Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2009-03-03


Ushuaia, marzo 3 de 2009.

Considerando: 1. En orden a las formas que rigen el dictado del pronunciamiento en la especie, corresponde expresar que de las conclusiones expuestas en el estudio de estos actuados, surge que el decisorio no ha de ser de aquéllos que finiquitan el proceso, por lo que cabe que la decisión se emita de manera impersonal (conf. este Tribunal, in re "Gerlos, Mabel Beatriz y Xamena, Liliana Amanda c/Poder Ejecutivo de la Provincia s/Recurso de Amparo" -expte. nº 30/95 SR, sentencia del 11.05.95 registrada en el Libro I, fº 21/23-).

2. En primer lugar, cabe señalar que la intervención de los suscriptos responde a lo establecido en el inciso æbÆ del artículo 73 de la ley 110.

Ello así, toda vez que el Dr. Sagastume presentó su inhibición a fs. 928/929; la Dra. Battaini fue recusada por una de las partes (ver fs. 896/899 y el informe de fs. 930/931); las excusaciones de los Dres. Martín y Muchnik fueron aceptadas a fs. 508; el Dr. Tabárez Guerrero intervino en el dictado de la decisión de fs. 513/522 que confirmó el auto de remisión de la causa a juicio con relación a B. y sobreseyó a G. C. (sobreseimiento anulado a fs. 563/566); el Dr. De la Torre intervino en la resolución de fs. 599/606 que confirmó el auto de remisión a juicio respecto de G. C.; el Dr. Löffler se excusó a fs. 933 y vta.; la inhibición del Dr. Sarrabayrouse fue aceptada a fs. 742; y los Dres. Borrone y Varela intervinieron en el dictado de la sentencia cuya impugnación impulsa la intervención del Superior Tribunal de Justicia.

Notificadas a las partes la integración del Estrado (fs. 940 vta. y cédulas glosadas a fs. 951 y 952), éstas consintieron lo actuado.

3. Es sabido que las causales de inhibición y recusación enumeradas por los códigos procesales tienen por objeto resguardar la imparcialidad de los magistrados que intervienen en el proceso.

Enseña Maier que "la independencia de los jueces es una condición necesaria para garantizar la ecuanimidad, pero no es la única, ni es, por ello, suficiente. Otras de esas condiciones necesarias es colocar frente al caso, ejerciendo la función de juzgar, a una persona que garantice la mayor objetividad posible al enfrentarlo. A esa situación del juez, en relación al caso que le toca juzgar, se la llama imparcialidad". A continuación, agrega que la imparcialidad tiene dos caras: una positiva que constituye la independencia judicial, rodeando al juez de ciertas garantías que impiden abstractamente, interferencias de los poderes políticos, incluso del propio Poder Judicial; y otra negativa: excluyendo al juez que no garantiza de manera suficiente la objetividad de su criterio frente al caso concreto. "...tampoco se trata aquí de criterios generales que regulan la función de juzgar o su relación con los poderes del Estado, sino, por el contrario, de la relación específica de la persona física encargada de juzgar con el caso concreto sometido a su juicio". Se establecen motivos de apartamiento que constituyen relaciones abstractas que la ley procesal (en nuestro caso, el artículo 45) describe como fundantes de la "sospecha de parcialidad" (Julio B. Maier, "Derecho Procesal Penal Argentino", tomo 1b, Hammurabi, 1989, págs. 484/486; según se dijo y citó en "Agüero, Javier Orlando y Hernández, Cristian César Federico s/Robo calificado por efracción y escalamiento en grado de tentativa" -expte. nº 313/99 SR del 22.09.99, Libro V, fº 530/533- y "Musaber, Alejandro Darío y otros s/Robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa" -expte. nº 356/99 SR del 22.02.2000, Libro VI, fº 37/40-; entre otros).

4. Tenemos, entonces, que este instituto se encardina a resguardar las reglas del debido proceso y la garantía de defensa de quien está sometido a un proceso penal a través de impedir que intervengan en la tramitación y resolución del caso magistrados y funcionarios cuyo criterio se encuentre empañado de parcialidad. Por ello, la inhibición no funciona en salvaguardia de la investidura judicial sino como garantía constitucional en favor de los justiciables (Jorge E. Vázquez Rossi, "Derecho Procesal Penal", tomo 2, Rubinzal Culzoni, 1997, pág. 162).

No debe escapar de nuestro análisis la trascendencia de este instituto que tiende a separar del proceso al juez llamado a resolver el pleito (juez natural) o a los funcionarios que deben intervenir; razón por la cual, también debe ser descartada su aplicación desmedida, sin fundamento en las circunstancias que rodean al caso. Es conocido el criterio pacífico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto sostiene que las causales de inhibición y recusación deben ser interpretadas en forma restrictiva (ver resolución nº 17/03 dictada en el expediente nº 1290/01 "Conjueces intervinientes en autos æRobles, Hugo Antonio y otrosÆ" del 29.04.2003, Base de datos www.csjn.gov.ar, documento nº 46796), posición compartida por este Estrado ("Romero, Olga Norma c/IPAUSS s/Contencioso Administrativo" -expediente nº 1561/02 SDO del 13.08.2003, Libro XLIV, fº 129/131- con cita del dictamen de la Procuradora General sustituta en los autos "Industrias Mecánicas del Estado c. Borgward Argentina S.A. y otro", sentencia de la Corte Suprema del 30.04.96, publ. en la Revista La Ley del 23.07.96).

Por ello, la invocación y aplicación de cualquiera de las causales debe tener apoyatura en hechos ciertos y probados que autoricen tal medida y que tiendan, de un modo efectivo, a evitar el avasallamiento de la garantía de defensa en juicio del justiciable.

En consecuencia, su evaluación no se reduce a un mero ejercicio académico, sino que debe responder a la exigencia de justicia en el caso, la cual sólo podrá ponderarse por medio del examen de las circunstancias que lo rodean.

5. Respecto de la causal contenida por el inciso 13º del artículo 45 del CPP, citada en los tres casos que hemos sido llamados a resolver, en los autos "Bahamonde Cárdenas, Teresa Isabel s/Homicidio en su perjuicio s/Inhibición Juez del Juzgado de Instrucción de 2º Nominación del D.J. Sur" -expte. nº 416/97 SDO del 05.05.97, Libro VII, fº 107/108- el Superior Tribunal estableció ciertos criterios hermenéuticos que definen su correcta interpretación: a) que las causales de separación de los jueces se deben vincular con los interesados, siendo éstos lo señalados en el artículo 46 del CPP; b) que el motivo previsto en el inciso 13º opera cuando a juicio del magistrado se produce la situación externa que la norma prevé: la posibilidad de debilitamiento en la confianza pública respecto de su imparcialidad; c) que dicho juicio es pasible del control de razonabilidad por parte del Tribunal; d) que la causal requiere ser interpretada restrictivamente para evitar desplazamientos por motivos insustanciales; y e) que el inciso 13º opera para situaciones que no tienen un tratamiento expreso en los restantes incisos, y no cuando teniéndolo, el hecho no encuadra en él.

De este modo, aún cuando es indudable que la también denominada inhibición por razones de decoro y delicadeza posee un contenido eminentemente subjetivo, su concurrencia es pasible de revisión a partir de los elementos objetivos que presenta la situación en que se invoca.

6. Ingresando al examen de la inhibición presentada por el Dr. Sagastume a fs. 928/929, entendemos que corresponde hacer lugar a lo peticionado toda vez que los extremos acreditados en autos impiden su actuación en esta instancia.

Recordemos que "juzgar", en un sentido amplio, significa "formar juicio de una cosa", lo que -desde un punto de vista jurisdiccional- exige, como garantía primigenia para las partes, que los magistrados se desempeñen con una total falta de compromiso anímico o intelectual asumido prematuramente sobre un estado de cosas sometido a su resolución.

El haber dictado el auto de procesamiento de los encartados genera en las partes un fundado temor de parcialidad en el juzgamiento del caso en esta instancia casatoria. La remisión a la doctrina fijada en "Llerena" (ver fs. 928 y vta.) no resulta superflua, pues fue precisamente ese temor de parcialidad el que orientó la resolución adoptada por la Corte Suprema. En autos, ello surge de una circunstancia objetiva indiscutida: la adopción por parte del magistrado -aún con la precariedad que la etapa instructoria exige- de un criterio determinado respecto del sustento fáctico y normativo de la imputación penal dirigida contra los enjuiciados.

Asiste razón al Dr. Sagastume cuando expresa que esta situación no se halla prevista en el primer inciso del artículo 45 del CPP. Siguiendo el texto del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación modificado por el artículo 88 de la ley 24.121, el legislador fueguino no previó la recusación o excusación basada en la intervención previa del juez en el proceso. Ello ha recibido serias y fundadas críticas (ver, por todos, Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", tomo 1, Hammurabi, 2004, págs. 210/213). De allí que la invocación de la causal contenida en el inciso 13º no merece observaciones.

No opaca este temperamento que el auto de procesamiento de fs. 332/344 fuera anulado por la Cámara de Apelaciones a fs. 425/427, pues de lo que aquí se trata es de disipar cualquier temor de parcialidad fundado en la adopción anticipada de un criterio frente al caso.

De acuerdo a lo expuesto, cabe aceptar la inhibición presentada a fs. 928/929. Similar criterio adoptó este Estrado en los autos "Cárdenas Almonacid, José Rolando y otros s/Robo en poblado y en banda y lesiones leves" -expte. nº 970/06 SR del 16.05. 2007, Libro XIII, folios 245/246-; "López, Fabián Leandro y Fernández, Marcelo Flavio s/Robo en poblado y en banda" -expte. nº 976/06 SR del 28.05.2007, Libro XIII, fº 254/255- (ambas con relación a su intervención como juez del Tribunal de Juicio) y "Valls, Oscar Narciso s/Incidente de nulidad s/Recurso de queja" -expte. nº 977/06 SR del 30.07.2007, Libro XIII, fº 334/335- (respecto de su intervención como subrogante del juez correccional).

7. Respecto de la recusación formulada por la defensa de B. contra la Dra. Battaini, hemos de adelantar que compartimos la opinión expuesta por la magistrada a fs. 930/931.

En los autos "Trujillo Nores, Juana s/Sucesión Ab-Intestato", el Superior Tribunal hizo lugar al pedido formulado a fs. 445 por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de remitir copia de las actuaciones y del expediente nº 3154 al juzgado de instrucción para su incorporación a la presente causa. La Dra. Battaini votó en primer término. Así surge de la resolución glosada a fs. 472/480 de aquellos obrados -que corren por cuerda-, en particular el considerando VIII de la respuesta dada a la primera cuestión, y del punto 2º de la parte dispositiva (expte. nº 518/02 SR, decisión del 05.05.2002, Libro XI, fº 236/244).

La parte estima que ello constituye un adelanto de opinión de lo que en definitiva resolverá en la presente causa (arg. fs. 899). Cita la causal contenida en el inciso 13º del artículo 45 del CPP.

En primer lugar, cabe señalar que desde el punto de vista procesal, el sustento legal alegado no resulta procedente, toda vez que el inciso 13º sólo puede ser invocado como motivo inhibitorio, sin que las partes puedan oponerlo. Así lo establece con claridad el articulo 48 del código de rito: "Las partes, sus defensores o mandatarios, podrán recusar al Juez sólo cuando exista uno de los motivos de inhibición, excepto la causal contenida en el inciso 13) del artículo 45". Ello así pues, como se expresó en el considerando 5º, esta causal tiene un contenido eminentemente subjetivo.

En segundo término, e ingresando al análisis de la cuestión de fondo planteada, debemos decir que la pretensión carece de fundamento.

Yerra la parte cuando señala que lo dispuesto en los autos "Trujillo Nores" significó un adelanto de opinión sobre el mérito penal de las constancias procesales cuya remisión al juzgado instructor solicitara una de las partes, o la adopción de una determinada postura ante la imputación penal que se sustanciaba en ese juzgado. Por el contrario, asiste razón a la Sra. Juez cuando a fs. 930vta. sostiene: "...se proveyó la petición formulada por el Sr. Fiscal de Estado en términos lisos y llanos, ajustándose lo dispuesto a lo solicitado por la parte, y sin abrir ningún tipo de juicio de valor con relación a la trascendencia de dicha pretensión con relación a la causa penal nº 4889...".

No puede confundirse la decisión adoptada, que se limitaba a proveer una petición de una de la partes de aquel proceso civil, con un examen respecto de la situación de los encartados en el presente proceso. Recordemos que "opinar" significa "discurrir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la verdad o certeza de una cosa" (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Madrid, 1992). No puede sostenerse válidamente que con lo actuado en los autos "Trujillo Nores", la Dra. Battaini dio razones, probabilidades o conjeturas referentes a la verdad o certeza de la imputación penal que se investigaba en sede penal.

Tampoco lleva a esa conclusión que la magistrada hubiera desestimado la remisión de los antecedentes a la justicia penal para investigar la conducta del Sr. Fiscal de Estado (ver el argumento expresado a fs. 898 del presente en función de lo manifestado en el considerando VIII de la resolución de fs. 472/480 de los autos "Trujillos Nores"). La Dra. Battaini explicó que esa cuestión ya había sido tratada, por lo que la pretensión resultaba inadmisible (fs. 478 vta./479).

Comprobado que no hubo emisión de opinión sobre la situación de D. J. B. o de A. G. G. C. ante el proceso penal, sólo resta rechazar la pretensión expuesta a fs. 896/899, reflejada en los puntos 2º y 3º del petitorio del escrito de fs. 895/925.

8. Con relación a la excusación formulada por el Dr. Löffler a fs. 933 y vta., entendemos que la misma debe ser desestimada.

No existen razones que autoricen el desplazamiento del nombrado, quien ante la imposibilidad de participación de los restantes miembros de la Cámara de Apelaciones, fue designado a fs. 932 vta. para intervenir en la presente causa (conf. inciso æaÆ del artículo 73 de la ley 110).

Si bien es cierto que el Dr. Löffler intervino -por subrogancia legal- en el dictado de la decisión que anuló el punto III de la parte dispositiva del auto dictado por el juez de ejecución en el incidente "B., Daniel Jorge s/Suspensión del juicio a prueba" -expte. nº 3038 del tribunal de alzada-, lo verdaderamente relevante es que no existen puntos de conexión entre aquella decisión (copiada a fs. 947/949) y los agravios expresados por la fiscalía en el recurso de casación de fs. 882/889.

En efecto, la decisión incidental declaró la nulidad de la intimación cursada a J. D. B. a fin de que abone una multa de $ 10.000. como condición de procedencia de la llamada probation, al considerar que esa multa constituía la imposición de una pena, extremo extraño al incidente de suspensión del juicio (ver fs. 949 in fine). De este modo, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación presentado por la defensa.

Establecido ello, es claro que los agravios expuestos a fs. 882/889 discurren por otros carriles: la fiscalía impugna en casación la decisión del Tribunal de Juicio que absolvió a los encartados en el entendimiento de que no se encontraban reunidos los elementos objetivos del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa (conf. artículos 42 y 174, inciso 5º, en función del artículo 172).

De allí que no se observan parámetros objetivos por los que podría la confianza pública verse conmovida o debilitada con relación a la imparcialidad del magistrado llamado a resolver el pleito. El Dr. Löffler resolvió -formando mayoría de opinión juntamente con el Dr. De la Torre- una cuestión incidental ajena a la materia traída a estudio y resolución de este tribunal de casación. Ello no lo descalifica ni moral ni objetivamente para intervenir con ecuanimidad en el tratamiento y resolución del recurso deducido por la fiscalía.

Similar criterio expuso este Estrado en los autos "Dume, Marisa Luz s/Defraudación contra la Administración Pública (2 hechos) en concurso real" -expte. nº 921/06 SR del 20.06.2006, Libro XII, fº 416/419-, respecto de la inhibición planteada por el Dr. De la Torre.

Sin perjuicio de lo resuelto, es dable destacar el riguroso celo profesional puesto de manifiesto por el Dr. Löffler a fs. 933 y vta., dirigido a evitar cualquier manto de duda sobre la imparcialidad y transparencia de la actividad jurisdiccional peticionada.

9. Por último, de acuerdo a lo manifestado por el recurrente a fs. 938, corresponde tener por desistido el derecho de ampliar oralmente los fundamentos expuestos en su escrito casatorio de a fs. 882/889. Sin perjuicio de ello, y toda vez que la defensa de B. hizo uso de similar facultad (ver fs. 896), corresponde hacer saber a las partes que el Estrado quedará integrado por los Dres. María del Carmen Battaini, Ernesto A. Löffler y Roberto J. Magraner.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1º) Aceptar la excusación formulada a fs. 928/929 por el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume para actuar en estos obrados (conf. art. 45, inc. 13º, del CPP). 2º) Rechazar la recusación formulada por la defensa de D. J. B. a fs. 895/925 contra la Dra. María del Carmen Battaini. 3º) Rechazar la excusación formulada a fs. 933 y vta. por el Dr. Ernesto A. Löffler. 4º) Tener por desistido el derecho del recurrente de ampliar oralmente los fundamentos expuestos en su escrito casatorio de a fs. 882/889. 5º) Hacer saber a las partes que el Superior Tribunal quedará integrado por los Dres. María del Carmen Battaini, Ernesto A. Löffler y Roberto J. Magraner para el tratamiento y resolución del recurso de casación interpuesto por la fiscalía a fs. 882/889. 6º) Mandar se registre, notifique y cumpla. - Roberto J. Magraner .- Alejandro Pagano Zavalía .