marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia civil, daños y perjuicios, mala praxis, juicios contra el Estado
Materia: CIVIL
Carátula: MUCHNIK,  Daniel  Jacobo c/ MEDIC  S.A.  y  otros s/ DAÑOS  YPERJUICIOS -RESP. PROF. MÉDICOA Y AUX.-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-16

La Justicia Nacional en lo Civil es competente para entender en supuestos de daños y perjuicios sufridos por una persona con motivo de una mala praxis médica, por tratarse de cuestiones de naturaleza eminentemente civil. De tal manera, no cabe interpretar que todas las causas en donde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o alguno de sus organismos sean parte, cualquiera sea el objeto del litigio, deban pasar a tramitar automáticamente a ese ámbito jurisdiccional. Deben reunir, además, el requisito de la materia propia contencioso-administrativa o tributaria, para que se cumpla así con la ley de garantía de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires (Ley 24.588, art. 8).

(Sumario N°20570 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cuerpo del delito, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: ASCHERI, H. s/ CONCUNSION - COHECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

"Corresponde absolver al procesado del delito que se le imputara, pues no se ha acreditado el cuerpo del delito".
Sentencias contradictorias, delito de acción privada, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Crescenti, Ernesto José Vicente s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

En orden a la imputación relativa a la infracción al artículo 159 del Código Penal, se advierte que la fundamentación del resolutorio resulta contradictoria con lo que en definitiva se resolvió, pues se señala que tratándose de un delito de acción privada (artículo 73 inciso 3° del Código Penal) la acción debe ser ejercida en los términos del Libro Tercero, Título II, Capítulo III, Sección Primera del Código Procesal Penal de la Nación, no obstante lo cual se sobresee al imputado sin precisar la parte dispositiva del referido resolutorio que no abarca a estos hechos, impidiendose en consecuencia toda posibilidad de ulterior persecución penal por aplicación del principio del non bis in idem. (Voto del Dr. Riggi).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laurino de Juarez, Julia y otros c/ Milicic, Dora María y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

El absurdo en la apreciación de la prueba -el que debe ser adecuadamente alegado y demostrado- es el desvío notorio y patente de las leyes del raciocinio que conduce a sentar premisas insostenibles o abiertamente contradictorias y que importan -a su vez- el quebrantamiento de las reglas procesales de la sana crítica.
Ius variandi, radiólogos, embarazo, ampliación de la jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SORIA, MARTINA CATALINA c/ FEDERACION  DE  CIRCULOS  CATOLICOS  DE OBREROS (ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Cuando se produce un cambio en las condiciones de trabajo en razón de exigencias impuestas por el estado de salud del trabajador (en el caso la dependiente prestaba servicios en la sección radiología y debido a su estado de gravidez se le asignaron tareas administrativas), éste debe satisfacer en adelante su débito laboral mediante el cumplimiento de una jornada normal (en lugar de la reducida que laboraba por desempeñarse en tareas que implican grave riesgo para la salud), porque cada hora de trabajo en la nueva tarea no goza de reconocimiento de un plus, y para cancelar aquella deberá cumplir el horario que corresponda, y de esa manera mantener la misma remuneración..
Agotamiento de la instancia administrativa, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cano, Luis Alberto y otros c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-23

La acción contencioso administrativa de plena jurisdicción debe prioritariamente ser rechazada, en tanto un presupuesto de ineludible concurrencia -como lo es el debido agotamiento de la vía administrativa- se encuentra ausente, no produciéndose, en consecuencia, la habilitación de esta instancia y resultando de ese modo la incompetencia del Tribunal para entender en la presente.

En efecto, en la etapa administrativa se obvian los pasos y tiempos que, a los fines de un correcto agotamiento de esta vía, establece el Código de Procedimientos Administrativos. Si bien ciertas presentaciones mal nominadas pueden ser rescatadas a través del principio del informalismo, no sucede lo mismo con los plazos, que son fatales. Por el excesivo tiempo transcurrido entre el reclamo administrativo y su primera reiteración, cuando ella se concreta, el acto administrativo denegatorio tácito se encontraba firme y consentido, siendo imposible encaminar, darles o encontrarles sentido a todos los demás pasos realizados por los administrados al apartarse del procedimiento establecido al respecto. Siendo este Tribunal incompetente para revisar un acto administrativo firme y consentido, corresponde el rechazo de la acción intentada.

(Del voto del Dr. Oviedo)
Principios procesales, preclusión, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRARI, Elsa Noemí y OTROS c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia) s/ EMPLEO PUBLICO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-03

La aplicación de la preclusión se justifica incluso respecto de decisiones firmes adoptadas en cuestiones de orden público, pues la seguridad jurídica es un objetivo que posee al menos igual jerarquía que los que se intentan alcanzar y que determinaron el dictado de la ley 23.982 (confr. "R.Q.: Laffon", del 24-IX-92 y "Oliver, María", del 12-III-93). (Ver Sala IV, "Oviedo", del 13-12-94, considerando II., parr. 3).
Inimputabilidad, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: PENAL
Carátula: Manzi, Juan s/ Homicidio - JUICIO ORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-07

Es la posibilidad de una persona de valorar correctamente los deberes y de obrar de acuerdo con ese conocimiento, condicionado por la salud y madurez espiritual. Al no estar definida en el Código Penal es necesario deducirla de las disposiciones legales que establecen la impunidad de un sujeto por motivos subjetivos no dependientes de un hecho delictivo en particular. En nuestro orden jurídico esos motivos están dados por la madurez espiritual, salud mental y conciencia, exteriorizadas por la insuficiencia mental congénita, las alteraciones morbosas de las mismas (todas las formas de alienación mental adquiridas) y los estados de inconciencia (procesos transitorios de disgregación con automatismo psíquico y motor y pérdida de la personalidad psíquica superior), debiendo adicionarse a estas condiciones la circunstancia de no haber podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones.-
Actos jurídicos, instrumentos públicos, acta notarial, valor probatorio, prueba del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: I.S.E.    INVESTIGACIONES SEGURIDAD EMPRESARIA  SRL  E  I.S.E.  INV. SEG. EMP.  SA c/ BANCO DEL BUEN AYRE  SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-06

Las actas notariales de constatación tienen una eficacia relativa como prueba de los contratos, por provenir de quien esta interesado en producirla a su favor y, a requerimiento de la parte comprometida en su constitución. El alcance de la fe pública de estos instrumentos alcanza a los hechos materiales verificados por el oficial público en la esfera de su incumbencia, pero no a lo relativo a las personas intervinientes en el acto.
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Arrua Julio Rodolfo s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-06

No obstante la terminante prohibición de recibir declaración indagatoria que pesa sobre el personal policial, el art.434 inc. 5º del C.P.P. en su segundo párrafo los faculta "para interrogar al procesado o imputado" para simples indicaciones y al sólo efecto de la indagación sumaria. Esta atribución determina, lógicamente, que quienes en tal calidad interroguen, tengan un conocimiento de lo sucedido que deba ser puesto a consideración del juez interviniente en el caso de ser llamados como testigos, pero nunca el resultado de sus pesquisas con el "sospechado" podrá configurar una confesión extrajudicial para éste.
Ejecución de sentencia, resoluciones irrecurribles, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Arcusin, Lea Viviana y otros c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Arcusin, Lea Viviana y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

Las resoluciones adoptadas durante el proceso de ejecución de sentencia no constituyen, como regla general, sentencia definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde)
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, conflicto de poderes, competencia contencioso administrativa, fiscal municipal, nombramiento, cuestión política
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brizuela del Moral, Eduardo Segundo y Jalile, Edgardo Ramón s/ Acción MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-07

Por Constitución Provincial la Corte de Justicia tiene establecida competencia originaria y exclusiva, de interpretación restrictiva en el conflicto de poder y en lo contencioso administrativo.

En autos la problemática por la designación de fiscal municipal por el intendente y la denegación del respectivo acuerdo, a través de la comisión de juicio político y acuerdo del Concejo Deliberante, en virtud de diferentes interpretaciones a la norma expresada en su dictamen por mayoría, que de ningún modo puede dar andamiaje para el planteo de un conflicto de poder. De igual modo no puede ser este despacho un acto administrativo, ya que la actividad desarrollada por los cuerpos deliberativos es eminentemente política; por ello, no advirtiéndose gravedad institucional que pudiera motivar la intervención de esta Corte, corresponde el rechazo in límine de la acción articulada por carecer de competencia para su tratamiento.
Fundamentación de sentencias, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Miers Abalos Blas Alcides , Guarino Felipe , Saucedo Jorge Alejandro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-14

La sentencia se encuentra suficientemente fundada y resulta acorde al derecho vigente, pues resulta evidente que en un galpón en el que se encontraron 248 paquetes de marihuana distribuidos dentro de una camioneta estacionada en medio del terreno, en el piso y sobre una balanza, los involucrados, que estaban en ese momento con la droga y que además intentaron darse a la fuga cuando ingresó la policía, ejercían la tenencia de la misma; y que dicha tenencia era ejercida con la finalidad de comercializar la droga, subsumiendo correctamente la conducta de los imputados dentro de la figura del artículo 5º inciso "c" de la ley 23.737 en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, con el grado de certeza que todo veredicto de condena requiere, destacándose principalmente la cantidad de droga secuestrada, casi 174 kilogramos de marihuana y el modo en que estaba fraccionada, embalada en 248 paquetes de distinto peso y tamaño.
Acción de amparo, Municipalidad, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente Municipal de Allen s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-07

El amparo no resulta la vía para decidir si los bienes del municipio se encuentran o no embargados; ello atento su carácter extraordinario y de excepción, debiendo el actuante recurrir en la forma y por ante quien corresponda.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Libercom SRL c/ Telecentro SA s/beneficio de litigar sin gastos. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-02

El demandante cuenta con la posibilidad de reiterar la solicitud del beneficio de pobreza hasta la celebración de la audiencia prevista por el CPR 360 (cfr. CPR 84), que aún no se ha llevado a cabo -según surge del sistema informático-. En tales condiciones, la declaración de caducidad de la instancia resulta inocua (esta Sala, 15/7/19, en "Liber SCS c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ beneficio de litigar sin gastos").
Indemnización por despido, reingreso a la actividad remunerada, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: CHIAPPERRI, OSMAN c/ ANTONIO DELGADO SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

Por aplicación de los artículos 18 y 253 del RCT. (to.), el trabajador jubilado que se desempeÑó para el mismo empleador sin solución de continuidad, tiene derecho al cómputo de todo el tiempo trabajado para calcular la indemnización por despido arbitrario. La omisión de denunciar la prestación de servicios a la Caja de jubilación no justifica el despido, pues la verificación del cumplimiento de la exigencia de no violación de la legislación vigente contenida en el artículo 253 del RCT. (to.) corresponde al organismo previsional y no al empleador.
Concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, medidas cautelares, competencia penal, competencia federal, tratados internacionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICENTIN S.A. c/  s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-29

Resulta oportuno advertir sobre las particularidades extraordinarias del presente caso en función del complejo entramado procesal que se ha plasmado en los presentes, en tanto por fuera del proceso concursal se han formalizado diversas imputaciones penales en distintas jurisdicciones de esta Provincia e incluso en jurisdicciones de la justicia federal, en las que además se han dispuesto medidas cautelares que comprometen la condicionalidad de la propuesta formulada y cuya naturaleza es completamente diversa a la de las medidas cautelares de contenido patrimonial propia de los procesos del ámbito del derecho privado; en este sentido, es de público conocimiento que las múltiples medidas han sido dispuestas con el cometido de preservar y asegurar el provecho, los efectos y hasta los instrumentos de los eventuales comportamientos investigados ante la justicia penal y que dichas medidas escapan completamente a la excepcional previsión del artículo 21, párrafo 4, y del artículo 24 de la Ley 24522, resultando las mismas consecuencia de decisiones jurisdiccionales a instancias de los órganos acusadores, cuyo fundamento normativo no se encuentra alcanzado por el proceso concursal (ni siquiera en caso de quiebra) en tanto derivan de las previsiones contenidas en los artículos 23 del Código Penal, en algunos casos del artículo 305 del mismo ordenamiento, y de los artículos 237 y 239 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. En consecuencia, más allá de la independencia de la acción penal, los actores del proceso concursal no pueden ignorar que la actual formulación normativa contenida en los artículos 23 (pena accesoria de decomiso y medidas cautelares suficientes para asegurarlo) y 305 del Código Penal (norma procesal contenida en ley nacional) fueron incorporados por la Ley 26683 del año 2008 y que, en algunos supuestos de eventuales investigaciones penales, se encuentran comprometidos Tratados Internacionales, en los que la Nación es parte y cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones internacionales, a fin de evitar ulteriores desgastes jurisdiccionales en un proceso de la relevancia del presente, las medidas dispuestas en plurales procesos penales no derivan de acciones por las que se reclaman derechos patrimoniales en los términos del artículo 132 de la Ley 24522. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 23 y 305; Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 12, 237, 239 y 305; Ley 26683; Ley 24522, artículos 21, párrafo 4; 24 y 132.
Iura novit curia, sentencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernádez Pillado E. y otro s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-22

"...el brocádico iura novit curia... no faculta a alterar los términos de la litis, introduciendo en ella acciones, defensas o excepciones no intentadas por los interesados".
Recurso de inconstitucionalidad, procesos especiales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pérez Larrañaga Juan T. y otro en j: Pace, Carlos c/ Juan T. Pérez Larrañaga y Adelina B. Bassi de Pérez Larrañaga s/ Interdicto de recuperar posesión - Queja por apelación denegada  (Libro: S050-442) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-10-02

La supresión del vocablo "definitiva" en la actual Constitución ha hecho viable el recurso de inconstitucionalidad contra sentencias finales recaídas en juicio de tramitación especial (interdictos, desalojos, juicio ejecutivo, etc.).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-16


AUTOS 58.999 (C.C.Nº20391) DEL Octavo Juzgado Civil, CARATULADOS: "FLORES Mario Ramon y Otro C/ Banco de San Juan - Resolucion de Contrato".- PROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2009- del Tº III- Fº67.- San Juan, 16 de octubre de dos mil nueve.- VISTO: para resolver estos autos N°20.391, caratulados "FLORES MARIO RAMON Y OTRO C/BANCO DE SAN JUAN - RESOLUCION DE CONTRATO", con motivo del incidente de caducidad de la segunda instancia promovido por la parte actora a través de apoderado a fs. 282.- Y CONSIDERANDO:

Entendemos que el pedido de declaración de caducidad de la segunda instancia debe ser rechazado.- En primer lugar, atendiendo que el art. 299 del C.P.C. establece que la declaración de caducidad podrá ser pedida en los recursos por la parte recurrida, y teniendo en cuenta que en el caso la parte demandada ha apelado la resolución de fs. 277/278 en la que se regulan honorarios al perito contador Francisco M. Place, advertimos que la parte actora no se encuentra legitimada para oponer la caducidad.- En segundo lugar, no surgiendo de autos notificación de la resolución recurrida al perito contador beneficiario de la regulación impugnada, hay que concluir que el término de caducidad de la segunda instancia aun no ha comenzado a correr.- En el sentido apuntado esta Sala tiene dicho que: "En virtud de la indivisibilidad de la instancia a los efectos de la perención, no puede considerarse terminada la primera instancia mientras la sentencia recurrida no quede notificada a todos los interesados. En consecuencia el término de caducidad de la segunda instancia sólo comienza a correr una vez que aquella es notificada a todas las partes intervinientes, aun cuando a alguna de ellas se les hubiese concedido recursos de apelación (Conf. ED 74 - 376; ED 74 - 381)" (L. A. 1979-I-126/127; L. A. 1991-I-198; L. A. 2004-II -134).- En función de tales consideraciones debe desestimarse la caducidad alegada.- Las costas se imponen a la vencida, dejando constancia que no hubo actividad de la parte apelante que no contestó el traslado corrido.- Por ello, SE RESUELVE:

I) Rechazar la caducidad de la segunda instancia deducida a fs. 282.

II) Imponer las costas a la vencida, dejando constancia que no hubo actividad de la parte apelante que no contestó el traslado corrido.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.
Reposición in extremis, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Impiccini, Hércules c/  s/ queja en: Municipalidad Deallen c/ Impiccini, Hércules s/ expropiación s/ queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-12-11

La reposición "in extremis" es un recurso de procedencia excepcional y subsidiario cuya sustanciación y recaudos se corresponden, en principio, con los parámetros legalmente previstos para los recursos de revocatoria codificados. Con su auxilio se puede intentar subsanar errores materiales y también excepcionalmente yerros de los denominados "esenciales" groseros y evidentes, deslizados en un pronunciamiento de mérito dictado en primera o ulteriores instancias que no puedan corregirse a través de aclaratorias y que generan un agravio trascendente para una o varias partes. (Voto de la Dra. Zaratiegui, Dr. Mansilla, Dr. Apcarian y Dr. Barotto sin disidencia)
Procedencia parcial, recurso de casación, Constitución Provincial, autonomía del Ministerio Público
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Serrano Yessica s.d. Lesiones Leves y Amenazas e.p. Vega Carlos Sebastián c/  s/ Sobreseimiento Total y Definitivo - Casación Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-12

Lo resuelto en la sentencia recurrida implica una clara ignorancia de los preceptos legales consagrados en la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero arts. 202 y 203 inc. 9; y en la Ley Orgánica del Ministerio Público arts 1 y 14 inc. 7, que establecen que el organismo fiscal es autónomo dentro del Poder Judicial, ejerciendo el Sr. Fiscal General la Superintendencia de dicho organismo. Es por eso que el STJ carece de facultades para ejercer el control respecto del MPF, y en tal sentido le asiste razón al recurrente, lo resuelto por el a quo no resulta ajustado a Derecho. Al haber resuelto que sea el órgano de Superintendencia de este STJ quien debería expedirse acerca de alguna supuesta irregularidad de un fiscal, cuando conforme la normativa citada precedentemente ello corresponde al Sr. Fiscal General del Ministerio Público, el agravio referido al contenido de lo resuelto es admisible. (Del voto por su fundamento del Dr. Eduardo Federico López Alzogaray)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, prueba, testigos, víctima del delito
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ACOSTA, CRISTIAN EMANUEL c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-21

En relación a los planteos defensivos de invalidación procesal por arbitrariedad, postulando la quejosa que no se le concedió la posibilidad de interrogar en juicio a testigos que fueron desistidos por la Fiscalía, no persuade la presentante sobre la decisividad de su reproche en las concretas circunstancias del caso y el impacto que el mismo tendría en el resultado final de la causa; habiendo explicado el A quo que no existía mérito para nulificar la sentencia desde que los dichos de uno de los testigos -en orden a que la víctima habría identificado a los autores- no era la única prueba de cargo valorada, en tanto el Tribunal de grado también había ponderado la declaración de aquél cuando dijo haber visto a los imputados huyendo, como asimismo los dichos de otro de los testigos. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler)