Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-02


SENT Nro. 405 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 02 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los letrados Esteban Medina García y Esteban Fernando Medina García, por sus propios derechos, en autos: "Trapani, Vicente y Ordines de Trapani, Antonia s/Sucesión".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por los letrados Esteban Medina García y Esteban Fernando Medina García, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, del 13/9/2001 que no hace lugar al recurso de apelación deducido por aquéllos, confirmando el punto IV de la sentencia de fecha 30/11/2000.

II.- Sostienen los recurrentes que la sentencia de Cámara, al no revisar los honorarios regulados por el juez de primera instancia, afecta su derecho de propiedad y el de sus mandantes (art. 17 CN), por cuanto, al mantener la regulación de honorarios obliga a los herederos adjudicatarios y a ellos mismos a efectuar los aportes de ley 6059 en un diez y ocho por ciento respectivamente sobre la suma regulada, mientras que, dicen, el aporte debe calcularse sobre la suma convenida con anterioridad y efectivamente percibida. Que perjudica también a sus mandatarios por cuanto ellos se verán obligados a pagar la diferencia entre la suma convenida y lo regulado por honorarios profesionales.

Manifiestan que, en el caso, no se ha respetado el art. 1197 CC pues se ha adjuntado al expediente un contrato firmado entre las partes en el que se pactó de común acuerdo una suma de dinero a percibir en concepto de honorarios en el juicio presente. Agregan que la Cámara no observó la fecha del convenio el cual data de 9 de enero de 1996, por lo que la argumentación dada por la Cámara de Familia de que no ha sido sometida esta cuestión a consideración del juez de grado no se ajusta a derecho. De allí que entiendan inaplicable el art. 775 procesal pues en ninguna parte el CPCCT ni la ley 6059 ordena o preceptúa el momento en que deben presentarse un convenio de partes en que se pactan honorarios profesionales y esto tiene, a su vez, fundamento legal en la desregulación de los honorarios profesionales (ley 24.432). Por ello, entienden que debe estarse a la fecha del contrato (1140 CC), que es anterior a la regulación de honorarios. Expresan que la Cámara, sin respetar la voluntad de las partes, inaplicó las normas del Código de fondo (arts. 1137, 1140 y 1197 CC).

Citan como precedente el caso: "Viaña, Servando Alfredo s/sucesión" en que se reconoce la validez del convenio entre abogados y clientes, siempre celebrado en forma anterior a la regulación de primera instancia y destacan que el convenio presentado en autos es de fecha anterior a la regulación y debidamente documentado y probado en el expediente.

Proponen doctrina legal; efectúan reserva del caso federal y solicitan se haga lugar al recurso tentado.

III.- Por auto interlocutorio del 09/5/2002, la alzada concede el recurso tentado, correspondiendo el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida sostiene, en relación a la existencia de convenio sobre los honorarios pactados, que el mismo fue acompañado con posterioridad a la apelación de honorarios por lo que el juez a quo no tuvo conocimiento del mismo y por ende hay ausencia de pronunciamiento del a quo. De allí que aplica lo normado en el art. 775 procesal (el tribunal no podrá resolver ninguna cuestión que no haya sido propuesta a decisión del inferior) y desestima in limine el agravio.

En cuanto a la apelación por altos los honorarios, analiza si se ha excedido la escala del art. 39 de la ley 5480 constatando los cálculos del a quo y llegando a la conclusión de que los gastos causídicos se encuentran ajustados a derecho.

Por ello, no hace lugar al recurso de apelación confirmando el punto IV de la sentencia del 30/11/2000.

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio con los fundamentos sentenciales se concluye que el recurso debe declararse mal concedido.

En efecto, en relación a la apelación de los honorarios profesionales por altos que efectuaran los letrados recurrentes y que desestimara la Cámara, cabe expresar que dicha cuestión se encuentra firme en tanto los impugnantes no interpusieron, en contra de la sentencia que confirma la regulación de primera instancia, el recurso de revocatoria del art. 32 de la ley 5480.

La apelación de los honorarios profesionales por altos requería, a fin de tener por cumplimentado el requisito de definitividad sentencial, la interposición del recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la ley 5480. Según puede advertirse, la sentencia de Cámara no fue impugnada por la vía de revocatoria prevista en el art. 32 de la ley 5480; que contempla dicho recurso contra las regulaciones practicadas por la Cámara de Apelaciones o por la Corte Suprema de Justicia, ya fueran confirmatorias o modificatorias de las practicadas por inferior en grado; o directamente por actuaciones cumplidas ante dichos tribunales. No operando alguno de los supuestos que exceden el marco de la admisibilidad de la revocatoria (V. Brito-Cardoso de Jantzon "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág. 148/149), sino que contrariamente, habiéndose configurado la situación prevista en la norma del art. 32 de la ley arancelaria, en tanto el tribunal de alzada confirmó el auto regulatorio practicado por el inferior en grado, el recurrente debió articular esa vía ordinaria local, toda vez que el pronunciamiento que la decide habría constituido la sentencia definitiva a los fines casatorios. (cfr. CSJTuc., sent. nº 576 del 28/8/96 y nº 343 del 19/5/99).

Por lo expuesto, debe declararse mal concedido el recurso, en el punto.

VI.- A idéntico resultado se arriba en relación a la pretensa violación al art. 775 procesal por parte del tribunal de alzada. Ello así por cuanto el recurso, en el tópico, luce insuficiente a fin de dar embate al certero fundamento de la Cámara respecto de que, en tanto el convenio ha sido presentado con posterioridad a la regulación de honorarios por parte del Juez a quo, y al no ser, por ende, una cuestión sometida a decisión de éste, mal puede la Cámara tratar y decidir sobre esta cuestión propuesta recién en segunda instancia.

Este sostén del fallo permanece incólume al no resultar incompatible con el argumento ofrecido por los recurrentes referido a que el convenio puede presentarse en cualquier momento durante el juicio porque la Cámara tiene, al respecto, una competencia apelada y no originaria para tratar el tema propuesto. Siendo así, no se advierte violación al art. 775 procesal en tanto no se abrió en momento alguno la competencia de Cámara la cual no estaba facultada para conocer y decidir sobre el tema propuesto.

Frente a lo dicho, aparecen errados y dogmáticos los motivos de la casación que refieren a que la Cámara no observó la fecha del convenio el cual data de 9 de enero de 1996, o que el convenio puede presentarse en cualquier momento porque ello es sin perjuicio de la aplicación de las normas que regulan el debido proceso.

A ello cabe agregar, como colofón, que la cuestión de la presentación posterior del convenio no configuró una denuncia de hecho nuevo que debería haber sido tratada por la Cámara (los impugnantes no la presentaron como tal; tampoco se advierte cómo podrían hacerlo), sino que han pretendido ingresarlo cuando en los autos ya se regularon los honorarios. La existencia del convenio, como alegan los recurrentes, de fecha anterior a la regulación, da lugar a una cuestión que pudo ser alegada en la primera instancia, y no se han ofrecido explicaciones acerca de la falta de presentación del instrumento privado durante el desarrollo del proceso en esa etapa, a pesar de la explícita referencia sentencial a que el convenio fue adjuntado con posterioridad al auto regulatorio. De allí que, si bien asiste razón al impugnante cuando afirma que la ley no indica cuando deben presentarse los pactos sobre honorarios profesionales, lo cierto es que tal presentación -en el tiempo que se considere oportuno- no puede soslayar explícitas reglas procedimentales con el fin de hacer nacer facultades competenciales allí donde no puede haberlas, ni puede retrotraer el inexorable desarrollo del proceso.

Por lo expuesto, atento a la insuficiencia recursiva (arg. art. 816 procesal) para derribar el claro y contundente argumento sentencial, corresponde declarar, también en este punto, mal concedido el recurso casatorio.

VII.- Las costas del recurso de casación se imponen a los vencidos por ser ley expresa (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por los letrados Esteban Medina García y Esteban Fernando Medina García, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, del 13/9/2001, atento a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA