Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2009-04-01


Posadas, abril 1 de 2009.

Concedida la palabra al Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, dijo:

Habiéndose declarado formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto en autos por la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda., y oído el Señor Procurador General, procede resolver sobre el fondo.

El actor Franco Javier Leichveist demandó laboralmente a la firma "Toll Maderas S.R.L.", a Ángel Toller, Fabián Alberto Toller, a Roberto Marcelo Toller y a la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda., por despido injustificado.

Explicó en su demanda que comenzó a trabajar para el aserradero Toll Maderas S.R.L. en julio del año 2002, y que luego de un tiempo fue despedido sin explicación alguna por el encargado de personal, Ing. Echenique.

Consta a fs. 7 que con fecha 07.05.03 el actor cursó Carta Documento a Toll Maderas S.R.L. solicitando aclaración de su relación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedido. También, reclamó entrega de constancias de inscripción ante organismos previsionales y sociales y el pago de asignaciones familiares.

A fs. 8, cursó nueva comunicación expresando que, no habiendo tenido respuesta a su intimación, se daba por despedido.

A fs. 9 formuló denuncia de empleo no registrado, contra Toll Maderas S.R.L.

A fs.38 promovió la demanda laboral indicada precedentemente, relatando que trabajaba para el aserradero Toll Maderas S.R.L. de propiedad de los hermanos Toller, pero que antes de ingresar había sido obligado a asociarse a la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada, en una maniobra fraudulenta que, anticipa, analizará más adelante, aunque tal análisis se limitó luego a señalar que la maniobra fraudulenta consistía en tratar de evitar las leyes laborales.

A f s. 64 contestaron la demanda Toll Maderas S.R.L., Ángel Toller, Fabián Alberto Toller y Roberto Marcelo Toller, negando la relación laboral y agregando una Carta Documento de fecha 9 de mayo de 2003, por la cual Toll Maderas S.R.L. respondía la intimación del 7 de ese mes, con el mismo argumento negatorio del vínculo laboral, y explicando que mantenía un convenio de locación de servicios con la Cooperativa Tierra Colorada Ltda., por tiempo determinado, mediante el cual ésta prestaba servicios al aserradero, con sus propios asociados; y que si el reclamante prestó servicios en el establecimiento maderero, lo hizo como personal o socio de la Cooperativa.

En esta misma contestación, la parte demandada opuso excepciones de falta de legitimación "ad causam" en el actor y en los demandados.

A fs. 343 y ss. contestó la demanda la Cooperativa Tierra Colorada negando también la relación laboral con el actor, expresando que, por el contrario, el mismo era socio de la Entidad. Efectúa una serie de consideraciones sobre el concepto, alcance y posibilidades de las cooperativas de trabajo, ofrece pruebas y solicita el rechazo de la demanda.

Abierto el juicio a pruebas y producidas éstas, se dictó sentencia de Primera Instancia (fs. 746 y ss.) haciéndose lugar en todas sus partes a la demanda, y condenándose en consecuencia, en forma solidaria, a todos los demandados.

Contra esa decisión interpusieron recursos tanto la Cooperativa Tierra Colorada, como la firma Toll Maderas S.R.L. y sus socios gerentes Ángel, Fabián Alberto y Roberto Marcelo Toller.

Expusieron allí, en términos generales, que la sentencia resultaba arbitraria e incongruente, por no haber evaluado correctamente las pruebas y haber resuelto extra y ultra petitio.

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, Sala C, confirmó en todas sus partes la sentencia anterior, contra lo cual se interpuso el recurso extraordinario que está a consideración.

Se exponen allí los siguientes agravios:

1) Sentencia arbitraria por no considerar pruebas conducentes y por resolver extra y ultra petitium.

2) Sentencia que viola la ley o la interpreta erróneamente.

Respecto al punto 1) alega el recurrente que la Cámara, para confirmar la sentencia anterior, hizo mérito de argumentos que no formaron parte del juicio; que no fueron controvertidos ni puestos por las partes a consideración y resolución de los Jueces, aludiendo ello a la forma de distribución de excedentes repartibles en las Cooperativas.

En realidad, la Cámara valoró en este punto una situación que surge de las pruebas ofrecidas por las partes, como lo es la circunstancia de no advertirse distribución de utilidades mediante la liquidación anual de retornos, hecho que considera un indicio de fraude a la ley laboral. Considero por mi parte, que no excede el marco de las proposiciones del litigio haber evaluado ese dato como una presunción de fraude, toda vez que la tarea del Juzgador consiste en apreciar integralmente los elementos de prueba de que dispone.

En cuanto al punto 2), la Excma. Cámara entendió que la prestación de servicios a terceros por parte de la Cooperativa Tierra Colorada, por medio del trabajo de sus asociados, encubría una relación laboral directa entre éstos y el tercero; en este caso, Toll Maderas S.R.L. y/o sus Gerentes.

A su turno el recurrente considera que tal razonamiento constituye una violación o errónea interpretación de la ley por cuanto -dice- la Cooperativa estaba legalmente habilitada para efectuar la prestación aludida.

El problema que se presenta en autos, y que en parte ya fue anoticiado "supra", es que la Cooperativa Tierra Colorada suministró servicios a un establecimiento industrial no asociado, cuyas tareas debían ser cumplidas por los socios de la misma. Mientras la Excma. Cámara de Apelaciones sostiene que ello encubre una relación laboral, la recurrente piensa lo contrario.

Por mi parte, adelanto opinión en el sentido de que considero que la Cooperativa estaba habilitada legalmente para suministrar el servicio que entregó al aserradero, y que no corresponde aplicar presunciones de fraude.

Ello es asi por los siguientes motivos: en primer lugar las cooperativas de trabajo están previstas en el art. 42 inc. 5) apartado b) de la ley 20.337 de modo que no puede decirse que la de autos sea una organización clandestina o prohibida. En el cas o, puede apreciarse que la Entidad ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para funcionar: se encuentra registrada y reconocida por los organismos de contralor; ha celebrado regularmente sus Asambleas; ha probado mantener seguros y obra social en beneficio de sus asociados.

En segundo término, el inciso 10 del art. 2º de la ley 20.337 establece que las Cooperativas pueden prestar servicios a asociados y a no asociados, en las condiciones en que, para este último caso, establezca la reglamentación. El art. 42 in fine de la ley citada dispone sobre el destino de excedentes que se generen por prestación de servicios a no asociados. Esto quiere decir que, en principio, no está prohibido que las cooperativas presten servicios a terceros no asociados.

Con el objeto de contemplar la última condición del inc. 10) art. 2º de la ley 20.337, se dictó el Decreto 2015/94 (B.O. 16.11.94) por el cual el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC, actualmente INAES) no autorizarla en adelante el funcionamiento de cooperativas de trabajo que para el cumplimiento de su objeto social prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.

No obstante ello, la Cooperativa Tierra Colorada, que se constituyó en 1999 y tiene dentro de su objeto social la posibilidad de prestar servicios a terceros por medio de sus asociados, fue debidamente autorizada para funcionar; pero considerándose comprendida en la prohibición del decreto 2015 y de su reglamento (Resolución INAC. 1510/94) solicitó y obtuvo una medida cautelar por parte de la Justicia Federal de Misiones (fs. 176) que dispuso no innovar en las condiciones en que se desempeñaba la Entidad, y suspender los efectos del art. 4o de la ley 25.250, del Decreto 2015 y de la Resolución INAC 1510/94, cuya declaración de inconstitucionalidad se había pedido, de modo que la Cooperativa podía seguir prestando el servicio que prestaba.

Considero que la Excma. Cámara no hizo adecuado mérito de la resolución judicial citada que, más allá de las prohibiciones legales permitía a la Cooperativa seguir desarrollando la actividad cuestionada.

Aún así, procede analizar si la prestación de servicios de la Cooperativa al establecimiento industrial encubría o no una relación laboral.

Entiendo primeramente que lo que la ley o el reglamento quieren evitar es que bajo el pretexto de un acto cooperativo se suministre mano de obra a terceros no asociados y que por ello, la Cooperativa funcione como agencia de colocación. Esta figura debe distinguirse de aquélla en que la Cooperativa, como persona jurídica, concurre a prestar un servicio, aún cuando lo haga con sus asociados. En el primer caso, la Entidad coloca una o varias personas en el mercado laboral, cobrándoles por conseguirles el trabajo, pero la relación laboral se establece entre el colocado y quien lo emplea. En el segundo caso, que es el que nos ocupa, la Cooperativa por sí misma y con sus propios asociados, presta un servicio a un tercero. Los socios reciben, conforme al sistema de retribución de las cooperativas, anticipos de retorno. Si se generan excedentes con motivo de la prestación de servicios a terceros, no se distribuyen, sino que se destinan a una cuenta de reservas (art. 42 in fine Ley 20.337).

Como se ve, son dos cosas totalmente distintas, y si bien es cierto este último supuesto, que es el caso de autos, puede encubrir un fraude a la ley laboral, también lo es que eso no se ha demostrado en modo alguno.

Surge de la prueba rendida, que el actor se asoció a la Cooperativa antes de ingresar a trabajar en Toll Maderas S.R.L., no habiéndose acreditado por ningún medio que hubiese sido obligado a hacerlo; surge también que participaba en reuniones y asambleas; se halla acreditado que la Cooperativa celebró contrato de locación de servicios por plazo determinado con Toll Maderas S.R.L. (fs. 107), suministrándole la lista de socios que cumplirían las tareas en el aserradero; que estas personas vestían uniforme de la Cooperativa, distinguiéndose de otras que eran empleados del aserradero; que a éstos les pagaba Toll Maderas S.R.L. mientras que a aquéllos lo hacia la Cooperativa; tampoco se demostró que el trabajo de los socios de la cooperativa resultara esencial en el ciclo económico productivo de la industria, ni que fuera exclusivo, ni que el aserradero tuviera ingerencia o dominio sobre la Cooperativa, ni que se tratara de servicios eventuales.

Considero que no puede presumirse fraude a la ley laboral cuando se han cumplido todos los recaudos legales y reglamentarios que posibilitan el funcionamiento de una entidad en determinadas condiciones y con determinados fines; además, las pruebas acumuladas reflejan en realidad lo contrario a esa presunción. Más allá de que puedan darse abusos por parte de la Cooperativa Tierra Colorada con relación a sus socios, el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones otorga una extensión inaceptable al concepto de "relación laboral" al declarar que los socios de la Cooperativa eran empleados de Toll Maderas S.R.L. e implícitamente (pues los condena en forma solidaria) que también lo eran de aquélla. Tal interpretación aparece reñida con los datos de la realidad y de la lógica jurídica teniendo en cuenta que la asociación formada bajo el nombre más arriba mencionado se constituyó mediante un acto libre y voluntario de sus fundadores, quienes organizaron una entidad que por su propia naturaleza y razón de ser excluía toda relación laboral; por un lado entre ellos y la cooperativa y por otro, entre ésta y terceros, al asumir libremente los riesgos de toda estructura empresaria.

Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y en la ayuda mutua, para organizar y prestar servicios a sus socios y a no socios, de manera que la actividad de la demandada no contrariaba una de las actividades licitas previstas en la ley ni tampoco se apartaba de lo que ésta define como "acto cooperativo" en su art. 4º, cuyo último párrafo varió sustancial y explícitamente el concepto que restringía el marco de los actos cooperativos a los realizados por la cooperativa con los socios o entre cooperativas. La ley amplió la noción a los actos realizados entre cooperativas y terceros no asociados de manera que no hay razón ni fundamento alguno para considerar que el contrato celebrado con Toll Maderas S.R.L. no encerraba actos cooperativos propios del objeto social de la Cooperativa, no habiéndose demostrado que Toll Maderas S.R.L. y/o sus Gerentes tuvieran ingerencia o dominio sobre la Cooperativa. Y, si finalmente se alega que la prestación de servicios a terceros no asociados se prohibió por el Decreto 2015/94, no puede prescindirse del fallo judicial que dispuso suspender ese decreto con relación a la Coop. Tierra Colorada, y no innovar en la materia.

Por su naturaleza y aún cuando no persiga fines de lucro la cooperativa es una empresa económica que ejerce actividades económicas organizadas, con el objeto de producir bienes o servicios en el marco de las operaciones que le son más convenientes. Estando regularmente constituidas conforme a las leyes de la materia, no se advierten razones para deducir que encubren o representan relaciones laborales espurias sino al contrario, lo que cabe suponer es que, estando regularmente constituida, se trata de una real y verdadera organización empresaria autónoma.

A ello se suma que del contrato de locación de servicios celebrado con Toll Maderas S.R.L. no se desprende cláusula alguna que imponga la permanencia o exclusividad de los servicios de la Cooperativa a favor de aquélla, lo que hubiera permitido en cierto modo la invocación del art. 103 de la L.C.T. que, en consecuencia, resulta a mi juicio inaplicable a la relación contractual establecida en autos.

Por lo expuesto, considerando que el decisorio recurrido no constituye valoración razonada de las pruebas con aplicación a las circunstancias particulares del caso y asumiendo competencia positiva, voto por dejar sin efecto la sentencia impugnada, rechazando la demanda en todas sus partes.

Con costas (art. 17 C.P.L.) y devolución del depósito correspondiente al recurso extraordinario.

Concedida la palabra a los Dres. Mario Dei Castelli, Ramona Beatriz Velázquez y Humberto Augusto Schiavoni, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Concedida la palabra al Dr. Roberto Rubén Uset, dijo:

Al momento de emitir mi voto sobre la admisibilidad formal del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado a fs.809/827 y vta. por la parte demandada, lo hice por la negativa, con posterioridad a ello no se han incorporado a autos elemento alguno que hagan variar mi posición, razón por la cual reitero los fundamentos expuestos en Resolución Nº 407 del 28 de julio de 2008 (ver fs.858/860 y vta.).

ASÍ VOTO.

Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Teniendo en cuenta la situación particular planteada en este caso concreto y específico, adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante Dr. Manuel A. Márquez Palacios. Así voto.

Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio Rojas, dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios.

Por ello, oído el Señor Procurador General y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la Ley Nº 2441, modif. por Ley Nº 2819), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, RESUELVE: I) HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto en autos. II) REVOCAR la Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Sala C, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia obrante a f s. 799 y ss. de autos, y en su mérito, RECHAZAR la demanda instaurada por el actor, por los fundamentos expuestos en los considerandos, con COSTAS, con el alcance del artículo 17 del C.P.L. y devolución del depósito de fs. 829. - Mario Dei Castelli. - Cristina Irene Leiva. - Manuel Augusto Márquez Palacios. - Jorge Antonio Rojas. - Humberto Augusto Schiavoni. - Ramona Beatriz Velázquez. - Roberto Rubén Uset.