Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28


TS07D44351 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44351 CAUSA Nº 21.590/2009 - SALA VII - JUZGADO Nº 29 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2012, para dictar sentencia en estos autos: "CORTES HERNAN CLAUDIO C/LABORATORIO LKM S.A. S/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- A fs. 415/418 obra la sentencia de primera instancia en la cual se decidió hacer lugar a las principales pretensiones articuladas, la cual es apelada por la parte actora a tenor de las argumentaciones que vierte a fs. 421/425 que mereciera réplica de la demandada de fs. 433/436 y por la parte demandada en los términos del memorial de fs. 429/433 que la actora replica a fs. 442/444.

Asimismo el letrado de la parte actora a fs. 420 y vta. apela sus honorarios por considerarlos bajos y los honorarios de la parte demandada y del perito contador por considerarlos elevados.

Por su parte la demandada apela la totalidad de la regulación de honorarios por considerarlos elevados.

II. Por una cuestión de mejor orden metodológico trataré en primer términos los planteos esgrimidos por la parte demandada.

Se agravia porque la sentenciante consideró que al actor el traslado del lugar de prestación física de tareas le causó un perjuicio y en consecuencia hizo lugar a los rubros derivados del despido incausado.

Sostiene que no se encuentra acreditado el perjuicio que le ocasionó al actor el cambio de tareas.

Adelanto que no encuentro argumento fáctico ni jurídico, que permita apartarme de lo decidido en grado.

La jueza de grado concluyó que el cambio del lugar de prestación importó para el accionante una modificación en su jornada de labor, ya que atento la distancia hacia el nuevo destino laboral sito en José León Suárez desde su domicilio en Gavilán 1020 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería estar a disposición de la patronal un tiempo mayor, en la medida que le insumiría más tiempo el traslado y regreso hasta y desde la nueva planta industrial. Situación esta que en definitiva implica una alteración de su jornada de labor y por ende de su tiempo libre, que configura una forma abusiva de la facultad concedida por el artículo 66 de la L.C.T..

Y respecto de esta conclusión atinente al perjuicio que habría ocasionado el cambio del lugar de trabajo al actor, la demandada en su recurso no efectuó una crítica concreta y razonada de los fundamentos cuya revocatoria persigue, hecho éste que impide una justificada revisión de la conclusión del sentenciante (conf. art. 116 L.O.).

III. Por su parte la parte actora se agravia porque la juez de grado rechazó la indemnización especial prevista por el artículo 2 de la ley 25.323 y porque se omitió además considerar lo previsto en el artículo 24 del CCT 42/89.

Entiendo que le asiste razón a la quejosa.	En el caso de autos, se aprecian cumplidas las exigencias previstas en la norma: 1) el actor intimó para que se le abonaran las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto; y 2) se vio obligado a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia de abonar dichos conceptos asumida por la accionada (en igual sentido, esta Sala en autos "Aguilar C/ Sistemas Temporarios S.A." S.D. nro.: 36.116 del 25.04.02; "Florio Mirta C/ Brewda Construcciones S.A." S.D. nro.: 36.459 del 27.12.02 y en "Parra, María Gabriela C/ Siembra AFJP S.A." S.D. nro.: 37.090 del 29.10.03).- Además, la solicitud de aplicación de lo normado en el segundo párrafo donde se prevé la posibilidad de reducir el incremento indemnizatorio hasta su eximición "...si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador...", en el caso no puede prosperar porque para exonerarse del pago de la reparación, el empleador está obligado a demostrar que actuó asistido de derecho al disponer el despido o bien que tuvo una razón al omitir el pago de las indemnizaciones contempladas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., y si no lo logra - tal el caso de autos- deberá abonar el resarcimiento (ver en igual sentido Sala III S.D. 83.713 del 18/06/2002 en autos "Martínez, María C/ Kapelusz Editora S.A. S/ Despido", Sala VII in re "Colosetti, Marcelo Fabián C/ Ripoli y Cía. S.A. S/ Despido", S.D: nro.: 36.497 del 28.02.03).

En el caso la norma convencional aplicable a las partes, es decir el CCT 42/89, establece claramente que para el caso que la patronal entienda que existen razones fundadas para modificar las condiciones de trabajo y no medie consentimiento del personal afectado, como es el caso de autos, debe plantear el problema ante la Comisión Paritaria de Interpretación, no debiendo innovarse hasta tanto ésta se expida. En autos no se encuentra acreditado que se haya articulado tal procedimiento, razón por la cual la demandada no pudo considerarse con mejor derecho para cuestionar la denuncia del contrato ya que incumplió con el precepto convencional, al innovar las condiciones de trabajo del actor sin cumplir con lo estatuido convencionalmente.

Propicio entonces revocar el fallo en este aspecto.

IV. También se agravia la actora porque la sentenciante rechazó el reclamo con fundamento en el artículo 1 de la Ley 25.323.

Sostiene la accionante que no se realizó una valoración en conjunto de la declaración del testigo Ortíz quien a su entender da cuenta de la fecha de ingreso denunciado por el actor.

Adelanto que en este punto le asiste razón a la quejosa. El testigo Ortíz quien fue compañero del actor tiene conocimiento directo de sus dichos por haber laborado para la demandada. Afirma el testigo que ingresó en el año 2000 en forma efectiva para la demandada al igual que el actor y que " estuvo un año y medio por agencia antes de quedar efectivo en la demandada".

Asimismo da cuenta que el actor ingresó en el año 2.000 efectivo para la demandada y que antes estaba por agencia y que lo sabe porque estar trabajando antes que Cortés.

Y tal declaración luce concordante y objetiva con los hechos narrados y ha corroborado la versión dada por el actor, no encontrando motivos conducentes que disminuyan su fuerza convictiva (conf. Arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).	Cabe destacar que si bien es cierto que esta declaración fue impugnada por la parte demandada en su presentación de fs.351/352, no lo es menos que la misma no alcanza a desvirtuar la fuerza convictiva del testimonio, por cuanto nada se dice concretamente en dicha presentación acerca de la falsedad o la inexactitud de lo referido con relación a la fecha de ingreso.

A mayor abundamiento el actor denuncia que ingresó a laborar a la demandada por intermedio de la agencia Proyección. Y el perito contador en su informe a fs. 376 da cuenta que dicha empresa figura registrada en el libro IVA compras como proveedora de la demandada.

En consecuencia propicio revocar el fallo también en este aspecto, determinar que la fecha de ingreso del actor para la demandada ocurrió el 1 de octubre de 1999 y hacer lugar al incremento indemnizatorio previsto en el artículo 1 de la ley 25.323.	Teniendo en cuenta la fecha de ingreso determinada precedentemente también corresponde modificar el rubro indemnización por antigüedad. Para ello tomaré en cuenta el salario que llega firme a esta alzada de $ 2.397,55 correspondiente al mes de agosto de 2.008 y los períodos computables desde el 1 de octubre de 1999 al distracto del 5 de septiembre de 2.008 ( 9 períodos), razón por la que propongo elevar este rubro a la suma de $ 21.577,95. Partiendo de esa base el incremento indemnizatorio previsto en el artículo 1 de la ley 25.323 ascenderá a la suma de $ 21.577,95 y el del artículo 2 de dicha norma legal será de $ 24.121,82. Teniendo en cuenta lo expuesto y de prosperar mi voto el accionante será acreedor a los siguientes rubros y montos 1)$ 21.577,95. en concepto de indemnización por antigüedad; 2) $ 21.577,95 en concepto de indemnización artículo 1 ley 25.323; 3) $ 13.332,85 en concepto de indemnización del art. 2 Ley 25.323;; lo que hace un total de $ 56.488,75, que debe adicionarse a la suma de $ 5.087,74 en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso c/ sac cuya condena se confirma en esta Alzada, arribando así a un total nominal de $ 61.576,49 (PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS) más intereses fijados en la instancia anterior.

V.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes por la parte actora, demandada y por el perito contador, opino que -por aplicación de los porcentajes regulados en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo mantener la regulación efectuada en primera instancia, porcentajes que se deberán calcular sobre la nueva base regulatoria (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).- VI. De compartir mi tesitura, propicio en atención al resultado del pleito confirmar las costas a la demandada impuestas en primera instancia, que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada vencida en lo principal (art. 68 del CPCCN) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25 % y 25% para cada una de ellas de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el monto nominal de condena y elevarlo a la suma de $ 61.576,49 (PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS) más intereses fijados en la instancia anterior, 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. 3) Mantener la regulación efectuada en primera instancia, porcentajes que se deberán calcular sobre la nueva base regulatoria (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).- y 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% (VEINTICINO POR CIENTO) para la parte actora y 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) para la parte demandada de lo determinado para la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.