marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, instrumentos públicos, prescripción, plazo, aplicación de la ley, código civil
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Avila, Alejandro Clemente c/ Municipalidad de Huillapima s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-04

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora. En efecto, teniendo en cuenta que el título -base de la acción- deviene de un reconocimiento de deuda originado por haberes impagos extendido por una Municipalidad, y tratándose de una relación de empleo público, y como tal expresamente excluida de la L.C.T. por imperio del art. 2, mal puede invocarse el plazo prescriptivo de 2 años previsto en el art. 256 de la mencionada ley, sino que resulta de aplicación la norma genérica del art. 4027 del C.C. y como tal es de 5 años.
Estado Provincial, autonomía provincial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brandam Baya, Luis Emilio c/ Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

El respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versen sobre aspectos propios de sus instituciones provinciales.
Recurso contencioso administrativo, comuna, personal de planta permanente, personal no permanente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barone, Adolfo Osvaldo c/ Comuna de Murphy s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 259-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

No corresponde reconocer el carácter de agente de planta permanente del actor, si no obstante haber dispuesto el Tribunal - como medida para mejor proveer- que las partes acompañaran las constancias referidas a su situación de revista, nada se ha adjuntado que permita colegir dicho carácter. En ese sentido, es verdaderamente llamativo que no se haya aportado a la causa algo tan elemental como son las constancias de ingreso y egreso diario del actor;

menos aún alguna que acreditara el cumplimiento del horario propio del personal permanente; ni elemento alguno que permitiera verificar qué funciones concretamente cumplía; ni en fin, demás constancias acerca de que la modalidad de la relación era propia del personal permanente.
Acción de amparo, emergencia económica, depósito a plazo fijo, restitución de sumas de dinero, bancos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SERANTES  DE  VICUÑA,  HAYDEE RAQUEL c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOSAIRES SA S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-25

En una acción de amparo en la que se persigue que el banco defendido restituya en la moneda de origen un depósito a plazo fijo, resulta improcedente -como en el caso- disponer que la devolución de la suma depositada se efectivice en cuotas mensuales. Ello pues, el monto de la condena no admite una prolongación en la percepción, pues implicaría en la práctica demorar aun mas la justa reparación del daño infringido al amparista que fue privado de su dinero.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, ciclista
Materia: CIVIL
Carátula: Salomón Miranda c/ Carlos Dante Lopez s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-01

En el supuesto de un accidente de tránsito entre un automotor y un ciclista la situación jurídica de este último es equiparable a la de un peatón embestido, en razón de la significativa desproporción entre el riesgo que genera el uso de uno y otro vehículo, debiéndose dirimir la responsabilidad conforme al régimen del art 1113 del C.C.
Querellante, muerte de las partes, delito de acción pública, mandato, obligaciones del mandatario, apoderado
Materia: PENAL
Carátula: GORDON, DANIEL s/ QUERELLA  - DELITO ACCION PUBLICA - DEFRAUDACION - RETENCION INDEBIDA  - CONSIGNATARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

El mandatario no ha obrado fuera de sus atribuciones pues, como se verá, ni estas emanan del contrato de mandato, ni se trata de facultades que hubiera podido ejercer a su arbitrio. En concordancia con el citado artículo 1916, el Código Civil establece claramente en el artículo 1969, que el mandatario a falta de instrucciones precisas deberá efectuar las medidas de conservación que las circunstancias requieran. En efecto, en la última de las disposiciones citadas, se establece que no obstante la cesación del mandato, es obligación del mandatario...continuar...los negocios comenzados que no admiten demora, hasta que el mandante, sus herederos o sus representantes dispongan sobre ellos. No se trata de una obligación emanada del contrato mismo, sino de la ley, y el presupuesto de tal deber es, por definición, un mandato extinguido.

Si se observa que, además, el citado artículo 1969 establece este deber "bajo pena de responder por el perjuicio que de su omisión resultare", no creo que pueda cuestionarse la legitimidad de la conducta del apoderado, tanto al denunciar la muerte del causante, como al realizar la mínima e inmediata diligencia destinada a cuidar el asunto confiado, esto es la interposición del respectivo recurso de apelación. Esta obligación del apoderado no surge de la relación contractual, sino del imperio de la ley, por lo cual no puede ser omitida, ni renunciada. El Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, también fundamenta la interpretación que vengo sosteniendo. En efecto, el artículo 50 obliga al apoderado a seguir en el juicio hasta que no haya cesado legalmente en su representación, y si bien la muerte del mandante es una causa legal de cesación, es de advertir que a renglón seguido el legislador ordena al apoderado a continuar ejerciendo su personería, hasta que los herederos tomen la intervención que les corresponda, durante el lapso que el Juez, prudentemente señalara, a partir del comienzo del deceso. En cuanto al Código de Procedimientos en Materia Penal, no existe ninguna norma expresa por la cual producida la muerte del querellante, en delito de acción pública, deba quedar extinguido su crédito civil, y que, por lo tanto -sus herederos- entre los cuales se puede contar al mismo Estado -deban ser despojados de la protección brindada por el Código Civil y por la ley procesal. Por lo expuesto, estimo que el recurso ha sido interpuesto en ejercicio de una atribución legal, y que, por lo tanto ha sido bien concedido por el Sr. Juez de grado...".
Aplicación de la ley aduanera, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, ley penal más benigna, multa aduanera
Materia: TRIBUTARIO - PENAL
Carátula: PIDILO  S.A.C.I.F.y E. c/ ESTADO NACIONAL (A.N.A.) s/ ADUANA  -  MULTA  -  LEY  PENAL  MAS BENIGNA - MANIFESTACION INEXACTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

Corresponde confirmar el pronunciamiento que -en virtud del principio de aplicación de la ley penal más benigna contenido en el art. 899 del Código Aduanero- revocó la multa aplicada a la firma actora con sustento en los dispuesto por el art. 171, párrafo 2, inc. c), de la Ley de Aduana. Ello es así, pues la comparación entre los textos sucesivamente vigentes -el citado art. 171 y el art. 954, inc. c), del Código Aduanero- y la circunstancia de que en el régimen penal bajo el cual se sancionó a la infractora no se requiriera sino la inexactitud de la declaración con respecto a la calidad, especie o naturaleza de la mercadería involucrada, llevan a desestimar la pretensión de que dicha conducta quede subsumida en el tipo legal de la segunda de las normas mencionadas, ya que ello supone cambiar la calificación del hecho, agregándole un recaudo no contenido en la norma vigente al tiempo de cometérselo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Loba Pesquera S.A. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

La doctrina surgida de la Corte Suprema de la Nación no resulta vinculante al estar limitada su validez a un caso concreto.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de asociación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI, ALEJANDRO MELITON c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ ABOGADO - EJERCICIO PROFESIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-18

La consecución del bien común debe ser asumida libremente por los miembros de la asociación, pues faltando la libertad se resiente la finalidad, en la medida que la libertad de la persona humana forma parte integrante de las condiciones necesarias para alcanzar la plenitud del hombre y, por tanto, es la base de la consecución del bien común.
Prueba, doctrina de la arbitrariedad, agravantes de la pena, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Montecino, Héctor Isaac; Davila, Sergio Rubén; López, Cristian Abel; Navarrete, Jorge Ruperto; Ribera Pabst, Manuel Arturo s/ Recursos de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-02

Del prolijo estudio de las abundantes pruebas arrimadas el tribunal oral tuvo por acreditado el hecho y estableció claramente la responsabilidad que le cupo a cada uno de los imputados y se establecieron los vínculos que los encartados tenían entre si y los roles que ocupaban cada uno en la organización delictiva. La aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es de naturaleza excepcional, pues su objeto se ciñe a la superación de graves falencias de fundamentación o de razonamiento que afecten la validez del acto jurisdiccional que se cuestiona, todo lo cual, no se verifica en el caso. Para que se configure la agravante del art. 11, inc. c, ley 23.737 no se exige la acreditación de una estructura delictiva con permanencia y organicidad, sino la reunión de individuos con una actuación coordinada, con división de roles y funciones, que respondan a un plan común, que en el caso tuvo la peculiaridad de que dos de sus miembros dirigían y organizaban sus acciones desde su lugar de detención.
Sentencia arbitraria, admisibilidad del recurso, sustitución de la pena, obligación de realizar trabajos comunitarios
Materia: PENAL
Carátula: Yancovich, Mario c/  s/ rechazo de sustitución de la pena por tareas comunitarias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-12

Resulta arbitrario el rechazo de la solicitud de sustitución de la pena impuesta por trabajo comunitario si el a quo no dio respuesta alguna al fundamento más relevante brindado por la defensa enmarcado, en el terreno del art. 50 de la ley de ejecución penal, vinculado a la inconveniencia de aplicar una pena de prisión de escasa duración a su defendido, cuando las necesidades resocializadoras podrían verse realizadas mediante la modalidad solicitada. En efecto, la decisión desechó los argumentos de la defensa vinculados a la situación personal del imputado que no se encuentran vinculados al instituto bajo estudio y que en cambio, serían relevantes en el marco de una incidencia de prisión domiciliaria (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Llerena y Niño).
Honorarios del abogado, apelación de honorarios, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: RITONIO DE RATTO c/ VIRREY LINIERS  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

Del nuevo texto del art. 244 del Código Procesal, modificado por la ley 22.434, se desprende que la fundamentación del recurso de apelación resulta facultativa para el apelante. Sin embargo, ejercida dicha opción, el recurso debe fundarse dentro del quinto día del auto regulatorio, sea en el mismo acto de su interposición o en presentación por separado.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, fundamentación del recurso, autosuficiencia, escrito deficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: BIOGENESIS S.A. c/ CENTROVED Y/O PERETTI, VICTOR H. Y/O LOPEZ, ANA M. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ORDINARIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 98 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-07

No es con vehemencia ritual ni con rigor sistemático que esta Corte rechaza las quejas por denegación del recurso de inconstitucionalidad local por deficiencias rituales. Más bien, en una preocupación constante por la justicia del caso, este Cuerpo -en su actual como en anteriores integraciones- ha tratado de sortear en determinadas ocasiones valladares formales, en la convicción de que el restringido ámbito de una impugnación extraordinaria no se vea distorsionado si, magüer sus cerrojos, algunas puertas se abren para luz de los justiciables. Pero en supuestos donde se omite el desarrollo de los antecedentes de la causa, recaudo éste ni siquiera mínimamente cumplimentado en orden a un cabal entendimiento de la base fáctica, careciendo el recurso del requisito de autosuficiencia , se impide a este Tribunal ingresar en el análisis del caso.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Petrini, Arturo y otros c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación indirecta Farace, Antonio y otro c/ Cerrella, Vicente Antonio s/ Desalojo N.E.A. S.A. c/ Municipalidad de Morón s/ Revisión de contrato Nadig, Gerardo c/ Yenni, Juan C. s/ Desalojo, etc. Castillo, Angel Alberto c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa Iassi, Federico Leonardo c/ Benítez, Hipólito Alcides y otros s/ Daños y perjuicios Aldabe, Hilda M. y otros c/ Aldabe, Estela y otros s/ Nulidad de testamento Vera Velázquez, Stela c/ Reuter, Neyll s/ Acción de filiación Iglesias Missiati, Gabriel Osvaldo c/ Flora Dánica y otro s/ Daños y perjuicios Cruells, Juan Francisco c/ Barensi S.A.C.I.F.I.A. y otros s/ Disolución de sociedad liquidación y rendición de cuentas Politi, Emilio Federico c/ Municipalidad de Olavarría s/ Amparo Monzalvo, Emilia Dora c/ Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Acevedo y otros s/ Nulidad de hipoteca Santillán, Sergio L. y otro s/ Tercería de mejor derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21|1984-09-25|1987-11-10|1991-12-03|1998-06-02|1999-02-23|2000-02-23|2002-02-19|2003-08-06|2004-03-31|2005-03-30|2006-09-20|2007-09-12

Si bien en orden a la conclusión a la que llegó la Cámara en lo atinente a la insuficiencia de la expresión de agravios, lo más apropiado hubiera sido declarar desierto el recurso en los términos del art. 261 del C.P.C.C., la sola circunstancia de que se hayan agregado algunas consideraciones coincidentes con la solución adoptada por el juez de primera instancia, no importa una rectificación de la categórica afirmación de que la expresión de agravios no ha cumplido su función, otorgando firmeza e inmutabilidad a la resolución primigenia.
Fallos de la Corte Suprema, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Provincial c/ Olivares Mediterráneos S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-14

Que sea conveniente seguir los lineamientos de la doctrina de la Corte Suprema, que cierra la cuestión tan controversial de la regulación de la prescripción liberatoria por el Código Civil y la consecuente limitación que debe sufrir la potestad tributaria de los gobiernos locales, no se la debe ver como una desmesurada extensión atribuible al Código de fondo, ni tampoco como una pretendida entronización del mismo, pues la misma trasciende, en mi opinión, la superada discusión de la autonomía del derecho tributario, como de las atribuciones fiscales de los estados provinciales, para centrarse en el dilema de hasta qué punto es razonable que los ordenamientos locales regulen aspectos de un instituto propio del derecho sustantivo que ha sido regulado por el Congreso de la Nación.

Del voto del Dr. Cáceres.
Elevación en apelación, responsabilidad del funcionario público, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hernández, José Sigisfredo c/ Austral Cielos del Sur s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-04

"...la falta de elevación de autos que obedeció en forma exclusiva a la omisión por parte del funcionario del cumplimiento de su deber no produce caducidad".
Actividad portuaria, responsabilidad de la administración portuaria, AFIP DGA, responsabilidad contractual, indemnización
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: La Universidad Cia. Arg. de Segs.  S.A. c/ Administración General de Puertos s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-19

Tratándose - como aquí se trata - de perjuicios imputables a AGP a título de culpa - la cual se presume por el solo hecho del incumplimiento en el ámbito de la responsabilidad contractual:

(Conf. esta Sala, causas 6212 del 29.11.88; 6853 del 6.10.89, entre otras; Llambías, J.J., Obligaciones, 2da. Ed., T. I, N.168) - ella está obligada a indemnizar todos los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la inejecución (arts. 520 y 579, Cód. Civil), los que están representados por el valor en plaza de los efectos perdidos y por los intereses moratorios (conf. esta Sala, causas 6212 del 29.11.88; 6853 del 6.10.89; 6995 del 29.12.89; 7162 del 29 12.89; 7162 del 6.3.90; etc.).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, ley de contrato de trabajo, aplicación de la ley laboral, procedimiento laboral, ejecución de sentencia, actualización monetaria, intereses, fallo plenario
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: PILATI, QUINTO. c/ NACION ARGENTINA (COMANDO EN JEFE DE LA FUERZAAEREA). s/ ACCIDENTES DE TRABAJOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó el reajuste del crédito laboral demandado, aún cuando fijó sobre este una tasa de interés del 400% anual, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su depósito en sede administrativa. Ello así, pues no habiendose desconocido en términos concretos en el fallo apelado la existencia de un crédito "demandado judicialmente" , carece de base alguna que explique por que a ese derecho no le es aplicable el art. 276 del Régimen de Contrato de Trabajo (t.o.1976) ; máxime si en orden al primer presupuesto referido, el juzgador no ha hecho invocación, ni de circunstancias extintivas de ese crédito, ni de la doctrina del Acuerdo Plenario de la Cámara a quo, siendo que tampoco es dable admitir la mediación de fundamentos implícitos, por no surgir ello claramente, y si además se atiende a las exigencias de respuesta que imponían al sentenciante los precisos cuestionamientos que, relativos a aquellas hipótesis, elevó al actor a su conocimiento, cuando apeló para ante él.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, convertibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/ Accidente - Acción Civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que remite a la interpretación de la ley 23.928 de Convertibilidad del Austral y reglamentación por su indudable carácter federal, desde dichas normas han sido dictadas por el Congreso en uso de atribuciones previstasen el art. 67, inc. 10 de la constitución Nacional.

Sumario confeccionado por el SAIJ#Fin
Juicio de apremio, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ezcurra s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

La ley 5827 impone el conocimiento de los juicios de apremio a los jueces de paz letrados. Ahora bien, la modificación de la Ley de Apremio, que efectuara el art. 77 de la ley 22.796 no puede variar el principio de asignación de competencia propia que efectuara la normativa específica de los Juzgados de Paz, desde que hasta tanto no se establezca el fuero contencioso administrativo son éstos los que deben continuar interviniendo en los procesos como el presente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Patricio, Juan Carlos c/ Moresco, Luis María s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-20

El valor económico en el juicio ejecutivo está representado en el caso por el importe del certificado de deuda, actualizado a la fecha de interposición del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, obligaciones, asegurador
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Lobosco, Carina Verónica y otros  c/ Paraná SA de Seguros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Procede revocar la resolución que determinó el valor de reposición del vehículo siniestrado. Ello por cuanto, el seguro de bienes tiene por objeto indemnizar al asegurado de las pérdidas materiales que pueda sufrir (Rubén S. Stiglitz, "Derecho de Seguros", Ed. La Ley, Tomo I, pág. 44). De ello se desprende la función resarcitoria del contrato de seguro, que impone al asegurador la obligación de reparar en caso de ocurrir el siniestro previsto. El principio indemnizatorio está expresamente consagrado por la LS. Así, el art. 61 establece que "el asegurador se obliga a resarcir, conforme al contrato, el daño patrimonial causado por el siniestro". Por su parte, el art. 68 dispone que el asegurado no puede pretender en el conjunto una indemnización que supere el monto del daño sufrido. Partiendo de esos postulados, el límite de la prestación debida por el asegurador viene sustentado sobre la base de dos presupuestos: a) el efectivo perjuicio o destrucción del interés por el siniestro; y b) el límite de la suma asegurada o medida en que la cobertura fue asumida por el asegurador (op. cit. Stiglitz, Ruben S, Tomo III, págs. 102/107). Sin perjuicio de ello, esta Sala ha decidido que el límite de la suma asegurada no resulta aplicable a los casos en los que estuviera evidenciado que el crédito resultara exiguo y solo alcanzara a cubrir una fracción del valor del bien cubierto por el seguro. Ello así pues se provocaría una desnaturalización del contrato y beneficiaría a la aseguradora por la falta de cumplimiento en término (CNCom, Sala F, "Fortunato Herminia c/ Federación Patronal Seguros SA s/ Ordinario", del 7/8/20). Y en el caso, de la prueba informativa surge que el valor del vehículo de las mismas características arroja un monto de aproximadamente $345.000, mientras que el monto reconocido en la sentencia más los intereses desde la fecha de la mora fijada en el decisorio al presente no supera los $155.000, valor que no llega a representar el 50% del precio promedio señalado. Esta circunstancia es una consecuencia inmediata del incumplimiento de la demandada que debe ser objeto de resarcimiento. Si bien la póliza contenía un límite de responsabilidad a favor de la aseguradora, se verifica en la especie una situación similar a la que dio lugar al precedente "Fortunato" sentado anteriormente. A más, no puede admitirse la limitación de responsabilidad pretendida por la accionada desde que ella no ha cumplido puntualmente sus obligaciones y lleva varios años en mora.
Jubilaciones, pensiones, afiliados previsionales, plazo, retiro voluntario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Herederos de Antonio Pablo De Diego s/ Recurso de Apelación contra Resolución N°1084-94 del ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-27

La incorporación facultativa que se produce con la afiliación, requiere en acto de voluntad -expreso o tácito- que formalice la opción, acto que debe producirse mientras el sujeto beneficiario se encuentre en ejercicio activo de la función que lo habilita a opcionar; razón por la cual la norma no ha previsto plazo en tanto este se extiende a todo el mandato, con efecto desde que se la ejercita y la posibilidad de retrotraerla a sus inicios pagando los ajustes.