Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-30


SENT Nro. 542 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 30 DE JULIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la codemandada "Cruz Alta S.A." en autos: "Juárez, Alberto Antonio vs. Corporación de alimentos e industrias S.A. y otro s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 236/238, la codemandada "Cruz Alta S.A." plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 14 de junio de 2002, obrante a fs. 214/217 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 22 de agosto de 2002 (cfr. fs. 239). Ninguna de las partes, conforme surge del informe actuarial de fs. 245, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Sostiene la codemandada que la sentencia la agravia en primer lugar, porque realiza una errónea aplicación del artículo 208 LCT, al soslayar el presupuesto fáctico-jurídico de operatividad de la norma, cual es el carácter inculpable de la enfermedad incapacitante del actor. En efecto, omite la consideración de dos dictámenes médicos obrantes en autos, donde el propio actor relata que fumó un paquete diario de cigarrillos hasta enfermarse, de los que se infiere que la conducta libre y voluntaria del actor incidió decisivamente en la gestación de la dolencia y en la consolidación de la incapacidad derivada de ella. Aún concediendo que la incapacidad esté demostrada en autos, de ello no se sigue que deba resarcirse conforme el artículo 212 LCT, pues éste, armónicamente con los artículos 208 y 211 LCT, exige que la incapacidad sea derivada de enfermedad inculpable.

Además, la agravia porque efectúa una errónea aplicación del artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 12/88 (Azucareros) al afirmar que el actor ha acumulado 21 años de antigüedad computables para el cálculo de la indemnización del 212 LCT, pues el citado artículo 27 de la convención dispone expresamente como se calcula la antigüedad del trabajador temporario de la actividad (un año de antigüedad corresponde a 300 días de trabajo efectivo). Destaca que el propio actor reconoce haber trabajado 150 días por año desde su ingreso hasta la renuncia, lo que arroja un total de 300 días de trabajo efectivo, cada dos años calendarios. Si el actor ingresó a la empresa en 1959 y renunció en 1998, trabajó 39 temporadas de 150 días efectivos, los que sumados acumulan 5.850 días cantidad que dividida en 300, arroja 19,5 años de antigüedad efectiva y no 21 como sostiene la sentencia. Considera que la errónea aplicación del artículo 27 del CCT 12/88, no puede ser subsanada por el hecho de no haberse impugnado la pericial contable ni por la operatividad de las presunciones contenidas en los artículos 61, segundo párrafo del CPT y 55 d e la LCT.

Asimismo se agravia porque la sentencia efectúa un errónea aplicación de los artículos 152 y 156 de la LCT, lo que se traduce en la indebida inclusión del ítem vacaciones no gozadas por enfermedad inculpable. Alega que las vacaciones son incompatibles con la licencia por enfermedad, pues no pueden acordarse mientras el trabajador se encuentra enfermo en atención a la distinta finalidad de ambos institutos. Además la enfermedad suspende el período vacacional. El hecho que los días no trabajados por causa de enfermedad sean computables en el cálculo de las vacaciones, no significa que puedan acumularse ambas remuneraciones. Entiende que quien se encuentra en goce de licencia por enfermedad no puede gozar de vacaciones y en consecuencia no puede acumular a la paga de licencia, la correspondiente a las vacaciones que se ve impedido de usufructuar.

III.- La sentencia, en lo que es objeto del recurso, considera procedente el reclamo indemnizatorio fundado en el artículo 212, 4º párrafo, LCT con fundamento en el dictamen de la comisión médica "retiro por invalidez" de la Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de fecha 18/8/98, que dictamina un 70% de invalidez, producido por "cardiopatía coronaria severa" (fs. 11/12), lo que coincide con la perito médica oficial Dra. Pujadas de Iparraguirre (fs. 61/64) y con la pericia médica del Dr. Cipulli (ofrecido por ambas partes y cuyo dictamen no fue objeto de impugnación); en la constancia de PREVINTER AFJP de fs. 13, corroborada por el ANSES a fs. 114; ante el incomparendo injustificado de los demandados a la audiencia de absolución de posiciones debidamente notificada, tiene por confeso los hechos contenidos en las posiciones del pliego (artículo 331 del CPCC); en la autenticidad de las piezas postales intercambiadas entre las partes.

Considera que la demandada no prueba en juicio su postura ya que sencillamente sostiene que la enfermedad determinante de la incapacidad no es inculpable, porque su causa responde a hechos perfectamente imputables al enfermo (fumador empedernido, hipertenso, etc.), no pudiéndose tener por confeso al actor del contenido del pliego de fs. 183, porque la notificación correspondiente no fue diligenciada en tiempo y forma.

Estima reunidos en el caso los requisitos de incapacidad absoluta (total y permanente) exigidos por el artículo 212, 4º párrafo, LCT, y que la misma se consolidó jurídicamente durante la vigencia de la relación de trabajo, conforme doctrina y jurisprudencia que cita, destacando su naturaleza de prestación asistencial producida por la particularidad de la situación fáctica que extingue la relación laboral y no de sanción al empleador, como lo es la prevista en el artículo 245 del mismo cuerpo normativo.

Por ello hace lugar al pago de la indemnización reclamada a tenor del artículo 212, 4º párrafo, LCT, tomando como base para practicar la liquidación, el dictamen del CPN Catania de fs. 166, no impugnado por la contraria quién, agrega, conforme se desprende de la presentación de fs. 167/168, no dio cumplimiento a su obligación de exhibir la documentación requerida por el Perito Contador, por lo que aplica los artículos 61, segundo párrafo, CPT y 55 LCT, teniendo por ciertas las afirmaciones del accionante sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos, declarando procedentes también los reclamos de vacaciones proporcionales y SAC proporcional segundo semestre.

En cuanto a la antigüedad del actor, considera que atento a lo establecido por el artículo 27 del CCT nº 12/88 (Azucareros), artículo 18 LCT y recibos glosados a fs. 10, es de 21 años, descartando las afirmaciones de la demandada en el responde, habida cuenta el reconocimiento que implican tales recibos y descartando los argumentos del responde en virtud de la doctrina de los actos propios.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del recurso casatorio, revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Excma. Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente, si el mismo ha sido correctamente concedido.

De las constancias obrantes en el cargo actuarial de fs. 238 y de la actuado a fs. 221/222, surge que el recurso ha sido incoado tempestivamente. La sentencia que se impugna, es definitiva, y en atención a que la codemandada recurrente se encuentra en el supuesto previsto por el artículo 135, primera parte, del primer párrafo del CPT, está exenta de cumplir con el requisito del afianzamiento.

En cuanto a la admisibilidad del recurso a tenor de los artículo 131, inciso a) y 132, inciso a) del CPT, su análisis se efectuará a continuación, conjuntamente con cada agravio.

1) Para que prospere la indemnización prevista en el artículo 212, 4to. párrafo de la LCT, es necesario que de la enfermedad o accidente derive una incapacidad absoluta para el trabajador. Vale decir, que sea total y permanente. Y, además, debe ocurrir durante la vigencia de la relación laboral.

Es que, como expresa Enrique Herrera, la referida indemnización "...es una prestación...a cargo del empleador a fin de asistir al trabajador totalmente incapacitado, cuando la contingencia se presenta en el curso de la relación laboral" (cfr. Extinción de la relación de trabajo. Ed. Astrea. Bs. As. 1986, pág. 514).

De las pericias producidas en autos surge que la incapacidad del actor es absoluta y que ella ha acontecido vigente la relación laboral.

Sin embargo, se agravia la demandada porque sostiene que el fallo soslaya el hecho de que la incapacidad no es producida por enfermedad inculpable y omite la consideración de dos dictámenes médicos obrantes en autos, donde el propio actor relata que fumó un paquete diario de cigarrillos hasta enfermarse, de los que se infiere que la conducta libre y voluntaria del actor incidió decisivamente en la gestación de la dolencia y en la consolidación de la incapacidad derivada de ella.

No es exacto lo afirmado por la recurrente. Basta la simple lectura de la sentencia para advertir que, aunque escuetamente, se ha hecho cargo del planteo de la demandada referido a esta cuestión, rechazándolo con fundamento en que esta última no prueba en juicio los hechos que invoca y en la imposibilidad de tener por confeso al actor sobre esos hechos contenidos en el pliego de posiciones de fs. 183, porque tal prueba no se produjo, habida cuenta que su notificación no fue diligenciada en tiempo y forma.

Si bien de la pericia de fs. 61/64, surge que el actor padece una incapacidad del 70%, por cardiopatía coronaria severa y que hasta sufrir el infarto fumaba 20 cigarrillos por día, es hipertenso y etilista crónico, ante el pedido de aclaratoria de la demandada de fs. 68, la perito médica responde a fs. 75/76, que le resulta imposible establecer la incidencia de estos factores en el desarrollo de la enfermedad y que la misma no tiene relación de causalidad con las tareas desempeñadas.

A iguales conclusiones arribó la pericia médica del Dr. Cipulli, de fs. 128/129, que dictamina una cardiopatía isquémica, con el 70 % de incapacidad total y permanente y donde se expresa que el trabajador fumaba "un paquete de cigarrillos diarios, hasta enfermarse. Hipertenso." Ante aclaraciones requeridas por la demandada, a fs. 134, el perito responde que los vicios del actor constituyen causas objetivas agravantes de la dolencia, pero no puede precisar el grado de incidencia de ellas en el caso concreto.

Ello así, parece aventurado apreciar en los vicios del actor una clara intencionalidad dolosa de provocarse la dolencia para dejar de trabajar. Antes bien, se trata de hábitos nocivos a los que se acude solamente por placer y que constituyen factores de riesgo en el desencadenamiento de la enfermedad, pero que en modo alguno responden a una causa originada ex profeso por el trabajador para no trabajar, extremo que debió ser probado por el empleador para eximirse de responsabilidad, circunstancia que no aconteció en el caso (cfr. CNATr., Sala III, 13/2/78, LT, XXVI- 555).

Ello fue elípticamente contenido en la expresión sentencial al afirmar que los demandados no probaron que la enfermedad no fuera inculpable. Como surge de los dictámenes médicos compulsados, los factores etiológicos y predisponentes de la enfermedad son múltiples, entre los cuales se encuentran el tabaco y el alcohol. Esto descarta que los mismos sean los únicos y excluyentes en el desarrollo de la dolencia, al punto de predicar que la enfermedad fue producto de una decisión imputable al trabajador.

Desde esta perspectiva, resulta razonable que el fallo considerara no probado los hechos invocados por la demandada. No basta con la expresión de la pericia que el propio actor dijo que fumaba un paquete diario "hasta enfermarse", si no se demuestra que la dolencia de debió exclusiva y excluyentemente a ello, lo que no aconteció en autos.

Por lo tanto, reitero que si bien puede tildarse de escueta la fórmula sentencial que rechaza los argumentos de los demandados respecto a la inexistencia de enfermedad inculpable por falta de pruebas, ello resulta insuficiente para descalificar el pronunciamiento y menos aún para considerar que el mismo ha interpretado erróneamente el artículo 208 LCT como pretende la recurrente.

En suma, si bien se acredita la existencia de estos factores en el actor (alcohol y tabaco), no se ha demostrado que fueron los únicos y determinantes de la enfermedad y menos aún que el paciente haya contraído dichos vicios con la finalidad específica de enfermarse.

Desde esta perspectiva, a mayor abundamiento y con el fin de despejar dudas, cabe destacar que un sector de la doctrina al que adhiero (Moreno, Etala, Livellara, Vázquez Vialard y Altamira Gigena), considera que "los accidentes o enfermedades inculpables son aquellos que no tienen vinculación alguna con el trabajo; los que tienen relación con el trabajo del empleado están comprendidos en la ley 9688" (Moreno, Jorge R. "Accidentes y enfermedades inculpables en la LCT -con las modificaciones introducidas por la ley 21.297-" LT- XXIV-B-867).

Asimismo expresa Vázquez Vialard que "La causa de las (enfermedades) inculpables (...) nada tiene que ver con la prestación del trabajo; en cierta manera, responden a riesgo genérico y propio de la vida. La LCT (art. 208) admite que en los casos de accidente o enfermedad inculpable, es decir que se produzcan por una causa ajena a la labor realizada, pero que no hayan sido motivados por culpa grave o dolo del trabajador; éste tiene derecho a ..." ("Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 2da. edic. actualizada, Astrea, Bs.As., 1981, T° I, pág. 371.).

En cuanto a la calificación de inculpabilidad, Miguel A. Sardegna sostiene, "...se refiere al dependiente en cuanto no dependió la contingencia de su propia determinación. El obrero no debió haberse producido la enfermedad o el accidente, ni éstos fueron producto de su temeridad casi intencional, ya que su culpabilidad, de existir, exime al patrón del cumplimiento de las obligaciones que se indican en la ley. Es así como se consideran culpables sólo los casos extremos originados a propósito por el dependiente para no trabajar. Existe por ello la presunción iuris tantum de que toda enfermedad o accidente es inculpable, estando a cargo de empleador la prueba en contra de esta cuestión de hecho, si invoca la culpa como eximente de responsabilidad". Entre los ejemplos de enfermedades inculpables considerados jurisprudencialmente, en el punto f) destaca a las cardiopatías ("Ley de Contrato de Trabajo, Universidad, Bs.As. 1999, pág. 610/611).

Ello así, en lo que a esta cuestión se refiere, la presentación recursiva se vincula con aspectos fácticos, excluidos de la instancia casatoria, y por lo tanto, el recurso resulta inadmisible.

2) En cuanto al agravio referido a la errónea aplicación del artículo 27 del CCT 12/88 (Azucareros) al afirmar el fallo que el actor ha acumulado 21 años de antigüedad computables para el cálculo de la indemnización del 212 LCT, cuando en realidad, conforme dicha disposición y teniendo en cuenta que el propio actor reconoce haber trabajado 150 días por año desde su ingreso (1959) hasta la renuncia (1998), lo que arroja un total de 300 días de trabajo efectivo, cada dos años calendarios, por lo que, habiendo trabajado el actor 39 temporadas de 150 días efectivos, los que sumados acumulan 5850 días cantidad que dividida en 300, arroja 19,5 años de antigüedad efectiva.

Las afirmaciones de la recurrente soslayan los fundamentos expresos consignados en la sentencia para determinar los años de antigüedad. El actor en su demanda, a propósito de su antigüedad, refirió a las normas del artículo 27 del convenio colectivo de la actividad y al artículo 18 LCT, jamás sostuvo que trabajó 150 días por año, sino que trabajaba aproximadamente durante 5 meses al año y que su antigüedad de 21 años surge de los propios recibos de haberes acompañados con la demanda.

Por su lado la sentencia tiene por acreditados los 21 años de antigüedad denunciada por el actor en la demanda, con los recibos de haberes acompañados con la demanda (fs. 10) y no desconocidos por la accionada, descartando los argumentos sostenidos en el responde, por estar en contradicción con la doctrina de los actos propios.

Tampoco estos argumentos sentenciales fueron rebatidos con suficiencia por la recurrente, limitándose a reiterar en la presentación casatoria, la afirmación realizada en el responde, respecto al modo de computar la antigüedad conforme al convenio, sin hacerse cargo de la antigüedad que expresamente consta en los mencionados recibos.

Ello así, en lo que a esta cuestión se refiere, la presentación recursiva no se basta a sí misma y, por lo tanto, el recurso resulta inadmisible.

3) Por último, la demandada se agravia porque el fallo condena al pago de vacaciones proporcionales no gozadas por enfermedad, pues la licencia por enfermedad es incompatible con las vacaciones, ya que no pueden acordarse mientras el trabajador se encuentra enfermo en atención a la distinta finalidad de ambos institutos. Además la enfermedad suspende el período vacacional. El hecho que los días no trabajados por causa de enfermedad sean computables en el cálculo de las vacaciones, no significa que puedan acumularse ambas remuneraciones.

En primer término cabe destacar que la recurrente omite hacerse cargo del fundamento sentencial en cuya virtud declara procedente el reclamo, esto es la sanción de los artículos 61 CPT y 55 LCT, ante la falta de exhibición de la documentación requerida, teniendo por ciertas las afirmaciones del actor que tendrían que constar en la misma. Ello independientemente de su acierto o no, pues la providencia de fs. 171 vta. fue notificada a las partes sin que estas hicieran observación alguna.

Ello así, la sola circunstancia de no rebatir los argumentos sentenciales, torna inadmisible el recurso en lo que a esta cuestión se refiere.

Por todas las razones expresadas, considero que el recurso incoado por la codemandada "Cruz Alta S.A.", debe ser declarado inadmisible y, en consecuencia, mal concedido.

VI.- Acorde al resultado arribado, por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas de esta instancia casatoria, a la vencida, demandada en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y por ende, mal concedido, el recurso de casación planteado por la codemandada "Cruz Alta S.A." contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 14 de junio de 2002, obrante a fs. 214/217 de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamientos sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO