Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 13 de 2007.

El Dr. Daniel Eduardo Stortini dijo:

I. La sentencia definitiva obrante a fs. 201/36 ha sido apelada por la demandada, a mérito del escrito que obra a fs. 237/55.

Se agravia, en primer lugar, por la omisión de tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por su parte a fs. 118/vta. y sigtes. y al respecto peticiona que se declare prescripto el reclamo por horas extras correspondientes al período 2003-2004.

Mantiene el recurso de apelación interpuesto a fs. 193/4 contra la resolución de fs. 186 mediante la cual se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 146, punto 6, de acuerdo a lo normado por el artículo 55 de la L.C.T. y se pusieron los autos en Secretaría para alegar en los términos establecidos en el art. 94 de la Ley Org.

Sobre el fondo del asunto, cuestiona la conclusión expuesta en torno a que el despido establecido por el accionante resulta ajustado a derecho y sostiene que de la prueba rendida en autos no surge acreditado que durante el transcurso de la relación laboral, haya existido injuria alguna que revista entidad suficiente para denunciar el contrato.

También recurre el progreso de la condena por diferencias salariales por los rubros horas extras y feriados.

Además, se agravia por la condena con fundamento en los arts. 1º de la Ley 25.323 y 80 "in fine" de la L.C.T. y por la entrega de los certificados previstos en la primera parte de la última normativa citada.

Sin perjuicio de lo expuesto, tacha de inconstitucional el artículo 16 de la ley 25.561, sus decretos de prórroga y el artículo 4º de la ley 25.972.

También cuestiona lo decidido en torno a las tasas de interés aplicadas en primera instancia y en cuanto se declaró la inconstitucionalidad del art. 4º de la ley 25.561.

Finalmente, recurre la totalidad de las regulaciones de honorarios por estimarlas altas.

Dicho recurso mereció réplica de la parte actora, a mérito del escrito obrante a fs. 261/5.

El decisorio de grado también ha sido recurrido por la parte actora, conforme la presentación que fue agregada a fs. 256/7.

Cuestiona el rechazo del agravamiento indemnizatorio establecido en el artículo 2º de la ley 25.323 y sostiene que si bien es cierto que su parte no reclamó esa "indemnización" ello se debe a que no se trata de una "indemnización independiente" sino de un "agravamiento indemnizatorio", por lo que teniendo en cuenta que en la especie se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia del concepto en cuestión corresponde su progreso.

Asimismo, recurren los honorarios regulados en la anterior instancia "...por altos y por bajos".

El recurso de la parte actora fue respondido por la contraparte, a fs. 302/5.

II. Considero que el recurso de apelación interpuesto por la demandada de prosperar mi voto, no habrá de tener favorable recepción.

Previo a adentrarnos en el estudio de la cuestión de fondo, corresponde analizar la queja vertido sobre la omisión de tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada en su responde (v. fs. 118/vta. y sigs.) sobre las horas extras reclamadas entre los meses de noviembre de 2003 y noviembre de 2005.

En la especie, corresponde aplicar la doctrina sentada por la C.N.A.T. en el acuerdo plenario Nº 312 del 06/06/06, en los autos caratulados: "Martínez Alberto c. Y.P.F. s/part. accionariado obrero", donde se dispuso "La citación para el trámite conciliatorio ante el SECLO, no surte los efectos de la interpelación prevista en el art. 3.986, segundo párrafo, del Código Civil" y "en el contexto del artículo 7 de la ley 24.635, no se ajusta la suspensión del plazo de prescripción a la duración del trámite conciliatorio, aunque dure menos de seis meses" (v. acta de finalización del procedimiento ante el SECLO obrante a fs. 3).

Consecuentemente el efecto de la suspensión impide que durante un período determinado continúe corriendo el plazo prescriptivo, pero no borra el tiempo ya transcurrido, de modo que al cesar la causa de la suspensión - en este caso el término de seis meses - la prescripción se reanuda inmediatamente y el nuevo plazo se une al anterior (art. 3.983 del Código Civil).

En ese contexto, y teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta el día 23 de mayo de 2006 (v. cargo obrante a fs. 18/vta.), que el período en cuestión se encuentra comprendido entre noviembre/03 y el mismo mes del año 2005 (v. fs. 14/vta./15) y que se trata de conceptos que se devengan mensualmente, corresponde el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

III. El recurso de apelación de fs. 193 contra la resolución de fs. 186, en tanto allí se dispuso que sería aplicable lo normado por el artículo 55 de la L.C.T. y se clausuró la etapa probatoria (conf. art. 94, Ley Org.) tampoco habrá de obtener favorable recepción, ya que decide la suerte desfavorable del disenso en contra de las pretensiones de la quejosa, la circunstancia que no cuestionó lo decidido en la resolución de fs. 152 -a la que alude la resolución apelada y constituye su basamento fáctico- en tanto se estableció que las manifestaciones vertidas por la parte demandada en su presentación de fs. 151 respecto del libro del artículo 52, L.C.T. son extemporáneas, de modo que al arribar firme a esta alzada esa resolución, se desestima la queja bajo análisis y, en consecuencia, se mantiene lo resuelto por la señora jueza de primera instancia en tanto consideró aplicable la presunción que emana del artículo 55 citado, clausuró la etapa probatoria e hizo saber que las actuaciones se encontraban en Secretaría para alegar.

IV. Sobre la cuestión de fondo, considero que los elementos fácticos esgrimidos en el memorial recursivo son insuficientes a los fines de rebatir la conclusión establecida en la anterior instancia.

Digo ello, por cuanto no beneficia a la recurrente la alusión al silencio del trabajador ya que dicha circunstancia no puede ser interpretada en su contra, de conformidad con lo normado por el artículo 58 de la L.C.T., que excluye expresamente la procedencia de la admisión de presunciones, cualquiera fuere su fuente, que conduzcan a sostener la renuncia a cualquier derecho derivado del contrato de trabajo, conforme acertadamente resolvió la Sra. Jueza A-Quo.

Asimismo "... en cuanto a la ineficacia del silencio del trabajador, fue reivindicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Padin Capella c. Litho Formas" en el que -expresamente- el Alto Tribunal sostuvo que "... el argumento de que medió en el caso una novación objetiva de las cláusulas contractuales con apoyo en el silencio del trabajador por el lapso anterior a la prescripción, conduce a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concs. de la L.C.T....aunque se reciba sin reservas" (conf. Julio César Simón, "Rebaja de salarios, el silencio del trabajador y acuerdo de partes, publicado en DT, 2005-A, 251/66).

En dicho ámbito, señalo que esta Sala IX ha sostenido -con su integración anterior- que "... para que pudiera admitirse la rebaja salarial del trabajador... la reducción debe contemplar también una contraprestación a cargo de la empresa que justifique la merma... pues de lo contrario se violentaría el principio de irrenunciabilidad emergente del art. 12 de la L.C.T. Por ende, no existiendo en autos la acreditación de tal contraprestación, ya que no surge elementos -ni la quejosa tampoco los señala- acerca de que se hubieran modificado las condiciones de trabajo del demandante con menores cargas horarias u obligaciones a su cargo, cabe concluir que la medida adoptada resulta nula, toda vez que el legislador protegió al trabajador al establecer aquel principio y fulminó su violación con la señalada tacha de nulidad (art. 14 L.C.T.)..." (cfr. "Devicenzi, Leonardo Ezequiel c/ Arca Distribuciones S.A. s/ despido" - S.D. Nº 11.839 del 29/9/2004).

También ha sostenido este Tribunal que "el salario constituye un elemento esencial del contrato de trabajo, lo cual implica que excede el ámbito del "ius variandi", por ende, al haberse verificado en el sub-lite lisa y llanamente una rebaja salarial, pues ... las demás condiciones laborales permanecieron inalterables ... el pago reducido de haberes que percibió durante un prolongado lapso, en virtud de lo normado por el art. 260 de la L.C.T. constituye un pago a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas ..." (cfr. "Raptis, Elena c/ Clínica del Oeste S.A. s/ despido" - S.D. Nº 6.147 del 30/6/99).

En tal inteligencia, carece de valor toda renuncia del trabajador a sus legítimos derechos en la medida que no exista una contraprestación equivalente, extremo éste último que no fue acreditado en la especie.

En dicho ámbito, no beneficia a la accionada la alusión a que el actor, contrariamente a lo señalado en la demanda, habría pasado a percibir sumas considerablemente mayores que las que percibía cuando se encontraba dentro del convenio, ya que ni siquiera hizo los cálculos -que en su opinión-, sustentarían su postura y de esa forma poder verificar lo argumentado al respecto.

La referencia efectuada en la apelación en torno a la presunción legal que emana del artículo 55 de la L.C.T. es irrelevante, debido a que en la sentencia de grado no se fundamenta la conclusión sobre dicha base sino que, entre otras cuestiones, se analiza la prueba testimonial rendida en autos la que, en mi opinión, no ha sido rebatida debida y acabadamente en lo que concierne al tercer agravio (art. 116 L.O.).

Siguiendo con dicho agravio, la argumentación expuesta respecto del declarante Luna en tanto dijo tener juicio pendiente de decisión al tiempo de declarar, carece de relevancia dirimente y es insuficiente por sí misma para desvirtuar la credibilidad de sus dichos. Por lo demás, tampoco constituye un elemento relevante, la mera referencia hecha en el recurso en torno a que debería interpretarse la prueba testimonial armónicamente con la declaración de Dourado Piro Richard, sin señalarse acabadamente cuáles serían los errores existentes en el decisorio de Grado sobre dicha prueba y sobre los restantes testimoniales analizadas en esa etapa, ni rebatirse las conclusiones expuestas al respecto por la Señora Jueza de Primera Instancia, siendo insuficiente la genérica referencia hecha sobre la testimonial de Gallo (conf. art. 116 L.O.).

Por los fundamentos expuestos y aún descartando la existencia de horas extras -cuestión sobre la cual me expediré en el punto siguiente- al no haberse desvirtuado la conclusión vertida en la anterior instancia sobre la existencia de diferencias de salarios con fundamento en los feriados durante dos años, sumado además a que el concepto diferencias de haberes que obra en la sentencia a fs. 224 por el monto reclamado en el inicio (v. planillas de fs. 14/vta./15, especialmente última columna) incluye además las diferencias por adicional por asistencia conforme el convenio aplicable, por lo que al no haber un agravio puntual de la demandada sobre dicha circunstancia estimo que también se encuentra comprendida la diferencia por el concepto señalado; entiendo que no existe justificativo valedero para modificar la conclusión acerca de que dicho incumplimiento constituye una injuria que justifica la disolución del vínculo por parte del actor, y en consecuencia, torna procedente el progreso de las indemnizaciones derivadas del cese, por lo que propongo se confirme la cuestión objeto de agravio.

V. La queja expuesta respecto de la condena por diferencias salariales en los conceptos horas extras, en mi opinión, habrá de tener obtener favorable recepción.

Previo a analizar esta cuestión, señalo que si bien el título del cuarto agravio alude a las horas extras y a los feriados, lo cierto es que de la lectura de ese agravio se desprende que las probanzas indicadas y las argumentaciones allí expuestas se dirigen solamente a fundamentar la inexistencia del rubro horas extras, de modo que expondré mi voto en el punto desde dicha óptica.

En ese contexto, disiento con el análisis efectuado por la juez que me ha precedido respecto de la acreditación de las horas extras aducidas.

Señalo en lo que atañe a la declaración testimonial de Ariel Arnal (v. fs.144/6), cuyo testimonio fuera impugnado por la demandada a fs. 147, que la circunstancia que haya relatado "...que el horario era semanal,..." y no haya efectuado ninguna aclaración al respecto, constituye un dato que no brinda valor probatorio de sus dichos, máxime teniendo en cuenta que en el escrito de inicio se invocó una labor de lunes a sábados (v. fs. 8), por lo que en dicho contexto el declarante necesariamente debió haber indicado que días de la semana habría laborado el reclamante.

En cuanto a la declaración de Dourado Piro Richard (fs. 170/1), que fuera cuestionada también por la parte demandada mediante el escrito de fs. 172, se le efectúa la misma observación que al testigo anterior ya que nada dijo sobre los días de la semana que trabajaría el actor. Por otro lado, sus dichos resultan confusos y contradictorios ya que si bien dijo que veía al actor desde que entraba hasta que salía porque el dicente refirió quedarse todo el día, también sostuvo que "cuando a veces el dicente cumplía el horario de mañana, lo veía al actor entrar a esa hora..." y que "..cuando el dicente estaba en el horario de tarde lo veía irse al actor a las 19.00 20.00 hs...", lo que denota la existencia de dos horarios diferentes que haría el testigo, dato que desmerece lo señalado anteriormente en torno a que vería al actor desde su ingreso hasta el horario de salida. Finalmente, corresponde agregar que el deponente tampoco recuerda el nombre de la jefa de la oficina del actor, lo que también constituye un extremo desfavorable a su credibilidad.

La breve testimonial de Graciela Ortiz (v. fs. 155/6) es irrelevante ya que no sólo dijo haber laborado con el actor "...hasta aprox. 2003" sino que tampoco indicó que días de la semana habría trabajado. Por lo demás, no dio la razón de sus dichos en cuanto señaló que al nombrarlo al actor fuera de convenio ello implicaría un horario de 10 horas como mínimo (conf. art. 4455 "in fine", CPCCN). Tampoco es decisiva la declaración de Juan Luna (v. fs. 178) ya que no dijo que días de la semana habría trabajado el Sr. Escudero, por lo que no la he de tener en cuenta.

La restante declaración no aporta elemento relevante ni conducente en favor de las pretensiones de la parte actora.

En el contexto expuesto, las probanzas reseñadas sobre la cuestión no adquieren significación relevante a los fines pretendidos por la parte interesada, de modo que al no existir una contundente y fehaciente acreditación de las horas extraordinarias peticionadas, se deja sin efecto la condena por dicho concepto (art. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).

En consecuencia, propicio reducir el punto "diferencias de haberes" que surge de la liquidación practicada en la sentencia (v. fs. 224), por lo que restándosele del total el reclamo por horas extras, se arriba a un monto de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS ($ 4.265,08).

VI. No tendrá favorable acogida la queja dirigida contra el progreso de la indemnización prevista en el artículo 1º de la ley 25.323, ya que de conformidad con lo resuelto acertadamente por la juez "a quo" a fs. 225, en lo que atañe a la aplicabilidad de dicho artículo y dada la forma en que se resuelve la cuestión -y aún descartando el tema de las horas extras ya analizado- , igualmente estamos en presencia de una registración deficiente, por lo que al encontrarse cumplimentado el requisito de procedencia de la multa en cuestión, propondré su confirmatoria.

VII. Tampoco habrá de prosperar el recurso interpuesto por la parte actora sobre la omisión de la sentencia de grado de condenar por el agravamiento indemnizatorio establecido en el artículo 2º de la ley 25.323.

Teniendo en cuenta que en el escrito de inicio no se incluyó en la liquidación inicial el rubro artículo 2º de la ley 25.323 y en atención a que el propio accionante en su recurso reconoce no haber reclamado en la demanda dicha "indemnización", conforme la doctrina de los actos propios, el argumento expuesto resulta insuficiente a los fines pretendidos por el apelante.

Por lo demás, considero que la argumentación señalada en torno a la supuesta diferenciación existente entre "indemnización independiente" y "agravamiento indemnizatorio", resulta innovativa en esta instancia ya que no ha sido expuesta oportunamente, por lo que su tratamiento en esta alzada atentaría contra el principio de congruencia (art. 277, C.P.C. y C.), como del derecho de defensa en juicio de la contraria, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Por lo expuesto, y al no cumplimentarse con el requisito legal previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica, corresponde el rechazo del punto bajo análisis.

VIII. Resta dar tratamiento al cuestionamiento articulado por la parte demandada en orden al progreso de la indemnización establecida en el artículo 80 "in fine" de la L.C.T.

En las presentes actuaciones no sólo no se cumplimentó con la entrega de los certificados -incluso no se lo hizo en un período anterior- sino que tampoco se lo acompañó debidamente en la contestación de demanda en tanto que se han asentado datos no acordes a lo resuelto en esta instancia.

En dicha perspectiva, la accionada deberá extender el certificado de servicios y remuneraciones previsto por el artículo 80 de la L.C.T. y el de aportes previsionales, sobre el que se señala que el legislador, en el apartado segundo "in fine" del artículo indicado, impuso al empleador la obligación de hacer entrega al trabajador, al finalizar la relación laboral, de la "constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social", razón por la cual, la demandada deberá cumplimentar con dicha obligación de entrega, y los datos que consten en dichos certificados deberán ajustarse a lo decidido en las presentes actuaciones, por lo que se confirma lo decidido en la anterior instancia al respecto.

IX. El agravio por el rechazo del pedido de inconstitucionalidad del art. 16, ley 25.561, sus decretos de prórroga y del art. 4º de la ley 25.972, no habrá de progresar.

Es dable señalar liminarmente que la declaración de inconstitucionalidad es el último remedio jurisdiccional al que debe acudir el juzgador a fin de paliar una situación que vulnera derechos amparados en nuestra Constitución Nacional que constituye la "última ratio del orden jurídico" a fin de salvaguardar - en este caso - el derecho del trabajo protegido en sus diversas formas que gozará de la protección de la ley conforme lo prescribe el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.En dicho contexto, y en cuanto a la inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del artículo 16 de la ley 25.561, señalo que no tendrá la recepción pretendida.

En tal sentido, debo precisar que esta Sala ya se ha expedido sobre el tema en análisis, habiendo sostenido al respecto que "el Poder Ejecutivo Nacional no se ha excedido en su facultad de reglamentación al sancionar los decretos 883/02, 662/03 y 256/03, ya que toda vez que el art. 16 de la ley 25.561 ha sido dictado en el marco de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria dispuesta por el art. 1º de la misma norma, no cabe duda que el espíritu del legislador ha sido la extensión en el tiempo, de la sanción dispuesta por el citado art. 16, para el caso de despido en época de crisis. Además, dicha situación de emergencia ha sido prorrogada por el art. 1º de la ley 25.820, como asimismo que el art. 4º de la ley 25.972 prorrogó la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta en el art. 16 de la ley 25.561, por lo cual, no cabe duda que el Poder Ejecutivo Nacional, a la hora de reglamentar los decretos cuestionados, actuó de acuerdo a las directivas implícitas dispuestas por el Poder Legislativo y en el marco de la reglamentación prevista por el art. 99 inc. 1º y 2º de la Constitución Nacional" (conf. esta Sala IX en su anterior composición, in re: "Ruiz, José Rubén c/ Lanape S.A. s/despido", S.D. Nº 12.102, del 28/12/04), por lo que corresponde a mi juicio confirmar este aspecto del pronunciamiento de grado.

Tampoco resulta inconstitucional el decreto 264/02, por cuanto considero que de la lectura del art. 16 de la ley 25.561, no surge limitado el agravamiento que la misma impone tan sólo respecto de la indemnización por antigüedad, por cuanto allí el legislador prescribió que ante despidos sin causa, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados "el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad con la legislación laboral vigente", y es sabido que el régimen laboral ante un despido injustificado impone el pago de otras indemnizaciones además de aquella y valga como mero ejemplo la sustitutiva del preaviso (art. 232 L.C.T.) sin perjuicio de las restantes de naturaleza indemnizatoria, por lo que el dispositivo del art. 4º el decreto 264/02, reglamentario de aquella, no importa un exceso en su reglamentación como sostiene la apelante, sin que se verifique al respecto conculcado derecho constitucional alguno.

En lo que atañe al disenso en torno a la legitimidad constitucional del art. 4 del Dto. 264/02 que estableciera expresamente que "... la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25.561 comprende a todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo ...", señalo que luego de establecerse en el art. 16 supra citado, con causa en el cuadro de emergencia económica y social, la suspensión por ciento ochenta días de los despidos sin causa justificada, como salvaguarda del sistema de estabilidad relativa impropia adoptado casi invariablemente en el esquema laboral nacional que protege al trabajador del despido arbitrario (art. 14 bis de la Constitución Nacional) sin vulnerar la libertad de comercio e industria (art. 14 de la C.N.) ni el derecho de propiedad (art. 17 C.N.) (C.S.J.N., 5/5/87 "in re" "Cortéz de Herrero, Florencia María Fanny c/ Empresa Provincial de Emergía (EPE)" T.310 F.891, entre otros), seguidamente establece que los empleadores que no obstante decidan contravenir dicha disposición "... deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese de conformidad a la legislación laboral vigente ...", debiendo entenderse necesariamente que hace referencia a la derivada del despido sin causa justificada al que se hace alusión en la primera parte del artículo.

Por lo expuesto, se confirma lo decidido en la anterior instancia sobre el punto.

X. La cuestión relativa a las tasas de interés aplicadas en la anterior sede -activa desde el cese hasta el efectivo pago y, por idéntico período, la de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC- y sobre la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 ley 25.561, habrá de tener favorable recepción sólo parcialmente.

A tal fin, memoro que la tasa activa -exclusivamente- fijada por la sentenciante de grado sobre el capital de condena, resulta equitativa, de conformidad con el criterio seguido por esta Sala IX en su anterior integración en el acuerdo que diera origen al Acta 2357, donde este tribunal dejó sentado que "debe considerarse especialmente que la salida de la convertibilidad monetaria, la subida drásticas de los valores de los bienes de uso y consumo y la imposibilidad de indexación impuesta por la ley 25.561, "...generan una brusca modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento..." (cfr. acta citada)...En consecuencia, ante dicho cambio drástico de la política cambiaria, monetaria y económica debió ser revisada la tasa de interés fijada con el objeto de evitar un grave daño para los derechos del trabajador, máxime que se trata de un crédito de carácter alimentario, que en razón del orden público laboral esta Justicia Nacional del Trabajo debe tutelar...Al respecto, conforme la opinión de la Cámara en pleno la tasa activa del Banco de la Nación Argentina "...es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales..." ya que viene a paliar el envilecimiento de la moneda, cuya causa obedece a la mora generada por el deudor ante el incumplimiento del pago oportuno de la obligación".

En dicha perspectiva, propondré modificar la sentencia de grado en el punto objeto de agravio en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 4º de la ley 25.561 y aplica la tasa de interés de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC, y en consecuencia, mantener exclusivamente la tasa activa del Banco de la Nación Argentina fijada por la Sra. Jueza de Primera Instancia, la que se confirma.

XI. En atención a la solución propuesta en el punto V de este voto, corresponde restar la incidencia del rubro horas extras de los conceptos que son objeto de condena en los cuáles se calculó dicha proyección.

En dicho ámbito en atención a los resultados obtenidos en la sentencia de grado sobre los rubros antigüedad y artículo 1º de la ley 25.323 -se infiere que aquél punto de la liquidación de grado incluye el reclamo con fundamento en el artículo 16 de la ley 25.561 (50%) conforme fuera peticionado en la liquidación practicada en el libelo de apertura, ver fs. 16- considero que el monto tenido en cuenta como base de cálculo de esos conceptos y sobre la base de 8 períodos computables a los fines del artículo 245 L.C.T., es de $ 2.954,46. En dicha ilación y teniendo en cuenta que corresponde restarle la incidencia de las horas extras reclamadas en el inicio por la suma de $ 570,24 (v. fs. 13) más el SAC proporcional (v. fs.13/vta.) que es de $ 47,52, se arriba a la suma de $ 617,76, de modo que queda una base de cálculo a los fines de los rubros indicados anteriormente de $ 2.336,70.

XII. Corolario de todo lo expuesto, el nuevo capital de condena es de PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON TREINTA CENTAVOS ($ 66.330,30) que comprende los siguientes rubros conforme liquidación de fs. 224 y los montos que seguidamente señalo: a) indemnización por antigüedad: $ 28.040,40 (base de cálculo antedicha x 8 períodos computables más el 50% en concepto de indemnización art. 16, ley 25.561); b) preaviso: $ 6.335,13 -reducida proporcionalmente sobre la nueva base de cálculo de $ 1.689,37 que surge de restarle a la base tenida en cuenta en primera instancia de $ 2.307,13 (v. fs. 14 y vta.), la suma de $ 617,76 por horas extras- ; c) diferencias de haberes: $ 4.265,08 conforme lo establecido en el punto V de este voto; d) vacaciones: $ 1852,41; e) 2da. cuota del aguinaldo 2005: $ 1010,74; f) 15 días de haberes de diciembre de 2005: $ 1.064,83 estos últimos tres conceptos conforme los montos de la liquidación practicada en primera instancia ya que no surge de las constancias de autos que se haya incluido en sus bases de cálculo las horas extras; g) indemnización artículo 1º de la ley 25.323: $ 18.693,60 ($ 2.336,70 x 8 períodos); y h) indemnización art. 80 L.C.T.: $ 5.068,11 (base tenida en cuenta en primera instancia de $ 2.307,13 menos $ 617,76 por horas extras: $ 1.689,37 x 3 períodos). El nuevo capital de condena llevará los intereses establecidos en este voto.

XIII. El nuevo resultado del litigio impone dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.N.) y proceder a fijarlos en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las apelaciones formuladas en torno a los honorarios.

En atención a la solución propuesta, propicio mantener las costas de primera instancia a cargo de la demandada, ya que la decisión sobre este punto encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, por cuanto quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho, ello teniendo en cuenta que la demandada ha resultado vencida en lo substancial del reclamo y que la distribución de costas no está sujeta a pautas estrictamente matemáticas (conf. art. 68 CPCCN).

Asimismo, sugiero regular los honorarios en atención al mérito, importancia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados en primera instancia, y al valor del litigio, configurado en la especie por el capital e intereses de condena, a la representación letrada de la parte actora y demandada, en el 16% y 13% respectivamente, sobre el nuevo capital e intereses de condena (arts. 6, 7 y concs. de la Ley 21.839, mod. por Ley 24.432 y art. 38 L.O.).

XIV. Sugiero imponer las costas de alzada en el orden causado, en atención a la forma de decidir la cuestión y el resultado de las apelaciones de las partes (conf. art. 68, "in fine" y 71 del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante este Tribunal, en el 25% para cada una de ellas, de lo que, les corresponda percibir por sus labores en la instancia de grado (art. 14 ley 21.839).

XV. Hágase saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también que el obligado a afrontar las costas del juicio, en caso de corresponder, deberá adicionar el ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a C.A.S.S.A.B.A. (Artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. Nº 6/05).

El Dr. Héctor J. Scotti dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini: no vota (art. 125 de la L.O.).

En mérito al acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y reducir el capital de condena a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON TREINTA CENTAVOS ($ 66.330,30); y en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 4º de la ley 25.561 y aplica la tasa de interés de la canasta básica total elaborada por el INDEC, las que se dejan sin efecto y, en consecuencia, mantener exclusivamente la tasa activa del Banco de la Nación Argentina fijada en la anterior instancia; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y honorarios establecidos en la primera instancia y proceder a fijarlos en forma originaria; 3) Mantener la imposición de costas de la anterior sede a cargo de la parte demandada vencida; 4) Regular a la representación letrada de las partes actora y demandada, por los trabajos efectuados en primera instancia, en el 16% y 13%, respectivamente, sobre el nuevo capital e intereses de condena; 5) Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de recursos y agravios; 6) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 7) Regular a la representación letrada de cada una de las partes, por los trabajos efectuados en esta sede, en el 25%, para cada una, de lo que en definitiva les corresponda percibir por la anterior instancia; 8) Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el obligado a afrontar las costas del juicio, en caso de corresponder, deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a C.A.S.S.A.BA.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Daniel Eduardo Stortini. -Héctor J. Scotti.