Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2009-02-09


2º Instancia. - Formosa, febrero 9 de 2009.

I. Relación de la causa:

La Dra. Canavesio dijo:

1. En la presente causa el actor, bajo patrocinio letrado, deduce demanda de repetición de pago contra Edefor S.A., por la suma de Pesos ochocientos diecisiete con noventa y cuatro centavos, más intereses. Manifiesta que dicho importe le fue cobrado por la demandada indebidamente al acusarlo de fraude por haber detectado irregularidades en el medidor de energía eléctrica ubicado en su domicilio. Agrega que en ningún momento se le informó que podía concurrir a la revisión del mencionado aparato con un electricista de su confianza para una debida defensa. Solicita se haga lugar a la demanda con costas.

La empresa demandada contesta la acción y luego de las negativas del caso afirma que en sede administrativa ya se le rechazaron al actor los argumentos aquí expuestos, mediante resolución que no fue recurrida, por lo que plantea la defensa de cosa juzgada. Arguye que la factura complementaria por la cual se abonó la suma que se pretende repetir se realizó por anormalidad en el medidor por la cual no se registró su consumo real. Peticiona el rechazo de la demanda, con costas.

Los hechos y el derecho en que fundamenta su reclamo y las distintas alternativas del caso, acaecidas en la inferior instancia hasta llegar a la sentencia, se hallan relatados en los Resultandos de la misma, a los cuales me remito por razones de brevedad y por entender que lo allí consignado es suficiente a los fines de la resolución del recurso bajo estudio.

Consecuentemente, haré referencia al fallo apelado y a lo actuado con posterioridad al mismo.

2. La sentencia de primera instancia resuelve: "I. Haciendo lugar en todas sus partes a la acción de repetición, promovida por el Sr. Federico Raffo contra Edefor S.A., condenando a ésta a pagar...la suma de Pesos Ochocientos Diecisiete con 94/100..., con más los intereses que se calculan conforme la tasa activa promedio fijada por el BNA para el otorgamiento de préstamo... II. Imponiendo las costas al demandado (art. 68 del C.P.C.C.). III. Difiriendo la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se cuente en autos con el monto de la condena por el capital y los intereses...Regístrese...".

A fs. 83 interpone recurso de apelación la parte accionada, el que es concedido libremente a fs. 84.

3. Llegados los autos a la alzada, expresa agravios a fs. 87/91, y contestado su traslado por la actora, se llama autos para sentencia mediante providencia que se halla firme y, en consecuencia, la causa en estado de resolver.

La Dra. Bentancur dijo:

Adhiero a la relación de la causa que antecede.

II. CUESTIONES A RESOLVER:

La Dra. Canavesio dijo:

Propongo como cuestiones a resolver las siguientes: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? La Dra. Bentancur dijo:

Adhiero a dicha proposición.

III. A LAS CUESTIONES PLANTEADAS:

La Dra. Canavesio continuó diciendo:

a) Se agravia la apelante por entender que en el fallo impugnado se aplican por analogía precedentes que no se condicen con el caso de marras, que no determina los vicios que detenta la Resolución 1.300/04 para considerarla irregular; que se limita a mencionar que el acto fue dictado en violación a normas constitucionales pero no fundamenta cuál es el agravio concreto a dichas normas, ni se advierte que exista trasgresión al art.41 C.N.

Además, se alza por cuanto se aplica retroactivamente la Resolución EROSP Nº 444/06 o un precedente judicial de alcance particular -Fallo Nº 7600/06 STJ-. Expresa que cuando la ley 1344 menciona Titular del inmueble implica un yerro legislativo que induce a malas interpretaciones, ya que el servicio eléctrico no afecta inmuebles sino que tienen carácter personal, que el suministro no necesariamente está a nombre del residente de los inmuebles donde se encuentra ubicado el mismo. Que esto último es otra equivocación del decisorio ya que refiere que el Acta no tiene validez porque fue suscripta por Irene Raffo y el usuario, conforme las facturas, es Federico Raffo. Que, el espíritu de la ley es permitir la necesaria participación del usuario en todos los actos llevados a cabo por la Distribuidora en los supuestos de verificación de irregularidades y cambio de medidores a los efectos de salvaguardar sus derechos, que si bien el texto refiere al titular del inmueble, debe acreditarse el carácter de usuario del servicio, o titular del servicio. Que, si el requisito sine qua non fuera el de titular del inmueble no se podrían efectuar procedimientos de fraude a locatarios, por ejemplo, o no dar el alta del servicio a quienes no revistan la condición de titulares registrales, o la condición de usuario provisorio, prevista en el Reglamento de Servicio. Que, al concurrir el Sr. Raffo a la verificación en laboratorio, amén de portar el mismo apellido de la Sra. residente en el lugar, es evidente que ésta le comunicó dicha situación.

Aduce que al momento de la verificación efectuada, no existía normativa legal que ordene a la Distribuidora que se deba anticipar a los usuarios la verificación en los suministros, al contrario, el R.S. en su Art. 5.4 dispone que en cualquier momento la Distribuidora puede inspeccionar las conexiones domiciliarias. Que, la a quo "está poniendo en cabeza de la Distribuidora un requisito de cumplimiento que no existía hasta el dictado de la Res. EROSP Nº 444/06, es decir, una norma que aparece tres años después".

Agrega que el hecho de haber concurrido el actor sin la compañía de un técnico, no puede serle imputada como falta a EDEFOR S.A. y por ello negar la validez del procedimiento concretado. Que, la ley 1344 fue publicada en el año 2.000, por lo que al 19/11/03 el Sr. Raffo conocía la misma, por ende, sabía que podía concurrir con un técnico y no lo excusa el hecho de retirarse del lugar por no entender nada. Por lo que concluye la apelante que no se han violentado normas del Derecho de Defensa del usuario.

b) Que ya en el tratamiento de los agravios, y siguiendo el orden en que fueron expuestos, no expone el quejoso las razones por las cuales los precedentes que cita la a quo en el decisorio apelado no son aplicables al presente caso, y por lo tanto en este aspecto la crítica no resulta ni concreta ni razonada a los fines del art. 263 del ritual, por lo que tal manifestación carece de entidad para conmover el mismo. Sin perjuicio de ello, oportuno resulta destacar que en la sentencia que se revisa se han dado con claridad los fundamentos en virtud de los cuales se concluye sobre la ilegalidad del procedimiento llevado a cabo por la empresa distribuidora de la energía eléctrica en el ámbito provincial. En efecto, la a quo ha transcripto el art. 1º de la Ley 1344 -de modificación del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los Servicios Prestados por EDEFOR SA-, a cuyo texto cabe remitirse brevitatis causa, y citó como antecedente el Fallo del más Alto Tribunal, Nº 7600/06, dejando consignado que en virtud de este decisorio se han dictado los precedentes en el tribunal del origen. Dicho Fallo del Excmo. Superior Tribunal de Justicia es de obligatoria aplicación (art. 174 C. Provincial), y siendo que en el mismo se interpreta la ley 1344, que ha sido sancionada el día 22/11/2.000, entrando a regir luego de su publicación, el día 29/12/2.000, ya estaba en vigencia al tiempo en que EDEFOR SA concurrió al domicilio en que se hallaba el medidor, hecho que originó las actuaciones que derivaron en la facturación que aquí se cuestiona, y por tanto de plena aplicación al sub-lite.

A todo lo expuesto, debe sumarse que tanto las normas provinciales como los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, tienen como norte el art. 42 de la Carta Magna Nacional, a que también refiere concretamente la Magistrada de la anterior instancia, por lo que la queja en este aspecto tampoco puede prosperar.

En cuanto a los vicios que detenta la Resolución 1.300/04 para considerarla irregular, el fallo es contundente al dejar sentado que las facturas están a nombre del actor, a lo que se aduna que en el acta de verificación de irregularidades figura Federico Raffo como ocupante (fs. 17 de las actuaciones anexas por cuerda). Y el agravio concreto está dado por no haberse notificado con la antelación suficiente al mismo que tenía el derecho de concurrir al procedimiento de verificación acompañado de un perito, como lo establece la norma citada. Quede en claro que la circunstancia de que haya estado en conocimiento del procedimiento no significa que haya sido notificado en debida forma.

Explica Juan M. Farina que "se puede decir que los usuarios de servicios públicos domiciliarios son los más necesitados de protección, pues estos servicios son prestados por empresas del Estado o concesionarios o por grandes empresas privadas que tienen un monopolio legal o de hecho, y prestan servicios, muchos de ellos esenciales para la vida diaria (como el agua corriente, cloacas, electricidad, gas y teléfono)... Información al usuario... Las condiciones de la prestación del servicio y la determinación de los derechos y obligaciones de los contratantes deben especificarse... en la constancia escrita que la empresa prestadora del servicio debe entregar a cada usuario..." (Defensa del consumidor y del usuario - Comentario exegético de la ley 24.240 y del Decreto Reglamentario 1798/94, ps. 262 y 265, 2.000).

Bajo esta hermenéutica corresponde decidir el caso traído a estudio, por lo que si bien es cierto, como lo dice la apelante, que la Resolución EROSP Nº 444/06 es posterior al hecho que dio origen a estos actuados, es de aplicación por analogía (art. 16 C.C.), deviniendo por ende ajustada a derecho la decisión. De modo que aún cuando esta disposición establece que "cuando la ley se refiere al titular del inmueble en los artículos 1º, 2º y 4º, debe entenderse que se trata del titular del suministro y/o usuario /o beneficiario", como bien lo explica la a quo, en el presente caso al hallarse las facturas a nombre del actor, es a éste a quien la empresa prestataria debió notificarle en debida forma sobre la posibilidad de estar acompañado de un perito, recaudo que no se ha cumplido. Quede en claro que el hecho que la distribuidora del servicio de energía eléctrica pueda inspeccionar las conexiones domiciliarias en cualquier momento, no significa que para el procedimiento que dio lugar al pago del importe que ahora se pretende repetir no se deba notificar en debida forma al titular y/o usuario y/o beneficiario del inmueble, pues ello implica un menoscabo en el ejercicio del derecho de defensa del consumidor, y por lo tanto, este derecho debe serle reconocido judicialmente.

En tales condiciones, la sentencia que manda a abonar a la accionada el importe cobrado ilegalmente al actor en virtud de lo normado por los arts. 792, 794 y ccts. C.C., debe ser confirmada, con costas al apelante (art. 68 C.P.C.C.). En este sentido expreso mi voto.

La Dra. Bentancur dijo:

Por los fundamentos expuestos por la Señora Juez preopinante, adhiero al voto de la misma.

El Dr. Pignocchi dijo:

Por existir coincidencia entre las Señoras Jueces preopinantes, me abstengo de emitir voto (art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias).

En este estado, habiéndose constituido la mayoría legal (conf. art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias y art. 153 del R.I.A.J., aprobado por Acordada Nº 2034/96 -punto 13º- del Excmo. Superior Tribunal de Justicia), se da por terminado el presente Acuerdo.

A mérito del Acuerdo que antecede, la EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, resuelve: 1. Confirmar la Sentencia Nº 06/08, de fs. 76/81. 2. Costas en esta instancia a la demandada perdidosa, posponiéndose la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto sean regulados los de la primera instancia. - Lucrecia M. Canavesio de Villalba. - Telma C. Bentancur. - José Luis R. Pignocchi.