Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-21


SENTENCIA Nº: DIECISIETE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en estos autos Expte. Corte Nº 72/08, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Ávila en Expte. Nº 151/03 - Vargas, Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca", en contra del Auto Nº 183/08, dictado el 26 de Agosto de 2008, por el Juzgado Correccional de Primera Nominación. El Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Se ha extinguido la acción penal en la presente causa a tenor de lo prescripto por los arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 del Código Penal? 2) ¿Ha sido erróneamente aplicado el art. 76 bis del Código Penal?.

3) ¿Qué solución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 14, los señores Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio nº 183/08, dictado en los autos principales, reúne los requisitos establecidos por el art. 460 del C.P.P., razón por la cual se ingresa al tratamiento de las cuestiones propuestas.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres, dijo:

I. Por Auto número Ciento Ochenta y tres, de fecha veintiséis de Agosto de dos mil ocho, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, resolvió, en lo que aquí interesa, no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada por Einer Rosario Vargas, acusado por el delito de Homicidio Culposo.- II. Contra dicha resolución comparecen los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Ávila, en su calidad de asistentes técnicos del imputado, Einer Rosario Vargas, e interponen recurso de casación invocando la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º del C.P.P.). Citan jurisprudencia y doctrina a favor de la procedencia del instituto de suspensión de juicio a prueba (art. 76 bis del C.P.), respecto de delitos castigados con pena mayor a tres años y pena de inhabilitación. Concretamente solicitan que este Tribunal revoque el aludido decisorio y, en consecuencia, declare procedente la suspensión del juicio a prueba de Einer Rosario Vargas. Finalizan el escrito recursivo formulando expresa reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- II. a. Durante el trámite de esta impugnación, los impetrantes ponen en conocimiento que se habría operado la prescripción de la acción penal en la presente causa (fs. 13).- A fin de evitar un desgaste jurisidiccional, razones de economía procesal imponen invertir el orden de los planteos a resolver, dando prioridad de tratamiento a la última de las cuestiones aludidas, consistente en verificar si efectivamente ha operado la prescripción de la acción penal. Esto es así, porque de tener acogida favorable, el análisis de si el a quo ha aplicado correcta o incorrectamente el instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del C.P.), quedaría sin materia. Todo ello, con arreglo a lo sostenido por el Máximo Tribunal de la Nación, que impone, -en cualquier instancia de actuación y como cuestión previa- verificar, si se ha operado la extinción de la acción penal por prescripción.

Es doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia que sus resoluciones deben ceñirse a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, aunque estas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos 325:1345).

Como consecuencia, se impone conforme el criterio de la Corte Federal antes expresado, actualizar a la fecha, el examen sobre dicha cuestión, más aún, teniendo en cuenta que los defensores denuncian que la prescripción de la acción penal, ha operado de manera sobreviniente a la interposición del recurso en trámite.

En razón de ello, habré de analizar si ha prescripto la acción penal conforme lo señalan los recurrentes, o bien, si ha existido alguna causa legal que haya interrumpido o suspendido el curso del mencionado instituto.

En primer lugar cabe decir, que la prescripción encuentra su fundamento en la destrucción por el transcurso del tiempo de los efectos morales que el hecho ilícito provoca en la sociedad: extingue la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la sociedad de que se lo reprima como medio de obtener la tranquilidad social, circunstancias que constituyen el fundamento de la pena (Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., "Derecho Penal Argentino", T. II, Parte General, Ed. Bibliográfica Argentina SRL, 2da. Edición, Bs. As., 1965, pág. 168). Desde un punto de vista material, la prescripción de la acción penal cumple una función de garantía fundamental de los ciudadanos frente a la actividad penalizadora del Estado y actúa como un instrumento jurídico razonable, importando una sanción a los órganos encargados de la persecución penal por el retardo en la ejecución de sus deberes. Actualmente, parte de la doctrina sostiene que, al negar cualquier función positiva a la pena, la prescripción penal debe canalizarse como mero límite que el derecho penal le impone al ejercicio del poder punitivo, a la vez que contiene una innegable explicación constitucional, cuyo respaldo normativo se encuentra en los arts. 1 y 33.

En el presente análisis, también corresponde destacar que, el término de la prescripción no siempre corre libremente, porque su curso puede verse interrumpido por actos procesales taxativamente enunciados para cada etapa del proceso en el art. 67 del C.P. -a saber: a) en la etapa de investigación penal preparatoria: la declaración de imputado y el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio; b) durante el juicio: el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente y el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme-; o bien, dicho curso también puede verse suspendido por una causa legal ligada al procedimiento mismo de la persecución penal. Así, el art. 67 del C.P. -en su parte pertinente- establece: "La prescripción se suspende en los casos de delitos para cuyo juzgamiento sea necesario la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso". Es decir, que esta norma establece que no cualquier cuestión previa o prejudicial interesa al derecho penal a los efectos de la suspensión del curso de la prescripción de la acción, sino sólo aquellas cuestiones de índole jurídica cuya resolución constituye un presupuesto para la decisión de la controversia sometida a juicio (VERA BARROS, Oscar N., "La Prescripción Penal en el Código Penal", Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1960, pág. 112) y que además, deben ser resueltas en un juicio, que no constituye ni integra el proceso por el delito de que se trata y cuya materia no integra un elemento del delito a juzgar (Núñez, Ricardo C., "Las disposiciones Generales del Código Penal", Ed. Marcos Lerner Editora Córdoba, Cba., 1988, pág. 297).

Conforme lo sustentado por la doctrina, se ha dicho que las cuestiones previas, deben ser decididas antes del proceso penal y no hacen cosa juzgada; pueden operar impidiendo la iniciación del mismo -juicio político o jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales-, o deteniendo su curso -prelación jurisdiccional reglada por los arts. 19 y 20 del C.P.P. de la Nación-. En tanto, las prejudiciales "no son anteriores ni impiden la iniciación o la prosecución del trámite del proceso penal por el respectivo delito, pero obstan al dictado de la sentencia en sede penal, hasta tanto exista una resolución en otro juicio, la cual hace cosa juzgada" (ej. nulidad del matrimonio -art. 1104 C.C.-) (LASCANO, Carlos Julio (h), Dir. Baigún David - Eugenio Zaffaroni, Código Penal, T. 2, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2002, pág. 662, Cfr. NUÑEZ, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal", Parte General, 4ta. Edición actualizada por Roberto E. Spinka y Félix González, Ed. Marcos Lerner, Cba. 1999, pág. 211).

III. Lo dicho, me conduce a ponderar aquí, qué incidencia tiene la modificación que opera en nuestro sistema penal, a partir de la incorporación del instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis C.P., B.O. 19/5/94), por ser justamente durante el trámite recursivo de denegación de dicha solicitud, en donde se habría operado la prescripción que denuncian los impugnantes.

Con relación a esta cuestión adelanto que seguiré el criterio sentado por el T.S.J.Cba. en el precedente "Pace" (S. nº 129, 17/11/05, postura que este Máximo Tribunal Provincial reitera en "Becerra (S. nº 7, 10/02/06)" y en "Minoggio" (S. nº 97, 04/09/06, TSJCba.). Siguiendo los citados precedentes, coincido en sostener que del artículo 67 del C.P., surge que el pedido de suspensión del juicio a prueba, debe ser interpretado por su propia naturaleza, como una cuestión previa, pues de la resolución que recaiga depende la prosecución del juicio criminal. Ello es así, porque la solicitud del mentado beneficio, coloca al juez interviniente en la necesidad de paralizar el proceso criminal y pronunciarse, previo el trámite de ley sobre tal petición.

La ley otorga al imputado la oportunidad de decidir si desea someterse a un juicio que concluirá con el dictado de una sentencia, o bien, si prefiere acogerse a un régimen de prueba que, cumplido correctamente, culminará con la extinción de la acción.

El juicio que decide la concesión o no del beneficio, versa sobre un objeto diferente que no constituye un elemento del delito a juzgar, ya que su estudio se limitará a la comprobación de las circunstancias previstas por la ley para su procedencia, entre otras: la posibilidad de obtener una condena condicional, el ofrecimiento del imputado a la reparación del daño, su razonabilidad, y el consentimiento del fiscal.

Si en cambio, el procedimiento para la concesión del beneficio no se considerara una "cuestión previa" podría ser utilizado para impedir la prosecución del juicio, y provocar con ello la prescripción de la acción penal. Intención ésta que se advierte claramente en la conducta de los impugnantes, puesto que faltando un mes y seis días para que operara la prescripción de la acción penal, decidieron, recién allí, solicitar la suspensión del juicio a prueba.

Por lo expuesto, concluyo que la petición de suspensión del juicio a prueba por parte del imputado opera como cuestión previa, en el marco del art. 67 C.P., y por ello suspende el término de la prescripción hasta que el Tribunal decida acerca de su concesión, razón por la cual la acción penal no ha prescripto.

En razón de ello, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli expresó:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que respetuosamente discrepo con mis colegas preopinantes, por considerar que la impugnación articulada -en lo que a éste tópico se refiere-, debe prosperar. A continuación expondré los motivos que justifican esta aseveración.

En primer lugar, debo decir que luego de haber efectuado un pormenorizado análisis de las constancias obrantes en la causa principal, advierto que efectivamente ha operado la prescripción de la acción penal ejercida contra el encartado Einer Rosario Vargas. El examen de las referidas actuaciones exhibe los siguientes datos de interés: 1) El hecho atribuido al imputado Einer Rosario Vargas tuvo lugar el 14 de Junio de 2003 (fs. 311), encuadrándose dicho accionar en la figura de Homicidio Culposo (art. 84 del C.P., fs. 315), figura que se encuentra conminada con pena de prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años. 2) El auto de citación de la causa a juicio (art. 358 del C.P.P., fs. 320/320 vta.), se produjo el día 19 de Septiembre de 2003. 3) A partir de esa fecha, no obra en contra del acusado antecedente alguno acerca de un supuesto delito por él cometido. 4) Con fecha 13 de Agosto de 2008 (fs. 371/374 vta.) la defensa del imputado solicita la suspensión del juicio a prueba, petición que fue rechazada por el Juez Correccional de Primera Nominación mediante Auto nº 183/08, de fecha 26 de Agosto de 2008, denegación que dio origen a la interposición del presente recurso.

Lo expuesto permite advertir que, a la luz de parámetros fijados por la ley actualmente vigente, no se encuentra acreditado en autos la ocurrencia de ninguna de las causales de suspensión ni de interrupción del curso de la prescripción. Resáltese además, que al momento de dar cumplimiento a la tramitación del recurso de casación, interpuesto ante el Juzgado Correccional en contra de resolución aquí impugnada -es decir, antes de su elevación a esta Corte de Justicia-, ya había operado la prescripción de la acción penal emergente del delito que se le enrostraba a Vargas, puesto que entre el auto de citación a juicio -19/9/2003- y la elevación del recurso pertinente a este Tribunal -25/9/2008-, había transcurrido ya el tiempo previsto para ese efecto, esto es, el máximo de duración de la pena privativa de la libertad señalada por la escala penal prevista para el delito que se le atribuye al acusado, es decir, cinco años (arts. 62 -incs. 2do. y 4to., y 84 del C.P.), sin la supuesta comisión de otro delito, que interrumpiera su curso (art. 67 -4to. párr., inc. a.-), por lo que irremediablemente se sigue que ha trascurrido el máximo de la pena de prisión aplicable al caso. Esta circunstancia pone fin a toda discusión que involucre la faz penal del presente proceso.

Sentada mi posición, considero oportuno referir que respetuosamente discrepo con mis colegas preopinantes, básicamente por la interpretación y conclusión a la que arriban, luego de haber vinculado el instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, 76 ter del C.P.) con una de las causales de suspensión de la prescripción, "las cuestiones previas" (art. art. 67 -primer párrafo- del C.P.).

El análisis de los mencionados institutos me permite distinguir las diferencias existentes entre ellos. Éstas consisten en que, el pedido de suspensión de juicio a prueba no tiene los mismos efectos procesales que la concesión de la probation por parte del tribunal. En este último supuesto, la ley específicamente dispone que durante el tiempo de suspensión del juicio se suspenderá la prescripción de la acción penal (art. 76 ter, segundo párrafo, del C.P.). Destáquese la claridad de la norma, al disponer que el plazo de prueba fijado por el tribunal opera como causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, regulación normativa que no evidencia interpretación conflictiva.

Por ello, estimo que no resulta procedente la creación de una nueva causal de suspensión de la prescripción por vía de interpretación sistemática. Interpretación que radica en entender que el pedido de suspensión del juicio a prueba configura una "cuestión previa" que suspende el curso de la prescripción. Repárese, que las cuestiones previas han sido definidas por la doctrina, como aquellas que impiden la iniciación de un proceso penal -juicio político-, o que detienen su trámite, como acontece en los supuestos de paralización de un expediente a raíz de la sustanciación de otro ante una jurisdicción distinta de la primigenia. Conforme lo prescripto por la ley (art. 67, párrafo primero, del C.P.), ellas se caracterizan en que deben ser analizadas y resueltas por un juez extraño al que entiende en el proceso penal. Su objetivo radica justamente en que la acción no puede empezar o proseguir, sin esclarecer situaciones en otras jurisdicciones, porque su resolución está fuera de la competencia del juez penal. Lo esencial es que el impedimento de la persecución penal derive de una cuestión jurídica cuyo juez no sea el del proceso; es decir, que bajo la órbita del derecho penal, no toda cuestión previa interesa a los efectos de la suspensión del curso de la prescripción de la acción, sino únicamente aquellas que deban ser resueltas en otro juicio. Esta última hipótesis no ocurre en el caso en cuestión.

Por ello, entiendo que la creación de una nueva causal de suspensión de la prescripción, con el objeto de prolongar los plazos previstos para la investigación y resolución de los procesos, no se compadece con los fundamentos mismos de las causales de la prescripción.

Ahora bien, al advertir que ha operado la prescripción de la acción penal emergente del delito investigado en autos, corresponde a esta Corte dictar el sobreseimiento de la causa (art. 350 inc. 4° C.P.P.).

Por ende, de conformidad con lo dispuesto en el inc. 2º del Art. 62 del C.P., se concluye que se ha operado la prescripción de la acción penal emergente del hecho denunciado, extinguiéndose la misma (Art.59 inc. 3º del C.P.), extremos que, con arreglo a lo previsto en el Art. 346 inc. 4º del Código de Procedimientos Penales, imponen ordenar el sobreseimiento del imputado, en consideración a que no se encuentra acreditado en autos, la ocurrencia de ninguna causal de interrupción del curso de la prescripción.

Todo ello, con base en doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual el instituto de la prescripción de la acción penal es de orden público por lo que -constatada su existencia- debe ser declarada, aún de oficio (Fallos 186:289); ya que la misma, se produce de pleno derecho (Fallos 323:1785) y debe ser resuelta en forma previa a decidir sobre el fondo del asunto (Fallos 322:300), a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario (fallos 186:396).

En esta dirección, y siguiendo lo sostenido por este Tribunal, en el reciente precedente Capdevilla (S. nº 14, 30/06/09), cabe reiterar que si bien, ninguna doctrina legal obliga a los jueces más que la propia ley, razones de celeridad y economía procesal aconsejan acatar la doctrina del máximo Tribunal de la República, salvo que se verifiquen circunstancias que justifiquen el apartamiento de la misma, las que no se dan en el presente caso.

Por lo que, así las cosas, en este estadio procesal, se debe declarar la extinción de la acción (Arts. 59 inc. 3º, 62 inc. 2, 67 y concordantes del C.P.) y ordenar, en consecuencia, el sobreseimiento del imputado Einer Rosario Vargas.

En razón de lo expuesto, voto afirmativamente a la presente cuestión.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

IV. Antes de ingresar al tratamiento de esta segunda cuestión materia de embate, cabe recordar aquí lo dicho en el precedente "Herrera" (S. nº 4, 04/03/08), con respecto a si el Auto Interlocutorio cuestionado se encuentra dentro de las resoluciones pasibles de ser objeto del recurso de casación (art. 455 C.P.P.). Es decir, si la resolución aludida que fue dictada por el Sr. Juez Correccional de Primera Nominación, mediante la cual rechazó el pedido de la defensa del imputado de suspensión del juicio a prueba, debe o no ser equiparado a sentencia definitiva.

En el precedente mencionado se remarcó que el art. 455 del C.P.P. dispone que sólo podrá deducirse el recurso de casación contra "las sentencias definitivas o autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena". Que para definir el alcance de la expresión "sentencia definitiva", hay que prestar atención a los lineamientos trazados por el Máximo Tribunal de la República, tal como se exige a partir del precedente "Di Mascio" (cfr. Alejandro D. Carrió, "Garantías constitucionales en el proceso penal", Hammurabi, Bs. As., 2000, p. 77). Que dicho estándar jurisprudencial establece que existen pronunciamientos que sin ser formalmente sentencias definitivas, pueden y deben ser equiparados a las mismas cuando ocasionan un agravio de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto.

En igual dirección, se sostuvo que con respecto a la resolución atacada, debe advertirse que, también la jurisprudencia ha equiparado a los autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, las resoluciones que deciden sobre la suspensión del juicio a prueba, porque el concederlo tiende a extinguir la acción y con ella la pena; mientras que al rechazarlo se priva al imputado del derecho de evitar la pena, provocándole un agravio irreparable, que determina la objetiva impugnabilidad en casación de la resolución atacada.

Ahora bien, determinada la procedencia formal de la impugnación deducida, debo decir que lo que aquí se discute ya ha sido resuelto por esta Corte en el referido precedente "Herrera", a donde me remito por cuestiones de economía procesal. No obstante ello, resáltese que allí, entre otras cosas, dije que no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni los sancionados con multa e inhabilitación, debiendo destacarse que no existe en la ley positiva actual ningún delito conminado con pena de prisión e inhabilitación en forma alternativa. Al respecto, y atento el planteo efectuado por los impetrantes, tampoco puedo dejar de referir que esta Corte ya se ha expedido en igual sentido al resaltar que con fecha 05/06/2008, la Cámara Nacional de Casación Penal, sala III, resolvió la causa "Ciechanow, Juan Roberto s/ rec. de casación" en la que ratificó la vigencia de la doctrina del plenario "Kosuta" (LA LEY, 1999-E, 165), en relación a que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación, toda vez que el precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo modificó la interpretación del citado plenario en lo que respecta a la pena a considerar a los efectos del otorgamiento del instituto, y no así en lo atinente a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación" (A.I. nº 69, 09/12/08, en autos: "RECURSO EXTRAORDINARIO deducido en Expte. Corte Nº 74/07, 'RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en Expte. Nº 52/05 "Herrera, Daniel Antonio - s.a. Homicidio Culposo y Lesiones Culposas en concurso ideal'").

En consecuencia, estimo correcta la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para el delito Homicidio Culposo enrostrado al imputado. Ello es así, porque el delito atribuido a Einer Rosario Vargas está reprimido con el mencionado tipo de pena (arts. 84, 1º párrafo, del C.P.).

Por último, siguiendo el criterio fijado por esta Corte en S. nº 8, del 23/04/09, y teniendo en cuenta la proximidad del término para que opere la prescripción, considero que resulta impostergable tomar los recaudos indispensables, a fin de evitar más dilaciones en los autos principales, que podrían derivar de la eventual impugnación a esta resolución.

Es que, subordinar el avance de la causa principal a la resolución definitiva de la cuestión incidental -que, por serlo, no refiere al fondo del asunto- llevaría, irremediablemente, a la prescripción de la acción penal, produciendo un perjuicio irreparable atento a que, en ese caso, se cerraría irrevocablemente el proceso.

Atendiendo a esta también particular circunstancia de autos, a fin de asegurar el equilibrio de los intereses en juego y de garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las partes, la que no sería íntegramente satisfecha si continuara paralizada la causa principal, entiendo que este expediente Corte Nº 72/08, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Ávila en Expte. Nº 151/03 - VARGAS, Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca", continúe su trámite por cuerda separada, y remitir el principal a origen para que continúe el trámite de la causa, según su estado.

La medida resulta procedente, habida cuenta que el propósito de la formación de incidentes es no paralizar o suspender el proceso principal, el que debe proseguir mientras tramite la cuestión incidental por lo que, en algunos casos, hasta puede diferirse su decisión hasta antes de resolver el principal.

Por el avanzado estado del proceso, en el que sólo resta transitar la etapa crítica del juicio propiamente dicho y se avizora la inminente decisión sustancial definitiva, la medida propuesta ningún perjuicio ocasiona a las partes más que, eventualmente, el dispendio procesal del debate.

Conforme lo expuesto, ordénese al Juzgado Correccional de Primera Nominación, a adoptar todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa. Así voto.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli expresó:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Atento lo considerado al tratar la cuestión precedente, debo decir, que el segundo motivo de agravio, ha quedado sin materia. Así voto.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Atento al resultado de la votación que precede, corresponde: 1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 1/7 vta. por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Ávila. 2º) No hacer lugar al planteamiento de prescripción de la acción penal impetrada por los Dres. Víctor M. Pinto y Fernando R. Ávila a fs. 13. 3°) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor M. Pinto y Fernando R. Ávila, a fs. 1/7 vta.. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). 4º) Ordenar que por Secretaría, se tramite por cuerda separada las piezas procesales relativas al Expte. Corte Nº 72/08, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Ávila en Expte. Nº 151/03 - VARGAS, Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca". 5º) Ordenar la inmediata remisión de los autos principales al Juzgado Correccional de Primera Nominación a fin de que su titular adopte todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa. 6º) Tener presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

En razón de lo expuesto al tratar la primera cuestión, corresponde declarar la extinción de la acción penal (Arts. 59 inc. 3º, 62 inc. 2, 67 y concordantes del C.P.) y ordenar, en consecuencia, el sobreseimiento (art. 346 inc. 4º del C.P.P.) del imputado Einer Rosario Vargas, del delito de homicidio culposo que se le atribuía (art. 84 del C.P.). Así voto.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por mayoría, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 1/7 vta. por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Ávila.- 2º) No hacer lugar al planteamiento de prescripción de la acción penal impetrada por los Dres. Víctor M. Pinto y Fernando R. Ávila a fs. 13.- 3°) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor M. Pinto y Fernando R. Ávila, a fs. 1/7 vta. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 4º) Ordenar que por Secretaría, se tramite por cuerda separada las piezas procesales relativas al Corte Nº 72/08, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Ávila en Expte. Nº 151/03 - VARGAS, Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca".- 5º) Ordenar la inmediata remisión de los autos principales al Juzgado Correccional de Primera Nominación a fin de que su titular adopte todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa.- 6º) Tener presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- 7º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del V. Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Conste.