Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09


Expte. nº 8129/11 "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Pirri, Juan José s/ infr. art.(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'" Buenos Aires,	8	de febrero de 2012 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones dedujo esta queja contra el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, a su turno, contra la resolución que confirmó la decisión de primera instancia que concedió la suspensión del presente proceso a prueba, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.

Para denegar el recurso de inconstitucionalidad, los integrantes de la Sala I consideraron que la decisión atacada no era equiparable a una sentencia definitiva y que el recurrente no planteó un caso constitucional.

2. Al tomar intervención en autos, el Sr. Fiscal General Adjunto sostuvo la queja interpuesta y solicitó al Tribunal que "disponga el efecto suspensivo" en los términos del art. 33 de la ley nº 402. El Tribunal, por mayoría, hizo lugar a esa petición.

Asimismo, una vez que las actuaciones se encontraban en estado de ser resueltas, el Tribunal requirió los autos principales a la Cámara (fs. 114, 117 y 118).

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jimenez, Juan Alberto s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'", expte. nº 7238/10, resolución del 30/11/10.

En consecuencia, me remito, en lo pertinente, a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Los planteos de la defensa dirigidos a controvertir la constitucionalidad de la ley 3.382 en cuanto le acordó legitimación al Ministerio Público Fiscal para interponer el recurso de inconstitucionalidad en los procesos contravencionales deben ser rechazados.

Ello así porque la aplicación de la garantía de la doble instancia al proceso contravencional viene acordada por el art. 3 de la ley 1.472; no por las normas constitucionales invocadas, o por la CCBA. Es decir, la fuente de esa garantía en el proceso contravencional es la ley. En otras palabras, los arts. 14.5 del PIDCyP y 8.2.h de la CADH carecen de relación directa con la situación aquí planteada, mientras que los agravios de la defensa queden circunscriptos a una confrontación entre una ley anterior, la 1.472, y una posterior, la 3.382 (cf. mis votos en "Alberganti, Chirstian Adrián s/infr. art. 68 CC -apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte. nº 3910/05, sentencia del 05/08/2005" y en "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Mathews, Margarita Diana s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7738/10, sentencia del 11/10/2011).

2. Establecido lo anterior, coincido en que la cuestión aquí debatida resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal in re "Jiménez" (ya citado). Las razones dadas en esa causa y las que desarrollé en "Porro Rey, Julio Félix s/ inf. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. n° 7909/11, pronunciamiento de este Tribunal del 7 de diciembre de 2011) -sentencias de las que se agregará copia para que formen parte de este pronunciamiento- son suficientes para revocar la decisión impugnada, mediante la cual el a quo brindó nuevos argumentos para justificar su apartamiento de la solución arribada en el mencionado precedente "Jiménez", y para dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Por los fundamentos que expuse en el precedente mencionado por la señora jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz, -a los que me remito- voto por: hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el MPF, revocar la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF y dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba.

2. Sin perjuicio de lo anterior y en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 53 de la ley nº 12 (según la modificación introducida por la ley nº 3382) que ha sido invocada por la defensa, al momento de contestar el traslado del recurso extraordinario local deducido por la Fiscalía, remito a lo expuesto en mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Mathews, Margarita Diana s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7738/10, sentencia del 11 de octubre de 2011.

Así lo voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jimenez, Juan Alberto s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'", expte. nº 7238/10, resolución del 30/11/2010.

En consecuencia, me remito, en lo pertinente, a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

2. La objeción formulada por el señor Defensor General (fs. 90/99 de los autos principales) en torno a la legitimación procesal del recurrente y la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 53, ley nº 12 (ley nº 3382, BOCABA nº 3345 del 21/1/2010), en cuanto confiere al Ministerio Público Fiscal la potestad de interponer el recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley nº 402, deben ser desestimadas. Basta señalar, al respecto, que la defensa ha efectuado, sobre el punto, meras afirmaciones genéricas, sin desarrollar en momento alguno la vinculación del derecho que invoca -"derecho al recurso contra la condena", con mención de los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5 PDCyP, y 13.3, CCABA- con las circunstancias particulares verificadas en esta causa en la que no se ha impuesto condena alguna y el Ministerio Público Fiscal pretende evitar la suspensión del proceso a prueba para continuar con el trámite del proceso contravencional seguido al imputado.

En ese escenario, el señalamiento de la defensa en torno a que la previsión legal que cuestiona no encontraría amparo a nivel constitucional, de ningún modo resulta argumentación suficiente para dar fundamento a la declaración de inconstitucionalidad del art. 53, LPC, que, en el caso, pretende (cf., mutatis mutandi, mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454/09, resolución del 8/9/2010).

Además, la pretensión se basa en una genérica equiparación -para la cual la defensa no ha esbozado fundamento alguno- entre la entidad de la restricción de derechos que puede implicar el dictado de una condena y la que la pretensión del Ministerio Público Fiscal de impulsar el proceso hacia su etapa central puede generar en el imputado en el caso. Finalmente, como lo he afirmado en reiteradas oportunidades, la alusión genérica a la garantía de la doble instancia reconocida en la Constitución local (art. 13.3), en mi concepto, no puede interpretarse como una argumentación suficiente para demostrar que ésta comprenda la exigencia de la observancia del "doble conforme" en los procesos contravencionales que tramitan ante la jurisdicción local y que, entonces, su desconocimiento provoque un menoscabo actual y concreto a la defensa en juicio (cf. mis votos in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Pérez, José Luis y Taboada, Daniel Marcelo s/ infr. art. 60 ley 1472'", expte. n° 5480/07, resolución del 12 de marzo de 2008, y sus citas).

Así lo voto.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado, revocar la sentencia de Cámara y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

3. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 30/11/10 en los autos "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jimenez, Juan Alberto s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'", expte. nº 7238/10.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la resolución indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.