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Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-11


Salta 11 de febrero de 2.011.

Y VISTOS Estos autos: "RECURSO de QUEJA por Apelación Denegada interpuesto en Expte. N° 18.457/08 s/Usucapión (del Juz. 1ª Inst. C. y C. Tartagal) LAFUENTE Luis Marcelo vs. NAVAMUEL de MICHEL Sara y Otros" Expte. CAM. 327.716/10 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y C O N S I D E R A N D O:

A fs. 19/20 el Dr. Dardo Verchán deduce recurso de queja por apelación denegada.

El art. 276 del Código de Procedimientos Civil y Comercial dispone que "al interponerse la queja, deberá acompañarse copia simple de la resolución recurrida y de los recaudos necesarios, suscritos por el letrado patrocinante del recurrente, sin perjuicio de que el tribunal de apelación requiera el expediente". Como se desprende de la norma transcripta, ella exige "copia simple". Se trata de un requisito que, unido a los demás recaudos necesarios que menciona la norma y al plazo establecido por el artículo anterior, constituyen condiciones de admisibilidad de la queja. La falta de cualquiera de ellos la hace inadmisible e impide que el tribunal proceda a analizarla (Podetti Tratado de los Recursos, pág. 274; Sala V año, 1985, fs. 1343; año 1990, fs. 947/950; año 1984, fs. 747).

Se ha sostenido reiteradamente que, aparte de la copia de la resolución recurrida debe acompañarse también copia del escrito de interposición del recurso y del decreto que lo deniega, con indicación de las fechas correspondientes a la notificación de la resolución recurrida y la del cargo puesto en el mencionado escrito ( Conf. Sala III, año 1983; fs. 286; Sala V, año 1985, fs. 1343).

En autos, el recurrente se limitó a presentar el recurso de queja, juntamente con la copia de un escrito en donde interpone recurso de reposición en contra del decreto trascripto a fs. 15 vta y sin que haya acompañado el escrito de fs. 226 al que alude el mencionado decreto. Tales recaudos resultan esenciales para considerar la queja y determinar si la revocatoria era o no extemporánea. Debe por tanto desestimarse la queja.

Por ello:

LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. Y C.:

DECLARA INADMISIBLE la queja interpuesta.

REGÍSTRESE, notifíquese, tómese nota en el expediente principal a cuyo fin ofíciese y oportunamente ARCHÍVESE.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Teves Roberto José y otro c/ Regue Jaime y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Le es adjudicable un veinte (20) por ciento de responsabilidad a quién, manifestado haber advertido no solamente al tractor -con el que se embistiera- sino a todo el "tren" movilizado por éste antes de cruzarse con ellos, continuando su marcha a una velocidad de cuarenta (40) kilómetros. Es que la prudencia indicaba adoptar medidas de evitación, como la reducción de la velocidad y aún la detención total, recordando que la velocidad no debe apreciarse nunca como un absoluto sino bajo el modo concreto de lo circunstancial (art. 512 Código Civil).
Sustitución de medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: AIDIL SRL c/ Saravia Zenteno, Lucas y otro s/ medidas cautelares y/o preparatorias y/o prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-09-14

En el sub lite, el principio que debe regir es mantener adecuadamente protegido el crédito que garantiza la cautelar trabada y al mismo tiempo no causar un innecesario perjuicio al afectado, lo que se logra mediante la exigencia de que la sustitución ofrezca igual garantía y seguridad que la ya trabada. Ambos aspectos se encuentran garantizados. El proceso cautelar sólo requiere que exista verosimilitud en el derecho invocado, bastando la mera apariencia de ese derecho como resultado de un juicio de probabilidad que no requiere de la certeza que sólo se podrá obtener en la sentencia final. Tampoco es menester prueba acabada del perjuicio derivado de la manutención del embargo, ya que de lo que se trata es de la probabilidad de que la tutela definitiva de una eventual sentencia estimatoria no se frustre anticipadamente en razón de que el paso del tiempo haya ocasionado perjuicios irreparables, aspecto para cuya valoración adquieren relevancia las máximas de la experiencia y el arbitrio presuncional.
Crédito laboral, carácter alimentario, ejecución de sentencia, sentencia de trance y remate, actualización monetaria, intereses moratorios
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: SUAREZ, JUAN LADISLAO Y OTROS c/ MARSHALL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

En las sentencias de trance y remate, al capital que surge del título ejecutivo deben adicionársele la actualización monetaria y los intereses moratorios, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de indexación y al carácter alimentario del crédito ( C.S.J.N. , 21 de noviembre de 1985, "Lencina, Dalmacio c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos").
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad, sistema acusatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

La separación de juez y acusador es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás.
Leyes, retroactividad de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Daniel y otro c/ Taxicop, Cooperativa de Provisión para Taxistas Limitada s/ Determinación judicial de honorarios profesionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Si la ley es interpretativa de otra -en cuanto resulta que ha tenido por finalidad precisar su sentido y establecer su verdadero ámbito de aplicación- ambas se confunden formando una sola, que no es nueva, sino la anterior aclarada y cuya aplicación es procedente en todos los casos que no estuviesen definitivamente juzgados.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, hábeas corpus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ABASTO, DANIEL OMAR s/ INTERPONE RECURSO DE HABEAS CORPUS. FLORES DE FLORES, JOSEFA. c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-23|1984-02-28

No existe cuestión alguna que corresponda resolver a la Corte Suprema en los términos del art. 24, inc. 7, del decreto-ley 1285/58, si el beneficiario de la acción de hábeas corpus está detenido a disposición de autoridad judicial, ante la cual deben articularse las defensas que se estimen pertinentes, y de constancias agregadas posteriormente surge que en sede provincial se inició la reconstrucción de los procesos seguidos al interesado por robos reiterados calificados, habiéndose ordenado la anotación del detenido a disposición conjunta con otro juzgado del mismo departamento judicial.
Honorarios del abogado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lesca de Bonini, Laura M. y ot. c/ Jacinto, Rita y/o eventuales ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

Cuando se trata de honorarios de abogados y no hay intereses convenidos, se debe el interés que la ley especial determina, es decir, el que fija el art. 54 del decreto ley 8904/77 en su inciso "b".
Reordenamiento del sistema financiero, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, esfuerzo compartido, interpretación de la ley, decreto de necesidad y urgencia, división de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

Respecto del plexo normativo para la determinación del capital de condena, a partir de la Ley nacional 25561 se puso una bisagra al ordenamiento jurídico de la República, el que fue complementado con otras leyes sancionadas por el Congreso de la Nación y también por el Poder Ejecutivo Nacional, en muchos casos usando de los D. N. U. (decretos de necesidad y urgencia), para afrontar la gravísima crisis de la sociedad y el Estado con la consagración de la emergencia pública, que se extendió a los ámbitos de la salud y la seguridad social, la educación, el trabajo y el desempleo, la producción, el sistema financiero, los servicios públicos, etc., imponiendo un prioritario e ineludible deber de solidaridad para el conjunto de la sociedad y para cada uno de los habitantes para contribuir y compartir las consecuencias del colapso a fin de recuperar el normal funcionamiento de la economía e inclusive de las propias Instituciones de la República, con equidad y paz social.

Surge así el principio del "esfuerzo compartido" del susodicho plexo normativo a que remite el preopinante y cuya aplicación pondero justa para la causa, del mismo modo que lo vengo sosteniendo desde febrero de 2002 en "BALDINI" (Se. Nro. 15/02).

En ese desorden social profundizado desde mediados del 2001, con abundante multiplicación normativa y diversidad jurisprudencial se dictó -ENTRE MUCHOS OTROS - el Decreto P.E.N. Nro. 214/02 y sus complementarios a los que menciona el primer voto. Fueron la crisis y la emergencia quienes llevaron a la proliferación de los D.N.U. o el ejercicio de facultades delegadas por el mismo Congreso, que si bien cuentan con cierto sustento en la C.N., tienen que ser ejercidos con sentido republicano de respeto a la división de Poderes y acotado en el tiempo, de modo que ninguno invada la esfera de competencia del otro, en particular del Legislativo que se presume de más amplia y genuina representatividad popular.
Interés superior del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenencia compartida de hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. V. - B., J. N. - Solicita homologación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-31

En materia de cuidado personal, a la par del respeto del interés superior cobra relevancia el derecho del adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta por cuanto el paradigma de la protección integral de la NNA, importa admitir no sólo que son sujetos titulares de derechos -y no sólo objetos de protección de los adultos- sino, además, que, conforme al grado de madurez, se encuentran en condiciones de ejercer por sí tales derechos. Tal significación implica que si las NNA son quienes detentan tales derechos, la ley debe reconocerles mecanismos efectivos para ejercerlos, tal como lo dispone el art. 707 del CCC.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Santa Fe S.A.P.E.N. en autos "Didier, Orlando y otros - Quiebra" c/ Didier, Orlando y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra.   Incidente de Revisión (Expte. CSJ Nº 157-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

No puede prosperar el agravio del acreedor recurrente respecto a que la Alzada se ha excedido en sus facultades jurisdiccionales al analizar una materia que no fuera motivo de agravios (los que expresa se habían limitado a lo resuelto por el Juez inferior respecto a la imposición de costas) cuando el propio recurrente admitió haber apelado oportunamente el fallo de primera instancia, expresando en sus agravios que estaba disconforme con lo resuelto respecto de la cuestión principal y, aún cuando pudiera entenderse, como postula la quejosa,que se tratase de una "indebida pretensión", esto no significa otra cosa que el desconocimiento de la recurrente del principio "nemo auditur turpitudinem suam allegans".
Expresión de agravios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: HEREDEROS de J. M. s/ Tercería de Mejor Derecho en Autos "P., R. A. c/ S. E. S. S.A. s/ COBRO DE PESOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-09

Páginas enteras de la apelación deben tenerse por insuficiente crítica de la sentencia apelada, justamente por recurrir a una suerte de larvada ironía y pretender acreditar por una especie de demostración por el absurdo las propias manifestaciones, sin advertir que preguntas son preguntas y no agravios y que, entonces, no sirven como ellos.
Contrato de obra pública, interpretación de la ley, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mario Augusto Ibarra S.A. c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Demanda Contencioso - Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-05-20

La ley que regula los contratos de obras públicas no deja librado al azar los derechos de las partes, y en el caso en análisis, los intereses del contratista, cuando circunstancias excepcionales no previsibles al momento de suscribirse el contrato, pudiesen afectarlos e imposibilitar o dificultar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es decir, no se puede hablar de lesiones o perjuicios de derechos legales o constitucionales cuando, la misma ley se ocupa de protegerlos estableciendo procedimientos para garantizarlos.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, simulación, actos ilícitos, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Appliance  SA c/ Otero,  Osvaldo  Daniel;  Díaz,  Héctor  Rubén  y  Abeleira,  Alberto s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

Es descalificable la sentencia que, necesariamente debió examinar la capacidad neutralizante de los contraindicios y, al no hacerlo, carece de fundamento, para sustentar la existencia de una finalidad tendiente a transgredir o eludir disposiciones que no existían al momento en que se otorgó el acto jurídico que se pretende simulado.

Ello es así porque, en tales condiciones, ni la amistad entre las partes, ni su pertenencia a la misma comunidad religiosa, ni la abstención del acreedor de ejecutar la deuda por un saldo de interés, aparecen susceptibles, por sí solos, de apoyar un juicio concluyente acerca de una concertación ilícita.
Retiro policial, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castoldi, Víctor E. c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y su acumulada B.49.687 s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Conforme a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el decreto 8270 no puede enervar el régimen establecido por el decreto ley 9316/46 (art. 31 de la Const. Nac.) pues una vez incorporada la provincia al sistema nacional de reciprocidad, si bien no pierde con ello la autonomía legislativa en la materia, no puede alterar en lo esencial y por su sola voluntad los términos de su adhesión al sistema de referencia.
Acción de amparo, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, ELIZEO RAMON c/ O.S.S.E s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-20

Solo procede el rechazo "in limine" del amparo si la inadmisibilidad es manifiesta, no reuniendo ese carácter corresponde sustanciar la demanda, por que en caso de duda, el juez le tendrá que dar curso y estar a lo que resulte del fallo definitivo. El rechazo, debe ser prudente toda vez que es menester garantizar el debido proceso.
Empleados públicos, aptitud psicofísica, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, enfermedades inculpables, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESCONTRELA, NELIDA DEL VALLE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 291-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

En el caso de existir dolencias o estados patológicos sobrevinientes, el sujeto es beneficiario de todo un sistema que prevé desde licencias y asignación de tareas diferentes, hasta la jubilación por invalidez a aquéllos que derivan en incapacidad laboral.
Prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M., L.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-06

En la especie no se advierte, de la compulsa de los autos principales, se haya violentado la integridad física ni moral del imputado, además de resultar de aquellas medidas para las que no es necesario el consentimiento de la persona afectada quien puede ser forzada, en principio, al examen si con ello no se alteran principios de los enunciados.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, régimen penal de la minoridad, menores, régimen penitenciario, readaptación del condenado, pericia psicológica
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: P., M. G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-ROBO CALIFICADO, ETC. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 507 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Corresponde rechazar la queja desde que el quejoso no consigue acreditar que el criterio escogido por el Sentenciante exceda el marco propio de su función jurisdiccional, brinde una respuesta basada en meras afirmaciones dogmáticas o que adopte una solución que no se sustente racional ni jurídicamente en los hechos del proceso y en el derecho aplicable.

En tal sentido, de la lectura del decisorio impugnado se observa que el Juzgador precisó que en razón de lo normado en el artículo 4 de la ley 22278 la eximición de penalidad es la excepción y no la regla, por lo que teniendo en cuenta la modalidad de los hechos, sumada a los antecedentes del justiciable y al resultado del tratamiento tutelar, constituían elementos decisivos para fundar el reproche, agregando que "si bien en materia de menores la legislación está impregnada de un espíritu protector, que tiende a modificar la personalidad del joven delincuente, poniendo mayor énfasis en sus características personales que en la naturaleza y gravedad del hecho o hechos cometidos, cuando el régimen tutelar se efectivizó -como en autos- y fracasó, no habiéndose demostrado logros en la mentada reinserción, la necesidad de la imposición de pena aflora de modo indiscutible.

Es innegable que el juez de menores cuya función es eminentemente tutelar, cuenta con un amplio espectro de medidas tendentes a lograr la corrección de aquéllos, pero también es cierto que en el caso en examen, los actos del justiciable no constituyen un mero producto de la ocasión, sino la concreción de un hábito o disposición delictiva enraizada en su personalidad antisocial. De todo ello da elocuente cuenta su legajo tutelar y los informes psicológicos agregados".
Exceso en la legítima defensa, muerte de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: MENDOZA, Víctor A. s/ EXIMENTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Incurre en exceso de la legítima defensa el imputado que sin haber provocado a la víctima, tras recibir ésta una agresión ilegítima mediante el empleo de un arma de fuego que disparó varias veces al aire, gatillándola después contra aquél, sin que en tal ocasión salieran los tiros, tomó un palo y golpeó al atacante para impedir que continuara su agresión, ocasionando su deceso.
Astreintes, actores, derecho al beneficio, muerte
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COFONE, EMILIO c/ A.N.Se.S. s/ Interrupción de prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

La ausencia de réplica de la parte actora a lo manifestado por el organismo en cuanto a que el incumplimiento en que incurrió obedeció al deceso del titular, sin que exis-tieran titulares con derecho a pensión derivada, ha de tenerse como un reconoci-miento de la veracidad de lo informado, y en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sanción (astreintes) impuesta. Ello sin perjuicio de resaltar que las conductas procesales asumidas por las partes (por un lado, la displicencia con que actuó la demandada ante las intimaciones que le fueron formuladas para practicar liquidación, a pesar de estar en conocimiento desde hacía varios años antes al primer requeri-miento, que por fallecimiento del causante el beneficio había sido dado de baja; y por el otro, la insistencia del letrado apoderado de la parte actora en avanzar con los trámites de ejecución varios años después de acontecido el deceso del demandante -lo que no debía ser desconocido para el citado profesional-, no obstante lo cual llegó a reclamar y obtener la imposición de sanciones pecuniarias improcedentes) com-prometen la correcta aplicación de los recursos de cuya preservación y sana admi-nistración es responsable la A.N.Se.S., a la vez que generan un dispendio procesal que agrava la situación de colapso por la que atraviesa el fuero federal de la seguri-dad social por todos conocida. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Impuestos, sellado judicial, comisión liquidadora
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Comisión Liquidadora Judicial en j: López y Quiroga y otro s/ Convocatoria de acreedores - Casación (Libro: A026-283)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-05-15

La exención del pago de impuesto del sellado de actuación y en consecuencia del depósito para deducir recursos extraordinarios (arts. 248 inc. 3º del Código Fiscal -todo ordenado-, y 146 del Código Procesal Civil), se refiere a la actuación de los síndicos y liquidadores, funcionarios de la quiebra; no comprendiendo a una comisión liquidadora cuyo nacimiento u origen no es una quiebra o una liquidación sin quiebra.
Honorarios, regulación de honorarios, oportunidad procesal, informe final
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTRO RAMON V. s/ CONCURSO CIVIL PREVENTIVO - REGULACION DE HONORARIOS -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-07-08

La regulación de honorarios es oportuna cuando la sindicatura ha presentado el informe final que prescribe el art. 212 de la ley concursal, por lo que se aplica al caso lo establecido en el art.

288 Inc. 4 del mismo cuerpo legal -los honorarios deben ser regulados al finalizar la realización de bienes-.
Recusación, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Oliva, Hipólito c/ Sáenz, Victoriana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-08-17

El desagrado demostrado por el juez, por la multiplicidad de artículos interpuestos por un litigante, no puede interpretarse como odio o resentimiento hacia él, á los efectos de la recusación .
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, partes del proceso, dictamen pericial, despido, PERÚ, reconocimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, derecho de trabajar, protección contra el despido arbitrario, libertad sindical
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Trabajadores Cesados de Petroperú, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos Vs. Perú S/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-09-14

Resultan procedentes por idóneos y pertinentes los peritajes propuestos por la interviniente común -figura habilitada por el Reglamento del Tribunal cuando hay pluralidad de víctimas-, en el caso que se alega la presunta responsabilidad internacional del Perú por violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 84 trabajadores de Petroperú, 39 trabajadores del Ministerio de Educación, 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas y 25 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, a raíz de la falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a sus ceses colectivos, pues refieren a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, la presunta afectación del derecho al trabajo, de los derechos laborales y del derecho a la libertad sindical, así como las causales de término de la carrera administrativa.