Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


ORLANDO, Aldo Pedro contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 206-212. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTOS:

los autos "ORLANDO, Aldo Pedro contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 444, año 1.988) para decidir acerca de la impugnación de la liquidación practicada a fojas 177/179; y, CONSIDERANDO:

1 Sucintamente expresados, los hechos que motivan la presente incidencia son los siguientes: La sentencia dictada por esta Corte el veintiocho de septiembre del año mil novecientos noventa y cuatro (A. y S., T. 111, pág. 206) condenó a la demandada a abonar al actor las diferencias entre lo realmente percibido desde el 1.11.86 y lo que hubiere debido percibir teniendo en cuenta aquélla categoría y nivel (18/2), y esta bonificación ("acuerdo profesional") fijando el modo de actualización de las sumas adeudadas y el cálculo de los respectivos intereses.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia practicó liquidación del capital e intereses adeudados desde noviembre de 1.986 hasta noviembre de 1994.

Puesta de manifiesto esa operación, la parte actora solicitó su aprobación haciendo reserva de que en la liquidación no se encontraba plasmada la última política salarial del sector activo (f. 113).

Posteriormente, a foja 139, la actora solicitó que se reenvíe el expediente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones a fin de que se liquide el incremento que reconoció a los pasivos el decreto 1030/93 como lo ordena la sentencia (desde que lo percibió el activo) y no a partir de la fecha en que se trasladó al sector pasivo según el decreto (1.4.93) como se refleja en la liquidación; y adicionando la suma fija no remunerativa de $ 150 que tampoco se incluyó.

Corrido traslado de esa pretensión a la parte demandada, lo contestó a foja 142 manifestando que su parte no formulaba oposición a la petición de reenvío de la liquidación a la Caja a los fines de que, si correspondía, se efectúen las pertinentes modificaciones, con la salvedad de que éstas deberían hacerse por períodos anteriores a la emisión del fallo.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones, informó que la suma de $ 150 en concepto de "no remunerativo" había sido incluida en las planillas de pasividad con reconocimiento de la retroactividad ente los meses de febrero a junio del año 1.996.

Asimismo manifestó que en cuanto a las retroactividades emergentes de la aplicación de la Políticas Salariales del 1 de julio de 1.992 al 31 de marzo de 1.993 y desde el 1 de abril de 1.993 al 31 de enero de 1.996, son las adeudadas a todo el Sector Pasivo y están comprendidas dentro de las deudas consolidadas dispuestas por Decreto 1413/96 y que "Las mismas serán abonadas en la modalidad y fecha que disponga el Poder Ejecutivo" (f. 155).

A foja 159 la parte actora destacó el yerro ostensible en que incurrió la Caja al expedirse, de manera improcedente, sobre la calificación de la deuda y, fundamentalmente, incumpliendo lo ordenado por el Tribunal.

A pedido de la parte actora, a foja 165 se ordenó intimar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones a fin de que practique la liquidación correspondiente, librándose el oficio pertinente (n 1859).

Ante la falta de contestación del mencionado requerimiento y a pedido de la parte actora se intimó a la Caja su devolución debidamente diligenciado en el término de diez días y bajo apercibimientos de ley, librándose la comunicación correspondiente.

Habiéndose, también, incumplido con este último requerimiento, se intimó su devolución debidamente diligenciado, dentro del término de diez días y bajo apercibimientos de ley, librándose nueva comunicación.

A fojas 177/179, la parte actora practicó liquidación de los rubros omitidos, la que presentó mediante escrito de foja 180 en el que expuso que se liquidó según los lineamientos indicados a foja 155.

Puesta de manifiesto esa liquidación, fue impugnada por la parte demandada, con fundamento en que, según expresó a foja 184, lo liquidado "... excede el contenido de la litis y no corresponde a su traducción dineraria, situación que ante el planteo de la recurrente de f. 139 mi parte admitió el reenvío a la Caja a los efectos de que 'si correspondiere' se hicieran las modificaciones, además de la salvedad -de- que no podían contener períodos posteriores al fallo, lo que fue receptado en el proveído de f. 143 y consentido por la actora".

Admitió que efectuado el control por su parte, partiendo de valores históricos, encuentra correcta la del cálculo de los intereses, "Pero -aseveró- también observa que la misma excede la fecha del dictado de la sentencia (28/9/94), limite que admitió mi parte a f. 142 y contempló el proveído de f. 143, consentido por la recurrente a f. 159, por ello ha practicado la liquidación que adjunta que asciende a $ 6.584,17 e impugna la confeccionada por el actor en la suma que excede la practicada por mi parte, es decir $ 3.300,47, para el supuesto de que V.E. considere que corresponde al contenido económico de la litis" Corrido traslado de la impugnación a la recurrente, lo contestó a foja 187 oponiéndose a la impugnación y destacando que, en realidad, la primera que consintiera la liquidación con posterioridad a la fecha de la sentencia es la demandada cuando practica la liquidación de foja 104 y que ya abonó períodos posteriores al fallo.

Manifestó que "No se entiende la pretensión de la demandada ¿qué sucede con los meses posteriores al fallo, mientras su haber no se actualice?, ¿nos obligará a un nuevo planteo judicial, 10 años más, para percibir las diferencia resultantes entre la fecha del fallo y la actualización del haber? Suponemos, en realidad que sólo es un obstáculo en el camino a fin de lograr cobrar lo que a nuestro mandante por derecho le corresponde, aún cuando este incidente genere costas y honorarios, afectando aún más las, según las autoridades provinciales, 'alicaídas finanzas provinciales'".

Concluyó expresando que "La sentencia de este Alto Tribunal ha condenado 'a la provincia de Santa Fe a pagar al actor las diferencias entre lo realmente percibido desde el 1.11.1986 y lo que hubiera debido percibir teniendo en cuenta aquella categoría y nivel ...'.

Es decir en cumplimiento del fallo se debe abonar desde la fecha indicada y hasta la correcta actualización del haber, lo que tal como lo ha reconocido la Caja de Jubilaciones a fs. 155, aun no lo ha hecho correctamente.

No da lugar a otra interpretación aún cuando el razonamiento fuera al extremo, mezquino".

2. En virtud de lo anteriormente relatado, tres resultan las cuestiones a valorar en la presente causa: la congruencia de la liquidación con el pronunciamiento que por su vía se ejecuta, la corrección de los cálculos efectuados y, por último, la actitud renuente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, frente a las intimaciones efectuadas por el Tribunal.

2. a. El primero de los aspectos mencionados merece una respuesta afirmativa. Efectivamente, resulta evidente que la diferencia que motiva la presente incidencia no pudo ser materia de pretensión al momento de introducirse la demanda por una mera cuestión cronológica.

La pregunta resulta, pues, si ante ese hecho corresponde o no su inclusión en la planilla que liquida el pleito, advertido que ésta no es otra cosa que la expresión numérica de la condena pasada en autoridad de cosa juzgada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tratado en la causa "Carbone" (Fallos 314:881) el deslinde entre lo que constituye "La sentencia que razonablemente pueda y deba proyectarse hacia el futuro, hacia más adelante en el tiempo" y "la llamada 'sentencia de futuro'", aclarando que "La primera es jurídicamente correcta; la segunda no lo es".

Explicó que "Cuando un fallo judicial establece, por ejemplo cómo debió y deberá ser interpretado y aplicado -durante su vigencia- un contrato en curso y de larga duración, no debe verse en ello una condena o sentencia de futuro, sino la expresión de cómo debió y ha de valorarse la relación de derecho que desde tiempo atrás une a las partes que intervienen en la litis.

La sentencia que así se dictare abarca la totalidad del ámbito temporal en que se desarrolla la relación o actividad del actor y del demandado (etapa anterior y posterior al fallo judicial).

Ese ámbito temporal es único e indivisible: comprende todo el tiempo de duración de las relaciones objeto de controversia sometida a juzgamiento.

En cambio, 'sentencia o condena de futuro' sería la que sin relación alguna con el pasado, sin nexo directo o inmediato con éste, se refiera a etapas posteriores".

Asimismo, expresó que "La improcedente calificación de 'condena o sentencia de futuro' respecto a una parte de lo reclamado por el actor en este juicio daría como resultado objetab Bien es cierto que ésta no es una doctrina que no conozca límites y para demostrarlo basta remitirse a lo resuelto por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en la causa "Gavier, Enrique y otros c. Prov. de Córdoba", sentencia del 26 de marzo de 1.997, donde valoró que "Pretender, a través de la ejecución de sentencia, reparar la supuesta lesión originada por las denominadas leyes de emergencia, configura falta de congruencia entre el contenido de la sentencia que homologó el acuerdo de fecha 17/6/93 y lo que se ejecuta: la reducción salarial temporal, basada en la emergencia es un hecho distinto del discutido y fallado en autos y deberá por lo tanto ser objeto de un proceso independiente".

Para adoptar esa decisión, que esta Corte juzga correcta, y haciéndose cargo de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la citada causa "Carbone" perfiló el concepto de lo que constituye la "situación jurídica básica" que discutieron las partes en el pleito y concluyó que la extensión de los efectos de la sentencia sobre la legislación de emergencia resultaba improcedente por cuanto no es la persistencia del fenómeno inflacionario ni la omisión de la misma autoridad obligada lo que da lugar a la petición, sino la configuración de una situación inédita, de emergencia económica provincial, y los actos de autoridad no constituyen omisiones, ni provienen del mismo órgano, sino de otro Poder del Estado como es el Legislativo.

En la especie se discutió la razonable proporcionalidad que debe guardar el haber del actor con relación al del activo ante la simple mutación que genera en este último la aplicación de nuevas políticas salariales, por lo que la incorporación al haber, en la forma en que lo dispone la sentencia, de las políticas salariales reconocidas al sector pasivo por el decreto 1030/93 deben ser incluidas en la liquidación del pleito.

La pretensión de la demandada relativa a que esa inclusión lo sea sólo hasta la fecha del fallo encuentra una sola interpretación razonable y es que si, como en realidad debió suceder, al momento de encontrarse firme el pronunciamiento el ente previsional procede al inmediato reajuste del haber del actor, resulta ajustado a derecho que la liquidación justiprecie solamente retroactivos.

En cambio, si el ente público menor no cumple adecuadamente con lo resuelto por el Tribunal, lo que será motivo de tratamiento posterior, no queda otra solución jurídica posible que no sea la de extender la liquidación a períodos posteriores al fallo como único modo de obtener su cumplimiento efectivo.

Asimismo, no se puede soslayar que se trata en el caso de materia previsional respecto de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado reiteradamente que las cuestiones suscitadas en dicho ámbito deben considerarse otorgando prevalencia a los fines tuitivos de la norma de la materia (Fallos 302:342; 306:1312, 1650, entre otros); criterio receptado por este Tribunal en numerosos antecedentes (A. y S., T. 183, pág. 229).

Por lo demás, en las circunstancias especiales del caso, no se advierte que la ampliación de la liquidación constituya una pretensión distinta, máxime si se considera que en la liquidación de fojas 100/105 -practicada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones- se incluyeron diferencias salariales posteriores a la fecha del fallo y en la planilla de foja 183 -acompañada por la demandada- se computaron diferencias originadas por aplicación de la nueva política salarial pero sólo hasta aquél momento, lo cual contradice la postura asumida por la misma demandada al momento de impugnar la liquidación del pleito.

2.b. Ahora bien, aunque descartados como queda dicho los motivos con que impugnara la parte demandada la liquidación obrante a fojas 177/179, la respuesta al segundo interrogante debe necesariamente ser negativa.

En efecto, tal como se relatara en el punto anterior, practicada la liquidación del pleito con el defecto en la incorporación de las diferencias que aquí se discuten, la parte actora solicitó no obstante su aprobación difiriendo para una etapa posterior la liquidación de esas acreencias. Ínterin se produjo la entrada en vigencia de la ley de Emergencia Previsional, por lo que, tratándose de una acreencia proveniente de una sentencia firme de autoridad judicial, quedó enmarcada en la disposición del artículo 4 de la ley 11.373 y, por ende, sujeta al régimen especial de cancelación allí dispuesto.

Con Las costas de la incidencia se impondrán a la parte demandada siguiendo el criterio objetivo del vencimiento (art. 84, ley 4.106), teniendo presente que la morigeración que, en definitiva, genera en la liquidación lo anteriormente expuesto resulta decididamente menor a la pretendida y surge de argumentos emanados del Tribunal ante una liquidación que la parte actora se vio obligada a realizar para obtener el cumplimiento de la sentencia.

2.c. Por último, corresponde expedirse sobre la conducta asumida por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. frente a las órdenes e intimaciones emanadas de este Tribunal.

En efecto, surge de lo actuado a foja 145 que el 29 de mayo de 1.998 ese ente público recibió el oficio Nro. 801/98 por el que se le ordenaba modificar, si correspondiere, la liquidación obrante a fojas 97/105.

Ese oficio fue contestado recién el 1 de febrero del año 1.999 (ocho meses después) con la incorporación de un "dictamen" de la señora Jefe de Departamento Actualizaciones Generales en el que, tras aclarar la situación de una de las diferencia reclamadas, se reconoce -sin liquidarse, como se había ordenado- la retroactividad emergente de la aplicación de las Políticas Salariales del 01- 06-92 al 31.03-93 y 01-04-93 al 31-01-96, manifestándose que "están comprendidas dentro de las deudas consolidadas dispuesto por el Decreto 1413/96" (sic) y que "Las mismas serán abonadas en la modalidad y fecha que disponga el Poder Ejecutivo" (sic).

Al haber sido cuestionado por la actora este proceder, que luce evidentemente improcedente amén de equivocado en la conceptualización jurídica y normativa aplicable, se intimó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para que practique la liquidación correspondiente, lo que se le comunicó por medio de oficio 1859 del 25 de agosto de 1.999 (f. 170), el que no fue contestado.

Ante esa actitud se intimó a la Caja para que devuelva debidamente diligenciado el oficio 1859 en el término de diez días y bajo apercibimientos de ley, lo que se le comunicó por medio del oficio 221 del 23 de febrero del año 2.000.

Ante la persistencia en la actitud renuente de ese organismo se le intimó la devolución de éste último, debidamente diligenciado, dentro del término de diez días y bajo apercibimientos de ley, lo que se le comunicó por medio del oficio 1289 del 28 de junio del año 2.000, sin que hasta la fecha haya sido respondido.

Como conclusión de lo expuesto, durante el lapso de más de dos años, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia no dio cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal.

De allí que, cualquiera sea la decisividad de esa actividad, es claro que la conducta adoptada reiteradamente en ese sentido por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia resulta reprochable.

En efecto, como lo ha señalado esta Corte en la causa "Cocyvial" (A. y S., T. 140, pág. 420), "no pueden tolerarse reticencias de la Administración o falta de colaboración con el esclarecimiento de la verdad material", lo que, de conformidad al criterio establecido en A. y S., T. 98, pág. 152, se traduce en una falta de colaboración procesal incompatible con los deberes de lealtad y buena fe.

Tales deberes están consagrados en el artículo 24 del Código Procesal Civil y Comercial _aplicable, art. 23, ley 4.106_ norma ésta en la que, correlativamente, encuentra su respaldo la potestad del órgano jurisdiccional de corregir a los litigantes ante conductas procesales incompatibles con aquéllos (A. y S., T. 82, pág. 57).

Por lo tanto, de conformidad al criterio expresado en la causa ("Romero", A. y S., T. 154, pág. 415) corresponde imponer al mencionado ente público menor una multa de cien (100) días-multa en favor de la recurrente, intimar la adecuada contestación de los oficios mencionados en el término de tres días y correr vista al señor Procurador General de esta Corte a los fines que corresponda.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Así disponerlo.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)