Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-04-11


Autos Nº 22.128 (147993 3° CIVIL), caratulados: "MORALES, Carlos Sebastián C/ Torrent, Jaime Manuel y Otros Ordinario Recurso Directo de Queja" En la ciudad de San Juan, a 11 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, y los señores Vocales, Dres. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS y PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo en estos Autos Nº 22.128 (147993 3° CIVIL), caratulados: "MORALES, CARLOS SEBASTIÁN c/ TORRENT, JAIME MANUEL Y OTROS ORDINARIO RECURSO DIRECTO DE QUEJA", originarios del Tercer Juzgado Civil, sobre el recurso directo por apelación denegada impetrado por el Sr. Carlos Sebastián Morales, por derecho propio, con el patrocinio letrado del abogado José Ruiz Delgado a fs. sub 26/29 de estos actuados.

El Dr. GILBERTO AMERICO RIVEROS dijo:

El recurrente viene en queja pretendiendo se le conceda el recurso de apelación rechazado mediante providencia de fecha 2 de febrero de 2016, obrante en copia a fs. sub 24 de estos autos.

Señala el quejoso las fechas de interposición del recurso de reposición con apelación en subsidio, la del resolutivo que rechaza el recurso de la apelación, y la de su notificación. Asimismo manifiesta que acompaña las copias indispensables para la admisión de este recurso conforme art. 266 y ss del C.P.C.

Formula una reseña de los hechos. Destaca que el Sr. Morales promovió acción de daños y perjuicios sufridos producto de un accidente, que la causa tramita por ante el Tercer Juzgado Civil.

Continúa relatando, que una vez trabada la litis, la actora peticiona la pertinente apertura a prueba, ordenando el a quo la producción de las confesionales y testimoniales en distintos juzgados de paz (Media Agua y Pocito), teniendo en cuenta sólo los distintos domicilios de las partes y los testigos, sin importar la voluntad de aquéllas en tramitar la causa en el juzgado de origen.

Dice que los juzgados de Paz están abarrotados de causas, y por ello las audiencias de prueba tienen una demora aproximada de un año y medio, de ahí que su parte se vea notoriamente perjudicada por el transcurso prolongado del tiempo para resolver la presente causa.

Contra esta resolución, el actor interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio, los que fueron rechazados por el quo en fecha 02.02.2016 por imperio de los arts. 342 y 345 del C.P.C.

Es contra esta resolución que deduce la queja, debido a que a su entender , la prueba debe producirse en el juzgado de origen que tiene conocimiento de viso en la presente causa, y no en juzgados de paz extraños que tramitan causas de distinta naturaleza.

Dice que el aquo hace una interpretación irrazonable de las normas procesales vigentes, contraría la lógica y el sentido común para encaminar el proceso judicial, que implica una violación a los derechos y garantías constitucionales, tornando ilusoria la sentencia por el transcurso del tiempo.

El recurrente puntualiza los fundamentos de la queja. Sostiene en primer lugar que formula la petición de que se revoquen las providencias de fecha 27/10/2015 y 02/02/2016, ordenando la producción de las pruebas en el juzgado de origen competente y consentido por las partes, tratando de agilizar el proceso. Esto no es por capricho sino por las severas lesiones sufridas relatadas en la demanda.

En segundo lugar afirma que su actuar es ajustado a la buena fe y derecho.

En tercer término, por cuanto de no darle lugar al recurso de apelación interpuesto, se afectan los intereses de su parte en forma considerable, ya que no palparía la prueba producida de manera directa, basándose en los arts. 342 y 345 del C.P.C.

Por último señala que el a quo encuentra fundamento en normas extrañas al régimen probatorio basado en el domicilio de cada persona.

En definitiva solicita se revoque la resolución atacada que denegó la reposición y apelación interpuestas y la conceda avocándose al tratamiento de tal recurso declarando la nulidad de los decretos.

Tratamiento del recurso:

Hemos dicho en forma reiterada, que el recurso de queja es el remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente para conocer en segunda instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior, revoque si corresponde , la providencia denegatoria de la apelación.

Es que, "el juicio de admisibilidad definitivo del recurso de apelación corresponde a la cámara, porque de otra manera quedaría en manos de los jueces inferiores, con un ejercicio discrecional, la posibilidad o no de conceder una apelación", (cfr. Velert Lloveras, "Cód. Proc. Civil, Comercial y Minería, T° 2 A, p. 203).

Corresponde así en forma liminar a este tribunal verificar la observancia de los recaudos formales a tenor de lo dispuesto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.

En este orden de ideas se advierte que el recurrente no ha dado cumplimiento con el inc.2) a. del art. 267 citado, toda vez que en su presentación no consigna la "fecha en que quedó notificado de la resolución recurrida", (providencia que ordena la apertura a prueba y provee la ofrecida), circunstancia que autoriza a este tribunal sin más al rechazo del recurso.

No obstante ello, a fin de no incurrir en excesivo rigor formal, y analizando el tema traído a estudio se advierte que el mismo no puede prosperar.

En efecto, de la lectura de la presentación efectuada ante este tribunal de fecha 12/02/2016 (fs. sub 26/29) puede inferirse sin hesitación que el quejoso no formula una crítica concreta y razonada de la resolución que deniega el recurso de apelación de fecha 02/02/2016 (fs. sub 24), sino que funda su planteo criticando la providencia apelada de fecha 27/10/2015 (fs. sub 19/21) por la que el a quo determina que las audiencias de las pruebas confesional y testimonial de las partes se lleven a cabo en los juzgados de Paz de Pocito y Sarmiento de conformidad a lo dispuesto por el art. 345 del C.P.C.

Si bien es cierto que al interponerse el recurso de hecho, debe relatarse con claridad los antecedentes y causas que le dieron origen, a fin de que el superior aprecie los motivos que fundamentan su petición, no puede desconocerse que aquí la resolución puesta en crisis es la denegatoria de la concesión de apelación y en esa dirección debe apoyarse el planteo.

Resulta de esta forma imprescindible, que el recurrente indique los motivos de hecho y derecho por los cuales considera que la apelación ha sido mal denegada, orientando su planteo contra el proveído que rechaza la apelación, y no procurando fundamentar la apelación de la resolución recurrida.

Así se ha expresado; "Se requiere una fundamentación autónoma a fin de que la cámara pueda imponerse del planteo del caso en lo sustancial, y especialmente de las razones en que el recurrente sustenta su petición en el sentido de que se declare mal denegado el recurso cuyo rechazo lo motivó" (CJSN; Fallos 289 66); "La queja ha de dirigirse contra el auto o providencia que denegó el recurso de apelación; ese es el pronunciamiento sujeto a revisión del recurso directo y no otro" (Julio Chiappini, El recurso de queja, pág. 262).

Sin perjuicio de la solución arribada, a mayor abundamiento cuadra resaltar que la denegatoria de la apelación interpuesta en subsidio resulta ajustada a derecho y debidamente fundada en la disposición legal de aplicación art. 342 del C.P.C.

Por todo lo expuesto, considero que el recurso debe rechazarse.

El Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, en disidencia, dijo:

Atento los antecedentes de la causa que son bastamente explicados por el voto que me precede, corresponde tener en cuenta que en el estado actual de evolución del Derecho Argentino, no se puede tener una mirada focalizada sobre una determinada norma, sino que a la misma se la debe examinar sistemáticamente en el contexto global de la normativa vigente, como es impuesto por el art. 1 y 2 del Código Civil y Comercial que indican a la jurisdicción el modo de realizar la interpretación del derecho.

Ello viene a colación porque la Constitución Nacional elevó a su rango a los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN), razón por la cual son normas de mayor jerarquía y aplicables no solo sobre los códigos sustanciales sino también sobre los códigos adjetivos, dado que son normas operativas.

En el presente caso, se debe tener en cuenta el art. 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (aprobada por Ley 23.054), donde se indica que toda persona tiene el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

En ese sentido, transferir la producción de prueba a tribunales de Paz sin una debida justificación de que ello contribuirá a la celeridad de la tramitación del proceso, es un hecho que justifica la excepción contenida en el art. 342 del código adjetivo y justifica la queja planteada contra dicha resolución.

En función de ello, voto por la procedencia del recurso de queja.

El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Adhiero, por sus fundamentos, al voto emitido por el Dr. Riveros.

Por ello, y la votación que antecede, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

Rechazar el recurso directo interpuesto a fs. sub 26/29.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° I 2016; F°74/77; FECHA:11 de abril de 2016 DRES.VICTORIA RIVEROS ALFERILLO