marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, haber jubilatorio, actualización monetaria, cargo, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SUFFRITI, RAUL ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 200-83 ESPINDOLA, CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 192-83 MONTI, ALBERTO JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 198-83 GALLI DE PODIO, ANA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 197-83 CASSIET, HECTOR ARNALDO GREGORIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 208-83 PIEDRA BUENA DE ROSATTI, RAQUEL RAIMUNDA CELINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 212-83 VASCHETTO JUDITH GIANINETTO VDA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 209-83 TAVERNA, IRMA TERESITA ISABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 199-83 ORLANDO, ALDO PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 196-83 ZAMPATTI, LUIS JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 195-83 TALLARICO, ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 176-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-08|1986-09-03|1986-09-23|1986-10-08|1986-10-08|1986-10-22|1986-10-22|1986-10-22|1986-10-22|1987-06-03|1988-12-28

El haber jubilatorio debe reajustarse reflejando las variaciones de la remuneración de la categoría, aplicándose los coeficientes de actualización que correspondan a esa ubicación escalafonaria. Las diferencias resultantes, serán abonadas actualizadas desde la fecha de otorgamiento del beneficio, mediante la aplicación de los índices de precios minoristas, nivel general, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con más intereses a la tasa del 6% anual sobre valores actualizados.
Proceso judicial, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hormigonera Mar de Ajó S.R.L. c/ Poliszcsuk, Esteban s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

Siendo facultad privativa de los jueces, deviene improcedente la audiencia solicitada para que el conferente de un mandato otorgado en instrumento público dé explicaciones que son propias de la relación entre mandante y mandatario ( arts. 36 inc. 4° Cód. Proc.;

979 inc. 1° Cód. Civ. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mediación, prescripción, cómputo del plazo, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE LA ALIMENTACION c/ WEISZ, Ricardo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

La prescripción se rige por las leyes en vigor al momento en que se cumple -si no se ha consumido el lapso con anterioridad-, por lo que el legislador es dueño de modificar las condiciones en las cuales la prescripción puede generar un derecho adquirido.

La aplicación del decreto 91/98, reglamentario de la ley 24.573 de mediación, a las causas iniciadas con anterioridad a su vigencia, no importa retroactividad, en tanto se trata del denominado efecto inmediato de la ley que rige respecto de un plazo de prescripción en curso, según la regla general del art. 3 del Código Civil.
Revocación de sentencia, indemnización por despido, levantamiento del embargo, honorarios, asignaciones familiares
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Balbate, Carlos Eduardo  c/ Herfeva SRL y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-16

El juez de grado decretó el embargo sobre los fondos que el coaccionado tuviera depositados hasta cubrir la suma por el crédito del actor y honorarios de su representación letrada. Lo cierto es que la medida fue trabada sobre una caja de ahorros en la cual únicamente el codemandado percibe una asignación familiar. El art. 23 de la ley 24.714 establece que "las asignaciones familiares dispuestas en la presente ley son inembargables, no constituyen remuneración ni están sujetas a gravámenes, atento su naturaleza jurídica, tampoco serán tenidas en cuenta para la determinación del sueldo anual complementario, ni para el pago de las indemnizaciones por despido, enfermedad accidente o cualquiera otro efecto. No puede ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno". Por lo tanto las asignaciones familiares corresponden a la categoría de bienes inembargables a los que se refiere el art. 219 inc. 3° del CPCCN. Frente a un supuesto en el que una norma de orden público dispone la inembargabilidad de fondos, no existe disposición alguna que supedite al ofrecimiento de una sustitución el levantamiento de una medida decretada en violación de la prohibición. Corresponde disponer el levantamiento del embargo efectivizado sobre los fondos del codemandado pues provienen del pago por parte de la ANSES de asignaciones familiares. Cabe revocar la resolución apelada.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Pochini, Fernando Angel s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Existe violación del art. 342 del Código de Procedimiento Penal si la Cámara ha excedido las atribuciones que esta norma le confiere -incurriendo en demasía decisoria- al calificar el hecho como agresión (art. 104, último párrafo del C.P.) y condenar al procesado a ese título, sin que el fiscal en su apelación haya alegado que el acometimiento fue perpetrado con un arma -requisito de la figura en cuestión- ni citado dicha disposición de fondo.
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Rozycki, Carlos y otros s/ Malversación de caudales públicos en forma reiterada, eTC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-18

Ninguno de los planteos referidos a la valoración probatoria efectuada por la a quo puede ser atendido en esta instancia extraordinaria tanto el recurrente si bien denuncia "arbitrariedad y absurdo", no demuestra su existencia.
Juicio político, pase a disponibilidad, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Melincué Dr. Carlos Risso s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desafuero de magistrado (Expte. CSJ   Nro. 189-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

La denominación de juicio "político" es consecuencia de que tal proceso no es un juicio "penal"; en él no se persigue castigar, sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. O sea, alejar del ejercicio del poder a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio político termina y agota su objetivo cuando el funcionario se separa o ya no está en el cargo.
Administración de vialidad provincial, convenios colectivos de trabajo
Materia: Administrativo Constitucional
Carátula: Jure, Luis César y otros c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-05

El hecho de que la negociación no halle marco en la ley 14.250, o la que regule laboralmente las convenciones colectivas de trabajo, así como la circunstancia de que mediando ley, el convenio no se constituya en una fuente del derecho autónoma, no son obstáculo para considerar los efectos de la ley, análogos a los de una homologación, pues ello está ínsito en el sentido de la adhesión. Por ello, siguendo este criterio, sólo convenciones o negociaciones colectivas posteriores, aprobadas por ley, podrán válidamente conducir a su modificación, pues lo contrario importaría alterar los arts. 14 bis y 28 de la Constitución Nacional.
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: PEDRERA DE COMERCI, Julia María -Incidente- c/ La Nación s/ Personal Militar y Civil de la FF.AA. y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Las astreintes no causan nunca estado y no son jamás resarcitorias de los daños que la demora en el reconocimiento de sus derechos hubiere producido a sus titulares (confr. esta Sala, "Bordón" del 31/5/94).
AFIP DGI, fondo de estímulo, pago de tributos, compensación tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Criado, Jorge  Eduardo c/ Ministerio  de  Economía s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Sin perjuicio de apreciar la vaguedad que puedan poseer los vocablos "recaudación" y "percepción", y la confusión que puede haber entre ambos en su sentido técnico, el propósito de la norma apunta a que el fondo de estímulo se conforme con el porcentaje de la recaudación establecido por la ley 23.013, tomando como base el monto total de lo efectivamente ingresado a la DGI., con independencia de que el ingreso de dinero se haya realizado en efectivo, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario, o mediante las compensaciones tributarias admitidas por la ley de rito de la materia.
Extradición, Estado requerido
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ARCE GOMEZ, LUIS s/ EXTRADICCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

En materia de extradición, compete al juez requerido analizar si las pruebas agregadas a la solicitud son eficaces, a la luz de la ley argentina, para el procesamiento y detención del imputado.

Empero, carece de facultades para cuestionar legalmente las virtudes o defectos del sistema judicial del país requirente, cosa que sólo incumbe a los poderes encargados de las relaciones internacionales.
Trabajo prohibido, menores
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez Carlos Esteban. c/ Alberto Perpiñal y/o quien resulte responsable. s/ Diferencia de indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-03-16

En el trabajo prohibido (menor de 9 años),la prohibición está siempre dirigida al empleador quién debe afrontar las consecuencias normales de la relación cumplida por el dependiente,desde que en ningún caso se podrán afectar los derechos del trabajador.Ello por cuanto las prohibiciones legales siempre están dirigidas al empleador(art.40 de la Ley de Contrato de Trabajo) pero no perjudican al trabajador ni lo responsabilizan en caso de infracción,pues la ley justamente lo que pretende es su defensa por lo tanto el empleador nunca puede hacer valer la ilegalidad de la contratación para negarse a pagar la remuneración o cuanto por derecho corresponde percibir al trabajador.
Robo con armas, arma propia, arma cargada, secuestro de bienes, arma secuestrada, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ventrice, Héctor G. s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

Para el agravamiento del delito de robo por el empleo de armas, debe tenerse en cuenta la real situación de peligro por la que transitaba la víctima, por lo que si el revólver secuestrado estaba cargado, poco importa para la calificación del hecho la aclaración de la víctima de que luego de exhibírsele el arma se lo amenazó con pegarle un "culatazo", pues no hay dudas que ante cualquier resistencia o cambio de la situación, el uso del arma hubiera tenido trágicas consecuencias, tipificándose el hecho como robo con armas (artículo 166, inciso 2) del C.P. ).
Locación de obra, perfeccionamiento del contrato, factura, acción de impugnación, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASAVECCHIA, GUILLERMO c/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

La expresión "a revisar" inserta en las facturas no autoriza al locatario a postergar "sine die" el pago de las mismas ni a procurar impugnarlas en cualquier momento, pues tal proceder no halla respaldo en disposición legal alguna y resulta contrario al principio de buena fe que debe imperar en los contratos (Código Civil, artículo 1198).
Marcas, registro de marca, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Compañía  Introductora  de  Buenos  Aires  SA c/ Alta Vista SA s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

No es dudoso afirmar que lo decidido en la causa n° 16.086/04 no habrá de proyectarse sobre la dilucidación de estos actuados. En primer lugar, si bien ambas demandas tienen como presupuesto la titularidad de diversos registros marcarios por parte de la actora, su objeto es diferente; por vía del amparo, la accionante procuró impedir - o hacer cesar - las conductas que a su juicio podían obstaculizar la comercialización de determinados productos, pretensión que no se ceñía formalmente a un eventual planteo de oposición al registro de la marca "DOS ANCLAS ALTAVÍA", sino que comprendía cualquier conducta de la demandada lesiva del invocado. En cambio en el sub lite la pretensión es bien concreta: cese de la oposición - ya concretada - a determinados registros marcarios.
Delitos tributarios, funcionarios públicos, prueba, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: López, Cristóbal Manuel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-27

El voto concurrente destacó que la entidad de la maniobra pesquisada, supera con creces lo que podía considerarse un delito tributario, pues no es otra cosa que parte de la estructura delictiva que entre privados y funcionarios públicos se montó en el afán de obtener los recursos del Estado para beneficiarse individualmente, que las millonarias sumas adeudadas que se devengaban mes a mes, los planes pedidos y otorgados en todos los casos por fuera de la ley, aunado todo ello a la inacción de parte del organismo para lograr el pago de lo debido, demuestra, sin duda alguna, que los hechos probados sólo pudieron haber sucedido porque existió una clara colusión entre privados y funcionarios públicos de las más altas esferas que por amiguismo o favores mutuos no dudaron en asociarse ilegítimamente para -haciendo abuso de sus posiciones de poder- quedarse una y otra vez con el dinero correspondiente al erario público, causando un detrimento patrimonial a las arcas del Estado de inconmensurables dimensiones, que la grave imputación que se les ha trasladado a los imputados, las restantes causas que registran y, consecuentemente, la expectativa de cumplimiento efectivo de una eventual condena, sumado el daño causado, el cúmulo de prueba acumulado en su contra, la capacidad económica que ambos presentan -que supone mayores posibilidades para evadirse del accionar de la justicia-, y la transferencia de acciones efectuada -que afectó el patrimonio de la entidad y, por ende, entorpeció el devenir de la investigación-, son todos elementos que se suman al análisis y que resultan por demás suficientes para afirmar en el caso la existencia de los riesgos procesales que justifican la procedencia de la prisión preventiva, motivo por el cual también en este aspecto, el recurso de casación tendrá favorable acogida, asimismo, la suma gravedad y trascendencia de los hechos que, incluso, y con el avance de las actuaciones podrían devenir en un encuadre legal más gravoso, y las severas penas que, de resultar condenados, podrían aplicarse a los encausados, coadyuvan a tener por acreditados los peligros procesales que determinan en el caso la procedencia de la medida cautelar.
Ministerio Público Fiscal, intervención del Ministerio Público
Materia: PROCESAL
Carátula: AYALA PABLO RAUL Y OTROS s/ ROBO AGRAVADO -INCIDENTE PARA TRAMITAR PEDIDO DE CESE DE PRISION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-19

Se debe tener presente que el Ministerio Público es único e indivisible, y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos, procesos e instancias en que actúen (artículo 67 inciso d) Ley 6.238). El principio de unidad significa que resulta indiferente la intervención de uno u otro órgano persona, salvo prohibición específica del ordenamiento jurídico, a diferencia de los jueces, en los que sólo puede intervenir el juez natural.

El principio de indivisibilidad tiene como consecuencia que la intervención del Ministerio Público quede cubierta con la actividad de un solo funcionario. En suma, los principios de unidad e indivisibilidad refieren a la actuación unitaria y no contradictoria de los integrantes del Ministerio Público, y que cada uno de los funcionarios, cuando actúa en una causa, lo representa íntegramente.
Confirmación de sentencia, horas extra, carga de la prueba, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Fierro, Ivana Soledad c/ Santoliquido, Enrique Omar y otros s/ demanda laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-20

Cabe confirmar la sentencia que si bien tuvo por acreditada la relación laboral y la categoría de moza -y no encargada- con jornada completa de la actora, reputando injuriosa la actitud de la parte demandada al registrarla como moza "media jornada", rechazó el pago de las horas extras pretendidas, pues la prueba del horario extraordinario incumbe a quien lo alega no bastando meras presunciones, por lo que no se exhiben irrazonables las consideraciones de la a-quo para desestimar el rubro y mal se puede recurrir al principio in dubio pro operario.
Sentencia arbitraria, cuestión no planteada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaset Mauri, José Fernando y otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-11-04

La arbitrariedad por violación a las reglas de la sana crítica debe ser desestimada toda vez que se funda en materia propia de una excepción procesal -litis- pendencia no planteada en la instancia y por ende ajena a la actividad jurisdiccional de este Superior Tribunal en el recurso de casación.
Sentencia penal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, L A s/ TENTATIVA DE HURTO SIMPLE     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El acusador que se adhiere al recurso defensivo requiriendo la condena -frente a la absolución- o a una pena más grave -frente a una condena que considera benigna- abre la posibilidad del tribunal de alzada de reformar la sentencia en perjuicio del imputado. .
Acta policial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Andrés, Ricardo Alfredo s/ Infracción art. 96 inc. "b" ley 8031 Vergani o Vergagni, César Nereo s/ Infracción art. 96, ley 8031 Almendari, Raúl Horacio s/ Infracción al art. 96 inc. b), ley 8031 Lugo, Juan carlos s/ Infracción ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18|1994-04-19|1991-05-14|1991-05-21

El art. 128 -actual 134, según texto ordenado- del Código de Faltas no invierte la carga probatoria sino que determina los efectos que en ese terreno produce el acta de constatación.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero Negri Gonzalo A. c/ Casañy Pascual Miguel s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18

La doctrina jurídica en general, contrapone a los actos nulos (o anulables), los denominados "actos jurídicos inexistentes"; señalando que mientras la nulidad supone un acto que adolece de deficiencias en alguno de sus elementos esenciales, la inexistencia es un concepto aplicable a determinados hechos que presentan la apariencia de actos jurídicos pero que en realidad no revisten el carácter de tales por carecer de alguno de aquellos elementos. La distinción trae su consecuencia, ya que los actos considerados inexistentes (Arg. art. 1012 y 1047 del Código Civil), deben tener distinta consideración que los afectados por una nulidad procesal, y un escrito judicial que no tiene firma o la firma no corresponde a quién se le atribuye, no tiene vivencia procesal, no existe como tal y no es confirmable.
Tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Soto, Susana c/ Lee, Yae Young s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-07-08

Quien deposita su dinero en un banco se priva a sí mismo voluntariamente de un capital para recibir un beneficio expresado por una tasa pasiva; el acreedor judicial por el contrario no es libre de prestar su dinero, sino que éste ya le fue retenido por su deudor. Condenar al deudor moroso a pagar sólo la tasa pasiva equivaldría a reconocerle la facultad de "expropiar" el uso del capital de su acreedor por el mismo precio que este último hubiese obtenido mediante la privación voluntaria, sin compensarle la pérdida de libertad económica que le impidió durante la mora decidir por sí el destino de su dinero.
Relaciones de familia, responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: ASESORÍA CIVIL DE FAMILIA E INCAPACES (P.) c/ P., J. C. y otra s/ PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-10

Cuando hablamos de patria potestad no nos estamos refiriendo a un poder sobre los hijos sino al cumplimiento de una función, en cabeza de ambos progenitores, instituida en beneficio de los hijos para su formación integral. La misma se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinado primordialmente a satisfacer el interés de los niños y/o adolescentes.
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ortega, Ana Elizabeth y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-13

La denegatoria tácita, se afirma, es la que proviene del retardo de la Administración para resolver la petición o el reclamo, pero necesariamente se instituye por el silencio último y exhaustivo del órgano superior, sea el Poder Ejecutivo o las autoridades de los entes autárquicos. (Fiorini, Bartolomé A. "Que es el Contencioso", pág 231).

De allí entonces que la justicia no pueda resolver un conflicto planteado entre un particular y la Administración mientras se está sustanciando en sede administrativa, pues entender de otro modo esta cuestión nos llevaría al juzgamiento de cuestiones que son privativas del Poder Administrador, y supondría sin duda una injerencia inaceptable en el ejercicio de funciones de aquél.

El control judicial recae siempre sobre una decisión administrativa ya dictada, el control implica fiscalizar una ponderación y una elección ya realizada.(Sesin, Domingo Juan, "Administración Pública Actividad Reglada, Discrecionalidad y Técnica" pág. 223), pues aquel control supone el ejercicio de dichas funciones, de modo que su revisión es a posteriori si ha habido ilegitimidad en su accionar.