Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-28


Suprema Corte:

-I- A fs. 918/922, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en lo relativo a la determinación de la obligación tributaria, mientras que revocó la inexigibilidad de los intereses resarcitorios declarada por ese organismo jurisdiccional.

Para así decidir, explicó que los actores habían vendido a Disco S.A. la totalidad de las acciones que poseían en Angulo Hermanos S.A. y que el 5% del precio de venta se abonaría a lo largo de 60 meses, en cuotas semestrales, con un interés a la tasa LIBOR más 2% anual.

Señaló que el Fisco Nacional había considerado a esta financiación del saldo del precio de venta como una colocación o prestación financiera alcanzada por el impuesto al valor agregado (IVA) en los términos del art. 1º del decreto de necesidad y urgencia 879/92, ratificado por el art. 29 de la ley 24.307, y, en consecuencia, había procedido a determinar de oficio la obligación tributaria resultante, confirmada parcialmente por el Tribunal Fiscal de la Nación.

Sentado lo anterior, recordó que todas las prestaciones financieras fueron sometidas a imposición a partir de la generalización del IVA dispuesta por la ley 23.871, momento á partir del cual el art. 3º, inc. e), pto. 21, de ley del tributo (t.o. 2001, al que se referirán las citas siguientes) alcanzó a todas las locaciones y prestaciones, con prescindencia del encuadramiento jurídico que corresponda al contrato que las origine. Ello implica, aclaró, gravar la renta financiera aunque sea producto de una forma jurídica contractual no alcanzada por el citado impuesto.

Manifestó que la ratificación por el Congreso Nacional del decreto de necesidad y urgencia 879/92 -que fijó el momento de perfeccionamiento del hecho imponible para las colocaciones o prestaciones financieras- revela la explícita e inequívoca voluntad legislativa de atribuir a éste el rango de ley formal. Y, en la medida en que esta ley formal gravaba las prestaciones financieras al momento de los hechos que dieron lugar al caso, lo dispuesto por el decreto 2.633/92 resulta irrelevante para resolver la controversia.

Por último, aseveró que desde este punto de vista es que corresponde examinar el criterio de "unicidad" o "accesoriedad" que plantean los apelantes de conformidad con el cual los intereses derivados de una operación exenta deben seguir la misma suerte que la principal. Negó que ello sea así, pues existe una ley formal que determina como hecho imponible del IVA a las prestaciones financieras, con independencia del tratamiento tributario que corresponda al capital que las originó, solución a la que no obsta lo resuelto por V.E. en Fallos: 329:963, toda vez que allí no se sentó jurisprudencia alguna sobre el alcance de los preceptos federales cuya interpretación se debate en el caso.

-II- A fs. 926/941, la actora interpuso recurso extraordinario, concedido a fs. 956 en cuanto se discute la interpretación de normas de carácter federal.

Reiteró, en primer lugar, sus planteos dirigidos a cuestionar la constitucionalidad tanto del decreto 879/92 aun luego de su ratificación por el art. 29 de la les 24.307: como del 2.63392, en cuanto extendió indebidamente el gravamen a supuestos no contemplados por la ley.

A continuación, explicó que la vida económica y las complejidades de la ley del gravamen hacen posible la aparición de los denominados "hechos imponibles complejos" que ocurren, por ejemplo, cuando una prestación de servicios gravada requiere la incorporación de una cosa mueble cuya venta independiente está exenta. También se incluyen en esta categoría otros supuestos en los que se combinan, en una única prestación u operación, hechos gravados con otros que no lo están, o que están excluidos del objeto del tributo.

Subrayó que frente a este tipo de situaciones, la teoría de la "unicidad" adquiere relevancia, a fin de asegurar una interpretación uniforme y sistemática del tributo, estableciendo que, en aquellos casos en los cuales la operación es indivisible, los hechos imponibles deben recibir el mismo tratamiento que la principal, salvo que la norma expresamente disponga un tratamiento diferente.

Afirmó a continuación que la ley de IVA adopta esta regla o premisa de la "unicidad" como se evidencia de la lectura de sus arts. 10 (último párrafo 7º (último párrafo). 3º (segundo párrafo del inc. c.) último párrafo), 22 y 2º (inc. a), razón por la cual los intereses que son accesorios a un acto principal exento o excluido del gravamen deben correr la misma suerte que éste.

Por último, se agravió del apartamiento de la Cámara de la doctrina sentada por V.E. en Fallos: 329:963, toda vez que los hechos allí debatidos son similares a los de esta causa.

III. Considero que el recurso extraordinario deducido es formalmente procedente, pues se ha cuestionado la inteligencia otorgada por el superior tribunal de la causa a normas federales -ley del impuesto al valor agregado Nº 23.349 y sus modificaciones, decretos 879/92 y 2.633/92- y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente funda en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48).

IV. Desde mi óptica, las cuestiones aquí debatidas resultan sustancialmente idénticas a las ya examinadas por V.E. en Fallos: 329:963 (voto de los Dres. Highton de Nolasco y Lorenzetti a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.

V. Por lo hasta aquí expuesto, considero que corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada en cuanto ha sido objeto de éste. Buenos Aires, 1º de febrero de 2010.

Laura M. Monti Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010 Vistos los autos: "Angulo, José Pedro y otros (TF 21.995-I) c/ D.G.I.".

Considerando:

Que tal como lo señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, resulta aplicable a las cuestiones debatidas en el sub examine la disidencia de los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco en el caso "Chryse" (Fallos: 329:963), a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, con costas. Notifíquese y devuélvase a fin de que el tribunal a quo, por quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo aquí decidido. - Ricardo Luis Lorenzetti. -Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt. - Juan Carlos Maqueda. - E. Raul Zaffaroni - Carmen M. Argibay.