Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23


La Plata, marzo 23 de 2004.

1º ¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Mancini dijo:

I. Del escrito recursivo obrante a fs. 42/47 del presente legajo, surgen los motivos de agravio traídos por el impugnante.

Previa reseña de las alegaciones efectuadas en el debate, el recurrente sostiene que el a quo incurrió en violación del art. 34 inc. 1º del C.P., dado que analizó sólo una parte de la fórmula mixta consagrada en ese precepto, obviándose determinar si el imputado pudo dirigir sus acciones.

Sostiene que la Excma. Cámara aplicó en su interpretación una concepción psicológica reduccionista, que el quejoso considera fuera de uso, alegando marcada insuficiencia habida cuenta de haberse excluido importantes funciones o facultades psíquicas como la percepción, la memoria, la afectividad, el pensamiento, la motivabilidad, señalando además, que tampoco se tuvieron en consideración los aspectos histórico-biográficos del procesado, sus deficiencias en el proceso de socialización e interiorización de valores y motivos.

A criterio del recurrente, el a quo ha excluido a toda costa las alteraciones de la afectividad inmersas en los llamados psicópatas.

En tal sentido, manifiesta que una teoría de la imputabilidad basada en la psicología de la personalidad debería hacer referencia a algo que pueda ser mensurado, evaluado, que permita no sólo comprender, sino explicar, predecir e inferir y que ello debe basarse en un interacción multidireccional entre individuo, situación y medio.

Sostiene que ya no es suficiente el estudio de la imputabilidad basada en un mínimo biológico, ni en la reducción a los elementos subjetivos de conciencia o voluntad, ni tan siquiera la búsqueda exclusiva de psicopatología. Que, en cambio, debe profundizarse el análisis psicológico individual, atendiendo aspectos habitualmente descuidados como la afectividad, las alteraciones motivacionales y, sobre todo, los procesos de socialización, sin limitarse a las perturbaciones más directamente vinculadas al intelecto y la voluntad.

Alega que no resulta convincente en absoluto considerar -como, en su criterio, ocurrió en el caso- que una afectividad trastornada no implique, al menos generalmente, alteraciones de la voluntad.

Considera que se ha presumido la absoluta libertad del imputado para elegir entre las opciones conductuales y señala que un hombre puede creer que actúa deliberadamente -por su propia elección- cuando en verdad lo hace bajo la influencia de una compulsión.

Estima que la decisión del a quo sobre el punto quedó anclada en los viejos conceptos de inteligencia y voluntad (capacidad de conocer y querer) olvidando que es toda la personalidad del encausado la que debió examinarse dentro del marco interactivo e integrador que incluya el sistema cognitivo, sistema afectivo, sistema de motivos y valores, socialización, eventos vitales, etc., todo ello dentro del contexto sociocultural determinado e interactuando con la situación puntual durante los hechos motivos de juzgamiento.

Asimismo, sostiene que personalidades como las del imputado M. no consiguen incorporar las normas sociales y que, entonces, la afirmación del Juzgador en cuanto a que su pupilo tuvo captación del grado de permisión social de los actos y comprensión de su naturaleza y previsión de su consecuencias, como así también del disvalor de lo hecho, no ha reparado en que de lo que carece el psicópata es de capacidad de hacer lo propio, de asumir en su ser interno el orden social establecido y los principios por los que éste se rige.

Sostiene que la personalidad de M. ha cristalizado en una orientación egoica sin posibilidad de apertura vivencial a la trascendencia valorativa que posibilite un mayor grado de libertad. Que, entonces, las realizaciones de los hechos antinormativos no fueron acompañadas de un sentimiento de culpabilidad (ni el más mínimo atisbo de arrepentimiento).

El Defensor afirma que M. no tuvo capacidad de comprensión de sus actos ni fue capaz de moderar sus impulsos con lo que no fue capaz de dirigir su conducta con arreglo a aquella comprensión.

Seguidamente perfila los caracteres de la conducta perversa y destaca que M. es una persona con una marcada inestabilidad en todas sus conductas que proyecta una personalidad con una grave conflictiva interna que se traduce especialmente en la relación interpersonal agresiva y autodestructiva, con una notoria inafectividad, por lo que el sentimiento de culpa está muy disminuido, con escasa capacidad para experimentar emociones normales de depresión.

Cita en apoyo de su postura las conclusiones de la pericia psicológica en orden a que su pupilo presenta inafectividad, organización psíquica "acorralada", descarga violenta masiva, instinto agresivo y destructivo, desastre instintivo y manifestación fronteriza del psiquismo congruente con el carácter limítrofe de inserción sociocultural.

Argumenta que el vocablo "alteraciones morbosas" del art. 34 inc. 1º del C.P. no debe entenderse como simple sinónimo de enajenación o alienación mental, sino de una manera más amplia que comprende aún las personalidades estudiadas en este caso que provocan la exclusión de la capacidad de comprender o la posibilidad de dirigir la conducta, señalando que la principal característica de la psicopatía es su conducta antisocial, puesta de manifiesto por M. en estas actuaciones.

Agrega que una profunda perturbación de la esfera emocional de su ahijado procesal le impidió o dificultó en enorme medida internalizar pautas de conducta, es decir, motivarse en la norma, que es la posibilidad exigible que opera como presupuesto ineludible de la culpabilidad y que, entonces, conforme el concepto normativo, M. nunca puede ser considerado imputable, desde que la ley al requerir la "comprensión" está significando que sólo puede ser capaz de culpabilidad quien puede sentirse culpable, es decir, quien puede sentir el reproche, lo que no ocurre -en su criterio- en el caso de autos.

Asimismo, manifiesta que comprender la criminalidad de los actos implica tener la capacidad de captación del valor de los bienes que se vulneran con el delito y que el psicópata perverso es incapaz de vivenciar valores porque su falla radical es la "ceguera emotiva".

En definitiva, considera que en la personalidad de M. se dan los dos requisitos de inimputabilidad que exige el art. 34 inc. 1º del C.P., a saber: alteración morbosa de las facultades e incapacidad para comprender la criminalidad de los actos y dirigir sus acciones.

Alega que el razonamiento del Tribunal est viciado de ilogicidad y absurdo valorativo que lo condujo a interpretar parcialmente la disposición del art. 34 inc. 1º del C.P., deviniendo de ello el vínculo concreto entre los agravios y la transgresión del art. 286 del C.P.P. (según ley 3589).

Subsidiariamente, sostiene que los rasgos de la personalidad del imputado han incidido en su posibilidad de comprensión de la antijuridicidad, de forma tal que le han dificultado la internalización de las normas infringidas con la consecuente disminución del juicio de reprochabilidad, solicitando que se modifique la especie de pena impuesta y se aplique la de prisión.

Por todo lo expuesto, solicita que se case la sentencia y se declare inimputable al imputado M. En subsidio, propicia que se modifique la pena y se le imponga prisión en lugar de reclusión.

II. En la oportunidad de celebrarse la audiencia prevista por el tercer párrafo del art. 456 del C.P.P., la Defensora Adjunta ante esta Alzada, doctora A. J. B., mantuvo el recurso en todos sus términos.

A su turno, el Fiscal Adjunto ante esta Alzada, doctor J. A. R. propició el íntegro rechazo del remedio intentado.

En tal sentido, manifestó que los cuestionamientos a lo resuelto por el Sentenciante en torno a la desestimación de la inimputabilidad del imputado M. resultan ineficaces, al no evidenciarse absurdo ni arbitrariedad en la operación valorativa desarrollada por el a quo sobre el punto.

Consideró que el tribunal de mérito determinó correctamente, mediante un examen pormenorizado de la prueba, la falta de concurrencia en el caso del elemento normativo de la fórmula legal de la inimputabilidad, en cuenta de que los informes científicos realizados por los facultativos establecieron que si bien M. presenta una personalidad deficientemente estructurada, ello no le impedía comprender las consecuencias de sus actos, argumentando que ello surge de los estudios de los peritos Folino, Brolese, Crivos y Teves. Asimismo, el doctor R. sostuvo que en la audiencia de debate se aclaró que M. distingue lo permitido de lo que no lo es y se puede proponer objetivos y alcanzarlos.

En definitiva, el Representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada, estimó innecesario decidir -en el caso- si la anormalidad atribuida al acusado constituye una alteración morbosa, pues, de todos modos, no concurre el restante elemento que exige la fórmula legal de la inimputabilidad ya que -al momento del hecho- M. comprendió la criminalidad de su conducta y dirigió sus acciones. (art. 34 inc. 1º del C.P.), sin que -entonces- se haya conculcado la normativa citada por el recurrente.

Respecto al agravio subsidiario relativo a la especie de pena aplicada, el Dr. Roldán postuló su rechazo, argumentando que el tribunal de casación sólo interviene en la consideración de los factores para su determinación cuando se trata de errores muy groseros, esto es, ante la aplicación de una pena arbitraria, contingencia ésta que -en su criterio- no se aprecia en el caso, sin que sea necesaria una mayor fundamentación al momento de optar por una u otra especie de pena.

III. Respecto al primer motivo de agravio adelanto que, a mi criterio, el mismo no puede prosperar.

El recurrente denuncia inobservancia del art. 34 inc. 1º del C.P., enlazando su queja con la cita del art. 286 del C.P.P. (según ley 3589) como norma violada, pero -en una alegación ajena a los motivos de casación previstos en el art. 448 del C.P.P-, sólo señala genricos argumentos vinculados con el alcance que -en su criterio- debe asignársele a las categorías previstas en el precepto fondal antes referido, sin evidenciar que -en el caso- el razonamiento del Sentenciante en virtud del cual se descartó la inimputabilidad de M. adolezca de vicio valorativo alguno que haya generado la pretendida inobservancia de la ley sustantiva.

Estimo que ninguna regla de la lógica, la experiencia o el sentido común se deteriora si, en base a los dictámenes de los expertos psiquiatras Folino y Brolese, de las antropólogas Crivos y Teves y a las explicaciones que los mismos efectuaron en la audiencia, se decide que aún cuando el encartado presentara una personalidad deficitariamente estructurada en el rea afectiva, esa falla no bastaba para resolver sobre la imposibilidad de comprensión de la criminalidad del acto.

En tal sentido, el magistrado que llevó el primer voto, al que adhirieron sus colegas, consideró, en base a la ponderación de las pruebas que se citan en el acápite pertinente del pronunciamiento impugnado, que "M. demostró ser capaz de prever las consecuencias de sus actos y sus implicaciones desde el punto de vista de los demás".

"Evidenció comprensión del disvalor del hecho, aunque con limitaciones".

"Señalaron los peritos en la audiencia que tiene acceso a la normatividad, aunque fuere a la marginal, distinguiendo lo permitido de lo que no lo es; de proponerse objetivos y emplear los medios para alcanzarlos".

"La pericia neurológica no mostró signos clínicos de alteración (que muchas veces acompaña la psicopatía) ni de predisposición a la intoxicación alcohólica".

"El estudio endocrinológico también demostró normalidad".

"Respecto a la ebriedad que alegara el encartado, a lo ya dicho al tratar la autoría se puede agregar que su registro encefalográfico no se compadece con el que correspondería a una persona que ingiriera la cantidad de alcohol que manifiesta M.".

"Formo convicción de que no existe la eximente alegada".

En mi modo de ver, la conclusión del Juzgador, que hizo pie -en particular- en la opinión conteste de los peritos Folino, Brolese, Crivos y Teves, como también en las demás actuaciones que en el fallo se ponderaron al tratar el punto, en cuanto a que M. resultaba ser un sujeto con un déficit estructural en su personalidad, sin que tal falencia suprimiera la posibilidad de comprender la criminalidad de sus actos, no presenta ninguna falencia que habilite a su revisión por parte de esta Alzada. A mi criterio, la valoración jurídica que el a quo efectúa respecto a la intensidad del aludido déficit de personalidad del imputado M. resulta -en punto a la imputabilidad- adecuada pues surge de la ponderación de prueba pertinente y útil al efecto, con lo que, entonces, no aparece evidenciada la denunciada transgresión del art. 286 del C.P.P. (según ley 3589) ni, por ende, del art. 34 inc. 1º del C.P.

Al respecto, es pertinente señalar que es doctrina del Tribunal que esta instancia recursiva se ve impedida de volver a juzgar los hechos que vienen fijados por los jueces de mrito, habida cuenta que no participó del juicio ni presenció el debate y que solamente est facultada a realizar un análisis de los razonamientos que llevaron a formar la sincera convicción de los sentenciantes, de modo que en el caso de comprobar un absurdo en la valoración de las pruebas pueda invalidar el fallo.

El recurrente denuncia como transgredido el art. 286 del rito anterior y alude a una pretendida falta de logicidad, pero fracasa en su intento de demostrar un vicio valorativo en el análisis que el "a quo" efectuó de la prueba pericial, pues el argumento central del quejoso parte de lo dictaminado por la Lic. Beramendi, adunando su particular apreciación de las consecuencias jurídicas que -en su criterio- se derivarían de esa diligencia, que fue desconsiderada por el Juzgador, sin que -respecto de tal temperamento decisorio- se haya evidenciado déficit alguno que habilite la instancia casatoria.

En efecto, tratándose de un supuesto de valoración probatoria, el tribunal de mérito es soberano en lo que hace a la convicción que le generan los dictámenes periciales para sustentarla, siempre que el valor suasorio que se les asigne sea fundado y sus fundamentos no resulten absurdos ni arbitrarios, tal como ocurre en el caso.

No sobra decir que no constituye vicio de absurdo la mera circunstancia de que el a quo otorgue preferencia a ciertas pruebas sobre otras, más aún cuando, como en el caso, se expresan las razones lógicas que guiaron tal operación valorativa.

Cerrando el punto, entiendo que es innecesario pronunciarse respecto de la controvertida cuestión referida a si aquellas anormalidades mentales que la ciencia psiquiátrica excluye del concepto de psicosis (sean "trastornos de la personalidad", "personalidades psicopáticas", "border lines", u otras) pueden incluirse dentro de la noción de alteración morbosa que prevé el art. 34 inc. 1º del C.P., como lo pretende el impugnante.

Ello es así porque la fórmula mixta de nuestra ley de fondo exige, para que una persona sea considerada inimputable, no sólo que concurra el requisito de la alteración morbosa, sino también que ésta ocasione alguno de los dos efectos psicológico-normativos previstos por la norma: la ausencia de comprensión de la criminalidad del acto o la imposibilidad de dirección de su accionar.

De manera que aún cuando se aceptare que el referido grupo de trastornos mentales pueda ocasionar la inimputabilidad del sujeto -como lo sostiene un sector de la doctrina-, ello no sería así en todos los casos, sino solamente en aquellos supuestos en que tal estado determinara la concurrencia de alguno de los referidos efectos psicológico-normativos.

Y en el caso, conforme lo resuelto en el ámbito fáctico, el a quo tuvo por acreditado que el imputado comprendió la criminalidad del acto y pudo dirigir sus acciones, lo que alcanza para resolver que, aun cuando el sujeto pueda considerarse "anormal", de todas formas es imputable en los términos del art. 34 inc. 1º del C.P. (conf. Causa Nº 9129 "Serulle, Miguel Jos s/ recurso de casación", Sent. del 5/11/02, Registro Nº 723).

Adviértase que, aún cuando el pronunciamiento no utilice expresamente los términos literales del art. 34 inc. 1º en cuanto a que M. pudiera dirigir sus acciones al momento de los hechos ilícitos que se le atribuyen, lo cierto es que la desestimación de la eximente alegada -que, en rigor, hacía pie en la pretendida imposibilidad de comprender la criminalidad del acto (ver fs. 33 y vta. de este legajo)- con sustento en el razonamiento plasmado en el decisorio en crisis, aparece como una consecuencia lógica de la valoración efectuada por el a quo, sin que sobre señalar que -en la octava cuestión del veredicto- se estableció que "... Como se ha sostenido con fundamento en las pericias médico-psiquiátricas, el imputado pudo determinarse y actuar libremente...".Por lo expuesto, considero que la queja defensista que pretende que se declare inobservado el art. 34 inc. 1º del C.P.P. y el art. 286 del C.P.P. (según ley 3589) es improcedente.

El agravio subsidiario, en el que se solicita que -en cuenta de los rasgos de personalidad del imputado y su incidencia en su posibilidad de comprensión de la antijuridicidad- se modifique la especia de pena impuesta y se aplique la de prisión, merece parcial acogida favorable.

En efecto, falencias formales al margen (art. 435, C.P.P.) pues no viene explicado el modo en que se habrían transgredido las normas que suministran los baremos en virtud de los cuales se individualiza la pena ni se denuncia la transgresión de las normas correspondientes, lo cual impide -por insuficiente- el progreso de la pretensión enderezada a modificar la especie impuesta, entiendo que -en este aspecto- el Sentenciante incurre en parcial contradicción. Adviértase que el Juzgador admite que el imputado M. "... tiene una personalidad deficitariamente estructurada en el rea afectiva...", aludiendo a que -amén de los dictámenes periciales- ello surgía de "... sus permanentes transgresiones, la forma en que refirió haberle sustraído dinero a un tío en la casa de su propia abuela, a la pareja que lo recibió y con la que brindó en Nochebuena sin demostrar el más mínimo arrepentimiento, no obstante manifestar que lo estaba...".

Por fuera de que no parece censurable la decisión del a quo en cuanto a que el déficit de personalidad que presenta el imputado M. no obstaba a que se ponderaran agravantes, aspecto del fallo que -en rigor- no viene discutido, entiendo que si se tuvo por acreditado que M. "... Evidenció comprensión del disvalor de lo hecho, aunque con limitaciones...", ello viene a demostrar que el Sentenciante incurrió en inobservancia del art. 41 inc. 2º del C.P. en cuanto proporciona como pauta individualizadora la referida a las "... condiciones personales...". Ello así dado que las limitaciones del imputado M. en la comprensión del disvalor de lo hecho aparecen como claramente indicativas de que el espacio de autodeterminación del encartado se encontraba de algún modo reducido, por lo que -con independencia de que la intensidad del déficit de personalidad que padece no le quitara capacidad de culpabilidad ni obstara al cómputo de agravantes a su respecto, como correctamente fue resuelto por el Juzgador- tal particular estructura de personalidad que -evidentemente- incide en su libertad y discernimiento debió computarse como atenuante, pues -en mi criterio- al momento en que el Juzgador estableció el reproche penal que correspondía a la culpabilidad del reo por los hechos cometidos, no debió desentenderse del estrechamiento de la autodeterminación a la que ya he aludido derivado de las características de la personalidad de A. M. M. que se tuvieron por ciertas en el pronunciamiento en crisis. La postura decisoria adoptada por el "a quo", al no computar como atenuante tal contingencia, importó que la pena se fijara, en este aspecto, sin atender a un mínimo de proporcionalidad con el grado de culpabilidad del sujeto, lo que -en definitiva- importaría la violación del art. 18 de la C.N.

La solución no varía por la decisión adoptada por el "a quo" en cuanto a que el imputado "... pudo determinarse y actuar libremente..." (en la octava cuestión del veredicto) al tiempo de rechazar la alegación defensista encaminada a que no se computaran agravantes por la personalidad psicopática de M., desde que el temperamento decisorio adoptado en este punto no puede interpretarse en el sentido de quitarle toda relevancia a la patología del imputado en la dosificación del quantum punitivo a imponerle, pues por ese camino hermenéutico, se llegaría a la conclusión de que el pronunciamiento es irremisiblemente contradictorio, desde que se aceptó también -como antes vimos- que la comprensión de M. del disvalor de lo hecho estaba sujeta a limitaciones.

Corresponde entonces, en cuenta de la minorante indebidamente ignorada por el a quo y las demás circunstancias agravantes que se declararon concurrentes en el fallo, casar parcialmente el decisorio impugnado por inobservancia del art. 41 del C.P. y adecuar el monto punitivo impuesto al imputado de autos, el que estimo justo y adecuado fijar en veintitrés años de reclusión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de seis meses de prisión en suspenso que le fuera aplicada en la causa Nº 144.554 del Juzgado en lo Penal Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, Hurto, Violación y Homicidio en concurso real entre sí, en los términos de los 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 42, 55, 167 inc. 4º en relación con el 163 inc. 4º, 162, 119 (en la versión anterior a la ley 25.087) y 79 del C.P. Sin costas en esta instancia.

Rigen los arts. 34 inc. 1º, 40 y 41 del C.P. y arts. 435, 448, 451, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P., según ley 11.922.

Con el alcance previamente fijado, voto por la afirmativa.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Hortel dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

2º cuestión. - El doctor Mancini dijo:

Conforme quedara resuelta la cuestión anterior corresponde casar parcialmente el fallo impugnado por inobservancia del art. 41 del C.P., debiéndose computar como diminuente el déficit en la estructura de la personalidad del imputado M. que redujo, en algún grado, su ámbito de autodeterminación, e imponerle, en cuenta de las demás circunstancias mensurativas que se declararon concurrentes en el caso en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P., la pena de veintitrés años de reclusión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de seis meses de prisión en suspenso que le fuera aplicada en la causa Nº 144.554 del Juzgado en lo Penal Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, Hurto, Violación y Homicidio en concurso real entre sí, en los términos de los 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 42, 55, 167 inc. 4º en relación con el 163 inc. 4º, 162, 119 (en la versión anterior a la ley 25.087) y 79 del C.P. Sin costas en esta instancia.

Rigen los arts. 34 inc. 1º, 40 y 41 del C.P. y arts. 435, 448, 451, 460, 530, 531 y concs. del C.P.P., según ley 11.922.

Así lo voto.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Hortel dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la sala II del Tribunal de Casación Penal resuelve hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa que asiste técnicamente al imputado A. M. M.; casar parcialmente el fallo impugnado por inobservancia del art. 41 del C.P., debiéndose computar como diminuente el déficit en la estructura de la personalidad del imputado M. que redujo, en algún grado, su ámbito de autodeterminación, e imponerle, en cuenta de las demás circunstancias mensurativas que se declararon concurrentes en el caso en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P., la pena de veintitrés años de reclusión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de seis meses de prisión en suspenso que le fuera aplicada en la causa Nº 144.554 del Juzgado en lo Penal Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de Robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, Hurto, Violación y Homicidio en concurso real entre sí, en los términos de los 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 42, 55, 167 inc. 4º en relación con el 163 inc. 4º, 162, 119 (en la versión anterior a la ley 25.087) y 79 del C.P. Sin costas en esta instancia.

Rigen los arts. 34 inc. 1º, 40 y 41 del C.P. y arts. 435, 448, 451, 460, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P., según ley 11.922. - Fernando L. M. Mancini. - Jorge H. Celesia - Eduardo. - Carlos Hortel.