Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL (MAR DEL PLATA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-12


REGISTRO Nº 294 FOLIO Nº 1152 Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata Expte. Nº 141871.- Autos: "TOSELLI ROSANA BEATRIZ Y OTROS C/ PAREDES FELICIANO LEONARDO S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)".- En la ciudad de Mar del Plata, a los 12 de Noviembre de 2013, habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez y 2º) Dr. Ramiro Rosales Cuello, se reúnen los Señores Magistrados en Acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "TOSELLI ROSANA BEATRIZ Y OTROS C/ PAREDES FELICIANO LEONARDO S/ DAÑOS Y PERJ.POR USO AUTOMOT.(C/LES.O MUERTE)(SIN RESP.EST.)".- Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S:

A fs. 549/62 dictó sentencia el Señor Juez de Primera: 1.-Haciendo lugar a la demanda promovida por Rosana Beatriz Toselli y Darío De Dios contra Feliciano Leonardo Paredes, condenando a este último a abonarles la suma de $ 66.650, más intereses a la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a trenta días; 2.-Haciendo lugar a la defensa de prescripción opuesta por Rosana Beatriz Toselli y Darío de Dios y, en su mérito, rechazando la demanda reconvencional planteada en su contra por Feliciano Leonardo Paredes; y 3.-Imponiendo las costas al demandado vencido.

A fs. 563 apelaron los actores y a fs. 565 lo hizo el demandado. Al co-actor Darío de Dios se lo tuvo por desistido de su recurso a fs. 584 (ap. II inc. 1.-) La coactora Roxana Beatriz Toselli expresó sus agravios a fs. 581/83 y el demandado a fs. 579/80. Obran sus respectivas contestaciones a fs. 588 y a fs.587.

En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S:

1ª) ¿Debe declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 565 contra la sentencia de fs. 549/62? 2ª) ¿Es ella justa? 3°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:

El demandado, llamado que fuera a expresar sus agravios, no ha cubierto eficazmente dicha empresa con la memoria que obra a fs. 579/80.

La expresión de agravios debe contener la fundamentación del recurso mediante un análisis en el cual se expliciten las razones en virtud de las cuales el agraviado considera que el pronunciamiento recurrido afecta sus intereses, esto es, los motivos de su disconformidad expuestos a través de una crítica razonada de la sentencia. Ello no involucra el cumplimiento de un ritualismo ocioso sino que persigue preservar en toda su pureza el sistema apelatorio que sintetiza el aforismo "tantum devolutum quantum appellatum" (arg. esta Sala causas 93575 Reg. 231/95; 95833, Reg. 937/95; 102779, Reg. 181/2002; 119294, Reg. 254/2001; 129523, Reg. 564/2005; SII causas 110794, Reg. 1119/99; 118930, Reg. 32/2002).

No cumple con los recaudos descriptos la expresión de agravios basada en manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones ni planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige que se indiquen, se patenticen, se analicen punto por punto las consideraciones de la sentencia apelada. Y la exposición del recurrente no se aviene con tal requisitoria; lo que fuera advertido por la actora al responder el memorial (v. fs. 588).

Impugna, en primer término, la suma fijada en concepto de "incapacidad sobreviniente". Sólo indica que lo único que ha probado la actora es que se desempeña como maestra de inglés y que debió ausentarse a clase en contadas oportunidades, habiendo continuado con sus labores casi normalmente. Nada más.

Todo ello fue valorado en el meduloso análisis efectuado por el Sentenciante al tratar la incapacidad; y el apelante no explica en qué consiste el error de valoración del a-quo al momento de justipreciar el monto otorgado. Lo expuesto por el apelante resulta una apreciación subjetiva sin mayores elementos de crítica que permitan la tarea revisora de este Tribunal.

Lo mismo ocurre con el daño moral. Considera exorbitante el monto fijado en la sentencia en relación a lo probado en la causa, y asienta antecedentes que ilustran sobre los extremos que deben valorarse para establecer su cuantía; mas no hace referencia alguna a los datos de la causa y a las razones, puntuales y en el caso concreto, de las que hizo mérito el a-quo.

Igual suerte corre la impugnación de las costas, pues expone una mera disconformidad con la imposición a su parte sin dar siquiera un solo argumento de porqué considera equivocada tal decisión, cuando ha sido vencido en la contienda.

La crítica, en definitiva, adolece de sustento que permita ingresar a su inspección.

VOTO POR LA AFIRMATIVA EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:

I.-Resta evaluar el recurso de la co-actora Roxana Beatriz Toselli.

Formula dos objeciones al fallo:

a.-Exigua suma de $ 28.000 fijada en concepto de "incapacidad laborativa".

Explica que deviene insuficiente si se valora adecuadamente el informe pericial que estima en un 20% la incapacidad.

Refiere que el Perito evalúa la limitación de la flexo extensión de la rodilla derecha con dificultades para la deambulación; lo cual se ve corroborado con el certificado extendido por el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

Dice luego que si bien la sentencia contabiliza que no ha mediado un aporte acreditativo respecto de sus ingresos, sí se ha probado su actividad profesional como docente, (fs. 270 y fs. 503/504), y que por el tipo de tarea que realiza su afección asume particular relevancia, toda vez que no se puede inclinar normalmente, subir y bajar escaleras sin dificultad y ejercer múltiples actos que impliquen despliegue o actividad física, imprescindibles en el trato y manejo de los niños.

Pide se pondere además la depreciación monetaria, por ser de público y notorio que los salarios recibieron un incremento en los años siguientes a la ocurrencia del hecho; siendo hoy un sueldo mínimo de un docente de $ 4.000.

b.-Tasa de interés pasiva del Banco Oficial de la Provincia fijada por el a-quo.

Si bien no descuida que es la que sostiene la SCBA, considera que no implica que deba recibirse en todos los supuestos.

La admisión de la "incapacidad laborativa" sin ajuste alguno -analiza- se ve agravada por la aplicación de una tasa de interés que carece de importancia y deriva en la consagración de un acto írrito.

II.-Le asiste en parte razón a la apelante.

Primer agravio: incapacidad sobreviniente.

Sin ánimo de sobreabundar en conceptos reiterados, recuerdo que la llamada "incapacidad sobreviniente" se trata evidentemente de un perjuicio porque como consecuencia de la minusvalía el sujeto dañado ve disminuidas sus posibilidades no sólo laborales, sino de expansión y relación; máxime en nuestros tiempos en que el hombre puede realizar múltiples actividades y la incapacidad puede repercutir en su realización (arg. PIZZARRO-VALLESPINOS "Obligaciones." Tomo 4 Ed. Hammurabi, 2008, pag. 300).

Sin embargo, es menester señalar que la acreditación de la proyección de las secuelas sobre los aspectos de la vida que exceden el laboral, puede operar por vía presuncional (vgr. en el caso de incapacidades permanentes que afecten a personas jóvenes -la actora tenía 37 años de edad al momento del hecho-) (Zavala de González ob. cit. pág. 317 ap. 100).

Para cuantificar este parcial lo importante es establecer en qué medida la mengua del vigor humano ha podido y podrá gravitar en las actividades habituales de la víctima pues no hay que perder de vista que los porcentajes estimados por los peritos sólo constituyen elementos referenciales y meramente orientadores, pero lo que habrá de tenerse en cuenta es el desmedro efectivamente irrogado (arg.este Trib. Sala II c. 140657 REg. 256/2008; Sala I c. 141305 Reg. 353/2008; CC0101 LP c. 236891 Reg. 95/2001; ídem. C. 238441 Reg. 114/2002).

Señala Zavala de González que el daño por incapacidad debe evaluarse en concreto, es decir, teniendo en cuenta la condición personal de la víctima; pues la integridad psicofísica vale lo mismo para todos los seres humanos, pero aquí lo relevante es el valor mediato que ésta representa para la consecución de logros, fines o beneficios, y tal valor es esencialmente personal y variable de acuerdo a las circunstancias personales de cada uno (Zavala de González Matilde "Daños a las personas-Integridad psicofísica" T° 2-a Ed. Hammurabi, pág. 334).

El Perito interviniente informa que la actora, a consecuencia del accidente ocurrido el 27/4/2003, sufrió politraumatismos, traumatismo de cráneo con herida en cuero cabelludo, traumatismo de miembro inferior derecho con fractura expuesta supracondilea de fémur y excoriaciones múltiples. Dicha lesión es de carácter grave. Estima una incapacidad parcial y permanente de aproximadamente un 20% puesta de manifiesto en la limitación de la flexo-extensión de dicha rodilla que dificulta la marcha.. La incapacidad fue total y transitoria para luego convertirse en parcial y permanente (Pericia fs. 303/04; arts. 375, 384, 457 y cc CPC).

Al responder explicaciones, el experto manifiesta que ha quedado con secuelas de la fractura de su miembro inferior derecho que le implican una limitación de la flexoextensión de la rodilla derecha que le dificulta la deambulación (Fs. 520; arts. 457 y 473 CPC).

Por otra parte, los testigos declaran lo siguiente:

Susana Isabel Ritchie, quien dijo ser compañera de trabajo en el Colegio Santísima Trinidad, señala que la actora estuvo ausente del colegio 3 meses y que como tenía que subir y bajar muchas escaleras ella le subía y bajaba a los chicos a los recreos, al comedor, etc.; que renguea un poco y camina despacio, que no se puede sentar en la alfombra con las piernas cruzadas y no se puede arrodillar (fs. 259/60 y fs497/98; arts. 375, 384, 424 y cc CPC).

María Eleonora Correa Ocampo relata que la Sra. Toselli faltó al colegio donde trabaja la testigo varios meses, que le costó mucho volver, que está en contacto con chicos y requiere mucho movimiento, requiere estar de pie y tiene que dar clases en un primer piso, debe estar mucho tiempo parada, los chicos con los que trabaja son nenes que requieren mucha atención (fs. 495/96).

A fs. 270 obra informe del Colegio "Santísima Trinidad" en el que consta que Roxana Beatriz Toselli trabaja como maestra de inglés desde marzo de 1992 y a partir de marzo de 2002 pasó a revistar en Planta Funcional como maestra de inglés y que luego de la licencia por motivos de salud -lesiones por accidente- se reincorporó a su actividad con jornada reducida y restricciones en cuanto a su función.

Al no contar en la causa elementos de ponderación que permitan comprobar otras actividades lucrativas o salarios percibidos, el Juez acude a la pauta referencial del salario mínimo vital y móvil estimado por los Organismos Oficiales (doct. arts. 163, 165 y 384 CPC; Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, decr. 388/03 B.O.N. 6/1/2003); es decir aquél vigente a la fecha del accidente.

La apelante arremete contra esta valoración, pidiendo se recomponga la suma adoptada en concepto de salario por ser un hecho público y notorio el incremento anual recibido para paliar la desvalorización monetaria.

Debo decir aquí que son los intereses los que tienden a enjugar el desmedro que el agravamiento de nuestro signo monetario trae aparejado (arg. SCBA Ac. 57380 sent. 9/2/2005).

No obstante lo cual, en función de las pautas conceptuales que han de guiar la cuantificación de este parcial, supra desarrolladas, teniendo en cuenta la prueba analizada, de la que surge enhiesto que la Sra. Toselli sufrirá de por vida una incapacidad que la afectará singularmente en sus tareas laborales, así como en el resto de las actividades sociales y culturales y su vida de relación, máxime teniendo en cuenta su labor como docente de niños, lo que seguramente la obliga a determinada predisposición física que se verá menguada, estimo exigua la suma fijada por el a-quo (ag. SCBA c. 110037 11/3/2003) .

Propongo en consecuencia, en atención a las reglas de la sana crítica y al principio de reparación integral, elevar la condena por este parcial a la suma de $ 45.000 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL), debiendo modificarse la sentencia en este tramo.

Segundo Agravio: tasa de interés.

No corre igual suerte esta parcela del recurso. Pese a que comparto los argumentos dados por la apelante, me veo obligado a seguir el criterio imperante en el Máximo Tribunal de la Provincia, que fuera el abrazado por la sentencia recurrida.

Toda vez que el Alto Tribunal ha venido declarando reiteradamente que a partir del 1/4/91 los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623 CC) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días (conf. Arts. 7 y 10 ley 23928 modif. por ley 25561, art. 622 Cód. Civil; conf. Causas Ac. 57803 "Banco de la Pcia. de Bs.As." sent. del 17/2/98; Ac. 68681 "Mena de Benítez" sent. del 2/10/2002; Ac. 92667 "Mercado" sent. del 14/9/2005; y ots.), doctrina legal que ha sido recientemente ratificada por Ac. 101774 sent. del 21/10/2009, in re "Ponce Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios", se impone abandonar la tesitura adoptada por esta Sala a partir de la causa n° 141.251 caratulada "Vega Dominga c/ Degomar SRL s/ conc. Prev. s/ incidente de pronto pago" (sentencia del 30/9/2008, Reg. 248) y en consecuencia confirmar la sentencia de grado que ordenó calcular los réditos a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Justamente, rescato de un voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, que razones de orden, seguridad, paz y justicia, llevan a los Jueces Inferiores a ajustar sus pronunciamientos a los decisorios emanados del Superior (in re "Furnari c/ Sánchez Loris" S.C.M. Sala I del 26/4/88).

Por lo tanto, no obstante dejar a salvo mi opinión personal con respecto a la tasa activa de interés considero aplicable, a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional -evitando que se abra un alongado carril impugnaticio que habrá de concluir con la revocación de la sentencia en lo que hace a los réditos dispuestos- corresponde acatar la doctrina del Superior Tribunal Provincial.

Consecuentemente, habrá de rechazarse el agravio.

Con la modificación propuesta, voto por la AFIRMATIVA.

EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:

Corresponde: 1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 565 contra la sentencia de fs. 549/62, con costas; 2) Modificar esta última en cuanto ha sido materia de recurso por la actora, elevándose la suma de condena en concepto de "incapacidad sobreviniente" a $ 45.000 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL); 3) Imponer costas al demandado vencido (art. 68 CPC), y 4) Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales (art. 31 dto. Ley 8904/77).

ASÍ LO VOTO.

EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente Acuerdo, SE RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 565 contra la sentencia de fs. 549/62, con costas; 2) Modificar esta última en cuanto ha sido materia de recurso por la actora, elevándose la suma de condena en concepto de "incapacidad sobreviniente" a $ 45.000 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL); 3) Imponer costas al demandado vencido (art. 68 CPC), y 4) Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales (art. 31 dto. Ley 8904/77). NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 CPCC). DEVUÉLVASE.- si-/// ///guen las firmas RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ JOSÉ GUTIÉRREZ - Secretario-