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Jurisdicción y competencia, competencia por la persona, entes autárquicos, daños y perjuicios, empresas del Estado, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Samuel Antonio ZINI c/ PARANA MEDIO, DELEGACION GOYA y otro s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA  FEDERAL  POR  LAS PERSONAS -  ENTIDADES AUTARQUICAS NACIONALES - ACCIDENTES DE TRANSITO  -  DAÑOS Y  PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

Es competente la justicia federal con asiento en el interior del país para conocer en las demandas de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito contra una entidad -Agua y Energía Eléctrica- sujeta al régimen legal de las sociedades del Estado (ley 20.705)
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Puyó, Juan Carlos c/ Municipalidad de Carmen de Areco s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

Si a pesar de la notificación del acto, que fue suficiente, el actor tuvo dudas acerca de algunas circunstancias del mismo, lo que debió hacer fue presentar en término el correspondiente recurso y solicitar vista de las actuaciones para luego ampliar los fundamentos del mismo.
Cuestiones de competencia, calificación jurídica
Materia: PENAL
Carátula: La Rocca, Vicente José s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-04

Ante la duda sobre la calificación jurídica de los hechos corresponde que sea el tribunal de mayor competencia el que intervenga en la sustanciación del debate.
Principio de congruencia, requisa personal, tenencia de estupefacientes, derecho a ofrecer y producir prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vallejos, Walter Oscar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-17

No se afecta el principio de congruencia si la modificación del nomen iuris no implicó un menoscabo del derecho de defensa del imputado, pues los hechos por los que resultó condenado se han mantenido inalterados durante la sustanciación del proceso y tanto el imputado como su letrada, tuvieron ocasión de conocer el hecho atribuido y la concreta posibilidad de producir prueba y ejercer debidamente su ministerio. La posibilidad establecida en el art. 195 CPPN en cuanto permite que el proceso se inicie a partir de una prevención o información policial no vulnera ni el principio "ne procedat iudex ex officio" ni la garantía constitucional de imparcialidad de los jueces. La requisa del imputado y del rodado que conducía se efectuó conforme las facultades de excepción dispuestas por el art. 230 bis "a" CPPN, pues los policías tuvieron en consideración la presencia de un vehículo que carecía de chapa patente y en cuyo interior se encontraba el conductor intercambiando elementos con un sujeto que exhibía un manifiesto nerviosismo y, se acercaron al repetirse esta misma actitud sospechosa con otro sujeto, quien al ver a los policías expresó "despeguen, son milicos" y huyó, encontrando en el interior del rodado material que permitía sospechar que se trataba de estupefacientes. Debe rechazarse el planteo de nulidad del acta de debate si no se demostró que lo asentado en el acta resulte falaz o no se ajuste a lo que el imputado y los testigos depusieron durante la audiencia, ni que los alegatos no se correspondan con lo expresado por las partes.
Acción de amparo, poder de policía, higiene, facultades de la administración, perros, declaración de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arnaldi Granados Maximiliano c/ Gobierno de la Cdad. de BS. As. s/ Amparo BS. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

El tema de la "creación" de un registro gratuito para paseadores de perros requiere un análisis pormenorizado. El artículo 80 inciso 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires faculta a la Legislatura a regular la organización y funcionamiento de los registros de la propiedad inmueble, de las personas jurídicas y del estado civil y la capacidad de las personas y "todo otro que corresponda". Por ende, la creación de registros compete al órgano legislativo y no al Poder Ejecutivo por la vía reglamentaria, cuando ello afecte derechos de los particulares.

Ahora bien, la actividad de paseador de perros resulta regulada por un lado por la Ordenanza Nro. 41.831 y por el otro -tratándose en principio de una actividad comercial- también se encuentra alcanzada por las disposiciones del Código de Verificaciones y Habilitaciones. De este modo, ambas normas provenientes del órgano legislativo, resultan fundamento suficiente para imponer las obligaciones allí establecidas para las personas comprendidas en ellas -en este caso para los paseadores de perros- y en particular para obligar a su inscripción en un registro, no siendo en este aspecto irrazonables las regulaciones dispuestas en el Decreto Nro. 1972/01 ni violatorias de su espíritu.
Derecho laboral, procedimiento laboral, principios laborales, in dubio pro operario, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández,  Nicolás c/ Ferrocarriles Argentinos s/ indemnizaciónpor enfermedad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Ni aún en el supuesto de la aplicación al procedimiento laboral del principio in dubio pro operario corresponde al juzgador suplir la falta de acreditación de ciertos hechos o la negligencia de la representación letrada, sino, en todo caso, hacer uso adecuado de las facultades instructorias que la ley le confiere a fin de descubrir la verdad real sobre la formal.
Desacato, ley derogada
Materia: PENAL
Carátula: Dahlgren, Jorge Eric c/ Cceres, Raúl Edgardo y/o A.T.E.CH. s/ Querella.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-04-30

El hecho de haberse derogado por ley 24198 la figura del desacato, art.244 del Código Penal, no obsta la adecuación típica del suceso como delito contra el honor individual, toda vez que la acción del querellado habría prima facie afectado la honra y el crédito del querellante. En tal sentido, cabe destacar que, al ser derogada la figura del desacato, el legislador ha señalado como uno de los motivos que llevaron a esa decisión, la suficiente protección que otorgan los delitos contra el honor, por lo que no puede coartarse el derecho del accionante de querer obtener un pronunciamiento relativo al fondo de la cuestión, recurriendo así, a los arts 110 y sgtes. del Código Penal.
Acción de amparo, fertilización asistida, Provincia de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leiva María Bernarda c/ OSPOCE Integral s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

En cuanto a las demás cuestiones planteadas por OSPOCE, cabe enfatizar que en ocasiones anteriores este Tribunal consideró, a fin de rechazar el amparo, la necesidad de un marco legislativo que contemple todos los aspectos -jurídicos y éticos- que hacen a la salud reproductiva y a la fertilidad de los seres humanos (cfr. causa 621/08 del 16-12-08 y sus citas). Ahora bien, por un lado, aun frente a la complejidad de la materia involucrada, el legislador provincial -cuya imprevisión, en principio, no se supone (cfr. Fallos 312:1849; 313:132; 315:727; 316:1115;

321:2453)- ha incorporado la cobertura del tratamiento que aquí se reclama y ha dispuesto la creación del Consejo Consultivo Médico de Fertilidad Asistida, quien debe dictar su reglamentación que incluirá la constitución de un Comité Asesor de Bioética transdisciplinario (cfr. art. 7º de la ley 14.280).

Por otra parte, habida cuenta del alcance con que se admite la pretensión, el agravio relativo a la cuestión ético médica formulado por la recurrente no tiene carácter actual y excede el objeto de este amparo (cfr. esta Sala, causa 9379/09 del 30-8-11). Sin perjuicio de ello, es claro que subsiste la posibilidad de la obra social de peticionar -en su caso- por la vía pertinente (cfr. CNCiv., Sala I, in re "R., R. D. s/ dato s/ medidas precautorias, del 3-11-99, publicado en ED 185-407).
Responsabilidad del Estado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Rafael Enrique y otra c/ Estado Provincial (Prov. de Buenos Aires-Ministerio de Economía) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

Siempre que la responsabilidad sea de origen extracontractual -como en el caso lo es- no cabe distinguir entre la acción por resarcimiento de los daños causados por la actividad lícita a la ilícita del poder público, por lo que en tales supuestos resulta aplicable el plazo bienal del art. 4037 del CC y no el decenal del art. 4023.
Concursos, cheque, masa concursal, oficios, bancos, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lubrisider SA  c/  s/ concurso preventivo s/inc art 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-29

Corresponde admitir el pedido de la concursada consistente en librar oficios a entidades bancarias giradas, haciéndoles saber que deberán abstenerse de pagar los cheques librados por la concursada con fecha anterior a la presentación en concurso. Ello así pues cobra relevancia lo dispuesto en la LCQ 32 del que surge que a los efectos de determinar la calidad concursal de los créditos corresponde atender a la fecha en que ellos se han originado. Dado que los cheques son solo instrumentos de pago y carecen de efecto novatorio de la obligación que los motiva, forzoso es concluir que, librados antes del concurso y no cancelados, instrumentan acreencias que revisten el carácter concursal, lo que obsta a que su portador pueda cobrarlos.

Es decir, tratándose de un instrumento pro solvendo, su entrega no cancela la obligación; cancelación que solo se produce cuando la orden de pago que él importa se hace efectiva. En el ínterin, dicha obligación se mantiene impaga, por lo que si en ese interregno sobreviene el concurso del librador, esa orden -concebida para regular la relación con un sujeto in bonis- pierde vigencia, pues la ley de concursos desplaza a la ley de cheques, con su inexorable consecuencia: el carácter concursal de la acreencia solo habilita a su verificación.
Marcas, oposición al registro de marca, nulidad de marca, marca extranjera, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marriot Corporation c/ Rila  S.A.  y/o quien resultase responsable s/ Cese de uso de nombre comercial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

La Corte Suprema tiene dicho: "... en circunstancias excepcionales, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de la marca argentina, si la misma resulta una imitación servil de la otorgada en otra nación. Pero para ello debe darse el supuesto de evidente abuso y mala fe, como ocurra en el caso de Fallos:

253:267". Y esta sala declaró que " no basta que una marca registrada en el extranjero sea parecida o idéntica a otra posterior inscripta en el país para que la titular de la primera pueda obtener la nulidad de la segunda, si el registro de ésta no ha sido mediante mala fe o deslealtad palmaria y susceptible de redundar en detrimento de los consumidores".
Aplicación de la ley, cuota alimentaria, derecho internacional privado
Materia: CIVIL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: F., M.C. c/ K., M. s/ Alimentos Provisorios - Compulsa Compulsa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-08-19

Habiéndose determinado que resulta aplicable la ley alemana para fijar los alimentos que le corresponde a los menores, resulta adecuado tomar como pauta orientadora las tablas de Düsseldorf, que si bien no son vinculantes para el juzgador, sirven como pauta orientadora, debiendo prudencialmente ajustarse su resultado a las circunstancias propias de cada caso. Ello lleva, necesariamente, a tener también en cuenta la finalidad de la prestación alimentaria que no es otra que la satisfacción de las necesidades del beneficiario.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, incapacidad permanente
Materia: LABORAL
Carátula: Paredes, Raúl Humberto c/ Embosur SAIC s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-29

Habrá incapacidad absoluta y permanente cuando el trabajador quede inhabilitado para desempeñar en el futuro su oficio habitual, aunque su incapacidad funcional o médica no sea total y pueda realizar otros menesteres.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10


Salta, 10 de febrero de 2.011. Y VISTOS: Estos autos: "DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA vs. RAIZBOIM, Elías y/o Personas Responsables - Ejecución Fiscal Embargo Preventivo" Expte. Nº C17.341/98 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 2ª Nominación, Expte. CAM 263.665/09 de esta Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y C O N S I D E R A N D O A fs.152 el Dr. Julio Ovejero López interpone recurso de aclaratoria en contra de la resolución dictada por esta Sala a fs. 157 por considerar que la regulación de honorarios efectuada en la misma es errónea. Señala que en el caso resulta de aplicación el art. 13 del decreto ley 324/63.

El art. 166 del CPCC establece que no se puede modificar una resolución salvo, para corregir algún error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido, sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

La aclaratoria solicitada no es procedente porque no se configura ninguno de los supuestos a los que alude la norma procesal citada. En efecto, la Sala al regular los honorarios profesionales del recurrente, no hizo aplicación del art. 13 del decreto ley por considerar que en el caso, no corresponde porque para ello debe existir una regulación en primera instancia. Y en autos, precisamente, teniendo en cuenta que se trata de un incidente que tuvo su origen en la resolución de primera instancia, resultan de aplicación las normas utilizadas en la misma. La base de la regulación está dada por el monto cuestionado, o sea la suma de $15.257 y sobre el mismo deben aplicarse las normas arancelaria fijadas en la interlocutoria dictada por la Sala (fs. 151) y no como pretende el recurrente, que se aplique el 50% de dicho monto. La apelación de los honorarios constituye una controversia de carácter incidental que se plantea con motivo de la regulación efectuada en primera instancia. Debe, por tanto, desestimarse la aclaratoria solicitada.

Por ello:

LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C. y C.

NO HACE LUGAR a la aclaratoria solicitada.

REGISTRESE, Notifíquese y baje.
Adopción, familia adoptiva, padres biológicos, derechos del niño
Materia: CIVIL
Carátula: R.D.H. y Otros s/ Control de legalidad - Ley 26.061
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

Si bien es cierto que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la ley 26.061 otorgan prioridad a la familia biológica como lugar donde los hijos deben criarse y desarrollarse, no lo es menos que ese principio cede cuando la permanencia de ellos en dicho medio familiar no se ajusta a su mejor interés.
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, intervención judicial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Motors Latinoamerica SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de intervención - art. 17 lcq por la torre, carlos daniel y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-26

Cabe confirmar la resolución que dispuso la intervención judicial de la sociedad en grado de coadministración con derecho a voto, por el lapso de 90 días hábiles. Las circunstancias habidas en la causa vinculadas con la falta de certeza sobre el paradero de los fondos en efectivo en manos de su Presidente; imprecisiones sobre la cuantía; desvalorización permanente por la no bancarización en un contexto inflacionario como el que nos atraviesa, sumado al particular escenario de trabajo y dirección de la empresa descripto por la magistrada al tiempo de decidir la intervención, resultan elementos suficientes para mantener la designación de un coadministrador. Refuerza lo expuesto los últimos informes del síndico y el interventor obrantes en el concurso principal.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, Unidad de valor adquisitivo, valor estimado
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Cabrices de Morales, Elvira de Jesus s/ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

En el marco de una ejecución de una deuda en UVA, cabe señalar que, es una obligación de valor y frente a la regulación que trae el CCCN 772 en la medida que lo adeudado es cierto valor abstracto, el mismo debe ser traducido en dinero en dos momentos: a) cuando las partes cuantifican ese valor, en ejercicio de la autonomía privada; o b) cuando el juez o el árbitro lo determina en la sentencia o laudo arbitral. En punto a los parámetros para la cuantificación del valor adeudado, el código adiciona una regla clara: debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Un valor real que puede ser mayor o menor al que tenía al momento de generarse la obligación. Y, una vez cuantificada la deuda de valor, se le aplica el régimen normativo previsto para las deudas dinerarias (cfr. Pizarro Vallespinos, Tratado de Obligaciones, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, T. I, pág. 457 y sgtes.). En ese marco, a los fines de la cuantificación de la deuda habrá de tomarse el valor del UVA a la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia. Voto del Dr. Barreiro:

En este caso en particular y ante la ausencia de actividad procesal de la ejecutada, quien no respondió el emplazamiento cursado, se adhiere a la decisión adoptada en cuanto ordena mantener la actualización desde la fecha de mora y hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia y, en especial, a la modificación de la naturaleza y tasa de interés que corresponde considerar luego esa fecha. Ello, por razón de la ley 27541: 60. El presente pronunciamiento impone sacrificios patrimoniales que se estiman parejos para el banco y su deudor, cuestión que no es ajena a la efectiva vigencia del régimen de responsabilidad en su aspecto preventivo que establecen el CCCN 1710 y ss.
Recurso de queja (procesal), caducidad de instancia, recurso de reposición (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Salimbeni, Alfonso Rubén c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-18

Si en la presentación directa transcurrió el plazo legal del art. 310, inc. 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin que se hubiese cumplido con lo solicitado en la providencia emitida por la Corte Suprema, corresponde desestimar la revocatoria interpuesta contra la resolución que declaró la caducidad de la instancia.
Ruidos molestos, aparato de aire acondicionado
Materia: CIVIL
Carátula: Piaggi, Ana Isabel c/ Embajada de la República Islámica del Irán s/ cesación de ruidos molestos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Si ambas partes efectuaron verificaciones respecto de los niveles de presión sonora y coincidieron que el sonido producido por los aparatos de aire acondicionado excedía el nivel de decibeles permitido por las ordenanzas municipales, corresponde hacer lugar a la demanda intimando al reemplazo de los aparatos o la reducción de su sonido ya que las molestias ocasionadas exceden la normal tolerancia que la actora está obligada a soportar como consecuencia de las relaciones de vecindad.
Beneficio de litigar sin gastos, incidentes, reintegro de gastos, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, Rosa Inés s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-14

El tribunal de Casación se pronunció sobre el carácter autónomo del incidente al avalar el diferimiento de la regulación al momento de practicarse la correspondiente al principal, señalando que ello no enerva su carácter autónomo, pues no exhibe una conexidad o dependencia material con el juicio a promoverse en tanto su finalidad es obtener una franquicia respecto de los futuros gastos y costas que la acción a intentarse determinará, y que tal parámetro cuantitativo sólo podrá definirse en aquel momento, el de la regulación definitiva, terminado el juicio principal así, el beneficio de litigar sin gastos se halla vinculado más que al monto del principal con la entidad económica de las costas generadas en aquel proceso, pues su base regulatoria estará determinada por el importe de los gastos de justicia y de las costas de las que pretende eximirse el peticionante." ("ESCALADA FELIX GERMAN Y OTRO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", 14/08/2008.
Recurso extraordinario federal, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUIRRE, RUBÉN ÁNGEL; ANDRADA, RODRIGO IVÁN Y OTROS c/  s/ QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-08-08

Si bien el denominado recurso "in pauperis" ha sido aceptado jurisprudencialmente a fin de salvaguardar el derecho de defensa cierta y efectiva, y amparar la garantía del "doble conforme", no puede hacer presumir el abandono de defensa ni mucho menos someter los efectos de una resolución oportunamente dictada a los deseos del interesado; de lo contrario importaría avanzar contra la calidad de cosa juzgada de un modo no previsto, en franca violación a la legalidad, seguridad jurídica y demás principios que rigen en el proceso penal; razón por la cual la manifestación del acusado debe ser efectuada en debido tiempo o plazo procesal oportuno.

El recurso extraordinario, en tanto vía recursiva especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por tal motivo, la existencia de una cuestión federal o constitucional configura la base misma del recurso. Siendo ello así, constituye una carga procesal de la parte demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional, extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si no se precisa ni demuestra en concreto cómo se ha efectivamente operado tal violación en la sentencia.

La simple divergencia del apelante con la interpretación de un precepto de derecho procesal no resulta revisable por la vía del art. 14 de la Ley 48. (Del voto de los Dres. Posadas y Díaz)
Juicio ejecutivo, excepciones procesales
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAUHID, Juan Félix c/ CARRAL, Epifanio y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-05-10

La interpretación de los textos legales pertinentes en el caso del art.554 inc.6 del C.Proc. no puede llevarse al extremo de admitir una condena haciendo prevalecer nada más que las formas del juicio ejecutivo si las circunstancias particulares y las pruebas rendidas permiten determinar que la deuda ha sido cancelada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)