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Derecho procesal, caducidad de instancia, cómputo del plazo, segunda instancia, improcedencia del recurso, falta de notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Virhilo SRL c/ Taplast SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-28

Procede rechazar el pedido de que se declare la caducidad de la segunda instancia, opuesto por los letrados de la actora. Ello por cuanto, en el caso, resulta determinante señalar que al momento en que fuera deducido el acuse de perención los obrados no se encontraban en condiciones de ser elevados a esta Alzada, ello así, habida cuenta que hasta dicho momento, no había sido anoticiado aún del decreto regulatorio uno de dichos letrados, por lo que el cómputo del plazo de perención de instancia del recurso que abarcaba a ambos honorarios y por ende, resulta en principio indivisible, se encontraba interrumpido.
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, denuncia, plazo
Materia: Laboral
Carátula: Hurtado, Inocencio c/ Condor Construcciones S.R.L. y Compañía de Seguros S.A.-FIDES- s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-11-14

No explica el Tribunal, en ningún momento, qué norma jurídica impone al obrero la sanción de caducidad de su derecho, por demorar diez meses en informar su infortunio. Tampoco aclara el fallo, qué defensa se le impidió ejercer a la demandada, si hubiera tenido el informe en tiempo oportuno. Las únicas defensas posibles, habrían sido las taxativamente enumeradas por el art. 4 de la Ley Nro. 9688: a- Dolo o Culpa grave y exclusiva de la víctima; b- fuerza mayor extraña al trabajo. Ninguna de ellas fue invocada por el empresario demandado.
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, principio de inexcusabilidad de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Compañía General de Frutas SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Corresponde tener por no presentado el recurso de queja ante la falta de presentación del escrito y documentación pertinente, resultando inadmisible la solicitud del letrado de los recurrentes, en cuanto pretende que, en función de su desconocimiento de los términos de la Acordada n° 12/2020, esta Sala no aplique la reglamentación específicamente diseñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la presentación de los recursos de queja en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal.

El principio de inexcusabilidad, consagrado legislativamente a través del CCCN 8, establece que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, y en el caso esa regla adquiere mayor relevancia, pues un abogado no puede invocar su desconocimiento de las normas procedimentales.
Participación necesaria, participación criminal, facilitación de evasión
Materia: PENAL
Carátula: CABELLO, Rodrigo Daniel y Molina, Elías Manuel c/  s/ Robo agravado- s/ casación Robo agravado- s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-02-16

"Téngase en cuenta que "M" primero llevó en su moto al autor del despojo ilegítimo y violento hasta el lugar donde se encontraba estacionado el ómnibus, lo esperó en las inmediaciones y luego colaboró en la fuga, como así también con el traslado de los efectos sustraídos (.) A partir de tal realidad fáctica cabe concluir que la calificación legal enrostrada al detenido "E.M.M." (cfr. artículo 45 del Código Penal) resulta totalmente atinada y ajustada a derecho en tanto la colaboración prestada fue de real y decisiva importancia, ya que el traslado previo y la fuga dependió de su accionar. (.) En el sub exámine la cooperación necesaria estuvo dada por la prestación de una ayuda para que el hecho se consumara; existiendo un evidente concurso de voluntad unido al concurso de acción.

Así el aporte de "M" entró en la mecánica causal del ilícito y sin su intervención éste no se hubiese perpetrado de la manera o del modo como se perpetró".
Intereses, tasa activa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia del Chaco c/ Silencio, Angel Manuel s/ Ejecutivo. Provincia del Chaco c/ Silencio, Angel Manuel s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-30|1996-10-30

La Ley Provincial 4159, publicada en Boletín Oficial, advierte que lleva razón la recurrente. Regula lo atinente al funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y deroga el dispositivo invocado por la recurrente toda vez que como se desprende del cap. XIX, Normas Complementarias, se deroga la ley 3935 y toda otra norma legal o reglamentaria que se oponga a la presente. Del Cap. XIV, denominado Ejecución de Fallos, se advierte que el art.99 del régimen derogado en cuanto dispone que sin excepción correr n intereses a cargo de los deudores y al tipo aplicado por el Nuevo Banco del Chaco S.A. en las operaciones de descuento a particulares desde el día siguiente al del vencimiento del término del emplazamiento aludido en el art.84 de la presente Ley. Dicho dispositivo debe ser aplicado en el presente caso, en virtud del principio iura novit curia y la falta de cuestionamiento de la constitucionalidad del régimen local, de modo que existe un sometimiento voluntario por parte de la accionada al régimen legal vigente que establece la taza activa de interés.
Obras sociales, responsabilidad de la obra social, afiliación a obras sociales
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERNANDEZ JOSE LUIS c/ OSECAC Y OTROS s/ responsabilidad médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

Por imperio de la ley, OSECAC debe garantizarle a sus afiliados las prestaciones médico asistenciales "al mejor nivel de calidad disponible", las cuales se consideran "servicio de asistencia social de interés público" (conf. arts. 1, 3 y 8 de la ley 23.660 y arts. 2, 18, 22 y 33 de la ley 23.661). Para poder cumplir con ese cometido la obra social recauda, del empleador, el 5% de las remuneraciones de todos los trabajadores en relación de dependencia y, del trabajador, el 3% de la remuneración, que puede elevarse en el 1,5% por cada persona a cargo; como contrapartida está obligada a destinar, "como mínimo" el 80% de los recursos brutos a la atención de la salud (arts. 5 y 16, incisos a y b de la ley 23.660). Corresponde agregar que el sistema que rige en ese ámbito determina, en la mayor parte de los casos, el direccionamiento y la limitación de la voluntad del paciente ya que -si ése pretende la cobertura no puede convenir su atención con cualquier profesional sino tan sólo con aquellos que están incluidos en la cartilla. Teniendo en miras todas estas circunstancias y el cabal cumplimiento de la obligación legal examinada (arts. 1, 3 y 8 de la ley 23.660), esta Cámara ha juzgado que las obras sociales responden por la mala praxis de los profesionales que ellas contratan en razón del deber tácito de seguridad -que algunos llaman de garantía por la prestación adecuada del servicio (esta Sala, causas nº 8256/94 del 9/11/95; y mis votos en las causas nº 11.011/01, del 31/8/06, considerando IV, punto a -en la que se condenó a OSECAC-; nº 6540/00, del 20/3/07 y nº 7373/02, del 4/6/08, considerando IV; también Sala II, causas nº 5078/92 del 30/10/97; nº 11.867/94 del 3/6/98; en igual sentido, Bueres, Alberto J. "Responsabilidad civil de los médicos" ; Hammurabi;

José Luis Depalma editor; 3ra. Edición, 2006, págs. 382 a 385;

Trigo Represas, F. A.-Stiglitz R.S. "El daño moral en el incumplimiento contractual. El contrato forzoso y la relación paciente-obra social"); LL 1985-B-139). Cabe acudir, en este tipo de pleitos, al argumento de los artículos 626 y 630 del Código Civil previstos para la ejecución de la prestación por terceros.

Con base en esos preceptos el deudor puede, a su cargo, encomendar la ejecución de la obligación a un tercero sin desligarse de ella ni de las eventualidades derivadas de esa delegación (Trigo Represas-Stiglitz, op cit., pág. 156).
Deuda previsional, recurso de apelación (procesal), depósito judicial, excepción de pago, prueba, patrimonio de la empresa, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MUSICUS S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ DEUDAS CON LAS CAJAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

La C.S.J.N. ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a la apelación en supuestos de excepción que contemplan situaciones patrimoniales concretas de los afectados, a fin de evitar que aquel pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. A tal efecto estableció, con el objeto de evitar que las excepciones desvirtuaran la aplicación del principio general, que lo que ha de valorarse para eximir el pago inmediato en el supuesto de multa, no son las dificultades de su oblación derivadas de desequilibrios financieros o de circunstancias particulares del giro de los negocios de la demandada, sino que a través de ella se verifique un importante desapoderamiento de bienes de la entidad. Ello así, es claro que este importante desapoderamiento requiere en consecuencia, y dado su carácter excepcional, una prueba fehaciente que ha de ser aportada por quien pretende eximirse del pago. Dicha circunstancia debe tenerse por demostrada si los elementos contables aportados en autos -en el caso, un exhaustivo informe elaborado por un contador público nacional- expresan detalladamente la posición patrimonial y financiera de la empresa a través de sucesivos balances.
Procedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: ASESORÍA TUTELAR N° 1 ANTE LA CÁMARA CAYT c/ GCBA s/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

El recurso de inconstitucionalidad ha sido correctamente concedido toda vez que al momento en que la Cámara declaró la caducidad de la instancia del recurso de inconstitucionalidad ya se encontraba vigente la ley n° 6402 (BOCBA N° 6030 del 07/01/2021). Esta es la que introdujo la exigencia de sustanciar el acuse de caducidad, previa intimación a la parte actora, mediante cédula dirigida a su domicilio constituido, para que en el término de cinco (5) días manifieste su intención de continuar con el proceso y pueda realizar un acto procesal útil para el avance del proceso, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia. Si la alzada omitió cursar la intimación prevista, corresponde hacer lugar al recurso y revocar la declaración de caducidad. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg. Voto al que adhieren los jueces Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi).
Ejecución de sentencia, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO BANSUD S.A. c/ PALAMEDI, JUAN CARLOS Y MOSELLI, LUCIA SORAYA s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-05-19

Teniendo en cuenta que en el presente proceso se persigue la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario y que la aplicación del tope de responsabilidad por costas establecido por la ley 24.432 deviene aplicable sólo en el proceso de conocimiento, corresponde no hacer lugar a lo peticionado por la parte demandada en cuanto a la limitación impuesta por el art. 505 del Código Civil
Falta de contestación de la demanda, autenticidad, prueba documental
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Rodolfo por "Palo Santo Muebles S.R.L." c/ Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas Poma, René y/o Vipo S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato y/o restitución de sumas pagadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-12

Si el accionado no desconoció la autenticidad de los instrumentos que el actor presentó con la demanda, es innecesario proceder a su reconocimiento judicial, pues este procedimiento probatorio presupone una anterior negativa expresa; restando solo determinar si son suficientes para la procedencia de la acción.
Prueba pericial, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: M. DE C.C. c/ C.R. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

No procede la impugnación efectuada respecto del valor estimado a un inmueble, efectuado por el perito de acuerdo a lo prescripto por el art. 76 del dec. ley 788/55, no habiendo aportado la impugnante suficientes elementos de prueba que permitan concluir en su error.

En esta situación, la sana crítica aconseja aceptar lo dictaminado por el perito ante la ausencia de argumentos científicos de mayor peso.
Despido por maternidad, aborto espontáneo
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez Portillo, Analía c/ Donn SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Al producirse la interrupción del embarazo de la trabajadora por un aborto espontáneo, cesan las razones tenidas en cuenta por el legislador para evitar que por su mayor labilidad laboral la empleada sea despedida, por lo que cesa también la protección especial por despido del art. 178 L.C.T.. Aún cuando se ha expresado doctrinariamente que la ley no distingue entre parto con vida o sin vida, no es este el caso de la actora pues lo acontecido de ninguna manera puede asimilarse al parto sin vida.
Recurso de casación, cuestión no planteada, preclusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIOS REYNA LETICIA c/ A.S.P.A.D.I Y/U OTROS s/ NULIDAD Y/O REAJUSTE EQUITATIVO DE CONVENIO, ETC.- CASACION  CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-21

Los argumentos esgrimidos, relativos a una falsedad ideológica, constituyen solo reflexiones tardías e inatendibles a los fines del remedio de excepción-recurso de casación- ya que cuando su planteamiento no se produce en la etapa inicial del proceso, no dándose oportunidad adecuada para su tratamiento por el juez de la causa. De ese modo, la incorporación de dicho agravio, efectuada recién al momento de impugnar un fallo de Primera Instancia, implica alterar la forma en que ha quedado trabada la litis, pretendiendo la constitución o declaración de una situación jurídica distinta de la deducida y discutida por las partes en dicho estadio procesal, violentando las reglas que gobiernan el debido proceso y el derecho de defensa de la contraria.
Fiscales, aplicación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, competencia, cuestión política
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tosco, Santiago c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo (revocatoria)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-10-10

Conforme surge del marco normativo vigente a la fecha de esta resolución, el régimen disciplinario de los Fiscales en el supuesto de faltas graves está atribuido a la Asamblea Legislativa y esas decisiones son susceptibles de ser revisadas por la Ley 7055, argumento analógico, a simili ad simile al previsto a las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento de la Ley 7050; y en efecto, esta Corte convalidó in re "García, Eladio Oscar" la vía procesal prevista en la ley 7055 para impugnar judicialmente los pronunciamientos del órgano designado -Asamblea Legislativa de la Provincia- para llevar adelante el procedimiento sancionatorio regulado en la ley provincial 13013, al considerar que la competencia de esta Corte a la hora de acometer la admisibilidad del recurso directo interpuesto se orienta a determinar si el procedimiento sancionatorio regulado por el artículo 15 de la ley provincial 13013 y por la resolución 641/16 de la Asamblea Legislativa de la Provincia estuvo revestido de las formalidades dispuestas en la ley, y ha sido respetuoso de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, absteniendo siempre de evaluar aquello concerniente a la decisión en sí misma, ya que es la propia Constitución la que depara la competencia exclusiva de juzgamiento definitivo a órganos ajenos al Poder Judicial, que queda así inhibido de intervenir porque, de hacerlo, se entrometería en lo que la Constitución ha querido que continúe siendo de naturaleza política no justiciable, argumentos a los que cabe remitir en honor a la brevedad y que coinciden en lo medular con los argumentos dados en el auto de inadmisibilidad del Presidente de la Corte, ahora impugnado. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: García, AyS T 280, p 29/36. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13807, artículo 20; Ley 13013, artículo 15; Ley 7055; Resolución 641/16 de la Asamblea Legislativa de la Provincia.
Gas natural, transporte de gas, distribución de gas, privatizaciones, concesión administrativa, derechos del usuario, tarifa de gas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimientos Metalúrgicos S. Becciú e Hijos S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas - resol. MJ ENARGAS 12/93. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

El régimen tarifario resultante de los contratos anteriores configura una de las "condiciones resultantes" de aquéllos, que los transportistas o distribuidores deben respetar durante dos años, según el art. 88 de la ley 24.076.
Matrícula profesional, inhabilitación profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Moreno, Manuel Gustavo c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes  s/ acción contenciosa administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-09-13

Corresponde rechazar el pedido de nulidad de la resolución dictada por el Colegio de Escribanos por la que inhabilitaron la matrícula a un colegiado por insertar declaraciones falsas, dar fe de ellas como verdaderas y realizar la inscripción de esa operación ante el Registro de la Propiedad Inmueble, toda vez que la concesión de facultades tan delicadas como las que el Estado ha otorgado a los escribanos como es la de dar fe a los actos que se celebren conforme a las leyes, tiene su necesario correlato en las exigencias y sanciones que la reglamentación contiene, en el sentido de revocar aquel atributo cuando la conducta del escribano se aparta de los parámetros que la ley establece para tutelar el interés público comprometido.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PABLO FERNANDEZ MEIJIDE c/  s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  CORTE  SUPREMA- CODIGO DE JUSTICIA MILITAR- QUERELLANTE- AVOCACION- EXTRAORDINARIO-  CORTE  SUPREMA- CODIGO DE  JUSTICIA MILITAR- QUERELLANTE- AVOCACION-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-22

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales que le asigna el inc. 3ro. del art. 14 de la ley 48, no se encuentra limitada la Corte por las posiciones del tribunal apelado y del recurrente, sino que le incumbe realizar "una declaratoria sobre el punto disputado" (art. 16 de la ley citada) según la interpretación que ella rectamente le otorga.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lozada, Natividad c/ Peroni, Juan Carlos y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El art. 1079 del Código Civil debe ser interpretado en función de su propio contexto general, en especial el art. 1068 que conceptualiza el daño jurídico. No se discute que el art. 1079 concede la indemnización a toda persona que ha sufrido un perjuicio como consecuencia de un acto ilícito, pero ese perjuicio para ser indemnizable debe ser jurídico, es decir, que damnificadas por el acto ilícito son solamente las personas que han sufrido un daño jurídico: éste existe cuando han sido afectados sus derechos, provenientes de la ley o de un contrato, o cuando el acto ilícito ha impedido la adquisición inmediata de un derecho. La concubina no es un damnificado "de jure" sino "de facto"; la muerte de su compañero no le lesiona un derecho subjetivo porque no estaba unida a él por un vínculo de derecho no dándose así la hipótesis del art. 1068 y no quedando subsumido en el art. 1079 del Código Civil; cuando el legislador ha considerado que debía reconocerse derecho al concubino lo ha hecho de manera expresa, poniendo así de manifiesto que ello constituye una situación excepcional al principio general de falta de legitimación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Hansen, Jorge Ricardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la valoración efectuada en el fallo de primera instancia al desechar los testimonios invocados por la defensa, si tal agravio no fue planteado ante la Excma. Cámara (doct. art. 342, C.P.P.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, indemnización, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ECOBUS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10

Los agravios que la impugnante intenta oponer con fundamento en la arbitrariedad de la sentencia resultan insuficientes en orden a habilitar la instancia extraordinaria, toda vez que no logran demostrar que la Cámara haya transgredido los márgenes de razonabilidad al concluir en la falta de legitimación de la actora para efectuar el reclamo pretendido, por considerar que al no mediar autorización expresa de la Administración para la cesión de los derechos de la adjudicataria de la licitación de la concesión, la empresa asumió conscientemente el riesgo que sobre ella se cernía en relación a la irregular situación en que se encontraba; y, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco cabe una pretensión económica en base a otros títulos o fundamentos jurídicos -como la invocada relación de hecho- pues no se advierte introducida como pretensión, por vía principal o subsidiaria, un caso de enriquecimiento sin causa, ni que se hubiera fundado la pretensión indemnizatoria en la figura del cuasicontrato, ni que hubiera existido una introducción tempestiva de tal tipo en la demanda. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri)
Validez de los actos procesales, intervención federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Don Cristóbal Moreno Postigo, tutor testamentario de los menores hijos de Don Ricardo Matia s/ remoción de tutela
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1927-03-30

Mientras el Poder Ejecutivo Nacional no haga uso de su facultad reglamentaria (art.86, inciso 2° de la Constitución), removiendo total o parcialmente a los funcionarios que integran el Poder Judicial del Estado intervenido, debe reconocerse plena validez a los actos otorgados por ellos. El mecanismo judicial y administrativo de una provincia, no puede quedar legalmente paralizado en su funcionamiento, por haber sido promulgada a su respecto una ley de intervención.
Municipalidad, personal municipal, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CORIA, RUBEN GERARDO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION   (CSJ EXPTE Nº 542-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

Es inaplicable al caso lo dispuesto por el artículo 68 de la ley 9286 (Estatuto del Personal Municipal) en razón de que no se verificó en el caso de autos un déficit de inventario o pérdida, daño o destrucción de bienes, sino que se trató de la constatación de una retención ilícita del importe correspondiente a tres partes percibidos por el actor y rendidos con más de demora cuando debió hacerlo dentro de las 48 horas de su percepción; y de la apropiación de una suma de dinero resultante de la diferencia entre el importe original y el corregido consignado en uno de los mencionados partes.