Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-03


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: ONCE San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Septiembre de 2.008.- Y VISTOS:

Estos autos Corte NÂ° 076/07 "SORIA, Adolfo Omar (Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima) c/ CONCEJO DELIBERANTE DE HUILLAPIMA s/ Conflicto de Poderes", traídos a despacho a fin de dictar sentencia definitiva en el orden establecido por Acta de sorteo de fs. 101, que dio el siguiente orden de votación: Dres. José Ricardo Cáceres, Amelia del Valle Sesto de Leiva y Luis Raúl Cippitelli.

En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

Â¿Es procedente el Conflicto de Poderes interpuesto?. En su caso Â¿Que pronunciamiento corresponde?. A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 39/43, Adolfo Omar Soria, en su carácter de Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Huillapima, promueve acción de Conflicto de Poderes a fin de poder continuar ejerciendo el cargo de Presidente oportunamente designado y del que actualmente se encuentra impedido de ejercer a consecuencia del obrar ilegítimo y arbitrario de los concejales Santillán Eduardo, Maturano Miguel y Romero Miguel, solicitando se declare la nulidad absoluta de la sesión llevada a cabo por los nombrados el día 10/12/07, sin su asistencia y de todos los actos posteriores. En relación a los hechos expresa que, el 10 de diciembre del año 2.007 a horas 11, por Resolución 056/07 de fecha 29/11/07 se encontraba fijada la sesión especial para la incorporación de los concejales electos el 11 de marzo. Ese día en presencia del concejal Santillán y de los concejales electos Miguel Ángel Brizuela, Miguel Maturano, Miguel Romero y público en general abrió la sesión, dando cumplimiento al temario establecido; cumplido el orden del día, dio por terminado el acto; que en momentos de retirarse el concejal Romero le solicita reiteradamente una sesión secreta del Concejo Deliberante a los fines de cambiar autoridades, a lo que le respondió que no correspondía por que la sesión ya había finalizado y por ya haberse convocado mediante Resolución 058/07 para el 28/02/08 la elección de presidente. Romero, Maturano y Santillán insisten con el cambio de autoridades, no obstante, él se retira del recinto junto a Brizuela recién incorporado, la secretaria taquigráfica y el secretario del Concejo. Que el resto de los concejales quedaron en el recinto con la intención de formalizar el cambio de autoridades, lo que no era posible salvo violando las resoluciones legales y la reglamentación vigente aplicable, Art. 24 Ley 4640, que establece que la sesión preparatoria para elegir presidente, debe ser realizada 10 días antes del comienzo de las sesiones ordinarias, las que a su vez se inician el 1 de marzo al 30 de noviembre. Que en horas de la tarde toma conocimiento que los concejales Santillan, Romero y Maturano habían llevado a cabo la sesión, designando Presidente del Concejo Deliberante a Santillán, Vicepresidente a Maturano, y removiendo los secretarios contables y general. Afirma que con tal acto se han violado los Arts. 22 y 28 de la Ley Orgánica que establece que toda resolución de remoción, destitución, desplazamiento de autoridades debe adoptarse por mayoría.

Que se ha conculcado su legítimo derecho al ejercicio de la presidencia, incurriendo en un notorio abuso de autoridad y usurpación del cargo. Que habiéndose fijado para ese día a la tarde el juramento del intendente electo, advierte que se había retirado todo el mobiliario de la sala, no obstante él, como Presidente abrió la sesión y esperó un tiempo prudencial sin que el Intendente se hiciera presente. Que posteriormente se entera que la ilegal integración del concejo había tomado juramento al intendente entrante, constituyendo un acto inexistente o de nulidad absoluta y así solicita se declare. Que previa vista al Sr. Procurador General de la Corte, se declara prima facie la jurisdicción y competencia de este Tribunal para entender en la presente causa, y se requiere al CD la remisión de todos los antecedentes relacionados con la sesión del 10/12/07. A fs. 59/61 se cumplimenta el informe requerido aludiendo que, los Concejales electos mediante nota recibida el día 13/11/07 solicitaron al Presidente del Cuerpo una sesión especial, posteriormente con fecha 05/12/07 se requirió la incorporación en el temario del día el recambio de alguno de los funcionarios del cuerpo, nota firmada por Maturano, Santillán y Romero. Estas notas nunca fueron respondidas por Soria, incluso de dar cuenta de los asuntos entrados, y en su caso del rechazo de los mismos. Que al llegar a la sesión del 10 de diciembre el Cuerpo estaba en una situación irregular por no contarse con Vicepresidente que reemplaza al Presidente en caso de ausencia. De ello se aprovechó Soria y se retiró para impedir la continuidad, pero no se percata que ante esta situación, el cuerpo reasume las facultades que le son propias Arts. 20 y 21 del R.I. Que la sesión del 10 de diciembre se realizó a los fines de la incorporación de tres concejales sobre un total de cinco, que el Art. 48 del R.I., faculta a solicitar a los incorporados una sesión especial, lo que no fue tratado por que Soria unilateralmente levantó la sesión intentando de esta manera silenciar a la mayoría del cuerpo conforme a su nueva integración. Que no está prohibido por ninguna disposición legal que no se pueda elegir sus autoridades al momento de la renovación parcial de su miembros. Que la pretensión de mantener un mandato, cuando la mayoría de quienes lo otorgaron han cesado es absurdo. La conformación del nuevo cuerpo determina la necesidad de renovar las autoridades, permitir la representación de la mayoría o minoría en la conducción con el voto de la nueva integración. Igualmente alegan que lo actuado fue ratificado por la Juez de Paz de Huillapima, que se realizó inventario de lo recibido y se llevó adelante la toma de juramento al Intendente electo y se remitió nota al Tribunal de Cuentas comunicando la nueva integración del Concejo. A fs. 89/92 obra dictamen del Sr. Procurador en sentido favorable a la acción, quedando así los autos en estado de dictar Sentencia. Circunscripta la cuestión en esos términos, con facilidad se revela que la situación suscitada encuadra cómodamente en el concepto que esta Corte tiene de Conflicto de Poderes. Que al respecto es oportuno señalar que de manera uniforme desde el fallo no poco veces citado, â_" Albarracin Hugo c/ Consejo Deliberante de Valle Viejo y otros s/ Acción de Amparo, -Auto Interlocutorio 154 /92- y en los sucesivos hemos venido sosteniendo que, "existe conflicto interno municipal no sólo cuando la contienda se plantea entre el Poder Ejecutivo Municipal y el Cuerpo Deliberativo, sino también los producidos en el seno de este último, siempre que la existencia del diferendo sea irreversible en el ámbito que le es propio y que haga inclusive imposible el funcionamiento normal del Cuerpo". También quedó en claro sobre el tema que, "Así los hechos, cabe precisar que la intervención de la Corte en esta materia no lo hace como un Tribunal de Apelación sino como una especie de contralor extraordinario y excepcional tendiente, en primer término a verificar la legalidad y constitucionalidad del procedimiento seguido para determinados actos por parte del Concejo, verbigracia, si se obtuvo la mayoría necesaria para la decisión, si se respetó la defensa en juicio y el debido proceso etc., pero nunca tratar de revisar la cuestión de fondo entendiendo esto, si los motivos y argumentos de la decisión son correctos o no, dado que, no se pretende sustituir el criterio de los concejales por el criterio de esta Corte. Únicamente puede surgir la facultad de rever una medida, cuando se ha incurrido en una flagrante y grosera arbitrariedad, violando el límite de la interpretación razonable en donde los miembros del Concejo Deliberante hubieran incurrido en la desviación del Poder..." (de mi voto en sentencia NÂº 20 de fecha 16/10/96 en autos Corte 78/96 "Concejo Deliberante de la Municipalidad de Aconquija â_" Departamento Andalgalá- C/ Intendente Municipal â_" Conflicto de poderes". Que en función de ello, resulta apropiado recordar que en autos el reclamante denuncia que ha sido removido del cargo que revestía como Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima en virtud de un procedimiento irregular y fuera de todo marco legal vigente aplicable al caso. Que ante ello corresponde verificar si el Concejo Deliberante ha observado las pautas que establece el ordenamiento legal para la decisión cuestionada. Que en ese orden, sin esfuerzo, se aprecia de la presentación inicial que el proceder reprochado se suscita fuera de la normativa legal prevista para estos casos, circunstancias luego confirmadas por las constancias de autos y expresamente en la contestación del informe, toda vez que, las repuestas formuladas en intento de justificar el accionar denunciado no logran su cometido, en tanto dejan de lado las Disposiciones de la Carta Orgánica al respecto. Que ello es así pues, del Acta de celebración de sesión especial del día 10/12/07 a hs. 11,25, obrante a fs. 43/45 consta que continúa la sesión especial, cuando de fs.49, surge que la sesión especial se dio por finalizada a hs. 11,10 al concluir el orden del día; sigue expresando el acta que, se retiró del recinto el presidente Soria y el concejal Brizuela y que la mayoría va a continuar sesionando; también allí aparece que los concejales presentes Santillán, Romero y Maturano resuelven designar a Romero Presidente, Maturano Vicepresidente y continúan con el cambio de autoridades. Que siendo así, y mas allá de las irregularidades que revela el Acta del 10/12/07 de hs.11,25, dicho acto se encuentra afectado en su legalidad, en orden a la constitución de la mayoría calificada requerida para la decisión cuestionada, lesionando el debido proceso y seriamente el derecho de defensa en juicio. Que estos presupuestos, que como ya mencioné, están dentro de la órbita de contralor de este Tribunal y han sido obviados por los concejales presentes en la sesión objeto de impugnación. Que ello, habida cuenta que los demandados, invocando uso de facultades propias remueven del cargo al actor sin respetar el dispositivo legal de la mayoría calificada para esa decisión.

En tal sentido la LOM en sus Arts. 22 y 28 exige para la remoción, destitución o desplazamientos de autoridades municipales el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Que al respecto es propicio indicar que es criterio de la Corte que las dos terceras partes en un total de cinco miembros son cuatro; que dicha interpretación no resulta alterada frente al argumento del Concejo Deliberante de facultades propias que le otorga en R.I., pues no puede éste modificar la ley. Que el criterio expuesto es el sustentado por esta Corte en sinnúmeros de casos similares en torno a la interpretación de la mayoría, inclusive en la causa, autos Corte NÂº 133/05, "Ramos, Stella Marys c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valle Viejo â_" Conflicto de Poderes, que si bien fue así resuelto, por mayoría, luego en autos Corte 205/04- Carrizo, Elida Peregrina c/ Concejo Deliberante- sentencia NÂ° 32/06 y Expet. NÂº 72/06 Gutierrez María Estela c/ Concejo Deliberante de San José Dep. Santa María- Sentencia NÂº 3706, se dejó por unanimidad, bien en claro, en orden a la constitución de la mayoría calificada de dos tercios, requerida para decisiones como la cuestionada, que no puede formarse con tres en un total de cinco miembros, dado que conforme la prescripción legal y los principios generales del derecho, indican que de un total de cinco miembros, los dos tercios lo constituyen cuatro de ellos, que aceptar otro criterio, supondría aceptar la coincidencia de una mayoría simple desvirtuando de tal modo la mayor exigencia del consenso que la letra y el espíritu de la ley impone a los cuerpos deliberativos para la realización de actos jurídicos políticos determinados. Que igualmente, este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado, que la no aplicación de un procedimiento por el cual debe ser oído a los efectos del ejercicio de defensa que tiene toda persona como garantía constitucional, hace que se invalide cualquier Resolución que tome el Concejo. Tal es así que las irregularidades comprobadas, resultan mas que suficientes a los fines de concluir haciendo lugar a la acción, eximiéndome de continuar avanzando en el resto de las anomalías denunciadas, no obstante vale puntualizar que el acto y el momento de la elección de Presidente y demás autoridades tiene nombre propio -sesión preparatoria- y fecha determinada, -todos los años dentro de los diez días anteriores al comienzo de las ordinarias- Art. 24 LOM.; que el solo hecho de la insistencia de renovar autoridades por parte de los concejales en otro tiempo no alcanza a enderezar el procedimiento y legalizar su cometido amparándose en la sola omisión de respuesta y/o negativa del actor de así acceder. Si embargo, el actor expresa que ante ello les respondió a los insistentes, que no correspondía por estar ya establecida y notificados la fecha para la elección de autoridades, si bien dicha repuesta no consta, sí obra en autos la Resolución 058/07 de fecha 29/11/07, cuya convocatoria se dispone. Luego, el amparo en el Artículo 19 de la C.N., no tiene asideros pues si bien la Ley no prohíbe expresamente que no se pueda elegir autoridades al momento de la renovación parcial de sus miembros, expresamente prevé cuándo y cómo se debe proceder al respecto. Por los fundamentos expuestos no cabe dudas que estamos ante un procedimiento ilegal e inconstitucional violatorio de las garantías constitucionales, por lo que considero debe declararse la nulidad de la sesión solicitada y, en consecuencia, la invalidez de todos los actos que se realizaron en élla y todos los actos posteriores a élla, debiéndose de inmediato restituir al cargo de Presidente del Concejo de Huillapima al Sr. Adolfo Omar Soria. Con costas. Es mi voto. LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizadas las constancias de autos, el voto precedente de los Sres. Ministros y teniendo en cuenta que esta Corte de Justicia ya tiene criterio formado en este tipo de controversias por casos anteriores similares, reitero mi criterio personal ya expuesto en Autos Corte NÂ° 205/04 "Carrizo Élida Peregrina (Pte. del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Huillapíma) c/ Concejo Deliberante de Huillapima s/ Conflicto de Poderes" y otros, declarando así la nulidad de la sesión solicitada y consecuente invalidez de los actos posteriores a la misma. Costas a la vencida. Es mi voto. A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero in totum al voto del Sr. Ministro, Dr. Cáceres por agotar la meteria traída a decisión, compartiendo los argumentos vertidos. Por todo ello, oído el Sr. Procurador General en su Dictamen NÂ° 36/08 , LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar al Conflicto de Poderes interpuesto a fs. 29/34vta. de autos, debiéndose de inmediato restituir al Sr. Adolfo Omar Soria al cargo de Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Huillapima. 2) Con costas a la vencida. 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.