Daños y perjuicios, proceso penal, indemnización, sentencia, sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias, plena prueba
Materia: PENAL
Carátula: UGNIA, GERMÁN ROBERTO (lesiones culposas) s/ - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-07-01

Toda resolución debe estar debidamente fundada. La ley procesal reglamentando expresas normas constitucionales y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia. Fundamentar o motivar las decisiones judiciales significa consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen.

Es que, aún cuando pueda corresponder la aplicación del art. 29 del C. Penal, la sola invocación de esta regla sustantiva, no lo exime del deber de fundamentación y compete a este Tribunal controlar su estricto cumplimiento. La regla aludida, solo tiende a posibilitar que los tribunales en los penal puedan resolver sobre la reparación de los perjuicios, siempre que las leyes procesales locales admitan el ejercicio en sede penal de la acción civil emergente de un delito del derecho criminal.

Como regla subsidiaria y de excepción al principio de que quien alega un hecho debe probarlo, la autorización del art. 29 no debe ser interpretada en el sentido de que la indemnización procede aún cuando nada se ha probado; el defecto de prueba no debe ser total, sino sobre la plenitud de la misma, porque, en todo caso, algún elemento de convicción debe contar el juez para, como base, poder establecer con prudencia lo que es materia indemnizatoria.

En tal sentido una prueba parcial relativa al monto de la indemnización no hace cesar el derecho, sino que nace el deber para el tribunal de fijarla razonablemente; con razonabilidad, con arreglo a los elementos de juicio a portables al efecto y a las circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso.

Es misión de los jueces interpretar y aplicar las leyes dando pleno efecto a la intención del legislador. El monto del salario mínimo puede, en determinadas circunstancias, resultar inadecuado para el cumplimiento de sus fines. Si el Juzgador efectúa el cálculo a valores nominales, desinterpreta el verdadero sentido y alcance de la norma, ya que la suma irrisoria en la que convierte su base (SMVM), no cumple con el imperativo constitucional de asegurar al trabajador una remuneración mínima suficiente para satisfacer sus necesidades elementales.

Suplir la inactividad del órgano administrador, no importa invadir sus facultades propias, ni sustituirlo en la determinación del SMVM, sino superar la inequidad a la que conduce su actitud omisiva, pues la actualización monetaria sólo adecua el monto al incremento del costo de vida.

Lo contrario conduce a otorgar un enriquecimiento injustificado al deudor de la obligación y hasta permite configurar un ejercicio abusivo del derecho, ya que el crédito del trabajador, sería tratado desde una posición jurídica distinta en relación a los otros créditos, que estarías sujetos al sistema de repotenciación o actualización monetaria, tornándose ilusoria la declaración jurisdiccional de su derecho a la indemnización por incapacidad laboral.