Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17


Causa Nº 015-01-CC/2005 Incidente de Apelación en autos ÁVALOS, Rubén s/ art. 83 ley 1472-" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcelo P. Vázquez, José Sáez Capel y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa a fs. 23/26 del presente, contra lo resuelto por la Sra. Juez de Primera Instancia a fs.21/22 vta. de la que:

RESULTA:

1.Que a fs. 2 obra copia del acta contravencional labrada a Héctor Coco por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 83 C.C., con fecha 16 de agosto de 2005; oportunidad en la que se secuestraron un carro de metal con ruedas y una garrafa de diez (10) kilos.

2. Que a fs. 4 la Sra. Fiscal de Grado, Marcela Solano, resuelve mantener la medida adoptada en autos y dar intervención al Juez de turno, en los términos del art. 21 LPC.

3. Que a fs. 5, la titular del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 9, María Laura Martínez Vega, convalida el secuestro realizado en autos.

4. Que a fs. 6/7 la Fiscal de Primera Instancia resuelve no continuar con la investigación en lo atinente a la conducta tipificada en el art. 83 de la Ley 1472, proseguir la investigación en torno a la colocación en la vía pública, en un lugar y momento de gran circulación peatonal, de una fuente generadora de calor riesgosa (art. 54, ley 1472) y extraer testimonios de la presente causa y remitirlos a la Unidad Administrativa de Control de Faltas para que se investigue la comisión de la conducta tipificada en el art. 4.1.2 de la ley 451.

5. Que a fs. 15 obra copia del acta realizada a los fines de establecer la identidad del presunto contraventor, quien fue identificado como Rubén Adrián Ávalos.

6. Que a fs. 18/9 vta. la defensa se opone a la formación de una segunda causa, por entender que no es posible continuar con la investigación respecto de la conducta prevista en el art. 54 de la ley 1472 luego de haber decidido la remisión de las actuaciones a faltas, en virtud de la infracción prevista en el art. 4.1.2 de la Ley 451. Ello, por considerar que su asistido llevó a cabo una conducta inescindible y que la formación de esta segunda causa afecta la prohibición de la doble persecución. En este sentido sostiene que el desdoblamiento de las actuaciones implica perseguir a una misma persona por un mismo hecho y que no existe forma de vender el producto sin utilizar una garrafa. Así, entiende que dicha situación vulnera el principio constitucional ne bis in idem. Por ello, solicita se deje sin efecto la remisión de testimonios a la Unidad Administrativa de Control de Faltas y se continúe con la investigación en esta sede o, por el contrario, se remitan las actuaciones al ente administrativo a fin de dilucidar si la conducta atribuida al Sr. Ávalos encuentra encuadre l egal en el art. 4.1.2 de la ley 451. Finalmente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

7. Que a fs. 20 contesta la vista el Sr. Fiscal de Grado quien considera que la decisión adoptada no puede ser cuestionada en esta etapa del proceso, siendo en la unidad administrativa de faltas donde deben interponerse los planteos.

8. Que a fs. 21/2 vta. obra la resolución dictada por la Magistrada por la que no hace lugar al planteo incoado por la defensa. Sostiene que del resolutorio impugnado no surge que la persona a quien se solicita investigar por la comisión de la falta sea el Sr. Ávalos y que de ser así, es en el marco del procedimiento de faltas donde deberían interponerse los planteos intentados en el presente. Asimismo, entiende que no existe identidad de hecho pues la colocación de una cosa capaz de producir un daño en un lugar público es sólo parcialmente contemporánea con la conducta tipificada en el art. 4.1.2 de la ley 451, consistente en desarrollar la venta de mercaderías en la vía pública sin permiso, resultando dos conductas absolutamente escindibles. Considera que la consumación de la conducta contravencional acontecería con la colocación del objeto en el lugar determinado por la norma (lugar público) y que con posterioridad comienza a desarrollarse la actividad sin permiso, consumándose la falta y prolongándose la comisión de la contravención.

9. Que a fs. 23/5 vta. la Defensa apela la resolución mencionada supra. Entiende que es errada la interpretación realizada por la sentenciante, alegando que la colocación de la garrafa, la fabricación de la garrapiñada y su posterior comercialización forman parte de una sola conducta y que la garrafa es el medio mediante el cual se ejerce la actividad cuestionada en el ámbito administrativo. Por lo tanto, estima que no resulta oportuno reprochar, en forma simultánea, la posesión de dicha garrafa en otro proceso. Afirma que estamos en presencia de una sola conducta, que consta de varias acciones y de una sola persona, supuesto diferente al previsto en el art. 10 de la ley 451. Finalmente, formula reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y de caso Federal.

10. Que a fs. 31/vta. obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, quien manifiesta que corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación. Ello, por considerar que no existe agravio de imposible reparación ulterior en lo que hace a la cuestión contravencional, ya que tal planteo puede ser efectuado en la audiencia de debate. En cuanto a la posible comisión de una falta, entiende que es en sede administrativa donde debe ser evacuado el cuestionamiento de la defensa.

11. Que a fs. 34/5 contesta la vista la defensa, quien entiende que el razonamiento del Fiscal de Cámara resulta desacertado, por cuanto no es correcto concluir que la posibilidad de plantear una cuestión en forma posterior anule la existencia de un perjuicio. En cuanto a la posibilidad de plantearlo en sede administrativa, sostiene que ante la violación de un derecho constitucional no se puede pretender que se reaccione tardíamente y ante otra sede. Reitera que dividir la investigación afectaría la garantía de ne bis in idem. Por último, mantiene la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso Federal.

12. Que a fs. 36 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION Es pertinente señalar que el escrito de apelación incoado ha sido interpuesto en tiempo y forma, cuestión que permite propiciar su admisibilidad formal. Sin embargo, por no tratarse de una sentencia definitiva, debe determinarse si la resolución del Magistrado de Primera Instancia causa a la defensa un gravamen irreparable, y analizando las particularidades del caso, decidir sobre la procedencia del recurso (arts. 6 y 50 de la Ley 12 y art. 449 del CPPN).

Al respecto, cabe recordar que el gravamen irreparable "(...) aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, se ha afirmado, cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva..." (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación" - Tomo II, José Luis De Palma Editor, Bs. As. 2004, pág. 1193).

Ahora bien, de las constancias obrantes en autos se advierte la posible afectación de la garantía constitucional ne bis in idem que prohíbe la múltiple persecución de una misma persona por un mismo hecho; circunstancia que resulta pasible de irrogar un gravamen de imposible reparación ulterior. Por ello, corresponde declarar bien concedido el recurso interpuesto por la defensa.

SEGUNDA CUESTIÓN La cuestión a dilucidar en la presente causa radica en determinar si el imputado ha llevado a cabo una única conducta, tal como lo plantea la defensa o si, efectivamente, se trata de dos conductas escindibles que podrían encontrarse contempladas tanto en la ley contravencional como en la de faltas, tal como lo sostiene el Ministerio Público Fiscal.

En efecto, el titular de la acción decidió, continuar la investigación por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 54 de la ley 1472 que sanciona con multa de $ 600 a $ 15000 o 3 a 30 días de arresto a quien "coloca o arroja sustancias insalubres o capaces de producir un daño, en lugares públicos o privados de acceso público", sanción que se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios donde concurren niños/as. Por otro lado, dispuso extraer testimonios y remitirlos a la Unidad Administrativa de Control de Faltas ante la posible comisión de la infracción normada en el art. 4.1.2 de la ley 451, que sanciona con multa de $ 50 a $ 1000 y decomiso de las cosas a quien "venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada".

En primer lugar, cabe destacar que del estudio de la causa se observa que su origen ha sido el labrado al imputado de una acta contravencional por realizar una actividad lucrativa sin autorización en el espacio público, consistente en la venta de garrapiñadas. En aquella oportunidad, se procedió al secuestro de un carro metálico con ruedas y una garrafa. Es decir, se presumió que la persona imputada elaboraba los productos y luego los comercializaba; ello, sin perjuicio de que el representante del Ministerio Público Fiscal decidiera continuar la investigación por la supuesta comisión del art. 54 CC, descartando la aplicación del art. 83 CC.

Ahora bien, de la acción desplegada por el imputado se colige que la colocación de la garrafa aparecería como el medio utilizado para ejercer la actividad comercial cuya investigación se pretende en el ámbito administrativo. Es decir, la garrafa era utilizada como parte de la cadena de producción, para la elaboración y cocción de la mercadería que sería comercializada.

En este sentido, no resulta acertado el criterio de la Magistrada de grado quien sostiene que el imputado desarrolló dos conductas distintas y escindibles pues, si bien la consumación de la contravención acontecería con la instalación del objeto en un lugar público, al ser de carácter permanente, se prolongaría en el tiempo superponiéndose temporalmente con la actividad lucrativa.

En virtud de ello, cabe concluir que el imputado desarrolló una única conducta, y si bien podría quedar subsumida en un tipo contravencional y, al mismo tiempo, constituir una violación al régimen de faltas, existen razones que imponen que sólo pueda ser perseguido por una de ellas.En este sentido, el art. 10 de la ley 451 establece que "la comisión de una contravención no exime de la responsabilidad por falta atribuible a otra persona por el mismo hecho, en cuyo caso la sanción por falta se aplica sin perjuicio de la pena contravencional que se imponga".

De allí que cuando, como en el caso de autos, se trate de la misma persona, la comisión de la contravención exime de la responsabilidad por falta correspondiente a un mismo hecho. De lo contrario resultaría vulnerada la garantía ne bis in idem que impide que una persona pueda ser perseguida más de una vez por el mismo hecho.En efecto, no puede concluirse, como contrariamente entiende la Sra. Juez de grado, que no sea Rubén Ávalos a quien el Fiscal imputó la comisión de la falta administrativa, pues si bien en la parte dispositiva de la resolución obrante a fs. 6/7, no se identificó la persona que debería ser investigada en dicho ámbito, de la descripción del hecho allí efectuada como de las demás constancias obrantes en la causa, surge claramente que el nombrado es el único imputado por ser el único que intervino en el presunto hecho.Siendo así, y toda vez que el ne bis in idem resulta afectado desde que existe una amenaza de doble persecución y puede hacerse valer ante cualquier situación de doble riesgo punitivo, no parece apropiado que el planteo formulado por la defensa deba ser resuelto en sede administrativa. Ello, por cuanto dicha amenaza se ha configurado en autos a partir del momento en que el Fiscal decidió el desdoblamiento del accionar del imputado.En este orden de ideas, se ha dicho que la citada garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también un nuevo sometimiento a juicio por un mismo hecho, y el sólo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado dado que el gravamen no de disiparía ni aún con el dictado de una sentencia absolutoria (CSJN, Fallos 314:377, entre otros). De este modo, a fin de evitar la superposición en el juzgamiento de los hechos ponderados en esta causa, y atento a que el representante del Ministerio Público Fiscal decidió continuar las presentes actuaciones con relación a la colocación en la vía pública de un elemento capaz de producir un daño y que dicha conducta, en virtud de su sanción, reviste mayor gravedad que la contemplada en la ley 451, la extracción de testimonios ante la posible comisión de la falta deviene nula.En este sentido, cabe destacar que al revestir dicha invalidez el carácter de absoluta por vers e comprometida una garantía constitucional, su dictado puede efectuarse de oficio y en cualquier estado del proceso (art. 168, 2° párr. CPPN).Por los motivos expuestos, el Tribunal, RESUELVEI. Revocar la resolución dictada por la Sra. Juez de Primera Instancia, María Laura Martínez Vega, obrante a fs. 21/22 vta., en cuanto no hace lugar al planteo incoado por la defensa, debiendo declararse la nulidad del punto I de la resolución obrante a fs. 6/7 en cuanto resuelve extraer testimonio de la presente causa y remitirla a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a fin de que se investiguen los hechos denunciados que podrían encuadrar prima facie en el art. 4.1.2 de la ley 451 (arts. 166 y ss. CPPN y 6 LPC).II. Tener presentes las reservas formuladas por la defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítanse las actuaciones al Juzgado de origen, a sus efectos LCC