Cultivo de estupefacientes, ley vigente, cannabis medicinal
Materia: PENAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Gago, Esteban Daniel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-09

Si bien los encausados cultivaban a los fines de producir aceite para uso medicinal propio y de terceros, ninguno de ellos contaba con autorización teniendo en cuenta que dichas normas no se encontraban vigentes al momento en que los imputados llevaron a cabo las conductas aquí juzgadas, que - sin perjuicio de que corresponda su aplicación retroactiva, en tanto resulta más beneficiosa para los imputados-, el pedido de autorización previsto por el Decreto 883/20 no resulta exigible a los encartados en esta oportunidad.

Como puede advertirse de la redacción del art. 5 inc. a de la ley 23.737, mediante la frase "para producir estupefacientes", la norma exige -para que se configure la figura penal- la concurrencia de una ultrafinalidad en la conducta del autor.

En ese orden, a los fines de determinar cuándo una sustancia puede ser considerada "estupefaciente", el actual artículo 77 del Código Penal (CP), con la modificación efectuada por el art. 40 de la ley antes referida, dispone que "[e]l término estupefacientes comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional". Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la norma de mención remite a un decreto del órgano administrativo para completar la conducta prevista por el tipo penal, puede afirmarse que se trata de una ley penal en blanco.

Ahora bien, en el año 2017, se sancionó la ley 27350, de "Investigación Médica y Científica" para el "Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados", la cual dispone en su artículo 1° que su objeto es ".establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud". En efecto, mediante el artículo 2 de dicha norma, se creó el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud, explicitando el artículo 3 que los objetivos del programa son, entre otros, ".d) Garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa, en las condiciones que establezca la reglamentación.".

En lo que aquí interesa, el artículo 10 prevé que "[e]l Estado nacional impulsará a través de los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos nucleados en ANLAP, creada por la ley 27.113 y en cumplimiento de la ley 26.688, la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación".

La ley mencionada fue reglamentada en primer término por el Decreto Reglamentario N° 738/17, dictado el 21 de septiembre de 2017, que dispuso -en lo aquí relevante- que el CONICET y el INTA se encuentran autorizados para ".el cultivo de Cannabis con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa." (cfr. art. 6).