marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTOS, ALEJANDRO RUBEN Y VARELA, FERNANDO HERNAN c/  s/ FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADO POR SER FUNCIONARIO PUBLICO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-21

Esta Corte no puede resolver la presente queja, correspondiendo en consecuencia anular el auto denegatorio dictado por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal sólo en relación al rechazo de los agravios expuestos contra la condena a prisión perpetua al imputado como autor del delito de homicidio calificado, en tanto respecto de este planteo no se ha cumplido el trámite previsto en la ley 7055, desde que la resolución sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa sólo abarcó una parte de sus agravios, dejando a los restantes sin respuesta -no pudiendo considerarse tal a la mera alusión a su extemporaneidad-. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055
Cámara de Diputados, elecciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Es claro que la facultad de la Cámara de Diputados sólo puede referirse a la revisión de la legalidad de los títulos de los diputados electos y la autenticidad de los diplomas, esto es, si fueron regularmente emitidos por la autoridad competente.
Caducidad de instancia, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Saiegh Hnos. S.A c/ Frigorífico Alem S.A s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-09

En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la caducidad no opera de pleno derecho, sino que es necesaria la resolución judicial que la declare: y tal declaración no tiene efecto retroactivo sino que la perención opera a partir del momento en que el órgano judicial la declara.
Representación procesal, mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: ARAOZ, RICARDO c/ MARTIN, NANCY s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

El artículo 15 de la ley 10.996 es de interpretación restrictiva, pues configura una excepción al principio general que dicha norma establece y que tiene por fundamento el concebir a la representación procesal como parte de la administración de justicia.
Pago por consignación, ejecución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Schmunis, Silvia Irene c/ ACUFIL S.R.L. s/ Consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

Para que el pago por consignación sea admisible, tiene que ser cumplido en "tiempo propio" (art. 758 C.Civil); es decir, no ser prematuro ni tardío (cfr. Busso, Trigo Represas, cit. Llambías, Cód. Civ. Anot., T II-A, p. 667). La consignación es prematura cuando el pagador pretende imponer al acreedor la recepción del pago antes del tiempo oportuno para el cumplimiento de la obligación, por ejemplo, si el plazo no está vencido (cfr. art. 570 y 750 C.Civ.).

El acreedor tiene el derecho de cobrar lo que se le debe en el momento que le corresponde, a la fecha convenida a la que prestó conformidad tal vez porque le interesaba -por razones que no tiene que explicar- mantener su capital invertido de ese modo hasta ese tiempo y no el que se le pretende imponer unilateralmente mediante la consignación, lo que no se justifica aunque se incorporen intereses al depósito. Es que no hay abuso de derecho si el acreedor se limita a pedir el cumplimiento del contrato tal como ha sido pactado, sin desviación de la finalidad normal del derecho ni ejercicio contrario a la moral y buenas costumbres (CNCiv. Sala A, ED 14-132; id. Sala C, ED 58-600; Sala D, ED 47-377).
Autorización judicial, técnicas de reproducción humana asistida, voluntad procreacional, gestación por sustitución, inscripción de nacimientos, implantación de embriones
Materia: CIVIL
Carátula: B., B. D. R. - B., C. R. - B., Y. F. c/  s/ Autorización Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2021-10-15

Cabe hacer lugar a la solicitud de autorización judicial requerida con respecto a la técnica de reproducción humana asistida, en virtud de la cual los peticionantes transferirán un óvulo fecundado a fin de que sea implantado médicamente, gestado y concebido en el vientre de una tercera persona. Asimismo declarar la inaplicabilidad del art. 562 del Código Civil y Comercial, pues en este caso concreto estamos ante una persona gestante y una persona que ha emitido su voluntad procreacional que son distintas, y que por lo tanto no es el caso que allí está regulado, así las cosas, debe ordenarse que el niño o niña nacido/a sea inscripto registralmente como hijo/a de los peticionantes en su carácter de madre y en su carácter de padre; en dicha inscripción se deberá anotar que la gestación fue a través de la técnica de reproducción humana asistida consistente en la gestación por sustitución. Por último, los padres deberán hacer conocer al hijo/a cuando alcance la madurez suficiente, su realidad gestacional de origen de conformidad a su interés superior y a las normas de protección integral de la niñez. Ante las TRHA -Técnicas de reproducción humana asistida-lo que tiene relevancia para determinar la filiación es la voluntad procreacional -art. 558 del CCCN-. Debido al diagnóstico "Adenomiosis Difusa" a la peticionante se le practicó una histerectomía por leiomias, lo que confirmó su imposibilidad de llevar a cabo una gestación salvo que se tratara de un embarazo de avanzada técnica médica a través de la maternidad subrogada. Dada esta situación, los peticionantes entregan su material genético para que el óvulo fecundado sea transferido médicamente en el vientre de quien altruistamente se puso a disposición para llevar adelante el embarazo -siendo la gestante, y claramente no existe material genético de ella-.
Competencia provincial, interventor federal, denuncia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Luis Darritchon, c/ ex integrantes del Poder Judicial de Catamarca. s/ Privación  ilegal  de  la  libertad  y  violación  de  los deberes de  funcionario público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Es competente la justicia provincial para conocer de la denuncia efectuada por la comisión de hechos ilícitos si no se encuentran en tela de juicio las facultades del interventor federal, ni el origen de su investidura, presupuestos éstos que si surtirían la competencia de la justicia federal.
Juicio ejecutivo, título ejecutivo hábil, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: M., A. y Otro c/ V.A. SA s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-28

En el proceso ejecutivo, el magistrado tiene varias oportunidades para investigar la habilidad del título en ejecución y si éste contiene todos los requisitos extrínsecos. La primera oportunidad es con la promoción de la demanda, y con posterioridad a ella, puede verificarlo en caso de oposición a la presentación ejecutiva, es decir, al interponerse la excepción de inhabilidad de título. Por último, puede el juez examinar el instrumento en el momento de dictar sentencia de remate. También puede practicar dicho examen el tribunal de alzada con motivo del recurso interpuesto contra la sentencia, y declarar de oficio la existencia de una inhabilidad del título en ejecución.
Alteración de la tranquilidad pública, contravención continuada, aprehensión
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B. N, M.A. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-15

En el caso, se desprende del acta labrada con motivo del primer hecho reprochado, que la orden de cese de su conducta fue obedecida; de modo que la circunstancia de que horas después el imputado desplegara presuntamente otra acción tendiente a ofrecer sexo en la vía pública, no permite colegir que estemos en presencia de una contravención continuada. En cambio, estas acciones constituyen dos conductas independientes separadas en el tiempo; entender lo contrario importaría incurrir en una interpretación extensiva in mala partem de las acciones tipificadas en el artículo 71 de la Ley Nro. 10.

De lo expuesto, cabe concluir que no era posible disponer válidamente la aprehensión del presunto contraventor, puesto que el artículo 19 de la Ley Nro. 12 autoriza a ejercer la coacción directa sólo cuando pese a la advertencia, la conducta desplegada en la flagrante contravención no cesara. (Del voto de la Dra. Robledo)
Prueba, principio de adquisición, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PREVISION SOCIAL c/ RAUL VERNERI s/ Ordinario (LIBRO: S111 - 473)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-12-04

Si aquél sobre quien pesaba la carga de la prueba no la produce, pero ésta resulta de la que su contraria ha producido, se tendrá por probado lo que beneficie al que no produjo la que le incumbía.- El pago de los impuestos, por sí solo, no puede constituir acto posesorio, ya que éste supone una conducta sobre la cosa que pone al poseedor en relación con ella, comprensiva del "corpus" y de "animus", no teniendo esos pagos tal significación.-
Prueba testimonial, ratificación de testigos
Materia: PENAL
Carátula: GALVAN Sergio Néstor s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Disconformarse con los dichos aportados por los testigos en el sumario, no implica pedir que sean nuevamente oídos en el plenario, ni imponer a la acusación la carga de citarlos nuevamente a declarar, pudiendo los mismos ser valorados por el sentenciante.
Fundamentación de sentencias, trata de personas, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marquard, Ildemar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-20

El tribunal a quo expuso de manera clara y precisa que en el caso de autos el delito de trata de personas atribuido al encausado quedó configurado con la conducta de recibir y acoger a la víctima (tipo objetivo) con la finalidad de explotarla (tipo subjetivo). Es que según la Real Academia Española "recibir" es tomar lo que le dan o le envían y "acoger" implica admitir o aceptar en su casa o compañía a alguien, servir de refugio o albergue. Ello, sumado a la finalidad de explotación consistente en forzar la unión de hecho, se ha visto acreditado, a raíz de las declaraciones de las profesionales intervinientes en las distintas entrevistas mantenidas a lo largo de las presentes actuaciones con la víctima; del informe del Centro de Atención a la víctima (CENAVID) y Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas del Delito de Trata; y de lo dicho por la propia damnificada valorado en su conjunto con el resto de las pruebas señaladas.

Es que de los elementos señalados, se desprende la extrema vulnerabilidad padecida por la víctima, en tanto se trataba de una menor de edad, con falta de estudios básicos (escolaridad primaria incompleta -hasta los 9 años de edad-); con un grupo familiar desarticulado, con 12 hermanos y con recursos económicos insuficientes para cubrir las necesidades de subsistencia básicas, como es, la alimentación; ausencia de cuidado por parte de sus padres, ya que su papá y su abuelo están detenidos por abusos sexuales contra integrantes de su familia y su madre fue quien habría emitido la autorización para que se produjera la unión de hecho entre el encausado (de 48 años) y la joven (de 14 años); el haber sido víctima de uno de sus hermanos que a sus 6 años de edad éste intentó abusar sexualmente de ella; y su condición de migrante. Ello, sumado a que, se encontraba en un lugar que desconocía su entorno y lejos de la provincia de la que era originaria -Misiones-; que no conocía los medios de transporte, aclarando que no contaba con la tarjeta "sube"; y que no tenía dinero.

Así, la situación de vulnerabilidad padecida por la víctima resulta determinante al tener por acreditada la finalidad de explotación, en tanto el encartado quiso y efectivamente forzó a la menor a formar una unión de hecho, como bien fuera señalado por el tribunal de juicio, ya que más allá que el abuso por parte del nombrado de dicha situación configura una agravante al tipo penal básico (Cfr. art. 145 ter, inc. 1 del CP), esta vulnerabilidad fue la que generó que la víctima se encontrara en una situación de la cual no podía salir, en cuanto dependía completamente del encausado.
Procesamiento, embargo, insolvencia fraudulenta, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: B., J. C. c/  s/ Procesamiento-embargo-anotación de litis
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-23

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "B., J. C. s/ procesamiento-embargo-anotación de litis" (causa n° 51.046/2014) rta. 23/4/18, donde la Sala interviene con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la defensa y la querella, respectivamente, contra el auto que dispuso el procesamiento del imputado por insolvencia fraudulenta (art. 179, 2° párrafo, del CP) y rechazó el pedido de levantamiento de la anotación de litis. Los vocales confirmaron lo decidido.
Jueces, interpretación de la ley, leyes, Poder Judicial
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SOAJE, PEDRO Y OTROS. c/ PROV. DE TUCUMAN Y OTRO. s/ INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

No corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la ley tal como éste la concibió, ya que está vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades. Por ello, al Poder Judicial no le compete juzgar sobre la oportunidad, el criterio o a la bondad de las leyes siendo el poder político al que le corresponde evaluar la necesidad de introducir las modificaciones pertinentes, ponderando la situación, a la luz de la información acopiada y dentro de los marcos constitucionales, único aspecto este último sobre el cual deben pronunciarse los jueces. Analizar los restantes importa tanto como violentar la esfera propia, el ámbito de reserva de los otros poderes del estado.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ERRASTI, Victorio s/ Defraudación y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

En materia de interpretación de las normas penales, no es procedente utilizar la analogía, permitida cuando se trata de la interpretación de otras normas en cuestiones no penales.
Derecho a la imagen, daños y perjuicios, prueba, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: TREJO ALCIRA RAMONA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-03

Si la captación y publicación de la imagen del pequeño ha sido efectuada con miras a la satisfacción de un interés cultural general, en el marco de una actividad de carácter público, el hecho no contiene los rasgos de ilicitud necesarios para responsabilizar a la accionada en las presentes actuaciones por encontrarse al amparo de los supuestos de excepción previstos por el art. 31 de la ley 11.723, por cuanto si el origen de la responsabilidad civil encuentra su fundamento en el acaecimiento de un hecho dañoso contrario al ordenamiento jurídico, atribuible con base en un factor objetivo o subjetivo, que origine un daño en relación de causalidad adecuada con el mismo. La ausencia de antijuridicidad del hecho conduce al rechazo de la pretensión resarcitoria.-
Nulidad de sentencia, reglas para dictar sentencias, descripción de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: REY GABINO Y OTRO. s/ NULIDAD SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-29

Es nula la sentencia que no cumple el requisito establecido en la regla 2da del art. 495 C.P.P., al no haberse especificado los hechos que se consideraron probados y sobre los cuales recayera el fallo, debiendo haber tratado la situación de cada procesado en forma separada, pues diferentes fueron las conductas desplegadas por ambos.
Ejecución de sentencia, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Arrebillaga Arturo Ernesto c/ Parque Industrial Agua Profunda S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-21

El procedimiento de ejecución de sentencias resulta aplicable a la pretensión de cobro de los honorarios regulados en la causa (art. 500 inc 3° código procesal), pues se trata de un procedimiento ordenado a satisfacer o realizar lo declarado y pasado en autoridad de cosa juzgada, incluyendo, naturalmente, los honorarios regulados en juicio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutiérrez de Sánchez, Dorotea Checa c/ Gutiérrez, Rodolfo Primitivo y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

La falta de coherencia entre los considerandos y la parte dispositiva del fallo, constituye una causal con entidad para invalidarlo, conclusión especialmente aplicable al caso en que no se ha proyectado en la parte resolutiva el resultado de los fundamentos vertidos en el acuerdo.
Costas, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ cobro de australes (ley 20.793, art. 3°).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La omisión de pronunciarse sobre la carga de las costas no puede considerarse como una negativa implícita de imponerlas al vencido, ya que si la exención de costas que no esté expresamente fundada se sanciona con la nulidad (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), a fortiori no pueden atribuírsele los efectos de una denegación a una omisión que, por hipótesis, carece de fundamentos.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, empresa de transporte, colectivo de línea, pasajero de colectivo, carterista
Materia: CIVIL
Carátula: CAMAÑO, María Cristina c/ GHIGGERI, Carlos Alberto y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

1- El art. 184 del Código de Comercio contempla exenciones que no deben ser soslayadas por vía interpretativa. Y aunque las deficiencias del servicio público de pasajeros pueda facilitar la existencia de carteristas, la solución de ese problema excede del ámbito de la jurisdicción del juez que tiene que decidir las controversias suscitadas entre particulares, aplicando la ley adecuada y apreciando las circunstancias de hecho comprobadas sin desatender la realidad de tiempo, lugar, posibilidades económicas y sociales en la que ocurren.

2- De ahí que, ante el intento de robo y lesiones producido en el interior de un colectivo por un pasajero a otro, para lograr la exención de responsabilidad de la empresa de transportes se deben configurar los extremos propios del caso fortuito que atañen a la imprevisibilidad y la inevitabilidad del hecho, sin que a aquella le sea exigible un despliegue de vigilancia inusitada.

Corresponde determinar si el "hecho del tercero" es causa adecuada del desenlace, o si lo es la circunstancia del incumplimiento de una obligación impuesta a la prestataria del servicio. En consecuencia, si el hecho del delincuente reviste el grado de causación adecuada en el resultado dañoso, queda roto el nexo causal en los términos del art. 184 del Código de Comercio, razón por la cual la empresa demandada no debe responder por el hecho del pasajero "ratero" o "ladrón furtivo". Pues, si bien no es un tercero en el contrato de él con la transportista, sí lo es respecto del contrato de la empresa con el pasajero que resultó lesionado por aquél.

3- Las características de la zona en la que ocurrió el episodio de intento de arrebato de la cartera y caída de la víctima al detenerse el colectivo en las paradas -oscuridad, hora nocturna, zona de asentamiento peligroso-, al no influir en concreto en el ataque sufrido por la actora son circunstancias que sólo pudieron facilitar la fuga y el ocultamiento del atacante, pero no tornan este hecho previsible y evitable. Es que no es obligación de la empresa de colectivos llevar personal de seguridad a bordo, ni menos colocar éste personal en paradas peligrosas, pues las medidas de seguridad de la población están principalmente a cargo del Estado.

(Sumario N° 17419 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°13/2007).
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coop. Eléctrica de Servicios Anexos de Vivienda y Crédito de Pergamino c/ Const. Tocalini e hijos s/ Rescisión por incumplimiento de contrato s/ Incidente de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

La atribución de efecto retroactivo a una ley requiere una disposición que de modo categórico así lo prevea (arts. 2 y 3 C.C.).

- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, subasta, martillero
Materia: CIVIL
Carátula: BURSA c/ PARELLA s/ HIPOTECA SUBASTA JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-09

El martillero interviene en el remate como delegado del juez y tiene el carácter de auxiliar del órgano jurisdiccional. Dicha circunstancia hace presumir la corrección de su comportamiento y lleva a tener, en principio, por acreditado con su versión la regularidad del acto.
Sentencia, fundamentación de sentencias, límites del pronunciamiento, defensa en juicio, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: SOLIS FERNANDEZ, PRESENTINA s/ Contrabando Causa 25325- Causa "MATTEI, ANGEL", FALLOS 272:188.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-13

Cuando ni la acusación ni la defensa se han expedido acerca del hecho por el cual se arriba al pronunciamiento condenatorio, esa condena carece de sustento válido y es susceptible de anulación aún de manera oficiosa pues se origina en un procedimiento que no inviste la forma de juicio. Sin embargo, y en tanto la anulación por imperio del art. 512 del CPMP conduciría a una nueva sustanciación del debate escrito lo que, indudablemente, frustra la natural expectativa de toda persona sometida a proceso de obtener un pronunciamiento definitorio en un lapso razonable, (tanto más en un caso como el de autos en que ya han transcurrido más de cuatro años desde que se iniciara el proceso) resulta mucho más apropiado cancelar el asunto con un fallo exculpatorio. Tal manera de resolver resulta legítima dentro de la amplia jurisdicción de la Alzada por la apelación libremente concedida y se funda, en última instancia, en el derecho de defensa en juicio resguardado en el art. 18 de la Constitución Nacional, el que ha sido correctamente interpretado por el más alto Tribunal Federal como comprensivo del derecho al pronunciamiento definitorio dentro del más breve lapso posible en el conocido precedente del caso "MATTEI, Angel" (FALLOS 272:1878) (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Constitución Nacional, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La garantía de igualdad ante la ley que consagra el art.

16 de la Constitución Nacional, consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no es la igualdad absoluta o rígida, sino la igualdad para todos los casos idénticos que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias.