Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-27


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Luis Früchtenicht y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "G., E. c/ C. L.. C, de S, P, T, o denominada indistintamente C. de S. T. E. H. s/ Laboral" (Expte. Nº 216/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. MOISÁ FRÜCHTENICHT FLASS.

Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 248/253? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la Sentencia N° 72 de fecha 24 de octubre de 2006 (fs. 248/253), el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar a la demanda laboral entablada por el Sr. E. G. contra C. L. C. de S. T. E. H., con costas.

Contra tal decisión, interponen recurso de apelación la parte demandada (fs. 254) y la parte actora (fs. 255) respectivamente. Concedidos previamente ambos recursos, la demandada expresa agravios a fs. 260/262 vta., en tanto la actora hace lo propio a fs. 264/265, sin que ninguna de las dos partes presente el informe facultativo que autoriza el art. 62 de la Ley N° 69.

2. En lo substancial, la demandada apelante concreta su crítica en seis agravios.

En primer lugar, sostiene que yerra el a quo al considerar que el actor puso en marcha el mecanismo de despido indirecto al remitir la CD .............. AR, de fecha 28 de octubre de 2004.

Asimismo, se agravia en cuanto el sentenciador considera que el actor se colocó legítimamente en situación de despido indirecto el día 03 de noviembre de 2004.

Como tercer agravio, afirma que el despacho telegráfico de fecha 28/10/04 no contiene apercibimiento de considerarse despedido, lo cual impide que se ponga en marcha el mecanismo de despido indirecto, ya que se reclama expresamente el cobro de un crédito y no se pone en cuestión la relación laboral.

También se agravia en razón de que el juez de grado hace lugar al rubro adicional por zona (20%) apoyándose en que el mismo fue percibido por el actor hasta el mes de abril de 2000, y por lo tanto corresponde su continuidad. Igualmente, expresa que agravia a su parte que haga lugar al rubro automotor, pues falla "extra petita", ya que el actor sólo reclama tal adicional respecto de los días sábados.

En su quinto agravio se queja de que la sentencia del a quo, en el rubro diferencias salariales, va más allá de lo expresamente solicitado por el actor en su detallada liquidación: se reclama $5.334,81 y se condena por $8.667,61.

Finalmente, se agravia en cuanto se hace lugar a los rubros: preaviso, indemnización por despido, multa art. 2 de la ley 25.323 y multa art. 16 de la ley 25.561, entendiendo que son consecuencia del yerro del judicante de considerar legítima la pretensión del actor. A continuación, desarrolla sus fundamentos.

3. Por su lado, concretamente, la parte actora se agravia por la falta de condena al pago de intereses moratorios, fundando su reclamo en dos razones: en el deber de fallar ultra petita y en que se trata de una pretensión accesoria ínsita en la principal, destacando la irrenunciabilidad de los derechos laborales.

4. Reseñados en lo conducente los agravios de los recurrentes, corresponde que me ocupe de su consideración y análisis con vistas a motivar mi voto en la cuestión traída a revisión de esta Alzada.

a) Del pretendido despido indirecto. Puesto en tal tarea, ante todo, debo tratar los agravios relativos al distracto laboral, esto es, los que ponen en crisis la existencia de un despido indirecto, pues de ello dependerá el alcance y la suerte de los restantes agravios.

Con razón, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tiene dicho que: "Frente a la falta de pago de salarios debe distinguirse entre la mora y la injuria. Para hacer valer la falta de pago de haberes como justa causa del distracto, se requiere la previa intimación formal del pago, apercibiéndose al empleador de las consecuencias jurídicas que se producirán en caso de mantenerse tal actitud. Se trata de una carga fundada en los principios de buena fe y continuidad, sin cuyo cumplimiento el despido indirecto deviene incausado" (CNAT, Sala I, 18/6/91, DT, 1992A260); a lo que, en sentido concordante, la Sala V del mismo Tribunal agrega: "El trabajador no puede considerarse injuriado sin formular intimación previa tendiente a lograr que empleador subsane y repare los incumplimientos que adujo lesionaban sus derechos, y no puede atribuirse el carácter de intimación previa al despacho mediante el cual se denunció el contrato de trabajo sin contener un mensaje intimatorio, por lo cual el despido dispuesto en tal contexto deviene apresurado y resulta improcedente la pretensión indemnizatoria con base a éste, máxime si tampoco se acreditaron la causales en que se fundó la decisión rescisoria" (CNAT, Sala V, 22/4/97, DT, 1997B2487).

Consecuentemente, compartiendo la doctrina de los precedentes citados, entiendo que el Telegrama Ley N° 23.789 (TCL ......... CD .......... AR), glosado en copia a fs. 22, carece de un requisito indispensable para poner en marcha el mecanismo de despido contrariamente a lo que sostiene el judicante, pues se limita a una mera intimación de pago, sin que contenga el apercibimiento por parte del trabajador, Sr. E. L. G., de considerarse gravemente injuriado (art. 242, LCT) y, en consecuencia, "colocarse en situación de despido o darse por despedido" (cfr. ETALA, Carlos Alberto, Contrato de trabajo, p. 589, Astrea, Bs. As., 1999).

Tanto es así que el propio actor dice: "Todo bajo apercibimiento de reclamar los mismos [rubros cuyo pago se intima] ante los entes que correspondan", lo cual claramente evidencia una intención de cobro y no de darse por despedido. Así se ha resuelto que: "Las frases accionaré judicialmente o bajo apercibimiento de injuria contenidas en un telegrama intimatorio no cumplen el requisito de manifestación de voluntad rescisoria en caso de incumplimiento, exigida como previa para configurar el despido indirecto, pudiendo interpretarse como la voluntad del remitente de iniciar acción judicial por el cobro del crédito reclamado" (CNAT, Sala VIII, 16/9/96, DT, 1996B3025).

Por lo tanto, el despacho telegráfico obrante a fs. 23 (TCL ............ CD .......... AR) por el cual el Sr. G. se da por despedido, deviene a todas luces prematuro y no ajustado a las exigencias de la buena fe (art. 63, LCT).

Por lo demás, cabe destacar que la demora de la empleadora en la respuesta (CD ....... AR de fecha 04/11/04, fs. 24) a la intimación efectuada mediante el TCL ...... (CD .........AR) de fecha 28/10/04, más allá de su escasa significación temporal, en la especie, carece totalmente de trascendencia, pues, al no mediar el pertinente apercibimiento de despido indirecto, el mismo jamás pudo haber tenido lugar.

b) Del cuarto y quinto agravio de la demandada. Si bien la demanda por despido indirecto según lo fundamento en el apartado anterior debe ser rechazada y, por lo tanto, los correspondientes rubros indemnizatorios; no ocurre lo mismo con respecto a los rubros remunerativos diferencias salariales, horas extras y haberes del mes de octubre de 2004, por lo cual resulta pertinente que me pronuncie sobre los agravios cuartos y quinto de la parte demandada.

En ambos casos, en forma no muy clara e invocando una prescripción no opuesta en tiempo y forma, la recurrente concretamente cuestiona la decisión del a quo por entender que ha fallado ultra petita; pero, obviamente, resulta un argumento no atendible, pues, por el art. 71 de la Ley N° 69, en materia laboral los jueces nos encontramos expresamente facultados para sentenciar de esa manera sobre la base de las pruebas producidas: en el caso, pericial contable y testigos.

c) Del agravio de la parte actora. En cuanto al único agravio de la parte actora, el mismo no puede prosperar, pues los intereses moratorios pretendidos no fueron reclamados en la demanda. Es que, así como los jueces, en virtud del principio protectorio laboral, estamos facultados para fallar ultra petita más allá de lo pedido, de ningún modo podemos sentenciar extra petita fuera de lo pedido, puesto que con ello afectaríamos el elemental principio procesal de congruencia.

En el sentido apuntado, bien se ha observado que los intereses "deben de haber sido peticionados y estimados oportunamente, no correspondiendo incluirlos en la liquidación si no fueron concretamente reclamados y estimados en la sentencia" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 215, Astrea, Bs. As., 1999).

5. En mérito a las razones que anteceden, voto la cuestión por la negativa.

A idéntica cuestión, el Dr. Früchtenicht dijo:

1. Que a fs. 248/253, luce agregada la Sentencia registrada bajo el N° 72, de fecha 24 de Octubre de 2996, por la cual el Sr. Juez Dr. Claudio Alejandro Petris dispuso hacer lugar a la demanda laboral entablada por el Sr. E. G. contra C. L. C. de S. P. T. o denominada indistintamente C. D. S. T. E. H., y en su consecuencia, condenó a ésta última a abonar al actor la suma de $32.536,61, en consideración a los rubros que indica en su considerando SEGUNDO; impuso las costas del juicio a la demandada vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota que dimana del artículo 68 del ritual provincial; ordenó entregar al actor el certificado de servicios que dispone el art. 80 de la LCT y reguló los honorarios de letrados y peritos por su actuación en esa instancia.

Contra el acto jurisdiccional individualizado en el párrafo que precede, se alzan en apelación el demandado vencido (v. fs. 254) y la actora (v. fs. 255). Concedidos que les fueron tales recursos (v. fs. 256), expresan agravios a fs. 260/262 y vta y fs. 264/265, respectivamente.

2. Que el demandado apelante, en su libelo de fs. 260/262 y vta., concreta su queja en seis (6) agravios, que podemos sintetizar de la siguiente manera: a) Se agravia pues el a quo "...yerra al considerar que el actor puso en marcha el mecanismo del despido indirecto al remitir la carta documento que cita (v. fs. 260); b) También, porque el a quo consideró que el actor se colocó legítimamente en situación de despido indirecto el día 03/11/04; c) De idéntica manera, pues el a quo reconoce que el despacho telegráfico de fecha 28/10/04 no contiene el apercibimiento de considerarse despedido y aduce que no resulta equitativo exigirle la continuación de la relación laboral, y en su consecuencia, otorga legitimidad al despido indirecto; d) Se agravia pues concede el rubro adicional por zona (20 %), apoyándose en que el mismo fue percibido por el actor hasta el mes de abril de 2000 y por lo tanto corresponde su continuidad, por imperio del art. 61 del Convenio aplicable, y por considerar que el Sr. Juez de primera instancia falló "extra petita" al hacer lugar al rubro automotor, pues el actor sólo reclamó tal adicional en relación a los días sábados; e) Indica su queja en este punto, en orden al rubro diferencias salariales, pues el sentenciante va mas allá de lo expresamente solicitado por el actor; y f) Se agravia pues hace lugar a los rubros preaviso, indemnización por despido, multa del art. 2 de la Ley Nro. 25.323 y multa del art. 16 de la Ley Nro. 25.561, pues son consecuencia afirma del yerro del a quo al considerar legítimo el despido indirecto invocado por el actor. En ocasión de fundamentar sus agravios, el demandado apelante trata en forma conjunta los identificados como a), b), c) y f), advirtiendo que del intercambio epistolar un surgiría la efectivización del apercibimiento del trabajador de considerarse despedido en caso de incumplimiento a su intimación. Detalla el plazo de recepción de cartas. Al expresar su queja en orden a los agravios que se indican como d) y e), invoca en su favor la prescripción en cuanto al rubro de adicional por zona según art. 61 del Convenio FOESITRA y alega que el a quo sentenció "extra petita" en relación al rubro diferencias salariales. Finalmente, pide se revoque la sentencia apelada.

Que en ocasión de expresar agravios la parte actora (v. fs. 264/265), se agravia pues la sentencia atacada omite condenar el pago de los intereses que no fueron formalmente peticionados en ocasión de articularse la demanda, aduciendo el deber de fallar "ultra petita" como imperativo procesal. Así mismo, aduce en su favor que los intereses constituyen pretensión ínsita a la principal, la irrenunciabilidad de los derechos y la naturaleza accesoria de aquéllos. En su consecuencia, pide se modifique la sentencia apelada, condenando al demandado al pago de los intereses moratorios sobre el capital adeudado.

Que respecto del informe facultativo que autoriza el art. 62 de la Ley Provincial de Competencia y Procedimiento en Conflictos del Trabajo Nro. 69, cabe advertir que ninguno de los apelantes ha hecho uso de tal prerrogativa.

3. Puesto a considerar los agravios del demandado, debo advertir que le asiste razón cuando cuestiona la afirmación del a quo en el sentido que el actor, mediante su CD ......... de fecha 28 de octubre de 2004, puso en marcha el mecanismo del despido indirecto. En efecto, de la lectura de la comunicación indicada y cuya copia se encuentra anejada a fs. 22 de la presente, se observa que su texto constituye una simple intimación, habiéndose omitido toda forma de apercibimiento en caso de desoírse aquélla.

A este respecto, cabe indicar que el hecho de la extinción de la relación de trabajo es de carácter instantáneo, es decir, que el distracto produce efectos desde el momento en que se perfecciona, y ese momento se presenta cuando la voluntad de extinguirlo llega a la esfera de conocimiento de la otra parte. En esa inteligencia, la consideración de despedido sin justa causa y por culpa del empleador manifestada por el actor en su CD cuya copia se agrega a fs. 23, sin haber existido apercibimiento previo en su misiva anterior, se me aparece como imposibilitada de generar el despido indirecto invocado por el actor. Así, se ha dicho que el despido indirecto "Es el decidido por el propio trabajador ante un incumplimiento del empleador de suficiente gravedad que constituya una injuria que impida la continuación del contrato; debe ser notificado por escrito, previa intimación al empleador para que revea su actitud, expresando en forma suficientemente clara los motivos que justifican su decisión" (las negritas y el subrayado me pertenecen) (Conf.. GRISOLÍA, Julio Armando; "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social"; Lexis Nexis; Bs. As; 2003; p. 550). Lo señalado y en particular lo subrayado constituye una derivación de los principios de la buena fe y de la continuidad de la relación laboral que derivan del art. 63 y 10 y 90 respectivamente de la LCT.

Así las cosas, entiendo que en el sub lite no se ha configurado con todos sus elementos el despido indirecto que refiere el actor en su escrito constitutivo de demanda y que acogiera favorablemente el Sr. Juez de la instancia anterior, atento lo cual anticipo mi voto favorable en el sentido de acoger los agravios de la parte demandada en orden a los rubros indemnizatorios o resarcitorios, omitiendo la cita de jurisprudencia, que ya ha sido profusamente citada por el vocal que me precedió en el voto. Distinta suerte deberán correr los rubros remunerativos que fueran reclamados y condenados, toda vez que el empleador debe pagarle al trabajador cualquiera que sea la causa de extinción del vínculo y que no fueran abonados por haber cesado el contrato de empleo con anterioridad al pago del salario. En su consecuencia, deben prosperar los rubros condenados en la sentencia apelada, y en particular los indicados en el Considerando SEGUNDO ap. A) DIFERENCIAS SALARIALES y B) HORAS EXTRAS y C) HABERES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2004, por constituir ellos remuneración y existir sobre ellos un derecho adquirido por parte del actor, en atención al período efectivamente trabajado y reclamado.

4. Corresponde a esta altura analizar los agravios expresados por el actor en su libelo de fs. 264/265. Tengo dicho que "el proceso civil se halla estructurado sobre el llamado principio dispositivo, es decir, sobre una responsabilidad o autoresponsabilidad de las partes, en el sentido que cada una de ellas ha de sufrir las consecuencias de lo que afirma, silencia o prueba, principio que, en el sub iúdice, se relaciona de manera directa con el de colaboración de las partes en el dictado de una sentencia justa". Debo advertir, así mismo, que la regla contenida en el art. 71 de la Ley Provincial de Competencia y Procedimiento en Conflictos del Trabajo Nro. 69, autoriza a los jueces a resolver "ultra petita", mas no "extra petita". Ello implica que el magistrado puede exceder el límite de lo peticionado, pero debe existir petición. Lo contrario implicaría resolver "extra petita". De idéntica manera, acoger los intereses no demandados en el escrito de inicio implicaría contradecir el principio de congruencia que también informa a este proceso. Por lo expuesto, estimo que no puede acogerse favorablemente el agravio intentado por el actor apelante, y así lo voto.

5. Así también, y en orden al presente voto, deberá resignificarse la condenación en costas, y disponerlas conforme al resultado de esta litis..

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Moisá dijo:

Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) revocar parcialmente el punto A) de la parte dispositiva de la Sentencia N° 72 de fecha 24 de octubre de 2006 (fs. 248/253), rechazando la demanda laboral por despido indirecto interpuesta por el Sr. E. G. contra C. L. C. de S. T. E H; b) confirmar la sentencia recurrida en cuanto al acogimiento de los rubros remunerativos no indemnizatorios: diferencias salariales, horas extras y haberes adeudados del mes de octubre de 2004; c) adecuar las costas y los honorarios fijados (art. 279, CPCC), imponiendo las costas de primera instancia por el orden causado en consideración a la falta de progreso de la pretensión principal (art. 71, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69); d) regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en primera instancia, en base a las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, 19 y 39 del Arancel, determinando los de los Dres. F. B. y M. B., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $2.600 y los de los Dres. C. G. y M. E. I. . en conjunto y proporción de ley, en la suma de $1.800 y los del perito contador G. T. en la suma de $500, todos con más el IVA pertinente; y e) imponer las costas en esta Alzada al actor vencido (art. 68 CPCC, en función de lo dispuesto por el art. 76 Ley 69) fijando los emolumentos de los profesionales actuantes en esta Alzada, en base a las disposiciones señaladas y teniendo el cuenta el monto que se rechaza a través del presente pronunciamiento, en la suma de $780 para el Dr. F. B. y en la de $540 para el Dr. M. I. M., ambas sumas con más el IVA pertinente (art. 14, Dec. Ley 2.200).

A idéntica cuestión, el Dr. Früchtenicht, dijo:

En atención a lo expresado en ocasión de votar la primera cuestión, estimo que corresponde: I. REVOCAR parcialmente el punto A) de la parte dispositiva de la Sentencia N° 72 de fecha 24 de octubre de 2006 (fs. 248/253), rechazando la demanda laboral por despido indirecto y conformar la misma en cuanto hace lugar a los rubros y montos individualizados en el Considerando SEGUNDO aps. A) DIFERENCIAS SALARIALES; B) HORAS EXTRAS y C) HABERES DEL MES DE OCTUBRE DE 2004 (v. fs. 250vta/251vta.), en la forma establecida en la sentencia de fs. 248/253. II. ADECUAR las costas y los honorarios fijados (art. 279, CPCC), imponiendo las costas de primera instancia por el orden causado teniendo en cuenta lo que progresara de la demanda (art. 71, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69). regulando los honorarios profesionales por la labor desarrollada en primera instancia, en base a lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 19 y 39 del Arancel, fijando los de los Dres. F. B. y M. B., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $2.600 y los de los Dres. C. G. y M. E. I. M., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $1.800 y los del perito contador G. T. en la suma de $500, todos con más el IVA pertinente; y e) imponer al actor las costas en esta Instancia al actor (art. 68 CPCC, en función de lo dispuesto por el art. 76 Ley 69) fijando los emolumentos de los profesionales actuantes en esta Alzada, en base a las disposiciones señaladas y teniendo el cuenta el monto que se rechaza a través del presente pronunciamiento, en la suma de $780 para el Dr. F. B. y en la de $540 para el Dr. M. I. M., ambas sumas con más el IVA pertinente (art. 14, Dec. Ley 2.200).

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1°) REVOCAR parcialmente el punto A) de la parte dispositiva de la Sentencia N° 72 de fecha 24 de octubre de 2006 (fs. 248/253), rechazando la demanda laboral por despido indirecto interpuesta por el Sr. E. G. contra C. L. C. de S. T. E. H. .

2°) CONFIRMAR la sentencia recurrida en cuanto al acogimiento de los rubros remunerativos no indemnizatorios: diferencias salariales, horas extras y haberes adeudados del mes de octubre de 2004.

3°) ADECUAR las costas y los honorarios fijados (art. 279, CPCC), imponiendo las costas de primera instancia por el orden causado (art. 71, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69), regulando los honorarios profesionales por la labor desarrollada en primera instancia, en base a las disposiciones de los arts. 6, 7, 9, 19 y 39 del Arancel, determinando los de los Dres. F. B. y M. B., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $2.600 y los de los Dres. C. G. y M. E. I. M., en conjunto y proporción de ley, en la suma de $1.800 y los del perito contador G. T. en la suma de $500, todos con más el IVA pertinente.

4°) IMPONER las costas en esta Alzada al actor vencido (art. 68 CPCC, en función de lo dispuesto por el art. 76 Ley 69) fijando los emolumentos de los profesionales actuantes en esta Alzada, en la suma de $780 para el Dr. F. B. y en la de $540 para el Dr. M. I. M., ambas sumas con más el IVA pertinente (art. 14, Dec. Ley 2.200).

5°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Günther Enrique Flass de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, última parte del CPCC, texto según Ley 4.550.

JORGE E. FRÜCHTENICHT BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 51 DEL AÑO 2006. CONSTE. Fdo.: Norma O. Marrero Secretaria.