Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-18


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 18 de 2008.

Considerando:I. Apeló subsidiariamente la actora la resolución de fs. 845/851 que desestimó su pretensión cautelar de secuestrar documentación en poder de la demandada y embargar la suma de $ 734.186 en forma preventiva. Su memorial corre a fs. 852/855.

Sus agravios discurren por los siguientes carriles: i) que iniciará un juicio ordinario por incumplimiento contractual del que resultará una condena al pago de sumas de dinero y la declaración de que la documentación respaldatoria de los créditos es de su titularidad ii) los demandados fueron removidos de su cargo de administradores mediante CD por lo que la actora debe asumir su responsabilidades o encomendárselas a la persona que designe oportunamente, iii) los demandados no cumplieron con las obligaciones asumidas en el contrato: depositar los documentos respaldatorios de los créditos en la empresa designada en el contrato y denominada Iron Mountain SA., iv) aclara que los fondos que ahora se pretenden embargar fueron puestos a disposición de los demandados vía transferencia bancaria.

II. Esta Sala comparte lo decidido por el juez a quo.

Trátase de una relación contractual definida como "fideicomiso para emisión de valores fiduciarios" mediante la cual la actora se obligó a ejercer la propiedad fiduciaria de ciertos bienes transmitidos al fideicomiso por los fiduciantes en beneficio de los titulares de valores emitidos a favor del fideicomiso. A su vez la demandada se obligaba -en su carácter de administradora- a cumplir las tareas de cobro, administración y custodia de los créditos (integrados con créditos generados o adquiridos por Surikata, derechos de cobro de indemnizaciones por seguros de vida de los deudores de esos créditos y el producido de la inversión de fondos líquidos del fideicomiso, así como fondos en efectivo que pudieran derivarse de tales conceptos) y documentos del fideicomiso.

La actora sostiene -en lo que aquí interesa- que la demandada incumplió tales obligaciones omitiendo además informarle periódicamente de su actuación. Además le imputa la retención de la documentación respaldatoria de los créditos indebidos y la falta de correcta aplicación del adelanto de $ 734.186 que debía ser utilizado por la accionada para generar nuevos créditos para ser cedidos al fideicomiso.

Ahora bien, las constancias traídas por la propia accionante y sus dichos no hacen sino reafirmar el acierto de la decisión recurrida.

a) En primer lugar, se señala que aun cuando la accionante haya aclarado en su memorial que iniciará una demanda por incumplimiento contractual -de la que dijo resultará una indemnización dineraria y la condena a restituir la documentación que pertenece a su parte- no ha sido especificado de modo concreto el objeto de la demanda ni se han aclarado o acotado los rubros que la integrarían para poder determinar -dada la compleja trama que evidencia esta relación contractual- la relación de instrumentalidad entre las medidas solicitadas y el objeto pretendido en la acción de fondo que se iniciará.

Pero aun si pudiera considerarse que la acción en cuestión contemplará un reclamo dirigido a obtener la devolución de la documentación que actualmente detentaría el fiduciante y administrador, ello no habilita al secuestro pretendido.

Ello pues, los antecedentes colectados -y considerando el marco provisional de este tipo de medidas- no alcanzan para acreditar la verosimilitud del derecho invocado.

La documentación cuyo secuestro se pretende ha sido dada en custodia a los administradores -los demandados- quienes asumieron la gestión y administración de los créditos cedidos al fiduciario (ver fs. 25 punto 2.5, fs. 27 punto 2.12, fs. 112 punto 2.2), sin que se encuentre previsto que la aludida obligación pueda o deba ser asumida por la accionante.

Tampoco se advierte previsión contractual que obligue a la actora a encargarse de devolver los títulos que -según explicó le reclaman- en los casos de los deudores que cancelaron su deudas -ver fs. 115 punto 4.1. (e) que remite a fs. 118 punto 4.3 (d)-.

No se soslaya que ha sido invocado por la accionante haber removido del cargo a los administradores.

Sin embargo, no se advierte acreditado (ver cartas documento copiadas a fs. 405 y 406) que dicha remoción haya sido efectuada cumpliendo los recaudos estipulados a tal fin en el punto 6.2 del capítulo referido a la remoción de los administradores en el "Contrato de Gestión de Cobro, Administración y Custodia" -ver fs. 112 de donde se desprende la necesidad de requerir previamente instrucciones a la mayoría de los inversores-.

Por lo demás, aun cuando se acreditara que dicha remoción se efectivizó de acuerdo a los términos del contrato, los efectos tampoco serían los aquí pretendidos desde que se encuentra previsto -punto 6.3 fs. 112- que ante el acaecimiento de la remoción sea designado un Administrador Sustituto -también previo consentimiento de la mayoría de inversores- del modo allí previsto que impone además el traspaso de los cuestionados documentos al nuevo administrador (ver fs. 123).

Tales estipulaciones no se advierten -al menos en esta etapa- acreditadas y ello excluiría la pretensión de la actora de hacerse de dicha documental por medio del secuestro pretendido.

Lo dicho, no importa adelantar juicio sobre lo que en definitiva hubiera que decidir sino, tan solo analizar en este precario marco cautelar, las constancias acompañadas por el propio accionante.

No está de más señalar que la accionante no ha especificado el peligro en la demora que amerite el dictado de medidas cautelares, limitándose a afirmar en forma dogmática que la actitud de los demandados convertirá en letra muerta la eventual sentencia que se dicte.

b) En segundo término, se encuentra la cuestión atinente al embargo.

No ha sido agregado en autos documento bancario que acredite o al menos permita vislumbrar la existencia de la transferencia dineraria a favor de los demandados e invocada por la recurrente (ver fs. 855).

Y dicha carencia resulta insuperable a los fines pretendidos desde que, invocada la existencia de la operación bancaria, esta sólo puede ser acreditada con documentos específicos: las constancias de depósito o transferencia que usualmente utilizan estas entidades.

No se soslaya que la accionante ofreció -mas sin acompañar testimonio escrito alguno- producir información sumaria al respecto.

Sin embargo, ese extremo tampoco resultaría suficiente para obtener la medida pretendida, pues el art. 209 incs. 2º y 3º requiere -para justificar la existencia de la deuda- que el abono de los testigos se efectúe sobre la firma de "instrumentos públicos o privados atribuidos al deudor" y la carencia de constancias bancarias antes apuntadas impiden proceder de tal modo.

Tales consideraciones resultan suficientes para -en este provisorio marco cautelar- sellar la suerte adversa del recurso en examen.

III. Por lo expuesto, se desestima la apelación de fs. 852/855, sin costas por no mediar contradictor. Devuélvase encomendándose al a quo las notificaciones. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara.- Ana I. Piaggi.- MaríaL. Gómez Alonso de Díaz Cordero.- Miguel F. Bargalló.