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Superior Tribunal de Justicia, Estado Provincial, depósito previo, prueba pericial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Alberto Eugenio c/ Ministerio  de  la Producción y/o Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa y/o persona física o jurídica responsable s/ Indemnización por accidente de trabajo -Ley 24028 y/o Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa y/o persona física o jurídica responsable s/ Indemnización por accidente de trabajo -Ley 24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-08-28

La facultad del Superior Tribunal de Justicia para eximir al Estado Provincial del depósito previo de la Tasa pericial médica, nace de la delegación reglamentaria que la propia ley orgánica judicial realiza en su artículo 161, y que sustenta en las facultades de superintendencia que sobre el servicio de justicia acuerda el artículo 167 inc., 7 de la Constitución Provincial. El funcionamiento de la Dirección Médica del Poder Judicial es, en última instancia, responsabilidad interna del Superior Tribunal por mandato constitucional y la acordada 2063 punto 9º es producto de esa facultad de superintendencia y de la delegación que en la ley orgánica se realiza sobre todo lo referido al funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial. Sin la consideración de esos atributos esenciales, que parecen haber sido omitidos por los miembros del Tribunal del Trabajo en su impugnado plenario, la existencia misma del Poder Judicial estaría en crisis.
Facultades discrecionales, límites a la discrecionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Russo, Eduardo Angel c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

La esfera de discrecionalidad de los entes administrativos no implica en absoluto que éstos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que su actuación no resulte fiscalizable (Disidencia del Dr. Guillermo A. F. López).
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Cultural y de Fomento Amigos de Mar de Ajó c/ Municipio de la Costa s/ Cuestión de competencia art. 6º, C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

En materia de amparos promovidos ante la justicia ordinaria, cuando el tribunal resuelve que la cuestión corresponde a su competencia originaria y exclusiva (art. 149 inciso 3º, Const. prov.), nada obsta a que resulte aplicable la solución prevista en el art. 352 inc. 1º del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: NEIRONI, José Santiago c/ GOBIERNO NACIONAL s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-21

La Sala postula, a la hora de analizar el cumplimiento de los requisitos del art. 265 y 271 del C.P.C.C.N., un criterio amplio en resguardo del derecho de defensa de las partes.
Fallos de la Corte Suprema, rectificación de cuenta corriente, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ariel Dada S.A. c/  s/ Materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

La doctrina de este Superior Tribunal (Ac. 93.950, sent. del 5/VII/2006, "Esains") que sostiene la aplicación analógica del artículo 790 del Código de Comercio a las cuentas corrientes bancarias, es un criterio sentado respecto del momento de examinar la posibilidad de requerir la revisión pese a la falta de impugnación de los resúmenes a la que alude el art. 793 del Código de Comercio, mas nada se dijo allí en tomo a la prescripción de la acción.(doctor Soria, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MORATO, JESICA ESTER Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

La compareciente plantea arbitrariedad de sentencia por haberse interpretado -en el voto mayoritario- que escapa a la factultad de determinar la política salarial el establecimiento de cupos sin un parámetro objetivo que lo justifique, mas con lo afirmado, la interesada no demuestra que la solución que propone sea excluyente o deba imponerse necesariamente en el caso, ni persuade acerca de que la respuesta jurisdiccional brindada se hubiese apartado de parámetros de logicidad tolerables; y aunque invoca la existencia de gravedad institucional, la quejosa no rebate en su recurso directo lo dicho por la mayoría de la Cámara en el auto denegatorio con referencia a que para su configuración se requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad toda, circunstancia que la accionada no logra demostrar alegando que lo resuelto atañe al presupuesto general de la Provincia, trascendiendo la presente decisión el ámbito de la causa. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 218, p 193.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sociedad  Aeronáutica  San  Fernando  S.R.L.  y  otros c/ Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional- Dtos. 375/97 y 842/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Mediante el uso de la pauta valorativa de la gravedad institucional como medio para admitir el recurso extraordinario, la Corte Suprema actúa en cumplimiento de una alta tarea de política judicial, impuesta por la firme defensa del orden constitucional y afirmada de tal modo como su más delicada e ineludible función jurisdiccional.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ochoa, Susana María s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La notificación en el domicilio procesal del condenado en costas, basta para que los honorarios regulados a la letrada de la parte gananciosa constituyan título ejecutorio hábil contra el mismo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAUZI ESTEBAN JOSE Y OTROS EN J: RAUZI ESTEBAN JOSE Y OTROS s/ Acción de Amparo Inconstitucionalidad (LIBRO: A092 - 202)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-10-15

Las sentencias dictadas en los procesos de amparo carecen, en el ordenamiento mendocino, del rasgo de definitividad necesario para la procedencia formal de los recursos extraordinarios, con excepción del amparo por mora de la administración cuando no prospera, pues en estos casos, el administrado, justamente se queja de la imposibilidad del agotamiento de las vías ordinarias.-
Accidentes de trabajo, opción del trabajador, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, NICETO WALTER c/ EMPRESA CONSTRUCTORA NATALIO FAINGOLD SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-03

A un acto tan claro como lo interposición de una demanda con base en el artículo 1113 Código Civil, no puede oponerse con carácter cancelatorio el cobro en sede administrativa efectuado después, y presumiblemente por razones de necesidad (conforme artículo 874 del Código Civil). Además, como se trata de la reparación de un accidente del trabajo del que surge una incapacidad comprobada del 60 al 70 % de la to., resulta aplicable el artículo 872 Código Civil, pues en el caso confluyen el interés particular y el social.
Presidente de la corte interamericana, PERÚ, despido, empleados públicos, racionalización administrativa, valor probatorio
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Trabajadores cesados de Petroperú, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas, y de la Empresa Nacional de Puertos Vs. Perú S/ Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-06-22

En ejercicio de las atribuciones otorgadas a su Presidente por el Reglamento de la Corte Interamericana, cabe declarar suficiente la declaración jurada presentada como prueba idónea de la carencia de recursos económicos de las presuntas víctimas, en el caso en que se debate la presunta responsabilidad del Perú por violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 84 trabajadores de Petroperú, 39 trabajadores del Ministerio de Educación, 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas y 25 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, a raíz de la falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a sus ceses colectivos, ocurridos entre 1996 y 1998 en el marco de los procesos de racionalización llevados a cabo por las entidades públicas a las cuales pertenecían.
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bolatti, Miriam Edith c/ Záccaro, Carlos Rafael y otros s/ Nulidad de escritura de hipoteca
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

La disputa en torno al consentimiento, el debate sobre la justa o injusta causa de oposición es un conflicto entre cónyuges, puede proyectar sus efectos sobre terceros cuando el negocio jurídico con este último se celebra a espaldas del cónyuge no administrador y se elude la obtención de su venia o asentimiento.

Pero la cuestión referida a la obtención de tal asentimiento atañe directamente a los integrantes de la sociedad conyugal. Los derechos de los terceros se resguardan por las normas y principios generales que regulan la responsabilidad contractual y la reparación del daño ante la caída o la inoponibilidad, frente a la cónyuge no titular del bien, de la hipoteca constituida sobre éste en garantía del mutuo dinerario concedido por quien, de buena fe, creyó en la sinceridad de la palabra dada y en la legitimación para hipotecar de su deudor, por sí solo y sin el concurso del asentimiento exigido por el art. 1277 del CC.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, procedencia del recurso, estado de sitio, beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Constitución Nacional, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hanríquez, Abdón Zenón c/ Ministerio del Interior -art 3° ley 24.043 s/ Ministerio del Interior -art 3° ley 24.043
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Los agravios fundados en que la ley 24.043 viola el principio de igualdad, son aptos para habilitar la instancia extraordinaria pues en ellos se ha cuestionado la inteligencia otorgada por el a quo al art. 16 de la Constitución y la decisión ha sido contraria a las pretensiones del recurrente (art. 14, inc. 3°, ley 48).
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Riera, Juan Isidoro s/ Tercería de dominio en autos "Chemet, Ricardo A. c/ Bogado de  Romero, Felicia s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

Lo atinente a la atribución de costas es materia en principio reservada a los jueces de grado, rigiendo al respecto como regla el concepto objetivo de la derrota (art. 68 primera parte del CPCC).
Beneficio de litigar sin gastos, gastos del proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Daniela C. y otros c/ Moño Azul S.A. s/ Reclamo s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-26

El art. 15 de la ley 1504 exime al trabajador de presentar "cauciones" personales o reales, entendiendo por éstas a la seguridad o cautela que se otorga en resguardo y garantía del cumplimiento de una obligación derivada del proceso. Esta exigencia sólo puede ser requerida en una etapa preliminar del proceso, por cuanto pronunciada la condenación en costas ningún sentido tendría exigir esa suerte de afianzamiento respecto de los honorarios, sino lisa y llanamente se reclamaría el pago de éstos, a quienes les hubiera sido impuestos.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: Usuna, Jesús María c/ DOMVIL S.A.I.C.A. y otro s/ Indemnización por accidente de trabajo-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE  LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-03-18

El instituto de la caducidad de instancia es de aplicación restringida en el proceso laboral atento las características y finalidad de dicho proceso y no es incompatible con el sistema de impulso procesal de oficio implementado a través del artículo 7 del Código ritual pues ésto no supone que las partes queden liberadas de la carga de cumplimentar los trámites que permitan el avance del proceso.
Prueba pericial, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROLDAN, ROBERTO c/ EDUARDO SARQUIZ Y OTROS s/ FILIACION LEGITIMA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-12

La pericial reviste carácter común cuando, ofrecida la prueba y conferida la vista a que alude el art. 452 C.P.C.C., la otra parte omite manifestar expresamente su falta de interés en aquella, y su voluntad de abstenerse de participar en su diligenciamiento o producción. De manera que el silencio del contrario acerca de tales extremos basta para convertir en común a la pericial, y hacerle perder por ende, la facultad de requerir la declaración de negligencia y consiguiente caducidad de la prueba.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Rodolfo Luis y otro c/ Yasbeck, Adrián Fabio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Entre las circunstancias particulares del caso a los efectos de establecer la indemnización debe meritarse -como factor cuantitativo o temporal que permite adecuar las necesidades de la indemnización a los hijos menores-, por un lado, que el beneficiario estaba concebido a la fecha del óbito de su padre y que nació casi cuatro meses después del mismo , y por otro, que el padre era un menor de veinte años a la fecha de su fallecimiento;

circunstancias éstas que permiten inferir que el padre tendría una sobrevida que cubriría todo el extenso período de veintiún años de presunta dependencia económica del menor.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palacios, Félix Victor c/ Municipalidad de la Capital s/ Interdicto de no innovar - Inconstitucionalidad (Libro: S052-061)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-05-19

El desalojo de un rancho ordenado por la Municipalidad, ubicado en terrenos de su propiedad, y con el objeto de la apertura de una calle pública, no viola el derecho de propiedad ni el derecho de defensa; pues para ello se encuentra facultada por el inc. 14 del art. 216 de la Constitución y por el inc. 28 del art. 105 de la ley orgánica de municipalidades Nº 1079.
Asegurador, siniestro, robo, capitalización de intereses, pago retroactivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Spiridonidis, Sebastián c/ La Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Admitida que fue la demanda incoada por un asegurado contra una compañía aseguradora en reclamo del pago de la suma asegurada como consecuencia de los daños sufridos por el vehículo asegurado a raíz de un robo, no corresponde admitir la pretensión de aplicar la capitalización de intereses judiciales a la condena, pues ello importaría hacerlo con carácter retroactivo. Ello así, pues no se trata aquí de una "consecuencia" de hechos anteriores, sino un derecho que deriva de una excepción contemplada por una regulación que no estaba vigente al tiempo de cumplirse el acto procesal indicado.
Tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dr.    Karl  Thomae  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung c/ Instituto     Nacional  de  la  Propiedad  Industrial  y otro s/ denegatoria de patente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

Cuando la NACION ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata. Una norma tiene tal carácter cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Administración Pública, silencio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Embon, Miguel Angel c/ Municipalidad de Paraná s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-08

Resulta relevante destacar que el silencio de la Administración Pública es una presunción establecida en favor de los derechos e intereses de los particulares y no un medio de eludir las obligaciones que competen a los organismos públicos, de modo que solo el administrado puede invocar en su favor el silencio administrativo previsto en las normas pertinentes, pero ello no releva a la Administración de su obligación legal de resolver - cfr. La Ley 1997 - F -: 942 y 1997 - C. - 943 -.- Mas allá de la amplia disputa doctrinaria sobre la naturaleza jurídica del silencio administrativo, en tanto para un sector se eleva a la categoría de un verdadero acto administrativo y para otros constituye una ficción legal, hay opinión casi unánime respecto a que la denegación presunta no excluye el deber de la administración de dictar una resolución expresa, debidamente fundada pues el silencio negativo no debe entenderse como una sanción con causa en su morosidad sino como una garantía en favor del particular (Boquera Oliver, José M. "Estudios sobre el acto administrativo" p. 252, ed. Civitas, Madrid 1993, citado en el voto de la Dr. Kemelmajer de Carlucci in re: "Dube, Sandra del Rosario c. Municipalidad de Santa Rosa" SC Mendoza, mayo 9-996, en la Ley T 1997 C, pág. 108, en igual sentido José Roberto Dromi, El Procedimiento Administrativo, Págs. 98 y 99.-
Obras sociales, prestaciones de la obra social
Materia: PROCESAL
Carátula: Sureda, Lucas Mariano c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación y otro s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26

Cabe dejar sin efecto la sentencia que admitió la pretensión de quien requirió se condene a la obra social demandada a prestar una cobertura íntegra de la terapia con vacuna T-linfocitaria, pues resultan atendibles los argumentos invocados para sustentar la arbitrariedad del pronunciamiento en cuanto a que el a quo redujo el tema a la imputación de una responsabilidad absoluta y mecánica en cabeza de la obra social, sujeta a la pura y simple acreditación de la enfermedad y de un tratamiento médico, sin reconocer otro límite que la discrecional potestad del afiliado, sumado a que estableció sin más que el carácter experimental no obsta a la obtención de la cobertura, soslayando la obligatoria intervención estatal en la autorización y contralor que le corresponde ejercer a la autoridad sanitaria respecto de estas nuevas prácticas y técnicas. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montes, Manuel c/ Fontana, Pedro José y otros s/ Resolución de obra y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

Si la alzada, no obstante señalar la extemporaneidad del planteo, efectuó consideraciones respecto del mismo, resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sólo cuestiona estas últimas.
Seguros, seguro por accidentes personales, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRUZ, GABINO c/ LATITUD SUR  CIA.  ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

En un contrato de seguro en virtud del cual se otorga cobertura por accidente de trabajo, acaecido el mismo y habiendo sido condenado el asegurado en sede laboral a pagar la indemnización pertinente requerida por el trabajador, procede el reclamo por aquel a su aseguradora, sin que sea procedente que esta pretenda excepcionarse invocando la falta de legitimación activa, arguyendo como fundamento que no fue oportunamente citada en garantía, pues más allá de las razones por las que en sede laboral el accionante omitió citarla, lo cierto es que la falta de anoticiamiento de la promoción de la demanda a fin de que asuma la dirección del proceso carece de la relevancia pretendida, toda vez que al rechazar extrajudicialmente el siniestro, tal decisión preanuncio la negativa a cumplimentar esa obligación legal, lo que tornaba superfluo el acatamiento por el asegurado de dicha carga.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dycasa Dragados y Construcciones SAICI c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de laProvincia del Chubut y Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-06

Mediando una Ley y un acto administrativo previo de consolidación -dado en un marco inobjetado de emergencia económica- se hace aplicable el criterio asentado en SD Nº 1/SCA/97 "La emergencia, la consolidación, el derecho de necesidad, es de excepción. Toda cuestión debe analizarse en su marco regulador. Véase, que incluso respecto de la mención expresa que hacen leyes de esta naturaleza, o sus reglamentarios, de institutos como la "novación", la Suprema Corte ha dicho que la introducción de este vocablo "no tiene entidad jurídica suficiente para desvirtuar el carácter de orden público de la norma en cuestión" (con referencia a Ley 23982 - LL1995-A-189). La subsidiariedad, o supletoriedad del Derecho Común, solo podrá establecerse con el rigor restrictivo que el derecho excepcional de emergencia admita".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, litisconsorcio
Materia: LABORAL
Carátula: Castagnola, Luis José c/ La Papelera del Plata S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-09

Para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando no ha habido sentencia condenatoria es necesario cumplir con el requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art. 63, ley 11.653). Tratándose de una acumulación de procesos, el recurrente debe acompañar tantas boletas de depósito como causas comprende la sentencia única dictada y que afecta sus intereses. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asistencia en asuntos penales, código contravencional y de faltas, Derecho penal, delitos contra la integridad sexual, facilitación de la corrupción, abuso sexual de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Arriola, Facundo Nahuel s/ infr. art. 128, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

La confirmación por la Cámara de la decisión de la jueza de grado que declaró la atipicidad de la conducta atribuida al imputado con relación al delito de facilitación de pornografía infantil, se encuentra fundada en una interpretación sistemática y teleológica del art. 128, primer párrafo, del CP, análisis puesto en relación con el interés superior del niño como criterio interpretativo rector, y especialmente con el bien jurídico en juego y las circunstancias fácticas concretas del hecho imputado. Así, la decisión recurrida y las razones que se enuncian se apoyan en un plexo de normas legales y constitucionales aplicables al caso y está justificada en sus alcances por los aspectos particulares del hecho objeto del proceso. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).