Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-19


SENTENCIA NÚMERO: VEINTIDÓS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Jorge Rolando Palacios (Subrogante Legal), para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 36/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano Rojas Defensor Técnico de S., J. J. c/ Auto Interlocutorio Nº 10 de fecha 22 de Febrero de 2013", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Corresponde disponer el cese de la prisión preventiva y, como consecuencia, ordenar el recupero de la libertad del imputado S., J. J.? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio Nº 10/13, dictado en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de una resolución judicial equiparable a sentencia definitiva en tanto la cuestión no es susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior; por lo que es formalmente admisible De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 36, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y, en tercer término, el Dr. Jorge Rolando Palacios.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 10/13, dictado el 22/02/2013, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos -Sala Unipersonal-, resolvió: "No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, asistente técnico del encartado S., J. J. (DNI Nº 34.323.920), en contra del Auto interlocutorio Nº 457/12 de fs. 236/239, emitido por el Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación con fecha 4 de diciembre de 2012".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el defensor técnico del imputado e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1º y 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. El recurrente funda conjuntamente ambos motivos de agravio. Así, por un lado, sostiene que el tribunal a quo ha errado en la valoración de las pruebas periciales con lo que concluyó que la supuesta víctima sería altamente vulnerable por tener un atraso mental, y que esta condición habría sido conocida por Sotomayor.

Por otra parte, cuestiona los fundamentos del tribunal en cuanto consideró que en libertad, Sotomayor podría entorpecer la investigación. En esta dirección, resalta la defensa que se está poniendo en juego el derecho que tiene el justiciable de permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso penal. Reitera idénticos agravios a los expuestos en la apelación; es decir, que la solicitud de cese de la prisión preventiva fue presentada por el representante del Ministerio Público, y que se basó en la incorporación de nuevo material probatorio y en la falta de riesgo procesal, por lo que considera un error que el tribunal de apelación haya decidido mantener la medida coercitiva teniendo en cuenta solamente el monto de la pena conminada en abstracto.

Concluye que el decisorio impugnado no explicita cuáles son los actos ciertos, claros y concretos que le permitieron al tribunal a quo sospechar que el imputado intentará eludir la acción de la justicia, más allá de la sola mención a la penalidad del delito atribuido.

También sostiene que el Juez de Cámara debería sustituir la medida de coerción personal por otra menos perjudicial -cauciones y restricciones-. Cita antecedentes provinciales en la materia, los que estima aplicables al caso, al igual que doctrina relativa a la prisión preventiva.

Hace reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

III. En primer término, debo poner de resalto que, si bien el recurrente encauza sus agravios esgrimiendo los motivos, formal, previsto en el inc. 2º del art. 454 del C.P.P., y sustancial, contemplado en el inc. 1º de la citada norma, la índole de la resolución que ataca en esta instancia impide a esta Corte efectuar la ponderación del material probatorio que pretende el recurrente, puesto que no es el momento procesal oportuno para hacerlo.

Formulada la pertinente aclaración, la discusión de la cuestión traída a estudio se centrará entonces, a la luz del motivo sustancial (art. 454 inc. 1º C.P.P.); esto es, determinar si corresponde o no, disponer el cese de la prisión preventiva y ordenar el recupero de la libertad del imputado S., J. J. (arts. 295, 292 y cctes. C.P.P.).

Luego de examinar el planteo efectuado, entiendo que los agravios expuestos no resultan idóneos a los fines de conseguir la procurada modificación de lo decidido. Los argumentos propuestos son insuficientes a los fines de enervar los fundamentos del fallo vinculados con la concurrencia de indicios que en esta etapa justifican la sospecha sobre la intervención del imputado en el hecho de la causa, el que, por su gravedad, reflejada en la escala penal conminada en abstracto por la norma aplicable, constituye una pauta válida para evaluar positivamente la existencia de riesgo procesal de elusión de la acción de la justicia. Así lo considero puesto que, de resultar acreditado el hecho en las circunstancias fijadas, el imputado podría ser condenado a sufrir una pena no menor de seis años de prisión, y esa perspectiva podría alentarlo a tratar de sustraerse de la autoridad de la ley y de los jueces de la causa para evitar el encarcelamiento. Opino asimismo que, no obstante el arraigo de la persona imputada y aunque ésta carece de antecedentes penales, dada la gravedad del hecho de la causa, el peligro procesal que razonablemente cabe inferir de su imputación, subsiste en el caso, pese a que ningún indicio concreto de entorpecimiento de la investigación o de fuga ha sido constatado; sin que otra medida cautelar pueda, con pareja eficiencia, satisfacer la necesidad de asegurar la sujeción del imputado al proceso, su comparencia al juicio y, en definitiva, la realización en el caso de la ley penal.

Con arreglo a ello, la solicitud de cambio de calificación de los hechos de la causa, cabe inferir que no está en discusión la existencia histórica de dichos hechos y la intervención que en ellos le es reprochada al imputado.

Asimismo, en tanto el referido cambio de calificación legal fue solicitado por el defensor del imputado y fue dispuesto por el Fiscal interviniente después de haber considerado éste completa la investigación, cabe asumir que es inminente la elevación de la causa al tribunal de sentencia.

También surge de las presentes que, por su condición de mujer, menor de edad y con discapacidad mental, la víctima de los hechos ilícitos de que se trata es una persona en situación de particular vulnerabilidad, que demanda una especial protección de la ley y de los tribunales encargados de su aplicación.

En conjunto, las circunstancias reseñadas permiten avizorar, y exigen, la pronta realización del juicio, al tiempo que autorizan presumir la probable condena al imputado y, en ese caso, el cumplimiento efectivo de la eventual pena, toda vez que la pena conminada en abstracto para el delito atribuido no autoriza dejar en suspenso su cumplimiento.

En ese marco, estimo acertado el fallo recurrido en tanto esa amenaza que se cierne sobre el imputado podría alentarlo a tratar de eludir la acción de la justicia para no correr el riesgo de perder su libertad ambulatoria si la recuperara en esta instancia tan próxima al juicio.

Por ello, estimo apropiado mantener preventivamente la prisión del imputado para asegurar la indispensable comparecencia del imputado al juicio y con ella, la realización de éste y la efectiva actuación de la ley penal sustantiva.

Así lo considero, puesto que otras medidas menos gravosas no conjuran de modo suficiente el referido peligro procesal que es preciso evitar con arreglo al compromiso internacional asumido por el Estado argentino (art. 75 inc. 22 C.N.) en la Convención de Belém do Pará y en la Convención sobre los Derechos del Niño -aplicable al caso dada la edad de la supuesta víctima (15 años)-, de asegurar, no sólo la investigación, sino también el juzgamiento y eventual castigo de los hechos que importen un agravio cierto a menores de edad víctimas de abuso sexual, los que, como en el caso, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este orden de ideas, también cabe destacar que, si bien el imputado se encuentra cautelarmente privado de su libertad, por los fundados motivos reseñados; no se debe perder de vista lo prescripto en normativa supranacional vigente (arts. 75 inc. 22 C.N., art. 7.5 CADH, art. 9.3 PIDCyP, art. 8.1 CADH y 14.3.c PIDCyP), en cuanto se dispone que el plazo de la prisión preventiva debe ser razonable. En tal sentido, reitérese, que esta causa se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio (art. 350 y cctes. C.P.P.), por lo que se exige una especial diligencia y prontitud del órgano acusador a fin de arribar a la brevedad a un juicio rápido sobre el objeto procesal a decidir, que asegurará al aquí imputado, una pronta resolución sobre la situación de la que se agravia porque lo afecta en su libertad personal. De igual modo, debo destacar que en tal objetivo se encuentran involucrados la totalidad de los operadores del aparato judicial, incluyendo a las partes (esto es, el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del imputado), toda vez que conspira contra la consecución de tal propósito la existencia de planteos que, en suma, resultan dilatorios para quien está en situación de detención.

Consecuentemente, siguiendo el criterio fijado por esta Corte en S. nº 8, del 23/04/09 y S. nº 17, del 21/09/2009, y teniendo en cuenta la proximidad del término para que la causa sea elevada a juicio y se fije fecha de debate, considero que resulta impostergable tomar los recaudos indispensables, a fin de evitar más dilaciones en los autos principales, que podrían derivar de la eventual impugnación a esta resolución.

Es que, subordinar el avance de la causa principal a la resolución definitiva de la cuestión incidental -que, por serlo, no refiere al fondo del asunto- llevaría, irremediablemente, a producir un perjuicio irreparable atento la privación de la libertad que hoy detenta el imputado.

Atendiendo a esta también particular circunstancia de autos, a fin de asegurar el equilibrio de los intereses en juego y de garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las partes, la que no sería íntegramente satisfecha si continuara paralizada la causa principal, entiendo que este expediente Corte Nº 36/13, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, defensor técnico de S., J. J. c/ Auto Interlocutorio Nº 10 de fecha 22 de Febrero de 2013", continúe su trámite por cuerda separada, y que se remita el principal a origen para que prosiga el trámite de la causa, según su estado.

La medida resulta procedente, habida cuenta que el propósito de la formación de incidentes es no paralizar o suspender el proceso principal, el que debe proseguir mientras tramite la cuestión incidental por lo que, en algunos casos, hasta puede diferirse su decisión hasta antes de resolver el principal.

Por el avanzado estado del proceso, en el que sólo resta que se formalice el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, por encontrarse agotada la investigación -circunstancia ésta reconocida por el propio recurrente- y de este modo, transitar la etapa crítica del juicio propiamente dicho; lo que avizora la inminente decisión sustancial definitiva, por lo que la medida propuesta ningún perjuicio ocasiona a las partes más que, eventualmente, el dispendio procesal del debate.

Conforme lo expuesto, ordénese a la Unidad Fiscal de Delitos Criminales, a adoptar todas las medidas útiles para que, sin más demoras, se eleve la presente causa a juicio, a fin de que se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva en la causa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres expresó:

Me adhiero a las consideraciones efectuadas que el Sr. Ministro preopinante manifiesta con relación al instituto de la prisión preventiva. En tal sentido, debo aclarar al recurrente, como bien lo señala el tribunal a quo en la resolución apelada, que no resulta de aplicación al caso la jurisprudencia que de esta Corte cita la defensa (S. nº 41, 21/12/2011 y S. nº 50, 10/12/2012). Asimismo, destáquese que el recurrente ha descontextualizado mi postura transcribiendo extractos aislados de los fallos que cita, que no resultan de aplicación a la cuestión traída a estudio, desoyendo que la misma ha quedado sentada en S. nº 40, 19/12/2011 a cuyos argumentos me remito en orden a la brevedad.

En consecuencia, por las razones dadas, mi respuesta a la cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Palacios dijo:

Adhiero en su totalidad a los fundamentos vertidos por los Dres. Cippitelli y Cáceres, votando en consecuencia en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Atento al resultado de la votación que precede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 1/7 por el Dr. Luciano Rojas, asistente técnico del imputado S., J. J.. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Ordenar que el expediente Corte Nº 36/13, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, defensor técnico de S., J. J. c/ Auto Interlocutorio Nº 10 de fecha 22 de Febrero de 2013", continúe su trámite por cuerda separada. V) Ordenar la inmediata remisión de los autos principales a la Unidad Fiscal de Delitos Criminales, a fin de que, sin demoras, eleve la presente causa a juicio, a efectos de que se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva. VI) Tener presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Palacios dijo:

Estimo correcta la solución que brinda el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. Así voto.

Por los resultados del acuerdo que antecede, y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 1/7 por el Dr. Luciano Rojas, asistente técnico del imputado S., J. J.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Ordenar que el expediente Corte Nº 36/13, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, defensor técnico de S., J. J. c/ Auto Interlocutorio Nº 10 de fecha 22 de Febrero de 2013", continúe su trámite por cuerda separada.

5º) Ordenar la inmediata remisión de los autos principales a la Unidad Fiscal de Delitos Criminales, a fin de que, sin demoras, eleve la presente causa a juicio, a efectos de que se celebre el debate y se dicte sentencia definitiva.

6º) Tener presente la reserva del caso federal y la de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

7º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Jorge Rolando Palacios (subrogante legal) ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.