Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07


GOMEZ, Cirila contra COOPERATIVA DE CARNICEROS Reg.: A y S t 214 p 59-66.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos "GOMEZ, Cirila contra COOPERATIVA DE CARNICEROS -Cobro de Pesos Laboral- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 15, Año 2.005).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Gastaldi y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. En el nuevo examen de admisibilidad que impone a este Cuerpo el artículo 11 de la ley 7.055, no encuentro razones para rectificar el criterio sustentado en ocasión de acoger el recurso de hecho deducido por la citada en garantía ante la denegación del recurso de inconstitucionalidad que interpusiera en autos (resolución reg. en A. y S. T.

203, p. 173/175, Expte. nro. 542/03, fs. 203/205, agregado por cuerda). No obstante, estimo propicio aclarar que si bien la resolución impugnada, por haber sido dictada en la etapa de ejecución, no reviste propiamente la definitividad exigida por el artículo 1ro. in fine del citado precepto legal, debe considerársela equiparable a tal, en tanto la exclusión de la deuda reclamada del régimen de consolidación le ocasiona a la recurrente un agravio de imposible reparación ulterior (cfr. criterio de A. y S. T. 139, p. 145/155; T. 181, p. 438; etc.). Por lo expuesto, y de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 517/519), voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: En lo que es de estricto interés para el presente, la materia litigiosa puede resumirse así: Mediante sentencia nro. 159, del 26.09.1995, el señor Juez en lo Laboral Nro. 2 de Rosario hizo lugar a la demanda promovida por Cirila Gómez para el cobro de indemnización por la incapacidad padecida a consecuencia de una enfermedad accidente contraída durante su desempeño laboral para la empresa demandada (según ley 24.028), condenando a ésta y a la citada en garantía, ambas en el límite de sus respectivas responsabilidades, a abonar a la actora el rubro merituado con más sus accesorias en el término de cinco días (fs. 113/114), pronunciamiento que fue confirmado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral con sede en dicha ciudad (acuerdo nro. 108, del 11.07.1997, fs. 163/166).

Practicada planilla de capital e intereses por la actora (f. 173), la "Caja Nacional de Ahorro y Seguro - en Liquidación" la impugnó, resultando de su cálculo un monto indemnizatorio menor de $ 7.086,02 (fs. 175/176). La apoderada de la señora Gómez pidió, entonces, que se ordenara el inmediato pago de la mencionada suma (conforme art. 121 C.P.L.) (fs. 193/193 vto.).

A tal pretensión se opuso la aseguradora; empero, postuló la consolidación de todas las deudas de la entidad (originariamente excluidas de dicho régimen conforme al art.

2do. de la ley 23.982), por haber sido declarada en liquidación y haber asumido el Estado nacional el pasivo de la ex Caja. Invocó las leyes 24.624, 24.764 (art. 27), 24.307 (art.

11), por las cuales resultaban consolidadas, a su entender, tanto las obligaciones de causa o título anterior como posterior al 1.04.1991. La aplicación de esa normativa producía, según adujo, dos efectos: la suspensión de las ejecuciones en trámite y/o la iniciación de las mismas, y la liberación de la responsabilidad solidaria de los asegurados y de los terceros alcanzados por la cobertura otorgada por la Caja (fs. 202/208 vto.). Entre otras cuestiones, el juez dispuso el pronto pago y, tras considerar que "en cuanto a la situación de la aseguradora y de la demandada, existe cosa juzgada en los presentes y las circunstancias de hecho y derecho referidas no han integrado el sub discussio por lo que no pueden afectar la ejecución de la causa ...", resolvió "no hacer lugar a las postulaciones basadas en normativa posterior a la resolución de la causa" (resolución nro. 673, fs. 209/209 vto.).

Disconforme con lo decidido en esos aspectos, apeló la citada en garantía, agraviándose por haberse incurrido en un desconocimiento de las leyes, de todo el proceso de privatización y liquidación del ente y de la situación fáctica de autos.

Señaló: a) que no se vulneraba la cosa juzgada, por tratarse de una legislación de emergencia, de orden público y aplicable en cualquier estado del proceso, que sólo imponía un límite temporal a la percepción de la indemnización por la actora, por lo que ello no importaba un menoscabo a su derecho de propiedad; b) que no correspondía "intimar al pronto pago ni dar por iniciado el proceso de ejecución", ya que la "Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.)" afrontaba la cancelación de las obligaciones mediante dos formas que ponía a disposición del acreedor dentro de los límites impuestos por las disposiciones en juego: pago en bonos de consolidación de deudas, según leyes 24.764 y 24.307, o en efectivo, sujeto a su asignación en el presupuesto venidero (art. 20, ley 24.624), conforme al orden de prelación del artículo 7mo. de la ley 23.982; si el actor rechazaba el pago en bonos, afirmó, le quedaba expedita la otra opción.

Invocó, también, la ley 25.344 de Emergencia Económica Financiera -aduciendo su carácter de orden público-, en cuyo artículo 13 establecía la consolidación de las deudas del Estado nacional (período 1.04.91/31.12.99).

Pidió, por último, que se hiciera lugar a la suspensión de las ejecuciones, a la liberación de la responsabilidad solidaria de la demandada, y que se ordenara -ante el rechazo de la opción de cobro en bonos- el pago de la acreencia de acuerdo a la forma prescripta por la ley 24.624 (fs. 327/337).

Reiterando la posición asumida en etapas anteriores, la demandada -bajo concurso preventivo- expresó su consentimiento a los agravios esgrimidos por la entidad (fs. 345/346). La actora, a su turno, acusó que el ente desconocía el carácter alimentario del crédito reconocido a su favor por sentencia firme y los preceptos constitucionales que le garantizaban la inmediata percepción del mismo; que la parte de la resolución recurrida resultaba justa y equitativa y que los agravios de la citada en garantía eran inconsistentes e insuficientes para revocarla, en tanto se limitaban a su insistencia en aplicar una norma de emergencia dispuesta en un artículo de la ley presupuestaria (art.

27, ley 24.764) para tratar de eludir el pago; y postuló, además, la inconstitucionalidad de los dispositivos invocados por la entidad (art. 27, ley 24.764 cit. y ley 24.307) por resultar violatorios del derecho de propiedad y de la garantía de igualdad ante la ley, y por afectar sus derechos adquiridos, tornándose evidente su inaplicabilidad al caso de autos (fs. 350/355). Luego de que se ordenara el pase de los autos para resolver (f. 356; notificaciones a fs. 357, 358 y 362), planteó la aseguradora que por el artículo 61 de la ley 25.565 (pub. B.O. 21.03.2002), "se ha ampliado el espectro de consolidación de las deudas de la CNAS (e.l.)", incluyéndose todas las obligaciones derivadas de su actividad bancaria y aseguradora, ya fuera que interviniera en los litigios como demandada directa o citada en garantía, con la sola excepción de los casos allí previstos, debiendo aplicarse en razón de su carácter de orden público -que alegó- aun a las situaciones procesales firmes y consentidas (fs. 359/360).

Tal requerimiento fue repelido por la actora a fojas 364/369.

La Sala, mediante auto nro. 159, rechazó la apelación de la citada en garantía y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en los referidos tópicos, basándose en la "carencia de suficiente sustento" de los agravios de la entidad para modificar lo decidido; agregó a ello que "aun en el caso en que se consideraran aplicables las leyes reguladoras del sistema de consolidación de las obligaciones del Estado, es receptable el reproche de inconstitucionalidad interpuesto por la actora, en especial el art. 20 de la ley 24.624 que dispone que el importe de la condena será satisfecho dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto general de la Administración nacional, sin perjuicio del régimen establecido en la ley 23.982, como asimismo el art. 27 ley 24.764 que incluye a la Caja en el ámbito de la consolidación de deudas autorizando el pago del crédito de la actora por medio de bonos del Estado"; que "las presentes disposiciones resultan pasibles del reproche de inconstitucionalidad porque afectan derechos consagrados constitucionalmente así como toda legislación dictada en su consecuencia", encontrándose afectados el derecho de propiedad (art. 17 C.N.) y el principio de igualdad (art. 16 C.N.) (fs. 371/374). 2. Contra esta resolución, interpuso la aseguradora recurso de inconstitucionalidad por considerar que la misma carece de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, afectando la garantía de la propiedad privada (artículo 15 de la Constitución provincial).

Su postulación se articuló, esencialmente, en torno a las causales de arbitrariedad normativa y fáctica, imputando al Tribunal A quo haber prescindido inequívocamente de la solución prevista en la ley, con apartamiento de la cuestión fáctica planteada por su parte, lo que derivó en una exégesis "inexacta, imprevisora, injusta", toda vez que no suspendió la ejecución de la sentencia, ni liberó la responsabilidad solidaria de los demandados, ni autorizó los modos de cancelación de deudas contemplados en las leyes invocadas, causando una lesión de gravedad a su parte. Sostuvo que no se brindaron argumentos contundentes para la declaración de inconstitucionalidad efectuada. Adujo que la resolución violaba normativa de carácter federal que fue dictada en función de circunstancias de necesidad y urgencia.

Invocó la omisión de tratamiento de las leyes 25.344 y 25.565 y autocontradicción, toda vez que el Tribunal, pese a haber decretado la aplicación de la primera de las normas citadas (f. 315) y ordenado el traslado del planteo a la actora, prescindió su consideración (fs. 379/418).

3. Luego de un detenido examen de la materia recursiva y de las constancias de la causa, he arribado al convencimiento de que la postulación ha de merecer un acogimiento parcialmente favorable.

En efecto, abordaré el tratamiento del presente, a partir de lo que constituye, en mi opinión, el punto decisivo del eje conceptual seguido en la sentencia en crisis, cual es, la admisión del reproche de inconstitucionalidad interpuesto por la actora, con fundamento en que "... las leyes reguladoras del sistema de consolidación de las obligaciones del Estado (...) en especial el art. 20 de la ley 24.624 (...) así como el art. 27 ley 24.764 (...) así como toda legislación dictada en su consecuencia", afectaban derechos consagrados constitucionalmente.

Como sostén de tal decisión, el A quo puntualizó: "Se encuentran así afectados el derecho de propiedad (art. 17 Constitución nacional) al vulnerarse el derecho adquirido a la percepción del crédito alimentario dentro del plazo fijado en la sentencia y no sujeto a ninguna condición, crédito que dado tal carácter, la postergación de su satisfacción (vía percepción sujeta a su inclusión en el presupuesto y a un orden de prelación o por medio de bonos del Estado a largo plazo) implica un perjuicio cierto, sin contar con la inseguridad de su percepción". "Pero por otra parte, el art. 27 ley 24764 afecta el derecho de propiedad en forma definitiva al privar al damnificado del derecho de perseguir al deudor principal el cobro de un crédito reconocido y firme, obligándolo a hacerlo sólo contra el asegurador y por medio de bonos de consolidación".

"También se ataca el principio de igualdad (art. 16 CN) al ser sometido a un trato distinto y discriminatorio a quien demanda a la Ex Caja de Ahorro y Seguro respecto al que demanda a cualquier otro asegurador" (fs. 373/vto.). La recurrente le imputa no haber dado argumentos suficientes para esa declaración.

Al respecto, bien sabido es que la declaración de inconstitucionalidad es una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico (Fallos, 302: 1149; 303:1708; 322:919 y sus citas; 325:1922, etc.), que procede sólo a partir de una reflexión efectuada con sumo grado de prudencia, cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema resulta manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, en particular cuando se trata de enjuiciar actos que suponen el ejercicio de facultades que la Ley Fundamental asigna con carácter privativo a los otros poderes (Fallos, 302:457; 303:625; 304:1069; etc.), pues como ha dicho la Corte, "del juicio prudente de los magistrados en torno de los alcances de su jurisdicción es de donde cabe esperar los mejores frutos en orden al buen gobierno de la Nación" (Fallos, 310:112; 324:3184; cfr. A. y S. T. 206, p. 1).

En ese orden, no puede soslayarse que la preceptiva en cuestión fue sancionada en razón de haber asumido el Estado nacional el pasivo de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a los fines de garantizar la culminación del proceso de privatización al que fue sometida la entidad (Fallos, 321:3386, cons. 11 y 12), el que quedó así alcanzado -a través de una sucesión de disposiciones- por el sistema de la ley 23.982. Y con relación a la adecuación constitucional de la legislación dictada en el contexto de una situación de emergencia declarada por el Congreso nacional, dable es recordar, como lo pusiera de manifiesto la recurrente en su expresión de agravios y lo reiterara en su impugnación, que la Corte nacional sostiene que no se viola la garantía del artículo 17 de la Constitución nacional "cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad.

Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero"(Fallos, 313:1513).

Y que en situaciones de emergencia debe ser admitida la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente tanto los efectos de los contratos libremente ajustados por las partes como los efectos de las sentencias firmes, "siempre que no se altere la sustancia de unos y otras, a fin de proteger el interés público, en presencia de graves perturbaciones" (Fallos, 315:2328). Es decir que tal limitación o postergación no debe tener entidad para alterar o degradar la sustancia del derecho reconocido.

Se deriva de esa doctrina que el reproche de inconstitucionalidad de una normativa sancionada en el marco de una situación así declarada sólo puede tener andamiaje ante la evidencia de que la restricción impuesta por dicha regulación importa un desconocimiento de ese tenor al derecho del particular beneficiado por un pronunciamiento judicial firme. Tales lineamientos orientarán la evaluación de la aceptabilidad de las razones brindadas por el Tribunal. Entiendo, en ese sentido, que es imperioso analizar por separado los dos aspectos que, en el juicio de la Sala, tornan incompatible la normativa comprometida con las garantías constitucionales aludidas, los cuales se advierten con facilidad a poco que se repare en el propio esquema argumentativo seguido por los magistrados: la sujeción de la acreencia a un régimen especial de pago por parte de la citada en garantía y la imposibilidad de accionar contra el deudor principal para su cobro. 3.1. En lo que concierne a la primera cuestión, estimo que el A quo no se ajustó debidamente a las pautas que emanan de la doctrina del Alto Tribunal de la Nación antes expuestas.

Ello es así, por cuanto la mera dilación en la percepción de su acreencia por la actora no podía erigirse, de acuerdo a lo dicho y pese a que no es un dato menor la naturaleza alimentaria de la misma, en razón suficiente para cimentar la declaración efectuada.

Debió la Sala explicar por qué la modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia, en relación a las particularidades de la causa, no suponía un mero cambio temporal sino una alteración sustancial de su contenido. La observancia de esa carga se tornaba tanto más necesaria si se tienen en cuenta algunos elementos que constan en las actuaciones:

que la entidad recurrente en su expresión de agravios (más allá de la oportunidad en que lo hizo) pidió que "ante el rechazo de la opción de cobro en bonos, efectuado por la actora" se ordenara el pago de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la ley 24.624 (v. f. 337), y que de proceder esa vía en el sub lite, contaba la actora con la posibilidad de promover la ejecución de su crédito de no cumplir el Poder Ejecutivo Nacional con los deberes que le imponía dicha preceptiva (art. 22, ley 23.982 al que remite la norma; cfr. Fallos, 322:2139), extremo que contraviene la incertidumbre de su satisfacción aducida por el Tribunal; b) las condiciones personales de la señora Gómez (vgr. su edad: 35 años a la fecha de interposición de la demanda en 1993, v. f. 4) que permiten inferir que no se encontraría prima facie comprometida la posibilidad del cobro -ni aun por medio de bonos de consolidación- conforme al "desenvolvimiento natural de los hechos" (Fallos, 316:779, criterio aplicado en A. y S. T. 136, p. 87); y que tampoco aquélla ha alegado -ni surge de autos- una situación de emergencia o necesidad impostergable de recibir la indemnización (Fallos, 316:3176; adviértase, en ese sentido, que padecía una incapacidad relativa correspondiente al 15% de la total obrera, v. sentencia de primera instancia, fs.

113/114). En tales condiciones, no cabe sino concluir en que los fundamentos vertidos no respetan la exigencia mínima de suficiencia para justificar la objeción constitucional en el aspecto considerado.

3.2. Distinto criterio cabe adoptar, sin embargo, en cuanto al restante argumento invocado por la Sala. En efecto, los juzgadores entendieron que la norma del artículo 27 de la ley 24.764 devenía incompatible -en el plano constitucional- con la garantía del artículo 17 de la Carta Magna Nacional, resultando ésta afectada "en forma definitiva", en cuanto de esa preceptiva (segundo párrafo) se derivaba la "privación" a la actora del derecho a perseguir de la deudora principal el cobro de su crédito reconocido y firme. Amén de los reparos que pueden formularse a la inclusión de una previsión del tenor del mentado artículo en una ley de presupuesto, lo cierto es que no parece que haya cabida para una exégesis que posibilite conciliar dicho dispositivo con la garantía afectada.

Es que a la luz de las directivas jurisprudenciales que sirven de guía para el presente, la aplicación de esa norma importaría una alteración sustancial del derecho de la señora Gómez reconocido por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y un desconocimiento inconstitucional de la autoridad de ésta.

Asimismo, ello se muestra en clara contravención con el principio consagrado en el artículo 28 de la Constitución nacional.

Lo dicho basta para colegir que no ha de ser objeto de censura el reproche de inconstitucionalidad del precepto en cuestión, más allá, incluso, de si la recurrente ostenta legitimación para cuestionar el fallo en este punto. A mayor abundamiento, creo propicio señalar que la tesis sostenida por la Cámara condice con el criterio sentado por otros órganos jurisdiccionales.

Así, se ha dicho en relación a la mentada disposición que "... existiendo (...) obligaciones concurrentes, caracterizadas por la independencia, el acreedor está facultado para exigir el todo contra cualquiera de los responsables (...) Ello establecido, la normativa en estudio, al liberar a uno de los deudores de tal responsabilidad, en aspecto que (se) encontraba pasado en autoridad de cosa juzgada, resulta evidentemente violatoria de la garantía de propiedad amparada por la Constitución nacional".

"En efecto, por medio de esta ley se privaría -no temporalmente sino en forma definitiva- a los damnificados del derecho de perseguir contra el deudor principal (...) el cobro de su crédito reconocido y firme, obligándolos en cambio a percibir el pago únicamente por parte de la aseguradora y en Bonos de Consolidación, situación que altera palmariamente -tanto en los sujetos como en el objeto de la prestación- los términos de la sentencia (...) y todo el andamiaje del sistema de responsabilidad previsto en nuestro ordenamiento.

Se provoca, además, una irritante desigualdad entre quienes demandan a los asegurados en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.) y quienes lo hacen a los asegurados de otras compañías" (cfr. "Auliso, Oscar A. y otro c. Akrich, Gustavo R.", CNCiv., Sala A, 20.05.1998, pub. en L.L. 1999-F, 289). Análogos fundamentos fueron expuestos en pronunciamientos más recientes en ocasión de declararse la inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 25.565 (cfr.

CNCiv., Sala A: "Immesi c. Vaccarezza", 10.03.2003, pub. en L.L. 2003-B, 883, 2004-B, 628; "Karawan c. Montesano", 23.09.2003, pub. en L.L. 2004-B, 636; Sala I: "Trozzo c. Cardamo", 13.11.2003, pub. en E.D. 207, 120, entre otros).

De allí que de resultar aplicable en la especie dicho precepto de la ley 25.565 (de Presupuesto de gastos y recursos correspondientes al ejercicio 2002), bien podrían hacerse extensivas las consideraciones vertidas hasta aquí. En razón de lo expresado, se torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios articulados.

Con el alcance que resulta de los fundamentos precedentes voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular -también parcialmente- la resolución impugnada. Disponer la remisión de la causa al Tribunal subrogante a fin de que dicte nuevo pronunciamiento. Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gastaldi y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular -también parcialmente- la resolución impugnada. Disponer la remisión de la causa al tribunal que corresponde a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)