marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos comerciales, actos ilícitos, dependientes, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: BULLRICH S.A. c/ GOLDMAN Y COMPAÑIA S.A. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Como presunción "hominis" al estar sugerida por los criterios de normalidad, puede aceptarse que un gerente de finanzas de una empresa comercial tiene de modo implícito autorización para solicitar créditos cuando al propio tiempo está facultado para cobrar y otorgar los recibos que sean necesarios. Así, los negocios encarados por el empleado infiel constituyen materia que de ordinario entra en los límites y objeto de las tareas inherentes a un cargo de tal naturaleza.

No puede sostenerse que la posición que en la sociedad ocupaba el dependiente obrara como una condición meramente ocasional: ello fue "condición" para el ilícito obrar (en el caso, obtención de préstamos en la financiera aquí accionante) utilizando documentación de la empleadora con firmas apócrifas. Ello obra como relación de medio a fin por mucho que haya mediado una extralimitación en las instrucciones recibidas.
Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, VILDO EUGENIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 116-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

Si bien en la Provincia de Santa Fe, la consolidación del pasivo aparece como uno de los medios dispuestos por el Poder Legislativo para contrarrestar la emergencia económica, ella fue incluida en la ley 10798, de vigencia temporal limitada hasta el 25-1-94. De ello se sigue que las deudas no consolidadas durante el período en que dicha ley provincial estuvo vigente, no podrán quedar sometidas al régimen después de la fecha indicada.
Jubilaciones, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Maestre, Guillermo Bernardino. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

La jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio, razón por la cual el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad.
Proceso penal, audiencia preliminar
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: O., N. P. c/ Dcia. Abuso Sexual r/v hijos Menores s/ Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-21

La audiencia preliminar constituye el acto procesal imperativo de la fase intermedia del proceso penal acusatorio que se desarrolla oral y contradictoriamente frente a un Juez imparcial, mediante el cual se realiza el control jurisdiccional crítico de la etapa de investigación conducida por el Ministerio Público. Este control crítico importa la verificación de la validez formal de la acusación y, a la par, la evaluación acerca de la consistencia del caso para habilitar la etapa de juicio, a partir de la prueba que se ofrece, por ambas partes, control de legalidad incluido.
Tributos aduaneros, derechos de importación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRUMAR  S.A.I.C. c/ INSTITUTO FORESTAL NACIONAL s/ ORDINARIO - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

La palabra "derechos" para la ley de Aduana (t.o. 1962) abarca el concepto genérico de tributos aduaneros, entre los que se encuentran los llamados impuestos aduaneros.

Tómese en cuenta que la C.N. al hablar en su art. 4 de los derechos de importación y exportación, se está refiriendo a todo tributo que grave el ingreso y egreso de mercaderías.
Información sumaria, sobreseimiento, desafuero
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ACTUACIONES    REMITIDAS    POR  EL  TRIBUNAL  DE  ENJUICIAMIENTO  DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS EN AUTOS: CAMPOS JULIO s/ INFORMACION SUMARIA - DESAFUERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-01

No resulta posible dictar sobreseimiento respecto del funcionario privilegiado, pues la atribución de dictar un pronunciamiento que "cierra el proceso en forma definitoria e irrevocable", como reza el art. 336 C.P.P., sólo se concibe si el proceso estuviera abierto con relación al mismo. Ello importaría, además, dictar una decisión en la causa, actividad indiscutiblemente jurisdiccional tratándose del sobreseimiento, lo que está expresamente prohibido por el art.

130 de la Constitución de Córdoba.

Ello, además, porque la finalidad de la información sumaria se agota en la remisión de antecedentes para solicitar el juicio político o el enjuiciamiento del magistrado desde el punto de vista de su responsabilidad política funcional y no desde la óptica penal la que, una vez salvado el obstáculo, podrá ser examinada a través de la actividad jurisdiccional propiamente dicha.-
Recurso de casación penal, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cabral, Jorge Carlos s/ Recurso de casación. Causa: 1634
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Este tribunal invalidó la sentencia en razón de las "reglas de la inferencia lógica y del principio de razón suficiente", mas no de la prueba producida, que sólo fue referenciada por vía indirecta en cuanto a su selección y valoración defectuosa. La materia casacional no fue -ni podría haber sido- la prueba, sino el razonamiento del órgano sentenciante que se fundaba en una valoración fragmentaria de aquélla, y que -por tanto- se reputó arbitrario. (Voto Dr. Casanovas)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Peña, José Félix c/ Carreiras, Daniel O. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

La expectativa que genera la aludida regla derecha antes que izquierda para quien goza de la preferencia, es la de salir indemne del cruce ante tal "concesión", creyendo que quien guía el otro vehículo por estar obligado a conocer las disposiciones vigentes sobre la materia (art. 20 Código Civil), se lo va a otorgar, por el cual es lógica la conducción a su marcha normal, y al ocurrir la transgresión de la norma se ve sorprendido por tan irregular conducta, lo que le impide tenga el tiempo necesario para maniobrar y evitar el choque.
Empleo público, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carbonatto, Omar Miguel c/ Municipalidad de Realicó s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-01-09

Para el cálculo del monto de la indemnización, deberá tomarse como base la remuneración indicada por el accionante, $ 400, pues la misma no se evidencia desproporcionada o ajena a la realidad económica imperante, tanto al momento actual como al del distracto, encontrándose corroborado con aserto por los dichos del actor que, en el caso particular, adquieren verdadera relevancia toda vez que, si bien se requiere una mayor cuota de certeza y precisión cuando de la cuantificación del salario se trata, ello es así cuando se alega una diferente a la que consta en los asientos respectivos que, en este caso, deviene inexistente.
Actos y diligencias procesales, notificación por cédula, patrocinante, validez de los actos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: DINERS  CLUB  ARGENTINA  SAC  Y  DE T. c/ GONZALEZ BELLINI, MARIAINES S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-04

La notificación al letrado patrocinante es idónea para anoticiar a la parte de la resolución transcripta en la cédula.
Asegurador por riesgos del trabajo, caducidad, facultades jurisdiccionales, comisiones médicas, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Mansilla Jorge Luis c/ Prevención ART SA - Ordinario - Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos) c/  s/
Jurisdicción:  — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-07-26

Sin perjuicio del pronunciamiento en pleno por la legalidad del plazo de caducidad del art. 3, Ley 10456 -"Rodríguez", sentencia 22/2022-; lo cierto es que en el particular se verifican una serie de acontecimientos que escapan a la cuestión allí debatida y que no deben ser dejados de lado. De otro modo se incurriría en una estrictez que conspira contra el derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, surge de las constancias de la causa que el trabajador interpuso demanda procurando la revisión de la resolución de la Comisión Médica bajo el trámite de PDA. El juez en esa oportunidad consideró que el reclamo no encuadraba en el supuesto previsto en el art. 83 bis inc. l) de la Ley 7987 y ordenó ocurrir por la vía correspondiente. El trabajador dio cumplimiento a la manda iniciando el juicio ordinario antes que aquel decreto adquiriera firmeza. Así las cosas, no puede soslayarse que si aquel magistrado hubiera reconducido el planteo no se hubiera generado discusión en torno a la validez del plazo de caducidad, pues efectuado el pertinente cómputo de días, aquél fue introducido dentro de los cuarenta y cinco días de notificado el dictamen de la Comisión Médica. Asimismo, dado que el PDA se ha ampliado a los supuestos de accidentes de trabajo del art. 83 bis inc. k, Ley 7987, en la actualidad el reclamo impetrado incluso sería viable por el trámite de PDA que intentó inicialmente. En consecuencia, el contexto fáctico de la causa conduce a confirmar la admisibilidad formal de la demanda
Firma en blanco, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAAVEDRA, FAUSTO c/ MARIO SALTO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO RICHEZZE JORGE c/ MOLINA MARIA DE s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-30|1999-04-07

El valor de un documento firmado en blanco es idéntico a aquél firmado luego de escrito, en tanto y en cuanto el otorgante reconozca la firma.
Sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, defraudación, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LACROZE, Lorenzo y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-17

Las enajenaciones y transferencias hechas por el cónyuge no constituyen actos de fraude en la administración sino maniobras deocultamiento, en modo alguno resultan constitutivas de ilícito. No resulta típica la acción de quien oculta bienes de la sociedad conyugal.

Por ello, corresponde confirmar el auto que decretó el sobreseimiento de los imputados.
Amparo por mora, recurso jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NUÑEZ, Daniel Sebastián c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de E.R. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-09

La primera cuestión que debe acreditar quien invoca la mora de la administración es que efectivamente existe el retardo argüido, no resultando suficiente la mención de los plazos contenidos en la Ley de Procedimientos Administrativos, más aún en el caso del Recurso de Apelación Jerárquica regulado a partir del articulo 60º de la Ley 7060, que contempla un procedimiento específico para su tramitación hasta ser considerado en condiciones de ser resuelto.-
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, pena, finalidad de la pena
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, S. G. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-21

Sin intentar ahondar demasiado en las distintas funciones de la pena, como modo de condena en todo derecho de naturaleza penal (como lo es el contravencional), es deseable que tenga como norte un criterio de utilidad, ya sea si este fin consistente en la intimidación de la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos de autores potencialmente indeterminados o si sólo consiste en obrar sobre el autor del hecho ilícito cometido para que no reitere su hecho (estos son, criterios de prevención general y especial, respectivamente) y no que sólo tenga un fin de retribución, fundamentado en una teoría absoluta de la pena. (Del voto de los Dres. Lucangili y Dessanti)
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero y Hornos, Miguel y otra c/ Echaide, Norberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Si la institución en que se realizó la práctica médica del cual derivó el daño sufrido obró con negligencia en la disposición de los elementos necesarios para el debido cumplimiento de la prestación, debe ser responsabilizado de él.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, honorarios, leyes, bien común, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: COTO CIC S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la sentencia recurrida en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 13441 y de la ordenanza de adhesión 9516 de la Municipalidad de Rosario, por cuanto la legislación cuestionada guarda coherencia con la Constitución y supera el test de razonabilidad, toda vez que constituye la expresión de políticas legislativas relacionadas con las particularidades socioculturales regionales de nuestra Provincia y en ese norte ha reglamentado la apertura y el cierre de los establecimientos comerciales persiguiendo objetivos que -en su conjunto- hacen al bienestar general de la comunidad (según el criterio de otros poderes), sin que ello configure restricción ilegítima a las libertades de comerciar y ejercer toda industria lícita de las empresas amparistas. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - Jurisprudencia vinculada: Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Honorarios, regulación de honorarios, notificación, domicilio real, costas, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: LENCINA, NASARIO INOCENCIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

La regulación de honorarios que corresponden al profesional embargante -letrado de la contraparte, que le reclama al actor el pago de su extipendio en razón de que éste fue vencido en el pleito y condenado en costas- no exige notificación en el domicilio real del obligado, ya que la ley preve esa hipótesis para el supuesto de que el letrado pretenda cobrar honorarios a su propio cliente (artículo 31 de la ley 6767), y éste no es el caso bajo examen.
Derechos y garantías constitucionales, sistema republicano, libertad de prensa, libertad de expresión
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La garantía constitucional de la libertad de expresión consiste en asegurar a los habitantes la posibilidad de estar suficientemente informados para opinar y ejercer sus derechos respecto de todas las cuestiones que suceden en la Republica en un momento dado, tutelando la libre difusión de las ideas como concepto esencial del bien jurídico protegido (Voto de los jueces Nazareno y Bossert).
Sociedad conyugal, bienes propios, bienes gananciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTA, CELIA HAIDEE AGUILA DE s/ SUCESION    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 274-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Habiéndose pagado el precio del inmueble adquirido por la esposa supérstite a poco de casarse, con el producto del ejercicio de la docencia (ejercida durante 24 años en estado de soltería) resulta injusto otorgar a ese dinero el carácter de ganancial, máxime cuando al acto escriturario comparece el esposo prestando su conformidad para que su cónyuge disponga y administre como propio el bien adquirido.
Contratos de adhesión, modificación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: SMUD, CARLOS c/ BANCO POPULAR FINANCIERO  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-08

Aunque el contrato de adhesión no otorga al adherente la posibilidad real de modificar sus términos, ello no lo invalida, en tanto el consentimiento no esté viciado o bien la desigualdad del poder de negociación no determine la inclusión de cláusulas abusivas.
Intervención de terceros, resoluciones irrecurribles, falta de legitimación para obrar, juicio de desalojo, derecho a la vivienda digna, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: HONORABLE SENADO DE LA NACION c/ FERREYRA, PEDRO Y OTRO s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

No resulta admisible la defensa de falta de legitimación pasiva para obrar, articulada por el tercero, toda vez que, una vez producida la citación (en la especie existe conformidad de la actora y de la demandada), el tercero no puede oponerse a la intervención decretada en el proceso por ninguna vía o recurso (cfr. Sala III, Causa 1957/92 del 30.4.93, "Fredes, Oscar Daniel c/Instituto Municipal de Obra Social", idem Sala II- Causa 8209/91); 1°) precisamente consigna que se reconoce en el H. Senado del Congreso de la Nación la propiedad y la posesión civil del inmueble, de modo que la obligación de restituir surge límpidamente de la condición de ocupantes e involucra a todos ellos, quienes sólo habitan el inmueble por tolerancia de quien aquí demanda; 2°) la articulación del tema sólo en Alzada comporta reflexión tardía (art. 277 del Código Procesal). Por último, argumenta que siendo el Senado de la Nación parte del Estado Nacional, no puede desalojar, toda vez que, según el art. 14 Bis de la Constitución Nacional, está obligado a proveer de vivienda a los ciudadanos. Esta Sala ha resuelto que la genérica invocación del derecho a una vivienda y desnuda invocación del art. 14 Bis de la Constitución Nacional y de Tratados Internacionales son absolutamente ineficaces para alterar la solución del caso (cfr. Sala II, Causas 2391/94 del 22.9.94; 9473/93 del 18.2.97).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado  Nacional  (Secretaría  de  Energía) c/ Ente  ProvincialRegulador de la Electricidad (Provincia de San Juan) s/ recurso.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Uno de los supuestos que habilitan la competencia originaria de la Corte Suprema es que una provincia sea parte en el pleito, tanto nominalmente -ya sea como actora, demandada o tercero como sustancialmente, esto es, que tenga en el litigio un interés directo de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria.
Principios procesales, principio de adquisición
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C. J. c/ Z. L. y/o F., W. M. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

Por virtud del denominado principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de la afirmación y de la prueba.

En tal forma, las pruebas constituyen elementos de convicción comunes a todas las partes intervinientes en el proceso, por manera que el juez en el decisorio puede hacer mérito indistintamente de ellas, con prescindencia de cuál haya sido la que le hubiere aportado. Los actos son para el proceso y benefician o perjudican indistintamente a las partes, inclusive a aquélla que los solicitó u ofreció.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Herlan c/ Lence s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

La inhabilidad de título sólo es procedente cuando se funda en las formas extrínsecas del título, desde que no es posible discutir legitimidad de la causa (art.542, inc.4 del CPCC). Excepcionalmente, cuando la ilicitud que se denuncia surge del mismo título, puede invocar ésta como fundamento de la excepción. En todos los demás casos la defensa debe ser objeto de planteo y resolución en un juicio de conocimiento posterior (art.551, segunda norma CPCC), tal como ocurre cuando se alega abuso de firma en blanco. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRECO ROSA Y GRECO EMA c/ LOGIOVINE AQUILES JOSE s/ INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

El instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el Oficial público hubiese enunciado como cumplidos por el mismo, o que han pasado en su presencia. Tales hechos, como el lugar en que fue otorgado el acto, afirmados por el Oficial público, comprometen directamente la fe del funcionario y tienen una fuerza de convicción "casi irrefragable" que sólo es posible desvirtuar por la llamada querella de falsedad, por acción civil o criminal -art.

993 C. Civil-.-
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SORSA S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

La pretensión de recomponer la situación económica del contrato de obra pública encuentra sustento en la ley provincial 8781, modificatoria de la ley 6021 y en la reglamentación de aquélla.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ocampo Rosa c/ Acuña Ernesto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La suma condenada lo ha sido en el límite temporal fijado por la ley 23928, correspondiendo también fijar los interese según la tasa del seis porciento anual desde la fecha del hecho y hasta el 31-3-91, de allí en adelante y hasta el efectivo pago según la tasa que "pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación." (art. 622 Cód. Civil).
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros, responsabilidad objetiva, responsabilidad del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: Lobo Dora Del Valle c/ Usqueda Francisco y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-08-10

La empresa de transporte público de pasajeros de larga distancia debe reparar de los daños y perjuicios producidos como consecuencia del accidente sufrido por un pasajero al caer por las escaleras mientras se dirigía al baño, toda vez que resulta de aplicación el artículo 184 del código de comercio, que establece un supuesto de responsabilidad objetiva en donde el transportista asume una verdadera obligación de seguridad consistente en llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino, en virtud de la cual cualquier inconveniente que éste sufra configura un incumplimiento de la debida prestación del transportador dando nacimiento a la responsabilidad de éste, a menos que demuestre alguno de los eximentes prescriptos legalmente.
Acumulación de procesos, registro de marca, nulidad de marca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mastercard International Inc. c/ American Express Company s/ oposición infundada al Reg. de marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

Existe entre los procesos involucrados en la especie un grado de conexidad que aconseja su acumulación y que se deriva de la circunstancia de que en ambos, "Mastercard International" persigue que se declare la nulidad de los registros Nros. 1.039.477 y 1.050 169 correspondientes a las marcas TARJETA DORADA y TARJETA ORO, cuya titular es precisamente contraparte "American Express".