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Derecho laboral, trabajador, notificación al empleador, prueba de informes
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Casais, Juan A. c/ Minetti y Cía. Ltda. S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 261-00, Resol. Nro. 107, Tomo 26, Folio  173)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-03

Es pertinente la prueba informativa para acreditar la notificación al empleador de la designación del trabajador a un cargo gremial (art. 394 del C.P.C.C.), desde que el informe adquiere plena relevancia probatoria en tanto confirma tal hecho, careciendo de importancia que la documentación acompañada por el informante sea una simple fotocopia si la accionada no usó de su facultad que le confiere el art. 401 del Código Procesal Civil y Comercial citado.
Certificado de deuda, reclamo administrativo previo, facultades del abogado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAZ, JOSE CELSO c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ COBRO DE AUSTRALES-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-31

El acta de requerimiento ante tesorería de la provincia es inhábil para tener por efectuado el trámite que señala la ley como obligatorio para el actor a fin de percibir el pago de los certificados, dado que fue efectuado por la letrada que tenía poder pero para juicios y no para cumplir las actividades que obran en dicha actuación notarial.
Defensa del consumidor, intervención de terceros, empresa extranjera, domicilio en el extranjero
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUINTEROS, DANIEL Y OTROS c/ INTER REP SRL Y OTROS s/ ORD. S/ INC. DE APELACION. -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-31

Si se promovió acción tendiente al resarcimiento de los perjuicios que se dicen derivados del atribuído incumplimiento de la Ley 24240 (defensa del consumidor) por parte del accionado, resulta improcedente que éste solicite la citación de una compañía extranjera en calidad de tercera (C.P.C.C. art.94), con fundamento en que la cuestión planteada por el pretensor involucra productos elaborados por ella cuando, -como en el caso-, surge que esa tercera tiene domicilio en la ciudad de Caracas (Republica de Venezuela), toda vez que esa citación se presenta como manifiestamente inconveniente.
Sucesiones, fuero de atracción, partición, declaratoria de herederos, inscripción registral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ribaya, Nicolás y Otros s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-12

"El fuero de atracción de un juicio sucesorio sigue vigente hasta que la partición sea presentada y aprobada y no cesa con la declaratoria de herederos ni con su inscripción en el Registro".
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Proveedora Industrial S.A. s/ Inconstitucionalidad arts. 16, 38, 39 y concs. de la ley 10.149;  arts. 59, 80, 81 y concs. del dec.regl. 6409/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

La decisión final del Subsecretario de Trabajo se halla sujeta, en el régimen de la ley 10.149, a impugnación judicial a través del recurso de apelación previsto por el art. 14, cuya resolución corresponde al Tribunal del Trabajo competente.
Tentativa, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Zenon, Américo o Jara, Alejandro; Acevedo, José Luis o Pérez, José Luis; Arévalo, Héctor Hugo s/ Tentativa de robo con armas en poblado y en banda s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-10-03

Frente a la carencia de un escala penal específica para cada delito en su modalidad tentada, la ley define un precepto común y articula dos pautas que deben ser observadas por el magistrado. Estas pautas son:

selección de la pena en función de la adecuación típica del delito tentado, considerándolo consumado, y reducción de aquélla de un tercio a la mitad. Repárese que la mención que hace el texto legal al "delito consumado" (art. 44 CP), no debe entenderse como que el Juez deba imaginar una hipótesis concreta de delito perfecto como acaecido, sino que con ello se determina tan solo la norma a los fines de la tipificación, para luego corresponderse con el proyecto de ejecución descripto por la tentativa. Se agrega luego, el capítulo que ha traído mayor inquietud a los intérpretes de la norma, esto es, la mentada reducción del tercio a la mitad. El Tribunal se inclina por el criterio de que la escala debe ser establecida en abstracto, pero reduciendo un tercio del mínimo y la mitad del máximo (tésis sostenida por De la Rúa y Núñez), por considerar que resulta el más ajustado al texto legal.
Intervención de línea telefónica, nulidad del acto jurídico, lavado de activos, fútbol
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C. s/ Legajo de apelación - Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Son nulas las escuchas telefónicas ordenadas en el marco de una investigación por la comisión de los delitos previstos en el art. 303, inciso 2 "a", del Código Penal "con habitualidad y en calidad de miembros" -delitos contra el orden económico y financiero-, pues las razones exteriorizadas por el juez para ordenar dicha medida excepcional contradicen lo establecido por los artículos 123 y 236 del C.P.P.N, es que, lejos del espíritu plasmado en las normas citadas, las razones expuestas dejan entrever que decretó las providencias a la espera de que las conversaciones de los "eventuales imputados" le permitieran definir, en presencia de un requerimiento de instrucción particularmente ambiguo e impreciso, el objeto procesal del expediente, en una auténtica "excursión de pesca" inaceptable en un Estado de Derecho. Máxime cuando la garantía de la defensa en juicio y el consecuente principio del debido proceso legal, obligan a los jueces a fundar o motivar no sólo sus sentencias finales, sino también todas aquellas decisiones anteriores que restrinjan o constituyan injerencias en un derecho fundamental.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, obras públicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López de Armentia c/ Dirección de Vialidad de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Si en autos está en juego la responsabilidad del estado provincial, por la realización de una obra pública (modificación del trazado de dos rutas) que, al concretarse, derivó en perjuicios para el actor imposibilidad de continuar con la explotación de una estación de servicio de su propiedad, por falta de accesos adecuados, problemas hídricos, etc.). No cabe duda que en el caso, se ventila la responsabilidad objetiva del Estado por su obrar lícito (descartados el dolo o la culpa), cual es la ejecución de una obra pública que hace a la satisfacción de una necesidad que entra en la órbita del bienestar general de la Nación, no puede subsumirse la solución en las normas propias del derecho común (arts. 43, 1112 y 1113 y concds. del Código Civil), sino que queda comprendido en las propias del derecho público, concretamente Constitucional, pues el fundamento de la reparación respectiva se asienta en la protección de los derechos básicos de igualdad y de propiedad.
Servicio público, concesión de servicio público, energía eléctrica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

Todo servicio público reconoce un titular, pero nada más que uno: el Estado o poder concedente, que tan sólo delega la prestación y éste se halla bajo la inspección y el control de ese poder concedente, con exclusión de toda voluntad extraña, lo cual resulta comprensible o, más bien, inevitable por cuanto dentro de la coordinación armónica de intereses entre concedente -o titular- y concesionario -o delegado- no cabe la intromisión de otra autoridad soberana.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BARNETCHE, Eduardo Aníbal c/ SALAZAR, Néstor Ángel s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-03

Asimismo, es acertado lo pretendido por el apelado en cuanto la Sala no puede entrar al mérito de capítulos no propuestos a la decisión del juez en grado. En efecto, es conteste la jurisprudencia en sostener que la afirmación de un hecho no invocado en primera instancia no constituye técnicamente una expresión de agravios en los términos del art. 255 del Código Procesal. Es sabido que el procedimiento de apelación se caracteriza como una revisión dentro de los límites ya fijados en la instancia de origen, y no como una renovación de los trámites que le precedieron. Por regla, se examina el material de conocimiento acumulado en primera instancia y se decide sobre los errores en que puede haber incurrido el juez de la causa (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1999, f° 275).

En otras palabras, tanto la decisión de primera instancia como la de alzada, deben serlo atendiendo a los términos en que quedara trabada la litis, de modo que no puede entender el órgano superior en aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior.

En tal sentido se ha resuelto que si el recurrente introduce nuevas materias en el escrito de expresión de agravios que no fueron puestas a consideración del juez de la instancia anterior, la Alzada no puede revisar las mismas (CApel. Salta, Sala III, 1982, f° 1069; Fallos año 1981, f° 1219; Fallos año 1985, f° 459/466).

En nuestro sistema procesal, la segunda instancia es solo un medio de revisión del decisorio emitido en la instancia en grado y no una renovación plena del debate (CNCiv., Sala B, E.D. 65-514; 58-355); la función prístina del tribunal ad quem no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de primera instancia (Hitters: Técnica de los Recursos Ordinarios, La Plata, Lib. Edit. Platense, 1986, pág. 406;CApel.CC. Salta, Sala III, año 1996, f° 787; íd. año 2004, f° 188; íd. íd. año 2004, f° 785; íd. íd. año 2005, f° 68, entre tantos otros).
Prescripción quinquenal, código aduanero, pena de inhabilitación, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: TURNES, Oscar Laureano s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-04

Lo dispuesto en el inc. 3º del art. 62 C.P. establece que la acción penal se prescribirá a los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación, circunstancia que no se verifica en el presente caso teniendo en cuenta que además de la inhabilitación, el Código Aduanero prevé para el delito investigado en las presentes, otras penas que son de aplicación conjunta.

Por ello, es evidente que la interpretación dada por el tribunal pasa por alto que el Código Aduanero prevé otras consecuencias conjuntas a la pena privativa de libertad impuesta a la persona ideal.

Corresponde así recordar que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, pautas que no deben ser sustituidas por el criterio propio de los jueces so color de hermenéutica, y menos aún cuando la ley no exige esfuerzo para su inteligencia, por lo que, en principio, debe ser aplicada directamente con prescindencia de las consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en ellas (Fallos: 311:1042; 313:1007; 316:1247; 319:2617; 320:61; 321:1434; 323:620; 324:1740; 325:1525, y 326:756).
Libertad, violencia de género, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, infracciones formales
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Agostino, Sergio Leonardo c/  s/ s/ Infr. art. 149 bis, CP s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

Corresponde que continúe interviniendo en todas las actuaciones, la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, con apoyo en lo establecido en el artículo 3 de la ley n° 26702 y el artículo 42, inciso 1, CPPN, en tanto los hechos investigados que motivaron este incidente de competencia se encuadran dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar, ilícitos que presentan características específicas en tanto se prolongan a lo largo del tiempo, en el marco de una situación conflictiva continua, muchas veces cíclica, por lo cual resulta ineludible conocer las circunstancias que rodean las conductas típicas. Razones de mejor y más eficiente administración de justicia y la importancia de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tornan necesario que sea un único tribunal el que intervenga en todas las actuaciones. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jubilación por invalidez, trabajador autónomo, caja otorgante
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESPER, Ernesto c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-03

Aún cuando el peticionante se haya incapacitado laborando para un último empleador, si de las constancias de autos se desprende que durante años se desempeñó como autónomo, estando afiliado a ese régimen, corresponde confirmar la resolución de la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles que denegó el beneficio, máxime si, aparentemente, mantiene deuda pendiente con aquel sistema. Lo contrario importaría que el titular entrase en pasividad sin cancelar su deuda con el sistema de trabajadores autónomos, produciendo una situación legal que vulneraría la posibilidad de subsistencia del sistema, jaqueado por la evasión previsional.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M. Bercovich y Cía. S.R.L. s/ Concurso Preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-08-29

La nota de definitividad de un decisorio para los fines del recurso de inaplicabilidad de ley, se patentiza cuando se resuelve de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo. Para que una decisión revista el carácter de definitiva debe recaer sobre el asunto principal objeto de la litis; o cuando se concreta sobre una cuestión incidental, ha de producir el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su prosecución, por lo que no es dable, atribuir tal naturaleza a aquellas resoluciones que, aún cuando concluyan una determinada controversia acerca de un específico tema, no están vinculados al asunto principal del litigio y por lo tanto, no le ponen fin.
Demanda, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacífico Annan, Juan Carlos c/ Martín Hnos. Sociedad de hecho s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Desde la perspectiva estrictamente procedimental, la presentación de la demanda tiene como efecto originar el estado de litispendencia, es decir el acudir a un poder del Estado con una concreta pretensión de prestación de servicio jurisdiccional, que ulteriormente se perfeccionará por la notificación de la demanda y su eventual contradicción o contestación, pero que desde el inicio mismo de la interposición produce efectos jurídicos tanto de carácter sustancial como procesal.-
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de vestido
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Luis Alberto c/ D'amico, Gerónimo y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

No procede hacer lugar a la indemnización por gastos de indumentaria cuando las circunstancias y particularidades del accidente en el que la víctima fue atropellada a la salida de un garaje cayendo sobre el cordón de la misma vereda por la que iba caminando, no permiten presumir la realidad del desmedro sufrido.
Expropiación, liquidación, despojo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Brest Inmobiliaria S.R.L. s/ Expropiación (Expte. C.S.J. Nro. 52 Año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-22

En la determinación del justiprecio del inmueble, no deben tenerse en cuenta los aumentos que éste pudo haber experimentado con motivo de la realización de obras particulares o por la incidencia de circunstancias que no se verificaban a la fecha en que la expropiante tomó posesión del bien expropiado. Y ello, por la misma razón que volvería injusto abonar al expropiado un menor valor que el correspondiente a la fecha de la desposesión si los precios hubieran descendido con posterioridad a dicha época. En tales condiciones, corresponde adoptar como justiprecio del inmueble el informado por la Comisión de Tasaciones a la fecha de la toma de posesión por parte de la Provincia.
Juicio sumario, imputado, defensa en juicio, lectura de derechos, falta de notificación, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARRASCO ESPINOZA, Claudio J.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

El imputado no fue notificado formalmente de los derechos que le asisten conforme lo dispuesto en el art. 353 bis, C.P.P. Previo a la etapa de debate no ha tenido noticia fehaciente del hecho imputado y de las pruebas en su contra. El intento de haberlo notificado a los domicilios por él aportados y la citación a través de edictos, no resolvió su posibilidad de contar con asistencia letrada. La situación expuesta conculca el derecho de defensa consagrado por el art. 18, C.N. (*).
Facultades del juez, excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: P., M.J. y Otros c/ Municipalidad de Esquel s/ Amparo s/ Incidente de Recusación con causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-07-30

"Si bien resulta ponderable la actitud de la magistrada que frente a la mínima sospecha que pudiera existir de su falta de ecuanimidad invoca razones de decoro para apartarse del asunto, cabe poner de relieve que la integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de responsabilidad que es dable exigir a quien cumple con tan significativa magistratura, pueden colocar a la señora juez por encima de toda sospecha y, precisamente, en defensa de su propio decoro y estimación y del deber de cumplir con la función encomendada, conducirla a no aceptar circunstancia alguna que ponga en tela de juicio su imparcialidad".
Homicidio culposo, locación de obra, medianería, responsabilidad penal, responsabilidad civil, subcontratista
Materia: PENAL
Carátula: BANER, DAVID s/ HOMICIDIO CULPOSO. RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-07-04

Aprobado por la Municipalidad el plano de replanteo presentado por el arquitecto y director de la obra, la responsabilidad del derrumbe corresponde al contratista y al subcontratista, quienes no cumplieron con las especificaciones técnicas contenidas en el plano aprobado; ni tampoco observaron las medidas de seguridad pertinentes en la construcción de la pared medianera -posteriormente derrumbada- en relación con las especificaciones del código de edificación, conforme a los peritajes obrantes en autos.

La aceptación de renuncia de una eventual culpa contenida en el contrato son estipulaciones limitativas o excluyentes de responsabilidad que ni siquiera en materia civil tienen alcance restricto. En la locación de obras la responsabilidad del jefe de la empresa o autoridad máxima que la dirige sólo puede limitarse o exonerarse contractualmente, en tanto no se oponga a expresas prohibiciones de la ley o del orden público, pero jamás puede eximirlo de culpa frente a terceros, aún en materia civil. En consecuencia, ni las divisiones internas del trabajo pueden ser válidamente opuestas en materia penal, ni frente a terceros, ni entre las partes.
Juez de distrito, juez de circuito, prescripción adquisitiva, jus
Materia: PROCESAL
Carátula: MASETTI, MARCELA NELIDA c/ DEMARCHI, CANDIDO VICTORIO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

En el conflicto de competencia suscitado entre un Juzgado de Distrito y uno de Circuito por una demanda de prescripción adquisitiva, corresponde que siga entendiendo este último en virtud del artículo 112 de la ley 10160, que establece que a los Juzgados de Primera Instancia de Circuito les compete el conocimiento de toda causa civil y comercial cuya cuantía no supere el valor equivalente a sesenta Unidades Jus, sin establecer distingo alguno en relación a la materia en debate, siempre que la misma se encuentre dentro de aquel ámbito, y dentro del límite cuantitativo referido. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 112; CSJStaFe, Acta Acuerdo 49 del 22/11/16, punto 9. - Jurisprudencia concordante con Candotti, AyS T 269, p 158/160, sumario J0041981.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Seara, Juan I. y otra c/ Tiveron, José A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Al no haber sido sometida la cuestión a la decisión del "a quo", queda al margen de las facultades revisoras del tribunal de alzada art. 272 del CPCC), pues si se admitiera el articular defensas no esgrimidas en la anterior instancia o fundadas en hechos no alegados en ella, existiría una alteración de los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa y violación de una expresa prohibición legal (art. 18 C.N.; art. 9º Const.

Provincial)
Trabajador autónomo, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, aportes previsionales, aportes de trabajadores autónomos, aportes mayores al mínimo, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIRIGLIANO, FRANCISCO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Para la determinación del haber inicial, la C.S.J.N. sostuvo que si la ley autoriza a realizar voluntariamente aportes mayores al mínimo exigido a fin de lograr una situación de mayor estabilidad económica y tranquilidad durante la vejez, ese esfuerzo debe verse reflejado, obviamente, en el monto del haber, pues de lo contrario la norma respectiva resultaría violatoria de garantías constitucionales al impedir que conserve su naturaleza sustitutiva, que es uno de los pilares fundamentales en que se apoya la materia previsional.

Posteriormente, al fallar en la causa Rodríguez, Emilio (31.10.89), el Alto Tribunal entendió que la solución adoptada en el caso Volonté buscó hallar un método respetuoso de la intención del legislador cuando creó distintas categorías para trabajadores autónomos que permitían obtener mayores ingresos a quienes efectuaron mayores aportes durante su vida útil y para lo cual creó ese sistema opcional a fin que quienes efectuaron un mayor esfuerzo en cuanto a la contribución obtuvieran un mayor haber durante su pasividad. Para ello, consideró razonable y equitativo que el haber inicial sea equivalente al promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en que revistó el afiliado, considerando los últimos quince años previos al cese. (Disidencia del Dr. Laclau)