Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-12


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 30 San Fernando del Valle de Catamarca,12de setiembre de 2005.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 12/05, "RIBA, Adriana Elsa c/Ministerio de Educación s/Acción de Amparo por Mora de la Administración", en los que a fs. 14 se llama autos para sentencia.

En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la Acción de Amparo por Mora de la Administración interpuesta?. En su caso ¿qué resolución cabe a la presente?- Practicado el sorteo conforme al acta de sorteo que obra a fs. 25 de autos, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dra. Amelia del ValleSesto de Leiva y luego los Dres. César Ernesto Oviedo y José Ricardo Cáceres.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 10/11 una docente interpone acción de amparo por mora de la administración, solicitando se intime al Ministerio de Educación resuelva el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio -según dichosinterpuesto con fecha 15/12/03 con motivo del concurso para supervisores pedagógicos, y por el que se cuestionaba el puntaje obtenido por la ahora ocurrente.

Que de las constancias de autos se advierte que la accionante intentó con fecha 15/12/03 recurso de reconsideración omitiendo la interposición de jerárquico en subsidio en ese momento, ni tampoco posteriormente dentro del plazo contemplado por el Art. 122 del C.P.A., de manera tal que producida la denegatoria tácita, el acto cuestionado ha quedado firme. No modifican tal situación las presentaciones similares de fecha 22/01/04 y 12/02/04 que solo suponen, en los propios dichos de la ocurrente, ampliaciones del recurso originario, ni tampoco puede producir efectos el pronto despacho sin habilitación de competencia que intenta con fecha 28/10/04.

Se advierte de lo precedentemente reseñado que la agraviada, por extraña vía -la de Amparo por Mora-, intenta rehabilitar una instancia que su propia desidia obstruyó, pues ni aún en la hipótesis de que la instancia se hubiere agotado regularmente por la interposición en tiempo propio del recurso jerárquico y el transcurso de los plazos para su resolución, puede justificarse la vigencia de la instancia de revisión Judicial que ella misma no ejercitó, por la interposición muy posterior -21/02/05de la presente acción. Interpretar la cuestión de otra manera supondría cohonestar la violación del régimen procesal administrativo y de los efectos propios que implican el carácter perentorio de los plazos contemplados en ese orden jurídico (Art. 95 C.P.A.), generando una desigualdad manifiesta con aquel ciudadano que, ajustándose al sistema de instancias, ve frustrado su reclamo por alguna extemporaneidad así declarada, pero de menor lapso.

Por lo expuesto la acción intentada debe rechazarse, con costas.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Disiento con el voto que me antecede y doy mis razones :

La actora, en su carácter de docente, inicia un proceso administrativo presentando recurso de reconsideración cuestionando el puntaje asignado en el concurso de supervisores pedagógicos con fecha15/12/03, luego amplía los fundamentos con fecha 22/01/04 y, posteriormente,realiza otras presentaciones -12/02/04, 28/10/04en reclamo de una respuesta, sin que hasta la presentación de esta acción e incluso contestación del informe, la administración se haya pronunciado al respecto.- Anteello advierto claramente configurado este instituto de amparo por mora, por cuanto la Administración al contestar el informe solicitadomanifiesta concretamenteque no resolvió, por ... y por ..., y es así que los motivos por los que no dio respuesta no es lo que en este caso nos interesasino la situación específica de la omisión de responder mas allá del tiempo que tiene para hacerlo, pues es lo que configurala mora objetiva.

En tal sentidocabe destacar que el administrado siempre tiene derecho a una respuesta expresa a su pedido y correlativamente la administración tiene el deber jurídico de responder expresamente.

A su vez el uso del silencio en relación a tener por denegado su pedido es exclusivo, privativo y totalmente facultativo del administrado.

Es decir, transcurrido el tiempo en que la administración debió resolver, el administrado tiene la opción de considerar que hay una denegatoria tácita y avanzar en el proceso mediante los pasos que establece la ley a los fines de agotar la vía administrativa ó insistir a que la administración se expida expresamente, pues siempre que esté vigente el proceso administrativo sigue vigente el deber jurídico de la administración de pronunciarse ante el requerimiento.- - Consagrar el derecho al silencio de la administración al rechazar el amparo por mora ante la pasividad guardada frente a un recurso de reconsideración diceCreo Bay"se invalida el Art. 28 de la ley 19.549".- Cuadra además poner de resalto que no hay plazo de caducidad o término para deducirlo; en cambio para ser admitido es necesario que se encuentreconfigurado el estado objetivo de mora, es mas, la demora en denunciarlo pasado con exceso el plazo indicadopor la prudencia no hace decaer el derecho a utilizarlo, siempre claro está que el procedimiento administrativo mantuviera su vigencia, verbigracia que la administración no haya declarado la caducidad.- Que, en consecuencia, con lo hasta aquí expuesto considero que existe en el caso bajo examen una mora objetiva toda vez que de las circunstancias que rodean el casosurge que la administración no se ha pronunciado sin motivo que justifique la demora y tampoco existe una resolución dictada por autoridad competente, que declare la perención de la instancia administrativa.

Que entonces así y, siendo la finalidad de esta acción obtener una orden judicial de Pronto Despacho en el procedimiento administrativo a efectos de que se emplace a la administración a que se pronuncie en forma expresa dentro de un plazo prudencial, concluyo que debe hacerse lugar al amparo por mora deducido fijándose un término de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución bajo los apercibimientos deprevistos por el Art. 13 inc. E de la ley 4795.

Con costas a la demandada. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiriéndome íntegramente al voto precedente, paréceme pertinente recordar lo expuesto en autos Corte: "Soria Savio c/ Poder Ejecutivo", causa en la que se señaló la naturaleza jurídica del instituto analizado, haciendo mención a que la doctrina y la legislación al tratar la acción de amparo por mora de la administración, establecen que el administrado puede esperar un plazo mayor que el fijado por las normas para el dictado del acto de que se trate. De ello se sigue que no existe plazo de caducidad para la presentación de la demanda o pedido de amparo, siempre que el procedimiento administrativo mantuviera su vigencia. (Conf.: Horacio D. Creo Bay, "Amparo por mora de la Administración Pública", p. 103 y sgtes.). Es decir, que el trámite no hubiera concluido por alguna de las causales previstas para la oclusión del trámite administrativo: resolución expresa o tácita, caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho.- - En efecto, el amparo por mora de la administración es una protección referida exclusivamente al ritmo y atención que la esfera administrativa general debe poner en lasactuaciones escritas que tramite, cuya naturaleza jurídica la ubica dentro del campo protector del Art. 43 de la Constitución Nacional y forma parte de la garantía instrumental de dicho artículo. A su vez se conecta con el derecho subjetivo de peticionar a las autoridades, consagrado por el Art. 14 de la C.N., que se complementa con el Art. 33, por el que la administración no tiene la facultad de mantenerse en silencio ante la petición del administrado, sino que, por el contrario, está sometida al deber de pronunciarse, de allí que el amparo por mora no tenga plazo de caducidad, es expedito, es decir sin condicionamientos, y rápido. Según Rivas (El Amparo, p. 679) el amparo se aplica a cualquier pedimento formal en sede administrativa cuya resolución sufra dilación excesiva. Asimismo para ser admitido se requiere que se configure el estado objetivo de mora, siempre que el procedimiento administrativo mantenga vigencia.

En orden a lo expresadoy ante una situación concreta de mora administrativa, entendida como la inactividad formal de la administración, simple no contestación a una petición de los particulares, se prevé en lalegislación nacional tres técnicas de control a elección del administrado: el reclamo en queja ante el superior (Art. 71 RLNPA), el silencio administrativo (Art. 10 LNPA) y la acción de amparo por mora de la administración(Art. 28 LNPA). Interesa señalar que en dicho ordenamiento, ante la elección de una de las vías, no es posible luego intentar la alternativa. En consecuencia, interpuesto el pronto despacho del Art. 10 de la LNPA, no se podrá articular la reclamación en queja ni laacción de amparo por mora. Sin embargo, no funciona a la inversa, iniciado un amparo por mora, siempre puede desistírselo e intentar la vía del silencio.

Que en el derecho público provincial y en nuestro ordenamiento positivo, conforme al Art. 25 de la Ley de Procedimientos Administrativos, al tratar del acto administrativo en general, en su segunda parte establece: "El silencio de por sí, es tan solo una conducta administrativa inexpresiva, únicamente cuando el orden normativo expresamente dispone que ante el silencio del órgano, transcurrido cierto plazo, se considerará que la petición ha sido denegada o aceptada, el silencio vale como acto administrativo". De ello se sigue que no existe acto, sino que la técnica del silencio esta instrumentada para favorecer a los administrados, o precisado de otro modo, constituye una presunción legal establecida a favor de los particulares, de la que no puede prevalerse la administración para eximirse de su deber de pronunciarse ni puede escudarse en tal dispositivo para no dictar resolución expresa, sino que es precisamente el administrado quien le asigna sentido, no pudiendo suplirse su voluntad a los fines que ulteriormente persiga ni tal sentido puede oficiosamente serle asignado para tener por configurados actos inexistentes.

De ello se sigue que la administración no puede escudarse en el silencio pretendiendo que ya decidió la cuestión de esa forma. El silencio no es más que una ficción legal que, cuando el ordenamiento jurídico lo prevé, juega como negativa tácita otorgada a favor del administrado, del que nace un derecho subjetivo y correlativamentela obligación de la administración de resolver en forma expresa las peticiones efectuadas por parte interesada en un expediente administrativo.- Y en tal sentido el mecanismo que ha puesto el orden jurídico a disposición del administrado para el ejercicio de este derecho en cuanto puede solicitar un pronunciamiento expreso de la administración es precisamente el amparo por mora, "... una vez demostrada la ausencia de respuesta administrativa, recién entonces queda a disposición del afectado la vía del amparo general, aun cuando el mismo sólo tuviera por objeto la orden judicial de "pronto despacho, para la cual no es obviamente exigible el previo agotamiento de las vías administrativas". (Conf: LL. 1994-3-716; en igual sentido: JA .Rep.Gral. 1997-344; Los tribunales cordobeses analizando la ley local: LLC-2000-466; La Corte de la provincia de Salta en LLNOA. 1998-306). Hutchinson, (Ley nacional de procedimientos administrativos", T. 1, p. 511), sostiene que: "La decisión final de éste no puede ser otra que "despache la Administración las actuaciones en forma expresa", no pudiendo esta última ampararse en el silencio, pretendiendo que decidió el asunto en esa forma". (Barra, Rodolfo Carlos, "Defensas del administrado ante la mora en la decisión administrativa. Una feliz corrección a la doctrina "Dinet" en ED-74-222; LINARES, "SISTEMA DE RECURSOS Y RECLAMOS", P. 37; CARRANZA TORRES LUIS R., "PRÁCTICA DEL AMPARO", P. 109; SAGÜES, "DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL-ACCION DE AMPARO", T. 3, P. 599/600).

En sentido concordante disponen las legislaciones provinciales, habiéndose resuelto que: "Corresponde hacer lugar a la acción de amparo por mora interpuesta por el administrado contra la omisión de la administración en resolver las peticiones dentro de los términos legales y ante una demora excesiva y perjudicial para sus derechos, aún cuando el expediente o procedimiento administrativo no se encuentre en estado de ser resuelto, toda vez que sea exclusivamente la conducta omisiva y consecuentemente morosa de la administración a la que se pretende poner un límite por esta vía -en el caso, el administrado interpuso el amparo por mora luego de haber solicitado pronto despacho, habiendo vencido los plazos del Art. 160 de la ley 3909 y transcurridos más de dos años desde la primera presentación del reclamo-.(LL Gran Cuyo 2003 -junio-424). Por su parte el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, (LLC, 2000-44), sostuvo que: "La conducta lesiva que da lugar a la acción de amparo por mora de la administración, consiste en una omisión en la actividad de un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa de emitir decisión definitiva expresa, última o no, frente a peticiones en general o a recursos del interesado".

En consecuencia, y atento a las constancias de autos, el administrado en esta causa no ha optado por asignarle sentido al silencio administrativo para agotar la vía que le habilite la instancia jurisdiccional mediante la articulación de las acciones contencioso administrativas, sino que ha optado por otro procedimiento que le brinda el ordenamiento jurídico, la acción de amparo por mora de la administración, que conforme se reseñara supra reviste características perfectamente diferenciadas, y en tal sentido deben entenderse encaminados los pedidos de pronto despacho, en un todo de conformidad y en cumplimiento del Inc. "d" del Art. 7 de la Ley 4795, como condición de admisibilidad de la acción de amparo por mora de la administración. Así voto.

Por todo ello y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (con la disidencia de la Dra. Sesto de Leiva) RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción deAmparo por Mora de la Administración interpuesta por la Sra. Adriana Elsa Riba en contra del Ministerio de Educación.Con costas a la demandada.- 2) Ordenar al Ministerio de Educación de la Provincia que se pronuncie respecto al trámite administrativo del expediente identificado como "Actuación Subsecretaría de Educación 77/04", en el plazo de DIEZ DÍAS hábiles a partir de la notificación de la presente resolución, bajo los apercibimientos previstos por el Art. 13 inc. "e" de la Ley Nro. 4795, que transcripto literalmente expresa "... bajo apercibimiento de denuncia del notificado por el delito de desobediencia previsto por el Artículo Nro. 239 del Código Penal".

3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.-