Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-17


SENTENCIA NÚMERO: 1 En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil cuatro, siendo las doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Hugo Alfredo Lafranconi, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Pilar Suarez Ábalos de López y Ángel Antonio Gutiez, bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "CIÉNAGA DEL CORO - DPTO. MINAS - BERNABÉ AMADO RODRÍGUEZ - IMPUGNA OF. DE LISTA DE UNIÓN POR CÓRDOBA - RECURSO DE APELACIÓN - APELACIÓN - (Expte. letra "C", nº 15, iniciado el treinta y uno de octubre de dos mil tres), con motivo del recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria por el Señor José Alberto Navarro, en representación del apoderado de la Unión Cívica Radical en el circuito Ciénaga del Coro (fs. 59/60 vta.), en contra del Auto Interlocutorio Número Quinientos sesenta y uno, de fecha veinte de octubre de dos mil tres (fs. 53/54 vta.), dictado por el Juzgado Electoral Provincial, que dispuso: "Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por Juan Edgardo Romero, en su carácter de elector, candidato y apoderado del Partido - Unión Cívica Radical - , consecuentemente ratificar la Resolución Nº 5 de la Junta Electoral Comunal de Ciénaga del Coro, Dpto. Minas, conforme lo expresado en el considerando , procediéndose a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de apelación en subsidio deducido? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DOMINGO JUAN SESIN, LUIS ENRIQUE RUBIO, PILAR SUAREZ ÁBALOS DE LOPEZ Y ÁNGEL ANTONIO GUTIEZ, EN FORMA CONJUNTA DIJERON:

1. A fs. 59/60 vta.	el señor José Alberto Navarro, en representación del apoderado del Partido UNIÓN CÍVICA RADICAL, interpone recursos de reposición y apelación en subsidio en contra del Auto Interlocutorio Número Quinientos sesenta y uno de fecha veinte de octubre de dos mil tres, dictado por el Juzgado Electoral Provincial, por el que se dispuso: "Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por Juan Edgardo Romero, en su carácter de elector, candidato y apoderado del Partido - Unión Cívica Radical- , consecuentemente ratificar la Resolución Nº 5 de la Junta Electoral Comunal de Ciénaga del Coro, Dpto. Minas, conforme lo expresado en el considerando. (fs. 53/54 vta.).

Se agravia el apelante del rechazo de la impugnación que oportunamente formulara en contra de la candidatura de los Sres. Rafael Edmundo Llanos y Alberto René Villagra, a integrar la Comisión Comunal por el Partido Justicialista y las agrupaciones que integran en sumatoria de votos, por no reunir aquellos el requisito de residencia en la localidad donde se postulan.

Resalta que la resolución impugnada carece de fundamentación lógica y legal y no se ha efectuado valoración de la prueba aportada, como tampoco se ha expresado la razón por la que se le impidió en las instancias anteriores la tramitación de la prueba que propusiera su parte, circunstancia que convierte al decisorio en violatorio de derechos y garantías de raigambre constitucional, como de igualdad ante la ley y de defensa en juicio, incurriendo en lo que la doctrina de la Corte Suprema ha denominado como ?sentencia arbitraria?.

Sostiene que la ley exige tres condiciones para ser candidato: la condición de elector, la cual se cumplimenta, la mayoría de edad, también satisfecha por ambos postulantes impugnados y la residencia de dos años inmediata y continua al tiempo de la elección, requisito que no se cumplimenta pero que el aquo ha considerado probado en base a las manifestaciones de los partidos que postulan dichos candidatos y a la oscura documentación acompañada.

En definitiva, y luego de efectuar consideraciones respecto a la prueba aportada por los candidatos a los fines de acreditar la residencia, solicita se haga lugar a la reposición articulada, se dispongan las medidas para mejor proveer que fueren necesarias y en su caso, se admita el recurso de apelación deducido.

2. Mediante decreto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil tres se corre traslado de la impugnación articulada a las agrupaciones políticas contendientes (fs. 61), la que es evacuada a fs. 77 por el representante del Partido Justicialista, Señor Guillermo Sánchez, y a fs. 78/79 por el Señor Pedro Antonio Grasso en representación del Partido Demócrata Liberal, solicitando ambos, en definitiva, el rechazo del recurso incoado.

3. Por Auto Interlocutorio Número Quinientos sesenta y seis de fecha veintinueve de octubre de dos mil tres (fs. 82 y vta.) el Tribunal aquo rechaza el recurso de reposición y concede el de apelación con efecto devolutivo.

4. Radicados los autos en esta sede, se corre traslado al Señor Fiscal General de la Provincia, el que es evacuado a fs. 95/97 (Dictamen E N° 902 de fecha 07112003) en sentido contrario a la procedencia del recurso intentado.

5. Dictado el decreto de autos (fs. 98) queda la presente causa en condiciones de resolver.

6. En primer lugar, cabe examinar si el recurso de apelación deducido en autos satisface las condiciones de admisibilidad previstas por la norma procesal aplicable al caso, pues la concesión de un recurso por el Inferior no inhabilita al Tribunal de Alzada para controlar la concurrencia de los presupuestos procesales atinentes a su admisibilidad formal aun mediando conformidad de los justiciables (Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios", Librería Editora Platense, La Plata 1985, pág. 394 y sgtes.).

Ello así, pues nuestro ordenamiento procesal recepta en materia recursiva el principio de orden público, lo que implica que el tiempo, modo y vías impugnativas idóneas, según el caso, no son materia disponible por las partes, razón por la cual las resoluciones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley, determinando los supuestos en que proceden los remedios de reposición, de apelación y de queja (arts. 216 y 136 de la Ley 8102 y 112 de la Ley 8767).

La norma referenciada en último término, prescribe que ?Las resoluciones dictadas por el Juez Electoral son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia por vía de los recursos de apelación y nulidad, según corresponda a la naturaleza del agravio invocado....

En observancia de dicho dispositivo, habiéndose cuestionado una decisión que resuelve el fondo del tema en discusión, previo contradictorio, la vía impugnativa idónea para lograr su revisión por el Superior es aquel remedio, y no el de reposición con apelación en subsidio, por lo que la jurisdicción de este Alto Cuerpo en el presente ha sido incorrectamente habilitada por el Inferior.

En efecto, el art. 358 del C.P.C. y C. - aplicable al subexamen por remisión del art. 13 de la Ley 8643 prescribe: ?El recurso de reposición procederá contra los decretos o autos dictados sin sustanciación, traigan o no gravamen irreparable, a fin que el tribunal que los haya dictado, cualesquiera fuere su grado, los revoque por contrario imperio?.

Mediante esta vía se pretende que frente a una providencia dictada sin sustanciación por el órgano jurisdiccional competente, se retrotraiga el proceso al estado anterior al que se dictó la resolución, a fin de permitir que el mismo tribunal del que emanó la decisión la reconsidere o reexamine la cuestión y de ese modo se reparen los agravios o perjuicios que la misma pudiere causar a la parte interesada, revocando por contrario imperio el proveído atacado.

En orden a dichos conceptos, si se advierte que la resolución atacada no responde a las características procesales antes mencionadas, en tanto se trata de una decisión que pone fin a la cuestión central en debate, su revisión por el órgano jurisdiccional superior debió ser intentada mediante la interposición del recurso específicamente previsto a estos efectos.

En consecuencia, al no haber transitado el impugnante las vías recursivas previstas por la legislación adjetiva, la apelación en subsidio debió ser declarada inadmisible, y en su mérito, no concederla.

7. No obstante la falencia procesal apuntada, y al sólo efecto de una mayor satisfacción del recurrente, cabe apuntar que la temática de fondo gira alrededor de una cuestión que ha sido motivo de oportuno tratamiento y resolución por parte de este Tribunal Superior de Justicia y que concierne a los requisitos que deben reunir los candidatos para postularse a cargos electivos municipales o comunales, y más específicamente, en lo atinente a la residencia, al haberse impugnado la postulación de los Señores Rafael Edmundo Llanos y Alberto René Villagra a integrar la Comisión Comunal, con fundamento en que los mismos no cumplimentan aquel requisito, previsto en el art. 15 de la Ley 8102 por remisión del art. 194 ib..

8.1. Sobre el particular ha señalado este Tribunal en otros precedentes a partir de la causa ?Santa María de Punilla...? (Sent. N° 05/99), criterio que se mantiene en otros pronunciamientos de igual valía (Sentencia N° 10 de fecha 020999 en autos "EL RODEO DEPARTAMENTO TULUMBA PARTIDO JUSTICIALISTA S/ OFICIALIZACIÓN DE LISTAS RECURSO DIRECTO RECURSO DE APELACION"; Sentencia N° 11 del 150999 en autos caratulados: "EUFRASIO LOZA Dpto. Río Seco PARTIDO JUSTICIALISTA IMPUGNA OFICIALIZACION DE LISTAS RECURSO DE APELACION", Sentencia N° 9 del 020999 en autos "EUFRASIO LOZA Dpto. RIO SECO REYNOSO, NAPOLEON MIGUEL S/ SU INCLUSION EN PADRONES RECURSO DE APELACIÓN , entre otros) que ? ...el legislador municipal ha pretendido poner énfasis en la necesidad de asegurar que quien se postule a ocupar un cargo público electivo en los órganos de gobierno, represente y defienda los intereses de la Comunidad... ya que dicha circunstancia permite suponer que el candidato está consustanciado con la problemática y necesidades de la sociedad que aspira a representar. En verdad esa ha sido la intención y preocupación del legislador al sancionar la ley 8102...

Igual criterio es el que ha sostenido la Cámara Nacional Electoral en el fallo citado en último término cuando al analizar el requisito contenido en el art. 40 de la Constitución Nacional para los Diputados explica, citando a Joaquín V. González ("Manual de la Constitución Argentina", Ed. Estrada, pág. 341343) que: "...el propósito de la Constitución es que el pueblo de cada provincia se halle representado por hombres salidos de su seno, inspirados en necesidades reales, en las ideas y sentimientos de la localidad...", resaltando luego que "...la necesidad de vincular al diputado con la localidad es más evidente. La Constitución procura satisfacer esa necesidad por medio de la residencia inmediata de dos años anterior a la elección. Más adelante el mismo Tribunal advierte que dicha exigencia "...tiene por finalidad hacer real y valedero el principio de la representación y asimismo velar por el conocimiento y compenetración por parte del representante de los problemas del electorado que lo elige..." (el resaltado nos pertenece).

En autos ha quedado debidamente acreditado que los candidatos cuestionados tienen registrado su domicilio electoral el anotado en el documento cívico en la Localidad de Ciénaga del Coro, conforme certificado del Actuario obrante a fs. 52 vta.. Tal circunstancia - la cual por otra parte no ha sido controvertida en autos constituye una presunción ?juris tantum? a los efectos de acreditar la residencia.

Sentada dicha premisa, la prueba documental incorporada a fs. 13/34 por los Señores Llanos y Villagra consistente en copias de escrituras públicas, boletos de otorgamiento de marcas y señales, facturas del servicio telefónico, impuesto inmobiliario, todos a nombre del primero de los nombrados, se erigen en elementos probatorios que avalan aquella presunción, más aún cuando no han sido desvirtuados por el impugnante, conclusión que impide a este Alto Cuerpo desconocer los fundamentos brindados por el Inferior a los fines de habilitar la candidatura de los postulantes cuestionados.

Al respecto, cabe señalar que el impugnante ha inobservado el mandato procesal que exige rebatir acabadamente los fundamentos del fallo cuya revisión se pretende, en tanto los agravios vertidos en el recurso no constituyen sino expresión de su disconformidad con lo decidido y un vano intento por lograr la revisión de la resolución adoptada en la instancia inferior.

La doctrina, sobre el particular, ha señalado: "En cuanto al contenido de la expresión de agravios, si bien las legislaciones no son estrictamente formales (...) igualmente, en general, la doctrina y la jurisprudencia son exigentes en cuanto a requerir que, por medio de él, realmente se formule el sustento de la apelación, su fundamento, sus razones y no se limite a una simple referencia a lo que surge de los autos o se dijo anteriormente...", añadiendo a posteriori: "Según la jurisprudencia argentina (...) el concepto de 'crítica concreta y razonada' del fallo recurrido debe interpretarse así: a) la indicación, punto por punto, de los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyan a la sentencia; b) una demostración de los motivos que se tienen para considerarla errónea, analizando la prueba, señalando los errores de apreciación y la aplicación del derecho, demostrando que está equivocada; c) una pieza jurídica en la cual se puntualizan los errores de hecho y de derecho y la injusticia de las conclusiones del fallo, mediante articulaciones fundadas y objetivas sobre los errores de la resolución recurrida" (Enrique Vescovi, "Los recursos judiciales y demás medios impugnativos", Edic. Depalma, ps. 161/16 2).

En ese marco, es dable concluir en la improcedencia de la impugnación planteada, en tanto el apelante no ha satisfecho los postulados enunciados precedentemente de modo tal que puedan considerarse verosímiles las objeciones propuestas en su análisis recursivo, por lo que corresponde sin más rechazar el recurso de apelación en subsidio incoado.

Así votamos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DOMINGO JUAN SESIN, LUIS ENRIQUE RUBIO, PILAR SUAREZ ÁBALOS DE LOPEZ Y ÁNGEL ANTONIO GUTIEZ, EN FORMA CONJUNTA DIJERON:

CORRESPONDE: I. Rechazar el recurso de apelación en subsidio incoado por el Señor José Alberto Navarro, en representación del apoderado de la Unión Cívica Radical en el circuito Ciénaga del Coro, en contra del Auto Interlocutorio Número Quinientos sesenta y uno, de fecha veinte de octubre de dos mil tres (fs. 53/54 vta.), dictado por el Juzgado Electoral Provincial y en su mérito confirmar dicho decisorio en todas sus partes.

II. Remitir las presentes actuaciones al Tribunal aquo, a sus efectos.

Así votamos.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de apelación en subsidio incoado por el Señor José Alberto Navarro, en representación del apoderado de la Unión Cívica Radical en el circuito Ciénaga del Coro, en contra del Auto Interlocutorio Número Quinientos sesenta y uno, de fecha veinte de octubre de dos mil tres (fs. 53/54 vta.), dictado por el Juzgado Electoral Provincial y en su mérito confirmar dicho decisorio en todas sus partes.

II. Remitir las presentes actuaciones al Tribunal aquo, a sus efectos.

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.