Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-01


SENT Nro. 84 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 01 DE MARZO de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Oficial en lo Penal de la 4ª Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala VI del 11/11/2003 obrante a fs. 35/36, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 17/12/2003 (cfr. fs. 38). En esta sede, no se ha presentado memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide en sentido negativo a la admisibilidad del recurso (cfr. fs. 42/43). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Oficial en lo Penal de la 4ª Nominación en contra de la sentencia de la Sala VI de la Cámara Penal de fecha 11 de noviembre de 2003 que denegó el beneficio de la libertad condicional. El recurso fue concedido por la misma Cámara en la resolución del 17 de diciembre de 2003.

2.- Entre los antecedentes de la causa debemos destacar que el 18 de marzo la interna Teresa Elisa Agüero solicitó su incorporación al beneficio de la Libertad Condicional. Elevado el pedido a la Cámara Penal correspondiente se realizan los informes necesarios para la concesión del beneficio. La sentencia del Tribunal indica que no obstante haber transcurrido el tiempo establecido por el art. 13 del CP y a pesar de que el informe de conducta es relativamente favorable a la solicitante, resuelve negar la libertad condicional en tanto que el informe social de pre-egreso señala que la condenada no está preparada para vivir en sociedad con el riesgo de caer en prácticas anti sociales. Agrega que la misma evidencia una falta de arrepentimiento, a pesar de la asunción de la culpa, situación que no es contradicha por los reportes psicológicos.

3.- La recurrente se agravia de que el tribunal ha violentado la letra del art. 13 del CP que sólo requiere para el beneficio de la libertad condicional el cumplimiento de determinado tiempo de condena y la observancia de los reglamentos carcelarios durante el período de detención. Insiste que su representada cumplió el tiempo de detención requerido y ha observado, según los informes del Tribunal de Conducta una conducta ejemplar desde el año 1999 al 2003. Señala que los argumentos dados por los psicólogos y que la Cámara hace suyos son contradictorios con lo informado por el Tribunal de Conducta y que la falta de arrepentimiento, de afecto familiar y de visitas si bien demuestran una situación difícil de la condenada esta se agravará más si se la mantiene en la institución carcelaria fundando en una posible y futura conducta anti social.

Expresa que la sentencia denota una falta de fundamentación y de motivación que la hace insostenible.

4.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de presentación temporánea y de motivación establecidos en el art. 474 del CPPT.

Si bien la sentencia recurrida en casación no es definitiva, considera este Tribunal que el recurso se presenta, prima facie, con fundamentación suficiente en tanto se invocan errores y vicios concretos que, de existir, otorgarían razones suficientes para tener por configurada, en la especie, la existencia de gravedad en tanto las deficiencias aludidas pondrían en juego el valor supremo de la libertad personal de un ciudadano afectando la recta administración de justicia y cercenándose arbitrariamente las vías y el ejercicio de facultades defensivas establecidas expresamente por la ley.

En igual sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba indicó que: "La libertad condicional no es un beneficio que el juez pueda conceder o no de un modo discrecional. De allí que el auto que la concede o la deniega es revisable por casación (TS Córdoba, 19/4/79, BJC, XXIII-111; citado en David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, "Código Penal", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Tomo 1, pág. 200).

La cuestión debatida y traída a esta instancia por el recurso de la defensoría presenta dos cuestiones a determinar: la primera hace referencia a los requisitos formales necesarios para el otorgamiento del beneficio de libertad condicional. Corresponde indicar en este sentido que no resultan suficientes para la autorización de este instituto de la simple observancia de los requisitos fijados por el art. 13 del CP vinculados al tiempo de reclusión y a los cumplimientos de los reglamentos carcelarios tomado esta última exigencia con un criterio restrictivo, es decir, sólo como ausencia de sanción. En efecto, además de estas exigencias la legislación nacional a través de la ley 24.660, ha incluido en su artículo 28 la necesidad presentar un informe del organismo técnico criminológico y del consejo correccional del establecimiento en donde se indique los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena informe que fue receptado en nuestra legislación provincial en el art. 517 del CPPT. Dentro de este informe la calificación de concept o del condenado, es decir, "la ponderación de su evolución personal de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social" (art. 101 de la ley 24.660), resulta central en tanto que la norma nacional indica en su art. 104 que esta calificación servirá de base para la aplicación de la libertad condicional.

La clasificación concepto no aparece tampoco en contradicción con los requisitos establecidos en el CP en tanto que si se interpreta el término "reglamentos carcelarios" en forma lata podemos inferir que el "concepto" amplía y completa el requisito del art. 13. En igual sentido, el TSJ de Córdoba indicó: "...La verificación de los requisitos del cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios importa un juicio sobre el grado de recuperación, de readaptación del penado que debe meritar el Tribunal, determinando si la conducta de éste, resulta conforme o no a lo que el Servicio Penitenciario ha informado (...), tarea en la cual el 'concepto' tiene un efecto orientador que proporciona al juez un elemento más para apreciar la concurrencia del requisito" (TSJCba. Sala Penal, sent. nro. 42 del 31/5/2002, "Pucheta"; citado por José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti, "Código Procesal Penal, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, tomo 2, pág. 569) La doctrina, con razón, ha considerado peligroso que se incluya además de los requisitos objetivos requeridos por el art. 13 del CP otro con evidentes contenidos subjetivos que torne antojadiza la decisión. Por ello, el informe sobre el "concepto" del recluso, ya sea como un requisito autónomo o como adherido a los requisitos del Código, tiene que ser interpretado de manera rigurosa por el magistrado y debe manifestar en forma sobradamente fundada, sin imprecisiones o contradicciones la inconveniencia al otorgamiento de la libertad condicional. Solo de este modo puede ser considerado con la entidad suficiente para impedir el otorgamiento del beneficio a pesar del efectivo cumplimiento de los requisitos impuestos por el Código Penal (cumplimiento de una parte de la condena y la observación regular de los reglamentos carcelarios). Para ello la normativa nacional 24.660 como el decreto 399/1999 han previsto la formación de equipos multidisciplinarios como el consejo correccional o el servicio criminológico que aseguren la seriedad del informe sobre el condenado (art. 185 inc. b, y g de la ley 24.660 y capítulo IV Organismos de Aplicación del decreto 396/1999). Debemos aclarar que el criterio rector que asume el régimen penitenciario es el de limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y avanzar progresivamente hacia la recuperación de su libertad (art. 7 ley 24.660, art. 1 decreto 396/1999), de este modo ante una situación de duda se debe beneficiar el otorgamiento de los beneficios que tiendan hacia su reinserción social.

Determinado el marco normativo, debemos abordar la segunda cuestión planteada, es decir, la ausencia de fundamentación y de motivación adecuada de la denegatoria. En este sentido, se advierte que el tribunal no ha sostenido con claridad y suficiencia las razones por las cuales se llega a la decisión. Resulta incomprensible que la Cámara al sostener la deficiencia de los informes de fojas 20 y 21 omita mencionar los nuevos elementos aportados por los licenciados Graciela Martínez de Guaraz y Diego Julio Leal en sus informes obrantes a fojas 30 vta y 34 respectivamente. De igual modo, el magistrado olvida señalar cuáles son las deficiencias que evidencian los mismos ni cuales son las contradicciones que le imputa. También aparece insuficiente fundar la denegatoria de la libertad condicional sólo en un informe social de pre-egreso que según la misma Cámara contrasta con los informes psicológicos y de los cuales ni siquiera expresa en qué consisten estas discrepancias.

Desde otra perspectiva, la Cámara se aparta de los informes positivos sobre conducta de la interna basado en supuestas contradicciones con los informes psicológicos, contradicciones que no son tales puesto que tanto la clasificación del Tribunal de Conducta obrante a fojas 4 como los informes psicológicos de fojas 20, 21, 30 vta. y 34, coinciden en presentar la conducta de la condenada como ejemplar. La prescindencia en forma arbitraria de uno de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la libertad condicional afecta directamente la equidad de la resolución asumida.

Cumplidos acabadamente los requisitos impuestos por el art. 13 del CP, es decir, el cumplimiento parcial de la condena y la observación regular de los reglamentos carcelarios, no puede considerarse suficientemente fundada la denegatoria de la libertad condicional que niega arbitrariamente el cumplimiento de uno de los requisitos legales y basa su decisión sólo en un informe social de pre-egreso que se contradice con los informes psicológicos y que se presenta a todas luces incompleto. Podemos agregar como un ejemplo de la insuficiencia de los informes, que ninguno considera con hondura el estado de embarazo en la que en la actualidad se encuentra la interna teniendo en cuenta el delito por el cual fue condenada, es decir, tentativa de homicidio de su hijo de un año y ocho meses de edad.

Por lo expresado, corresponde casar la sentencia en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende jurídicamente descalificable la sentencia que sin dar razones suficientes ni motivar adecuadamente dispone la denegatoria de la libertad condicional". En consecuencia, se restituirán los autos a la Cámara Penal a fin de que provea la integración que corresponda para el dictado de un nuevo pronunciamiento, sin que la presente decisión implique establecer criterios ni pautas acerca de la presente causa.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

HACER LUGAR el recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Oficial en lo Penal de la 4ª Nominación en contra de la sentencia de la Sala VI de la Cámara Penal de fecha 11 de noviembre de 2003 en base a la doctrina legal enunciada precedentemente en los considerandos. En consecuencia, se remite a la Cámara que corresponda para que tome las medidas necesarias para realizar un nuevo pronunciamiento.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA