Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-08-08


Salta, 08 de agosto de 2016.	(Tomo 206:771/794) Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C AGUIRRE, RUBÉN ÁNGEL; ANDRADA, RODRIGO IVÁN Y OTROS - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Expte. Nº CJS 37.925/15), y	___________________________ CONSIDERANDO:	Los Dres. Susana Graciela Kauffman, Ernesto R. Samsón, dijeron:	1º) Que a fs. 96/116 vta. el Dr. Pedro Oscar García Castiella, abogado defensor de Rubén Ángel Aguirre y de Rodrigo Iván Andrada interpone recurso extraordinario federal en contra de la resolución de esta Corte de Justicia del 12 de noviembre de 2015 (fs. 19/21 vta.) que no hizo lugar al recurso de reposición planteado._	Afirma que el presente recurso comprende la causal de arbitrariedad advertida en ocasión de haberse denegado la concesión del recurso de inconstitucionalidad provincial interpuesto en aras de cumplimentar y habilitar la vía recursiva federal, así como las causales de arbitrariedad y nulidad de la sentencia de condena.	Sostiene que la sentencia de fondo deviene en arbitraria por fundarse en una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva, al haberse corrompido la valoración de prueba (basada sólo en dichos del denunciante) a los fines de determinar la responsabilidad del encausado y el "quantum" punitivo pertinente.	Indica que sus defendidos, Andrada y Aguirre, se notificaron personalmente de la resolución de la Sala I del Tribunal de Impugnación, dictada en Expte. Nº 116.868/14, mediante la cual se deniega el recurso de inconstitucionalidad local interpuesto por la defensa, por lo que presentan "in pauperis" queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, solicitando se notifique a la defensa técnica para fundamentar y motivar el recurso dentro del plazo que al efecto se le conceda.	Agrega que la presentación fue rechazada "in limine" por la Corte de Justicia al no haber cumplido con la formalidad del recurso de queja, en alusión a la Acordada 11224, razón por la que la defensa técnica interpuso recurso de reposición, acto que provocó el dictado de la resolución de fs. 19/21 vta., a partir de la cual la defensa técnica se desentendió y perdió todo contacto con los condenados.	Argumenta que abandonados por su defensor anterior, los imputados desconocen el dictado de la resolución, por lo que insistentemente formulan presentaciones "in pauperis" haciendo conocer expresamente a la Corte de Justicia el estado de abandono en el que se encontraban, pidiendo se les designe defensor oficial. Ante lo sucedido, añade, en fecha 18 de diciembre de 2015 lo designan como abogado defensor.	Paralelamente a ello, expresa, recién son impuestos del estado de la causa mediante oficio librado al Servicio Penitenciario y el resultado negativo de su recurso articulado "in pauperis", por lo que inmediatamente confeccionan a mano alzada, el día de su notificación, pedidos de recurso extraordinario federal "in pauperis" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación._	Señala que la Corte no debió desestimar el recurso "in pauperis" por no cumplir con los recaudos formales sino que debió notificar al defensor oficial a fin que se les provea de oficio, a efectos de que aquél pueda cumplimentar las insuficiencias formales que no podrían lograr quienes se encuentran privados de la libertad e impedidos en consecuencia de obtener las copias requeridas por la reglamentación que acompañasen la presentación directa, para así tornar materialmente eficaz y posible aquella voluntad de recurrir expresada por los titulares del derecho.	Por otra parte expresa que la sentencia condenatoria carece absolutamente de precisión o debida justificación del aspecto relacionado a la indicación subjetiva de su autor o autores, y es allí donde deviene en arbitraria, toda vez que las argumentaciones de impugnación se agotan en justificar o sostener la validez de la prueba objetiva del hecho pero nada dice respecto de la individualización del autor y que la subjetivización de la autoría resulta únicamente de dichos del imputante, dichos que debieron ser corroborados con prueba, conforme el paradigma más básico del debido proceso.	Por lo demás, agrega que el hecho que la condena haya sido dictada por un juez unipersonal sin competencia para ello, privando de esa manera a los imputados del derecho al juez natural consagrado por el ordenamiento jurídico (tribunal colegiado), convierte a la resolución dictada en nula, sin que dicho vicio o defecto resulte negociable, convalidable o renunciable, en tanto en un marco de imperio del Estado de derecho y de legalidad, la garantía del juez natural no puede estar supeditada a la comodidad del tribunal ni a descuido o desatenciones de un defensor que omite oponerse y se pueda entender convalidado.	Por último, hace reserva de acudir a instancias y tribunales internacionales ante la eventualidad de resolución adversa a las peticiones.	2º) Que a fs. 123/133 el Dr. Esteban Martearena, abogado apoderado del Sr. José Cayetano Sulca (víctima), contesta el traslado del recurso extraordinario federal.	Asevera que cuando se dice que se les impidió acceder a las instancias de revisión de su condena (llámese segunda o tercera instancia), en verdad están siendo injustos y por lo tanto descuidados del máximo deber de lealtad procesal, porque el vencimiento de los plazos procesales y la inobservancia de requisitos no equivale a la violación de los derechos y garantías amparados por mandatos constitucionales o normas de jerarquía constitucional.	Dice que fue estratégico que el escrito de la queja fuera firmado solamente por sus pupilos pero no advirtió que ratificó el domicilio constituido en su estudio jurídico, luego les hizo pedir que lo notifiquen para fundar y motivar la queja, cuando el Dr. Arancibia ya sabía, y sus defendidos también, que el plazo estaba vencido.	Apunta que la mentira fue decir que los acusados estaban privados de su libertad toda vez que el escrito fue presentado en la Corte el día 4 de setiembre de 2015, mientras que Andrada y Aguirre fueron detenidos el 11 de setiembre de 2015 a las once de la noche en sus domicilios particulares sin oponer resistencia, por orden de la Sala V del Tribunal de Juicio al haber tomado conocimiento, mediante oficio de la Corte de Justicia, del estado de la causa.	Como conclusión deja en claro que el día 17 de noviembre de 2015 el Dr. Arancibia fue notificado de la resolución que no hizo lugar al recurso de revocatoria en contra de la denegatoria de la queja, de modo que el recurso extraordinario federal, conforme la norma del art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debió haberse interpuesto el día 2 de diciembre de 2015 o bien al día siguiente dentro de las dos horas del plazo de gracia, razón por la que este recurso extraordinario federal resulta extemporáneo.	3º) Que a fs. 119 se notifica el Fiscal ante la Corte Nº 1 y a fs. 134, apartado III se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.___________________________________________	4º) Que se ha sostenido de manera reiterada que a esta Corte no le incumbe valorar sus propios pronunciamientos cuando son recurridos por las partes. Tiene, empero, el deber de examinar si el remedio interpuesto reúne los requisitos exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada 4, del 16 de marzo de 2007 (Adla, LXVII-B, 1751), ya que sólo su estricto cumplimiento habilita la concesión del recurso extraordinario federal.	En tal sentido cabe destacar que el recurso articulado cumple de manera parcial con los requisitos formales establecidos en dicha Acordada en lo que concierne a la carátula y a la extensión del escrito ya que no excede las 40 fojas, sin embargo la mayoría de ellas supera los veintiséis renglones establecidos como límite para su redacción. Además no da adecuado cumplimiento a los apartados d) y e) de la citada Acordada en tanto no rebate adecuadamente lo expresado en el fallo recurrido a la luz de las disposiciones constitucionales que afirma fueron vulneradas. Corresponde considerar que en el apartado d) del art. 3º la Corte Federal estableció que el recurso debe contener la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas.______________________________________________________________	5º) Que si bien el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece como término para interponer el recurso extraordinario federal el plazo de diez días a partir de la notificación, en autos se observa que el recurso no fue interpuesto en término toda vez que de las constancias de autos surge que el Dr. Arancibia (anterior abogado defensor de los imputados) fue notificado el 17 de noviembre de 2015 - fs. 23 y vta.- de la resolución de fs. 19/21 vta. que no hace lugar al recurso de reposición planteado, mientras que el recurso extraordinario federal fue presentado el 30 de diciembre de 2015 según cargo obrante a fs. 116 vta., excediendo de esa manera los diez días impuestos por la citada norma nacional. No obtante ello y dado que en el planteo formulado y en los escritos de fs. 26 y 27 los acusados Aguirre y Andrada manifiestan desconocer el estado de su causa y haber perdido contacto con el abogado defensor que los representaba en aquél momento, cabe tenerlo como presentado en término en atención a la calidad de detenidos de los imputados y la carencia de abogado defensor durante el trámite del proceso.	Al respecto Néstor Pedro Sagüés con cita de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que "En ´Fernández, Jorge N.` la Corte afianza una directriz muy importante: la garantía de defensa en juicio impone un especial cuidado en la consideración de la admisibilidad del recurso extraordinario cuando se encuentran involucradas personas privadas de su libertad y que carezcan de asistencia legal particular" ("Derecho procesal constitucional - Recurso extraordinario", Tomo 2, Ed. Astrea, 2002, pág. 365). Dentro de ese marco expresa que "La directriz general, que obliga a meritar con precaución los recursos extraordinarios planteados por personas privadas de su libertad, es atractiva. Circunstancias fácticas obvias hacen que el detenido no pueda actuar del mismo modo que un individuo libre: su comunicación con el letrado que lo defiende, su posibilidad de intercambiar ideas con amigos o profesionales, está evidentemente disminuida. Cabe contemplar pues, ese conjunto de factores que en casos particulares presenta múltiples alternativas de restricción cierta al derecho de defensa." (ob. cit., pág. 366).	6º) Que por otro lado cabe destacar que fue presentado por parte legitimada (v. fs. 34 y 117) y en contra de una sentencia definitiva dictada por el Superior Tribunal de la causa, pero su fundamentación no está referida a la afectación arbitraria de derechos constitucionales.	Al respecto la Corte Federal ha dicho que la correcta deducción del recurso requiere la crítica concreta de la sentencia impugnada, con cargo para el apelante de rebatir todos y cada uno de los fundamentos de aquella en orden a arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos, 304:1127; 307:973), lo que no acontece en autos.	La doctrina de la arbitrariedad, invocada por el recurrente, no tiene por objeto abrir una nueva instancia ordinaria cuando no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contenga graves defectos de fundamentación o de razonamiento que lo hagan inválido como acto jurisdiccional ya que los agravios vertidos versan solamente sobre supuestos derechos constitucionales violados sin que se detalle de qué manera en concreto la conclusión a la que se arriba ha afectado las garantías que se indican como vulneradas en la sentencia.	Es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario que sus fundamentos se hagan cargo, a través de una crítica concreta y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo recurrido, resultando así ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de esos motivos (cfr. CSJN Fallos, 308:2440 y sus citas).	7º) Que en la especie los agravios vertidos por el recurrente no logran demostrar la configuración de un caso de excepción que justifique apartarse de las directrices del Supremo Tribunal acerca de la admisibilidad del recurso extraordinario. La mera disconformidad con la interpretación y ponderación de las normas en modo alguno justifica la tacha de arbitrariedad que se imputa al fallo ni constituye una cuestión federal que pueda dar lugar a la concesión del recurso interpuesto, toda vez que el tribunal ha valorado de manera adecuada las normas que tienen como fin tutelar la seguridad jurídica en resguardo también de las garantías constitucionales del debido proceso legal.	En definitiva, en autos medió pronunciamiento, con suficiente fundamento, sobre los requisitos que deben existir para que proceda la queja ante un recurso denegado, brindando las características específicas y formales para su presentación, además de efectuarse una adecuada exégesis del problema planteado por el recurrente sin menoscabar el acceso a la justicia ni el derecho de defensa.	En consecuencia, la falta de una crítica adecuada y suficiente de las razones en que se apoya la sentencia de esta Corte, dan cuenta que el remedio federal ahora intentado carece también de la debida fundamentación, y ello, además de atentar, por defecto, contra la correcta fundamentación del recurso, revela sólo un distinto punto de vista con lo decidido, insuficiente a los fines de viabilizar el recurso extraordinario federal.	8º) Que en mérito a lo expuesto, corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 96/116 vta.	Los Dres. Guillermo Alberto Posadas y Guillermo Félix Díaz, dijeron:	1º) Que a fs. 96/116 vta. el Dr. Pedro Oscar García Castiella fundamenta el recurso extraordinario federal planteado "in pauperis" por Rubén Ángel Aguirre y Rodrigo Iván Andrada a fs. 38, contra lo resuelto por esta Corte a fs. 19/21 vta.	Sostiene el recurrente que es arbitraria dicha resolución que rechaza el recurso de revocatoria y con ello cancela la posibilidad de continuar con el derecho al recurso en instancias superiores, al fulminar el remedio "in pauperis" por incumplimiento de los recaudos previstos en la Acordada 11224, sin preservar el derecho de defensa de los acusados, que se encuentran privados de su libertad, incurriendo así en un exceso ritual manifiesto.	Afirma que tal situación impide que se revise la sentencia condenatoria, que carece de fundamentación en relación a la individualización del autor e incurre en dogmatismo y subjetivismo al ponderar la veracidad y coherencia de la única prueba en la que se sustenta la condena, que es el testimonio brindado por el denunciante, con mengua de los derechos de defensa en juicio, de igualdad ante la ley y del principio de inocencia que ampara a sus defendidos.	A fs. 119 se notifica el Fiscal ante la Corte Nº 1 y a fs. 122/133 contesta el traslado del recurso el Dr. Esteban Martearena, letrado apoderado del Sr. José Cayetano Sulca.	2º) Que a esta Corte no le incumbe valorar sus propios pronunciamientos cuando son recurridos por las partes. Tiene, empero, el deber de examinar si el remedio interpuesto reúne los requisitos de temporaneidad y los exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada 4, del 16 de marzo de 2007, ya que sólo su estricto cumplimiento habilita la concesión del recurso extraordinario federal.	En este aspecto, debe señalarse que si bien la modalidad "in pauperis" ha sido aceptada jurisprudencialmente, en esencia, a fin de salvaguardar el derecho a una defensa cierta y efectiva y particularmente para amparar el derecho a la doble instancia, los tribunales no pueden presumir "desajustes" entre asistente y asistido o el abandono de la defensa ni, mucho menos, someter los efectos de una resolución oportunamente dictada al laxo e incondicionado deseo del interesado; estar a otra cosa, importaría avanzar contra la cosa juzgada de un modo no previsto ni querido, en franca violación a la legalidad, la seguridad jurídica y a los demás principios que rigen tanto el proceso penal como, integralmente, el sistema jurídico vigente (esta Corte, Tomo 157:413).	Por ello, incluso el denominado recurso "in pauperis" se encuentra supeditado a determinados presupuestos formales que, mínimos, preceden a su admisibilidad y que fueron puntualizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus precedentes de Fallos, 310:1934; 314:1909. Entre ellos, muy especialmente, esta Corte ha sido conteste en resaltar que la manifestación del acusado -aún sustituyendo a su defensor- debe ser efectuada en debido tiempo o plazo procesal oportuno (Tomo 117:267; 140:461).	3º) Que a tenor de lo expuesto, surge que los acusados presentaron la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado constituyendo domicilio legal en Avda. Hipólito Irigoyen 79 de esta ciudad (fs. 1 y vta.) sin firma de letrado, y a fs. 8/10 dedujeron recurso de reposición con patrocinio letrado con idéntico domicilio procesal, en el cual fueron notificados de la resolución ahora cuestionada (fs. 23).	Posteriormente presentaron escritos donde señalaban que habían perdido contacto con su letrado (fs. 26 y 27) y después de haber transcurrido con creces el plazo legal interpusieron a fs. 96/116 vta. -esta vez a través de su actual defensor Dr. Pedro Oscar García Castiella- el recurso extraordinario federal, que resulta por ello extemporáneo.	4º) Que sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta lo manifestado por los acusados que se encuentran privados de su libertad, en relación a su falta de comunicación con el letrado que los asistía, es menester ponderar que en la especie se encuentra de todas maneras incumplido el recaudo prescripto en el apartado d) del art. 3º de la citada Acordada 4/2007 donde la Corte Federal estableció que el recurso debe contener la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas.______________________________________________________________	En tal orden cabe recordar que el recurso extraordinario, en tanto vía recursiva especial, está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por tal motivo, la existencia de una cuestión federal o constitucional configura la base misma del recurso (cfr. CSJN, Fallos, 148:62; 306:1740; 307:129). Siendo ello así, constituye una carga procesal de la parte demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si no se precisa ni demuestra en concreto cómo se ha efectivamente operado tal violación en la sentencia.	En el presente caso, los agravios expuestos por el recurrente sólo evidencian una mera disconformidad con la aplicación y ponderación de las normas -en el caso la Acordada 11224 que establece los requisitos formales para la admisibilidad de la queja en el proceso penal- que en modo alguno justifica la tacha de arbitrariedad que se imputa al fallo ni constituye una cuestión federal que pueda dar lugar a la concesión del recurso interpuesto.	En efecto, esa normativa dictada por esta Corte de Justicia en función de facultades establecidas en el art. 153 apartado I inc. b de la Constitución Provincial, constituye una reglamentación necesaria para asegurar el debido proceso y la eficacia del trámite procesal.	En ese contexto, los argumentos que expone el impugnante con-tra la resolución que rechaza el recurso de reposición o revocatoria deducido en el marco del recurso extraordinario federal, se presentan como una disidencia relativa a cuestiones de procedimiento, que no alcanzan para dar sustento a la vía ahora intentada, al no indicarse en ellos un extremo de arbitrariedad manifiesta en el estudio de las condiciones de admisibildad formales de la queja que se debe efectuar y que pueden provocar, como sucede en el caso, un impedimento para la continuación de la vía recursiva._	En tal sentido, la Corte Federal ha señalado de manera constante que no son revisables en la instancia del art. 14 de la Ley 48 las cuestiones de índole procesal, ya que no exceden el marco de las facultades propias de los jueces de la causa (Fallos, 306:885, 951; 307:152, entre otros), carácter que sin dudas reviste la decisión cuestionada.	En un afín orden de ideas ha indicado el Superior Tribunal Nacional que la simple divergencia del apelante con la interpretación de un precepto de derecho procesal, aún cuando el tema fuera opinable, no sustenta la tacha de arbitrariedad, cuya aplicación requiere un apartamiento inequívoco de la normativa prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación (Fallos, 298:526, entre otros), vicios que en la presente causa no se advierten.	5º) Que la invocación del exceso ritual manifiesto, en cuanto resulta de aplicar expresas normas vigentes, no impugnadas de inconstitucionales a su debido tiempo, no autoriza la procedencia del recurso extraordinario (CSJN, Fallos, 302:1126). Es que la aplicación, según su espíritu, de reglas jurídicas no inconstitucionales, no es exceso rituario, como tampoco aquellas acciones u omisiones judiciales que el interesado pudo haber impedido, de haber actuado diligentemente (Sagués, "Recurso Extraordinario", Ed. 1992, Tomo 2, pág. 301).	Extender el principio de exceso ritual, con el riesgo de alterar el uso al que está destinado, conduciría al resultado de una sentencia arbitraria en tanto el pronunciamiento terminaría por sustentarse en razones aparentes que prescinden del derecho aplicable, a través de la mera voluntad de los jueces.	6º) Que el más Alto Tribunal de la República ha dicho, invariablemente, que el recurso extraordinario no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son privativas, como así tampoco abrir una nueva instancia ordinaria para debatir temas ajenos a la competencia específica de la Corte, cuando no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contiene, en estos aspectos, graves defectos de fundamentación o de razonamiento, que lo hacen inválido como acto jurisdiccional (Fallos, 313:946). Lo contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte Suprema para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (cfr. CSJN, Fallos, 306:262)._	7º) Que a mérito de lo dispuesto en el art. 11 de la Acordada 4/2007 de la Corte Federal, que impone la desestimación de la apelación extraordinaria en los supuestos en que se hallen incumplidos los recaudos allí prescriptos, sumado a que no se encuentra justificada la tacha de arbitrariedad ni se ha demostrado la afectación de garantías constitucionales, corresponde concluir que el recurso debe ser denegado.	Los Dres. Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano y Abel Cornejo, dijeron:	1º) Que a fs. 96/116 vta., el Dr. Pedro Oscar García Castiella, ejerciendo la asistencia técnica de Rubén Ángel Aguirre y Rodrigo Iván Andrada, fundamenta el recurso extraordinario federal planteado "in pauperis" a fs. 38 contra la sentencia de esta Corte de fs. 19/21 vta. que no hizo lugar al recurso de reposición interpuesto.	Sostiene el recurrente que es arbitraria dicha resolución que rechaza el recurso de revocatoria y con ello cancela la posibilidad de continuar con el derecho al recurso en instancias superiores, al fulminar el remedio "in pauperis" por incumplimiento de los recaudos previstos en la Acordada 11224, sin preservar el derecho de defensa de los acusados, que se encuentran privados de su libertad, incurriendo así en un exceso ritual manifiesto.	Arguye que la sentencia de fondo resulta arbitraria por fundarse en una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva, al haberse corrompido la valoración de la prueba (basada sólo en dichos del denunciante) a los fines de determinar la responsabilidad de los encausados y el "quantum" punitivo pertinente.	Indica que sus defendidos se notificaron personalmente de la resolución de la Sala I del Tribunal de Impugnación, dictada en el Expte. Nº 116.868/14, mediante la cual se deniega el recurso de inconstitucionalidad local interpuesto por la defensa, por lo que presentan "in pauperis" queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, solicitando se notifique a la defensa técnica para fundamentar y motivar el recurso dentro del plazo que al efecto se le conceda.	Agrega que la presentación fue rechazada "in limine" por la Corte de Justicia al no haber cumplido con la formalidad del recurso de queja, en alusión a la Acordada 11224, razón por la que la defensa técnica interpuso recurso de reposición, acto que provocó el dictado de la resolución de fs. 19/21 vta., a partir de la cual la defensa técnica se desentendió y perdió todo contacto con los condenados.	Argumenta que abandonados por su defensor anterior, los imputados desconocen el dictado de la resolución, por lo que insistentemente formulan presentaciones "in pauperis" haciendo conocer expresamente a esta Corte de Justicia el estado de abandono en el que se encontraban, pidiendo se les designe defensor oficial. Ante lo sucedido, añade, que en fecha 18 de diciembre de 2015 lo designan como abogado defensor.	Expresa que al haber sido impuestos del estado de la causa mediante oficio librado al Servicio Penitenciario y el resultado negativo de su recurso articulado "in pauperis" inmediatamente confeccionaron a mano alzada, el día de su notificación, el pedido de recurso extraordinario federal "in pauperis" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.	Entiende que esta Corte no debió desestimar el recurso "in pauperis" por no cumplir con los recaudos formales sino que debió notificar al defensor oficial a fin de que se les provea de oficio y pueda cumplimentar las insuficiencias formales que no pudieron lograr quienes se encontraban privados de su libertad e impedidos en consecuencia de obtener las copias requeridas por la reglamentación, para así tornar materialmente eficaz y posible aquella voluntad de recurrir expresada por los titulares del derecho.	Por otra parte sostiene que la sentencia condenatoria carece de precisión o debida justificación del aspecto relacionado a la indicación subjetiva de su autor o autores, y es allí donde deviene en arbitraria, toda vez que las argumentaciones de impugnación se agotan en justificar o sostener la validez de la prueba objetiva del hecho pero nada dice respecto de la individualización del autor y que la subjetivización de la autoría resulta únicamente de dichos del impugnante, dichos que debieron ser corroborados con prueba, conforme el paradigma más básico del debido proceso.	Por último, agrega que el hecho que la condena haya sido dictada por un juez unipersonal sin competencia para ello, privando de esa manera a los imputados del derecho al juez natural consagrado por el ordenamiento jurídico (tribunal colegiado), convierte a la resolución dictada en nula, sin que dicho vicio o defecto resulte negociable, convalidable o renunciable, en tanto, en el marco del imperio del Estado de derecho y legalidad, la garantía del juez natural no puede estar supeditada a la comodidad del tribunal ni al descuido o desatenciones de un defensor que omite oponerse y en consecuencia, entender convalidado. Hace reserva de acudir a instancias y tribunales internacionales ante la eventualidad de resolución adversa a sus peticiones.	2º) Que a fs. 123/133, el Dr. Esteban Martearena, abogado apoderado de José Cayetano Sulca (víctima), contesta el traslado del recurso extraordinario federal y solicita su rechazo. Afirma que reconocer el vencimiento de los plazos procesales y la inobservancia de requisitos formales no equivale a la violación de los derechos y garantías amparados por mandatos constitucionales o normas de jerarquía constitucional.	3º) Que a fs. 119 se notifica al Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 y a fs. 134, apartado III se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.	4º) Que a través de la Acordada 4/2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentó la presentación de los escritos mediante los cuales los interesados interponen el recurso extraordinario federal, sistematizando sus requisitos formales. Consecuentemente, corresponde analizar en forma liminar si el remedio ahora intentado cumple con las disposiciones allí contenidas.	Al respecto, cabe puntualizar que el escrito recursivo cumple con los requisitos establecidos en los arts. 1º, 2º y 3º de la aludida reglamentación; el actor acompañó la carátula en la que consignó los datos que requiere el art. 2º, y el escrito a través del cual interpone el recurso extraordinario federal no excede las cuarenta páginas que prescribe el art. 1º, ni supera los 26 renglones que preceptúa la mencionada Acordada y contiene la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas.	Asimismo, se articula contra una decisión judicial emanada del Tribunal Superior de la causa a tenor del art. 14 de la Ley 48 (ADLA, 1852-1880, 364) y en tanto se encuentra agotada en la instancia local toda oportunidad de reconsiderar lo decidido, por lo que cumple con los requisitos extrínsecos de tiempo y forma exigidos ritualmente; no obstante lo cual, cabe efectuar un análisis de la adecuación de los agravios a las exigencias de fundamentación a que se subordina la procedencia de la vía extraordinaria federal.	5º) Que si bien a esta Corte no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario, ello no la exime del deber de examinar, además de la admisibilidad formal, la cuestión constitucional introducida por el recurrente (CSJN, Fallos, 308:409), analizando, cuando se invoque la causal de arbitrariedad, si la apelación federal, "prima facie" valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste un inequívoco carácter excepcional, a la luz de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos, 310:1790, entre otros)._	En ese marco, cabe recordar que en tanto vía impugnaticia especial, el recurso extraordinario está dirigido a un objetivo concreto y restringido, que es reparar agravios constitucionales; por tal motivo, la existencia de una cuestión federal o constitucional configura la base misma del recurso (cfr. CSJN, Fallos, 148:62; 306:1740; 307:129). Siendo ello así, constituye una carga procesal de la parte demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si no se precisa ni demuestra en concreto cómo se ha efectivamente operado tal violación en la sentencia.	6º) Que se advierten en autos circunstancias concretas, vinculadas con el ejercicio de la defensa técnica, en tanto ponen al descubierto una trasgresión a la garantía constitucional de la defensa en juicio de tal entidad que afecta la validez misma del proceso en esta instancia.	Ello es así, pues constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional de esta Corte el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público.	La garantía de la defensa en juicio posee como una de sus manifestaciones más importantes el aseguramiento de una defensa técnica a todo justiciable, manifestación ésta que, para no desvirtuar el alcance de la garantía y transformarla en un elemento simbólico, no puede quedar resumida a un requisito puramente formal, pues no es suficiente en este aspecto con que se asegure la posibilidad de que el imputado cuente con asesoramiento legal, sino que este asesoramiento debe ser efectivo.	En ese sentido, la CSJN ha dicho que "el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio (Fallos, 5:459; 237:158, entre otros). Es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda (doctrina de Fallos, 311:2502)" (Fallos, 319:1496). ". los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, mas allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y que es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda (Fallos, 308:1386; 310:492; 311:2502; 324:3545, considerando 4º). En idéntico sentido, el más Alto Tribunal en el "leading case" "Núñez, Ricardo Alberto" (Fallos, 327:5095) se pronunció ". la insuficiencia de asistencia técnica registrada por Núñez debió haber sido corregida por las instancias locales" (considerando 16); "el rechazo, ora del recurso de casación, ora del extraordinario federal por pretendidas razones formales trasuntó un excesivo rigor ritual que poco se compadece con la situación de indefensión del procesado" (considerandos 17 y 18); y recomendó ". que situaciones como las aquí consideradas, que sólo concurren en detrimento de una eficaz administración de justicia, sean evitadas" (considerando 22 "in fine").	En idéntico sentido, esta Corte ha dicho que ". con absoluta independencia de la notificación de la defensa, en todo caso que el imputado por sí manifieste su voluntad de apelar, dentro del término previsto, corresponde tener al recurso por él interpuesto como `in pauperis forma´, a pesar de contar con la debida asistencia técnica, siguiendo para el caso el criterio mantenido por esta Corte en su precedente de Tomo 157:413, entre otros, que deviene de la posición sentada por el más Alto Tribunal Federal, debiéndose otorgar a la defensa técnica el plazo legal previsto, de cinco días para que fundamente su expresión de agravios, respetándose y permitiéndose de ese modo acabadamente el ejercicio de una defensa eficaz (cfr. Fallos, 308:1386; 330:3526, entre otros)" (esta Corte, Tomo 159:705).	7º) Que en tales condiciones, se halla justificada la tacha de arbitrariedad y se ha demostrado la afectación de los derechos de raigambre constitucional invocados, lo que lleva a concluir que el recurso deducido debe ser concedido.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	_________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	____ I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 96/116 vta.	____ II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Susana Graciela Kauffman, Ernesto R. Samsón, Guillermo Alberto Posadas, Guillermo Félix Díaz, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano -Presidente- y Abel Cornejo -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).