marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasas de interés, tasa pasiva, cambio jurisprudencial
Materia: CIVIL
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA) Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

Esta Sala ha venido aplicando -reiteradamente- la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para sus operaciones de descuento a excepción del período que va desde el 6/1/02 al 30/9/02 en que los mismos deberían calcularse en base a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina. Ello, de conformidad con el criterio que sustentara esta Sala I del fuero in re "Paletta, Aldo Daniel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ revisión de cesantías o exoneración de emp. público",RDC-99/0 del 26/2/04, cuyos fundamentos fueran compartidos de manera unánime por la Sala II en autos "Leff, Alicia Susana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Certificaciones - Dirección General de Administración de Recursos Humanos) s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" (expte. Nro. 3833) en sentencia del 3/3/04 y reiterados en el expediente "Andina de Grana, Elsa Carmen c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Administración de Recurso Humanos) s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" (expte. Nro. 1785/0), pronunciamiento del 19/3/04.

Es que la finalidad tenida en miras por el Tribunal para aplicar la tasa activa por el período mencionado no fue otra que la de paliar la crisis derivada de la realidad económica imperante en la época aludida (6/1/02 en adelante).

Sin embargo, mediante la práctica se ha advertido que la suma de los porcentajes de las tasas aplicables separadamente por cada período (tasa pasiva - tasa activa - tasa pasiva) arroja un porcentaje de interés total menor al que se obtendría si se aplicase la tasa pasiva por todo el lapso temporal implicado, conculcando así el horizonte estimado por este órgano jurisdiccional para establecer una directiva como la expuesta.

En función, entonces, del nuevo estudio que sobre esta temática se realiza y de la finalidad que inspirara la fijación de la pauta anterior, corresponde recurrir únicamente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, así como ya lo sostuve en la Sala II de este Fuero en los autos caratulados "Aranda, Roque (Lavadero Richard) c/ G.C.B.A. (Hospitales Carlos Durand y ParmenioPiñeiro s/ cobro de pesos", Expte. 1248, sentencia de fecha 12 de septiembre de 2006). (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).
Honorarios, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Aramayo, Juan José c/ Consorcio Horizontal "Edificio Caseros" s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-05-29

La providencia simple que interpreta la distribución de honorarios establecidos en forma conjunta en una audiencia de conciliación, no puede oponerse a la resolución regulatoria anterior a la audiencia, que se encontraba consentida y firme, porque significaría conmover el principio de la cosa juzgada. Más aún cuando la profesional cuyos honorarios se regularon el auto firme, no participó en la audiencia de conciliación aludida.
Defensa del consumidor, sujetos de derecho, proveedor, entidades financieras, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acyma Asoc. Civil c/ Portfolio Personal SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

El "consumidor final" alude a una transacción que se da fuera del marco profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo. De esta forma, podemos decir que todas las operaciones realizadas sin motivos profesionales estarían alcanzadas por la normativa tutelar (CNCom, Sala B, in re "Milgron, Nicolás Martín c/ General Motors de Argentina SRL s/ ordinario" del 30/10/15, entre otros).
Acción de amparo, Salud pública, Estado Nacional, derecho a la vida, prestadores médicos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: PERCAL  VERONICA c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL MINISTERIO DE SALUDY DESARROLLO SOCIAL S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Va de suyo que esta tesis no importa subrogar a las empresas privadas en el cumplimiento de las obligaciones que les son propias, sino tan sólo reconocerle al Estado Nacional el papel rector en materia de salud pública que la ley fundamental le confiere, el cual debe hacerse efectivo en hipótesis excepcionales como la planteada en autos, en donde se hallan en juego, en rigor de verdad, el derecho a la vida, frente al cual todos los restantes derechos resultan superfluos (v. CSJN., doctrina de Fallos: 302:1284; 310:112; 321:1684; 322:2701; 324:122; y causas A.186.XXXIV, "Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social-Estado Nacional s/ amparo ley 16.986", del 1.6.2000, mayoría y votos concurrentes y dictamen del Procurador General de la Nación, y "Campodónico de Beviacqua, Ana C. c/ Estado Nacional", del 24.10.2000). Proviniendo el mandato, pues, de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la ley; acredita la insuficiencia del contrato para preservar la vida de la amparista, queda configurado "prima facie" la verosimilitud del derecho invocado (conf J.R., Podetti, "Derecho Procesal Civil, Comercial Federal y Laboral, Tratado de las Medidas Cautelares", p. 51, Ediar, 1956).
Estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, elemento subjetivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Betanzo,  Ricardo Gabriel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-13

Si bien es cierto que la cantidad de droga incautada no resulta por sí reveladora de la intención de comercialización con la que dicha sustancia era tenida por el imputado, la prueba que en su conjunto fue evaluada por el tribunal de mérito no estuvo conformada por ese sólo elemento, sino que además se tuvieron en cuenta las características que rodearon esa tenencia -fraccionada en envoltorios separados en cantidades similares de peso y porcentaje de pureza, el corte con dipirona que presentaba, el similar cerramiento al calor-, y fundamentalmente que se encontraba en un lugar de venta al público. Además de la ponderación de la cantidad de dinero hallada en poder del nombrado, se consideraron asimismo significativas las observaciones efectuadas por la prevención que actuó en la ocasión efectuando tareas de vigilancia sobre el kiosco, específicamente referidas al representativo comportamiento de la gran cantidad de jóvenes que concurrían a dicho comercio cuando era atendido por el imputado consistentes en el ingreso y compra de objetos que se recibían en forma más o menos oculta, en mirar hacia todas direcciones antes de ingresar, demorar su entrada ante la presencia de otros clientes, e interrumpir la transacción ante la llegada de otras personas. Dichas observaciones se advierten por demás suficientes, siempre en conjunto con el resto de las pruebas evaluadas, para considerar acreditada válidamente la finalidad de comercialización con la que era detentado el estupefaciente hallado en el lugar. En consecuencia corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa confirmándose la sentencia dictada en cuanto se condena al encausado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y revocar el fallo en cuanto se condena al nombrado como autor responsable del delito de suministro de estupefacientes a título gratuito. (Dr. Hornos en disidencia parcial).
Procedimiento tributario, impuestos, contribuciones especiales, AFIP, medidas cautelares, control de constitucionalidad, juicio ejecutivo, jueces, renta pública
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-15

A fin de evitar la eventual afectación de la percepción de la renta pública, resulta necesario admitir la validez de las medidas cautelares que, al amparo de las disposiciones del art. 92 de la ley 11.683, los fucionarios del Fisco Nacional hayan dispuesto y trabado hasta el presente, sin perjuicio de que los jueces de la causa revisen en cada caso su regularidad y procedencia en orden a los demás recaudos exigibles, pero no habría justificación alguna para dejar subsistentes medidas precautorias dispuestas por aquéllos con posterioridad a la sentencia en que la Corte se pronuncia declarando el vicio constitucional que afecta el procedimiento citado en aquélla norma, dado que a partir de ella nada obsta a que las medidas cautelares que el organismo recaudador considere necesario adoptar en lo sucesivo, sean requeridas al juez competente para entender en el proceso ejecutivo, y que sea tal magistrado quien adopte la decisión que corresponda.
Filiación extramatrimonial, prueba, prueba supletoria, partida de bautismo
Materia: CIVIL
Carátula: KAMBOURIAN GREGORIO JUAN s/ SUCESION AB-INTESTATO - PARTIDAS DE BAUTISMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-02

La procedencia de la prueba supletoria, a los fines de justificar la existencia de un matrimonio que se dice celebrado en un lugar determinado, está supeditada a la comprobación previa de que no ha sido posible hallar el acta. Si el matrimonio se denunció celebrado en Turquía y aparecen destruidos los archivos parroquiales en los cuales figuraba asentado el mismo, y ello surge del informe del Arzobispado Armenio Católico de Estambul quien, además aclaró que los matrimonios contenidos en aquellos archivos destruidos tenían también efecto civil corresponde acceder a la prueba supletoria.

A falta de la partida de matrimonio de los padres, es posible tener por demostrada la filiación legítima del hijo que la reclama, con la partida de bautismo que le atribuye tal carácter.
Bancos, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, autorización para girar en descubierto, cancelación de deudas, cheque, rechazo del cheque, cierre de cuenta corriente, inhabilitación para cuentas bancarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORPORACION LAUHTEC SA c/ BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

Resulta improcedente la acción judicial iniciada por un cuentacorrentista, contra el banco en el cual era titular de una cuenta corriente -respecto de la que tenía crédito autorizado para operar en descubierto-, con fundamento en que en determinado momento, ese crédito autorizado fue abruptamente cancelado, lo cual le provoco el rechazo de un cheque y el cierre de la cuenta, reclamando por ende, el levantamiento de la inhabilitación impuesta para operar en cuentas corrientes -conf. Lo establecido por la reglamentación del banco central- y que se lo rehabilite para acceder a esa operatoria bancaria. Ello así, cuando -como en el caso , surge que el accionado le comunico al pretensor: a) el rechazo de 5 cheques por carecer de fondos disponibles, y b) que ante un nuevo rechazo de un cheque sin fondos, procedería a cerrar la cuenta, pues tal comunicación tuvo dos efectos: a) "informar suficientemente al cuentacorrentista, el cambio de actitud del banco", puesto que el rechazo de esos cheques supuso necesariamente la cancelación del crédito en cuenta o la de la autorización de girar en descubierto, y b) "preaviso el cierre de la cuenta" en caso de un nuevo rechazo. De modo, que el reclamado en esa oportunidad no dispuso el cierre de la cuenta, sino que se limito a preavisarlo, por lo que al no haber intempestividad en el cierre de aquella, no incurrió en una abusiva y antifuncional conducta, sino que por el contrario, pronunció con adecuada anticipación la futura aplicación de las normas reglamentarias que regulan la operatoria de los cheques. Es decir, que el banco preaviso el futuro cierre de la cuenta, de producirse un nuevo libramiento de un cheque sin provisión de fondos en la misma. (Conf. Con el punto 1.3.4.1. de la Opasi-2, se procederá al cierre de la cuenta cuando se haya rechazado el pago de cheques sin fondos disponibles, "por la cantidad que se indica en cada caso", y el punto 1.3.4.1.2. indica que en el caso de "personas jurídicas del sector privado" ello ocurre al quinto rechazo)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

No se advierte que exista fundamento en el elemento histórico para sostener que el legislador no logró expresar en el art. 28 de la ley 10.160 lo que en realidad era su objetivo o finalidad al normar esta situación.

Es por ello que, encontrándose suficientemente regulado el tema de la duración de la obligatoriedad del pleno en el artículo 28 no parece indicado ocurrir a otra disposición -art. 29 de la ley 10. 160- para extraer sistemáticamente un sentido complementario del precepto, ya que ello implicaría en realidad introducir en la norma interpretada un mantenimiento de la vigencia luego de los cinco años que el legislador descartó al no establecerlo. (De los Fundamentos del Dr. Ariza).
Cuestiones de competencia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Zéneca SAIC. c/ Vázquez, Arnaldo Norberto y otros s/ daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Cuando se trata de un conflicto suscitado entre jueces nacionales, es inadmisible asignar la competencia incumpliendo las normas que les son comunes y que fijan la excluyente oportunidad en que tales cuestiones deben plantearse, pues no intervienen de ningún modo preceptos rituales de orden local.
Competencia del tribunal de casación, sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Fischer, Daniel Alejandro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

Compete la intervención de la CFCP en cuestiones en las que la resolución recurrida resulta restrictiva de la libertad y susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, habiéndose alegado la violación de garantías constitucionales y la arbitrariedad de sentencia.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recursos, recurso extraordinario, emergencia económica, tipo de cambio, paridad cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: FASCE,  ROBERTO c/ BANK BOSTON NATIONAL ASSOCIATION s/ ORDINARIOS/ RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-15

Cabe conceder recurso extraordinario contra una decisión de la alzada confirmatoria de la de primera instancia, que juzgo una cuestión referida a la paridad cambiaria de obligaciones contraídas originariamente en moneda extranjera, relacionada con la aplicación de la ley 25561 y decreto 214/02 y de las siguientes y concordantes normas llamadas de emergencia económica, toda vez que podría involucrar materia de orden federal, y por ende, susceptible de ser examinada en la instancia excepcional prevista en la ley 48 art. 14
Derecho de enseñar y aprender, acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mataresse c/ St. Andrew's Scot School s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

La negativa de acceso al establecimiento demandado no supone impedir que el menor continúe su educación -dada la gran cantidad de institutos educacionales de igual orientación y características-, por lo que no se menoscaba de modo alguno el derecho constitucional de aprender.
Procedimiento administrativo, trámites judiciales, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Olazábal Cabrera, Jaime c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-11-15

La existencia de irregularidades en el desarrollo del trámite relacionadas con la efectividad del debido proceso, no necesariamente debe llevar a la declaración de nulidad del acto administrativo, por cuanto la adopción de tal solución, de manera genérica, podría importar -paradójicamente-, otra violación de dicha garantía, al imponer una trascendente dilación temporal en la adopción definitiva de la decisión de fondo (art. 15 de la Const. bonaerense). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del escribano, ejercicio profesional, desregulación económica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS Y OTRA c/ SCHIMPF DE FOLMER, BEATRIZ s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-17

El mencionado Decreto 2284/91 es actualmente ley de la Provincia de Entre Ríos en virtud de la adhesión lisa y llana al mismo, sin ningún tipo de reservas, efectuada por el Estado Provincial mediante Ley 8622.
Facultades de la autoridad de prevención, detención sin orden
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Como puede comprobarse aquí, de ningún modo puede afirmarse que la policía contara con circunstancias debidamente fundadas que hicieran presumir que Corituma Malache y/o Godoy Calderón hubiesen cometido o pudiesen cometer un hecho delictivo o contravencional. Ellos se encontraban en el interior de un bar -no se sabe haciendo qué (probablemente tomando un café, conversando o cenando) pero de las declaraciones de los preventores no se indicó ningún motivo por el cual aquéllos razonablemente pudieran sospechar que los acusados hubieran cometido o estuvieran por cometer un delito o una contravención. Entiendo que en los supuestos como los analizados aquí la policía sólo se encuentra facultada para requerir los documentos de una persona cuando circunstancias previas objetivamente permitan presumir que se está por cometer, o ya se cometió, un hecho contrario a la ley, esto es, un delito o una contravención. Sólo ante dicha circunstancia la policía puede exigir a los habitantes que se identifiquen o exhiban sus documentos. Aquí no se trata de una situación donde la policía está buscando a un individuo acusado de cometer un delito; está realizando un control vehicular (ver artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, último párrafo, donde la policía expresamente se encuentra facultada sin orden judicial a inspeccionar vehículos); está custodiando el acceso a un lugar sensible como puede resultar un edificio de gobierno, un aeropuerto, un lugar religioso, un banco o un estadio deportivo. En esta causa los acusados estaban sentados en un lugar de acceso público, como lo es un bar, sin molestar a nadie ni causando alboroto. Tampoco la policía contaba con una denuncia por medio de la cual se hubiera puesto en conocimiento que en el bar "Los Únicos" se estuvieran cometiendo delitos, ni tampoco pidieron la colaboración de los acusados como testigos de un procedimiento. Aquí simplemente se los identificó por antojo de la policía sin que medie circunstancia justificante alguna" (Del voto del Dr. Jorge L. Ballestero).
Obras sociales, responsabilidad de la obra social, obligaciones de medio, obligación de seguridad
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mendoza, María Mercedes c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

La obra social debe cerciorarse de que cuenta con los medios (médicos, auxiliares, etc.) y materiales (instalaciones, instrumental, medicamentos, etc.), en oportunidad cantidad y calidad adecuadas conforme a las circunstancias que se impongan, de ahí que el término "resultado" tenga un valor relativo, ya que no se garantiza un resultado final como por ejemplo, la curación del paciente (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cooperativa de trabajo, objeto social
Materia: LABORAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL Y ANEXOS CARMEN LIMITADA s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-23

La dación de trabajo es el servicio que las cooperativas prestan a sus asociados, no existiendo la posibilidad de considerar el trabajo de estos como una obligación de terceros, ya que sin ella las cooperativas carecerían de objeto.
Verificación de créditos, obligaciones de hacer
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Epherra, Andrés C. y otro c/ Marchesi S.A.(Quiebra) s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

El adquirente en subasta pública de un bien del concursado -realizado en un proceso independiente a la quiebra- no es acreedor de éste y no tiene crédito alguno que verificar contra él. Tiene derecho a que el órgano jurisdiccional -siempre que estén dadas las condiciones pertinentes- produzca los actos necesarios para convertirlo en propietario del bien que adquirió.
Caducidad de instancia, retiro del expediente, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: Usuna, Jesús María c/ DOMVIL S.A.I.C.A. y otro s/ Indemnización por accidente de trabajo-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE  LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-03-18

En caso de retiro del expendiente por la actora por un término mayor al establecido en el artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial, la caducidad de instancia puede ser declarada de oficio o a instancia de parte en los modos previstos por los artículos 303 y 304 de dicha norma.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrefour Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ Declaración de inconst. Medida cautelar de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Si en el caso se reúnen, a la vista de la normativa eventualmente aplicable (arts. 191 y 192 de la Const. Prov.; art. 27 inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 1 del decreto-ley 9168/68), los presupuestos propios de la medida de no innovar -exigidos en el art. 230- y existe nítidamente el peligro de que una eventual sentencia favorable al demandante resulte ineficaz, al menos para el lapso que demande la sustanciación del proceso y paralelamente el aseguramiento no puede obtenerse por medio de otra medida precautoria, corresponde hacer lugar a la prohibición de innovar. (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ojeda  Carlos  Antonio c/ Instituto Nacional de Reaseguros SE. enliquidación            Dto.171/92 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-31

Conforme lo normado por el art. 101 de la ley de sociedades, la sociedad en liquidación conserva su personalidad a ese efecto.

Las relaciones del personal con las empresas del Estado se rigen por el Derecho Privado, salvo que se trate de personal dirigente o superior, único que queda dentro del ámbito del derecho público (cfr. Fallo Plenario CNAT, N° 86 del 29/08/1961 en "Imperiali, Danli J. c/YPF"). Si el trabajador estaba sujeto a un horario, era controlado, recibía instrucciones de sus superiores jerárquicos, era obligado a facturar en concepto de honorarios y sus pagos se efectuaban mediante cheques y luego a través de cajas de ahorro, queda descartado el trabajo de carácter autónomo e independiente que pretende la accionada, sin que resulte relevante la circunstancia de que hubiera firmado contratos de locación de servicios en virtud del principio de la realidad y lo dispuesto en el art. 14 L.C.T. (En el caso, el trabajador entabló demanda contra el INDER Instituto Nacional de Reaseguros S.E. en liquidación, Dto. 171/92).