Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07


COCA, Fernando Santiago y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 331-335.

Santa Fe, 7 de diciembre del año 2.004. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia 71 del 4 de diciembre de 2003, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos de la ciudad de Rosario en au En la pieza recursiva (fs.15/26), tras una reseña de las vicisitudes de la causa, la actora sostuvo que la Cámara incurrió en arbitrariedad en mérito de las siguientes razones: En primer lugar, sostuvo que la decisión realizó una interpretación infiel de las distintas normas de creación de la Administración Provincial de Impuestos y del régimen de su personal, la que se encuentra plasmada cuando se señaló en el decisorio que la Administración Provincial de Impuestos constituyó una nueva estructura autárquica del Estado diferente al ENFIRE SAPEM, no existiendo continuidad alguna entre ambos, pese a que la ley 10.792 que lo creó estableció expresamente que este ente sería el continuador del ENFIRE SAPEM y de la Dirección General de Rentas, entrando los mencionados entes en liquidación.

Asimismo, afirmó que el pronunciamiento impugnado prescindió de prueba decisiva, toda vez que del informe obrante a foja 142 s Por último, endilgó al fallo de la Cámara autocontradicción, desde que por un lado el Tribunal entendió que existió reencasillamiento y que los actores no lo cuestionaron, y por el otro entendió que se trató de una nueva estructura y por tanto los actores no tenían derecho alguno sino una mera expectativa.

La Cámara a quo, mediante auto 326 del 09.06.2004, denegó la concesión del remedio deducido (fs. 39/41); tal denegatoria, motivó la presentación directa de los perdidosos ante esta Sede (fs. 43/51).

2. Si bien el compareciente acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad, del análisis de los fundamentos vertidos en la pieza recursiva en su confrontación con aquél, se desprende que las hipótesis de arbitrariedad que el recurrente intenta perfilar -tales, "interpretación arbitraria de la normativa de creación de la Administración Provincial de Impuestos y del régimen de los empleados", "prescindencia de prueba decisiva", "contradicción con inequívocas constancias de autos" y "autocontradicción"- carecen de sustento en las constancias de la causa, y en modo alguno pueden entenderse como demostrativas de las circunstancias que sustentan el pretendido caso constitucional, puesto que se vinculan, esencialmente, con el criterio con el que el Tribunal analizó los hechos, valoró las pruebas aportadas y aplicó las normas en juego, ámbito que, en principio, resulta ajeno al remedio excepcional intentado.

En efecto: los planteos reseñados -tal como lo remarcara la Cámara en el auto denegatorio- trasuntan su disenso para con el criterio adoptado por el A quo en cuanto a declarar improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, intentando hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que hubiese correspondido al caso -y opuesta a la de los juzgadores- en cuanto que, a su juicio, se debió admitir el recurso deducido y por ende, ordenarse a la Provincia que disponga la reubicación escalafonaria de los actores en las categorías y funciones que les correspondían y se les abonen las diferencias salariales adeudadas, premios, fondos especiales y demás rubros que por derecho entienden les correspondían- asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y del plexo probatorio reunido en la causa y el valor que se le asignara a éste dentro de un ámbito que, en principio, resulta ajeno al remedio excepcional intentado y sin que esta tarea aparezca en absoluto arbitraria.

En tal sentido, dable es señalar que carece de asidero la supuesta arbitrariedad en la interpretación de las normas de creación de la Administración Provincial de Impuestos y del régimen de su personal, patentizada a su juicio, al afirmarse que el A.P.I. constituyó una nueva estructura autárquica del Estado diferente al ENFIRE SAPEM sin que exista continuidad alguna entre ambos no obstante que la ley 10.792 que lo creó estableciera expresamente que este ente sería el continuador del ENFIRE SAPEM y de la Dirección General de Rentas.

Ello así por cuanto que, más allá de que el planteo entraña indudablemente una cuestión de índole hermenéutica que por su propia naturaleza exorbita el ámbito del presente recurso, lo cierto es que el discurso argumentativo expuesto por el compareciente -tendente a persuadir, en síntesis, acerca de que la Cámara efectuó una incorrecta interpretación de la ley, postulando que la Administración Provincial de Impuestos era continuadora del ENFIRE SAPEM-, no logra acreditar que los miembros del Tribunal hubiesen efectuado una exégesis irrazonable de las disposiciones en juego.

Es que si se atiende a los propios términos del pronunciamiento puesto ahora en tela de juicio, el A quo liminarmente abordó el examen de las disposiciones legales de aplicación, considerando que de aquéllas se desprendía que "el ente creado (A.P.I.) constituyó una nueva estructura autárquica del estado, por ella distinta al EN.FI.RE S.A.P.E.M., cuyas misiones, funciones y estructura correspondían ser determinadas por la autoridad competente para crearlo, lo que efectivamente se concretó con el dictado de la ley 10.792, ley 10.813, Decreto 2269/92 y 4447/92...ello importó la asignación de funciones al personal y su encasillamiento en los niveles y grados contemplados en la nueva estructura, que obviamente en razón de la finalidad de creación del nuevo ente implicó una especial reubicación del personal, en el caso de personal absorbido de otros organismos, acorde a los requerimientos públicos que se proponían alcanzar con su creación..." (f. 9vto.); que "...en el carác Asimismo, respecto de la endilgada arbitrariedad fáctica en que habría incurrido el A quo al prescindir de prueba decisiva y contradecir inequívocas constancias de autos, afirmando de un modo dogmático que las funciones otorgadas no eran vejatorias y que el salario era mayor al que cobraban, siendo que su parte había efectuado un meduloso análisis de las funciones otorgadas y de la estructura del A.P.I. concluyendo que las nuevas funciones otorgadas resultaban vejatorias y que el aumento de salario se debía a un aumento de la base de cálculo, cabe señalar que no ha de merecer favorable acogida. Po Por último, en lo que concierne al reproche enunciado bajo el rótulo de "autocontradicción", encaminado a demostrar que por un lado, la Cámara entendió que existió un reencasillamiento y que los actores no lo cuestionaron y por el otro entendió que se trató de una nueva estructura -no reencasillamiento- y por lo tanto los actores no tenían derecho alguno sino una mera expectativa, lo cierto es que con los argum Por ende, con los extremos que señala en su escrito impugnativo en confrontación con todo lo precedentemente apuntado, no logra el recurrente persuadir a esta Corte acerca de que la decisión de la Cámara exhiba una fundamentación dogmática; antes bien, preciso es decir que los motivos brindados por el A quo aparecen acordes con la exigencia de suficiente motivación que impone el artículo 95 de la Constitución provincial, que - como tiene dicho reiteradamente este Cuerpo- no obliga al juzgador a efectuar desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma como un pronunciamiento objetivo y razonable o, lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la volun Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)