Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-29


--- En la ciudad de Trelew, a los 29 días de diciembre del año dos mil cuatro, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Hipólito Giménez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara y , para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G., A. N. c/ B., W. E. s/ cobro de hab. e indem. de ley" (Expte. Nº 20.002 - año 2004) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 122.------------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo: ----------------------------------- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 113, que fuera concedido a fs. 114, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 107/109 vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por A. N. G. y condenó a W. E. B. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $5.972,85.-, con más sus intereses, por los conceptos detallados a los puntos 1 a 7 y 9 a 12 de la liquidación de fs. 6, con la salvedad de la reducción del monto correspondiente al rubro 6 y deducción del importe percibido, y asimismo dispuso la presentación de la entrega del certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. dentro de igual plazo, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento, con imposición de costas a cargo de la demandada vencida.------------------------------------------------------------------------ --- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 fue presentado por la actora a fs. 115/116 y básicamente señala que: a) la crítica está referida al rechazo de la aplicación del art. 9 de la ley 25.013 y art. 275 L.C.T., en lo que hace principalmente a la cuestión relativa a los intereses, al entender que luego de la sanción de la ley 25.013 la multa contemplada en el ordenamiento laboral adquirió una operatividad diferente a la de su historia dinámica; b) con cita de fallo (sala "A", c. 19.103, SDL 56/2003) destaca que en caso de falta de pago en término y sin causa justificada por el empleador de la indemnización por despido incausado se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la L.C.T., por lo que ante tal presunción corresponde a la demandada arrimar al proceso la prueba en contrario; c) esta presunción pertenece al género "iuris tantum" por lo que admite la prueba contraria a su existencia, para lo cual deberá alegar la parte al contestar demanda; d) casi huelga señalar que esa alegación y aquellas pruebas jamás pasaron siquiera por la imaginación de la demandada y brilla por su ausencia; y e) de esta manera queda expedita la imposición legal que debe entenderse comprendida en la pretensión genérica del pago de intereses.---------------------------------------------------------------------- ----------- 2. Comenzaré por señalar que a pesar de la remisión del art. 9 de la ley 25.013 al artículo 275 de la L.C.T., lo cierto es que los institutos previstos por dichas normas atienden a situaciones diferentes, pues el supuesto que se contempla en el primer caso es la demora en el cumplimiento de una obligación dineraria, en tanto que el segundo se refiere a la actitud del empleador en el juicio (conf. Carcavallo, "Reflexiones sobre la llamada reforma laboral de la ley 25.013", DT. 1999-A, 203).--------------------------------------------------------------------------- --------------------- Sólo a mayor abundamiento agregaré que la remisión al art. 275 de la L.C.T. en cuanto a la presunción de conducta temeraria y maliciosa no resulta feliz, pues es evidente que la normativa alude a la demora en el pago de la indemnización por causa injustificada, por lo que tal remisión debe entenderse respecto a la sanción a aplicar.------------------------------------------------------------------------ -------------------- Es que, la situación de demora en el pago prevista por el art. 9 de la ley 25.013 es claramente diferente a la conducta temeraria y maliciosa que despliega el empleador en el curso del proceso y que contempla el art. 275 de la L.C.T.------------- En ese contexto, la temeridad consiste en la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamentación no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Por eso la temeridad se configura cuando existe conciencia de la propia sinrazón. Se deben reunir dos extremos para configurar la misma, uno objetivo, que resulta de la falta de fundamentación o injusticia de la pretensión u oposición, y otro de tipo subjetivo, configurado por la propia conciencia de la concurrencia de esas circunstancias al caso concreto. Mientras que, por otro lado, la malicia es la conducta observada en el proceso con la finalidad exclusivamente distorsionadora de aquél, tendiendo a la obstrucción del mismo, persiguiendo su dilación (conf. Arazi y Rojas, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I, pág. 164, Rubinzal-Culzoni Editores, 2.001).------------------------------------------------------------------------- ---------- De allí que, la temeridad es la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad; de manera que para que la conducta sea calificada como temeraria, deben conjugarse factores objetivos y subjetivos. Y la malicia es la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión. De manera que ambas conductas requieren, inexorablemente, para su configuración la presencia del elemento subjetivo (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala II, marzo 13-997, La Ley, 1997-D, 707).

--- Con tal alcance, es evidente que el art. 9 de la ley 25.013, como su encabezado indica, contempla una hipótesis diferente cual es la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado, por lo que no comparto el criterio del juzgador al analizar dicho supuesto en función a la conducta desplegada por la parte demandada en el proceso, pues lo que debe establecerse es si existió negativa injustificada de pago por el empleador.-------------------------------------------------------- Sin perjuicio de ello, existe otro fundamento en virtud del cual propiciaré la confirmación de la sentencia venida en recurso, y ello por cuanto en virtud del recurso de apelación el tribunal de alzada asume la plenitud de la jurisdicción sobre aquellos puntos que han sido objeto de apelación (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", T. 1, pág. 76, Astrea, 1989).---- --- El principio según el cual la jurisdicción del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla "iura novit curia", es decir, que ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes. En un orden de ideas similares se ha recalcado que el órgano "ad quem" no está limitado en su razonamiento por la argumentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo". Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", T. III, págs. 420 y 421, respectivamente, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988).------------------------------------------------------------------------- Es por lo demás, criterio de esta Cámara, en su composición de sala única, c. 12.380, S.D.L. N° 84/97; sala "B", c. 14.815, S.D.L. N° 102/99, entre otros pronunciamientos.--------------------------------------------------------------- ----------------- Así, debe ponderarse que la demora en el pago de indemnizaciones laborales también se encuentra contemplada por el art. 2 de la ley 25.323, y que en la presente causa el incremento allí previsto fue objeto de condena (rubro 9: $408,81.-).--------------------------------------------------------------------- -------------------- En este marco, no omito considerar que para algunos autores la norma prevista por el art. 2 de la ley 25.323 funcionaría como complemento del art. 9 de la ley 25.013 según el cual se presume la existencia de conducta temeraria y maliciosa del empleador por la falta de pago en término o sin causa justificada (conf. Pose, "Primeras reflexiones sobre el incremento indemnizatorio dispuesto por la ley 25.323", DT. 2000-B, 2303).-------------------------------------------------------------------- Sin embargo, y por perseguir idénticos propósitos (art. 9 de la ley 25.013 y art. 2 de la ley 25.323) se sostiene en postura contraria que corresponde desechar de plano una aplicación simultánea de ambas normas so pena de infringir el principio non bis in ídem que debe considerarse un principio general del derecho (art. 16, Cód. Civil) (conf. Carlos Alberto Etala, "Las nuevas normas de la ley 25.323", DT. 2000-B, 2085).-------------------------------------------------------------------------- ----- Es más, ante la superposición parcial de ambas normas se entiende que el art. 2 de la ley 25.323, en el ámbito de aplicación personal en que se superpone con el de la ley 25.013, ha de desplazar al art. 9 de esta ley porque no puede aplicarse una doble sanción por el mismo hecho antecedente (conf. Etala, comentario citado, DT. 2000-B, 2085).-------------------------------------------------------------------------- ----- Y en este último aspecto, si bien las sanciones son diferentes (incremento de un 50%: art. 2 de la ley 25.323; condena a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales: art. 275 de la L.C.T, por remisión del art. 9 de la ley 25.013), no hay duda que el supuesto contemplado es el mismo ("falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador de la indemnización por despido incausado", art. 9 de la ley 25.013; "Cuando el empleador . no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976), y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013", art. 2 de la ley 25.323).--------------------------------------------------------------- En consecuencia, y por tratarse de idéntico supuesto, no pudiendo aplicarse dos sanciones por un mismo hecho, corresponde rechazar los agravios vertidos a ese respecto.----------------------------------------------------------------------- --------------------- 3. En cuanto a la manifestación del recurrente a fin que se aplique el art 275 de la L.C.T. ("y art. 275 L.C.T., en lo que hace principalmente de la cuestión relativa a los intereses", fs. 115), lo cierto es que la sanción prevista en el citado artículo requiere se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador en el juicio.------------------------------------------------------------------------- ------------------- Y en tal sentido, el juzgador precisó que no puede encuadrarse la actitud adoptada por la demandada de maliciosa o temeraria en los términos de la norma, su conducta más allá de la defensa opuesta al contestar el reclamo no ha resultado dilatoria ni obstruccionista como para considerar que nos encontramos frente al supuesto previsto, siendo por ello que este punto será desestimado.-------------------------------------------------------------------- ------------------- Y ese razonamiento ajustado a las constancias de la presente causa no fue objeto de embate alguno y resultó determinante para la fundamentación de la sentencia.---------------------------------------------------------------------- --------------------- En tales condiciones, la ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 360, punto e, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ ---------------------- Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).------------------------------------------ En ese mismo sentido, cabe señalar que la apertura del recurso lo es en la medida del agravio, y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99).-------------------------------------------------------------------- Tales fundamentos me llevan a concluir que la parte actora en este tramo de la queja incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69).---------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en recurso en cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), y sin regular honorarios al Dr. G. G., letrado apoderado de la parte actora, en atención a la existencia de pacto de cuota litis homologado a fs. 16 y modo de imposición de las costas (art. 4, parte final del segundo párrafo, ley 2200).------------- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: ------------------------------------ Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 113), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 107/109 vta.) por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda incoada por A. N. G. en contra del Sr. W. E. B., condenando a este último a que, en el plazo que fija, abone a la actora la suma de $ 5.972,85, con más los accesorios indicados en el considerando respectivo. Igualmente lo condena a que en el mismo plazo que fijara para el pago de la suma de condena, haga entrega del certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T., bajo apercibimiento de aplicar astreintes ante su incumplimiento y costas.----- El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, se halla agregado a fs.115/116.----- I.- La pertinente reseña de agravios ha sido realizada suficientemente por el vocal de sala que me precediera en la votación por lo que a ella me atendré restringiéndome solo a puntualizar que el único punto sobre el que se apoya y fundamenta el recurso interpuesto por la parte actora recurrente, toda vez que sobre el habré de emitir mi propuesta de resolución, consiste en pretender por esta vía impugnaticia que se haga lugar a la aplicación de lo dispuesto por el art. 9 de la Ley 25.023 y el art. 275 de la L.C.T., en lo relativo a los intereses.----------------------- Básicamente se cuestiona que no se hubieran aplicado sin más dichas normas en atención a cómo prospera la acción interpuesta, criticando específicamente que en el punto sujeto a agravio se hubiera supeditado al resultado de las pruebas que se produzcan en el proceso.--------------------------------------------------------------------- Es clarificador transcribir parcialmente, en lo pertinente, el fallo en la porción cuestionada en el que se expresó: "Entiendo que no resulta aplicable a la especie lo dispuesto por el art. 9 de la ley 25.013 cuya solicitud de condena fuera peticionada en la demanda, pues no puede encuadrarse la actitud adoptada por la demandada de maliciosa o temeraria en los términos de la norma, su conducta más allá de la defensa opuesta al contestar el reclamo no ha resultado dilatoria ni obstruccionista como para considerar que nos encontramos frente al supuesto previsto, siendo por ello que este punto será desestimado"(sic). De la primera lectura del párrafo reproducido precedentemente se advierte que se confunde la situación hipotética y abstracta contemplada en la norma de cita con aquella que es la que en puridad desencadena la potencial operatividad de la contenida en el art. 275 de la L.C.T..------------------------------------------------------------------------- --------- Esto es, el art. 9 de la Ley 25.013 introduce una sanción ante la falta de pago en término y sin causa justificada de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado. Es evidente que esta normativa trata de sancionar los incumplimientos de pago y las demoras injustificadas producidas por el empleador, al disponer que ese hecho origine un perjuicio económico para el principal, tanto más grave cuanto más se aleje la fecha del efectivo pago de aquella en la que debía cumplir con la obligación legal (cuatro días según Arts. 128, 137 y 149 de la L.C.T.). Se añade a ello una presunción de existencia de conducta temeraria y maliciosa aunque refiriéndose indubitablemente a la conducta morosa de cumplir con el pago de las indemnizaciones respectivas a la disolución del vínculo sin causa justificada. El presupuesto, entonces, para que el artículo de mentas produzca sus efectos agravatorios de la indemnización debida (a través de la imposición de los intereses duplicados que prevé el art. 275 de la L.C.T. al que remite), es la demora en la pago de la indemnización debida, situación ésta diametralmente distinta a la contemplada por el juzgador del anterior grado quien refiere a la conducta asumida por la parte demandada en el proceso, aspecto éste que sí da pié, en cambio, a desestimar la aplicación de la previsión normativa contenida en el Art. 275 de la L.C.T., tópico que no mereció una puntual, concreta y razonado crítica del recurrente por lo que ha devenido en firme por consentido.----- Ahora bien, lo dicho ubica correctamente al eje de la cuestión a resolver en esta segunda instancia, en determinar si corresponde o no la aplicación del citado artículo 9 de la Ley 25.013, a lo cual respondo negativamente, compartiendo con ello el criterio seguido por el Dr. Vergara, vocal de sala que me precediera en la votación.----------------------------------------------------------------------- --------------------- Principalmente, concluyo anticipadamente de tal manera por cuanto es de verse que se admitió puntualmente el rubro 9 de la liquidación presentada en demanda, aún cuando por un monto distinto al pretendido, esto es se admitió explícitamente en el cómputo del monto final de condena, el rubro relacionado a idéntica situación de demora en el pago de la indemnización debida por la ruptura injustificada del vínculo laboral, de acuerdo al art. 2 de la Ley 25323 (ver: fallo 2do. y 3er. apartado de fs. 109).---------------------------------------------------------------- Esto es, el art. 9 de la Ley 25.013 dispone una sanción para el caso de configurarse la misma conducta reprochada por la Ley 25.323, por lo que no resulta procedente aplicar ambas disposiciones legales.------------------------------------- En tal sentido tiene dicho Vazquez Vialard, con criterio que vengo a compartir, que la figura agravatoria de la indemnización por despido contemplada en el art. 9 de la Ley 25.013, habría sido absorbida por la establecida en el art. 2 de la ley 25.323, según la cual, la falta de pago del crédito adeudado por indemnización por despido (antigüedad) y/o por falta de preaviso, en el plazo de intimación que ha practicado el trabajador, genera un recargo del 50%. Añade a tal hermenéutica, que solo en el supuesto de que no hubiera el trabajador satisfecho con tal presupuesto del requerimiento previo, tendría derecho a que el juez que interviene en la causa eventualmente lo sancione al empleador incumpliente según la previsión del citado art. 9 de la Ley 25013 (dado que no opera en forma automática, como ocurre en el caso del art. 2do. del la Ley 25323)(Conf. aut. Cit. en número extraordinario de la Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, ed. abril de 2001, "La reforma laboral-II, Leyes 25323, 24.344 y 25.345 y decreto reglamentario", págs. 9/26).--------------------------------------------------------------------- II.- Por lo expuesto pues, concluyo en que corresponderá confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de la parte actora vencida en ella (Arts. 59 de la Ley 69 y 279 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- -------------------- Los honorarios del Dr. G. G., letrado apoderado de la parte actora, por sus labores ante la Alzada, en atención a cómo se imponen las costas en ella, no corresponde que sean regulados toda vez que se ha ratificado en autos el pacto de cuota litis el que se halla homologado a fs. 16 de autos (Art. 4 de la Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- --------------------- Finalizo el tratamiento de esta cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- ----------- --- ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- --- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----------------------------------- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios; y b) imponer las costas de segunda instancia al apelante vencido, sin regular honorarios al Dr. G. G..----------------------------------------------------------------------------- -------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------ --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -------------------------------- --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por ser fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.------------------------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la Ley 1130 y 271 del C.P.C.C., T. de la ley 4550), pasándose a dictar: --------------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE: --- CONFIRMAR la sentencia venida en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios; -------------------------------------------------------------------------------- -----------IMPONER las costas de segunda instancia al apelante vencido, sin regular honorarios al Dr. G. G. .--------------------------------------------------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- VERGARA LCUERO REGISTRADA BAJO EL nro.67