Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-02-22


AUTOS 81.158 (C.C.Nº 20.339) del Septimo Juzgado Civil, CARATULADOS: "SANCHEZ Oscar Alfredo S/ Beneficio de Litigar sin Gastos".

PROTOCOLIZADO:L. de Sent. Año 2010 del Tº IFº40/44.

San Juan, 22 de febrero de 2010.

VISTOS: estos autos N°81.158 (C.C. N°20.339) caratulados "SANCHEZ OSCAR ALFREDO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS" para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 72 por la codemandada de los autos principales, concedido a fs. 73 en relación y ambos efectos contra el proveído de fs. 71 que dispone el archivo de la presente causa.

CONSIDERANDO:

Surge de las constancias de los autos arrimados a esta instancia que a fs. 01/02 y vta. el Sr. Oscar Alfredo Sánchez solicita se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos para iniciar acción de daños y perjuicios contra el Sr. Carlos Mestre.

A fs. 07 se notifica al Sr. Mestre como futuro demandado a los fines de fiscalización de la prueba.

A fs. 17/24 se produce la prueba ofrecida.

A fs. 30 el Sr. Juez a quo ordena la notificación al titular del vehículo según la demanda de los autos principales obrando copia de cédula cursada al mismo a fs. 36 de autos.

A fs. 37/41 toma participación el Sr. Raúl A. Uliarte como codemandado en los autos principales solicitando la nulidad de todo lo actuado.

Sustanciada la misma a fs. 46/47 se resuelve a fs. 62/64 desestimando el incidente de nulidad.

A fs. 65 el actor desiste de este proceso.

A fs. 68 el codemandado de los autos principales se opone al desistimiento apelando además la resolución que desestimó el incidente de nulidad por él planteado.

Corrida vista a la Sra. Agente Fiscal a fs. 69 y contestada la misma el Sr. Juez a quo dicta a fs. 71 el proveído hoy apelado que dispone el archivo de la presente causa.

Entiende el Sr. Juez a quo que al haber desistido la actora del presente beneficio se ha tornado abstracto el pedido del mismo.

Apelado dicho proveído por la codemandada de los autos principales se agravia del mismo a fs. 74/75 de la siguiente manera.

Que una vez trabada la litis con el anoticiamiento del proceso se formalizan los principios de bilateralidad y contradicción de modo que la renuncia o abandono del proceso afecta el derecho de defensa del sujeto pasivo del mismo.

Alude al art. 288 del C.P.C. por el cual si mediare oposición al desestimiento, como en el caso de autos, éste carecerá de eficacia y se proseguirá el trámite de la causa.

Manifiesta que según la doctrina y jurisprudencia aplicable al existir oposición al desestimiento el juez carece de toda facultad para contrariar esa oposición debiendo continuar con el trámite de la causa.

Considera además arbitrario no sólo disponer el archivo de la causa sino también no condenar en costas a quien desistió de la acción violentando así las normas del art. 79 del C.P.C. y 235 de la ley 2.150.

Por lo que solicita se haga lugar al recurso planteado.

Corrido el traslado pertinente lo contesta la actora a fs. 77/78 y vta..

Aduce que su patrocinado ha mejorado de fortuna por lo que ha cumplido con la ley al reponer el sellado correspondiente, por este motivo se ha tornado en abstracto la solicitud de este beneficio.

Transcribe doctrina y jurisprudencia a fin de dejar en claro cuál es el fundamento y objetivo del beneficio de litigar sin gastos.

Aduce que la codemandada en los autos principales parece olvidar cuál es su participación en este beneficio que es la de fiscalizar la prueba ofrecida según lo estipulado en el art. 86 in fine del C.P.C..

Su intervención es al solo efecto de controlar o desvirtuar las pruebas ofrecidas pero no puede oponerse a la decisión del juez de aceptar la decisión del peticionante de pagar el sellado correspondiente.

Por lo dicho solicita se desestime el recurso con costas.

Subidos los autos a esta instancia a los fines del tratamiento del recurso se corre vista a la Sra. Fiscal de Cámara quien da por reproducidas las razones esgrimidas por la Sra. Agente Fiscal en la instancia de mérito, argumentos que comparte.

Dichos argumentos obran a fs. 70.

Se recalca en primer lugar que la declaratoria de pobreza importa una institución que favorece a quienes carecen de medios para afrontar un proceso judicial.

Es al solicitante a quien le incumbe la carga de la prueba.

Opina Diaz Solimeni que la resolución que acoge el pedido del beneficio lleva implícita la condición de servir mientras el interesado permanezca sin mejorar de fortuna, oportunidad en que cesa la exención.

Por último considera que más allá de lo preceptuado en el art. 288 2° párrafo del C.P.C. su parte entiende que habiendo reconocido la actora que ha mejorado de fortuna, la presente petición de carta de pobreza se ha tornado abstracta y debe ordenarse su archivo.

A fs. 90 obra el llamamiento de autos el que se encuentra firme y consentido.

Al adentrarnos en los agravios en los que funda su apelación la apelante, debemos partir de premisas básicas del instituto del beneficio de litigar sin gastos y de los procesos en general.

Centrándonos en este instituto vemos que el fin perseguido por el legislador fue el de garantizar a todo ciudadano el acceso a la administración de justicia.

En palabras de Couture, a través de este instituto se asegura la prestación de justicia "a los pobres y a los ricos sin distinción".

Así a través del mismo se revalida el derecho de la defensa en juicio y de la igualdad de las partes, preceptuados en nuestra Carta Magna como así también en nuestro ordenamiento procesal.

Como vemos el principio general es el de la justicia paga tornándose este instituto, como su nombre lo dice, en un verdadero beneficio otorgado a ciertos litigantes que no pueden hacer frente a las erogaciones que demanda un juicio.

Esto conlleva a que éste sea "un instituto restrictivo y excepcional, otorgado sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos y la imposibilidad de obtenerlos para afrontar el pago de gastos causídicos del proceso" (Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 18/06/2009 Trans. Iguazú S.A. (TF 24.678) BLSG c. D.G.I.).

Ahora bien ¿cuál es el rol que deben cumplir las partes en este tipo de proceso? El del solicitante es el de arrimar todos los elementos al juez para lograr convencer al mismo de que la franquicia solicitada se ajusta a derecho incumbiéndole la carga de la prueba.

El rol de la demandada de los autos principales en principio es el de fiscalizar dicha prueba pudiendo también desvirtuar las pruebas ofrecidas por entender que el solicitante no carece de recursos o no tiene imposibilidad de obtenerlos.

La jurisprudencia actual ha considerado un supuesto de temeridad y malicia la ocultación o tergiversación por parte del solicitante en la información arrimada a la causa considerando que en estos casos el solicitante debe ser sancionado.

¿Cuál es el interés perseguido por las partes en este proceso? Por parte del solicitante obviamente es el de poder peticionar ante los tribunales el reconocimiento de sus derechos en una causa ya iniciada o a iniciarse.

Por el contrario el interés del otro litigante consiste en que no sean burlados sus derechos al otorgarse indebidamente un privilegio que redundará en su contra si el beneficiario fuera condenado en costas en la causa principal.

En los autos traídos a estudio la apelante se opone al desistimiento del beneficio formulado por el solicitante del mismo.

Según lo analizado precedentemente cabe ver si es procedente dicha oposición.

Ante el desistimiento y los motivos del mismo, haber mejorado su situación económica, se ha tornado vacío de sentido y hasta de imposible cumplimiento el rol que el solicitante debe cumplir en el proceso: convencer al juez de su escasez de recursos.

Ya no cabe tampoco la función del litigante contrario dado que ya no existe prueba que desvirtuar habiendo el solicitante manifestado su mejora de fortuna.

Cesa también el interés de cada una de las partes, motor impulsorio en todo proceso; contando el solicitante con los medios económicos para hacer valer sus derechos en la causa principal y ya no encontrándose su contraria en una situación de desventaja con respecto al beneficiario y las costas que a éste le pudieran corresponder en la causa principal.

Entonces la apreciación que hacemos de los hechos es la siguiente.

Por un lado el solicitante renuncia a la obtención de un privilegio por "haber mejorado de fortuna", constituyendo esta nueva situación fáctica la condición resolutoria a la que está subordinada este instituto (Art. 90 C.P.C.).

Por otro lado, al mismo tiempo, abona el sellado adeudado en la causa principal cumpliendo con la ley tributaria.

El art 86 del C.P.C. preceptúa que el beneficio acordado puede ser dejado sin efecto a requerimiento de parte interesada cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se otorgó ya no tiene derecho al mismo.

¿Por qué no puede entonces ser justamente el solicitante del beneficio quien pide que se lo tenga por desistido porque no tiene derecho al mismo? ¿Acaso una conducta contraria no podría haber sido catalogada como temeraria si aún habiendo mejorado de fortuna se propone continuar con el proceso hasta el final? Podemos decir que analizando los agravios esgrimidos por la apelante no hallamos un perjuicio concreto a su parte que lo lleve a oponerse al desistimiento.

Del escrito de memorial de agravios no surge palmariamente el interés procesal que motiva esta apelación.

No se concibe la subsistencia de un proceso sin que exista pretensión y ésta en el caso de autos ha dejado de existir por carecer ya de fundamento.

Por lo que consideramos que la presente causa se ha tornado abstracta.

Queda ahora por analizar el agravio sobre la falta de imposición de costas en el proveído recurrido.

Deben aplicarse aquí las reglas en materia de costas, específicamente el art. 79 del C.P.C. que establece que las costas serán a cargo de quien desiste salvo cuando se debiese exclusivamente a cambio de legislación o jurisprudencia, no configurándose esta excepción en el caso de autos.

Así lo ha entendido también la jurisprudencia en forma pacífica "En el proceso del beneficio de litigar sin gastos rigen los principios generales en materia de costas (cfr. FassiYañez, C.P.C.C.N. Comentado, pág. 472).

En consecuencia teniendo en cuenta que el desistimiento de la instancia del beneficio de litigar sin gastos efectuado por el actor se sustentó estrictamente en una simple manifestación sobre la modificación de circunstancias fácticas sobrevinientes al iniciarse la petición, no corresponde apartarse del principio consagrado en el art. 73, 2° párrafo del Código de rito que impone las costas a quien desiste." (Santa María Alejandro M. c/ E.N. (E.M.G.E.) S/ Beneficio de litigar sin gastos.

Causa: 284/96 1/09/97 C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala V).

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 72 contra el proveído de fs. 71 que queda firme, con costas a la apelante vencida.

2) Integrar el proveído apelado con la imposición de costas en primera instancia a cargo del solicitante del beneficio.

3) Diferir la regulación de honorarios de alzada para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA; DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO; DR. HUMBERTO CABALLERO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.