marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Litisconsorcio, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería c/ Montolivo, Diego y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

Si ha mediado un litisconsorcio pasivo voluntario, la circunstancia de que se haya estimado la pretensión contra uno de ellos, y desestimado la misma con relación a otro, ello muestra que en el primer caso la actora reviste la condición de vencedor y la codemandada, asume la calidad de vencida. En tal supuesto, ésta debe soportar las costas (arts. 68, 1a. parte, y 88, C.Procesal). Mas en la segunda situación la actora ha asumido la calidad de vencida, y el otro litisconsorte pasivo, la calidad de vencedor (art. 68, 1a.

parte, C. cit.). Es decir, que la calidad objetiva de vencido debe circunscribirse al resultado de las respectivas pretensiones que se acumularan subjetivamente (arts. 68, 1a. parte, y 88, C. Procesal).
Preaviso, cómputo del plazo, aceptación, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS, Claudia Estela c/ CASA LOZANO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-15

Los plazos del preaviso correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación, términos que se cuentan por los meses del calendario y no por los días.Carece de toda validez el preaviso otorgado con plazo insuficiente, es decir, si no se concede con la anticipación a que se refiere expresamente la ley.No puede interpretarse como una aceptación del preaviso insuficiente, la circunstancia de que la dependiente hubiese comenzado a usar la licencia diaria y solicitado anticipo de sueldo. Se opone a ello el principio de la irrenunciabilidad de derechos receptados por los arts. 12 y 51 de la Ley de Contrato de Trabajo y el hecho de que estando vigente la relación laboral también lo están todos los derechos y obligaciones de las partes y entre ellos la facultad de la empleadora de otorgar tales anticipos.-
Robo con armas, tentativa, menor procesado, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Benvenuto, Diego Fabián y Guerrero, Leonardo Adrián s/tentativa de robo agravado por la utilización de un arma y por la intervención de un menor de 18 años c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

A diferencia de un arma de fuego -que requiere de constataciones acerca de su carga y de peritaciones para determinar si es idónea para su fin específico, al igual que la munición-, un cuchillo no necesariamente debe ser sometido a peritación para establecer su capacidad ofensiva -que sea apto para producir un peligro efectivo para la vida de la víctima o para afectar gravemente su salud-, pues su mera descripción es suficiente para establecer, según sus características, que se trata de un elemento con punta y filo, lo que de por sí alcanza para generar el riesgo que capta la figura agravada (voto del juez Jantus)
Protección del medio ambiente, tratados internacionales, intervención de terceros
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ASSUPA c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-25

Si bien el gobierno nacional en ejercicio de sus facultades propias interviene en la formulación de convenios y en la aplicación de tratados internacionales relacionados con el tema del medio ambiente (art. 99, inc. 11, Constitución Nacional), ello no justifica la comparecencia en juicio de quienes participaron en dichos acuerdos de voluntades; una solución distinta traería aparejado que se debiese citar a juicio a todo Estado Parte u organismo internacional, en el que se considere violado el debido cumplimiento del convenio y ello importaría tanto como aplicar un criterio amplio impropio del instituto en examen, y transformar en federales, por la sola voluntad de los requirentes, todas las cuestiones que se sometan a conocimiento de la justicia, si se tiene en cuenta el universo de aspectos, cada vez mayores, que se regulan o compromenten por la vía referida.
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-03-15


Poder Judicial de la Nación 1 USO OFICIAL "LEZCANO Carlos Antonio s/ Delito c/ la fe pública s/ incidente de apelación." Expte. N° P35511 Juzgado Federal de General Roca En la ciudad de General Roca, a los 15 días del mes marzo de de dos mil doce, siendo las 9:20 hs se constituye en la sala de audiencias de estos Tribunales Federales la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca presidida por el doctor Ricardo Guido Barreiro a efectos de recibir el informe previsto en el art.454 del CPP, la que se celebrará conforme a lo previsto en la Acordada N° 04-S/10, en los autos arriba indicados. Comparece al acto el doctor Jorge Crespo, defensor particular en representación del imputado Carlos Antonio Lezcano, quien también se encuentra presente. Cedida la palabra al letrado, éste expresó los agravios. Culminada su exposición, el tribunal pasó a considerar los fundamentos en que se asienta el recurso y tras un intermedio, ya agotada la deliberación de los magistrados, EL TRIBUNAL CONSIDERA: Según la versión suministrada por el imputado en oportunidad de brindar declaración indagatoria en la primera ocasión en que fue convocado (fs.31/32), el automotor amparado por la falsa documentación que exhibió ante un control policial en febrero de 2008, hecho por el que fue procesado a fs.63/65, le fue dado en garantía de un mutuo celebrado por escrito en julio de 2007 con Daniel Castillo, con expresa autorización para hacer uso del bien. La operación mercantil -en los términos expuestos por el procesado- fue aquilatada mediante la agregación del contrato de mutuo, el cual tiene como fecha cierta el 27/12/07 por haberse acreditado el pago del impuesto de sellos ante la oficina de rentas local (ver boletas de pago de fs.35 y oficio emanado de la DGR a fs.50).

2 Asimismo, la pericia caligráfica arrojó como resultado que el encartado no intervino en la falsificación. Asimismo, los datos identificatorios de su co-contrante en el convenio coinciden con la existencia de una persona de ese nombre y con ese número de DNI según el informe del RNP obrante a fs.52. En definitiva, la versión de descargo aportada ha sido corroborada de modo suficiente con los elementos mencionados, sin que aparezcan otros que, a la inversa, desmerezcan aquella inicial versión. En tales condiciones, es posible concluir en que el uso de la falsa documentación fue efectuado sin conocer su cualidad apócrifa, lo que descarta el dolo requerido por la figura en trato y ello conducirá a revocar el auto apelado, eximiendo de costas al enjuiciado (art.531 del CPP). Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

Revocar el auto de fs.63/65, sin costas. Con lo que se da por finalizada la audiencia, previa lectura de la presente firman los señores jueces del Tribunal y el compareciente, quien queda notificado, por ante mí, que doy fe.

Fdo. Barreiro-Lozano REGISTRO N° 090/12 PSI.
Estupefacientes, facilitación de lugares o elementos
Materia: PENAL
Carátula: Galdamez, Jaime Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

En el artículo 10 de la ley 23.737 se contempla la facilitación de "un lugar o elementos para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por los artículos anteriores", razón por la cual su configuración no exige que el facilitador tenga necesariamente sustancias estupefacientes para que en el lugar que cede se lleve a cabo alguno de los hechos previstos en los tipos precedentes o se usen estupefacientes. Esa significación es bien distinta de la tenencia que quiere decir "ocupación y posesión actual y corporal de una cosa", hecho físico que requiere el correspondiente elemento subjetivo.
Nulidad procesal, tercería de dominio, apertura a prueba, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cafici  CCía.  S.R.L. s/ Tercería de Dominio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Siendo fundamento de la tercería de dominio la garantía constitucional de propiedad, consagrado en el art. 17 de nuestra Carga Magna, es evidente que antes de resolverse se debe escuchar a todos los interesados a tenor de lo previsto por el art. 486 del C P.C.C. , motivo por el cual también debió ser oída la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en el caso, parte en el proceso principal.
Compraventa, vicios, defectos de fabricación, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del vendedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: GALEANO  ANGELA c/ PEUGEOT  CITROEN  ARGENTINA  SA  Y  OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

Los productos deben ser elaborados de forma tal que utilizados en condiciones previsibles o normales no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios (cfr. Ley 24240: 5). El fabricante asume en cierto modo una obligación de resultado frente al futuro consumidor, consistente en la entrega de un producto para cumplir con una finalidad que constituya la razón comercial que sirve para su promoción y eventual estímulo en el comprador para su adquisición (ver CNcom, sala B, "Silva de Buen, Teresa M. y otro", del 20-11-00, documento Lexis nro. 1/5509358).
Principio de legalidad, aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: SUSAMMA SRL s/ PTA. INF. LEY 24.76
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Por aplicación del principio de legalidad contenido en el art. 18 de la C.N. a ley aplicable a delito - desde el punto de vista temporal- es la ley vigente al momento de la comisión del hecho punible. No obstante, la modificación introducida en la legislación de fondo, torna imperativa para el sentenciante su aplicación en razón de constituir una excepción al principio de irretroactividad, en virtud de ser la ley una norma penal más benigna para la situación de la imputada, ya que sus efectos operan de pleno derecho.
Jubilaciones, jubilación por invalidez, derecho al beneficio, beneficios previsionales, fundamentación de sentencias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Herrera, Ramón Ángel c/ ANSeS s/ jubilación y retiro por invalidez.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Si bien es cierto que la cámara no ha efectuado un detalle de los distintos factores que ponderó para confirmar la sentencia del juez de grado y reconocer el derecho del actor a que se ordene la restitución de la jubilación por invalidez que había sido dada de baja por la ANSES, ello no es suficiente para variar la solución adoptada si existen en la causa elementos de juicio suficientes como para mantener al jubilado en el goce de la prestación.
Concursos, acuerdo preventivo, fondos del concurso, constitución de hipoteca, restitución de sumas de dinero, facultades del síndico del concurso, acreedores del concurso, legitimación activa
Materia: COMERCIAL
Carátula: PARKING NAUTICO SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-19

Si se autorizo a una concordataria a constituir hipoteca sobre unidades funcionales que le pertenecen en un edificio de guardería náutica, para garantizar la restitución del dinero proveniente de un "grupo de inversores", tomado para satisfacer en buena medida a determinado acreedor, respecto de lo cual medio conformidad del sindico, resulta improcedente que aquel apele la citada autorización del negocio hipotecario. Ello así, pues el quejoso (el cual actúa individualmente) carece de legitimación, y esta carencia se corresponde con la circunstancia de que -como en el caso- su interés patrimonial cuenta con la responsabilidad personal que están asumiendo, conforme reglas materiales o de fondo, los directores de la convocatoria por llevar adelante un negocio del que resultare perjuicio para el impugnante, y el funcionario concursal por prestar su conformidad profesional con la concertación de ese negocio. A mas, es de ponderar que la ley 19551: 17 expresaba que el pedido de autorización tramitaba con audiencia del sindico, y la actual LC 16 preve la audiencia de ese funcionario y del comite de acreedores; y ninguna de ambas normas menciona al acreedor individual.
Suspensión de la responsabilidad parental, plan de parentalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Para agregar a los autos G. M. L. c/ U. F. J. - Tenencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-27

El pedido de suspensión de un régimen de comunicación entre una niña y su padre/madre no conviviente, consiste en una medida no enumerada, pero contemplada en el art. 484 del CPCCC. Esta norma habilita, a quien tuviere fundado motivo para temer que, durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, a solicitar las medidas que fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Atencio, Elio s/ Homicidio culposo - Inconstitucionalidad (Libro: A021A-209)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-07-14

No corresponde dar trámite al recurso de inconstitucionalidad, si alegándose violación de textos expresos de la ley se omite la fundamentación demostrativa del defecto atribuído.
Obra en construcción, siniestro, responsabilidad del empresario, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tomazin, Vinko y otro c/ FMR Arquitectos S.R.L. y otros s/ d. y p. x resp. extracont. de part.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-20

[...] debe tenerse presente que según el razonamiento del juez interviniente, tratándose de daños generados por una obra en construcción, la responsabilidad del constructor y propietario del inmueble, debe regirse por lo normado por el art. 1.113 del Código Civil. Sostuvo, entonces, que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva por daños causados a un tercero derivados de la construcción de un edificio lindero, y que para exonerarse de responder, el propietario o guardián debía probar la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero por el que no se debe responder. Esta subsunción normativa no ha sido contradicha, y como se ha visto, tampoco ha logrado revertirse en esta instancia la evaluación realizada por el Sr. Juez en lo que refiere a la acreditación de las eximentes ludidas.
Depósito previo, recurso directo, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Hogar Plan S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

La C.S.J.N. al fallar en autos "Villar Hnos. y Cía. S.R.L." (sent. del 10.10.85) sostuvo que "si bien la exigencia del depósito previo como requisito para la viabilidad del recurso judicial contra decisiones administrativas no importa, de por sí, una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y defensa en juicio, tal doctrina no resulta aplicable a los supuestos en que la imposición del depósito fuese desproporcionada con relación a la con-creta capacidad económica del apelante, tornando por ello ilusorio su derecho de defensa". Vale decir que el requisito del depósito previo de la suma que se impugna sólo cede ante el caso de hallarnos frente a una cantidad de dinero desproporcionada con relación a la capacidad económica del apelante, situación que ha de quedar fehacientemente de-mostrada por éste. Por ello, no habiéndose acreditado en autos la situación descripta, corresponde desestimar el recurso intentado. (Disidencia del Dr. Laclau).
Facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales, expresiones incorrectas
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAMORRO EDUARDO Y OTROS c/ INGENIO LA ESPERANZA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-12-27

La facultad de corregir disciplinariamente otorgada a los jueces y tribunales está consignada expresamente en nuestras leyes y como un deber insoslayable, la doctrina por el órgano de sus más acreditados intérpretes ha podido agregar que esa facultad es inherente a los tribunales de justicia porque sin ella quedarían privados de autoridad. La atribución, no sólo como facultad o derecho, sino como deber de los tribunales, de poder imponer sanciones disciplinarias en determinadas circunstancias a los litigantes, funcionarios y partes, ha sido pacífica y tradicionalmente admitida. Emana del poder de policía mismo inherente al Estado y es ejercido por cada una de las ramas del gobierno, para el eficaz desenvolvimiento de sus funciones específicas y el logro del cumplimiento de sus fines.

El Poder Judicial no puede ser excepción al principio de que toda facultad de gobierno debe estar dotada del poder o imperio necesario para hacerla efectiva. Es una potestad connatural e irrenunciable, que la ejercita aún cuando no estuviera expresamente reglamentada.

La impertinencia de un letrado, que agravia gratuitamente a todos y cada uno de los integrantes del tribunal actuante en una causa, con un estilo que nada tiene que ver con el celo y el empeño que pueda poner el letrado en defensa de sus intereses, a más de ser agraviante lesiona la majestad de la justicia, ya que incursiona gratuitamente en el andaribel de la irrespetuosidad, lo que trasunta apreciaciones meramente subjetivas, cargadas de animosidad en contra de quienes tienen que juzgar. Por ello, si un letrado se excede en el lenguaje, corresponde al tribunal o juez actuante aplicarle una sanción, ya que es potestad connatural de su investidura.-
Derecho penal, jurisdicción y competencia, falsificación de documentos, competencia penal, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Sarabia, Rodrigo Alejandro c/  s/ s/ 292 1° párr. - falsificación de documento público y privado s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Corresponde radicar la causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, en tanto resulta competente para juzgar la presunta falsificación de documentos, si estos aparentaban ser expedidos por la Provincia de Buenos Aires y habrían sido usados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (cfr. el punto tercero del convenio de transferencia anexo a la ley n° 26702). La justicia nacional tiene jurisdicción para pronunciarse de modo definitivo, aun cuando la causa evolucione hasta revelar una figura cuyo juzgamiento hubiese sido transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (cfr. la decisión de este Tribunal in re "Giordano", expte. n° 16368, resolución del 25/10/2019). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, recurso contencioso administrativo sumario, competencia por el territorio, acumulación de procesos, principio de especialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreira, Viviana Soledad c/ Ministerio de Educación s/ Competencia -Amparo Ley 10.000 (Expte.: C.S.J. Nro. 100 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-19

Habiendo comparecido la accionada solicitando que la Corte establezca qué órganos jurisdiccionales deben entender en una serie de procesos iniciados contra el Ministerio de Educación y/o Gobierno de Santa Fe fundados en la ley 10.000, con el objeto de lograr la declaración de ilegitimidad e inconstitucionalidad por un lado de la Resolución Ministerial y Disposiciones por las que se reestructura el Programa de Tutorías en el ámbito provincial -donde previno un juez de primera instancia de Rosario- ; y por el otro, de la Resolución Ministerial, Disposición y Circulares que reestructuran las horas del nivel superior de dicho ámbito- donde interviene un juez de igual grado de Santa Fe, corresponde declarar que no existe conflicto de competencia a dirimir que habilite la competencia que atribuye a esta Corte el inciso 5to. del artículo 93 de la Constitución provincial. En efecto, conforme se deduce de la información recabada a los juzgados intervinientes , no existe en concreto planteado conflicto de competencia alguno. Es más, con la limitación expuesta, las partes no cuestionan la acumulación de las causas, por lo que la petición formulada a esta Corte resulta inadmisible en virtud de no estar configurado el único supuesto en que se habilitaría su competencia, es decir, la existencia de una contienda de competencia entre jueces de la Provincia que no tengan un superior común. De allí que, sin perjuicio de que pudiere corresponder tal como, en definitiva, estiman ambas la acumulación de las causas, la elevación de las mismas a este Cuerpo a dichos efectos culmina en una especie de inadmisible "elevación en consulta" que importaría la asunción de competencia no atribuida a este Tribunal.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: CEJAS, PEDRO ALEJANDRO c/ GRAFA GRANDES FABRICAS ARTENTINAS S.A. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE-LEY 9.688-OFICIO LEY-BUENOS AIRES-JUZGADO NAC.  DE 1RA. INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 45
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-30

El honorario constituye la justa retribución al profesional por los trabajos cumplidos, lo que importa que debe ser equitativa y prudente.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Villanueva, Elías Alejandro  c/ Quality Home SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-27

La accionada formula agravios por la procedencia de la indemnización dispuesta por el art. 1° de la ley 25.323, sosteniendo que no existe una registración deficiente del salario del actor. Resulta atendible la queja porque como es sabido el hecho que la demandada adeude adicionales de convenio u horas extras, no se corresponde con una registración deficiente. En efecto, la procedencia de diferencias salariales no habilita la procedencia de los incrementos previstos por los arts. 10 y 15 LNE. Aun cuando al trabajador le hubiere correspondido devengar una remuneración superior a la consignada en los recibos de haberes, esas circunstancias no habilitan los presupuestos de las normas citadas como así tampoco las previstas por el art.1 de la ley 25.323. Para determinar si una relación no se encuentra debidamente registrada debemos remitirnos a las definiciones contenidas por la ley 24.013: fecha de ingreso posterior a la real y una remuneración registrada menor a la que percibía, hipótesis esta última que se configura cuando el empleador abona una suma determinada, y asienta en los registros una cantidad menor.
Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, aplicación temporal de la ley, delito continuo
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ARMANDO BENET s/ PRIVACION  ILEGAL DE LA LIBERTAD - DELITO PERMANENTE - JURISDICCION Y  COMPETENCIA - COMPETENCIA MILITAR - DELITOS CONEXOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

Los arts. 1 y 10 de la ley 23.049 no contienen previsiones explícitas en lo referente al ámbito temporal de su aplicación respecto de los delitos permanentes.
Caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: PANTANO, DIONISIO c/ TENDLER HNOS. S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

El caso fortuito o fuerza mayor, para eximir al deudor del cumplimiento de la obligación, requiere imprevisibilidad, inevitabilidad, actualidad e inimputabilidad, cuestiones de hecho que debe apreciar el Juzgador. Tales circunstancias no se dan si el hecho invocado tuvo lugar y fue conocido con anterioridad al acto con el cual se lo vincula.