Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1999-02-19


V Û¥- ÿZUshuaia, 18 de febrero de 1999.

VISTOS: los autos caratulados "Hernández Hernández, José Eduardo y Negrón, Joaquín Eduardo s/ Tentativa de robo", expte. nº 268/98 SR; dejándose contancia que el Dr. González Godoy no participa del acuerdo por encontrarse de licencia, y RESULTANDO:

I.	La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, con fecha 6 de octubre de 1998, resuelve declarar la nulidad del auto de fs. 66/67 por el cual se dispuso remitir la presente causa a juicio respecto de José Eduardo Hernández Hernández y Joaquín Eduardo Negrón, en orden al delito de robo simple en grado de tentativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 42 del Cód. Penal y 322 del C.P.P.. La alzada funda su decisión en que previo al auto señalado, el juez de instrucción debió resolver la situación de los nombrados de acuerdo a una de las formas previstas por los arts. 278, 281, 284 o 309 de nuestra normativa procesal. En apoyo a su decisión, invoca jurisprudencia de este Tribunal (fs. 72/75).

II.	Contra dicha decisión, el Sr. Agente fiscal, interpone recurso de casación (fs. 76/80). En cuanto a la admisiblidad formal del recurso, remite a lo resuelto por este Tribunal en los autos "Sánchez, Lourdes del Carmen s/ Dcia. s/ Estafa - Imputada: Trabucco, Estela María s/ Recurso de queja" -expte. nº 587/98 SDO del 19.06.98-. Con relación a la cuestión de fondo, expresa que el a quo incurrió en la errónea aplicación de las normas de los arts. 318 y 322 -segundo párrafo- del C.P.P., como así también interpretó equivocadamente la jurisprudencia emanada de este Tribunal. En resumen, señala que "la modificación a los arts. 318 y 322, párrafo segundo, que introdujo la ley 351, se vuelve operativa tanto si no se ha dictado auto de falta de mérito, como si no se ha decretado el procesamiento". Por ello, solicita se haga lugar al recurso interpuesto y, en su mérito, se case la resolución impugnada.

A fs. 82/83, el a quo concede el recurso de casación interpuesto. A fs. 84/85 el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume sostiene el pronunciamiento atacado.

III.	Radicadas las actuaciones ante esta instancia, se corre vista al Sr. Fiscal quien, en su dictamen de fs. 92/94, propicia la revocación del auto impugnado.

Llamados que fueron los autos al acuerdo (fs. 95), la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

CONSIDERANDO:

I.	En orden a las formas que rigen el dictado del pronunciamiento en la especie, corresponde expresar que de las conclusiones a que se arribará en el estudio de estos actuados, surge que el decisorio no ha de ser de aquéllos que finiquitan el proceso, por lo que cabe que la decisión se emita de manera impersonal (conf. este tribunal, in re "Gerlos, Mabel Beatriz y Xamena, Liliana Amanda c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Recurso de Amparo" del 11.05.95 -expte. nº 30/95-SR, registrado en el Libro I, fº 21/23-; entre muchos otros).

II.	Distintas consideraciones llevan a compartir la solución propuesta por el recurrente.

En primer lugar, no debemos olvidar que, como pacíficamente ha sostenido este Tribunal, toda declaración de nulidad, incluso aquéllas que deben ser declaradas aún de oficio, debe dirigirse a la protección de un derecho o interés lesionado, pues éste constituye la base necesaria de toda tutela legal, y que el mismo anima también la declaración de las nulidades absolutas porque constituye un presupuesto de razonabilidad, inmanente a la actuación de la ley ("Melivilu Painevil, Carlos Benjamín s/ Violación" -expte. nº 24/95 SR del 27.04.95, Libro I, fº 2/18-; "Toledo Jáuregui, Marcelo Oscar s/ Violación calificada y abuso deshonesto en concurso real y corrupción" -expte. nº 46/95 SR del 17.04.96, Libro II, fº 156/166-; "Nogar, Jorge s/ Art. 281bis del C.P." -expte. nº 173/97 SR del 15.10.97, Libro III, fº 458/489; y sus citas doctrinarias y jurisprudenciales).

Así, entendemos que, en primer lugar, nuestro análisis debe centrarse en establecer si la declaración de nulidad de fs. 72/75 se encuentra debidamente fundada, es decir si a través de ella se alcanza la tutela de un derecho herido por un vicio de tamaña magnitud que obliga a una corrección tan feroz, que tiende a fulminar la existencia misma del acto y sus consecuencias.

III.-	Entendemos que el presente caso encuentra solución a partir del criterio fijado por este Tribunal en los autos "Benítez, Fabián Ernesto s/ Pta. Defraudación - denunciante: Aníbal Rubén Rachid" -expte. nº 243/98 SR del 30.09.98, Libro IV, fº 561/564- y "Sánchez, Lourdes del Carmen s/ Denuncia s/ Estafa - Imp.: Trabucco, Estela" -expte. nº 242/98 SR del 14.10.98, Libro IV, fº 638/642-, ésta última, dictada con posterioridad a la decisión analizada.

En "Benítez", el Tribunal concluyó que el sobreseimiento del imputado por el transcurso del término de instrucción sólo resulta procedente si, expirado el plazo máximo previsto por el art. 189 del C.P.P., se hubiese dado vista al fiscal interviniente sin que éste produjera el requerimiento de remisión a juicio.

IV.-	Por ello, en la especie, de prosperar el temperamento de la alzada y atento el criterio ya expuesto por el juez instructor y la fiscalía, el magistrado volverá a correr vista al fiscal, quien reiterará su pedido de remisión de la causa a juicio a fin de que el juez proceda nuevamente a dictar un auto fundado de remisión que podrá ser -otra vez- apelado por la defensa. Todo ello a fin de arribar al estado en que la causa se encuentra actualmente, creando un desgaste jurisdiccional inútil sin ningún beneficio para el proceso o el imputado.

De hecho, ello ha sucedido en los autos "Testimonios extraídos de la causa nº 2991 'Vera Pérez, Manuel Arcadio s/ Homicidio simple en su perjuicio' respecto de: Rita del Carmen Aguilar Aguilar" -expte. nº 253/98 SR- (circunstancialmente a estudio de este Tribunal), en que la Fiscalía no recurrió la decisión que anulaba el auto de remisión a juicio dispuesto por la Sra. Juez de instrucción; en su lugar, la Magistrada dispuso el procesamiento de la imputada el que, apelado por la defensa (en base a agravios extraños a la cuestión aquí debatida), fue tratado nuevamente por la alzada.

Por otra parte, y como fuera señalado en "Sánchez", se advierte que la Cámara dicta la nulidad del auto de remisión de la causa a juicio a fin de que el juez resuelva la situación procesal de los imputados, cuando ésta ya se encuentra resuelta a través del auto que -precisamente- la alzada nulidifica. Sobre este punto, se dijo en aquella causa que: "...Tampoco se explica por qué la alzada revoca el auto de remisión de la causa a juicio imponiendo al juez de grado que resuelva la situación de la imputada -en función de alguno de los supuestos contemplados en los arts. 278, 281, 284, ó 309 del Código adjetivo', cuando es claro que la situación de (la imputada) ya se encontraba resuelta cuando la alzada dispuso su revocación para -valga la perogrullada- resolverla..." (considerando 5º).

V.-	Por ello el fallo significa un retroceso en situaciones procesales consolidadas (apreciación de mérito sobre la prueba allegada al proceso) pues devueltas las actuaciones al juez instructor, éste procederá de la forma en que lo hizo con anterioridad, repitiendo los pasos necesarios para arribar -conforme nuestra normativa procesal- a una nueva decisión de mérito (auto de remisión de la causa a juicio).

En consecuencia, la nulidad declarada por la Cámara carece de asidero y se funda en el sólo beneficio de la ley.

VI.-	Como se sostuviera en los autos "Sánchez", el plazo de diez días dispuesto por los arts. 278 y 281 del C.P.P. opera como un término ordenatorio, sin importar caducidad alguna ya que -en palabras de Raúl E. Torres Bas- "no acarrea sanciones en relación al acto jurídico en sí" ("El Procedimiento Penal Argentino", Lerner, 1994, t. I, pág. 298). Ello, sin perjuicio del derecho que le asiste al imputado de solicitar un pronto despacho para que el juez defina su situación o, en caso de detención, se presente recurso de habeas corpus (conf. Jorge A. Clariá Olmedo, "Derecho Procesal Penal", Ediar, 1964, t. IV, pág. 357).

En autos, la defensa intenta demostrar el agravio que el desarrollo del proceso tal cual fue sustanciado le causó a su pupilo, olvidando que -en definitiva- su propia inactividad le impidió ejercer los derechos que se reputan afectados.

VII.-	En efecto, señala que se le truncó la posibilidad de proponer diligencias probatorias para evitar el avance a la segunda etapa del proceso (ver recurso de apelación de fs. 69), más en ningún momento indica de qué medios probatorios se trata, ni cómo éstos hubieran alterado la decisión del magistrado. En fin, la defensa ni siquiera ensayó a lo largo del proceso petición alguna, aún cuando el expediente se encontró paralizado del 17 de abril al 18 de agosto de 1998 sin motivo aparente (ver fs. 64/65): su actividad se limitó a apelar el auto de remisión a juicio de fs. 68/69 (sin invocar razones relacionadas al juicio de mérito efectuado por el instructor) y a sostener la decisión de la Cámara ante el recurso deducido por el fiscal (fs. 84/85).

La mención de lo que "pudo haber pasado", sin que ello se acredite concretamente no constituye, como lo expresara reiteradamente este Tribunal, agravio suficiente para fundar la decisión nulidificante dictada por la alzada.

VIII.-	Tampoco la alzada invoca razones válidas sobre las que funda su decisión (fs. 72/75), más allá de la remisión genérica a normas de procedimiento y a fallos dictados por este Tribunal, omitiendo aquéllos que, a nuestro juicio, conducen a la correcta solución del caso.

En definitiva, asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que la nulidad dictada por la alzada "no pasa de ser dogmática" ya que en modo alguno se demostró avasallamiento a derechos y garantías constitucionales (ver recurso, fs. 80).

En virtud de ello, compartiendo el criterio expuesto por el Dr. Bassanetti en su dictamen, el auto de fs. 72/75 debe ser casado.

IX.-	Es claro que la triste sanción de la ley 351 llevó a la coexistencia de diversas posiciones que, siguiendo carriles diferentes y con resultados en muchos casos opuestos, trataron de determinar el ámbito de aplicación de la modificación introducida al Código Procesal Penal. Atento las apreciaciones que pudo realizar este Tribunal en los casos en que le tocó intervenir, ello no condujo a otra solución más que a un continuo e incesante desgaste jurisdiccional, sin beneficio alguno.

Por ello, entendemos conveniente dejar esclarecido el criterio emanado de los precedentes de este Tribunal a fin de fijar definitivamente el alcance de dicha modificación en los procesos iniciados a partir de la fecha en que entrara en vigencia dicha norma. Ello en virtud de la función unificadora propia de la casación como garantía positiva de certidumbre jurídica a fin de evitar la inseguridad que crea la multiplicidad de interpretaciones de una misma norma legal, máxime en una cuestión tan delicada como el proceso penal (conf. Hitters, Juan Carlos; "Técnica de los Recursos extraordinario y de la casación", 2ª edición, 1998, L.E.P., pág. 160, parág. 37).

1. Las pautas que cabe seguir son, a nuestro juicio, las siguientes:

a) Se mantiene el esquema legal que exige el dictado, por parte del órgano jurisdiccional y en el plazo ordenatorio de diez días a partir de la recepción de la indagatoria del imputado, de un auto que haga mérito de la prueba producida hasta dicho momento (conf. arts. 278, 281, 284 y cctes. del C.P.P.);

b) Si ninguna resolución se hubiese dictado, el imputado o el fiscal podrán instar al juez a que así lo realice (conf. "Sánchez, Lourdes del Carmen s/ Denuncia s/ Estafa - Imp.: Trabucco, Estela" -expte. nº 242/98 SR del 14.10.98, Libro IV, fº 638/642-);

c) Si ninguna resolución se hubiese dictado, al vencimiento del plazo de instrucción podrá el juez ordenar la vista fiscal para que formule el requerimiento de elevación a juicio, en cuyo caso deberá el magistrado dictar un auto a tal efecto; sin que la omisión en el dictado del auto de procesamiento o de falta de mérito afecte la prosecución del proceso, pues éstos se encuentran regidos por un plazo de carácter ordenatorio y se trata, en definitiva, de alcanzar una resolución que exprese el juicio de mérito del juzgador sobre los elementos arrimados al proceso (conf. "Sánchez");

d) El mero transcurso del término de instrucción no da fundamento al sobreseimiento del imputado pues vencido el mismo el juez debe correr vista al fiscal interviniente. El sobreseimiento corresponderá cuando otorgada dicha vista, el fiscal no formulare el requerimiento de remisión a juicio (conf. art. 309, inc. 6º, del C.P.P., "Benítez, Fabián Ernesto s/ Pta. Defraudación - denunciante: Aníbal Rubén Rachid" -expte. nº 243/98 SR del 30.09.98, Libro IV, fº 561/564-);

e) Resta sentar el criterio de interpretación para el caso de que, sin que hubiese vencido el plazo de instrucción, el juez estimase completa la misma. A nuestro juicio, deben distinguirse dos supuestos:

e') Por un lado, cuando el juez estime completa la instrucción dentro de los diez días de indagado el imputado (como en el presente caso, ver fs. 35). Esta solución presenta distintas alternativas que parecen ser normativamente posibles. Ante esta situación, debemos pronunciarnos a favor de la que resulte axiológicamente más conveniente en atención al mejor ejercicio del derecho de defensa del imputado.

Así pues, entendemos que el juez debe optar por alguna de las soluciones dispuestas en los arts. 278, 281, 284 y cctes. del C.P.P. pues, además de surgir ello en forma expresa del art. 278 y, por remisión, del art. 281, conlleva la más anticipada resolución de la situación procesal del imputado, quien -de esta forma- podrá ejercer su derecho con mayor amplitud (ello se desprende de lo resuelto en "Forni, Marta Edit s/ Denuncia s/ Defraudación" -expte. nº 215/98 SR del 13.08.98, Libro IV, fº 432/442).

Por el contrario, la solución llevada adelante en el presente proceso tiende a retrasar la decisión jurisdiccional sobre la situación del imputado, atento los plazos establecidos por los arts. 318 (vista de seis días al fiscal y a la parte querellante si la hubiere, en ambos casos prorrogable por otro período igual) y 112 (plazo genérico de cinco días para el dictado de autos) del Código Procesal, sin beneficio alguno pues -en definitiva- el paso hacia la etapa del "juicio" propiamente dicho no se ve acelerado (conf. arts. 278, 318, 322, 419 y cctes.).

Asimismo, el cierre de la instrucción impedirá -en algunos casos- la correcta evacuación de los dichos prestados por el imputado en su declaración (art. 276) y la proposición por parte de la defensa de las diligencias de prueba que considere adecuadas (sin perjuicio de que será el juez quien, en última instancia, pondere su pertinencia, art. 181). Adviértase, por ejemplo, que -en autos- se estima completa la instrucción en forma previa a la incorporación al expediente de las vistas fotográficas del lugar del hecho y que el fiscal se pronunció sobre la comisión del hecho y su calificación legal (produciéndo un yerro en la tipificación legal, conforme el criterio del instructor) sin tomar conocimiento de dichas constancias.

Lo expresado no debe entenderse como una "plenarización" de la etapa instructoria (la cual, claro está, es limitadamente contradictoria), más tampoco parece adecuada a nuestra normativa procesal (que se sustenta sobre el denominado "sistema penal mixto") el desarrollo de una instrucción en que la figura principal del juez se vea desplazada del centro de la escena.

Por último, cabe recordar que, atento el criterio expuesto por el Tribunal en estas actuaciones y en numerosos precedentes, el desarrollo de un camino diferente no conduce per se a la nulidad de lo actuado.

e'') Por otro lado, queda analizar el caso en que el juez estime completa la instrucción luego de dictar auto de falta de mérito en favor del imputado por no existir elementos para procesar o sobreseer. En este supuesto, aún antes del vencimiento del término de instrucción, el juez podrá optar por los caminos establecidos por el código en su redacción original (procesamiento - posibilidad de apelación - vista al fiscal y al querellante si lo hubiere - decreto de remisión a juicio) o de acuerdo al procedimiento introducido por la ley 351(vista al fiscal y al querellante si lo hubiere - auto fundado de remisión a juicio - posibilidad de apelación), pues el magistrado ya dictó pronunciamiento sobre el mérito de los elementos probatorios allegados a la incipiente investigación (dispuso la falta de mérito) y el imputado y su defensa conocen cuál es su situación frente al proceso, quedando sujeta la defensa al control de la producción y valoración de las pruebas que con posterioridad a dicha resolución se incorporen pudiendo, incluso, sugerir todas aquéllas que considere pertinentes y útiles.

Al igual que el presupuesto fijado en c) la omisión en el dictado de falta de mérito no afecta la prosecución del proceso (conf. "Sánchez").

f) Se reitera, en cualquiera de las hipótesis señaladas, la omisión de resolver la situación mediante auto de procesamiento o de falta de mérito no invalida ni afecta lo actuado, sin perjuicio de la responsabilidad en que puede incurrir el magistrado por la omisión incurrida siéndole temporalmente posible pronunciarse sobre la cuestión (conf. "Sánchez").

2.-	Podrá sostenerse que esta interpretación restringe la aplicación práctica de la reforma introducida por la ley 351, mas debemos recordar que dicha norma no alteró sustancialmente la esencia del "sistema penal mixto" seguido por el Código en su redacción original, constituyendo únicamente un avance limitado hacia un sistema acusatorio en que quedan plenamente vigentes otras normas que confirman -sin duda alguna- el carácter jurisdiccional de nuestra instrucción penal (por ej., los arts. 278, 281 y cctes. del C.P.P.).

A través de las pautas señaladas, se trata de llegar a una interpretación sistemática que dé sentido a cada disposición, sin suponer superposiciones normativas ni inconsecuencias en el legislador (conf. este Tribunal in re "I.P.P.S. c/ Vera, Jorge N. s/ Incidente de oposición al pago de tasa de justicia" -expte. nº 58/95 SDO del 05.07.95, registrado en el Libro II, fº 134/135). En igual sentido, ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...es reconocido como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que oponga sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; por lo que es criterio adecuado para la interpretación de las normas, seguir aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto" (Fallos, 305:538 y 657; citado por este Tribunal en "Gerlos").

Y, ratificando este criterio, sostuvo también que "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero, además, la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (Fallos, 305:538).

X.-	Por último, en cuanto a la dinámica que corresponde imprimir al presente proceso, las actuaciones deben continuar el trámite que sea pertinente ante el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación del Distrito Judicial Norte teniéndose por firme el auto de remisión de la causa a juicio de fs. 66/67, toda vez que contra dicha decisión la defensa de José Eduardo Hernández Hernández y Joaquín Eduardo Negrón se agravió exclusivamente en orden al motivo que, si bien fuera acogido en un primer momento por la alzada, es rechazado en la presente resolución.

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º)	HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 76/80 y, en su mérito, CASAR el auto de fs. 72/75.

2º)	DISPONER la prosecución del proceso ante el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación del Distrito Judicial Norte teniéndose por firme lo decidido en la resolución de fs. 66/67.

3°)	MANDAR se registre, notifique y devuelvan los autos a la Cámara de Apelaciones.

Fdo. Tomás Hutchinson - Omar A. Carranza Secretario: Jorge P. Tenaillon Tº V, Fº 44/49