Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-20


Reg.: A y S t 281 p 293/296. Santa Fe, 20 de marzo del año 2.018.	VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el acuerdo 186 del 07 de junio de 2016 dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos caratulados "SENA, DOMINGO contra AUTOASEGURADORA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -ACCIDENTE DE TRABAJO- (EXPTE. 46/12 CUIJ 21-05092710-2)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511475-3); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión del 07.06.2016, la Alzada -en lo que aquí interesa- confirmó lo resuelto por la Jueza de baja instancia quien, a su turno, había hecho lugar a la demanda, condenando a la Municipalidad de Rosario a pagar al actor la prestación dineraria correspondiente a su incapacidad laboral, más intereses, sin la aplicación de la ley provincial 12036, la cual establece el procedimiento de pago de los créditos judiciales del Estado. 2. Contra dicha resolución la vencida interpuso recurso de inconstitucionalidad, invocando violación a cláusulas de rango superior, cuestionando a la Cámara el haber determinado la inaplicabilidad de la ley 12036 en el entendimiento de que la Municipalidad de Rosario en el "sub lite" operó como "autoasegurada" y, por ende, no actuó como persona de derecho público. En tal sentido, afirmó que el Tribunal a quo interpretó incorrectamente el texto de la ley y determinó su inaplicabilidad sin declarar la inconstitucionalidad de la misma, violando de tal modo el principio de división de poderes al intervenir en la disposición presupuestaria del Poder Ejecutivo y crear una nueva modalidad de pago contraria a la ley omitida. A los fines de avalar su postura, indicó que la jurisprudencia de esta Corte ha afirmado la constitucionalidad y pertinencia de los procedimientos de pago del Estado, por ser ordenadores de la actividad estatal. En esa misma línea de pensamiento, cuestionó de arbitraria la capitalización de intereses que el juez de grado determinara en la sentencia, disponiendo su cómputo a partir de la aprobación de la planilla a practicarse y la mora de la demandada una vez vencido el plazo de pago allí indicado. Como fundamento de la tacha endilgada, la recurrente alegó que la Sala situó a la municipalidad como deudora morosa cuando nunca lo fue, afectando así las arcas municipales y desoyendo los términos de la ley 12036 que, de aplicarse -insistió- dicha capitalización resultaría improcedente. 3. El A quo, por auto 286 de fecha 16.08.2017 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, por entender que la supuesta arbitrariedad atribuida al decisorio atacado no cuenta con respaldo suficiente en las constancias de autos (cfr. punto 3, fs. 31v./33). Tal denegación motivó la presentación directa del compareciente ante esta Corte (fs. 36/44v.). 4. La postulación de la recurrente, cuenta -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que podrían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación (art. 11, ley 7055). Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta por la demandada y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se requiera la elevación a los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI (en disidencia) - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: Se adelanta que el recurso debe ser declarado inadmisible. En efecto, en la presente causa la Cámara desestimó la apelación interpuesta por la accionada y admitió la demanda de reparación tarifada de incapacidad laboral permanente y definitiva, sufrida por un trabajador a raíz de un siniestro ocurrido en 2010; asimismo, excluyó la aplicación en el caso de la ley 12036 (Defensa en juicio del Estado); y determinó la tasa a aplicar. Frente a esto, la demandada reclama que se aplique la ley 12036, que -dice- establece el procedimiento para el pago de deudas como las del "sub lite". Asimismo, cuestiona los intereses aplicados, al entender que los mismos deben correr a partir de la aprobación de la planilla a practicarse y la mora una vez vencido el plazo de pago que allí se indicare. Efectuada la reseña anterior, e ingresando al examen de la postulación extraordinaria intentada en torno a las disposiciones en juego, se advierte que las cuestiones juzgadas giran en torno a materias fácticas y de interpretación de normas, lo que resulta propio de los jueces ordinarios de la causa y ajeno a la órbita del remedio extraordinario -y por ende, de excepción- interpuesto. Sin que la impugnante demuestre un supuesto de falta de fundamentación en lo resuelto ni tampoco cómo sus agravios contra la sentencia adversa inferior no obtuvieron respuesta suficiente en la Alzada. En ese sentido, se advierte que a Sala juzgó que en el caso la demandada había optado por actuar como autoasegurada, con todos los efectos y consecuencias que ello implicaba, debiendo entonces responder como una aseguradora y en el marco de la ley 24557 (L.R.T.). Para fundamentar lo resuelto, destacó que el municipio, para funcionar como un autoseguro, debía cumplir con las disposiciones que regulan dicha especial situación y que establecen, entre otras condiciones, la "constitución de reservas especiales" (art. 1 c, decreto 585/96) para el pago de deudas como las de autos, por un accidente ocurrido en 2010; fondo que -como establece dicha norma- tiene como "fin único" el de "respaldar las prestaciones en forma oportuna de la Ley sobre Riesgos del Trabajo" (art. 3, decreto 585/96). Frente a ésto, se advierte que las consideraciones expuestas por la Cámara, para confirmar lo decidido en primera instancia, no son suficientemente desmerecidas por la recurrente. Ello en tanto deja incólume el núcleo sentencial de la Alzada antes expuesto, cuando sustancialmente juzgó que la necesaria existencia de fondos, que legalmente la demandada debía constituir y mantener, diluía el planteo normativo de esta última. De manera tal que la postulación extraordinaria intentada no logra demostrar un supuesto de falta de fundamentación suficiente. A lo que cabe agregar, finalmente, en torno a los intereses aplicados, que la Cámara concedió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la accionada en torno a la aplicación del índice R.I.P.T.E. (ley 26773) (fs. 33 y 34, del auto de concesión). Cuestión esta última, relativa a la ley aplicable, que fue dejada sin efecto por esta Corte (A. y S. T. 275, pág. 346). Por lo cual, no corresponde expedirse en esta oportunidad respecto de los intereses, al tratarse éstos de un accesorio del capital todavía pendiente de determinación, careciendo entonces de actualidad el agravio. Por todo lo expuesto, cabe referir que no logra evidenciarse un supuesto que permita superar los presupuestos de admisibilidad establecidos en la ley 7055. Siendo que las cuestiones juzgadas giran en torno a materias que son propias de los jueces ordinarios de la causa y como tales a la órbita del remedio extraordinario -y por ende, de excepción- interpuesto. Sin que tampoco se demuestre que las cuestiones hayan sido resueltas con carencia de motivación. Por lo cual, más allá de su menor o mayor grado de acierto, la conclusión a la que arribaron los jueces podrá no ser compartida por la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional. Considero, en consecuencia, que el recurso debe ser declarado inadmisible. FDO.: GASTALDI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 7 de Rosario.