Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-09-18


SENT Nº 814	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciocho(18) de Setiembre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte parte actora en autos: "Citrusvil S.A. vs. Provincia de Tucumán s/ Nulidad/Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Citrusvil S.A. por letrado apoderado, parte actora en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 292/295 vta.) contra la sentencia Nº 314 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 5 de julio de 2011 obrante a fs. 286/288 vta., que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 21-3-2012 (cfr. fs. 311 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 289 y 295 vta.); el acto judicial atacado constituye una sentencia equiparable a definitiva; se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 291); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

Siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero local de la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-; por todo ello el recurso en estudio es admisible; por ende, queda expedita a este Tribunal Supremo la competencia jurisdiccional para ingresar a analizar la procedencia del recurso en examen.

III.- Aduce la recurrente, como primer agravio, que la multa no es accesoria de la obligación tributaria porque su razón de ser no es la obligación de pago sino, por el contrario, la relación jurídica resultante de un supuesto comportamiento atribuido a su parte por la Administración. En su concepto, la causa de la multa no es la existencia de una obligación principal sino la relación jurídica de la que también resulta aquélla. En otros términos: de una misma relación jurídica, tributaria en el caso, se derivan diversas obligaciones de disímil naturaleza que pueden estar íntimamente vinculadas, lo cual no significa que una sea la razón de ser de la otra como sucede en la relación principal/accesoria, de tal suerte que el acogimiento de la multa al plan de pagos sólo puede desencadenar efectos respecto de las acciones y derechos que se pretendan esgrimir respecto de la sanción, sin que tenga consecuencia refleja sobre la prestación dineraria no reconocida ni acogida al plan de pagos.

En un segundo orden de cuestionamientos plantea que, para el supuesto que se considerase a la multa como accesoria de la obligación tributaria principal, no se entiende cómo es que la extinción de lo hipotéticamente accesorio puede tener consecuencia directa sobre lo principal, cuando el principio admisible sería el contrario, a estar a lo prescrito en el artículo 525 del Código Civil.

En tercer término arguye que, tratándose de dos obligaciones distintas la multa y la prestación tributaria principal, no puede presumirse que la renuncia al derecho a accionar respecto de una implique y/o haga presumir la renuncia respecto de la otra obligación. Añade que la sentencia presume que al renunciar a un derecho se ha renunciado a otro, violentando la interdicción que en tal sentido establece el artículo 874 del Código Civil.

IV.1.- Para la recta composición del recurso de casación conviene comenzar recordando los fundamentos en que la Sala A quo apoyó la solución de tener por desistida, a la actora, de la pretensión de nulidad de las Resoluciones Nº 59/07 y 80/09 emanadas de la Dirección General de Rentas (en adelante DGR) y del Ministerio de Economía, respectivamente (cfr. fs. 288 vta.).

En esta dirección el pronunciamiento impugnado puso de relieve que fue la propia accionante quien resaltó el carácter accesorio de la multa con relación a la obligación principal. Remarcó que la obligación multa (inciso 2°) del artículo 79 del Código Tributario de la Provincia (en adelante CTP) no habría aparecido en el mundo jurídico si previamente no se hubiera configurado, a criterio de la autoridad de aplicación, la invocada omisión de percibir y, consiguientemente, ingresar los montos que por impuesto a los ingresos brutos -por los períodos señalados y por los clientes consignados en el anexo de la boleta de deuda- se le estaba reclamando. Puntualizó que la primera parte del artículo 523 del Código Civil definía a las obligaciones principales y accesorias y defendió la naturaleza penal de la sanción de multa.

Dicho esto precisó que la Ley Nº 8.166 estableció la vigencia de un régimen excepcional de facilidades de pago, aplicable para la cancelación total o parcial de deudas vencidas y exigibles al 31-12-08, en concepto de tributos incluyendo actualizaciones, intereses, recargos y multas, quedando alcanzadas también por dicho régimen las deudas originadas en retenciones, percepciones o recaudaciones practicadas y no ingresadas, y las no efectuadas.

A renglón seguido, previo reproducir parte del artículo 7° de la referida ley sostuvo que, de él, se desprendía que era requisito ineludible para acogerse al régimen por las multas que las obligaciones tributarias principales estuvieran cumplidas o regularizarse mediante el régimen que instauró la ley, para que las obligaciones originadas en aquellas, en este caso, multa gozarán de los beneficios de reducción que se preveían en los incisos siguientes con los que efectivamente se favoreció la demandante al punto que, por la multa de $835.770,70 impuesta el 16-11-2007 por Resolución Nº 59/07, solamente abonó un monto de $55.718,05 el 12-11-2009.

Indicó que en el inciso c) del artículo 1° de la Ley Nº 8.166 se establecía que el acogimiento al régimen implicaba "de pleno derecho el allanamiento incondicional del contribuyente -y responsable- y, en su caso, el desistimiento y expresa renuncia a toda acción o derecho, incluso el de repetición" (cfr. fs. 287 vta.).

Destacó que la autoridad de aplicación admitió el acogimiento a la Ley Nº 8.166 por la multa aplicada peticionada por la actora en el respectivo formulario por cuanto, dado que la deuda principal estaba abonada para dar cumplimiento al principio del "solve et repete" en esta causa, se había cumplido así uno de los supuestos exigidos en el precitado artículo 7° para aceptar la inclusión en el régimen de moratoria de multas aplicadas y no abonadas por infracción a los artículos 77, 77 (bis), 78 y 79 del CTP, o sea, "que la obligación tributaria principal estuviera cumplida".

Explicó que Citrusvil S.A. desistió, en la presente causa, de la pretensión de declaración de nulidad de la multa aplicada pero que no se presentaba congruente su posterior postura de procurar la continuidad de este proceso de nulidad por el que cuestionaba la obligación principal que dio origen a la imposición de la multa a raíz de que, por sus propios actos al acogerse al régimen de la Ley Nº 8.166, no tan sólo había reconocido la deuda por la sanción aplicada sino que, además, abonó el monto liquidado por tal concepto y renunció a toda acción y derecho que pudiera corresponderle al respecto, incluso el de repetición. Estimó que en el sub iudice no cabía duda que los actos anteriores a la presentación de la demandada de fs. 276/277, cumplidos por la actora en sede administrativa, reunían los requisitos enunciados por la C.S.J.T. que sean deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.

Por tales motivos concluyó que el acogimiento de la actora al régimen de la Ley Nº 8.166 por una obligación -multa- que se originó y era consecuencia de una determinación tributaria plasmada en la respectiva boleta de deuda aquí cuestionada, había incidido significativamente en su pretensión de declaración de nulidad de la boleta de deuda por la que la autoridad de aplicación intentaba cobrar las percepciones del impuesto a los ingresos brutos que la actora sostenía en autos no le correspondía realizar.

Por último razonó que no obstaba, a dicha conclusión, el argumento de que las renuncias no se presumen, esbozado por la demandante, porque tal consecuencia había sido impuesta ministerio legis por la Ley Nº 8.166. Asimismo hizo notar sobre el particular que, cuando aquélla desistió a fs. 270 del reclamo por la multa, ninguna otra renuncia o precisión realizó al respecto, justamente, porque las disposiciones de la referida ley operaban de puro derecho (cfr. fs. 288 vta.).

IV.2.1.- A fs. 270 de autos obra el escrito presentado por la parte actora en cuya virtud pone en conocimiento del Tribunal ".que se ha pagado la multa impuesta a mi mandante por acogimiento a plan de pagos, desistiendo del reclamo por tal rubro". De ello se sigue que el único derecho expresamente desistido por Citrusvil S.A. es el relativo a la multa que oportunamente se le impusiera, sin alcanzar al reclamo vinculado a la suma determinada por falta de percepción del impuesto a los ingresos brutos. Es decir que medió en el caso un desistimiento parcial objetivo (cfr. Palacio, Lino E.: "Derecho Procesal Civil", T. V, pág. 537). Sin embargo, la sentencia en crisis consideró abarcada también esta última pretensión merced a una presunta renuncia o desistimiento contemplado en la Ley Nº 8.166.

El artículo de la mencionada ley implicado fundamentalmente en la cuestión de marras es el 14 apartado 7) el que, en su última parte, dispone: "El acogimiento al presente régimen, implica de pleno derecho el allanamiento incondicional del contribuyente y responsable y, en su caso, el desistimiento y expresa renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición, respecto a todo planteo acerca de la falta de validez constitucional de las normas de carácter tributario dictadas o sancionadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, independientemente por lo cual se formule el citado acogimiento, imponiéndose en el orden causado el pago de las costas y gastos causídicos en los casos que corresponda el mismo".

Como se desprende de la literalidad de la norma transcripta, el acogimiento al régimen de dicha ley trae aparejado el desistimiento de todo planteo "acerca de la falta de validez constitucional de las normas de carácter tributario dictadas o sancionadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley". Por lo tanto, como las pretensiones contenidas en la demanda no incluyen ninguna petición en este sentido (en la medida que lo reclamado por la parte actora se redujo únicamente a peticionar la nulidad de la determinación impositiva practicada en concepto de percepciones no efectuadas y de la multa que le fuera impuesta sin cuestionar, en ningún momento, la validez constitucional de norma alguna de carácter tributario), no cabe duda que el caso de autos no está aprehendido en los presupuestos de la mencionada disposición y, por ende, ella no resulta aplicable en la especie. Por tal razón resulta improcedente sostener que, con arreglo a lo preceptuado en dicha norma, la demandante desistió de su pretensión de nulidad vinculada al tributo que se le determinara imputándole falta de percepción del impuesto a los ingresos brutos. Demás está aclarar que en materia de renuncia de derechos la interpretación debe ser restrictiva (doctrina artículo 874 del Código Civil -cfr. Belluscio, Augusto C. -Director- y Zannoni, Eduardo A. -Coordinador-: "Código Civil", comentado, anotado y concordado, T. 3, pág. 764- ).

Lo propio es dable predicar con relación al otro artículo aludido por el acto jurisdiccional atacado, cual es, el nº 1 inciso c). Para mayor claridad reproduciré este artículo en sus partes pertinentes.

"Establécese con carácter general y temporario la vigencia de un régimen excepcional de facilidades de pago, aplicable para la cancelación total o parcial -al contado o mediante pagos parciales- de deudas vencidas y exigibles al 31 de Diciembre de 2008 inclusive, en concepto de tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia, incluyendo sus actualizaciones, intereses, recargos y multas; por el cual los contribuyentes y responsables podrán regularizar su situación fiscal, dando cumplimiento a las obligaciones tributarias omitidas, en la forma, condiciones y con los alcances establecidos para cada caso por la presente ley. - "Quedan también alcanzadas por el citado régimen las siguientes deudas".- "a).b).c) Que se encuentren en proceso de determinación o discusión administrativa, o en proceso de trámite judicial de cobro, cualquiera sea su etapa procesal, implicando el acogimiento al presente régimen de pleno derecho el allanamiento incondicional del contribuyente y responsable y, en su caso, el desistimiento y expresa renuncia a toda acción o derecho, incluso el de repetición, asumiendo los citados sujetos por el monto demandado, el pago de las costas y gastos causídicos en los casos que corresponda el mismo".

Ahora bien; de la lectura de esta norma se infiere que el precitado inciso c) alcanza, únicamente, a las deudas que se encuentren en proceso de determinación o discusión administrativa, o en proceso de trámite judicial de cobro, cualquiera sea su etapa procesal, no siendo ninguno de ellos el caso en estudio toda vez que la deuda que cuestiona la recurrrente en este proceso ya está determinada, no se encuentra en proceso de discusión administrativa, ni tampoco se ha arrimado a estos actuados constancia alguna que acredite la existencia de un proceso de trámite judicial de cobro respecto de la deuda determinada; contrariamente, a fs. 249, obra presentación de la actora por la que denuncia el pago de la deuda determinada por la DGR acompañando las boletas respectivas, a fin de cumplimentar con el solve et repete (cfr. fs. 253). A lo que se añade, en esta misma perspectiva, que rectamente interpretado este inciso, lo allí expresado en punto a que el ".desistimiento y expresa renuncia a toda acción o derecho, incluso el de repetición...", no puede estar circunscripto más que a la deuda con respecto a la cual se formula el acogimiento. De allí que puede concluir que, el caso de autos, no se encuentra comprendido en las previsiones del inciso c) de esta disposición, como pareciera entenderlo el fallo recurrido.

Finalmente, la constancia de fs. 269 del sub examine no tiene entidad para alterar lo considerado en pasajes anteriores en razón de que allí se manifiesta desistir y renunciar expresamente a toda acción y derecho, incluído el de repetición, con los alcances establecidos en los artículos 1°, 13 y 14 de la Ley Nº 8.166 lo que importa, en definitiva, una remisión expresa a las normas examinadas ut supra.

Lo hasta aquí explicitado me exime de realizar cualquier otro análisis con relación a las mencionados artículos de la Ley Nº 8.166 (vinculado a las normas que se aplican o regulan el instituto procesal del desistimiento y, en su caso, de corresponder, el control de constitucionalidad), al no encontrarse aprehendido en sus respectivas prescripciones el supuesto de autos.

IV.2.2.- De otra parte, y sin entrar a ponderar el primer agravio de la recurrente, desde la óptica de la interdependencia entre lo accesorio y lo principal tampoco puede tenerse por desistida a la actora de su pretensión de nulidad vinculada a la determinación del tributo en concepto de agente de percepción, por el sólo hecho de haber pagado la multa.

En efecto; he dejado sentado más arriba que, para el pronunciamiento en recurso, la multa tiene carácter accesorio con relación a la obligación principal en los términos del artículo 523 del Código Civil el que prescribe que: "De dos obligaciones, una es principal y la otra accesoria, cuando la una es la razón de la existencia de la otra". Al respecto se ha dicho que la obligación principal existe por sí misma, mientras que la accesoria tiene su razón de ser en la existencia de la principal, pudiendo definirse a la obligación accesoria como aquella que presupone la existencia de otra, a cuya suerte está ligada (cfr. Belluscio, Augusto C. -Director- y Zannoni, Eduardo A. - Coordinador-: ob. cit., T. 2, pág. 735).

Sin embargo situándome, por vía de hipótesis en esta perspectiva de análisis insinuada por el Tribunal de grado y cuestionada en la presentación recursiva, no puedo dejar de advertir que el artículo 525 del Código Civil es contundente en aseverar que "Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria, pero la extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal". Y ello no podría ser de otra manera en razón de que la obligación principal es la razón de ser de la accesoria, pero no a la inversa (cfr. Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Felix A.: "Derecho de las Obligaciones", T. II, pág. 701); lo que me lleva a concluir que mal puede tenerse por desistida a la pretención tendiente a nulificar la determinación tributaria por la circunstancia de haberse pagado la multa y desistido expresamente, en este proceso, del reclamo en tal sentido formulado en el escrito de demanda.

Desde mi óptica no resiste el menor análisis argumentar que, por el hecho de haberse pagado la multa, se consintió no solamente la base sobre la cual se liquidó (monto de las percepciones no efectuadas y determinadas) sino, también, la boleta de deuda que emitiera la DGR por este último concepto ya que, la sola circunstancia de haberse pagado una multa cuyo monto se cuantificó en base a la suma determinada impositivamente, no significa que también se haya renunciado al derecho de cuestionar judicialmente a esta última; es que de otro modo, se estaría consintiendo una solución que se asienta en una inferencia que no resulta lo suficientemente lógica ni racional y que se formula prescindiendo de la pauta hermenéutica que fluye del artículo 874 del Código Civil. Adviértase además, a mayor abundamiento, que no se presenta arreglado a derecho sostener que el acogimiento de la actora al régimen de la Ley Nº 8.166 importa el reconocimiento de la deuda que sirve de base a la multa, cuando en el artículo 29 de la Ley 8.166 se prevé que la interposición de la solicitud de facilidades de pago que formalicen los contribuyentes y/o responsables en el marco de lo establecido en la presente ley, constituirá el reconocimiento expreso de la deuda "incluida en la misma"; o sea, en la solicitud de facilidades de pago.

IV.2.3.- El último tema a examinar es el relativo a la invocación, por parte del A quo, de la doctrina de los actos propios expresamente esgrimido, como fundamento, para legitimar el resultado arribado en la instancia de grado.

Se ha sostenido que dicha doctrina requiere de tres condiciones o requisitos para que pueda ser aplicada, a saber: a) una conducta anterior relevante y eficaz, o sea, se necesita una primera conducta también llamada vinculante; b) el ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona que crea la situación litigiosa debido a la contradicción -atentatoria de la buena fe- existente entre ambas conductas; y c) la identidad de sujetos que se vinculan en ambas conductas (cfr. Borda, Alejandro: "La Teoría de los Actos Propios", pág. 67 y vta.).

Va de suyo que a la luz de lo considerado en los parágrafos anteriores no luce ajustado a derecho postular como conducta vinculante, en orden a esta teoría, a los actos anteriores a la presentación de la demandada de fs. 276/277 (artículación de la excepción de desistimeiento del derecho) desarrollados por la actora en sede administrativa, a cuyo respecto el Tribunal estimó que cumplian los requisitos de ser deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (cfr. fs. 288). La sentencia evidentemente entendió referirse al acogimiento en sede administrativa a la Ley Nº 8.166 por parte de Citrusvil S.A. a los efectos de cancelar la multa que oportunamente le fuera impuesta por la DGR y el abono efectivo de ella, conforme las constancias de fs. 262/269. Es que si estos últimos actos, de conformidad a los fundamentos expuestos más arriba, no importaron renuncia o desistimiento alguno con relación al cuestionamiento de la validez de la determinación de la DGR por falta de percepción del tributo, no cabe duda que carecen de entidad para erigirse en el antecedente vinculante que permita legítimamente categorizar como conducta contradictoria o incongruente a la posterior deducción en sede judicial de la pretención tendiente a dejar sin efecto aquel acto de determinación impositiva. Es por ello que no se aprecia en el caso que se haya vuelto contra una conducta anterior relevante sino, por el contrario, que se obró consecuentemente con ella, lo que no solamente descarta toda incoherencia en el comportamiento de la demandante, sino también una conducta atentatoria a la buena fe imputable a su parte.

Los fundamentos ut supra explanados me convencen, en suma, que el Órgano Judicial realizó, en el sub lite, una indebida aplicación de la doctrina de los actos propios para resolver el caso llevado a su conocimiento y decisión.

Por los desarrollos que anteceden se torna inoficioso hacerse cargo de los restantes agravios.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 314 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 5 de julio de 2011 obrante a fs. 286/288 vta. de autos. En consecuencia, CASAR dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta ajustado a derecho el fallo que, merced a una interpretación errónea de ciertas normas jurídicas y efectuando una aplicación igualmente indebida de la doctrina de los actos propios, resuelve hacer lugar a la defensa previa articulada por la demandada y tener por desistida a la actora de la pretensión de nulidad de las Resoluciones Nº 59/07 de la DGR y 80/09 del Ministerio de Economía". DICTAR, como sustitutiva, la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR a la excepción de desistimiento del derecho (cfr. artículo 35, primer párrafo, del CPA y 288, inciso 7, del CPCC) formulada por la demandada a fs. 276/277 de autos. II.- COSTAS de la excepción articulada, atendiendo a la naturaleza de la cuestión y dificultades que su resolución entraña, por su orden (cfr. artículos 89 del CPA y 105 inciso 1° y 106, del CPCC). III.- RESERVAR regulación de honorarios para su oportunidad".

V.- Atento a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de la causa, la complejidad y naturaleza de la cuestión controvertida, corresponde imponer las costas de esta instancia extraordinaria local por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105 inciso 1° y 106 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, apartados I, III, IV y los puntos dispositivos. Asimismo, adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación toda vez que el mismo ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, se funda en infracción normativa, se basta a sí mismo y se dio cumplimiento con el depósito.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 319/322, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia Nº 314 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 5 de julio de 2011 glosada a fs. 286/288 vta. de autos. En consecuencia, CASAR dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando.- DICTAR, como sustitutiva, la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR a la excepción de desistimiento del derecho (cfr. artículo 35 primer párrafo del CPA y 288 inciso 7° del CPCC) formulada por la demandada a fs. 276/277 de autos. II.- COSTAS de la excepción articulada, atendiendo a la naturaleza de la cuestión y dificultades que su resolución entraña, por su orden (cfr. artículos 89 del CPA y 105 inciso 1° y 106 del CPCC). III.- RESERVAR regulación de honorarios para su oportunidad".

II.- COSTAS, de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032322-02