Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-05


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los CINCO días del mes de febrero del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Luis Früchtenicht y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "Arza, Manuel Hilario c/ MUNICIPALIDAD de CORCOVADO s/ Ordinario" (Expte. Nº 168/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.- -Practicado el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. FLASS - MOISÁ - FRÜCHTENICHT.-- Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 429/433? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:-- A fs. 49/51 vta.

El Sr. Manuel Hilario Arza demanda a la Municipalidad de Corcovado el cobro de $47.186,36 por haberes adeudados desde diciembre de 1995 hasta la finalización de su mandato como intendente.- A fs. 153 la Municipalidad de Corcovado contesta demanda, efectúa negaciones e invoca doctrina de los propios actos al entender que habiendo el actor, voluntariamente dejado de percibir haberes, resulta contradictorio reclamarlos con posterioridad.-- A fs. 429 se dicta sentencia nº 50/2006 condenando a la demandada al pago de $46.784 con mas intereses moratorios desde la intimación del actor por carta documento.

Contra el mencionado acto jurisdiccional se alzan tanto el actor como la demandada apelando a fs. 437 y 441, respectivamente.- El actor expresa agravios a fs. 447/449.

Se queja que el cómputo de la mora se haga desde la carta documento pues entiende que, tratándose de un supuesto de mora automática, debe correr desde el vencimiento del plazo.

La demandada expresa agravios a fs. 452/458 y ellos consisten fundamentalmente en dos quejas: Primero insiste en la aplicación de la doctrina de los propios actos -que según dice- ha sido rechazada infundadamente.

Sostiene que la omisión del actor a cobrar debe interpretarse como liberalidad a favor del municipio; que siendo el intendente quien conforma la voluntad del órgano ejecutivo, no existía funcionario alguno competente para exigirle la percepción de sus haberes y por último que la sentencia en crisis ocasionará graves dificultades a la Municipalidad de Corcovado pues la obliga a pagar los haberes todos juntos de una sola vez.

En segundo lugar se agravia de que el a quo funde sus conclusiones en la experticia contable, pues entiende que la misma carece de rigor científico; que de ella no surge ni el crédito ni la deuda; que es tendenciosa y poco ética; que no sirve como prueba de que el actor no percibió los sueldos (sic) y por último que resulta contradictoria con la experticia realizada por el mismo perito en la causa "T, H D s/ denuncia.

Municipalidad de Corcovado s/ Damnificada" (Expte. 4041-2002) manifestando que no pudo impugnarla por que esta última es de fecha posterior.

Resumido en lo pertinente los antecedentes de la causa corresponde me avoque al análisis del agravio del actor.- La mora se configura con: El retardo, es decir un transcurso de tiempo posterior al momento en que la obligación se ha tornado exigible; la imputabilidad o atribución del retardo al deudor en grado de culpa (latu sensu) y por último la interpelación que es el requerimiento conminatorio por el cual el acreedor exige al deudor el cumplimiento.-- Nuestro Código Civil, al igual que otras legislaciones ha establecido un sistema de constitución en mora mixto según la naturaleza del plazo (art. 509 C.Civ.).

La mora se producirá ex re en las obligaciones a plazo (dies interpellat pro homine) mientras que será ex personam (es decir interpelación mediante) cuando se tratara de obligaciones con plazo tácito.

Ahora bien, cuando no existiera plazo será necesario un acto jurisdiccional previo el cual una vez verificado subsumirá al caso en el primer supuesto.-- Es evidente que, en el caso de marras, estamos ante una obligación de plazo cierto, la experticia de fs. 229/230 indica que los pagos eran mensuales y la común experiencia enseña que los haberes se pagan dentro de los primeros días de cada mes.

En consecuencia no es necesaria la intimación del acreedor para constituir en mora al deudor pues dies interpellat pro homine.

Ahora bien, he mencionado que otros de los requisitos necesarios para la configuración de la mora es la imputación al deudor.

Es esto lo que surge en forma palmaria de la última parte del artículo 509 en cuanto dice que "para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable" y la claridad del texto impide entrar en mayor análisis para no incurrir en obviedades, basta decir que la jurisprudencia se ha expedido en el sentido que: "La mora, de acuerdo a lo sostenido por la doctrina tradicional y establecido de modo expreso en el 509 del Código Civil, debe ser culpable si se pretende achacar responsabilidad y sanciones a quien incurrió en ella (C. Civ. Cap. Fed. Sala F. IX, diciembre 1981, Redondo Manuel y o. C/Caresano, Francisco A. ED 99-764).

"Para que la mora haga incurrir en responsabilidad, es menester que sea imputable a quien se califica de moroso (CCiv. Capital Sala F. Noviembre 24- 1981, "D R de F, M. C c/ M I A. Idem C.Civ. Cap. Sal G. 28 de octubre 1981 conf.

Cit. de Moisset De Espanés, Luis en "La Mora en las Obligaciones" Ed. Zavalía Buenos Aires 2006 pag. 51 ; I dem; P M I. Y o. C/ E S.C.A.. Idem Cam Civ y Com Tucumán, Sala II 17 de Julio de 1981, "N, J P. C/U, M C. conf. Cit. de Moisset De Espanés, Luis en "La Mora en las Obligaciones" Ed. Zavalía Buenos Aires 2006 pág. 51).

En toda relación obligacional encontramos un núcleo fundamental constituido por el derecho a cobrar y el deber de pagar (crédito y deuda) pero no todo se agota allí pues la buena fe impone a ambas partes deberes jurídicos especiales, recíprocos y accesorios que trascienden el crédito y la deuda.

Desde el polo acreedor, encontramos entonces un deber de cooperación que se traduce en la carga de contribuir a la materialización del pago y en no agravar la situación del deudor de forma tal que cuando la frustración oportuna del pago es consecuencia de la trasgresión al deber de cooperación del acreedor, no hay mora del deudor.-- Dicho lo precedente corresponde indagar si la omisión de la demandada, Municipalidad de Corcovado, ha sido culpable.- El actor, cuando era intendente de Corcovado, dejó voluntariamente de percibir sus haberes.

Dado el cargo que detentaba, la municipalidad deudora sólo podía cumplir si el acreedor cooperaba en la materialización del pago, no lo hizo y esa es la causa de frustración.

Adviértase que la municipalidad no podía interpelar a su intendente ni mucho menos recurrir a la consignación pues la Ley 3.098, art. 74, expresamente reza: "Constituyen atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo .... 4) Representar a la corporación Municipal .... ante los Tribunales como demandante y demandado, en defensa de los derechos o acciones que correspondan a la corporación municipal.

Por otro lado, tampoco hacía falta interpelación desde que el propio acreedor había manifestado públicamente su voluntad de no cobrar.

Estamos ante un claro supuesto de frustración en la puntualidad del pago, no imputable al deudor sino al acreedor y que como tal, excluye la mora de este último.

La situación cambia radicalmente con la carta documento que el actor envía a la demandada pues allí deja en claro su voluntad de cobrar y la interpela al pago.

En realidad, los intereses moratorios deberían devengarse desde las cero horas del día 25 de octubre de 1999, es decir desde el vencimiento del plazo contenido en la carta documento nº 29.573.135 (fs. 43) momento en que se actualizan los tres elementos de la mora (conf. MOISSET DE ESPANÉS, Luis "La Mora en las Obligaciones" Ed. Zavalía Buenos Aires 2006, págs. 22 y 23).

El a quo, por el contrario, los computa desde la remisión (7 de octubre de 1999), sin embargo no habiendo sido esta diferencia motivo de agravio expreso por quien tenía interés en ello (la demandada) y en atención al principio de congruencia considero se debe confirmar lo dispuesto en la sentencia de nº 50 10/08/2006 (fs. 429/433).

Corresponde me avoque ahora a los agravios de la demandada..- Entiende la recurrente que abstenerse voluntariamente de cobrar una deuda y exigir el pago con posterioridad implica venire contra factum propium".- La doctrina de los propios actos es un imperativo de la buena fe que nos constriñe a respetar las expectativas creadas por una línea de conducta sostenida con anterioridad.

El acreedor ha omitido cobrar su deuda después del vencimiento ¿Qué expectativas creó con dicha actitud?, según la demandada hizo presumir renuncia pero ello colisiona con el valladar infranqueable del art. 874 C.Civ. según el cual: "La intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva".-- Existiendo normas expresas que nos indican el modo de interpretar la conducta del acreedor no necesitamos recurrir a la doctrina de los actos propios, es mas, hacerlo resultaría completamente inconveniente pues como dijeron BIANCHI e IRIBARNE "Debe descartarse el venire contra factum toda vez que nos hallamos frente a alguna figura específica.

Es de buena técnica no usar jamás una regla general cuando el mismo resultado puede obtenerse con la aplicación de otra regla mas específica (BIANCHI Enrique e IRIBARNE, Héctor "El Principio General de Buena Fe y la Doctrina del Venire Contra Factum Propium" ED 106-860) .

Agrega PEYRANO que "Se asigna así a la doctrina de los propios actos un carácter residual que determina que no pueda ser invocada cuando la ley fija una solución expresa para el comportamiento contradictorio, ora impidiéndolo, ora permitiéndolo" (PEYRANO, Jorge W. Dir. Y ACOSTA, Daniel Fernando Coord. "Valoración Judicial de la Conducta Procesal" Rubinzal Culzoni Santa Fe 2005, pág. 233.-Aún aceptando la aplicación de la doctrina de los propios actos al caso de marras, la conducta del Sr. Arza podría inducirnos a pensar que ha renunciado a la puntualidad en el pago mas no así a la integridad e identidad del mismo.

Santo Tomás de Aquino aconsejaba someter los argumentos a lo que él llamaba "Crítica por el Absurdo" que consistía en llevar una proposición a sus máximos extremos de forma tal que si en ese estadio resultaba absurda era necesariamente falsa.

Si aplicamos igual método al argumento según el cual la inactividad del acreedor -transcurrido el vencimiento- se interpretará como renuncia al pago, encontraríamos que todas las obligaciones, una vez vencidas no resultarían ejecutables pues el acreedor habría renunciado al pago y sería un venire contra factum propium pretender su percepción posterior, bastaría al deudor esperar la fecha de vencimiento, omitir arteramente el pago y quedar automáticamente liberado; se destruiría así el vínculo jurídico de constricción y con él el concepto de obligación, lo cual en si mismo es absurdo y por lo tanto el argumento deviene errado.- El Sr. Arza ha aceptado tácitamente que su deudor, la Municipalidad de Corcovado, no le pague sus haberes en la oportunidad debida, renunciando con ello al principio de puntualidad, mas nada nos hace deducir que hubiera renunciado a la integridad ni a la identidad del objeto debido.- Queda por último tratar el segundo agravio de la demandada, es decir el referido a la experticia contable que según el recurrente no debe ser tenida en cuenta.- El recurrente atribuye al informe pericial, falta de técnica, superficialidad, contradicciones etc., sin embargo sus apreciaciones devienen inoportunas pues podría haber propuesto consultores técnicos de parte, pedir aclaraciones e incluso impugnar la experticia, mas todo ello en su oportunidad y no como planteamiento en la alzada.-- Dice la recurrente que el mismo perito, en otra experticia realizada en el expediente penal y con la misma base documental, llegó a conclusiones distintas; alega que esa circunstancia posterior le impidió impugnar oportunamente la experticia de la presente causa.

En primer lugar no encuentro ninguna contradicción entre la experticia contable de fs. 229/230 y la de fs. 169/170 de la causa "T H D s/denuncia.

Municipalidad de Corcovado s/Damnificada" (Expte. 4041-2002) pues no sólo llega a iguales conclusiones sino que resultan idénticas.

Por otro lado, aún cuando existiera la contradicción invocada por la recurrente ello no es motivo para una impugnación tardía pues tenía todas las oportunidades para impugnar la experticia posterior -y supuestamente contradictoria- en el momento de haber sido agregada a la causa y no lo hizo.- Por último y sin perjuicio de lo dicho comete un grave error la recurrente cuando pretende invalidar la experticia debido a que de ella no surge el "no pago de la deuda" pues es el deudor el que, al menos en esta causa, tiene la carga de probar el pago y no el acreedor quien deba demostrar el no pago, siendo esta una cuestión que no resiste mayor análisis, adelantando mi voto por el rechazo del agravio.-- Por lo expuesto, a la primera cuestión respondo por la afirmativa.- A idéntica cuestión el Dr. Moisá dijo:-- Por la Sentencia N° 50 de fecha 10 de agosto de 2006 (fs. 429/433), en lo sustancial, el Sr. Juez de primera instancia resuelve hacer lugar a la demanda ordinaria por cobro de pesos promovida por el Sr. Manuel Hilario Arza contra la Municipalidad de Corcovado, con más intereses y costas.

Contra tal decisión, se alzan en apelación tanto la parte actora (fs. 437) como la demandada (fs. 441), expresando agravios a fs. 447/449 y 452/458 respectivamente. A fs. 461/463, solamente la primera contesta los agravios de la segunda.

2. En lo concreto y conducente, la parte actora se agravia con respecto a la fecha desde la cual deben liquidarse los intereses, entendiendo que, por aplicación del primer párrafo del art. 509, la mora se produjo automáticamente con el vencimiento mensual de los sueldos adeudados, y no como lo establece la sentencia, esto es el 7 de octubre de 1999, según intimación por carta documento de fs. 43.- 3. Por su lado, luego de objetar la vía procesal elegida por el actor, la demandada concretamente se agravia:

a) Por cuanto estima que la no percepción de sus haberes por parte de quien, como Intendente, tenía plena facultad para ejercer su derecho, sólo se atribuye a un acto voluntario de resignar o renunciar a dicho derecho subjetivo.

Con mayor precisión, entiende: que la decisión de no percibir sus haberes consistió en un acto voluntario, con un interés dirigido a provocar un beneficio; que debe considerarse la conducta asumida como un acto de renuncia o liberalidad a favor de la comuna; y que resulta de aplicación, para la justa resolución del presente juicio, la regla "[non concedit] venire contra factum proprium".- b) En segundo lugar, de la valoración que el Sr. Juez de grado inferior efectúa de la prueba producida, en particular, de la pericial contable obrante a fs. 229/231.

4. Reseñados los agravios de los apelantes, corresponde que me aboque a la consideración de cada uno de ellos a fin de dar fundamento a mi voto.

Por obvias razones metodológicas, ya que la atención del agravio del actor se encuentra subordinada a la suerte de los agravios de la parte demandada, me ocuparé primero de estos últimos.

a) De la vía procesal.

No obstante estimar que la naturaleza de la pretensión indudablemente es contenciosoadministrativa, por los efectos propios de la cosa juzgada, la SIC N° 102 CANO dictada en autos -con distinta composición- con fecha 21 de agosto de 2001 me impide revisar la vía procesal elegida y tramitada.

b) De la pretendida renuncia a un derecho.

El intendente municipal es el titular del órgano ejecutivo de una municipalidad, y como tal, un funcionario público electivo, vinculado con la administración mediante una relación contractual de carácter público.

Ello así, su sueldo es la contraprestación a la que tiene derecho como consecuencia de los servicios que presta.- Ahora bien, sentado lo precedente, no existe obstáculo alguno que impida a un intendente renunciar a su sueldo (art. 872, Cód. Civ.); sin embargo, la intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (art. 874, Cód. Civ.).-- En consecuencia, yendo al caso concreto, tengo para mí que la falta temporal de cobro -por sí misma, pues no se ha opuesto prescripción- no hace perder al Sr. Manuel Hilario Arza, ex Intendente de la Municipalidad de Corcovado, su derecho al pago de las remuneraciones adeudadas.-- Además, cabe destacar que, si bien la renuncia no se encuentra sujeta a ninguna formalidad exterior (art. 873, Cód. Civ.) -admitiéndose aun la renuncia tácita (v. gr., art. 877)-, la misma debe ser inequívoca conforme a lo precedentemente expuesto (art. 874).

Y, obviamente, de la falta de ejercicio temporal de un derecho no puede inferirse su renuncia -en la prescripción, la ley por razones de seguridad jurídica infiere desinterés en el acreedor y, por lo tanto, libera al deudor, pero se trata de una situación distinta a la sub iudice-.-- A fortiori, siendo en principio un acto jurídico bilateral, la renuncia para quedar perfeccionada requiere la aceptación del beneficiario, y hasta ese momento puede ser retractada (art. 875, Cód. Civ.).

Ergo, incluso en la hipótesis de que se admitiese una renuncia tácita, al no haber sido aceptada, la misma fue retractada por el actor mediante carta documento (CD 29.573.135 7 AR) de fecha 7 de octubre de 1999 (fs. 43), a través de la cual manifiesta su voluntad inequívoca de cobro de las remuneraciones adeudadas (para todo lo relativo a la renuncia como modo de extinción de las obligaciones, véase MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Curso de obligaciones, t. III, p. 147 y ss., Zavalía, Bs. As., 2004).- Por lo demás, descartada en virtud de los argumentos que anteceden una contradicción de conductas en el Sr. Arza, queda excluida en la causa la aplicación de la "doctrina de los actos propios", entendida como la imposibilidad de una persona, con fundamento en el principio de buena fe, de asumir o invocar, en contradicción con sus propios actos, una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfr. CNCom, Sala E, 04/09/1997, Smaldone, Fernando A., quiebra, LA LEY 1998-B, 713; SIC N° 50/05 CANO, entre otros).-- En suma, el agravio de la demandada no puede prosperar.-- c) De la pericia contable.

Tampoco resultan atendibles las objeciones de la accionada a la pericia contable efectuada en autos (fs. 229/231 vta.), pues para descalificarla, no habiendo sido impugnada oportunamente (art. 473, CPCC), no bastan simples apreciaciones genéricas o pareceres subjetivos de la recurrente, sin precisar concretamente en qué consisten el "escaso rigor científico" que le atribuye o las contradicciones con la pericia llevada a cabo en sede penal.-- Por otro lado, no debe olvidarse que el pago no se presume y que la carga de demostrarlo pesa sobre el deudor, constituyendo el recibo su prueba por excelencia (cfr. LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. II-B, p. 322 y ss., n° 1612 y ss., Perrot, Bs. As., 1993).- d) De la mora y los intereses.

Entrando a considerar el único agravio de la parte actora, corresponde recordar que, así como el deudor tiene el deber de pagar -cumplir exactamente la obligación-, el acreedor tiene el deber de recibir el pago, lo cual implica prestar su colaboración para que el mismo pueda hacerse efectivo y el deudor pueda de este modo obtener su liberación (art. 505, segunda parte, Cód. Civ.).

Hecha la previa aclaración que antecede, el caso cuya resolución nos ocupa presenta la particularidad que las acciones de pagar y de recibir el pago dependían de la misma persona, el ex Intendente Arza, quien temporalmente había decidido no recibir el pago, según resulta de autos.

En otras palabras, en una misma persona concurrían dos centros de interés distintos: el del acreedor -por derecho propio- y el del deudor -por representación de la Municipalidad de Corcovado-.

En consecuencia, tal circunstancia impedía que la mora del deudor se produzca de un modo automático, pues fallaba el elemento subjetivo de la mora: la culpabilidad (art. 509, in fine, Cód. Civ.).-- Es que, como acertadamente lo hace notar Fernando LÓPEZ DE ZAVALÍA en un erudito voto como Juez de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, si el acreedor no presta su colaboración -en el caso, se trataba de concurrir al domicilio del deudor para el pago- el deudor no estará en mora, pero no porque falte interpelación, pues "interpelado estará por el almanaque, ya que la inexorabilidad de los días que transcurren se marca tanto en el domicilio del deudor como del acreedor y sus hojas caen igualmente en uno y otro lugar, sino porque no estará en culpa" (CSJTuc., 19/03/73, Cristiani de Zelarayán, Olga c. Ocaranza María y otro, LL 152-491, con nota de Ignacio COLOMBRES GARMENDIA; cfr. MOISSET DE ESPANÉS, Luis, La mora en las obligaciones, p. 264 y ss., Zavalía, Bs. As., 2006).- En suma, la negativa del ex Intendente Arza -acreedor- a cobrar sus sueldos excluye la mora automática de la Municipalidad de Corcovado -deudor- por falta de culpa, máxime cuando su representante legal era el mismo acreedor.- Por lo tanto, cesada esta situación, tengo para mí que la referida Municipalidad recién quedó constituida en mora a la cero hora del 25 de octubre de 1999 (art. 24, Cód. Civ.), esto es, después de diez días de recibida (14/10/99) la intimación fehaciente de pago -según resulta del texto de la CD 29.573.135 7 AR (fs. 43) y de su aviso de recibo (fs. 44)-, por la cual el acreedor recién pone en evidencia un cambio de lo que había sido su prescindente postura, manifestando su voluntad de cobro y de prestar la colaboración debida para el pago.

Ergo, el agravio de la parte actora no puede prosperar.-- Finalmente, no habiéndose agraviado la demandada de la fecha de la mora fijada en la sentencia recurrida (07/10/99) y no encontrándose comprometido el orden público, la vigencia del principio tantum devolutum quantum appellatum me impide proponer la modificación del punto por los 18 días de diferencia que hay hasta el 25/10/99, según lo considerado.-- 4. En mérito a los fundamentos precedentes, voto la cuestión por la afirmativa.- A la SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Flass dijo:

Conforme a lo dicho al analizar la primera cuestión voto por: CONFIRMAR la sentencia nº 50 del 10 de agosto de 2006.

IMPONER las costas de esta instancia por la apelación de la demandada, a la vencida Municipalidad de Corcovado y por la apelación del actor, al recurrente Sr. Manuel Arza. (art. 68 CPCC).

REGULAR los honorarios del Dr. H L C en un 7,14% a calcular sobre el monto del proceso, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada a fs. 461/463 y en un 4,16% sobre la diferencia pretendida a través del recurso planteado a fs. 437 y 447/449 en concepto de intereses, con más el IVA pertinente (art. 14 Dec. Ley 2.200), no correspondiendo fijar los emolumentos a la Dra. C A A en su calidad de apoderada de la Municipalidad, atento lo dispuesto por el art. 2 del Arancel.

A la misma cuestión el Dr. Moisá dijo:

Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) confirmar la Sentencia N° 50 de fecha 10 de agosto de 2006 (fs. 429/433); b) siguiendo el principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC), imponer las costas de esta instancia del siguiente modo: por la apelación de la demandada, a la vencida, es decir, a la Municipalidad de Corcovado; y por la apelación del actor, al propio recurrente, esto es, al Sr. Arza; y c) regular honorarios al Dr. H L C en un 7,14% del monto del proceso, con más el IVA pertinente, por la tarea desarrollada a fs. 461/463 y en un 4,16% sobre la diferencia pretendida a través del recurso planteado a fs. 437 y 447/449 en concepto de intereses, con más el IVA pertinente (art. 14 Dec. Ley 2.200), no correspondiendo fijar los emolumentos a la Dra. C A A en su calidad de apoderada de la Municipalidad, atento lo dispuesto por el art. 2 del Arancel..

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:- S E N T EN C I A -- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:-- 1º) CONFIRMAR la sentencia N° 50 de fecha 10 de agosto de 2006 (fs. 429/433).-- 2º) IMPONER las costas de esta instancia, siguiendo el principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC), del siguiente modo: por la apelación de la demandada, a la vencida, es decir, a la Municipalidad de Corcovado; y por la apelación del actor, al propio recurrente, esto es, al Sr. Arza.- 3°) REGULAR los honorarios del Dr. H L C en un 7,14% del monto del proceso, con más el IVA pertinente, por la tarea desarrollada a fs. 461/463 y en un 4,16% sobre la diferencia pretendida a través del recurso planteado a fs. 437 y 447/449 en concepto de intereses, con más el IVA pertinente (art. 14 Dec. Ley 2.200), no correspondiendo fijar los emolumentos a la Dra. C A A en su calidad de apoderada de la Municipalidad, atento lo dispuesto por el art. 2 del Arancel..- 4) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Jorge Luis Früchtenicht de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, última parte, del C.P.C. y C., texto según Ley 4.550.

GÜNTHER E. FLASSBENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 4 DEL AÑO 2007. CONSTE.

Norma Marrero.

Secretaria