Proceso penal, excarcelación, solicitud de libertad condicional, crímenes de lesa humanidad, inexistencia de cuestión federal suficiente, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-12

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación pues la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar la petición. En punto a la solicitud de libertad condicional sobre la base de aplicación del cómputo privilegiado previsto en el art. 7 de la ley 24.390, el a quo recordó que los fundamentos sentados en un anterior planteo análogo, resuelto y rechazado, mantenían plena vigencia, máxime cuando el imputado "fue privado de su libertad en el año 2004, cuando ya el cómputo privilegiado de la ley 24.390, había sido derogado; siendo por ende que bajo su vigencia Amelong nunca estuvo detenido". Por ello, consideró que no se encontraba cumplido el requisito temporal del art. 13 del CP. En relación con la solicitud de prisión domiciliaria, se remitió a lo sentado el 27/3/20 al rechazar un pedido idéntico por cuanto estimó que no variaron las condiciones ponderadas oportunamente. El a quo también indicó la improcedencia de los pedidos por cuanto el encartado registraba 3 condenas firmes (una a prisión perpetua y dos a 10 y 13 años respectivamente) y una cuarta condena a prisión perpetua -sin especificar si se encontraba o no firme; razón por la cual la excarcelación no resultaba procedente, como así tampoco una morigeración. Resaltó que, aun cuando se encontrasen pendiente de unificación las condenas, no perdían su condición de firmeza -las que la adquirieron- y se encontraban ejecutándose; razón por la cual el pedido fue reconducido en los términos del art. 13 del C.P. Sobre las cuestiones de salud destacó que podía ser atendido en la unidad en la que se encontraba detenido -Campo de Mayo- contando con la posibilidad de ser trasladado al Hospital Militar, contiguo al lugar de alojamiento. No obstante, encomendó a la unidad arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de las Acordadas 3/20 y 9/20 de la CFCP y la "Guía de Actuación para la prevención y control del Covid-19 en el SPF". En esa coyuntura, el a quo no solo ha dado debida respuesta a todos y cada uno de los pedidos liberatorios intentados -sin desconocer las afecciones y patologías que presenta el imputado-, sino que brindó argumentos más que suficientes para denegarlos. Solo agregaremos que la cuestión ha quedado zanjada por la CSJN en el fallo "Batalla Rufino" (341:1768) en el que por mayoría se declaró inaplicable el beneficio del cómputo privilegiado establecido en el art. 7 de la ley 24.390, para los casos de delitos de lesa humanidad. Por último, adviértase el serio riesgo que representa para las víctimas y la sociedad en general, adoptar decisiones liberatorias o de morigeración absolutamente improcedentes, cuando en casos como el presente, tampoco se encuentra acreditado ninguno de los requisitos legalmente vigentes como para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria ni concurren circunstancias excepcionales que permitan apartarse de la ley expresa. La disidencia entendió que debía habilitarse la vía intentada para ingresar al conocimiento de la cuestión de fondo planteada. Dres. Riggi, Catucci y Ledesma -en disidencia-.