Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-16


COCYVIAL (Construcciones Civiles y Viales) S.R.L. contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 222-225.

Santa Fe, 16 de agosto del año 2.006.

VISTOS: los autos "COCYVIAL (Construcciones Civiles y Viales) S.R.L. contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 497, año 1.986); y, CONSIDERANDO: 1. A fojas 402/404 la actora practicó liquidación por un importe total de $ 470.539,04 que, discriminados, corresponden $ 176.100,06 a la obra ruta provincial n 60 y $ 294.438,98 a la obra ruta provincial n 97-S.

Puesta de manifiesto esa planilla, la demandada la impugnó con sustento en que, según lo dispuesto en la ley 24.283 y de conformidad a los dictámenes de los estamentos técnicos competentes se determinó, para la primera -Ruta provincial n 60-, un valor de $ 3.991.900,47, habiéndose pagado $ 5.150.825,04; y para la segunda obra $ 8.561.242,51, siendo que se abonó $ 7.811.867,19.

Consideró que resulta aplicable al caso la ley 24.283 que fija los límites a los sistemas de ajuste y que no corresponde ejecutar la sentencia por la existencia de un régimen especial de derecho público, que surge de la ley 23.982, norma a la que se adhirió la Provincia a través del artículo 14 de la ley 10.798, que reglamentó el modo de atención de las obligaciones consolidadas provenientes de intereses moratorios en contratos de obra pública.

Por último, solicitó que este Cuerpo se abstenga de ordenar medida que tienda a la ejecución por un modo diverso al previsto en el decreto 3200/93 y ofreció pruebas.

2. Corrido el pertinente traslado, lo contestó la actora solicitando el rechazo de la impugnación formulada por cuanto sostuvo que las supuestas liquidaciones establecidas por aplicación del decreto 3199/93 no se encuentran firmes y que el decreto 865/98, que establece una supuesta diferencia a favor de la demandada, fue objeto de recurso ante el Poder Ejecutivo.

Agregó que de igual modo el decreto 843/96 solo rechaza el reconocimiento de un crédito establecido a favor de la empresa por la D.P.V. ordenando dar intervención a los organismos competentes a fin de que opongan los límites a la indexación conforme a la ley 24.283.

Afirmó que es manifiesta y absoluta la nulidad del decreto 3199/93 y de todo lo actuado en su consecuencia y evaluó que la prueba ofrecida por la accionada es improcedente por vincularse a la aplicación de la referida norma provincial que no tiene vinculación con la cuestión puntual resuelta en autos.

En última instancia, rechazó la pretensión relacionada a la aplicación de la ley nacional 23.298, ley provincial 10.798 y decreto 3200.

Producida la prueba que consta en autos y celebrada la audiencia de vista de causa, queda la incidencia en condiciones de se resuelta.

3. Como surge del relato precedente, la demandada impugna la liquidación practicada por su contraparte con sustento en que resulta aplicable al caso la ley nacional 24283.

En este sentido, debe señalarse que, de conformidad a lo sostenido por esta Corte (por todos A. y S., T. 121, pág. 239) -siguiendo los lineamientos del Máximo Tribunal nacional- la norma bajo examen, al operar en un "ámbito material omnímodo", es aplicable a todo tipo de obligaciones y que, en principio, la pretensión no está sujeta a plazos preclusivos (ver también "Vialco", A. y S., T. 199, pág. 138).

Ingresando en el análisis del planteo de la Provincia de Santa Fe corresponde valorar, en primer lugar, la viabilidad del razonamiento expresado por la nombrada en cuanto sostiene que "ha abonado a la contratista por ambas obras, y conforme lo ejecutado por la misma, montos que superan notoriamente su valor real y actual" (ver f. 502, en concordancia con fs. 438/441).

La impugnante trata de colocar el centro de esta contienda en la determinación del valor que actualmente tendrían las dos obras.

En efecto, agrega a lo anteriormente expresado que "se infiere que dentro de dicho precio pagado en exceso, debe subsumirse y compensarse necesariamente toda diferencia de precios vinculadas al ítem transporte carretero que se reclame por mayor costo, en el caso, resultante de la aplicación de los coeficientes correctores establecidos por la resolución 3609/84 de la Dirección Nacional de vialidad con actualización, intereses y costas" (f. 502), sumando a ello la afirmación de que "ha pagado en exceso las obras ejecutadas por la empresa Cocyvial" (f. 502 vta).

Urge, en esta instancia, tomar en cuenta la finalidad de la ley 24283, puesto que ello permitirá medir la importancia que adquiere la fundamentación que debe ofrecer el deudor que pretende la aplicación de la 'desindexación' al articular la incidencia (A. y S., T. 131 ,pág. 239).

Esa normativa, al permitir poner un límite a la utilización de índices de actualización que conducen a resultados injustos, exige implícitamente, como contrapartida de tal posibilidad, que el pretensor exponga con nitidez el razonamiento y el método de cálculo que avalan su planteo.

Es decir, debe suministrarse la explicación que revele por qué los índices de actualización -método usual para preservar al dinero de la desvalorización monetaria con anterioridad a la ley 23928- llevan a resultados que poco o nada tienen que ver con el valor real de las prestaciones.

Este es el único modo de garantizar que la finalidad de la ley de corregir situaciones de injusticia sea satisfecha puesto que se le exige al impugnante la explicación de la evaluación que lo condujo al planteo, evaluación que a su respecto será lógicamente previa a la promoción del incidente, ya que la ley no habilita que los deudores recurran al expediente de la desindexación únicamente al evento de que exista la mera posibilidad de obtener algún beneficio.

De ello se desprende que la intención de acudir al valor real y actual de la totalidad de cada una de las obras, que como principio, en el sistema de la ley 24283 podría ofrecer una pauta útil, no constituye en el presente caso y tal como ha sido esbozado, un camino adecuado para el progreso de la pretensión desindexatoria.

Efectivamente, no es posible vislumbrar el resultado al que conduciría el pretendido cotejo por cuanto los conceptos de las obligaciones reconocidas en la sentencia distan de vincularse, en forma inmediata y precisa, con la afirmación de que la "cosa, bien o prestación que debe analizarse a los efectos de la aplicación de la citada ley lo constituye el objeto del contrato entendido como la obra pública a que el mismo refiere".

En autos se reclamó el "pago de las diferencias por mayores costos del transporte carretero resultantes de la aplicación de los coeficientes correctores" y la Corte condenó al pago de lo adeudado por aplicación de los referidos coeficientes, por lo tanto, siendo ese el objeto del litigio, recurrir, como lo intenta la demandada, al valor actual y real del total de las obras sin explicarse cómo se accederá al monto actual de las prestaciones a que fue condenada, lleva a concluir en la improcedencia del planteo.

Es decir, en el caso, la impugnante no sólo no acudió a un parámetro objetivo y claro para dilucidar el valor actual de la prestación dineraria a que fue condenada, sino que no destina desarrollo alguno en pos de su determinación. Más aún, tampoco proporciona esquemas que permitan determinar el importe que en su momento abonó por dichas obligaciones para así poder realizar la comparación necesaria a los fines de la aplicación de la ley 24283.

En este sentido cabe señalar que la doctrina ha enunciado diversos métodos que podrían conducir a determinar el valor de la prestación reconocida por sentencia en los casos en que se alega que la aplicación de índices conduce a resultados injustos (ver A.

y S., T. 121, pág. 239). Tales métodos, desde luego, resultarán o no adecuados de acuerdo a la realidad de cada causa, empero, el aquí propuesto por la demandada, basado en el valor total de las obras y su comparación con los montos abonados para su ejecución, no resulta la vía adecuada para una respuesta favorable a la incidencia articulada toda vez que -como se expresara ut supra- la condenado en autos refiere a un rubro ('diferencias por mayores costos del transporte carretero') del contrato de obra pública que admite ser evaluado individualmente.

Por lo tanto, dentro de ese contexto, luce evidente, sin hesitación a dudas, que los parangones utilizados por la demandada distan considerablemente de ser específicos, objetivos y claros a fin de establecer la prestación que debe afrontar.

Y por ello, en la especie -y como se dijo-, no cabe sino sostener que el obligado al pago no logra levantar la carga de demostrar con suficiente verosimilitud, por un lado, el como y porque el mecanismo de ajuste se ha tornado numerariamente irrazonable y, por el otro, acreditar el valor real y actual de la cosa. En síntesis, corresponde rechazar el planteo de aplicación de la denominada ley de desindexación (nro. 24283) en la forma en que ha sido postulado.

Asimismo, cabe afirmar que la solución arribada en el sub lite no se ve conmovida por el argumento de la impugnada basado en la ley de emergencia económica nacional.

Resulta suficiente para así decidirlo considerar que dicho planteo refiere a la forma de cancelación de la deuda reconocida por la sentencia empero no tiene incidencia alguna en su cuantificación, objeto de la presente incidencia.

Por lo demás, las liquidaciones acompañadas por la demandada en la audiencia de vista de causa tampoco pueden ser consideradas en razón de que no adoptan como base las pautas dadas en el decisorio de autos -particularmente, lo referido al dictamen pericial-.

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la impugnación a la liquidación de fojas 402/404, y; en consecuencia, aprobarla, en cuanto por derecho corresponda. Costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)