Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28


En la ciudad de Trelew, a los 28 días de abril del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., R. O. c/ A. S.A. s/ cumplimiento de contrato" (Expte. nº 20.856 - año: 2005) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse de conformidad al sorteo efectuado a fs. 245. - A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 225, que fuera concedido libremente a fs. 226, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 216/222 que rechazó la demanda por cancelación de prenda instaurada por R. O. P. contra A. S.A., y asimismo acogió la reconvención por reajuste equitativo del contrato promovida por la sociedad antes citada y condenó al actor al pago de la suma de $4.100.- dentro del plazo de diez días de consentida, con costas de la demanda y de la reconvención a la actora vencida.

Los agravios y planilla anexa lucen a fs. 236/240 y 241, respectivamente, el traslado conferido a fs. 242 no fue evacuado por su contraria, y el quejoso señala básicamente que: a) los intereses deben calcularse sobre los saldos de capital y A. S.A. al otorgar financiamiento en cuotas muestra una tasa de interés que no impacta como excesiva y para ello utiliza un sistema de interés directo al aplicarlo sobre el capital prestado; b) la diferencia de la tasa anual que dice aplicar y la que realmente aplica resulta un 77% mayor (13,68% sobre el capital prestado frente al 24,23% sobre saldos de capital);

c) los cuadros y cálculos efectuados demuestra que la demandada aplicó un interés sobre saldos de capital adeudado mayor al permitido por la legislación vigente, y el informe del perito contador expone que la cuota de $145 tiene un interés del orden del 24% nominal anual que resulta mayor a la máxima permitida a partir de octubre de 2002 (16,41%); d) eso motiva que haya un saldo a su favor y la sentencia lo desconoce por lo que resulta incongruente en este aspecto;

e) destaca las expresiones de la sentencia vertidas al final del considerando segundo respecto a que quedan impagos saldos desde la cuota 25 a la 36, y el Juez consideró como deuda el monto global de cada cuota, monto que incluye seguro, intereses calculados a una tasa superior a la máxima permitida, I.V.A. sobre intereses y amortización de la deuda, por lo que aplicó anatocismo, consintió la aplicación de intereses muy superiores a los máximos permitidos, y aplicó el CVS no sólo sobre el capital adeudado sino sobre intereses e IVA;

f) por las razones apuntadas la deuda recalculada aplicando la normativa de pesificación y los intereses máximos permitidos no sólo se encuentra cancelada sino abonada en exceso; g) entiende el a-quo que resulta aplicable el art. 11 de la ley 25.561, conforme ley 25.820, por tratarse de una deuda contraída fuera del sistema financiero, presunción que no encuentra sustento en autos; h) la demandada reconviniente reconoció que una de sus principa 2. Respecto de la queja vertida en cuanto a la utilización de una tasa de interés directa que se computa sobre el total del capital prestado, cabe precisar que ello no está prohibido legalmente, aun cuando es evidente que una tasa de interés sobre saldos resulta más favorable para el deudor.

Y en este aspecto, la tasa aplicada en forma directa fue libremente convenida por el deudor (arts. 621 y 1197 del Código Civil), por lo que el principio de autonomía de la voluntad gobierna la vida contractual y faculta para obligarse o dejar de hacerlo, acepta que los efectos sean los requeridos por las partes, postula el respeto a la palabra empeñada como si se tratara de la ley (conf. Santos Cifuentes, Director, "Código Civil .", La Ley, 2003, T. II, pág. 61). En lo que hace a la tasa de interés aplicada en forma directa la misma asciende al 13,68% (informe pericial, cuadro de fs. 155), y si bien en caso que la tasa de interés nominal anual convenida en el contrato de origen sea superior al promedio de las tasa vigentes que informe el B.C.R.A. debe estarse a éstas últimas (art. 4 de la ley 25.713, sustituido por el art. 1 de la ley 25.796), lo cierto es que la tasa de interés promedio para préstamos prendarios en moneda extranjera fijada en el 16,41% por la Comunicación B-7541 del B.C.R.A. del 09/10/2002 no establece que la misma deba limitarse al sistema sobre saldos adeudados. Y aun dejando de lado tal fundamento, el planteo de revisión de intereses de la financiación y pretensión de repetir la suma abonada en exceso (acápites II y VI, fs. 62 y 68 vta.) no puede acogerse favorablemente ya que los pagos realizados se encuentran consentidos por el deudor ante la falta simultánea de protesta, por lo que esa parte al efectuar el pago de las cuotas aceptó la imputación a capital e intereses. - Al respecto, la sanción que afecta a los intereses excesivos es una nulidad relativa, y de ello deriva, entre otra consecuencia, que no pueden repetirse los intereses ya pagados, porque el pago si no hace salvedad confirma tácitamente la validez del acto (art. 1063) (conf. Llambías, "Código Civil Anotado", Abeledo-Perrot, 1979, T. II-A, par. 10, pág. 367). Del carácter relativo de la nulidad del pacto de intereses usurarios se sigue que .

No cabe la repetición de intereses ya pagados, porque el pago viene a confirmar tácitamente la validez de la obligación (salvo el caso de simultánea protesta con el pago) (conf. Bueres-Highton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 1998, T. 2 A, pág. 474). A su vez, de los propios dichos del actor, reiterados al expresar agravios, surge que la cuota mensual incluye amortización de capital más intereses (escrito inicial, p. II, fs. 63), lo que se corrobora con los recibos agregados a la causa (fs. 4 y sig.), por lo que el pedido de revisión de intereses importa un cuestionamiento respecto de la imputación de los pagos. Y desde esta perspectiva, una vez efectuada la imputación, ya fuere por el deudor, o por acreedor, o por el juego de las pautas legales, ella tiene el mismo carácter definitivo del propio pago a que se refiere. Por tanto, no podría ser modificada unilateralmente tal imputación por quien la hubiere hecho (conf. Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Editorial Perrot, 1970, T. II, par. 1611, pág. 932). Cabe señalar, que realizada una imputación por el deudor, el acreedor o legalmente, la misma no puede ser modificada unilateralmente por ninguna de las partes, ni por quien la hubiera hecho (conf. Bueres-Highton, ob. cit., T. 2 B, pág. 187). Este es criterio ya adoptado por esta Cámara, sala "B", c. 20.686, S.D.C. 12/2006 del 20/03/2006; sala "A", c. 20.917, S.D.C. 11/2006, del 29/03/2006. - Por tales fundamentos se desestima la queja. 3. Discrepa el apelante con el fallo venido en apelación al entender que una de las actividades principales de la demandada reconviniente es el otorgamiento de préstamos por lo que debió acreditar su exclusión del sistema financiero.

Con tales manifestaciones el apelante elude hacerse cargo del fundamento brindado por el juzgador a fs. 218 vta. con cita de jurisprudencia de esta Cámara en cuanto a que resulta de aplicación el art. 11 de la ley 25.561 por tratarse de relaciones jurídicas entre particulares, y al no rebatir el razonamiento seguido por el "a-quo", que resultó determinante para la dilucidación de la cuestión, la queja se presenta ausente de crítica concreta y razonada. Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).

Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

Y aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar en la queja, el art. 11 de la ley 25.561, sustituido por el art. 3 de la ley 25.820, alude a las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera no vinculadas al sistema financiero.-Y la demandada no es entidad financiera comprendida en la ley 21.526, por lo que la relación jurídica celebrada entre las partes de este proceso no se vinculan a ese sistema. En ese direccionamiento, nótese que el art. 1 del decreto 762/02 alude expresamente a los préstamos otorgados a personas físicas por entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, distinguiendo así la norma del supuesto que incluye a personas físicas o jurídicas de otra naturaleza, sin perjuicio también de considerar que estrictamente no se trata en el caso de autos de un préstamo de dinero sino del saldo adeudado por una operación de compraventa. Por lo demás, al exceptuar de la aplicación del C.E.R. a los préstamos personales con garantía prendaria hasta la suma de u$s 30.000.- (art. 1, inc. c) el citado decreto, en su art. 3, establece una actualización por C.V.S. que comprende a los préstamos otorgados a personas físicas, sea por personas jurídicas comprendidas en la ley 21.526 o no (" o por personas jurídicas de cualquier naturaleza .", art. 1).

Con tales alcances, a la demandada le asistía el derecho a solicitar el reajuste equitativo, por cuanto el segundo párrafo del art. 11 de la ley 25.561 tiene como presupuesto que si por aplicación de los coeficientes correspondientes (en el caso C.V.S.) el valor resultante de la cosa fuere superior o inferior al del momento del pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. - Por los fundamentos vertidos se desestima la queja.

4.1. Respecto de la teoría del esfuerzo compartido a la que alude el quejoso a fs. 239 y vta. comenzaré por señalar que el art. 11, último párrafo, de la ley 25.561 en su texto original, al igual que el penúltimo párrafo del actual (art. 3 de la ley 25.820) aluden al "principio del esfuerzo compartido" referido al tipo de cambio y con referencia a una directriz dirigida exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional.

Nótese en tal sentido que la segunda parte del penúltimo párrafo del citado art. 11, en su actual redacción, al igual que en el texto original, último párrafo, expresa: "El Poder Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido." - La frase que trae el art. 11 de la ley 25.561 no está dirigida a los jueces sino al Poder Ejecutivo a quien se encomendaba pilotear la crisis, y por la cual se lo faculta a "dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del art. 1198 del Cód. Civil y el principio del esfuerzo compartido". En esta temática pesificadora que impone la ley, ya ningún "esfuerzo" queda por "compartir".

La pesificación de la ley (sólo para las obligaciones "internas") fue la mejor salida para "arreglar" los contratos en dólares luego de cesada la convertibilidad (conf. Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E, 292 y 297). Y compartiendo en un todo el voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci que el autor citado precedentemente transcribe es dable señalar que: "La tesis del esfuerzo compartido pretende convertirse en principio general aplicable a todos los contratos afectados por la emergencia.

Ello implica tanto como reemplazar el principio general de pesificación uno a uno más el C.E.R. establecido por el legislador en el Dec. 214/02, por otro creado por los jueces, quienes se arrogarían así las facultades propias del Poder Legislativo y cambiarían la solución legal, y por lo tanto general, por otra norma general pero de fuente jurisdiccional.

De este modo los jueces se convierten en legisladores y, en vez de proyectar la aplicación de la ley general al caso particular, regulando sus consecuencias conforme a las pautas legales y las circunstancias del caso, sustituyen directa e inconstitucionalmente al poder legislativo y pretenden dictar una norma de carácter general, con grave perturbación de la seguridad jurídica, por cierto ya diezmada.

No se contribuye a reestablecerla si los jueces cambian la solución legal por otra "salomónica" que reparte por mitades sin otro fundamento que una intentada equidad, que -como es sabido- deviene fácilmente en arbitrariedad cuando no explica detalladamente las razones de su aplicación" (S.C. Mendoza, Sala 1a., "T., S. c. D. S.A.", del 24/11/2003, J.A. 2003-IV, 62). Y la teoría del esfuerzo compartido dirigida al Poder Ejecutivo Nacional y referida al tipo de cambio nada tiene que ver con la posibilidad que el art. 11, segundo párrafo, de la ley 25.561 en su actual redacción otorga a cualquiera de las partes de solicitar un reajuste del precio, en cuyo caso los jueces deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes.- Y desde que todas las obligaciones en moneda extranjera están pesificadas por la ley 25.561, de orden público, no resulta válido el reajuste equitativo del precio utilizando el valor actual del dólar. Es que, a partir de la entrada en vigencia del régimen previsto por el art. 8 del decreto 214/02 la cuestión referida al tipo de cambio vino imperativamente impuesto por la citada normativa.

El decreto 214/2002 impuso lo que dio en llamarse la "pesificación forzada", con el añadido a la manda genérica legal de una suerte de "seguro contra la injusticia": la cifra resultante de esa pesificación uno a uno podía "reajustarse", por los jueces a instancia de parte interesada, si el valor de la cosa bien o prestación fuere superior o inferior a aquella cifra en el momento del pago.

Conforme al régimen del dec. 214/2002 ya no hay más pesificación negociada (conf. Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E, 292 y 297).-- Y las normas que establecen el CER y el CVS son normas de emergencia económica, que implican una intervención del Estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico. Las leyes que establecen el CER y el CVS no son normas suplementarias, porque no respetan la voluntad de los particulares, ni establecen una voluntad complementaria para el caso que las partes no hayan exteriorizado su voluntad, sino que sustituyen lo ya pactado (CCivyComSan Isidro, Sala I, 03/12/2002, "R. D. D. P., R. y otros c. S., C. G.", LLBA 2003 (abril), 306). Este es el régimen también adoptado por el art. 3 de la ley 25.820 que diera al art. 11 de la ley 25.561 su nueva redacción y que resulta aplicable al caso (ver Casiello, "La reforma del artículo 11 de la ley 25.561: La "pesificación" reafirmada", La Ley 2004-C, 1468). En tales condiciones, ante la pesificación forzada impuesta en forma imperativa por la citada normativa es evidente que el reajuste equitativo del precio en función al "valor resultante de la cosa" (primer apartado del segundo párrafo del art. 11 de la ley 25.561, sustituido por el art. 3 de la ley 25.820) no puede alcanzarse comparando las cuotas pendientes a partir de enero de 2002 (22 cuotas) con el valor actual del dólar estadounidense como lo hace el juzgador a fs. 221 vta. en su considerando tercero. De tal modo, el abandono de la convertibilidad y la pesificación impuesta no permiten tomar como parámetro la citada divisa extranjera. Se trata de un modo por demás singular de reajuste respecto a las cuotas pesificadas que no se compadece con la finalidad prevista por el legislador y que se orienta al valor que la cosa tiene en el mercado interno, pues el perjuicio del acreedor al percibir el pago en pesos y no en dólares estadounidenses consiste en el aumento que el valor del bien registra como consecuencia de la evidente pérdida del poder adquisitivo del peso en nuestro mercado interno a partir del año 2002.

Es criterio de esta sala "B", c. 20.686, S.D.C. 12/2006. - Así, al derogarse la convertibilidad por la ley 25.561, el peso sin la paridad del dólar, pierde valor o poder de compra en el mercado interno en relación con el que tenía cuando estaban las dos monedas a la paridad. Es ésa la pérdida de poder adquisitivo del peso en el mercado interno, y por ende, tal es el daño que sufre el acreedor que cobra pesos en lugar de los dólares que le eran debidos.

No puede admitirse que el daño que resulte de la pesificación equivalga a la suba del valor del dólar con relación al peso (C.S. Tucumán, Sala Civil y Penal, 01/10/2004, "S., A. M. c. Z., B. S.", LLNOA 2005, marzo-468, citado en: http://w.w.w.laleyonline.com.ar).- Con dicha pauta, debe considerarse que el fallo de la anterior instancia consideró un valor de $27.500 (ver fs. 120).

Si al valor en pesos del rodado al momento del contrato -$18.700 (ver fs. 36)- se le adiciona el CVS hasta el tiempo de pago de la última cuota (octubre de 2003), el coeficiente resulta ser del 1,1067, por lo que el monto reajustado con dicho coeficiente asciende a $20.695,29. Como se aprecia el valor resulta inferior al del mercado antedicho. Dicha diferencia asciende a $6.804,71. Y dicha diferencia adquirió firmeza ante el consentimiento de la demandada reconviniente y utilización de ese valor por el apelante en el cuadro de fs. 241. - Por ello, el reajuste equitativo del precio debe efectuarse tomando como base tal diferencia pero considerando el importe de la porción financiada que fuera alcanzada por la legislación de emergencia. Así, dicho monto considerado a partir de enero de 2002 asciende a $3.300.- (22 cuotas por $150.-) y representa respecto del precio de contado bonificado el 19,19%, por lo que en el límite del agravio debe considerarse el porcentaje tomado por el apelante del 20,28% y el ajuste asciende a $1.380.- por redondeo ($1.379,9951.-). - A su vez, en uso de la facultad conferida por el segundo párrafo del art. 11 de la ley 25.561 en su actual redacción, y toda vez que la equidad es un juicio de valor que hacen los jueces en la realización del derecho mediante el ejercicio de la función jurisdiccional que le es propia (conf. Bustamante Alsina, "Función de la equidad en la realización de la justicia", La Ley 1990-E, 628), a partir de considerar la ruptura del equilibrio de las prestaciones que produjo la salida de la convertibilidad y a fin de restituir el mismo, estimo que el nuevo monto resultante debe distribuirse en forma equitativa utilizando una pauta porcentual, motivo por el cual la incidencia de la devaluación en el mercado interno debe recaer sobre acreedor y deudor en partes iguales. Con tales alcances, la cifra a soportar por cada una de las partes de la relación contractual debe distribuirse en forma equitativa en un 50% a cada una de ellas, por lo que al acogerse favorablemente la queja corresponde disminuir el capital de condena por la reconvención entablada a la suma total de $690. En cuanto a las costas ocasionadas por la reconvención, si bien se modifica el monto requerido lo cierto es que la pretensión prospera lo que hace aplicable el principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, C.P.C.C.).

Y cabe señalar que es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica (conf. (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).

Por "parte vencida" debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos (art. 68, apartado primero, del C.P.C.C.) a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369). Con tales pautas, y toda vez que la actora reconvenida en su contestación se opuso a la reconvención solicitando su rechazo en todas sus partes (acápite I. fs. 101), corresponde mantener la imposición de las costas de la anterior instancia por la reconvención deducida a esa parte vencida.

5. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena por el que prospera la reconvención, fijándolo en la suma de pesos seiscientos noventa ($690.-), confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios. La disminución del monto de condena por la reconvención deducida hace necesario adecuar la regulación de los honorarios establecida en la anterior instancia respecto de los letrados intervinientes, por lo que atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos y mínimos fijados por la ley arancelaria, estimo prudente fijar los emolumentos de los Dres. M. B., letrado patrocinante de la actora reconvenida, y J. C. S., letrado apoderado de la demandada reconviniente, en la suma de $500.- y $650.-, respectivamente (arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

En cuanto a las costas de alzada, el progreso del agravio referido al reajuste equitativo del precio y el rechazo de los restantes, que incluye los vertidos respecto al rechazo de la demanda instaurada por cancelación de la prenda, permite delinear en esta instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuirlas en el orden causado, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenido por el apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.).

Finalmente, atendiendo a la naturaleza, extensión y eficacia de las tareas cumplidas ante la Alzada, propicio regular los emolumentos del Dr. M. B., en la suma equivalente al 27% de la cantidad fijada para la primera instancia (arts. 6, 7, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: - I.- Vienen a esta Alzada las presentes actuaciones con motivo del recurso de apelación promovido a fs. 225 por la parte demandante, concedido a fs. 226, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 216/222, por la cual se rechazó la demanda iniciada por cancelación de prenda interpuesta por R. O. P. contra A. S.A., e hizo lugar a la reconvención por reajuste equitativo del contrato por la accionada, condenando al actor para que en el plazo de diez días de consentida abone la suma de $4.100,00, imponiendo las costas de la demanda y reconvención a cargo del accionante.- El escrito de expresión de agravios con su respectiva planilla del cálculo del reajuste equitativo, se halla agregada a fs. 236/241. Conferido a fs. 242 el traslado previsto en el artículo 261 del rito, el mismo no fue evacuado por la contraria.

La descripción de los agravios vertidos por el actor ya ha sido debidamente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, por lo que con la finalidad de evitar estériles repeticiones, omitiré su reiteración. II.- A los efectos de una mejor claridad expositiva, seguiré el orden de tratamiento ya delineado por mi colega preopinante.

II.a) Ingresando, pues, al tratamiento del primer agravio, cabe reseñar que el apelante cuestiona el empleo de la tasa de interés directa, cuyo cómputo se efectúa sobre el total del capital prestado. Como acertadamente lo expresara mi colega de sala en el voto que antecede, tal procedimiento referido a la aplicación de la tasa de interés, no se halla prohibido legalmente, y ello como consecuencia de las facultades derivadas del principio de autonomía de la voluntad en la celebración de los contratos, y emergentes, entre otros, del artículo 1197 del Código Civil. - Así, del análisis de normas legales y administrativas (Ley 25.713, modificada por Ley 25.796, y comunicaciones del B.C.R.A.), también resulta cierto que las mismas no disponen que en los supuestos de préstamos prendarios efectuados en moneda extranjera, la tasa de interés se halle acotada al sistema sobre saldos adeudados. Pero también debe admitirse como cierto, que la pretensión del quejoso sobre este punto, implica una repetición de intereses, que no corresponde atender, en razón de haber sido consentidos por ella al momento de imputarse el pago, sin que hayan merecido objeción alguna de su parte.- Y como ya lo expresara en otros pronunciamientos de esta misma sala (Expte. 20.686/05), ante este panorama descripto y por el libre juego de los artículos 773 y sgts. del Código Civil, no puede formalizarse la imputación de forma unilateral.

Y por ello, se ha dicho que el deudor tiene la facultad de imputar el pago al tiempo de hacerlo, conforme el artículo 773 del Código Civil, pero no cuando el pago ya fue hecho (conf. CNCiv., Sala B, in re "C., A. c/ B. D. C., C. y Otros", LL, 1988- B- 363). - Con tales alcances, se destima esta porción del recurso.

II.b) En el agravio siguiente el quejoso sostiene que entre las actividades que desarrolla la demandada, se incluye el otorgamiento de préstamos, por lo que debió justificar el hallarse excluída del sistema financiero.

Principiaré por expresar, que en el fallo en crisis, al emprender el tratamiento del primer considerando (fs. 217/218 vta), el Sr. Juez de grado anterior, con argumentos de fundamentos jurídicos respaldatorios, se refirió de manera precisa a esta cuestión aquí atacada por el recurrente. - Y cabe señalar que sobre dicho tema, el agraviado ha soslayado realizar una crítica razonada y concreta requerida por las normas procesales (arts. 265 del código adjetivo) con el objeto de desarticular el pensamiento dirimente del juzgador sobre este asunto puntual.

Tal circunstancia omisiva, afecta a la queja de una evidente carencia de basamento suficiente que permita su adecuado andamiento en esta Alzada.

No obstante ello, y para el supuesto que se hubieran dado los recaudos necesarios que ameritaran su tratamiento, debe advertirse que el invocado artículo 11 de la Ley 25.561, modificado luego por la ley 25.820, al referirse a las obligaciones de dar sumas de dinero que sean determinadas en moneda extranjera, está señalando a aquellas que no se encuentre vinculadas al sistema financiero, entendiendo por ello a las entidades legalmente autorizadas para tal fin. - Y debe advertirse, que la accionada no se encuentra incluída dentro de dichas entidades financieras, por lo que las convenciones celebradas entre las partes intervinientes en estos autos, no se hallan alcanzadas por la mencionada Ley 25.561. - Asimismo, la aludida norma excluye de la aplicación del C.E.R., como coeficiente regulador de emergencia, los supuestos de préstamos personales con garantía prendaria hasta un monto de u$s 30.000,00, disponiendo la actualización por el C.V.S., incluyendo préstamos otorgados a personas físicas, ya sea que fueren otorgados por personas físicas o jurídicas.

Por las razones apuntadas, corresponde desestimar esta porción de la queja. - II.c) En el otro agravio vertido el recurrente invoca la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido, desplegando sus argumentos en Punto c) de su escrito impugnaticio de fs. 236/241.

Así, comenzaré por decir que el decreto 214/02 ha dispuesto que todas las obligaciones, aún las pactadas en dólares, se pagan en pesos y a un valor de cambio equivalente a un peso por cada dólar adeudado, como regla general, y ello como consecuencia de los alcances de la Ley 25.561, de emergencia económica. - En este caso, el Estado, por razones de orden público económico, de dirección de la economía y específicamente invocando la emergencia económica, modifica la contratación. - Es decir, por las razones de orden público aludidas, establece de manera coercitiva la denominada "pesificación".

Y dentro de esta batería de medidas paliativas, correctoras y moderadoras de la grave crisis económica que afectara nuestro país, se dictó también la Ley 25.280, por la cual sustituyó el artículo 11 de la ya mencionada Ley 25.561. Cabe señalar que la citada legislación hace referencia al principio del esfuerzo compartido (art. 11 último párrafo), pero en alusión a medidas a adoptar por el Poder Ejecutivo Nacional, sobre situaciones específicas sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil. Desde este ángulo, siguiendo las pautas legales, resulta del todo cierto, verbigracia, que el reajuste equitativo del precio tomando en cuenta el valor que resulta de la cosa, no puede componerse cotejando las cuotas que se hallaban pendientes a partir de Enero de 2002, con el valor actualizado de la moneda estadounidense, base de la operación.- Empero, entiendo que lo que debe primar en el análisis a practicar es la pérdida del valor de la moneda en el mercado interno como consecuencia directa de la pesificación, que dejó sin efecto la paridad monetaria establecida por la Ley de Convertibilidad.

Debemos encontrar, entonces, un punto de equilibrio que nos conduzca a poner en ejecución el predicado ajuste equitativo establecido. Y esto, si optamos por entender a la equidad como elemento que deberá tener el juez frente a la inexistencia de norma expresa positiva o costumbre (conf. Pacchioni, Giovanni, "Elementi di Diritto Civile", Torino, 1926).

Siguiendo, pues, las premisas apuntadas, una manera de restitución del equilibrio de las prestaciones alterado, para llevar a buen puerto la cuestión en trato, cuyos aspectos convencionales se vieron afectados por la ruptura de las condiciones contractualmente pactadas que significó la declaración de la emergencia económica, es que los contendientes de manera equitativa sobrelleven por partes iguales las consecuencias devaluatorias sufridas. - Así, debe partirse del hecho que la sentencia apelada toma como base de valoración del vehículo la suma de $ 27.500,00, conforme surge de la informativa de fs. 120; que al valor inicial del rodado al momento de celebración del contrato, que era de $ 18.700,00, se le añade el CVS hasta el pago de la última cuota, acaecido en octubre del año 2003; por ello, aplicando un coeficiente de 1,1067, el monto reajustado alcanza la suma de $ 20.695,29, concluyendo el fallo que la diferencia resultante es de $ 6.804,71.

Tal como bien lo expresa mi colega preopinante, dicha cifra establecida como diferencia ha quedado firme, en razón de haber sido consentida por la demandada y el apuntado valor fue tomado por el quejoso en el cálculo del reajuste equitativo obrante a fs. 241.- Desde este enfoque, entonces, el monto de $ 6.804,71 será tomado como valor de referencia, pero considerando la parte de la deuda en cuotas que cayera bajo el régimen de las normas de emergencia económica, suma que asciende a $ 3.300,00, que surge del cálculo del pago de 22 cuotas por $ 150,00 cada una. - Atendiendo a que el monto precedente significa el 19,19% del precio de contado con la respectiva bonificación, como también que el porcentaje que utiliza el quejoso representa el 20,28%, concluimos que el ajuste alcanza la cifra de $ 1.379, 99, que redondeada queda en $ 1.380,00. - Tratando entonces de encontrar el punto de equilibrio al que hiciéramos mención en párrafos precedentes, y a fin que las partes asuman de manera equitativa las consecuencias emergenciales en que se vieran envueltas, corresponde repartir el indicado monto de $ 1.380,00 por partes iguales entre los contendientes.

Desde este posicionamiento, debe procederse a reducir el monto de condena determinado en el fallo en crisis como resultado de la reconvención interpuesta, para fijarlo en la suma de $ 690,00, manteniendo las costas por la reconvención allí determinadas, en virtud que la pretensión de la demandada reconviniente ha prosperado, pese a la disminución del monto inicial fijado en la sentencia impugnada, y también debe ponderarse que la reconvenida en la contestación al escrito de responde de la demandada (fs. 101), peticionó el rechazo total de la reconvención interpuesta.

Y esto último es así, por cuanto el principio general en materia de costas en nuestro ordenamiento procesal, indica que son un corolario del vencimiento y se imponen, no como una sanción, sino como el resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, los cuales deben ser soportados por el vencido, y según el argumento dado por el artículo 68 del rito ( en igual sentido, DJLL, año 1996, t. IX, p. 1003 y sgts.; entre otros).

II.d) Por los fundamentos anteriormente expresados, propongo al Acuerdo la revocación parcial del fallo recurrido, modificando en menos el capital de condena por el que progresa la reconvención, estableciéndolo en la suma de pesos seiscientos noventa ($ 690,00), confirmándolo en la restantes cuestiones que fueran materia de agravios. - En razón de la mengua en el monto fijado en la instancia precedente para la condena por la reconvención, amerita una adecuación de los honorarios oportunamente allí fijados para los letrados que participaron del proceso, razón por la cual considero conveniente establecer los del Dr. M- B., patrocinante del actor, en la suma de $ 500,00 y los del Dr. J. C. S., apoderado de la demandada, en la suma de $ 650,00, tomando como parámetros las disposiciones emanadas de los artículos 6, 7, 8, 9, 19, 39 y 47 de la ley arancelaria, a los que se les añadirá el IVA pertinente. - En lo atinente a las costas de Alzada, el éxito de los agravios en la medida que prosperan, y los que son rechazados, perfila una situación de vencimientos parciales y mutuos que llevan a imponerlas en el orden causado, conforme la pautas del artículo 71 del CPCC. Por tal motivo, y atendiendo a la calidad, extensión y eficacia de las labores desplegadas en esta segunda instancia y ls directrices que surgen de los artículos 6, 7, 9, 14 y 47 de la Ley 2.200 y su modificatoria Ley 4.335, se regularán los honorarios del Dr. M. B. por sus trabajos de Alzada en el 27% de la suma fijada para la instancia precedente, a la que ha de aditarse el IVA que corresponda. Concluyo mi intervención, y esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: -Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena por el que prospera la reconvención, fijándolo en la suma de pesos seiscientos noventa ($690.-); b) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. M. B. y J. C. S., por los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia respecto de la reconvención deducida, en la suma de $500.- y $650.-, respectivamente; c) imponer las costas de segunda instancia en el orden causado; d) regular los honorarios del Dr. M. B., por las tareas de Alzada, en la suma equivalente al 27% de la cantidad fijada para la primera instancia; y e) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente. Así lo voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por expresar el reflejo del acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., To. de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A: Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; RESUELVE: - REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena por el que prospera la reconvención, fijándolo en la suma de pesos seiscientos noventa ($690.-); - FIJAR, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. M. B. y J. C. S., por los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia respecto de la reconvención deducida, en la suma de $500.- y $650.-, respectivamente; IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado; REGULAR los honorarios del Dr. M. B., por las tareas de Alzada, en la suma equivalente al 27% de la cantidad fijada para la primera instancia; - DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente. - Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 21 DE 2.006- SDC.- Conste.- c.