Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-24


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"M. G., R. c/ S., A. D. y otros s/ SUMARIO (Daños y Perjuicios)", Expte. nro. 15.415/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (Expte. nro. 3064/99), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 443), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 375/383 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por las partes actora y demandada contra la sentencia definitiva nro. 138/2005 del Juzgado Civil nro.1 de la jurisdicción, que hizo lugar parcialmente a la demanda y condeno a A. D. S. a pagar a R. M. G., la suma de $5092 en concepto de daño material por reparación del vehículo, con más los intereses.

Rechazó los rubros reclamados por el actor tales como privación del rodado, gastos de remolque, depreciación del automotor y daños sufridos por P. del C. M., desestimó la reconvención interpuesta por el demandado S. e hizo extensiva la condena a la aseguradora L. S. C. L. de S. G. en los límites del contrato e impuso las costas al demandado (fs. 375/83 vta., fs. 384, fs. 391).

1. En el memorial de agravios de la parte codemandada, L. S. C. L. de S. G., las diversas quejas se asientan, en término, en la renuncia a la acción; sostiene que la actora a fs. 75 desistió de la acción instaurada contra el Sr. C. A., sostiene que tratándose de una "acción resarcitoria" cuyas consecuencias económicas se extienden solidariamente a los accionados, que tal renuncia en los términos del Art. 707 del Código Civil importó contra los restantes accionados.

Hace referencia a la obligatoriedad rescindió, nada queda por reclamar a los otros. Advirtiendo que a la fecha operaba la prescripción de la acción según el 4037 del CC lo que importó la renuncia a su derecho por no poder iniciar nuevamente la acción.

El segundo agravio lo constituyen los montos de condena sosteniendo que los rubros no han sido probados y que la unidad siniestrada según informe de fs. 241 dice que la unidad en buen estado está valuada en $3000. Cuando la destrucción es parcial solo debe abonarse la diferencia entre su valor actual y el valor primitivo (Art. 1094, inc fine del CC), no es justo que el valor medio exceda el valor del vehículo.

Tercer agravio es la tasa de interés.

El último agravio lo constituyen las costas del proceso y la regulación de honorarios.

2. El memorial de agravios de la actora está glosado a fs. 437/8, quien critica la desestimación del rubro privación de uso sostenido en transcripciones jurisprudenciales en sentido contrario a lo fallado por el Aquo.

Análisis de las cuestiones:

1. Con relación a la apelación de la parte actora, no puedo apartarme del criterio sostenido reiteradamente en punto a la valoración del escrito subexamine. Habida cuenta que afirmar simplemente que la jurisprudencia indica que el criterio es diverso, no puede ser considerado como agravio en sentido técnico, reflejando tan solo un disenso dogmático de la parte recurrente con el fallo. Así es sabido que por esa vía debe criticarse en forma concreta, razonada y puntual cada aspecto de la sentencia.

Si se discrepa con una doctrina o criterio, no puede aceptarse el argumento de que no existen pruebas o que la contraparte nada dijo, en particular cuando se trata del resarcimiento de daños que quedaron librados al prudente arbitrio judicial, por cuanto tan simple afirmación no es refutación de los fundamentos de la resolutiva dictada.

Es aplicable al caso el temperamento sentado por la ex Cámara Civil y Com.Común Ia. in re: "M. G. c/ C. A. s/ Escrituración", del 10/02/86 cuando dijera "que no puede el Tribunal de Alzada, aún cuando no compartiera los fundamentos ni la solución de la sentencia apelada, suplir al recurrente en la formulación de las razones admisibles para lograr la revisión del fallo.

Es decir, puede la sentencia del inferior estar eventualmente desajustada a derecho, pero si los agravios del apelante no demuestran el yerro del sentenciante, a la par de cuál es el criterio correcto en el caso y la doctrina exacta que debe aplicarse a la misma, la suerte debe resultar adversa para el apelante.

Pues si la sentencia es desacertada y los agravios no demuestran el desacierto, o también son ellos desacertados, u omite toda referencia o destrucción de este presunto desacierto, no se advierte como podría lograrse la revisión de aquella si no es supliendo la actividad crítica del impugnante y hallando agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado, lo que está vedado para el Tribunal (Conf. Peyrano "Del Sentido Común y de la Suficiencia del Escrito de Expresión de Agravios", nota en diario La Ley el 11/11/86), porque el memorial da la medida de las facultades del Tribunal".

La razón que tuvo el aquo en su dudoso fallo para no otorgar la indemnización no fue criticada puntualmente por la apelante y, siendo así, no satisface una exigencia mínima que debe observar el memorial porque el código de procedimientos, es sumamente claro en expresar que el recurrente debe "indicar concretamente los puntos que afectan a su derecho", entendiéndose que la concreción que prescribe ese artículo está significando que la parte debe seleccionar, del discurso del Magistrado, el argumento (o los argumentos) que constituyen estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión, y luego señalar donde está el error en que ha incurrido conforme esos argumentos, sea en sus referencias fácticas o en sus interpretaciones jurídicas, error que llevará al desacierto ulterior concretado en el veredicto (Cf. LL 1985A309, voto del Dr. Alberti; CCCC Ia. Tuc., "M. Z. R. c/ C. A. S. J.", del 13/3/87; "C. c/ E. D. O. "S. y L.", del 18/2/85; "R. c/ P." del 23/10/84; "O. c/ E. C. s/ Daños y Perjuicios" del 23/2/88).

Por los fundamentos expuestos en base a la jurisprudencia transcripta aplicable a la especie, desestimo los agravios de dicha parte. A mayores precisiones transcribo lo dicho por nuestro máximo tribunal"...el orden procesal exige que la expresión de agravios deba contener una crítica razonada y concreta del fallo (Art. 265 CPCCCh), y la no satisfacción de ello, conduce a su deserción (Art. 266 CPCCCh).

De ello se infiere que el contenido de la impugnación se determina en esa expresión, y su límite externo lo precisa el recurrente, se trata por lo tanto, del acatamiento de normas expresas que rigen tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes.

El incumplimiento de los requisitos que deben contener el memorial lo convierte en deficiente o incompleto, como ocurre en la especie, y entonces no puede evitarse la declaración de la deserción del recurso, pues la norma contiene un mandato imperativo que no requiere petición de parte ni admite excepciones, todo ello acorde con la perentoriedad de los plazos procesales (SD 51/92, mi voto en SD 15/95 S.T.J.)" (autos "M., R. y otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ recurso contencioso Administrativo", Expte. 17.643, Sentencia nro. 122001).

2. Siguiendo con el análisis, corresponde tratar el primer planteo de la codemandada apelante, cabe advertir que deviene improcedente porque pretende retrotraer el pleito a cuestiones precluidas y que llegaron firmes a esta instancia sin que fueran objetadas en la instancia procesal oportuna, sin perjuicio también, que omite el quejoso en su formulación lo dispuesto por el Art.705 del Código civil.

No obstante, resulta prudente señalar que las obligaciones concurrentes o in solidum, también denominadas conjuntas, conexas, convergentes o indistintas, se caracterizan por presentar un solo acreedor (la victima), pluralidad de deudores y de causas o títulos respecto de cada uno de ellos (por ejemplo, principal o dependiente, dueño y guardián, obligado y sustituto, etc), y un mismo objeto debido (indemnización) que obliga a cada uno de ellos en forma íntegra por el todo.

De este modo el acreedor tiene la libertad para dirigirse contra uno u otro de los deudores o contra ambos, con el único límite de no poder cobrar doblemente la indemnización o deuda ya que el primer pago que efectúe uno de los deudores deja al reclamo contra el otro sin causa (transcripción parcial de "Obligaciones concurrentes o in solidum", Descalzi, José Pablo en DJ 20031, ág.431).

Por esos motivos desestimo el agravio.

Se queja del monto de condena respecto del daño material del vehículo en tal sentido se observa que a fs. 63 objetó en base al valor del rodado al momento de contestar demanda, con relación a la antigüedad e hizo reserva de acreditar su postura con prueba en el curso del pleito, lo que así ocurrió con la informativa de fs.241, que el Aquo mencionó en su sentencia a fs. 377 y vta. afirmando que lo evaluaría conforme principios de la sana crítica, que no expuso ni precisó, y sin efectuar consideración alguna al respecto estableció la condena.

Tiene dicho la jurisprudencia mayoritaria, que si el costo de las reparaciones de la unidad dañada es superior al valor del vehículo en buen estado de conservación, la reparación del daño nunca puede superar el valor de la cosa, pues en tal caso ha de considerarse que la destrucción es total.

Por lo tanto se torna injusto que el costo de los arreglos del vehículo pueda superar el valor en el mercado de una unidad de iguales características (Art. 1077 del C.Civil). En este caso el monto de la indemnización respectiva ha de estar dado por éste último valor, quedando así satisfecho el principio de reparación plena (arts. 1083, 1094 del Civil. Citar: elDial W10D70).

El propietario tiene derecho a que se le repare íntegramente el daño; correlativamente, el deudor tiene la obligación de indemnizarlo, debiendo computarse entre los daños y perjuicios el costo de las reparaciones, conforme surge de los arts. 1068, 1069, 1109 del C.Civil, sin que ello signifique más que restituir las cosas al estado anterior, cuando ello no encubre un abuso de derecho (arts. 1083, 1071 y cc. del C. Civil).

Tuvo en cuenta el Aquo que le correspondía la indemnización aun no siendo el titular del dominio, lo que vino firme a esta Alzada, en consecuencia aplico el mismo criterio que para el propietario.

Pero ese principio es de aplicación cuando el propietario efectivamente afrontó el costo de las reparaciones y el victimario debe restituir las sumas de dinero pagadas. Y no está demostrado que tal supuesto fuera el de litis (fs. 381/82 vta.).

Esto es que, no habiendo la actora acreditado desembolso alguno, la partida halla límite en un importe estimado parsimoniosamente conforme al Art. 165 CPCC., que conjuga el menor precio necesario para adquirir una cosa similar, de modo de no enriquecer a la víctima en detrimento del victimario, considero debe readecuarse la condena.

En consecuencia, mi ponencia se inclina por reducir la partida al importe consignado en el informe de referencia por lo tanto por daño material se condena a $3.000.

Otro embate contra el fallo es la tasa de interés aplicada. No obstante sus argumentos, recuerdo que resulta facultad privativa de los magistrados la decisión de la misma y contra ello no luce argumento descalificante por parte del recurrente.

"La determinación de soluciones para la fijación de los intereses resulta esencialmente provisional, pues responde a las fluctuaciones de la economía de un país.

Por ello, las tasas de interés no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y por el empleo de distintos factores, varían de un modo considerable lo que puede en cualquier momento revisar los criterios establecidos para adoptarlos a nuevas realidades económicas" (Ariel Barbero "Intereses monetarios", pág. 12, Ed. Astrea2000, Dr. Julio Alexandre, Sent.Def.05/2004).

A todo ello debe agregarse que si con prudencia asumimos que no es nuestro cometido determinar el costo financiero del dinero como mercancía sino preservar la justicia de los resarcimientos conscientes de que ellos quedan también afectados la economía del momento considerando que la fijada es la más conveniente, estos motivos me llevan a confirmar lo resuelto por el sentenciante de grado.

La imposición de las costas es otro de los agravios del codemandado; sostuve reiteradamente que no pueden imponerse las costas del pleito con un sentido aritmético, sino jurídico, ello implica contemplar tanto el principio objetivo de la derrota como así también las situaciones en las cuales la actora no ha visto satisfecha por completo sus pretensiones contenidas en la demanda.

La medida del éxito o el fracaso de cada litigante es la pauta para la distribución prudente y equitativa de las costas (FenochiettoArazi "CPCCN", t.I, pág. 280).

En este orden de ideas, indico que la parte actora reclamó una suma que superó holgadamente la corroborada como debida por las constancia de autos, hecho señalado por el Aquo por omisiones incurridas por la accionante. Existió una razón fundada para litigar, el actor accionó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio.

No se trató de una mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino la existencia de circunstancias objetivas que han demostrado la concurrencia de un justificativo suficiente.

Al contemplar el código de procedimiento distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el Art.68 en su, párr. 2do., norma que importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un marco de arbitrio, que debe ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificado el apartamiento; como indicara precedentemente, fueron los rubros reclamados y desestimados que habían sido base de los hechos y daños invocados.

Por estos motivos considero que deben readecuarse las costas e imponerse proporcionalmente, en un 80% a los vencidos y un 20% al actor.

En cuanto a la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes como fuera modificado el monto de condena y estos se readecuaran según lo establecido en el art. 279 del ritual, carece de virtualidad jurídica expedirse y se difiere su determinación para el momento del Acuerdo.

Las costas de la Alzada se imponen por su orden en virtud que la demandada solamente obtuvo un éxito parcial en sus planteos y la actora sufrió el rechazo de los propios (Art.71 del CPCCCh). Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone:

1. Desestimar los agravios de la actora conforme considerando respectivo.

2. Receptar parcialmente los agravios de la demandada y modificar parcialmente la sentencia venida en crisis en cuanto al monto de condena que se impone en $3000 y la imposición de costas en forma proporcional en un 80% a la demandada y un 20% a la actora.

3. Las costas de la alzada se imponen por orden causado.

4. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en ambas instancias al momento del Acuerdo.

5. Tener presentes las reservas del caso federal y de instancias internacionales formuladas a fs. 434 vta./435.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la alzada en apelación de la sentencia de fs 375/383 que admite parcialmente la demanda y condena a A. D. S. a pagar a R. M. G. la suma de cinco mil noventa y dos pesos ($5092) en concepto de daño material por reparación del vehículo, en el término de diez días de firme la sentencia, con más los intereses indicados en el considerando respectivo, rechaza el rubro privación del rodado, gastos de remolque, depreciación del automotor y daños sufridos por P. C. M., rechaza la reconvención interpuesta por A. D. S., hace extensiva la condena dentro de los límites establecidos a la aseguradora L. S. C. de S. G., impone las costas al demandado vencido y regula los honorarios.

A fs 427/435 se agrega la expresión de agravios de la Cía de S. los que se concretan en renuncia de la acción, extinción; montos indemnizatorios, la tasa de interés y la regulación de honorarios.

Por su parte el actor se agravia a fs 437 vta en cuanto la resolución, no hace lugar al rubro reclamado respecto de la indemnización por privación de uso del rodado.

Entiendo que resulta suficiente dicha enunciación a fin de dar cumplimiento a la manda constitucional, máxime que la Sra Juez preopinante ha efectuado un resumen puntual y que al momento de resolver los agravios me referiré a los fundamentos de manera precisa.

He de comenzar el análisis del primer agravio de la Compañía de S., atento que de prosperar el mismo, el resto de los agravios resultarían inconducentes.

Se inicia la acción en contra de A. D. S. conductor del vehículo y C. A., propietario, citándose en garantía a la Cía de S. L. S..

A fs 60 vta la Cía Aseguradora reconoce la cobertura bajo póliza 945311 respecto a terceros y con límite de responsabilidad sobre el rodado Toyota Célica dominio :.

A fs 75 el actor desiste de la acción promovida contra el Sr A. C., y es admitida a fs 76.

Tal decisión llega firme ya que no es en ello lo que el quejoso funda sus agravios, sino que aduce que tratándose de una acción resarcitoria cuyas consecuencias económicas se extienden solidariamente a los accionados tal renuncia, en los términos del art. 707 del CC importó la renuncia contra los restantes accionados.

Y tales fundamentos deben rechazarse en principio, el Art. 707 al que hace mención el Código Civil, se refiere a la extinción de la obligación por alguno de los modos que enuncia novación, compensación o remisión.

Se ha de señalar que las obligaciones solidarias son aquellas en que "la totalidad del objeto de ella, puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o cualquiera de los deudores", Art. 699.

La solidaridad puede cesar por la renuncia que de ella haga el acreedor, y en este supuesto no está en juego la subsistencia de la obligación que queda intacta, para el resto de los deudores.

Asimismo en la obligación solidaria, cualquier modo de satisfacción del interés de uno de los acreedores determina la extinción de la obligación con respecto a los restantes acreedores, pero en autos no surge, ni el quejoso lo ha insinuado que se haya satisfecho la deuda que se reclama.

La renuncia que el apelante pretende incluir en el artículo en tratamiento con cita de jurisprudencia, a decir del Dr Llambías, en "Compendio de Derecho Civil", pág. 531 "es una modificación en el contenido actual de una obligación que persiste", difiriendo el desistimiento de la renuncia.

No se debe confundir al desistimiento del derecho con la remisión de la deuda. Este modo de extinción de la obligación es, en propiedad, una regulación legal de la expresión tácita de la voluntad de renunciar, cuya certidumbre emana de la entrega voluntaria por el acreedor al deudor del documento original en que consta la deuda (arts. 876, 878, 887, 918, 873, 874 y concds. del Cód.Civil).

Ello no equivale a la conducta de quien, en un proceso judicial, abdica de perseguir a uno solo de los deudores solidarios cuando mantiene expedita la acción contra los restantes, CCI Art. 876, CCI Art. 878, CCI Art. 887, CCI Art. 918, CCI Art. 873, CCI Art. 874, "W., R. c/ F. de P. s/ Daño contractual" CC0002 SI 46099 RSD12289 S 1651989. elDial W85C8.

En el juicio de daños el litisconsorcio pasivo no es necesario, sino facultativo, pues como regla general, si más de un sujeto es responsable por un perjuicio, el actor puede optar por demandar a todos o a cualquiera de ellos.

Las relaciones jurídicas sustanciales son plurales, y no es menester integrar la litis con la totalidad de los eventuales obligados.

A fin de abundar me permito citar la glosa al Art. 304 del "Código Civil y Comercial de la Nación", T.2, Carlos Eduardo Fenochietto, pág.174 y sgte "El actor puede desistir de su derecho ejercido en la causa en relación con uno de los accionados. Es un caso bastante común, originado, las más de las veces, en la imposibilidad de notificar al accionado la demanda, situación que le impide continuar el proceso a los demás... En tal caso, el desistimiento no afecta a los demás codemandados".

Lo decidido conlleva el rechazo de la prescripción a la que alude.

Es motivo de agravio el monto indemnizatorio por el daño material que el sentenciante dispone en cinco mil noventa y dos pesos ($5092) con remisión al valor de los arreglos y presupuestos de autos que asume, dice el quejoso, fueron parcialmente reconocidos Considera que si la remisión es sólo a lo presupuestado no encuentra justificación para apartarse del valor real de una unidad siniestrada al tiempo de dicho infausto.

La actora solicitó por reparación del vehículo la suma de $6142, suma a la que se opuso el demandado al desconocer los daños y presupuestos acompañados.

Ambos ofrecieron prueba a fin de acreditar los daños, así a fs 162 se reconoce la documentación de fs 14, que consigna el presupuesto por mano de obra de chapa y pintura sin valor de los repuestos, el que asciende a $3100 y a fs 163 la documentación de fs 15, que detalla los repuestos para la reparación y los presupuesta en la suma de $1992.

A fs 241 "D. S. A. SRL", informa que el valor de una unidad marca Ford, modelo Falcón, año 1989 es de tres mil pesos, y agrega que la misma ha sido tomada en base a un buen estado de conservación y condiciones normales de uso.

A fs 339 el perito entiende que el valor de reventa sería de $5000 a $6000 y que los presupuestos son los ajustados para la reparación, pericia que es impugnada a fs 345/348 vta. El Sr Juez resuelve que ponderará la impugnación con el resto de las pruebas.

La pericia es indudable que no será decisiva para la solución a la que se arribe (art 477 CPCCCh) ya que no contiene una explicación de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda como lo requiere el art. 472 del CPCCCh.

Y si bien es cierto que los presupuestos fueron reconocidos por quienes los expidieron, ello no es suficiente, sin previa valoración de lo que allí se consigna. Y observo que no obstante que en general son coincidentes con los daños que surgen de fs 8, no se consigna el presupuesto glosado a fs 15, si el precio de los repuestos es por cambio a nuevo o por arreglo, especialmente en rubros como paragolpe delantero, pues surge de fs 8 "paragolpe delantero torcido".

Asimismo no consta de los daños que da cuenta el informe policial, la rotura de llanta, cubierta, más allá de la generalidad del informe en su última parte.

No es posible que el responsable de los daños ocasionados al vehículo, tenga que pagar por reparaciones un importe superior al valor que cabe asignar a un automóvil Ford, modelo Falcón 1989, pues de tal manera se produciría un enriquecimiento indebido, doctrina seguida por Daray en "Accidentes de Tránsito", pág.343, nº6 y Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, "Código Civil comentado, t.5, pág. 140.

La suma otorgada aparece excesiva, máxime en un vehículo que al momento del accidente tenía 9 años de antigüedad lo que conlleva depreciación natural y una desvalorización fruto del paulatino pero constante envejecimiento por el sólo paso del tiempo, en razón de ello, no es posible coincidir con el monto que fijara el sentenciante, teniendo presente que no es un medio para favorecer omisiones sino para resarcir daños reales.

De acuerdo a lo dicho y considerando preponderante el informe de "E. S. A." y atento las facultades que me confiere el art. 165 del CPCCCh, fijaré prudencialmente el monto indemnizatorio, por el daño material en la suma de $3000 (tres mil pesos), coincidiendo con la Sra Juez preopinante.

La actora se agravia porque la Sra Juez desestimó el rubro por privación de uso. El aquo sostuvo con cita de jurisprudencia que el usuario no tiene derecho a tales conceptos.

Por su parte el quejoso, rebate tal decisión con cita también de jurisprudencia.

Ante ello y que el sentenciante no dio fundamentos, más allá de la cita, es que trataré los agravios de la actora.

El Sr M. inicia demanda como propietario del vehículo Ford Falcón que conducía en el momento del accidente.

Los demandados niegan tal carácter (fs 61 vta, fs 90 vta) y desconoce la compañía de seguros documentación acompañada (fs 65), el aquo resuelve que no evaluará la fotocopia simple del título del automotor, por carecer de valor probatorio, en consecuencia no resulta ajustado lo sostenido por la actora.

En consecuencia ha llegado firme a esta instancia que el Sr R. M. G., investía la calidad de usuario.

Considero que a fin de dar respuesta a este agravio, es preciso atenerse al caso concreto, atento las distintas posturas doctrinales y jurisprudenciales, de las que he hecho uso en otras oportunidades.

He de afirmar que la indemnización por privación de uso no puede ser reclamada por quien no es propietario del rodado, sino demuestra el perjuicio que tal circunstancia irrogó a sus derechos.

Y advierto que nada dijo en la demanda, ni probó que la privación del vehículo en carácter de usuario le ocasionara perjuicio alguno. Pues el testigo de fs 216, si bien manifiesta que fue contratado por el actor para hacer viajes, no puede precisar fecha.

Y todo ello sin perjuicio de reconocer la facultad que otorga el art. 1110 del CC y que a decir de BueresHigthon en Código Civil, 3 "A", pág. 408, hay legitimados activos respecto de los cuales su vínculo jurídico para con la cosa dañada proyecta una acreditación re ipsa de su facultad de reclamar como sucede con el titular dominial en tanto otros deberán demostrar que el perjuicio atañe a su interés, como por ejemplo la privación de uso, que afectará al usuario que lo justifique.

La indemnización por este concepto no puede ser reclamada por quien no es propietario del rodado, sino demuestra que contaba con el derecho para seguir usándolo durante el lapso que duraron las reparaciones (CNAC Sala F "R. M. c/ P., C. A y otro", 12990 LL 1991D, 264 con nota de Carlos Alberto Echevesti).

Razones todas para rechazar el agravio.

La tasa de interés pretendida por el demandado bajo el título "De nuevo la Tasa de Interés", será desestimada, por los mismos motivos que permanentemente he expuesto a iguales fundamentos.

Y ello de acuerdo a lo que resolviera el STJ en autos "Sifuentes..." en sentencia definitiva Nº 8/SER/97, expte 15.502S1996) del 21497, reiterada en otros pronunciamientos de nuestro Tribunal (confr. S.D. 11SER97, exp.15.717P1996 y SD 14SER/), expte. 15.746S1996) en donde se modificó la que fue doctrina legal siguiendo los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, criterio que considero debe seguirse en este pleito, en el marco de la "razonable discreción de los jueces de la causa", ello sin perjuicio de las situaciones de excepción que demuestre, en casos concretos, desvío del razonamiento lógico en orden a las circunstancias comprobadas" (Voto del Dr. Martín).

Con tales consideraciones y los dados por ambas salas de esta Cámara en Sent. Def. Nº 05/04 "daños y perjuicios" (90204); "M.. c/ J. M. R.. daños y perjuicios" Def. Nº 08/04; Def. 09/04; Def.07/04; 16/04 y 29/04; 20/04; Def. Nº 22/04Sala A; Def. Nº 14/04; Def. Nº 19/04 Sala B; Int. Nº 71/04 y Def. Nº 54/04; 57/04 Sala B, entre otras, me resulta prudente fijar como tasa de interés la activa del Banco de la Nación Argentina.

Sin que pueda conmover lo decidido los antecedentes que menciona el apelante, ya que no modificó lo resuelto en C., ni constituye doctrina legal, ya que la decisión que adoptó, es la utilizada cuando el Superior actúa "en causa de tratamiento originario" Respecto a la imposición de las costas, de la primera instancia sin perjuicio de modificarse el monto de condena, no serán modificadas.

El actor tuvo justo reclamo y la circunstancia de otorgarse una indemnización inferior a la requerida, no es obstáculo para ello, máxime cuando respecto al objeto principal resultó vencedor.

Las de esta instancia las impongo por su orden teniendo en cuenta el resultado al que se arriba.

En cuanto a los honorarios, apelados por el demandado, expedirse carece de virtualidad, pues atento las pautas establecidas por el art. 279 del CPCCCh, corresponde adecuarlas a la modificación de la sentencia.

Diferiré la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo; los que se fijarán de conformidad a la labor desarrollada, el resultado obtenido con relación a las pretensiones, el monto del proceso, concordantemente con lo que dispone la ley 2200 y su modificatoria, ley 4335, siguiendo las pautas de los arts. 6, 7, 9, 19 y 61. Los de esta instancia se los aplicará siguiendo iguales pautas, y lo que dispone el art.14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Admitir parcialmente los agravios de la demandada y modificar el monto con relación al daño material que lo fijo en la suma de tres mil pesos ($3000).

2) Rechazar los agravios de la actora.

3) Imponer las costas de la instancia de grado al demandado vencido y las de la Alzada por su orden.

4) Diferir la regulación de los honorarios de ambas instancias, para el momento del acuerdo.

5) Tener presentes las reservas del caso federal y de instancias internacionales formuladas a fs. 434 vta./435.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A) Advierto que ha llegado firme a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinantes, la temática sobre:

a) rechazo a la petición de desistimiento y prescripción de la acción con respecto a los demás codemandados por renuncia del actor de la acción contra el Sr. C. A.;

b) procedencia de la indemnización por daño material en la suma de pesos tres mil ($3.000);

c) la tasa de interés;

d) la imposición de costas de segunda instancia en el orden causado, y e) carencia de virtualidad jurídica en cuanto a la apelación sobre la regulación de honorarios, quedando como desacordada la cuestión atinente a:

1) el tratamiento o deserción del recurso de apelación planteado por actora a fs. 437/438 vta. en cuanto al rubro privación del uso del automotor, y 2) la imposición de costas de primera instancia.

Las circunstancias apuntadas hacen que me avoque a la emisión de mi voto sobre los puntos individualizados como desacordados en virtud de lo establecido por el art. 271 del CPCCh, ya que resulta suficiente para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejón, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

I.A1) En lo atinente a dirimir si ha de darse tratamiento o decidirse la deserción del recurso de apelación planteado por actora a fs. 437/438 vta. en cuanto al rubro privación del uso del automotor, después de un exhaustivo análisis de los términos en que fue planteada la apelación por dicha parte (fs. cit.) y considerando que es pacífica la doctrina y jurisprudencia versada en la materia que:

"La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado debe decirse cuál es el agravio. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones debe exponerse por qué se configura el agravio. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del aquo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. MorelloSosaBerizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T.III, pág. 351; Cám.Nac. Civ. Sala A, 14280, L.L. 1980, v.D., p.180; ídem. Sala B, 13678, Der. v.80, p.378, entre otros); que como resultado de la merituación efectuada sobre el contenido de los agravios expresados por el recurrente se advierte que los mismos se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara la pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho; que, conforme emerge de los fundamentos de hecho y de derecho efectuado por el aquo en el considerando 2.ii (fs.382) éste ha determinado la invalidez de que detenta la fotocopia simple del título de propiedad del automotor como valor probatorio siendo insuficientes los argumentos expuestos por el agraviado por fundarlo en referencias parciales sin la individualización concreta necesaria para enervar la decisión de la aquo que crítica.

Ello es así, ya que, conscientes del relativo valor que en ciertos supuestos debe asignárseles a las pruebas que traducen cumplimientos de carácter formal por parte del demandado, la búsqueda de la verdad se reviste de mayor dificultad y el análisis de cada uno de los elementos de juicio aislados y conglobados, se impone con mayor rigor, recordando que en la labor axiológica hay algo de entramado sutil, casi de imposible explicación, como hilos conductores y relacionantes que laten en el concepto de "máximas de experiencia" y que se proyectan más allá de la argumentación que sustenta la decisión.

Diríase que es ese punto en el que se unen la valoración en conciencia y la sana crítica racional, a la luz de lo cual se llega en el caso de convencimiento que el actor no, ha logrado sostener adecuadamente su postura.

Son todas estas las razones por las cuales corresponde aplicar el art. 266 del CPCCCh y declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el apelante actor (fs. 437/438) y confirmar la sentencia de fs. 375/383 vta. en este sentido.

I.A2) En cuanto a la imposición de costas de primera instancia, conforme emerge del considerando 13ero. (fs. 382vta./383) el aquo las impuso a la parte demandada vencida, quien a fs. 434 solicita sean fijadas en forma proporcional al éxito obtenido o distribuirse en el orden causado.

Es criterio doctrinario y jurisprudencial en cuanto a esta temática que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. Con tal base es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria al no haber pagado aquello procedente.

Por lo tanto el fundamento aludido del hecho objetivo de la derrota, no sufre desmedro por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospere en su totalidad (conf. Morello Sosa Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.IIB, pág. 112/113; Cám.Nac.Com., sala D, 30/07/82, La Ley, 1982, v.D, p. 465; Cám.Nac.Civil, sala F, 10/03/80, Der., v. 88, p.532).

Por los entendimientos expuestos, arribo a la conclusión que deben rechazarse los agravios planteados por la demandada y confirmarse la sentencia en cuanto a la imposición de costas a la demandada.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la colega preopinante Dra. Mercedes García Blanco de Bellver en cuanto a al rechazo de los agravios de la parte actora en virtud de lo dispuesto por el art. 266 del CPCCh y con la colega preopinante Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts en cuanto a la imposición de costas de primera instancia a la parte demandada y entender que esta parte del voto no está comprendida dentro de las premisas prescriptas por el art. 169 de la Constitución Provincial, a las mismas adhiero en las partes en que he tenido que decidir.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias parciales apuntadas, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la actora.

2) Admitir parcialmente los agravios de la demandada y modificar la sentencia apelada de fs. 375/383 vta. en cuanto al monto de condena por daño material, el que se fija en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000).

3) Costas de primera instancia a la demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. C. M. Z., G. A. B. y V. R., conjuntamente, en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.850), del Dr. V. M. C. A. en la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($985), de los Dres. D. C. P. y P. F. D. G., conjuntamente, en la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA ($740) y del perito mecánico E. H. en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350).

4) Costas de la alzada por su orden, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. V. M. C. A. en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300) y del Dr. C. M. Z. en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA ($460).

5) Tener presentes las reservas del caso federal y de instancias internacionales formuladas a fs. 434 vta./435.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 74 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS