Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-04


Buenos Aires,	4	de julio de 2016	Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) solicitó el 16 de septiembre de 2011 la autorización judicial para proceder a la sepultura de las personas que se encuentran en las heladeras del "Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand" individualizadas en el escrito de fs. 2/4, de conformidad con lo establecido por la ley n° 26.413.

2. Posteriormente (fs. 2/8 vuelta de los autos principales, foliatura a la que se hará referencia en adelante salvo expresa mención), el GCBA recusó al magistrado interviniente en primera instancia, Dr. Roberto Andrés Gallardo.

La recusación fue rechazada, por mayoría, por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 28 y vuelta).

3. El GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 33/41 vuelta) que fue declarado inadmisible por la Sala III, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva (fs. 44 y vuelta).

4. La Ciudad recurrió en queja (fs. 26/39, del recurso de hecho).

5. Corridas las vistas respectivas, la Sra. Asesora General Tutelar estimó que no le correspondía expedirse (fs. 60/60 vuelta, de la queja) y el Sr. Fiscal General se pronunció en el sentido de admitir la queja y el recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia de Cámara y enviar las actuaciones a dicho estrado a fin de que se sortee un nuevo magistrado de la instancia de grado (fs. 82/85, de la queja).

Fundamentos:

Los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

1. El GCBA acude en queja ante este Estrado para mantener los agravios expuestos en el recurso de inconstitucionalidad que dedujo contra la resolución de la Sala III de la Cámara CAyT que había rechazado su recusación fundada en el art. 11, inc. 6, del CCAyT -por "haber sido el/la juez/a defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado"-; y en el art. 11, inc. 9, de ese mismo cuerpo legal -esto es, por "tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya comenzado a conocer del asunto"-; ello en el marco de una acción iniciada por el GCBA con el objeto de obtener autorización judicial, en los términos del art. 60 de la ley nº 26.413, para proceder al entierro de ciertos óbitos que se encontrarían en hospitales públicos de la Ciudad. 2. Si bien las decisiones sobre recusaciones, en principio, son ajenas a la vía extraordinaria local por no tratarse de sentencias definitivas (doctrina de Fallos: 291:575; 302:346, entre muchos otros; aplicable mutatis mutandis al recurso de inconstitucionalidad local), corresponde apartarse de esa regla cuando el ejercicio del derecho de defensa en juicio se vería irremediablemente frustrado si esta revisión fuere pospuesta (doctrina de Fallos: 307:1457; entre otros). Ello ocurre en el caso sub examine pues el GCBA ha explicado suficientemente que, por encontrarse en juego la garantía constitucional de juez imparcial, corresponde que la tutela opere de modo inmediato, en tanto la prolongación del proceso genera a su respecto perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior; máxime teniendo en cuenta el particular objeto del presente proceso voluntario instado por el GCBA.

3. En lo que aquí importa, la alzada -por remisión al dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones- desestimó el planteo de recusación por la primera causal con fundamento en que "en el caso de autos, en mi opinión, no se ha configurado prejuzgamiento. Antes bien, los fundamentos expresados para dar sustento a la causal invocada, en realidad demuestran la discrepancia con lo decidido por el juez a quo, lo cual debe ser encauzado por las herramientas procesales idóneas -vgr. recurso de apelación-" (fs. 14 vuelta del expte. nº 42492/3).

En este punto, el GCBA se agravia de la resolución de la Cámara alegando la falta de imparcialidad del magistrado interviniente por haber desplegado de oficio diversas actividades como "allanamientos a las morgues de los hospitales, secuestro de documentación, secuestro de cuerpos y fetos en los referidos nosocomios, dio intervención a la policía científica, citó a médicos de los hospitales, etc". Desde su punto de vista, aquellas evidenciarían su palmaria intención de no autorizar las licencias de inhumación solicitadas en el escrito de inicio; lo que se vería indubitablemente corroborado en las expresiones vertidas en el informe previsto en el art. 16, inc. 2, del CAyT, que darían cuenta de su claro posicionamiento sobre la cuestión sometida a su conocimiento al hacer referencia a "determinadas irregularidades y a la posible comisión de delitos" en el marco de un procedimiento cuyo único objeto era decidir acerca del tardío registro de la muerte de una persona (fs. 39 vuelta del expte nº 42492/3).

4. Aun cuando el instituto de la recusación con causa creado por el Legislador es un mecanismo de excepción y de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos para casos extraordinarios -pues su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional de juez natural (doctrina de Fallos: 319:758; 326:1512; entre otros)-, es posible entender que puedan existir otros supuestos, no expresamente previstos, en que la imparcialidad puede ser puesta en tela de juicio. El apartamiento del juez corresponde cuando existe razonable temor de que esté influido, respecto del resultado del pleito por razones distintas a las que constituyen el contenido del debate (conf. sentencia de este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Dorelle, Daniel Héctor y otros c/ GCBA s/ recusación (art. 16 CCAyT)", expte. nº 6190/08, del 05/03/2009 y doctrina de la CSJN en Fallos: 328:1491 "Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones -arts. 104 y 89 del CP- causa 3221").

En ese escenario, la conclusión del a quo que no tuvo por acreditadas las causales de recusación no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa.

En este sentido, el GCBA alegó que las medidas adoptadas por el magistrado interviniente -dentro de las cuales enumeró: allanamientos de hospitales y de la Dirección General de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, secuestros de libros y de fetos, implantación de consignas policiales en las cámaras frigoríficas de las morgues-, vinieron a constituir una suerte de investigación penal sui generis desplegada de oficio y en completo desborde del objeto de la litis; las que podían considerarse enderezadas en contra de los intereses del GCBA accionante y en desmedro de su derecho de defensa en juicio (ver fs. 2/9 del expte nº 42492/3).

Por su parte, en el informe obrante a fs. 10/12 del expte nº 42492/3, el juez Gallardo hizo referencia a que en el curso del presente proceso -que aún no cuenta con sentencia de primera instancia- advirtió diversas anomalías que afectaban de modo esencial la validez de los certificados médicos de defunción de los occisos cuya inhumación se pretende. Puntualmente, expresó que "toda la documentación manifiestamente irregular e incompleta fue presentada por el propio Gobierno peticionante y avalada por diversos miembros de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que intervinieron en la tramitación de los respectivos y dispusieron el inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la obtención de licencias de inhumación.." Para justificar las acciones desplegadas de oficio, el juez Gallardo alegó que "la extrema gravedad de la situación ameritaba la adopción de medidas más eficaces, como la constatación directa de lugares y el secuestro de documentación relativa a las defunciones. / La necesidad de recurrir a la vía más extrema del allanamiento y secuestro de documentación quedó confirmada por el resultado del procedimiento realizado el día 2 de agosto pasado. Durante el mismo se constató, entre otras cosas, que algunos de los cuerpos cuya inhumación se solicitaba no existen. lo cierto es que las irregularidades, relacionadas ya no sólo con la documentación acreditativa de las defunciones sino también con la propia existencia de los cuerpos cuya inhumación se peticiona, resultaron ser de tal entidad que el Ministerio Pupilar requirió al suscripto la adopción de medidas similares con relación a los restantes hospitales de la Ciudad". Finalmente, afirmó que "sin perjuicio del curso dado a la pertinente denuncia penal ya formulada. el suscripto, lejos de incurrir en una extralimitación en el ejercicio jurisdiccional, se limitó a realizar los actos que la ley y la Constitución le imponen. / En concordancia con lo señalado por el Ministerio Pupilar, hago presente que muchos de los cuerpos hallados en las morgues fueron objeto de supresión y/o adulteración de la identidad.".

A partir de lo expuesto, asiste razón al GCBA cuando plantea la falta de imparcialidad del magistrado recusado.

Es que, en este caso, cabe advertir que la intervención judicial en cuestión no se debió a la necesidad de adoptar una medida cautelar, solicitada por parte legitimada, que haya demandado el escrutinio preliminar y provisional sobre la apariencia del derecho invocado; sino de diligencias decretadas unilateralmente por el magistrado en el marco de un proceso voluntario promovido por el propio GCBA.

De todas maneras, cualquiera sea el acierto o error de las medidas adoptadas durante la tramitación del presente proceso -las cuales, como señaló el Ministerio Público ante la Cámara, pudieron haber sido cuestionadas mediante la interposición de los pertinentes recursos judiciales, por lo que no corresponde aquí adelantar opinión al respecto-, de las constancias de la causa surge que el juez Gallardo ciertamente -al menos sin margen de dudas desde el momento en que suscribió el informe transcripto precedentemente- toma una actitud y revela pareceres que pueden razonablemente ser entendidos por quien los conoce, como indicadores de una opinión preconcebida. Ello da derecho a la parte a requerir la intervención de un juez en quien no pueda ver motivos para sentir alarma. En tales condiciones, resulta procedente la recusación planteada.

5. Cabe señalar aquí una vez más que la decisión que se propicia no importa abrir juicio sobre las consecuencias que habrán de derivarse a partir de las diligencias practicadas -algunas de las cuales estarían siendo investigadas en el marco de un proceso penal instado por el propio magistrado Gallardo mediante la pertinente denuncia-. Más aun cuando la actuación haya sido desplegada con la convicción de ejercer con sumo compromiso la magistratura, en ese ejercicio el juez debe garantizar una intervención que se exhiba imparcial y respetuosa del derecho de defensa de las partes involucradas, cualquiera sea la resolución que finalmente corresponda adoptar frente a una petición como la esgrimida por el GCBA en la presente causa.

6. Finalmente, por el modo en que aquí se resuelve, resulta innecesario expedirse respecto de los restantes planteos formulados por el GCBA.

Por los motivos expuestos, votamos por admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad del GCBA; revocar la decisión de la Cámara CAyT de fecha 9 de abril de 2014 que rechazó la recusación articulada; hacer lugar a la recusación planteada por el GCBA y devolver las actuaciones con esta queja a la Cámara CAyT, a sus efectos.

Así lo votamos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Corresponde rechazar la queja que interpusiera, oportunamente, el GCBA (fs. 26/34).

2. La presentación directa no satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402.

Las consideraciones vertidas en el recurso en análisis no alcanzan a rebatir los argumentos que expusiera la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario en torno a la ausencia de sentencia definitiva o asimilable.

Es oportuno recordar, aquí, los términos en los que se pronunciara la Cámara: "[L]as cuestiones atinentes a la recusación de los jueces de la causa, como regla, no dan lugar al recurso extraordinario, por no tratarse de sentencias definitivas" (fs. 24/24 vuelta).

A su turno, el GCBA se limitó a afirmar que el auto denegatorio incurre en arbitrariedad y dogmatismo.

Sus dichos no fueron acompañados de una exposición seria que los justifiquen o respalden. Por el contrario, el escrito en análisis exhibe -tan solo- el dogmatismo y la generalidad que el impugnante atribuye al auto interlocutorio de la Cámara.

Como tengo dicho, es requisito necesario de la queja que contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad ("Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa nº 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expediente nº 865, resolución del 09/04/01). Y, dicho recaudo no se verifica en el caso.

3. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja del GCBA (fs. 26/34).

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 28 y vuelta de los autos principales y hacer lugar a la recusación planteada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.

La juez Ana María Conde no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.