marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Re, Luis Osvaldo s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Media violación del art. 238 del Código de Procedimiento Penal si la Cámara atribuyó al procesado haber declarado circunstancias referidas al hecho que no resultan de su confesión.
Sentencia definitiva, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCALARI, NICOLAS MARTIN s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR ACREEDOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-14

En principio, coincido en cuanto considera que la resolución dictada la cual desestimó el pedido de caducidad del proceso, adolece del requisito de definitividad Pero cuando analizo la cuestión de fondo que plantea la parte recurrente, entiendo que existen motivos suficientes para sostener que nos encontramos con un pronunciamiento de segunda instancia recurrido, que es equiparable a la sentencia definitiva. Es que la impugnante alude a que se encuentra situada en circunstancias que le provocan una inseguridad continua, ya que el mutuo con el cual se originó el pedido de quiebra, fue el mismo que otorgó plataforma de andamiento a otros procesos judiciales. (del voto del Ministro Rolando Ignacio Toledo por la mayoría).
Accidentes de trabajo, compensación económica, ley vigente
Materia: LABORAL
Carátula: N., A. M.  c/ P. A. SA  s/ sumario - Accidente de Trabajo (Sistémico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-11-15

Los argumentos que desarrolla el recurrente no evidencian la configuración de una situación de desamparo, como así tampoco la falta de razonabilidad de la solución legislativa brindada por el art. 17.5 de la Ley 26.773. Es que, no se ocupa de demostrar la insuficiencia dela prestación vigente al momento del accidente, sólo afirma dogmáticamente que se trata de un hecho evidente e invoca que la sentencia olvida que las indemnizaciones son deudas de valor - argumento que no vincula con la pretensión deducida, las circunstancias probadas ni la condena impuesta-. Por otra parte, en cuanto al agravio relativo a la aplicación en el tiempo de la Ley 26.773 girando en torno a la derogación de la renta periódica y la interpretación de su art. 17.1, se observa que dicho artículo establece que los pagos en renta dispuestos por el sistema -aún los ordenados de esta forma pero que no se estén cobrando, es decir, que no lo esté percibiendo el beneficiario- pasan automáticamente a ser una obligación que debe abonarse en un solo pago desde la entrada en vigencia general del régimen -ésto es, a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial-. (Del voto por su fundamento de la Dra. Silvia Alejandra Bustos)
Alimentos, cuota alimentaria, prueba, eximición de rendir cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: T. DE T.G.D. Y A. DE A. DE T. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Los gastos propios de la alimentación de los menores resulta de difícil acreditación y, por esa razón, se exime, un principio, a quien tiene la tenencia de la rendición de cuentas (conf. C.N.Civ.

Sala C, E.D. 41-612;/ id.id. E.D. 41-611; id.id. E.D. 68-198; id.

Sala F, E.D. 74-593), salvo que se justifique que el mal uso de los fondos que componen la cuota alimentaria se refleja en la atención a las necesidades de los menores.
Instrucción, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: B., H.H. s/ Homicidio Municipalidad de Rada Tilly s/ Infracción Art. 260 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-10|1995-02-20

"...la duda que exista en la fase preparatoria del juicio sobre la culpabilidad del imputado, término que procesalmente debe ser entendido como suma de las características del delito, exige que la acción penal se incoe y la instrucción continúe, ya que en esta primera etapa del proceso la causa lleva anejos elementos dudosos, no debe quedar en el tamiz preparatorio, sino considerada con entidad suficiente para promover el debate y someter la duda al derecho de prueba que nace del principio de la investigación de la verdad material, siendo por lo tanto a nuestro entender antijurídico para el Juez de Instrucción dejar pasar por alto la probabilidad y conducirse como si no la tuviera, porque no puede rechazar posibilidades contrarias a las probanzas producidas... el Estado se encuentra con un dilema que ha de afrontar, tiene que permitir y aún ordenar la formación de proceso con el riesgo de que el procesado sea inocente, pues de otra suerte tendría que renunciar a la justicia penal, esto es a los propios valores que la justifican".
Sobreseimiento, nulidad procesal, hechos nuevos, inimputabilidad, amenaza de sufrir un mal grave e inminente, migraciones, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jara Barzalaz, Teresa Concepción s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-05

Corresponde anular el sobreseimiento fundado en que la nueva política migratoria constituye un hecho nuevo que autoriza el reexamen de la situación procesal de la imputada y consideró acreditada la exclusión de culpabilidad al no resultarle exigible otra conducta frente a las amenazas de sufrir un mal grave e inminente -art. 34 inc. 2° C.P.-, ya que la referencia a "nuevas pruebas" en el supuesto de hecho del art. 361 C.P.P.N. es decisiva, porque la norma no tolera que el a quo, sin contradicción, reexamine los elementos de convicción disponibles ante de la remisión a juicio, valorándolos de forma distinta de la que se ha hecho en ese requerimiento. El voto concurrente agregó que si bien los instrumentos internacionales no prevén, respecto de los representantes del Estado encargados de la persecución penal, un derecho a recurrir contra una sentencia en materia penal que les ha resultado adversa en sus pretensiones, ello no impide que tal recurso les sea concedido por la legislación interna y, en tal caso, el objeto y el alcance del recurso están fijados por ella, asimismo, la prohibición del ne bis in idem opera a partir de la firmeza de la sentencia absolutoria u otra liberatoria, la cual no depende de disposiciones internacionales, sino que también se define de acuerdo con la ley y el procedimiento domésticos. (Dres. García -voto concurrente-, Yacobucci y Mitchell).
Recurso in forma pauperis, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Carlos Horacio s/ su pedido en causa n° 65 s/infracción a la ley n° 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Dado que la falta de asistencia letrada en forma efectiva ha impedido al procesado fundar debidamente sus agravios, corresponde que se dé intervención al defensor oficial ante la Corte a fin de que se expida acerca de la apelación in forma pauperis.
Recurso de apelación (procesal), honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez V.A. c/ Empresa Odisa S.A. s/ Cobro de Australes-Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-06-24

Habiendo el a-quo fundado la regulación de honorarios en los artículos 17 y 19 de la Ley 24028, y al no cuestionarse tal fundamentación, sino que los apelantes cimentan sus quejas en orden a que no se ha tenido en cuenta el monto económico del juicio; los recursos devienen infecundos.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales, cuestión federal, obras sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: Andrada, Martina c/ OSPAT s/ amparo contra actos de particulares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

El recurso extraordinario es formalmente admisible en cuanto controvierte la interpretación y aplicación de una norma federal -art. 10, inc. a, ley 23.660- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la apelante funda en esa disposición (art. 14, inc. 3, ley 48). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Prueba testimonial, parentesco
Materia: PENAL
Carátula: ESTADO PROVINCIAL c/ ESCOBAR, JUAN PABLO; VELIZ, CARLOS ALBERTO; CAMPOS, MARIO ALBERTO; CACERES, FRANCISCO s/ ROBO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-11

El fundamento de la prohibición establecida en el art. 207 del C.P.C.C. es el de evitar la encrucijada entre destruir la cohesión familiar o mentir cometiendo el delito de falso testimonio, extremos que de ningún modo concurren respecto de un tercero que no reviste tal condición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deberes del juez, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: NICANOR S.R.L. c/ GOB. DE LA PCIA. DE SAN LUIS s/ PAGO POR CONSIGNACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-04-08

El juez tiene la obligación, bajo pena de nulidad de fundar suficientemente la sentencia que dicte (art. 163 inc. 5 CPC). Deviene por lo tanto ineludible la expresión de los fundamentos de la decisión referidos tanto a los hechos como al derecho lo cual debe traducirse inexcusablemente en la sentencia no sólo por que así lo exige la señalada norma procesal sino también porque su omisión afecta gravemente el derecho de defensa.
Decomiso, juicio abreviado, calificación legal, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ruso, Ángel Darío c/  s/ hurto con escalamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

Si bien el decomiso habría sido de obligatoria aplicación en el caso según la propia letra del art. 23 del Código Penal, no fue válidamente dispuesto. Ello es así, puesto que al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos y su calificación legal, al igual que se anotició del monto de la pena principal que por ello se requirió a su respecto. A continuación, solicitó la restitución del bien, cuestión que fue diferida por el a quo. Sin embargo, ni en la audiencia prevista por el art. 41 del Código Penal, ni en ningún otro momento se hizo saber al imputado y/o su defensa el eventual decomiso del bien en cuestión ni se hizo mención a ello en la sentencia condenatoria sino que luego de notificar personalmente al imputado del fallo, se decidió no hacer lugar a la entrega del bien en cuestión de conformidad con lo peticionado por la fiscalía en una vista previa y una vez firme la sentencia, se dispuso el decomiso recurrido. De ese modo, el decomiso no fue objeto de acuerdo suscripto por el imputado, ni éste tuvo oportunidad de conocer, en algún momento previo a la sentencia, la posibilidad de que aquél fuese decidido, para poder así reconsiderar su voluntad de continuar con el trámite del procedimiento abreviado que ya había escogido (voto del juez Huarte Petite).
Facilitación culposa de contrabando, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: FERRER, OSVALDO s/ Incidente de apelación del auto de procesamiento, Causa: 37785.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Debe confirmarse el auto que dispone el procesamiento del imputado, fundado en que por la función que desempeñaba en la Administración Nacional de Aduanas es responsable como coautor, junto con quien era Administrador General del organismo, de omisiones negligentes que posibilitarían la comisión de hechos de contrabando, atribuyéndosele también abusos funcionales en el dictado de resoluciones u órdenes contrarias a la ley o en la no ejecución de leyes de su incumbencia, pues si bien asiste razón al apelante en que el imputado no tenía específicamente asignadas funciones fiscales o de control, requisito que la ley establece para el castigo de los actos culposos que posibilitan el contrabando (Art. 868, Inc. a), CA), y que no cabe tampoco atribuirle autoría compartida en abusos funcionales que sólo pudieron incurrirse por los funcionarios que tuvieran autoridad para dictar esa clase de resoluciones o bien responsabilidad en su ejecución, los elementos indiciarios relativos a la influencia de hecho ejercitada en la administración del organismo aduanero no permiten descartar su responsabilidad en calidad de partícipe en hechos calificados como incursos en el art. 248 del CP, al menos con el alcance provisional que supone el dictado de un auto de procesamiento.
Política económica, política cambiaria, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roftal   S.A. c/ E.N.   (Mº   de  Economía  y  B.C.R.A.) s/ proceso  de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

El diseño de una política financiera por parte del Gobierno, no significó el establecimiento de un derecho o de una protección jurídica, ni implicó la posibilidad de trasladar al Estado, que dictó el programa cambiario, el riesgo de emprendimientos comerciales o financieros que involucraban obligaciones en moneda extranjera (C.S.J.N. Revestex S.A. c/ B.C.R.A. y otros s/ ordinario , del 15/8/95, considerando 10, in fin-). (En autos se rechazó la demanda promovida contra el E.N. -Mº de Economía y el B.C.R.A-, a fin de hacer efectiva la responsabilidad contractual y extracontractual de la demandada en relación a diversas operaciones financieras efectuadas en dólares estadounidenses que habría tomado en préstamo, a fin de proceder a la construcción de un edificio, y que habrían sido alcanzadas por las devaluaciones operadas en el primer semestre de 1981 -sistema de la tablita cambiaria-).
Demanda, error material
Materia: PROCESAL
Carátula: San  Luis,  Provincia de y otra c/ Consejo Vial Federal y otra s/ acción de nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

No pueden postular eficazmente las peticionarias que en el escrito de demanda se incurrió en un mero error material al incluir como sujeto pasivo de la pretensión a la Dirección Nacional de Vialidad si esta posición se contradice ostensiblemente con la sostenida en oportunidad de contestar el traslado de las excepciones opuestas por dicho organismo, donde lejos de allanarse admitiendo la presencia de un equívoco, calificaron a las defensas como dilatorias, señalaron que la demanda era clara en cuanto a quién, qué y por qué se reclamaba, e insistieron en la responsabilidad de dicha agencia federal.
Efectos auxiliares de las obligaciones, acción subrogatoria
Materia: CIVIL
Carátula: D.S., J. c/ C.A.O. s/ Acción Subrogatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-16

"Son subrogables, en nuestra opinión, todas las opciones de origen legal o contractual, abiertas a favor del deudor, cuando ellas no importan crear una situación nueva, sino definir en uno u otro sentido una situación preexistente ya creada en todos sus elementos esenciales y de detalle. En tal sentido se ha resuelto que es dable ejercer la acción subrogatoria para hacer valer las siguientes facultades del autor, omitidas por éste: ... g) para demandar la nulidad de actos jurídicos obrados por el deudor".
Cuestión federal, responsabilidad del Estado, crímenes de lesa humanidad
Materia: PENAL
Carátula: GARRO RODRÍGUEZ, Antonio Indalecio y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-31

Suscita cuestión federal suficiente el planteo en tanto se pone en tela de juicio el alcance de los deberes del Estado argentino de garantizar la efectiva investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la última dictadura.
Contratos, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: Bellini, Diego Gustavo Oscar c/ Demich, Mario Esteban s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-22

El artículo 1197 del Código Civil es terminante en su aserto de que en las convenciones hechas en los contratos, las partes están ligadas por su consentimiento tan rigurosamente como lo estarían por la voluntad del legislador, de lo que se derivan varias consecuencias, como lo son, por ejemplo, las siguientes: a- los contratantes deben atenerse a lo convenido y cumplirlo -"pacta sunt servanda"-; b- las convenciones se sobreponen a las leyes supletorias vigentes a la celebración del convenio y a las dictadas con ulterioridad, prevaleciendo también sobre los usos y costumbres; c- los jueces deben hacer respetar y cumplir las estipulaciones contractuales como si fuesen la ley misma, y aún cuando pueden interpretarlas y decidir su alcance, sólo pueden apartarse de lo convenido cuando con ello se impida la transgresión de una ley imperativa, como ocurre por ejemplo, en el caso del artículo 953 del C.C., o cuando ha habido extralimitación de las facultades -ejemplo: artículos 954 y 1071 C.C.- o cuando el sentido mismo del contrato lleva a su extinción o modificación, y d- los derechos que surgen de los contratos tienen la garantía constitucional de la propiedad, a punto tal de que son intangibles aún para el legislador.
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lara, Roberto del Carmen c/ Centol S.A. y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

La circulación del peatón por la calzada, aun cuando pueda concederse autorizado en este supuesto en razón que no existían en el lugar veredas (art. 76 inc. 2 ley 5.800), se constituía en la asunción de un grave riesgo determinante causal del hecho, teniendo en cuenta la nocturnidad, que la zona es de escasa visibilidad, que el día del hecho había niebla, que la calle por donde venía la víctima del suceso según se infiere de la pericia de ingeniería mecánica, en este tramo incuestionada (arts. 457, 474 del C.P.C.) es de doble mano de circulación, lo cual limita y circunscribe a una estrecha franja al desplazamiento vehicular, y especialmente porque las personas que no poseen incorporadas a su vestimenta o portan elementos de iluminación o reflectantes sólo son visualizables ante la inminencia del acercamiento de los vehículos tal como aquí acaeció, en tanto no se informa de esa causa penal que los haya llevado la víctima del suceso (art. 512, 902, 1111, 1113 del C.

Civil).
Inspección General de Justicia, inscripción de sociedades, denominación social, homonimia, sociedad constituida en el extranjero
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: CHANEL PARIS SA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-24

Si la Inspección General de Justicia no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la resolución 6/80: 10 -con relación a los requisitos que deberá cumplir una sociedad que pretenda inscribirse como tal cuando en su denominación exprese o sugiera la posible dependencia económica o jurídica respecto de una entidad constituida en el extranjero-, el titular de dicha designación social afamada en el caso, Chanel SA-, tiene un interés legítimo y por ende un derecho subjetivo a oponerse en sede administrativa a la inscripción de esa denominación confundible con la que ella ostenta, máxime cuando la intención maliciosa de la peticionante es evidente y fue oportunamente denunciada y probada. El nombre de una sociedad constituida en el extranjero tiene derecho a la protección de su designación en el país, aunque no tenga sucursal o agencia establecida, siempre que sea públicamente conocida en la nación, pues la ley no hace distingo entre el nombre de una persona natural o jurídica, ni entre el de una nacional o extranjera, ya que es igualmente desleal valerse de semejante uso, pues lo mismo da aprovecharse del prestigio comercial adquirido en el país o fuera de él. La I.G.J. No debe permitir la inscripción de nombres similares a otros extranjeros conocidos, sin las variantes necesarias que impidan la confusión -como es el caso de sociedades homónimas-, pues además de llevar dicho organismo el registro público de comercio, ejerce funciones de policía societaria y a las denuncias que en dicho ámbito recibe debe darles el trámite pertinente, no pudiendo rechazar la oposición formulada por la sociedad extranjera por considerarla carente de legitimidad, por lo que corresponde declarar la nulidad de dicha resolución y dejar sin efecto la inscripción.
Recurso extraordinario, sentencia, aeronaves, hipoteca aeronáutica
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Español de Crédito S.A. c/ Aerolíneas Argentinas S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó mantener la situación registral respecto de la hipoteca que grava dos aeronaves si es inequívoco que el propósito de la inscripción no fue renovar la hipoteca de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 del Código Aeronáutico, sino el de registrar, tal como se estipuló, la refinanciación del crédito garantizado por aquélla, que es un acto jurídico que se vincula con la situación jurídica de la aeronave en los términos del art. 45, inc. 8 del citado cuerpo normativo (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Accidentes de trabajo, prueba, prescripción, cómputo del plazo, asegurador por riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Escalante Félix Daniel c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-16

En autos, surge del expediente administrativo que en fecha 11/08/2010, el tribunal médico determinó que el actor padece de "trastorno estrés postraumático crónico", "trastorno depresivo mayor", con incapacidad "total-permanente", con un 66% de porcentual, siendo la incapacidad "irreversible" y no susceptible de disminuir mediante tratamiento médico, y que luego se lo pasó a retiro obligatorio por invalidez. Entonces tenía claro el trabajador un porcentual incapacitante, la irreversibilidad y el diagnóstico, siendo ese el punto de partida del plazo prescriptivo. Es que, lo verdaderamente preponderante para comenzar dicho cómputo es el efectivo y real conocimiento que la víctima posea respecto del daño a ella inferido, y que el término comienza a correr cuando existe, por parte del trabajador, el conocimiento del dictamen de la junta médica emitido en sede administrativa (Voto Welp. Adhesión Romero)
Higiene y seguridad del trabajo, ambiente de trabajo ruidoso
Materia: LABORAL
Carátula: N., O.I. c/ A. SAIC y Otra s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-11

La circunstancia que la ley de higiene y seguridad industrial permita la exposición de los trabajadores a un determinado nivel de sonoridad no significa, sin más, que sólo puedan atenderse reclamos cuando tal nivel ha sido superado, de donde se sigue que lo esencial para la decisión del caso, cuando de estas enfermedades del trabajo se trata, no es determinar si se transgredió una norma de seguridad, sino saber si el ambiente sonoro causó el perjuicio.
Delitos contra la humanidad, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

En los procesos seguidos por delitos de lesa humanidad, la determinación sobre la razonabilidad del plazo de duración del juicio debe considerar el criterio fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indica evaluar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.
Alimentos, alimentos atrasados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V., A. M. y otros c/ C., H. D. y otro s/ Alimentos L., F. A. c/ L., R. H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19|1996-05-28

Los alimentos atrasados se deben desde la interposición de la demanda, aunque pudiera existir constitución en mora anterior (art. 641, C.P.C.).