marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de incompetencia, competencia federal, excusación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ZENECA SAIC c/ VAZQUEZ, Arnaldo N. y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

DEL VOTO DE LA DISIDENCIA (DR. Kiper):

1- Si bien es cierto que las reglas atributivas de competencia por razón de la materia se basan en consideraciones de interés general y responden a necesidades de orden público, también cabe repararse en que la regla atinente a la improrrogabilidad de la competencia debe ser aplicada razonablemente y dentro de sus límites verdaderos, sin contrariar otros principios de igual jerarquía. La seguridad de los litigantes y la seriedad misma de los procedimientos judiciales, indican que la controversia sobre el punto debe quedar cerrada, cuando las partes no la articularon en su oportunidad y el juez la admitió tácitamente al no declararla de oficio. Se está así frente a una excepción a la improrrogabilidad de la competencia, que se configura cuando se han superado etapas de procedimiento en las que aquélla ya no puede ser impugnada, ni declarada de oficio.

2- El juez no se encuentra facultado para pronunciar su incompetencia cuando la causa ha superado las dos oportunidades en las que, según la legislación vigente, tal decisión pudo tener lugar -arts. 4 y 347, inc. 1°-, máxime si no está en juego principio alguno de rango constitucional, por tratarse de una cuestión de competencia que tiene lugar entre jueces nacionales de la Capital Federal, integrantes ambos del Poder Judicial de la Nación.-
Profesionales de ciencias económicas, contadores públicos, fe pública
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. c/ M., J. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-16

"Los contadores públicos no son depositarios de la fe pública, ni tampoco funcionarios públicos, por lo que la alusión a los arts. 979, incs. 2 y 3; 993; 994 y 995, código civil, que efectúa la accionante respecto de la fuerza probatoria de la certificación, no resulta adecuada.

En cuanto a la intervención del C. P. d. C. E. de la C. F. en la certificación, solo se vincula con la autenticidad de la firma del profesional que la emitió, pero no con su contenido".
Martillero, honorarios, corredor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martigano, Edith c/ Novelli, Juan C. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

La materia referida a la retribución de los honorarios tanto de los martilleros como de los corredores públicos emana de preceptos de la ley en los cuales se encuentra comprometido el orden público y, consecuentemente, como prescribía el art. 65, ap. III de la ley 7021 -texto según ley 9126-, recogido incluso en la actual ley 10973, "los martilleros y corredores públicos podrán fijar por contrato con sus comitentes el monto de sus aranceles y honorarios, sin otra sujeción que a esta ley y a los Códigos de fondo, pero el contrato será redactado por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de parte de haber sido firmado.
Tribunales de familia, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: N.N. o Ch., A. A. s/ Protección de personas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Si la presentación efectuada ante el Tribunal de Familia alega la existencia de hechos contemplados en el inc. 2 del art. 152 bis del C.C. queda comprendida en lo previsto en el inc. t ó n del art. 827 del C.P.C.C. y debe considerársela como la opción prevista en el art. 828. (Minoría u opinión personal)
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA  E.P.E.C. s/ EJECUTIVO - MULTA DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-13

El instrumento por el cual se acciona obliga y compromete al pago de una multa por infracción de tránsito, al conductor de un vehículo de la demandada, quien si bien empleado de ésta, evidentemente carece - no se ha probado lo contrario- de representación para obligarse por su empleadora, se trata solamente de una actuación contravencional entre un empleado (inspector) de la Municipalidad actora y un empleado (chofer) de la demandada. Es decir que la acción ejecutiva no se basa en una resolución sancionatoria, con una debida notificación a domicilio de la presunta incursa en la infracción para la correspondiente defensa, que desembocará en la cosa juzgada administrativa apta para obligar al interesado. Se reitera, no ha existido un acto administrativo de la autoridad Intendente- que haya impuesto la multa que se pretende cobrar, y menos aún hubo notificación en forma para el ejercicio de la defensa en un trámite que comprometiera a la demandada. La mera lectura del art. 31 del decreto de la Pcia. 1174 (sobre resoluciones y recursos), que reglamenta el transporte de carga, basta para admitir que se ha conculcado todo un proceso administrativo previo e imprescindible para conformar en definitiva un título obligatorio. Lo antedicho, pues, no hace a la relación causal -propia de un juicio ordinario, si se diera-, no se discute si hubo o no infracción. En cambio, sí puede afirmarse que no hubo sanción, multa, emanada de la autoridad legítima tras un procedimiento acabado. El instrumento no traduce un acto administrativo apto para obligar, se trata de un título incompleto, esto es, inhábil para ejecutar deuda alguna en contra de la demandada (arts. 819 y 856 inc. 3ro.C.P C.). Dada la defensa de inhabilidad de título esgrimida y tratándose de los requisitos legales para que el mismo sirva como base de ejecución,queda abierto su examen sin restricción por el órgano jurisdiccional.-
Recurso extraordinario, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: L., S. L. c/ D., E. B. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-21

"No es recurrible por vía extraordinaria la sentencia interlocutoria que confirmó la sentencia de primera instancia, que declaro la incompetencia en razón del territorio. Quedando por lo tanto a salvo la posibilidad de su planteamiento de la acción y conocimiento pleno de la cuestión, ante el Tribunal que corresponde intervenir en el presente caso, es decir el Tribunal competente."
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE EMILIANO (H) c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-20

Para la promoción de las acciones procesales administrativas, es necesaria la existencia de una decisión administrativa definitiva y que cause estado, considerando decisión definitiva la que resuelve, directa o indirectamente, la cuestión de fondo planteada en un procedimiento, que refleja la voluntad concreta de la Administración y produce los efectos jurídicos deseados por ella acerca de aquella cuestión; la que causa estado es la decisión definitiva en relación con la cual se han agotado las instancias de recurso en sede administrativa. Resulta necesario entonces que la resolución administrativa impugnada, sea definitiva y denegatoria de los derechos del administrado respecto de la posesión de una situación jurídica subjetiva que afirma preexistente. Dichos requisitos requieren de una gestión previa del administrado ante la administración, mediante los recursos que establece el procedimiento administrativo, para obtener el pronunciamiento último que agota el ejercicio de la vía administrativa y vuelve revisable la cuestión en esta sede.
Sentencia, ejecución de sentencia, prueba, apertura a prueba, notificación, trámites judiciales
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GOMEZ FRANCISCO GODOFREDO c/ SEVEL S.A. s/ INDEMNIZACION - CASACION LABORAL - EJECUCION DE SENTENCIA   SUPLETORIEDAD DEL CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-02

Las normas referidas a notificación contenidas en los arts 30 y 31 LPT rigen para el proceso de conocimiento, no así respecto de la ejecución de sentencia, materia en la cual la ley de fuero ha previsto la supletoriedad del CPC (art. 84 LPT). Si en el trámite de ejecución de sentencia, el tribunal a quo admitió expresamente la aplicación del CPC al respecto corriendo el traslado que dispone en su art. 960, la denegatoria de la apertura a prueba debió notificarse a domicilio, a fin de permitir a la parte interesada ejercer el derecho que le acuerda el art. 172 CPC de plantear reposición, de acuerdo con las prescripciones de los arts. 173 Y 63, inc. 4° CPC. La falta de notificación en la forma señalada, resulta violatoria del derecho de defensa de la demandada, quien había requerido la apertura a prueba, por lo que el pronunciamiento dictado a los fines de la materialización del monto indemnizatorio, debe casarse.
Amparo por mora, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL
Carátula: GUAYCOCHEA, Juan Carlos c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

Son apelables las sentencias que resuelven acerca de la existencia o inexistencia de la mora de la administración, en los amparos regulados por el artículo 28 de la ley 19.549, reformada por la ley 21.686.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Massoni, Stella M. c/ Centro Cultural Italiano (Asociación Civil) s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-30

Declarar la nulidad de oficio de los fallos judiciales es facultad privativa de la Suprema Corte cuando concurren los presupuestos señalados en los arts.156 y 159 de la Const.Prov. y que impiden conocer cabalmente del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jornada de trabajo, horas extra, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Aranda, María Luisa c/ Banco Patagonia S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

La duración del trabajo, según surge del específico artículo 1 de la Ley 11544, no debe exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales; precepto que torna relevante el tope semanal (cuarenta y ocho horas) por sobre el diario (ocho horas) en la medida en que el exceso de este último, en tanto no supere a aquél, no es considerado como violatorio del límite legal; porque sobre este respecto cabe reparar en la diferencia que presenta la redacción del artículo aludido con su fuente material, esto es, el art. 1 del Convenio 1 de la OIT, que establece una jornada máxima de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, definiendo una mayor estrictez del límite por recaer tanto en el tiempo de trabajo diario como en el semanal, mediante el uso de la cópula "y" en lugar de "o". La extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la Nación y se rige en principio por la ley 11544, con exclusión de toda disposición provincial en contrario (art. 196 LCT), entendiéndose por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio (art. 197 LCT), de suerte que la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales (art. 1 de la ley 11544 -Jornada de Trabajo-), resultando el límite de duración del trabajo según las excepciones que las leyes consagren en razón de la índole de la actividad, y en las condiciones que fije la reglamentación (art. 199 LCT). Y cabe tener presente que, más allá de ese límite máximo legal, el empleador debe abonar al trabajador que preste servicios en horas suplementarias el recargo del cincuenta por ciento (50%), calculado sobre el salario habitual, si se tratare de días comunes, y del cien por ciento (100%), en días sábado después de las trece (13) horas, domingo y feriados (art. 201 LCT). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Contrato de obra pública, desagio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sardi Rebolledo Sociedad Colectiva c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

La afectación por el desagio para que resulte relevante debe evidenciar una efectiva incidencia del factor de conversión que altere el equilibrio del contrato.
Competencia federal, delitos aeronáuticos, circulación aérea
Materia: PROCESAL - AERONAUTICO - NAVEGACION
Carátula: Noé, Néstor Roberto y Loiácono, Guillermo s/ lesiones culposas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

La comisión de un delito a raíz de la operación de aeronaves no provoca, por sí sola, la competencia de la justicia federal, pues para que ello ocurra es necesario que, conforme a lo que establece el art. 198 del Código Aeronáutico, el hecho sea idóneo para afectar la navegación o el comercio aéreo.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, antecedentes de dominio, facultades del juez, procesos de ejecución
Materia: COMERCIAL
Carátula: PALMA  GALLARDO  RAUL  FRANCISCO  SAN PANCRACIO Y OTRO c/ TRUST &INVESTMENTS ADMINISTRATION SA S/ s/ JECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

El deber impuesto al Juez de examinar cuidadosamente el título por el Cpr: 531, comprende el control de los llamados "presupuestos procesales" (competencia por razón de la materia, capacidad, personería y legitimación de las partes) y de los requisitos "sustanciales" necesarios para la existencia del título (deuda dineraria líquida y exigible) y demás recaudos que las leyes especiales ordenen respecto del instrumento ejecutivo de que se trate. Por otra parte, la circunstancia de haberse dado curso al juicio, librando el pertinente mandamiento de intimación de pago, no obsta a la posibilidad de ejercer este deber-facultad de examinar el título en ejecución en cualquier estado del proceso, inclusive al momento de dictarse la sentencia de remate (conf. Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T° 2, p. 708 y ss.;

Morello-Sosa- Berizonce, "Códigos Procesales en los Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T° VI-A,p. 280 y ss.; esta CNCom., esta Sala A, 13.05.08, fundamentos del Dr. Kölliker Frers in re "ABN Amro Bank NV Argentina c/ Sascaro Juan s/ Ejecutivo").
Abogados, ejercicio profesional, ley penal, leyes, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: R., P. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Reconstrucción de la causa. Sanción  impuesta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte.   CSJ Nº 684-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

Las diferencias entre el campo de la responsabilidad ética y el Derecho Penal y Disciplinario -que evidencian, asimismo, por qué se ha destacado la admisibilidad constitucional de la concurrencia de ambas sanciones sin que se afecte así el principio conocido como "non bis in idem"- no significan, sin embargo, que los operadores jurídicos puedan desentenderse totalmente de canones que resultan fundamentales a la hora de decidir, como son los principios de irretroactividad y del debido proceso (aludido en el artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se exige un "procedimiento que asegure (...) el debido ejercicio del derecho de defensa"), que se encuentran aquí especialmente comprometidos y cuyo respeto se torna esencial para asegurar la intangibilidad del derecho del recurrente, amparado -a nivel local- por el artículo 14 de la Carta Magna provincial, conforme al cual "todos tienen derecho a ejercer, según las propias posibilidades y la propia elección, una actividad o profesión que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad, en las condiciones que establezca la ley".
Excusación, interpretación restrictiva, jueces naturales
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS MECANICAS DEL ESTADO c/ BORGWARD ARGENTINA SA Y OTROS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

La estrictez que debe presidir el análisis del instituto de la recusación también se hace extensiva a la excusación (cfr.

Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo I, pág. 124; Falcón, E. M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo I, pág. 274), pues no procede en ausencia de razones significativas y reales porque de lo contrario el apartamiento del titular de la jurisdicción entraría en colisión con el principio, o mejor, deber según el cual los litigios no sólo deben iniciarse y sustanciarse ante los jueces naturales de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, sino componerse o fallarse por ese mismo juez (cfr.

Morello, Augusto Mario, "Dos Acertados Pronunciamientos de la Corte Suprema de Santa Fe", JA, 1989-III, 562; consultar doctrina de las causas "Tiscornia de Dacharry, Raquel c/Dacharry, Pedro R.", resuelta por la CNCiv., Sala F, el 15.6.83 y Sala D, el 30.11.83 In re "Novelino, Norberto J. c/Bertoncini, Larri E.").
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Emilio Evencio c/ Alem, Luis Alberto s/ Despido y Preaviso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-22

No resulta ajustado sostener que no se trata de un pedido de explicaciones la formulación de una pregunta a la perito contadora, si lo interesado por la demandada en tal oportunidad está en clara relación con la pregunta formulada por la actora y la respuesta dada por la auxiliar de la Justicia. En consecuencia, la decisión cuestionada debe ser revocada y, mediando concreta petición de la demandada, corresponde la apertura a prueba en esta instancia, a fin de que la perito contadora designada en autos responda la pregunta.
Contrabando, prueba insuficiente, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: KIRSMAN, ISAAC s/ Averiguación de Contrabando, Causa: 35490.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-01

1 - Las prohibiciones de exportación, conforme a la ley aduanera, pueden ser establecidas por el Poder Ejecutivo, pero su vigencia requiere una norma oficialmente publicada (Cf. Art. 631 y 616 del CA); una simple resolución de un Ministro exigiendo una declaración del importador no supone una prohibición y tampoco la de un Secretario de Estado disponiendo someter a estudios las declaraciones juradas de necesidades de importación (Del voto del Dr. Hendler).- 2 - Corresponde confirmar la absolución del procesado a quien se le imputa haber presentado la declaración jurada con certificación apócrifa si los elementos indiciarios no son suficientes para dictar una condena y no fue demostrado que existiera la prohibición que explicaría las razones del engaño que se le atribuye (Del voto del Dr. Hendler).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lara, Juan Carlos c/ Fourmentel, Oscar Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

No es indispensable para transgredir el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial que la decisión incurra en un dislate. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Litispendencia, non bis in ídem, asignación de causa, nulidad procesal, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DR. POCHAT, Alfredo s/ nulidad Causa nro. 22.853
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-02

El aludido sorteo no resulta nulo -más allá de las cuestiones que lo suscitara, cuya relevancia penal y administrativa fueran motivo de actuaciones por separado- Se advierte que ciertamente la publicidad de causas tuvo origen singular, pero en concreto ello por sí sólo no vulneró irremediablemente la garantía contra el doble juzgamiento, la que en el caso se vio asegurada con la posterior acumulación practicada, la cual se dispuso oficiosamente, sin que mediara la deducción de una excepción procesal de litispendencia.
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CETARO, ROSA c/ EMP.   DE  TRANSPORTES  PEDRO  DE  MENDOZA,  EMPRESA  DE TRANSPORTES FOURNIER Y JUANCARLOS HERRERA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-18

Para determinar la indemnización en concepto de incapacidad lo que realmente importa es valorar la índole de las lesiones sufridas, su permanencia o la de sus secuelas, a fin de establecer cual es la real y concreta influencia que proyectan no sólo sobre la actividad laboral de la víctima (de valor preponderante, empero), sino también sobre todos los aspectos que hacen a su personalidad, integralmente considerada. En función de ello, no resulta necesario precisar rigurosamente el porcentaje de incapacidad, ni atenerse al determinado pericialmente.-
Recurso de casación, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO RICARDO ALBERTO c/ BURGWARDT y CIA. S.A.I.C. y A.G. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-19

Lo fallado por la Excma. Cámara, llegando a una conclusión errada, configura lo que se ha denominado "vicio por defecto lógico con déficit de tipo material", es decir cuando se llega a una conclusión substancialmente errada por una incorrecta interpretación de las pruebas producidas. VOTO: DRA. SALAZAR
Marcas, denominación de origen, Derecho comercial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SILVESTRONE   HUGO   FRANCISCO c/ MADRESELVAS  SA s/ cese  deoposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Una denominación es la designación necesaria o la denominación habitual de un producto o servicio cuando, en el habla corriente de la gente de nuestro país, la expresión usada designe el producto o servicio, con total independencia de criterios lingüísticos vigentes en un organismo español (conf esta Sala, causa 121/00 del 00-04-05; Sala II, causa 4827/95 del 25-4-03).

En nuestros hábitos el término "Trattoria" alude a un restaurante de comida italiana. Corrobora esta afirmación, el informe brindado por la firma Yell Argentina SA del cual se desprende que existen otras empresas del ramo que incluyen en su denominación dicho elemento y que se dedican a la gastronomía itálica. Y en el mimo orden de ideas, pongo de relieve los numerosos sitios de internet de los cuales se desprende con claridad que Trattoria es una expresión que resulta ser la versión italiana de la voz Restaurante (www.idiomax.com/es/online).
Tribunales de familia, competencia de familia, división de condominio
Materia: CIVIL
Carátula: Pisani Gabriela Esther y Otro c/ Castelli Pedro Martin s/ División de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-13

El Tribunal de Familia no tiene competencia exclusiva en la acción de división del condominio sobre un inmueble cuyo 50% pertenece a una persona que no integra la sociedad conyugal formada por los otros condóminos, pues se trata de un supuesto diferente a la acción de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, que debe tramitar según lo dispuesto por el art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Costas, costas al vencido, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez Vda. de Vega, Miriam Inés c/ Pescasur (S.A. s/ Laboral - Incidente de Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-12

Las costas en este incidente deben ser soportadas por la perdidosa en el juicio principal. Para ello, se juzga que ninguna persona que esté facultada por la ley para ejercer un derecho, en el caso, el establecido en el art. 213, inc. 3ro. del C.P.C.C. , es decir, el ejercicio regular del mismo, no le puede acarrear consecuencias negativas al justiciable que lo pone en movimiento.