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Querella, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: SAETA, Manuel s/ NULIDAD PROCESAL. ACUSACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-12

Es nulo el escrito de querella que omite la descripción del hecho subsumido en el art. 153 del C.P. -que atribuye al querellado- y por el que solicita la imposición de una pena. La falta de individualización del objeto sobre el que debe recaer la sentencia impide el ejercicio del derecho de defensa, por lo que tener por válida la pieza procesal impugnada importaría violación de una garantía de la ley suprema o implicaría la nulidad del procedimiento que a la postre se dictara, por la necesaria correlación entre éste y la acusación. Dado que el delito por el que se querella es de acción privada, corresponde declarar la nulidad de la acusación y de las actuaciones posteriores que son su consecuencia.
Competencia por la materia, mutuo comercial, nulidad del contrato, daños y perjuicios, cuentas bancarias
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Conzi, Silvia Inés c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-22

Corresponde atribuir competencia al juez comercial para entender en una acción de nulidad de ciertos contratos de mutuo que habría emitido el banco accionado y ciertos daños y perjuicios que la actora alega le fueron causados por el accionar de terceros, quienes habrían accedido a su cuenta bancaria realizando distintos movimientos que desconociera y denunciara, toda vez que se trata de una acción eminentemente comercial pues deriva de una operación de una entidad financiera, en el marco de su operatoria habitual.
Contienda negativa de competencia, procedimiento laboral, sucesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: MARCHISIO, GUILLERMO ELOY c/ CHALBAUD Y SANGINES, JOSE MARIA JUAN LEONARDO (SUCESION) s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-06

Corresponde disponer que siga entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral pues, si bien este proceso laboral fue iniciado luego de producido el fallecimiento del causante, con pleno conocimiento de dicha circunstancia por parte del actor y con debida citación de los herederos, transitó por distintos estados procesales en un lapso de más de doce años, sin que el Órgano jurisdiccional interviniente haya declarado oportunamente su incompetencia, teniendo la oportunidad para hacerlo; y, al no haber manifestado los litigantes nada al respecto (aun teniendo conocimiento de la tramitación del sucesorio y con intervención de los herederos en la causa), el magistrado no puede invocar la incompetencia de oficio, máxime cuando la causa ha alcanzado un grado avanzado de tramitación, como en la que aquí nos ocupa, que ya se encontraba en condición de ser resuelta. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 2 in fine.
Jueces, apreciación de la prueba, proceso judicial, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: AGROVAL S.A. c/ CABADAS ALVARO Y OTROS s/ REIVINDICAION Y DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-17

Conforme a la normativa procesal, los jueces no están obligados a considerar todas las pruebas ofrecidas, salvo aquellas que resulten necesarias para dilucidar la cuestión puesta a decisión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, facultades disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAGNI, VICENTE JUSTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 177-82 GONZALEZ, ELVIO DANIEL DARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 1-83 FALTONI, HECTOR DANIEL c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 302-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-09-03|1986-05-07|1988-11-23

Este Tribunal, en distintas oportunidades, ha aceptado que la jurisdicción contencioso administrativa puede no cubrir todos los actos de la administración pública, pues le corresponde el conocimiento de los recursos "en los casos y modos que establezca la ley" (artículo 93, inciso 2 de la Constitución Provincial). Entre estos, el legislador excluyó "...Las resoluciones de la administración que importen el ejercicio de facultades disciplinarias, siempre que no adolezcan de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de las formas sustanciales...";

(Artículo 12, inciso c), ley 4106).
Iura novit curia, juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez, Gerardo Daniel c/ Tolosa, Raquel y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

En principio corresponde con apoyo en la regla "iura novit curia" recalificar a la excepción denominada por el accionado "falta de legitimación ad causam" como inhabilidad de título (art. 542 inc. 4º CPCC).
Compraventa inmobiliaria, cesión de boleto, responsabilidad del cedente, garantía de evicción
Materia: CIVIL
Carátula: PONCE, RAMON F. c/ PALARES DE GONZALES, JUANA Y OTROS. s/ RESOLUCION DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-04

Según resulta del artículo 1476 del Código Civil la garantía de evicción en el contrato de cesión de derechos hace que responda el cedente de buena fe por la existencia y legitimidad del crédito, pero no por la solvencia del deudor cedido, a no ser que la insolvencia fuese anterior y pública. Fuera del caso en que el propio cedente se obliga frente al cesionario por la solvencia del deudor -supuesto en que se estaría ante una garantía de hecho, convencional-, el código impone en esta hipótesis la asunción de una responsabilidad legal puesto que, cuando la insolvencia aparece en forma pública y es anterior a la cesión, la ley presume que el cedente ha obrado de mala fe y eximirlo en tal caso de la garantía representaría premiar una conducta dolosa (conf. Borda, "tratado de Derecho Civil Argentino-Contratos" 3ra. ed., t. I, pág. 431 nro. 584 ap. a; Salvat-Acuña Anzorena, "Tratado de Derecho Civil Argentino Fuentes de las Obligaciones", 2da. ed., t. III, pág. 440 nro. 2320 ap. 1).

Se hace indispensable delimitar en forma precisa qué debe entenderse por insolvencia, para lo cual es suficiente demostrar, para que funcione la garantía a que está obligado el cedente, que el deudor cedido había caído en pública y anterior cesación de pagos, siendo tal el alcance del vocablo empleado en la norma citada (conf.

Spota, "Instituciones de Derecho Civil-Contratos", vol. IV pág. 343 nro. 930).
Cheque, recursos, falta de pago, trámites judiciales, legitimación activa, procesos de ejecución, título ejecutivo hábil
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Occhiuzzi, Miguel Angel c/ Benrom SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Cuando -como en el caso- los cheques fueron librados en su gran mayoría, sin beneficiario como dan cuenta la mayoría de los instrumentos obrantes en la causa, en nada perjudica la ejecución respecto de cada obligado demandado. La tenencia de los documentos convierte al actor en legítimo titular del crédito que aquí se ejecuta (LCh 6-3°), pudiendo ser abonado a quien lo presente al cobro y trasmitido frente a ello y no negada la suscripción de los cheques, queda configurada la responsabilidad cambiaria de los firmantes respecto de cada una de las sociedades en forma autónoma. A mayor abundamiento cabe precisar que a esta conclusión se arriba por aplicación de la doctrina sentada en el fallo plenario in re "Wallach, Oscar A c/ Glaubach Roberto A", del 4/8/81.
Medidas cautelares, medida de no innovar, prueba, peligro en la demora
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: TESONE de ANDRADE, FLORA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

El perjuicio alegado para que proceda el dictado de una medida cautelar debe ser de tal naturaleza que no se confunda con el daño genérico que pueda subsanarse con la tutela jurisdiccional. Por ello, corresponde denegar la prohibición de innovar solicitada si no se acredita el peligro de la demora.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, jubilación por invalidez
Materia: PROCESAL
Carátula: De Gregorio de Scalas, Santa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la reapertura de la instancia administrativa y denegó la jubilación por invalidez, pues la interpretación de la prueba que efectuó el a quo se limitó a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, pero no los integró ni armonizó debidamente en su conjunto, lo cual lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los medios probatorios.
Empleo público, personal no permanente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: K., L.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-13

Están excluidos de los Estatutos de la Función Pública (art. 1° del Dto. Ley Nro. 1987) las "... autoridades superiores que no forman parte del elenco permanente de la Administración, y ejercen funciones de dirección, gobierno, conducción ejecutiva, por tiempo determinado . Por su actividad, expresan la voluntad de los órganos, a diferencia de otros -sujetos a Estatutos- que expresan exclusivas relaciones de servicios.

Su situación subjetiva, no está regida por las normas propias de los segundos, denominadas "Estatutarias".- Añadía allí que ello no significa que puedan ser considerados exentos de obligaciones y excluidos de derechos, y que eventualmente para discernirlos podrá acudirse a normas -o en su defecto- principios generales del Derecho Constitucional y Administrativo.- Es más, suelen prestar juramento, lo cual destaca la naturaleza de sus deberes jurídicos, destacando entre los derechos el sueldo, retribución o remuneración por los servicios que se presten. Mas la estabilidad -es claro- no está entre ellos. No hay proceso seleccionario, ni por ende debe haberlo remocionario.
Libertad de expresión, daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martin, Edgardo Héctor c/ Telearte SA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-03

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios originados por diversas manifestaciones periodísticas que sembraban sospechas sobre la participación del demandante en un homicidio que tuvo significativa cobertura en los medios de comunicación si la recurrente no ha logrado acreditar la existencia de ninguna de las circunstancias eximentes de responsabilidad que fija la doctrina "Campillay" en tanto las afirmaciones no fueron atribuidas a fuente alguna y durante la emisión del programa no se reservó la identidad del actor sino que, por el contrario, se lo identificó acabadamente.
Insuficiencia del agravio, recusación, deber de imparcialidad, participación criminal, narcotráfico, dictamen fiscal, homicidio, apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias, sentencia condenatoria, juicio oral
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LAMAS, Héctor Fernando y GÓMEZ, Blas Adrián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Corresponde rechazar el agravio relacionado con la recusación de los jueces del tribunal toda vez que en función del criterio restrictivo y de excepción que rige en esta materia, y vistas las particulares circunstancias relevantes del caso en examen, cabe concluir que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de elementos objetivos que abonen sus alegaciones vinculadas con la imparcialidad del a quo. Es que si bien los hechos objeto de las presentes actuaciones tienen cierta ligazón con los que fueron objeto de debate en la causa 68/2017, en tanto en esta última se investigó a una organización criminal dedicada al narcotráfico en la que participaban, entre otros, tanto los aquí imputados como la víctima, debe repararse, como señaló el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, que ".de la lectura de la sentencia dictada el 19 de mayo de 2019 se aprecia que ninguno de los hechos allí tenidos por probados se vincula con los sucesos de la noche del homicidio, ni hacen a su participación en él"; y que no es cierto que el rol de Gómez en aquella organización ". Haya creado la convicción de culpabilidad en el ánimo de los jueces, pues de la lectura de la sentencia recurrida se aprecia que el Tribunal valoró el importante cúmulo de pruebas presentado por el Ministerio Público que dan cuenta de." su responsabilidad (y la de Lamas) en el homicidio. En efecto, la justificación de la condena al encausado por el hecho aquí juzgado, ha partido de la existencia de una acumulación de elementos de prueba, directas e indirectas, surgidas de la propia investigación llevada a cabo a partir de la constatación del deceso de la víctima, y de su validez, por haber sido lícitamente obtenidas y practicadas en juicio oral conforme a los principios de inmediación, contradicción y publicidad. Este motivo es central y despeja toda hipótesis de prejuzgamiento que reedita la parte a través de uno de los agravios del presente recurso de casación, el que, ya fue objeto de atención y respuesta por parte del tribunal.
Defensa del consumidor, prenda con registro, ejecución prendaria, secuestro de bienes, defensa en juicio, debido proceso, participación del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Santander Río S.A. c/ Coman Escandar Silvina Ruth s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-10-24

Corresponde declarar inaplicable a la relación de consumo el trámite previsto en el art. 39 del decreto-ley 15.348/1946, ratificado por la ley 12.962, (que es una rara avis jurídica y que se caracteriza por no generar instancia, no es un proceso, sino un mero trámite especial con el objeto de secuestrar el bien prendado y subastarlo extrajudicialmente y que no permite al demandado oponer excepciones ni recursos como tampoco caduca la instancia procesal) ya que este procedimiento de secuestro prendario veda al consumidor la posibilidad de ser oído, infringiendo el debido proceso con directa afectación al derecho de defensa y viola los arts. 37 inc. b y c, 8 bis (trato digno y equitativo) y 4 y 7 (deber de información) LDC. La protección del consumidor no resulta compatible con la existencia de procedimientos que impiden su participación, ya que tiene derecho a controlar el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC en las operaciones de crédito para el consumo, exigir el cumplimiento de la cláusula de competencia allí prevista, incluso acreditar al pago de la deuda reclamada, pagar en el expediente, u oponer otras defensas legítimas como la inhabilidad del certificado prendario.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bursztyn Gabriel Mario R. c/ E.N. -Secretaría de la Función Pública- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-23

Ha dicho la Sala I de este tribunal in re: "Sotelo, Teresa c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios", del 24/2/98, que la dispensa de instrucción de sumario resulta razonable en el caso de sanciones disciplinarias menores, mas no en supuestos donde se investiga la imposición de una medida de extrema gravedad como es la cesantía. Ello en la medida que corresponde advertir que no puede desconocerse que las sanciones disciplinarias expulsivas revisten una gravedad suficiente -por cuanto conllevan una calificación deshonrosa para su destinatario-, como para exigir una especial prudencia en su imposición (conf. igual Sala in re: "Tonarelli, Rober Julio c/ UBA -Resol. 330/94", del 25/10/96). (Del voto del juez Gallegos Fedriani, consid. IV).
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Moltrasio, Enrique y otros c/ C.J.P.E.R. s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-11

Uno de los fines esenciales de la ley arancelaria es dignificar y jerarquizar las funciones de los abogados, asegurando su íntegra y justa retribución por su labor. Su interpretación debe orientarse a la satisfacción más completa y equitativa de la tarea realizada en las actuaciones. De acuerdo a lo establecido por las pautas generales para regular honorarios contenidas en el art. 3 del Decreto Ley 7046, ratificado por Ley 7503, corresponde evaluar el valor, mérito, eficacia dela labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la trascendencia o proyección de la actuación profesional en su calidad de auxiliar de la justicia y la real y probable dedicación temporal en el desempeño de sus servicios.

Siendo así, conforme a lo establecido en los arts. 3, 5, 12, 14, 91 y concs. de las citadas normas; 1, 13 y concs. de la Ley 24.432, las pautas mensuradoras y teniendo en cuenta la base económica, lleva razón el apelante y resultan altos los estipendios profesionales fijados por lo que cabe proceder a su prudente morigeración.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, giros, rutas, circulación en el mismo sentido, culpa concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RISSO DE BASTIEN, MIRTA c/ TOMEO, GERARDO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

En un accidente de tránsito, en virtud del cual un camión jaula que circulaba por una ruta, al procurar ingresar a un establecimiento de campo que se hallaba ubicado sobre la 'izquierda' de su carril de circulación, fue embestido por un vehículo que se desplazaba en similar sentido de circulación al intentar sobrepasarlo, es decir, que este rodado impacto contra la cabina de aquel, produciéndose el fallecimiento de los ocupantes del rodado embistente, procede distribuir la responsabilidad en la ocurrencia del hecho por partes iguales entre el conductor del camión embestido y el conductor del automotor embistente. Ello así cuando -como en el caso-, surge que si bien el primero de los citados fue condenado en sede penal por hallárselo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo con pluralidad de victimas, sin embargo, la declaración de culpabilidad recaída en el fuero criminal no impide invocar en sede civil la culpa "concurrente" de la víctima y, en tal sentido, es de puntualizar que respecto de quien conducía el automóvil embistente se verifica que: a) circulaba a una velocidad no inferior de 165 km. P/h, en el momento en que advirtió la maniobra del camión jaula, velocidad que no se corresponde con lo normado por la ley 13893: 69, b) el impacto se produjo en el carril por el cual el conductor fallecido procuraba adelantarse al camión, de modo que la forma de adelantamiento vehicular empleada por este, no se compadeció con lo establecido por la ley 13893: 47, pues no adopto las "debidas precauciones" impuestas por dicha regla, c) la ingesta de alcohol evidenciada por el occiso disminuía en un 30% su aptitud para conducir vehículos a alta velocidad, lo cual hacia del todo reprochable desplazarse en ese estado "anormal" a una excepcional velocidad de circulación.
Legitimación procesal, terceros, ombudsman, demanda
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Por su naturaleza, en el tratamiento y decisión de todo planteo que tenga por objeto la intervención de terceros debe imperar un criterio restrictivo ya que siempre importa una alteración de la normalidad del juicio, regla que impide admitir una intervención con un grado que lleva tal modificación del curso de la causa al extremo de ampliar el alcance subjetivo de la pretensión a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires respecto de los cuales los actores no han dirigido su reclamación.
Buena fe, Pacto de San José de Costa Rica, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caso Kimel Vs. Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-02-05

Conforme lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana, los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana en todo caso en que sean partes, lo que resulta impuesto no sólo por la norma convencional sino que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional conforme lo estipula el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en atención al principio "Pacta sunt Servanda".
Seguros, liquidación del siniestro, mora del asegurador, valor de reposición del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: VISION  FUTURA  SRL c/ EL PROGRESO + ASTRO CIA. DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-16

Cabe admitir el reclamo efectuado por el asegurado en concepto de daño emergente por el importe asegurado en la póliza, mas intereses hasta su efectivo pago; mas la diferencia entre la suma asegurada y el mayor monto que debería pagarse, por el precio en plaza de un vehículo de similares características, toda vez que el estado moratorio de la aseguradora la torna responsable de todos los daños producidos en tal circunstancia (cciv: 508); aparece como un hecho evidente la diferencia que existe entre el valor de reposición de una unidad al momento del evento y el costo actual de similar bien, teniendo en cuenta su antigüedad, pues las cláusulas de la póliza que se pactaron estaban referidas a un cumplimiento normal de la obligación, por lo que cabe diferir para la etapa de ejecución de sentencia establecer el valor a tal momento de un automotor similar al siniestrado por vía incidental (cpr:  502 a 504  y 165); no pudiendo soslayar, para arribar a la antedicha solución, que los valores de los automotores fueron trastocados a partir de los años 2001 y 2002, como consecuencia de una de las peores crisis que afectaron todas las variables económicas del país.
Prueba documental, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: EGEA, LUIS MARIANO c/ TRANSPORTE 3M S.A. s/ INCIDENTE DE REVISION (ACREEDOR SCANIA PLAN S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-07

El fallo soslayó el abordaje de la impugnación formulada por la incidentista en su presentación inicial respecto a las discrepancias en el monto del crédito declarado admisible, la cual surgían de las documentales aportadas en la causa principal. Sin embargo, al revocar la Alzada tal decisión, necesariamente debió indagar en la precisión de los importes, frente al expreso planteo del recurrente en cuanto a las diferencias advertidas en la documental que sirvió de apoyatura para el reclamo del crédito -ahora controvertido-.