Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13


SENTENCIA DEFINITIVA: 100245 SALA II Expediente Nro.: 3.704/2010 (Juzg. Nº 76) AUTOS: "TEVES, IVAN ALBERTO C/ BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Y OTRO S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 13 DE MARZO 2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia que hizo parcialmente lugar a la demanda, se alza la parte actora a fs. 587/591 y la codemandada The Saint SRL a fs. 594/598. Asimismo, el perito contador a fs. 592 apela los honorarios que le fueran regulados por considerarlos reducidos y la codemandada Boehringer Ingelheim 606/607 recurre la forma en que se han impuesto las costas y el monto de los honorarios regulados.

En la especie, el sentenciante hizo parcialmente lugar a la demanda con relación a la codemandada The Saint S.R.L. y la rechazó íntegramente con respecto a Boehringer Ingelheim S.A., al no considerarla titular de la relación ni responsable solidaria en los términos del art. 30 LCT. Contra tal aspecto del decisorio se alza la parte actora, quien asimismo cuestiona la antigüedad computada, la remuneración base de cálculo y que no se hubieren admitido los rubros salarios caídos, vacaciones no gozadas, indemnizaciones de la ley 24013 y horas extras adeudadas.

Por su parte la codemandada vencida, critica el modo en que el vínculo debe considerarse disuelto y su eventual justificación. A su vez apela la imposición de costas y el monto de los honorarios regulados.

En el caso medió un entrecruzamiento telegráfico que dio origen a dos decisiones resolutorias de signo contrario. Por un lado, el actor, luego de intimar a Boehringer Ingelheim S.A. (en adelante "Boehringer") por negativa de tareas, diferencias salariales y reconocimiento de la relación mantenida desde su ingreso, a través de otras contratistas (ver fs. 20 y 57), y de comunicar tal emplazamiento a The Saint SRL, en su calidad de co-obligada solidaria; ante el desconocimiento de la relación laboral por parte de la primera de las nombradas, se consideró despedido en los términos de que da cuenta la misiva de fs. 53 de fecha 29/9/09 que ha sido recepcionada por Boehringer el 30/9/09 (ver fs.54, reconocimientos del responde y términos de la carta documento obrante a fs. 30). Asimismo el actor remitió un telegrama a The Saint SRL en igual fecha comunicando tal decisión, de conformidad con los términos expuestos a fs. 248 (dicha comunicación también fue recepcionada por la destinataria el día 30/9/09 -ver fs. 252).

Por su parte, The Saint SRL el 28/9/09 remitió al actor un telegrama en el que daba por disuelto el vínculo por "abandono de tareas", por cuanto Teves no se habría reintegrado a trabajar ante la intimación formulada en los términos expuestos en la misiva de fs. 127 (ver fs. 130). Esa pieza postal no llegó a conocimiento del demandante -ver fs. 155/156-, por lo que la decisión resolutoria adoptada por la coaccionada debe considerarse instrumentada válidamente a través de la carta documento de fecha 30/9/09, que llegó a conocimiento de Teves, el día 1° de octubre de ese año (ver fs. 157/158 ).

Consecuentemente, por lo expuesto, le asiste razón a la codemandada recurrente en cuanto cuestiona que se hubiera considerado disuelto el vínculo en función del telegrama por ella remitido cuando dicha pieza postal llegó a conocimiento del demandante con posterioridad al cese dispuesto por este último -ver fs. 248, 252 y fs. 53/54-.

En el análisis de la adecuación a derecho del despido decidido por el demandante cobra especial relevancia el tratamiento de la cuestión introducida por la parte actora en sus agravios, en torno a la responsabilidad que a su juicio cabría atribuirle a Boehringer en su calidad de beneficiaria de los servicios prestados.

En efecto, al formular su intimación el actor sostuvo que el 21/9/09 no se le permitió el ingreso a Boehringer y que se le comunicó verbalmente su despido; que su encuadre convencional fue incorrecto; que se le adeudarían diferencias salariales; que su ingreso a la empresa se produjo el 9/5/05 y que prestó servicios a las órdenes de Boehringer a través de diversas firmas, siendo a su juicio ésta su real empleadora (ver fs. 20). El contenido de esta intimación fue puesta en conocimiento de la firma The Saint SRL, en idéntica fecha (ver fs. 21).

A raíz del desconocimiento formulado por la codemandada Boehringer (ver fs. 28), con fecha 29/10/09 el actor se consideró despedido por habérsele impedido continuar con la prestación de servicios, por la defectuosa registración de la relación y por no reconocer aquélla la titularidad de la relación (ver fs. 25). También esta misiva fue puesta en conocimiento de la codemandada The Saint SRL (ver fs. 26).

En el contexto expuesto, corresponde analizar en primer término el modo en que las partes se han relacionado, cual ha sido la actividad concreta desplegada por el actor y cuál el rol y/o responsabilidad que podría atribuírsele a Boehringer como contratante de los servicios prestados tanto por The Saint S.R.L., como por las empresas que le antecedieron en la actividad.

Mientras que el actor sostuvo que prestó servicios para el laboratorio demandado como cadete en moto haciendo trámites administrativos, gestiones de cobranzas y reparto de mercaderías y documentación; que siempre se desempeñó en el establecimiento de Boehringer y que las empresas contratadas para realizar el servicio de mensajería fueron cambiando con el tiempo sin que ello modificara su permanencia en la principal; la demandada Boehringer negó que el actor hubiere trabajado bajo su dependencia. Sostuvo que contrató con terceras empresas el servicio de distribución de sus productos (servicio que en forma adicional le ofrecía a sus clientes); que inicialmente contrató con Le Groupe, que esa empresa cambió de denominación en varias oportunidades (a LG Servicios y a Go Express S.A. luego) y que luego contrató el servicio con la codemandada The Saint SRL.

Del análisis de los testimonios rendidos en la causa se extrae que, el actor prestaba servicios en dependencias de Boehringer desde el año 2005; que el personal de seguridad contratado por el laboratorio (a través de Prosegur S.A.) efectuaba el control de ingreso y egreso del personal; que el actor firmaba planillas de control y realizaba distintas gestiones como cadete en moto; que hacía entrega de sobres y realizaba pagos para Boehringer; que en dependencias del laboratorio demandado un supervisor recibía las ordenes de trabajo encomendadas y las asignaba al actor que permanecía allí a la espera de trabajo y que, tanto el actor como el coordinador de las tareas de cadetería, trabajaron con anterioridad para Boehringer en el mismo sitio pero bajo la dependencia formal de Le Groupe.

Al respecto Aboy a fs. 273 sostuvo que ,conoce al actor como cadete en moto de Boehringer desde el año 2005. Carano a fs. 275 señaló que el actor trabajó como cadete externo para Boehringer utilizando ropa de trabajo suministrada por The Saint SRL. En igual sentido se expidió Argento a fs. 276 puntualizando que Teves se presentaba a tomar servicio directamente en Boehringer donde un supervisor de la contratada allí mismo le asignaba las tareas y, al respecto Thames a fs. 281 puntualizó que el actor entregaba sobres, retiraba documentación y efectuaba pagos para el laboratorio.

A su vez, Juarez (empleado de seguridad -Prosegur S.A.-) a fs. 423 manifestó que el actor se presentaba todos los días en Boehringer y firmaba las planillas de control que le exigía la empresa.

Por su parte Aguirre (superior jerárquico del actor) a fs. 424 declaró que "la mensajería está dentro del laboratorio. Que el dicente es el coordinador de la mensajería, que. presta tareas de 8 a 18,30 hs. de lunes a viernes. Que el deponente y el actor trabajaron juntos en el laboratorio con la mensajería, que hay una computadora . el edificio manda la computadora con los trámites y el dicente se los entrega para que hagan los trámites. el actor iba todos los días a Boehringer, se anotaba en la planilla de seguridad después pasaba a la oficina donde estaba el dicente, que la oficina quedaba dentro del laboratorio.. que el actor prestó servicios con las dos agencias, una agencia era Le Groupe Servicios SRL. y el resto 3 años con The Saint. Que todos trabajábamos en Le Groupe, después Le Groupe pasó a The Saint".

Analizados los testimonios precedentemente reseñados a la luz de la sana crítica (conf. arts. 386 CPCCN y 90 LO) cabe otorgar razón al actor en cuanto señala que, contrariamente a lo sostenido en la sentencia de grado, la demandada no ha demostrado que la actividad subcontratada se hubiere circunscripto a la distribución o reparto de mercaderías y que, como se expuso en el inicio, la prestación de tareas se llevó a cabo en relación a actividades que hacen a la gestión administrativa de la empresa, en tanto se vincularon a gestiones de envío y retiro de documentación, realización de pagos y/o cobranzas, etc.. Dichas tareas resultan técnicamente indispensables para la organización interna de la empresa en tanto integran las propias del sector administrativo, contable o de gestión general, indispensables en toda organización empresaria de cierta envergadura.

Desde la perspectiva expuesta, la tarea desarrollada por el actor en su calidad de "cadete" en la oficina que Boehringer habilitó dentro de su establecimiento para centralizar las gestiones encomendadas desde distintos sectores, hace a su giro empresario y no permite considerar la existencia de una real y efectiva delegación de actividades en los términos pretendidos por las accionadas, por cuanto no se advierte la existencia de una organización empresaria realmente autónoma que hubiere asumido por sí y con sus propios recursos la realización de la actividad que se alega como subcontratada.

En efecto, el actor cumplió sus tareas con un vehículo (moto) de su propiedad; la oficina en la que se centralizaban los pedidos estaba en el edificio del laboratorio y utilizaba el sistema informático de Boehringer; tanto el actor como el coordinador del servicio prestaban tareas en el laboratorio con anterioridad a que se celebrara contrato con The Saint SRL y las órdenes de trabajo provenían de distintas áreas del laboratorio codemandado. En el esquema expuesto se advierte que el actor estuvo integrado a la estructura empresaria de Boehringer y que las firmas contratadas no han asumido por sí, con sus propios recursos y organización, la actividad que se alegó como tercerizada.

Consecuentemente, a mi modo de ver, le asiste razón a la parte actora en cuando consideró acreditada la relación laboral invocada respecto a la codemandada Boehringer Ingelheim S.A., por lo que su responsabilidad como titular del contrato deviene indiscutible, careciendo de total relevancia que The Saint S.R.L. u otras firmas hubieran asumido en las formas o en aspecto meramente instrumentales (como ser el suministro de ropa de trabajo) la titularidad de la relación porque, en definitiva, y como lo expuse en un caso sustancialmente análogo al presente (ver SD 98312 del 5/8/10 in re "Jara Palacio, Edgardo R. c/Le Groupe Servicios SRL y otros") no se trató de una tercerización real de actividades, sino de la interposición fraudulenta de personas en la contratación (conf. arts. 14 y 29 LCT), lo que impone revocar la sentencia de grado en cuanto libera de toda responsabilidad en la especie, a la codemandada Boehringer Ingelheim S.A.

Sentado lo expuesto, al haber desconocido Boehringer la relación laboral invocada y la real antigüedad del actor a sus órdenes, el despido indirecto instrumentado por Teves resultó ajustado a derecho (conf. arts. 62, 63, 14, 242 y concordantes de la L.C.T.) por lo que de prosperar mi voto, corresponde hacer lugar a los reclamos indemnizatorios formulados, con tal sustento.

En cuanto a la responsabilidad de The Saint SRL, cabe considerar que en un supuesto de intermediación sobreviniente a la iniciación del vínculo, quien asume fraudulentamente la titularidad de la relación en curso debe responder solidariamente por la totalidad de las obligaciones laborales incumplidas por cuanto a él se proyectan por solidaridad, en su calidad de tercero coobligado, las consecuencias de todas las obligaciones laborales incumplidas (conf. arts. 14 y 29 de la LCT) por lo que, sin perjuicio de las eventuales acciones que pudieran deducirse contra las anteriores intermediarias, no cabe hacer distinciones entre las demandadas, en cuanto a las obligaciones derivadas del vínculo y su extinción.

En el inicio se sostuvo que el actor ingresó a trabajar a las órdenes de Boehringer el 9/5/05. Si bien no obran constancias fehacientes en autos de la fecha en que Teves se incorporó a las órdenes de la demandada principal, lo cierto es que de los testimonios de autos surge que la prestación de tareas se inició en el año 2005 y la demandada Boehringer Ingelheim S.A. no ha llevado registro de la relación, por lo que corresponde estar a la fecha de ingreso denunciada por el actor (conf. arts. 55 y 56 LCT).

En orden a la remuneración invocada, de las pruebas producidas no surge acreditado que el actor hubiere percibido sumas diversas a las depositadas en concepto de acreditación de haberes por las empresas intermediarias y del informe de fs. 300/312 no surge el depósito de sumas diversas en forma escalonada y mucho menos por importes superiores a los que emergen de los recibos de fs. 135/151 (ver también informe de la AFIP a fs. 319). Frente a ello y al no haberse acreditado, a través de las testimoniales rendidas, que el demandante hubiere percibido sumas de dinero sin respaldo registral (ver fs. 273, 275, 276, 281, 423,424 y 419), corresponde desestimar en tal aspecto el recurso interpuesto por la parte actora y estar a la mejor y última remuneración mensual considerada en la sentencia de grado de $ 2.726.

Dicha remuneración no resulta ser inferior a la que el actor sostuvo en la demanda como correspondiente a su categoría (conf. CCT 130/75) según lo informado por el perito contador a fs. 497/506, por lo que a los fines liquidatorios corresponde estar a la fecha de ingreso antes indicada (9/5/05) y a un salario mensual de $ 2.726.

En orden a las indemnizaciones reclamadas con sustento en los arts. 8 y 15 de la ley 24013, cabe señalar que de conformidad con la reforma introducida a la ley 24013 por la ley 25345, para que resulten procedentes las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 de la LNE, el trabajador, además de intimar fehacientemente a su empleador a fin de obtener el adecuado registro de la relación, debe "proceder de inmediato y en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento". En el caso, el actor intimó a la empleadora el 21/9/09 y la comunicación que remitió a la AFIP, además de resultar tardía por haberse formulado en fecha 29/9/09 (ver fs. 26), no transcribe ni alude a la requisitoria formulada a Boehriner Ingelheim S.A. el 21/9/09 (ver fs. 20), por lo que no se encuentran reunidos los recaudos formales que hacen a la procedencia de la indemnización reclamada de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la ley 24013.

En este sentido se ha dicho que: "el texto normativo es claro y contundente ya que traduce la finalidad de que el conocimiento de las irregularidades registrales invocadas por el trabajador interpelante del empleador sea simultáneo o inmediato con la intimación a éste, con el objeto de que la autoridad estatal competente ejercite las acciones y procedimientos de su incumbencia para combatir la evasión fiscal y previsional que pudiere configurarse. En consecuencia, no constituye la exigencia judicial de invocación y acreditación de ese requisito de procedencia de aquellas multas establecidas a favor del trabajador, un ejercicio de 'excesivo rigorismo formal'. Si la interpelación está puesta como recaudo de un medio técnico que tiene fines transpersonales más allá del legítimo interés singular del trabajador que ese siente afectado por la irregularidad, no es lógico prescindir del mismo cuando se pretende la condenación de las multas pecuniarias acordadas en su beneficio personal. Por el contrario, a éste como beneficiario directo de una consecuencia patrimonial puesta en cabeza del eventual empleador trasgresor, se le impone la carga de comunicar a la AFIP y así colaborar simultánea e inmediatamente con aquellas finalidades que los trascienden y hacen al interés general. Se trata en suma de una carga impuesta por el sistema estructurado no en el solo interés del trabajador, y si éste no la satisface desatiende el imperativo de ese interés propio, obstando por mandato legal expreso a la procedencia de su pretensión judicial" (con igual criterio, CNAT, Sala V, S.D. Nº66.354 del 26/03/03, in re "Paredes, Norberto Reinaldo c/Total Agro S.A. y otros s/Despido").

Sin embargo, la solución propiciada en virtud de la modificación introducida por la ley 25.345 a la ley 24013, no podrá proyectarse al reclamo fundado en el art. 15 de la L.N.E. en tanto el recaudo introducido como inciso b) al art. 11 sólo condiciona la procedencia de las multas establecidas en los arts. 8, 9 y 10 de dicho cuerpo normativo; mientras que la duplicación de las indemnizaciones derivadas del distracto prevista en el art. 15 antes mencionado, únicamente se encuentra condicionada a que se hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el art. 11 dentro de los dos años anteriores al despido, por lo que sólo cabría exigir a tales efectos, el cabal cumplimiento del requisito previsto en el inciso a) del art. 11 L.N.E., ya que la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos no hace al mismo acto de emplazamiento, sino a otro distinto y autónomo del primero, al cual como se dijera, el legislador no ha condicionado la procedencia del incremento de las indemnizaciones derivadas del despido que prevé el art. 15 de la ley 24.013 (CSJN in re "Di Mauro , Josè c/ Ferrocarriles Metropolitanos S. A.", sentencia del 31/5/05, L.L. 12-10-05, pág. 6), por lo que, frente a ello y por aplicación del criterio mayoritario sentado por esta Cámara en Pleno in re "Vasquez, Maria c/Telefónica de Argentina S.A.", corresponde hacer lugar a la demanda en tal aspecto.

En efecto, si bien en la discusión plenaria antes referida la cuestión debatida hacía a la procedencia o no de la sanción prevista en el art. 8 de la LNE aún cuando el contrato de trabajo se hubiere encontrado registrado por una intermediaria, los argumentos allí esgrimidos para considerar configurado un supuesto de falta de registración por no haberse inscripto el vínculo por la real empleadora, resultan analógicamente aplicables al supuesto contemplado en el art. 15 de la mencionada normativa, por lo que reunidos los recaudos que hacen a la viabilidad de la sanción, en función de lo dispuesto en el art. 303 del CPCCN, corresponde admitir la pretensión deducida por la parte actora sin que ello implique abdicar de la opinión que, en sentido contrario, dejara expuesta la suscripta en el Acuerdo Plenario de referencia.

También cuestiona la parte actora que no se haya hecho lugar al reclamo por horas extras. Al respecto ninguno de los testigos deponentes en autos ha podido dar precisión en cuanto a la realización de tareas en horario extraordinario por lo que al no surgir de los testimonios de Aboy a fs. 273, Carao a fs. 275, Thames a fs. 281, Argento a fs. 276, González a fs. 419, Varela a fs 421, Nadir a fs. 422 y Juárez a fs. 423 -adecuadamente analizados en la sentencia de grado, conf. arts. 386 CPCCN y 90 LO- que Teves hubiere prestado servicios más allá de la jornada legal de labor, corresponde confirmar en tal aspecto la sentencia recurrida, máxime cuando el control de ingreso llevado por la empresa de seguridad de la planta sólo habría registrado los horarios de entrada (ver fs. 502 vta./503), circunstancia que no permite hacer lugar al cuestionamiento formulado, en especial cuando para que resulte operativa la presunción a la que alude la parte con sustento en el art. 6 de la ley 11544, debe acreditarse que efectivamente se realizaron las horas extras que justificarían llevar un registro específico (conf. esta Sala, entre otros, in re "Laciar Leopoldo c/Derudder Hnos", SD 95891 del 7/7/08), lo que no acontece en el caso subexámine.

En orden a la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323, el actor ha intimado fehacientemente a su empleadora al pago de los rubros derivados del despido (ver fs. 25), por lo que ninguna razón se advierte para hacer lugar a la crítica de la coaccionada, máxime cuando en atención a las especiales particularidades de la causa, el actor se vio obligado a litigar para obtener el reconocimiento de los rubros indemnizatorios adeudados.

También se cuestiona ante la Alzada el rechazo del reclamo por el rubro "vacaciones no gozadas". Al respecto bástame con puntualizar que en la sentencia de grado se admitió el reclamo por la indemnización por vacaciones correspondientes a la proporcionalidad del año trabajada (conf. art. 156 LCT), por lo que la crítica debe considerarse dirigida a cuestionar la desestimación del rubro en cuanto a períodos vacacionales vencidos y, en tal sentido, se impone referir que de conformidad con lo establecido en el art. 162 de la L.C.T., los descansos no gozados no resultan compensables en dinero, por lo que si el dependiente no ejerció las facultades conferidas por el art. 157 de ese mismo cuerpo normativo, no tiene derecho al pago de los descansos que alega como no gozados correspondientes a períodos anuales vencidos.

Consecuentemente, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde modificar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda en forma solidaria con relación a Boheringer Ingelheim S.A. y a The Saint S.R.L. por los siguientes rubros e importes: a) Indemnización por antigüedad: $ 13.630; b) Indemnización sustitutiva del preaviso (incluída la incidencia del SAC): $ 2.953,17; c) Haberes septiembre 2009: $ 2.726; d) Vacaciones prop. 2009: $ 981,36 (conforme liquidación practicada en la sentencia de grado); e) S.A.C prop. 2da cuota 2009: $ 681,50; f) Indemnización art. 15 LNE: $ 16.583,17; g) Indemnización art. 2° ley 25323: $ 8.291,59, lo que arroja un total de $ 45.846,79.

Dicha suma devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado que no ha sido cuestionada en dicho aspecto.

En atención al resultado que dejo propuesto, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN), por lo que deviene abstracto el tratamiento de las apelaciones deducidas al respecto.

Tomando en consideración el resultado final obtenido, corresponde imponer las costas de ambas instancias en forma solidaria a cargo de las demandadas que han resultado vencidas en lo que ha sido materia principal de controversia (art. 68 CPCCN).

En tal sentido, teniendo en cuenta el modo de resolverse, el resultado obtenido, el mérito y extensión de las tareas desarrolladas y lo dispuesto en la ley 21839, en el dec. Ley 16638/57 y en el art. 38 L.O., corresponde regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación letrada de la parte actora, de la demandada Boehringer Ingelheim S.A., de la codemandada The Saint S.R.L. y los del perito contador en los respectivos porcentajes del 15%, 10%, 10% y 6%, los que deberán ser calculados sobre el monto total de condena (capital e intereses).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839, corresponde regular los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora, de la representación letrada de The Saint SRL y los de la representación y patrocinio letrado de Boehringer Ingelheim S.A. en el 28%, 25% y 25% respectivamente de lo que para cada una de ellas corresponda, por su intervención en la instancia previa.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y condenar en forma solidaria a BOEHRINGER INGELHEIM S.A. y a THE SAINT S.R.L. a pagar dentro del quinto día a IVAN ALBERTO TEVES la suma de ($ 45.846,79) CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, la que devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de grado, 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia , 3) Declarar las costas en ambas instancias, en forma solidaria, a cargo de las demandadas, 4) Regular los honorarios en la forma dispuesta en los considerandos precedentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara