Juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, crédito fiscal, tercería de mejor derecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ashira S.A. c/ Norberto Pedro Barrado s/ Ejecucion Hipotecaria - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-10-14

Conforme lo prescripto por los arts. 123 bis y 123 ter del Código tributario y 592 del C. de P.C. es claro que la carga del fisco de promover y sustanciar una tercería de mejor derecho como vía exclusiva para obtener el cobro de los impuestos que se le adeudan. Depende del comportamiento que asuma el acreedor embargante en la ejecución. Si éste no observa en legal forma el crédito fiscal que surge del informe puesto por el art. 569 inc. 1 del Código Ritual entonces el estado podría, conseguir la inmediata percepción de los tributos sin necesidad de llevar a cabo la serie de trámites que supone la tercería de mejor derecho, con las contingencias que le son inherentes. Pero sí a la observación se deduce y ésta es notificada al Fisco, surge en éste la carga procesal de promover y tramitar la tercería de mejor derecho como única vía idonea para lograr el reconocimiento judicial de su derecho y del privilegio que lleva consigo, proceso en el cual deberá alegar y demostrar los presupuestos de la preferencia de pago que esgrime.

Cabe la posibilidad de que la objeción a la liquidación fiscal se formule después de vencido el término previsto por la ley tributaria al efecto, y que no obstante el juez la tenga por válidamente deducida y comunique esta circunstancia al estado a fin de que entable la tercería pertinente. Pero esta cuestión debe plantearse y agotarse en el seno de la ejecución a través de los medios impugnativos generales que disciplina la ley procesal, porque concierne a los requisitos que, de acuerdo a la ley, condicionan el surgimiento de la carga de promover la tercería, de modo que una vez devenido firme el proveído que admitió la objeción y dejó abierta la puerta para la formulación de la tercería no podrá ya denunciarse la extemporaneidad con que ella hubiera podido ser deducida (art. 128, C.P.C.). Menos aún será posible proponer esa cuestión en la tercería misma, en cuyo ámbito sólo es dable invocar y justificar el derecho de crédito privilegiado que se opone a la obligación en ejecución.

De ninguna manera puede aceptarse que la tercería de mejor derecho sea de naturaleza impugnativa, pues con ella no se cuestiona una providencia judicial preexistente cuya nulidad o injusticia se procure remover; antes bien, importa la promoción de una acción orientada a conseguir la realización jurisdiccional de un derecho subjetivo que el tercerista se atribuye frente a las partes del juicio principal. Es decir que a través de ella se canaliza una relación jurídico- sustancial que, aún cuando se ejercita con motivo de un proceso judicial ya pendiente, no se encaminan a impugnar una resolución que en él se hubiere dictado. Allí sólo se ventilan y deciden situaciones de derecho material y no cuestiones procesales de la ejecución principal, las cuales diversamente se deciden en su propia órbita.

El hecho de que el informe fiscal constituya un paso procesal previo a la celebración del remate no autoriza a entender que la firmeza que éste pueda luego adquirir acarree la automática consolidación de las obligaciones tributarias allí informadas con directa exclusión del crédito hipotecario. Máxime si en la subasta se adjudicaron los inmuebles rematados a la propia ejecutante. Si alguien debió impugnar para evitar la frustración del privilegio hipotecario era precisamente la Provincia.