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Confirmación de sentencia, tasa de justicia, interpelación
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E. c/ EN-AFIP-Ley 27605 s/ oposición de tasa (inc de tasa de justicia)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-07

Se confirmó la sentencia de primera instancia que había intimado al actor a pagar la tasa de justicia sobre monto determinado, en atención a que la demanda del accionante tiene un específico contenido pecuniario, por lo que su pretensión de categorizar la acción como insusceptible de apreciación económica no podía prosperar.
Defensa del consumidor, acción judicial, interpretación de la ley, acciones de clase, operaciones bursátiles, devolución de saldos, acreditación de saldos, prueba del pago
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Acyma Asoc. Civil c/ Portfolio Personal SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

El sistema de protección de los consumidores debe aplicarse no sólo cuando las leyes especiales nada dicen frente alguna hipótesis determinada, sino también cuando la LDC contemple alguna obligación determinada para los proveedores que resulte complementaria o integradora de otras surgidas de las normas específicas. No puede obviarse la raíz constitucional de los derechos de los consumidores, de manera que la LDC será también aplicable cuando las soluciones legales del ordenamiento específico protejan deficientemente sus derechos, por evidentes razones de preminencia normativa (CNCom, Sala B, "Montini, Federico Salvador y otro c/ Iberia Líneas Aéreas SA y otro s/ ordinario", del 12/06/18).
Leyes, publicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barcena, Alicia Susana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconsitucionalidad art. 18, dec. 7881/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

La publicación sintética o extractada de un decreto reglamentario no puede considerarse la "publicación" que se exige como requisito sine que non para la obligatoriedad de las normas y, por tanto, la totalidad del que se impugna en autos debería considerarse, en la medida en que no se ha previsto su publicación por otro medio, carente de efectos jurídicos, pues según lo dispuesto por el art. 125 del dec. ley 7647/70 "los reglamentos administrativos producirán efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, si en ellos no se dispusiese la publicación por otro medio.
Poder Judicial, jueces, remuneración del juez, diferencias salariales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Otero,  Luis  César c/ Estado  Nacional  (CSJN-Consejo de  laMagistratura) art. 110 Constitución Nacional s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

En una acción promovida por un juez por el cobro de diferencias entre las remuneraciones percibidas por su función y las que le hubieran correspondido con arreglo al art. 110 de la Constitución Nacional opera la prescripción quinquenal (artículo 4027, inciso 3° del Código Civil (Del voto del juez Bianchi cons. III.3.a)).
Licencia de taxi, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripción de la declaratoria de herederos, vocación hereditaria, pariente colateral, servicio público, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Couselo, Rubén Oscar c/ GCBA s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-28

Debe revocarse el fallo que declaró la inconstitucionalidad del apartado 12.4.4.6 de la Ley 3622 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la inscripción de una declaratoria de herederos respecto de la licencia de taxi que tenía al causante, hermano del reclamante, como titular, dado que el servicio prestado por taxis constituye un servicio público de titularidad de la CABA y, si bien su prestación se encuentra en cabeza de particulares, es ésta quien lo autoriza previo cumplimiento de determinados requisitos fijados por la legislación, y dicha circunstancia no se ve enervada el hecho de que el orden sucesorio se encuentre regulado en el CCyC, y que la limitación provenga de una norma local, pues la competencia para regular el funcionamiento y control del Servicio Público de Taxi pertenece al ejercicio por parte de las autoridades locales de su poder de policía (arts. 75 inc. 30, 121 y 129 de la Constitución Nacional), por lo cual la exclusión del heredero colateral, en el caso el hermano del causante, no es arbitraria, sino que responde a que no cumple con la exigencia prevista para la transmisión de la licencia.
Suspensión del acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Toyota S.A. c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-02

La normativa fiscal provincial consagra en forma específica que la deducción de los recursos en contra de los actos determinativos suspende la ejecución, no pudiendo retrotraerse por tanto tales efectos a la fecha de emisión y notificación de dichos actos.
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: "Torres,  Gustavo c/ Cons. Prop. Edif. Av. del Libertados 2538 s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

Si no se halla controvertido que el actor se desempeñó como "ayudante permanente sin vivienda" en el edificio del consorcio demandado, la indemnización que le corresponde por antiguedad y preaviso es la contemplada en el estatuto de los encargados de casa de renta (ley 12981) y no la de los arts. 6 y 7 de la ley 25013
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: VICENTE  CARLOS  ALBERTO Y OTRO c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA YOTRO S/ s/ NCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

La intervención obligada de terceros queda configurada cuando a pedido de cualquiera de las partes, el órgano jurisdiccional dispone la citación de un tercero, respecto de quien se considera que la controversia es común (art. 94 del Código Procesal), a fin de que participe en el proceso pendiente y que la sentencia que se llegue a dictar pueda serle eventualmente opuesta. Y, en tal sentido, habrá controversia común cuando se entienda que la eventual decisión judicial que resuelva sobre la relación o situación jurídica planteada en el proceso y que constituye la causa de la pretensión, pueda de alguna manera afectar, rozar, alterar, gravitar o comprometer la relación o situación jurídica existente entre una de las partes y el tercero (conf. Kenny, Héctor, "La intervención obligada de terceros en el proceo civil", Ed. Depalma, 1983, págs. 13 y 33; esta Sala, causa 21.292 del 24.9.96, publ. en D.J. 1997-I-989 y 10.512/04 del 2.5.06).
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cobo de Gonzalez, Celia Inés s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

La actualización monetaria debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los índices oficiales en la materia, la naturaleza del crédito y las circunstancias del caso", criterio adoptado, también, invariablemente, por esta Cámara: "la determinación del índice para actualizar lo adeudado, a causa de la desvalorización de la moneda, ha de depender primordialmente de la índole del contrato o prestación en juego.-
Notificación, demanda, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.P.E.C.O.N. c/ Colegio de Médicos Zona Norte Santa Cruz s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-03

Nuestro ordenamiento procesal, consciente de la importancia que tiene la notificación de cualquier resolución en general y del traslado de la acción en especial, ha rodeado el acto de detalladas formalidades y por ello se ha establecido el "aviso" que se funda en la naturaleza personal de la notificación y de la necesidad de asegurar su validez y eficacia.
Cuestiones de competencia, defensa del consumidor, relación de consumo, acciones de clase, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Volkswagen S.A. de Ahorro P/F Determinados c/ Fundación Club de Derecho Argentina s/ inhibitoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-09

La regla de competencia que la Ley 26.631 incorporó al art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde se establece que para entender en los litigios relativos a operaciones financieras y créditos para el consumo resulta competente el Juez del domicilio real del consumidor -ante un eventual uso abusivo de la cláusula de prórroga de jurisdicción-, no permite desprender de dicha normativa, regla alguna en materia de competencia que extienda ese beneficio que tiene precisos alcances, a entidades jurídicamente organizadas, que esgrimen la defensa de esos mismos intereses pero bajo la forma de acciones colectivas a nivel nacional, como la que aquí se trata.
Concurso preventivo, apertura del concurso, ejecuciones especiales, publicación de edictos, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aión  S.A.I.C.I. y A. c/ Construcciones metálicas Testa Hnos.  S.A. s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-05

Los alcances y fines de la suspensión de la tramitación de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado surgen de la exposición de motivos de la ley 19.551 (art. 22), y en lo que a los juicios hipotecarios y prendarios se refiere corresponde admitir su iniciación o continuación una vez presentado el pedido de verificación respectivo, pero ello no significa que se deba esperar la resolución de ese pedido sino que es suficiente haberlo iniciado.

Si el ejecutante inició el proceso con anterioridad a la publicación de edictos por los que se hacía saber la apertura del concurso del ejecutado, y si con posterioridad y antes de la fecha fijada para su vencimiento presentó el pedido de verificación correspondiente, no existe razón, según la normativa vigente, para decretar la nulidad del procedimiento planteada por el ejecutado, ya que no se advierte el perjuicio que la tramitación del expediente le ha ocasionado (art. 172 del Cód. Procesal).
Cuestiones de competencia, competencia federal, falsificación de instrumento público, documentación del automotor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pimentel, Noelia Soledad y Díaz, Luis Ezequiel s/ encubrimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

La falsificación de la documentación identificatoria del rodado -de acuerdo al carácter nacional que sustenta-, debe ser investigada por la justicia federal que se encontraba de turno en el lugar donde se descubrió la falsificación, aunque no haya sido parte en la contienda. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Sanciones del Colegio Profesional, patrocinio de intereses opuestos
Materia: PROCESAL
Carátula: Rezzónico y otro s/ Conducta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-11

Se confirmó el llamado de atención impuesto a profesionales que representan a una financiera en la que quiebra y a los acreedores de la fallida en incidentes de verificación de lo que configuró una violación a los arts. 19 inc. g del Código de Etica y 10 inc. a de la ley 23.197.

Se ponderó que la incriminación de la conducta corresponde frente a la situación objetiva de conflicto de intereses con prescindencia del resultado final del procedimiento.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mejia Gonzalez, José Santiago c/ Pertenecer S.A. de Ahorro para fines determinados s/ Cumplimiento de contrato Di Giorgio Salvador y otros c/ Angelo P. O. S.A. y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08|1997-09-11

Si bien respecto a la imposición de costas campea en nuestro código de rito el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPC), la noción de vencido debe ser fijada con una visión sincrética del juicio y no por análisis aritmético de las pretensiones y de los resultados.
Sentencia penal, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ NESTOR H. s.d. HOMICIDIO SIMPLE e.p. CHAVEZ JORGE DANIEL s/ PEDIDO DE OFICIO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-16

Todo pronunciamiento jurisdiccional debe contener no solamente la explicación pormenorizada de por qué resuelve de una manera determinada, sino también debe satisfacer ampliamente a quienes han sido víctimas de un delito en forma particular, y a la sociedad toda que delega en los órganos judiciales su afán de obtener justicia.
Prescripción, plazo, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ PEREIRO, Enrique c/ AUTOMOTORES VIOLA - SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

Siendo la reclamación de daños y perjuicios una acción ajena a la de rescisión o de cumplimiento contractual, no resulta aplicable la norma del Código Civil: 4041, sino la que prescribe el art. 4023 de dicho ordenamiento.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Natale, Julio c/ Lousame, Carlos y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Frente a una pretensión cambiaria ejercida en vía ejecutiva, aún en el caso de que las partes sean contratantes inmediatas, habida cuenta la abstracción, autonomía y literalidad propias de la letra de cambio y del pagaré, existentes desde su creación con prescindencia de su ulterior puesta en circulación, no pueden oponerse defensas derivadas de la relación causal, conforme la regla general del art. 542 inc. 4° CPC. Caso contrario se desnaturalizaría el juicio ejecutivo, en tanto procedimiento breve y expeditivo e indispensable para asegurar un régimen de confianza y seguridad en el ambiente de los negocios, como se afectaría igualmente la finalidad económica de los documentos cambiarios.
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, juicios contra el concursado, mutuo dinerario
Materia: COMERCIAL
Carátula: PETRAZZINI DE KRON c/ AINSA SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-30

La acción promovida para el cobro de un préstamo en dinero con posterioridad a la presentación, apertura y publicación de edictos del concurso preventivo, por causa o título anterior, es improcedente: tal acción viola la prohibición de la ley de concursos:22,3.

Sólo cabe en tales condiciones, declarar la improcedencia de la acción así instaurada.
Ejecución de sentencia penal, habeas corpus colectivo, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

La ejecución de sentencias como la establecida "Verbitsky" (Fallos: 328:1146) importa un proceso prolongado y complejo, en cuyo transcurso pueden cambiar los protagonistas iniciales (el universo concreto de afectados con nombre y apellido, que suelen ser reemplazados por otros), y aun las modalidades del agravio originario (algunos problemas pueden solucionarse en el tiempo, pero aparecen otros) manteniéndose -no obstante- el cuadro crítico que promovió la presentación judicial colectiva (Voto del juez Rosatti).
Transporte de estupefacientes, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Oses, Leonardo Javier s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Si ha quedado plenamente acreditado que la droga se desplazó desde un punto incierto hasta el sitio donde el encausado fue finalmente aprehendido a bordo de un ciclomotor y portando la mochila que tenía en su interior el material estupefaciente secuestrado, aún cuando ese sitio no haya sido su destino final, resulta suficiente para que se haya consumado el delito de transporte de estupefacientes -art. 5 inc. "c" ley 23.737-.
Sentencia firme, garantías procesales, nulidad procesal, sentencia interlocutoria, non bis in ídem
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fernández, Oscar A. s/ recurso de casación. Causa: 342
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

Nulificar un interlocutorio que por haber adquirido firmeza ha pasado en autoridad de cosa juzgada, retrotraería el procedimiento, implicaría una violación a las garantías establecidas por la Constitución Nacional, precisamente aquella que impide someter a un justiciable nuevamente a un proceso por el cual ya ha recaído una resolución firme. Esto impide toda revisión del procedimiento cumplido para dictarlo aunque se funde en una nulidad absoluta, o exista una fundamentación aparente del fallo.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Bertoncelo, Margarita Irene; Chiri, Julio Santiago; Andino, Aldo Alberto s/ Homicidio agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Constituye agravante la extrema peligrosidad de la procesada evidenciada en tanto la víctima era su concubino y ella participó en el homicidio con la premeditación y la simulación correspondientes a la naturaleza de su aporte, consistente en entregas de dinero.
Recurso de apelación (procesal), pretensión
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ NUDEL, REBECA AJUN DE s/ DEMANDA EJECUTIVA    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 191-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

La jurisdicción de la alzada se limita no sólo por el agravio del apelante, sino también por las defensas opuestas por el contrincante que, victorioso, careció de interés jurídico en apelar; dichas defensas, incluyen las articuladas oportunamente en primera instancia.
Retiro militar, haber de retiro, adicionales de remuneración, adicional por responsabilidad jerárquica, vivienda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Feliu de Sarnez, Nélida Enriqueta y otros c/ Estado Nacional -Mº de Defensa- Personal militar y civil de las FFAA y de seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

El suplemento por responsabilidad por cargo o función y la compensación por vivienda del decreto 2769/93 fueron examinados en la sentencia de esta Sala dictada el 15/12/97 in re "Ahumada, Marina del Rosario c/ Estado Nacional -Mº de Defensa" y la cuestión planteada fue decidida en el sentido de su rechazo por estar prohibida a su respecto la generalización (art. 5º del cit. dec.).

(Del voto del juez Muñoz, cons. III).
Excusación, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Lemos, Omar Angel s/ Lesiones leves - Competencia (Libro: A026-074)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-02-01

La causal de inhibición que dispone el art. 51, inc. 1º del Código Procesal Penal, cuando se refiere al Juez que hubiese intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, etc. no involucra cualquier actuación; se requiere que haya realmente "intervenido" en su carácter de defensor o de fiscal; ello no ocurre cuanto toda la actuación se limita a la simple aceptación del cargo de defensor.
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: TORRE c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-09

Disidencia de la Dra. Alvarez: Dispuesta en el principal la correspondiente intimación de pago de la tasa de justicia, no puede enervársela mediante la ulterior promoción del beneficio de litigar sin gastos. Que la franquicia pueda solicitarse en cualquier etapa del proceso, no implica que sus efectos operen retroactivamente.-
Recurso de inconstitucionalidad, facultades del fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: RAMIREZ, EZEQUIEL MAXIMILIANO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

La asignación de facultades de detención al Fiscal no resulta irrazonable, si se tiene presente que resulta una consecuencia obligada de las funciones de persecución penal atribuidas al Ministerio Público de la Acusación; y que las normas superiores no inviabilizan la posibilidad de que la detención pueda ser resuelta por una autoridad distinta a los jueces, aunque sujeto a su revisión en corto plazo (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirieron los Dres. Gastaldi, Netri, Gutiérrez y Spuler).
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZEN, DESIO c/ GRANATO, JOSE s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-06

Ante la imposibilidad de compensar totalmente un crédito, la reserva de un derecho ejercido parcialmente por hasta el monto que la situación procesal permitía, revela suficientemente que por parte del acreedor existe la firme voluntad de no abandonar ni dejar prescribir su derechos, debiendo reconocerle a dicha reserva de derechos efectos interruptivos de la prescripción.
Seguros, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Oeste S.A. c/ La Primera Cia. Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

A la luz de las conclusiones del fallo firme recaído en el fuero penal, el enjuiciado, con su ilícita conducta, no afectó el patrimonio del banco. En tales condiciones, no podrá disputarse que la comisión del delito resulta claramente ajena al riesgo asumido por la aseguradora, como quiera que la inexistencia de perjuicio patrimonial en el banco asegurado -conclusión irreversible en la sentencia firme del fuero criminal-, descarta totalmente el acaecimiento del siniestro amparado por la póliza.-
Constitución Provincial, facultades del gobierno provincial, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

El artículo 72 de la Constitución provincial establece, en su inciso 4 , que el Gobernador de la Provincia "expide reglamentos de ejecución (...) en los límites consentidos por esta Constitución y las leyes, y normas de orden interno". La Corte Suprema de Justicia de la Nación expuso que los tradicionalmente denominados reglamentos de ejecución son "...aquellos que se sancionan para poner en práctica las leyes cuando éstas requieren de alguna determinada actividad del Poder Ejecutivo para su vigencia efectiva.

Es así que la mayoría de la legislación no precisa para su efectiva vigencia en la realidad de decretos ejecutivos (...) lo que sí ocurre cuando para la aplicación práctica de la ley, resulta necesaria la actividad de cualquiera de las dependencias de la Administración Pública.

En este caso, inevitablemente el Poder Ejecutivo deberá disponer cómo se llevará a cabo tal actividad, siempre cuidando de n o contradecir la ley así reglamentada. Se trata, en definitiva, de normas de procedimiento para la adecuada aplicación de la ley por parte de la Administración Pública: son reglamentos de ejecución adjetivos". (Del Voto del Dr. Netri)