edgar Alberto s/ incidente de apelación - Código Penal - 149 bis - amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

Cuando lo que está en juego en la causa es una pena privativa de la libertad en cualquiera de sus aspectos, o una multa sustituible en arresto, se coloca a quien acude en queja en situación de ponderar bienes incomparables a estos fines, en muchos casos, en un grado significativo de incertidumbre en cuanto a la procedencia de la revisión a que estima tener derecho, con lo que el importe constituirá un motivo para resignarse a no intentar obtener la de su condena por el máximo tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello es particularmente así cuando el importe del depósito no exhibe, en una importante cantidad de supuestos, proporcionalidad con la erogación que la propia sanción pecuniaria de multa podría implicar. No es suficiente a este respecto la existencia del beneficio de litigar sin gastos, porque el depósito constituye una traba aun para el que puede pagarlo, y la regla del art. 12 está concebida para que el aparato de justicia de la Ciudad esté orientado a servir a quienes están sujetos a él. En consecuencia corresponde declarar no exigible el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a sus fundamentos, in re "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación-'", expte. n° 3996/05, sentencia del 14/9/2005).
Recurso de apelación (procesal), prueba del despido, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BAUTISTA SERGIO OMAR c/ ASOCIART ART. SA s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-17

Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación, en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mazzeo Laura s/ Autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

La posibilidad de prorrogar tácitamente la competencia territorial en cuestiones patrimoniales surge del texto expreso de la ley y parte de la idea de que la misma ha sido determinada por la ley en vista del interés privado de los litigantes teniendo en cuenta primordialmente su conveniencia o comodidad, toda vez que no hay razón de orden público que lo impida (arts.1 y 2 CPCC). De ahí que tenga carácter relativo y renunciable y que sea prorrogable expresa o tácitamente por las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, deudas del fallido, liquidación y distribución, nulidad del convenio
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ MYRIAM CRISTINA c/  s/ QUIEBRA S/INC. DE VENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-11

En tanto la LCQ 60 dispone que la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier acreedor que se encuentre alcanzado por los efectos del concordato, tienen legitimación activa los acreedores quirografarios verificados tempestivamente, los que tengan incidente de verificación tardía o revisión en trámite declarados admisibles, privilegiados en el caso de que existiera propuesta para ellos, o en su defecto los que hubieren renunciado al privilegio que les asistía, sin que resulte relevante que hubiese prestado o no conformidad con la propuesta de acuerdo, pues el acreedor actúa como gestor de la comunidad protegiendo el interés de todos con el propio ( Cfr. Heredia Pablo D, "Tratado Exegético de Derecho Concursal", T. 2, Buenos Aires, 2000). Y aun los que hubiesen proseguido con el juicio contra el concursado por ante el juez natural, conforme las previsiones de la LCQ 21, aunque no tuvieran sentencia firme.
Acción de amparo, inexistencia de otras vías, defensa en juicio, medidas urgentes, derechos y garantías constitucionales, Poder Judicial, jueces, remuneración, inflación, principio de solidaridad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

En el caso "Jáuregui", la Corte Suprema de Justicia Nacional dijo que el remedio singular del amparo está reservado sólo a las delicadas y extremas situaciones en que por la carencia de vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales,de modo que, siempre que medie una observancia plena del derecho de defensa, es preciso evitar que el juego de los procedimientos ordinarios torne ilusoria o tardía la efectividad de garantías constitucionales. Puso de manifiesto que los efectos generales causados por la inflación no son ajenos tampoco a los jueces,que tienen por ello el deber de asumirlos solidariamente mientras su independencia que, como valor preferente asegura el citado artículo 96 de la Constitución Nacional, no se vea menoscabado, por lo que será la magnitud notable y ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones que en cada caso acontezca, en su proyección en la relación de desempeño de la función judicial, la que justificará la tutela que se persigue por vía del amparo. De tal modo, sólo cuando el deterioro salarial superase determinado umbral debía considerarse que operaba la garantía constitucional. Es por ello que no resulta posible contemplar que cualquier fluctuación pueda determinar la necesidad de corregir la remuneración de los magistrados. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, remisión del expediente, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ SANTILLAN LUIS ALBERTO s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

En el caso, se acciona contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma posterior a la constitución e integración del fuero Contencioso Administrativo y Tributario local y de la vigencia de la Ley 7 que en su artículo 48 le otorga la competencia para entender en todas las causas en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, norma a la postre reiterada en el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

En este sentido, según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación las disposiciones normativas en materia de competencia resultan de aplicación inmediata a las causas pendientes (C.S.J.N., Fallos 249:343).

En tales condiciones, y atento las facultades que otorga el mencionado código para "disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades" (art. 27, ap. 5, inc. b in fine), y "procurar que se logre la mayor economía procesal en la tramitación de la causa" (art. y ap. citado, inc. e.), resulta procedente solicitar la remisión de las actuaciones. (Del voto en disidencia de la Dra. Nélida M. Daniele)
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, declaración de oficio, caducidad del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ N.C.R. Argentina  S.A.I.C. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

La cámara no pudo introducir, de oficio, el tema de la caducidad de la acción por no haberse impugnado el acto administrativo dentro del plazo del art. 25 de la ley 19.549.
Municipalidad, personal contratado, indemnización, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUFANACHT, CLODOMIRO FEDERICO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-08-27

El Alto Cuerpo nacional realizó algunas precisiones sobre la cuestión en debate: que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen, independientemente del nombre que el legislador o los contratantes le atribuyan; que resulta una evidente desviación de poder la contratación de servicios por tiempo determinado con el objeto de encubrir relaciones laborales de carácter permanente; que quienes no están sometidos a la Ley de Contrato de Trabajo y realizan tareas materialmente subordinadas y permanentes a favor de la Administración Pública nacional o local gozan de la protección del artículo 14 bis; que el mandato constitucional según el cual "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes incluye al que se desarrolla tanto en el ámbito público como en el privado; que el derecho a trabajar comprende el de no verse privado arbitrariamente del empleo; y que, en virtud de su encuadre jurídico estas cuestiones pertenecen a la competencia contencioso administrativo (Citas: CSJN: Ramos, Fallos 333: 311; Sánchez, Fallos 333:335; González Diego, 5/4/2011 y Cerigliano, 19/4/2011)
Sobreseimiento, prescripción de la acción penal, extinción de la acción penal, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: Oposición a la denegatoria de restitución de vehículo secuestrado en autos Luna Oscar Sergio y otro - pssaa robo calificado por escalamiento en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-12

A dicho fundamento cabe agregar otro. El artículo 350 de la ley ritual expresa que "el sobreseimiento procederá cuando sea evidente:... 4°) que la pretensión penal se ha extinguido...".

Erige, de tal modo, la evidencia acerca de la extinción de la acción penal, en el caso, de la prescripción, como exigencia ineludible para el sobreseimiento.

Si lo evidente es lo "claro, patente, sin la menor duda", es sencillo inferir que la existencia de un proceso abierto por un delito interruptivo no permite asegurar con certeza que la acción penal ha fenecido. La posibilidad de que recaiga condena respecto de esta nueva imputación torna conjetural la afirmación de que el primer delito no ha sido seguido de otro que impide su prescripción.
Transacción, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: BANEGAS RAUL c/ CHAVEZ DIEGO ALFREDO s/ HOMICIDIO CULPOSO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

Al ser de interpretación estricta, (la transacción) el juzgador...

debe investigar cual ha sido la verdadera intención de los contratantes, de modo que asegure la observancia de la buena fe objetiva, lealtad y probidad por parte de éstos.
Acción de amparo, recursos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO
Carátula: CAPELLA, JUAN ANTONIO; SEGOVIN DE CAPELLA, MILAGROS DEL CARMEN; CHEMES, JORGE ALBERTO s/ RECURSO DE AMPARO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N° 237-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-22

No puede invocar agravio irreparable quien no se valió oportunamente de los remedios administrativos y procesales adecuados para lograr la tempestiva tutela de su derecho. Ya que no cabe dudas que los recurrentes contaban para la defensa de sus derechos sustanciales, con la vía normal de los recursos en sede administrativa que, en su caso, les hubiera permitido impugnar los actos por los vicios que pudieren contener (supuestas irregularidades en torno a la contratación de la obra pública).
Prueba, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Visciarelli, Luis Alberto c/ Flores Luis s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Si bien el auto de apertura a prueba es en principio irrecurrible tantoen los procesos sumarios como ordinarios (Arts. 358, 359, 377 y 494 CPC), conforma doctrina uniforme que tal regla no es absoluta y opera con criterio restringido máxime si está de por medio la denegación de toda o prácticamente toda la prueba ofrecida por la parte, ya que de no ser así se afectaría el derecho constitucional de defensa enjuicio protegido por el art. 18 de la Constitución Nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia ordinaria, jueces, juicio político, enjuiciamiento de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Irurzun, Ricardo Ernesto c/ Estado Nacional (Secretaría de Justicia) y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

No existe impedimento alguno, una vez cumplidas las formalidades del juicio político, en someter ante la justicia a los funcionarios comprendidos en el art. 45 de la Ley Fundamental.
Frigoríficos, tasa municipal, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Larcher, Mario Guillermo c/ Dirección de Policía Municipal - Subdirección de Bromatología Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-02-08

Comparece el actor invocando el carácter de socio gerente de la firma Frigorífico Don Cristóbal SRL, interponiendo acción de amparo en contra de la Dirección de Policía Municipal, Subdirección de Bromatología de la Municipalidad de la Capital. Persigue se ordene a la demandada se abstenga de realizar actos tendientes a ingresar al establecimiento fabril y verificar el cumplimiento de la tasa de introducción establecida en la Ordenanza Nº 1210/84.

Por imperio de expresas normas constitucionales -Art.204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano" y posterior reforma del Art.4 de la Ley de Amparo por ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos.

La exposición fáctica que efectúa el accionante, tiende a cuestionar de la facultad del ente municipal para imponer y hacer efectivo el pago de una tasa impuesta por una norma tributaria municipal, esgrimiendo como argumentos centrales de su queja que se trata de un impuesto encubierto y que se trata de una doble imposición a la actividad comercial que desarrolla.

Sin duda, el Órgano Legislativo Municipal se encuentra facultado para la imposición de tasas y contribuciones, y el ejecutivo a través de la actividad jurisdiccional para la exigibilidad de las mismas, gozando los actos administrativos emitidos en ejercicio de atribuciones legales propias de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, que entrar a indagar en este proceso excepcionalísimo y dentro del marco limitado de la acción de amparo el control de legalidad del procedimiento seguido y de las bases normativas y fácticas tenidas en cuenta para la determinación de la base imponible y -en su caso- de la doble imposición, como cuestión jurídica opinable, resultan materias para las cuales existen vías paralelas judiciales donde con mayor amplitud de debate y prueba podrá discutirse la legitimidad -o no-, del actuar administrativo. Así lo tiene resuelto ésta Corte de Justicia, en casos análogos. (Vrbg. " Vitorre c/ Municipalidad de Belén s/ Amparo").

Conforme a ello, y lo previsto por el Art.3 de la Ley 4642, que resulta aplicable cuando se presenta alguno de los supuestos de inadmisibilidad mentados en el Art.2, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta.

En consecuencia, deben imponerse las costas a la parte accionante, Art.17 de la ley adjetiva
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, carácter excepcional
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Jorge Edgar c/ Todoli Hnos. S.R.L. y otra s/ Indemnización, etc. Spreafiche, Marcos Carlos c/ Bodegas y Viñedos Giol y otros s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05|1997-07-08

Si el absurdo consiste en la tergiversación de las reglas de la prueba en violación de las normas procesales, lo menos que puede pedirse es que se cite la norma referida a la apreciación de la prueba, máxime si se lleva en cuenta que se trata de un instituto de excepción y, por lo tanto, sujeto a exigencias especiales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Menores, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: SALOMON, Jorge Omar y otros. s/ ROBO EN POBLADO Y EN BANDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-04

La inimputabilidad de la menor reviste preeminencia sobre las restantes causales en las que debe asentarse un pronunciamiento remisorio (*).
Elecciones, partidos políticos, campaña electoral, fondos del partido, subsidio estatal
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Comunista s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

La razón de ser del art. 46 de la ley 23.298 no es otra que financiar la campaña electoral del partido, por lo cual si éste no se presenta a elecciones no goza de ningún financiamiento.
Honorarios, prorrateo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Beron Jorge Omar c/ Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-26

Esta Sala ya se ha expedido respecto de la validez constitucional del art. 8 de la ley 24.432, haciendo propios los fundamentos esgrimidos por la C.S.J.N. en los precedentes "Abdurraman Martín c/Transporte Línea 104 SA s/accidente ley 9688" y "Villalba Matías Valentín c/Pimentel José y otros s/accidente ley 9688".

Fuente del sumario: OFICIAL
Nulidad de sentencia, requerimiento de pena, revocación de la libertad condicional, unificación de penas
Materia: PROCESAL
Carátula: AREVALO, A. s/ NULIDAD DE SENTENCIA. UNIFICACION DE PENA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-25

Acarrea la nulidad del fallo, la omisión del sentenciante al no considerar un pedido expreso efectuado por el Sr. Fiscal, en la oportunidad procesal pertinente (al solicitar la revocación de la condicionalidad de la pena anterior y la unificación de penas impuestas al incriminado en causa anterior), por haberse violado las formas sustanciales del mismo, siendo imposible la reparación por vía de apelación, pues no contamos en la parte dispositiva del veredicto impugnado con un punto resolutivo referido a esa concreta cuestión.
Actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIAZ DE KOBIEC MARTA s/ INCIDENTE EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

La derogación planteada en la Ley 23928 no alcanza a las leyes que establecen intereses moratorios, pues, no se trata de mecanismos indexatorios, más allá de la facultad que puede asistirle a los Jueces en los supuestos de intereses punitorios excesivos, en función de lo dispuesto por el art. 656 2a. p. del C. Civil.-
Mandamiento de ejecución, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja s/ Cumplimiento de Precepto Constitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-02-07

La Ley 5145 consta de tres artículos: El primero declara aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza, al personal de la entonces Dirección Provincial de Riego; el segundo, establece que las cláusulas económicas del convenio se ejecutarán cuando las condiciones económico financieras de la provincia lo permitan y previo dictado del acto administrativo pertinente; el tercero es de forma.

El primer artículo se está cumpliendo, como la norma imperativamente lo establece; el segundo no se cumple. Sin embargo, este incumplimiento no hace incurrir por sí al funcionario -en este caso el Gobernador de la Provincia- en falta, ya que el mismo artículo dispone que se aplicará cuando las condiciones económico financieras de la provincia lo permitan, y se dicte el acto administrativo pertinente.

Es obligación de cada parte probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocaren como fundamento (art. 187 C.P.C. -Carga de la prueba), para la presentación del reclamo de mandamiento de ejecución. En autos, era a cargo de la actora probar que habían desaparecido las dificultades económico financieras de la provincia, para que naciera la obligación de la función ejecutiva, de cumplir las cláusulas económicas del convenio, previo dictado del acto administrativo, carga ésta que la interesada no ha cumplido. En consecuencia, no habiéndose comprobado la existencia de una norma que imponga actualmente una obligación al funcionario, no puede admitirse que el mismo haya incurrido en falta al no cumplir las cláusulas económicas aludidas; corresponde por ende el rechazo de la demanda.