Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-30


AUTOS N° 20.117(58195/1 - 1° CIVIL) "LECCORP SOC.GRAL S.A. C/ Pons Juan Carlos - Ejecutivo S/ Incidente de Ejecución de Convenio" L. DE A. T° 169, F° 53/58 SAN JUAN, 30 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos autos N° 20.117 (58.195/1 - 1° CIVIL) caratulados "LECCORP SOC.GRAL S.A. C/ PONS JUAN CARLOS - EJECUTIVO S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE CONVENIO", el recurso interpuesto por Juan Oscar Pons contra la resolución del 20-10-08 que dispone rechazar el incidente de nulidad que planteara, con costas; y regular los honorarios de Silvia Fernández Ramos quien actúa por derecho propio, como ganadora en $ 300. La nulidad fue opuesta por el nombrado, a fs. 39, donde solicita la invalidez del procedimiento, y retrotraerlo al momento de la citación de remate para permitirle ejercer defensas oponiendo excepciones.

Sostuvo que la citación de venta fue notificada en un domicilio en donde no reside; lo que invalida la ejecución. Que más allá de ser titular de la parte indivisa embargada no se domicilia en calle Güemes 77, Norte y que este juego de notificaciones nulas ha determinado quedar excluído de oponer las excepciones de falta de personería y falsedad de la ejecutoria; lo que es suficiente para tener por alegado y acreditado el perjuicio sufrido y el interés que pretende subsanar con este incidente.

La juez consideró que la nulidad es de interpretación restrictiva, un remedio "excepcional"; que hay que tener en consideración el perjuicio sufrido y el interés que se procura subsanar con la declaración pedida. Aclara que la ejecución deviene del incumplimiento en el convenio acordado en los autos principales, donde se pactó el pago de honorarios a los ejecutantes; y donde el deudor reconoce expresamente, bajo juramento, que sus datos personales son los que se encuentran insertos. En virtud de ello, se puede afirmar que el domicilio sito en calle Mitre Nº 85 Oeste, es el que se ha constituído para todos los efectos legales. Que sin desconocer el carácter autónomo de la ejecución, no se debe desconocer su carácter incidental al estar sujeta al juicio principal, en el que en definitiva se pactó el modo en que las partes convendrían el pago para cancelar la deuda originariamente existente.

Si el deudor pretende alegar que no reside en el inmueble, supone interpretar que ha cambiado de domicilio. En consecuencia, dar cumplimiento al art. 41 del C.P.C., se configura un imperativo de su propio interés. No cabe otra solución que cumplir con lo establecido en la citada norma, teniendo por subsistido el domicilio real y por válidas todas las notificaciones, hasta tanto no denuncie nuevo domicilio real. Por lo que la notificación de la citación de venta es válida, por defectuoso o irregular que sea, ya que ha logrado la finalidad a la que estaba destinado. Impone costas al vencido.

Los fundamentos que sostienen este recurso están en escrito de fs. 66. Arranca el ejecutado referiéndose a los antecedentes para insistir que la juez hizo caso omiso en los autos principales a sus planteos. Allí los ejecutantes lo dejaron sin defensa, y ahora pretenden nuevamente dejarlo en estado de indefensión. Que es doblemente víctima del juicio donde se le reclama una deuda que no debe. Al ocuparse de la sentencia dice agraviarlo porque se basa en afirmaciones falsas con prescindencia de los autos principales en lo relativo a la subsistencia del domicilio real, y la supuesta falta de denuncia de uno nuevo. Afirma que en varias oportunidades en esos autos principales ha denunciado el nuevo domicilio de calle Av. Libertador 2209-Oeste; acompaña copia de ese escrito, y que el original obra en el expediente principal.

Dice que ofreció como prueba los autos principales y otra ejecución, no obstante lo cual la juez llamó autos para resolver, por lo que advierte parcialidad del Tribunal: quien aparentemente se ha guiado por la afirmación de los ejecutantes sin compulsar los antecedentes de la ejecución. Cita jurisprudencia que afirma que los domicilios subsisten mientras no se constituyan o denuncien otros, solución que debe hacerse extensiva al supuesto que las actuaciones se encuentren paralizadas. Agrega que, habiendo denunciado otro domicilio real distinto al de calle Güemes 77-Norte queda claro que es falso considerarlo aun subsistente; a partir de lo cual, por el solo hecho, queda sin efecto el primero. La actora está actuando de mala fe en tanto no solo tergiversa las constancias de la causa sino que recurre a un doble juego de notificaciones que luego usa como para planteos del tipo de fs. 62/63, rechazado a fs. 64.

Sin que obste a la solución que pretende el art. 530. Afirma que esta norma no es aplicable al procedimiento de ejecución de sentencia en tanto se refiere al juicio ejecutivo en la etapa de oposición de excepciones; es decir, en su etapa inicial, mientras que en el caso estamos ante una ejecución de sentencia donde solo son aplicables las reglas del juicio ejecutivo respecto al trámite de cumplimiento de la sentencia de remate.

Los agravios son contestados a fs. 70.

Y CONSIDERANDO:

El recurso de apelación que toca resolver debe ser rechazado en tanto no lo sostienen críticas que, ajustadas a derecho, permitan llegar a una conclusión diferente a la adoptada por la Juez a-quo.

De inicio objetamos que el impugnante arranque la fundamentación, al igual que el planteo de nulidad, con una invocación contradictoria. En el convenio homologado, agregado a fs. 1-3, reconoce su condición de deudor, aquí dice no deber nada.

Sobre la nulidad propuesta no tiene mejor suerte; aparece improponible; y a su vez carente de cualquier andamiaje que la hiciera procedente.

Lo primero, porque no satisface para nada el requisito de trascendencia que impone el art. 178 del C.P.C. En el caso específico el incidentista dijo (fs. 40 vta.) que los vicios de procedimiento le han causado agravio irreparable "... desde que se me ha impedido del derecho a promover las excepciones de falta de personería y falsedad de la ejecutoria, en este caso, en cuanto a la inhabilidad de su título y la falta de legitimación activa...lo que por lo demás es suficiente para tener por alegado y acreditado el perjuicio sufrido y el interés que pretendo subsanar...".

Estas afirmaciones no satisfacen la exigencia de expresar el perjuicio sufrido e interés en la declaración de nulidad. Siguiendo constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe citar aquella que dice "La parte que promueve el incidente de nulidad debe expresar el perjuicio sufrido y mencionar las defensas que no ha podido oponer (art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) ya que no basta para satisfacer tales exigencias la mera invocación de que la litigante ha sido privada del derecho de defensa en juicio si no se indica concretamente de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de aquel derecho." Autos: Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo. Tomo: 318 Folio: 1798 Ref.: Defensa en juicio. Magistrados: Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano. Disidencia: Abstención: Nazareno; como así que "...las manifestaciones genéricas referentes a que no pudieron interponer los recursos pertinentes contra la providencia que había dispuesto la intimación a efectuar el depósito de ley no satisfacen el requisito atinente a la invocación del perjuicio sufrido, exigido por el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por cuanto la parte debió expresar concretamente los motivos por los cuales no correspondía efectuar el citado depósito o, en su caso adjuntar la constancia de pago correspondiente. Autos: Argentini Silvia y Molinaro Alba s/ expediente N°239 del Colegio Público de Abogados -Tribunal de Etica-. Tomo: 323 Folio: 3319 Ref.: Nulidad procesal. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Petracchi, Boggiano, López. Exp.: A. 400. XXXVI. - Fecha: 31/10/2000.

Siendo que el perjuicio invocado por el demandado es la privación de la ocasión para oponer excepciones, no cabe sino remitirnos al art. 530 del Cód. Procesal Civil que trata específicamente la "Nulidad de Ejecución".

Hoy cuestiona el demandado la aplicabilidad del art. 530 del C.P.C. al decir que estamos ante el procedimiento de ejecución de sentencia, y no el de la etapa de oposición de excepciones del juicio ejecutivo.

Pero es el caso que aun cuando se admita esa posición y ubiquemos la petición de fs. 39 en un incidente de nulidad, resultará que nada cambia sustancialmente porque el citado artículo 178, en concordancia con el 530, va a requerir que quien lo promueve al hacerlo "exprese el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración...".

Lo que así corresponde porque "Si bien la norma del CPC. 172 establece que el peticionario de nulidad debe expresar el perjuicio sufrido del que resulte su interés en la invalidación del acto, y mencionar -en su caso- las defensas que no pudo oponer, sin embargo, en el juicio ejecutivo esa norma queda desplazada por la del CPC. 545-1°, que dispone una más concreta condición de admisibilidad del planteo de nulidad en la ejecución: el nulidicente debe depositar la suma fijada en el mandamiento de intimación de pago, u oponer excepciones. Por ende, no es suficiente, que el ejecutado "mencione las defensas" de que dispone, sino que es menester que "oponga las excepciones" a que se crea con derecho y, en su caso, que ofrezca la prueba de que intentara valerse -prueba que debe proponerse junto con las excepciones, según el cpr: 542-parr. 2°-. (En igual sentido: sala a, 4.3.05, "System image impresiones srl c/ fernández, hector s/ ejecutivo"). Autos: Cocilova Armando A. c/ Abad de Moresco Maria.. y otro s/ ejecutivo. - ref. norm.: c.p.: 172 c.p.: 545 inciso 1 c.p.: 542 - mag.: Rotman - Cuartero - Fecha: 29/03/2001. (Base Lex Doctor).

En el caso especial, tratándose de un proceso de ejecución, no cabe apartarse de las normas que se refieren a la expresión del perjuicio; que por el tipo, y etapa del proceso, más que expresión, requieren el ejercicio del derecho del que dice se ha visto impedido, depositando la suma fijada en el mandamiento u oponiendo excepciones. Entonces no alcanza con mencionarlas, o alegarlas, es necesario interponerlas.

Ello así, porque el demandado no ha negado aquel acuerdo transaccional, y como partícipe, es conocedor de su contenido, de la iniciación de la ejecución, del crédito pretendido, el origen y el monto; y los sujetos intervinientes; con lo cual no hay, tampoco se ha quejado, de falta de conocimiento.

De esto, que no cabe retrotraer el procedimiento para hacer otro requerimiento haciéndole saber algo que ya sabe. Si participó en el juicio principal, y en aquel acuerdo, a su vez se le notifica la sentencia de remate, que abundaba en aquellas indicaciones, nada nuevo se le hará saber si se le gira otro mandamiento. Entonces, sabe lo necesario para hacer valer las defensas que pudieren asistirle, lo que resta toda utilidad a otra notificación.

"Para que la nulidad de la ejecución resulte procedente, es menester el cabal cumplimiento del cpr 545-1°, lo que importa no solo la mera oposición de excepciones sino su formulación en términos que demuestren la seriedad de la petición. (En igual sentido: sala e, 18.2.08, "Abn amro bank nv suc. Argentina c/ Pietraccone, Carlos s/ ejecutivo"). Autos: Camargo Roberto c/ Domingo. Santiago s/ ejec. - mag.: Morandi - Piaggi - Diaz Cordero - fecha: 13/02/1992 (Base Lex Doctor).

Adviértase que no nos encontramos ante un juicio de conocimiento amplio, tampoco en un proceso ejecutivo, sino en la ejecución de convenio, homologado judicialmente, lo que hace más severo analizar la seriedad de cuáles son las defensas que pudo oponer en demandado.

Las consideraciones expuestas alcanzan para el rechazo in límite, conforme lo dispuesto por el art. 176 del C.P.C.

Pero además de ello, se dijo al inicio que no hay agravios que demuestren error en la decisión venida en apelación porque no se observan los vicios que pudieran fundar una declaración de nulidad.

El mandamiento y citación de venta estuvo dirigido al domicilio real del demandado, que fue denunciado por el actor en calle Güemes 77 Norte. Y si bien es cierto pudo modificarse, la sustitución va a tener operatividad desde la notificación que impone la parte final del art. 41 de nuestro Código. Si bien es cierta la jurisprudencia que cita el demandado, ella responde sólo a la parte inicial del artículo, y omite referirse a la condición que representa la partes final de la norma cuando impone la notificación por cédula de ese cambio.

En el caso en estudio se acompaña copia de una presentación en los autos principales en donde denuncia el demandado otro domicilio (Av. Libertador 2209 Oeste) pero nada dice de notificación de ese domicilio a la otra parte, con lo cual queda intacto, por inatacado, el argumento de la juez que dijo que correspondía "....dar cumplimiento al art. 41 del C.P.C.,..." que "... No cabe otra solución que cumplir con lo establecido en la citada norma, teniendo por subsistido el domicilio real y por válidas todas las notificaciones, hasta tanto no denuncie nuevo domicilio real...".

En cuanto a la falta de meritación del juez de otros elementos, como las constancias de los autos principales, no puede ser invocado por el apelante en tanto ha consentido el llamamiento de autos de fs. 52; actitud con la que se han purgado los vicios procesales que pudieron producirse anteriormente, entre ellos no pronunciarse sobre la prueba que ofreciera a fs. 40 vta./41.

En mérito a ello, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto, con costas al vencido.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.