Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15


Buenos Aires, 15 de marzo de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) promovió demanda de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 113, inc. 2º, CCBA y 17 y siguientes de la ley n° 402, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 59, inciso 3ro. de la ley nº 1.287, del art. 47 de la ley nº 12, y de los arts. 394 y 395 del Código Procesal Penal de la Nación a los que considera incorporados al régimen legal local en virtud de lo dispuesto por el art. 1º de la ley nº 597 y por el artículo 55 de la ley nº 1.287.

La actora sostuvo que el art. 59, inciso 3ro. de la ley nº 1.287, el art. 47 de la ley nº 12, y los arts. 394 y 395 del Código Procesal Penal de la Nación son inconstitucionales por cuanto establecen pautas acerca de lo que debe contener el acta de la audiencia de juicio; que impiden que ésta refleje cabalmente lo acontecido durante el transcurso de la audiencia de la que da cuenta y que afectan, en consecuencia, el derecho de todo acusado a obtener una revisión amplia de la sentencia condenatoria de primera instancia, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial en un proceso público y el derecho a tener acceso a información públicamente relevante (cf. arts. 18 CN, 8.1.,8.2. "h", 8.5 y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -fs. 22-). Invocó también la afectación al principio de "tutela judicial efectiva" previsto en los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (fs. 27) y al de imparcialidad judicial reconocido en el artículo 8.1 de la mentada convención (fs. 32 vuelta).

Asimismo, la Asociación de Derechos Civiles expresó que "una eventual declaración de inconstitucionalidad en el caso no debería producir ningún tipo de vacío legislativo que llevara a perturbar el correcto funcionamiento de la justicia penal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires".

Añadió que "nada impide al Tribunal Superior, en tal supuesto, resolver que la inconstitucionalidad de las normas en cuestión no importa su eliminación del ordenamiento jurídico, permitiendo así su aplicación por los tribunales ordinarios mediante una interpretación de aquellas que se ajuste a los principios elaborados en dicho pronunciamiento...", y concluyó que "... en el supuesto de que se hiciera lugar a la presente acción, no habría obstáculo alguno en que el Tribunal Superior declare que las normas procesales impugnadas son constitucionales en tanto se les otorgue el alcance solicitado en esta acción" (fs. 35/36 vta.) Por último, la ADC requirió (ver petitorio de fs. 32) que se resuelva la "inconstitucionalidad" y "pérdida de vigencia de las normas citadas con el alcance solicitado en la presente acción".

2. A fs. 48 la actora acreditó -de acuerdo a lo ordenado por la mayoría del Tribunal a fs. 42/44- que la decisión de iniciar este juicio fue adoptada por la Junta Ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles.

3. El Tribunal, en la resolución del 18 de mayo de 2005, declaró formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad planteada respecto de los artículos 47 y 59 del Código de Procedimiento Contravencional y 394 y 395 del CPPN, y corrió traslado de la demanda al Sr. Jefe de Gobierno en el domicilio de la Procuración General de la Ciudad (fs. 50/54).

4. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó a fs. 59/66 mediante la presentación formulada por su apoderada Dra. Virginia Ménendez. La representación legal de la accionada, juntamente con su letrada patrocinante Dra. Alejandra Tadei, propició el rechazo íntegro de la acción interpuesta.

Por un lado, la Ciudad consideró que la pretensión de la actora es formalmente improcedente, en tanto importa que el Tribunal resuelva la inconstitucionalidad de las normas impugnadas sin eliminarlas del ordenamiento jurídico, y declare cómo deben ser interpretadas.

Sostuvo también que una sentencia con esos alcances implicaría que el Tribunal actúe "como legislador positivo", y violente las previsiones constitucionales que le atribuyen competencia.

Por otra parte, la Procuración afirmó que si el Tribunal declarara la pérdida de vigencia lisa y llana de las normas impugnadas "estaríamos frente a un vacío legal y frente a una paradojal situación en la que satisfacer el pedido comporta la eliminación de garantías que en el caso se procuran ampliar o profundizar" (fs. 62).

Finalmente, en otro orden de fundamentos, se señala en la contestación de fs. 59/69vta. que la actora no logra establecer adecuadamente una "relación pertinente" entre los tratados y la jurisprudencia invocados y la normativa local objetada; que las disposiciones legales impugnadas responden "a los principios de oralidad e inmediación que atribuyen al juez de mérito, plural o individual, un papel central en el proceso" y que "los contenidos específicos que deben ser consignados en el acta de debate, la circunstancia que ella deba ser confeccionada y suscripta por el Secretario fedatario, bajo apercibimiento de nulidad, la intervención y facultades atribuidas a las partes para solicitar inclusiones o constancias puntuales y los recursos que dispone el procesado, constituyen un entramado que garantiza con eficacia sus derechos y los de todas las partes, en particular el ejercicio del derecho de defensa" (fs. 63 vuelta).

5. El Sr. Fiscal General Adjunto dictaminó a fs. 68/69 que la acción intentada debía ser rechazada porque "la pretensión de la ADC está dirigida a que el TSJ dicte una sentencia interpretando a las normas impugnadas", y ello excede la competencia atribuida en los arts. 113, inc. 2º, CCABA y 17 a 26, ley n° 402.

6. El nueve de noviembre de 2005 se celebró la audiencia del art. 6º de la ley nº 402, en la que las partes reiteraron sus planteos formulados en la causa. El Sr. Fiscal General Adjunto mantuvo, a su vez, la posición sustentada en su dictamen.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

I.

La ADC pide la declaración de inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de los arts. 59, inc. 3º de la ley 1287; 47 de la ley 12 y 394 y 395 del CPPN en el apartado 1. de la demanda.

En el apartado 4. (fs. 35) expresa que "no habría óbice alguno en resolver que, una vez efectuada tal declaración de inconstitucionalidad, las normas procesales en cuestión deberán ser interpretadas en sentido de reconocer a las partes el derecho de solicitar, por ejemplo, ... la grabación total o parcial de la audiencia o que se resuma, al final de alguna declaración o dictamen, la parte esencial de ellos, en cuyo caso constará en el acta de disposición y la forma en que fue cumplida, ....", y a fs. 36 vta, reitera que "...no habría obstáculo alguno en que el Tribunal Superior declare que las normas procesales impugnadas son constitucionales en tanto se les otorgue el alcance solicitado en esta acción".

En el Petitorio (fs. 38) vuelve a solicitar que: "Se haga lugar a la presente acción, declarándose la inconstitucionalidad de los arts. 47 de la ley 12, 59 inc. 3º de la ley 1287 y 394/395 del Cod. de Proc. Penal de la Nación".

La sugerencia de la actora de que el Tribunal fije la interpretación constitucionalmente válida para las normas impugnadas, no es pertinente.

Si el Tribunal considera que una ley es inconstitucional debe dictar la sentencia correspondiente y notificar a la Legislatura. El art. 113, inc. 2º dispone: ".

La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes." El art. 24 de la ley 402 prescribe en igual sentido: "La norma cuestionada pierde su vigencia con la publicación de la sentencia que declare su inconstitucionalidad en el Boletín Oficial siempre que no se trate de una ley. Si se trata de una ley, el Tribunal Superior notifica la sentencia a la Legislatura a los efectos previstos por el Artículo 113 inc. 2º de la Constitución de la Ciudad.

Si dentro de los tres meses de notificada la Legislatura la sentencia declarativa, la ley no es ratificada por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes, pierde su vigencia desde el momento de la publicación en el Boletín Oficial de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad".

Para evitar las consecuencias que produciría una declaración de inconstitucionalidad la ADC intenta que se reconozca la procedencia de sus agravios y al mismo tiempo, que se preserve el plexo legal bajo condiciones que asegurarían las garantías del proceso. Es decir, la ADC quiere que el Tribunal actúe como "legislador positivo".

El Tribunal si resuelve por vía del art. 113, inc. 2º CCBA, tiene facultades, únicamente, para actuar como "legislador negativo". Puede declarar la constitucionalidad de una ley o invalidarla, pero carece de la habilitación que sugiere la actora, ya que de actuar de tal modo "...vendría a tornarse superfluo el reenvío constitucionalmente previsto, lo que impactaría negativamente en el modo en que el legislador constitucional ha previsto el ejercicio del control concentrado mediante un mecanismo equilibrado y repartido de competencias entre el Poder Judicial y Poder Legislativo", como destaca el Gobierno de la Ciudad en su contestación (fs. 60vta/ 61).

Las acciones del art. 113, inc. 2º CCBA integran el modelo de democracia participativa (art. 1 CCBA). Cualquier persona tiene derecho a perseguir la declaración de inconstitucional de una norma "de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad" y el Tribunal, en ejercicio de su competencia originaria y exclusiva, deberá resolver ese planteo.

Pero, en resguardo del principio de división de poderes y del mecanismo constitucional del reenvío, como ya fue dicho, si la objeción está dirigida contra una ley y la sentencia es contraria a su validez, la CCBA impone la intervención de la Legislatura (art 113, inc.2º y ley 402).

La solución sustitutiva, propiciada por la ADC provocaría, insisto, los efectos, que ya destacara el juez Maier: "Es oportuno señalar, como lo ha hecho este Tribunal en diversos pronunciamientos (cfr. mi voto in re `Asociación por los Derechos Civiles [A.D.C.] c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad`, expte. n° 2490/03, resolución de 9/6/04, considerando 3; voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz in re `Barga, Lisandro Arturo y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad`, expte. n° 866/01, resolución del 26/12/01, considerando 6), que la pretensión de la actora resulta paradójica. Desde la hermenéutica constitucional, esta paradoja se expresa en una incoherencia autorreferencial en tanto que, analizada desde la pretensión de la actora, su tacha de inconstitucionalidad de las normas en crisis redunda en un planteo autofrustrante".

"Ello es así por cuanto, si prospera el planteo de inconstitucionalidad impulsado, la accionante verá frustrada su pretensión ..., pues las normas impugnadas..., perderán vigencia".(Expte. n° 2490/03 `Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad` )".

Las razones expuestas permiten concluir en que no es viable declarar inconstitucionales las normas impugnadas y, simultáneamente, mantenerlas en el ordenamiento jurídico. Estas consideraciones son suficientes para desechar la sugerencia que la ADC incluye en el apartado 4. (fs 35) del escrito de inicio.

II.

a) Al declarar admisible la acción, el Tribunal precisó su objeto con remisión a las manifestaciones de la ADC en su demanda. Es oportuno, ahora, volver sobre el punto para mostrar cómo la supuesta inconstitucionalidad denunciada sólo podría evidenciarse en un caso y ser decidida por el juez y/o los jueces a quienes les cupiera decidir en ella.

La resolución del Tribunal fechada el18.11.05 recordó que la ley nº 597 aprobó el convenio suscripto el 7/12/2000 entre la Ciudad y el Gobierno Nacional sobre "transferencia progresiva de competencias penales de la justicia nacional al poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Y que el Congreso de la Nación aprobó el citado convenio a través de la ley nº 25.752.

El punto I del Convenio dispuso que el procedimiento aplicable sería el establecido por la ley 12 de la Ciudad "hasta tanto se dicte las normas procesales de la Ciudad, con aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo lo que no se encuentre expresamente previsto en aquella ley", y el art. 55 de la ley n° 12 (incorporado por ley n° 1.287) contiene una disposición coincidente.

En cuanto a las normas cuestionadas, el apartado tercero del art. 59 de la ley n° 12 (incorporado por ley n° 1.287) -artículo que establece la forma del juicio público y de la sentencia- dice que "el acta de la audiencia solo tiene por misión describir históricamente los actos cumplidos y las personas que lo realizaron; no es necesario el relato abreviado del contenido de los actos de prueba, ni su omisión conduce a la nulidad del acta o del debate".

El art. 47 de la ley nº 12 fija los requisitos del acta del juicio oral: "el acta de la audiencia contiene las partes sustanciales de la prueba diligenciada y de la intervención de las partes. La sentencia se dicta de inmediato".

El art. 394 del CPPN dispone que el secretario levantará un acta del debate, bajo pena de nulidad. Indica en 7 apartados cuales son los datos que debe contener y agrega que "La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causa nulidad, salvo que esta sea expresamente establecida por la ley".

El art. 395 del CPPN indica: "Cuando en las causas de prueba complejas el Tribunal lo estimare conveniente, el secretario resumirá al final de cada declaración o dictamen la parte sustancial que deba tenerse en cuenta. También podrá ordenarse la grabación o la versión taquigráfica total o parcial del debate".

La actora afirma que las normas que impugna limitan el derecho del acusado a contar con una revisión amplia de su condena, y en un sentido más general afectan el derecho a una tutela judicial efectiva; que el derecho reconocido en los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos comprende tanto la posibilidad del tribunal revisor de examinar los planteos de derecho formulado por el recurrente, como también el examen de numerosas cuestiones probatorias, que exigen disponer de las constancias del juicio oral.

Agrega que, es imprescindible un registro que no se limite a una mera síntesis de lo ocurrido en la audiencia, y cuya existencia "no puede depender de la decisión discrecional del Tribunal de primer instancia", a fin de determinar si la valoración de los hechos producidos en la audiencia resulta -como mínimo- arbitraria." b) La ADC en el Apartado 2. (fs. 22vta/ 24vta) de su presentación. transcribe íntegramente los artículos 47 de la ley 12; 59, inc. 3º de la ley 1287 y 394 y 395 del CPPN.

A continuación incorpora profusas menciones y transcripciones de doctrina, fragmentos de sentencias de la Corte Suprema de la Nación en los casos "Giroldi", (Fallos:318:514), "Tabarez" (Fallos: 321:494), "Bucciarelli, Ana" (sentencia del 14. 9. 2000), "Romero Cacharane" (sentencia del 9. 3.2004); referencias a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Herrera Ulloa c. Costa Rica" (sentencia del 2.7.2004), y la mención de la sentencia del 21.11.2003 del Tribunal Superior Español en la causa "Silva García", entre otros fallos, con lo cual agota, prácticamente, los fundamentos de la demanda.

A juicio de la ADC, con la lectura de estos antecedentes y su cotejo con las normas locales que denuncia, queda palmariamente demostrado que ellas violan diversos principios constitucionales. Sin embargo y a ese fin, las citas doctrinarias incluidas en la demanda no son suficientes (conf. mi voto en Expte. n° 2490/03 "Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" ).

La jurisprudencia nacional, extranjera e internacional que la actora incluye en la demanda remite siempre a decisiones dictadas en casos particulares. En ellas, como es propio del control difuso, las normas son escrutadas atendiendo a posiciones de partes adversas en un proceso específico, y el control remite a una situación o estado de cosas determinado, en relación con los cuales el juez o tribunal resuelve si un derecho se encuentra o no afectado.

El control de constitucionalidad abstracto, en el orden jurídico local, tiene una dimensión distinta: los jueces deben evaluar si una o varias normas infraconstitucionales se oponen a algún o algunos principios, derechos o garantías consagrados en la CN o en la CCBA (conf. art 113, inc. 2º CCBA y art. 19, inc. b) y ley nº 402), con prescindencia de cualquier circunstancia particular que se hubiera invocado.

En este supuesto, el Tribunal a través de un desarrollo argumentativo tendrá que fundamentar la congruencia o incongruencia entre textos (constitucionales e infraconstitucionales) sin apelar a hechos porque, en rigor, no son aspectos fácticos los que sostendrán su sentencia (Expte. n° 2490/03 "Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad").

Y quienes accionan deben acreditar que el mecanismo legalmente consagrado viola estándares constitucionales, para lo cual no es suficiente, con demostrar qué la opción que proponen es la mejor. En un proceso similar al de autos, el juez Maier advirtió: "La carga de los actores, en casos como estos, es pesada: el mero desacuerdo con el contenido de una norma o la preferencia por otra regulación posible están fuera del marco del control de constitucionalidad ..." (Expte. n° 2490/03 "Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" ).

En otros términos, no basta que la actora indique que el legislador pudo formular prescripciones y proveer medios más adecuados para efectivizar las garantías presuntamente afectadas, sino que debe "demostrar que los medios escogidos son irracionales con respecto a los fines permisibles y permitidos establecidos" (conf. el voto de mi colega Maier en el expte. citado).

Este parámetro no ha sido satisfecho por la ADC en la causa traída a decisión, más allá del énfasis con que alude a la inadecuación de los preceptos legales con la CN y/o la CCBA.

La ADC, a lo largo de su demanda, no explica por qué la redacción de los artículos citados impide o prohíbe a la defensa reclamar la incorporación de manifestaciones o dichos que considera significativos. Hace eje, en su argumentación, en que una síntesis del debate importa la inconstitucionalidad del acta, sin detenerse a caracterizar a qué llama un acta completa, o en otros términos qué quiere decir cuando emplea esta expresión, que aparentemente no le genera dudas.

En ese marco denuncia el artículo 47 de la ley 12 cuando "establece que el acta debe contener "...las partes sustanciales de la prueba diligenciada y de la intervención de las partes...", porque no "otorga a las partes el derecho de hacer incluir en el acta aspectos de la prueba que no hayan sido incluidos por el Tribunal en dicha acta" (sic). Objeciones similares le merecen los arts. 394 y 395 del CPPN y el art. 59 inc. 3º de ley 1287, en cuanto dispone que la omisión del "...relato abreviado del contenido de los actos de prueba" no conduce "a la nulidad del acta o del debate".

A estar a su dichos, cabría entender que para ella una versión taquigráfica o un medio alternativo equivalente completo asegura per se ciertas garantías constitucionales.

c) El problema consiste en que el concepto de registro que utiliza la actora tiene un fuerte acento representacional, que sostiene su convicción de que con él se salvaguardan el derecho a recurrir, la revisión imparcial de una decisión judicial y el acceso a la información pública, todo lo cual supone la simplificación de una cuestión por demás compleja.

La ADC parece entender que un acta, esto es un registro escrito, bajo ciertas condiciones reproduce en su totalidad un acontecimiento o acto (vgr. la audiencia de debate). El acta si fuera (si pudiera ser) completa reflejaría cuanto ha sucedido, expresaría todos los significados posibles de un acto.

Más aún, a partir del punto de vista que adopta la accionante se desprendería que hay un único sentido fijo e inamovible, por lo que cualquiera tendría disponible un registro fiel e indubitable, y podría hacerlo valer a su favor.

La postura que defiende la ADC identifica texto con lectura, cuando en rigor no puede decirse que hay "un texto ", sino más bien que cualquier texto se multiplica a partir de las lecturas que de él se hagan.

El acta como texto está incluida en un proceso (producción de un discurso jurídico) del cual depende, en buena medida, el significado que pueda atribuírsele.

Igual que cualquier registro, el acta recoge algunos costados de un acontecimiento, porque muchos otros no son registrables, o lo son apenas parcialmente, como el estado emocional de los intervinientes, el lenguaje del cuerpo, el tono y timbre de las voces, las pausas, los silencios, los balbuceos, las interjecciones, la semiótica del espacio (disposición del mobiliario, cuadros, banderas, bustos, colores, niveles), la circulación de las personas o sus miradas, etc, todo lo cual aún ausente define, provoca la selección de las normas aplicables y la interpretación que de ellas se haga en cada situación. Es más, aún cuando el acto sea grabado en video o filmado, esos registros apenas recogerán una porción de la totalidad de la escena.

Por otro lado, la decodificación del texto de una audiencia está atribuida a los operadores del derecho (jueces, abogados, juristas) y las expresiones y giros que ella contiene son los utilizados por la comunidad jurídica, lo que también trastoca su sentido, si se lo compara, por ejemplo, con la comprensión que podría tener del mismo registro una persona no entrenada en ese tipo de discurso.

Eso hace que el acta más detallada y completa nunca sea la versión incontrastable del debate, sino una versión contingente, precaria, opinable y sin garantía definitiva de verdad. Las creencias en su fidelidad incuestionable forman parte de las ficciones del derecho.

No se me escapa que las concepciones acerca de la interpretación de la ley más difundidas y aceptadas en el mundo jurídico, no se compadecen con los señalamientos que expongo en los párrafos anteriores. Ello podría llevar a más de uno a pensar que sustento una visión definitivamente escéptica respecto de la cuestión en tratamiento.

Para despejar cualquier duda es imprescindible que subraye que no es mi intención restar valor o utilidad a las constancias escritas o a otros tipos de registro de un juicio, sino contribuir a desacralizarlos como "garantía" plena y definitiva del derecho de defensa, de la revisión amplia de la condena o del principio de imparcialidad judicial.

La mayor garantía que un acta o cualquier otro registro puede ofrecer dependerá de cómo actúen los intervinientes en el proceso, en particular la defensa, reclamando y exigiendo la constancia de todos los aspectos que consideren relevantes, y los jueces ejerciendo en plenitud sus atribuciones. La expresión "partes sustanciales" del art. 47 de la ley 12, puede entenderse como aquellas cuya importancia es reconocida por quienes participan en el acto de que se trata.

No hay forma de definir a priori qué es sustancial y qué no en una audiencia, ni hay quien tenga la atribución exclusiva de decidirlo en cada circunstancia. La defensa, la fiscalía, el juez, el secretario, el imputado, todos participan (con acuerdos o discrepancias) en la construcción de esa "sustancialidad" , ya que cualquiera puede pedir que algo quede registrado, aunque a otro no le parezca "sustancial".

La "sustancialidad" de los datos volcados, dependerá más de la responsabilidad y diligencia de todos los intervinientes en el acto que de la posibilidad de un registro "omnicomprensivo" pues, precisamente por ser escrito, el registro ya no es omnicompresivo, aun cuando sea "literal".

Cuando, por ejemplo, el art. 394, última parte, prescribe que previo a ser firmada por los intervinientes, el acta se leerá a los interesados, instituye la posibilidad de participación de los interesados en la asignación de sentido al debate y esa lectura final del acta permite la inclusión de agregados o correcciones. Es decir, la lectura del acta es una instancia de integración y enmienda del registro, lo que no impide que esas correcciones también se efectúen a medida que el acta se va labrando.

Decir que el acta debe "representar fielmente" el debate, es en cierta forma, una apuesta al compromiso activo de aquellos que intervienen en el debate, con los preceptos y derechos fundamentales que la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad consagran. De manera que el acta será un "registro fiel y completo" -para usar las palabras de la ADC- en tanto quienes participen en esa producción colectiva desplieguen una actividad profesional competente, cada uno desde el lugar que tenga asignado en el proceso.

El acta será una narración responsablemente elaborada por todos los que escuchan, dicen, cotejan, reclaman y exigen inclusiones, enmiendas, correcciones. Y si la actuación de cada uno de ellos fuera impedida u obstaculizada, en cada caso, los afectados cuentan con remedios legales - entre las que se cuentan justamente - las normas impugnadas por la ADC que tienen apoyo en el art. 18 de la CN y 13 de la CCBA y cuya versión de detalle se encuentra en el campo de las nulidades procesales, toda vez que la última parte del art. 394 del CPPN debe ser entendida en correlato con los artículos 2 e inc. 3º, art. 167 del mismo código.

El sistema conformado por el artículo 47 de la ley 12, el artículo 59, inciso 3ero de la ley 1287 y los artículos 394 y 395 del CPPN, incita y promueve la construcción pública, participativa y responsable del registro del juicio. Desde esta perspectiva que no opone síntesis a registro completo, ni sustancialidad a omisión de o prohibición a incorporar datos ausentes, la demanda debe ser rechazada.

El conjunto de razones que he desarrollado en esta segunda parte de mi voto dejan en claro que inconstitucionalidades como las denunciadas tienen como presupuesto una causa determinada, cuestiones de hecho y prueba, actuaciones precisas de los sujetos procesales, y la resolución de un juez en ejercicio del control difuso de constitucionalidad.

La participación democrática no se agota en el control abstracto de constitucionalidad. En particular la Constitución local consagra formas diversas para su realización efectiva, que no se agotan en la acción de inconstitucionalidad de su art. 113, inciso 2do, como lo demuestran las disposiciones de los arts.61, 62, 64, 5, 67 Título III CCBA. Ciudadanos y organizaciones sociales pueden orientar su acción mediante propuestas dirigidas a los órganos competentes destinadas a consagrar mecanismos legales cada vez más aptos para preservar los derechos y garantías constitucionales, a fin de que el sistema jurídico los recepte. Así se posibilitaría la confrontación de modelos y de distintas preferencias, evitando imponer, sin deliberación, alguna de ellas.

Mientras tanto, y en el ámbito jurisdiccional, queda abierto el camino para que normas que no han sido invalidadas por vía de la acción del art. 113, inc. 2º CCBA, puedan serlo en un caso concreto, por jueces de instancias ordinarias o por el propio Tribunal a través de los remedios procesales ordinarios o extraordinarios y de las vías de impugnación propias del control de constitucionalidad difuso, ya que ambos sistemas de control coexisten en el orden jurídico de la Ciudad.

Por los argumentos expuestos voto por rechazar la demanda interpuesta.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Como expresara en la audiencia pública la Procuradora General de la Ciudad, voy a invertir el orden lógico que sugiere el caso para tratar las cuestiones planteadas. Me ocuparé en primer lugar del problema que el propio actor ha denominado "de fondo" y, luego, ya casi sin sentido pero para responder a todas las cuestiones planteadas, de la posibilidad de esta acción conforme a su fin.

2. Una frase hoy demasiadas veces repetida por varias personas, pero casi nunca sopesada en su valor descriptivo, cuyo autor, aunque omita su nombre, vive y trabaja aún entre nosotros, explica que el peso de la llamada cultura inquisitiva es, en nuestro medio y, en general, en todo el ámbito hispanoamericano, enorme, de dimensiones casi incalculables, cultura que, al menos en el procedimiento penal, ilumina todo argumento y se desarrolla como justificante de diversos métodos y tomas de posición acerca de la manera de "hacer" justicia.

Desde el lenguaje vulgar yo he preferido llamar a ese problema, en el sentido en el cual hoy se presenta en esta acción, cultura del expediente o, quizás con mayor aproximación entre lo científico y lo vulgar, cultura del acta, que se traduce en el aforismo en latín, quod non est in acta non est in mundo. Por supuesto, esta cultura no es nueva, tiene más de siete siglos, y representa un modo específico de administrar justicia y de organizarla.

La verticalidad de la organización judicial -escasamente compatible con el principio de independencia de los jueces, observado internamente- y la delegación de funciones en funcionarios de menor jerarquía como "hacedores" del procedimiento son dos características correspondientes, casi inseparables, que definen el sistema.

Los llamados recursos fueron, en un procedimiento judicial, formas destinadas, precisamente, al control del delegado por el delegante, nacieron con esta ideología judicial a la par de la centralización política del Estado-nación moderno, al punto de que, aunque procedieran de oficio en múltiples ocasiones - necesidad del exequatur del superior jerárquico- se conocieron como recursos (la consulta, por ejemplo, muy conocida en la América hispánica aun durante el siglo XX), y no representaron, en principio, garantía alguna para el justiciable, sino, antes bien, un método de control del inferior por el superior para que no se apartara de sus mandatos en la solución del caso.

El procedimiento por actas es el único modo de lograr la par conditio entre delegante y delegado, entre superior e inferior, respecto de aquellos elementos que representan el fundamento de la decisión, pues cuando todo consta en acta, según lo sugirió directamente el actor en la audiencia pública, tanto uno como otro se refieren en la decisión a un elemento idéntico. Un tercero puede, incluso, por referencia al mismo contenido, dirimir, en paridad de condiciones, cuál de las dos decisiones es la más aceptable o, aun, corregirlas.

No otra cosa operaban el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, organismos de la metrópoli, según su competencia, en la época de la colonia respecto de la decisiones de Indias, sobre todo de las reales audiencias aquí establecidas. Por supuesto, para poder cumplir su misión necesitaban el auxilio de la o las actas.

Es notable cómo esto conduce a privilegiar la actuación del inferior, que levanta el acta o las actas, frente al superior, que sólo controla por ellas la decisión, algo muy representativo de la acción aquí incoada, pues parece tenerse mayor confianza en quien desarrolla el acta del debate, un funcionario de menor jerarquía -quien no hace otra cosa que interpretar el debate y sus actos, al igual que quien escribe en otro idioma o con otros signos, como el taquígrafo?, que aquella que ostentan los jueces que deciden.

De tal manera, si el actuario entendió las palabras, el signo o la seña como afirmación, ello será la verdad, esto es, aquello que los jueces -tanto los de una como los de otra instancia- deberán expresar en sus sentencias, so pena de incurrir en una injusticia.

Verdad es aquello que transmiten las actas, para lo cual el contacto directo con los medios de información, con las personas, carece de valor y por ello es que se prescinde de la audiencia: el juez que decide puede haber estado ausente en ella, más aún, puede no haber nacido aún cuando las actas que documentan el proceso de investigación se pergeñaban o, al menos, no haber sido juez en ese momento; basta con que lea las actas confeccionadas por otro.

Esto es, básicamente, según entendí, el meollo de esta acción. Se pretende que aquello que, en principio, fue un juicio público, con presencia de sus actores -o participantes- y del juez o los jueces que deben juzgar, quede convertido, a través del acta escrita de un funcionario de menor jerarquía -el actuario-, en un juicio registrado de modo que jueces que no lo han presenciado puedan controlar lo hecho, con una organización judicial plenamente vertical.

Por eso se pretende, más allá del acierto o desacierto respecto de la competencia del Tribunal Superior de Justicia y sus facultades, que este Tribunal le haga decir a la ley (CPP Nación, 394 y cc.) algo que ella no dice, esto es, que el secretario debe ingresar en el acta del debate el contenido material de las versiones de quienes en él se pronuncian (testigos, peritos, intérpretes, acusado) y no tan sólo hacer constar, básicamente, el detalle histórico de lo sucedido en el debate.

Por supuesto, de esta interpretación del actuario -como dijimos, un funcionario jerárquicamente inferior a los jueces que intervienen en el debate y, en ocasiones, unipersonal por oposición a la integración pluripersonal del tribunal de mérito, en quien los actores de este proceso confían más que en los superiores, incluso en número- dependerá el control posterior, con lo cual se habrá operado el cambio: de un juicio público y oral a otro registrado y reservado.

3. La carencia de imaginación que esta acción exhibe es tan grande que me permite desconfiar de su sentido y de mi comprensión de ella, toda referida, a mi juicio, al control de las condenas de primera instancia o, con más propiedad, a la garantía del recurso para el condenado prevista en la CCABA, 13, 3, y en la CN, 75, 22, a través de la CADH, nº 8, inc. 2, h, y del PIDCyP, nº 14, inc. 5. Por de pronto, si la demanda se refiere al procedimiento contravencional, la ley respectiva prevé un recurso amplio (art. 50), tan amplio como el recurrente desee interponerlo.

Por supuesto, si el recurrente supone yerros de la sentencia referidos a los elementos históricos que ella utiliza, deberá ofrecer prueba para verificar esos yerros en el recurso y triunfar frente a la sentencia, lo que significará instar un nuevo debate ante el tribunal de mérito de segunda instancia, debate que provocará una nueva sentencia, coincidente con la anterior o sin coincidencia con ella (cf. mis votos in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Fernándes, Mauricio Héctor s/ art. 47, CC- apelación'", expte. n° 3943/05, sentencia del 29/06/05 y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47, CC- apelación'", expte. n° 3996/05, resolución del 14/09/05).

Si, en cambio, como creo que es más plausible interpretar la demanda, ella se refiere tan sólo a las transferencias de competencias penales a la Ciudad (leyes locales nº 597 y nº 1.287), debe aclararse que, a más de los recursos previstos en el art. 61 (numeración agregada a la ley nº 12), especialmente en su inciso c y en su párrafo II, el condenado cuenta con la reglamentación de los recursos del CPP Nación, aplicable supletoriamente a éstos (art. 55) que, aunque nadie parece empeñado en leerlo correctamente, contiene dos recursos contra la sentencia: uno básicamente jurídico, en el sentido de una desviación de la ley penal aplicable o de una desviación del tribunal, con su comportamiento, respecto de la ley procesal aplicable, cuestión esta última también eminentemente de hecho; y otro únicamente de hecho, denominado recurso de revisión, que, más allá de su diseño errático, permite al tribunal competente para su estudio la revocación del fallo en caso de yerros de la sentencia respecto de los elementos históricos que ella utiliza y valora.

Podrá tratarse de un error el exigir que la sentencia esté firme para admitir este último recurso, pero ello no constituye un fracaso total de la regulación de los recursos contra la sentencia, en el sentido de la garantía del condenado a impugnar la decisión.

4. Carece de sentido la impugnación referida al acta del debate con relación al principio de imparcialidad judicial. Como he dicho, la demanda parece confiar más en un intérprete de lo sucedido en el debate, con rango menor a los jueces que intervienen en él, esto es, en el taquígrafo o en el actuario, que en los propios magistrados y, a partir de esa desconfianza en los jueces y de esa confianza ilimitada en el intérprete o en los registros, pretende que un tribunal cuyos miembros no han visto ni oído el debate, pero que cuentan con una interpretación sobre su contenido aportada por un funcionario de menor jerarquía, está en mejores condiciones de decidir imparcialmente sobre la acusación.

Tanto tiempo y esfuerzo costó cambiar las prácticas inquisitivas que España dejó en estas tierras -ello pese a la Constitución liberal de este país, cuyo modelo era el juicio público (CN, 24, 75, inc. 12 y 118, numeración actual, pero texto histórico)- que uno se pregunta si no hubiera sido mejor dejar vigente el antiguo código de procedimientos en materia penal que aplicaban los tribunales nacionales y federales, ley que cumplía a la letra con la exigencia de los actores, ya que, al constar el procedimiento en actas de registro, resultaba clara la par conditio entre los jueces que dictaban sentencia en primera instancia y aquellos que decidían en segunda instancia.

Francamente, la imparcialidad del juez que integra el tribunal de mérito no tiene vínculo alguno con esta cuestión y significa otra cosa, tan sólo neutralidad frente al caso, como correctamente acostumbra a decir uno de los actores en sus publicaciones académicas.

5. La utilización del principio de publicidad, en el sentido de que el proceso penal debe ser público, y del derecho a recibir informaciones sobre él merecen una respuesta similar a la anterior. Se estima que la interpretación de un taquígrafo o de un actuario sobre el contenido de las versiones introducidas al debate son la publicidad. Similar error me toca presenciar ahora en la Sala Juzgadora de la Legislatura referida al juicio político al Sr. Jefe de Gobierno.

Si ello fuera así sería absolutamente claro que todo aquello que no está registrado no sería público, por ejemplo, la deliberación de los jueces o del juez unipersonal para obtener una sentencia (en este último caso, la situación provoca risa) y, sin embargo, todo aquello que deliberan es público a través de la decisión escrita en la que consta la deliberación del juez o de los jueces, de la motivación de la sentencia.

Precisamente esa sentencia toma estado público cuando se la lee en una audiencia a la que el público en general tiene la facultad de asistir. Exactamente lo mismo quiere significar juicio público: justicia se imparte en una audiencia a la que el público en general tiene la facultad de asistir y en la cual se incorpora aquellos medios y discusiones sobre la base de los cuales el tribunal de mérito va a deliberar y decidir. Esto es así en todo el universo, salvo en aquellas partes donde aún perdura la Inquisición.

La situación es paradigmática, sobre todo con respecto al derecho a recibir informaciones, porque el procedimiento registrado y registrado por escrito -cualquiera que sea el idioma de la escritura, incluso la taquigrafía- fundó históricamente el secreto de los procederes y continúa fundando (ver instrucción preparatoria de los diversos códigos en uso) la reserva del procedimiento, tal como sucedía en la antigua Inquisición que reemplazó al juicio público de los pueblos antiguos, sobre la base del cual ellos impartían justicia (ver Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Ed. Gedisa, Barcelona, 2001, 8va. reimpresión, tercera conferencia, ps. 61 y siguientes).

El derecho a recibir información sobre el procedimiento como garantía procesal significa otra cosa, sobre la cual tampoco vale la pena abundar: impone una actuación leal del órgano estatal de la acusación respecto de la defensa o de las partes entre sí que, si es transgredido mediante ocultación de algún elemento a utilizar o a dejar de utilizar en el juicio, provoca un yerro grave para el procedimiento de persecución penal y autoriza la impugnación del fallo.

6. Como lo anticipé al comienzo, me ocuparé también de la segunda cuestión planteada por la parte actora, aunque a tenor de lo hasta aquí expuesto ello carezca de virtualidad para conmover el sentido de mi voto. Si lo he comprendido correctamente, este nuevo planteo de la ADC puede caracterizarse del modo que sigue:

(a) el argumento reviste carácter accesorio, subsidiario o por defecto, y se sintetiza en una propuesta genérica que pretende mitigar las consecuencias de la eventual declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas; (b) la propuesta supone la potestad del Tribunal para decidir el efecto (en sentido amplio) de la declaración de inconstitucionalidad, que tanto puede ser la eliminación de la norma impugnada del ordenamiento jurídico, cuanto su preservación parcial, lo que implica aceptar la idea de que la inconstitucionalidad de una norma es una cuestión de grado (cf. fs. 35 vuelta);

(c) por último, el actor procura robustecer este argumento subsidiario y, a mi entender, sólo distinto del primero en términos de su formulación, mas no de sus efectos, al sustentarlo en doctrina y jurisprudencia europeas respecto de las modalidades del control de constitucionalidad; esta exploración del derecho y las prácticas constitucionales comparadas deriva, por su parte, en el tema de las sentencias interpretativas, que abordaré más adelante.

En el punto 4 de su demanda, el actor sugiere sin ambages que, en caso de prosperar su "pretensión de fondo" y ante la consecuente declaración de inconstitucionalidad de las normas en crisis, no debería producirse necesariamente vacío legislativo alguno:

"En efecto nada impediría al Tribunal Superior, en tal supuesto, resolver que la inconstitucionalidad de las normas en cuestión no importa su eliminación del ordenamiento jurídico, permitiendo así su aplicación por los tribunales ordinarios mediante una interpretación de aquellas que se ajuste a los principios elaborados en dicho pronunciamiento" (fs. 35).

En suma, después de solicitar en incontables oportunidades la declaración de "inconstitucionalidad y pérdida de vigencia" de las normas criticadas, la ADC decide un giro argumental que, por las razones que expondré, resulta cuando menos confuso, y quizás abiertamente falaz.

Así, el actor dedica enteramente el compacto punto 4 de su escrito a articular una pretensión que conlleva sostener el planteo de inconstitucionalidad mas no el de pérdida de vigencia de la norma impugnada. Concretamente, él sugiere que, de acogerse el planteo de inconstitucionalidad, las normas así declaradas podrían subsistir dentro del ordenamiento jurídico, de modo de permitir su aplicación por los tribunales ordinarios merced a una interpretación de aquellas que se ajustara a los principios que elaboraría en su sentencia el TSJ y que vincularían, en el futuro, a los tribunales ordinarios.

En este punto estimo necesario exponer sucintamente qué entiendo yo por sentencias interpretativas del tipo alentado por la ADC en esta acción (no pierdo de vista que el único antecedente de estos pronunciamientos que menciona el actor es mi voto en la causa "Asociación por los Derechos Civiles [ADC] c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2535/03, resolución del 15 de julio de 2004, considerandos 5, 8 y sus citas; cf. fs. 35/36 vuelta).

Para facilitar la inspección del tema, aceptaré la distinción propuesta por la ADC entre "precepto" y "norma": el primero alude al enunciado literal del mandato que impone y, como normalmente éste es susceptible de interpretaciones diversas, cada formulación que exprese una de sus interpretaciones posibles se entenderá como un "mandato potencial" o "norma strictu sensu" (cf. fs. 35 vuelta).

Yo he admitido la plausibilidad y utilidad de cierto tipo de sentencias interpretativas: se trata de aquellas que reconocen la constitucionalidad de un precepto impugnado merced a un ejercicio hermenéutico que lo reformula en términos de una norma (un mandato potencial contenido en el precepto y elegido, más que descubierto, por la aplicación de aquellos criterios interpretativos privilegiados por el intérprete).

Esto es, al advertir que un precepto P: (a) resulta prima facie contrario al contenido de una o más disposiciones de rango constitucional; (b) no obstante lo cual resulta evidente que aquél tutela satisfactoriamente un bien, o un valor; (c) es lícito examinar si el precepto en cuestión puede reformularse verosímilmente a través de un enunciado que cancele su contradicción presunta con aquello dispuesto por la o las disposiciones constitucionales comprometidas.

Presentes estas tres condiciones, como estimé en el caso citado supra, me he ocupado de examinar si cabía la posibilidad estricta y objetiva de establecer un universo limitado de interpretaciones (digamos, las interpretaciones 'a', 'b', 'c' y 'd', establecidas en orden lexicográfico -cuatro normas potenciales frente a un precepto que puede ser entendido de modos diversos).

En este marco, las interpretaciones 'a' y 'b' responden a criterios hermenéuticos que toman en cuenta, fundamentalmente, la literalidad del precepto y la intención de quien lo formuló y, desde ese punto de vista (el modelo tradicional) se consideran las normas más "fieles" al sentido de la disposición que enuncian o reformulan.

Sin embargo, enfrentamos el siguiente problema: una sentencia sustentada en las interpretaciones 'a' o 'b' conllevaría la declaración de inconstitucionalidad del precepto (que, como ya se dijo, tutela un bien, o asegura un fin valioso), con la consecuencia ineludible de su expulsión del orden jurídico.

En la inteligencia de que la interpretación 'd' sólo preservaría la norma a través de un ejercicio indebido (por extralimitación) del órgano jurisdiccional (por ejemplo, si implicara para el magistrado asumir potestades invasivas de otro poder, que habilitaran su caracterización en el caso como legislador positivo), yo examinaría finalmente cuán plausible resulta la interpretación 'c', que -supongamos? no genera el riesgo anterior y constituye, dentro del universo limitado de interpretaciones del precepto, por cierto no "la más elegible", según el pensamiento de aquellos que sólo admiten, aún en casos difíciles, una única respuesta correcta (la expresada en 'a', probablemente), pero ciertamente sí una de las interpretaciones elegibles (posibles y plausibles); y la elegiría, a fin de preservar el valor que tutela, al evitar su declaración de inconstitucionalidad.

Éstas son las llamadas "sentencias interpretativas in di riggeto", esto es, aquellas que admiten, dentro del universo objetivo de la elegibilidad hermenéutica, la constitucionalidad de la disposición impugnada en un caso específico, en tanto ésta se interpreta en una forma acorde con el texto constitucional, lo cual debe ser explicitado convincentemente en el pronunciamiento.

De hecho, mi voto en la causa a la que ya he hecho referencia trasuntó mi aceptación -circunspecta- de las sentencias interpretativas in di riggeto y su puesta en ejercicio.

Distinto es el caso de las sentencias interpretativas que se manifiestan a través de recomendaciones (o encargos al legislador); esto es, pronunciamientos que oscilan desde simples consejos hasta fórmulas más concretas, en que el tribunal expresa exhortaciones al Legislativo sobre un concreto desarrollo ulterior de la norma, que estima relevante o imprescindible.

Por último, las llamadas "sentencias aditivas" son, en rigor, aquellas decisiones que implican la creación de normas sustitutivas y tienen, especialmente en algunos Tribunales Constitucionales de Europa, más relevancia en el control de las omisiones inconstitucionales.

Una variante más sutil del tipo anterior y que, aunque acogidas por ciertos Tribunales Constitucionales europeos, yo no acepto, son aquellas conocidas como "de accoglimiento". Éstas pueden entenderse, de manera sencilla, como las que amplían, sin sustento hermenéutico objetivo (posible y plausible), el marco de interpretaciones elegibles de una norma impugnada a fin de preservar -en el mejor de los casos? el fin valioso, o la tutela del bien que deparan, pero que han dejado ya de ser reconocibles en términos de su significado.

En mi ejemplo anterior, estas sentencias representarían el acogimiento de la interpretación d, o incluso de "interpretaciones" e, f, g y así siguiendo, esto es, enunciados de supuesta extracción de sentido normativo, pero que ya no pueden conectarse de manera aceptable o inteligible con la disposición puesta en crisis.

Por lo demás, aunque tutelen un bien o persigan un fin valioso, va de suyo que no es admisible excepcionar, en nombre de dicho valor, la supremacía constitucional (sobre estas cuatro modalidades, ver el texto de Augusto Cerri, Corso di giustizia costituzionale, 3a. ed., Milan, Giuffré Editore, 2001, pp. 230 y ss.).

7. La acción sobre la que debe pronunciarse el Tribunal no alienta el dictado de una sentencia interpretativa in di riggeto (la modalidad que, ante la concurrencia de los extremos antes establecidos, yo admito), sino una sentencia aditiva que, como ya lo he indicado, implica la creación por vía pretoriana de una norma que viene a sustituir el precepto interpretado -en este caso, para formular mandatos que comportan enunciados desde contradictorios con, hasta contrarios al sentido original de los preceptos en crisis, si nos valemos de pautas de interpretación relativamente simples, como la literalidad o la intención?.

Para apreciar este equívoco en la demanda interpuesta por la ADC, es conveniente contrastar la conceptualización que el actor ofrece de las sentencias interpretativas a las que apela como materia de su argumento subsidiario y los ejemplos que brinda, precisamente a propósito de las normas procesales penales que pretende impugnar.

Así, el actor toma de los Comentarios a la Constitución Española de 1978, dirigida por Oscar Alzaga Villamil, el siguiente concepto: las sentencias interpretativas "... son aquellas en las cuales la inconstitucionalidad apreciada por el Tribunal Constitucional no afecta al precepto en su totalidad sino tan sólo a algunos de los sentidos o interpretaciones en que es posible entenderlo (...). [C]ada enunciado contiene tantas 'normas', esto es, mandatos potenciales, como interpretaciones quepa hacer de su letra con lo cual es perfectamente entendible que uno de esos sentidos sean constitucionales y otros en cambio no (...).

La ley, en definitiva, es parcialmente inconstitucional, pero precisamente por eso no hay por qué anularla, ya que basta con operar dentro de sus sentidos para que el problema quede resuelto" (cfr. fs. 35 vuelta; en la cita no se especifica el carácter original o suplementado del énfasis). Sin embargo, los ejemplos de 'normas' (interpretativas de 'preceptos') que ofrece la parte actora revelan la extralimitación en que incurriría el Tribunal si los acogiera como contenidos elegibles de los preceptos impugnados (que sólo sustituirían aquellos que el intérprete estimara conveniente desplazar).

Así, el art. 59 de la ley n° 1.287 (una de las normas impugnadas) establece: "El acta de la audiencia sólo tiene por misión describir históricamente los actos cumplidos y las personas que los realizaron; no es necesario el relato abreviado del contenido de los actos de prueba, ni su omisión conduce a la nulidad del acta o del debate" (inc. 3).

De acuerdo con el actor, una vez declarada la inconstitucionalidad de la norma procesal transcripta parcialmente, ésta deberá ser interpretada "en el sentido de reconocer a las partes el derecho de solicitar, por ejemplo, '...la grabación total o parcial de la audiencia o que se resuma, al final de alguna declaración o dictamen, la parte esencial de ellos, en cuyo caso constatará en el acta la disposición y la forma en que fue cumplida' [se omite nota a pie de página] o, directamente, la obligación de registrar en su totalidad la audiencia [se omite nota a pie de página], eliminándose así la inconstitucional facultad discrecional de los jueces de hacer lugar o no a tal pedido" (fs. 35).

Considero que un intérprete simplemente razonable no podrá enunciar, verídicamente, que los enunciados propuestos por la parte actora son interpretaciones elegibles (posibles y plausibles) del art. 59, inc. 3, de la ley n° 1.287; por lo contrario, las "normas" propuestas implican la sustitución de tal precepto por mandatos que cancelan y contrarían su sentido, y lo reemplazan por una directiva contradictoria, cuando no plenamente contraria, a aquello que enuncia.

Más aún: sin parecer advertir que su argumento subsidiario colapsará tan pronto se admita lo que sigue, la parte actora reconoce expresamente que "tal interpretación 'armonizante' no sería posible respecto del art. 59 de la Ley 1287 ya que, en forma textual, establece que no resulta necesario la inclusión de una versión completa del debate" (cfr. fs. 35, nota 13), tras lo cual procura profundizar la noción de sentencias interpretativas conforme a los desarrollos de la doctrina italiana, para lo cual pasa a exponer con cierta amplitud acerca de las sentencias que, admite ahora, tampoco con ambages, son "creativas"; más abiertamente, se trata de "sentencias que manipulan las normas" (fs. 35 vuelta).

Para concluir, reitero que mi aceptación de las sentencias interpretativas -con lo que creo ser sensible a la tradición del control abstracto europeo, contexto que aporta elementos históricos cruciales para interpretar la acción declarativa de inconstitucionalidad? debe entenderse con los alcances expuestos en el punto anterior de mi voto: la sentencia debe ofrecer una genuina interpretación de la norma puesta en crisis, un significado que aún pueda conectarse verosímilmente con su enunciado.

Sólo acotada por estos límites el Tribunal puede atribuir significados normativos y modular, como propone subsidiariamente en este caso la actora, los efectos de la nulidad, de acuerdo con las circunstancias del caso. Las opciones restringidas a una valoración dicotómica -inconstitucionalidad con nulidad automática / constitucionalidad? resultan demasiado toscas para resolver la variedad de casos a los que se enfrenta el control abstracto.

Para ilustrar lo expuesto con aquello que propuse en el voto citado por la ADC respecto de las sentencias interpretativas, en tanto una de mis colegas, la doctora Alicia E. C. Ruiz, se pronunció por el reenvío, yo decidí trazar lo que llamé "un leve matiz" y dispuse que fuera la Legislatura, no el TSJ, el órgano que tuviera la primera palabra en punto a qué alcance darle a la declaración de inconstitucionalidad decidida sobre la norma en cuestión en esa controversia.

En cualquier caso, hay un matiz distinto en la pretensión de la ADC en esta acción declarativa: la actora no pretende la modulación negativa de los efectos de la inconstitucionalidad -deferimiento temporal, espacial, personal, etc., que es aquello que decidí en el caso anterior?, sino la concesión de efectos aditivos -que se agregue un contenido normativo que no está expresamente previsto en la norma o, en algunos supuestos, que la norma se sustituya por una creación pretoriana?.

En definitiva, la segunda cuestión planteada en la demanda no es suficientemente clara ni consistente en cuanto a los efectos pretendidos: no obstante el profuso desarrollo del tema de las sentencias interpretativas a fin de sugerir que, de acogerse el planteo de inconstitucionalidad, las normas alcanzadas por dicha declaración no deberían ser expulsadas del ordenamiento jurídico, lo cierto es que tal efecto es el núcleo de la demanda y sobre él se insiste antes y después del punto 4, que expone lo que he venido llamando "la propuesta subsidiaria".

En tal sentido, y en primer término, comparto la perplejidad manifestada por la Procuradora General de la Ciudad en la audiencia. Ella enunció, al inicio de su participación, que no comprendía la pretensión de la ADC: ¿se procura eliminar las normas impugnadas o (re)interpretarlas? ¿Con qué alcance y fundamentos? En segundo lugar, resulta claro que, a la segunda cuestión planteada por el actor, subyace la pretensión de lograr un pronunciamiento que sustituya la voluntad del legislador.

La referencia a mi voto en el expte. n° 2535/03 como antecedente del caso actual comporta un yerro en la demanda: en aquel caso yo proponía una sentencia que limitaba las atribuciones del Tribunal en reconocimiento de las de la Legislatura. Así como no fue necesario examinar tal cuestión para admitir formalmente esta acción, a los efectos de decidir el problema de fondo resulta suficiente ahora responder a los presentantes que el alcance que le han dado al derecho al recurso no se desprende de la normativa que lo reglamenta.

Por las razones expuestas, y de conformidad con aquello dispuesto por la señora jueza de trámite, así como con el dictamen del Fiscal General, voto por rechazar la demanda.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

I El planteo de la demanda La parte actora sostiene que las normas impugnadas vulneran el art. 18 de la CN y diversas cláusulas de los tratados internacionales que invoca (v. fs. 22). Ello sería así, porque la operatividad de lo que ese bloque constitucional garantiza dependería necesariamente del registro de todo lo ocurrido en la audiencia de juicio oral, lo que implica, a su turno, que debe serle reconocido a todo acusado el derecho a contar con uno fiel y completo -por momentos se contenta con que sea amplio-, ya que lo contrario supone privarlo de aquellos derechos expresamente garantizados.

Así, tal registro posibilitaría una revisión de la sentencia acorde con las exigencias constitucionales, mientras que, ausente éste, quedaría reducida al control de aquello que el juez controlado decidió, con poder discrecional, incluir en el acta.

En el mismo orden de ideas, señala que el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial aparecería vulnerado por cuanto quien decide cuáles son las partes de la audiencia incorporadas al acta es aquel que dicta la sentencia sujeta a un control cuya extensión dependerá, según entiende la accionante, del contenido del acta o registro del juicio. Finalmente, sólo un registro levantado en las condiciones requeridas permite que toda persona pueda conocer el proceso, por lo que la normativa cuestionada lesionaría el acceso a la información pública.

A la luz de estas consideraciones, concluye que aunque el art. 47 de la ley 12 establece que el acta debe contener las partes sustanciales de la prueba diligenciada y de la intervención de las partes, no les otorga a ellas el derecho de hacer incluir en el acta aspectos de la prueba que no hayan sido aceptados por el tribunal. Iguales reparos le merecen las demás normas impugnadas.

Finalmente, la demandante postula que una vez efectuada la declaración de inconstitucionalidad, no habría óbice para que el tribunal dispusiera que las normas procesales en cuestión deberán ser interpretadas en el sentido de reconocer a las partes el derecho a solicitar, por ejemplo, la grabación total o parcial de la audiencia o que se resuma, al final de alguna declaración o dictamen, la parte esencial de ellos, en cuyo caso constará en el acta la disposición y la forma en que fue cumplida o, directamente, la obligación de registrar en su totalidad la audiencia, eliminándose así la facultad inconstitucional -por discrecional- de los jueces de hacer lugar o no a tal pedido (fs. 35).

Entre las soluciones propiciadas se incluyen supuestos de registro completo y parcial pero suficiente que, a criterio de la actora, representarían opciones constitucionalmente válidas.

II Algunas diferencias entre el control constitucional europeo -en la formulación de Italia y España- y nuestra acción declarativa de inconstitucionalidad Los Tribunales Constitucionales de España e Italia ejercen su ministerio mediante dos cauces procesales. Uno, destinado a que órganos políticos, taxativamente legitimados, impugnen la validez constitucional de determinadas normas (recurso de inconstitucionalidad y acción de inconstitucionalidad respectivamente). Estos supuestos son, en realidad, poco numerosos. En Italia, la acción se limita a demandas impulsadas por las regiones contra leyes estatales o, a la inversa, por el estado contra normas locales que invaden sus atribuciones .

En España, existe un plazo de caducidad de tres meses para que los legitimados articulen el recurso de inconstitucionalidad. Al igual que el que ejerce este Tribunal en la ADI, ese control abstracto viene instado por quien no está llamado a interpretar la ley en controversias justiciables; pero, se asemeja a un veto con fundamento constitucional, es decir, tiene inspiración de autoridad política y sobreviene, como principio, poco después de que la norma entra en vigor y antes de que se desarrolle jurisprudencia a su respecto.

El otro cauce procesal que instrumenta el control constitucional es la denominada "cuestión constitucional" (en España) o "excepción de inconstitucionalidad" (en Italia). Esta cuestión es elevada al Tribunal Constitucional por el juez ordinario cuando duda de la constitucionalidad de la ley de cuya aplicación depende la decisión del pleito.

Aquí, el promotor de la jurisdicción constitucional es el encargado de aplicar la norma a situaciones jurídicas concretas, y quien, además, suministra al Tribunal Constitucional la interpretación de aquella por cuya validez constitucional consulta. A su vez, ese juez debe certificar ante el TC que la validez de la ley es asunto relevante para la solución del caso concreto, determinación que necesariamente parte de adoptar una interpretación de esa ley, aunque quizás no estrictamente la definitiva. Brevemente dicho, si no presume que la ley contempla el caso, no debe elevar el asunto al TC.

Esta interpretación proviene, a diferencia de la anterior, de un órgano que es competente precisamente para interpretarla. Esto lo distingue del TC, al que, como principio, está vedado hacerlo, aun cuando el desarrollo de la competencia de interpretar la constitución, a propósito de la validez de las leyes, lo ha llevado a pronunciarse asumiendo que su decisión comprende ciertas interpretaciones posibles, mientras que excluye a otras, y puede aún llegar al límite de afirmar cuál es la única posible a la luz del texto constitucional.

Toda cuestión de inconstitucionalidad confronta una ley con la constitución, y ello supone necesariamente hacerlo en una interpretación o quizás en interpretaciones alternativas; pero, no asumiendo la viabilidad de interpretaciones acordes e interpretaciones discordantes, pues optar en tal disyuntiva sería tarea del juez de mérito, a cuyo fin no requeriría, o mejor, no podría requerir, acompañamiento del tribunal constitucional, sino que debería hacerlo, obviamente, dentro del campo de las acordes.

Por lo dicho, en el caso de Italia y España, la interpretación confrontada proviene siempre de una autoridad, y más frecuentemente de aquella que la aplica en el litigio. Contrariamente, en la ADI, el reclamo, y con ello la interpretación, proviene de una persona que no está llamada a aplicar la ley sino a verla aplicar y, eventualmente, a sufrirla. De ahí que sea comprensible el cuestionamiento del sentido posible, y por ello temido, de los textos.

Por otro lado, en Europa, no existe un control difuso que permita revisar la validez en relación con una situación concreta sobre la cual el impacto de la ley, o el de su aplicación, suscite cuestionamientos ausentes en otros supuestos más frecuentes. Cierto es que, en el sistema europeo, tras la consulta desestimada, otras podrían reflotar el asunto, pero la solución deberá ser siempre general, es decir, no admite soluciones que atiendan particularidades del caso y los derechos subjetivos arriesgados en él.

Tampoco tiene el juez constitucional, en Europa, según fue dicho, la misión de interpretar la ley. En cambio, si bien no constituye la ADI el marco apropiado para llamar a este tribunal a interpretar las leyes u otras normas impugnables, no hay regla constitucional o legal que le impida ejercer la tarea interpretativa cuando así se justifique para resolver en el proceso regulado por el art. 113 inc. 2 de la CCBA.

Así las cosas, la demanda de la actora, improbable en el sistema europeo, plantea un debate susceptible de ser propuesto en el marco del proceso aquí articulado. Ello así, por cuanto no se pide al Tribunal que interprete la ley -objeto per se ajeno a la ADI- sino que, más allá de su acierto o error, el actor propone un debate constitucional en torno a lo que estima una interpretación previsible de la normativa cuestionada.

En otras palabras, las objeciones constitucionales en la ADI deben partir de una interpretación vigente, previsible o esperable de la norma impugnada y no de aquella remota o improbable que pudiera imaginar el accionante. Desde tal perspectiva, corresponde examinar los planteos formulados y las consecuencias del pronunciamiento final, a fin de posibilitar que el conflicto quede canalizado por la vía más provechosa para el orden jurídico y los derechos de las personas.

III Acerca de los registros 1. La actora sostiene que la Constitución Nacional y los pactos internacionales vigentes imponen llevar un registro fiel y completo de lo ocurrido en los procesos penales y contravencionales a cuyo trámite resultan aplicables las normas cuestionadas. La grabación de voz, la filmación y la versión taquigráfica satisfarían la exigencia, mientras que sería insuficiente el acta que se limitara a cumplir con lo previsto en esas normas.

Ciertamente, no hay registro que sea absolutamente completo y absolutamente fiel. Buscarlo, al menos en la etapa actual de la tecnología, sería tan vano como lo fue para la madre de Aquiles intentar que el remojón lo hiciera invulnerable. El voto de la Sra. Jueza Alicia Ruiz lo expone de manera clara y convincente. La plenitud y objetividad, absolutas, de los registros aparecen, pues, como un ideal inalcanzable.

Podemos, empero, y veo en ello razón a los letrados de la ADC, ordenar diversos tipos de registro, según la proximidad que guarden respecto de aquel ideal. Las filmaciones, los registros de voz y los taquigráficos, aun cuando pueden contener distorsiones, fallas o errores, se aproximan bastante a ser completos. A su turno, la subjetividad que pueden imponer quien escoge el ángulo de la cámara o del grabador de voz, de un lado, o el taquígrafo al fijar los signos de puntuación, de otro, permiten una manipulación menos precisa del registro y, por tanto, menor peligro de parcialidad.

Esa subjetividad proviene, o viene manejada, probablemente, por un puro técnico, quien no tiene participación en el proceso. La subjetividad del acta, en cambio, es necesariamente conducida por quien dirige el proceso, y entonces, bien o mal, en relación al resultado.

Así, probablemente buena parte de las versiones filmadas sean más completas y fieles que la mayor parte de las grabaciones de voz, quizás éstas preferibles a las versiones taquigráficas y, finalmente, todas a las actas previstas en las leyes procesales cuestionadas como constancia mínima, aunque no excluyente de otras. Incidirá en ello la calidad de cada uno de estos registros: voces superpuestas pueden hacer que una grabación de voz esté más alejada del propósito perseguido que la versión taquigráfica o el acta, pero lo natural es que aquella sea preferible a esta última; y, en todo caso, no tiene por qué ser una excluyente de la otra.

2. Es innegable, empero, que buena parte del material informativo que se reúne en un proceso termina durmiendo el apacible sueño de los justos, nadie lo emplea. Solamente una parte de ese material es relevante, aunque establecer cuáles elementos lo son no es tarea en la que sea siempre fácil coincidir.

Unas veces lo será, otras no. Pero, en la mayoría de los casos, habrá coincidencia acerca de que algunos elementos son relevantes y, asimismo, acerca de que otros no lo son. Ello nos lleva naturalmente a la posibilidad de reconstruir un conjunto que sume los elementos que cada uno de los protagonistas del proceso estime relevantes: los que así vean las partes y los que presuma el juez que empleará.

Cierto es que establecer, antes de la sentencia, qué debe reunir este conjunto puede ser tarea difícil; siempre es posible imaginar un supuesto en el cual el juez o una de las partes extraiga, a partir de uno de los elementos, una conclusión que, por imprevista, haya llevado a desechar otro elemento que podría haberla contrarrestado. Una actitud previsora seguramente reducirá esta hipótesis al ámbito académico.

3. Cuando se elabora el acta prevista en las normas cuestionadas, el juez necesariamente, y las partes si lo estiman pertinente, pueden establecer cuáles son los elementos de que habrán, según suponen, de valerse ulteriormente. Los textos observados permiten, y hasta inducen, a una interpretación que posibilite incluir en el acta respectiva la sumatoria de lo que cada protagonista estima razonablemente relevante. No hay razones para suponer una interpretación contraria, pero si las hubiera, el desarrollo de la actora impondría armonizar esas normas con la CCBA.

Cierto es también que hay hechos sumamente complejos, así como los hay muy simples. Para los primeros, tienen los protagonistas un remedio a la medida del reclamo de la demanda: el art. 395 CPPN, supletoriamente aplicable tanto al proceso penal como al contravencional, prevé la posibilidad de implementar la "grabación o la versión taquigráfica, total o parcial del debate" mientras que el art. 47 de la ley 12 no lo veda.

A partir de ello, la registración de lo relevante es responsabilidad de las partes. Así lo observé in re "Montero Montero" al explicitar el derecho y la carga que pesa sobre la defensa en relación con el registro de la audiencia, pues si bien "[d]urante los alegatos de la audiencia de debate, el Defensor Oficial dejó constancia de que el testimonio de la Sra. Benitez no había sido transcripto y que ello afectaba el derecho de defensa de Montero Montero empero, no consignó cuál era la información omitida (...)" como para permitir, por un lado, al juez decidir si debía incluir un punto determinado y, por el otro, a la alzada analizar el agravio contra la sentencia (cf. "Ministerio Público - Defensoría Contravencional y de Faltas n° 3 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Montero Montero, María Nela s/ infracc. art. 71- apelación'", expte n° 3739, resolución del 11/3/05).

Estimo relevante formular una observación final. La insuficiencia de los registros puede perjudicar por igual a defensa y acusación; o lo que es lo mismo, puede beneficiar a la defensa tanto como perjudicarla. Es decir, no puede verse en ello un obstáculo erigido contra la defensa.

IV Elementos cuyo registro prevén las normas cuestionadas Partiendo de las normas tal como vienen interpretadas por la actora, el déficit de las actas no conlleva su nulidad. No parece que esta solución, por sí misma, contraríe ninguna de las garantías invocadas; ni que esté diseñada para reducirlas a una mínima expresión.

Ello no significa que los defectos carezcan de consecuencias. Ciertamente, pueden tenerlas, puesto que las garantías cuya vulneración se debate son aplicables a esos casos y proyectarán sobre su solución consecuencias acordes con el alcance de cada una de ellas.

El contenido de las actas está previsto para juicios orales, entre cuyos valores es sencillo advertir la agilidad y la presencia obligada del o los jueces, características que justifican, aunque no imponen, que el contenido de las actas se circunscriba a lo relevante. Sin embargo, el art. 395 del CPPN prevé la hipótesis de un registro más pleno, bajo la forma de versión taquigráfica o de grabación -que podría ser de sonido o de audiovisión, sin violentar el texto-.

No aparecen en el debate razones para suponer que las partes tienen vedado requerir estas medidas, o que los jueces se niegan sistemática e infundadamente a acordarlas. Por el contrario, las partes están dotadas de herramientas procesales aptas para obtener la grabación, la versión taquigráfica, o para asegurar que los elementos relevantes queden adecuadamente fijados en condiciones que posibiliten su evaluación tanto por quien juzgue en primera instancia como por el tribunal al que toque hipotéticamente revisar una decisión.

2. En la sentencia dictada en autos "Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa" (causa n° 1681 - C. 1757. XL, resolución del 20/9/05), y en ocasión de expedirse sobre la extensión de la materia revisable mediante el recurso de casación a la luz de las exigencias establecidas por la CADH (art. 8.2.h) y el PIDCyP (art. 14.5), la Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrolló argumentos que por su relevancia para este debate es importante recordar.

El voto de mayoría, en lo que aquí importa, destaca que "lo único no revisable" de la sentencia dictada como culminación del juicio oral "es lo que surja directa y únicamente de la inmediación" (considerando n° 24). Para agregar que "no es mucho lo que presenta la característica de conocimiento exclusivamente proveniente de la inmediación. Por regla, buena parte de la prueba se halla en la propia causa registrada por escrito, sea documental o pericial. La principal cuestión, generalmente, queda limitada a los testigos.

De cualquier manera es controlable por actas lo que éstos deponen" (considerando n° 25). Por su parte, la doctora Highton de Nolasco, en postura concurrente, propicia "la revisión integral de la sentencia recurrida con la sola excepción de la prueba recibida oralmente y no registrada, dada la imposibilidad fáctica de hacerlo en e[l] caso" (considerando n° 10).

El fallo "Casal" avala la búsqueda del justo equilibrio entre el respeto a la inmediación, propia del juicio oral, y la garantía de revisión de la sentencia, justamente, mediante registros que incluyan aquello fácticamente posible porque, la validez de la sentencia dependerá, por regla, del respaldo probatorio que ostente.

Por lo demás, la jurisprudencia norteamericana citada por la accionante pone de resalto que el mecanismo de registro de los juicios podrá variar según las circunstancias del caso. El derecho a contar con un "registro suficientemente completo" (record of sufficient completness) no implica necesariamente contar con una transcripción completa de lo ocurrido.

Incluso, allí se aceptan medios alternativos calificados como aptos, es decir considerados suficientemente completos, tales como "notas no transcriptas del relator de la Corte", "notas tomadas por el juez durante el juicio" o un relato de los hechos sobre el que acuerdan las partes ("Settled Statement" o "Agreed Statement of Facts", cf. Mayer v. City of Chicago, 404 U.S 189).

3. La entidad actora ha planteado también el interés de la sociedad en conocer los contenidos de los procesos. En este orden de ideas, estimó insuficiente la posibilidad de presenciarlos, habida cuenta de lo reducido de la potencial audiencia, señalando que resulta preferible labrar registros que permitan al público en general, aun uno de épocas futuras pero interesado en el pasado, conocer lo ocurrido en los procesos penales y contravencionales.

Vale señalar que este interés se ve suficientemente representado por quien ejerce la acción pública, órgano dotado por la CCBA de autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial. Es cierto, que crece hoy día la demanda por una mayor participación directa de la ciudadanía sin depender de intermediarios. Sin embargo, no hay cláusula constitucional que vede la representación de este interés, por cierto, conjetural, por la vía y órgano que el legislador ha escogido para ello.

V Colofón En tales condiciones, la demanda debe ser rechazada, pues no se puede afirmar que las normas impugnadas, en la interpretación indicada, vulneren las garantías invocadas. Corresponde señalar que ello no supone sostener una interpretación de esas garantías radicalmente divergente de la que postula la ADC. La diferencia queda más certeramente explicada por la mayor confianza que deposito en el criterio de los jueces de esta Ciudad, confianza que no exijo a los ciudadanos, a quienes, por cierto, asiste el derecho de controlarnos, unido al convencimiento de la utilidad del mecanismo de control difuso para corregir conjeturales desvíos.

Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

Las inconsistencias de los fundamentos de la acción planteada y el alcance de la pretensión contenida en la demanda, en su momento, nos llevaron a dudar acerca de su admisibilidad. Sin embargo, nos pronunciamos afirmativamente, en la inteligencia que cuando un justiciable está invocando la lesión a un derecho, si existen dudas acerca de si corresponde sustanciar o no el debate, los jueces debemos permitir que este se produzca y que las partes vean satisfecho su derecho a ser oídas por un tribunal de Justicia que emita una decisión acerca del planteo que efectuaron.

2. La parte actora promueve acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del art. 113 inc. 2 de la CABA a fin de que "se declare la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia del artículo 59 inc. 3 de la ley n° 1287, del artículo 47 de la ley n° 12 y de los artículos 394 y 395 del Código Procesal Penal de la Nación (...) en razón de ser contrarias dichas normas a los derechos que tiene todo acusado a obtener una revisión amplia de la sentencia condenatoria en primera instancia; a ser juzgado por un tribunal imparcial, a ser juzgado en un proceso público y al derecho de toda persona a tener acceso a información públicamente relevante..." (fs. 22).

A continuación, la parte manifiesta que la declaración de inconstitucionalidad de las cuestionadas normas "no debería producir ningún tipo de vacío legislativo" (fs 35) y que, por lo tanto, el Tribunal debería "resolver que la inconstitucionalidad de las normas en cuestión no importa su eliminación del ordenamiento jurídico, permitiendo así su aplicación por los tribunales ordinarios mediante una interpretación de aquellas que se ajuste a los principios elaborados en dicho pronunciamiento" (fs. 35).

Luego del debate producido en la audiencia de fecha 9/11/2005, es posible afirmar con certeza que el planteo de la accionante se orienta, entonces, a solicitar que el Tribunal realice una interpretación de las normas detalladas que resulte acorde con los términos de la demanda a fin de que la misma sirva de guía para la actuación de otros tribunales.

3. Resulta oportuno recordar que el artículo 113º inc. 2 de la CCABA establece que "(e)s competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución.

La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior".

4. De lo hasta aquí expuesto, y más allá del esforzado planteo argumental de la accionante, se advierte que el ordenamiento jurídico vigente en la Ciudad no contempla la posibilidad de dictar una "sentencia interpretativa" en los términos propuestos por la interesada. Por ello, el objeto de la presente acción resulta improponible.

Tal como lo advierte el señor Fiscal General en su dictamen de fs. 68/69, en diversos precedentes se ha sostenido que "el Tribunal, como legislador negativo, tiene facultades para expulsar del ordenamiento las reglas constitucionales irritas, irrazonables o palmariamente desatinadas pero no para invalidarlas porque ellas no desarrollan con la profundidad pretendida por un quejoso principios y valores constitucionales según él los concibe" (cf. "Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2490/03, resolución del 9/06/2004 y, en sentido concordante, "Barga, Lisandro Arturo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 866/01, sentencia del 26/12/2001, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 835 y ss., y "Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad", expte. n° 3.032/04, resolución del 18/05/05).

5. Aún cuando se admita que la actora intenta producir -como hipótesis extrema- la pérdida de vigencia de la norma en los términos previstos en el artículo 113. inciso 2° de la Constitución de la Ciudad, la seriedad y calidad argumental del debate es determinante de la suerte de la acción, pues queda claro que no será posible adoptar una decisión que conlleve la abrogación de una norma sobre la base de un intercambio de argumentos aparentes o poco sustanciales.

Es claro que, como lo ha sostenido el Tribunal desde sus primeros pronunciamientos, no basta con que se invoque la afectación de garantías constitucionales si el planteo formulado no presenta la envergadura y razonable vinculación argumental que requiere una presentación de esta naturaleza.

En este proceso ADC no ha logrado establecer ni desarrollar tal nexo argumental. Detrás de la formulación contenida en la demanda, no se encuentran fundamentos idóneos y tampoco los han incorporado en la audiencia ante el Tribunal, pese a la prevención con la que fuera dispuesta la admisibilidad por la mayoría de los jueces (resolución de fs. 50/54).

En definitiva, el planteo formulado por la accionante no sobrepasó la enunciación superficial de principios de raigambre constitucional y supraconstitucional, sin adentrarse en un segundo plano de análisis relativo a las razones, a los alcances y a las implicancias de cada uno de los artículos cuestionados, por lo que la acción intentada no resulta procedente.

6. Por las consideraciones expuestas, y tal como lo propicia el señor Fiscal General en su dictamen de fs. 68/69, votamos por el rechazo de la presente acción declarativa de inconstitucionalidad.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto, El Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la demanda de inconstitucionalidad planteada a fs. 22/38 por la Asociación por los Derechos Civiles contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Costas por su orden.

2. Mandar que se registre, se notifique y se archive.