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Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: NAIDICH, EDUARDO S. c/ GRECO, SERGIO Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 902 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Cabe recordar que el máximo tribunal ha sostenido que "no a toda sentencia judicial puede reconocérsele fuerza de resolución inmutable sino sólo a aquellas que han sido precedidas de un proceso contradictorio y en el que el vencido haya tenido adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba" (Fallos 238:18; 279:54; 308:1985).

Por ello, resulta descalificable el razonamiento de los sentenciantes de ampararse de modo concluyente en el alcance de la "cosa juzgada" que hiciera la sentencia del tribunal de otra jurisdicción, cuando, es de ver que dicha "cosa juzgada" resultaría meramente ritual, desde la cuestión suscitada respecto de la reconvención no se debatió y ni siquiera integró el resuelvo en dicho pronunciamiento.

Esta carencia de sustentación objetiva inficiona al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. (De los Fundamentos del Dr. Erbetta)
Intereses moratorios, obligaciones de dar sumas de dinero, cláusula penal, carácter punitorio
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. c/ M., F.A. y Otro s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-03

La doctrina equipara el término "moratorios" como sinónimo de "punitorios", entendiéndose que cuando las partes fijan el tipo de interés que regirá en caso de mora, en las obligaciones de dar suma de dinero, es una cláusula penal moratoria y al estar estipulada convencionalmente se los denomina "punitorios".
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, admisibilidad sustancial, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDO ARIEL RIVADENEIRA c/ DANTE RENE CURTIS s/ DIFERENCIAS DE SUELDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-09-28

El recurso debe bastarse a si mismo dado que en el juicio de casación se reduce considerablemente la vigencia del principio "iura novit curia" que permite suplir de oficio las omisiones del recurrente, de tal forma que la falta de precisión de los agravios así como la carencia de una refutación concreta del fallo que demuestre la infracción adjudicada, determinan la inadmisibilidad del remedio casatorio.#/
Suspensión del juicio a prueba, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Contardi, Carlos Luis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-28

Si el expediente ha permanecido prácticamente paralizado durante lapsos que en su totalidad han alcanzado los seis años, el tiempo transcurrido es excesivo y perjudicial para los derechos de defensa en juicio y debido proceso, ya que las vicisitudes por las que transitó el legajo de ejecución, denotan la falta de diligencia oportuna del Estado en el trámite relativo a la ejecución de la probation, muchas no imputables al encausado -aún cuando él, frente a reiteradas oportunidades brindadas, no haya cumplido con la reparación del daño que oportunamente ofreciera-, no puede redundar en su perjuicio, y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable opera como límite al poder del Estado en el ejercicio de la persecución penal que prohíbe la posibilidad de punir cuando no se ha realizado el juicio en tiempo oportuno. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Librandi, Salvador y otros c/ Laspina Cambio Turismo S.A. y otros s/ Restitución sumas de dinero Román, Andrés Blás c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Román, Andrés Blás c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03|2002-12-04

El llamamiento de autos para sentencia no le impide a la Suprema Corte -al resolver la causa- examinar nuevamente si se han cumplido los requisitos de admisibilidad, porque debe evitar, mediante el rigorismo en el control de las formas impuestas por el art. 278 del Código de rito y normas afines, que se desvirtúe el sendero extraordinario de la casación.
Costas, recurso de casación, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Moya, Rogelio Venancio. c/ Empresa Acevedo e Hijos y/o Juan Carlos Acevedo. s/ Haberes adeudados;Diferencia de Haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-04-12

Siendo conteste la doctrina en considerar el tema "costas" como una cuestión que se rechaza por regla como impugnante en casación, la excepción que la habilita se da en autos debido a la arbitrariedad evidenciada en la evolución del caso, ya que las mismas se aplican a la parte demandada por no existir oposición de la actora; ésta solución no se compadece con la casi unánime jurisprudencia que existe sobre el tema; no es justo ni legítimo que a quien resulta beneficiado con la exención de costas por no responder los agravios, se le acuerde derecho a percibirlas si la alzada rechaza el recurso de apelación; consiguientemente debe revocarse ese ítem de la sentencia, imponiéndose las costas en el orden causado en la instancia de grado.
Competencia civil, daños y perjuicios, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FERREYRA,   Raún  Ernesto c/ KOTELNIKOV,  Eugenio s/ DAÑOS  YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-16

Corresponde la competencia de la Justicia Civil cuando son demandados profesionales de la medicina por mala praxis, aun cuando también sean codemandados organismos sometidos que "ratione personae" se hallen sujetos a la jurisdicción federal, teniendo en cuenta que no está en juego la aplicación de normas como el seguro de salud, ni cuestiones atinentes a la organización del sistema.
Embargo preventivo, caducidad, plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Luego Oviedo Abdón c/ Carrascosa Cruz y Gustavo Wacker c/Enrique Nissin y otro s/Embargo Preventivo s/ Incidente de Levantamiento de Embargo. Luengo Oviedo Abdón c/ Carrascosa Cruz y Gustavo Wacker c/Enrique Nissin y otro s/Embargo Preventivo s/ Incidente de Levantamiento de Embargo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-03-09|1988-03-09

Si la medida cautelar fue otorgada como garantía de los derechos eventuales de la parte vencedora en el juicio a repetir del condenado en costas lo que aquélla tuviera que abonar en concepto de honorarios a sus abogados y peritos, no puede pretenderse que la medida caduque a los diez días de su traba, porque los titulares no tenían expedita la acción de repetición hasta el momento que soportaran efectivamente los emolumentos que el condenado en costas debía abonar. Cancelada por el embargante una parte de los honorarios de los abogados que lo representaron, los derechos eventuales que garantizaba la medida se transformaron en derecho actual por la suma abonada y a partir de allí comenzó a correr el plazo de diez días que establece el art. 207 del CPCC., de facto, para que se opere la caducidad (parcial) subsistiendo plenamente la cautela por el saldo adeudado a dichos profesionales y por el total de honorarios de los peritos.
Estado, emergencia económica, pago, depósito judicial, medidas cautelares, recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DE DIEGO, MARTHA ROSARIO MARIÑO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE PEDIDO DE NO LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO GARDELLA, LORENZO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE  OPOSICION  AL  PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO GALLI PUJATO, JULIO N c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07

La ley 10798 se limita a disponer la liberación de los depósitos de sumas de dinero existentes con motivo de las medidas cautelares efectivizadas (artículo 21 in fine), no previendo la liberación de las cantidades depositadas a la orden de los Tribunales en cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución no estaba suspendida durante la vigencia de la ley 10472.
Notificación, ley procesal, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lobos, José Ernesto c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 124-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

Todo lo atinente a las notificaciones guarda una evidente vinculación con el debido proceso que aseguran el artículo 18 de la Constitución nacional y los artículos 7 y 9 de la Constitución provincial y, por lo tanto, con la garantía constitucional de defensa en juicio. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, derechos de incidencia colectiva, bien jurídico protegido, recurso contencioso administrativo, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES y otros c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 514 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-27

No se encuentra configurado el exceso ritual imputado a la Cámara al no examinar la omisión de cumplimiento de la Administración de su obligación legal de depositar el 20 % del monto total invertido en obras (art. 2, inciso c) y 10 del decreto ley 5085/68), so pretexto de considerar la inidoneidad de la vía intentada, desde que la comprobación que hizo la Cámara de los presupuestos necesarios para declarar procedente el recurso incoado deviene del inexcusable análisis por los jueces de la causa por imperio de la ley (art. 1, ley 10000), sin que el Tribunal agote su decisión en lo procedimental sino que la sustentó en la falta de prueba e imposibilidad de demostrar la certeza del incumplimiento, máxime considerando la modificación operada al régimen por la ley 11999. Esta norma contempla una especie de compensación con otras prestaciones de ese 20% que le corresponde aportar a la Provincia de Santa Fe. Dicha disposición prevé en el artículo 2, cuarto párrafo, que se aplicará "...al aporte Pro vincial cuyo reconocimiento y/o pago se encuentre pendiente...".

Sobre el punto, la Sala consideró que lo referido tenía vinculación con los aportes a realizar por la demandada, lo que interpretó como otra evidencia de que en el caso, la pretensión no encuadraba en el estrecho marco del recurso intentado al decir que "...estas cuestiones son propias de otro tipo de juicio y que no encuadran en el esquema de este recurso", atento que "...no existe en el caso prueba alguna para resolver esta cuestión con un mínimo de certeza, ni tampoco el recurso brindaba la oportunidad de producirla"
Acta contravencional, subsanación del vicio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, P.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

En el caso, el acta contravencional no cumple en principio con la "descripción circunstanciada del hecho" que requiere el artículo 36 inciso 3 de la Ley de Procedimiento Contravencional, atento que la simple mención de "obstruir paso peatonal" no resulta suficiente para determinar la eventual imputación legal al requerido y que éste estructure su defensa mas conveniente en virtud de aquella.

Sin perjuicio de ello, dicha omisión puede ser corregida por la actuación fiscal en las instancias procesales posteriores, sin embargo ello no ocurre, no habiéndose subsanado la falta de determinación precisa de la conducta ilícita que se le atribuye.

Así las cosas, se ha afectado gravemente el derecho de defensa que le cabe al imputado por no haber podido éste articular convenientemente las defensas mas adecuadas ante la imputación del ilícito contravencional que le atribuye el Ministerio Público Fiscal, en flagrante oposición con las garantías contenidas en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Responsabilidad penal, personas jurídicas, régimen penal aduanero
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mitchell, Riggi, Tragant. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-16

Podemos afirmar que nuestra legislación positiva en determinados casos y el régimen aduanero en particular han adoptado firmemente la postura de adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos que sus representantes, mandatarios, directores o demás personas con capacidad para obligarlas hubiesen cometido actuando en cuanto tales; y que la jurisprudencia que en consecuencia de los postulados legales ha emanado de los distintos tribunales de justicia en sus sucesivas integraciones en modo alguno ha cuestionado la validez o la adecuación constitucional de la solución establecida por el legislador. (Voto del Dr. Riggi).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: E., O. A. s/ Homicidio y lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

Si tras resolver la cuestión planteada, el a-quo aduna la cita del art. 448 del Código de Procedimiento Penal, según ley 11.922 y sus modific., no se advierte la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial pretendida por el recurrente, pues la cita de las normas efectuada en la sentencia basta a los efectos de la fundamentación legal allí exigida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, productor asesor de seguros, matrícula profesional, cancelación de la matrícula, delito penal, reincidencia, graduación de la pena, suspensión de la matrícula
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRODUCTOR ASESOR RAFAEL MARTELL s/ VERIFICACION DE OPERATORIA (EXPTE. DE SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE  LA NACION).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-08

Si bien un productor de seguros incurrió en serias irregularidades en el desempeño de sus funciones, la cancelación de su inscripción en la matrícula de asesores productores de seguros sería una pena excesiva; pues, considerando que de conformidad con la Ley 20091, art.

59 la pena debe graduarse de acuerdo con las funciones del infractor, la gravedad de la falta y la reincidencia, en el caso, en atención a que los antecedentes del sumario no informan una conducta irregular reiterada, ni reincidencia, ni existencia de delito penal, y aun cuando la transgresión colocó en riesgo de daño a los asegurados y aseguradores no existen constancias que el perjuicio se produjo.

Por lo tanto, la suspensión de tres años en el ejercicio de la actividad, es la sanción adecuada. (En el caso, el productor incurrió en violación del C.C.O.M. arts. 43, 44, 53/55, de la Resolución gral. N° 24828, arts. 10, 2.1., 10.2.3. -por no llevar sus libros en forma -; de la Ley 22400, art. 10-1°-ap. I), ap. D) y ap. H) y 12 -por cobrar mas de lo que corresponde y por haber efectuado el "corte de cartera", es decir, dejado sin efecto los contratos concertados a nombre de su clientela sin consulta o aviso previo -).
Dominio público, permiso administrativo, permiso de uso, permiso precario, cese del permiso, facultades de la administración, revocación del acto administrativo regular, facultades discrecionales, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Civil Golf Club Lagos de Palermo c/ GCBA s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-13

La autoridad puede revocar un permiso en virtud de la misma facultad que ha usado al concederlo. Se trata de un acto unilateral en el sentido de que no obliga a la administración pública y que supone siempre la presencia del interés u orden público, aunque la revocación no puede ser arbitraria, pues si así fuera, el permiso y la licencia serían ilusorios (Derecho Administrativo, sexta edición, Buenos Aires, 1965, Tº IV, p. 46/7, conforme a la cita efectuada por el Procurador General de la Nación en su dictamen vertido in re "S.A. Corporación Inversora Los Pinos v. M.C.B.A.", fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 22/12/75; en sentido concordante Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1999, Tº 3, VI-29).

Por su parte, cabe mencionar que el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, contempla la revocación del acto, entre otros supuestos, cuando el derecho se hubiera otorgado expresa y válidamente a título precario.
Mediación obligatoria, aplicación de la ley, Banco Nación, entes autárquicos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ MEDINA, ANTONIO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-26

Siendo que la ley 24573 art. 2, inc. 4°, dispone que el procedimiento de mediación obligatoria no será de aplicación en el supuesto de causas en que el estado nacional o sus entidades descentralizadas sean parte, el Banco de la Nación Argentina (en el caso, accionante) dado el carácter de entidad autárquica del estado nacional) se encuentra exceptuado de efectuar el procedimiento previo de mediación.
Acción de amparo, cuenta corriente bancaria, titular de cuenta corriente, inhabilitación para cuentas bancarias, pena de inhabilitación, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICARI, CLEMENTE s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-27

Planteada una acción de amparo contra el mantenimiento de ciertos datos relativos al peticionante inhabilitación para operar en cuenta corriente bancaria, impuesta por el banco central por cierto lapso-, en los registros de la accionada pese a encontrarse ya vencidos, resulta prudencial que aquellos se mantengan por un lapso que no supere los cuatro años, contados desde el vencimiento del período de la sanción; así pues, ante la semejanza que existe entre los castigos de indole administrativa -inhabilitación- y los de naturaleza específicamente penal, cabe, por analogía, aplicar un límite semejante al previsto por el art. 51 parraf. 3° del cód. penal, para la conservación de los registros de condenas a pena de multa o inhabilitación.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Leonetti, Jorge Héctor y otros s/ Sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-07

Yo creo que desde este punto de vista no repugna que el particular quede impune. En cambio, sentiría repugnancia en castigar a un ciudadano particular como cómplice de una falta de funciones cometida por un empleado, cuando ésta no se manifieste precisamente en una acción que por sí misma sea criminosa y no degenere en corrupción." ("Programa de Derecho Criminal. Parte especial" volumen V, n° 7, editorial Temis-Depalma, Buenos Aires, año 1977, pág. 79)" (Del voto de los Dres. Ballestero y Farah).
Prescripción, plazo, prenda, mutuo
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOIOCO, EDUARDO c/ CARCHANO, CARLOS s/ PREP. VIA EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

Cuando lo que se persigue es el cobro de un mutuo contenido en un contrato prendario, y no la ejecución de la garantía constituida en el mismo instrumento (en el caso, el contrato de prenda no se encontraba reinscripto); el plazo de prescripción es el previsto en el ccom 846.
Desindexación, aplicación de la ley, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: FLOR BENEGAS, LUIS c/ SERENA, ANTONIO Y OTRO s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

No cabe activar el sistema de la ley 24283 si en el planteo del deudor se perfilaron orfandades de fundamentación. Ello así pues tal extremo se encuentra incorporado a la esencia misma de la norma de excepción, siendo necesario evitar defensas dilatorias en un proceso de ejecución de sentencias de créditos de naturaleza alimentaria.
Aclaratoria (procesal), honorarios, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Terneny, José c/ Droguería del Norte S.A. s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

Excedería de las previsiones de los arts.166 inc.2º y 36 inc.3º del CPCC la aclaratoria que modificara las regulaciones de honorarios sobre la base de una nueva valoración. En consecuencia, corresponde desestimar la aclaratoria impetrada.
Ejercicio profesional, matrícula profesional, traductores públicos, derecho de trabajar, extranjeros
Materia: PROCESAL
Carátula: DE JAGER DE HOPWOOD HENRIETTE CORNELIA s/ RATIFICACION DE MATRICULA DE TRADUCTOR PUBLICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-08-02

La exigencia del artículo 4, inc. a) de la ley 20.305, vulnera los derechos reconocidos a los extranjeros en los artículos catorce y veinte de la Constitución Nacional de trabajar y ejercer toda actividad lícita.
Convertibilidad, ley de emergencia, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, aplicación de la ley, esfuerzo compartido, competencia ordinaria, domicilio especial, pesificación, obligaciones en moneda extranjera
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

La pieza de fs. es una convención celebrada en tiempos de la Ley 23928 de la llamada "convertibilidad", con sujeción a las leyes y tribunales argentinos, con partes que constituyeron domicilio especial en el país.

En consecuencia, corresponde la aplicación de la Ley 25820, pero con todos esos alcances a que hice mención conforme la doctrina legal del S.T.J., con más precisión, asumiendo de modo concurrente y equitativo los efectos del colapso que llevaron a la sociedad y a la Nación misma a la consagrada "Emergencia Pública".

En tal orden de ideas, y como ya se dijera en "GARCIA GOMEZ", Se. N* 80/04 del 28-09-04, si se llegara a pesificar a razón de U$S 1 (un dólar) = $ 1 (un peso) como lo postulan en primer término los aquí demandados, se perjudicaría inequitativamente al acreedor, favoreciéndose a la parte recurrente deudora de la prestación. Considero entonces que es menester recomponer la acreencia con rigor académico, hermenéutica jurídica y sentido de equidad, pero contemplando simultáneamente los intereses entrecruzados de acreedor y deudor, para alcanzar así una justa y equitativa conjugación del conflicto.
EL SALVADOR, medidas urgentes, medidas de seguridad y protección, amenazas, deber de información, MINISTERIO DE DEFENSA
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Medidas urgentes respecto de El Salvador a favor de Adrián Meléndez Quijano y otros S/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-03-23

Debe El Salvador realizar todas las gestiones que sean necesarias para que las medidas de protección ordenadas en amparo de los familiares y del funcionario del Ministerio de Defensa Nacional que denunció violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército salvadoreño, sean planificadas y se apliquen en su totalidad, brindándolas en forma diligente y efectiva, cumpliendo asimismo con el deber de informar al Tribunal sobre cuáles han sido adoptadas y el avance de su ejecución.