Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-17


SENT Nº 40 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: "Ramos Araoz Miguel y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Cobros (Ordinario)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar , se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (cfr. fs. 90/96 vta.) contra la sentencia Nº 569 del 14 de setiembre de 2010 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, corriente a fs. 88 de autos. No corresponde dar traslado del recurso, atento a que todavía no se corrió traslado de la demanda (cfr. fs. 98).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Sin bien ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 89 y 96 vta.), no se cumplen otros requisitos indispensables para ingresar al tratamiento de la procedencia de la pretensión impugnativa en examen.

En efecto; el recurrente no ha dado cumplimiento con el requerimiento del artículo 752 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) que alude a la obligación de que "En todos los casos, sea la sentencia confirmatoria o revocatoria, se acompañará, con el escrito del recurso, constancia de depósito a la orden de esta Corte".

Es decir que la ley adjetiva establece para todos los casos, la necesidad de acompañar con el escrito del recurso la constancia de depósito judicial a la orden de la Corte, como requisito de admisibilidad de la vía impugnativa intentada y que, los supuestos de excepción mencionados en el artículo 753 CPCC, deben ser restrictivamente interpretados, según doctrina pacífica y reiterada de este Tribunal.

Son aplicables al sub lite, los precedentes de este Superior Tribunal en los que se expresó que la constancia de la obtención del beneficio para litigar sin gastos debe ser adjuntada conjuntamente con el escrito recursivo o en el tiempo procesalmente previsto para su interposición (cfr. sentencia Nº 441, del 24-5-2006). Del mismo modo, es criterio reiterado que la norma del artículo 260 (ex artículo 268) procesal prevé la actuación provisional "como si ya lo hubiese obtenido"; mas ella se encuentra supeditada a una efectiva decisión favorable sobre el punto (cfr. CSJT: sentencias Nº 859, del 25-9-2006; Nº 41, del 27-02-2007; Nº 198, del 30-3-2007; entre otras). Sin embargo, a la fecha de la presente resolución, permanece no demostrado el dictado de la mentada resolución favorable que justifique eximir al quejoso del recaudo formal analizado (CSJT: sentencia Nº 95, del 02-3-2009).

Por consiguiente, al no haberse acompañado la Resolución que otorga al recurrente el beneficio para litigar sin gastos ni, a falta de ella, haber efectuado el depósito judicial exigido por el artículo 752 procesal, va de suyo que el presente recurso no puede ser admitido.

De otra parte, tampoco en el caso se cumple con el requisito de que la sentencia impugnada sea definitiva o equiparable a tal, como lo prescribe expresamente el artículo 748 inciso 1 del CPCC. Lo primero, porque no se pronuncia sobre la pretensión; y lo segundo, porque versando sobre una cuestión incidental, no pone fin al pleito ni impide su continuación, tal como lo prevé la precitada disposición, al ceñir estrictamente el concepto de este tipo de sentencias (equiparables a definitivas) únicamente a las situaciones allí señaladas; posición que esta Corte viene adoptando desde un tiempo atrás. Por lo tanto, el requisito de la definitividad, como propio y autónomo del recurso de casación, debe tenerse por no satisfecho en la causa, sin que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad tenga entidad para soslayar dicha exigencia, según lo tiene dicho de manera uniforme este Tribunal y la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De igual manera no se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional en la medida que la cuestión debatida no excede el interés individual de las partes ni proyecta sus efectos sobre los intereses de la comunidad o de las instituciones (cfr. CSJT: sentencia Nº 739, del 11-8-2008, entre muchas otras), en tanto versa sobre los alcances del beneficio de litigar sin gastos, lo que a todas luces traduce una situación que únicamente afecta los intereses particulares de los litigantes y, en modo alguno, el superior de la comunidad toda.

Se advierte, finalmente, como bien lo pone de resalto el señor Ministro Fiscal, que la controversia se centra en el último párrafo del decreto de fecha 13-8-2009 (cuyo texto es el siguiente: "Se le hace saber a la parte actora que el beneficio para litigar sin gastos no tiene efecto retroactivo sino desde el momento de su petición, en este caso a partir del 04/08/09" -cfr. fs. 83-) siendo que tal decreto fue el que generó esta incidencia, ahora en la instancia de casación, sin que de las constancias de autos se siga que el dicho beneficio se hubiera tramitado, ni mucho menos que se hubiera otorgado.

Es de toda evidencia, pues, que se trae para resolver a este Superior Tribunal una cuestión teórica o a título meramente consultivo toda vez que, como se dijo, no obra en estos actuados ninguna constancia que acredite que el referido beneficio se hubiera tramitado y obtenido, ya que es recién en este supuesto y previa demostración que en un caso concreto y frente a una pretensión concreta y precisa el órgano jurisdiccional se negó a otorgarle el pretendido carácter retroactivo a la prerrogativa de marras -como lo postula el actor-, que se estaría en presencia de una verdadera controversia vinculada a este tópico. Esta situación, a estar a las constancias de autos, no se acreditó que se verifique todavía en la especie.

En esta inteligencia, viene al caso recordar que la Constitución Nacional atribuye competencia a la justicia solamente en causas o asuntos (cfr. artículos 116 y 117), siendo doctrina reiterada y consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que pregona, con sustento en el artículo 2 de la Ley Nº 27, que el control de constitucionalidad sólo puede hacerse efectivo cuando concurra un caso o una controversia concreta (Fallos: 311: 421).

Concordantemente, ha expresado Germán José Bidart Campos que "Para que haya causa, el pronunciamiento que dicta el tribunal no tiene que asumir naturaleza de dictamen, o de una opinión de carácter consultivo, sino de una decisión sobre una cuestión real y sustancial que afecte a la parte justiciable" (cfr. "La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional", pág. 181). En el mismo sentido, también se ha sostenido que "...es una de las bases del sistema de control constitucional difuso que los tribunales no puedan dar opiniones consultivas. El primer fundamento es la separación de poderes que mantiene a los tribunales fuera del proceso legislativo. La función judicial es la de resolver controversias concretas, lo que no incluye el asesoramiento al Congreso o al Presidente. La prohibición de opiniones consultivas asegura que los casos serán presentados a la Corte en términos de disputas concretas y no como cuestiones jurídicas hipotéticas" (cfr. Sola, Juan Vicente: "Control Judicial de Constitucionalidad", pág. 261).

Por ello, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 110/111; se.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE y, por ende, MAL CONCEDIDO el recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 569 del 14 de setiembre de 2010 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, glosada a fs. 88 de autos; conforme a lo considerado.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030577-01.