marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Salarios caídos, prueba, empleados públicos, pase a disponibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: GOICOECHEA, HECTOR DOMINGO c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

No procede el pago de salarios caídos por el período en que el agente fue ilegítimamente dado de baja, salvo supuestos específicamente reglados. Y en esta misma dirección, la Corte se pronunció en sentido análogo, en autos "Cugliandolo, Antonio José v. Nación Argentina (Ministerio de Agricultura y Ganadería)", cuando señaló asimismo que no corresponde el pago de salarios por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación, máxime si no se han acreditado los perjuicios que el apelante pudo haber sufrido y que hubieran hecho necesario considerar la responsabilidad de la Administración, ya que no basta la ilegitimidad del acto de baja para acordar el reclamo por los salarios caídos. Y en términos similares lo reiteró en autos "Alfaro, Carlos Alberto c/ Estado Nacional" -1/08/1985-, "Colombo, Edgar Gualberto v. Universidad Nacional de la Plata" -Fallos 308:1795-, "Cúneo, Alberto A. c/ Honorable Senado de la Provincia y Estado de la Provincia de Corrientes y otro" -Fallos 319:2507-, "Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional-Ministerio de Justicia de la Nación" -Fallos 324:1860-, "Ristagno, Luis B. c/ Corporación del Mercado Central de Buenos Aires" -Fallos 326:2347- y "Gutiérrez, Pablo Eulogio v. Gobierno de la Nación" -Fallos 308:732-. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Funcionarios judiciales, destitución, jueces, juicio político, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, nulidad del acto administrativo, remoción de jueces
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Nulidad acto administrativo - Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

La ley 24.018 prescribe, en su art. 29, que "Los beneficios de esta ley, no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones". Por su parte, el art. 59 de la C.N. establece que "Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados.", y el art. 60 que "Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios". En el diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción de la palabra destituir significa separar a alguien del cargo que ejerce. Es decir que, tanto la norma constitucional como en el común significado de la palabra, la destitución no implica más que abandonar la función que se desempeñaba (en el caso, como Ministro de la C.S.J.N.). (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).
Ley procesal, proceso judicial, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Rey  Quintana  Jorge  Felipe  y otros c/ E.N. -Mº de Defensa EMGE s/ Personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-16

La normativa procesal, obviamente indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su mbite específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio; todo lo cual no puede lograrse si se rehuye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio.
Daños y perjuicios, lucro cesante, indemnización, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Distribuidora Metropolitana SRL c/ Nación Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-14

En materia de lucro cesante se requiere una prueba concreta de las pérdidas sufridas, no lo es menos que la misma no puede exigirse en términos matemáticos, debiendo, en su caso, tomarse en cuenta el aporte de datos que permitan presumirlas de modo fidedigno, concurriendo asimismo en auxilio del juzgado la norma del art. 165 de la ley ritual (conf. Mosset Iturraspe -Novellino, "Derecho de Daños. La prueba en el proceso de daños", tercera parte, pág. 370, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 2000).
Violación de sellos, supresión o destrucción de documento
Materia: PENAL
Carátula: " Grosvald, Susana s/ sobreseimiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-16

"Se ha enmarcado el hecho bajo análisis como constitutivo de las infracciones a las previsiones de los arts. 255 y 294 del Código Penal". "El primero de ellos requiere que el funcionario público sustraiga u oculte objetos -cuya custodia le fuera confiada- destinados a servir de prueba ante la autoridad competente"."Para ello, debe "quitar la cosa de la esfera de custodia en que se halla" o "esconder o hacer desaparecer el objeto, de modo que no pueda ser encontrado o tenido a disposición en el momento en que debe ser utilizado" (cfr.

Eduardo Donna "Derecho Penal, Parte Especial", Tomo III, p. 203, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000)". "Asimismo, la supresión o destrucción de un documento -en todo o en parte- que sanciona el artículo 294 del Código Penal se verifica en los casos en que la falta del documento motive una apreciación equivocada del cuadro de situación del hecho que el documento deba probar (v. Donna,
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Caramelli, Carlos M. c/ Ormas S.A.I.C.I.C. s/ Salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

El apoderado de lista de candidatos a presentarse en el comicio electoral no goza de la protección legal a que se refiere el art. 48 de la ley 23.551.
Decretos, aplicación temporal de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Deutz Argentina S.A.I.C. y F. c/ A.N.A s/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

Un decreto tiene vigencia para el Estado, como órgano creador del derecho, desde la fecha en que se firmó y no desde su publicación, habida cuenta que si el Poder Ejecutivo lo elaboró y dictó, no puede invocar la falta de publicación para alegar el desconocimiento de la norma que crea.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COCUZZA L. c/ RODRIGUEZ J. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A068 - 412)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-06-05

Si las audiencias de prueba no estan debidamente notificadas a todas las partes, por haberse decretado la nulidad de la notificacion a la citada de garantia, no pueden ser considerados utiles en la medida que no sirvieron para remontar la causa hacia la sentencia.-
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Ballejo, Julio s/ Defraudación, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

El juez no está obligado a imponer la pena solicitada en la acusación fiscal. El principio de congruencia solo exige al juzgador condenar o absolver por los hechos materia de acusación.-
Abastecimiento, precio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alpargatas  S.A. s/ infr. ley 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

De conformidad con los arts. 3 de la resolución 837/84 del Ministerio de Economía de la Nación, 1 de la resolución 986 del citado ministerio y 8 de la resolución 988/84 de la Secretaría de Comercio Interior, las modificaciones de precios no pueden efectuarse sin previa autorización del organismo administrativo de control, si la autorización es indebidamente demorada, puede acudirse a los medios que las disposiciones de procedimiento prevén para remediar situaciones tales, lo mismo que para superar la presunta negligencia o mora en que hubiera podido incurrir el órgano administrativo.
Honorarios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIGGIOLA c/ ALONSO s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: S066 - 333)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-05-20

Procede la excepción de prescripción de honorarios, si transcurren dos años desde que feneció el pleito por sentencia o transacción. Desde la sentencia de Cámara hasta la promoción de la ejecución, si transcurrieron los dos años previstos en el art. 4032 CCI, sin que los honorarios estén establecidos, se encuentran prescriptos.
Aduanas, Asociación Latinoamericana de Integración
Materia: ADUANERO
Carátula: "Whirpool Argentina S.A. (T.F. 18.557-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

Al desconocer el derecho al tratamiento arancelario especial acordado dentro del marco de la Asociación Latino Americana de Integración por una omisión formal de información, pero sin impugnar el resto de la documentación conforme a la cual el importador era merecedor de ese trato, se incurre en una grave violación a ese principio básico que hace al postulado de afianzar la justicia inserto en el Preámbulo de la Constitución como objetivo básico de la República.
Amparo por mora, regulación de honorarios, cuestiones de competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: LOPEZ, DELFINA ROSA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

No corresponde a la C.F.S.S. expedirse sobre el pedido de regulación de honorarios formulado por el letrado de la parte actora (en el caso, en un amparo por mora de la administración), aspecto que ha de ser resuelto, en instancia originaria, por el juzgado interviniente.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Quesada, Martha Noemí c/ Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Escuelas s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

No constituye sentencia definitiva o que pudiera equipararse a tal arts. 278 y 281 inc. 1º C.P.C.C.; 55 y 65 dec. ley 7718/71) la decisión sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma porque no ocasiona ningún efecto distinto de cualquier otra resolución judicial, en tanto constituye un modo de aplicar el derecho que no se diferencia de los demás. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Miguel Angel Daniel DE MARCO c/ INSTITUTO DE TERAPEUTICA PURISSIMUS  S.A. s/ CADUCIDAD  DE  LA  INSTANCIA - PROCEDIMIENTO LABORAL - PRESCRIPCION -  PLAZO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-20

El instituto de la caducidad de la instancia no está legislado en forma expresa con relación al proceso laboral bonaerense, lo que sumado a la adopción del sistema inquisitorio que informa la ley (7718, art. 12), impone como conclusión que, en caso de admitirse la caducidad de la instancia en el procedimiento laboral, al menos, su procedencia, debe limitarse a supuestos muy excepcionales. Ello es así, pues uno de los principios inconcusos que caracterizan el perfil del derecho procesal del trabajo es el del "impulso de oficio".
Falta de legitimación para obrar, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sawczuk, Nicolás c/ Díaz vda. de Sawczuk Gloria y Sawczuk Leandro N. s/ Ordinario -art.250 inc. 2º C.P.C.C.- Sawczuk Leandro N. s/ Ordinario -art.250 inc. 2º C.P.C.C.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-07

Las cuestiones vinculadas a la legitimación de la parte actora deben ser planteadas mediante la excepción de falta de legitimación activa y dilucidarse por el trámite pertinente.
Entes autárquicos, autoridad interjurisdiccional, competencia federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shotover Jet Ltd. c/ Administración  de  Parques  Nacionales s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

La Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, integrada por el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, constituye un ente federal, con personalidad jurídica propia, con individualidad jurídica y funcional que permite distinguirlo de los estados locales signatarios del acuerdo que dio origen a la entidad, la cual posee derecho al fuero federal.
Títulos de crédito, warrant, endoso, primer endoso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA SA c/ OLIVARES Y VIÑEDOS SAN NICOLAS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

El primer endoso de un warrant efectuado por la depositante, en rigor, no es tal, sino que importa emisión del título y su puesta en circulación (cfr. Favier Dubois, "Títulos de Warrant. Emisión.

Negociación y Ejecución", doctr. Societ. Errepar, mayo de 1994, pág.

63, paragr. 5.2).
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por el territorio, lugar de interposición, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: BAEZ ROMERO, MILCIADES HECTOR c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. s/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Cuando se trata de una acción de daños y perjuicios, donde el damnificado extiende su pretensión contra el asegurador del demandado, puede interponer la demanda en forma facultativa ante el juez del lugar del hecho, el del domicilio del accionado o el de la compañía aseguradora, con así también en cualquier agencia o sucursal.
Recurso de casación, declaración indagatoria, auto de procesamiento, auto de prisión preventiva, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sr.  Fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación. Dr.Marcelo Soria. s/ Causa nº210/94. Pérez, Juan Carlos-"violación".
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-20

Las argumentaciones dadas por el Tribunal de Alzada al decretar la nulidad del auto de procesamiento y prisión preventiva dictado por el juez instructor, resultan totalmente erróneas al pretender desacreditar la presencia del juez en oportunidad de recibirle declaración al imputado en sede policial, exigiéndole a raja-tablas el cumplimiento de normas procedimentales, pues le cabe a la razonabilidad del juez la oportunidad de su aplicación, ya que se debe merituar la preocupación de quién posee el poder jurisdiccional de intervenir personalmente en la dilucidación del hecho que conmueve las fibras más íntimas de una sociedad preocupada para que la justicia dé a cada uno lo que le corresponda; en consecuencia, al declarar a través de un excesivo rigorismo formal la nulidad absoluta de los citados actos procesales,se está en presencia de una transgresión o una aplicación parcializada del principio constitucional de defensa en juicio; se resuelve de éste modo hacer lugar al recurso de casación interpuesto y en consecuencia declarar la nulidad del auto interlocutorio dictado por la Cámara y de todos los actos consecutivos que de él dependan, debiendo los autos volver al mismo Tribunal para que en término perentorio e improrrogable se expida concretamente sobre la apelación interpuesta.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orrego, Juan Abelardo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

En materia previsional los derechos subjetivos de naturaleza administrativa no nacen de la relación jurídica previamente entablada con la Administración sino de la ley, lo que acuerda a la resolución que los concede un efecto meramente declarativo y no constitutivo de los beneficios.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, calificación legal, abuso sexual calificado por acceso carnal, víctima menor de edad, responsabilidad penal, monto de la pena, vicio de irrazonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-APELACION DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-23

Corresponde anular el decisorio impugnado en relación a la pena impuesta al condenado, por entender que tal aspecto del mismo resulta infundado y autocontradictorio, no pudiendo ser considerado por ello derivación razonada del derecho vigente, desde que si bien el A quo inició su análisis de la apelación rechazando los agravios defensivos vinculados a la prueba del abuso sexual atribuido al imputado, así como los relativos a la calificación legal de la conducta, -ratificando la escogida en la instancia de grado de abuso sexual con acceso carnal-, descartando la invocada violación al plazo razonable -aludiendo para ello a las disposiciones convencionales y legales referidas a los derechos de las víctimas menores de edad- por entender los Sentenciantes que ciertas particularidades del hecho que daban cuenta de su gravedad -incluso más allá de las exigencias típicas-, al abordar luego la cuestión de la respuesta punitiva, sustentaron la reducción de la pena impuesta a la mitad del mínimo legal y en modalidad condicional, principalmente, en que la fijada en la instancia de grado constituía una grave desconexión entre el monto de la pena con los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la retribución por el delito, advirtiéndose de ese modo, una discordancia entre la argumentación desarrollada al analizar la responsabilidad penal del justiciable y la calificación legal del hecho; y la aportada al evaluar los planteos defensivos referidos a la sanción. (Del voto del Dr. Erbetta)
Prueba, apreciación del juez, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quiroz Baldomero c/ Dotta Pedro Enrique s/ Daños y perjuicios Rivolta, Antonio c/ Ford Argentina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16|2002-10-01

Las determinaciones químicas de intoxicación alcohólica incorporadas en una causa penal sin que haya cosa juzgada en dicho fuero sobre la misma (art. 1102 del Cód. Civil), constituyen una prueba de su existencia. Pero, por su falibilidad, pueden ser desvirtuadas por otros elementos de mayor certidumbre cuando la producen en el ánimo del juez según las reglas de la sana crítica, de los que no están excluidas las declaraciones testimoniales testificales y las presunciones. Tales dosajes son una prueba complementaria y no tasada.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mitre, Rubén E. c/ Concejo Deliberante de Salliqueló s/ Conflicto arts. 161 inc. 2, 194 y 196 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

La regulación de los conflictos municipales en la L.O.M. demuestra la intensión legislativa de armonizar la posibilidad de una revisión judicial con la certeza o seguridad de las situaciones que la motivan. De ahí que el conflicto constituya un trámite breve y sencillo, resultando en ese marzo razonable la fijación de un plazo de caducidad para su promoción, en los supuestos en que la continuidad de un intendente o concejal elegido por voluntad popular se ve interrumpida por decisión del Concejo Deliberante -cuyos miembros también tienen mandato surgido de la soberanía popular-, situación que no puede quedar indefinidamente abierta a su revisión y/o modificación por vía judicial, pues este aspecto también integra el orden público. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleador, facultad de organización, transferencia del personal, remuneración, intangibilidad de la remuneración, igualdad de trato, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: TISNE, OSCAR c/ ENTEL s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

La empleadora actuó dentro de sus facultades de reorganización al disolver una de sus dependencias y derivar su personal a un nuevo destino. Al mantener las remuneraciones de los traslados, no hizo más que cumplir con las normas sobre intangibilidad del salario, arts. 12, 66, 260 y conc. LCT. Que ellas resultaran superiores a las del personal que se encontraba en la nueva dependencia no significa que haya dado a éste un trato discriminatorio y el estado de ánimo que el mismo haya experimentado por la situación no es suficiente para justificar una recomposición salarial impuesta por el Tribunal.

Dicho en otros términos, existió una razón objetiva para mantener diferentes remuneraciones para personas que trabajan en el mismo sector.
Municipalidad, licencia de taxi, prueba, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARCOS, Pablo Alejandro c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

Si un vehículo circula tomando pasajeros y pintado como un taxi, es presumible que cuenta con la correspondiente habilitación y quien sostenga lo contrario deberá demostrarlo.
Código penal, exceso en la legítima defensa, principio de proporcionalidad, ejercicio del derecho, homicidio, arma reglamentaria, policía, arma de fuego, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Abregú, M. C. c/  s/ homicidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Cabe revocar el procesamiento decretado por el a quo respecto de la policía que fue declarada autora penalmente responsable del delito de homicidio por exceso en la legítima defensa, pues los disparos efectuados y que causaron la muerte de su agresor, fueron realizados para protegerse del violento ataque que aquél le propinó mientras se dirigía uniformada en su automóvil a su lugar de trabajo, rompiéndole la ventanilla, amenazándola con un arma de fuego -aunque fuera una réplica-, con parte de su cuerpo dentro del vehículo y al grito de que le dispararía por ser miembro de las fuerzas de seguridad.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia penal, juez previniente, tipo penal, calificación legal, defraudación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ANTONIO PASCUAL CASTIGLIONE Y OTROS s/ ASOCIACION ILICITA. DEFRAUDACION Y AMENAZAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

Si el conflicto jurisdiccional no contiene la necesaria individualización de los hechos sobre los cuales versa, ni las calificaciones que les pueden ser atribuidas, elementos que resultan indispensables para el correcto planteamiento de una contienda de competencia, debe seguir conociendo el juez que previno. Así ocurre en el caso en que no es posible determinar con precisión si los hechos a los que se refiere el denunciante y los procesados son susceptibles de encuadramiento en alguna o varias figuras penales determinadas, y si la defraudación denunciada se habría consumado con la entrega de mercadería en la Provincia de Buenos Aires o pudo haber consistido en el desapoderamiento de los cheques que uno de los procesados se hizo entregar bajo promesa de diligenciar su cobro.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia ordinaria, delito penal, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, delitos contra la seguridad de la Nación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: We Liun Chiu y Wei Chieh Chiu s/ secuestro extorsivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

En aquellas causas en las que se imputa la comisión de alguno de los delitos previstos en el art. 3°, inc. 5°, de la ley 48, su tramitación debe realizarse en sede federal, sin perjuicio de la competencia ordinaria en los casos en que, del conocimiento prioritario de los tribunales federales, lo actuado revele inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus instituciones.