marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Radiodifusión, COMFER, licencia de radiodifusión, ley de radiodifusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Vaca, Julieta Lorena c/ Comfer s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-15

Si el permiso provisorio y precario para operar el servicio de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que surge del número de inscripción 924 en el Registro Decreto 1.357/89 tiene como único titular a una persona y que con fecha 03/05/2002 la actora y aquélla suscribieron un contrato con el objeto de transmitir la titularidad del permiso, el que fue presentado por el COMFER recién el 20/10/2008, sin que se hubiera dictado hasta la fecha un acto administrativo concreto autorizando dicha transferencia, realizando una interpretación armónica de los arts. 46, inc. f) y 85, inc. i) de la Ley Nacional de Radiodifusión 22.285 y del art. 4 de la resolución 1.488/06 hasta el momento sólo aquella persona es el único titular del permiso precario y provisional que surge del registro con el n° 924, no pudiéndose considerar que la simple presentación de un contrato de transferencia ante la autoridad administrativa, implique que que ésta apruebe la operación con la consiguiente asunción de la titularidad, ya que para ello es necesaria la previa intervención del COMFER, que ejerciendo la competencia que tiene asignada por ley, emita el pertinente acto administrativo en el sentido propuesto (Del voto del juez Lopez Castiñeira, cons. V).
Gastos futuros, accidente de tránsito, pericia médica
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: FREDES NANCY ESTHER c/ VIA BARILOCHE S.A. Y OTRO s/ D.Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-10

En cuanto a los gastos médicos futuros, la sentencia determina que los mismos ascienden a $15.000,00, para arribar a dicha suma tiene en cuenta lo dictaminado en la pericia médica, cuando se recomienda 40 sesiones de fisiokinesioteparia al año. Ahora bien, el experto a la fecha del dictamen (3 de julio de 2014), estimó que cada sesión tendría un costo que rondaría los $200,00, por lo que el importe fijado resulta desproporcionado, habida cuenta de que si tomamos el valor que arroja la pericia médica, por cuarenta sesiones a un costo de $200,00 por cada una, arroja la suma de $8.000,00. (del voto del Dr. Ghisini, en mayoría).
Contrato de transporte, responsabilidad del transportador aéreo, venta de pasajes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ricale Viajes SRL c/ Black y White SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-14

Corresponde rechazar la demanda incoada por una agencia de viajes contra otra empresa de viajes en reclamo del pago de pasajes aéreos emitidos a nombre de la demandada, toda vez que la accionada opuso los recibos correspondientes al pago de tales pasajes, los cuales fueron otorgados por un agente de viajes que trabajaba en las dependencias de la actora. En ese marco, resulta inadmisible que la actora alegue que no tenía vinculación con dicho agente por tratarse de un vendedor "freelance", en tanto resultó probado que aquel actuaba ante terceros con apariencia de obligar a la actora. 2. La circunstancia de que el agente de viajes atendiera en las oficinas de la actora, con un email perteneciente a la empresa y fuera identificado por terceros como miembro de la actora, torna verosímil que tuviera en su poder recibos emitidos por la accionante, y que los cocontratantes los hubieran tenido por válidos. La misma actora admitió que estos agentes "freelance" realizan habitualmente la cobranza de ventas. En ese sentido, en nada influye que el recibo de pago fuera denunciado como extraviado, pues las consecuencias del actuar de un empleado desleal no pueden recaer sobre la contraria.
Resistencia a la autoridad calificada por poner manos en la autoridad, evasión, tentativa, concurso aparente de leyes, principio de especialidad (penal)
Materia: PENAL
Carátula: SILVA, MARIO ARMANDO s/ EVASION - TENTATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-04-07

Si bien la conducta de quien pretendió evadirse de la detención, ya realizada, para su identificación por falta de documentos-, mediante el uso de violencia en las personas de sus aprehensores, encuentra su subsunción jurídica en el art. 239, inc. 4, del Código Penal, el suceso también resulta captado por el art. 280, 2da.

hipótesis, en relación con el art. 42, ambos de aquel cuerpo legal;

de lo cual surge que las dos figuras penales se relacionan como un caso de concurso aparente de leyes, de uno de cuyos principios, -el de especialidad-, se deriva la aplicación de la última.
Accidente de tránsito, confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, daños y perjuicios, falta de prueba, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: PANGUILEF LUIS DANIEL c/ MEDRANO DARIO FABIAN Y OTROS s/ D. Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-17

Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechaza la demanda por los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito que protagonizaran las partes, pues el demandado -conductor del automóvil- circulaba por la derecha del actor -conductor de una motocicleta- y no se encuentran acreditadas excepcionales circunstancias que traigan aparejadas la inaplicabilidad de la prioridad de paso que establece el art. 41 de la ley 24.449. (del voto del Dr. Pascuarelli, en minoría).
Concursos, acreedor hipotecario, verificación de créditos, obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. 84463 CITIBANK NA EN J° 11157/28956 EL RAPIDO SRL s/ CONC. PREV. INC. DE PRESC. (PIEZA SEP. EL RAPIDO S.R.L.) EN J° 8715 S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-15

Los acreedores con garantía real, aún los que pueden proceder a ejecutar su garantía mediante remate no judicial del bien, tienen el deber de verificar sus créditos en el concurso de su deudor, resultándoles aplicable el art. 56 de la ley 24.522, quedando su derecho sujeto a la prescripción que dicha norma prevé.
Procedimiento tributario, obligación tributaria, AFIP DGI, contribuyentes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Verón, Teresa Argelia s/ Rec. de Apelación -  I.V.A.  Ganancias  T.F.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Los arts. 23 y ss. de la ley 11683 admiten que la D.G.I. ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria pueda considerar a efecto de establecer las materias imponibles, el conjunto de circunstancias relativas al contribuyente que permitan inferirla a través de una adecuada valoración y en el marco conceptual de las leyes impositivas aplicables. Ninguna norma de carácter legal se opone a ello.
Colegio profesional, potestad disciplinaria, sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles, leyes, constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, competencia, juez de distrito
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: M., R. Y P., J. F. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA). DENUNCIA FORMULADA  POR LOS COLEGIADOS DRES. IGNACIO FLORENTINO LOZA Y EUGENIA VICTORIA  DELPORTE (CSJ EXPTE Nº 317-91) G. B., J. P. c/ TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA DEL NOTARIADO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUMARIO Nº  1/91 S. DENUNCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS, JUZGADO PENAL DE   INSTRUCCION Nº 6 -PROTOCOLOS NOTARIALES SECUESTRADOS-. (CSJ EXPTE Nº  76-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18|1994-03-16

Ante la ilegitimidad constitucional de las normas legales que atribuyen competencia a la Corte Suprema de Justicia para resolver impugnaciones contra actos de los Colegios Profesionales y hasta que el órgano legislativo remedie la situación existente mediante el dictado de las normas pertinentes, todo colegiado, ante la denegación de inscripción en la matrícula, o aplicación de una sanción disciplinaria, tiene la vía abierta ante los jueces de Primera Instancia de Distrito, que son los que tienen la competencia plena (artículos 4, 5 y 70, Ley Nro. 10.160); los cuales deberán arbitrar, necesariamente, la tramitación que deba observarse de acuerdo con el espíritu, conforme al artículo 693 del Código Procesal Civil y Comercial, que lo inspira y con los principios que rigen en materia procesal, que viene a constituir con ello un punto cardinal de nuestro sistema jurídico provincial.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Medina, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Secretaría de Seguridad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Teniendo en consideración lo dispuesto en el régimen procedimental aplicable a la materia -en el caso, art. 65 dec. ley 9550; 321 y concs. del decreto reglamentario nro. 1675; 86 y 89 del dec. ley 7647) y el marco dentro del cual el Tribunal ejerciese la competencia que sobre la materia contencioso administrativa transitoriamente la Constitución de la provincia le atribuye (art. 215 Const. prov.), la demanda debe desestimarse por no ser formalmente procedente, si no aparece cumplida la exigencia precisada por la ya antigua doctrina del Tribunal en punto a la obligatoriedad de la articulación de por lo menos un recurso administrativo contra el acto cuya validez se pretende enjuiciar, requisito exceptuado únicamente en los casos de resoluciones desestimatorias de recursos resueltos por la vía jerárquica o por autoridad competente en un procedimiento impugnatorio (arts. 215 citado; 1, 28 inc. 1, 36 y concs. del C.P.C.A.). (Minoría u opinión personal)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, pena, detención
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: O, E. K. s/ Artículo 68
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-13

Sin intentar ahondar en las distintas funciones que la pena, como modo de condena en todo derecho de naturaleza penal (como lo es el contravencional), es deseable que tenga como norte un criterio de utilidad, ya sea si este fin consiste en la intimidación de la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos de autores potencialmente indeterminados o si sólo consiste en obrar sobre el autor del hecho ilícito cometido para que no reitere su hecho (estos son, criterios de prevención general y especial, respectivamente); y no que sólo tenga un fin de retribución, fundamentado en una teoría absoluta de la pena.

De esta forma, la pena de arresto, pareciera consonarse con este último fin, y no con aquellos que se postulan como más deseables, por lo que, con miras en este planteo, se habrá de revocar la imposición de pena formulada por el juez de grado en el caso, trocándola por la de trabajos de utilidad pública. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Tasa municipal, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

La contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones, pues son estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional; la excesiva latitud en la caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coop. de Elect. Consumo y Serv. de Antonio Carboni Ltda. c/ Municip. de 25 de Mayo. Coadyuvante: Cooperativa Elect. de Norberto de la Riestra s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Como la Constitución Provincial establece que los gastos no previstos en el presupuesto se deben establecer en ordenanza especial, la que deberá prever la forma en que se obtendrán los recursos (art. 192 Ap. 5to. último párrafo, Const. prov.) y el art.

31 del decreto ley 6769 contempla la imposibilidad de producir afectación del gasto municipal sin previa fijación de los recursos disponibles si el peticionario -letrado que actúa en representación o un municipio- no acredita la existencia de una Ordenanza especial que autorice el gasto, ni el cumplimiento de los recaudos exigidos por la normativa específica de la materia (arts. 192 Ap. 5to. último párrafo Const. Prov. y el 31 del dec. ley 6.769 t.o. 11.582), corresponde desestimar el pedido de regulación de honorarios.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción adquisitiva, accesión de posesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VIZGARRA, HUGO BERNARDO c/ GARCIA DE PERALTA, CAROLA A. Y/U OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-20

Cuando se pretende unir las posesiones para adquirir el derecho real de dominio por prescripción, resulta exigible probar la posesión del antecesor.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Ramón c/ Dirección Hidráulica s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

En caso de muerte por accidente (responsabilidad extracontractual) la indemnización a título de "chance" puede encontrar su sustento en la idea que la familia constituye un todo orgánico, en que las diversas partes mantienen una estrecha relación de interdependencia, de manera que cuando se lesiona a un miembro de la familia, sufre el todo no sólo moralmente sino también materialmente. El resarcimiento que se fija como chance reposa, en verdad, en ganancias eventuales, siendo que su determinación aparece notablemente imprecisa, no sólo por su monto sino por su existencia misma.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, privación del uso de la cosa, indemnización, patente del automotor, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ferella, Carlos Alberto c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

Procede confirmar la resolución que ordenó el reintegro solicitado por el asegurado, de las primas pagadas con posterioridad al siniestro, en el marco de una demanda en la que se reclama el cobro del seguro por destrucción total del automotor y los daños y perjuicios derivados. Ello por cuanto resulta admisible el derecho del asegurado para recuperar los gastos que por seguro se hubieran generado durante el tiempo en que, con exceso, se vio demorado el cumplimiento por parte de la aseguradora de los deberes que se encontraban a su cargo, ya que, si bien la privación de uso determina la no erogación de ciertos gastos como combustible, lubricantes, etc., no hace lo propio con otros como los de patentes y seguros que, durante el lapso de la indebida demora, deben ser pagados igualmente pese a que para el asegurado se han tornado improductivos y que su generación no requiere prueba pues constituye un hecho notorio.
Reordenamiento del sistema financiero, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Muñoz  de  Canevaro  Elena  y otro c/ PEN Ley 25.561 Dto. 1570/01214/02". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-08

Deben rechazarse los recursos que, habiendo sido esas resoluciones consentidas por el Estado Nacional y el B.C.R.A., hubiesen sido sólo deducidos por los bancos depositarios, porque así como no podría admitirse la legitimación de la entidad financiera (por ausencia de derecho subjetivo afectado) para impugnar judicialmente una eventual norma derogatoria de las normas impugnadas por los ahorristas, tampoco podía aceptarse que constituyese un interés propio de ellas, susceptible de tutela judicial, la caída del sistema financiero y la consecuente frustración de los derechos de la mayoría de los ahorristas que los bancos depositarios (en contra de la voluntad que para esos casos cabía atribuir a las autoridades nacionales competentes para preservar tales intereses ajenos) invocaran como necesaria consecuencia del dictado de tales medidas cautelares, por lo que se concluyó que, consentida por las autoridades nacionales la no vigencia para el caso de las normas impugnadas por los ahorristas que ellas dictaron, en tanto las entidades financieras co-demandadas no invocasen que la medida autosatisfactiva que recurrían afectase un derecho propio emergente del contrato de depósito que rige los derechos y obligaciones de las partes, no se advertía concretamente el gravamen jurídico propio que el cumplimiento de la medida cautelar podía causarles, dado que la eventual imposibilidad material de cumplimiento de la orden judicial de entrega anticipada de los fondos en que pudiese encontrarse el particular banco depositario demandado hallaba solución jurídica a través de la ley de entidades financieras -la que regula el procedimiento voluntario que puede seguirse en los supuestos de ausencia de liquidez y/o solvencia de las entidades que operan habitualmente en la intermediación financiera-, y habida cuenta que las negativas consecuencias económicas que podrían derivarse a su respecto en virtud de lo dispuesto en el art. 10 del decreto 214/02 constituía una cuestión ajena a la que regulaba la relación contractual entre depositante y depositario y que, en todo caso, debía plantearse contra quien se encontrase legitimado para satisfacer las pretensiones compensatorias que pudiesen incoarse al respecto (cfr. esta Sala, "Klurfman, Mauricio", del 11/6/02). (Consid. V.2.).
Concursos, homologación del acuerdo, acreedor privilegiado, verificación tardía
Materia: COMERCIAL
Carátula: Telepiu SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

El acuerdo homologado para acreedores privilegiados especiales alcanza en sus efectos al crédito laboral verificado tardíamente (cfr. CSJN in re "Florio y Compañía ICSA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Niz, Adolfo R.", del 15/04/04, fallos 327:1002).
Recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Urdiales, Susana Magdalena c/ Cossarini, Franco y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

El depósito previo tiende más que a desalentar la utilización indebida del recurso de queja por denegatoria del recurso extraordinario, a penalizar pecuniariamente a quien peticionó sin derecho poniendo en marcha una nueva instancia judicial - con su consiguiente costo para la comunidad - y dilatando en el tiempo, si ese fuera el caso, el cumplimiento de su obligación (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contrato de trabajo, prestación de servicios, presunción juris tantum
Materia: LABORAL
Carátula: Agüero Juan c/ Benitez Lucio Gerardo s/ Reclamo s/Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-05-29

Si bien es cierto que el art. 23 de la LCT establece una presunción "iuris tantum" con respecto a que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo; no menos verdadero es que la propia ley supedita la viabilidad de tal aserto a que las "circunstancias, relaciones o causas que lo motiven" no indiquen lo contrario (conf. art. citado, primer párrafo, "in fine"). Esa literalidad del precepto tiene una razón de ser, indicativa de la diversidad de situaciones casuísticas que pudieran presentarse y que -en cada caso- les toca a los tribunales examinar. Por lo tanto el examen de esas "circunstancias, relaciones o causas" no está excluido del estudio de la operatividad de la presunción, sino que lo presupone.(Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).
Procedimiento laboral, prueba confesional, valor probatorio, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN DIAZ ALDO HORACIO c/ LO BRUNO S.A. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACION SALUM JORGE LIONEL c/ BENEVOLE DE GAUNA TERESA s/ COBRO DE PESOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-05-03|2007-06-06

Considerada la confesional, desde todos los tiempos como la reina de todas las pruebas, su terminante y categórico valor probatorio queda sintetizado en la máxima latina que expresa: confesus pro iudicato habetur (al confeso se lo tiene por juzgado) disipando, su obtención, toda duda acerca de la existencia, características, modalidades y circunstancias atinentes al hecho sobre el cual la misma recae. Efecto inmediato de la confesión es que se produzca la relevatio ab onere probando, con el desplazamiento de la carga de la prueba sobre el admitente, quien para liberarse de los resultados de la admisión, deberá acreditar la existencia de otros hechos que anulen o neutralicen sus consecuencias.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia, leyes, concurso preventivo, acuerdo de partes
Materia: CONSTITUCIONAL. COMERCIAL
Carátula: MARTINO BARETTA Y CIA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO POR COOP.   MINERA Y DE CONSUMO SANTAFESINA LTDA. QUEJA POR DENEGACION DEL   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 394-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-24

En modo alguno puede entenderse configurado el reproche de arbitrariedad esgrimido por el quejoso -discrepa con la aplicación de la ley 24522 a la homologación del acuerdo preventivo, por entender que debió aplicarse la ley 19551, aplicada a las etapas anteriores-, el que se enmarca exclusivamente en el disenso en torno a la interpretación del ámbito de vigencia temporal de ambos ordenamientos, mas sin lograr demostrar que -en el ejercicio de funciones propias de los jueces de la causa- que la decisión desborde los límites hermenéuticos que brindan el artículo 290 de la ley 24552 y el decreto 267/95 del Poder Ejecutivo nacional.
Recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, existencia de otras vías, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FLAMENCO, RAUL ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-16

Corresponde rechazar la queja desde que la interpretación brindada por la Sala se ajusta a aquellas premisas de acuerdo a las cuales no puede concluirse que siempre y en todos los supuestos el recurso de amparo es la vía adecuada para ejercer el control de una conducta de la administración.Y es que las aseveraciones del Tribunal responden a reiterada jurisprudencia de esta Corte que, por un lado, ha sostenido que debe desestimarse el amparo si el reclamo excede sus posibilidades de debate y prueba, en tanto la cuestión se entronca así con el requisito de la inexistencia de un medio judicial más idóneo, y por otro lado, ha recalcado que si bien la pauta de que exista competencia contencioso administrativa no es la única y exclusiva que condiciona la procedencia de esta acción pues deben verificarse en concreto si concurren todos y cada uno de los recaudos exigidos por el artículo 43 de la Constitución nacional, la presencia de esta materia implica que ese análisis debe efectuarse desde la perspectiva de que se está detrayendo competencia a los tribunales que constitucional y legalmente cuentan con atribuciones para controlar a otro poder del Estado. (Citas: CSJStaFe AyS T 159 p 194; T 213 p 183; T 132 p 67; T 206 p 19; T 208 p 14)