Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-01


Buenos Aires, 1° de marzo de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe resulta:

1. La Unión Transitoria de Empresas conformada por Latinoconsult SA, Prole Sudamericana SA y Arinsa SA (en adelante: la UTE) demandó al Gobierno local el cobro de una deuda vencida contraída por el GCBA con las empresas a raíz del contrato que celebrara con ellas, cuyo objeto consistió en la prestación por la UTE de las tareas de supervisión y vigilancia de las obras y trabajos de mantenimiento, concesionadas a otras empresas, tomando intervención como "Órgano de Control" en aquellas concesiones.

Por Decreto Municipal nº 5407/91 se adjudicó a la actora la supervisión referida a los hospitales Ramos Mejía, Alvarez, Odontológico, Alvear, Tornú, Roca, Argerich, Zubizarreta, Velez Sarfield y Fernández. El contrato fue posteriormente renegociado (fs. 12/35).

Admitida y resuelta una excepción, el Gobierno local contestó la demanda (fs. 250/256).

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la UTE y condenó al Gobierno a pagar a la actora, por distintos conceptos, la suma total de $ 1.253.371,59, más sus intereses, e impuso las costas en un 70% a la parte demandada y un 30 % a la parte actora.

2. La sentencia fue apelada por ambas partes. A fs. 505/521 la Procuración General expresó los agravios de su parte y a fs. 523/541 hizo lo propio la UTE.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones rechazó en su totalidad el recurso deducido por la parte actora, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocó la sentencia de primera instancia en cuanto admitió el pago de facturas impagas y la procedencia de intereses sobre los intereses de una parte de la deuda. Además modificó la imposición de costas e impuso las de ambas instancias en el orden causado (fs. 784/805).

3. La UTE planteó recurso ordinario de apelación (fs. 809) y recurso de inconstitucionalidad (fs. 810/825). La Sala concedió el recurso de apelación y rechazó el de inconstitucionalidad (fs. 826).

La actora presentó ante el Tribunal el memorial de agravios de la apelación (fs. 833/848) que fue contestado por la Procuración General (fs. 851/863 vuelta), y una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado que fue acumulada a este expediente (fs. 906/917). La UTE solicito que se difiera el trámite de la queja a resultas de la admisibilidad del recurso de apelación.

El Fiscal General Adjunto dictaminó (fs. 924/926) sin expedirse sobre el fondo dado que no consideró comprometido el interés social ni normas constitucionales o de derecho público.

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Según lo establecido por el Tribunal a partir del fallo dictado en los autos "Playas Subterráneas S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 860/01, resolución del 9/4/2001 (en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, T. III, ps. 83 y siguientes), el recurso ordinario de apelación ante ese Tribunal requiere, para su admisibilidad:

a) que la Ciudad sea parte; b) que el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre una sentencia definitiva.

El recurso de la parte actora cumple con esas tres condiciones de admisibilidad: la recurrente impugna, en tiempo oportuno, una sentencia dictada en una causa en que la Ciudad es parte, cuyo valor cuestionado supera el mínimo antes citado, previsto por el art. 26, inc. 6, de la ley n° 7, modificado por el art. 2 de la ley n° 189, y que ha resuelto en segunda instancia la cuestión de fondo debatida en el juicio.

Admitido el recurso, corresponde considerar su procedencia.

2. De todas las cuestiones planteadas en la demanda y en el recurso de apelación, resueltas en las instancias anteriores, la parte actora sólo trae a decisión del Tribunal la referida a la supuesta deuda del Gobierno local por trece facturas mensuales impagas correspondientes a los servicios del período octubre de 1993 a octubre de 1994, por la suma de $1.170.000,00 más sus intereses.

La cuestión a resolver radica en si era exigible (o no lo era) que la autoridad administrativa expidiera los partes de recepción definitiva, previstos en la reglamentación vigente en la ex Municipalidad o si, por el contrario, la actora y la demandada, a resultas del Acta de Renegociación nº 1, de fecha 15/4/94, al modificar ciertas cláusulas del contrato originario, establecieron un sistema específico de certificación de trabajos, presentación de facturas y pagos.

A. La jueza de primera instancia consideró que la actora cumplió el mecanismo contractual previsto en el Acta de Renegociación -diferente del legal y reglamentario- y por ello hizo lugar a la demanda en cuanto a este punto (fs. 466 vta./467 vuelta).

En la alzada, el voto en minoría del juez Horacio Corti compartió esa posición pues aunque recordó con precisión y detalles el régimen legal y reglamentario vigente en la materia (integrado por la reglamentación del capítulo VI de la "Ley de Contabilidad", decreto-ley n.º 23.354/56, aprobada por decreto nº 5720/72 y sus modificatorias -aplicable en la Ciudad de acuerdo con la ordenanza nº 31.655- y por el decreto nº 7522/GCBA/78), y destacó el valor asignado por la regulación al "Parte de Recepción Definitiva" (que es caracterizado como el "único documento para el trámite de pago"), al admitir el planteo de la actora referido a que "el Acta [de renegociación], en su art. 6.2, contiene un mecanismo especial para reglar la entrega y el pago, que al ser cumplido por ella, torna exigible la deuda.

El art. 6.2. contiene un mecanismo complejo (en la medida en que correlaciona al Estado, a los concesionarios y al órgano de control), que, efectivamente, tiene como finalidad la de sustituir al sistema general vigente" y si bien pone en duda la validez del contrato mismo (ver punto VIII, último párrafo, fs. 788) y de esas cláusulas que sustituyen el régimen reglamentario (punto XIII, fs. 793/795 vuelta), deja en claro que la Procuración General no invocó en ninguno de sus escritos la nulidad de las cláusulas contractuales aplicadas y que ello impide su consideración de oficio por el Tribunal desde la perspectiva del principio de congruencia (punto X de su voto, fs. 190 y vuelta).

B. La Procuración General, (ver fs. 511/515, segundo agravio), planteó ante la alzada que la sentencia recurrida no tuvo en cuenta que sólo es posible el pago de una factura si se presenta el parte de recepción definitiva, tal como lo establece el decreto n° 7522/78 y que ese requisito que no se cumplió en relación con esas facturas.

La Sala I, por mayoría, admitió el agravio y revocó la sentencia en ese punto. El fundamento de la decisión fue que el contrato administrativo "no podía dejar sin efecto la normativa general de la Ciudad en materia de contrataciones -prevista, entre otras normas, en el decreto n° 7522/78- pues ello hubiera implicado la derogación singular de un acto de alcance general" (fs. 805, punto II, cuarto párrafo, del voto del juez Carlos Balbín al que adhirió el juez Esteban Centanaro).

3. La UTE recurre la sentencia de la Cámara pues, con apoyo en los argumentos del juez Corti, afirma que las partes establecieron un régimen especial para acreditar la realización de los trabajos, certificar la conformidad del comitente y disponer y efectuar el pago.

Sostiene que el decreto invocado por la Sala (n° 7522/78) no es aplicable al caso, toda vez que, entre otras consideraciones, en el "Acta de Renegociación nº 1" se estipuló un régimen o procedimiento para el pago diferente al que se prevé en el decreto mencionado.

En verdad, y para evitar reiteraciones innecesarias, es dable remitirse a la detallada enunciación del régimen contractual aplicable al caso que efectúa el Dr. Horacio Corti en el punto XIII.3 de la sentencia recurrida (fs. 794 y vuelta); donde consigna que de acuerdo con la renegociación contractual de fecha 15/4/94, se pacta que la retribución de la UTE sería abonada a partir del 1/10/93 por la Comuna, directamente, en 63 pagos mensuales, iguales y consecutivos de $90.000; que ello ocurriría luego de 30 días corridos contados a partir de la fecha convenida para la presentación de cada factura; y que en caso de mora, los montos adeudados devengarían un interés equivalente a la tasa activa para préstamos a treinta días del Banco Ciudad.

4. Más allá de la gravedad que conlleva un obrar de la Administración por el que se desprende aún de la mínima facultad de control de lo que hacen su propios concesionarios, como se afirma con corrección en la sentencia recurrida al señalar que "la potestad de control no puede ser totalmente transferida, por medio de un segundo contrato, a otro actor privado, (...) resulta contrario no sólo a elementales ideas de la soberanía estatal, del cometido estatal primario de asegurar el interés público y de la concomitante titularidad estatal de ciertas funciones, sino a los imperativos derivados de la idea jurídica central de transparencia en la gestión pública"; digo, más allá del asombro que genera esta actitud propia de un Estado desertor de sus cometidos, como lo son la supervisión y vigilancia de otros contratistas públicos, no puede perderse de vista un dato esencial: que la Procuración General no ha puesto en debate en este juicio la validez del contrato ni de sus cláusulas.

5. El fallo recurrido debe ser revocado.

El esfuerzo argumentativo del voto de la mayoría para prescindir de la aplicación de las reglas pactadas entre la empresa y la ex Municipalidad no rebate las siguientes cuestiones:

a) que el régimen reglamentario y el régimen pactado por la partes son diferentes y no se complementan sino que se sustituyen;

b) que, en los hechos, el contrato administrativo dejó de lado la normativa general de la Ciudad en materia de contrataciones, y estableció una norma singular para el caso;

c) que la validez de ese contrato o de tales cláusulas no fue objetada por la Administración;

d) que la resolución n° 64-SSG y SSGyAF-98 que autorizó a la Comisión Verificadora de Deudas de la ex Municipalidad a autorizar el pago de deudas que no cumplieran con los recaudos del decreto n° 7522/78 si por la fecha, objeto y modo de contratación correspondiera aplicar una "normativa específica" es plenamente atinente en la especie pues, la normativa específica a la que hace mención la resolución n° 64 fue estipulada para el caso, por el contrato y su renegociación.

Al respecto, recuerdo que en el caso "Doy" señalé ya que "No debe confundirse la 'norma' con su 'fuente de producción' -fuente que podrá ser la ley, el decreto, un reglamento subalterno, la costumbre, el acto o el contrato-, ni tampoco asimilarla a un artículo, cláusula o disposición de alguno de ellos. / En muchos casos, la norma debe 'construirse' o 'recrearse' con los enunciados contenidos en una misma fuente o en fuentes diversas, mediante un proceso de consolidación.

La coincidencia entre fuente y norma no es imprescindible ni absoluta, más allá de que tal correspondencia pueda constatarse de ordinario". En la misma sentencia, el juez Guillermo A. Muñoz expresó "Que se trate de una norma paccionada no cambia la cuestión ni altera su naturaleza.

La sanción de normas paccionadas constituye una realidad conocida y de uso frecuente. En el marco de la variada tipología que ofrece nuestro derecho positivo, hay normas que se limitan a formalizar un contrato cuyo contenido incorporan con o sin modificaciones.

Se trata de normas que tienen su origen en un acuerdo que constituye su antecedente material y al que tienden a ejecutar en todo o en parte. En estos casos no puede confundirse el antecedente material de la norma con la norma misma.

Por tal motivo, las normas de origen paccionado sólo adquieren vigencia para sus destinatarios a partir del acto de voluntad estatal que torna coactivamente exigible la conducta, esto es lo que ocurre en el caso" (in re: "Doy, Miguel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y nulidad", expte. nº 52/99, sentencia del 20 de abril de 2001, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, T. III, ps. 107 y siguientes);

e) guste o no, la reglas pactadas sustituyeron el procedimiento administrativo de acreditación del cumplimiento de la prestación reglamentariamente preestablecido y la decisión de la Cámara de prescindir de la aplicación de la normas acordadas, sin declarar su invalidez, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable al caso, de acuerdo con las circunstancias normativas y fácticas acreditadas.

6. Admitir la tenue defensa de la Procuración General referida a la aplicación del decreto n° 7522/78 permite que el Gobierno adopte una actitud contraria a sus propios actos anteriores, sin cuestionar su validez. Es sabido que es inadmisible la pretensión que importa ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.

También, que la doctrina de los actos propios enlaza en el principio de buena fe que exige a los sujetos proceder en la celebración y ejecución de los negocios jurídicos, con coherencia y respeto a la palabra dada, lo que veda que asuma en el juicio una actitud que lo coloque en contradicción con su conducta precedente ("venire contra factum proprium non valet" -principio receptado tempranamente por el Tribunal cimero in re: "Don Francisco Arigós contra D. Francisco Villanueva, por cobro ejecutivo de pesos" (Fallos: 7:138), sentencia del 8 de abril de 1869-).

7. Cualquiera que sea el juicio personal que merezca la convención que da base al reclamo y sus renegociaciones, y advierto que el mío es de reproche por importar la abdicación del Estado del control y vigilancia de otros contratistas públicos, el Tribunal no puede -como lo señaló, entre otros, en los casos "Sanecar", sentencia del 5/11/03, expte n.º 1860/02 y "Hotel Corrientes" sentencia del 26/5/2004, expte. n° 2564/03 y su acumulado expte. n° 2565/03- tratar cuestiones que no hayan sido planteadas por las partes en los escritos constitutivos de la litis, ni traídos a su decisión en esta instancia recursiva ordinaria mediante la adecuada formulación de agravios 8. Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso ordinario de apelación planteado por la UTE recurrente y, en su mérito, revocar la sentencia de Cámara y confirmar la de primera instancia en cuanto al pago de la suma de $ 1.170.000,00 correspondiente al rubro facturas impagas, con más los intereses sobre dicho importe según se decidiera en tal pronunciamiento.

En atención a la forma en que se resuelve el punto antecedente, cabe referirse al planteo efectuado por la demandada en su apelación de la sentencia de primera instancia relativo a la tasa de interés aplicable al sub examine. Ello así toda vez que, por los términos del pronunciamiento de Cámara, ésta no pudo previsiblemente agraviarse sobre el punto.

En tales condiciones, por los fundamentos expuestos por el doctor Horacio G. Corti en su voto -al que oportunamente adhirieron los doctores Carlos Balbín y Esteban Centanaro-, considero que el agravio del GCBA relativo a la tasa de interés aplicable no puede tener acogida favorable. A éstos me remito, entonces, en homenaje a la brevedad. En cuanto a las costas de las instancias anteriores, el recurso de apelación sólo expresa el pedido de que se revoque el fallo de Cámara "en cuanto eximió al demandado de las costas que le había impuesto dicha sentencia" (en referencia a la de primera instancia). Sin perjuicio de la falta de agravios concretos sobre esta cuestión, el art. 249, CCAyT impone al Tribunal el deber de adecuar las costas "aunque no haya sido materia de apelación".

Pero el éxito del recurso no impone, per se, modificar la imposición de la anterior instancia. El carácter opinable y la pluralidad de cuestiones resueltas por la Cámara justifica confirmar la imposición de costas efectuada en la instancia anterior (costas de ambas -primera y segunda instancia- en el orden causado, fs. 805 vuelta).

En cuanto a las de este recurso, se imponen a la vencida por el principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT).

La forma en que se resuelve la apelación ordinaria, torna innecesario considerar la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado también planteada por la UTE (fs. 906/917).

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Coincido con la solución propuesta por mi colega el juez José Osvaldo Casás en su voto.

2. El recurso de apelación ordinario interpuesto por UTE cumple con los recaudos de admisibilidad, pues: la Ciudad es parte, el valor debatido ante esta instancia es superior a los $ 700.000 exigidos por el art. 26, inc. 6, de la ley n° 7, modificado por el art. 2 de la ley n° 189.

Asimismo, el recurso se dirige contra una sentencia definitiva (cf. "Playas Subterráneas S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 860/01, resolución de 9/4/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], T. III, 2004, p. 83 y siguientes).

3. Del memorial de fs. 833/848 (expte. 4123/05), surge que la recurrente se agravia de dos cuestiones resueltas en la sentencia: la revocación de la condena al demandado al pago del rubro "facturas impagas" y la imposición de costas.

4. Hago propios el encuadre normativo y los minuciosos fundamentos desplegados por el juez Horacio Corti en el apartado XIII de su voto, al pronunciarse en segunda instancia sobre la condena al demandado al pago del rubro "facturas impagas", dispuesta por la sentencia de grado.

Las normas acordadas por las partes contemplaron un mecanismo que vino a sustituir el sistema general de contrataciones vigente en el ámbito de la Administración Pública en materia de pago. La errática estrategia procesal del Gobierno estuvo destinada a evitar la aplicación de dicho régimen contractual sin poner en crisis su validez a través de los medios legales específicamente previstos a ese fin.

Es entonces la propia actividad del GCBA la que determina la solución que propicio respecto de la deuda reclamada por UTE en concepto de facturas mensuales impagas correspondientes a los servicios que prestara durante el período octubre 1993 - octubre 1994, que suman un importe total de $1.170.000,00 (un millón ciento setenta mil pesos).

Pues, más allá de la opinión que me merezca dicha normativa, por aplicación del principio de congruencia, uno de los pilares fundamentales de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa, me encuentro imposibilitada de tomar en consideración argumentos que en ningún momento fueron formulados por las partes.

5. Por las razones precedentemente expresadas, comparto el planteo efectuado por mi colega, el juez José Osvaldo Casás, en el apartado 5 de su voto: el fallo recurrido debe ser revocado porque el esfuerzo argumentativo de la mayoría de la Cámara, destinado a justificar la inaplicabilidad de las reglas pactadas entre la empresa y la ex Municipalidad, no rebate las siguientes cuestiones:

"a) que el régimen reglamentario y el régimen pactado por la partes son diferentes y no se complementan sino que se sustituyen;

'b) que, en los hechos, el contrato administrativo dejó de lado la normativa general de la Ciudad en materia de contrataciones, y estableció una norma singular para el caso;

'c) que la validez de ese contrato o de tales cláusulas no fue objetada por la Administración;

'd) que la resolución n° 64-SSG y SSGyAF-98 que autorizó a la Comisión Verificadora de Deudas de la ex Municipalidad a autorizar el pago de deudas que no cumplieran con los recaudos del decreto n° 7522/78 si por la fecha, objeto y modo de contratación correspondiera aplicar una 'normativa específica' es plenamente atinente en la especie pues, la normativa específica a la que hace mención la resolución n° 64 fue estipulada para el caso, por el contrato y su renegociación. (...) 'e) guste o no, las reglas pactadas sustituyeron el procedimiento administrativo de acreditación del cumplimiento de la prestación reglamentariamente preestablecido y la decisión de la Cámara de prescindir de la aplicación de las normas acordadas, sin declarar su invalidez, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable al caso, de acuerdo con las circunstancias normativas y fácticas acreditadas." 6. Adhiero a los párrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 8 del voto del juez José Osvaldo Casás, respecto de lo que allí señala en cuanto a las costas y a la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, también planteada por la UTE.

7. Por todo lo expuesto, voto por: a) hacer lugar parcialmente al recurso de apelación ordinario interpuesto por la UTE y en consecuencia revocar la sentencia recurrida y confirmar la de primera instancia en cuanto dispuso el pago de la suma de $ 1.170.000,00 (un millón ciento setenta mil pesos), en concepto de facturas impagas;

b) rechazar parcialmente el recurso de apelación ordinario deducido por UTE y consecuentemente confirmar la sentencia impugnada en cuanto impuso las costas por su orden; c) imponer las costas del recurso de apelación ordinario a la vencida; d) no considerar la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, atento el tratamiento del recurso de apelación ordinario.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al fundado voto del Sr. juez de trámite, Dr. Casás, quien con solvencia y claridad agotó el tratamiento de los temas objeto del recurso analizado.

El juez Luis F. Lozano dijo:

Por los fundamentos comunes expuestos por mis colegas, el Dr. José O. Casás y la Dra. Alicia E. Ruiz, adhiero a la solución que propician en sus votos.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Comparto la solución propuesta y los fundamentos articulados en el voto del Sr. juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás, quien ha identificado y explicado con suficiencia las cuestiones sometidas a debate ante el Tribunal. No obstante, estimo necesario resaltar ciertas precisiones relativas a las características singulares del asunto.

2. Con respecto a los rubros reclamados por la ahora recurrente como incumplimientos contractuales (cf. fs. 28, apartado VII.2.g, "Síntesis del reclamo"), participo de las razones por las que el juez Horacio Corti reputa insatisfactorio el intento del Gobierno por controvertir la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar al rubro "facturas impagas", a saber, la presunta exigibilidad de la deuda por los trabajos realizados en el período octubre de 1993/octubre de 1994.

Fundo mi posición en la profusa documentación y su examen riguroso -especialmente de la cláusula 6.2 del Acta de Renegociación n° 1, suscripta entre las partes el 15 de abril de 1994? que obra en el punto XIII del voto en minoría del citado camarista (fs. 793/795 vuelta).

Como lo señala el juez Corti, uno de los rasgos salientes del Derecho administrativo es el proceso progresivo de integración normativa que aquél exhibe y que, por su parte, impone considerar en primer término las reglas, luego sus reglamentaciones y, finalmente, los documentos sobre los que las partes acuerdan en el procedimiento administrativo contractual (vg., el llamado a concurso, los pliegos, las presentaciones del contratista).

En este marco, la validez de un contrato administrativo depende de su adecuación a las disposiciones generales previas, legales o reglamentarias -cf. el apartado IX.2 del voto mencionado, fs. 789/790?.

En contraposición a esta tendencia, cuyo sustento primario es axiológico, el art. 6.2 del Acta de Renegociación ya referida contempla un mecanismo especial que vincula al Gobierno local, a los concesionarios y al órgano de control (en este caso, la actora); su finalidad no es otra que sustituir el régimen legal de control de la prestación y el sistema de facturas y pagos por otro de carácter convencional.

3. Yo ya me he expedido sobre una colisión posible entre normas de distinto orden, la que también puede entenderse, y así lo propuse entonces, como un conflicto entre el principio de legalidad y el de la autonomía de la voluntad:

"[N]o desconozco la necesidad de que los órganos estatales se sometan a las condiciones legales de preparación e instrumentación de los contratos, principio del Derecho administrativo, dicho en otras palabras, la realidad de que 'la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación' (Fallos CSJN: 308:618; 316:382; 323:1515 y 3924; 324:3019 ...)".

"Como tampoco desconozco que, en materia de contratos administrativos, el principio de legalidad desplaza la plena vigencia de la regla de la autonomía de la voluntad de las partes y somete 'el objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas a disponer sin expresa autorización legal' (Fallos: 316:3157, en especial, considerando 7); así como que: 'cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito de su existencia' (Fallos: 323:1515 y 3924; 324: 3019 ...)" [cfr. mi voto en "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. n° 2565/03, "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 2564/03, 26 de mayo de 2004, punto 4].

En el mismo sentido, el Tribunal ha resuelto, de manera unánime, que "[e]n la ex MCBA, y en razón del carácter administrativo del contrato, regían los principios y reglas propios del derecho público ..."; "cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito de su existencia" (Fallos: 323:1515 y 3924; 324:3019); y "La CSJN ha dicho, reiteradamente, que 'la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación'" (Fallos 308:618; 316:382; 323:1515 y 3924; 324:3019); cfr. "Sanecar S.A.C.I.F.I.A.", expte. nº 1860/02, sentencia del 5 de noviembre de 2003, considerando III. 3. b.

4. Los dos últimos puntos que integran esta controversia son aspectos del agravio del GCBA relativo a la tasa de interés aplicable al importe de facturas impagas y a las costas. Al respecto, hago propias las pautas sobre la base de las cuales mi colega, el juez Casás, propicia resolver ambos puntos, observación que extiendo a los fundamentos que a tal efecto ofrece en el punto 8 de su voto.

5. Establecido aquello que antecede, voto conforme al dispositivo propuesto por el Sr. juez de trámite y propongo también:

a) hacer lugar al recurso ordinario de apelación interpuesto por la UTE y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada y confirmar el pronunciamiento en primera instancia en cuanto ordenó el pago de la suma de $1.170.000,00 en concepto de facturas impagas con más los intereses sobre dicho importe, según se decidió en la sentencia de Cámara;

b) confirmar el pronunciamiento recurrido en materia de imposición de costas de primera y segunda instancia en el orden causado; c) imponer las costas del recurso de apelación ordinario a la demandada, por no mediar circunstancias que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT); d) no considerar la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado planteada por la UTE a fs. 906/917, en atención al examen y resolución del recurso de apelación ordinario.

Por ello, y oído el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de apelación ordinario interpuesto por la Unión Transitoria de Empresas conformada por Latinoconsult S.A., Prole Sudamericana S.A. y Arinsa S.A. y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y confirmar el pronunciamiento de primera instancia en cuanto dispuso el pago de la suma de $ 1.170.000,00 (un millón ciento setenta mil pesos), en concepto de facturas impagas, más los intereses correspondientes.

2. Rechazar el recurso de la parte actora en cuanto a la imposición de costas por su orden en las instancias anteriores y, consecuentemente, confirmar la sentencia de Cámara impugnada.

3. Imponer las costas del recurso de apelación ordinario a la parte demandada.

4. No considerar la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado atento a la decisión expresada en los puntos precedentes.

5. Devolver el depósito de fs. 918.

6. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.