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Declaración de inconstitucionalidad, facultades jurisdiccionales, derechos y garantías constitucionales, presunción de legitimidad, proporcionalidad de la pena, Salud pública
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: COSTARELLI HIDALGO, Leonardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

El voto concurrente agregó que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las funciones más delicadas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como ultima ratio del orden jurídico, puesto que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución, únicamente cuando la contradicción con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley. Sobre este tópico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que sólo cabe acudir a la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e incompatiblemente inconciliable, sin que exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, sino a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía. En lo sustancial, no es posible concluir que la sanción prevista lesione per se la garantía de proporcionalidad de la pena. Ello, toda vez que la misma procura proteger la salud pública, cuya jerarquía e importancia ha sido puesta de manifiesto en el texto constitucional a través de la reforma de 1994 (cfr. C.N., art. 42), que acuerda a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, el derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud. La protección se extiende además al bienestar general de la población, en coincidencia con lo expuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscripta en Viena de 1988 y aprobada por la República Argentina mediante la ley 24.072. La pena mínima establecida por el legislador para la figura prevista en el art. 5°, inc. "c" de la ley 23.737 no aparece desmedida ni restrictiva de los principios consagrados en la Carta Fundamental, por cuanto su intensidad no es repugnante a la dignidad humana ni se aprecia que la restricción a la libertad que conlleva resulte desproporcional (por excesiva) al disvalor de la conducta que reprime y que se constató en el caso bajo examen.
Crédito laboral, intereses
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Baspineiro Nieves Nancy c/ Edecat S.A. s/ Beneficios Laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-06

La Doctrina legal sentada por la Corte de Justicia en el caso Cruz Farfán c/ Estado Provincial determinó que a los créditos como el presente -laboral- se debe aplicar la "tasa activa", refiriendo sólo al género activo de la tasa, pero sin definir la especie que se corresponde con aquél. De allí que este Tribunal haya optado -por razones que se dirigen a resguardar la finalidad buscada por la ley de Convertibilidad- por la activa para créditos de evolución comercial que de público y notorio resulta sensiblemente más baja que la activa para operaciones de préstamo.

La razón de nuestra postura es de singular simpleza. Ocurre pues, que si la ley de mención ha determinado como uno de sus fines axiales la prohibición de toda tarea indexatoria, sancionando casi cohetáneamente una ley de carácter desindexatorio como es la 24.283, que precisamente está llamado a corregir los desajustes habidos por aplicación de fórmulas indexatorias hasta marzo de 1991 -justamente es esta fecha porque luego de la entrada en vigencia de la convertibilidad la indexación está prohibida- no resulta congruente, de consuno con dicha política legislativa, que se aplique una tasa que es infinitamente más gravosa que la indexación misma.

De nada vale que la indexación esté prohibida cuando en la práctica la conjugación de tasa de interés, cuya exhorbitancia resulta notoria, provoca igual estado de cosas al tenido por las leyes mencionadas, como objeto de corrección.

En consecuencia, es de recibo la queja apelatoria y por ello corresponde que se revoque el pronunciamiento del Inferior en lo atinente a la tasa de interés que corresponde calcular sobre los créditos por los que prospera la demanda; imponiendo la tasa activa para créditos de evolución comercial del Banco de Catamarca.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, bancos, información errónea o desactualizada
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

El reclamo de daños y perjuicios derivados de la errónea información que el banco accionado brindó al Banco Central para su ingreso en la base de datos de la que se nutren otras entidades a los efectos de la calificación crediticia, prescribe a los dos años (Cód. civ art. 4023), toda vez que la demanda no tiene estricta relación con el vínculo contractual de carácter mercantil habido originariamente, sino que el reclamo esta originado en un presunto ilícito, por cuyo acaecimiento se atribuyó responsabilidad extracontractual al banco accionado.
Incumplimiento del contrato, siniestro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Desarrollos de Inversiones Inmobiliarias SRL c/ Alba Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-21

Así las cosas, el asegurador no puede alegar que ha habido incumplimiento de la carga impuesta por la LS 46, segunda parte, si (como ocurre en el sub lite), no ha efectuado requerimiento alguno al tomador, quien siempre es el incumplidor y, por tanto, quien se encuentra en mejores condiciones que nadie para brindar las explicaciones pertinentes (CNCom, Sala B, 23/10/90, ED, t. 142, p. 479; Bulló, E., "El derecho de seguros y de otros negocios vinculados", Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 601).
Excepciones procesales, limitación de recursos económicos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: CASTELLARI, ALCIRA EDITH c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-23

La novedosa defensa de limitación de recursos no constituye excepción alguna-menos aún de previo y especial pronunciamiento-que tenga incidencia en la etapa de conocimiento de la causa, ni en la sentencia a dictarse en punto al reclamo de fondo, por lo que su tratamiento ha de quedar reservado para la etapa de ejecución del fallo en caso de ser favorable a quien demanda. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso extraordinario, acusación, sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Dante Ernesto y Oviedo, Daniel Enrique s/ Exacciones ilegales reiteradas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-22

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el fundamento que se omitió efectuar una relación clara, precisa y circunstanciada de hechos, de conformidad a lo establecido en el art.329, última parte, del Código Procesal Penal, incurriéndose en nulidad de carácter absoluto, por afectar a la intervención del imputado al no observarse las formas previstas, en un caso contemplado en la ley. En el sub-examen es imposible realizar el contralor indispensable que debe existir entre el hecho acusado y el condenado; al determinarse pluralidad de hechos que motivara la solicitud de aplicación del art.55 del Código Penal, la Señora Agente Fiscal debió indicar de cuántos se trataban, lo que omitió concretar precisamente por la ausencia de la relación circunstanciada de cada uno de ellos. Los requisitos impuestos por el art.329 de nuestro Código Procesal Penal, en cuanto a la descripción fáctica que debe practicarse en el documento requirente, claridad, precisión, circunstanciación y especificidad, obedecen a la función tuitiva de uno de los más caros derechos individuales consagrados por nuestro sistema normativo, tales como el art.10 y 11 de la Declaración Universal de derechos Humanos -hoy ley 23045 y art.18 de la Constitución Nacional.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, cesantía, salarios caídos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villarroel, José Antonio c/ Municipalidad de Las Parejas s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 837-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-28

La medida cautelar interpuesta por el recurrente con la que pretende que el órgano jurisdiccional disponga el pago de los salarios caídos a partir de la fecha de cese, como así también que se le sigan abonando para el futuro, en forma mensual, los sueldos respectivos, no puede prosperar desde que a los fines de fundarlo, no propone ningún elemento para concluir que la obligación que, según sostiene, concurre en el caso, no es seriamente cuestionable. Por lo demás, no ha explicado -ni por ende demostrado- en virtud de qué excepcional razón correspondería acceder al provisional anticipo de sumas supuestamente adeudadas; máxime en el caso, en el que, entre los rubros reclamados se incluyen algunos que no resultan, en principio, consecuencia de la ilegitimidad del cese.
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: G. E. N. c/ G. R. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-18

Para fijar el "quantum" por daño moral por falta del reconocimiento espontáneo del hijo, corresponde evaluar el daño que durante sus años de vida pudo haber sufrido el menor por no contar con el apellido paterno y no haber sido considerado en el ámbito de las relaciones humanas hijo de su progenitor, en razón de la omisión en que éste incurrió al no reconocerlo. No se trata del resarcimiento por las carencias afectivas que pudo hallar, en esos años, frente a su progenitor, ya que ello pertenece al aspecto espiritual de las relaciones de familia, sobre el cual el derecho no actúa, salvo que trasciendan en determinadas conductas como son, por ejemplo, el abandono, que permitirá accionar por privación de la patria potestad, la falta de asistencia, que permitirá demandar alimentos, las injurias entre cónyuges, que dan lugar al divorcio, etc., pero lo que se debe resarcir, específicamente, es el daño que deriva de la falta de emplazamiento en el estado de hijo por no haber mediado reconocimiento voluntario. De no precisarse así la cuestión, el hijo reconocido y que incluso convive con sus padres, podría demandar indemnización a estos por ausencia de muestras de afecto y apoyo espiritual y también un cónyuge podría demandar al otro por la misma causa sin demandar separación o divorcio, todo lo cual implica confundir, en el ámbito de familia, el plano espiritual con el de conductas que expresan, por cierto, desvinculación afectiva que el derecho prevé y para el que establece expresas consecuencias. Para establecer el monto debe tenerse en cuenta que el niño ingresó a la edad escolar y concurrió años a la escuela sin contar con el debido emplazamiento en el estado de hijo, respecto de su padre, y sin contar, entonces, con el apellido paterno por falta de reconocimiento espontáneo, situación que resultó gratuitamente prolongada en razón de la infundada resistencia opuesta por el progenitor durante los años que duró el juicio sobre filiación. Dichas circunstancias son relevantes para la estimación del resarcimiento debido, ya que es en la escuela y las relaciones con otros niños que de ella se derivan, el ámbito donde se manifiesta más gravoso a las afecciones del menor la carencia de dicho emplazamiento y del apellido paterno.

Si el padre durante años omite reconocer espontánea y voluntariamente un hijo y resiste obstinadamente la demanda por filiación debe resarcir a tal hijo por el daño moral que le ha causado voluntaria y deliberadamente, máxime cuando no desconocía su existencia y la relación que lo unió a la madre.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Veroni, Julio s/ Denuncia en contra Colegio de Escribanos de Capital Federal Registro de Contratos Publicos nº 41 Bahía Blanca. Jaimovich José. Nápoli Mariano O. (adsc.) s/ Actuaciones Estray, Marcelo Luis s/ Presentación (Actuaciones nº 31.697 año 1991) Pertino, Rodolfo Abel s/ Inf. ley 9020 Registro de Contratos Públicos n° 64. Gral. Pueyrredón Roldán de Alvarez, Fany Delfa (TIT) s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16|1990-09-25|1994-04-19|1993-08-10|1996-10-15

Las decisiones dictadas por las Cámaras en cuestiones relativas a la aplicación de sanciones por el desempeño de la función notarial previsto en la ley 9020 no son recurribles. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Depreciación monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: GARMENDIA, JUAN C. c/ ZETONE SABBAG SA s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY LAGOS, JULIO C. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (IDEVI) s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-08|1994-02-07

En autos "Calfin"-sentencia 180/92- se informó en la jurisdicción provincial la aplicación de la tasa de interés con posterioridad al 31-3-91. En el fallo antedicho se consignó que "existe suficiente apoyatura jurídica en la reglamentación de la ley de convertibilidad que concede facultades a los jueces para emitir este tipo de soluciones-mix ,sumatoria del promedio mensual de la tasa activa y la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina dividida por dos-, en procura de mantener la dimensión de la significación económica de la condena" y que ..."la tasa pasiva a que alude el art. 10 del decreto 941/91 no es de aplicación imperativa -los jueces podrán...-
Citación a juicio, facultades del juez, tribunal oral
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pellón Maison, A. H. s/ conflicto. Causa: 449
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Previo al dictado del decreto de citación a juicio, el Tribunal Oral debe efectuar un análisis acerca de la legalidad de los presupuestos procesales del plenario.
Contrabando, sociedad de responsabilidad limitada, presidente del directorio, beneficios tributarios, valor de la mercadería, uso de documento falso, auto de procesamiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: COM.AR.CO (ACTUACIONES POR SEPARADO). s/ Contrabando, incidente de revocatoria y de apelación en subsidio contra el procesamiento de Marcelo Antonio Restano.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-25

1 - Corresponde confirmar el procesamiento del imputado por considerarlo coautor del delito previsto por los Art. 863 y 865 inc. f) del CA, en tanto, como presidente de la una sociedad de responsabilidad limitada, habría importado mercadería por medio de otra sociedad con el fin de utilizar un beneficio fiscal del que aquella gozaba - consistente en emplear un crédito fiscal y aplicarlo a cancelar IVA y derechos de importación de las operaciones que realizaba -, puesto que el hecho de que la mercadería haya sido adquirida en el exterior por una sociedad de responsabilidad limitada de la que es presidente el imputado, que la importación haya sido documentada por otra sociedad, que se haya falsificado la firma del presidente de ésta última, y que en el conocimiento de embarque figure "notify" a la SRL anteriormente citada, permite inferir la participación del imputado en los hechos denunciados.- 2 - La modificación introducida por Ley 25986 al Código Aduanero, en cuanto a que si el valor en plaza de la mercadería objeto del contrabando fuese menos a cien mil pesos ($ 100.000) se considerará infracción aduanera (Art. 947), no resulta aplicable al caso en que los hechos se encontrarían tipificados en las previsiones del Art. 865, inc. f), del CA, dado que para efectuar el contrabando se habría utilizado documentación apócrifa
Contienda negativa de competencia, diligencias preliminares, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión, responsabilidad del funcionario público
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GNERRO Néstor Atilio s/ Diligencias Preliminares S/ Conflicto de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-28

El Juzgado Contencioso Administrativo resulta competente para entender en las diligencias preliminares si, pese a no surgir con claridad la identidad de los sujetos a demandar, se hace referencia al accionar omisivo del Estado y a la responsabilidad de sus agentes y funcionarios.
Amparo por mora, costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DANS, CONRADO A. c/ E.N. M° DE DEFENSA s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Cuando en el amparo por mora no ha habido parte vencida, dado que la resolución se dictó dentro del plazo otorgado por el tribunal, corresponde distribuir los accesorios en el orden causado (conf.

art. 14, ley 16.986 y 68, 2da. parte, del Código Procesal).
Homicidio simple, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: HEREDIA, JOSE ANTONIO. s/ HOMICIDIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-24

En el análisis de los elementos objetivos del tipo del Homicidio Simple previsto y penado en el Art. 79 C.P., se observa que es en esta figura penal donde se cumplen acabadamente todos los extremos que requiere para imputar responsabilidad penal al autor del hecho. El tipo penal descripto en el Art. 79 del Código Penal contempla los supuestos en los cuales el núcleo del tipo penal consiste en Causar a otro la muerte, resultando indiferente el medio utilizado para causarlas. De las circunstancias de hecho surge que la lesión que llevó a la víctima a su muerte fue causada por una Acción positiva, y que se consumaron en el momento mismo de la puñalada efectuada por el imputado en contra de la humanidad de la víctima.

Respecto del análisis de los elementos objetivos que requiere el tipo penal del Art. 79 C. P., corresponde comenzar a valorar cómo la conducta del imputado se proyecta sobre el resultado final, y si le resulta o no imputable.

Al lesionar a la víctima en las circunstancias indicadas, el imputado ha creado un riesgo no permitido de muerte de la víctima. Sin embargo, la imputación al tipo objetivo puede fracasar cuando el riesgo creado por la acción del autor no es el que finalmente se realiza en el resultado típico...Cabe concluir, entonces, que el riesgo no permitido de muerte de terceras personas, creado por la acción deliberada de apuñalar a otra persona, es el que se realizó en el resultado de la muerte sufrida por la víctima... Corresponde entrar en el análisis del elemento subjetivo del tipo. El dolo de tipo se compone de dos elementos, uno de conocimiento o "cognoscitivo" (que se refieren al conocimiento que debe haber tenido el autor para obrar con dolo), y otro de voluntad o "volitivo" (al cual algunos autores denominan "conativo", y que resume las condiciones bajo las cuales es posible afirmar que el autor quiso lo que conocía)..Las circunstancias en las que se desarrolló la dinámica del suceso denota el conocimiento y comprensión de los elementos objetivos del tipo.. Con lo cual se concluye que la conducta del acusado trata de una conducta con dolo directo de primer grado o, más conocido por la doctrina como dolo directo. (Del voto de la Dra. Molina)
Contenido de sitios de Internet, acoso escolar, interés superior del niño, derecho a la intimidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G. L., M. y A., M.A. en representación de A., T.N. c/  s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-08

Cabe admitir la medida autosatisactiva solicitada por los padres de un menor a los efectos de detener el bullying sufrido por su hijo mediante ciber acoso, dado que se encuentra debidamente acreditada la verosimilitud del derecho y que surge evidente la urgencia del caso, teniendo en consideración que el bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes, afectando su desarrollo, aprendizaje y futuro. En consecuencia, debe priorizarse el interés superior del adolescente involucrado ya que hoy estas publicaciones colisionan con su derecho a la intimidad, y si bien fue el mismo menor quien creó la cuenta en la plataforma y subió los videos que motivaron las burlas y el hostigamiento de sus compañeros de colegio, el hecho de no poder borrarla le genera un perjuicio que debe ser reparado.
Sistema republicano, estado de derecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gruval  S.A. c/ Estado Nacional s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Como sustento de una república representativa y en protección de las libertades humanas toma importancia gravitante la supremacía de la ley basada en la teoría de la soberanía popular. Y es el imperio de la Ley el fundamento del estado de derecho; si el estado no se somete a la ley y a la jurisdicción no podrá hablarse de estado de derecho, malogrando la existencia de una constitución escrita con el reconocimiento formal de derechos y garantías de los habitantes.
Excepciones procesales, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut c/ Bordenave, Ariel s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-23

Es requisito ineludible para oponer la excepción de litispendencia que las causas tramiten en diferentes tribunales o juzgados, pues así lo dispone el artículo 544 inciso 3º del Código Procesal Civil y Comercial. Y precisamente se ha contemplado este recaudo en razón de que si las dos causas tramitaran ante el mismo juez éste podría resolver las cuestiones debatidas con criterio uniforme sin el peligro del escándalo jurídico que pudiere justificar la articulación de la litispendencia.
Daños y perjuicios, delitos cometidos por medio de la prensa, responsabilidad del editor
Materia: CIVIL
Carátula: Perini,  Carlos  Alberto  y otro c/ Herrera de Noble, Ernestina yotro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

La posterior rectificación no obsta a la admisión de la responsabilidad imputada al medio periodístico, si no sólo importó en la práctica el reconocimiento de su culpabilidad, sino que por su exiguo tamaño y ubicación no tuvo la misma trascendencia que las graves imputaciones efectuadas en los artículos cuestionados, lo que impide también considerar que dicho remedio haya sido apto para reparar el daño causado, aparte de que el art. 14, inc. 2°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por la ley 23.054 establece que en ningún caso la rectificación o la respuesta "eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido".