Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-26


2º Instancia. - San Justo, marzo 26 de 2007.

1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Taraborrelli dijo:

I. La sentencia de primera instancia.

Los actores compraron en condominio con el demandado y por partes iguales una finca ubicada en la ciudad de San Justo, Partido de La Matanza, con frente a la calle Parral 4255 edificada en el lote de terreno designado con el nº 11 de la manzana 241, circunscripción VII, sección A, Parcela 11, Partida 193414, superficie total 328,80 m2, por la escritura pasada en el notario Francisco José Harguinteguy, titular del Registro nº 45 del partido de La Matanza, figurando al folio 412 del protocolo adjuntándose prueba documental copia fotoestática de la escritura dominial nº 157 del 11 de junio de 1993, obrando también el sello en nº 85562.

Manifiestan en su relato los actores, que desde el principio oblaron todos los impuestos y tasas de servicios municipales. Y que reclamaron, en reiteradas veces, el pago de la parte proporcional al demandado de autos, sin tener una respuesta. Finalmente decidieron realizar la subdivisión del terreno, de común acuerdo con Cabral para que cada uno pague lo correspondiente a su parte indivisa. Para ello se contrata un agrimensor, Carlos R. Gómez, que realizada la mensura, firma el plano según consta en la documental agregada en autos. Todo con el fin de someter al terreno al Régimen de Propiedad Horizontal conforme ley 13.512, lo cual finalmente se realiza, ya que se adjunta como prueba instrumental.

Persiguiendo el cobro de lo adeudado por el otro condómino se intentan tratativas extrajudiciales, se envían cartas documentos y por último ante la ausencia de respuestas, inicia la acción de cobro, reclamando la suma de $2.787,98, reservándose la acción de daños y perjuicios que le ocasionó la mora, con costas a la contraria.

A fs. 68, amplía la demanda y agrega documentación.

Corrido el traslado de ley a fs. 88 la parte demandada Fuentes contesta demanda realizando una pormenorizada negativa de los hechos, desconociendo la documental impugna, el monto de la liquidación que efectúa la actora por medio de la cual llega al monto reclamado y solicita se rechace la demanda y se le impongan las costas a la contraria.

El juez, hace lugar a la demanda promovida por el actor condenando a los demandados a abonar la suma de $3745,80, con más sus intereses y costas.

II. El recurso de apelación Se alza en contra de la sentencia el demandado, interponiendo recurso de apelación a fs. 202, siéndole concedido a fs. 203.

Encontrándose los autos en la Alzada, expresa agravios la demanda a fs. 219/221 y es contestado por la actora a fs. 230/238vta.

III. Los agravios del demandado Primer agravio: Valoración de la prueba Se queja porque el juez tiene por acreditado los pagos efectuados por la actora, fallando que abonó en su totalidad los impuestos Municipales e Inmobiliario del inmueble sujeto a condominio, entendiendo que de esa manera nace el derecho de reclamarle al otro condómino el pago del 50 % del que no se hizo cargo.

Manifiesta que la prueba ofrecida por la actora fue desconocida y dice que la actora no probó en autos haber efectuado los pagos, entendiendo que el hecho de tener los recibos no es prueba de que verdaderamente los haya pagado.

Dice que el juez arriba a la conclusión de que los pagos fueron hechos por la actora, sólo por presunciones. Y que en la sentencia no se ha expedido respecto a la impugnación efectuada respecto del testigo de reconocimiento Ramón Alberto Gómez, sosteniendo que se ha violado el derecho a defensa en juicio.

Llega a la conclusión que la sentencia dictada no se ajusta a derecho y es arbitraria. Y por ello resulta absurdo que lo condenen al pago de lo reclamado por la actora.

Segundo agravio: La mora Se agravia el recurrente porque el juez toma como punto de partida para la mora el envío postal, realizado el 31/5/03, porque la actora no acreditó en autos haber realizado los pagos que ahora demanda, por lo que considera que no puede existir mora de lo que no se debe.

Tercer agravio: Las costas Siguiendo la línea de que la actora no acreditó el pago de lo que ahora reclama, nada debe la demandada y atento a ello no puede imponerse a la misma las costas del proceso.

IV. Contestación de agravios Manifiesta que el quejoso ataca la merituación de la prueba que hace el juez de grado.

Indica en su defensa que los documentos de pago son genuinos y auténticos, que no hay falsedad alguna y que los mismos constituyen prueba idónea para demostrar la veracidad de los dichos de la actora creando en el juzgador convicción.

De modo tal que pretende poner en crisis una sentencia coherente y ajustada a derecho por lo que corresponde rechazar el planteo formulado, con costas al demandado. Solicitando se le apliquen las sanciones del art. 34, inc. 5, del CPCC por la conducta mendaz de Fuentes.

La solución V. Estudio y tratamiento de los agravios Primer agravio: Valoración de la prueba Atendiendo a las discrepancias que el recurrente plantea con respecto a los pagos que tiene por acreditados el juez, es sabido que la selección y apreciación de la prueba es privativo de los jueces que deciden en cada causa.

La actora, acreditó el pago de los impuestos tasas y contribuciones con los recibos acompañados con la demanda. Desde luego, que no interesa a nombre de quién estén los recibos o quién figura inscripto en la guía de contribuyentes, pues la lógica y la experiencia me llevan a la convicción que la persona que posee (art. 2412, Cód. Civil) y exhibe los recibos cuyas piezas se agregan en autos, es verdaderamente quien efectuó el pago, máxime cuando el demandado no ha ofrecido prueba a su favor, ni ha acreditado con documentación que él habría realizado los pagos reclamados por los actores, colocándose procesalmente en la situación más cómoda -como defensa- mediante el simple desconocimiento de los instrumentos.

Por otro lado y atendiendo al criterio jurisprudencial imperante: "Las boletas extendidas por reparticiones oficiales como sucede en la especie acreditando el pago de impuestos y servicios públicos, hacen prueba sin necesidad de ser autenticados, porque están comprendidos en el inc. 2 del art. 979 del Cód. Civil. De ahí entonces, que funciona en el vacío el mero desconocimiento de la autenticidad de los recibos acompañados para restarle valor probatorio, toda vez que el demandante debió argüir la falsedad de los mismos en los términos del art. 993 del Cód. Civil" (CC201 LP, B 83112 RSD-211-96 S 22-8-1996 sumario de Juba B252377; CC201 LP, B 69449 RSD-133-90 S 22-5-1990 Juba B250373; entre otros).Continuando con la línea de análisis y siendo que la única defensa opuesta por la demandada fue el desconocimiento de la documental agregada en autos, y tal como dice la jurisprudencia "ut supra" citada debió argüir de falsedad los documentos presentados por la actora y no lo hizo, considero que la documentación agregada por la actora a fs. 2/48 es válida para acreditar que ella es quien ha efectuado los pagos.

Atendiendo a la queja referida a que el juez no tomó en cuenta la impugnación realizada en contra del testigo Ramón Alberto Gómez, he de manifestar que comparto el criterio de la amplitud de la prueba.

Conforme lo "ut supra" mencionado, pueden admitirse excepciones a los principios generales, así quien es citado como testigo de reconocimiento y extiende su declaración más allá de lo pretendido y hace manifestaciones que echan luz sobre lo que se controvierte en el proceso, considerando que dichos medios de prueba pueden ser útiles al objeto perseguido (art. 376, CPCC) y adecuarse al concreto aporte que han efectuado las partes en el proceso, el juez no puede verse atado de tomar en cuenta dicho testimonio por restricciones derivadas de las leyes del ritual, máxime cuando las partes fueron anoticiadas con el auto de apertura a prueba, de la fecha propuesta para la audiencia de reconocimiento, con lo que se respetaron las debidas garantías constitucionales, del derecho a defensa en juicio (arts. 18, CN, y 9º, C. pcial.) y se bilateralizó el proceso, sólo que el demandado dejó de ejercer su derecho de defensa, al ausentarse el día en que se realizó la prueba testimonial de reconocimiento (ver fs. 133).

En efecto, se queja la demandada, que sólo se reconocieron los planos de fs. 64 y 65 y el recibo de fs. 49, con lo que me permito disentir, ya que en el testimonio de fs. 133, cuando se le hace la pregunta segunda a Ramón Alberto Gómez, el mismo manifiesta que reconoce la documental de fs. 64/65 refiriéndose al plano de obra municipal, y cuando en la pregunta sexta se le interroga si reconoce la documentación de fs. 50/57 manifiesta que los recibos son de él y aclara que son... "legítimos emitidos por él en su oficina". De manera que no le asiste razón a la parte demandada, cuando no cabe duda que la documental fue reconocida. Asimismo a fs. 174 el testigo Gómez Carlos Ramón reconoce como auténticos los documentos de fs. 49 y 65 cuyas piezas referencian el pago de honorarios del agrimensor por confección del plano de subdivisión.

En consecuencia no encuentro que se ha incurrido en una valoración absurda o arbitraria de la prueba (arts. 384 y 456, CPCC) por lo que propongo a mis distinguidos colegas tener por reconocida la documental de fs. 49, 50/57 y 64/65, rechazando este agravio.

Segundo agravio: La mora Como tiene dicho este vocal en los autos: "Banco Río de La Plata c. Villar Juan Orlando s/ Cobro Ejecutivo de Dinero" Causa 629/01. "La mora equivale al retardo y éste exige tres condiciones para fundar la imputabilidad, y ellos son a) la exigibilidad de la prestación (obligación pura y simple, de plazo vencido, o condición suspensiva cumplida; b) la interpelación y c) la culpa. El deudor debe haber caído en la desidia".

Tratándose de obligaciones puras y simples, es necesario el requerimiento al deudor para constituirlo en mora (art. 509, Cód. Civil). Para ello la interpelación, en este caso extrajudicial, debe cumplir con algunos requisitos. Así el requerimiento efectuado al demandado debe ser expreso categórico, preciso, coercitivo y efectuado en tiempo oportuno. De manera tal que cuando se interpela, debe especificarse cuál es la obligación que se le está reclamando al deudor, deberá exigir sin más trámite el cumplimiento de lo adeudado en un lapso de tiempo que sea posible, determinar con exactitud cuál es el importe que adeuda, si se trata de una deuda dineraria, para de esta manera colocar al deudor en la posición de tener que asumir las responsabilidades derivadas del incumplimiento.

Continuando con lo expuesto "ut supra", encontramos en autos que la actora envía al demandado una carta documento que contiene todos los requisitos mencionados precedentemente, para efectuar la constitución en mora, dicha carta documento resulta acreditada, ya que el informe brindado por Correo Argentino a fs. 169, indica que la carta documento resulta ser auténtica en todas sus partes, haciendo referencia al número de envío de la misma que es el 489585094 y a la fecha de imposición, 30/05/2003; de manera tal que se acompañó en autos la tarjeta de recepción que Correo Argentino entrega como prueba del diligenciamiento y dicha entidad la reconoció como auténtica, queda acreditada la constitución en mora del deudor desde la fecha de su recepción.

En suma, habiendo acreditado los pagos de impuestos, tasas y demás gastos, conforme se resuelve en el primer agravio y encontrándose cumplido el requerimiento para constituirlo en mora al deudor, que se produjo el día 30/5/2003, resulta que a partir de esta fecha comienzan a correr los intereses moratorios.

Por lo que entiendo no debe prosperar este agravio en estudio.

Tercer agravio: Las costas Se agravia de la condenación en costas, pues argumenta que la actora no acreditó haber realizado los gastos que reclama en el proceso.

Atento a como se resolvieron los agravios anteriores, se han tenido por acreditados los gastos reclamados por la actora, de manera tal que no tiene andamiento lo pretendido por el quejoso.

En la especie, no se ha comprobado la existencia de eximentes que eviten cargar con las costas al quejoso y apartarse de los principios generales del derecho, al establecer que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria (arts. 307 y 68, CPCC). Dado que los argumentos vertidos no alcanzan para hacer lugar a la modificación pretendida, consecuentemente el presente agravio debe ser rechazado.

VI. Temeridad y malicia No llega a constituir para este vocal sentenciante, una conducta antijurídica, calificable de temeraria y maliciosa por parte del apelante quejoso, pues el mismo dentro del marco de sus Derechos Constitucionales (art. 18, CN) ha ejercido el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, que encuentra su reglamentación en los arts. 242/245 del Cód. Procesal Civil y Comercial.

Por ello se propone, rechazar lo solicitado en tal sentido por los actores en su escrito de fs. 233vta. punto 4.

A la primera cuestión por todas las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas voto por la afirmativa.

Los doctores Posca y Alonso dijeron:

Por iguales consideraciones y fundamentos expuestos precedentemente, adhieren votando también por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Taraborrelli dijo:

Por todo lo expuesto y en función de lo normado por los arts. 509, 993, 979, inc. 2, y concs. del Cód. Civil, y arts. 68, 150, 307, 376, 384, 401, 456 y concs. del Cód. Procesal Civil y Comercial, 18 de la Constitución Nacional y 9º de la Constitución provincial, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso; con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 51, ley 8904). Así lo voto.

Los doctores Posca y Alonso dijeron:

Adhieren al voto del juez preopinante votando en el mismo sentido.

Conforme el resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede se confirma el decisorio apelado, y se rechaza el pedido de temeridad y malicia solicitado por los actores, imponiendo las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68, CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 51 y 31, dec.-ley 8904/77). - Ramón D. Posca. - Eduardo A. R. Alonso. - José N. Taraborrelli.