Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-05


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil ocho, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Angela Ester Ledesma, Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alducin, con el objeto de dictar sentencia en la causa nro. 9777 caratulada "Arias, Víctor Gustavo s/ recurso de casación", con la intervención del Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Juan Martín Romero Victorica y la Sra. Defensora Oficial doctora Laura Beatriz Pollastri.

Efectuado el sorteo para que los Señores Jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: doctores Ledesma, Riggi Tragant.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: La Sra. Juez Angela Ester Ledesma dijo:

PRIMERO:

La presente causa, llega a conocimiento de esta alzada en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 346/352, por el doctor Alberto Giordano, defensor particular de Victor Gustavo Arias contra la resolución dictada con fecha 1 de julio de 2008 (cfr. fs. 340/345) por el Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 12, que resolviera;"I) CONDENAR A VICTOR GUSTAVO ARIAS...a la PENA DE PRISIÓN DE SEIS MESES, CUYO CUMPLIMIENTO SE DEJA EN SUSPENSO...IV) TENIENDO PRESENTE EL RECURSO DE CASACIÓN presentado a fs. 304/310 por la defensa, contra la resolución de fs. 303 que rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba". El recurso de casación fue concedido a fs. 353 y, radicada finalmente que fuera la causa en esta instancia, la impugnación fue mantenida a fs. 357.

Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines dispuestos en los artículos 465, primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó la doctora Pollastri a fs. 359/360.

Celebrada que fuera la audiencia el día 12 de noviembre de 2008 prevista por el art. 468 del ordenamiento ritual, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

I. El recurrente sostuvo que en el caso se vulneró el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, pues si se hubiese concedido la suspensión del juicio a prueba, la causa podría concluir en un sobreseimiento.

Considera que las formalidades del acto fueron establecidas para resguardar el derecho de defensa en juicio, pues la suspensión del juicio a prueba es un instituto a favor del imputado y no resulta razonable que se deniegue por el solo hecho de que se haya solicitado extemporáneamente. Sobre todo, cuando el plazo exigido no emana de ninguna norma.

Sostiene que el auto de fs. 303, se basó en la jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal la que a su criterio vulneraba el principio de legalidad, pues ni la ley de fondo ni la de forma establecía el momento en que debía solicitarse el instituto bajo análisis. Para avalar su postura, citó el fallo "Acosta" de la CSJN.

Hizo reserva del caso federal.

II. La doctora Pollastri, a fs. 359/360, reiteró que la decisión adoptada por el Juez Correccional, soslayó que la suspensión del juicio a prueba es un instituto establecido por el legislador a favor del imputado, motivo por el cual no resultaba razonable que se lo deniegue por extemporaneidad de su pedido, cuando el plazo argumentado no emanaba de ningún ordenamiento legal En base a lo expuesto, explicó que su postura era la que debía primar en función del respeto irrestricto del principio de legalidad, motivo por el cual correspondía que se haga lugar a la pretensión de su defendido.

TERCERO:

I. Que a fs. 302 la defensa de Arias solicitó la suspensión del juicio a prueba, pretensión que fuera rechazada por el Juez, con fecha 3 de junio, en el auto de fs. 303.

Para así resolver, sostuvo que "...si bien este tribunal ha resuelto el instituto, vencido el plazo del art. 354 del CPPN, incluso ya fijada la fecha de audiencia de debate, corresponde rever el criterio de la oportunidad para su presentación, teniendo en cuenta que las extemporáneas presentaciones, conspiran con la doble tarea de dejar sin efecto medidas de prueba concedidas y audiencias de juicio fijadas...Con el único propósito de ajustar las pretensiones de las partes en tiempo, a fin de evitar tales dilaciones, corresponde realizar el presente análisis de la cuestión. Por vía judicial se ha sostenido que el ejercicio del derecho a solicitar la suspensión del proceso a prueba caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del ordenamiento procesal...."en ese sentido citó jurisprudencia de esta Cámara a fin de denegar la pretensión del imputado.

Contra dicho auto, a fs. 304/310, la defensa presentó recurso de casación, el que no fue tratado por el Juez. Con fecha 1 de julio de 2008 (cfr. Fs. 340/345) se realizó el juicio oral, en el que Arias resultó condenado a la pena de seis meses de prisión cuya cumplimiento se dejó en suspenso bajo determinada reglas de conducta. En el punto IV, de la parte dispositiva, resolvió "TENIENDO PRESENTE EL RECURSO DE CASACIÓN, presentado a fs. 304/310 por la defensa, contra la resolución de fs. 303 que rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba".

II. Que por las razones que a continuación expondré, considero que debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto.

En este sentido, teniendo en cuenta que la ley no fija el momento hasta el cual puede requerirse la suspensión del juicio a prueba, entiendo que la solicitud deducida por la defensa técnica, constituye razón suficiente para admitir la aplicación del instituto aún cuando se hubiera fijado fecha para la sustanciación del debate.- Así, no comparto el criterio de que la suspensión del proceso a prueba sólo puede solicitarse hasta vencer el plazo previsto en el art. 354 del CPPN, pues si bien aquella limitación pretoriana pretende evitar un dispendio jurisdiccional innecesario por parte de los Tribunales, no puede operar como obstáculo para la concesión del instituto.- En esta inteligencia, y en estricta aplicación del principio pro homine según el cual debe acudirse siempre a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos, entiendo que, admitir la concesión de la suspensión del juicio a prueba, aún cuando se hubiera fijado la audiencia de debate, constituye -sin hesitación alguna- la opción mas beneficiosa, todo lo cual torna imperiosa la aplicación del principio antes mencionado.- Éste ha sido, el criterio receptado por la CSJN, al fijar los ejes interpretativos que rigen en la materia, cuando expresó que "Pero la observancia de estas reglas generales no agotan la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal" (CSJN A. 2186 XLI, Recurso de hecho, Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14.1° párrafo ley 23.737 -causa nro. 28/05- rta.23/4/08 considerando 6° y ), criterio que no fue considerado por el Juez al rechazar la pretensión del imputado en virtud de una interpretación restrictiva de origen pretoriano.

En este mismo sentido, el Alto Tribunal con remisión al precedente "Acosta", aplicó aquél principio respecto a la solicitud extemporánea del instituto bajo examen in re "Norverto, Jorge Braulio s/ infracción art. 302 del CP, rta. 23/4/08", lo que me permite afirmar que la suspensión del juicio a prueba puede solicitarse -inclusive- hasta la oportunidad prevista en el art.393 del CPPN, si existe un cambio de calificación legal.

En la especie, se verifica que el Tribunal se limitó a invocar la extemporaneidad de un plazo que no encuentra previsión legal expresa sin brindar argumentos de entidad en favor de tal posición, todo lo cual autoriza a descalificarlo como acto jurisdiccional válido en los términos del artículo 123 del CPPN.- En esta dirección, Genaro y Alejandro Carrió indican que "es verdad que una afirmación dogmática también constituye premisa mayor para la conclusión, pero los fallos judiciales no pueden auto-sustentarse. No basta resolver el litigio; hay que resolverlo con arreglo a criterios y a apreciaciones que, por hallarse dotados de fuerza de convicción puedan convencer. De otro modo la decisión no sería mas que el producto del arbitrio ilimitado de los jueces" (El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema; Tomo 1, Editorial Abeledo-Perrot, Bs. As., 1987, pág. 259).-	Así, no será suficiente entonces que el decisorio posea fundamentos; es menester que estas razones estén a su vez fundadas. De lo contrario, nos encontraremos frente a un supuesto de fundamentación aparente (Carrió-Carrió; op. cit; Tomo 1, pág. 260), tal como se advierte en el resolutorio impugnado.- Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que corresponde dejar sin efecto una sentencia si lo decidido se apoya en afirmaciones dogmáticas, que le dan un fundamento sólo aparente y que no encuentran respaldo en las constancias comprobadas en la causa (Fallos 318:2299). Tales aseveraciones tornan arbitrario el decisorio impugnado, ya que están desprovistas del necesario fundamento que es condición indispensable de las sentencias judiciales (Fallos 317:1790).

Por último, no puedo dejar de señalar que la defensa técnica de Arias, interpuso recurso de casación contra el auto de fs. 303, circunstancia que no fue tratada por el Juez Correccional y, pese a ello, se celebró el juicio oral lo que produjo, innecesariamente, una doble afectación: al derecho al recurso que posee el imputado (art. 8. h de CADH) y un despendio jurisdiccional pues, de tener acogida favorable la propuesta que aquí efectuó, el debate y la sentencia resultaron improcedentes.

III. En consecuencia, propongo al acuerdo, hacer lugar al recurso de casación, anular el auto de fs. 303 y la sentencia de fecha 1° de julio de 2008 y remitir los presentes actuados a la Secretaría General de esta Cámara a los efectos de que sorteo un nuevo Juzgado para que, previa audiencia de partes, se expida sobre la doctrina aquí fijada (art. 456 inc. 1 y 2, 123 y 530 y cc del CPPN).

Así es mi voto.- El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

1.- Que no hemos de adherir al voto de la doctora Angela Ester Ledesma, por los argumentos que a continuación expondremos.

Cabe señalar que el hecho por el cual el señor Fiscal de instrucción requirió la elevación de la causa a juicio respecto de Víctor Gustavo Arias fue calificado como lesiones culposas -artículo 94 del Código Penal- (conf. fs. 262/263 vta.), que tiene prevista una pena de un mes a tres años de prisión.

Por su parte, la defensa oficial del imputado solicitó a fs. 302 la suspensión del juicio a prueba con posterioridad a la fijación de la audiencia de debate (conf. fs. 288). Ante tal coyuntura, el señor juez de instrucción rechazó el instituto solicitado en virtud de la extemporaneidad de su articulación, tal como surge del auto resolutorio de fs. 303 y vta.

2.- Ahora bien, teniendo en cuenta nuestra opinión en relación al límite temporal para la interposición de la solicitud de la suspensión del juicio a prueba (cfr. causas n° 2561 "Valles, Carlos Maximiliano s/recurso de queja", reg. 259/00, del 17/5/00; y n° 3507 "Zamora, Claudio Daniel s/recurso de casación", reg. 476/01, del 9/8/01; entre otras), no podemos dejar de advertir que ésta cuestión ha sido materia de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente N.326.XLI. "Norverto, Jorge Braulio s/infracción artículo 302 del C.P.", del 23 de abril del corriente año. En esta oportunidad, el Alto Tribunal revocó el pronunciamiento del a quo mediante el cual se había rechazado la suspensión del juicio a prueba, con fundamento en que la solicitud era extemporánea habida cuenta que se interpuso luego de la citación de las partes a juicio (artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación).

Aclarado ello, y advirtiendo que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, no ha establecido en el precedente mencionado cuando caduca la facultad de solicitar la suspensión del juicio a prueba, nos vemos en la presente coyuntura en la necesidad de interpretar hasta donde se extiende dicha temporalidad, acudiendo ineludiblemente tal como corresponde, a la naturaleza y formalidades del instituto de referencia que fuera establecido por la ley 24.316.

En ese orden, no podemos dejar de advertir lo expresado por el doctor Pedro R. David al expedirse en el Acuerdo N° 1/99 Plenario N° 5, causa n° 1403, "Kosuta, Teresa R. s/recurso de casación", oportunidad en la que manifestó que "En primer término, debemos hacer constar que en el Derecho y la práctica Anglosajona, cuna de la institución, la medida es fundamentalmente de naturaleza social, esto es reintegrar al delincuente en la comunidad a través de apoyaturas efectivas de inserción laboral, educativa, y apoyos familiares y personalitarios incluso sociopsicológicos. Más tarde y especialmente, luego de su adopción en Europa continental, se utiliza la Probation como una medida también de implicancia procesal, esto es, para lograr que los asuntos de menor gravedad penal-criminológica, sean solucionados sin necesidad de recurrir a condenas judiciales privativas de libertad y en lo posible, para ser resueltos de una forma expeditiva y pronta por los jueces o fiscales a cargo del proceso" -el resaltado es nuestro-.

A todo ello se suma que en el desarrollo parlamentario de la citada norma, se indicó en el mensaje del Poder Ejecutivo que "Esta solicitud [la suspensión del juicio a prueba] se puede formular a partir de la declaración del imputado, y el juez o tribunal podrá disponer el beneficio siempre que por decisión fundada se haya establecido -en principio- la existencia del hecho y la culpabilidad del autor, y hasta la resolución que fije la audiencia del debate o el cierre de la discusión sobre causa [...]. Así, en las causas que pueden ser atendidas con oralidad se ha seleccionado la fijación de la audiencia para el debate como el acto procesal luego del cual ya no procederá la suspensión del proceso a prueba. Se trata de un decreto (base objetiva), que se dicta en las causas con posterioridad a la acusación y a la interrupción del curso de la prescripción -decreto de citación a juicio- que implica la decisión del tribunal de llevar el caso a l juicio oral y el desarrollo de toda la planificación necesaria para realizarlo" (confróntese Antecedentes Parlamentarios, Tomo 1995, página 148).	En consecuencia de todo ello, atendiendo a la novedosa jurisprudencia del Alto Tribunal reseñada ut supra, conceptuamos que el límite del derecho a solicitar la suspensión del juicio a prueba -preservando los claros y precisos extremos enunciados y que constituyen la razón de ser y la finalidad de este instituto anómalo de concluir los procesos, así como surge de lo expresamente indicado sobre el particular en los citados Antecedentes Parlamentarios de la ley 24.316- subsiste hasta la fijación de la audiencia de debate oral y público (artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por tales motivos, y advirtiendo que en el caso sub examine el impugnante solicitó la suspensión del proceso a prueba con posterioridad a la fijación de la audiencia de debate -tal como se detallara en el punto 1 de este voto-, propiciamos al acuerdo el rechazo del recurso de casación interpuesto, con costas.

El señor juez Dr. Guillermo José Tragant dijo: Que es principio indiscutido que lo decidido por un tribunal superior resulta de cumplimiento obligatorio para el inferior en la causa en que fue dictado, sin perjuicio del derecho que les asiste a los señores jueces de dejar a salvo su opinión personal -diversa con la del Alto Tribunal-, no es ocioso recordar que "es jurisprudencia inveterada de la Corte que sus propios pronunciamientos son actos de autoridad nacional cuya interpretación constituye una cuestión federal bastante (Fallos 189:205 y 292), siendo indiscutible el carácter obligatorio de las decisiones adoptadas en el ejercicio de su jurisdicción (cfr. mi voto en causas n° 949 "Bensadón, Germán s/rec. de casación" Reg. 480/97 del 13/11/97 y n° 1925 "Andrada, Nancy A. s/rec. de casación" Reg. 220/99 del 18/5/99 ).- Que esta Sala ha sostenido hace ya tiempo, en las causas n° 2561 "Valles, Carlos Maximiliano s/rec. de queja", reg. 259/00 del 17/5/00 y 3507 "Zamora, Claudio Daniel s/rec. de casación", reg. 476/01 del 9/8/01, entre otras, que la facultad para solicitar la "probation" caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación.- Que el alto Tribunal en el fallo "Norverto, Jorge Braulio s/infracción art. 302 del C.P.", del 23/4/08, resolvió revocar la sentencia apelada, que había desestimado la suspensión del juicio a prueba por haber sido requerida extemporaneamente ya que fue articulada con posterioridad al plazo de citación a juicio previsto por el artículo 354 del ordenamiento formal.- Que, sin embargo, tal como lo adelantara el colega preopinante, la Corte Suprema no ha efectuado precisiones acerca de un límite para solicitar la aplicación del artículo 76 bis del Código Penal, detalle que no es menudo, pues de no preverse pautas en esa dirección, podrían verificarse, a no dudarlo, situaciones que conspirarían con la buena marcha de la administración de justicia, cuando por ejemplo, en un expediente en el que hubieran recaído pronunciamientos de diferentes instancias, incluida la casatoria, se podría articular la suspensión del juicio a prueba sin otra frontera que el rechazo del recurso extraordinario federal, lo cual aparece absolutamente irrazonable, representaría un derroche jurisdiccional injustificado, con los consabidos costos que implicaría para el Estado, todo lo cual aconseja la conveniencia de acotar ese plazo.- Creo oportuno señalar que "Muchas veces la inversión en tiempo y dinero no parece justificar el gasto, lo cual refleja una incontrastable realidad, una administración bien que ineficiente de recursos escasos ineficiente (cfr. Garay, Alberto F. "La duración inconstitucional de los procesos penales y el recurso extraordinario" La Ley 2004?D, 137). (vid. mi voto en la causa n° 5301 "Khan, Rodolfo F. s/recurso de casación", reg. 1168/06, del 17/10/06).- La solución que este Tribunal adoptara en los autos "Valles, Carlos M." citado anticipadamente, se basó en que "...una interpretación más amplia resultaría incompatible con el texto de la ley 24.316, la que ha creado un sistema de suspensión de juicio, y no de la sentencia", y en esa oportunidad no se tuvo en cuenta la opinión del legislador acuñada en el mensaje que acompañó al proyecto, en cuanto a que la fijación de la audiencia de debate resulta el acto procesal luego del cual ya no procederá el instituto (vid. Antecedentes Parlamentarios, Tomo 1995, p. 148). No veo ahora motivo alguno para tomar como vinculante tal comentario cuando sólo tiene características orientativas , menos aún en el marco de la realidad actual de la justicia criminal.- En tal sentido, tengo presente cuanto sostuviere al votar en el Plenario n° 5 "Kosuta, Teresa R. s/rec. de casación" (CNCP del 17/8/99) que "En cuanto hace al patrón teleológico, no pueden caber dudas de los postulados político-criminales que orientaron la modificación del Título XII del Libro Primero del digesto de fondo a través de la incorporación de los artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, y que cristalinamente se expresan en el mensaje de elevación del poder ejecutivo al congreso nacional: reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal de nuestro país con una programación eficaz de su actuación, en donde el instituto de la suspensión del proceso a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico ("Antecedentes ...", cit., pág. 18)".En consecuencia, el punto debe ser despejado atendiendo a aquellos fines, y en este contexto, en mi opinión lo más conveniente es extender la posibilidad de solicitar la aplicación del instituto hasta la fijación de la audiencia de debate, o inmediatamente después de la finalización del alegato del fiscal de juicio en el debate oral y público, en el caso de verificarse una variación, más beneficiosa para el justiciable, del encuadre legal de los hechos.- De acuerdo a lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa, sin costas, anular la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional n° 12 de esta ciudad, obrante a fs. 340/345, apartar al aquo del conocimiento de la causa y remitir las actuaciones a la Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de para que desinsacule el órgano jurisdiccional que habrá de continuar con el trámite del expediente, debiendo resolver el pedido de suspensión del juicio a prueba formulado a fs.302.- Es mi voto.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede el tribunal, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa, sin costas, ANULAR la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional n° 12 de esta ciudad, obrante a fs. 340/345, APARTAR al aquo del conocimiento de la causa y REMITIR las actuaciones a la Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de para que desinsacule el órgano jurisdiccional que habrá de continuar con el trámite del expediente, debiendo resolver el pedido de suspensión del juicio a prueba formulado a fs.302 (artículos 456, inciso 1 y 2, 123 y 530 y cc del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y oportunamente, remítase la causa al Tribunal de origen, sirviendo lo proveído de muy atenta nota de envío.

Fdo: Angela E. Ledesma - Eduardo R. Riggi - Guillermo J. Tragant.

Ante mí: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.