Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-18


Expte. 37773/2006 Juzgado N° 97 "Maíz Mario José María y otro c/CIMAFER S.A. s/Daños y perjuicios" ACUERDO N° En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los	18 días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala "I" de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: "MAIZ Mario José María y otro c/ CIMAFER SA s/ daños y perjuicios" respecto de la sentencia corriente a fs. 526/530 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. UBIEDO, CASTRO y MOLTENI.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. UBIEDO dijo: La sentencia de fs. 526/530 rechazó la demanda deducida por Mario José María Maíz y Miguel Luis Maíz en virtud de la cual pretenden se condene a CIMAFER S.A. al pago de la suma de $ 677.491 en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación de reintegro de diversas herramientas agrícolas dejadas en el establecimiento de campo que la sociedad explotaba al tiempo del conflicto. Apeló el actor, expresando sus agravios a fs. 559/569 los que fueron contestados a fs. 571/581.

Del escueto relato de los hechos enunciados en el escrito de demanda surge como antecedente del conflicto que mantienen las partes el contrato de arrendamiento -del que no se elaborara contrato escrito- entre los actores (o sólo Mario José María Maíz a estar a la defensa esgrimida por la demandada) en su carácter de arrendatarios y CIMAFER S.A. como arrendadora en virtud del cual los primeros comenzaron a trabajar el campo sito en el Cuartel VIII del Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, identificado como establecimiento Andrea Soledad. Señalaron los demandantes que por razones económicas, y estando en curso el primer año del contrato debieron dejar el campo, cesando el arrendamiento por mutuo acuerdo pero "quedando" en el lugar herramientas de trabajo que fueron retenidas ilegítimamente ya que al intentar retirarlas le negaron la entrega. Continuaron relatando que se denunció penalmente el hecho siendo el imputado Isaac Leonardo Montilla quien, frente a las pruebas aportadas se comprometió a devolverlas, cosa que satisfizo lo que prueba que los elementos estaban en el establecimiento y que la empresa no lo ignoraba. Afirmaron que se está ante un incumplimiento contractual pues en su condición de arrendadora la empresa estaba obligada a devolverle las herramientas (v. fs. 60 último párrafo).

Al formular la denuncia ante la justicia represiva destacó el denunciante que por lo que envió una carta documento a Montilla intimando el cumplimiento de la obligación, sin resultado alguno. Se efectuó denuncia penal (concretada por Mario José María Maíz) y, frente a la prueba producida, el nombrado le devolvió las herramientas. Que el hecho le ha causado daños por no poder disponer de sus herramientas de trabajo por lo que demanda en concepto de lucro cesante y privación de uso.

En el escrito de responde obrante a fs. 47/56 la demandada contesta la acción oponiendo la excepción de falta de legitimación activa del coactor Miguel Luis Maíz afirmando que no se contrató con éste sino con Mario José María Maíz. Afirmó que nunca le fue informado de depósito alguno que por ello rechazó la intimación cursada mediante CD de diciembre de 2001. Que si bien es cierta la celebración del contrato de arrendamiento y su cese, omite la contraria denunciar que dejó sus pertenencias agrícolas para eludir embargos y que sólo personal de la empresa estuvo al tanto de ello y que fueron las averiguaciones que efectuara al ser anoticiada de la denuncia penal contra su representante Isaac Montilla las que permitieron entregar las herramientas contra entrega de un recibo en el que constaba que nada se debía por ningún concepto. Sostuvo que siendo dejadas las herramientas en el lugar por propia voluntad y ya rescindido el contrato, el caso encuadra en la responsabilidad extracontractual. Opuso como defensa la teoría de los actos propios.

Con relación a la excepción de falta de legitimación de Miguel Luis Maíz nada se resolvió a su respecto continuando las actuaciones en los términos en que quedara trabada la litis, sin que se peticionara al respecto en tiempo y forma, aspecto que no es considerado en la sentencia ni es objeto de recurso alguno, por lo que nada cabe resolver en esta instancia.

En cuanto al fondo del asunto, el magistrado rechazó la demanda con fundamento en que se encontraba debidamente acreditado que las herramientas fueron devueltas suscribiendo el reclamante el correspondiente recibo en el cual dejara debida constancia de que "nada tenía que reclamar al dador por ningún concepto" y que debía entenderse que la referencia a la persona del "dador" lo era en la inteligencia de que quien entregaba las herramientas era la empresa demandada en la persona de su representante legal Montilla, representación que -a juicio del magistrado- se encontraba acreditada en autos. En consecuencia consideró configurado el desistimiento de la acción y del derecho y con fundamento en la teoría de los propios actos improcedente la demanda deducida.

Las quejas hacen a una supuesta errónea valoración de la prueba en punto al desistimiento de la acción y del derecho, señalando los recurrentes que éste no comprendió a la empresa demandada pues en ningún momento el nombrado invocó la representación que ahora se esgrime. A su vez al contestarse los agravios se refutan los fundamentos de los recurrentes afirmándose que se ha tergiversado la convicción que necesariamente se logra con un adecuado análisis de las pruebas arrimadas y que, contrariamente a lo que sostienen, las producidas en autos acreditan los hechos y sustentan las conclusiones de la defensa relativas a que : las herramientas quedaron en el establecimiento por voluntad de los actores quienes buscaban eludir la acción de sus acreedores; que la empresa no estuvo al tanto del hecho sino sus empleados y el recibo extendido al tiempo de la entrega da cuenta del desistimiento de la acción y del derecho motivo de autos.

Paso a considerar el caso, en los términos de los arts. 277 y 278 del ordenamiento de forma II) A fin de dictar resolución definitiva que ponga fin al proceso dando respuesta a las pretensiones de las partes el magistrado ha de atenerse a los términos en que quedara planteada la litis, considerando aquellos hechos debidamente acreditados que resulten conducentes para la solución de la litis (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 360 inc. 3° del CPCCN). En cumplimiento de esa tarea se verá obligado a desandar el camino que las partes hubieren transitado, articulando secuencialmente los hechos acontecidos, que constituyan antecedentes relevantes y conducentes. De no contar con un adecuado y completo relato en base al cual ofrecer los elementos probatorios conducentes y/ de no producirse éstos elementos o resultar de débil o escasa fuerza probatoria su tarea se verá dificultada por cuanto quien cargaba con la obligación de acreditar sus dichos ha incumplido con este deber (art. 377 del CPCCN), arribando, en consecuencia, a un resultado desfavorable a sus pretensiones.? En estrecha relación con ése requisito, los actores no brindaron una adecuada y completa relación de los hechos y circunstancias del caso en los términos del art. 330 inc. 4 del CPCCN, limitándose a un escueto relato referido a la retención de los elementos reclamados afirmando que "quedaron" en el establecimiento al cese de la relación laboral y que la demandada incumplió en su obligación contractual como arrendadora de devolver las herramientas de labor dando lugar a la figura de retención indebida. Se complementa el relato con actuaciones labradas en otra jurisdicción ante la denuncia penal efectuada en jurisdicción de Tres Arroyos Pcia. de Buenos Aires, Juzgado de Garantías UFI 6, conforme surge de la causa 7277 que en este acto tengo a la vista - venida ad effectum vivendi et probandi en fotocopias certificadas-, en la que resultara imputado Isaac Leonardo Montilla). Allí expuso el denunciante Mario José María Maíz que el campo arrendado era de Juana Segovia Montilla pero el contrato de arrendamiento se efectuó con CIMAFER S.a., de la que Isaac Montilla era Presidente. También en esa oportunidad relató que al rescindirse el contrato debía alquileres y que para compensar la deuda le efectuó la cosecha de girasol y le hizo rollos de pasto pero la empresa no quería percibir de esa manera y le retuvo las herramientas pero -cuando fue a buscarlas- no se las devolvieron. Surge asimismo que finalmente se llegó a un acuerdo devolviéndosele las herramientas.

Por su parte la demandada aporta su propia versión y encuadra el reclamo en el marco de la responsabilidad extracontractual argumentando que habiendo cesado el contrato, éste ya no produce efectos y que se está ante la denuncia de un acto ilícito (art. 1109 y conc. del Código Civil).

No se cuenta en autos con elementos probatorios que permitan tener por reconocidos los hechos invocados por las partes. Así, no puede afirmarse que los instrumentos de labranza fueran retenidos como prenda o pago por el incumplimiento en la obligación de saldar el cannon locativo como tampoco se encuentra acreditado que fueran dejados voluntariamente para eludir la acción de los acreedores.

En función de esto mal puede afirmarse que se está ante un incumplimiento contractual o ante un accionar ilícito extracontractual -aspecto sobre el que tampoco existe consenso-.

Tampoco son contestes las partes en punto al desistimiento de la acción y del derecho a que alude la defensa, pues si bien se reconoce el recibo que en copia obra a fs. 40 (cuyo original obra en sobre reservado) brindan una distinta interpretación en punto a su redacción y consecuentes efectos.

Así, son contestes en punto a la existencia y cese de la relación contractual y no discuten que los objetos reclamados fueron devueltos por Juan José Montilla quien fuera denunciado penalmente por los actores y se comprometiera en ese marco a devolver las herramientas, cosa que efectivizara conforme el recibo emitido por el coactor Mario José María Maíz donde se dejó sentado que " no teniendo nada que reclamar del "dador"...".

Discrepan en cambio sobre el alcance de este recibo pues los demandantes sostienen -frente a la defensa intentada- que el desistimiento lo era respecto de Montilla por su calidad de "dador de los elementos reclamados" sin que en ese acto invocara la representación que le endilga la demandada de (v. argumento defensivo a fs. 48/51 y respuesta de fs. 61/62).

No surge de las probanzas arrimadas que al momento de los hechos efectivamente Montilla fuera el representante de la empresa (v. pericia contable obrante a fs. 1334/134, explicaciones del experto de fs. 217/218 , Estatuto Social y sus modificaciones correspondientes a la firma demandada, modificaciones estatutarias por aumento de capital y rescate de acciones) y si bien se acredita que Isaac Leonardo Montilla, Dora Araceli Cortina y Juana Montilla fueron accionistas, revistiendo el primero el carácter de integrante del directorio y Presidente de la Sociedad.). Las respectivas escrituras públicas remiten a fechas anteriores al conflicto que motiva estas actuaciones y corresponden a actos de los años 1978, 1981, 1984, 1985 y 1988 y a una última relativa a una Asamblea del año 2006 donde las accionistas resultan ser Araceli Cortina, María Paula Montilla y Ana Rita Montilla (v. fs. 210). A su vez, de lo informado por el experto contable surge que teniendo a la vista libro de Registro de Accionistas constata que Isaac Leonardo Montilla fue miembro del directorio con participación accionaria y Presidente de ese Directorio desde el año 1978 hasta 1987 y que el libro de actas de Directorio da cuenta de dos reuniones de esa autoridad societaria efectuadas en octubre de 1994 y mayo de 2008 donde también el nombrado resulta ser miembro del directorio. El experto da cuenta también haber constatado el libro de actas rubricado en el año 2006 del que surge una Asamblea del 7/11/2007 donde también resulta que, para esa fecha, Montilla es accionista y Director de la firma. Por último la escritura de Poder General Judicial virtud del cual la letrada apoderada de la demandada interviene en autos da cuenta que el otorgamiento del poder respectivo el 3 de septiembre de 1990 fue dado por Isaac Leonardo Montilla en su calidad de Presidente de la empresa.

No obstante lo expuesto, lo cierto es que al efectuar la denuncia penal el 17 de diciembre de 2001 Mario José María Maíz reconoce en Montilla la calidad de Presidente de CIMAFER SA y atribuye la retención indebida a ésta última (v. fs. 2 de la causa penal venida ad effectum vivendi et probandi que tengo en este acto a la vista) por lo que no se advierte la causa en virtud de la cual liberara a quien no era su deudor, según sus propios términos y a quien no lo vinculaba a título personal causa alguna. De tal suerte, la conclusión a que arribara el magistrado de grado se ciñe a las constancias de autos, por lo que corresponde sea confirmada.

III) Sólo a mayor abundamiento debo señalar para satisfacción de los recurrentes que -a mi juicio- deviene abstracto considerar si se está ante una acción resarcitoria enmarcada en la responsabilidad contractual o si por el contrario la cuestión debe ser juzgada a la luz de la responsabilidad extracontractual. Tampoco es de utilidad despejar la controversia relativa a si Montilla actuó por derecho propio o en representación de la empresa, si las herramientas fueron entradas y recibidas en la inteligencia de que lo hacía en este carácter o despojado de esa representación.

Más allá de si Montilla era o asumió el carácter de representante de CIMAFER S.A.- o si -por el contrario- actuó a título personal, el desistimiento que surge del recibo obrante a fs. 40 produjo efectos cancelatorios de la obligación principal y sus accesorios.

Es que, si se acepta por vía de hipótesis (como pretenden los recurrentes) que Montilla no actuó como representante de la empresa ni le fue reconocido ese carácter al emitirse el recibo, lo cierto es que se vio involucrado -y por tanto interesado- en la resolución del conflicto, y aún siendo tercero su pago surte plenos efectos cancelatorios .

Ello por cuanto si el "dador" entregó las herramientas que dijo haber localizado actuando por derecho propio y la parte acreedora vio satisfecha la obligación principal sin que hiciera reserva alguna respecto de los accesorios en los términos del art.624 del C. Civil, la obligación quedó extinguida para los actores tanto en lo principal como en lo accesorio. Aún cuando la norma se encuentra inserta por el legislador al tratar sobre "las obligaciones de dinero" y su aplicación no puede ser generalizada a todos los supuestos (v. Código Civil anotado y comentado Belluscio -director- Zannoni -coordinador- , comentario a los arts. 624,726, 727 y conc. de Jorge Mayo) lo cierto es que resulta de aplicación al caso de autos en que, indudablemente el "dador" se encontraba involucrado penalmente en el conflicto -al menos fue denunciado en el marco de éste- y por tanto, como "tercero interesado", satisfizo el reclamo del denunciante resultando pues de aplicación lo normado por los arts. 727 y 726 citados.

Mal puede aceptarse que el acreedor de por satisfecha la obligación principal (entrega de la cosa reclamada) pero mantenga subsistente su derecho a los eventuales accesorios compensatorios en la medida en que nada dijo a ese respecto. Al aceptar el pago, la referencia a que ".no teniendo nada que reclamar al dador por ningún concepto." en nada afecta a la concreción de la extinción del crédito a su respecto y por ende la liberación del deudor se proyecta -aún sin referirse específicamente a ella- a los accesorios.

En suma, más allá de quien resulte la persona que efectúa el pago lo cierto es que los deudores debieron dejar constancia de su interés en verse satisfechos integralmente, no sólo con el cumplimiento de la obligación principal sino con la satisfacción de los daños e intereses de que se vieron privados.

Por lo expuesto, fundamentos y disposiciones legales referidos, propicio se confirme el pronunciamiento recurrido, en todo lo que ha sido materia de agravio. Con costas en la Alzada a la actora vencida.

Por razones análogas, los Dres. CASTRO y MOLTENI adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la? Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..

MARIA LAURA RAGONI Secretaría Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: Confirmar la sentencia de fs. 526/530, con costas.

I. Toda vez que no resulta del contenido del escrito de fs. 532 que el presentante apeló sus honorarios, corresponde declarar mal concedido el recurso a fs.545vta., quinto párrafo. ASI DE DECIDE.

II: Para decidir en los recursos interpuestos a fs.534 y 537 - principal y otros - cabe ponderar las constancias de autos, el monto reclamado en la demanda conforme plenario en autos "Multiflex SA. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2557 s/ Sumario" que esta Sala comparte, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 6, 7, 9, 10, 33, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839. Teniendo ello en cuenta, los honorarios regulados a la letrada apoderada de la parte actora Dra. María Teresa Mormandi de Moya y al letrado patrocinante de la misma parte, Dr. Victor Roque Moya, no resultan elevados, por lo que se los confirma; por resultar reducidos, se elevan a la suma de PESOS XXX ($ XXX) los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada Dra. Alicia Andriulo.

Considerando los trabajos efectuados por el experto, su incidencia en el resultado del proceso y las pautas del Decreto ley 16638/57, los honorarios regulados al perito contador Antonio Jorge Casella no resultan elevados, por lo que se los confirma.

Atento lo establecido en el art. 1° inc. g) del Anexo III del Decreto 1467/2011, los honorarios fijados a la mediadora Adriana Darriba no resultan elevados, por lo que se los confirma. En torno a éstos honorarios el Dr. Molteni deja a salvo su criterio, tal como lo viene sosteniendo en varios precedentes de esta Sala (exps.1484/2010, 7666/2010 entre otros).

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21.839, se fijan los honorarios de la Dra. María Teresa Mormandi de Moya en PESOS XXX ($ XXX) y los de la Dra. Alicia Andriuolo en PESOS XXX ($ XXX).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

PATRICIA E. CASTRO-HUGO MOLTENI-CARMEN N. UBIEDO