Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-11


SENT Nro. 584 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Chazarreta, Jorge Ariel vs. Gutiérrez, Santos Emilio s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 158/161 vta. de autos, plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 162 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 3 de octubre de 2002, obrante a fs. 151/152 vta., que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 21-2-2003 (cfr. fs. 168). Unicamente la parte actora presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge de informe actuarial de fs. 175.

II.- Sostiene el recurrente que la sentencia atacada tergiversa las constancias y presenta falta de razonabilidad en la estimación de las probanzas afectando, de esta forma, el principio de la sana crítica, arribando a la errada conclusión de tener por acreditada la relación laboral. Asimismo le atribuye lesión al principio de congruencia y al artículo 272 del CPCC.

En esta dirección arguye que el tribunal, tanto con relación al testimonio de Víctor Hugo Galván como de Luis Eduardo Villalba, se equivoca en cuanto expresa que según los mismos, el actor trabajaba para su parte, por cuanto lo que en realidad expresaron aquéllos fue que el demandado -Santos Emilio Gutiérrez- era quien trabajaba para Raúl Alfredo Assad y, en esta inteligencia, transcribe parte de las declaraciones de las mencionadas personas.

Considera producto de su falso y erróneo silogismo en la meritación de la prueba, que se los repute testigos necesarios; que yerra el sentenciante, por las razones que expone a fs. 159 vta./160 de autos, al afirmar que "...La diferencia de numeración del domicilio tampoco es obstáculo, pues está demostrado que el empleador es el mismo.." y que "...El informe de fs. 114 carece de eficacia por cuanto se realizó en Calle Laprida 386 que no es el indicado en la Dirección de Rentas de Famaillá.." (cfr. fs. 159 vta. y 160).

Luego de precisar a fs. 160 lo que entiende como incongruencias del fallo, y de efectuar otras consideraciones sobre el particular, alega que el tribunal no exteriorizó motivo alguno para rechazar las tachas deducidas por su parte contra los testigos del actor, al limitarse a sostener que los fundamentos dados no eran suficientes, sin explicar la razón de tal declaración.

Indica que al negarse la relación laboral, mal pudo tener documentación alguna, por lo que resulta errada la consideración de la sentencia cuando expresa que no realizó ninguna oposición o defensa al ser intimado para que presente la documentación laboral correspondiente.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar si el mismo ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 156 y vta. y del cargo actuarial inserto a fs. 162; el acto atacado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el afianzamiento previsto en el artículo 133 del CPT; el escrito casatorio se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por tales motivos juzgo admisible el presente recurso; voto porque así se declare.

IV.- Entrando a la procedencia de los agravios, interesa reparar en la conclusión a que se llegó en el pronunciamiento en crisis. En efecto, allí se dijo que "Estando a las pruebas ofrecidas especialmente las testimoniales, arribo a la conclusión que el actor efectivamente se vinculó al demandado por un contrato individual de trabajo, regido por el art. 21 LCT, desde la fecha y categoría por él indicadas" (cfr. fs. 151 vta.). Téngase presente que en la demanda el accionante manifestó que había ingresado a trabajar para el demandado el 1-7-91 y la sentencia tuvo por producida la ruptura del vínculo o despido indirecto el 18-10-2000 (cfr. fs. 5, 151 vta. y 152).

Ahora bien, de lo que antecede y demás consideraciones del fallo se desprende que las pruebas testimoniales producidas en autos constituyeron el elemento probatorio esencial para tener por acreditada la existencia de la relación laboral. Siendo ello así, entonces, y atendiendo también al contenido de los agravios, conviene reproducir lo expresado sobre el particular por el tribunal de grado.

"La testigo, Rosana del Valle Juárez (fs. 100), asegura que el actor hacía reparto de mercadería; que lo sabe porque lo veía y conoce al chico que hacía viajes a Tafí y estaba como 5 o 6 días afuera.

La testigo manifiesta que tiene interés que el actor gane el juicio aclarando que ese interés es porque trabajó muchos años. Este tipo de interés manifestado, pone de manifiesto una intencionalidad, que no es la que considera la ley.

La testigo es tachada a fs. 101, pero los fundamentos dados no son suficientes para invalidar su testimonio. La referencia al nombre de fantasía, tampoco es motivo de tacha, máxime cuando la demandada tampoco aclara cual sería.

Virgilio Jesús Juárez (fs. 102) responde en el mismo sentido que la anterior.

(...) Víctor Hugo Galván (fs. 132) dice que trabaja para el demandado. Y que en 1998 (cuando él ingresó) el actor trabajaba para el accionado.

Luis Eduardo Villalba (fs. 133) responde igual que el anterior. Ambos aseguran que el nombre de fantasía del negocio es 'El Baratillo'.

Todos los testigos son tachados por complacencia pero los fundamentos dados no son suficientes, especialmente respecto a los dos últimos que son testigos necesarios.

Por otra parte la edad del actor no es óbice para que trabajara bajo relación de dependencia" (cfr. fs. 151 vta.).

Tomando en consideración lo precedentemente transcripto, y confrontándolo con las constancias de autos, arribo a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, advierto que lo expresado por la Sala a quo respecto de las deposiciones de los testigos aportados por la parte demandada (Víctor Hugo Galván y Luis Eduardo Villalba) no se corresponden con lo realmente declarado por ellos. En efecto, la pregunta nº 2 del cuestionario propuesto para ambos fue la siguiente: "Diga el testigo si el Sr. Santos Emilio Gutiérrez, trabaja desde fines del año 1998 para el Sr. Raúl Alfredo Assad en el negocio de El Baratillo de la ciudad de Famaillá, en caso afirmativo: diga que tareas realiza" (cfr. fs. 124). Víctor Hugo Galván respondió en estos términos: "Manifiesta que sí trabaja para el Sr. Assad desde fines del 98 y las tareas que cumple es que maneja un camión"(cfr. fs. 132). Y a renglón seguido, al contestar una aclaratoria y una repregunta de las partes demandada y actora, respectivamente, dijo que conoce que Gutiérrez trabaja para Assaf porque él también es empleado de este último y trabaja también allí (cfr. fs. 132 y vta.).

A su turno, Luis Eduardo Villalba respecto del mencionado interrogante sostuvo "...que yo lo conozco desde el año pasado porque yo entré a trabajar el año pasado y maneja el camión para el super, comprando mercadería para el super" (cfr. fs 133 vta.) insistiendo, más adelante, con motivo de la aclaratoria que se le formulara, en que tanto él como Gutiérrez, trabajan para Raúl Alfredo Assaf en el super "El Baratillo", sito en avenida San Martín y Alberdi, de la ciudad de Famaillá (cfr. fs. 133 vta.).

Queda claro, de este modo, que lo que afirmaron los testigos de marras fue que el demandado en autos, Santos Emilio Gutiérrez, fue empleado de Raúl Alfredo Assad, agregando Villalba expresamente que lo fue en "El Baratillo", en coincidencia con lo expresado a fs. 34 vta. en la contestación de demanda, y contrariamente a lo sostenido en el fallo en recurso, en donde se explicitó incorrectamente que los testigos habían aseverado que el actor trabajaba para el demandado. Y tanto ello es así, que las tachas a sus respectivas deposiciones fueron formulada por la parte actora y no por aquél, de lo que se sigue que el rechazo a las mismas, decidido sentencialmente, se asentó en una base falsa constituida por una desinterpretación de los dichos de los mencionados declarantes, lo que torna necesario su reexamen o ponderación en el nuevo pronunciamiento a dictarse.

En suma, establecido lo verdaderamente expuesto por los testigos en cuestión, queda evidenciado que no existe la coincidencia de sentido o dirección entre todos los testimonios producidos en autos, testimonios éstos que fueron especialmente destacados por la sentencia impugnada y valorados como un argumento relevante para legitimar la declarada existencia de relación laboral entre los litigantes.

De otra parte, también se aprecia que no ha mediado por el tribunal un análisis suficiente del testimonio de Virgilio Jesús Juárez al igual que de la tacha deducida en contra de sus dichos, al haberse limitado a afirmar escuetamente que respondió en el mismo sentido que la anterior testigo prescindiendo del necesario análisis integral y sistemático de sus declaraciones (incluidas las aclaraciones) en sí mismas, y a la luz de todos y cada uno de los planteos contenidos en la tacha respectiva, y sin dar razones bastantes en apoyo de lo decidido.

De lo expuesto hasta aquí, cabe concluir que se encuentra configurado en la causa un supuesto de arbitrariedad fáctica, al haberse apartado la Excma. Cámara de las constancias de autos verificándose, asimismo, una trangresión a las prescripciones de los artículos 33, 40 y 272 del CPCC.

Siendo por demás suficiente lo considerado para casar la sentencia en recurso en la forma y con los alcances que se explicitan infra, considero inoficioso hacerme cargo de los restantes agravios.

En mérito a lo considerado, voto en el sentido de hacer lugar al recurso de casación articulado por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 162 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 3 de octubre de 2002, obrante a fs. 151/152 vta.. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos I, III y IV de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que no se ajusta a las constancias de autos y transgrede, asimismo, las prescripciones de los artículos 33, 40 y 272 del CPCC". Por consiguiente, corresponde disponer la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, dejándose debidamente aclarado que lo resuelto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento.

V.- Acorde al resultado a que se arriba, no siendo el mismo imputable a las partes, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículos 49, del CPT, y 106, inciso primero, del CPCC).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 162 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 3 de octubre de 2002, glosada a fs. 151/152 vta. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto los puntos I, III y IV de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y disponer la remisión de los presentes actuados al referido tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO