Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


MAYO TRANSFORMADORES S.R.L. contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 270-283. En la ciudad de Santa Fe, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular, doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MAYO TRANSFORMADORES S.R.L. contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (expte. C.S.J. nro. 401, año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintisiete de octubre del corriente año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: I.1.

La firma "Mayo Transformadores S.R.L." deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe a los fines de que se anule el decreto 1487/95, por el cual el Gobernador de la Provincia denegó el reclamo de reajuste de diversas sumas derivadas de la ejecución de la licitación privada nro. 117/87. Pide que, a consecuencia de ello, este Tribunal fije una suma a abonar por la Provincia que resulte equitativa, respete la ecuación económico-financiera del contrato y mantenga el valor adquisitivo de la acreencia que debió oportunamente ser cancelada; con costas.

Relata que resultó adjudicataria de la licitación privada mencionada, convocada por la Empresa Provincial de la Energía para la provisión de transformadores eléctricos.

Explica que las entregas se habían dividido en dos etapas, y que por la provisión de los transformadores correspondientes a la segunda etapa, la E.P.E. le pagó solamente el precio histórico de cotización a valores de septiembre de 1987, o sea un total de $ 52,85.

Dice que luego de numerosos reclamos administrativos tendentes al pago de un tercer aislador no incluido en la contratación original, al reintegro de multas injustamente aplicadas y al pago de intereses moratorios por pagos fuera de término, la E.P.E. dictó la resolución nro. 250, del 31.8.1993, autorizando el pago de diversos rubros.

En primer lugar, en concepto de mayores costos y actualización de los transformadores entregados para cumplir la provisión de la segunda etapa, reconoció $ 111.758, "cuyo valor se calculó conforme al más bajo precio de plaza existente al momento de su dictado, detraído en un 20% por entender la E.P.E. posible obtener tal descuento"; en segundo término, $ 12.605 en concepto de pago del tercer aislador, cuyo valor se obtuvo con la misma metodología antes mencionada; en tercer lugar, $ 42.400 en concepto de diferencias emergentes del proceso de reintegro de multas; y por último, $ 44.722 por intereses moratorios por los pagos efectuados fuera de término durante la provisión de la primera etapa de la mencionada licitación.

Afirma que percibió con reservas las cifras detalladas, articulando r Aclara que los dos primeros montos se calcularon conforme los parámetros del decreto 3199/93, debiéndose deducir de los rubros pretendidos los montos cobrados a cuenta.

Indica que los recursos fueron rechazados en las sucesivas etapas administrativas, fundamentalmente con base en lo dispuesto en la ley 24.283.

Con relación a ello arguye que dicha norma no resulta aplicable a los contratos de obra pública, que tienen principios y normas propias, específicas y distintas a las del Derecho Civil.

En particular, sostiene que el contrato a que refiere el presente caso está alcanzado por las normas de las leyes nacional 23.982 y provincial 10.798, y por las del decreto provincial 3199/93, no siendo posible entender que "las leyes pertenecientes al derecho privado" las complementen.

En el caso de que así no sea entendido, afirma que en el caso no se dan los presupuestos contemplados en la ley 24.283; ello, desde dos puntos de vista.

En primer término, señala que "el método de actualización contemplado ya en la fórmula polinómica, ya en el decreto 3199/93 no conduce a resultados inequitativos o absurdos, porque ... aplicándolos, (se) compra hoy el mismo número de autos, cereales, departamentos, etc. que a julio de 1987" (foja 21).

Agrega que "en los hechos, mantiene el valor adquisitivo de su crédito", y que es inequitativo obligarle a aceptar una cancelación por valores que representan sólo el 28,92% del valor a que arriba aplicando la fórmula por ella propuesta.

Y, en segundo lugar, entiende que su situación jurídica ha quedado consolidada por mérito de las leyes 23.982 y 10.798 -mencionadas-, con lo cual se configura la causal de exclusión dispuesta en la última frase de la ley 24.283.

También entiende que la "teoría de los actos propios" le otorga sustento a su postura.

La invoca con fundamento en que los actos consultivos que precedieron al dictado del decreto 1487/95 resultan contradictorios con los considerandos del decreto 3199/93, y que no es tolerable que "el mismo Poder Ejecutivo que en el decreto 3199/93 hablaba de una 'solución definitiva', la varía tres meses después con nuevas reducciones" (foja 22 vto./23); y mucho menos lo es que "quien en tal acto administrativo admitía que la proyección de los índices oficiales mantenían el valor económico real e importaban criterios económicos objetivos que permitían evaluar razonablemente la realidad económica, hoy afirme lo contrario cuando se le reclama el pago de lo que debe aplicando tales pronunciamientos" (foja 23).

En otro orden, considera que el Poder Ejecutivo no ha probado ni demostrado que se hubiera conseguido la rebaja del 20% a que alude en los actos impugnados, ni tampoco que fuera procedente fijar el valor de mercado recurriendo a la oferta más baja y no a un promedio de las cotizaciones producidas.

Finalmente, menciona que el decreto impugnado ha omitido tratar el argumento consistente en el error que implica tomar los valores de plaza de los transformadores como única pauta comparativa, "obviando de considerar un hecho fundamental, cual es que, con la apertura de la economía y la competencia generada por productos similares provenientes de otros países, se había producido una sensible baja en tales precios".

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso deducido; solicitando que, en el caso de que ello no sea así, se aplique lo previsto en el artículo 84, inciso "c" de la ley 4106, por existir motivo bastante para litigar.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 49), se cita y emplaza a la demandada a que comparezca a estar a derecho, lo que hace a foja 55.

A foja 57 contesta la demanda. Efectúa, ante todo, una negativa que abarca prácticamente a todas las postulaciones de la actora. Afirma que la ley 24.283 resulta de aplicación al caso, lo cual significa que el límite o tope a cualquier forma de indexación se encuentra dado por el valor real y actual de la prestación al momento del pago.

En concreto, sostiene que el método indexatorio establecido por decreto 3199/93 (índice de precios al consumidor nivel general con más un 8% de interés anual) será complementado por la ley 24.283, siempre y cuando la implementación de dicho método arroje un resultado que traspase el límite legal (valor real de la cosa).

Apoya esta conclusión con la cita de opiniones doctrinarias y de jurisprudencia. Argumenta que su aplicación contribuye al restablecimiento del equilibrio, equidad y justicia de las relaciones creditorias que en función de los desequilibrios provocados por la inflación y los métodos de actualización indiscriminados fueron objeto de una cuantificación extraordinaria.

Indica que el razonamiento que intenta la actora -al comparar su crédito con el valor de diversos artículos- es de absoluto corte valorista, y contraviene abiertamente el espíritu y la letra de la ley, no compadeciéndose tampoco con el marco jurídico en que se inserta la norma.

Insiste con que "el decreto 3199/93 anuló los decretos 4784/84, 4091/86 y resoluciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas que sean su consecuencia, también anuló todos los actos administrativos individuales y contratos que reconozcan el pago de sumas de dinero cuyo monto se determinó con fundamento en los decretos anulados" (foja 65 vto.), con lo que -en su opinión- la fórmula polinómica establecida en el contrato no es de aplicación al caso.

De lo expuesto extrae que encontrándose en autos con una deuda proveniente de la provisión de transformadores, teniendo en cuenta que los mismos e idénticos se encuentran efectivamente en el mercado, tomando en consideración la lúcida definición antes citada, "que en el caso de autos el valor real y actual de la prestación se encuentra dado por el precio al cual se adquieren hoy, efectivamente, los transformadores y no meramente el precio de oferta o precio de demanda, sino a aquél al que efectivamente se realiza la transacción".

Dichos aspectos -agrega- constituyen el justificativo necesario para la reducción del 20% establecida por resolución 250/93 sobre el valor de oferta de los transformadores, ya que "el valor real y actual no refiere al mero valor o precio de oferta o de demanda, sino al verdadero y concreto valor al que se realiza la transacción".

En otro orden, postula que el concepto "situaciones jurídicas no consolidadas" mencionado por la ley no refiere al régimen de consolidación de deudas del Estado -como lo pretende la actora- sino a situaciones jurídicas no protegidas por garantías constitucionales, no incorporadas al patrimonio como derecho de propiedad.

También rechaza la alegada violación a la teoría de los actos propios, con base en que los términos del decreto 3199/93 deben entenderse complementados "armoniosamente" por los de la ley 24.283.

Vinculado con ello, sostiene que ni el dictamen de Fiscalía de Estado ni el memo mencionados por el recurrente constituyen actos administrativos, y que no se contradicen, sino que, por el contrario, establecen las pautas de interpretación y aplicación de dos normas legales que armonizan entre sí.

Afirma que los montos discutidos refieren al precio de un tercer aislador que la E.P.E. solicitó fuera de los requerimientos técnicos previstos y las normas IRAM, que no contaba con precio pactado, reajuste del precio abonado a valores históricos por la provisión de transformadores en la segunda etapa y la devolución de multas mal aplicadas e intereses por mora, con lo que mal puede pretenderse abonar un precio menor al pactado, cuando el precio, en el primer caso, no está pactado y, en el segundo, se trata de actualización de valor histórico.

Finalmente, apunta que la apertura de los mercados y la competencia que habrían producido la baja del precio de la cosa no ha sido probado en autos, y menos aun que le produzca un perjuicio a su parte.

Solicita, en suma, el rechazo de la demanda; con costas.

3. Abierta la causa a prueba (foja 72), se produce la que consta en autos.

4. A foja 209 informa sobre el mérito de la causa la actora. A foja 211 hace lo propio la demandada. A foja 223 se llaman autos para resolver, providencia que se notifica a las partes mediante cédulas de fojas 224 y 225. Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. 1. Ante todo, debe precisarse la pretensión ejercida en autos por la recurrente. Lo primero que corresponde decir sobre este punto es que, de los cuatro rubros que la E.P.E. reconoció en la resolución 250/93, la contratista discute en esta causa sólo la legitimidad de la liquidación de dos de ellos: "mayores costos y actualización de los transformadores entregados para cumplir la provisión pendiente de la licitación privada nro. 117/87 - 2da. etapa" y "pago por la provisión del tercer aislador adicional, no incluido en la contratación original, e incorporado a petición de la E.P.E.".

En efecto: sólo respecto de estos conceptos subsisten diferencias entre las cifras reconocidas por la Administración y las peticionadas en la demanda, oportunidad en la que la actora expresamente aclara que deberán deducirse de los rubros pretendidos "los montos cobrados a cuenta" (foja 17).

En tales condiciones, se concluye que quedan fuera de la presente litis la discusión respecto de las "diferencias emergentes en el proceso de reintegro por multas" y de los "intereses moratorios por los pagos efectuados fuera de término durante la provisión de la primera etapa de la Licitación Privada nro. 117/87", ya que respecto de ellos la empresa explica que pretendía sumas iguales a las reconocidas por la Administración en el acto mencionado ($ 42.400 y $ 44.722 respectivamente).

Por lo demás, el informe pericial producido en autos -medida propuesta, se recuerda, por la propia actora-, revela que, en efecto, no hay diferencias entre lo reconocido por la resolución 250/93 y lo reclamado por la recurrente con relación al reintegro de multas y a los intereses moratorios de la primera etapa del contrato (v., en concreto, cuadro "01" a foja 199 vto. de autos).

Esta conclusión, por lo demás, guarda relación con el hecho de que en el dictamen de fecha 16.7.1993 -informe en el cual se funda sustancialmente la resolución 250/93- el Sub-gerente de Administración de la E.P.E. haya señalado con relación a los intereses por mora que "el cálculo que se ha adoptado en este informe a fin de determinar el importe que podría reconocerse por este concepto, sujeto a aprobación de la superioridad, es el que ha presentado la empresa recurrente..." (foja 21, expte. adm. 16.201-180.035).

En segundo lugar, debe señalarse que con relación al rubro "mayores costos y actualización de los transformadores entregados para cumplir la provisión pendiente de la licitación privada nro. 117/87 - 2da. etapa" la actora plantea, también, una discrepancia respecto del cálculo de intereses, ya que pide que éstos sean calculados "a la tasa del 8% anual desde septiembre 1987 a marzo 1991" y desde abril de 1991 a la fecha de pago, "la compensación financiera establecida por la serie de interés corregida de caja de ahorro común del punto 2 de la comunicación A 1828 BCRA" (foja 17), cuya liquidación estima en la suma de $ 137.591.

Y, finalmente, debe dejarse aclarado en este primer punto que la disconformidad que postula la actora con relación al cálculo del ítem "pago por la provisión del tercer aislador adicional" refiere exclusivamente a la deducción del 20% del valor efectuada por la Provincia comitente.

En efecto, es la propia actora quien afirma que por dicho concepto pretende que se le reconozca la suma de $ 15.126, explicando que dicho monto "se obtiene de adicional al valor fijado por la E.P.E. el 20% injustificadamente detraído" (foja 17).

2. Aclarados los puntos anteriores, se ingresará al fondo de la cuestión. El primer aspecto que corresponde dilucidar es si la ley 24.283 resulta aplicable al contrato sobre el que versa la presente litis, a lo que se opone la actora. En concreto, sostiene que la norma integra el Derecho Privado, y que la Administración Pública no puede establecer con los administrados relaciones que se encuentran regidas por este Derecho, dado que no existen actos ni contratos privados de la Administración.

También dice que los contratos administrativos se encuentran sometidos a un régimen jurídico específico, impuesto por el Derecho público y que "es impropio, luego, sostener que las leyes pertenecientes al Derecho privado complementan al decreto 3199/93 o a las leyes 23.982 o 10.798" (foja 18).

Adelanto que estos argumentos no pueden prosperar.

Este Tribunal -bien que con integración parcialmente distinta a la actual- se ha expedido en favor de la aplicación de la ley 24.283 al ámbito de los contratos administrativos en la causa "Dycasa" (de A. y S. T. 121, pág. 239). Lo hizo teniendo en cuenta el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentado en el caso "Bolaño" (Fallos 318:1012, del 16.5.1995).

Se señaló que la simple lectura de la norma pone de manifiesto que se refiere "al valor de una cosa 'o' bien 'o' cualquier otra prestación", y que "la amplitud y claridad del precepto legal se robustece más aún con su último párrafo, al declarar que será aplicable a 'todas las situaciones jurídicas no consolidadas'...", concluyendo que no hay dudas acerca del "ámbito material omnímodo" establecido por el Poder Legislativo al sancionar la ley 24.283.

También se dijo que tal declaración de la Corte Suprema de la Nación ponía fin a las diferencias doctrinarias y jurisprudenciales que al respecto subsistían con anterioridad al fallo reseñado, y que, siguiendo la doctrina que se desprende del mismo, la ley bajo examen es aplicable a todo tipo de obligaciones.

Como precedente más reciente de esta Corte, puede mencionarse el fallo recaído en la causa "González Cassola" -que refería a un contrato de suministro-, en el que el Tribunal señaló que "la ley ley 24283 se aplica genéricamente a todo tipo de obligaciones" (A. y S. T. 189, pág. 308).

Lo hasta aquí expuesto basta a los fines de rechazar el planteo en análisis, conclusión que en nada se conmueve con la mención del principio de intangibilidad de la remuneración del contratista (foja 19), el cual no constituye argumento suficiente para oponerse al ya destacado "ámbito material omnímodo" de aplicación de la ley 24.283.

Resta aclarar que igual suerte deben seguir los agravios expuestos en el punto "a.2." de la demanda (foja 18; reiterados a foja 21 vto.), orientados a convencer de que la deuda reconocida por resolución 250/93 se encuentra consolidada en virtud de las leyes 23.928 (nacional) y 10.798 (provincial), y que ello implica que no puede aplicarse al contrato la ley 24.283, por lo dispuesto en la última parte de su texto.

En efecto, hoy en día -es decir, ya superada alguna primera indefinición doctrinaria y jurisprudencial que suscitó la interpretación de la última frase del texto legal- ninguna duda cabe de que cuando la norma alude a "situaciones jurídicas no consolidadas" no está refiriendo a la consolidación dispuesta por las leyes mencionadas precedentemente, sino a "las relaciones crediticias no extinguidas, no agotadas, pendientes de cumplimiento" (voto del juez Vázquez in re "Basterra de Núñez", Fallos 324:3664, del 30.10.2001).

En similar sentido puede citarse el criterio que se extrae del fallo "Storace" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 325:1753; del 11 de julio de 2002), según el cual "el ámbito material establecido por la ley 24.283 y el decreto 794/94, no excluye a las obligaciones dinerarias que pueden ser objeto de consolidación de acuerdo a las disposiciones de la ley 23.982".

Finalmente, debe decirse que la aplicación de la ley 24.283 al caso no puede ser impedida con base en las razones expuestas bajo el título "teoría de los actos propios" (foja 22).

En este punto, la actora sostiene -en sustancia- que la Provincia a su respecto pretende desobligarse mediante el pago del valor actual de los bienes, mientras que a las empresas a las que le adeuda intereses por mora en el pago de certificados de obras públicas, le estaría reconociendo la actualización que proviene de la aplicación del índice de precios al consumidor nivel general (decreto 3199/93).

En efecto, más allá de la cuestión del éxito que podría tener el planteo de agravios fundados en la teoría de los actos propios cuando son postulados contra la Administración Pública, basta para desechar la afirmación de la recurrente con señalar que no ha siquiera intentado refutar el argumento introducido por la Administración como defensa, según el cual las liquidaciones efectuadas por aplicación del decreto 3199/93 estarían también alcanzadas por el tope establecido por la ley 24.283.

Estas consideraciones resultan oportunas para señalar que las afirmaciones expuestas por la demandada a fojas 61 y 63 vto.

-en el sentido de que el contrato a que refiere la presente causa se vio alcanzado por las previsiones del decreto 3199/93- carecen de sustento y deben ser desechadas por manifiestamente infundadas.

En efecto: no debe perderse de vista que el decreto mencionado refiere al modo en que deben calcularse los intereses por mora en el pago de certificados de obra pública -con específica y exclusiva alusión al artículo 71 de la ley 5188 (texto según ley 9594) y a los decretos que lo fueron reglamentando sucesivamente-; aspectos todos ellos por completo ajenos a las circunstancias de autos.

En efecto, el contrato a que refiere la presente causa es un contrato de "suministro de materiales" (v. Pliego de Bases y Condiciones Generales a f. 22 del expte. adm. nro. 16.201-0079925), no de obra pública, y al que la ley 5188 recién resulta aplicable "en caso de discrepancia" entre el Pliego Complementario de Bases y Condiciones, los Planos de detalles, las Especificaciones Técnicas, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Cómputo y Presupuesto Oficial (artículo 5, pliego mencionado), discrepancia que la actora ni siquiera insinúa que hubiera ocurrido en el caso.

3. Subsidiariamente a los agravios anteriores, la actora aduce que, para la hipótesis de que se entienda que la ley 24.283 resulta aplicable al presente caso la Administración la ha aplicado incorrectamente.

También aquí propone diversos argumentos, los que se pasan a analizar seguidamente.

a. En primer lugar, sostiene que "deberíamos finalmente concluir en que no corresponde liquidar la deuda de la E.P.E. ... conforme al valor real y actual de los transformadores" (foja 18 vto.).

Más concretamente, alega que "para fijar el valor real y actual de la prestación no basta con cuantificar el precio de mercado que hoy tienen los transformadores.

Es necesario asimismo adquirir la misma cantidad de activos que hubiese podido comprar de haberle la E.P.E. pagado en término" (foja 20). Se adelanta que este agravio no puede ser acogido.

Es que el mismo se asienta sobre un razonamiento que, sin constituir un pedido de inconstitucionalidad de la norma -por el contrario, es propuesto "colocándonos en la hipótesis de que la misma (refiere a la ley 24.283) resultara aplicable al contrato que nos ocupa"; foja 18 vto.- soslaya la letra clara de la ley, propiciando un criterio de interpretación que se aparta abiertamente de lo allí establecido.

En este punto le asiste razón a la accionada cuando sostiene que "el razonamiento que intenta (la actora) es de absoluto corte valorista y contraviene abiertamente el espíritu y la letra de la ley, no compadeciéndose tampoco con el marco jurídico en que se inserta la norma" (foja 65 vto.).

En efecto, la ley 24.283 dice, en su único artículo, que "cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecidos por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago" (el subrayado no corresponde al original).

Como se observa, es clarísimo el parámetro escogido por el legislador a los fines de confrontar los resultados que arrojan las liquidaciones efectuadas mediante la aplicación de índices; al menos en casos como el presente, en el que se debe el valor de cosas determinadas.

No es el "valor adquisitivo" (foja 19 vto.) o el "valor de cambio" de la deuda (foja 21 vto.), sino, claramente, el valor "real y actual de la cosa".

En el sub judice, habrá de estarse al valor a junio de 1993 de 195 transformadores y de 445 aisladores (conf. datos que se extraen del dictamen de la Sub-gerencia del Área de Administración de la E.P.E. de fecha 16.7.1993 -citado-). El criterio utilizado por la Administración, pues, resulta legítimo, debiéndose rechazar la metodología propuesta por la actora en la demanda, consistente en comparar la evolución de la fórmula de variación de costos del contrato con la que marcan otros indicadores económicos.

En efecto: corresponde insistir en que la correcta aplicación de la ley 24.283 a una relación jurídica como la ahora analizada exige efectuar una comparación entre el resultado que arroja el método de variación de costos aplicable a la misma -contractual, en el caso- con el valor "real y actual" de la cosa y no con otros métodos de actualización de deudas.

b. En segundo término, aduce que el mecanismo de variación de costos del contrato no arrojaba un resultado exorbitante. El análisis de este punto exige tener presente dos aspectos previos de importancia.

El primero: se trata de un agravio que refiere exclusivamente al cálculo del valor de los transformadores, no al de los aisladores, ya que -según se indicó antes- el único agravio postulado por la contratista respecto del cálculo del valor de estos elementos refiere al descuento del 20% efectuado por la Administración.

Y el segundo es que la contratista -salvando la cuestión del descuento del 20% sobre los precios de lista y de la elección del presupuesto menor, aspectos que se analizarán más adelante- no discute que la E.P.E., mediante el dictado de la resolución 250/93, reconoció el valor real de los transformadores al año 1993.

Dicho en otras palabras: en ningún momento la recurrente afirma que el valor reconocido no era el real a dicho momento -salvando, insisto, las cuestiones del descuento y de qué presupuesto debía tomarse-; por el contrario: su argumentación principal, según se viene viendo, tiene que ver con que la Administración debió haber escogido otro método de cálculo para arribar al valor pretendido.

Pues bien, de las constancias de autos surge que la Gerencia de Administración de la E.P.E., en el dictamen del 6.7.1993, expuso -siempre dentro del rubro "provisión de transformadores - segunda etapa"- que "si el reajuste de precios se hiciera aplicando la fórmula polinómica contractual, el total a abonar a la empresa adjudicataria ascendería, en moneda del 31 de marzo de 1991, a $ 425.443,65; importe que no es aceptado por esta Gerencia" (v., en concreto, f. 18, expte. adm. nro. 16.201-180.035).

Dicha estimación guarda relación con lo expuesto por la contratista a foja 21 de autos, en el sentido de que la suma reconocida por resolución 250/93 equivale a un 28,92% de lo "realmente debido".

No se me escapa que esa comparación está efectuada con relación al método de actualización y de aplicación de intereses establecido en el decreto 3199/93 - que, como ya se aclaró, no guarda ninguna relación con la materia debatida en el presente caso-, mas tampoco pierdo de vista que, según los cálculos y argumentos expuestos por la recurrente, ese método arrojaba una cifra aun más baja que la que se obtenía con la fórmula contractual (confr. argumentos de foja 21). Dicho en otras palabras: la propia contratista está reconociendo que mediante la aplicación de la fórmula contractual se arribaba a un resultado que era mucho mayor al valor real de la prestación.

En segundo término, también la pericial contable indica que el valor a que se llegaba mediante la aplicación de la fórmula polinómica se alejaba notablemente del valor reconocido por la resolución 250/93.

Ello se extrae de las cifras que se indican en la tabla de foja 96, según la cual para el "inciso 1" -referido a los transformadores- la Administración habría reconocido un 80,76% menos que la cifra que respetara el ya desechado "valor adquisitivo" pretendido por la recurrente.

En suma, hay en la causa suficientes elementos de convicción para afirmar fundadamente que la aplicación de la fórmula de actualización establecida en el contrato conducía a un resultado sustancialmente mayor al precio estimado por la Administración como "real y actual" al año 1993 -insisto: no discutido en sí mismo por la recurrente-, con lo que queda desechado el agravio analizado.

Conclusión de lo expuesto es que la Administración obró legítimamente al haber optado por reconocer el precio que entendió que era el real de la cosa al momento del pago.

Ello, como conclusión básica, y sin perjuicio de lo que se dirá en los considerandos subsiguientes.

c. Afirma la actora que el valor de los bienes que la E.P.E. tomó como "valor actual" a los fines de efectuar la respectiva comparación estaba signado por una fuerte baja de precios originada en la apertura económica que vivió el país con la convertibilidad (punto "2.c." de la demanda; foja 24).

Este agravio es postulado sobre la base de que "al momento de fabricarse los transformadores los costos eran otros" y ellos debieron ser afrontados por la contratista (foja 24 vto.), y con el anuncio de que "con la prueba que oportunamente habremos de ofrecer y rendir, demostraremos que lo afirmado constituye un fundamento adicional para la procedencia del recurso".

Este planteo tampoco puede ser acogido.

Es que la consideración de este tipo de pautas resulta en principio extraña al sistema de la ley 24.283, y no podría ser tenida en cuenta a los fines pretendidos por la actora, consistentes en definitiva, en la introducción de una suerte de corrección al resultado al que se arriba aplicándola a los valores en juego en la relación jurídica.

Por lo demás, no puede soslayarse que los únicos medios de prueba que se orientarían a sustentar este agravio son los puntos 7 y 8 de la pericial confeccionada en la causa.

Mediante el primero se le solicita al perito que estime las "reducciones arancelarias que en el período septiembre 1987 / septiembre 1993 pudiera haber sufrido el costo de la chapa de acero al silicio de grano orientado y laminada en caliente importada" y, por el segundo, que indique la "incidencia que la prealudida chapa tiene en el costo de construcción de los transformadores de 5 Kva y 10Kva objeto de la licitación materia de autos" (v. fojas 75 vto./76). El perito informa que el derecho de importación del elemento mencionado era de 48% en el año 1987 y del 10% en el año 1993 (fojas 200/201), expresando que del cuadro que elabora sobre el tema "resulta que importar la chapa de acero al silicio de grano orientado y laminada en caliente en el año 1987, en términos arancelarios, era entre un 38% y un 43% más caros que en la actualidad".

A ello agrega que "conforme resulta de un análisis de la fórmula polinómica de repotenciación, la incidencia de la chapa de acero de silicio de grano orientado laminado en caliente equivale al 25% como componente ponderado" (foja 201).

Pues bien: aun en la hipótesis de aceptarse que en la liquidación que corresponde efectuar en virtud de la aplicación de la ley 24.283 deba tenerse en cuenta la variación de parámetros de la economía general del país -tal el ahora propuesto-, ello no sería viable en el presente caso, ya que la mera mención de la variación de los derechos de importación del elemento testigo escogido -chapa de acero al silicio orientado y laminada en caliente- no alcanza para convencer de que el valor real reconocido no respeta la justicia de equivalencias pretendida por la ley, cuya constitucionalidad -se insiste- no ha sido cuestionada.

d. La recurrente plantea que resulta ilegítimo que para reconocer el valor de los transformadores la E.P.E. hubiera tenido en cuenta el presupuesto más bajo de los que solicitó. Este agravio no puede prosperar. En efecto, la aplicación de la ley 24.283 al caso se satisface con el pago del valor "real y actual de la cosa o bien o prestación, al momento del pago". Tal como surge de las actuaciones administrativas que acompañan a la presente causa, la elección del valor finalmente reconocido tuvo su origen en la solicitud telefónica efectuada por la Gerencia de Abastecimiento de la E.P.E. (foja 23 vto., expte. adm. nro. 16.201-180.035), gestión que la recurrente no discute, ni desde el punto de vista de su regularidad, ni desde la posibilidad de que los transformadores que se tomaron en cuenta para el cálculo no fuesen de calidad similar a los por ella provistos.

En tales condiciones, el hecho de que la Administración hubiera optado por la cotización "más conveniente", no alcanza para concluir en la ilegitimidad del acto; máxime si se repara en el hecho de que la contratista, en el procedimiento licitatorio, ofreció para los ítems I-1 y I-2 (transformador tipo monofásico rural 7,62/0,231 kv - 5 kva y 10 kva, respectivamente) los precios más bajos de todos los oferentes (v. "Cuadro comparativo de ofertas de f. 3783, expte. adm. nro. 1-87-79925).

e. Finalmente, la actora sostiene que carece de sustento efectuar una deducción del 20% del precio de lista de los transformadores y aisladores. Tal como se ha expuesto precedentemente, la Administración procedió a descontar un 20% de las cifras de los presupuestos escogidos.

La única explicación orientada a justificar esta medida en sede administrativa es la que expone el Gerente de Abastecimiento el 7.7.1993, según la cual "los precios aportados son denominados 'de lista', estimándose que en una oferta concreta deberían disminuir en aproximadamente 20%" (f. 23 vto. del expte. adm. nro. 16.201-180.035).

El propio laconismo de esta apreciación -única, insisto, vinculada al punto ahora analizado- y el hecho de que está presentada sin ningún tipo de elemento adicional de convicción constituyen razones suficientes para invalidarla en cuanto fundamento de la deducción dispuesta por la Administración.

Por el contrario: las cifras informadas por la Gerencia de Abastecimiento responden al pedido efectuado el 6.7.1993 por la Gerencia Área Administración de la E.P.E., orientado a conocer el "importe que puede ser considerado como 'precio de plaza' al 30 de junio ppdo..." (proveído de f. 13, expte. adm. cit.).

Si los precios indicados en los respectivos presupuestos no correspondían, en definitiva, al concepto solicitado, la corrección respectiva debió haber provenido, en todo caso, de los proveedores consultados y no del funcionario intervinente en la consulta telefónica.

Es importante destacar que los órganos consultivos que intervinieron en el procedimiento recursorio postularon sendas observaciones al fundamento de la deducción efectuada (Dirección de Variaciones de Costos y Dirección General de Asuntos Jurídicos del M.O.S.P. y V. -fs. 32, 33 y 41, expte. adm. nro. 16.201-211.113-).

Finalmente, también debe decirse que las explicaciones que sobre el punto ofrece la Provincia en la contestación de la demanda no mejoran la suerte de su posición.

En efecto, las genéricas afirmaciones consistentes en que "el valor real y actual no refiere al mero valor o precio de la oferta o de demanda, sino al verdadero y concreto valor al que se realiza la transacción" y en que el precio concreto al que la compra y venta se produce "necesariamente conlleva una reducción del 20% sobre el precio de oferta y demanda" (foja 67), son propuestas sin ningún elemento adicional de convicción, y resultan manifiestamente insuficientes para justificar el descuento efectuado en oportunidad de confeccionar la liquidación aprobada por resolución 250/93.

Corresponde, pues, concluir que en este punto le asiste razón a la contratista.

4. Finalmente, está el agravio referido a los intereses que se aplicaron sobre la suma que arroja el ítem "provisión de transformadores-segunda etapa". La actora sostiene en concreto que se le debe reconocer "$ 137.591 en concepto de intereses sobre tal suma, calculados a un 8% anual desde septiembre 1987 a marzo 1991".

Desde abril de 1991 a la fecha de pago, pide la compensación financiera establecida por la serie de interés corregida de Caja de Ahorro común del punto 2 de la comunicación A 1828 BCRA" (foja 17).

Corresponde tener presente que en la resolución 250/93, a título de "compensación financiera" sobre el valor de los transformadores, la E.P.E. aplicó un coeficiente de 1,18022417, el que surge del "coeficiente compensación financiera punto 2 de la Comunicación 'A' 1828 punto 2 del B.C.R.A. entre el 18/Oct/91 y 23/Jun/93" (v. dictamen de la Subgerencia del Área de Administración del 16.7.1993 -citado-; concretamente, f. 24 expte. adm. nro. 16201-180.035).

Como se observa, la discrepancia que plantea la contratista respecto de los intereses refiere a dos aspectos bien diferenciados: el lapso por el cual corresponde calcularlos y la tasa que, a su criterio, debe ser aplicada.

Seguidamente se los analizará. a. En cuanto a lo primero, debe decirse que ningún argumento ha traído la demandante a los fines siquiera de explicar por qué correspondería el reconocimiento de intereses por un lapso mayor al reconocido por la E.P.E. en autos.

En efecto: más allá de la alusión de foja 17 -transcripta precedentemente- no es posible hallar en la demanda ningún argumento que describa en base a qué concreta vicisitud de la ejecución del contrato correspondería aplicar intereses desde el año 1987.

Se aclara que ello tampoco surge del escrito de revocatoria y apelación en subsidio presentado en sede administrativa.

Ello basta para desechar el planteo analizado.

b. En cuanto a la tasa aplicada en la resolución 250/93, las críticas que dirige la actora se fundan en la "teoría de los actos propios", la cual es postulada -se recuerda- sobre la base de que en el decreto 3199/93 la Administración le habría de reconocer a los contratistas de obras públicas un 8% de interés anual.

Basta para rechazar este agravio con señalar que, en el lapso mencionado por la resolución 250/93, la aplicación del coeficiente utilizado por la E.P.E. en el cálculo de los intereses -"serie de interés corregida de Caja de Ahorro común del punto 2 de la comunicación A 1828 BCRA"- permite arribar a una cifra mayor que la que arroja la aplicación del 8% anual pretendido.

En suma: los agravios propuestos por la actora con relación a los intereses no pueden prosperar.

5. Corresponde seguidamente precisar las consecuencias económicas del acogimiento parcial del recurso que se propicia en esta resolución. Con relación a los transformadores, la E.P.E. debió haber reconocido un total de $ 118.365 a valores de junio de 1993. Esta cifra surge de considerar que el importe de $ 476 indicado para los transformadores de 5 kva es, según se informa, el 80% del valor considerado ("ya detraído el 20%"), de lo que se extrae que cada uno de esos aparatos - son 147- valía $ 595.

Por su parte, los $ 515 indicados para los transformadores de 10 kva, conducen a concluir que cada uno de ellos costaba $ 643,75; se aclara que son 48.

Tomando en cuenta las cifras mencionadas, se arriba a un total de $ 118.365 en concepto de capital.

Aplicándole a esta suma la compensación financiera empleada por la Administración -la que, como ya se dijo, no se ha demostrado que fuera ilegítima-, se arriba a un total de $ 139.697,23.

Siendo que por este concepto la contratista percibió $ 111.758, se extrae una diferencia en su favor de $ 27.939,23 -siempre expresada a valores de junio de 1993-.

Con relación a los aisladores, la demandada debió haber reconocido un total de $ 13.350 (445 aisladores a razón de $ 30 cada uno) a valores de junio de 1993.

Aplicándole a esta suma la compensación financiera empleada por la Administración, se arriba a un total de $ 15.755,99 a valores de junio de 1993.

Siendo que por este concepto la contratista percibió $ 12.605, se extrae una diferencia en su favor de $ 3.150,99 -también expresada a valores de junio de 1993-.

La suma total, pues, que corresponde reconocer a la contratista (diferencia por transformadores y por aisladores) asciende a $ 31.090,22 a valores de 1993.

Voto, pues, parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez, y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto, con el alcance que surge de las consideraciones precedentes.

Condenar a la demandada a abonar a la actora en legal forma la suma de $ 31.090,22 a valores del mes de junio de 1993, la cual deberá devengar a partir de dicha fecha intereses calculados a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91.

Atento al éxito obtenido, las costas se impondrán en un 90% a la actora y en el 10% restante a la demandada (artículo 86, ley 4106).

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez, y así votaron.

En mérito a los fundamentos que anteceden la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto, con el alcance que surge de las consideraciones precedentes.

Condenar a la demandada a abonar a la actora en legal forma la suma de $ 31.090,22 a valores del mes de junio de 1993, la cual deberá devengar a partir de dicha fecha intereses calculados a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91.

Costas en un 90% a la actora y en el 10% restante a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)