marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Unión c/ Todo Madera s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

En materia de prueba la carga de rendirla no depende de la función de actor o demandado, sino de la situación que cada uno adquiere en el proceso de conformidad a los hechos establecidos o reconocidos, incumbiéndole en consecuencia a la parte que quiere modificar el estado normal de las cosas o la posición adquirida por la otra parte en la litis, por lo que cada parte debe probar sus afirmaciones.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Alvarez, Carlos Rafael s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-04-13

Lo que interesa de la Sentencia es que la misma mantenga su congruencia con el hecho imputado, que recaiga sobre él, para evitar una condena por un hecho que no se tuvo en cuenta. Por eso, la correlación puesta de relieve, no deja de existir mientras la conducta del sujeto activo, de la relación procesal descripta en el Requerimiento Fiscal, debatido y probado en la Audiencia de Juicio, sea esencialmente igual a la considerada en la reconstrucción histórica del evento efectuada en la Sentencia, aunque el Tribunal no coincida con la calificación legal, dada a aquella por el Fiscal, y aluda a otras figuras del abanico tipificante previsto en la Legislación Penal Sustantiva.
Daños y perjuicios, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ, Daniel Marcelo c/ FORGIONE, Uber Eduardo y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

El daño psíquico en particular, carece de autonomía, por cuanto este detrimento se proyecta potencialmente en el daño material o en el daño moral.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Bentos, Jorge Domingo y otro c/ La Cabaña S. A. y otro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que efectuó una insuficiente valoración de los peritajes médicos de oficio efectuados, cuyas conclusiones resultan en un todo coincidentes, concordantes y fundadas, al atribuirle al accidente, que provocó un traumatismo de cráneo, relación causal con el síndrome posconmocional grave que llevó al experto en psiquiatría a aconsejar un tratamiento psicológico, y que fueron ignorados arbitrariamente por el sentenciador.
Daños y perjuicios, injurias, publicación o reproducción de ofensas, asegurador por riesgos del trabajo, abogados, discriminación, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo s/ daños y perjuicios - ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-02

Corresponde condenar a la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a pagar una indemnización al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por injuriar a los profesionales del Derecho en una serie de publicidades, dado que las publicaciones poseen un sesgo discriminatorio en los términos del art. 1° de la ley 23.592, por cuanto trasuntan un desprecio contra un grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo hacia la profesión de abogado, lo que lesiona el derecho a la igualdad ante la ley, tutelado por el art. 16 de la Constitución Nacional.
Contratos, resolución del contrato, pacto comisorio tácito, emplazamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALCARAZ MARTA c/ AM SUR FAS s/ Rescinsión Contractual (LIBRO: S068 - 171)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-01

Es ineficaz a los fines de ejercer la facultad resolutoria por pacto comisorio implícito, el Acta Notarial que sólo exige la restitución de lo abonado hasta ese momento, y no requiere expresa y claramente el cumplimiento del contrato bajo apercibimiento de resolución.
Intervención de entidades financieras, sociedades comerciales, responsabilidad de la sociedad, administración de la sociedad
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Etchepare, Tomás y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ Liquidación de entidades financieras
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Los órganos de la sociedad que se desplazan al disponerse la intervención cautelar, son los que por sus actos obligan a la persona jurídica en los términos del art. 58 de la ley 19.550.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Confederación General de Empleados de Comercio y otros c/ Estado Nacional (Mx de Trabajo y Seguridad Social). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

El art. 68 del Código Procesal consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho.
Instrumentos privados, oponibilidad a terceros, fecha cierta, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Arturo Ramón Nicolás s/ En autos Nº 710/00 Zitelli, Silvestre c/ Santillan Iturres, Oscar A. s/ Ejecutivo - s/ Tercería de Mejor Derecho - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-04-30

Si bien en el caso el recurso de casación debe rechazarse por falta de autosuficiencia, parece oportuno señalar que recurrente- tercerista titular de un boleto de compraventa del inmueble embargado- funda la existencia de fecha cierta de dicho instrumento por su presentación ante la AGR para pagar el impuesto de sellos.

El Ad quem, -adhiriendo a una de las posturas jurisprudenciales y doctrinarias posibles- consideró insuficiente la sola exhibición del documento con el fin de reponer el sellado, al entender que el art. 1035 inc. 1 del C.C requiere necesariamente que el instrumento privado quede archivado en la repartición pública, como condición para darle fecha cierta.

Afirma el recurrente que la interpretación del art. 1035 del Código Civil debe ser actual y no histórica, queriendo decir quizás que la enumeración que emerge del mismo no puede considerarse taxativa. Si bien es cierto que el primitivo criterio rígido -según el cual se consideraba taxativa la enumeración del art. 1035 del Cód. Civil- ha sido superado por la doctrina y la jurisprudencia actuales, que consideran que dicha enumeración no es limitativa, no es menos cierto que la apreciación de la prueba fuera de los supuestos enumerados por el art. 1035 del C.C. debe ser absolutamente rigurosa, pues se trata de que no quede ninguna duda de que el documento en cuestión haya podido ser otorgado con posterioridad a la "fecha cierta", independientemente de la manera en que se demuestre tal extremo, pues ha de partirse de la base de que el requisito de certeza de la fecha de los instrumentos privados para poder ser opuestos a terceros se funda en la necesidad de evitar que la fecha sea fraguada con el objeto de perjudicarlos.
Enfermedades inculpables, remuneración, comisiones, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: VIÑAO, MARIANO ANGEL c/ BAGLEY SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-16

A los fines del pago de comisiones durante el período de enfermedad inculpable, a favor del trabajador remunerado de tal manera, corresponde la actualización periódica mediante la aplicación del índice de precios al por mayor.
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Andrusiani, Alfredo Antonio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Los pagos parciales efectuados con posterioridad al cierre de la cuenta corriente no inhabilitan al certificado de saldo deudor, sin perjuicio de descontar las sumas abonadas al momento de practicar la correspondiente liquidación (art. 542 inc. 4° del CPCC).
Medidas cautelares, fertilización asistida
Materia: CIVIL
Carátula: Rubilar, Roxana y otro c/ Obra Social Uno Salud s/ Acción de amparo (sumarísimo) s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2010-06-28

Debe desestimarse la medida cautelar tendiente a obtener la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida de una afiliada a una obra social, pues el despacho favorable de dicha solicitud podría implicar una modificación del "estado de cosas" de una manera tal que sería imposible retrogradar en caso de repelerse luego la demanda.
Contrato de trabajo, conciliación, homologación administrativa, revisión judicial
Materia: LABORAL
Carátula: SALTO LUCIANA BEATRIZ Y OTRAS c/ HOGAR GERIÁTRICO VIDA Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-10

No resulta intangible la homologación administrativa de un acuerdo firmado en sede laboral pues como acto de tal índole es revisable en esfera judicial, pues juegan en este sentido principios de orden superior que comprenden el orden público laboral, como ser la irrenunciabilidad de derechos -arts. 12 y 58 LCT- y el pago insuficiente -art. 260 LCT-. La Administración, como órgano del Poder, está sometida a a Constitución y a todo el ordenamiento jurídico.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS SANTOS DUMONT 2719/21/23/55 c/ ASOCIACION BANCARIA SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCOS y otro s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-26

Toda vez que en las sociedades anónimas la administración se encuentra en cabeza del directorio compuesto por uno o más directores, cargo que reviste el carácter de personal e indelegable, si dicha sociedad se desempeña como administradora de un consorcio de propietarios, el certificado de deuda suscripto por alguien en carácter de "gestionario del consorcio", figura desconocida en nuestro ordenamiento normativo, hace el título inhábil a los fines de la ejecución de expensas. Máxime, si el ejecutado ha negado la deuda en los términos del art. 544 inciso 4 del Código Procesal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores de Almirante Brown c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Infracción ley 23.551
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Han sido mal concedidos los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley deducidos contra la sentencia del tribunal del trabajo dictada en una acción de amparo promovida y tramitada según las reglas de la ley provincial 7166 modificada por ley 7261 porque tal pronunciamiento debió ser recurrido ante la Cámara de Apelación competente (arts. 19 y 20 ley 7166).
Medidas cautelares, embargo, embargo preventivo, ampliación del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: C. A. K. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

Puede caracterizarse al embargo como el instituto mediante el cual se sustrae del patrimonio del deudor el bien embargado, el que queda a las resultas del juicio en que fue dispuesto.

Al respecto, recuérdese que el artículo 192 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (similar al artículo 213 del CPCCN), al referirse a la forma de la traba del embargo preventivo, establece que "se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas"; mientras que el artículo 197 del mismo Código (idéntico al art. 218 del CPCCN), al indicar la prioridad del primer embargante, dispone que "tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas ..." Consecuentemente, no puede aceptarse la liberación del gravamen con el depósito de las sumas por las cuales fue trabada la medida, aun cuando el acreedor haya omitido solicitar, pudiendo hacerlo, una ampliación del embargo.

Ello es coherente con la inexistencia de norma alguna (tanto en el articulado de la Ley 17801 como en el de su Decreto reglamentario Nro. 2080/80) que imponga la necesidad de indicar el monto por el que se anota. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Recurso de casación, Constitución Nacional, defensa en juicio, ley procesal, principio de contradicción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

La base o núcleo del derecho de defensa es la posibilidad de audiencia de la persona sujeta a persecución penal, es decir, "de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, agregando, incluso, todas las circunstancias de interés para evitar o aminorar la consecuencia jurídica posible (pena o medida de seguridad y corrección), o inhibir la persecución penal". Para asegurar esa posibilidad la ley procesal debe adoptar los dispositivos que disciplinen las actividades formales necesarias a ese fin, cuyo desarrollo "es lo que se conoce como principio de contradicción" ("necesidad de dotar al imputado con facultades equivalentes al acusador, o, al menos, con facultades que le permitan resistir con eficiencia la persecución de que es objeto".
Nulidad del acto jurídico, actos jurídicos, nulidad parcial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDEZ RICARDO OMAR Y LIDIA NOEMI MENDEZ c/ SANTA GOMEZ DE AVETA s/ Ordinario (LIBRO: S075 - 493)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-04-24

"para que pueda funcionar la nulidad parcial, se requiere que el contenido del acto sea susceptible de division, sin que se destruya la esencia del conjunto. Es una traslacion del concepto sobre divisibilidad de las cosas establecido en el art. 2326 J.J. Llambias "Cod.Civil Anotado" T. II B-PAG.217) y en la jurisprudencia: "La condicion para que el acto pueda ser solo parcialmente anulado, es que sus diversas disposiciones, o mejor dicho, los diversos actos de disposicion que el encierra, sean separables"
Partidos políticos de distrito, partidos políticos nacionales, caducidad de la personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de caducidad en autos: Partido Demócrata Cristiano s/ fusión partidaria s/art. 50 inc. c de la ley 23.298
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-14

La actividad y la representatividad de las agrupaciones políticas deben ser acreditadas en los distritos en los que actúan (cfr. Fallos CNE 885/90, 895/90, 898/90, 909/90, 918/90, 1418/92, 1453/92 1463/92 y 2208/96, entre otros). El partido de distrito, aunque forme parte de un partido nacional, por definición solamente actúa en el distrito en el cual está reconocido (cf. Fallos CNE 2208/96). Debe recordarse, asimismo, que tal interpretación ha sido reiteradamente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 315:380 y 315:1399). Por lo demás, cabe señalar que la interpretación reseñada fue legislativamente afianzada por la ley 26.571, que mediante su artículo 16 precisó la redacción del inciso "c" del artículo 50 de la ley 23.298, estableciendo que es causal de caducidad "[n]o alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón electoral del distrito que corresponda" (cf. Fallos CNE 4336/10, 4353/10 y 4372/10).

4440/10
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, gobierno de facto, daños y perjuicios, universidades, designaciones docentes, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Console de Ulla, Angela Marta c/ Universidad de Buenos Aires - Carrera de psicología. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Es descalificable la sentencia que -al hacer lugar al reclamo de da$os por el cese de una docente universitaria- entendió que la demandada, en el memorial de agravios, no había criticado el fundamento principal del fallo, basado en la obligación del Estado de resarcir los da$os que fuesen consecuencia de la revocación, por razones de oportunidad, de un acto anterior que había generado derechos subjetivos en favor del administrado, pues en tal escrito la accionada atacó la resolución que establecía la designación como acto ilegítimo del gobierno de facto, y este argumento no fue tratado
Intereses, tasa activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ CAPLA SOCIEDAD DE HECHO Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-23

Cuando se ejecuta el saldo deudor de cuenta corriente bancaria donde no se ha acreditado las modalidades a las que el contrato estaba sujeto (art. 796 del Código de Comercio), y como ocurre en la especie, corresponde aplicar a la deuda, a partir de la vigencia de la Ley 23.928, el interés que "cobra" el Banco de la Nación Argentina, en virtud de la presunción establecida por el art. 565 del código citado conforme lo dispone su art. 571. La expresión "cobran" extraída textualmente de la norma de mención, significa pues, la tasa activa y de acuerdo a las modalidades de este tipo de contratos, de naturaleza eminentemente comercial, ley especial a la que se hallan sujetos y que desplaza a las generales civiles.
Contrato de trabajo, despido, presunción de contrato de trabajo, presunción legal, apreciación de la prueba, rechazo de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Tissera, Jorge Alberto c/ Transporte los Rusos S.R.L. s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-04

No resulta prueba válida de la prestación de los servicios, si el testigo relata lo que le dijo el actor en oportunidad de concurrir al sindicato, pero el testigo no concurrió al domicilio de la demandada para verificar los dichos del ahora demandante, ni cuando se habría realizado la inspección del Ministerio de Trabajo, ni en ninguna otra oportunidad.
Actos del gobierno de facto, deuda externa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunicardi, Adriano C. c/ Estado Nacional (BCRA.) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

La modificación por el Poder Ejecutivo constitucional mediante el decreto 772/86 de los compromisos asumidos frente a los acreedores extranjeros en 1982, con vencimiento en el ejercicio 1986 y en el futuro, tuvo el valor de una ratificación implícita pues comportó un reconocimiento de la vigencia de aquellos compromisos, los que debieron expresamente ser modificados o prorrogados.
Competencia contencioso administrativa, competencia originaria, empleados públicos, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ JUAN CARLOS; FILI JUAN JOSÉ; LUNA ADA ESTHER; BARRIONUEVO NANCY DEL V. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-12-17

El reclamo de reconocimiento de haberes por diferencias salariales del personal docente de la provincia y anulación de actos administrativos, atañe a la materia contenciosa administrativa y en consecuencia comprende la competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia en pleno (cfr. Cláusula transitoria 9, Constitución de la Provincia; Art. 1, 2 y 18 Ley 2297; y Art. 28 Inc. 5 de L.O.T.), puesto que el derecho subjetivo que se pretende vulnerado, emana de la relación de empleo público y por lo tanto es regida por normas de derecho público. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, trabajador autónomo, determinación del haber jubilatorio, prestación básica universal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BRUZZO ROMILIO AMARIO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

La PBU se trata de una prestación a la que tiene derecho todo afiliado al S.I.J.P., con independencia de los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que éstos puedan tener con ella. En ese sentido, la C.S.J.N. en autos "Jalil, Ana Graciela" (sent. del 23.03.04), consideró que la PBU no tiene por finalidad adecuarse a la cuantía de los ingresos de los jubilados y, al expedirse el 10.11.06 en autos "Zagari, José María", señaló que no es posible confundir la determinación de este componente de la prestación con la movilidad del haber. Por consiguiente, el monto de esta prestación ha de ser el que fije la ley que se dicte a ese respecto, pues se trata de una cuestión de política legislativa atenida a las posibilidades presupuestarias del sistema, materia ajena a la competencia judicial. (Disidencia del Dr. Laclau).
Sanciones disciplinarias administrativas, jueces, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Garnier  de  Cesaroni,  Silvia  Mariana  y  Balza  de Cesaroni, María s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Corresponde poner en conocimiento de la Suprema Corte provincial, para que adopte las medidas que considere del caso a fin de evitar innecesarias dilaciones en el trámite de los sumarios, que la investigación se ha visto demorada algo más de seis meses por la negativa de los jueces de primera instancia para resolver la cuestión de competencia, invocando razones de mero turno judicial.
Convenios colectivos de trabajo, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: Rivera, Walter Martín y Otros c/ Total austral S.A. y Otro s/ Diferencia de Salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-10

No puede aplicarse a un empleador un CCT si no ha suscripto directa o indirectamente este convenio, ya que la circunstancia de que una entidad gremial ejerza la representatividad de cierto grupo de trabajadores no implica que los convenios colectivos que celebra con alguna o algunas entidades patronales hayan de valer para cualquier empleador, de cualquier actividad que fuere. A los fines del encuadramiento convencional, no sólo es necesario saber si la entidad demandada suscribió el convenio en forma directa o estuvo representada por otra que asumía ese rol (el de representante) en la actividad, pues no resulta aplicable a las relaciones de una empleadora con su personal un convenio colectivo que no suscribió y en cuya celebración no estuvo representada. La circunstancia de que una entidad gremial ejerza la representatividad de cierto grupo de trabajadores no implica que los convenios colectivos que celebra con alguna o algunas entidades patronales o empresariales hayan de valer para cualquier empleador, de cualquier actividad que fuere, porque la representación válida de éste es requisito básico para ello, en los términos del art. 9 de la ley 14.250
Admisibilidad del recurso, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dapero, Fernando c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-07

La disidencia consideró que corresponde hacer lugar al recurso, pudiendo constituir los agravios invocados alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN. (Dres. Slokar, David, Ledesma -disidencia-).
Escribanos públicos, funcionarios públicos, Administración Pública
Materia: CIVIL
Carátula: C, O.E. s/ Malversación de caudales públicos. Recurso de inconstitucionalidad   (Expte CSJ Nº 380-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Sin perjuicio de que el escribano no puede considerarse funcionario público a los fines de atribuir responsabilidad a la Administración por sus actos, atendiendo a que no se presentan las notas características de la relación de empleo público, no caben dudas que como fedatario cumple una función pública. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Barraguirre).