marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Lozano, Raúl F. y otros c/ Autoplat  SACI s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Existe cuestión federal, aunque las impugnaciones se refieran a cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, si el fallo impugnado realiza un análisis parcializado de las pruebas y establece una carga probatoria ajena al régimen respectivo.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, derechos de incidencia colectiva, telefonía celular, antena comunitaria, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VECINOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LEY 10000 - RECURSO DE QUEJA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 578 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-17

Corresponde denegar el recurso extraordinario desde que - si bien el compareciente aduce que esta Corte resolvió con desconocimiento de los principios constitucionales de defensa en juicio, derecho de propiedad, derecho a ejercer industria lícita, igualdad ante la ley y seguridad jurídica- se observa, en realidad, una mera disconformidad con los argumentos esbozados a dar respuesta pormenorizada a cada uno de los planteos esgrimidos contra el decisorio de la Sala, al juzgar que lo resuelto - orden de retiro de la estructura de soporte de antena de su propiedad que presta un servicio público de telefonía celular móvil local e interprovincial- no hace más que disponer la aplicación de ordenanzas vigentes en el municipio desde hace bastante tiempo.

En su memorial la compareciente insiste respecto que una eventual demanda de daños y perjuicios contra el Estado no puede tutelar los derechos y garantías afectados por el desmantelamiento de la antena, pero en su formulación no se hace cargo de lo dicho por esta Corte cuando determinó que ningún argumento de peso se observaba en el escrito recursivo que permitiera sostener que el tránsito por las vías impugnatorias que menciona la sentencia obstaría a dicha tutela, ocasionándole algún perjuicio de imposible reparación ulterior.
Declaración de ineficacia, competencia, sentencia firme
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANTA RITA  S.A. s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-14

La sentencia de ineficacia firme, que condena a la entrega de una cosa (art. 574 C.C.), frente a su incumplimiento da facultades al Juez del concurso a proceder por vía de la fuerza pública (manu militari), ya que existe una condena específica, ante lo que todavía no se ha realizado por la imposibilidad manifiesta de entregar la cosa (arts. 505 inc. 3 y 576 del C.C.), y no queda otra alternativa que la reparación por la vía pecuniaria por parte del incumplidor (arts. 576 y 519 del mismo cuerpo legal ya citado). No es cierto que se requiera de un nuevo proceso para determinar el monto de la indemnización, sino que en cumplimiento de la cuestión ya resuelta, puede estimarse el monto de dicho daño y por ende ordenar su depósito, y en todo caso si existiera reticencia, proceder compulsivamente en contra de la condenada.-
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, Administración General de Puertos, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-NAVEGACION
Carátula: Arcadia Cía. Arg. de Seguros  SA. c/ Cap. yño Arm. yño Flet. Bq. "Río Cincel" yñu otro s/ cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

Al salir la mercadería de la esfera de custodia del transportador cesa su obligación de responder por ella, trasladandose ese deber a la Administración General de Puertos, lo cual determina la imposibilidad de responsabilizar a aquél por hechos cometidos por terceros que, en esas condiciones, serían ajenos al transporte por agua.
Concursos, acuerdo resolutorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grandes Almacenes El ABC S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Para que una propuesta de concordato hecha por una sociedad anónima pueda ser admitida, es indispensable que haya sido ratificada por la Asamblea de accionistas, debiendo esta ratificación ser presentada antes del día de la audiencia, según lo dispuesto por el art. 9 de la ley de quiebras.
Estabilidad del empleado público, personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moya, Armando Valentín c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Los agentes de planta temporaria -mensualizados, reemplazantes y contratados- se hallan incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación, hallándose por ende excluidos de las previsiones que en materia de sustitución del derecho a la estabilidad prevé el estatuto para los empleados del municipio de Ensenada, pues precisamente su condición de agentes de planta temporaria les impide adquirir aquélla y, por consecuencia, hacerse acreedores a la indemnización.
Recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: QUEJA DEL DR. LUIS C. MANSILLA s/ GARBI, MIGUEL TOMAS C/ ALEJANDRO NAUM (H) S.R.L. S/CUMPLIMIENTO DE  CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-23

En materia de recurso de apelación, el efecto suspensivo es la regla, y sólo excepcionalmente por disposición de la ley, se concede con efecto devolutivo, y la excepción a dicha regla debe hallarse determinada en forma expresa, tal como lo dispone el art. 243 del código procesal.
Municipalidad, ordenanzas municipales, acto administrativo firme, seguridad jurídica, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Tidone, Leda Diana c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

La interpretación otorgada al art. 95 de la Ordenanza General 267 de la Municipalidad de General Pueyrredón, que obligaría a los particulares a la permanente impugnación de la actividad reglamentaria de la administración, con el único fin de evitar que, por el transcurso del tiempo queden firmes los actos dictados como consecuencia de aquélla, atenta contra el principio de la seguridad jurídica, que reviste jerarquía constitucional.
Recurso extraordinario federal, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, derechos y garantías constitucionales, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: López Castro, Carlos Joaquín c/ Municipalidad  de  la  Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Es admisible el recurso extraordinario si la decisión impugnada, en lo que se refiere a la distribución de los gastos causídicos materia-como regla y por su naturaleza-ajena a la vía del art. 14 de la ley 48 ha excedido, los límites de la jurisdicción apelada con menoscabo de garantías constitucionales.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, intereses, tasas de interés, sentencia firme, tasa activa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Arredondo, Andrés Federico c/ Swiss Medical ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción:  — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-28

De la confrontación de los lineamientos trazados por esta Corte con las constancias de la causa y conclusiones arribadas por el Tribunal subrogante, surge que este último entendió -erróneamente- que podía volver a valorar y juzgar el comienzo de aplicación de los intereses, mas el recto sentido contextual del decisorio anulatorio de este Tribunal, no dejaba al respecto margen alguno de libertad de decisión para el subrogante, en tanto las directivas referían a la necesidad de volver a juzgar nuevamente la causa respecto a la determinación de la tasa de interés y el mecanismo utilizado para el cálculo indemnizatorio en relación al pago parcial efectuado oportunamente por la aseguradora demandada; y si bien dichos aspectos (tasa de interés y cuantificación indemnizatoria) podrían haber generado una eventual confusión respecto a si los mismos incluían el mentado arranque de los intereses, basta la lectura del pronunciamiento dictado por este Tribunal para concluir que la Corte fue precisa al señalar las pautas del reenvío consistentes en que el Sentenciante no podía eludir el examen previo de las invocaciones vertidas oportunamente por la accionada al contestar el memorial de agravios, respecto a que los intereses que deberían computarse en autos, entre la fecha del accidente y el pago efectuado en sede administrativa, consisten en la tasa activa prevista por la Resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren la Dra. Gastaldi y los Dres. Erbetta y Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pernas, Jorge y otros c/ Hernández, Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Es doctrina legal emanada de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que el plazo de prescripción se interrumpe con una gestión judicial que ponga de manifiesto la actividad del acreedor y su intención de mantener vivo el derecho y no dejarlo perder (art.

3986 C.C.).-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, despido, contrato de trabajo, prueba, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: PEDRO ALBERTO BUDA. c/ EPSZTEIN E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-30

La decisión de tener por acreditado el despido incausado del actor por aplicación del principio de la inversión de la carga de la prueba consagrado por el artículo 39 de la ley 7718 de la Provincia de Buenos Aires no se compadece con las constancias del caso, ya que la citada norma se refiere a los supuestos en que los libros no sean llevados de acuerdo a las exigencias legales o no se los exhiba a requerimiento judicial, y a aquellos en que se controvierta el monto o el cobro de la remuneración, lo que no ocurre en autos, en que la demandada lleva el libro de sueldos y jornales en legal forma y el hecho controvertido versaba sobre la existencia del despido y no sobre el monto de las remuneraciones, de manera que la inversión de la carga probatoria sobre tal aspecto resulta injustificada.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: CIVIL
Carátula: CITADINO Rubén c/ ARES RODRIGUEZ Daniel s/ INCIDENTES-CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-25

Todo acto acorde con el estado procesal, con virtualidad suficiente para hacer avanzar el juicio hasta su conclusión y que revele el ánimo de proseguir la causa, tiene por efecto la interrupción del término de caducidad.-
IVA, contrato de transferencia de tecnología, impuesto a las ganancias, aplicación analógica de la ley, principio de legalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Puentes Del Litoral S.A. (TF 26.823-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-20

Dado que en toda la normativa atinente al impuesto al valor agregado no existe referencia alguna al incremento de la base imponible como consecuencia de los impuestos tomados a cargo por parte del prestatario, la interpretación realizada por el organismo recaudador al integrarla a partir de una norma extraña a la cuestión como el instituto de "grossing up" regulado en una norma extraña a la cuestión -Impuesto a las Ganancias, ley 20.628- es contraria al principio de legalidad tributaria, máxime cuando el artículo incorporado a continuación del art. 26 de la ley del Impuesto al Valor Agregado obliga al contribuyente a tomar como base de imposición de una importación de servicios al precio neto que surja de la factura o documento equivalente (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Accidentes de trabajo, indemnización por muerte del trabajador
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: ZAPATA, HILDA GRACIELA Y OTROS c/ BOSCAROL, MARCELO FERNANDO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO     ACCION CIVIL      EXPTE NRO 90-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-11

Aparece insoslayable la responsabilidad solidaria de Boscarol (dueño del vehículo que protagonizó el accidente que costara la vida de su conductor) y de las empresas contratistas cuya actividad consistía en el transporte de clearing y-o documentación bancaria para terceros de acuerdo a lo previsto por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, solidaridad que se ha querido establecer como garantía principal por las responsabilidades pecuniarias de los subempresarios, de tipo objetivo, basada en el riesgo asumido, que conlleva soportar las cargas por parte de quien se beneficia con las ganancias. Tal norma tiene finalidad cautelar y procura prevenir que el trabajador se vea privado de prestaciones a las que tiene derecho en virtud del fraccionamiento del proceso productivo, sea por incertidumbre acerca de la identidad del empleador, sea porque el beneficiario de los servicios derive su responsabilidad a sujetos insolventes, tendiendo a desalentar la alteración de la "unidad de ejecución", en cuanto pueda ser vehículo de fraude al trabajador. La contratación de servicios por la condenada solidaria correspondientes a la actividad normal específica propia de su establecimiento, le acarrean responsabilidades por las obligaciones derivadas del negocio jurídico laboral mediante el cual se llevara a cabo la finalidad empresaria y en la cual aparece involucrado el trabajador, cuyo fallecimiento diera motivo a la controversia, responsabilidad que no se enerva por la opción por la vía civil, ya que se origina en una solidaridad legal y mantiene su vigencia en la medida que el principal del contrato de trabajo sea condenado, pues definitiva el ordenamiento positivo es uno y no permite vivisecciones castrantes de los derechos, pues en concreto se trata de una opción que precisamente ha sido dispuesta en el marco normativo específico.
Jueces, remuneración, acción de amparo, remuneración del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maggi, Juan Carlos y otros s/ Acción de amparo Scarpati, María Cristina y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05|1989-12-05

No puede pretenderse que se considere como base para efectuar el reajuste de la diferencia de haberes debido con base en el art.96 de la Constitución nacional, la remuneración de una fecha anterior a la del juramento del Juez, porque la norma exige el ejercicio de la actividad jurisdiccional.
Proceso contravencional, notificación, oficial notificador, constancia del oficial notificador, instrumentos públicos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: J, G. O. s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

En lo concerniente al carácter de instrumento público que ostentan las diligencias de notificación y las constancias asentadas por el notificador, la validez de dichos instrumentos está condicionada al cumplimiento de ciertas formalidades que "permiten otorgarle plena fe al contenido de los mismos". Ello no se corrobora si falta la firma del testigo del acto. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Robledo).
Falta de legitimación para obrar, traba de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: De Sousa Canada, Manuel c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-01

La conformación regular de la traba de la litis, que se vincula con la estructuración adecuada de la relación jurídica procesal, es uno de los presupuestos básicos del proceso, que debe ser controlado oficiosamente por el iudicante, no siendo óbice para ello que la falta de legitimación no hubiese sido oportunamente articulada.
Excepciones procesales, falta de personería, falta de acción
Materia: PROCESAL
Carátula: UNION CIVICA RADICAL s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad - Decreto N° 630/2010
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-14

La falta de personería contemplada como excepción en el art. 350 inc. 2 de la Ley XII N° 5 (antes 347 inc. 2 del C.P.C.C.), se funda en dos causales, consistentes la primera en la falta de capacidad civil de las partes para estar en juicio; y la segunda en la falta o defecto en la representación invocada por quienes se presentan en el proceso en nombre de aquéllas.

En cambio, la "falta de acción" refiere a los supuestos en que la insuficiencia del derecho invocado, o la improcedencia de la acción en cuanto al fondo por la falta de correspondencia absoluta de la situación en la relación jurídica controvertida, aparece manifiesta en la demanda, a tal extremo que permite su rechazo, sea "in límine" o en la etapa final del proceso, pero sin entrar a considerar otros argumentos.
Daños y perjuicios, restricciones al dominio, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: OTANAW SAAICI Y F c/ EDENOR SA y otro s/ servidumbre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-05

La parte actora promovió esta demanda contra EDENOR SA y contra COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES SA y/o su cesionario (Telefónica de Argentina SA), por los daños y perjuicios derivados del actuar de ambas empresas en relación a la instalación de un centro de distribución de electricidad (servidumbre de electroducto) en el inmueble de su representada, ubicado en la calle Clay 2960/62, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objeto de la demanda se refiere a las restricciones impuestas al dominio privado, establecidas en miras del interés público. En tales condiciones, la pretensión jurídica deducida se encuentra regida, "prima facie", por principios y normas del derecho administrativo (arg. art. 2611, del Código Civil y su nota), sin perjuicio de que también pueden llegar a aplicarse supletoriamente institutos del derecho común (conf., CSJN, Fallos:102:175; 320:1999; esta Sala, causas 7414/04 del 26-10-04; 4362/03 del 6-7-04; 6293/02 del 11-3-03; Sala I, causas 6678/02 del 19-9-02; 7423/02 del 14-11-02; 5566/02 del 19-11-02; Sala II, causas 3019/02 del 24-10-02; 5001/02 del 22-4-03; Mariani de Vidal, M., "Curso de Derechos Reales", t. 2, ps. 7/13, edc. 2000). El conocimiento de estos autos corresponde al fuero en lo contencioso administrativo federal, particularmente versado en la materia. En el mismo sentido se pronunció la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (conf. Sala IV, causa 29.032/95 del 3-4-97; Sala I, causa 28.071/95 del 22-4-97).
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, violación del reglamento de copropiedad, obra antirreglamentaria, falta de legitimación para obrar, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ, Emilio c/ FIORENTINO, Susana s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

En caso de obras realizadas en una unidad de un edificio en propiedad horizontal en violación al reglamento de copropiedad, el consorcio o los propietarios afectados, ignorando quien ha realizado dicha construcción -si el propietario registral o el ocupante de la unidad- demandan al ocupante quien no realizó la obra, prosperando en consecuencia la excepción de falta de legitimación opuesta por éste último, como los accionantes podían creerse con derecho a demandar como lo hicieron, cabe imponer las costas del incidente en el orden causado.
Cobro de sumas de dinero, perito médico, despido, rubros indemnizatorios
Materia: LABORAL
Carátula: Uran, Marcelo Alejandro c/ Derudder Hnos. S.R.L. s/ Cobro de pesos, Expte. Nº 1369/SL c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-09

El tema por el cual la Perito Médica Psiquiatra intervino en autos, está relacionado a la salud del trabajador y su vinculación con el cese del contrato de trabajo. No está atado a un rubro relacionado con una dolencia física o una incapacidad; pero sí tiene relación respecto a los rubros del despido (se debatía si se encontraba en condiciones de trabajar o no, y por tanto la legitimidad del auto despido del trabajador) Por tanto, los rubros derivados del despido (integrativo, SAC sobre integrativo, preaviso, SAC sobre preaviso, despido, art. 2° Ley 25323) son los que deben tomarse como base económica regulatoria (Voto Welp. Adhesión Romero)
Cesantía, nombramiento, Procuración del Tesoro, reincorporación, daño moral, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Granillo Fernández, Alejandro José c/ Min. de Justicia y Derechos Humnos - PEN s/ restitución al cargo y daño moral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-14

Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor a fin de que se declare la nulidad de la resolución mediante la cual se canceló su designación como delegado de la Procuración del Tesoro de la Nación, le otorgó una indemnización por daño moral y denegó su restitución al cargo, pues la circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, no puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la ley 19.549, siendo la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias.

-Del precedente "Schnaiderman" (Fallos: 331:735), al que remite la Corte.
Responsabilidad extracontractual, daños y perjuicios, funcionarios públicos, personal policial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

Las personas que el Estado designa para que se desempeñen en funciones por él encomendadas, son agentes suyos y por lo tanto órganos de él.

Por ello, no son dependientes en el sentido del art. 1113 del C.C.; puesto que cuando actúan en el ejercicio aparente de las funciones que les han sido encomendadas, actúan como órganos del Estado, o sea, actúa directamente el Estado a través de ellos.

Los requisitos necesarios para que el Estado sea responsable son los siguientes: a) Existencia del daño, b) Hecho humano o de las cosas o acto administrativo legítimo o ilegítimo productor del daño; c) que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el daño que se alega; además, que el acto causante del daño pueda imputarse al órgano administrativo y por lo tanto a la administración. (Mayoría: Dra. Piccinini, Dr. Apcarián, Dra. Filipuzzi)