marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación insuficiente, prueba, declaración indagatoria, requerimiento de elevación a juicio, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Monsalves, Diego Matías y otros c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

De las constancias del legajo se desprende que, tanto en sus declaraciones indagatorias como en el requerimiento de elevación a juicio, se les reprochó a los imputados, la misma plataforma fáctica. En dichas condiciones, más allá de la modificación de la calificación legal adoptada por el tribunal sentenciante a la hora de condenarlos, el sustrato fáctico oportunamente atribuido a los imputados ha sido respetado.Así, dicho cambio en el encuadre legal de la conducta de los imputados o en su grado de participación en el ilícito, es susceptible de ser incluido en la hipótesis del artículo 401 del C.P.P.N.Para tener por debidamente acreditados los hechos que se le atribuyen a los imputados, los magistrados de la instancia anterior tuvieron en cuenta distintas probanzas y la conclusión a la que arribó el tribunal de juicio en cuanto a la acreditación del cuadro fáctico descripto a partir del análisis razonado de la prueba colectada en autos -contrariamente a lo sostenido por las defensas- luce ajustada a derecho y a las particulares circunstancias de la causa. En efecto, los agravios de las impugnantes resultan demostrativos de la existencia de una fundamentación que, si bien intenta rebatir, no logran acreditar la arbitrariedad invocada. Nos encontramos, en consecuencia, ante la presencia de un acto jurisdiccional que no merece la descalificación pretendida por la recurrente; por el contrario constituye un acto procesal válido que se ajusta a las particulares constancias agregadas a la causa. De lo hasta aquí expuesto cabe concluir que, contrariamente a cuanto alegan las defensas, la sentencia traída en revisión cuenta con suficiente fundamentación pues la reconstrucción histórica de los hechos constituye una conclusión que deriva de un análisis profundo y crítico de la totalidad del material probatorio.Borinsky-Gemignani-Hornos
Inamovilidad de los jueces, declaración en comisión
Materia: CIVIL
Carátula: PIAZZA DE MONTOTO, ROSA MARGARITA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (PODER EJECUTIVO) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-28

No puede tolerarse el renacimiento de un privilegio o inmunidad que antes ha fenecido, so pretexto de que, tal fenecimiento aconteció por efecto de un remedio constitucional como es la Intervención Federal y no por un colapso constitucional como los gobiernos de facto.-
Recursos, recurso de apelación (procesal), costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORETA ELIO c/ SILVANI NELLY s/ Incidente Conversión Divorcio Vincular (LIBRO: S067 - 208)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-05

Es apelable la resolución sobre costas que establece el decisorio que hace lugar a la conversión en divorcio vincular de la separación personal que habían obtenido los cónyuges.
Compraventa inmobiliaria, mora del vendedor, resolución del contrato, pacto comisorio, pacto comisorio tácito, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: FORMIGA, NELIDA E. c/ PISONI, CARLOS A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Cuando media mora del vendedor procede la resolución de la compraventa inmobiliaria de conformidad con el pacto comisorio implícito en todos los contratos y de acuerdo con lo prescripto en el art. 1204 del Código Civil.

Cuando se decreta la resolución de la compraventa, el resarcimiento está representado por los daños y perjuicios que no habría sufrido el acreedor de no haberse generado la obligación y apuntando hacia el pasado.

La consecuencia directa de la resolución de la compraventa es la devolución del precio pagado y el resarcimiento de los otros perjuicios que pudieran derivarse para la compradora tal como el resultante de la diferencia entre lo desembolsado a valores actuales y lo que debería ahora desembolsarse para adquirir otra unidad de las mismas características.

Sin necesidad de probar otra cosa que la existencia de la compraventa y el monto reclamado, los principios generales (arts. 508, 511, 519 y 520 del Código Civil) consagran la posibilidad de resarcirse cuando el vendedor no ha cumplido su obligación de entregar la cosa.

Hay supuestos en que la resolución de la compraventa inmobiliaria procede aunque la mora no se hubiera operado, lo que así ocurre cuando las circunstancias demuestran igualmente que se está en presencia de un incumplimiento definitivo, o cuando es evidente que la obligación no se cumplió, o se produce la imposibilidad temporaria de la entrega de la cosa.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bonetti, Fabián c/ Fiscalía de Estado s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

Las condiciones de aplicación previstas por el artículo 19 de la ley 24.624 para considerar inembargables fondos o valores pertenecientes a los entes allí mencionados, consisten en que dichos fondos o valores se encuentran afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, o sean utilizados para entender las erogaciones previstas en el presupuesto general de la Nación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, reconocimiento de firma, título incompleto, demanda, traslado, notificación por cédula, demandado, obras sociales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIMBIOSIS S.A. c/ OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-03

Para la preparación de la vía ejecutiva, cuando se trata del reconocimiento de documentos privados, el deudor debe ser citado para que efectúe el reconocimiento de la firma que se le atribuye. Dicha citación, según el art. 526 del Código Procesal, debe hacerse en la forma prescripta para la notificación del traslado de la demanda, es decir, por medio de cédula o mediante oficio exhorto, al cual debe agregarse, ineludiblemente, el documento original visto. El objeto de ese procedimiento preparatorio es completar el título, cuando falta el presupuesto de la autenticidad de la firma y se hallan cumplidos los restantes, por tanto, esta etapa preparatoria no tiene otro alcance jurídico o procesal que la de constituir una tramitación previa, sin que obste a ello que la demandada sea una obra social.
Constitución Nacional, exenciones impositivas, establecimiento de utilidad nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, Provincia del. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Ningún precepto constitucional acuerda, a quienes realicen actividades de interés nacional, una inmunidad fiscal oponible al gobierno central.
Locación, alquileres, pago, lugar de pago, domicilio del deudor, obligaciones del locador, deber de colaboración, reclamo en el domicilio del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: ALBOTTI DE BEARZOTTI, MARIA c/ VILCHE DE AZA, ANA M s/ CONTRATO DE LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-16

Correlacionando los arts. 747 y 509 del C. Civil, si el lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio del deudor su incumplimiento no lo constituye en mora si el acreedor no presta su colaboración para facilitar el pago concurriendo a dicho domicilio
Derecho procesal, gastos del proceso, fallo plenario, inconstitucionalidad, autonomía provincial, costas, acción de responsabilidad, ley nacional, aplicación de la ley, modificación de la ley, ley arancelaria, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Yañez, Sergio Alberto c/ Prevención Art S.A . s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-05

1.- Las disposiciones de la Ley N° 24432 no han sido receptadas por el legislador provincial al modificar el artículo 4º de la Ley N° 1594, mediante la Ley N° 2933. Ello, en tanto la reforma introducida, al disponer que en el ámbito local rigen los límites y formalidades establecidos en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, refiere únicamente a la posibilidad de los profesionales de celebrar pactos de cuota litis en asuntos laborales. En definitiva, postulo mantener y ratificar el criterio interpretativo asumido unánime e inveteradamente por este Tribunal Superior de Justicia en punto a que la limitación dispuesta en la norma nacional (Ley N° 24432) avanza sobre materia de competencia exclusiva de la legislatura local, violentando de ese modo los artículos 5, 75, inciso 12°, y 121 de la Carta Magna Argentina. Consecuentemente, la descalificación constitucional de la Ley N° 24432, debe ser confirmada.

Este es el modo en el que, por otra parte, entiendo corresponde unificar la jurisprudencia en torno a la cuestión debatida. (del voto del Dr. Moya).
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barros, Raúl Arturo y Osvaldo Simoni en autos:Banco del Chaco c/ Maza, César Rolando y Colman, Francisco Luis s/ Juicio Ejecutivo Expte.127/83 C/Banco del Chaco S/Ejecución de  Honorarios. Barros, Raúl Arturo y Osvaldo Simoni en autos:Banco del Chaco c/ Maza, César Rolando y Colman, Francisco Luis s/ Juicio Ejecutivo Expte.127/83 C/Banco del Chaco S/Ejecución de  Honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-04-21|1992-04-21

El art. 157 del Código Procesal Civil y Comercial, en su última parte, impone a los Jueces la interrupción o suspensión de los plazos procesales cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente (en autos:la expresión de agravios). Se trata de una situación excepcional respecto del principio de perentoriedad de los plazos (art.155 del CPCC), que por tanto debe ser objeto de una interpretación estricta. La imposibilidad debe ser manifiesta y la causal invocada debe adquirir la aptitud suficiente como para poner en peligro el ejercicio del derecho de defensa.
Obligación de seguridad, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Oyarzo Paillán, José Enrique c/ Western Atlas Argentina S.A.M.P.I.C. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-28

La acción civil puede fundarse en el art. 75 L.C.T. junto con las normas pertinentes del código civil.
Prueba confesional, cuerpo del delito
Materia: PENAL
Carátula: ROCHA, Roberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

Considero viable acreditar por confesión la materialidad ilícita, lo que como única valla para su validez debe concordar con otras circunstancias de la causa.-
Fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AMATO, ALICIA SUSANA c/ TOGNINELLI, ANTONIO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION -DEMANDA DE FILIACION E INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 187 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

La "motivación suficiente" exigida por la Ley Suprema, no impone un cartabón de "quantum" sino de "calidad" de las argumentaciones que le sirven de sustento". Es decir, "no existe una "medida" en la fundamentación de una sentencia judicial, sino que bastará con que la misma contenga "fundamentos mínimos suficientes", "fundamentos bastantes", "debida fundamentación" o "sustento necesario" como condición de su validez. La parquedad de un pronunciamiento no importa falta de fundamentación, no debiendo confundirse fundamentación "breve" o "sucinta" con una "raquítica" o "insuficiente", reñida con el debido proceso".
Pago, recibo, prueba documental, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Schneider, Griselda c/ Silva Jorge y/u otros. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-10

La validez de los recibos sólo podría desacreditarse mediante testimonial, si ésta resultara de una precisión circunstanciada y claramente motivada, a punto tal de llevar al juzgador a un grado de convicción sin duda alguna, si ello no ocurre y además la trabajadora los conformó sin cuestionamiento alguno, la decisión del a quo asignándole validez al pago que ellos documentan, ha sido adecuada y debe ser mantenida.
Sociedad conyugal, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de Catamarca c/ Rossi, Jorge Ricardo y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-20

El artículo 5 de la ley 11.357, sienta el principio de la irresponsabilidad de uno de los cónyuges respecto de las obligaciones contraídas por el otro con terceros, resultando la responsabilidad por deudas propia de quien las contrajo y afecta su patrimonio con total prescindencia de que los bienes que lo integran tengan calidad de propios o gananciales.

Este principio, contiene una excepción prevista por el art. 6 de la citada ley; en él se responsabiliza al cónyuge que no contrajo la obligación cuando lo ha sido para atender las necesidades del hogar, la educación de los hijos o la conservación de los bienes comunes.

Ahora bien, nada impide que ambos cónyuges se obliguen, aún solidariamente, en este caso los dos resultan obligados respecto de terceros, siempre que dicha solidaridad esté estipulada expresamente.
Locación de obra, pago parcial, pago anticipado, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: MORAL, RICARDO C c/ COTAX COOP. DE PROV. CONS. VIV. Y CREDITO PARA PROP. DE AUT. DE ALQUILER Y AFINES LTDA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

Aun no habiéndose pactado en un contrato de locación de obra los "pagos anticipados" del precio, puede decirse que el consentimiento contractual ha existido sobre tal modo de pagar el precio, cuando esa intención de los contratantes puede acreditarse por circunstancia concomitantes con el contrato de locación de obra y aun posteriores a él.
Régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino, Ley de Entidades Financieras, ley vigente, defensa en juicio
Materia: BANCARIO
Carátula: De Martino, Antonio Conrado c/ B.C.R.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El decreto 2076/93 - publicado en el Boletín Oficial del 13 de octubre de 1993 - si bien establece puntualmente el cumplimiento de determinados requisitos a fin de acreditar la plena certeza y genuinidad de cada uno de los depósitos de que se trate, resulta claramente inaplicable - para no agravar la garantía de la defensa en juicio - al caso en el que no sólo la traba de la litis, sino también la prueba y el dictado de sentencia por parte del juez de primera instancia y la cámara, se produjeron con sujeción al respectivo ordenamiento legal vigente hasta el dictado del decreto en cuestión (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Prescripción, cómputo del plazo, pago con subrogación, obligaciones periódicas
Materia: CIVIL
Carátula: Anuarve Rodríguez, Ricardo Vicente Antonio c/ Gusso, Benito s/sucesión s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-29

Si cada pago de obligación periódica es efectuado subrogándose en los derechos del acreedor desinteresado, quien lo realiza tiene acción abierta desde cada uno de ellos para ejercer las acciones de los acreedores a quienes vino de esta manera a sustituir.
Astreintes, régimen de consolidación de deudas, ejecución de sentencias contra el Estado, facultades del acreedor
Materia: ECONOMIA
Carátula: YVAÑEZ, José Pedro y otro c/ E.N. -M° de Educ. y Justicia- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

La obligación de pagar astreintes no se encuentra consolidada y rige a su respecto el art. 22 de la ley 23.982 en cuanto dispone que "el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del pedido de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, jueces, facultades del juez, calificación jurídica, abogados, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., C. H. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Recurso de  Apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados de Rosario (Expte. CSJ Nro.  273-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Si el aspecto fáctico de la imputación formalizada al abogado recurrente quedó perfectamente explicitado, el alcance o gravedad que el juzgador le acuerda al hecho examinado integra el juicio valorativo y en modo alguno puede argumentarse que una apreciación diferente que pueda tener uno y otro magistrado respecto de él, supone una vulneración del principio de congruencia o violación de la defensa en juicio. Queda entonces disipado el reproche esgrimido en torno a una supuesta violación de dichos principios, patentizada -a juicio del recurrente- por el salto de la imputación de conductas comisivas dolosas a una negligencia omisiva de contenido fáctico indeterminado, por lo que a la sazón, había sido sancionado por un hecho distinto de aquél por el cual - según dice- se lo habría perseguido. Al respecto, es dable señalar que no se excede la atribución judicial de declarar el derecho que rige el caso sino cuando se juzga respecto de hechos diferentes de los debatidos en la causa y frente a las constancias de la causa, la arbitrariedad acusada por el recurrente no encuentra un mínimo de asidero que permita concluir que el Tribunal hubiese excedido el acotamiento fáctico al confirmar la decisión del Tribunal de Ética que, si bien en un primer momento había considerado que la inconducta imputada al letrado, era de una naturaleza grave que afectaba el decoro de la profesión, constitutiva de una violación a la ética profesional (art. 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), tras el examen de la prueba aportada, modifica la calificación original circunscribiendo su reproche al haber permitido que se realizara, una entrevista de prensa en su estudio.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Inconstitucionalidad art. 38, ley 10149 y arts. 59 a 81, decreto  6409/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Si las normas confieren a las partes la posibilidad de rehusar la solución del conflicto por el órgano administrativo -como ocurre en el régimen de la ley 10149 y del decreto 6409/84 en materia de infortunios laborales-, no se configura un supuesto de exclusión compulsiva de la intervención del órgano judicial para conocer y resolver in totum el diferendo y, por ello, la garantía de la defensa en juicio se mantiene incólume, desde que no se substrae a los individuos de sus jueces naturales.
Jurisdicción, competencia federal, pagaré
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Villanueva y Galignana s/ competencia de jurisdicción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-08-17

Siendo el propietario primitivo de un pagaré endosado, vecino de una provincia, y la contra parte, en el juicio con los endosatarios sobre mejor derecho a su valor, vecino de la otra, la justicia federal es competente para conocer de la causa, según el artículo 100 de la Constitución Nacional.
Empleados públicos, Poder Legislativo, instrucción del sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-21

La Resolución 142/03 H.L. Anexo I, que sanciona el Régimen de Estabilidad, Derechos y Obligaciones para el Personal del Poder Legislativo, al que supletoriamente se aplica el Decreto Ley 1987 (I-74 en el Digesto) (art. 35), prevé en su artículo 10 una escala gradual de sanciones administrativas correctivas y las expulsivas de Cesantía y Exoneración.

Establece que las mismas "...se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiera incurrir el agente..." y fija en el artículo 12 seis causales que motivan la cesantía de un dependiente, de las cuales -por resultar aplicables al caso- transcribo el inciso 5) "...Incumplimiento reiterado de las obligaciones del artículo 5 o cuando la gravedad de la conducta asumida por el agente en violación de alguno de sus incisos impide la prosecución de la relación laboral".

Dispone luego, que las sanciones de suspensión mayor, cesantía y exoneración, "...sólo podrán ser impuestas previo sumario, donde se le otorgue al sumariado el más amplio derecho de defensa..." (art. 15).

Y en relación a ese procedimiento instituye "...podrán iniciarse por denuncia hecha por escrito, fundada y firmada o de oficio por el superior jerárquico..." (art. 16), concluido el mismo, prevé vista para defensa y prueba y alegatos, con remisión al Secretario.- El art. 19 expresa "Con dictamen del Secretario será elevado a la Presidencia de la Honorable Legislatura quien dictará Resolución fundada en el plazo de.." y el artículo 20 regla "...para la sustanciación de los sumarios administrativos se aplicará la norma que rige con carácter general para la Administración Pública Provincial -Ley de Procedimiento Sumarial-, hasta tanto se dicte Resolución estableciendo un procedimiento propio para el Poder Legislativo." - No estipula esta Resolución, qué órgano específico está atribuido para instruir sumarios, como tampoco figura ninguno en la Resolución 143/03 que aprueba las Misiones y funciones de los distintos organismos dependientes de las Secretarías respectivas, salvo en cuanto a "canalizar" las solicitudes para elevarlas a la Secretaría que corresponda.
Recurso extraordinario, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Miedviesky, Pablo Alberto c/ Dycasa Dragados y Construcciones Argentinas Sociedad Anónima Industrial y Comercial s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-11-10

Es procedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, ya que, la Cámara en el análisis de los presupuestos de incumplimiento, denunciados por el actor, omitió expedirse sobre las serias y conducentes cuestiones respecto a la compraventa celebrada entre las partes, y a la contribución de mejoras que la vendedora adeudaba a la Municipalidad de Resistencia. Descalifica el pronunciamiento en los términos de la doctrina de arbitrariedad, ya que no se consideran circunstancias expuestas por la actora que puedan resultar conducentes para decidir el litigio que sustenta en una sola aserción dogmática, pues no cumple con los recaudos de validez exigidos por la Constitución Nacional, al no hallarse debidamente fundado ni ser derivación razonada del derecho vigente.

(Arts.17 y 18 de la Constitución Nacional).
Sociedad anónima, nulidad de asamblea de accionistas, aumento de capital social, impugnación de decisión asamblearia, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABRECHT, PABLO c/ CACIQUE CAMPING (S.A.) s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-01

La prescripción o caducidad de la acción judicial incoada por dos accionistas de una sociedad anónima, tendiente a obtener la declaración de nulidad del aumento de capital decidido en asamblea, escapa, por su naturaleza, al límite temporal de la LS: 251. Por ende, resulta tempestiva la impugnación de la elevación artificiosa del capital, si la misma se deduce dentro de los dos años contados desde que su dolo y su falsa causa fueron conocidos por los afectados, toda vez que ese es el plazo aplicable a tal sustancia conflictiva conforme lo previsto por el cciv 4030. Ello así, si como en el caso- el conflicto no residió en un disenso sobre la actividad del ente, sino en el desapropio de la participación en la sociedad cometido por unos accionistas contra otros.