marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Anastacio y otra c/ Agregados Livianos SAIC y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios Banulio, Cristian Ezequiel c/ Amigo, Claudio Emilio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23|2000-05-03

Tanto calificar el riesgo de la cosa productora del daño como determinar si la conducta de la víctima ha excluido totalmente la responsabilidad objetiva que el art. 1113 del Código Civil impone a su dueño o guardián constituyen cuestiones de hecho que solo pueden ser revisadas en casación en caso que se demuestre que la decisión ha sido el producto de un razonamiento absurdo.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

3 - Cabe señalar al respecto, que el artículo 572 del Código Civil Boliviano rechaza la resolución del contrato "...si el cumplimiento de una de las partes es de poca gravedad o de escasa importancia teniendo en cuenta el interés de la otra parte". El derecho argentino también recepta el mismo concepto. Y es evidente que si ya se había cumplido el 98% de una obra de mucho mayor volumen que el originalmente convenido, la rescisión ensayada fue ilegítima.
Indemnización por accidente de trabajo, denuncia del accidente de trabajo, falta de denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: TAPIA, JOSE MARIO c/ BAUPRES ESTIBAJES SRL. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-11-30

La norma del artículo 25 de la ley 9688 debe interpretarse restrictivamente, con mayor razón si se repara en lo dispuesto por el artículo 13 de la misma ley, cuando la empleadora no desconocía la existencia del accidente y suministró la asistencia médica, esas circunstancias pudieron inducir al trabajador a omitir la denuncia del hecho, suponiendo, fundadamente, que su empleadora lo haría, caso en el que es viable exonerar al trabajador de la reducción de su indemnización que prescribe el artículo 25 de la ley 9688.
Importaciones, infracciones aduaneras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KERSZBERG S.A.C.I. Y D. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-03

Habida cuenta de la razón involucrada en la correcta aplicación de los bienes importados al fin contemplado en el otorgamiento de un beneficio, y de la inequívoca voluntad legislativa de reprimir a quien incumple tal deber sustancial, así como también al que se hubiere trasmitido aquéllos, cabe afirmar que en los supuestos en los que se autoriza al usuario directo de la mercadería a recurrir a un tercero para introducirla, la omisión de éste de entregarla al primero importa, ciertamente, una conducta sancionada por el art.

965 del Código Aduanero, pues es el introductor, sujeto que conoce la restricción que limita su uso, quien impide se satisfaga la exigencia a la que se supeditó el privilegio. En dicho orden, si bien es cierto que la entrega de la mercadería al titular de la licencia constituye una obligación emergente del vínculo contractual que une al introductor con aquél, no le es menos que la indisponibilidad de aquélla para un fin distinto, que no sea en el caso del tercero que la introduce transmitirla al beneficiario del privilegio, reconoce en la ley su origen.
Embargo, levantamiento del embargo, primera instancia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ramírez de Nuñez Lucía Aída c/ Vito Jesús Braga y/o quien resulte responsable s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-05

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la embargada contra la resolución que deniega el levantamiento de embargo, ya que si bien la ley 2383 y el C.P.C.C., admiten el mantenimiento del embargo preventivo a favor del que ha obtenido sentencia favorable, aún apelada, teniendo en cuenta que en autos la sentencia es favorable a su parte, a fin de evitar seguir ocasionándole perjuicios, levante, o si pide se suspenda el embargo hasta el dictado de la resolución en segunda instancia quede firme y consentida. La finalidad de las medidas cautelares es garantizar el éxito de la futura sentencia a dictarse en el principal. Si bien al resolverse el levantamiento de embargo las circunstancias que lo determinaron no habían cesado, por lo que a la fecha de su dictado, el resolutorio se ajustaba a las normativas que permitían su mantenimiento, por estar la sentencia de primera instancia apelada; es del caso que a la fecha del presente, las circunstancias han variado, teniendo en cuenta que en el expediente principal, la sentencia de primera instancia apelada, fue confirmada por esta Alzada, con lo cual ha quedado definitivamente desvinculada la demandada.
Bienestar social, violencia familiar, medidas cautelares, exclusión del hogar
Materia: PROCESAL
Carátula: R. V., O. c/ M. M., E. s/ VIOLENCIA FAMILIAR LEGAJO DE COPIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-24

La finalidad de la ley es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellos que, de otro modo, podrían ser irreparables, pues sólo es posible removerlos a través de la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias.
Depósito bancario, saldos inmovilizados, banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: MENENDEZ, JOGE RAUL Y OTROS c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-01

Los fondos transferidos a la cuenta "saldos inmovilizados" no constituye en sí nuevos depósitos y las sumas que la conforman gozarán de la garantía del Banco Central sólo en la medida en que ésta le hubiera correspondido a la imposición original. En sustento de lo afirmado, cabe señalar que la OPASI en su punto 6.2.1., al referirse a los saldos inmovilizados, determina que "los fondos radicados en cuentas de depósitos se transferirá a la cuenta saldos inmovilizados", según el tipo de imposición de que se trate...".
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Murillo, Gustavo Fabián y otros s/ Robo calificado. Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Un cuchillo posee intrínsecamente un poder vulnerante que aumenta la capacidad ofensiva de quien le dé uso con ese fin, debiendo calificarse el hecho en los términos del art. 166 inc. 2º del Código Penal.
Prisión domiciliaria, excarcelación, intervención del Ministerio Público, falta de intervención, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Comesaña, Teresa Martina s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-07

Son dos los motivos por los que deberá invalidarse lo resuelto -detención domiciliaria-, consistentes en que se resolvió una cuestión sin que mediara la debida intervención del señor fiscal y en que se omitió dar adecuada respuesta a la pretensión de la defensa relativa a la excarcelación de su asistida. Sobre este último punto, debe hacerse notar que el beneficio que en definitiva se acordó a la imputada resulta más limitado que el que primigeniamente se reclamara, pues si bien es cierto que el régimen de la detención domiciliaria constituye una medida cautelar de menor intensidad que el encierro en un establecimiento carcelario, no lo es menos que la libertad ambulatoria del individuo se encuentra más limitada que en el caso de que se lo excarcele. Por tal motivo, el tribunal de grado debió y deberá evaluar la procedencia del beneficio impetrado por la defensa. (Dr. Riggi según su voto).
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, defensa del consumidor, domicilio del deudor, incompetencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Toyota Compañia Financiera De Argentina SA  c/ Concepto Kinesico SRL s/ secuestro en leasing
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-29

Procede revocar la resolución mediante la cual el magistrado de grado se declaró incompetente para entender en un secuestro con base en un contrato de leasing, por considerar que se configuró en la especie una relación de consumo y que por encontrarse el domicilio de la sociedad deudora en extraña jurisdicción, resulta aplicable la LDC 36. Sin embargo, surge de tal instrumento que el vehículo sería incorporado a la actividad comercial del adquirente, lo que excluye la aplicación al caso de la normativa consumeril.

Sin perjuicio de ello, en tanto el único objeto del proceso de secuestro ("prendario" o en "leasing"), es el de brindar apoyo jurisdiccional al acreedor para apoderarse del bien entregado en prenda o leasing, sin que se halle previsto en su trámite intervención alguna del deudor, no existiría fundamento ni utilidad alguna para mandar tramitar este tipo de procesos al juez del domicilio del deudor, debido a la inconducencia de esa ritualidad, por lo que no resultaba a estos últimos aplicable la norma ut supra señalada (LDC 36), (arg. conf. esta CNCom, esta Sala "A" in re: "Provincia Leasing SA c/ Menchacabaso, Ricardo Emiliano s/ Secuestro Prendario" del 31/08/17). Voto del Dr. Chomer:

Si bien en la especie no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para la aplicación de la LDC 36, pues el vehículo objeto de leasing fue incorporado a la actividad comercial u obtención del objetivo societario de la demandada, cabe distinguir que esta norma alude a que el "proceso" deberá iniciarse ante la jurisdicción correspondiente al domicilio del consumidor, y para el caso, la acepción adoptada por el legislador no descarta al secuestro en leasing.

Porque aún cuando es cierto que el secuestro no admite contienda (arg. CCCN 1249-a), no lo es menos que el deudor tiene el derecho de que tal actuación sea efectuada ante el juez correspondiente a su domicilio a fin de permitirle controlar la regularidad del trámite e incluso, procurar conciliar una solución que evite la realización privada; lo cual, obviamente, será, por lo menos dificultoso, sino imposible, según sea la distancia entre el domicilio del consumidor y la sede del proceso y la mayor o menor capacidad económica del demandado.

Por consecuencia de ello, supondría un obstáculo al derecho de defensa de ese sujeto, el sostener que quien se domicilia en una jurisdicción alejada de ésta, está irremediablemente obligado a presentarse en esta Capital a fin de dicho control de regularidad (pues, es notorio, que esa lejanía lo impide).
Facultades discrecionales, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, revisión judicial de actos administrativos, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa C. G., A. c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-06

La circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, pues la esfera de discrecionalidad susceptible de perdurar en los entes administrativos no implica en absoluto que estos tengan un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que aquella no resulta fiscalizable
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, multa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Prum, Geremías Sebastián c/  s/ incidente de revisión de crédito por administración federal de ingresos públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Cabe morigerar el crédito pretendido por la Afip en concepto de multas. Ello por cuanto, este Tribunal, ya se ha pronunciado en favor de dicha potestad jurisdiccional (conf. esta Sala, 10/12/13, "Kwon Leonardo s/ quiebra s/ inc. de revisión por Afip" Exp. N° 030883/2013) incluso con anterioridad a la expresa habilitación que actualmente formula el CCCN 1714 y 1715. No proceder de esta manera, implicaría trasladar a los acreedores concurrentes el castigo impuesto al infractor formal, el cual se traduce en el menoscabo de su expectativa de cobro a través de la absorción en el pasivo del abultado crédito fiscal sancionatorio (conf. en este sentido, Sala A, 26/10/06, "International Center Food SA s/ conc. prev. s/ inc. de revisión -Fisco Nacional- Afip", íd. id. 12/2/08, "Inmeche SA s/ quiebra s/ incidente de revisión por Afip"), íd. íd. 23/12/08, "Recruiters & Trainers SA s/ quiebra s/ incid. de revisión prom. por Fisco Nacional", íd. dictamen fiscal n° 52567/96 emitido en autos "Rosasur SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por Afip- Dgi"; íd. Sala C, 18/07/06, "Coordinadora Americana de Servicios SA s/ inc. por Afip- DGI s/ inc. de verificación").
Daños y perjuicios, derechos y garantías constitucionales, ejercicio del derecho, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

El especial reconocimiento constitucional que goza el derecho de buscar, dar, recibir, y difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fischetti Oscar Alberto c/ Wagner Patricia Vivian s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La prueba de que la causa de la separación obedeció al actor recaía sobre la esposa reconviniente en cuanto fundamento de su pretensión y defensa (arts. 204 " in fine" C.C. y 375 CPC). De tal modo, no debía el esposo ofrecer contraprueba alguna, únicamente requerible cuando el reclamante ha demostrado hechos idóneos para fundar su demanda. No siendo así, si el accionante no prueba tales hechos pierde el pleito aunque el demandado no haya probado nada.-
Medidas cautelares, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado, establecimientos geriátricos
Materia: PROCESAL
Carátula: WAINRYB RAQUEL c/ GALENO ARGENTINA SA s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

Ante la ausencia de toda prescripción médica específica y con los medios de convicción actualmente obrantes en la causa, no es posible tener por demostradas la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Ello así, más allá de que el Tribunal tiene en cuenta que la edad de la Sra. Wainryb (100 años) y la patología por ella sufrida le ocasione un menoscabo a su salud psico-física y le complique el desarrollo de su vida cotidiana, pero también lo es que ello no basta para sustentar el anticipo de jurisdicción que se pretende. La internación de la Sra. Wainryb en el centro "Ledor Vador" (con prestaciones que se asimilan a las de "un hotel 5 estrellas") constituye -por ahora sólo un acto voluntario de la actora y su familia cuyas consecuencias deben asumir personalmente. De otra manera, cualquier afiliado podría por sí y ante sí concurrir a cualquier institución asistencial y reclamar luego el reintegro de los gastos a su obra social sin limitaciones, premisa cuyo solo enunciado convence sobre su desacierto, pues se desbarataría así el sistema sobre el que se articula el funcionamiento de las obras sociales (conf. Esta Cámara, esta Sala causa n° 10.960/07 del 16-09-08; Sala II, doctrina de las causas nº 1101/2000 del 6.06.2002 y nº 7700/2002 del 16.12.2003).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, costas
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ LUIS ALBERTO Y OTRO c/ ENRIQUE RIZO PATRON s/ INDEMNIZACION POR JORNADAS IMPAGAS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-19

No procede el tratamiento de la temeridad y malicia procesal, que peticiona el casacionista, en razón de tratarse de una cuestión subsidiaria de la de las costas, que no puede ser merituada en esta instancia. (Minoría u opinión personal)
Hábeas data, organismos del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Excluir de la protección reconocida por el art. 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional, a aquellos datos que organismos estatales mantienen fuera del acceso de los particulares, comporta la absurda consecuencia de ofrecer una acción judicial sólo en los casos en los que no es necesaria y vedarla en aquellos en los que el particular no puede sino recurrir, ineludiblemente, a la tutela judicial para ejercer su derecho (Votos de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANSILLA ELVIRA RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMADO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-22

Los actos administrativos definen una situación jurídica que, por presumirse conforme a la legalidad, provocan que el destinatario no pueda ir contra la presunción "iuris tantum" de legitimidad que generan, sino a través de la respectiva impugnación. Por ende, el incumplimiento de tal carga impugnatoria suscita la firmeza del acto y su legalidad definitiva.
Recusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROBALDO DE PEREZ, Irma c/ D'ANDREA, Ramón; PEREZ DE MARTINEZ, Irma Estela; PEREZ ECHENIQUE, Roberto Antonio s/ Incidente de recusación (Tercería de dominio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-06-11

La opiniones vertidas por los magistrados en la debida oportunidad procesal y sobre los puntos sometidos a su consideración, no importan otra cosa que el cumplimiento de un deber impuesto por la ley, que de ningún modo autorizan la recusación por prejuzgamiento, aún en los supuestos en que se plantean cuestiones idénticas o análogas a las ya resueltas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-17


SENT Nro. 63 San Miguel de Tucumán, 17 DE FEBRERO de 2004.- Y VISTO: La cuestión de competencia suscitada entre el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la VIa. Nominación y el Juzgado Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación en autos: "Jaime, José Leopoldo s/Rectificación de partida"; y C O N S I D E R A N D O :

Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la VIa. Nominación y el Juzgado Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación.

El actor -José Leopoldo Jaime- expresa que en representación de su hija menor de edad María José Jaime, inicia la presente acción tendiente a que se rectifique el acta de nacimiento de su nieta -Bárbara Nicole Ortíz- inscribiéndose como nombre del padre de la niña a Damián Alberto Ortíz sustituyendo así el nombre de Francisco Sebastián Ortíz, que según así lo dice, por error se registra en la referida acta.

Por decreto de fecha 18 de noviembre de 2002 el fuero civil en Familia y Sucesiones se declara incompetente, por entender que no se daban en autos los supuestos que contempla el art. 63 de la ley orgánica del Poder Judicial (fs. 20).

A su vez el señor juez Civil y Comercial Común donde fue radicada la causa, declara también su incompetencia, compartiendo lo dictaminado por la señora Defensora de Menores de la IVa. Nominación, quien expresa que el presente juicio al tratarse de una acción de filiación debía radicarse en el Juzgado de Familia y Sucesiones (fs. 36 de autos).

La competencia jurisdiccional de los órganos judiciales debe determinarse con arreglo a la naturaleza de la pretensión y sus elementos.

En el caso a estudio, la pretensión está dirigida a modificar la inscripción de la ya registrada legalmente en el acta de nacimiento, -art. 16 del Decreto Ley 8204/63- para que se inscriba como padre de la niña Bárbara Nicole Ortíz Jaime a Damián Alberto Ortíz, contradiciendo la filiación anteriormente establecida art. 250 del Código Civil En estos términos la cuestión queda aprehendida en el inciso b del art. 63 de la ley orgánica del Poder Judicial, por lo tanto resulta competente para conocer la presente causa el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la VIa. Nominación.

Por lo expresado y de conformidad con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 48, se R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la VIa. Nominación para conocer el presente juicio.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rocca, Nelly c/ Gressi, Andrés s/ Acción de reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-02

Si el peticionario ni el órgano jurisdiccional sometieron los escritos a la prevención normativa que edicta el art. 48, no obstante lo cual, la agregación del respectivo poder general para juicios subsana la irregularidad, de presentarse como apoderado sin contar con el respectivo mandato, queda ratificada la prealudida postulación a raíz de un poder extendido con antelación a dichos escritos y relega, por ende, la operatividad de la sanción que preve el citado artículo 48, habida cuenta que la mencionada convalidación tiene lugar dentro del plazo útil que como prerrogativa legal preceptúa el antedicho artículo (1936 Código Civil; y 118 inc. 2 Código Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del abogado, daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: RISSOLA, Héctor Daniel c/ CORDIVIOLA, Dante Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Si bien la frustración de un negocio jurídico, debido a un deficiente asesoramiento atribuible al letrado, o la pérdida de un juicio por omisiones o errores que le sean imputables a éste, configuran un daño cierto, la indemnización, sin embargo, no puede consistir en el importe de la operación no concretada o en el de la suma reclamada en la demanda desestimada, resultados éstos que, por depender en alguna medida de circunstancias ajenas al abogado, no puede saberse, a ciencia cierta, si se iban a producir o no. Por lo tanto, el resarcimiento debe consistir en la pérdida de una "chance" o posibilidad de éxito en las cuestiones cuyo mayor o menor grado de posibilidad dependerá, en cada caso, de sus especiales circunstancias fácticas.-
Indemnización por accidente de trabajo, ley de desindexación
Materia: LABORAL CIVIL
Carátula: Cabanchik c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-12-16

Lo que la Ley 24.283 procura es que, con sustento en actualizaciones de valores históricos, no se llegue a cifras que en su valor actual y real resulten desproporcionadas con la indemnización por accidente de trabajo que como "prestación", debería serle hoy abonada al damnificado. Mas para llegar a determinar la prestación sobre tales bases, igualmente no cabe duda que el salario a considerar no es el salario básico, sino aquella remuneración que a la fecha actual hubiera debido ser contemplada para realizar el cálculo.