Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1944-11-17


SENTENCIA DEL JUEZ FEDERAL Buenos Aires, septiembre 12 de 1944.

Autos y vistos; considerando:

1º Que el presente recurso de habeas corpus se funda en el hecho de que, habiendo sido detenido el señor Agustín Rodríguez Araya y formulado ante el Poder Ejecutivo el pedido de ausentarse del país para las ciudades de Quito o Asunción, se le fijó como únicos países de residencia los de Chile o Perú, solución que no fue aceptada por el causante y por cuyo motivo aun se encuentra preso. Solicita que, previo informe, se disponga su salida del territorio de la Nación en las condiciones que correspondan o se ordene su libertad (fs. 2).

2º Que el Ministro del Interior informa: a) que don Agustín Rodríguez Araya se halla detenido en virtud de lo dispuesto por el decreto núm. 3098 de 8 de febrero último, dictado en uso de la facultad que le acuerda al Poder Ejecutivo el art. 23 de la Constitución Nacional; y b) que habiendo el nombrado pedido autorización para salir del país y trasladarse a Quito (Ecuador) o Asunción (Paraguay), con fecha 9 del mes en curso no se ha hecho lugar a lo solicitado (fs. 9 y 10).

3º Que durante el estado de sitio en que se encuentra el país, el poder del Presidente respecto de las personas se limita a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino (art. 23 de la Constitución Nacional).

4º Que detenido el recurrente por el Poder Ejecutivo en uso de dicha facultad constitucional, el causante formuló ante el mismo la opción para salir del territorio que le concede la última parte de la mencionada cláusula constitucional, opción que le ha sido denegada sin indicarse su fundamento.

5º Que ejercido ante la autoridad que corresponde el derecho que otorga la Constitución, de optar entre la detención o la salida del país, la negativa del Poder Ejecutivo, sin causa que la fundamente, es ilegal y contraria a ese derecho, como lo tiene resuelto la Corte Suprema en el caso de José Mattos Villegas, con fecha 3 de julio de 1944, por lo que procede hacer lugar al presente interdicto.

Por estas consideraciones, oído el Procurador Fiscal y atento lo dispuesto por el art. 23 de la Constitución Nacional, se resuelve que el Poder Ejecutivo debe hacer lugar a la opción de salir del país formulada por el detenido Agustín Rodríguez Araya, a cuyo efecto se librará oficio al Ministro del Interior. - Horacio Fox.

SENTENCIA DE LA CAMARA FEDERAL Buenos Aires, 29 de septiembre de 1944.

Vistos y considerando Que de los informes de fs. 9 y 10 resulta que Agustín Rodríguez Araya permanece detenido en virtud de las disposiciones del decreto del Poder Ejecutivo Nacional núm. 3098 no obstante haber formulado opción para salir del país -que le ha sido denegada- a fin de radicarse en la ciudad de Asunción (Paraguay) o en la de Quito (Ecuador).

Que en el supuesto de que la negativa del permiso solicitado por el recurrente pretendiera fundarse en lo resuelto por la Corte Suprema (167,267, caso del Dr. Alvear), cabe advertir que la República del Ecuador no es país limítrofe, por lo que el citado antecedente resultaría inaplicable al caso sub-judice.

Por ello, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema y este Tribunal (Fallos: 199-177 y Victoria Codovilla, noviembre 24 de 1943, respectivamente) y por sus fundamentos concordantes, se confirma la sentencia apelada de fs. 13. - Carlos del Campillo. - R. Villar Palacio. - Carlos Herrera. - J. A. González Calderón (en disidencia).

Disidencia Vistos y considerando:

De acuerdo con la doctrina que informa mis votos en el caso Alvear (febrero 21 de 1933) y otros análogos y más recientemente en el de Mario Agnello (diciembre 31 de 1943) se revoca la sentencia apelada de fs. 13 y en consecuencia no se hace lugar al recurso de habeas corpus interpuesto en favor de Agustín Rodríguez Araya. - J. A. González Calderón.

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte:

Conforme a lo resuelto por V.E. en casos equiparables, y lo proveído por la Cámara Federal a fs. 23, el recurso extraordinario es admisible ya que se ha puesto en tela de juicio la interpretación a darse al art. 23 de la Constitución, y el fallo de segunda instancia es contrario a las peticiones formuladas por el representante del Ministerio Público.

D. Enrique A. Candioti dedujo habeas corpus a favor de D. Agustín Rodríguez Araya, expresando que este último, detenido por orden del P.E. Nacional con arreglo a dicho art. 23, había optado sin éxito porque se le permitiera salir del país para establecerse en Quito o Asunción, pues el expresado Poder le fijaba como únicos países de residencia a Chile y Perú. Requerido informe, el Sr. Ministro del Interior acompañó la copia de fs. 9, donde aparece denegada la petición de trasladarse a Ecuador o Paraguay, sin mencionar lo relativo al permiso que, según el recurrente, se concediera para traslado a Chile o Perú. Países ambos que, según es notorio son conceptuados escalas normales de los servicios marítimos o aéreos entre Argentina y Ecuador.

El Sr. Juez a quo hizo lugar al habeas corpus, invocando la jurisprudencia sentada por V.E. en el caso Mattos Villegas (199:177): la Cámara Federal resolvió lo propio, con cita del caso Codovilla, y por conceptuar además inaplicable lo fallado en 167:267; mas como justamente era este último precedente el que invocaba el Ministerio Fiscal para oponerse, viene ahora la cuestión a V.E. en procura de jurisprudencia definitiva.

Pudieran concretarse así los antecedentes a que acabo de aludir. En 167:267, fallo que por la amplitud con que trató el tema ha sido considerado desde entonces leading case, dijo V. E.:

"De poco serviría haber puesto en movimiento el resorte constitucional del estado de sitio con el fin de mantener el imperio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, si respecto del detenido o trasladado que invoca la opción no tuviera derecho el P.E. de exigirle el compromiso de no residir en determinado país limítrofe o de conducirlo por sí mismo a otro cuando crea que existen graves motivos para proceder así. El derecho de opción no puede ser más absoluto en el modo de hacerlo efectivo que cualquiera de los otros derechos asegurados por la Constitución a todos los habitantes, los que si bien no deben ser alterados por las leyes, pueden ser reglamentados en su ejercicio. Arts. 28 y 67 inc, 28, Constitución Nacional.

"Esta solución armoniza dentro de la letra y del espíritu de la Constitución el interés de la paz pública con el de la libertad, desde que el derecho de la persona detenida o trasladada no consiste, como se ha dicho, en que se le permita ir al país de su elección sino en salir del territorio argentino. Manifestada la opción con indicación del país en que se desea fijar la residencia, el P.E. puede observarle y si el interesado insistiera en ir a aquél o no propusiera otro, no obstante las facultades de traslado ofrecidas, podría reputarse, entretanto, que el ejercicio del derecho de opción queda suspendido a la espera de su decisión. La efectividad del derecho con esta solución queda totalmente librada a la voluntad del interesado quien podrá elegir como plinto de residencia todos los países de la tierra con excepción del o de los limítrofes observados por el P. E.

Los fines humanitarios que inspiran el precepto del art. 23 quedarían así contemplados en la medida que lo exige la defensa del orden, tan valioso como la libertad individual".

A mérito de ello, la Corte declaró: el Dr. Marcelo T. de Alvear tiene derecho a que se le permita salir del territorio.

En el caso Victorio Codovilla, recordado por la Cámara, no hubo oportunidad de que V.E. se pronunciare, porque el Ejecutivo, ajustándose a lo resuelto en 167:267, accedió a que el recurrente saliera del territorio "debiendo determinarse, previamente, el país en que ha de residir" (197:584).

Y en 199:177 (Mattos Villegas) V.E. admitió el recurso porque:

"I) Detenido Mattos Villegas por el P.E. en virtud de la facultad que, durante el estado de sitio le acuerda a éste el art. 23 de la Constitución, formuló el detenido la opción de la última parte de dicho artículo ante el mismo poder autor de la orden y conforme a la doctrina y jurisprudencia de esta Corte -Fallos: 158, 391; 195, 498; 197, 321- opción a salir del territorio que le fue denegada -fs. 4, 6 y 11- sin expresarse por el Ministerio del Interior las causas y fundamentos de tal denegatoria".

"III) Habiéndose formulado la opción de salir del territorio en la forma correcta que la jurisprudencia ha establecido, es decir, ante el mismo P.E. como se expresa en el considerando I, la denegatoria es contraria al precepto constitucional invocado por el recurrente. Fallos: 158:391".

La sentencia del 158:391 (Hipólito Irigoyen), se redujo a desestimar el recurso porque la opción no se había hecho ante el P.E., circunstancia ajena a lo que aquí se debate.

Queda pues por aclarar si las expresiones transcriptas, que he subrayado, han de interpretarse conforme lo entendió el Ministerio Público apelante, o como las aplica la Cámara Federal. Y pues se trata de materia que tan de lleno afecta al ejercicio de los derechos individuales y al de las facultades constitucionales del P.E., traído ya el caso como lo ha sido a conocimiento de V.E., no vacilo en solicitar un pronunciamiento definitivo por la única vía en que sería dable lograrlo, o sea manteniendo la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra el fallo de fs. 21. Hago notar, al mismo tiempo, la conveniencia de requerir los antecedentes relativos a la concesión de permiso para residir eh Chile o Perú, invocados por el Sr. Candioti a fs. 2 vta. y 25 vta., sin que haya a su respecto en autos otro elemento de criterio. Buenos Aires, octubre 21 de 1944. - Juan Alvarez.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 17 de noviembre de 1944.

Y vistos: El recurso extraordinario deducido por el Ministerio Público contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelación de la Capital dictada en el recurso de amparo a la libertad deducido en favor de Agustín Rodríguez Araya.

Considerando:

Que Enrique A. Candioti deduce recurso de amparo de la libertad en favor de Agustín Rodríguez Araya, detenido a la orden del P.E. Nacional, a fin de que se ordene su inmediata libertad o se le permita salir del país para establecerse en Quito o Asunción, salida que le ha sido negada por el P.E. y la sentencia recurrida, confirmando la de primera instancia, resuelve que debe hacerse lugar a la opción formulada.

Que el Sr. Procurador Fiscal de la Cámara pidió en segunda instancia la revocatoria de la sentencia, sosteniendo la improcedencia del recurso de amparo por cuanto el derecho de opción que acuerda el art. 23 de la Constitución Nacional no es absoluto y la negativa del P.E. sólo se refiere a los puntos indicados por el recurrente, lo que encuadra dentro de las atribuciones que el Presidente de la Nación le acuerda el citado artículo.

Que el recurso extraordinario interpuesto ha sido bien concedido. Se debate la inteligencia de una cláusula constitucional y la sentencia es contraria al derecho que el recurrente invoca amparado por ella; la cuestión federal ha sido introducida oportunamente en forma que el tribunal de última instancia ha podido resolverla; el recurso extraordinario constituye una garantía que ampara por igual a los particulares y al gobierno; el Ministerio Público tiene aptitud para plantear en juicio cuestiones federales e interponer el recurso extraordinario. Art. 14, inc. 3º, ley 48. Art. 6º ley 4055; Fallos: 165, 192;175, 257;183, 396;184, 101;1.86, 505;193, 115;195, 498;197, 562.

Que en casos anteriores la Corte ha dejado establecido que el art. 23 de la Constitución Nacional es claro; el poder del Presidente se limita a arrestar a las personas o trasladarlas de un punto a otro, a menos que prefiriesen salir fuera del territorio argentino, y transcribiendo considerandos del fallo 170, 246, que el traslado o el arresto se ejercitan por el Presidente como una medida de defensa transitoria que sufre la doble limitación de terminar con el estado de sitio y aun antes si la persona a quien lesionase manifiesta la voluntad de salir del país; que la Constitución se ha propuesto conciliar la necesidad de mantener el orden público, que es el ambiente propio de la libertad, con la protección dispensada por ella a las garantías individuales. Fallos: 197, 562. En un caso anterior -195, 498- dijo: "Mientras el detenido o trasladado no ha hecho manifestaciones, la restricción de su libertad es constitucionalmente válida; si la hace y se le permite ausentarse no hay caso judicial; si se la niega o ponen restricciones improcedentes, surge la jurisdicción judicial para amparar el derecho desconocido. En esta forma se realizan los fines del art. 23, cada poder obra dentro de sus atribuciones y no se vulnera ninguna de las garantías del art. 18". Igual doctrina se aplicó en 199, 177.

Que la restricción que se pretende no surge ni de la letra ni del espíritu de la Constitución y es incompatible con la libertad individual que amparan los arts. 18, 23, 29 y 95. Bastaría designar un lugar inaccesible para el detenido por su distancia, dificultades de comunicación o cualquier otra circunstancia accidental para que la opción fuera letra muerta y la libertad individual quedara a merced de la autoridad por tiempo indefinido, sin proceso, orden de juez competente, ni posibilidad de defensa.

Que esta conclusión no debilita la defensa del orden público por el peligro de que pudiera ser perturbado desde los países de asilo, pues los principios del derecho internacional obligan a los gobiernos a vigilar la conducta de los extranjeros refugiados, principio reconocido por el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo, cuyo art. 16 establece: "El asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos, pero la Nación de refugio tiene el deber de impedir que los asilados realicen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública de la Nación contra la cual han delinquido" y por su antecedente inmediato el Tratado suscripto por Argentina, Brasil y Uruguay el 21 de enero de 1859. Los gobiernos argentinos han cumplido siempre esta obligación y cuando han determinado la radicación del asilado político en algún lugar determinado la Corte ha declarado constitucional la medida. Fallos: 169, 225.

Por estos fundamentos, oído el Sr. Procurador General de la Nación, se confirma la sentencia apelada de fs. 21 en cuanto ha podido ser materia del recurso extraordinario. Notifíquese y devuélvase.

ANTONIO SAGARNA - B. A.NAZAR ANCHORENA - F. RAMOS MEJIA - T. D. CASARES: Con disidencia parcial de fundamentos.

DISIDENCIA PARCIAL DE FUNDAMENTOS Considerando:

Que por tratarse de los límites de poderes políticos el pronunciamiento ha de ser tan rigurosamente concreto como el acto mismo que se juzga, porque las circunstancias de cada caso tienen una importancia decisiva para su caracterización y por ende para el juicio que corresponda hacer del ejercicio de la facultad presidencial en él. Ha de extremarse, pues, en la oportunidad la sujeción del juicio a la singularidad del caso.

Que de las constancias de autos -copia de fs. 9 y oficio de fs. 10- no se desprende que la negativa del P.E. se refiera a los puntos de residencia indicados por el recurrente. Dice textualmente la decisión del señor Ministro del Interior: "Vistos estos expedientes por los que el doctor Agustín Rodríguez Araya formula opción para salir del país, y trasladarse a Quito (Ecuador) o Asunción (Paraguay) y atento a las informaciones producidas, el Ministro del Interior resuelve: 1) No ha lugar a lo solicitado, etc.".

Que al interponerse el recurso (fs. 2) se manifestó que el ejercicio de la opción se había supeditado con anterioridad a la aceptación de los lugares de residencia indicados por el P.E., requisito no aceptado por el detenido y que incluía sitios distintos de los que él propuso luego y constan en la resolución testimoniada a fs. 9. Pero el informe evacuado por el P.E. a fs. 10 no hace mención ninguna de estos antecedentes.

Que habiendo tenido el P.E. la oportunidad de los pedidos de informes de fs. 3 vta. y 8 para determinar el sentido y alcance con que se ejercitaron en la emergencia las facultades que acuerda el art. 23 de la Constitución, la decisión del caso debe ceñirse a la única información allegada y atenerse a lo expreso de ella, puesto que el no contener la información otros antecedentes significa que el P.E. reduce a los comunicados el fundamento de su decisión.

Que considerar la negativa como referente al lugar de residencia, no resultando del informe de fs. 10 que el P.E. decidiera con anterioridad fijar al recurrente los destinos mencionados al interponerse el recurso, importaría atribuir a la resolución de que se trata un alcance que no resulta de su texto, y además juzgarla sin los elementos de apreciación que según lo expresado en el tercer considerando, serían los que hubiesen podido autorizar a interpretar la negativa como relativa a lo accesorio -el lugar de la residencia- y no a lo principal -la opción de salir del territorio- que es la interpretación que en principio corresponde.

Que interpretada como lo impone su texto expreso la resolución testimoniada importa desconocimiento de la facultad de salir del país que el art. 23 de la Constitución Nacional acuerda al detenido y pone al mismo tiempo como límite de los poderes de que inviste al Presidente de la Nación durante el estado de sitio. El recurso de habeas corpus es, en consecuencia, procedente. - T. D. CASARES.