Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-19


San Luis, agosto 19 de 2008.

1º ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto? 2º En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 3º ¿Cuál sobre las costas? 1º cuestión. - El doctor Florencio Damián Rubio dijo:

1) Que a fs. sub 62 y vta. el Superior Tribunal, mediante Auto STJSL Nº 396/06, hace lugar al Recurso de Queja planteado por la defensa de los procesados, luciendo a fs. 65/74 vta. expresión de agravios.

Manifiesta el recurrente que el Recurso de Inconstitucionalidad fue interpuesto oportunamente contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, de fecha 14/10/04, que dispuso revocar el resolutorio de Primera Instancia de fecha 26/04/04, en cuanto declaró prescripta la acción penal a favor de Fernández, Antonio Salvador y Fernández, Carlos Rafael y ordenó la continuación de la causa según su estado.

Que el fallo de Cámara consideró que en autos la interrupción del plazo de la prescripción de la acción penal está representado por las audiencias para declaración de indagatorias, efectuadas el 27/09/02 (fs. 309/310 del expediente principal) y requisitoria fiscal en contra de los mencionados procesados, del 3/11/03 (fs. 463/466 expte. ppal.).

Sostiene que si bien el proceso se inicia a raíz de la denuncia de la Sra. Luisa Catalina Baigorria de los Santos contra sus defendidos, sin embargo la fecha en que se habría cometido el presunto ilícito data del 08/07/96, cuando los hermanos Fernández efectuaron la transferencia de dominio a Girardi y así lo entendió la Sra. Juez de grado, por lo que si el delito imputado tiene una pena que va de un mes a seis años de prisión, se ha producido la prescripción de la acción penal, ya que el acto de indagatoria asumido por la Cámara como interruptivo, sucedió cuando la acción ya se encontraba prescripta.

Entiende que de seguir el criterio de la Cámara se estaría dejando en manos del denunciante el hacer correr o no el plazo de la prescripción, pues una cosa es contarlo desde el supuesto hecho y otra es contarlo desde la denuncia.

Afirma que corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción penal interpuesta, declarándose así y sobreseer a sus defendidos por imperio del art. 17, inc. 4º de la Ley 1940.

Señala, que lo sostenido en la sentencia atacada constituye una interpretación inadmisible de la legislación vigente, violándose el derecho del debido proceso, el principio de legalidad y de in dubio pro reo, todo lo cual descalifica el fallo recurrido en arbitrario no siendo derivación razonada del derecho vigente, sino derivada en la sola voluntad de los jueces.

2) Corrido el traslado de ley, a fs. sub 78 se da por perdido el derecho no ejercido de contestar el traslado conferido.

3) A fs. sub 79, se expide el Sr. Procurador General quien opina que la acción penal no se encuentra prescripta, ya que los actos procesales de las declaraciones indagatorias como la acusación penal, han interrumpido el plazo de la prescripción.

A fs. sub 80 se llaman Autos para dictar sentencia, decreto que se encuentra firme, pasando la causa a sorteo y por consiguiente en estado de fallar.

4) Que analizado el fallo recurrido y los agravios esgrimidos por el recurrente, se advierte que le asiste razón a este último dado de, al momento en que se efectuaron las audiencias para declaraciones indagatorias (el 27/09/02) y la requisitoria fiscal (03/11/03), la acción ya se encontraba prescripta debiendo así ser declarada.

Ello por cuanto: "La prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo". Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario. Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente -art. 62 del CP.- y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito -art. 67 del C.P.- JUBA, sum. B70555; SCBA, P. 93820, S. 6/6/2007, http://www.scba.gov.ar/nuevossitio/index.php; acceso el 26/05/08).

Al respecto y a los fines de la prescripción de la acción penal debe estarse a lo expresamente estatuido por los arts. 62, inc. 2º y 63 del Código Penal que prevén el tiempo que debe transcurrir a dichos efectos y desde cuando se debe empezar a contar el plazo, sin perjuicio de establecer que no exista algún acto interruptorio.

Así el art. 62 dispone: La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:... 2) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años.

Por su parte el art. 63 establece: "La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse".

Sentado ello, se debe determinar cual es el delito que se imputa a los procesados a efectos de establecer cuál es el máximo de la pena y la fecha de comisión del supuesto ilícito, para fijar cuándo comienza a correr el plazo de la prescripción.

De las constancias de autos surge que la causa se inicia el 7/06/96, por la denuncia efectuada por la Sra. Luisa Catalina Baigorria de De los Santos, contra los Sres. Antonio Salvador Fernández y Carlos Rafael Fernández por el delito de Estafa y otras defraudaciones contemplado en el art. 173, inc. 11 del C.P. (desbaratamiento de los derechos acordados) y Usurpación (art. 181 C.P).

Que, la pena máxima establecida para el primer delito endilgado es de 6 años (art. 172 C.P.) y para el segundo es de tres años (art. 181 C.P.). Sin embargo toda la instrucción se llevó en orden al primer delito denunciado y tal es así que desde el primer llamado a indagatoria (fs. 98 del expediente principal), lo fue por el delito de desbaratamiento de los derechos acordados.

De la denuncia surge que en fecha 3/05/63, los Sres. Fernández venden a la Sra. Ponce de Jofré el inmueble objeto de discusión. Que dicha operación se instrumentó en boleto privado de compra venta, sin llegar a efectivizarse la escrituración.

Que en el año 1984 falleció la adquirente, quedando como único heredero su marido, quien realizó a favor de la denunciante el 1/1/89 una cesión y transferencia a titulo de venta de todos los derechos y acciones que tenía y le correspondían sobre el mencionado inmueble.

Que coetáneamente a los hechos denunciados, los Sres. Fernández, ocultando la venta efectuada a la Sra. Ponce de Jofré, y aparentando ser todavía propietarios del bien que habían vendido, lograron ardidosamente desalojar a la inquilina de la denunciante mediante la tramitación de los autos: "FERNÁNDEZ ANTONIO SALVADOR, CARLOS RAFAEL Y JULIO ROBERTO c. CABAÑEZ, JORGE Y/O MUEBLERÍA SAN FRANCISCO Y/U OTRO OCUPANTE- DESALOJO POR INTRUSIÓN", cuya copia de demanda obra a fs. 33/35 vta. (del expediente principal).

Ahora bien, a los fines de la determinación de la consumación del supuesto ilícito, podría tomarse la fecha en que se iniciaron los mencionados autos a que hace referencia la denuncia, sin embargo, al no tener el cargo correspondiente la demanda agregada, puede tomarse en su defecto la fecha del primer decreto dictado en el expediente citado, esto es el 27/10/94, conforme surge de la copia de la cédula de fs. 32.

Es decir que, si partimos de esta fecha a los fines de comenzar a contar el plazo de la prescripción, al 27/09/02 (fecha de la declaración indagatoria) la acción se encontraría prescripta, por haber transcurrido con exceso el máximo de la pena señalada para el delito que se les imputa a los denunciados.

Otra fecha a tener en cuenta como consumación del delito, sería la que toma la Juez de grado en virtud del Informe del Registro de la Propiedad (fs. 372/375 del ppal.), del que surge que por Escritura Nº 42 de fecha 27/02/96, se habría realizado la venta del inmueble al Sr. Víctor Hugo Girardi, transferencia que fue inscripta en el Registro el 08/07/96, por lo que también al 27/09/02, la acción penal estaría prescripta, toda vez que el delito se habría consumado con la transferencia de dominio a favor del Sr. Girardi, efectuada el 8/07/96.

En tal sentido se ha sostenido: "La acción nace con el delito tentado o consumado, pero desde la medianoche del día de su comisión comienza a correr el término de la prescripción -extinción de la acción por el expreso o tácito desinterés del Estado o la incapacidad de éste para demostrar su interés- que sólo se interrumpe por la comisión de un delito o por la secuela del juicio, entendiéndose por tal la acción penal instaurada en el proceso mediante el reclamo del art. 221 del ritual. La potestad de ejercitar esa acción viene de antes (desde el nacimiento)..." (JUBA sum. B450443, Cám. Penal 0302, La plata, P. 84020, RSD- 37-94, S. 28/4/1994, http://www.scba.gov.ar/nuevositio/index.php; acceso el 26/05/08).

"Debe mantenerse la declaración de la prescripción de la acción penal respecto del imputado y en orden al delito de uso de documento falso pues desde la fecha del hecho transcurrió el plazo legal de prescripción sin que se produjera ninguno de los supuestos de interrupción contemplados en el art. 67, párrafo 4º del C.P. vigente al momento del hecho (anterior a la ley 25.990)(JUBA, sum B707662 SCBA; P 93050 S 4/7/2007, http://www.scba.gov.ar/nuevositio/index.php; acceso del 26/05/08).

Se advierte entonces, que la Cámara arbitrariamente y sin dar razón alguna ha partido erróneamente de la fecha en que se formuló la denuncia, ignorando lo dispuesto por el art. 63 del Cód. Penal que expresamente dispone que debe partirse desde la fecha de la comisión del delito, resultando en consecuencia un fallo arbitrario, carente de fundamentos susceptible de ser revocado.á La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: "La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo" (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco), S. 717. XXXVI, "Sanz, Tomás Miguel s/calumnias", 30/05/2006; Fallo: 329: 2005) Por su parte, la Suprema Corte de Buenos Aires también ha sostenido: "La declaración de la prescripción de la acción penal debe ser tratada de oficio y no excepcionalmente por parte de esta Corte" (JUBA, sum. B70815,áP 88589, S 13/12/2006, http://www.scba.gov.ar/home.asp, acceso el 18/03/08).

"Debe declararse de oficio la prescripción de la acción penal ya que desde la acusación fiscal, ha transcurrido con exceso el máximo de duración de la pena del delito atribuido, sin que tuviera lugar ningún acto con efecto interruptivo pues no es posible encontrar en el juicio escrito -mediante el cual se sustanció esta causa- un acto equivalente al "auto de citación a juicio" al que se refiere el inc. d) del párrafo 4to. del art. 67 del C.P. y tampoco se dictó sentencia condenatoria" (JUBA, sum. B70564; SCBA, P 94563, S 6/6/2007, http://www.scba.gov.ar/home.asp, acceso el 18/03/08).

De estos claros conceptos, se puede colegir entonces, que en autos ha operado la prescripción de la acción penal por haber transcurrido con exceso el máximo de duración de la pena al delito atribuido a los recurrentes -desde la comisión del delito por el cual se los denuncia- encontrándose por consiguiente, extinguida la acción penal debiendo así ser declarada.

Se advierte así, que le asiste razón a los impugnantes en cuanto el Tribunal sentenciante ha realizado una interpretación inadmisible de la legislación vigente, violándose el derecho del debido proceso, el principio de legalidad y de in dubio pro reo todo lo cual descalifica el fallo recurrido en arbitrio no siendo derivación razonada del derecho vigente, correspondiendo por ello revocar la sentencia venida en recurso y declarar extinguida la acción penal.

Por todo ello VOTO a esta SEGUNDA CUESTION por la AFIRMATIVA.

Los doctores Horacio G. Zavala Rodríguez, Omar Esteban Uria y Oscar Eduardo Gatica comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Florencio Damián Rubio, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTION.

2º cuestión. - El doctor Florencio Damián Rubio dijo:

Dada la forma como se ha votado la cuestión anterior, corresponde revocar el Auto recurrido, de fecha 14/10/04, dictado por la Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, declarando la prescripción de la acción penal. ASI LO VOTO.

El doctor Horacio G. Zavala Rodríguez dijo:

Adhiero al voto precedente, pero por distinto fundamento.

I.- Consta a fs. 98 del principal que el primer llamado a prestar indagatoria fue el 27 de octubre de 1997, es decir cuando aun no había transcurrido el plazo de prescripción (tomando como fecha inicial sea el 27/10/94 o el 27/2/96, que se citan en el voto precedente) y tal primer llamado es una de las causales de interrupción de la prescripción, conforme lo dispone el art. 67 Cód. Penal, reformado por ley 25.990. Y esta norma ha terminado con las discusiones o diferentes interpretaciones que antes se realizaban cuando el texto legal hablaba de "la secuela del juicio".

Tal primer llamado a indagatoria fue considerado como acto interruptivo por el Sr. Agente Fiscal a fs. 280.

Interrumpida entonces la prescripción, a partir de allí comienza a correr nuevamente el plazo, como lo recuerda David Elbio Dayenoff, citando a Soler: "la interrupción de la prescripción tiene como efecto el borrar el tiempo transcurrido desde el hecho hasta el momento en que la interrupción se produce, y desde allí vuelve a iniciarse el plazo entero como si fuera desde el principio" (ver: "Código Penal, Concordancias...", 6º. ed. 1998, pág. 139). Ello es, también, lo que resulta del art. 3998 del Cód. Civil, aplicado como norma interpretativa analógica.

II.- Ahora bien, desde ese primer acto interruptivo ocurrido el 27 de octubre de 1997 transcurre largo tiempo y se realizan distintas actuaciones judiciales que no deben considerarse como interruptivas de la prescripción en curso, a la luz de la nueva redacción del art. 67 del Cód. Penal (ley 25.990).

Conforme a esta norma el próximo acto que interrumpiría la prescripción en curso, es "el requerimiento acusatorio" (inc. c).

Tal requerimiento acusatorio obra a fs. 463/466 del expediente principal.

Pero he aquí que como consta en el cargo puesto a fs. 466 vta. (en el margen derecho), la acusación fiscal fue presentada el 3 de noviembre de 2003.

Es decir que, desde aquel primer llamado a indagatoria del 27 de octubre de 1997 a la fecha de la acusación fiscal (3 de noviembre de 2003), transcurre un nuevo plazo de prescripción, porque excede los seis años de prisión que es la pena máxima prevista por el art. 173 del Cód. Penal.

Deviene entonces que, por aplicación de las normas de la ley 25.990 -que reformara el art. 67 del Cód. Penal- y como norma más benigna (art. 2º de dicho código), la acción penal se encuentra prescripta y así debe ser declarado.

III.- Además de lo expuesto y en relación a la forma de computar la prescripción y obligación de declararla en cualquier estado del proceso, me remito a los fundamentos dados por el Tribunal en su reciente sentencia en autos: "Benítez, Jorge Alberto y otro - Calumnias e injurias - Apelación - Recurso de Casación"; Expte. Nº 20-B-07 y su Acumulado: "Benítez, Jorge Alberto y otro - Calumnias e injurias - Recurso de Queja"; Expte. Nº 29-B-07 (STJSL-S.J. Nº 41/08, del 28 de mayo de 2008).

Los doctores Omar Esteban Uria y OscarEduardo Gatica adhieren a la conclusión a que arriba el Dr. Florencio Damián Rubio, pero con los fundamentos que expone el Dr. Horacio G. Zavala Rodríguez votando en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTION.

3º cuestión. - El doctor Florencio Damián Rubio dijo:

Costas a la parte querellante vencida (art. 71 C.Proc. Crim).

Los doctores Horacio G. Zavala Rodríguez, Omar Esteban Uria y Oscar Eduardo Gatica comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Florencio Damián Rubio, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta tercera cuestión.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) Admitir el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto. II) Revocar el Auto recurrido, de fecha 14/10/04, dictado por la Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, declarando la prescripción de la acción penal. III) Costas a la parte querellante vencida (art. 71 C.Proc. Crim). - Florencio Damián Rubio. - Omar Esteban Uria. - Oscar Eduardo Gatica. - Horacio G. Zavala Rodríguez.