Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


TS07D44220 SENTENCIA DEFINITIVA N°: 44220 CAUSA N°: 15.115/09 - SALA VII - JUZGADO N°: 73 En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2.012, para dictar sentencia en estos autos: " CHIANELLO, OSVALDO VICENTE c/ ALTA DENSIDAD S.A. y otro s/ Accidente - Accion Civil", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La parte actora apela parcialmente el fallo de grado que admitió la demanda por accidente de trabajo fundada en las normas del derecho común.

II.- La accionante se agravia por el hecho de que el "a quo", al momento de cuantificar el resarcimiento integral por aplicación de las normas del Código Civil para reparar el daño sufrido por el dependiente, juzgó que los montos de $ 74.592 por daño material y $ 18.000 por daño moral que debería abonar el empleador Alta Densidad SRL, eran equitativos y acordes con la incapacidad que lo aqueja.

También apela porque se limitó a la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo al monto de $ 41.148 (tope de la Ley de Riesgos de Trabajo).

III.- En cuanto a la determinación de los guarismos, soy de la opinión de que por la vía del derecho común, el Juez se encuentra facultado para determinar el monto de la condena de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia, sin estar obligado en modo alguno a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos.

Por lo que considero inadmisible el comparativo establecido con las fórmulas utilizadas en los fallos "Mendez", "Vuotto" ni ningún otro método creado a tal efecto.

Así, comparto la postura doctrinaria de que la indemnización a la que resulta acreedor un trabajador ante un infortunio laboral es una deuda de valor y no dineraria.

Al respecto, el Profesor Cornaglia en su valioso trabajo "La reparación del daño y la deuda de valor" presentado en el II Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado en San Nicolás el 29 y 30 de septiembre del 2011 convocado por el Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colegio de Abogados de San Nicolás, ha sostenido que en principio el daño debe ser evaluado a la fecha de sentencia, o a la fecha mas próxima a ella ya que la deuda que genera el infortunio laboral, sólo adquiere el carácter de deuda de dinero ejecutable como valor determinado, con la declaración de certeza de la sentencia que responde a un litigio procesado judicialmente.

Así, toda acción tarifada o no, por infortunio, responde a una deuda de valor y arrastra a la necesaria declaración de inconstitucionalidad de sus previsiones en cuanto pretendan desactivar o desmerecer la íntegra reparación del daño causado.

Sobre este tema Curutchet ha señalado que es posible instalar la idea de la naturaleza de la deuda de valor en materia de daños, esencialmente en el marco de las acciones de reparación integral, donde se observa mejores posibilidades de abrir una grieta que comience reconociendo el salario actual en la reparación integral pero como situación no alcanzada por la prohibición de la ley 23.928.

De lo expuesto surge con claridad que la razón de ser de la estimación del daño a la época de la declaración de su certeza en la sentencia responde a que si el patrón dinerario es determinante en la deuda de dinero, en la medida en que sostenga la injusta virtualidad que la teoría de la imprevisión atacara, en la deuda de valor, lo determinante es el salario como sujeto o módulo del que deviene el precio del valor.

El precio del valor dañado no es autoejecutable por lo que en el juicio de daños es el juez el que declara el monto dándole certeza, fijándolo al punto que los Códigos procesales de la Nación y de Provincia de Buenos Aires le ordenan.

Así, el art. 165 párrafo 3º dispone que para la prueba de la cuantía, una vez determinado el daño "la sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultara justificado su monto".

La reparación de daños por accidentes de trabajo, para su ejecución requiere de la declaración de certeza de un juez, materializada en una sentencia. Declararlo sin guardar relación con el salario de la época de la declaración (sentencia) y fijarlo en un pasado al que se debe revivir a partir del mérito de la mora, es una virtualidad anacrónica e inequitativa, apoyada en un error de la norma pensada sin considerar el tiempo que llevan los reclamos judiciales. Declararlo en función del presente del sentenciar, es otra virtualidad, equitativa, porque responde al fin de la obligación de valor en cuanto al daño todavía no reparado.

Al respecto, sostuvo la Corte Interamericana: "Por lo que la lógica racional indica que para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros, se atienda a los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no a un salario anclado a la fecha del hecho, pues es irreal que el mismo hubiere representado su ingreso por el resto de su vida. Lo más justo y lógico es entonces atender a los salarios de la categoría que revestiría el trabajador al momento de la sentencia".

Por otra parte he de destacar que debatido el tema de la deuda de valor y la estimación del mismo al momento de la sentencia en el II Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en San Nicolás en septiembre de 2011, fueron en el plenario aprobadas las siguientes conclusiones: "9.-La deuda indemnizatoria por infortunio del trabajo es una deuda de valor y como tal no se encuentra alcanzada por la ley 23.928. El daño debe ser estimado a la época de la sentencia y ponderando el lucro cesante futuro. 10.- Sin perjuicio de ello, la desactualización al momento del pago del ingreso base previsto en el art. 12 LRT puede ser corregida mediante control de constitucionalidad, y con sustento en la doctrina sentada por la CSJN en el caso ¨Ascua c/ Somisa¨(10/8/10)".

Entiendo también, que tener la concepción de que el derecho laboral es tarifado y considerarlo transaccional llevó a su debilitamiento debido a que la reparación a la que era acreedora la víctima, que no tenía que demostrar la culpa ya que bastaba demostrar que el daño había sucedido en ocasión, quedaba acotada a la tarifa y sus topes.

De esta manera se configuraba una transacción, que admitía que era válido que daños de mayor envergadura que los alcanzados por la tarifa quedaran sin resarcir y conducía a reducirlo a una práctica economicista que asegura a los empleadores la previsibilidad de los costos de la producción y de paso los abarata.

Por último, he de indicar que la postura que sustento ha sido sostenida a poco de la sanción de la ley 23.928, en la Jornada Notarial Bonaerense, celebrada en el año 1991 en Mar del Plata, por Casiello, Trigo Represas, Copagnucci de Caso, Banchio, Lorenzetti, Rivera, Wayar y Condorelli que incluso destacaron que la citada norma no se refería a las deudas de valor sino a las de dinero.

El presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo L. Lorenzetti (quien como juez está a favor de la constitucionalidad de las leyes nominalistas), insinúa como publicista un camino que serviría para aliviar los efectos de las normas nominalistas que legitima. Aclara que el criterio consistente en fijar el valor del daño al momento del hecho para luego actualizarlo se encuentra actualmente prohibido por las normas que vedan la indexación, por lo que sostiene que en la obligación de indemnizar, el objeto de la prestación de dar no es el dinero, sino la utilidad o compensación que con él se obtenga. Sostiene que el dinero entra en lugar de esa utilidad como mero sustituto. Por lo tanto el deudor de una deuda de valor queda expuesto a la variación del precio del bien y no del signo monetario. Llega a sugerir que esa valoración monetaria podría hacerse en una etapa de ejecución posterior a la sentencia misma que decida sobre la existencia del daño.

Por su parte Alberto J. Bueres y Elena I. Highton (esta última actual magistrada de la Corte), al comentar el art. 616 del Código Civil, teorizan sobre "la deuda de dinero y la deuda de valor", invocando los clásicos estudios de Arthur Nussbaum en Alemania y Ascarelli en Italia y los trabajos en la doctrina nacional de Casiello "Desvalorización monetaria", 1961, p.25 y "La deuda de valor", L.L.104-960; Trigo Represas, "Obligaciones de dinero y depreciación monetaria", 1985, p.69 y Bachio, "Obligaciones de valor", 1965, Cap.X, destacando la actitud del espectro de las obligaciones que generan deudas de valor y señalando entre ellas, las acciones de cumplimiento contractual que tienen por objeto distinto que el dinero; las propias de los actos ilícitos, en las que el importe dinerario del resarcimiento, sólo se liquida en función del valor del daño estimado como resarcimiento dinerario final (en igual sentido, v. de esta Sala, mi voto en los autos: "Figueredo Franco Daniel C/ Saevent Empresa De Servicios Eventuales S.R.L. Y Otro S/ Accidente Accion Civil", S. D. Nº 43881 del 26.10.11).

De acuerdo con tal criterio, debe tenerse en cuenta la temprana edad del trabajador (38 años al momento del infortunio), el valor mensual de la remuneración percibida ($ 2.058 por cada período), la minusvalía generada (del 22.86% de la T.O.) y, particularmente, lo dificultoso de la posibilidad de sortear dificultades futuras a nivel laboral para cualquier índole de tareas e inclusive su desarrollo personal, pues influye en toda actividad desarrollada por el reclamante.

Tampoco hay demostración de que el actor pudiera realizar labores en las cuáles el organismo del dependiente tenga un compromiso menor, lo que incide en forma negativa para poder sustituir -por ejemplo- la posibilidad de trabajar en otras tareas que no fueran las propias de su actividad, de su condición social, formación y capacitación, y estado civil, del valor salarial reconocido por las tareas que presta, vida útil que le resta, etc.

Al respecto, cabe señalar que el concepto "daño" debe analizarse en todos los aspectos que comprenden a la persona y personalidad y sin sujeción a fórmulas matemáticas y a partir de institutos tales como el riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones.

La propia Corte Suprema expresó que, en aquellos juicios en los que se solicita la reparación en el marco del derecho común, debe procederse a reparar todos los aspectos de la persona, trascendiendo de la mera capacidad laborativa (v. fallo: "Arostegui Pablo M c/ Omega ART SA", S.C. A, nº 436, L.XL.).

En tal inteligencia, juzgo que los valores de condena determinados en grado en concepto de reparación integral por daño material (que incluye el daño físico aludido por el reclamante) debe ascender a $ 220.000 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS) y por daño moral a $ 30.000 (VEINTICUATRO MIL PESOS) pues son, particularmente, ecuánimes y equitativos (arts. 163 y 165 del C.P.C.C.N.).

Así, al monto de condena que asciende a $250.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS), debe restársele la suma percibida en su oportunidad ($ 30.000 TREINTA MIL PESOS), por lo que la suma final del resarcimiento es de $220.000 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS), mas intereses a adicionar desde la fecha del presente pronunciamiento. III.- Con relación al alcance de la condena de La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y al alcance de su responsabilidad, estimo que el recurso también debe admitirse, pues no corresponde -en mi punto de vista- que se acote su responsabilidad pura y exclusivamente a un valor coincidente con el establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo, ni menos aún, con el límite allí previsto, cuando el presente reclamo reconoce una fuente normativa distinta (sustentado en las normas del código civil).

A tal efecto, debo destacar que soy de la opinión de que tanto la empresa empleadora como la aseguradora de riesgos de trabajo son solidariamente responsables y deben quedar obligadas a resarcir al trabajador como consecuencia de la minusvalía señalada en forma integral y sin diferenciaciones.

Digo ésto, pues liberar o limitar a la aseguradora respecto de las consecuencias desfavorables para la salud del dependiente por haber prestado servicios, implicaría necesariamente que el titular del contrato de trabajo abonase un seguro por accidentes y enfermedades, y -por una cuestión de forma (relativa a la elección del tipo de acción que el actor escogió para demandar)- quedase desprotegido con relación al reclamo de sus dependientes, siquiera parcialmente.

Así, se provocaría un beneficio económico injustificado por parte de la tomadora del seguro (y en consecuente daño al empleador) al cobrar una prima y luego no responder (o hacerlo en forma limitada) en carácter de aseguradora de la contingencia, mientras que en el marco que la ley le impone, la legislación le garantiza estar cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes (en igual sentido; v. de esta Sala: "Aguirre, Miguel Angel c/ Piero S.A.I.C. y otro s/ Accidente - Acción Civil"; S.D. 41.309 24.10.08). Nuestro Máximo Tribunal ha dicho que ".el hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la L.R.T. origine la eximición de la responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1) no se sigue que las A.R.T. queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley, por lo que no existe razón alguna para ponerlas al margen del régimen de responsabilidad civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral (.)tampoco la hay para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras asegurados a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura(.)conduciría a una exención general y permanente(.)no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son ajenos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas." (v. "Torrillo, Atilio Amadeo y o. C/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro", T.205,XLIV, del 31/03/2009, en similar sentido, esta Sala in re "Verón, Roberto Omar C/ Q.B.Andina S.A. y Otro S/ Accidente- Acción Especial", S.D. nro.: 41.903 del 22/06/2009; y mas recientemente en: "Rivero, Carlos Alberto C/ Pequeña Marina S.R.L. Y Otro S/ Accidente-Accion Civil"; S.D. 42034 del 31.8.09).

No puede soslayarse que el Estado ha delegado en las aseguradoras de riesgos de trabajo -si bien inconstitucionalmente- todo lo relativo al control y sujección de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, inponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión (art. 18 decreto 170/96). Se genera así, una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales, por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función "cuasi-estatal" genera la responsabilidad de la A.R.T., cuando -como en el caso- se comprueba un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador (art. 901, 902 y 904 Cód. Civil).

Por todo lo expuesto -a mi juicio- la Aseguradora de Riesgos del Trabajo debe responder plena e integralmente, en forma solidaria e ilimitada con la empresa demandada, por las obligaciones pecuniarias reconocidas en este pleito (v. en igual sentido; esta Sala en autos: "Montiel Miñarro, Felix c/ Alto Paraná S.A. y otro s/ Accidente - civil"; S.D. 38612 del 06.07.05).

En consecuencia, voto por la modificación parcial en el sentido que dejo explicitado, del decisorio de la instancia anterior.

IV.- De tener adhesión mi voto, propicio que -al igual que las de primera instancia- se impongan las costas de alzada a la demandada (art. 68 del C.P.C.C.N.), sin alterar la cuantía de los porcentajes fijados en concepto de honorarios, que deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena mas intereses.

Asimismo, propicio fijar los emolumentos de esta instancia en el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) para la representación y patrocinio letrado de la parte actora, y el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) y de las demandadas y aseguradora de lo determinado, para cada una de las representaciones y patrocinios letrados de las partes, por su actuación en primera instancia (ley 24.432).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo recurrido y elevar el monto de condena a la suma de $ 220.000 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS), mas los intereses respectivos. 2) Hacer extensiva la condena a La Segunda ART en forma solidaria e ilimitada. 3) Mantener los honorarios fijados en grado, que deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena mas intereses. 4) Imponer las costas de esta instancia a las demandada y aseguradora en forma solidaria. 5) Regular los honorarios de alzada en favor de los profesionales intervinientes por las partes intervinientes por las partes intervinientes por la actora en el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) y para la demandada y aseguradora en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo regulado, para cada una de ellos, por su actuación en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.