marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pagaré, emergencia económica, cumplimiento de la obligación, domicilio en el extranjero, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  COMERCIAL  -FONDO  DE RECUPERACION DE PATRIMONIO BANCARIOC/ c/ UISTI, ENRIQUE S/ s/ JECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-03

Resulta inaplicable la normativa pesificadora cuando -como en el caso-, las obligaciones emanadas del pagare debían ser cumplidas en la ciudad de montevideo, de modo que se configura una excepción al decreto 410/02: 1-e. es que el cartular previo expresa y claramente que el pago del importe allí consignado debía hacerse en dicha ciudad o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad beneficiaria en un banco de la ciudad de new york; y este dato no fue desvirtuado. en nada incide que la suscripción del documento haya tenido lugar en buenos aires, puesto que la norma aplicable -cciv: 1210- adopta como punto de conexión el "lugar de cumplimiento". no se pasa por alto lo argüido por el ejecutado en el sentido de que el "lugar de cumplimiento" fue también la ciudad de buenos aires, porque allí se entrego el dinero del préstamo; pero el argumento es inadmisible porque el pagare -por su propia naturaleza- no instrumenta obligaciones reciprocas, sino que constituye una promesa "pura y simple" -es decir no sujeta a ninguna condición de pagar una suma determinada de dinero -decreto ley 5965/63: 101- de donde se sigue que la "prestación característica" en obligaciones de esta índole, abstractas en esencia, esta dada por el pago que las cancela y no por los términos del negocio que subyace a su libramiento.
Derecho procesal, partes, intervención de terceros, asociaciones sindicales
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIAXON  SA c/ SINDICATO  DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS s/ ORDINARIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-04

El argumento esgrimido por la demandada -en el caso- en punto a que su parte no podría haber intervenido en las operaciones de compraventa de medicamentos e insumos medicinales por tratarse de una asociación sin fines de lucro, deviene -ciertamente improcedente careciendo del más mínimo sustento. Ello, porque el sindicato es, por encima de cualquier otra cosa, una persona jurídica y, como tal, es susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones en pos del cumplimiento de su finalidad constitutiva, sin que exista ningún obstáculo de que entre ellos se encuentren actos de comercio como los que en el caso originan el crédito reclamado por la actora.

Cabe señalar que el propósito principal de las agrupaciones sindicales es el de defender los respectivos intereses profesionales, previstos en sus estatutos, siendo reconocidas -a tal fin- como personas jurídicas dotadas de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para representar a sus miembros en el ámbito de la negociación colectiva, con legitimación para actuar ante las autoridades (cfr. Grisolía, Julio Armando, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pág.

1335). Su característica es entonces la de una agrupación permanente de trabajadores que ejerce una actividad profesional o económica para la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores y para lograr mejores condiciones de vida en una zona, más o menos extensa. Son, pues organizaciones permanentes, constituidas por una pluralidad de personas que ejercen una actividad profesional similar y que se constituyen por la libre voluntad de sus integrantes (cfr. Grisolía, Julio Armando, ob.

cit., página 1335).

(En el caso, la accionante reclama al sindicato demandado ciertas facturas impagas por la venta de productos medicinales).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, imputado, audiencia de conocimiento personal, debido proceso, nulidad del acto jurídico, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MARTINEZ, JORGE ROBERTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el análisis de la causa permite comprobar la existencia de un vicio en el procedimiento previo al dictado del fallo por parte de la Cámara que determina su nulidad.

En efecto, no existe constancia de que los Jueces de Alzada que revocaran la absolución del imputado y resolvieran condenarlo -por considerarlo autor penalmente responsable de dos hechos de peculado en concurso real- hayan tomado conocimiento directo y "de visu" del imputado en algún momento del proceso, tal como prescribe el artículo 41, inciso 2 "in fine" del Código Penal. Y tal como expusiera in re "Mordini" entiendo que el artículo 41 "in fine" del Código Penal, al establecer que "...el juez deber tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", instaura una audiencia entre el magistrado y el encartado que, al garantizar un mínimo de contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar, resulta de realización ineludible previo al dictado de un fallo condenatorio en un sistema de proceso penal escrito como el que fuera empleado para el juzgamiento. No resulta óbice para ello el hecho de que el agravio no haya sido planteado por la parte defensiva, al ser la aludida audiencia en casos como el presente imprescindible para garantizar al imputado el derecho a ser oído por la autoridad jurisdiccional -derecho reconocido por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1, C.A.D.H con jerarquía constitucional en función del art. 75, inc. 22, C.N.-, integrando la garantía de debido proceso y viciando su omisión de manera absoluta el procedimiento, justificándose la declaración de oficio de la nulidad -criterio que guarda concordancia con el temperamento adoptado por la Corte nacional en el precedente "Pin" del 8.9.2009-. ( DEL VOTO DEL DR. ERBETTA) .
Sobreseimiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: CURI VICTOR Y OTROS S.D ESTAFA E.P MARIA ESTHER GOMEZ VIUDA DE CURI. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-10

Aunque la Cámara haya resuelto en los autos principales el sobreseimiento definitivo de los imputados,ello no torna abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que no hizo lugar a la excepción de falta de acción, toda vez que eventualmente, la admisión de la excepción podría afectar la legitimación de la cuestionada querellante particular para interponer el recurso extraordinario contra aquella decisión.
Compraventa inmobiliaria, obligación de escriturar, mora del vendedor, cancelación de la hipoteca, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: APONTE, Marcos Omero c/ OTEIZA, Justo Oscar s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-17

Si el vendedor se encontraba con que había vencido el plazo fijado para escriturar, sin haber cumplido la cancelación de la hipoteca que había asumido, ello impide el ejercicio de acción por imprevisión, según lo establecido en el art. 1198 par. 4 del Código Civil.
Seguridad jurídica, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Europeo para América Latina. c/ Cruz Hnos I.M.S.A. s/ quiebra - Incidente de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-08

La seguridad jurídica quedaría gravemente resentida si fuera admisible y pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien primero acata una norma y luego la desconoce, pretendiendo cancelar las consecuencias que de su aplicación se derivaren en el campo de las relaciones patrimoniales (Disidencia de los Dres. Adolfo R.

Gabrielli y Abelardo F. Rossi).
Procedimiento aduanero, sanciones aduaneras, multa aduanera, Derecho penal, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Compañía Importadora de Aceros S.A.C. e I. c/ A.N.A. s/ Aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Ante lo establecido en los arts. 1017, ap. 2º y 1179 del C.A.

y la circunstancia de que en la ley 23.984 (por la que se modificó tal ordenamiento) no se derogó -ni expresa ni tácitamente- lo previsto en los arts. citados precedentemente la aplicación del procedimiento previsto en los arts. 490 y 492 del código de procedimientos en materia penal no sólo no resulta incompatible o contradictorio con la naturaleza esencialmente escrita del procedimiento que se aplica en este fuero, sino que también resulta la solución que mejor se condice con la postura sostenida por esta Sala que considera más acorde con el debido proceso y la mejor defensa de los derechos del imputado entender aplicable, al menos hasta la modificación el régimen materia aduanera, las disposiciones contempladas en la ley 2372 y sus modificaciones.
Alimentos, alimentos extraordinarios
Materia: CIVIL
Carátula: F. DE L.M.G. Y OTROS. c/ L.G.H. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Los gastos extraordinarios abarcan aspectos no comprendidos entre los conceptos que enuncia el art. 372 del Código Civil, precisamente por ser extraordinarios, por lo que el rubro habitación no puede encuadrarse dentro de ese marco conceptual y normativo.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GUERRERO, Carlos Alberto s/ s/art. 83 (ley 1472)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-05

El recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser interpuesto contra sentencias definitivas (artículo 27 de la Ley Nro. 402) o equiparables a ellas en tanto ocasionen un gravamen de imposible reparación ulterior al agotar las oportunidades procesales útiles para obtener la protección del derecho que se trate.- La decisión de esta Sala en virtud de la cual se confirmó el pronunciamiento que rechazó las nulidades deducidas por la defensa, no reviste el carácter de sentencia definitiva ni tampoco se trata de un auto equiparable a ella por no irrogar a la parte gravamen de imposible reparación ulterior como se alega -anterior al debate-, por la sencilla razón de que en la etapa por la que transita en estos momentos el legajo aquella no causa estado y, por consiguiente, no se da en la especie agravio actual insusceptible de subsanación posterior.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia contencioso administrativa y tributaria, régimen tributario, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Calcaterra, Ruben Alberto c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

En materia tributaria adquiere relevancia el principio constitucional de legalidad y cualquier disposición legal que la regule debe adecuarse a lo dispuesto por la CN y la CCBA, de modo que se afecta el derecho de propiedad de los contribuyentes si el mecanismo elegido para determinar la valuación del terreno es irrazonable. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Queja por casación penal denegada, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M., E. A. s/ Recurso de Queja s-Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-10-01

En punto a la alegada nulidad del auto de procesamiento, es menester advertir que la defensa afirma por un lado ante el Superior Tribunal de Justicia que:"...dado que las irregularidades que se apuntaron son de tal magnitud, como la falta de firma del Juez en el auto de procesamiento que hacen caer en forma total todo el procedimiento. La falta de firma por parte de un Juez del auto que procesa a una persona, hace nulo todo el acto, y todo el proceso;..."mientras que en el recurso inadmitido había manifestado que:"...las firmas al pie del auto de procesamiento no coinciden, pero los sellos aclaratorios de las mismas son idénticos, no aparece aclarada la firma del Juez, sólo se aclara la firma de la Secretaria. Por lo tanto no aparece aclarado en ningún momento el nombre del Juez firmante del auto de procesamiento de mi defendido...", de manera que pone a la consideración de este Cuerpo presuntas violencias al orden procedimental a todas luces desajustadas en relación al contenido puntual de los agravios deducidos ante la Cámara, lo cual importa mutar el sentido de su impugnación casatoria originaria para mejorar su situación ante este Cuerpo, lo cual no debe ser admitido.
Marcas, nulidad de marca, registro de marca, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAESAR PARK ARGENTINA SA c/ DIR. NAC. TECN. CAL. Y PROP. INDUSTRIAL s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

La publicación de la solicitud de la marca que el art. 12, ley 22.362 regula, tiene por objeto permitir que los terceros que tienen un interés legítimo puedan ejercer el derecho de oponerse que establece el art. 13 de la misma ley. Es por lo tanto una exigencia elemental, que lo publicado coincida con lo solicitado, pues si ello no fuera así, un tercero se podría ver privado de ejercer una oposición, que de otro modo habría ejercido si hubiera conocido exactamente que era lo que se solicitaba.
Compraventa inmobiliaria, escrituración, embargo, pago en cuotas
Materia: CIVIL
Carátula: ARICO, NESTOR c/ SOLARI, ALEJANDRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-26

Si en el caso de la venta de un inmueble se acordó el pago del precio en tres cuotas, en base a títulos perfectos y libre de gravámenes, y al firmarse el boleto había embargos, es justificada la negativa del comprador a abonar la segunda de ellas, al tomar conocimiento de un nuevo embargo -además de la hipoteca de la que ya tenía conocimiento-, y no puede pretender el vendedor, que por aplicación del plenario "Banco de Italia y Río de La Plata c/ Corbeira Rey", el comprador tome a su cargo los embargos a los efectos de escriturar , pues ello se contrapondría con lo pactado respecto a que el bien se vendía libre de gravámenes (cciv 1197).
Transporte de carga, transporte de carga por agua, conocimiento de embarque, cláusula oponible al consignatario, reservas en el conocimiento de embarque
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA AUSTRAL CIA. SEG.  S.A. c/ CAP.  Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "ANNA JO" Y/O "NAVEGACAO MANGUAR"  LTDA. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

La estipulación de que aquí se trata incluye objeciones referidas a la "medida" (constancia que no tiene relación en el supuesto de mercadería cargada a granel) y al valor, no manifestado. Es claro entonces que no existe propiamente una reserva, sino una simple e inocua cláusula de estilo, que no habilita al transportista para discutir con el consignatario de la carga -que es una persona distinta del cargador que debe ser considerada como un tercero titular de un derecho autónomo derivado exclusivamente del conocimiento (y del negocio jurídico que éste instrumenta)- el peso expresado en ese documento, ni para probar en contra de las menciones en él contenidas, ya que no es sucesor del cargador a quien quepa oponer todas las defensas que pudiera tener el transportador contra este último.
Recurso de apelación (procesal), declaratoria de herederos
Materia: PROCESAL
Carátula: SACCON, JUAN s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

La declaratoria de herederos es una sentencia interlocutoria que es apelable de acuerdo a lo establecido por el art. 242, inc. 2 del Código Procesal.
Interpretación de la ley, equidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Oilher, Juan Carlos c/ Arenillas, Oscar Norberto s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-12-23

Si bien el legislador es soberano en la sanción de la ley, el juez no lo es menos en la apreciación y valoración de los hechos y si no puede éste, en principio, juzgar de la equidad de la ley no sólo puede sino que debe juzgar con equidad en los casos particulares sometidos a su decisión. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica reñida con la naturaleza misma del derecho.
Prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: TERZANO, Julio R. c/ E.N. s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

En cada caso que llega a un estrado judicial el magistrado interviniente realiza una verdadera reconstrucción histórica con el objeto de determinar si los hechos invocados por las partes son ciertos o no. Para ello, examina las pruebas, las aprecia con un criterio lógico jurídico y finalmente les asigna su valor, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, constituyendo un límite esencial la fundamentación de sus argumentaciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, escritos judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, María Alejandra c/ Infriba S.A. s/ Haberes e indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La interpretación de las comunicaciones telegráficas cursadas entre las partes como la de los escritos constitutivos del proceso incumben privativamente a los jueces de grado, salvo absurdo.
Hurto simple, cómputo de la pena, ley penal más benigna, violación de domicilio
Materia: PENAL
Carátula: MILILLO, R.J. s/ HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-23

A pesar de que el delito de hurto prevé en la versión de la ley 21 338 un máximo mayor que la actualmente vigente -ley 23.077-, de aplicarla en el caso de autos, habría que hacerlo en concurso ideal con violación de domicilio que contiene un mínimo mayor razón por la cual resulta más favorable para el procesado la versión del hurto de la ley 21.338 (art. 2 CP). Se condenó al procesado por el delito de hurto simple -art. 162 CP, ley 21.338- a la pena de tres meses de prisión que se le dieron por compurgados con el tiempo de detención sufrido.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, adjudicación, aceptación de la adjudicación, responsabilidad de la administradora del plan, automotor que dejó de fabricarse
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERNARDO RODRIGUEZ c/ PLAN ROMBO  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-09

El pago fuera de plazo del adjudicatario no suple la aceptación expresa de la adjudicación que según el contrato debió hacer. En tal caso, esta queda sin efecto, y el suscriptor no puede invocarla para pretender la entrega de un automóvil que luego se dejó de fabricar.

Si al tiempo de otorgarse una nueva adjudicación el suscriptor ya había consentido la sustitución del vehículo originario por otro de menor valor, no puede alegar el incumplimiento de la administradora porque no se le facilitó el automóvil desechado, aunque en los documentos de adjudicación se aluda a este último y la entidad haya percibido los importes correspondientes al mismo. En tal caso, no hay incumplimiento contractual si la administradora puso oportunamente a disposición del adjudicatario el nuevo modelo, conjuntamente con las sumas cobradas de más y su reajuste.
Automotores, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lorenzo, Orlando Ramón y otros c/ Martins, Armando y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-06

En nuestro derecho la inscripción en el Registro Automotor es constitutiva del dominio del vehículo -art. 1 D.L. 6582/58 t.o. Ley 22977-, y siendo ello así ni siquiera entre las partes se consuma la transmisión del dominio en tanto no promedie la pertinente inscripción registral. Por ende, mal puede señalarse que con el boleto de compraventa del automotor y la posesión o tenencia del mismo, se debe tener por probada su condición de propietario.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, entes autárquicos, Banco Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco  de  la  Nación  Argentina  -Suc.  Resistencia- c/ Ramírez,Oscar Felipe y otros s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Corresponde a los tribunales locales entender en el juicio iniciado por el Banco Nación ante los tribunales de la provincia del Chaco contra vecinos de esa provincia, sin que obste a ello el acuerdo invocado por los demandados en materia de jurisdicción federal ya que a los particulares no les es dado declinar los tribunales de su propio fuero y el derecho a la jurisdicción federal es una prerrogativa que sólo podía ser invocada por el banco actor, quien también podía válidamente prorrogarla. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Barboza, Neldo Ricardo c/ Boroquímica S.A.M.I.C.A.F. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-17

El riesgo es un concepto abstracto, que tendrá un contenido luego de una razonable apreciación de las especiales circunstancias en que el daño acontece y el grado de participación del riesgo en la producción del infortunio desde esa óptica, no se puede afirmar que toda la actividad de la empresa genera un riesgo, puesto que de ser as¡ llegaría el patrón a responder económicamente por el deterioro lógico que con el transcurso del tiempo toda persona sufre en su salud por el sólo hecho de trabajar sea que su actividad requiera esfuerzos o por el contrario fuere sedentaria, consecuencia ésta del riesgo de vivir al que todos estamos expuestos y que es ajena al fundamento del específico riesgo creada de la reparación pretendida, que sólo tiene vigencia cuando se produce un daño en relación causal con una situación especialmente peligrosa.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mendy, Luis Manuel s/ Quiebra actuación de distribución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-27

A los fines de determinar que existe derecho adquirido y que, por lo tanto, se encuentra vedada la aplicación de una nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada o modificada- todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aun cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo. En cambio, no existe afectación de derechos adquiridos cuando la aplicación de la nueva norma tan sólo afecta los efectos en curso de una relación jurídica, aun nacida bajo el imperio de la ley antigua, es decir, que la ley derogada sólo rige respecto de los actos o hechos ocurridos durante ese tiempo y hasta la fecha en que entra en vigor la nueva ley, lo que descarta la inconstitucionalidad de una norma por la aplicación inmediata.
Descanso semanal, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ Luis Gilberto c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE SEPELIOS S.R.L. y Otros s/ Indemnización por antigüedad, Dif. Sal. y Otros Rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-18

En el caso, de la prueba testimonial, no se ha acreditado que el actor trabajara toda la semana sin descanso compensatorio, ni en receso a la jornada legal, pero aun así en la hipótesis de que lo hubiera acreditado, carece de derecho a la pretensión toda vez que la ley 11.544 excluye a los trabajadores de vigilancia de la limitación de la jornada legal (art. 3 inc. a de dicha ley) y la eventual omisión del descanso compensatorio, si el trabajador no hizo uso del derecho previsto en el art. 207 L.C.T., en el sentido de tomarse por su cuenta con la debida comunicación los días de descanso no gozados, caduca su derecho a reclamar el 100% o el 150% -art. 14 inc. 6 C.C.T. 108/75- de recargo sobre el salario habitual de aquellos días, porque la finalidad que procura la ley es que disfruten efectivamente del descanso semanal y no su compensación dineraria, por eso la norma los autoriza a ejercer compulsivamente su derecho en la forma establecida por la misma.