marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, proceso penal, encuadre legal, delito doloso, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Y OTROS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Los cuestionamientos realizados por la impugnante respecto de la situación del imputado individualizado como autor de uno de los disparos mortales por recuperarse un proyectil de su arma en el cuerpo de la víctima y alegándose que su conducta habría sido dolosa -no culposa-, las particulares circunstancias del caso ameritan adentrarse a la consideración de la causa, a fin de agotar el análisis en supuestos en que, como el presente, se invoca la posible responsabilidad de agencias estatales. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Netri y Falistocco)
Defensor, aceptación del cargo, vista de las actuaciones, derecho a extraer fotocopias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PEREZ, Diego s/ FOTOCOPIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

El derecho a tomar vista de las actuaciones contemplado en el art. 106, C.P.P. puesto en cabeza de los letrados defensores que comprende a los que fueron ya propuestos y que, aún no han aceptado el cargo, también comprende el de solicitar a su costa la extracción de fotocopias del legajo, con el mismo fin, esto es, el de llevar a cabo un adecuado ejercicio del derecho de defensa de su asistido.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, excepción de incompetencia, Administración Pública, tercero coadyuvante, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: LA MERIDIONAL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. c/ AGUILERA, OSVALDO O. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 527 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-26

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Dirección Nacional de Vialidad contra la decisión que rechazó la excepción de incompetencia por ella interpuesta con sustento en que, siendo una repartición autárquica nacional de derecho público -formando parte del Estado Nacional-, correspondía entender en la causa los jueces federales.

Es que la Cámara se sustentó en que el régimen de intervención de terceros en el esquema procesal civil santafesino es distinto al instrumentado por el código de forma nacional, en tanto en el primero el tercero posee una participación muy limitada, circunscripta a ser un mero auxiliar de la parte a la que coadyuva, por lo que no se trata de un alzamiento contra el criterio de la Corte nacional en la materia, mucho menos del desconocimiento de su doctrina, yerros que conducirían a una segura anulación del pronunciamiento.
Responsabilidad médica, prueba documental, historia clínica
Materia: CIVIL
Carátula: ROQUE DE SUBIZA MARCELA c/ RAFFO   EDGARDO  Y  OTRO  S-INC.  BENEFICIO  DE  LITIGAR  SIN  GASTOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

En supuestos en que se discute acerca de la responsabilidad de los médicos, la historia clínica asume especial relevancia a fin de esclarecer la controversia.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, juicio de desalojo, lanzamiento
Materia: CIVIL
Carátula: GUICHANDUT, Blas Juan y otros s/Causa 4882 Incidente Administración c/ OLMOS, Alejandro E. Sub.Inq.Ocup. s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

En los juicios de desalojos, el diligenciamiento del lanzamiento queda retribuido con los honorarios regulados en la sentencia definitiva.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Canosa Elisa Beatriz c/ Biomolecular Medicina SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-10

En el caso, con la misiva emitida en la ocasión en que la actora produjo la ruptura del vínculo laboral, no dio oportuno cumplimiento con lo dispuesto en el art. 80 L.C.T., en la medida en que no intimó a la efectiva entrega de los certificados, luego de producido el cese contractual. Es que la intimación fue cursada en el mismo telegrama mediante el cual la actora se consideró despedida, lo que evidencia que la interpelación cursada en el mismo instrumento no respectó lo exigido por la norma citada en cuanto a producir el emplazamiento con posterioridad a la disolución del vínculo.
Despido, embarazo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Zabala, Estela c/ Famaba S.A. s/ DEMANDA LABORAL S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-04-17

La posibilidad beneficiante a la trabajadora, de acceder a la indemnización especial, cuando deba producir su autodespido ante injurias patronales, se dará en tanto y en cuanto se cumplan los requisitos enumerados por el art. 178, notificación y acreditación fehaciente del estado de embarazo, y en su caso del nacimiento.
Comunicaciones, responsabilidad civil, derecho al honor, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: Granada, Jorge Horacio c/ Diarios y Noticias  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Todo medio es responsable de la falsedad sustancial de las noticias expuestas asertivamente y como propias, que afecten la reputación de las personas.
Daños y perjuicios, incapacidad laboral, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Hermenegildo c/ Negroni, mario s/ Dañso y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

La incapacidad laborativa sólo se refiere a las potencialidades productivas del sujeto, es decir la dimensión económica o material de su existencia, en tanto la incapacidad vital contempla las integrales proyecciones de la persona en lo individual y en lo social. (vida de relación) La medida de un daño inferido a una persona se debe apreciar con un concepto integral, teniendo en cuenta la repercusión que todo ello trae aparejado a la victima en su labor ulterior, que tiene que ver con una disminución en el carácter de la victima para encarar su vida futura.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BOERO, ROGELIO ALEJANDRO c/ GIL BEATRIZ Y BONGIOVANI JOSE FELIX s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

Un automóvil afectado considerablemente en un choque pierde parte de su valor venal, máxime cuando se dañan partes vitales del mismo y que aunque el vehículo fuere sometido a reparación, y se efectuaran los arreglos a nuevo, es indudable que el hecho al afectar su estructura de carrocería y parte mecánica, según lo indicado sufre una disminución de su valor en el mercado, que corresponde admitirlo aun sin prueba del monto.
Enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Juan José c/ Constructora Galante S.A.C.I.F. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

No puede dejar de tenerse en cuenta para establecer la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad ocasionada por hipoacusia, la repercusión que este tipo de afección produce en la vida de relación del afectado.
Delitos contra el honor, inmunidades parlamentarias
Materia: PENAL
Carátula: QUERELLA FORMULADA POR FERNANDO Ferrer Y FRANCISCO YUNYENT BAS c/ SOFANOR NOVILLO CORVALÁN s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-09-08

La inmunidad de opinión de que gozan los legisladores tiene sentido sólo si el acto del legislador puede llegar a ofender derechos o intereses protegidos civil o penalmente, lesión que en otro caso sometería al autor a la acusación o demanda que se quiere evitar. La exención supone, por consiguiente, que la opinión es susceptible de tener un carácter ilícito o, incluso, delictuoso. Podría discutirse de lege ferenda la inconveniencia política de este privilegio constitucional, debido al desamparo jurídico de los posibles damnificados frente a un ejercicio abusivo del mismo.

Pero lo cierto es que, de lege lata, sólo cabe la interpretación que admite el cumplimiento de hechos ilícitos. Frente a los abusos en el ejercicio de esta inmunidad de expresión, nuestra constitución ha previsto la sanción disciplinaria pertinente por parte de la Cámara respectiva. Es que, siendo la libertad de opinión la base misma del sistema democrático, ha sido preferible correr el riesgo excepcional de un abuso y soportarlo, que el de establecer un control de los que tienen que aplicar la ley sobre los que tienen que hacerla, con grave peligro de estancamiento. El Parlamento y el pueblo son los jueces de esos actos.

Si el objetivo perseguido por la norma en análisis consiste en evitar el control judicial de las opiniones legislativas, es necesaria cierta vinculación entre dicha opinión con el mandato legislativo, para que opere sin más la inmunidad de expresión. Por consiguiente, sólo quedan fuera de la inmunidad de expresión las opiniones que no tengan vinculación alguna con el desempeño del mandato legislativo. Ante la duda sobre el particular, en atención al fin tutelado por la norma bajo análisis (es decir, el cumplimiento de la función legislativa exento de coacciones), corresponde hacer funcionar la mencionada inmunidad.

En este sentido, corresponde destacar que el bien jurídico protegido de manera directa por la inmunidad no es la persona del legislador en sí misma o en su libertad, sino sus opiniones o discursos como legislador.

En síntesis se entiende que la inmunidad consagrada en el art. 93 de la Constitución Provincial, es aquélla que comprende los votos y manifestaciones del legislador expresados en forma verbal, por escrito, e incluso también por actitudes, siempre y cuando sean cumplidos en las sesiones y comisiones del cuerpo y en toda actividad vinculada a la finalidad de su mandato (Voto de la Dra. Cafure de Battistelli por sus fundamentos).
Cantidad de estupefacientes, reglas de la sana crítica, comercialización ilegal de estupefacientes, tipo penal, reconstrucción del hecho
Materia: PENAL
Carátula: ZARATE, Mario Carlos Gabriel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Respecto de la "ultrafinalidad" a la que hace referencia la defensa, lo cierto es que, además de la forma en la que estaba acondicionada la droga -en panes o ladrillos-, la cantidad de estupefaciente secuestrado (de los cuales se podía extraer 34.927 dosis) descartan cualquier tipo de duda respecto del fin de la tenencia. Es que, surge de la sentencia, que el material secuestrado tenía un promedio de concentración del 69.87%. Semejante cantidad de sustancia ilegal, sana crítica racional mediante, impide considerar que el objetivo no fuera su posterior comercialización, descartando con ello la posibilidad de una tenencia simple. En la consideración del tipo de injusto, los tribunales están llamados a realizar un análisis que incorpora el significado social de los comportamientos para poder considerarlos hechos penalmente relevantes. Todos los conceptos típicos penales, incluso aquellos que podían identificarse como descriptivos, no son simples conceptos causales de lesiones de bienes jurídicos o de situaciones de hecho, sino conceptos que exteriorizan sentido social. De allí que la aplicación de las normas en esos casos, no depende de una pura comprobación, sino que se lleva a cabo merced a la identificación del significado integrado al tipo. El a quo ha desenvuelto su argumentación a partir de la reconstrucción de los hechos que permite la prueba recibida en el debate: testimonios, elementos, circunstancias, instrumentos, etc. que requieren de una consideración de sentido jurídico. Por tanto, esos aspectos y comportamientos puestos en relación con las reglas de experiencia, sentido común, usos, costumbres y conceptos forenses brindan sustento a la significación jurídica escogida en la condena. En consecuencia, la denominada "ultraintención" que la defensa busca poner en crisis aparece comprobada en los fundamentos del fallo. Por otra parte, con relación a lo afirmado por la parte recurrente en torno a que se encontraba acreditado un transporte de estupefacientes en tentativa, cabe referir el hecho imputado al encausado encuentra debida adecuación en la conducta de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin perjuicio de ello, aun cuando la conducta también podría haber sido encuadrada dentro del tipo propuesto por la defensa -pues en el caso el imputado detentaba la droga bajo su ámbito de custodia en la camioneta en la que se trasladaba-, lo cierto es que más allá de disquisiciones teóricas, dicha distinción no lleva a ninguna consecuencia práctica en tanto, aun a la luz de la calificación referida por la defensa, la conducta se encuentra consumada pues el imputado fue interceptado mientras se desplazaba con la sustancia ilícita por el partido de Avellaneda.
Fuerzas Armadas, veteranos de guerra, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "LONS,  LUIS  ALBERTO  Y OTROS c/ Estado Nacional A Ministerio deDefensa s/ Personal  militar  y civil de las fuerzas armadas y deseguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Corresponde confirmar la sentencia del "a quo" que rechazó la pretensión de los accionantes de cobrar el suplemento mensual otorgado por el Dec. 1244/98, si de las constancias de la causa se desprende que aquéllos se encontraban en pasividad al momento de dictarse la norma que creó el beneficio. Ello así, ya que no existe en ella disposición alguna de carácter retroactivo.
Honorarios, perito contador, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION  PROPIETARIOS  DE FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-11

Con relación a los honorarios regulados a favor del Perito Contador, no obstante tener en cuenta la importancia de la tarea realizada, la complejidad de la cuestión sometida a estudio, pautas éstas de aplicación por imperio del art. 6, incisos a) y b) del Decreto-Ley 16.638/57 aplicable en virtud de la norma de reenvío contenida en el art. 23 de la Ley Provincial 286 y la trascendencia de la labor para la resolución del pleito, corresponde reducirlos en atención a la adecuada relación que deben guardar los honorarios con los regulados a los demás profesionales intervinientes.
Facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales, inconducta procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SR. JUEZ DR. ALBERTO NICOSIA s/ INFORMA IRREGULARIDADES ADJUDIC.JUICIOS EN JUZG.A SU CARGO (n° 35)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

El ejercicio de las facultades disciplinarias que le competen al órgano jurisdiccional en virtud de los dispuesto en el art. 18 del decreto-ley 1285/58, no está subordinado a la previa sustanciación de un sumario, sino que la mera comprobación directa y objetiva de las infracciones respectivas, lo habilitan para aplicar las sanciones que correspondan, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.
Acción de amparo, despachante de aduana, resoluciones, AFIP DGA
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAS BURGOS, Eduardo y otros c/ A.N.A. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

Debe desestimarse la apelación de los accionantes respecto al rechazo de la acción de amparo promovida por ellos en su condición de despachantes de aduana, contra las resoluciones ANA 2302 y 2434, ambas de 1994, en donde impugnan globalmente el denominado Sistema Informático María.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, delitos, principio de congruencia, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: V, L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Partícipe de defraudación especial   en concurso real con falsedad ideológica de documentos públicos   (Fallos relacionados: Queja admitida, AyS T 129 p 389/391; AyS T 149 p 418/422) (Expte. CSJ Nº 1447-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Cabe rechazar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad cuando, a la luz de los antecedentes de mayor relevancia de la doctrina jurisprudencial de la Corte sobre la delimitación de los alcances del principio de congruencia y el "iura novit curia" y frente a las constancias de la causa, la arbitrariedad acusada por el recurrente no encuentra un mínimo asidero en aquéllas, no logrando trasponer el umbral de la disconformidad de la defensa para con la calificación legal seleccionada y el monto punitivo impuesto, materia extraña al presente recurso.
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, rechazo de la demanda, incompetencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Olea, Andrés Leucadio y otros c/ Ex DECa y/o Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-08-26

La ley Nro. 3744 de creación del Ente Autárquico demandado-ex dirección estatal de energía eléctrica- en su Art. 37 establece : "Contra los actos emanados de autoridad administrativa de la DECa procederán los recursos previstos en el Art. del Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia".

En el caso, al haberse omitido la impugnación recursiva, se eludió alcanzar la decisión definitiva de autoridad administrativa de última instancia, ya sea expresa o tácita y, además, lograr con ello el acto que cause estado por haber sido dictado por autoridad competente, una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo.

En conclusión, el Estado Provincial demandado en autos nunca tuvo conocimiento de este planteo durante el procedimiento administrativo y, en consecuencia, no hubo de su parte denegatoria ni expresa ni tácita del derecho reclamado, por lo que corresponde el rechazo de la acción instaurada, ante la incompetencia de este Tribunal por no estar debidamente agotada la vía administrativa. Con costas a los actores (Art. 65,Ley 2.403).
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, aportes previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caruso, Horacio Alberto c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Los incs. "c" y "d" del art. 5 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones, modificado en el mes de junio de 1993 introducen un nuevo requisito a los fines de la obtención del beneficio jubilatorio: el "número promedio de veces", que conduce a la exigencia de efectuar aportes suplementarios a fin de alcanzar el monto de aportes equivalentes al total del tiempo en que una persona ha estado en condiciones de trabajar, aún cuando no haya prestado servicios y aún cuando -como sucede en el caso- exceda el tiempo mínimo de servicios exigido en la ley, por conducto de dicho requisito el afiliado se ve compelido a abonar treinta y cinco cuotas mínimas anuales, no obstante haber acreditado el ejercicio continuo y permanente de la profesión durante más de veintiocho años calendarios, los que resultan suficientes a los fines del otorgamiento del beneficio jubilatorio.
Adicionales de remuneración, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: Insinger, Ernesto Ricardo y Otros c/ Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

El decreto 1014/1997 y las prórrogas ordenadas por los decretos 23/1998; 237/1999; 1192/2002; 80/2003 y 196/2004, atento el estado de emergencia de la Policía Bonaerense, estableció el pago de un suplemento especial no remunerativo no bonificable por un lapso limitado, para el plantel de oficiales superiores (de Subcomisario a Comisario General) y con el declarado objetivo de compensar el mayor esfuerzo que demandaría al personal responsable en la ejecución de las acciones durante la vigencia del referido estado de emergencia, por lo que dicho suplemento, al estar limitado temporalmente -aunque luego prorrogado- impide otorgar carácter de asignación regular, habitual y permanente que habilite a incluirlo en los haberes de pasividad, sobre todo cuando se especificó su vigencia por el lapso que dure la emergencia policial (del voto en disidencia del Dr. Soria).
Filiación extramatrimonial, impugnación de la paternidad, legitimación activa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ASESORIA DE FAMILIA E INCAPACES c/ S., J. D. s/ Acción de impugnación de Filiación extramatrimonial y Acción de reclamación de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

Del art. 254, 2do. párrafo del C. Civil parecería desprenderse que la legitimación activa de la acción estuviera reservada en forma exclusiva al hijo, sin embargo se ha entendido que con relación a la acción de filiación matrimonial, si bien el art. 254 no enumera a los padres como los habilitados para actuar, la facultad de éstos para hacerlo por derecho propio es indiscutible.

Y expresamente se ha previsto el caso "sub examine" en cuanto se ha considerado que si el hijo aparece inscripto como extramatrimonial de tercero, quienes pretenden ser los verdaderos progenitores podrán impugnar la paternidad y la maternidad que surgen de los asientos, y reclamar para sí, de conformidad con el art. 263.

Por lo tanto resulta ajustada la legitimación activa del presunto padre, debiéndose reiterar aquí lo expresado respecto de la acción de impugnación en cuanto a la legitimación pasiva, teniéndose por integrada correctamente la litis con quien figura registralmente como padre y contra el reconocido.
Cheque, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ORFICA S.C. c/ LEIVA ORIETA, EDGARDO GUSTAVO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-30

La actora puede entenderse con derecho a la ejecución, si la causal de rechazo -cuenta cerrada- no enerva la ejecutoriedad que emana del título, en la medida que "el no pago es paralizante únicamente y se adopta bajo responsabilidad de quien avisa la pérdida, adulteración o vicio del consentimiento.
Robo con perforación o fractura, lugar habitado
Materia: PENAL
Carátula: CARBALLO GONZALEZ, P. s/ ROBO - FRACTURA LUGAR HABITADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

"...por las razones en las que me extendí en la causa Nro. 22.892 "Riverol, Hugo Daniel" de esta Sala y a la que me remito, es constitutivo de robo calificado por fractura de ventana y puerta. El lugar no perdió su condición de habitado -ni, por ende, la protección legal especial- porque sus moradores estuvieran ausentes por vacaciones, pues ostensiblemente continuaba siendo sitio de residencia no abandonado en tal carácter".