Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-05-06


La Plata, mayo 6 de 2009.

1º ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto cuestiona la atribución al recurrente de un obrar antijurídico y culpable? Caso negativo: 2º ¿Lo es en cuanto cuestiona la condena a publicar? En su caso: 3º ¿Lo es en cuanto cuestiona la indemnización concedida por perjuicios materiales? En su caso: 4º ¿Lo es en cuanto cuestiona el resarcimiento por daño moral? 1º cuestión.- El doctor Hitters dijo:

I. La Cámara confirmó la sentencia única de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, modificándola en lo que hace al monto del daño material concedido al coactor G., en cuanto al contenido de las publicaciones que se mandan a efectuar y a las costas de las excepciones, las que se imponen por su orden.

Basó su decisión, en lo que interesa al recurso, en que:

Corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva con respecto a las imputaciones de los funcionarios de la accionada en el expediente penal 66.838 las que no fueron alegadas por la reclamante, correspondiendo por las particularidades de la causa la imposición de costas por su orden.

Debe mantenerse el acogimiento de la excepción de prescripción, imponiendo las costas por su orden en razón de que las publicaciones no alcanzadas por ella han permitido acoger la demanda.

La propia accionada reconoce que entregó al diario "El Oeste" para su publicación el documento que acompaña y que coincide con la información que llegó al público consistente en partes del fallo norteamericano, con lo cual admite que medió un proceso de selección de lo que le interesaba que se difundiera, lo que también surge de la lectura de la misma.

Resulta evidente a la luz de la prueba producida que Dupont S.A., autora de la selección de las partes del fallo que quiso difundir, tiene también autoría intelectual sobre las publicaciones, las que solicitó a los dos diarios locales. Estos se limitaron a dar curso al pedido de la empresa dando a publicidad una noticia con respecto a un hecho público en un contexto donde la misma anunciaba sus planes futuros. De la propia expresión de agravios surge un reconocimiento de su texto.

Medió culpa de Dupont Argentina S.A. cuando a los pocos días de haberse publicado un fallo absolutorio de la justicia argentina, única habilitada para juzgar los hechos cometidos por los accionantes en su planta industrial de Mercedes, selecciona párrafos de una sentencia emitida por un tribunal extranjero que no estaba juzgando dichos eventos, para publicitar la noticia de un robo y sustracción de documentos en su planta fabril, salpicando antijurídicamente la reputación de los actores y debiendo resarcir los perjuicios causados.

II. Contra esta resolución se alza la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 521, 901, 902, 903, 906, 1069, 1078, 1109 del Código Civil, 384, 163 inc. 5 ap. final, 164, 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita. Tacha de absurdo el pronunciamiento. Plantea el caso federal.

1) La culpa atribuida se basa en la incorrecta aplicación de la ley y en errores configurativos de absurdo, toda vez que lo que los diarios de Mercedes publicaron fueron extractos de una sentencia dictada por tribunales de los Estados Unidos sobre hechos no juzgados en la Argentina.

2) La información fue proporcionada a los periódicos locales por la demandada pero lo fue con la precisa indicación de la fuente y sin añadir observación, comentario o valoración alguna a los datos.

3) Se parte de un presupuesto de hecho falso, cual es atribuir un párrafo que corresponde a la sentencia extranjera a la obra de la demandada; quien no elaboró la información ni la publicó, se limitó a transmitir a los periódicos locales el texto fiel de una sentencia extranjera.

4) El autor de la conducta dañosa ha sido el editor del periódico, pero no quien se limitó a proporcionar la información, no existiendo relación de causalidad entre la conducta del quejoso y el hipotético daño que la noticia pudo haber producido, ya que ésta nació recién con la efectiva publicación de la información, antes de que ello acaeciera, nadie tuvo ese conocimiento más que la demandada y los diarios.

5) El fallo asignó arbitrariamente autoría intelectual de las publicaciones, toda vez que si bien hubo un requerimiento, se rompe el esquema lógico de razonamiento y se incurre en arbitrariedad al identificar "solicitud" con "autoría" o "paternidad" a lo que no fue más que la transmisión del dato fiel de una sentencia extranjera sin adicionarle párrafos ni valoraciones.

6) Los hechos de la causa no permiten subsumir el caso en la disposición del art. 1109 del Código Civil, porque no hubo culpa en la demandada, sino que la misma ejerció un derecho constitucional como es el de difundir información.

7) La publicación de un informe, de una carta, de cualquier documento, hecha sin alteración, sin afectar sus contenidos cuando hay una indicación de las fuentes, no genera responsabilidad para quien las publica. No hay nada que no sea veraz y Dupont S.A. que dio la información, no hizo comentario o valoración alguna acerca de la sentencia, tampoco la hicieron los periódicos que publicaron la información recibida.

8) La circunstancia invocada de que esas publicaciones fueron hechas poco después de haberse publicado en esos diarios locales la sentencia que absolvió a los actores en los tribunales penales de Mercedes, no torna ilícito lo que es absolutamente legítimo, lo que excluye la culpa y priva de sostén a las normas que invoca la parte actora.

9) Nunca la demandada ni en causa judicial alguna ni en ningún periódico habló de robo ni sustracción de documentación, toda vez que con la publicación del 24, 25 y 26 de marzo de 1992 no se hizo más que aclarar cual era el real alcance de la sentencia que en Estados Unidos absolvió a los actores del cargo de extorsión por el que se los había condenado, ampliando una noticia publicada ya un año antes por el diario Clarín. Ninguna de las dos publicaciones mereció respuesta alguna, ningún agravio exteriorizaron hacia ella los actores.

III. Entiendo que la respuesta que cabe dar al primer interrogante es negativa.

a) El a quo determinó, en síntesis, la condena a la accionada al concluir que era la autora de la selección de párrafos de una sentencia de un tribunal extranjero y responsable de que ella sea conocida por la opinión general a través de los artículos de fecha 25 y 26 de marzo de 1992 en el diario "La Hora" y "El Oeste" de fecha 24 del mismo mes y año, entendiendo que tal conducta lesionó la reputación de los actores, circunscribiendo así el cuadro litigioso a estos hechos puntuales por haber declarado procedentes la excepción de prescripción y la de legitimación pasiva.

Entiendo, en virtud de la configuración de la causa y del modo en que ha quedado trabada la litis, que no resultan aplicables los precedentes del expediente causa P. 42.573 (sent. del 27-II-1990) que no se corresponde con las circunstancias fácticas debatidas en este proceso, ni lo citado en relación al Ac. 55.534 (sent. del 23-III-1999) que no constituye doctrina legal. Ello así, toda vez que aquí no surge la imputación al ente que publicara la noticia, sino a quien fuera el autor intelectual de una selección de información (en el caso el texto de una sentencia extranjera) y responsable de su publicación, obrar que a juicio del a quo resulta antijurídico y dañoso.

Consecuentemente, no se halla lesionado, a pesar de lo que afirma el recurrente, el derecho constitucional de difundir información, sino lo que se le ha imputado a título personal a la accionada es el obrar culpable derivado de la especial forma en que seleccionó y presentó la noticia y de las circunstancias témporo espaciales en que la diera a difusión, por lo que no cabe en este aspecto atender a sus agravios que sostienen el menoscabo al derecho de informar, ni lo deducido en torno a la violación de la libertad de prensa.

En este orden de ideas, es la propia legitimada pasiva -aún en esta instancia extraordinaria- quien reconoce ser la autora de la selección de los párrafos de la sentencia extranjera, admitiendo asimismo ser quien proporcionó dicha información a los medios que la expusieran al conocimiento público.

No resulta, por ende, absurda la conclusión sobre la paternidad de dicha selección, a la que llega la Cámara, pese a los cuestionamientos que introduce la recurrente en tal aspecto, ni tampoco incurre en tal vicio el juzgador de grado al afirmar que la misma fue proporcionada a los medios para su difusión, extremo reconocido por la impugnante.

Tampoco ha incurrido en absurdo al afirmar en el pronunciamiento la autoría intelectual de la noticia armada sobre párrafos de la sentencia extranjera, toda vez que pese a discrepar el quejoso con los conceptos vertidos por el juzgador de grado, dicha conclusión puede extraerse de su sola lectura y del análisis de los términos que en ella se emplean, no resultando por ende atendibles los cuestionamientos que introduce sobre la indicación y veracidad de la fuente, la transcripción fiel de la sentencia y la ausencia de valoración de lo informado.

No ha sido tampoco desplazado el argumento del juzgador de origen sobre la antijuridicidad del obrar de Dupont S.A. basado en las especiales circunstancias fácticas de la causa, las que no pueden ser abordadas en esta instancia extraordinaria salvo absurdo, que debe ser demostrado, siendo de buena técnica recursiva usar con ese fin frases cortas y claras, porque para acreditar lo contrario a la razón no se requiere una larga prédica. Más que "demostrado" debe ser "mostrado", "puesto en evidencia" (conf. Ac. 52.638, sent. del 5-IX-1995; Ac. 57.507, sent. del 12-III-1996 en "La Ley Buenos Aires", 1996-568; Ac. 58.282, sent. del 4-III-1997; Ac. 59.304, sent. del 10-III-1998; Ac. 58.939, sent. del 23-III-1999), objetivo que no ha sido logrado por el recurrente.

En definitiva no ha acreditado el quejoso que los fundamentos dados en el fallo para atribuirle responsabilidad por haber incurrido en un obrar antijurídico y culpable resulten producto de un razonamiento erróneo, debiendo desestimarse sus cuestionamientos en tal aspecto.

Por todo ello, doy mi voto por la negativa.

Los doctores Pettigiani, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan y Soria por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron la primera cuestión también por la negativa.

2º cuestión.- El doctor Hitters dijo:

1. La Cámara expresó que el agraviado por el ejercicio abusivo, inexacto o agraviante de la información periodística que fue lesionado en su dignidad, honra, sentimientos o intimidad tiene el derecho de rectificación, el que también propende a la reparación integral.

2. Cuestiona este aspecto de la decisión el impugnante, sosteniendo que la condena a publicar no reconoce precedente alguno en la jurisprudencia y no encuentra fundamento legal, excediendo la pretensión de los actores e imponiendo coercitivamente una retractación humillante, violentando la garantía de la defensa en juicio.

3. En mi opinión, no resultan atendibles los cuestionamientos introducidos en relación a la condena a publicar que contiene el fallo, toda vez que ella resulta un modo de reparación natural de la ofensa para el honor, es decir un medio de reponer las cosas al estado anterior al hecho (art. 1083 del Código Civil), no logrando desvirtuar el apelante los fundamentos dados por la Cámara para su imposición.

Por ello, doy mi voto por la negativa.

Los doctores Pettigiani, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan y Soria por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron la segunda cuestión también por la negativa.

3º cuestión.- El doctor Hitters dijo:

1. La Cámara concluyó en que el prudente arbitrio judicial que al juzgador le otorga el art. 165 tercer párrafo de la ley adjetiva debe estar suficientemente asistida de elasticidad, no brindando las partes razones palpables que persuadan de la necesidad de modificar la suma concedida por la juzgadora.

Añadió que en cuanto al coactor P., no se encuentra habilitada la instancia por agravios que puntual y concretamente persuadan de la necesidad de alterar el monto resarcitorio otorgado.

2. Frente a tal decisión, aduce el recurrente que ningún daño fue acreditado por los coactores I. y G., resultando exorbitante la indemnización reconocida, excediéndose el marco del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial toda vez que no se acreditó la lesión. En cuanto a P., no se encuentra demostrado que el mismo haya sufrido perjuicio en sus posibilidades laborales en razón de las publicaciones hechas por dos diarios locales, estando probado que antes de las mismas encontró dificultades de empleo y que ellas no pudieron verse afectadas por esas publicaciones, por lo que la indemnización es desmesurada y absurda.

3. Juzgo que le asiste razón al quejoso en cuanto cuestiona la indemnización concedida a los accionantes por los perjuicios materiales sufridos.

Conforme expusiera al votar la primera cuestión, el debate ha quedado limitado -en virtud de la procedencia de las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción- a la selección y publicación de la información ya referenciada en sendos periódicos locales.

Debe recordarse que para que alguien tenga que responder por el perjuicio que sufra otro deben concurrir necesariamente varios elementos: antijuricidad; daño; relación causal entre la actuación antijurídica y el perjuicio; y factores de imputabilidad por culpa o dolo o atribución legal de responsabilidad (conf. Ac. 40.790, sent. del 13-VI- 1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-II, 390, "D.J.B.A.", 137-25 del voto en minoría del doctor Mercader). En las presentes actuaciones reviste especial relevancia atender a la existencia de relación causal entre el hecho reputado antijurídico y el daño que se dice causado. Si bien determinar su existencia constituye una cuestión de hecho, no abordable en la instancia extraordinaria si no se logra demostrar que el juzgador ha incurrido en absurda valoración de la prueba (conf. Ac. 37.673, sent. del 3-V-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-II-12; Ac. 57.347, sent. del 8-VIII-1995; Ac. 57.838, sent. del 12-XI-1996; Ac. 66.562, sent. del 3- VI-1997; Ac. 64.719, sent. del 23-II-1999).

Entiendo que el a quo ha caído en tal defecto lógico al concluir que los daños materiales tienen nexo adecuado de causalidad con las publicaciones analizadas.

En este orden de ideas, el Código Civil recepta expresamente la teoría de la causa adecuada, que aquilata la adecuación de la misma en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos. Implica el concepto de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según esta interpretación, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (conf. Goldenberg, Isidoro, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Ed. Astrea, Bs. As. 1984, pág. 32).

En materia civilística el requisito causal constituye condición general de la responsabilidad. Cumple además otra importante función: precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (op. cit. pág. 55).

Conforme se expusiera supra de acuerdo a los hechos debatidos en esta causa, la publicación se efectuó en dos diarios que revisten la calidad de ser locales, con consecuentemente un radio circunscripto de circulación.

Es mi parecer que no se encuentra probada la relación causal entre la selección y puesta en conocimiento de la información por parte de la accionada y los daños sufridos por los reclamantes, toda vez que no existe elemento probatorio alguno que demuestre que las publicaciones en los diarios locales perjudicaran las posibilidades laborales, profesionales o influyeran en la situación económica de los actores, extremo que debe ser fehacientemente acreditado para dar lugar a la condena pretendida.En tal orden de ideas, debe recordarse que el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, autoriza al juez a fijar el importe del resarcimiento -quantum debeatur- cuando no estuviera justificado su monto, pero nunca a tener por demostrado un perjuicio -an debeatur- acerca del cual no se rindieron las pruebas pertinentes (conf. Ac. 42.528, sent. del 19-VI-1990, "Acuerdos y Sentencias", 1990-II-539; Ac. 60.664, sent. del 20-V-1997).

Se halla teñida entonces de absurdo la decisión del a quo que concede indemnización a A.I., R. G. y J. M. P. por los rubros materiales que propone, toda vez que no se ha acreditado el nexo causal adecuado con los hechos juzgados, no correspondiendo por ende conceder resarcimiento a cargo de la accionada por los mismos (art. 375 del C.P.C.C.).

4. Propongo pues, revocar la sentencia recurrida en tal aspecto, desestimando el rubro daño material concedido a los accionantes.

Voto por la afirmativa.

El doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto del doctor Hitters y doy mi voto por la afirmativa.

El doctor de Lázzari dijo:

1. Disiento en este punto con lo opinado por el señor Juez doctor Hitters, por entender que en este aspecto, el recurso resulta igualmente improcedente.

2. Al formular su crítica en materia de perjuicio patrimonial, la parte demandada discrimina la situación particular de cada uno de los actores. Así, A) En lo concerniente a I. (fs. 695/696), emplaza su argumentación en torno a la inexistencia de una conducta ilícita, requisito esencial de toda indemnización (fs. 695); expresa que no hay daño porque el supuesto perjudicado se encuentra en una posición económica equivalente a la que poseía al momento de su separación de Dupont, no habiendo demostrado que después de las publicaciones hayan mermado o sufrido alteración alguna sus condiciones de trabajo (fs. 695 vta.); alude a que no se valoraron otras publicaciones (Clarín) que debieron influir en detrimento del interesado (fs. 695 vta.); sostiene que no fue acreditado ningún daño (fs. 696); desarrolla el alcance del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto autoriza a fijar resarcimiento cuando no estuviera justificado su monto pero nunca a tener por demostrado un perjuicio acerca del cual no se rindieron las pruebas pertinentes (fs. 696); invocando, finalmente, que el monto puede ser revisado en esta instancia (fs. 696).

B) Sobre G. (fs. 696 vta.) aduce iguales razones al anterior (misma foja); agrega que percibe $ 4800 como ingreso mensual lo que revela que las publicaciones no influyeron en sus posibilidades profesionales (fs. 696 vta.); y concluye que la indemnización es exorbitante y quebranta las reglas de la sana crítica que consagra el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 696 vta.).

C) Al ocuparse de P. (fs. 697 y vta.), establece en primer lugar que le resultan aplicables las consideraciones vertidas precedentemente sobre la inexistencia de una conducta ilícita (fs. 697); entiende que no está demostrado el perjuicio, ya que dicho coactor ya tenía dificultades laborales con anterioridad a las publicaciones (fs. 697); reitera que P. no ha sido mencionado en ellas (fs. 697 vta.) y, por último, que el monto otorgado es desmesurado y absurdo, proveniente en suma de la voluntad discrecional del juzgador (fs. 697 vta.).

Como puede apreciarse, se trata en todos los casos de meras discrepancias en torno a precisas cuestiones de hecho, en las que no se denuncia ni demuestra la existencia de absurdo ni tampoco media protesta de infracción de normativa alguna (a salvo la genérica invocación de las reglas de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba establecido en el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, en el caso de G.). La pretendida licitud de la conducta de la demandada constituye materia ya desestimada al tratarse la primera cuestión. La alegada inexistencia de prueba sobre la existencia del daño omite la confrontación con los elementos de juicio concretos apreciados en las instancias ordinarias. Y, particularmente, el recaudo de que el daño guarde adecuada relación de causalidad con la conducta antijurídica no es siquiera insinuado en el alzamiento. En tales condiciones, mal podría este Tribunal superar tales falencias y abocarse a la dilucidación de cuestiones que, en virtud de tales insuficiencias, pasan a adquirir firmeza.

Por ello, doy mi voto por la negativa.

El doctor Negri dijo:

Adhiero al voto del doctor de Lázzari y doy mi voto por la negativa.

El doctor Genoud dijo:

Adhiero al voto del doctor Hitters y doy mi voto por la afirmativa.

Los doctores Kogan y Soria por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la tercera cuestión también por la negativa.

4º cuestión.- El doctor Hitters dijo:

1. Entendió el a quo que el daño moral tiene carácter resarcitorio, debiendo ponderarse la índole, hondura y perdurabilidad de las desdichas del lesionado a causa del acto ilícito a fin de otorgarle el goce de otros bienes en consonancia con la magnitud de aquélla, no debiendo descartarse en este marco la conducta del ofensor. El mismo no debe guardar proporcionalidad con lo concedido en el territorio del daño material.

2. Se alza la parte demandada, aduciendo que no corresponde el resarcimiento del daño moral en razón de que falta el presupuesto de la ilicitud en la conducta de la accionada.

3. La queja es fundada.

En relación al resarcimiento derivado del daño moral, cuya concesión ha sido expresamente cuestionada por el impugnante, corresponde señalar que su reconocimiento y tarifación dependen en principio del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que resulte necesaria otra precisión, siendo su apreciación cuestión de hecho irrevisable por esta Corte salvo supuesto de que la misma resulte absurda o irrazonable (conf. Ac. 53.951, sent. del 1-II-1994; Ac. 57.523 sent. del 28-V-1996; Ac. 65.492, sent. del 24-VIII-1993).

En lo que respecta a este rubro indemnizatorio, considero que se acreditó por la recurrente el absurdo en que ha incurrido la Cámara en el iter recorrido para cuantificarlo.

El a quo concedió que tal perjuicio tiene carácter resarcitorio (v. fs. 2077 vta.). A su vez, tuvo como adecuadas las estimaciones realizadas por la juzgadora de primer grado, las cuales propuso confirmar (v. fs. 2079 vta.). Simultáneamente, aclaró que debía llevarse en cuenta que también reviste naturaleza reparatoria de ambas índoles de daños acogidos (material y moral) la publicación ordenada en el fallo de primer orden y mantenida en la decisión en crisis (v. fs. 2080).

Entiendo que pese a su discurrir la alzada no reconoció al último tópico mencionado (publicación rectificatoria) su real incidencia sobre el quantum que adjudicó por resarcimiento extrapatrimonial en definitiva. Ello, en tanto no advirtió que en la sentencia que estaba revisando -la que confirmó en este aspecto por considerarla justa- sólo se computaban como factores relevantes para la justipreciación del daño moral el lugar que ocupan socialmente los actores y la familia que tienen (v. fs. 1915 y vta. y 1916 vta.).

Soy de la opinión que dadas las particulares circunstancias de esta causa, debió valorarse como un factor decisivo la condena a publicar. Porque al tomar estado público -por idénticos medios- el fallo que da cuenta sobre la falsedad de la noticia difundida en dos diarios locales de la ciudad de Mercedes, la esfera extrapatrimonial de los demandantes, aunque muy tardíamente, se recompondrá casi por completo. De tal modo que la función resarcitoria del dinero (por vía satisfactiva) deberá tener un alcance menor del habitual en el sub discussio, desde que la proyección futura de tan especial perjuicio se desvanecerá (en gran parte al recolocarse las cosas en un lugar casi similar al momento anterior al detrimento causado. O lo que resulta igual: a partir de allí los accionantes verán cesar paulatinamente la "vergüenza inmerecida" y podrán restaurar la "propia autoestima ética" (v. fs. 2079 vta.). Por lo que llevo dicho, entiendo prudente reducir a la mitad la indemnización fijada por el a quo en concepto de daño moral (conforme arts. 1078, 1083 y ccs. del Código Civil; 165, 384 y ccs., C.P.C.C.).

4. Si lo que expongo es compartido corresponde hacer lugar en este aspecto al recurso interpuesto y, en consecuencia, casar la sentencia reduciendo a la mitad el importe fijado en concepto de resarcimiento extrapatrimonial para cada uno de los accionantes; con costas de esta instancia por su orden (arts. 68 y 289 del Código Procesal Civil y Comercial).

Con el alcance señalado, voto por la afirmativa.

El doctor Pettigiani dijo:

Adhiero a la opinión del doctor Hitters, dando mi voto por la afirmativa.

El doctor de Lázzari dijo:

1. Disiento con lo expuesto por el señor Juez preopinante, en tanto considero que la impugnación resulta insuficiente al cuestionar la indemnización por la que procede el daño moral.

2. El recurso, en este aspecto, abarca a todos los accionantes (fs. 697/698 vta.), y en él se controvierte la ilicitud de la conducta de la demandada, que el monto acordado es irrazonable y debió considerarse la influencia perniciosa de otras publicaciones (fs. 698). Sobre la existencia del hecho ilícito remito a la primera cuestión. En lo restante, aprecio que no se ha indicado violación o errónea interpretación de texto legal alguno, ni denunciado absurdo ni demostrada infracción lógica. Corresponde su rechazo.

3. Por lo expuesto, estimo improcedente el recurso en este aspecto.

Voto por la negativa.

El doctor Negri dijo:

Adhiero a la opinión del doctor de Lázzari, dando mi voto por la negativa.

El doctor Genoud dijo:

Adhiero a la opinión del doctor Hitters, dando mi voto por la afirmativa.

La doctora Kogan dijo:

Adhiero a la opinión del doctor de Lázzari, dando mi voto por la negativa.

El doctor Soria dijo:

Adhiero al voto del doctor de Lázzari en cuanto juzga insuficiente el recurso contra tal parcela del fallo (art. 279 del C.P.C.C.).

En efecto, si bien la recurrente tacha de absurdo el pronunciamiento en crisis (v. fs. 686), los escasos párrafos destinados a revertir la admisión y cuantía de lo decidido por el tribunal de la instancia respecto del daño moral no sólo apuntan a controvertir la ilicitud de la conducta atribuida a su parte -aspecto ya analizado al tratar la primera cuestión- sino que lejos están de evidenciar la existencia de grave vicio valorativo denunciado (v. fs. 697 vta./698).

Por ello, doy mi voto por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). Los depósitos previos de $ 25.000 efectuado a fs. 670 y $ 22.500 efectuado a fs. 712, quedan perdidos para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002). - Eduardo Julio Pettigiani.- Hilda Kogan.- Luis Esteban Genoud.- Juan Carlos Hitters.- Héctor Negri.- Eduardo Néstor de Lázzari.