marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, juicio ejecutivo, ley arancelaria, incidentes, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: A. G. R. M. c/ K. y C. S.A.  s/ Sumario - Cobro de pesos e indem. de ley, Expte. n° 33/2017 Ejecución de multa, Expte. N° 658/2023
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-14

La ley determina que en los incidentes -art. 32- el honorario se regulará entre el 10 % y el 20 % de lo que correspondiere al proceso principal, establece un mínimo legal de 8 jus y determina para el caso de simples incidencias que se aplicará la tercera parte de la escala y mínimos indicados. De la regulación de primera instancia, se advierte que las pautas señaladas y la reducción prevista por la última parte del art. 32 de la Ley XIII Nº 4 modif. Nº 15, se ha cumplido. Lo que omitió el juez fue regular los honorarios en porcentajes... para los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria, el tribunal deberá efectuar la regulación en términos porcentuales, con sujeción a los arts. 6 y 18 de la ley.
Acción de repetición, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: PALLARO  HNOS  SOCIEDAD  ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REPETICION DE IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21

Sin perjuicio de lo expuesto en la causa "Ford Motor Argentina S A.", del 20 de setiembre de 1984, en orden a los requisitos a cumplimentar para la admisión de las demandas de repetición, atento el estado de la causa y a los fines de satisfacer las exigencias del art. 23 del decreto-ley 1285-58, corresponde compartir la decisión adoptada sobre el fondo del asunto en el voto de la mayoría.
Actuaciones notariales, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sotelo, Osvaldo c/ Millan, Héctor Guillermo s/ Resc. de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Los gastos relativos a la actuación notarial y al envío de las cartas documentos, integran al concepto de costas y no deben ser incluidos en el rubro en cuestión (art. 77 C. Procesal), quedando diferida su inclusión para la pertinente liquidación, que debe practicarse en la ejecución de sentencia (art. 401 Código Procesal).
Sentencia, voto de adhesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peña de Pascual, Dolores Brígida c/ Paola, Rubén Norberto Pascual s/ Desalojo, falta de pago Frigorífico Atlántico S.R.L. c/ Greco, Jose s/ Cobro de pesos Silva, Manuel Abel c/ Wagner, Norberto s/ Cobro de australes Giménez, Roberto Pedro c/ Cardozo, Esther s/ Desalojo Asesor de Incapaces Nº9 1 c/ Annibali, Luis Daniel s/ Filiación Cangi, Esteban c/ Sapere, María Teresa s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01|1985-06-18|1994-03-22|1994-11-15|2001-10-10|2002-04-24

La adhesión de los jueces al voto del que lo funda con anterioridad no es motivo de nulidad aunque no se reproduzcan las razones brindadas por el juez preopinante.
Daños y perjuicios, indemnización, muerte de la víctima, daño material, prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

En lo referente a la determinación del daño patrimonial, la consecuencia principal de la eliminación del quantum mínimo para todo caso de "pérdida de la vida humana" deja abierta la posibilidad de que la parte accionada destruya la presunción hominis del artículo 1084 del Código Civil demostrando la ausencia del daño patrimonial para los legitimados.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO COMERCIAL DEL NORTE S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REP ARGENTINA. s/ APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

Lo atinente a la inteligencia que corresponde reconocer a los arts. 3 de la ley 18.061 y 1 de la ley 21.526, a la aplicación del régimen que ambas consagran a la actividad desarrollada por la firma sancionada, y a que las objeciones que las recurrentes formulan al criterio del a quo relativo a las circunstancias que definen el carácter público de las operaciones sujetas a las normas mencionadas, no remiten, en rigor, a la interpretación de éstas, sino al examen de una cuestión de hecho y prueba ajena, por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48.
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., de S. c/ S., D. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

No habiéndose aportado pruebas acerca de alguna causa legítima que justifique el abandono 20 días antes del nacimiento del tercer hijo del matrimonio, tal alejamiento configura la causal de abandono voluntario y malicioso puesto que para desligarse del matrimonio, del deber matrimonial de convivencia, deben mediar causas graves y no sólo defectos personales del cónyuge.
Responsabilidad médica, intervención quirúrgica, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Crespo, Fabiana Salomé c/ Gondra, Hugo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-03

Resultan responsables el sanatorio y el médico que realizó una intervención quirúrgica cesárea, si la víctima luego de la misma debió ser intervenida en dos oportunidades a raíz del descuido y omisión de control durante el post- operatorio, máxime cuando el sanatorio no acompaÑó al proceso la historia clínica de la víctima.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vigna, Aldo s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

La reforma introducida por la ley 22.917 al decreto ley 19.551/72, seguida por la ley 24.522, si bien suprimió la exigencia de la matrícula respecto de los deudores comerciantes, no modificó en absoluto la obligación que les impone el Código de Comercio en materia de contabilidad, regulando una serie de pautas dirigidas a evidenciar la verdadera situación económica; en consecuencia, subsisten en pleno vigor las normas referentes al orden uniforme de la contabilidad regulado en los arts. 43 al 67 del Código de Comercio, con el sentido resultante de los términos en que está redactado el art. 44 del mismo cuerpo legal.
Derechos y garantías constitucionales, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Exolgan S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 13.345
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-26

Aún en este tipo de proceso, incumbe a la parte actora acreditar que el ejercicio de los derechos constitucionales se halla afectado debido a la aplicación de la ley cuya constitucionalidad se controvierte, o demostrar de qué manera y con qué alcance la norma produce una afectación a una garantía constitucional.(doctor Genoud, sin disidencia)
Nulidad del convenio, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Manuel Reynaldo Farfán c/ Municipalidad de Perico s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. A - 86196/94 Indemnización por accidente de trabajo. L.A. N 47 F  529/531 N 243 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. A - 86196/94 Indemnización por accidente de trabajo. L.A. N 47 F  529/531 N 243
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-06

La sanción de nulidad se impone al convenio porque resulta evidente la lesión a los derechos subjetivos del trabajador, apoyados por el orden público para hacerlos irrenunciables y evitar imposiciones unilaterales derivadas de la conveniencia económica del empleador, en desmedro de la parte más débil de la relación, perjudicada ya en su fundamental patrimonio que es su propia persona comprometida al trabajo.
Agrimensores, ejercicio profesional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalva, Rubén Alberto s/ Rec. ley 9671. Colegio de Agrimensores de la Prov. de Bs. As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18

Un retardo inexplicable en la realización de un trámite, encuadrado en el ejercicio de la profesión, puede ser entendido como una manifestación de incapacidad, ya que esto no implica sólo conocimiento, sino también idoneidad que abarca todas las modalidades de la actividad de un profesional, en cualquier especialidad.
Discriminación, principio de no discriminación, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P., G. D. c/ Hospital Alemán Asociación Civil s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-07

Uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. En consecuencia, teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional, se considera que cuando una persona invoca un supuesto de discriminación, como en el caso, se invierte la carga de la prueba.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, honorarios, regulación de honorarios, exceso ritual manifiesto, recurso de reposición (procesal), recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO - MEDIDA INNOVATIVA - GAS DEL ESTADO - RECURSODE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 964-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-02

Una constante línea jurisprudencial interpreta que cuando la regulación de honorarios del abogado estuviere contenida en sentencia o auto interlocutorio que resuelva incidente, solo será susceptible de apelación. De ello se desprende -a contrario sensu- que si la regulación no estuviere contenida en la decisión principal o incidental que dirime, es menester el recurso de reposición previa. Sin embargo, que el Tribunal A-quo justiprecie que los honorarios de una de las partes debían ser disminuidos, pero los correspondientes a la otra ya habían quedado firmes y ejecutoriados por no haberse interpuesto revocatoria, importa un apego a las formas en desmedro de la verdad jurídica objetiva, ya que la aplicación de la referida postura jurisprudencial conduce a una inconsecuencia lógica en la tarea de cuantificar una misma o similar actuación profesional, cuando ello implique que una de las regulaciones sea inexorablemente exuberante a la luz de la otra, configurándose un exceso en los límites de razonabilidad o logicidad tolerados. Así, la Alzada transitando el carril de una interpretación excesivamente ritualista de las normas procesales, consagra una solución que veda el conocimiento de la verdad jurídica objetiva y equivale a una renuncia al logro de ésta y, asimismo, como fruto de la omisión de su propia jurisdicción apelada, arriba a un resultado que se traduce en la frustración del acceso a la segunda instancia que, conforme a la doctrina sentada por el más Alto Tribunal de la Nación, integra la garantía de la defensa en juicio, la cual aparece así indebidamente restringida.
Monto de la pena, delitos contra la humanidad, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Pedro Santiago y Feito, Alfredo Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

En cuanto al monto de la pena, la defensa no logró rebatir las sólidas argumentaciones brindadas por el tribunal oral. Nótese que la excesiva gravedad de los hechos imputados, respecto de los cuales se ha aclarado que entran en la calificación de delitos de lesa humanidad, perpetrados por quien formaba parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que se valió de toda una maquinaria estatal con la finalidad de suprimir violentamente a quienes fueron tildados de subversivos, impiden que la sanción impuesta sea menor. La presencia no permanente del encartado en los centros clandestinos de detención "Banco" y "Olimpo", en forma contraria a lo expuesto en el pronunciamiento impugnado, de modo alguno permite descartar que el nombrado haya conocido el sistema de cautiverio instaurado e intervenido en las detenciones ilegales, los tormentos, las condiciones de encierro, el sometimiento e incertidumbre sobre el destino de las víctimas que allí se encontraban y por las cuales resultó absuelto, resolución que debe ser anulada.
Falsificación de instrumento público, tipo penal, licencia de conducir, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: CHEN JIUN, Wei s/ procesamiento.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-08

El hecho de que el tramite de obtención de una licencia para conducir o uno relacionado con una categoría habilitante de mayor significancia a la obtenida originariamente no es una actividad que pueda delegarse en un tercero, por lo que acredita el dolo exigido por el tipo penal escogido por el "a quo".- Por otra parte, este tribunal ha señalado que "el carácter público del documento viene determinado por la esfera en que se produce y por el sujeto u órgano del cual emana su formación" y que "la calidad de documento público... no sólo abarca a los señalados por el art. 979 del C.C., sino también a los que otorgan o refrendar funcionarios públicos dentro de las esferas de sus competencias y cumplen formalidades legales o reglamentarias que los indican como auténticos" (in re, causa nro. 32.714 "Pugliese Blas", rta. 26/10/07). En ese aspecto, entendemos tal como lo hizo el "a quo", que la licencia de conducir expedida por funcionario público competente es un documento público. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Crespín,  Jorge  Evaristo  - Del Campo, Mario Eduardo s/ coacción agrav. y lesiones en conc. real.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Los recursos extraordinarios contra la sentencia que rechazó el recurso de casación son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia del Dr.

Juan Carlos Maqueda).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal), doble instancia, sentencia, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOSTI, ALFREDO c/ CAJA FORENSE 1RA. CIRCUNSCRIPCION DELEGACION RAFAELA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Si bien es cierto que la pretensión recursiva de la apelación de la demandada refería a que se procuraba obtener la revocación del decisorio de grado y el reenvío a fin de la emisión de un nuevo juicio, ello no le impedía a la Alzada -en uso de las disposiciones de la ley ritual local- emitir su decisión sobre temas omitidos, sin que se pudiere alegar la afectación de la garantía de la doble instancia, de aplicación estricta en el ámbito del derecho penal, pero no aplicable con la misma extensión al ámbito civil, como lo ha interpretado la Corte Suprema nacional al no objetar constitucionalmente lo decidido en este sentido, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen, extremo este último que no se presenta en la especie. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia parcial: Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Fallos 310:1162; 311:274; 312:195; 318:1711. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 246
Accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: González, Luis Felix c/ Arcometal SA s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

El tema de la fecha de exigibilidad del crédito adquiere importancia cuando el reclamo se sustenta sobre la base de dolencias que resultan contraídas a lo largo de la relación laboral. En tales casos, se impone establecer qué momento puede fijarse concretamente como el de la efectiva producción del daño, y su consecuente exigibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, interpelación, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: GUILLEN, FRANCISCO s/ Cheque sin fondos Causa 28515
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-29

Es válida la interpelación del rechazo de los cheques dirigida a la sociedad en cuyo nombre fueron entregados, aunque no haya sido dirigida personalmente a los firmantes. Cuando está admitida la suscripción de los cheques en nombre de una sociedad debe considerarse que quienes lo hicieron son los destinatarios de las comunicaciones dirigidas al ente ideal. (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Mutual Juramento c/ Legname de Biscardi, Mirta Fátima s/ cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-08-28

Si bien es cierto que la eficacia de la prueba testimonial no depende de la cantidad de testigos y que la máxima testius unus testius nullus resulta inaplicable como criterio regulador de valoración del testimonio en materia laboral, no es menos cierto que, para que un testimonio singular sea susceptible de fundar la existencia de un hecho, éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, ponderando la mayor o menor verosimilitud de sus declaraciones conforme a las circunstancias del caso, y ateniéndose a pautas de apreciación más estrictas que cuando media una pluralidad de testigos.- DRES.: STORDEUR - SEGUI.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal, rechazo in límine
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mohamed Ricardo s/ Rec. de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

La Cámara Nacional de Casación Penal ha resuelto que en aquellos casos en que la suspensión del juicio a prueba resulta manifiestamente improcedente, el Tribunal que debe decidir puede rechazarlo in limine, sin celebrar la audiencia prevista en el art. 293 citado (CNCP, Sala IV, "Torres, María Rosa", reg. n° 6719.4 del 22/6/05, y sus citas; entre muchas otras).
Reconocimiento en rueda de personas, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: NAPOLITANO, M. s/ RECONOCIMIENTO RUEDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-26

No son nulas las diligencias de reconocimiento en rueda que no aparecen identificadas todas las personas que componen la rueda, bastando que obren los nombres y apellidos de los integrantes.

Tampoco vicia de nulidad los reconocimientos, la circunstancia que no firmaren las actas las personas que componen la rueda, ya que ni siquiera corresponde que la firma el acusado, por cuanto la diligencia es un acto propio del testigo.
Abuso deshonesto, declaración de la víctima menor
Materia: PENAL
Carátula: Masotta, Mario H. s/ Abuso deshonesto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-12

No debe descartarse a los fines de la condena por los delitos de amenazas y abuso deshonesto el testimonio de la menor víctima de 10 años, aunque sus dichos contengan diferencias numéricas o de matices sin embergadura suficiente para desvirtuarlos, pues el hecho de ser víctima de un delito no puede representar un compromiso procesal mayor, máxime si con el caso, se han reunido elementos de prueba que habilitan a sustentar la veracidad de su versión, teniendo en cuenta que se trata de delitos que conllevan necesariamente la privacidad de su comisión.
Regímenes jubilatorios especiales, jubilación de magistrados, prestaciones complementarias
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - PEN - Mº.de Justicia de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

La ley 24.018 es un régimen básico y autónomo integrado por las disposiciones de la ley 18.037. De acuerdo con lo dispuesto para el art. 26 de la ley 24.018, el régimen general de la ley 18.037 es, en este caso, un régimen complementario del régimen especial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Asociaciones sindicales, cargos gremiales, estabilidad del delegado gremial, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SALINA ZACARIAS, PEDRO c/ TRANSPORTES Y DEPOSITOS  M.B. MAZZOLA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-30

El art. 31 del decreto 640/80 que reglamenta el art. 53 de la ley 22105 no exige expresamente la mención del nombre y demás datos identificatorios del candidato, pero esta exigencia resulta implícita ya que la comunicación de la oficialización de la candidatura genera el derecho a la estabilidad y el acto de oficialización supone la emisión de un juicio de idoneidad de la persona propuesta.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Fuentes de Rago, Marta s/ Ejecución y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Conforme lo resuelto por la SCBA. en Ac. 43858 "Zgonc, Daniel R. y otro c/ Asociación Atlética Villa Gesell s/ cobro australes" del 21 /05/91, la depreciación monetaria sólo se computará hasta el 31/03 /91 en virtud de lo dispuesto por el artº 8 de la ley 23928, debiendo liquidarse los intereses a partir de esa fecha de acuerdo a la tasa que regla el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, prisión preventiva, inadmisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, coronavirus, cuestiones procesales, crímenes de lesa humanidad, grupos de riesgo
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Fernández, Oscar Raúl c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-19

Corresponde conceder el arresto domiciliario debiendo el a quo adoptar los recaudos pertinentes. En casos como el presente (Pérez Fernández fue condenado a la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y tiene 70 años de edad) resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Teniendo presente los compromisos asumidos frente a la comunidad interamericana, cobra virtualidad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Cap. I, art. 2); toda vez que tanto el art. 10 del CP, como el art. 32 de la ley 24.660 -ambos en su inciso d)- establecen el arresto domiciliario a partir de los 70 años de edad. No estando prevista legalmente ninguna otra exigencia más allá del requisito etario, sólo deben evaluarse y fijarse las condiciones a las que quedará supeditado a fin de garantizar un efectivo control jurisdiccional, pudiendo tomarse en cuenta -a modo ejemplificativo- las enunciadas por el voto mayoritario en el precedente "Alespeiti" de la CSJN. El voto concurrente agregó que en la decisión recurrida no se valoraron los riesgos procesales que podrían surgir por el otorgamiento de la prisión domiciliaria, omisión que determina su nulidad. Entendió que amén de la verificación del supuesto del inc. "d", se evidencian en el caso también las razones humanitarias que inspiran el instituto pues el imputado exhibe enfermedades crónicas y es considerado persona con riesgo sanitario para COVID. La disidencia entendió que debía rechazarse el recurso toda vez que la decisión resulta ajustada a derecho y se encuentra en sintonía con los compromisos internacionales asumidos. Si bien se encuentra en la franja etaria considerada como población de riesgo y presenta hipertensión, esas circunstancias por sí solas no habilitan la concesión automática de la modalidad domiciliaria, por cuanto su salud se encuentra controlada en su lugar de alojamiento, sin que esto implique -de momento- un riesgo superior al que podría afrontar en su domicilio. Advirtió el serio riesgo que representaría para las víctimas y la sociedad, adoptar decisiones improcedentes ante la gravedad de las conductas por las que fue condenado a prisión perpetua. Dres. Gemignani, Riggi -voto concurrente- y Catucci -en disidencia-.