Robo calificado, coautoría
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ahumada, Darío E. s/ Recurso de Casación en contra de la Sentencia Nº 9/12 interpuesta por el Dr. Cerezo, Mariano referente a Expte. Letra 'A-A' Nº 171/11 - Ahumada, Darío E. y otro p.ss.aa. Robo Calificado por ser cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-12

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado como co-autor penalmente responsable del delito de Robo Calificado por ser cometido con Armas de Fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 del C.P., previsto y penado por los arts. 166 inc. primero -Art. 90 del C.P.-, e inciso segundo, éste en función del último párrafo del citado artículo y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de nueve años de prisión, de cumplimiento efectivo con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del CP), ordenándose en consecuencia su inmediata detención debiendo ser alojado en el pabellón adecuado del Servicio Penitenciario Provincial.

Contra el decisorio aludido comparece el recurrente, en su calidad de asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

Como primer agravio cuestiona la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.).

Sostiene que el juzgador llegó a conclusiones erróneas, basándose en premisas falsas; que la prueba ha sido valorada en forma parcializada, desvalorizando testimonios que demuestran la inocencia de su defendido. Dice que la sentencia es arbitraria y que viola el principio de inocencia.

La alegada variación de fechas consignadas en la denuncia y acta de reconocimiento mediante las cuales el recurrente intenta insinuar contradicción y mendacidad del testimonio de una de las víctimas no puede tener acogida favorable.

El tribunal puntualmente aclaró que H. en forma categórica dijo que hizo primero la denuncia y luego efectuó los reconocimientos, con lo cual, carece de relevancia la argumentación defensiva, poniendo de resalto que seguramente se trató de un error material que en nada altera el contenido de las declaraciones recibidas.

Opino además, que este cuestionamiento configura una reflexión tardía de la defensa, la que tuvo innumerables etapas procesales para cuestionar el error material que ahora denuncia, no obstante ello, recién introduce dicho planteo en la etapa final del juicio, es decir, al momento de alegar.

Esta Corte se ha expedido en numerosos precedentes sosteniendo que, la sentencia deviene nula sólo cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, en el sentido que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio ha sido requerida tanto para la procedencia formal del recurso, como para su procedencia sustancial.

En tal sentido, este Tribunal ha dicho que no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés (S. nº 30, 29/06/2012; S. nº 35, 03/07/2012).

Del mismo modo se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

En materia recursiva, dicho principio tiene expresa acogida en el artículo 430 del C.P.P., según el cual: ".El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo".

En consecuencia, esta condición no sólo es un requisito para la procedencia formal, sino también, para la procedencia sustancial de la impugnación.

Por ello, en relación a lo primero, es necesario que en su escrito el recurrente procure demostrar qué perjuicio concreto le ocasiona el defecto que denuncia; con respecto a lo segundo, corresponde analizar -en un examen concerniente al fondo del asunto- si, sorteada aquella primera valla, el agravio es susceptible de ser reparado a través del recurso.

Es decir, que el interés existe en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo, o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible.	En el caso, el presunto vicio denunciado, como lo adelantara, en modo alguno puede tener acogida favorable.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación.