Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27


VARELA, Patricia Alejandra contra SANATORIO SAN FRANCISCO y/u otros Reg.: A y S t 202 p 178-180. Santa Fe, 27 de octubre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia del 26 de setiembre de 2003 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil,Comercial y Laboral de Rafaela, en autos "VARELA, Patricia Alejandra c/ SANATORIO SAN FRANCISCO y/u otros - Laboral-Cobro pesos-" (Expte. C.S.J. nro. 56, año 2004); y.

CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 26 de setiembre de 2003 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela resolvió confirmar el pronunciamiento inferior que a su turno había rechazado la demanda (fs. 11/16).

Contra dicha resolución interpuso la actora recurso de inconstitucionalidad, por lesionar el derecho de propiedad y defensa en juicio (art. 1 inc. 2), ley 7055) y por no reunir las condiciones mínimas para satisfacer el derecho de la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (art. 1 inc. 3) de la ley 7055).

En el desarrollo de sus reproches, imputa arbitrariedad a la sentencia cuando para convalidar el rechazo del reclamo de pago de las horas extraordinarias sostuvo que "...la prueba del trabajo en horas extras debe ser terminante y asertiva, en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales y ajenas al desenvolvimiento común del contrato de trabajo...", por cuanto -expresa- en el caso de autos "...no se trata precisamente de prestaciones totalmente excepcionales, sino de tareas normales, habituales y posibilidad material física." (f. 24v.).

Tacha de arbitraria la interpretación del Tribunal que consideró que como el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo no impone la obligación de registrar en el libro especial el horario extraordinario del dependiente, no era aplicable la presunción del artículo 55 de dicho cuerpo normativo con respecto a las horas extras efectuadas por la demandante, por no exhibir el citado libro.

Alegando como "...incomprensible, además de injusto que el tribunal que tiene por acreditado que la actora es la única empleada y realiza todas las funciones del sanatorio, pretenda que todo el trabajo citado se puede realizar en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20 hs..."(f. 25).

En cuanto a la arbitrariedad endilgada al pronunciamiento y referida al rechazo de la pretensión del cobro por diferencias de remuneraciones, reprocha al Tribunal apartarse de la letra y espíritu de la Ley de Contrato de Trabajo y aplicar de forma parcializada el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75.

Señala que la Cámara, luego de encuadrar a la actora en la categoría de "enfermera", de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, omite la aplicación del artículo 9 del mismo convenio que -según afirma- sería la norma que autorizaría el pago del rubro reclamado, en cuanto dispone que si el agente se desempeña en tareas de categoría superior por más de una hora, recibirá por el tiempo que desempeñe tal función, la remuneración correspondiente a dicha categoría.

2. Por auto del 11 de febrero de 2004, la Cámara denegó la concesión del recurso por falta de planteo oportuno y por considerar que los reproches de la impugnante solo versaban sobre la interpretación de normas de derecho común, los hechos y las pruebas colectadas (fs. 33/34). Ello motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede. (fs. 36/41).

3. Aún cuando pudiera entenderse superada la objeción respecto al oportuno planteamiento de la cuestión constitucional, la queja de todos modos no puede prosperar.

En efecto, de la confrontación de los agravios vertidos por la quejosa con la decisión impugnada, se advierte que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la perdidosa aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal interpretó normas de derecho común, los hechos, y la prueba de autos, cuestiones éstas que -en principio- están reservadas a los jueces de la causa y resultan ajenas a esta instancia extraordinaria.

La actora, con sus cuestionamientos, no logra demostrar que el Tribunal hubiese decidido contradiciendo las constancias de la causa, prescindiendo de prueba decisiva o en definitiva, que el fallo adolesciera de una insuficiente motivación.

De la simple lectura del decisorio impugnado, y en contrario a lo sustentado por la recurrente, surge que luego de un análisis minucioso de las declaraciones testimoniales, el Tribunal a quo sostuvo "...En base a lo expresado y en sana crítica, se puede concluir que la demandante se desempeñó en horario extraordinario unos veinte días, sin poderse establecer con exactitud la cantidad de horas extras realmente trabajadas..." (fs. 14/14v.). Señalando asimismo, que el pago de dichas horas igualmente no podría haber prosperado porque no se había acreditado con exactitud la fecha del efectivo cumplimiento de los servicios (si correspondían -o no- al período no prescripto reclamado por la actora).

Y si bien la quejosa insiste en que el Tribunal pareciera sugerir la necesidad de que "...declaren 90 testigos, que repitan lo mismo respecto de las diversas tareas y funciones..." (fs. 22v.) y que además -según alega- arbitrariamente no aplicó la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, el vicio alegado no se advierte configurado.

En referencia a lo precedente, echa de verse, por el contrario, que el Tribunal consideró especialmente -con cita de precedentes de la C.S.J.N.- que "...tratándose de reclamos basados en supuestos de excepción, como es la extensión de la jornada normal de trabajo, cabe exigir prueba fehaciente de que tal prestación ha existido...". Agregando que "...la presunción del art.55 L.C.T. no basta para acreditar, en forma concluyente, el cumplimiento del horario denunciado en el escrito inicial..." (fs. 13/14). En efecto, sus cuestionamientos sólo traducen una mera discrepancia -sin entidad constitucional- con el criterio de los Sentenciantes al evaluar la prueba de autos, que más allá de su acierto o error, no habilita la instancia extraordinaria.

Igual suerte adversa debe correr el agravio relativo a la procedencia de las diferencias de remuneraciones. En efecto, la Cámara consideró que a la actora le correspondió percibir la remuneración de "enfermera" por haber cumplido esa función principalmente, y en tanto con base en el artículo 8 del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 entendió que un dependiente reviste determinada categoría "...si la tarea que absorbe la mayor parte de su tiempo laboral, encuadra dentro de las que se detallan en esa categoría..." (fs. 13v.). Lo decidido se advierte suficientemente fundado, impidiendo tener por configurado el vicio alegado por la quejosa.

Por último, el Tribunal meritó que "...Siendo inadmisible la pretensión de cobrar diferencias en base a la categoría de 'cocinera' y atento a que las diferencias salariales de escaso monto en relación a las retribuciones totales no justifican el expediente extremo de disolver el vínculo...el autodespido por 'falta de pago de diferencias de remuneraciones' se muestra injustificado..." (fs. 15).

En definitiva, el discurso impugnativo no traspasa el límite de la mera discrepancia en cuanto a la ponderación de la situación fáctica acaecida, del material confirmatorio producido en la causa, de la interpretación del derecho que se reputa aplicable, aspectos propios de las instancias ordinarias y por ello excluidos de este control al no haberse demostrado que esas apreciaciones resulten ilógicas, irracionales o insuficientemente motivadas.

En efecto, los agravios de la impugnante sólo conducen al examen de temas de hecho y de derecho común, los que han sido resueltos con fundamentos del mismo orden que permiten desechar la tacha de arbitrariedad invocada.

Y, pretender abrir ante los estrados de esta Corte una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de la función jurisdiccional implicaría desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente, el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse las copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)