Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15


ROSSI, Leandro Hipólito contra S.A. INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SANATORIO PLAZA y otros Reg.: A y S t 203 p 416-418.

Santa Fe, 15 de diciembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 113 del 5 de agosto del año 2002 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos "ROSSI, Leandro Hipólito c. S.A. INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO SANATORIO PLAZA y otros - Cobro de Pesos (Expte. 129/01)" (Expte. C.S.J. n°14, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Conforme surge de las constancias de autos, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la accionada, confirmó en su totalidad la sentencia dictada en primer grado de conocimiento; e impuso las costas de ambas instancias a la perdidosa (art. 101 C.P.L.).

Es contra dicho pronunciamiento que la demandada endereza su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías de rango constitucional como lo son el debido proceso y la propiedad.

Endilga al decisorio contar con fundamentación solo aparente y omitir tratar una cuestión oportunamente planteada. En ese sentido, entiende que los Juzgadores se apartaron de la normativa aplicable al caso por cuanto, desde la vigencia de la ley 12651 el régimen de los viajantes de comercio comprendía exclusivamente a quienes concertaban operaciones de compraventa comercial de mercaderías o cosas muebles.

Señala que esta figura fue ratificada por la ley 14546, como también por la jurisprudencia y la doctrina en la materia y por ello, reputa dogmático que la Sala concluya en que no caben dudas que en el caso corresponde aplicar aquella normativa.

Achaca asimismo al Tribunal caer en falencias que quiebran el orden lógico del razonamiento al analizar las tareas que realizaba el actor, pues acumula hechos circunstanciales, que por sí son insuficientes para calificar al actor como viajante. Alega que el punto de partida de la sentencia es falso y erróneo porque el sistema de medicina prepaga no es una venta de servicios de medicina, sino una modalidad contractual asimilable al seguro de salud; y que aun si se calificara al actor como vendedor de servicios de medicina, se trata de un objeto de carácter netamente civil, toda vez que los servicios profesionales de la medicina se prestan exclusivamente mediante contratos de naturaleza civil como sucede con las demás profesiones liberales. Considera que, en tal aspecto, la sentencia confundió el ejercicio profesional con fines lucrativos, con el ejercicio del comercio, lo que dio lugar a una grave distorsión de la base fáctica.

Critica a los Juzgadores por entender que no había obstáculo alguno para reputar que aunque el actor no vendiera cosas o mercaderías, sino servicios, debía ser alcanzado por la normativa del viajante, con el argumento de que el sistema médico por abono es de creación posterior a la ley 14546 y la realidad hizo que la venta de servicios fuera incorporada mediante C.C.T. 308/75, que le es aplicable por más que no haya estado representada en la negociación del convenio colectivo; dice que esas aseveraciones carecen de fundamento en derecho. Recalca al respecto que los estatutos especiales no son de aplicación extensiva y que nuestro régimen de convenciones colectivas de trabajo no autoriza a las partes celebrantes a sustituir al legislador.

Achaca a la Sala desconocer la profusa doctrina y jurisprudencia que sobre el tema se ha ido elaborando y se explaya en citas al respecto. Finalmente, afirma que la Sala no se pronunció sobre temas propuestos por la accionada: la inaplicabilidad al caso del C.C.T. 308/75, la exclusión del actor del régimen de la ley 14546 y la asimilación de la actividad de la demandada al régimen de seguros sociales. La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario intentado, razón por la cual la perdidosa ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. Pese a los esfuerzos de la recurrente por otorgar a su postulación el matiz constitucional necesario a los fines de demostrar que en el "sub examine" se configuran las causales de arbitrariedad que endereza, de la lectura del pronunciamiento impugnado no se evidencian los vicios que le endilga -fundamentación aparente, dogmatismo, omisión de tratar cuestiones propuestas, omisión de aplicar el derecho vigente-.

Así, en relación a su postulación fundamental y en torno a la cual giran los diversos planteos -el supuesto desconocimiento por parte de la Sala del derecho aplicable al caso, en tanto argumenta la quejosa que no resulta comprendido en la ley 14546 por ser la actividad desarrollada por el actor ajena a la de un viajante de comercio- se advierte que sus reparos no trasuntan sino la discrepancia para con lo decidido respecto de una cuestión que, en definitiva, remite a la interpretación y aplicación de normas de derecho común, y a la valoración de los hechos y pruebas reunidas en la causa, circunstancias éstas que impiden la apertura de esta vía de excepción, salvo que medie arbitrariedad en lo resuelto, cuestión que -como se expresó- no ocurre en el presente.

El Tribunal a quo, confirmando la sentencia inferior, ponderó la real actividad del actor a favor de la demandada -con independencia de la denominación de promotor- que no era un "mero viajante" "propagandista" que solamente difundía el sistema médico por abono implementado por la demandada, sino que tenía a su cargo una verdadera intermediación entre el cliente y el empleador; las zonas en que llevaba a cabo la actividad era indicada por la accionada; ésta determinaba la forma de retribución -el total de la primera cuota, el 30% de la tercera y un sueldo básico- y los testimonios indicaban que no eran operaciones aisladas (cfr. fs. 2/3vto) y por ello concluyó que la actividad del actor encuadraba en la ley 14546.

Frente a esta argumentación la quejosa expone su postura al respecto, fundamentalmente, considerando que la venta de servicios no está incluida dentro del Por el contrario, específicamente los Sentenciantes aclararon que no representaba inconveniente alguno para encuadrar al actor en las disposiciones de la ley 14546 el hecho que la demandada no hubiera estado representada en la negociación del convenio como entidad sanitaria que Tales argumentaciones podrán no satisfacer a la impugnante, pero la fundamentación brindada por el Tribunal -que la quejosa no consigue demostrar sean ilógicas o irrazonables a pesar de sus alegaciones en sentido opuesto- impiden que la sentencia merezca ser descalificada desde el plano constitucional.

En definitiva y como se expresó, todas las pretensiones de la compareciente no denotan sino su disenso, y no logran demostrar que la sentencia derive en un acto jurisdiccional inválido por lo que debe desestimarse la presente.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)