Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-09


SENT Nº 215 San Miguel de Tucumán, 09 de Abril de 2012.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte parte actora, en autos: "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Yavic Confecciones S.R.L. y otros s/ Ejecución hipotecaria"; y	C O N S I D E R A N D O :

I.- Que viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora (fs. 14 a 23) en contra de la sentencia nº 391 de fecha 30/11/2011 de la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 12), por la que se denegó el recurso de casación interpuesto por la quejosa en contra de la resolución nº 530 del 23/12/2010 (fs. 1), del referido tribunal de alzada. II.- El auto denegatorio de la casación se cimentó, primeramente, en la ausencia de definitividad de la sentencia que desestima la caducidad de segunda instancia planteada.

Por otro lado, estima el a quo que el punto no adquiere gravedad institucional, puesto que la existencia de sentencias contradictorias en el mismo fuero -alegada por el recurrente- no se presenta como tal, en tanto que el decisorio -que a los fines de justificar tal extremo alega el impugnante (sentencia nº 610 de fecha 26/11/1997 de dicha sala)- no existe o no corresponde a tal numeración.

En virtud de tales fundamentos, el sentenciante declaró inadmisible la casación pretendida.

III.- Ante ello, la actora interpuso el presente recurso de queja. Luego de efectuar un breve relato de los antecedentes de la causa, funda -esencialmente- la vía directa tentada en la causal de gravedad institucional por sentencia contradictoria. Cita diversos precedentes provinciales de distintos tribunales de segunda instancia y de esta Corte que -según la convicción del recurrente- se oponen al criterio en base al cual el a quo rechazó el incidente de caducidad de la instancia recursiva ordinaria. Deduce el quejoso que la jurisprudencia citada contraviene el razonamiento esgrimido por el inferior, por el que éste último juzga que la segunda instancia no se abre con la providencia que concede el recurso sino con su notificación.

IV.- Corresponde analizar, entonces, la procedencia de la vía impugnativa directa interpuesta. Los requisitos formales del art. 755 del CPCCT se encuentran debidamente cumplimentados.

En orden al recaudo de definitividad, es reiterada la doctrina de esta Corte en el sentido que las sentencias que resuelven desestimar la caducidad no son definitivas (CSJTuc., sentencias n° 205 del 28/3/2011; n° 410 del 04/6/2004; n° 68 del 05/3/2007, entre otras; en igual sentido CSJN, Fallos: 232:611; 233:46; 260:18; 260:34; 261:28; 262:158; 285:177; 286:86; 289:193; 307:1608).

En consecuencia, corresponde analizar si en el presente caso se presenta una hipótesis de gravedad institucional, alegada por el recurrente, única con la virtualidad para superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado (cfr. CSJT, sentencia nº 879 de fecha 03/9/2008).

Se advierte que le asistiría razón al quejoso en su demostración de la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el punto, proveniente del mismo fuero.

La sentencia cuestionada juzga que el decreto "concédase en relación el recurso de apelación interpuesto" (art. 533 CPCCT) debía ser objeto de notificación personal; no habiéndose cumplido con la misma, el plazo de caducidad no comenzó a correr, por lo que se rechaza el pedido con costas a la incidentista (fs. 1).

Ahora bien, otra sala del mismo tribunal, sostuvo: "Es criterio admitido unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia, que respecto al momento de apertura de la Segunda Instancia, se aplica el mismo principio sentado por el código respecto al inicio de la Primera. El art. 210 establece:"...La instancia se abre con la promoción de la demanda, aunque no hubiera sido notificada la providencia que dispone su traslado". Con el mismo criterio la Segunda Instancia se abre con el decreto que concede el recurso de apelación. Ello así toda vez que la interposición del recurso, constituye la última petición de parte, con entidad idónea para impulsar el procedimiento hacia la etapa subsiguiente. De tal manera la providencia que lo concede, tiene entidad para hacer avanzar el procedimiento, no siendo exigible, para marcar el inicio del plazo de caducidad, notificación alguna, ni requerirse que la providencia se encuentre firme (Morello-Sosa-Berizonce, "Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación", Tomo IV-A-Colombo, "Código Procedimientos Civil y Comercial de la Nación", Tomo II). A partir del decreto mencionado, incumbe a la parte interesada, apelante, la carga de realizar los actos procesales idóneos y útiles para mantener vivo el procedimiento, a fin de evitar la pérdida de su derecho a la revisión de la sentencia" (C.C. Doc. y Loc., Sala I, sentencia nº 116 del 03/5/1995, en "Banco Unión Comercial e Industrial Cooperativa Ltda. vs. Asfin S.A. s/Cobro Ejecutivo de Australes").

A su turno, la restante sala del mismo tribunal tiene dicho que: "No se requiere de la concesión del recurso para que se considere iniciada la segunda instancia. La concesión del recurso solo implica un pronunciamiento sobre su admisibilidad. En el sub-examine, la recurrente interpone recurso de apelación en contra de la sentencia que regula los honorarios con fecha Mayo 28 de 2002, el Juzgado en ese momento no concede el recurso y trata y resuelve un hecho nuevo denunciado por la demandada, sin que se active el recurso deducido, hasta que recién en fecha 25 de Noviembre de 2002, solicita se expida sobre los recursos deducidos, los que se conceden con fecha 29 de Noviembre de 2002. O sea, que si consideramos que la instancia se inicia con el escrito de apelación, comenzando desde allí a correr el plazo de perención, se concluye que en autos se ha operado la perención de la segunda instancia" (C.C. Doc. y Loc., Sala III, sentencia nº 373 del 13/8/2003, en "Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. Atenor Hnos. S.R.L. s/Cobro Ejecutivo").

Por tanto, es fácil advertir que existen pronunciamientos contradictorios, en el mismo fuero, respecto del momento a partir del cual se abre la segunda instancia y, por tanto, a partir de cuando comienza a correr el plazo de caducidad. La CSJN ha considerado que hay gravedad institucional si de la solución del caso puede desprenderse algún principio general que sirva para ser utilizado en problemas futuros de índole similar; uno de los supuestos, es el de interpretación de la ley ante la existencia de sentencias contradictorias del mismo tribunal, el caso que nos presenta el recurrente (citado en CSJTuc., sentencia nº 849 del 28/8/2009).

El caso planteado por el actor se basa en la existencia -acreditada- de criterios opuestos entre las Salas del mismo Tribunal sobre idéntico tema, lo que nos lleva al convencimiento de que la cuestión propuesta excede el interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia, por cuanto si una misma cuestión puede ser resuelta de manera opuesta según sea el tribunal que -en razón del turno- deba entender en el litigio, grave descreimiento y desazón causará a quienes obtengan soluciones contradictorias. Y debe advertirse que el problema planteado no puede encontrar otra solución al no existir, en nuestra legislación, el régimen de plenarios que posibilita uniformar las decisiones judiciales ("Casfec c/ Tintorería Primer Centenario", del 28/12/76; "R.N. SRL c/Cía. San Pablo de Fabricación de Azúcar" del 28/12/81; sentencia n° 291/1993; entre otros fallos de esta Corte).

Es que, es doctrina legal de esta Corte Suprema de Justicia de la Provincia, reiterada en modo constante y uniforme en sus distintas composiciones, que la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre una misma cuestión, configura el supuesto de gravedad institucional pues tal disimilitud de criterio significa, lisa y llanamente, flagrante violación de las garantías de defensa en juicio y de igualdad ante la ley, conculcaciones éstas que al vulnerar principios fundamentales y eminentes sobre los cuales se sustentan la digna subsistencia de la organización política instituida por la Constitución Nacional, excede el mero interés individual del recurrente para comprometer el buen orden y la recta administración de justicia. Se está pues en un supuesto de gravedad institucional, no sólo por lo reseñado, sino porque en el caso está en juego la racionalidad y unidad de la manifestación de voluntad del estado a través de sus órganos judiciales (cfr. sentencias nros. 250 del 27/7/92; 305 del 30/9/93, entre otras). A ello cabe agregar que, siendo precisamente una de las finalidades de la vía recursiva casatoria, la de tender a la unificación de la jurisprudencia en el ámbito provincial lo cual se entiende, como conveniente y necesario, en orden a la vigencia efectiva de la seguridad y la certidumbre que deben calificar al orden jurídico (CSJTuc., sentencia nº 637 del 02/8/2006; en similar sentido: sentencia nº 79 del 03/3/1997; nº 420 del 29/7/1994; nº 291 del 16/9/1993; nº 250 del 27/7/1992).

Por todo lo expuesto, de conformidad a lo dictaminado por el Sr. Ministerio Fiscal (fs. 25), y con el alcance previsto en el último párrafo del art. 755 de la ley ritual, se	R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora (fs. 14 a 23) en contra de la sentencia nº 391 de fecha 30/11/2011 de la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 12).

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.