Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-17


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de los incidentistas en autos: "CONOR SACIFIA s/Concurso Preventivo (Hoy Quiebra)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de nulidad y casación interpuesto a fs. 300/307 por el letrado apoderado de los incidentistas, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIª del 29/10/2003.

En su exposición de los antecedentes de la causa, relata que en autos se dictó sentencia de primera instancia el 30/11/2001, declarando verificado el crédito laboral que invocaran sus mandantes. En forma expresa se dispuso que los importes consignados en las planillas anexas obrantes a fs. 22 vta. y una fs. sin número, en australes, debían ser convertidos a pesos de curso legal, y actualizados con los índices de bienes al consumidor de bienes y servicios. Señala que al punto I de la dispositiva, la Sra. Juez ordenó que "deberá ser incrementada con la actualización monetaria e intereses conforme lo considerado", en remisión a lo previamente transcripto; reiterando en el punto II el deber de Sindicatura de incluir estos montos en los proyectos de liquidación respectivos, con más la actualización e intereses conforme a lo considerado.

A su entender, la planilla confeccionada por Sindicatura es violatoria de lo resuelto en aquel pronunciamiento, en base a una interpretación que no se condice con lo ordenado, pues actualiza todos los conceptos a partir de la fecha del despido y no desde que cada uno de los conceptos es debido. Le agravia el rechazo de la impugnación planteada por su parte en ambas instancias de grado, prescindiendo del plexo normativo vigente. Invoca violación del derecho sustantivo y adjetivo, por falsa o errónea aplicación de los arts. 31, 32, 33, 34, 272 y 280 del CPCC, y de lo normado por los arts. 12, 15, 58, 276 y cc. de la LCT; conculcando las garantías consagradas en los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Según afirma, la Cámara incurrió en contradicciones y omitió aplicar principios universales vigentes en materia laboral, con alteración de la cosa juzgada al apartarse de lo dispuesto por sentencia firme del 30/11/2001.

Puntualmente, alega que el escrito obrante a fs. 12/13 nunca fue considerado por las partes ni por la sentenciante; y que la alzada eludió el deber de actualizar la planilla agregada a fs. 22 y vta. y una fs. sin número dispuesto en dicho pronunciamiento. Que ello debía realizarse según lo normado expresamente por el art. 276 de la LCT; esto es, desde que cada uno de los montos integrativos de la planilla es adeudado y no desde la fecha del despido. Argumenta que la litis no se trabó con el escrito de fs. 12/13, según lo afirmado por la Cámara, sino que ello tuvo lugar en los términos de la demanda y su contestación. De allí que califica al fallo en recurso como un acto voluntarista, apartado de las reglas de la sana crítica y violatorio de los arts. 272 y 273 de la ley adjetiva, por lo que resultaría nulo de nulidad absoluta de acuerdo a la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia citada en el memorial recursivo.

Continúa expresando que a más de los vicios de procedimiento denunciados, el fallo contiene errores in iudicando, pues sin encuadre jurídico alguno interpreta arbitrariamente la referida sentencia del 20/11/2001, en violación a los derechos de propiedad y defensa en juicio. Ello en tanto habría eludido que ante la modificación de la ley concursal en lo atinente al fuero de atracción, la causa fue remitida desde el juzgado laboral cuando había concluido la etapa probatoria. Denuncia violación de la cosa juzgada, al incorporar en el decisorio un escrito que nunca fue considerado en dicha sentencia; y la violación del orden público laboral y la consiguiente irrenunciabilidad de los derechos del trabajador (arts. 12, 15 y cc. de la LCT), que obligaba a los jueces a aplicar el derecho con prescindencia o contra la opinión de las partes (art. 34, CPCC). En suma, reclama la aplicación de lo dispuesto por el art. 276 de la LCT, que manda actualizar los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo desde la fecha en que debieron abonarse y hasta el momento del efectivo pago. A tal efecto, pide se tome como índice base de actualización de cada uno de los rubros que le causan agravio, el correspondiente al mes en que respectivamente debían ser pagados; con la salvedad de que respecto a las restantes deudas salariales no existe discrepancia con la sindicatura.

Finalmente, postula que la doctrina de los actos propios no es aplicable en materia de derecho del trabajo, y por ende, la actualización debía realizarse aplicando el referido art. 276 aún sin mención expresa la actualización ordenada. Propone doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

A fs. 310/315 el Síndico responde el traslado, oponiéndose a la admisibilidad y procedencia del recurso interpuesto por los actores.

2.- La vía extraordinaria local fue concedida por auto de fs. 320, y previa integración del Tribunal, la causa quedó en estado de dictar pronunciamiento. Se comprueba que ha sido interpuesta en término, contra una sentencia en el sub lite resulta equiparable a definitiva, ya que da fin a la controversia sobre el monto del crédito verificado en los términos de la anterior sentencia firme, y lo establece cuantitativamente sin posibilidad de un reexamen ulterior (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 191 del 29/3/99).

Según emerge de las constancias de autos, por sentencia del 30/11/2001 la Sra. Juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión de los incidentistas; y en lo pertinente, dispuso la verificación de los montos nominales expresados al punto I, con carácter de privilegiado y con privilegio general en contra de la fallida CONOR SACIFIA, "debiendo incluirse por Sindicatura en los proyectos de liquidación respectivos, con más la actualización e intereses conforme a lo considerado, debiendo tener en cuenta la solidaridad con los condenados en el punto I del mismo pronunciamiento (cfr. punto II de la resolutiva, fs. 213 vta.). A su vez, los considerandos aluden a "los importes consignados en las planillas anexas obrantes a fs. 22, vta. y una fs. sin número, en australes, por lo que deberán ser convertidos a pesos de curso legal, y actualizados con los índices de precios al consumidor de bienes y servicios, incrementándose con intereses al 12% anual, hasta el 31 de marzo de 1991 y posteriormente con la tasa pasiva que fija el BCRA.." Firme este pronunciamiento, a fs. 251/252 el síndico presentó la liquidación impugnada por el letrado apoderado de los incidentistas, quien alegó errónea interpretación de lo resuelto en aquella sentencia. Estas observaciones fueron rechazadas por resolución del 30/5/2003 (fs. 271), confirmada por el Tribunal de alzada en los términos del fallo recurrido. Al fundar su conclusión, la Sala a quo valoró el contenido de la presentación obrante a fs. 12/13, en la que los acreedores laborales solicitaron la verificación tardía de sus créditos. A criterio del Tribunal, la resolutiva de la sentencia que hizo lugar al incidente, no ha expresado que la actualización deba efectuarse según pretenden los apelantes; señalando que este pronunciamiento no fue objeto de aclaratoria ni recurso alguno. Concluyó que en consecuencia, la actualización procederá conforme a lo solicitado expresamente, pues en tales términos se ha constituido la litis.

3.- Es oportuno recordar que según ha interpretado gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, las sentencias que declaran verificado un crédito o privilegio, así como las que declaran su admisibilidad o inadmisibilidad tienen la inmutabilidad de la cosa juzgada material, salvo dolo. En el primer supuesto, esa calidad la adquieren a partir del propio pronunciamiento verificatorio; que desde el punto de vista procesal configura el resultado de una sentencia de conocimiento pleno que, frente a la masa de acreedores, es una verdadera acción causal de derecho común, por lo que tiene eficacia y efecto de cosa juzgada material (cfr. CSJTuc., sentencia N° 1009 del 08/11/2002, autos "Cruz Alta S.A. s/Concurso Preventivo- Inc. promovido por Ceferino Lazarte y otros s/verificación de crédito -tardía-").

La liquidación no es más que el acto por el cual se establece el monto aritmético de la suma debida, e importa determinar cuantitativamente la deuda según las pautas de la sentencia definitiva. Por ende, como acto de fijación destinado a hacer cesar la incertidumbre del pronunciamiento que difiere la cuantificación de la condena, no constituye título independiente ni abstracto. En autos, la Cámara entendió que la posición de los incidentistas no se ajusta al contenido de la sentencia firme, ni a lo reclamado al formular el pedido de verificación de los créditos; y los agravios expuestos en el memorial casatorio no evidencian error de derecho o arbitrariedad en la decisión cuestionada. No logra el recurrente demostrar que, pese a las razones dadas por la Sala a quo, la decisión contradice o se opone a lo resuelto sobre el fondo del asunto en la anterior sentencia firme.

Las razones del impugnante son insuficientes para concluir que del pronunciamiento verificatorio pueda extraerse la decisión expresa de calcular la actualización monetaria, según las pautas que estima correctas. De la reseña precedente surge que previo a disponer sobre actualización monetaria e intereses, la Sra. Juez indicó los montos de los créditos admitidos, remitiéndose a los importes consignados en las planillas agregadas a fs. 23 y 24 en la actual foliación; mas ello no significa pronunciamiento sobre la cuestión debatida con el alcance reclamado. Contrariamente a lo afirmado por en el memorial de agravios, tal remisión no puede entenderse, sin más, como determinativa del sistema de actualización que reclama. De otra parte, el incidentista es conteste en admitir que dicha sentencia se encuentra firme; con lo cual permanece incólume el aserto sentencial, en cuanto destaca que lo así resuelto no ha sido objeto de aclaratoria o recurso alguno.

En estas condiciones, la resolución de la alzada no se presenta violatoria de la cosa juzgada o de las reglas de la sana crítica. La referencia al escrito de fs. 12/13, como pauta para esclarecer el dies a quo de la actualización monetaria ordenada, se corresponde con la naturaleza de este proceso incidental, y las posiciones asumidas por las partes. Es incuestionable que lo peticionado por los actores ha sido la verificación tardía de sus créditos laborales; y tal es la pretensión acogida en la instancia de mérito. De allí que no resulta contrario a derecho dirimir la controversia ulterior, atendiendo a la concreta pretensión esgrimida ante el Juez competente. La Cámara ha resuelto el planteo conforme a las constancias de la causa; en particular, los alcances del pedido de verificación tardía formulado a fs. 12/13; cuyo contenido en lo atinente al cómputo de la actualización no es controvertido por el recurrente, y resulta de lo manifestado a fs. 12 vta. La concreta pretensión verificatoria contuvo un reclamo de actualización monetaria con pautas distintas de las que ahora propone el actor; y los fundamentos recursivos son ineficaces para desconocer los actos procesales cumplidos en este incidente; que han sido libre expresión de su voluntad de requerir la verificación de los créditos reclamados.

4.- Yerra la incidentista al afirmar que la litis se trabó con la demanda incoada ante el fuero laboral y su contestación. De acuerdo a lo normado por la ley 24.522, el acreedor laboral debe insinuar su crédito ante el Juez del concurso o la quiebra; y en el sublite ello fue concretado mediante el pedido de verificación tardía de los créditos invocados. En el régimen vigente el acreedor laboral, como cualquier otro titular de una pretensión de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, debe insinuarse en el pasivo sujetándose al régimen concursal, sea por vía del pronto pago o de la verificación. Como regla, las pretensiones laborales resultan atraídas por el juzgado del concurso, en donde sus titulares pueden acceder al beneficio del pronto pago; y en caso de improcedencia del mismo, perseguir el reconocimiento de sus créditos por vía de la insinuación tempestiva o tardía.

Al respecto, esta Corte Suprema de Justicia ha puesto de relieve que el actor en juicio laboral carece de facultad de optar entre continuar el juicio ante el Juez del concurso o ingresar en el trámite verificatorio, debiéndose, entonces, acumular el juicio al pedido de verificación. A tal resultado se llega a través de la interpretación del nuevo régimen legal (art. 21, inc. 1º, 2º y 5º ley citada; cfr. CSJTuc., sentencia Nº 320 del 13/5/96, autos "Arrieta Fernando y/o. vs. La Ganga S.A. y/o. s/cobro de indemnizaciones, etc."). En igual sentido, la doctrina ha destacado que el inc. 5º del referido art. 21 no alude a una acumulación de procesos, por ser esto inviable desde el punto de vista procesal, sino que esta acumulación significa someter los juicios laborales al fuero de atracción y a la suspensión de su tramitación, al ser reemplazados imperativamente por la verificación (cfr.Maza, Alberto J. y Lorente, Javier A., Créditos laborales en los concursos. Bs. As., Astrea, 2000, pg. 90 y sgtes. y sus citas) En suma, todo acreedor laboral debe someterse al régimen concursal de insinuación. La diversidad de formas procesales para la viabilidad de la pretensión no autoriza a soslayar las consecuencias procesales y sustanciales de la presentación al concurso. Planteado un incidente de verificación tardía, se abre una instancia contenciosa a pedido del acreedor; y si existía juicio en trámite contra el deudor, la LCyQ ordena la acumulación de aquellas actuaciones; que es lo acontecido en el sublite. No cabe perder de vista que quien promueve el incidente de verificación tardía pretende legitimarse como acreedor en el pasivo concursal; lo cual no sólo incide en el patrimonio del concursado sino también, y esto es esencial, sobre los restantes acreedores.

Más allá de las situaciones que pudieron haberse suscitado en el juicio individual, lo relevante es que en autos se dictó pronunciamiento sobre el pedido de verificación del crédito, y la decisión no fue motivo de impugnación ni de aclaratoria por parte del recurrente. Mal puede entonces alegar que el mentado escrito de fs. 12/13 no ha sido materia de decisión, cuando la sentencia firme consideró y resolvió expresamente la solicitud de verificación con privilegio especial y general planteada en la presentación aludida (cfr. sentencia del 30/11/2001, fs. 211/213).

5.- Es oportuno señalar que el planteo en análisis excede la denuncia de un mero error material; pues se esgrime a partir de la premisa de que la sentencia firme resolvió en forma expresa la cuestión, y con los alcances que su parte interpreta. En rigor, los planteos sustanciales del recurrente debieron exponerse en relación a la sentencia que hizo lugar a la verificación; y una vez firme la misma, no cabe examinar su acierto o desacierto, para asignarle un sentido y alcance que no resultan de su texto. La alegada prevalencia de las normas y principios invocados en el memorial casatorio debió ser invocada en la oportunidad procesal correspondiente; y la omisión al respecto impide a esta Corte Suprema de Justicia ingresar en el análisis de agravios que resultan extemporáneos. Se trata de actos procesales anteriores al pronunciamiento recurrido que han sido consentidos por el impugnante.

Si en el desarrollo normal de las instancias procesales hubo cuestiones que ya fueron resueltas y quedaron firmes o alcanzaron el estado de cosa juzgada, el principio de gradualidad procesal, custodiado por la preclusión y fincado en las garantías del debido proceso y del derecho de propiedad, impide el replanteo de los temas superados de un modo definitivo, irrevocable e irreversible (CSJTuc., entre otras, sentencia del 16/6/97, autos "Nougués Hnos. SACIFI vs. Suc. Carlos Elwart y otros s/Cobro ejecutivo; sentencia Nº 903 del 23/11/99). La doctrina ha destacado en tal sentido que la cosa juzgada alcanza también a aquellas cuestiones que, pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron;. y que la preclusión que da base a la cosa juzgada no refiere solamente a la facultad de renovar las cuestiones planteadas y decididas, sino también a la de proponer cuestiones no planteadas y que habrían podido plantearse. A igual idea obedece la inadmisibilidad de una pretensión idéntica a otra ya decidida mediante sentencia firme ((cfr. Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, T°. IV, pág. 452 y sgtes. y jurisprudencia citada en pág. 453; CSJTuc., sentencia Nº 978 del 20/11/2000).

La volición que configura esencialmente al pronunciamiento definitivo es la procedencia de los rubros integrativos de la demanda, que aquella enumera. A todo evento, si se considera que esa voluntad judicial fue erróneamente expresada o formulada, y la parte que se pretende agraviada no planteó aclaración o recurso, la preclusión operada impide replantear la cuestión en oportunidad de cuantificarse monetariamente cada uno de esos rubros, pues ello excede el error puramente numérico Precluida la posibilidad de pedir aclaratoria o de interponer un remedio impugnativo, los efectos de ese pronunciamiento son indisponibles para las partes. Por ello, la interpretación del Tribunal a quo es respetuosa del debido proceso y sus principios de preclusión y progresividad, los cuales reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica. Esta Corte Suprema tuvo oportunidad de expresarse en el sentido de que el proceso, como mecanismo de debate reglado por las normas orientadas a asegurar el orden de su desarrollo en dirección al decisorio final -la sentencia-, establece un iter lógico de una sucesión de actos que una vez incorporados hacen avanzar el mismo sin retrocesos, de tal suerte que sus efectos quedan firmes de un modo irrevocable. Esa vocación de mantener la firmeza de los actos cumplidos se denomina preclusión, y se fundamenta en el principio de seguridad jurídica, que reserva la estructura vertebrada de la proceso, pues de otra manera el edificio procesal zozobraría en un mar de cambiantes posiciones asumidas por los litigantes (CSJTuc., "S.H.E. y otra s/divorcio", 4/5/92). La preclusión afecta la facultad procesal de ejercitar el acto de que se trate, cualquiera sea la posición del sujeto respecto a él, es decir, su decisión de cumplirlo o no, su negligencia o conformidad. Aparece así como un impedimento para el ejercicio de la concreta actividad procesal por haberse perdido la facultad de hacerlo (CSJTuc., "Amado, M.A. vs. E.T.P. Florida s/daños y perjuicios", 1/12/93).

A mérito de las razones expresadas, corresponde desestimar el recurso de casación impetrado por los incidentistas, con costas a los vencidos por ser ley expresa (arg. art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de los incidentistas, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIª del 29/10/2003.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA