Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 26 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta el doctor Miguel Angel Vilar, dijo:

I.- La sentencia definitiva obrante a fs. 876/ 885 vta. de estas actuaciones admitió parcialmente la demanda incoada por A. S. N.. En consecuencia condenó a María Mónica o Mónica María Brozzi de Clerc a pagar a los actores la suma de $ 323.000, con más las costas y sin los intereses por no haberlos solicitado.

De la susodicha sentencia apelaron ambas partes.

La actora expuso sus críticas en el escrito que obra a fs. 967/ 976 las que no fueron respondidas por la contraria. La demandada, por su parte, expresó agravios a fs. 961/ 965 y recibió oposición a fs. 982/986 vta.

II. El caso Se trata de un accidente acontecido el día 7 de marzo de 1998, aproximadamente a las 16. 30 hs, en un local (polirubros) de nombre "San Bruno", sito en la calle Culpina 24 de esta ciudad y en circunstancias que la entonces menor A. S. N. fue golpeada por una cortina metálica en la puerta de entrada de dicho comercio. Que el hecho le produjo severas lesiones cuya reparación pretende en este proceso.

a) La señora juez "a quo" consideró que tratándose de un supuesto de vicio o riesgo de la cosa, debía aplicarse el artículo 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil. Y que no le asistió razón a la propietaria del local en cuanto trató de exonerarse de responsabilidad acreditando la transferencia de la guarda de la cosa en virtud del contrato de locación que había celebrado con el locatario. En consecuencia, la condenó a reparar el daño ocasionado.

La demandada se quejó de la decisión recaída en materia de responsabilidad. Sostuvo que el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima; que ésta no intentó probar de ningún modo la mecánica del hecho y que con el informe pericial de fs. 76/ 87 c. p. pudo acreditar -esta parte- su falta de culpa. Por otro lado, consideró que era injusta la responsabilidad que se le atribuía en carácter de propietaria del local. Por otra parte cuestionó los montos indemnizatorios, procedencia y cuantía, fijados en concepto de incapacidad sobreviniente; incapacidad psicológica y gastos por tratamiento psicoterápico, daño moral y gastos médicos y de farmacia.

b) La peticionante, por su lado, consintió la atribución de responsabilidad y se agravió de: 1) la falta de consideración de los hechos nuevos denunciados a fs. 544 y fs. 601; 2) de la imposición de costas derivada del rechazo de los hechos nuevos; 3) de los montos estipulados por incapacidad sobreviniente; daño psicológico; daño estético; daño moral, por creerlos exiguos.

III. La Responsabilidad.

Planteados los agravios en el orden señalado, examinaré en primer lugar las críticas dirigidas a impugnar la atribución de responsabilidad a la propietaria del local comercial. Luego abordaré las formuladas respecto de los rubros indemnizatorios y en forma conjunta en aquellos casos que las partes hubiesen cuestionado el mismo ítem.

No obstante previamente diré, con respecto a los hechos nuevos mencionados en el capítulo anterior (punto b) que conforme a lo resuelto a fs. 990 están fuera de cuestión por haber sido formulados extemporáneamente y, que por lo tanto, se debe confirmar la imposición de costas impuesta a fs. 610.

a) La recurrente no puso en tela de juicio el encuadre jurídico del caso en la normativa prevista por el artículo 1113 del Código Civil -responsabilidad por el hecho de las cosas- respecto del cual la sentenciante estableció que al damnificado le bastaba probar la relación de causalidad entre la cosa y el daño, o sea que el daño fue causado por el riesgo o vicio de la cosa, que la cosa intervino en el evento dañoso, lo cual, estimo, fue acreditado en autos.

b) En la causa penal obra un peritaje técnico a fs.76/ 87 (en copias a fs.49 y ss. de estos autos) realizado el día 3 de abril siguiente al siniestro. A través de ese informe se estableció -como bien detalló la sentenciante a fs. 879/ 879 vta. del fallo- que la cortina poseía un sistema de elevación electromecánico, conformado por un motor eléctrico que transmitía movimientos mediante una correa dentada a una caja reductora y dos engranajes uno de los cuales se disponía en el eje del tambor de arrollamiento del tambor de la cortina, en tanto que el restante se ubicaba entre este último y la caja reductora (fs. 77 c.p.). Que -según pudo observarse- el engranaje correspondiente al eje del tambor de la cortina se encontraba fuera de posición (cfr. Foto N 4) y que ello se debía a que el engranaje se había partido en forma diametral quedando fraccionado en dos partes y saliéndose, por ende, de su ubicación original.

El perito inspeccionó visualmente las caras de corte resultantes de la efracción del engranaje y señaló que no pudieron apreciarse rajaduras en el material a excepción de una marca habida en el sector de la oquedad central en correspondencia con el lugar de alojamiento de la chaveta (foto 9) la cual respondería, dado el envejecimiento del material en este específico punto, a una posible fisura (fotos 10, 11 y 12). Además, agregó el técnico, que la superficie de contacto observada en los dientes del engranaje no era completa (es decir no encastraba debidamente con el otro). Y sostuvo que ello fue en razón de que el primer engranaje trabajó en forma oblicua respecto del otro.

El experto concluyó que 1) el engranaje estaba trabajando en forma incorrecta (oblicua con respecto al otro); 2) y que el eje cilíndrico en el cual se encontraba alojado presentaba un desgaste irregular de su superficie produciéndose de ese modo un huelgo excesivo (fs. 85 c.p); 3) que los puntos de soldadura que pudo observar en el engranaje y en la chaveta se hallan practicados para asegurar el enclave de la chaveta con el engranaje. Aclaró que la práctica de soldaduras sobre fundiciones provoca en éstas una alteración que logra afectar y disminuir la resistencia del material, constituyendo un punto de concentración de tensiones. En el caso, en el sitio puntual en el cual se practicó la soldadura de arco, se disminuyó la resistencia del material y se creó un centro concentrador de tensiones que causó e inició la fisura mencionada. La pérdida de resistencia dio como resultado que al continuar los esfuerzos de trabajo, el engranaje colapsara y se rompiera. Luego, quedó sin punto de traba o frenado.

Ahora bien, no obstante el perito sostuvo que la cortina presentaba un mantenimiento adecuado a todo sistema que no trabaje en la intemperie y que no podía conjeturar por señales o indicios lo que podía suceder sobre la pieza -a partir de haberse practicado la soldadura- sostuvo que la causal del hecho fue la soldadura aplicada en el engranaje (aunque no todas acortan su vida útil) y que el sistema de elevación se encontraba colocado en un lugar de dificultosa visualización (interior del tapa rollo), sumado a que no requiere supervisión constante de personal especializado (fs. 86).

Asimismo, se agregaron 15 fotografías que dan cuenta de las medidas y entidad del cortinado y dos informes complementarios a fs. 89/92 (c. p.).

c) Nótese, por lo demás, que la propietaria del local desistió de la pericia técnica ofrecida en sede civil (fs. 636) mientras que la actora fue declarada negligente en relación a dicha prueba (ver fs. 460).

Por último, ninguna otra prueba fue aportada al proceso por la demandada para acreditar una "causa ajena" (en el caso, la pretendida culpa de la víctima) y eximirse de ese modo de la responsabilidad derivada del infortunio.

Por todas estas consideraciones, en vista del encuadre normativo aludido y el examen de los elementos de convicción acercados por las partes, estimo que la accionada en su condición de dueña de la cosa no pudo exonerarse del deber de reparar el daño por lo que propiciaré se mantenga la atribución de responsabilidad decidida en la instancia anterior.

IV. Parciales indemnizatorios.

En atención a lo resuelto por esta Sala en su actual composición, en los autos "Cabral, Eulalia Dionisia c/ Cabrera Luis Alberto y otros s/ daños y perjuicios", Exp. Nº 43.433/ 2000, Rec. Nº 476.074, del 10-08-07 y "Ennis González Ana María c/ Suárez Fernando Manuel y otros s/ daños y perjuicios", Exp. Nº 22105/ 2003, Rec. Nº 468.008 del 10-08-07 examinaré los agravios respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4, 163, inc. 6, 271, 277 y concs. del CPCC), atendiendo a los daños reclamados y probados, a su reparación, y sin incurrir en la "guerra de las autonomías", en las cuestiones llamadas menores.

A) Incapacidad sobreviniente (juez fijo $ 200.000 comprensivos de incap. física; psíquica las cicatrices) Ambas partes cuestionaron el monto reparatorio fijado por este concepto.

La demandada lo criticó por creerlo excesivo y señaló que fue estipulado para reparar daños y lesiones no probadas y que pertenecen a pruebas que se declararon negligentes. El accionante lo consideró exiguo en relación con las secuelas que soporta la víctima.

La incapacidad económica sobreviniente -a veces se alude a la "incapacidad laborativa sobreviniente"-, se refiere esencialmente a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente desempeña o en otras. Es una chance frustrada de percepción de ganancias. Pero el daño no se agota en ello, ya que, además, comprende cualquier disminución mensurable económicamente que experimente el dañado (por ej. la imposibilidad de barrer el piso, de llevar los hijos al colegio, de "correr" para tomar un autobús -con los consiguientes trascendidos negativos que esas disminuciones generan en el patrimonio- (sobre todo esto, véase: Zavala de González, Matilde M., Daños a las personas. Integridad psicofísica, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1990, T. 2a, ps. 315 y 316, 332 y ss.) a) A. N. fue trasladada de urgencia al Hospital Piñero (fs. 413). Luego, derivada al Hospital Privado Antártida en razón de su obra social (Dorado EXS) (fs. 343 y ss.). Arribó con diagnóstico de luxofractura de columna vertebral, fracturas costales, hemotórax derecho, hemoneumotórax, abolición de reflejos osteotendinosos, atonía de esfínter anal, plejía de miembro inferior izquierdo y paresia de miembro inferior derecho. Fue sometida a tratamientos e intervenciones quirúrgicas: artrodesis de la columna (fijación de la columna) entre vértebras DIX a LIII con instrumentación metálica, más injerto óseo tomado de cresta ilíaca derecha, y permaneció internada desde el día del hecho hasta el 20-3-98. Obtuvo el alta con internación domiciliaria.

b) El perito traumatólogo (fs. 469/ 473) examinó a la actora. Describió las lesiones padecidas de conformidad con las constancias médicas agregadas. Consideró que las descriptas son lesiones de carácter irreversible y que no le permitirán a la víctima llevar una vida normal, fundamentalmente en los aspectos relacionados a la actividad física. Asimismo, estimó la posibilidad de futuras intervenciones para extraer los implantes metálicos en caso de molestias. (fs. 472). En ese orden de cosas, calculó la disminución de la capacidad por las secuelas traumatológicas residuales en un 35% -parcial y permanente-.

El perito neurocirujano señaló que la víctima desarrolló a raíz del accidente, un daño raquimedular por fractura de las vértebras torácica doce y primera lumbar, que se tradujo en un cuadro clínico de déficit neurológico constituido por compromiso de esfínteres, neuropatías periféricas múltiples en miembros inferiores (sensitivas y motoras) y dolores de tipo neuropático por el tipo de lesión (fs. 568).

Calculó la discapacidad de tipo física y neurológica en un 50% -parcial y permanente- ya consolidada.

c) Los informes médicos fueron impugnados, cuestionados por las partes y solicitadas explicaciones. La demandada observó el dictamen traumatológico a fs. 493; el especialista respondió a fs. 517 señalando que la estimación fue "sólo por las secuelas traumatológicas". A fs. 593/ 594; fs. 598/ 598 vta. hizo lo propio -la demandada- con el peritaje del neurocirujano. Este respondió a fs. 603/ 605 ratificando "absolutamente" el diagnóstico y la incapacidad. La parte volvió a impugnar a fs. 609.

Frente a las impugnaciones formuladas por la demandada, diré que cuando los datos de los expertos no son compartidos por los litigantes, es a cargo de éstos la prueba de la inexactitud de lo informado, siendo insuficientes las meras objeciones ya que es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas (Cfr. CNCiv. Sala F, Cassino Elsa E. c/ Calvo Luis y otro s/ Ds. y Ps., del 6-9-89 íd. esta Sala Altamirano c/ Moreno s/ daños y perjuicios, L. 105. 360/ 2002, del 20 de junio de 2006; AM. G. c/ G. A. S/ daños y perjuicios, L. 9118/ 2000 del 17 de julio de 2002; entre otros). En consecuencia, las impugnaciones no pueden aceptarse.

d) Por último a fs. 431 se decretó la negligencia de la pericial urológica ofrecida oportunamente por la peticionante.

Ahora bien, comparto el criterio de la sentenciante en cuanto a que la fijación de esta partida no se efectúa en base a una fórmula matemática. Pero teniendo en cuenta la edad de la joven a la data del accidente -15 años- soltera y estudiante, y la entidad del perjuicio padecido que le condicionó una merma de la capacidad del orden del 35% (aspecto traumatológico); del 35% (de orden neurológico), y del 30% por el perjuicio psicológico, y sin perjuicio de las observaciones e impugnaciones de las partes -ya examinadas-, considero que es razonable disminuir parcialmente la cantidad estipulada en la sentencia de grado a $ 150.000.

B) Daño psicológico. Gastos de tratamiento.

La demandada se quejó de la reparación del daño psicológico dentro de la partida incapacidad sobreviniente y de la fijación, por otro lado, de una suma destinada a pagar los gastos de tratamiento psicoterápico. Consideró al respecto que hubo "duplicidad de indemnización".

El actor destacó que el señor Juez "a quo" no abordó el daño como un perjuicio autónomo. Pero más allá de la inclusión dentro de un aspecto (material) u otro (moral), pidió la elevación del monto fijado por este perjuicio. Sobre este aspecto, me remito a las consideraciones señaladas al comienzo del apartado atinente a los parciales indemnizatorios.

Ante todo, cabe aclarar que las manifestaciones vertidas por la demandada sobre la duplicidad indemnizatoria no pueden admitirse pues tal como sostuvo este Tribunal en reiterados pronunciamientos, mientras la indemnización otorgada en concepto de daño psíquico (ya sea incluyéndoselo dentro del daño material o dentro del espiritual) está dirigida a reparar la merma de capacidad -psíquica- sufrida por la víctima a raíz de las lesiones que la afectaron en el infortunio, la partida estipulada para paliar el costo del tratamiento psicoterapéutico constituye un daño emergente con distinta finalidad. Es decir, este monto se otorga a la víctima -siempre que haya una indicación médica al respecto- para evitar que se agrave el perjuicio que la afecta y obtener mejoría en el cuadro que transita.

De todos modos no existiendo agravio sobre la inclusión de este perjuicio en uno u otro aspecto integrante de la indemnización lo consideraré comprendido dentro de la incapacidad sobreviniente, en parte y en otra en el daño moral, como lo propuso la sentenciante.

El perito oficial dictaminó a fs. 495/ 516. Indicó que se realizó psicodiagnóstico y electroencefalograma. Diagnosticó una incapacidad de reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivas fóbicas post traumáticas. La encuadró dentro de las reacciones de grado IV y las calificó como las más invalidantes. Estimó la incapacidad en el orden del 30%.

La demandada impugnó a fs. 525/ 529 con el informe del consultor de fs. 522/ 523 vta. y el experto respondió a fs. 589/ 591, ratificando en todos sus términos las conclusiones referidas.

En este orden de ideas, no hay dudas acerca de la afección psicológica que padece la joven como consecuencia del trauma vivido. Así pues, independientemente de su consideración en la órbita material o moral, creo que el monto consignado por la señora juez de grado debe confirmarse.

En cuanto al tratamiento psiquiátrico - psicoterapéutico, el especialista lo sugirió por 24 meses, dos veces a la semana y a un costo aproximado de $ 50 la sesión, y una nueva evaluación luego del tratamiento (fs. 515).

Por tanto, y en virtud de lo expresado por el especialista en cuanto al tratamiento indicado (aconsejó una evaluación luego de cumplir las sesiones indicadas lo que me inclina a pensar en la posibilidad de extensión de la terapia), estimo que es justo mantener la suma de $ 10.000 para enjugar este perjuicio.

C) Daño estético.

El accionante pidió que el daño estético se considere y reconozca de acuerdo con lo solicitado, pues -a su decir- tiene entidad propia y así debe ser indemnizado. Vuelvo a remitirme a las explicaciones brindadas al comienzo del análisis.

La sentenciante no lo consideró acreditado como un perjuicio autónomo que pueda dar lugar a indemnización por la pérdida material y reparó las secuelas -cicatrices- en el daño moral.

Los peritos médicos -a cuyos dictámenes me he referido en los apartados anteriores- mencionaron la existencia de cicatrices.

El traumatólogo verificó cicatriz quirúrgica de 24 cm de longitud en la región posterior del cuerpo, longitudinal, en la línea media abarcando la región dorsal inferior, y la región lumbar; cicatriz de 10 cm oblicua sobre la cresta ilíaca derecha. Por otra parte, mencionó la atrofia muscular en ambas piernas y deformidad en ambos pies. En la región torácica, cicatriz de 1 cm. por donde le colocaron el tubo de drenaje durante la internación.

El neurocirujano (fs. 566 vta.) resaltó la cicatriz dolorosa, mediana, gruesa e indurada -que se extiende prácticamente a lo largo de T5 a L4- con compromiso de la sensibilidad y dolores de tipo disestésico y parestésico. Observó bajo escápula derecha una depresión en parrilla costal derecha a la altura de la 4 y 5 costilla. Asimismo, sobre borde posterior de cresta ilíaca derecha, otra cicatriz.

En vista de lo expuesto, propiciaré que se mantenga el criterio señalado en el fallo y se confirme la reparación del perjuicio en la forma señalada en dicho pronunciamiento.

D) Daño moral. (el juez fijó $ 110.000 pues incluyó daño psíquico y estético) Ambas partes impugnaron la cantidad estimada para enjugar el daño moral. La actora consideró que era insuficiente atento la gravedad de las secuelas sufridas. La demandada se quejó de la procedencia y, subsidiariamente, de la cuantía.

a) La Sala que integro participa del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico "pretium doloris" (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.), sino que a más de ello, apunta a toda lesión a intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir -lato sensu-, de querer y de entender.

b) A partir del carácter resarcitorio que le asiste al daño moral -criterio netamente dominante hoy en día-, pues desempeña la función de satisfacer perjuicios que no sean mensurables con exactitud (conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría Gral. de la Responsabilidad Civil, Bs. As., 1989, pg. 179 y ss.; Cazeaux Pedro N. Y Trigo Represas, F.A., Derecho de Obligaciones, La Plata, 1969, T. I., pg. 251 y ss.), y en vista de la gravedad objetiva del perjuicio traducida en el grado de sufrimiento físico e inquietud espiritual padecidos, y atendiendo especialmente a la entidad de las lesiones, a las secuelas que padece la actora, las intervenciones y tratamientos que soportó para paliar el daño, el tiempo que permaneció internada en el hospital y en su domicilio; las dificultades para deambular (silla de ruedas) y las demás circunstancias que caracterizan el caso (cicatrices y secuelas de orden psicológico), considero que debe mantenerse la procedencia de la indemnización y la cantidad establecida en el fallo de grado.

E) Gastos médicos y de farmacia.

La demandada criticó la procedencia del ítem toda vez que la actora no probó -a través de comprobantes- que efectuó las erogaciones para paliar esos gastos.

Empero, la jurisprudencia ha decidido la procedencia del reintegro de los gastos médicos y de farmacia en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento.

Lo propio acontece aun en el caso que la damnificada haya sido atendida en hospitales públicos o que cuente con cobertura social -como en el caso- toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas.

Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el art.165 del Cód. Procesal, cuando se trata del accionante.

La recurrente no ha acercado elementos de convicción que me permitan adoptar una solución distinta a la arribada por el Juzgador, máxime merituando la entidad de las lesiones y los tratamientos implementados a la actora.

Por lo demás la documental que obra en original a fs. 690/ 812 confirma que este tipo de erogaciones se realizaron. Por tanto y de conformidad con el criterio señalado, estimo que es ajustado a derecho confirmar el monto consignado en el decisorio para reparar este perjuicio.

V.- Conclusión.

Por todas las consideraciones que dejo expuestas, si mi opinión es compartida, propongo al acuerdo: a) confirmar el auto de fs. 610, como asimismo la imposición de las costas allí dispuesta; b) reducir el monto indemnizatorio fijado por incapacidad sobreviniente a $ 150.000; c) confirmar el resto del fallo en todo lo demás que ha sido materia de agravios. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida de conformidad con el artículo 68 del Código Procesal y el principio de la reparación integral.

Así voto.

El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de cámara doctor Miguel Angel Vilar, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede: a) Se confirma el auto de fs. 610, como asimismo la imposición de las costas allí dispuesta; b) Se reduce el monto indemnizatorio fijado por incapacidad sobreviniente a $ 150.000; c) Se confirma el resto del fallo en todo lo demás que ha sido materia de agravios. Se imponen las costas de Alzada a la demandada vencida de conformidad con el artículo 68 del Código Procesal y el principio de la reparación integral.

Conforme al presente pronunciamiento y atento lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal y artículos 1, 6, 7, 9, 11, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24432, teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de los trabajos realizados, etapas cumplidas así como la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados, se adecuan los emolumentos fijándose en pesos cincuenta y tres mil ($ 53.000) la retribución del doctor D. R. Y., confirmándose por ser ajustadas a derecho las correspondientes a los doctores J. M. B., M. T. F., A. G. M., J. J. S., R. C., J. A. de la P., G. H. V., P. E. G., y Licenciadas M. F. P. y M. M. L.

Por la actuación ante esta alzada se fija en pesos quince mil novecientos ($ 15.900) el honorario del letrado de la parte actora y en pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8400) el de la doctora A. R. D. (art. 14, ley de arancel). Notifíquese y Devuélvase. La doctora Ana María Brilla de Serrat no interviene por hallarse en uso de licencia. -Miguel Angel Vilar. -Diego C. Sánchez.