marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, cuota alimentaria, actualización monetaria, actualización trimestral, plan austral
Materia: CIVIL
Carátula: V.E.A. c/ G.N.J.H. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-26

Fijada una cuota alimentaria en australes y a raíz de las medidas económicas adoptadas a partir del día 15 de junio de 1985 en que se ha puesto freno a la inflación corresponde proceder al reajuste en forma trimestral.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arias Alejandra Marcela c/ Apestegui Marcelo Amílcar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

Por la índole y naturaleza del daño moral -lesión a derechos extrapatrimoniales- el cual afecta, menoscaba o lesiona los sentimientos de una persona por el dolor o sufrimientos que se le han infringido (art. 1078 Cód. Civil), no importa una pauta a tener en cuenta para determinar el "quantum" la correlación con los parámetros sociales en que ambos protagonistas se devuelven ni tampoco los parámetros indemnizatorios contenidos en la ley 24.557 referidos a cuestiones totalmente disímiles del daño extrapatrimonial (art. 1078 Código Civil).
Posesión legítima, buena fe contractual, derechos reales, transmisión del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: HEREDEROS de J. M. s/ Tercería de Mejor Derecho en Autos "P., R. A. c/ S. E. S. S.A. s/ COBRO DE PESOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-09

La posesión legítima de la cosa no implica "per se" afirmar que tiene ella prioridad automática sobre el embargante; en efecto, las consecuencias de la legitimación, como las de la buena fe, están reguladas por el ordenamiento civil y éste también se encuentra integrado por el Art. 2505 y ley 17.801, en cuanto determinan que la transmisión de los derechos reales sólo se considerará perfeccionada respecto de terceros después de la registración.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Diaz, Luis Antonio c/ M.C.B.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

La cámara de apelaciones excede las facultades que le confiere el art. 24, inc. 7x del decreto ley 1285/58 al pretender declarar la competencia de un tercer magistrado que no intervino en el conflicto
Honorarios, beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: CIVIL
Carátula: GALEANO Vda. de DOMINGUEZ Y OTRO c/ TRABUCCO, Guillermo y OTROS s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-16

El concepto de costas comprende tanto los honorarios de los profesionales que defendieron al vencedor cuanto los gastos que éste debió soportar, en la medida en que ellos hayan sido necesarios para que pueda hacer triunfar su derecho. Por consiguiente, los honorarios del letrado interviniente en el beneficio de litigar sin gastos quedan comprendidos en el concepto de costas, y en consecuencia, pueden ser reclamados al vencido en el juicio principal.
Derecho ambiental, facultades del juez
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: V., S.N. c/ P.Ch. y Otros s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-25

"La tutela del medio ambiente, patrimonio de todos, justifica soluciones expeditivas, usualmente extrañas a los tiempos que suele tomarse la justicia ya que el deterioro ambiental progresa de modo casi exponencial y las soluciones tradicionales aparecen como inapropiadas para detenerlo, por lo que interpretar ampliamente las atribuciones judiciales en esta materia y justificar cierto grado de transgresión de normativas que no se han adaptado a la realidad no debe entenderse como una indebida limitación a las libertades individuales, pues no hay libertad para dañar el ambiente ajeno ni para restringir la libertad que tiene todo individuo de usar y gozar del ambiente".
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Fabbro, Luis Antonio c/ Camea S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Si el recurso extraordinario tiene dos fundamentos, uno de los cuales es ser la sentencia arbitraria, corresponde tratar en primer término la aducida arbitrariedad, pues de configurarse, no habría sentencia propiamente dicha.
Derecho administrativo, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMUSSI, MARTA SUSANA c/ MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-17

La pretensión del amparo no es admisible cuando existen recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. La existencia de vías legales para la protección de los derechos presuntamente lesionados excluye, en principio, la admisibilidad de la demanda de amparo, pues este medio no altera el juego de las instituciones vigentes, máxime cuando el recurrente no niega la existencia de otras vías si bien no les asigna eficacia para reparar los derechos quebrantados.
Apreciación del juez, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Marin, Carlos Hugo c/ Provincia ART SA s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-02-10

Se impone al juez de grado la realización de una tarea valorativa con el fin de establecer si la actividad desarrollada por los letrados ha sido "útil" para obtener un resultado acorde con sus intereses, merituación que constituye una labor propia del mérito e irrevisable en esta instancia de legalidad. (Voto del Dr. Mansilla y Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, abandono del hogar conyugal, separación de hecho, abandono no malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: B.G.R. c/ S.C. de B. N.M. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

La pasividad de la esposa durante más de veinte años, sin el menor signo de reanudar la convivencia, puede interpretarse como de adhesión a la separación de hecho existente, ingresando así en una bilateralidad que inicialmente pudo no haber existido.

Esa actitud del abandonado llega a convertirlo en un copartícipe del estado de separación de hecho, en condiciones tales que permitirían inferir la existencia de un acuerdo de voluntades respecto del alejamiento del cónyuge que, al margen de la discusión sobre la culpa de su origen, fue finalmente aceptado tácitamente por ambos.
Votantes inhabilitados, accesorias legales, inhabilitación absoluta
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

En atención al plexo normativo en juego, arts. 12 y 19 inc. 21 del CP, resulta claro que la intención de debilitar la pena accesoria de inhabilitación absoluta, que se proyecta privando temporalmente del derecho de sufragio a los penados a reclusión o prisión, requiere del escrutinio, no solamente de las disposiciones del Código Electoral Nacional, sino de las prescripciones contenidas en el Código Penal, al establecer esta incapacidad de hecho, con proyecciones en la vida civil e, incluso, en los derechos electorales. (Voto en disidencia del Dr. José O. Casás).
Pagaré, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Monzón, Raúl Henzo c/ Dahuc, Carlos Ismael s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-15

La calidad de mero tenedor de un documento no autoriza a promover la ejeción del mismo, desde que implica que no es endosatario por cuanto, para ejercerlos derechos emergentes de los artículos 46, 47, y  51  de la ley cambiaria, el portador debe haberla recibido por la vía señalada por el artículo 15 del Decreto Ley 5965/63, circunstancia que no se da en el subjúdice. En suma, el endoso que determina la legitimación del endosatario consiste simplemente en que el título haya sido endosado en todos los casos por el beneficiario -en el caso el endoso era falso resolviéndose que el portador no estaba legitimado-.
Denegatoria del recurso, orden de allanamiento, intervención de línea telefónica, insuficiencia del agravio, derechos y garantías constitucionales, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Ramos Olaya, Juan Francisco y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-03

Corresponde rechazar la nulidad interpuesta contra las órdenes de allanamiento a los domicilios de los encausados, toda vez que de las constancias obrantes en autos se advierte que, para disponer el allanamiento cuestionado, el instructor contaba en autos con los resultados de las tareas de investigación ordenadas, lo que le permitió tener la sospecha fundada para autorizar el allanamiento y el motivo suficiente para la intromisión a la privacidad de una persona. Del mismo modo, el auto que dispuso el allanamiento aludió a las propias constancias de la causa entre las que se transcribieron escuchas telefónicas. De dichas constancias surgen los motivos por los cuales el juez instructor reputó que resultaba necesaria la realización de la medida en cuestión durante la noche y, a tal fin, habilitó expresamente el horario excepcional de conformidad con lo previsto en el art. 225 del C.P.P.N. En función de lo expuesto, la defensa no ha logrado demostrar -ni tampoco se advierte- cuál fue el perjuicio concreto que la ejecución de las medidas en las condiciones señaladas le ocasionó a los imputados, requisito ineludible que precede a la declaración de nulidad de cualquier acto. De las constancias de autos se advierte que no cabe razón a la defensa en cuanto al planteo nulificante del alegato formulado por la representante del Ministerio?Público Fiscal en el marco de la audiencia de debate y del pedido de pena, por ausencia de fundamentación, toda vez que la representante del Ministerio Público Fiscal a la hora de realizar su acusación cumplió con los requisitos mínimamente exigidos para tornarla por válida, no observándose en las acusaciones formuladas afectación a las garantías constitucionales de los imputados. En dicho sentido, de la transcripción del acta de debate efectuada en los fundamentos de la sentencia se aprecia que la señora fiscal concretó su alegato acusatorio, efectuó una evaluación del material probatorio incorporado al debate, trató particularmente la situación procesal de cada imputado y señaló los hechos que consideró probados a resultas del juicio oral. Asimismo, precisó la imputación que estimó acertada con respecto a cada uno de los inculpados, postuló la calificación legal de los hechos y solicitó pena privativa de la libertad para cada uno de ellos.
Relación de dependencia, prestación de servicios, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Romanut, Amílcar B.E. c/ Indunor S.A. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-12-14

En orden a la presunción que emerge del art.23 de la Ley 20744 (LCT), en cuanto a que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, dicha presunción sólo funciona a falta de prueba en contrario, o cuando las circunstancias, relaciones o causas que lo motiva no demostrasen lo contrario.
Quiebra, extensión de la quiebra, sociedad irregular
Materia: COMERCIAL
Carátula: USATINSKY DE SAGORSKY, FELISA s/ INC. DE EXTENSION DE QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

Aún precaria, las sociedades irregulares conservan cierta personería jurídica distinta de los socios que la componen; por ende, para la procedencia de la extensión de falencia según el supuesto contemplado por la lc: 164, debe demandarse a la sociedad, y no al socio "in bonis".
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, daño psíquico
Materia: LABORAL
Carátula: Páez Mario César c/ Caminos Protegidos Aseguradora de riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente-Ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Si bien es cierto que, como criterio general, la sana crítica aconseja apartarse de lo sugerido por el especialista (perito médico, en el caso) solo cuando existan razones objetivas que demuestren su error o el inadecuado uso de las técnicas propias de su profesión, también lo es que la causalidad que interesa analizar a fin de determiar la procedencia de la acción incoada con el sustento en el régimen legal invocado en el inicio, es u concepto que pertenece a la órbita jurídica y no a la médica, siendo facultad exclusiva del juzgador evaluar las circunstancias de cada caso concreto y determinar la existencia y el alcance de dicho nexo causal. La existencia de un daño de orden psicológico atribuible a un accidente no requiere necesariamente la existencia de una incapacidad física ni que aquél guarde alguna relación de proporcionalidad con ésta, ello es a condición de la presencia de un acontecimiento marcado por su intensidad y por la incapacidad del sujeto, ante esa eventualidad para responder frente a él y elaborarlo en su inconsciente. El actor no ha acreditado ni una incapacidad ni la vivencia de un hecho traumático que justifiquen las dogmáticas conclusiones elaboradas por el perito médico.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spasoff de López de Barrio, Cristina c/ Auin, Aldo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Hay daño patrimonial si el resultado es antieconómico y daño moral si el resultado es antiespiritual. La afección anímica o la minoración económica no son consecuencia del daño, sino el daño mismo.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, vista del procurador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical del Concejo Deliberante de Morón s/ Conflicto interno municipal -art. 187 de la Const. de la Provincia  de Bs.As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Si el caso ostensiblemente no configura ninguno de los supuestos de conflicto cuya decisión ha sido atribuida a esta Corte, que el Tribunal resuelve declararlos "inexistentes", ni el C.P. Civ. y Com.

ni la ley orgánica del Poder Judicial, ni el dec. ley 6769/58 exigen el previo dictamen del Sr. Procurador General (corroborado por el art. 76 inc. 3º de la ley 5827). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: "Austral   Líneas  Aereas  (Cielos  del  Sur  SA)  (TF  19.152-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-02

La interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutivo de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118), siendo misión del Tribunal hacer aplicación del derecho objetivo con independencia de los planteos de las partes (Fallos: 282:208; 261:193 y 263:32) (Cons. VIII).
Patentes, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, propiedad intelectual, interpretación de tratados internacionales, medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-02

El Acuerdo ADPIC ha pretendido fijar un ámbito mínimo de protección que los Estados miembros pueden superar mediante el reconocimiento de mayores derechos, en tanto no infrinjan las disposiciones de dicho acuerdo, pero no están obligados a hacerlo (art. 1.1) y, por otra parte el acuerdo, como principio general, no genera obligaciones relativas a "actos realizados antes de la fecha de aplicación del acuerdo para el Miembro de que se trate" (art. 70.1), previsión que concuerda con la regla de la no aplicación retroactiva que, también con sentido general consagra el art. 28 de la Convención de Viena (Voto del Dr. Antonio Boggiano). -Del precedente "Pfizer", al que remitió el voto-
Falta de acción, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RICO DE SCOTTO C. c/ OBONZO PECERE s/ Transferencia - Daños y Perjuicios (LIBRO: S074 - 410)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-04-02

"... la confesion ficta no siempre es decisiva, pues de lo contrario se haria prevalecer la ficcion sobre la realidad y la decision podria alejarse de la verdad objetiva. De ahi que la misma debe merituarse luego de apreciar el resto de las pruebas y las circunstancias de la causa..." "...La Suprema Corte de Justicia de la Provincia in re n: 34791 "Adm.Dev.Suc. de Paz Recabarren Alfaro en j: 49615: "Adm.Def.Suc. de Paz Recabarren Alfaro c/ Castro Antonio-Inconst. y Casa." (J. de M.T. 2 pag. 5). En dicha causa se hace alucion a la sentencia recaida en j: 60.568 Fischelti Calvo p/ Quiebra Waldino Lorente (L..S. 66 fs. 203) en donde el Dr. Casetti, siguiendo a Goldschimidt (Derecho Procesal Civil, pag. 116) y Chiovenda (instituciones T.I. Pag. 193,20,375 y 376), hace un meduloso estudio sentando el principio antes aludido, esto es, que el Tribunal puede y debe pronunciarse por el rechazo, conforme con la cita que se incluye de Chiovenda: "Pertenece a la funcion del Juez, cuando es requerido por una demanda judicial, averiguar si resulta probada la existencia de una voluntad de ley favorable al actor y el interes es obrar; faltando estas condiciones debe rechazarse la demanda, aunque no haya una especial instancia del demandado; aun si por ejemplo, el demandado esta declarado en rebeldia".-
Culpa de la víctima, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Garcia Jurado, Eduardo Esteban T. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-05

Dado que en los términos del art. 512 del Código Civil la culpa consiste en la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de la obligación o del obrar concreto correspondientes a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, corresponde concluir en que no es propio de quien estaciona un vehículo en la vía pública verificar riesgos como los del caso, configurados por la existencia de una rama que pendía de un árbol con probabilidad de caer sobre el vehículo; y que ello, por el contrario, es un cuidado que incumbe a la Municipalidad demandada como dueña y guardiana del árbol (art. 1113 del CC).
Abuso sexual, medidas cautelares, monto de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jara W. N.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-11

Este Tribunal revisor ya ha establecido reiteradamente que el cumplimiento de dichas obligaciones y medidas cautelares (debida conducta procesal), no conforman pautas de atenuación del monto de la pena a establecer, por cuanto el incumplimiento de las mismas conllevan a su revocación o modificación gravosa y un mayor grado de afectación de la libertad del imputado durante el proceso penal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, José G. c/ Indeco S.A.C.I. s/ Indemnización enfermedad accidente y art. 212 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

En virtud del sistema imperante en el fuero laboral la apreciación, jerarquización y selección de las pruebas aportadas a la causa es tarea privativa del tribunal del trabajo, que no reconoce más límite que la "conciencia" del juez, esto es la prudencia jurídica y revisable sólo si se evidencia el absurdo en el cometido de los magistrados.
Honorarios, quiebra, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO AGRARIO EN J: ISAAC KOLTON s/ Quiebra por Revisión (LIBRO: A154 - 290)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-29

El trámite de la revisión tiene autonomía en lo que hace a la base regulatoria de la quiebra, por lo que no puede aplicarse el art. 14 de la ley 3641/1304, sino que es pertinenete la escala del art. 2 de la ley arancelaria, ya que se considera al denominado recurso del art. 38 de la ley de quiebras con las características de un proceso principal.- Se rechaza la apelación.-
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, banco central, decretos, emergencia económica, entidades financieras, depósito bancario, depósito a plazo fijo, cancelación de deudas, bonos externos, derecho de propiedad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Manzi, Carlos A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

El decreto 36/90 fue dictado para conjurar una situación - de conocimiento público y notorio - de grave riesgo social, sin que las medidas adoptadas por el gobierno afectaran el derecho de propiedad, toda vez que sólo se limitaba temporalmente la percepción de beneficios sin adjudicar su integridad, ni comprometieran la garantía de igualdad, pues la circunstancia de que los depositantes fueran los más afectados en aquella oportunidad no era la consecuencia de un distingo irrazonable efectuado en las normas, sino el correlato inevitable de una medida de gobierno.
Sobreseimiento, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Becker, V. y otros s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22

Corresponde declarar el sobreseimiento de quien fuera procesado como coautor del delito de transporte de estupefacientes, pues de las constancias probatorias -las declaraciones de los consortes de causa, de los testigos y las transcripciones de intervenciones telefónicas- no se extraen elementos incriminantes que permitan determinar la participación del causante en el hecho que se le pretende imputar.
Sentencia, responsabilidad del Estado, desaparecidos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: CASO GELMAN c/ URUGUAY s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-03-20

El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional conducido por el Presidente de la República del Uruguay, con la participación de los tres poderes del Estado, en presencia de los familiares de las víctimas -que aún se encuentran desaparecidas-, y su amplia difusión en los medios de comunicación realizada dentro de los plazos dispuestos en la Sentencia de fondo, satisface plenamente el objeto y propósito de la reparación dispuesta por la Corte Interamericana en lo que a esos puntos resolutivos respecta.