marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, ley arancelaria, renuncia de derechos, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Cinalli, Oscar c/ Decurgez de Cortés, María Elena y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Corresponde reconocer el deber de ajustarse al arancel para abogados y procuradores en todos los casos, aún en aquéllos en que se esté en presencia de una renuncia anticipada o de un pacto por un monto inferior, ya que no admitirlo importaría una renuncia a la aplicación de la ley en determinados supuestos cuando lo que ella misma dispone es el indeclinable y absoluto respeto a las disposiciones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, prueba, apreciación de la prueba, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUÑOZ, GUILLERMO EDUARDO c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE EN CARACTER DE AUTOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-04-30

En relación a las críticas referidas a la ponderación de las pruebas llevada a cabo por el A quo para confirmar la condena dispuesta en primera instancia, debe concluirse que con sus alegaciones la interesada no logra delinear un supuesto de arbitrariedad que imponga la apertura de esta instancia extraordinaria, en tanto los Magistrados, luego de afirmar que no estaba controvertido que la muerte de la víctima se había producido en forma violenta -politraumatismos- y por la intervención de un tercero, se avocaron a analizar la explicación dada por el Tribunal de juicio para concluir en la responsabilidad penal del imputado y tomando como punto de partida la reconstrucción de los hechos elaborada por los Jueces, la confrontaron con las pruebas rendidas y concluyeron que el panorama probatorio resultaba unívoco, que sólo podía leerse como lo habían efectuado los Sentenciantes de grado; y que ello no hubiera variado por el estudio de ADN o el informe pericial reclamados por la defensa.
Homologación judicial, homologación del acuerdo
Materia: PROCESAL
Carátula: B. M. J. en autos: "H. R. F. c/ B. M. J. s/ Homologación" Expte N° 1434/2012. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-16

La resolución que homologa un convenio de partes es una resolución simple que no genera agravio pues confirma y ratifica lo pactado por los interesados, y que cuenta con firma certificada por escribano público. En este sentido se ha dicho que las sentencias homologatorias, en principio, no son apelables, porque, dada su finalidad convalidatoria, no pueden causar agravio. (ED)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Iriart, Abel Jesús c/ Municipalidad de Adolfo González Chaves. s/ Recurso de Hecho González Chaves. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Las sentencias de la Corte Suprema han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario.
Instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, personal policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANCINOS, DARIO EDGARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-20

El art. 303 y c.c. del Reglamento de Ley de Generalidades para el personal policial establece una modalidad específica de agotamiento de la vía administrativa mediante la deducción de los recursos de reconsideración y apelación en los plazos del art. 307.-
Pago, depósito judicial, depósito en moneda extranjera, emergencia económica, pesificación, consentimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: FALABELLA, ELVIRA s/ CANCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

Si el titular del 50% de ciertos fondos depositados en un plazo fijo en dólares cuya cancelación fue ordenada, una vez depositados esos fondos por el banco depositante en la cuenta abierta a nombre del tribunal actuante en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó libramiento de giro en su favor, el que fuera ordenado por un monto en pesos equivalente al de esos fondos pesificados, consintiendo la providencia y retirando los fondos, no puede al cabo de un año solicitar el pago de la diferencia entre la suma pesificada a $ 1,40 por dólar y la que hubiera correspondido pesificando al tipo vendedor de cambio libre a la fecha en que el Banco de la Ciudad de Bs. As. procedió a tal pesificación, pues no cuestionó la legitimidad y la operatividad de la normativa aplicada (ley 25561 y decreto 214/02) en tiempo oportuno; no obstando a ello, el depósito en dólares del otro 50% en el sucesorio del otro titular del plazo fijo, pues la pretensora debe hacerse cargo de sus propios actos anteriores precluídos ya.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, leyes, interpretación de la ley, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KLEINMAN, OVIDIO E c/ PICCOLO, EDUARDO H Y O s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO  (CSJ EXPTE N 468-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-29

Las cuestiones atinentes a la interpretación de las normas jurídicas -en principio- resultan materia extraña al recurso de inconstitucionalidad, puesto que se encuentran reservadas a los jueces de la causa salvo caso de arbitrariedad, vale decir, cuando si bien se emplea la norma pertinente, se la interpreta o aplica mal. La Corte Provincial ha sostenido que no es arbitraria la decisión si la inteligencia de la norma no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego, ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto, tampoco si la elección importa adoptar una solución posible, apoyándose en razones suficientes. En el caso, art 78 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, que refiere a los honorarios del Defensor de Oficio.
Contratos internacionales, cesión de créditos, oponibilidad al deudor, aplicación de la ley
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA. s/ ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

De acuerdo a la doctrina internacional según la cual debe distinguirse entre la ley que rige el negocio de cesión y la que rige la obligación cedida, que pueden o no coincidir, la ley que rige originalmente el crédito cedido - y no la ley del contrato de cesión - determina las condiciones de oponibilidad de su cesión al deudor.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Della Marca, Daniel Alfonso c/ Automóvil Club Argentino y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

Cabe dejar sin efecto la sentencia que admitió el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido, condenando a la demandada con apoyo en el articulo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues no analiza la diferencia entre la delegación laboral, en la que la predomina el control sobre el hacer de la persona, con los vínculos de colaboración gestoría, en los que el control, aunque existe, es sobre la prestación (Disidencia del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).
Juicio ejecutivo, embargo, bienes inembargables, empleados públicos, remuneración, certificado de saldo deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO MAYO COOP. LTDO. c/ DE SETA, ERNESTO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-29

Es inembargable -en vía ejecutiva- el sueldo de un empleado de entel, toda vez que las remuneraciones de los empleados públicos no pueden ser afectadas por embargo decretado en juicio ejecutivo cuando se trate de obligaciones derivadas de préstamos de dinero o compra de marcaderías (dec. 6754/43: 1).

Ello así, aún cuando se demande con base en un título que no describe la causa de la obligación (certificado de saldo deudor en cuenta corriente), ya que sólo puede inferirse que el débito respecto del banco acreedor fue causado por una relación creditoria (mutuo, apertura de crédito, autorización para girar en descubierto), y que como tal ingresa en la categoría de "préstamos de dinero" descripta por la norma legal.
Derecho contravencional y de faltas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Acuña, Rubén Horacio s/ Inf. arts. 74 y 43, ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El decreto ley 8031 no transgrede el texto del art. 9 de la Constitución provincial en cuanto la actuación del Defensor de Pobres y Ausentes en defecto del defensor particular está asegurada en forma expresa por la remisión que hace el art. 3º de dicho decreto ley al Código de Procedimiento Penal, que prevé tal intervención.
Legitimación pasiva, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., A. H. c/ P., T. C. s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-01

La enumeración que el art. 663 del CPCC hace de los legitimados pasivos de la acción de desalojo, al establecer que procede contra cualquier ocupante cuyo deber de restituir sea exigible es lo que suele denominarse una ley "abierta" o "en blanco", ya que deja librado a la apreciación judicial el señalamiento de estas personas dependiendo del caso concreto. Si la parte accionada (en el caso, ex conviviente) no cuadra en ninguna de las calificaciones que la norma enumera, frente a esta facultad que el legislador otorga al juez, éste debe ponderar si corresponde, al análisis de las circunstancias concretas de hecho y derecho determinadas, declarar procedente la acción.
Denuncia anónima, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ, JOSE LUIS s/ Averiguación de Contrabando, Incidente de Apelación Causa 33501  Causa-ADUANA:COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

1- Corresponde confirmar la resolución que dispuso el procesamiento del imputado pues la fundamentación del auto que lo dispone aunque imprescindible, basta con que sea somera y sólo supone una estimación de la responsabilidad del imputado que no requiere más sustanciación que haberlo escuchado y evacuado brevemente las citas útiles que hubiera hecho. Esa estimación no es definitiva ni vinculante y el mismo juez puede revocarla posteriormente y el Ministerio Público tiene oportunidad de pronunciarse cuando aquél dé por concluida la instrucción.- 2- Es válido el proceso que se origina en una prevención policial por más que dicha fuerza de seguridad hubiera sido alertada por una llamada anónima, pues esta voz de alerta previa no es una denuncia y la instrucción recién se origina con lo actuado preventivamente por dicha autoridad.
Procesos de ejecución, ejecución fiscal, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú c/ CTI Norte Compañía de Teléfonos del Interior S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-31

En primer término, corresponde me expida sobre la procedencia del recurso impetrado, a fin de determinar su admisibilidad, ya que tratándose el presente de un juicio ejecutivo, la resolución dictada en el mismo, en principio, no es susceptible de ser revisada por medio del recurso de casación, por no ser definitiva, toda vez que el recurrente cuenta con la vía ordinaria posterior. Por lo expresado, resulta necesario determinar si, por excepción, corresponde la revisión de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal. Al respecto, la C.S.J.N. consideró que corresponde hacer una excepción cuando lo decidido conduce a que progrese la acción ejecutiva faltando uno de sus recaudos básicos, como es la existencia de la deuda exigible (CS 8/3/94 JA t. 1996 IV, síntesis). Como corolario de ello y coincidiendo en este punto con lo dictaminado por la Srta. Procuradora General Subrogante, es mi opinión que este Tribunal puede ejercer su jurisdicción por excepción, ya que en el sub lite el planteo efectuado por la demandada se vincula con la propia existencia de la deuda, sin cuya concurrencia no existe título hábil, entendiendo que resolver lo contrario, en este caso, importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales.

En abono de esta postura me remito, brevitatis causae, a la abundante doctrina y jurisprudencia citada por la Srta. Procuradora General Subrogante en su claro dictamen, señalando, en concordancia con el mismo, que resulta procedente el recurso impetrado considerando que en el caso podría darse que lo decidido conduzca al progreso de la acción ejecutiva a pesar de la ausencia de uno de sus requisitos básicos, como lo es la existencia de deuda exigible, excepción que se encuentra reconocida en los supuestos en que lo resuelto revista - como en el caso - gravedad institucional y resulte frustratorio de derechos de orden federal con la consecuente perturbación de un servicio público.

Ello no es otra cosa que lo que ha señalado la demandada al fundamentar la excepción de inhabilidad de título, amparándose en lo preceptuado por el artículo 39 de la Ley 19.798 de Telecomunicaciones, que establece la exención, para las prestatarias del servicio de telefonía, de todo gravamen por el uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal. Considero, por lo expresado, en concordancia con lo opinado por la Srta. Procuradora General Subrogante, que cabe en el caso sub examine hacer excepción al principio general que rige para la admisibilidad formal del presente recurso extraordinario.
Despido, notificación, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: Perez, Stella Maris c/ Demicheli Arana e hijos s/ Despido Lázaro, Redenta c/ La Libertad S.A. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01|2001-02-21

Si por conclusión que se encuentra firme el juzgador determinó que el contrato de trabajo se extinguió por despido verbal sin comunicación de causa, no incurre en violación del art. 243 de la L.C.T. al desechar los motivos de rescisión invocados por la patronal en una comunicación escrita efectuada con fecha posterior a la de la extinción.
Cuestiones de competencia, competencia criminal y correccional, competencia nacional, juez previniente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sanfilippo, Nicolás y otro c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Con arreglo a lo previsto en el art. 24, inc. 7º del decreto-ley 1285/58, el órgano legalmente facultado para dirimir la contienda entre un juzgado nacional de primera instancia en lo criminal y correccional y el juzgado nacional de primera instancia en lo criminal y correccional federal es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la cual reviste la calidad de tribunal de alzada del juez que primero conoció, sin que corresponda la intervención de la Corte (Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAGOS, MARIA CRISTINA Y OTRAS c/ EDITORIAL LA CAPITAL SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  PESOS (CSJ EXPTE N. 82-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-15

Cuando el alcance asignado a una norma versa sobre una temática discutible y el fallo impugnado forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, no puede hablarse de arbitrariedad. En tal sentido, la no coincidencia de una parte con el criterio hermenéutico sostenido por el sentenciante, no es bastante para tornar viable el recurso extraordinario.
Cuestión abstracta, recurso por retardo de justicia, sobreseimiento, archivo del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Arias, Ariel Ricardo c/  s/ queja por retardo de justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-09

Resulta abstracta la queja por retardo de justicia planteada por la Defensora Oficial Ad-Hoc del imputado, puesto que conforme el informe que autoriza el art. 111 del CPP, surge que se ha dictado el sobreseimiento en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad, robo calificado y usurpación -arts. 142 incs. 1º y 4º, 166 inc. 2º y art. 181 inc. 1º, respectivamente, del CP-. En consecuencia, habiendo quedado abstracta la cuestión por haberse resuelto el planteo de la recurrente, corresponde así declararlo y disponer el archivo de las actuaciones sin más trámite.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, responsabilidad del Estado, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CORONEL, RUBEN c/ ESCUELA NRO. 799 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-27

No se configura una cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055 desde que no se encuentran acreditadas causales de arbitrariedad al adoptar la Sala la tesis contractualista y rechazar la pretensión de la Provincia de someter el caso -daños sufridos por una menor durante el horario escolar por el ataque de un perro que se encontraba dentro de la institución- al régimen de la responsabilidad extracontractual.

Trátase entonces de la responsabilidad del Estado por daños sufridos en establecimientos educativos donde para un sector de la doctrina el fundamento normativo es extracontractual, en tanto para otro mayoritario y que no distingue entre establecimientos onerosos o gratuitos, estatales o privados- se ubica en la órbita contractual por incumplimiento de la obligación de seguridad. Y, bien, pese al matiz constitucional que pretende conferirle a sus planteos, la recurrente no logra demostrar que el criterio interpretativo del Tribunal no quede atrapado por el abanico de posibilidades hermenéuticas razonables y lógicas que surgen de los textos legales aplicables con sujeción a los hechos comprobados de la causa. (De la disidencia del Dr. Netri).
Sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Casavilla, Miguel Carlos c/ Hermes Compañía Argentina de Seguros s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Es descalificable lo resuelto si, pese a que el a quo consideró que la prueba de testigos resultaba elocuentemente demostrativa de que el actor no había desempeñado tareas típicas de una relación laboral, se ha apartado de ella sin explicar las razones de tal actitud y sin ponderar los serios argumentos que, a su respecto, articuló la demandada en su expresión de agravios.
Competencia, competencia por el territorio, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Ancalle Ayala, Angel s/ Lesiones art. 94 del Código Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Resultan competentes para decidir sobre las medidas adecuadas a la preservación de la salud física y moral del menor los tribunales del lugar donde se cometió el hecho delictuoso referente a aquél.
Menores, protección a la familia, bien jurídico protegido, derecho a la identidad
Materia: CIVIL
Carátula: SUBNAF s/ MEDIDA EXCEPCIONAL DE LOS MENORES T. C. A. Y OTRA -CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-30

El interés superior del niño comprende el principio de inseparabilidad de los mismos, para el caso de una guarda preadoptiva de hermanos, habida cuenta que la convivencia entre ellos contribuye a la consolidación de los lazos familiares y a la unidad educativa, favoreciendo la protección de la identidad familiar, en cuanto derecho personalísimo, según criterio receptado por la jurisprudencia.
Locación, obligaciones del locador, entrega del bien, conservación de la cosa, obligaciones del locatario, daños en el inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: NEUMAN LAUFER DE SNAIDAS, María c/ MOLINA, Rolando Néstor y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Si el locatario recibe la cosa declarando conocer el estado en que ésta se encuentra, o sea, sin exigir que se realicen reparaciones en ella, a la par que asume la obligación de restituirla en "perfectas condiciones", debe cargar con los gastos que se realicen con el fin de efectivizar la devolución del bien los términos pactados. Esa expresa estipulación contractual encuentra su fundamento y origen en la presunción iuris tantum que prescribe la segunda parte del artículo 1514 del Código Civil. No cabe, entonces, esgrimir la hipotética amortización de las mejoras introducidas, sobre todo cuando los daños a resarcir obedecen al uso descuidado o negligente de la cosa locada.
Seguros, seguro de caución, incumplimiento del convenio, denuncia, siniestro, reagravación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hogar Total SA c/ SMG Compañia Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

En el marco de un seguro de caución, aunque formalmente se hubiera incumplido con la carga contractual de informar los actos u omisiones del tomador que pudieran afectar la póliza, que es de uso común en este tipo de contratos, lo cierto es que ello no impide los efectos del seguro de caución si no se acredita que la falta de aviso se atribuye a una culpa o negligencia del asegurado, con aptitud para causar un perjuicio a la aseguradora causalmente relacionado (cfr. CNCom, Sala D in re "CSN SA c/ Unisys Sudamericana SA s/ ordinario", del 02/07/10; entre otros).

Particularmente, en lo que respecta a la acreditación de la relación causal entre el incumplimiento de la carga impuesta al asegurado y el perjuicio, se afirmó que cabía exigir una prueba inequívoca, pues al poner en juego el régimen de caducidades la pérdida del derecho del asegurado, debe la situación ser interpretada restrictivamente, es decir, en favor de la subsistencia del derecho del asegurado a la indemnización prometida (conf. Stiglitz, R., "Derecho de Seguros", Buenos Aires, 2004, t. II, p. 124, texto y jurisp. cit. en nota n° 18; Giménez, A., "Las caducidades en el contrato de seguro. Las cláusulas abusivas y el derecho del consumidor", JA 1997-IV, p. 923; CNFed.Civ. Com., Sala I, in re "Gobierno Nacional - Ministerio de Economía c/ Prudencia Cía. Arg. de Seguros Generales SA", del 30/03/90).

En síntesis, la cláusula contractual que en el seguro de caución impone la carga de avisar los actos u omisiones del tomador que puedan dar lugar a la afectación de la póliza, solamente podía conducir a la pérdida de los derechos del asegurado cuando la omisión en dar aviso impedía a la aseguradora comprobar el alcance del incumplimiento del proponente (conf. CNCom, Sala D precedente "CSN SA" citado ut supra; ídem Sala E, in re "Cerámica San Lorenzo ICSA c/ El Acuerdo Cía. Arg. de Seguros SA", del 15/08/86).
Poder de policía, códigos de fondo
Materia: CIVIL
Carátula: CONCATTI ALEJANDRO LUIS, GONZALEZ CRISTÓFANO LUIS ERNESTO Y BAZAN OMAR s/ ACCION DE AMPARO - EXPTE. N° 1010-C-2008
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-02

El Congreso Nacional al dictar los Códigos de fondo incluye allí numerosas materias de índole policial, códigos que en su aplicación las provincias no pueden alterar, modificando por ejemplo los requisitos que respecto a una institución exige la norma nacional (Ramón F.

Vázquez, "Poder de Policía", Bs. As. 1940, pág. 43/44 y 49/50 Marienhoff, "Tratado...", T° IV, pág. 536/537).