marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desaparecidos, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de una denuncia sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas, según ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jubilaciones, haber jubilatorio, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y Otros c/ E.N. (Poder Ejecutivo) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Esta Sala sostuvo desde hace tiempo que "el sistema previsional reconoce en su momento el pago de una jubilación o una pensión, que en principio va a guardar relación con el tiempo realmente trabajado y los sueldos cobrados por el protegido por el sistema. Los fondos se forman con los aportes del empleador y el trabajador comprendidos en dicho régimen obligatoriamente". Así "como no corresponde que se paguen salarios caídos por tareas no desempeñadas en la medida que los primeros suponen la contraprestación de los segundos, según conteste jurisprudencia de nuestro fuero, tampoco en estos casos es viable el reconocimiento de los años que no se trabajaron y su correlato los aportes pertinentes, por falta de aquel presupuesto fáctico". "Reconocer estas pretensiones a los efectos jubilatorios, supone interferir en una relación jurídica en la que una de las partes, la Caja Previsional, es ajena a la controversia entre el actor y el demandado, y a la que no se le puede imponer una obligación que está fuera del sistema" (24/6/93, "Englebert, Diana c/ E.N. -Min. de Educ. y Just.", con remisión al precedente de la misma Sala del 28/12/87, en la causa "Cumar, Juan C. c/E.N.

-D.G.I.-").
Supresión del estado civil, falsificación de instrumento público, falsedad ideológica, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Los delitos de falsedad ideológica de instrumento público reiterado -partida de nacimiento y documento nacional de identidad-, atribuidos al matrimonio que recibió al menor y lo inscribió como su hijo, concurren de modo ideal con el delito de alteración de estado civil del niño -arts. 54 y 139, inc. 2, y 293 Código Penal-, pues la ejecución se inicio con la recepción y retención y ocultación de aquél -delito de carácter permanente- y la obtención de los documentos -delito instantáneo- es el modo emprendido, según el plan, para favorecer y mantener el delito permanente de retención y el ocultamiento.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: L. c/ V. s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Es criterio emanado del Superior Tribunal Provincial que "lo que motiva el juicio de divorcio no es tal o cual hecho considerado, sino ciertas formas o modos de comportamiento de los cuales los hechos a los que la prueba se refiere no serían más que signos o síntomas, y la generalmente vasta trama de lo acontecido impone la aplicación de un amplio criterio de apreciación de la prueba en su conjunto, con el objeto de tratar de obtener una representación lo más cercana posible de la realidad cotidiana del matrimonio para así determinar la culpabilidad en el fracaso ( conf. A y S 1976-III-228)... " -de la opinión del Procurador General de la Corte, en causa Ac. 32715-; " Las causales de divorcio se basan antes que en determinados y precisos hechos en particular, en verdaderos modos de conducta"
Embargo, banco central
Materia: PROCESAL
Carátula: Yecut S.A c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-10

No media un nexo de causalidad que permita responsabilizar al Banco Central por el deterioro del poder adquisitivo de los fondos respecto de los cuales se dispuso el embargo, si la traba del mismo afecta únicamente la disponibilidad de los bienes para cubrir una eventual responsabilidad, sin alterar la titularidad de su dominio que permanece en cabeza de su propietario, y éste no solicitó la adopción de diligencias conservatorias para evitar la pérdida o desvalorización de los bienes por el transcurso del tiempo ni su transferencia al banco de depósitos judiciales para que fuesen invertidos en alguna operatoria redituable, ni acreditó la existencia de circunstancias que le hubiesen impedido proceder de ese modo (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), por lo que no demostró haber aplicado la diligencia mínima para la preservación del valor de aquellos.
Recurso de casación, concesión errónea del recurso, requisitoria fiscal, nulidad procesal, requerimiento de elevación a juicio, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Galvan, Víctor Hugo c/  s/ Abuso Sexual Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2018-04-17

Debe declararse mal concedido el recurso de casación interpuesto contra el decisorio que dispuso no hacer lugar a la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio por no encontrarse entre aquellas sentencias pasibles de ser casadas. La vía extraordinaria carece de los requisitos exigidos por el art. 485 , 2° párrafo del CPP, norma que instituye que será procedente contra autos interlocutorios que "revoquen" decisiones y esta condición no se cumple pues el decisorio confirma el rechazo de la nulidad articulada, ni tampoco reúne la condición de definitividad ni es equiparable a tal.
Base regulatoria, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: N. J., A. F. c/ J. S. Y Ots. s/ Incidente Est. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-04-08

En una acción de simulación que persigue incorporar al patrimonio de la accionante los bienes del matrimonio disuelto cuya transferencia simulada se acusaba y que constituyen el objeto del proceso, los honorarios profesionales deben calcularse sobre el 50% de los bienes que hubiesen correspondido a la actora en caso de prosperar la acción.
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LOPEZ RAUL EMILIO c/ SOL SAN JAVIER S.A.  Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12

La pretensión esgrimida se vincula a la pérdida patrimonial derivada de la aptitud laborativa específica conforme el tipo de afección, las características del oficio de carpintero, edad del actor, etc.). Desde esta perspectiva, corresponde examinar la incidencia de la incapacidad laboral denunciada en la esfera patrimonial del damnificado, como así también el modo y grado de certeza con que pueda verse afectada su posibilidad de obtener ganancias.

La pérdida de ganancias que entraña el lucro cesante es un hecho cuya prueba incumbe a quien lo invoca pues no puede ser concebido como un rubro dañoso hipotético o eventual. Es que aún cuando pudiera afirmarse que su acreditación no exija una prueba rigurosa, no es menos cierto que aquella debe ser arrimada a la causa, siquiera por el aporte de datos objetivos y convincentes extraídos de la realidad circundante.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoza, Abel Alberto c/ Castaño, José y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Aunque los jueces no están obligados a aceptar los dictámenes periciales, tampoco pueden ser dejados de lado cuando al informe se suma la imparcialidad que hace suponer la forma de su designación y la falta de observación del dictamen por las partes.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles, gravamen irreparable, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

El "quid" de la cuestión relativa a si hay gravamen irreparable cuando se deniega la caducidad, reside en el inciso 2) del artículo 346 Código Procesal Civil y Comercial y se centra en determinar si se trata de un auto "que causa un gravamen que no puede ser reparado por la sentencia definitiva". Quienes así consideran ven el gravamen en la vulneración del "derecho (o facultad) de poner fin al proceso en el estado en que se encuentra".Sin embargo, tal afirmación no se presenta como segura: a) En primer lugar, porque el concepto de agravio irreparable no es en sí mismo preciso; b) En esencia si en términos generales, una resolución causa gravamen cuando impide o tiene por extinguido el ejercicio de una facultad o de un derecho procesal, el auto que deniega la perención no impide el ejercicio de ningún derecho -en otros términos, la entidad del pronunciamiento denegatorio de la perención no produce un perjuicio de la índole previa del inciso 2 del artículo 346 al no agravar la situación de la parte y definir una incidencia no final del proceso-; c) la denegatoria de perención no agrava ni mejora la situación de la parte perdidosa; d) por analogía puede verse que sucede algo similar con los proveídos del mero trámite, como por ejemplo el artículo 49 Código Procesal Civil y Comercial, que en todos los casos obviamente producen un perjuicio en quien pierde una pretensión, pero no alcanza la entidad propia y requerible para su apelabilidad. Cabe concluir, pues, que en el caso no hay vulneración del derecho a concluir el proceso en el estado en que se encuentra, sino decisión sobre esa pretensión. Decisión cuya entidad no es gravosa para el posterior desarrollo del proceso, encontrándose entre aquellas inapelables dada la distinción que impera por virtud del artículo 346 inciso 2 Código Procesal Civil y Comercial. (Del Voto del Dr. Donati).
Marcas, marca extranjera, marcas confundibles, similitud fonética, similitud gráfica, marcas idénticas, superposición de productos, venta de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUNDEX S.A. c/ MUSALI JAIME HUGO s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Las marcas en litigio son, desde el punto de vista fonético, idénticas (Tressa), y obviamente confundibles en el plano gráfico pues el dibujo que luce la del demandado es inidóneo para enervar la identidad de los ingredientes nominativos. Esto no se discute, como tampoco que la marca de la actora es muy anterior al registro del demandado, obtenido en 1980. Como simple curiosidad se señala que la firma Suiza "Tressa Watches Co. Ltd." cuando quiso intervenir en el mercado argentino se encontró con la sorpresa de estar registrada para relojes la marca Tressa y debió negociar su transferencia. El demandado, que en su hora procuró adueñarse de la marca Tressa para distinguir relojes -bien que sin éxito-terminó adquiriendo esa marca pero en la clase 20. Y, curiosamente, en ambos casos, el vendedor de las marcas a la sociedad extranjera y al demandado fue la misma firma Mysiorco S.A.".
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Constructora Enrique J. Alfaro c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

El contratista afectado por la falta de representatividad del sistema de variaciones de costos no puede dejar de cumplir las obligaciones contraídas.
Falsificación de instrumento privado, estafa, boleta de depósito, concurso real, usurpación de títulos u honores, abogados, abogado falso
Materia: PENAL
Carátula: SAENZ DE TEJEDA, J. s/ FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. CONCURSO REAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-03

1) Debe ser responsabilizado por los delitos de ESTAFA EN CONCURSO REAL CON FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PRIVADO, quién, arrogándose el título de abogado, obtuvo determinada suma de dinero, presentando en juicio ejecutivo una boleta de depósito bancario falsificada. No corresponde pronunciamiento alguno sobre USURPACION DE TITULOS por haber sido examinada su conducta en otro juicio, en la misma época en que ocurrió el presente hecho. Tampoco corresponde absolver al procesado por usurpación de títulos pues se trata de un único hecho, ya que, si se debiera condenar en este proceso por dicho ilícito, concurriría formalmente con el de estafa.

2) La FALSIFICACION DE LA BOLETA DE DEPOSITO resulta probada por la existencia de PERJUICIO POTENCIAL que exige la figura de la falsedad documental.

Dicho perjuicio potencial no tiene por que consistir necesariamente en una lesión de carácter patrimonial.

Y si bien es cierto que en nuestro sistema penal no basta para la configuración del delito de falsificación de documento, la mera lesión de la fe pública, en abstracto, no es menos exacto que existirá ese delito cuando otro bien jurídico, cualquiera que sea, resulte puesto en peligro, cosa que ocurrió en el caso de autos, en que el documento tuvo virtualidad jurídica suficiente como para haber inducido en error a la contraparte de la persona por quien actuó judicialmente el procesado en el juicio donde presentó dicho documento y también quizás, al propio juez interviniente en ese proceso, poniéndose en peligro el correcto y debido funcionamiento de la Administración Pública.-
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física, lesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vizzia, Carlos c/ D'Gregoeio, Carlos Eke s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

Quién ha sufrido lesiones aún no incapacitantes experimenta un daño que no es sólo moral, es tangible, es su cuerpo que ha sido dañado y él lo puede recordar y sentir. Y ello entra dentro de la idea del resarcimiento integral y sobre todo del valor integridad corporal, que no deja de ser indemnizable por reconstituirse el organismo a través del tiempo, ya que como hecho histórico, ese mal hecho a su persona, a su salud, esa alteración no permanente al debido uso de su cuerpo con las aptitudes de que gozaba antes del hecho, no puede dejar de considerarse un daño,que con esa calidad de transitorio debe indemnizarse en prudente medida.-
Enfermedad profesional, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: GUZMAN FLORENTINO DEL CARMEN c/ CONSOLIDAR ART S.A. s/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-23

Una cosa es la disminución de la capacidad laborativa del trabajador como consecuencia, en este caso, de una enfermedad profesional; y otra es la procedencia del beneficio de jubilación por invalidez, la que requiere que aquella incapacidad sea de 66% o más.
Tecnología de la información, medios de comunicación electrónica, violación de correspondencia, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, competencia federal, competencia por la persona, redes sociales, correo electrónico, cuestiones de competencia
Materia: INFORMATICO-PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

Es competente la justicia local para intervenir en la investigación respecto del acceso ilegítimo a los usuarios de las redes sociales de la denunciante (y, en consecuencia, a su posible correspondencia electrónica), pues no se da ninguno de los supuestos del artículo 3° de la ley 48, artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 11 y 12 de la ley 27.146 que supongan la competencia federal en razón de la persona o por ser uno de los delitos expresamente reservados a la jurisdicción federal (Voto del juez Rosenkrantz).
Recurso de casación, crédito laboral, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: RACHID MIRTA ELENA c/ DROGUERIA DEL MERCADO  S.A.C.I. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-02

Tratándose de dos causas laborales en las que habiéndose mandado a pagar capital actualizado conforme lo dispone el art. 276 Ley 20744 se aplicó distinta tasa de interés, corresponde la apertura formal del recurso en la etapa definitiva del Tribunal Superior de Justicia. Mientras que en un tribunal se fijó un seis por ciento, el otro aplicó un quince por ciento anual colocando en situación de desigualdad a ambos trabajadores.-
Competencia por conexidad, expediente, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M. s/ Lesiones leves calificadas - Competencia (Expte Nº  35-92, Resolucion  N 11, Tomo 1, Folio 44)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-23

Si a la fecha de la resolución que declina competencia por razones de conexidad subjetiva y acumulación, la causa de atracción se halla en trámite, tal decisión resulta plenamente ajustada a derecho, no pudiendo entrar en crisis por lo que con posterioridad haya ocurrido en la atrayente (en el caso un sobreseimiento definitivo). No advirtiéndose en que sentido el cumplimiento de lo correctamente dispuesto puede perjudicar la marcha del proceso o atentar contra la mejor administración de justicia, ni verificándose la concurrencia de factor extraño alguno como para excepcionar una norma jurídica que es clara en su expresión, debe resolverse el conflicto favoreciendo la misma.
Empleados públicos, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALTOMARE, RENE c/ Caja Nacional de Previsión Para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

El principio de movilidad a que hace referencia el art. 7 de la ley 22.955 vincula el haber con el cargo ocupado al momento del cese definitivo, sin admitir hipótesis de reencasillamiento por voluntad administrativa.
Derecho laboral, relación de dependencia, trabajador, buena fe, interpelación, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: LOBOS, JOSE ERNESTO c/ BARSOTTI, CARLOS CESAR s/ LABORAL. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE. Nº 1179-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-16

El principio de buena fe laboral reclama que en el domicilio del trabajador haya alguien que reciba la respuesta del empleador a la intimación, ya que de permanecer el domicilio cerrado en forma reiterada -como ocurrió en el caso- se le veda al empleador la posibilidad de ofrecer cumplir con lo reclamado.
Honorarios del abogado, decreto de necesidad y urgencia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Godoy, Roberto c/ Betancourt, Alejandro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

Es claro que el decreto 260/97 (B.O. 21/3/1997), no estableció una moratoria general de todas las deudas de las empresas de autotransporte. Para dar un ejemplo notorio de lo anterior, no están comprendidas las obligaciones salariales. Obviamente, tampoco las originadas en la adquisición de nuevas unidades de transporte, o los impuestos debidos al fisco.

A nada de eso se refiere el decreto, que comprende en cambio según su art. 2 a "Las obligaciones de dar sumas de dinero resultantes de sentencias... en procesos que tengan por objeto la determinación de daños y perjuicios producidos por vehículos...". Ahora bien, la obligación de pagar los honorarios a sus propio letrado no resulta de la sentencia, sino del contrato entre el abogado y su representada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Buonomo, Luis F. c/ Rodca S.A. y ots. s/ Desalojo. Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

En el caso el valor del agravio está representado, para cada letrado, por la diferencia entre la regulación efectuada por la Cámara y la que pretenden los recurrentes, conforme a sus agravios; y no habiendo especificado los quejosos cual es el monto regulatorio que pretenden, carga procesal que les incumbe, debe estarse al que surge de la diferencia entre la regulación de honorarios por la acción de desalojo realizada en primera instancia y la efectuada por la Cámara. (Minoría u opinión personal)
Contratos administrativos, convertibilidad, emergencia económica
Materia: ECONOMIA
Carátula: "SIGLA  S.A. c/ Consejo  Nacional  de Investigac Cient. y Técn.(CONICET) s/ Contrato Administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-25

La queja de la accionante centrada en la aplicación a la divisa en que ha sido emitido el fallo, de las pautas de conversión establecidas por el art. 8 del decreto 214/02, sosteniendo al respecto que en razón de las modalidades del contrato en orden a su fuente de financiación y aportes efectuados por el BID, el convenio se encuentra al margen de dicho precepto y subsidiariamente solicita la declaración de inconstitucionalidad de régimen de convertibilidad resultante de la normativa de emergencia (ley 25.561, decreto 214/02, sus modificatorias y complementarias) debe tratarse remitiéndose a la jurisprudencia emanada del fallo de la C.S.J.N. recaído en la causa "Massa", 27/12/2006, debiendo detectarse particularmente que por aplicación de las pautas allí establecidas, se arriba en la presente a un valor de conversión de la divisa estadounidense -por aplicación directa de la normativa a que remite el fallo de primera instancia- idéntico al que resulta de la cotización del billete (tipo vendedor) en el mercado libre de cambios. Y en tales condiciones, en vista del resultado aludido, corresponderá fijar la conversión de la divisa indicada en el fallo, a la paridad de U$S 1 igual 3,09, lo que a esta altura torna insustancial el agravio (Del voto del juez Fernández, cons. VI).
Daños y perjuicios, daño moral, publicación periodística, detención
Materia: CIVIL
Carátula: DEMETRIO ANGEL CHAMATROPULOS c/ LA GACETA SOCIEDAD ANONIMA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-09-16

No puede imputarse responsabilidad civil a la prensa, con la sola argumentación de que la noticia sobre la detención policial de una persona le causa agravio moral, ya que no tratándose de acciones estrictamente privadas de los hombres, el hecho o acción de informar no es ilicitud.
Rebeldía, notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO, CLAUDIO c/ OBRAS ARGENTINAS SA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-08

La falta de notificación del decreto por el cual se declara la rebeldía configura una situación de restricción de la defensa en juicio, que conduce a declarar nulo el procedimiento afectado de tales vicios, como asimismo todo lo obrado con posterioridad a la declaración de rebeldía.-
Derecho tributario, obligación tributaria, impuestos, procedimiento tributario, tribunal fiscal, ley tributaria, constitucionalidad, AFIP DGI
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24549. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 790-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Conforme lo dispone el artículo 167 de la ley 11683 "la sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese Tribunal". Teniendo en cuenta que este último extremo no había acontecido al momento de iniciarse las presentes actuaciones, luce acorde con el texto legal el tramo de decisorio que sostiene que el Tribunal Fiscal "le está vedado pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias y sus reglamentaciones".