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Confirmación de sentencia, despido, contratos agrarios, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Garibotti, Jorge Luis c/ Eyherabide Héctor Mario y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-04

El actor desempeñó tareas bajo el régimen de contrato de trabajo. Así lo decidió el "a quo" y por ello se agravia la accionada. El vínculo que unió a las partes fue un contrato de trabajo regido en sus comienzos por la ley 22.248 y posteriormente por la ley 26.727. A su vez, la ley 25.169 lleva inevitablemente a concluir que ante la existencia de un contrato escrito de naturaleza asociativa- la explotación del tambo- el vínculo que unió a las partes fue un contrato de trabajo de naturaleza agraria. Resulta decisivo el hecho que la demandadas no aportaron los sucesivos contratos que debieron suscribir con el actor. Cabe memorar que la naturaleza del contrato cuyo objeto es la actividad realizada por el actor fue creado por el decreto-ley 3750/46 como contrato de trabajo, y luego fue incluido en el ámbito del derecho agrario. Por ello, no debe soslayarse que la ley de contrato de trabajo es una fuente de regulación del contrato de trabajo agrario y resulta aplicable el estatuto en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen jurídico específico, y que la falta de adecuación a la ley 25.169 y la prestación de tareas no contempladas en dicho régimen activaran la presunción de art. 23 de la LCT como una de las formas de probar el contrato de trabajo agrario dado que su aplicación no resulta incompatible con el régimen específico (conf. art. 50 LCT). Ello así, toda vez que la prueba testimonial ofrecida por la accionada no permite concluir que el actor arrendara un campo a su nombre como aduce, a fin de desvirtuar la existencia del vínculo de trabajo que los unió y, respecto a la prueba oficiada no da cuenta del contenido y autenticidad del contrato que acompañó en copia. Por ello, corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Concursos, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, leasing, bienes inmuebles, improcedencia del recurso, tasación
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mayo SA de Transporte Automotor  c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-08

Cabe rechazar el pedido de autorización de venta en leasing de un inmueble, que fuera formulado por la concursada.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, ley de defensa del consumidor, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-241.194/2023 - Cencosud S.A. c/ Estado Provincial s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-11-26

Cabe rechazar el recurso de inconstitucionalidad argumentando la arbitrariedad del pronunciamiento de la cámara que condenó a una sociedad anónima al pago de una multa por violación a los deberes derivados de la Ley de Defensa del Consumidor, pues se trata de un remedio en extremo restrictivo cuya arbitrariedad además de grave debe ser probaba sin que alcance con sostener la existencia de errores o desaciertos sino que por el contrario debe estar seriamente fundado para calificar el pronunciamiento de acto judicial inválido.
Juicio por jurados populares, derechos y garantías constitucionales, Constitución Provincial, MENDOZA, sujetos del proceso penal, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-11-27

Si bien el jurado popular es una herramienta fundamental de diálogo institucional entre el sistema de justicia y la ciudadanía, ello no significa que pueda prescindirse en su desarrollo de todo lo previsto en la normativa procesal, de los principios, garantías y derechos que emanan de la Constitución de la provincia de Mendoza, de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos a los que esta última confiere valor de norma fundamental, por cuanto no pueden obviarse las reglas del debido proceso legal en tanto máxima garantía no sólo para la persona acusada sino también para la comunidad en general.
Confirmación de sentencia, despido indirecto, prueba, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Byzdikian, Carlos Guillermo  c/ Enterprise Services Argentina SRL y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-21

El fallo de grado que consideró justificada la situación de despido indirecto en que se colocó el actor, genera el agravio de las codemandadas. El accionante se desempeñaba como "project/program manajer" y fue desjerarquizado, asignándole tareas que no correspondian al cargo que detentaba lo cual lo afectó moralmente; ello en el marco de la reducción de la fuerza de trabajo que implicó el despido sistemático de muchos de los integrantes del equipo de trabajo de la empleadora. La declaración testimonial prestada por los compañeros de trabajo del accionante, permite probar que el encargado regional de la empleadora le otorgó -además de sus funciones gerenciales-, tareas de orden administrativo propias de la administración de recursos humanos, e incluso traducciones, las que antes eran realizadas por personal subalterno del actor, entre otras. Si bien es cierto que el empleador puede introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no constituyan un ejercicio irrazonable de esa facultad ni alteren modalidades esenciales del contrato ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Así entonces, los elementos de prueba aportados a la causa demuestran que existió un ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la empleadora, irrazonable e injustificado, que no invocó, -y menos aún acreditó- fundamento objetivo alguno de dicha conducta. Finalmente, y más allá que la decisión de la demandada resultó injustificada, dicha novación constituyó una modificación de las condiciones del contrato de trabajo y una violación a la intangibilidad de los derechos o intereses del trabajador, por lo cual cabe confirmar la decisión de la anterior instancia.
Despido, monto del juicio
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Araujo Sosa, Edgar  c/ Stieglitz Construcciones SA y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-13

Si se acepta el criterio del límite para apelar contenido en el art. 106 LO, la sola duración del litigio tornaría apelable o no el caso, por lo cual, a fin de atender a la realidad económica y preservar el derecho de los litigantes a acceder a la instancia revisora, el Tribunal considera prudente adoptar como pauta de referencia, a los efectos de determinar la apelabilidad en razón del monto (art. 106 LO), el valor disputado ante la alzada actualizado (según el índice de precios al consumidor nivel general) desde la fecha de promoción de la demanda hasta el momento en que se debe decidir sobre la admisibilidad del recurso. No se trata de una actualización de los créditos, que se encuentra vedada por las leyes 23.928 y 25.561, sino de una simple pauta de referencia a los fines de determinar el monto de apelabilidad asegurando el derecho de los litigantes a acceder a la alzada.
Concursos, liquidación de sociedades, liquidación judicial, asegurador, verificación de créditos, intereses, procedencia del recurso, cobertura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA  c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras s/ incidente de verificación de crédito por fernández garcía, josé antonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-05

Corresponde declarar verificada la suma en concepto de intereses con carácter quirografario (LCQ 248) en el marco de un incidente de verificación en el que se pretende el reconocimiento de una sentencia obtenida en otro fuero.
Denegatoria del recurso, despido, prueba testimonial
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Villi, Noelia Belen  c/ Exxonmobil Business Support Center Argentina SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-09

Cabe rechazar el pedido realizado por la accionante, respecto a que la testigo ofrecida declare vía zoom/virtual con fundamento en residir en una ciudad del interior del país distante a 1400 km del Tribunal, toda vez que no se invocan concretamente las dificultades materiales o de otra clase que le habrían impedido a la deponente concurrir al juzgado en el que tramita la causa para la audiencia en cuestión al igual que el resto de los deponentes, y a la que fuera convocada -cabe remarcar- con antelación superior a un año. Desestímase la queja.
Confirmación de sentencia, deudor solidario, empleo no registrado, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: González, María Alejandra  c/ Paraguay 3128 Inversora S.A. y otros s/ otros reclamos- extensión de responsabilidad solidaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

La actora pretendió una declaración de condena de los demandados como deudores solidarios de los créditos reconocidos en favor de la actora, en un proceso iniciado con anterioridad contra su empleadora quien fuera el presidente del consorcio al momento de la ocurrencia de los hechos que llevaron a la desvinculación. La demanda fue rechazada por la juez de grado. La irregularidad registral que habría llevado al a ruptura del vínculo, consistente en formalizar el contrato de trabajo como una locación de servicios, habría sido establecida como modalidad operativa, con anterioridad a la asunción del nuevo directorio. No existen elementos de prueba que permitan sostener que la sociedad empleadora haya sido constituida como un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros (art. 54. Ley 19.550) mientras que la responsabilidad de administradores y representantes es de carácter personal y se relaciona con los daños ocasionados por su propia actuación. Así entonces, no pueden ser declarados responsables por actos acaecidos cuando ya no se encontraban en el ejercicio de sus cargos. Asimismo, las pruebas producidas en la causa no resultan suficientes para tener por cierta la existencia de un conjunto económico de carácter permanente, en el cual hubieran mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria, siendo necesario destacar al respecto que no se ha demostrado que la segunda empresa no tuviera actividad real y diferente de la desarrollada por el establecimiento de salud en el que prestó servicios la actora, que esta última fuera una sociedad infracapitalizada, carente de cualquier otro patrimonio que no fuera el inmueble de la primera, que hubiera existido una decisión deliberada, adoptada al momento del inicio de la actividad de deslindar activos con el objetivo de frustrar derechos de terceros, ni de que el grupo económico subsistiera con intereses comunes de sus integrantes al momento de finalizar la relación laboral con la actora. Por ello cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Excepción de incompetencia, medidas cautelares, despido, competencia laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Salva, Paula Luana  c/ Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la Nación  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-13

La Jueza de grado rechazó la excepción de incompetencia que opusiera la demandada Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la Nación y desestimó la medida cautelar requerida por la actora quien pretende la suspensión cautelar de su despido en tanto resulta ser activista gremial y delegada con mandato vigente de ATE. Sostiene encontrarse amparada por los arts. 47, 48 y 52 de la ley 23.551, como así también por ser trabajadora integrante del denominado "cuerpo trans" por las leyes 27.636, 23.592 y 2674 y arts. 14 bis, 16 y 75 inc. 22 CN. La naturaleza del sujeto empleador (organismo del Estado) no obsta a la competencia de la JNT para entender en el caso, dada la específica atribución del art. 63 de la ley 23.551 y dada la especial versación de la disciplina laboral necesaria, ello remite a la aplicación del art. 21 inc. "a" de la ley 18.345 tal como lo expresara el Fiscal General Interino en su dictamen recaído en autos "Coatz Mayra Alejandra c/ Estado Nacional Ministerio de Hacienda de la Nación s/ medida cautelar" Expte. N° 10229/2017/CA1 del registro de la Sala IV. Por lo tanto resulta competente la JNT y no la justicia contencioso administrativa, como pretende la demandada, para definir la cuestión.
Despido, RIPTE
Materia: LABORAL
Carátula: Machado Martínez, Wilson  c/ Alvarez Crespo, José  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-10

Debe utilizarse el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el período que corre entre el 1/11/2015 y el 1/5/2016, atento la ausencia de datos oficiales del mencionado IPC durante dicho lapso, con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual período, calculado sobre el capital actualizado.
Cannabis medicinal, derecho a la salud, cuidados paliativos, plantas de marihuana, decreto reglamentario, terapias alternativas, MINISTERIO DE SALUD
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Q M c/ Ministerio de Salud de la Nación - Programa Cannabis Ley 27350  s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-11-20

El registro nacional voluntario creado para facilitar el uso medicinal de cannabis según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, está destinado a ejercer un adecuado control de calidad en resguardo de la salud de las personas que usan esa planta y sus derivados con fines medicinales tal como su decreto reglamentario 883/2020 sostiene, quedando a cargo del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) emitir la correspondiente autorización a los pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.
Adopción, adopción plena, responsabilidad parental, interés superior del niño, código civil y comercial, derechos de las niñas, niños y adolescentes, estado de adoptabilidad
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C.Q.J.M. y D.R.S.G. c/ V.G.J.  s/ Privación de la Responsabilidad Parental
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-10

El Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley N°26.994, regula específicamente las reglas de la adopción y la declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Este proceso tiene como objetivo fundamental definir si un niño se encuentra en condiciones para ser dado en adopción, o si el derecho del menor a vivir en familia puede ser satisfecho mediante su inserción en un grupo familiar distinto al de origen. El artículo 607 del mismo precepto normativo (CCyCN), establece los supuestos bajo los cuales debe dictarse la situación de adoptabilidad.
Confirmación de sentencia, despido, responsabilidad solidaria, obras sociales
Materia: LABORAL
Carátula: Cavallero, María Alejandra c/ Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

La magistrada de grado rechazó la responsabilidad solidaria contenida en el art. 30 LCT reclamada por la actora respecto de los codemandados Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina, Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina y Sindicato de Trabajadores Pasteleros Confiteros Pizzeros Heladeros y Alfajoreros. La actora se agravia pues entiende que las instituciones mencionadas delegaron en la codemandada Mediconex S.A. la prestación de servicios de salud frente a sus afiliados mientras que las asociaciones sindicales codemandadas argumentaron en su defensa que no es el sindicato -sino la obra social- quien suscribió un contrato con la empleadora de la actora. Las obras sociales en cuanto administran el sistema de salud, no prestan servicios médicos, ni asistenciales, sino que administran un patrimonio afectado a esa prestación que es realizada por otros contratados al efecto. La prestación médica asistencial no constituye un servicio o trabajo propio de la actividad normal y específica de las obras sociales, por lo cual las obras sociales no son responsables en los términos del art. 30 LCT. Por ello cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Crédito laboral, intereses
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: González, Catalino  c/ Clauzetto SA  s/ ley 22.250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-13

Ante el esquema nominalista imperante, la Cámara Laboral emitió distintas actas -las N° 2765, 2783 y 2784- tendientes a lograr que, mediante la aplicación de intereses, se compensara la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo dichas Actas fueron descalificadas por la Corte (caos "Oliva" y "Lacuadra") lo que obliga a buscar una nueva solución en la materia que debe ser de cuño valorista. El nominalismo es un principio aceptable mientras la capacidad adquisitiva de la moneda se mantiene estable pero, cuando la inflación comienza a deteriorarla, el sistema se vuelve injusto y afecta el derecho de los acreedores puesto que el interés que puede percibir como fruto del capital debido se reduce exponencialmente por efectos de esa misma inflación. El cuestionado DNU 70/23 buscaba innovar en el sistema imponiendo un reajuste de los créditos laborales mediante la aplicación del índice de precios al consumidor con más una tasa pura del 3% anual desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago y, si bien dicha manda ejecutiva carece de adecuado engarce jurídico, conserva un valor político que no puede ser ignorado porque el Poder Ejecutivo ha estimado que las referidas pautas serían razonables para ser aplicadas en nuestra actual realidad económica, social e institucional. Por ello, corresponde aplicar como accesorio del crédito en disputa su actualización conforme índice de precios al consumidor con una tasa pura del 3% anual sin capitalización (conf. crit. esta Sala, Expte. 24.737/2018, 30/08/2024, "González c/Aguas Danone de Argentina SA").
Reglamentación de la ley, control de razonabilidad, facultades reglamentarias, jerarquía de las leyes, cannabis medicinal, derecho a la salud, control de constitucionalidad de oficio, MINISTERIO DE SALUD
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Q M c/ Ministerio de Salud de la Nación - Programa Cannabis Ley 27350  s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-11-20

La exigencia de la resolución del Ministerio de Salud 3132/2024 que impone a los médicos que indican el uso medicinal de cannabis tengan una diplomatura o maestría en la materia, es una reglamentación irrazonable de la ley nacional 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y de su decreto reglamentario 883/2020 en violación al principio de igualdad de los pacientes que necesitan esos tratamientos lo que impone su declaración de inconstitucionalidad, debiendo la autoridad administrativa renovar en forma inmediata la autorización de uso de cannabis medicinal al actor que dedujo amparo contra dicha cartera, respetando la indicación emitida por su médica tratante.
Concursos, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, leasing, bienes inmuebles, improcedencia del recurso, tasación
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mayo SA de Transporte Automotor  c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-08

Sin embargo y considerando que el régimen concursal vigente tiende a preservar la solución preventiva, corresponde encomendar al juez a quo la obtención de una nueva tasación ajustada a valores actuales del inmueble, a fin de establecer la pertinencia del precio pactado y un plan acerca del manejo de los fondos que eventualmente se obtendrían.
Instrucciones al jurado, juicio por jurados populares, deberes del juez, dirección del proceso, veredicto, homicidio criminis causa, prisión perpetua, concurso real, robo simple, código penal, Ministerio Público Fiscal, sujetos del proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

El proceso de elaboración de las instrucciones que se desarrolló en el caso en que el jurado popular encontró culpable del delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo simple (arts. 80 inc. 7 y 164 del Código Penal), motivando la condena a prisión perpetua del albañil que trabajaba en el domicilio de la víctima al que ingresó para darle muerte y robarle pertenencias, cumplió acabadamente con la normativa procesal vigente puesto que concluida la etapa probatoria se llevó a cabo una audiencia con los representantes del Ministerio Público Fiscal, la querella particular y los defensores técnicos del acusado, ocasión en la que los letrados adhirieron a las instrucciones previamente informadas por el juez técnico y tanto los acusadores como la defensa del imputado estuvieron de acuerdo en las opciones jurídicas -dicho de otro modo, el catálogo de delitos-, que se le suministraron al jurado mediante el formulario por aquél redactado con las respectivas figuras penales, respecto de todo lo cual ninguna de las partes manifestó objeción alguna (Del voto del Dr. José Valerio).
Rebeldía, declaración de rebeldía, orden de detención
Materia: PENAL
Carátula: C., M. A.  c/  s/ rebeldía y detención
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-11-06

Cabe revocar la decisión que dispuso la rebeldía y ordenó la detención del imputado porque si bien el juzgado de ejecución penal informó mediante oficio electrónico, que se notificó al encartado de la averiguación de paradero y sobre la declaración indagatoria, no obra ninguna constancia que acredite de modo fehaciente dicha diligencia, por lo que se desconoce si se le hicieron saber los teléfonos, correo electrónicos y domicilio del tribunal y/o su defensa o demás datos que pudieran implicar su real posibilidad de informar su paradero. En consecuencia, no procede su contumacia con orden de detención dictada, resultando adecuado estar a la averiguación de paradero dispuesta para que posteriormente comparezca en los términos del 294 del CPPN, por resultar la vía menos lesiva.