Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-26


SENT Nº 616 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiséis (26) de Agosto de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte actora en autos: "Gavidia, Armando Antonio vs. Coop. de Productores Citrícolas de Tafí Viejo A.T. y C. Ltda-COTA s/ Cobro ordinario".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación planteado a fs. 370/377, por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 12/9/2003 (fs. 365/366), dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el accionado, revocando la sentencia de I° instancia que oportunamente rechazó la caducidad de instancia articulada por su parte (fs. 345).

A fs. 380/384 la parte demandada contestó el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

El remedio articulado fue declarado admisible por la Sala a quo, conforme surge del auto de fecha 28/11/2003, que corre agregado a fs. 387/vta.; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, debemos decir que estamos frente a una temporánea interposición, contra una sentencia que si bien no es definitiva, resulta así para el recurrente, en tanto la declaración de caducidad de la instancia pone fin al pleito, impidiendo su continuación (CSJTuc., sentencia n° 308 del 09/6/94). Asimismo, se ha acompañado boleta que acredita el depósito de ley.

III.- Con relación al recaudo previsto por el art. 815, el recurrente plantea la infracción a los arts. 210 inc. 1°, 211, 214 inc. 1° y 215 de la ley 6904 y, en lo sustantivo, a los arts. 21 inc. 1° y 32 Ley 24.522 y arts. 17 y 18 CN.

Efectúa un relato de lo acontecido en la causa para expresar, luego, que la sentencia es arbitraria por evidente mala valoración de los escritos presentados por su parte y los informes del Actuario agregados a autos y por falta de merituación de esas actuaciones procesales, posteriores al 13/10/99.

Le agravia que la Cámara reste importancia al escrito de fs. 8 denunciando la existencia del Concurso Preventivo así como al de fs. 9 solicitando la suspensión de los términos para compulsar el Concurso y optar por las posibilidades que prevé el art. 21 de la LCQ pues entiende que ellos son actos procesales necesarios que terminan en el informe del actuario de fs. 10 del 18/8/99. Cita en su favor el art. 211 2° párr. y 210 in fine y jurisprudencia. Destaca que el tribunal a quo no valoró el informe de fs. 10 que fue consentido por las partes sin efectuar observación o impugnación alguna.

Expresa que si bien es cierto que la presentación en concurso de la demandada no interrumpe ni suspende la causa hasta la resolución que disponga su apertura, se agravia por el hecho de que la resolución de apertura del concurso no es obstáculo para que en virtud de lo dispuesto en el art. 21 inc. 1° opte por continuar el proceso ordinario y en defecto todos los actos posteriores que fueron consentidos por la demandada fueron idóneos para interrumpir la caducidad. Que no puede la incidentista después de haber consentido el decreto de suspensión de términos de fs. 18 y notificada en el domicilio del apoderado del concurso y de Sindicatura, como también el pedido de reapertura de términos y de la opción, decreto de fecha 22/8/01 notificado a todas las partes y a Sindicatura y consentido por la misma, plantear un incidente de Caducidad y obtener sentencia favorable.

Le causa gravamen que la sentencia se limite a valorar los actos procesales de fs. 7,8,9,11 como si fueran los únicos elementos procesales válidos para valorar la intención de poner en marcha el proceso pues, dice, también existen actos procesales realizados por el Juzgado, consentidos por las partes que determinan la subsanación de la instancia, por ejemplo fs. 17, 18, 27. Que se ha omitido valorar el escrito presentado por su parte en la que opta por una de las alternativas que prevé el art. 21 LCQ notificadas a Sindicatura y la Concursada no siendo objetada por las mismas.

Explicita que no es verdad que cuando se produjo la apertura concursal se había operado la caducidad como dice la sentencia; que ello no es determinante para revocar la del inferior sino que debió analizar todas las constancias de autos, conforme lo dispone el art. 32 y 34 CPCCT, que siendo el crédito anterior a la presentación en concurso se aplican los efectos de esa ley y por ello el Juzgado le intima a optar por una de las alternativas que menciona dicha norma, que esa opción implica la interrupción de la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia.

Sostiene que existe en autos gravedad institucional; hace reserva del caso federal; propone doctrina legal y solicita se haga lugar a la casación impetrada.

IV.- La sentencia en crisis considera que la única actividad eficaz para hacer avanzar el procedimiento en tiempo oportuno, era cumplir con lo dispuesto en la providencia de fecha 02/03/99 (fs. 7) mediante la cual se exigió al accionante que previamente complete la tasa de justicia y acompañe la boleta de ley 6059, o por el contrario, si se proponía solicitar el beneficio para litigar sin gastos, y en consecuencia requerir la intervención provisional autorizada por el art. 268 CPCCT debió solicitar que se provea la demanda y se ordene el traslado a la contraparte. Que esta actividad no fue pedida ni solicitada por la parte actora. En cuanto a la presunta eficacia interruptiva del escrito obrante a fs. 8 mediante el cual se denunció que la demandada se había presentado en concurso preventivo por ante el mismo juzgado en que se tramita la causa del epígrafe, y del escrito obrante a fs. 9, mediante el cual se peticionó la suspensión de los términos procesales hasta tanto se resuelva el pedido de apertura del concurso, considera el tribunal de mérito que no había ningún impedimento para proseguir con la tramitación de la causa. Que la sola presentación solicitando la apertura del concurso preventivo, no interrumpe ni suspende la tramitación de las causas, ni impide la promoción de nuevas demandas contra la persona que solicita el concurso de acreedores pues es recién con el dictado de la resolución que dispone la apertura del concurso preventivo que se producen los efectos reglados en los arts. 15 a 25 LCQ. Que en el caso en examen, la apertura del concurso se produjo cuando ya se había operado la caducidad de la instancia denunciada por el incidentista. No soslaya el tribunal a quo que la causa bajo análisis estaba radicada por ante el juzgado en lo civil y comercial común por ante el cual se peticionó la apertura del concurso preventivo por lo que, concluye, no era necesario librar ningún tipo de oficio para conocer el estado del proceso concursal sino que bastaba el informe del actuario o la simple consulta del expte. en Secretaría. Indica que tampoco había dudas acerca de la competencia del juzgado de primera instancia que debía conocer en el proceso. Reitera que la sola presentación en concurso preventivo no interrumpe o suspende la tramitación de la causa sino que lo que lo hace, una vez dictada la resolución que declara abierto el concurso es la aplicación del art. 21 LCQ.

Señala que es irrelevante valorar la actividad de la actora cumplida con posterioridad a la solicitud del beneficio para litigar sin gastos pues la misma no fue consentida por la incidentista y con anterioridad ya se había cumplido el plazo legal de caducidad reglado por el art. 210 inc.1° CPCCT. Idéntico razonamiento aplica a la posterior suspensión de términos procesales dispuesta con motivo de la apertura del concurso preventivo, pues la caducidad ya se había operado con anterioridad.

Concluye haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada revocando el fallo de primera instancia y declarando la caducidad de instancia. Impone las costas a la actora en ambas instancias (art. 219 CPCCT).

V.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso no puede prosperar.

En efecto, el recurrente se agravia, esencialmente, por la arbitraria valoración que de los escritos de fs. 8, 9 y 11 de autos hace la Cámara sentenciante en tanto entiende ella que tales actos procesales no fueron idóneos para impulsar el procedimiento. Sin embargo, los motivos ofrecidos por el tribunal de mérito lucen razonables dentro de las particularidades propias del caso sin que se advierta, por ende, la arbitrariedad ni la infracción normativa alegadas.

El tribunal a quo considera que la actividad eficaz para hacer avanzar el procedimiento era cumplir con lo dispuesto mediante decreto de fecha 02/3/99, de fs. 7 que ordenaba completar la tasa de justicia y la boleta de ley 6059. Que si el recurrente pretendía, en cambio, litigar sin gastos y en consecuencia, solicitar el beneficio provisional art. 268 CPCCT debía pedir se provea la demanda y se ordene el traslado a la otra parte. A su vez, no asigna eficacia interruptiva al escrito de fs.8 ni al de fs.9 -mediante los cuales se denuncia la presentación en concurso preventivo de la accionada y se solicita la suspensión de los términos procesales hasta tanto se resuelva el pedido de apertura concursal-, por cuanto entiende que no había impedimento alguno para que la causa prosiguiera su tramitación en tanto la sola presentación en concurso no suspende la misma ni impide la promoción de nuevas demandas. Agrega que en el caso de autos, ni siquiera era necesario librar oficio al Juzgado por ante el cual se peticionó la apertura pues era el mismo en que se tramita la causa, con lo cual bastaba el informe del Actuario o la simple consulta del expediente en Secretaría. Que tampoco había dudas sobre la competencia del juzgado.

Estos argumentos no han sido rebatidos por la recurrente quien se limita a presentar su opinión discordante con la así expuesta por la Cámara. Manifiesta en este sentido que el curso de la causa se suspende cuando por razones de fuerza mayor o causa grave no se puedan realizar actos en el proceso. Pero lo que expresa la Cámara claramente -y que es decisivo- es que no hay razón alguna para no continuar la tramitación de la causa mientras no se haya declarado la apertura del Concurso Preventivo y que la mera presentación no implica suspensión de la causa ni impide el que se inicien otras contra el Concursado, por lo que mal puede verse en el presente caso una causa grave de suspensión del procedimiento o razones de fuerza mayor.

La interpretación de Cámara es concordante con lo manifestado en otras oportunidades por este Tribunal. En efecto, ha señalado esta Corte Suprema de Justicia, en anterior composición, que la doctrina procesalista se ha ocupado del tema de la caducidad de instancia, definiéndose tres posiciones: a) una exige que "los actos interruptivos para ser tales, deben ser útiles, idóneos, adecuados al estado del proceso y efectivamente eficaces para alcanzar su cometido de hacer avanzar el "proceso"; b) la opinión opuesta considera que "es suficiente que el acto ponga de manifiesto la voluntad del litigante de mantener vivo el proceso, haciendo saludo de presencia y existencia, aunque no sólo conduzca hacia delante sino que ni siquiera tenga aptitud virtual de pretenderlo"; c) y en medio de ambas existe un criterio estático y moderado que considera actos interruptivos los que "tengan dirección apta para comunicar un adelanto al estado del juicio y la fuerza ejecutiva para obtenerlo, aunque de hecho tal finalidad se frustre o quede postergada" (cfr.Loutayf Ranea y Ovejero López G. "Caducidad de Instancia", Ed. Astrea pg.98). La última de las posturas y las que se le acercan en grado inmediato, es la prevaleciente y debe ser tenida por atendible para reconocer eficacia interruptiva del curso de la perención. Concordantemente, se ha dicho que es acto interruptivo de la caducidad de la instancia, conforme lo normado por el art.311 del Código Procesal (ADLA; XXVII-C-2649), aquel que "tuviere por efecto impulsar el procedimiento, es decir, aquél que tiende a que el proceso avance, o a activarlo en forma directa e inmediata y resulta adecuado al estado de la causa, con prescindencia del resultado o eficacia de la actuación o pedido (CNEsp.C.y Com., Sala I, 6/8/79, Malineverni J.M.). En esa línea de pensamiento, "cabe entender por impulso procesal toda actividad de las partes o del Juez tendiente a hacer avanzar el proceso, cumpliéndose diferentes estadios que integran su contenido, a fin de que adquieran su completo desarrollo. Debe tratarse de una actividad idónea y adecuada -de conformidad con el estado de la relación en definitiva- para alcanzar el fin querido por el litigante que es la sentencia, luego de transitar las diferentes etapas que integran cada proceso (cfr.CSJTuc., autos "Riviere Domingo Roberto y otros vs. Sindicato Ob.y Emp.Municip. de Tucumán s/cobro de daños y perjuicios", sentencia del 11/9/95). El principio según el cual basta el propósito del litigante de mantener vivo el proceso, materializado mediante una expresa y concreta actuación tendiente a lograr la prosecución de la relación procesal, siendo inoperable el éxito de la iniciativa, debe conjugarse con aquel otro, según el cual las actuaciones deben ajustarse al estadio procesal del juicio, para que interrumpan el curso de la caducidad. Lo contrario significaría desvirtuar la ratio legis de la institución, pues bastaría cualquier solicitud lo que sin duda, no es el fin querido por la ley ("Caducidad de la instancia", Bacre, Eisner, Gozaini, Kisimainovich y Martínez Alvarez, ed.Depalma pg.87) (conf. CSJT, sent. n° 246 del 25/4/97; sentencia N° 1200 "Ledesma José Ernesto vs. Banco Municipal de Tucumán s/Indemnización" del 30/12/2002).

Corresponde entonces analizar los escritos aludidos -fs. 8 y 9- en el marco normativo de los arts. 210 y 211 del C.P.C.C. y a la luz de la interpretación mayoritaria precedentemente reseñada en torno a los rasgos que definen el carácter interruptivo de un acto procesal. Participando entonces de la postura que prescinde del resultado o eficacia de la actuación o pedido de parte que tiende a hacer avanzar el proceso, pero que por otro lado exige que dicha actuación o pedido para interrumpir el curso de la caducidad de la instancia debe ajustarse al estadio procesal del juicio, o dicho de otro modo, debe ser proporcional a las circunstancias de tiempo o estado de las actuaciones y realizarse en principio en el mismo proceso, se concluye que asiste razón al tribunal de mérito en tanto tales escritos no son idóneos para interrumpir el plazo de perención de la instancia.

En efecto, el pedido de suspensión de trámite procesal o la simple denuncia de presentación de la demandada en concurso preventivo no son actos "per se" impulsivos del proceso; toda vez que no se correspondían al estado del proceso en tanto -como advierte la Cámara- no se había resuelto todavía la apertura concursal a tenor de lo dispuesto por el art. 21 de la LCQ a partir de la cual recién puede ejercerse la opción de dicha normativa. Agrega el tribunal que cuando la apertura del concurso se resuelve, la instancia ya estaba perimida por lo que tampoco puede el impugnante alegar que la opción del artículo citado produce el efecto de impedir la caducidad de la instancia.

En definitiva, no yerra la Cámara cuando interpreta que el escrito de fs. 8 ó 9 no tiene efectos idóneos para impulsar al proceso desde que no revisten, per se, ni por disposición legal o judicial en el caso, el carácter de presupuesto condicionante para cumplimentar actos procesales realmente impulsores del trámite, haciendo avanzar el mismo hasta su culminación. Dado la etapa del proceso (tanto del presente como del concursal), los escritos de fs. 8 y 9 carecen de gravitación procedimental tanto más cuando, como en el caso, conforme lo explicita la Cámara, ni siquiera era necesaria la denuncia de fs. 8 o el libramiento de oficio alguno desde que la presentación concursal recayó en el mismo juzgado en que tramitaba la presente causa. Por eso, dicho trámite, atento a las peculiares características que configuran el caso sub examine, además de constituir un dispendio procedimental resultaba jurídicamente estéril, inocuo, a los fines de hacer pasar a otra circunstancia del proceso, que adelante a la precedente, alejándola del acto inicial y acercándola, objetivamente, al acto final o resolución.

Tampoco la solicitud de beneficio para litigar sin gastos (escrito de fs. 11) es impulsiva del procedimiento. Es doctrina de esta Corte que la actividad desplegada en el trámite de esta franquicia (certificado para litigar sin gastos), aun cuando se cumpla en la causa principal, no es apta para hacer avanzar el proceso, pues se realiza en el solo interés del solicitante, y no se dirige al desenvolvimiento de la relación procesal (CSJT, sent. 57 del 25/02/2000; en igual sentido sentencias números 118 "Martín Mario César vs. Liliana del Valle Ponce y otro s/Cobro ejecutivo" del 12/3/2003; 1019 "Perea Ramón Antonio vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Contencioso administrativo" del 22/12/2003).

Desde otra perspectiva, no pueden proceder los agravios según los cuales la Cámara no ha valorado las actuaciones posteriores al 13/10/99, ni de su parte, ni del órgano jurisdiccional (los de fs. 17, 18, 27), en tanto ya en esa fecha había operado la caducidad de instancia según lo decide la Cámara por lo que mal podía valorar tales actividades procesales. Tampoco se advierte convalidación de los actos procesales por cuanto el decreto de fecha 06/3/2000 lo fue notificando la suspensión de los trámites procesales y el de fecha 22/8/2001, notificando la reapertura de los mismos en un estadio procesal en donde todavía no se había tenido por parte al letrado apoderado de la actora ni se había ordenado correr traslado de la demanda, lo que se efectúa con posterioridad, en 14 de setiembre de 2001 (fs. 32). Cuando así se hace, en la primera presentación en juicio, la demandada deduce el incidente de caducidad sin consentir ningún trámite anterior (conf. fs. 331).

Esto es precisamente lo que hace notar el tribunal de alzada al expresar que es irrelevante valorar la actividad de la parte actora con posterioridad al beneficio para litigar sin gastos pues la caducidad se había operado y tal actividad no fue consentida por la incidentista. Por ello, el agravio del recurrente omite considerar tales manifestaciones sentenciales y la reiteración de la consideración de que operó la convalidación de actuaciones o que faltó la valoración de la actividad procesal de su parte posterior al escrito de fs. 11 es insuficiente para atacar los motivos expuestos en el fallo en crisis.

VI.- A mérito de lo considerado, procede rechazar el presente recurso, con pérdida del depósito de ley. Las costas se imponen al recurrente vencido, por ser de ley expresa (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y oído que fue el Ministerio Fiscal a fs. 395/397, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 12/9/2003 dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA