marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Mutuo hipotecario, sistema de refinanciación hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: BANK BOSTON NA c/ CANAVARI, Carlos Alberto y otro s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-04

El art. 6 de la ley 25.798 que fue reglamentado por el decreto 1284/03 establece en forma expresa que el ingreso al sistema de refinanciación hipotecaria tiene el carácter de optativo y que la facultad de ejercer esa opción corresponde únicamente a la parte acreedora cuando se trate de una entidad financiera sometida al régimen de la ley 21.526 y sus modificatorias. Si el ejecutante es un Banco, debe ser esa parte quien ejerza la opción -siempre que se dieran los requisitos al efecto previstos por la legislación-, no autorizando ninguna norma que en tanto se suspenda la ejecución.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, daño moral, falta de daño material
Materia: CIVIL
Carátula: URBAN GRILLO, Alejo c/ TRANSPORTE DEL OESTE S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-16

Al considerarse las indemnizaciones correspondientes a los perjuicios derivados de un accidente de tránsito, no se deben correlacionar los perjuicios materiales y morales, puesto que se trata de lesiones de distinta índole y la existencia o no de daños materiales directos e indirectos carece de influencia en la determinación del daño moral.
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Héctor Felipe c/ Municipalidad de General Rodríguez s/ Accidente de Trabajo Delbes, Cecilia L. y ots. (por sí y en representación de sus hijos menores). c/ Municipalidad del Partido de Puán. s/ Incidente de ejecución.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07|2000-06-07

La ley de consolidación municipal 11.756 no es inconstitucional.
Posesión, adquisición de la posesión, título de la posesión, prueba de la posesión, carga
Materia: CIVIL
Carátula: 79471 - FUENTES OSCAR N.EN J.97551/19463 FUENTES OSCAR NICOLAS c/ JUAN VICENTE CARA s/ REIVINDICACION - INCIDENTE DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-07-26

Probado el elemento externo de la relación posesoria, debe presumirse que existe posesión y no tenencia; es decir, en los casos de duda sobre cuál ha sido la causa por la cual una persona comenzó su poder de hecho sobre la cosa, quien pretende que la causa de la detentación sólo da lugar a tenencia, debe probarlo (art. 2353 C.C.).- La búsqueda del animus no se identifica con el de la indagación interna de la voluntad del que tiene la cosa, sino con la determinación de "la causa jurídica por la que ha surgido su relación con ella, no reconociéndose un animus del sujeto en contradicción con el que la causa autoriza.-
Trabajadores metalúrgicos, descanso por refrigerio, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: MERCADO, HUGO Y OTROS c/ SIAM DI TELLA LIMITADA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-26

Los trabajadores metalúrgicos que por tener horario continuo están incluidos en las previsiones del artículo 20 del cct. 260/75, tienen derecho a cobrar los 45 minutos que para merendar otorgaban los empleadores, sin que obste a ese derecho un convenio expreso o decreto o un uso de la empresa que acostumbraba a adicionar 45 minutos de trabajo efectivo a la jornada de 9 horas cumplida por los dependientes.
Prohibición de salida del país, fundamentación insuficiente, fallos de la Corte Suprema, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: MÜLLER PEDRO Y OTROS c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-13

Las críticas esgrimidas contra el pronunciamiento que dispuso la prohibición de salida del país de los encartados son insuficientes para rebatir la decisión impugnada, pues sólo trasuntan una mera disconformidad con lo decidido, que se ajustó a la doctrina de la CS en torno al análisis de los riesgos procesales en causas en las que se juzgan delitos conexos de lesa humanidad, sin que los recurrentes proporcionen argumentos que habiliten un apartamiento de aquel criterio.
Gestor, plazo perentorio
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEL CORRO, Carlos c/ AMANCAY S.A. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-04-28

El plazo que se acuerde al gestor para que acredite la personería de urgencia o para que la parte ratifique su gestión, es perentorio, y por lo tanto, vencido el mismo se produce la caducidad del derecho que ha dejado de usarse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Percodani, Rosa Elena y otros, c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Corresponde revocar la sentencia de Cámara que declaró desierta la apelación del accionante toda vez que la expresión de agravios por él formulada contiene una crítica razonada y concreta de la sentencia, respecto de la cual se cuestionan y destacan las falencias que presenta mediante la identificación de los tramos que la perjudican y que resultaron determinantes para decidir el caso en forma contraria a la pretendida por la demandada, habiendo desarrollado una crítica con suficiente fundamento para ser analizada por la Alzada, por lo que no constituye una mera discrepancia con lo decidido, sino que se basa en argumentos que no han sido concretamente evaluados. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Asignación por maternidad, denuncia del embarazo, certificado médico
Materia: LABORAL
Carátula: Peletay de Fernadnez, Fabiana M. c/ Cía.   Papelera  y  Distribuidora  S.R.L.  y/o  Echeverría,  Oscar  y Petrossi, Ricardo s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-22

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora que reclama el pago de la asignación prenatal, si como en el caso lo que aparece como una contradicción del fallo al tener por probado el conocimiento de la empleadora el estado de embarazo de su empleada a los efectos del cumplimiento de los requisitos del art. 178 LCT. y no obstante ello le exige la acreditación de dicho estado con el pertinente certificado médico para la percepción de la asignación antedicha, no revela una incongruencia, sino que trasunta la aplicación de dos órdenes normativos diferentes, en el caso la ley 18017 que categóricamente impone el cumplimiento de ese requisito a la parte interesada en el cobro.
Ley vigente, relaciones de familia, matrimonio, divorcio, facultades del Poder Legislativo, decreto suspensivo del divorcio vincular
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HECTOR ENRIQUE FIRPO c/ MARTA HAYDEE ESPECHE s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

La suspensión de la vigencia de derechos subjetivos de índole familiar conferidos por leyes anteriores -y no por la Constitución- aunque se prolongue en el tiempo, no excede de las facultades del Congreso, cuya atribución de concederlos, negarlos o suspenderlos no es revisable por los magistrados judiciales.
Fraude a la Administración Pública, administración fraudulenta, cohecho, licitación pública, servicio de agua corriente, empresa de servicios públicos, delitos contra la Administración Pública, ánimo de lucro
Materia: PENAL
Carátula: Ben, Carlos y otros c/  s/ defraudación contra la administración pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-24

Con respecto a la administración fraudulenta, cabe señalar que en ambas obras públicas se detectaron sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acreditase el real estado de las cosas. El estado fue perjudicado por ello en términos económicos, dado que los funcionarios de AYSA tenían el deber jurídico de administrar lealmente esos intereses confiados y no lo hicieron, pero tampoco actuaron solos, sus cómplices fueron los adjudicatarios y todos actuaron con finalidad de lucro.
Concursos, proceso de verificación, revisión judicial, resoluciones judiciales, plazo, doctrina legal, prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hope Funds SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito de mc cormack, georgina
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-17

Dispone la LCQ 37 que la resolución que declara admisible o inadmisible el crédito puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los 20 (veinte) días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el art. 36. Vencido ese plazo sin haber sido cuestionada, queda firme y produce también los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo. Consecuencia de distintas dificultades que se fueron advirtiendo con el transcurrir del tiempo, sea por el volumen, cantidad, o dificultad de los créditos insinuados; sea por inconvenientes en los tribunales es que fue dictado el plenario "Rafiki" a fin de fijar un criterio que dirimiera en sentido homogéneo las distintas situaciones que podían presentarse.

En tal sentido se fijó como pauta que el inicio del plazo previsto en el art. 37, segundo párrafo de la ley 24522 no se encuentra subordinado a la notificación de la resolución del art. 36 de ese cuerpo normativo, cuando esa resolución se dictó al décimo día -o al término del plazo diferente que expresamente haya sido aplicado en la causa- de presentado el informe individual, o al décimo día a contar de la fecha en que, previsiblemente y según lo indicado en el auto de apertura del concurso preventivo o en la sentencia de quiebra o en alguna decisión judicial expresa modificatoria de la fecha inicial, ese informe debía ser presentado (conf. CNCom, en pleno, 28/02/06, in re: "Rafiki SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por Cooperativa de Viv. Créd. y Cons. Activa Ltda., ED 13/3/06 F. 53894; JA 5.4.06; LL 2006-C332).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Savio Alfredo c/ Ceresanti Alfredo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Si el porcentaje de incapacidad fijada por el perito se asienta en la existencia de secuelas en parte definitivas y en parte superables a través de una terapia adecuada, corresponde indemnizar las secuelas permanentes e irreversibles como incapacidad y las recuperables como gastos de tratamiento futuro.-
Cuestiones de competencia, depósito judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Saber, Ciro Adrián c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

El debate en torno a la disposición de los fondos depositados judicialmente en el marco de un juicio debe efectuarse ante el juez que lo ordenó, pues ese magistrado es quien tiene plenitud de jurisdicción en todo lo atinente a la inversión, disposición y destino de esos fondos; la intervención de otro juez implicaría una inadecuada intromisión en la órbita de conocimiento del primero, quien puede válidamente pronunciarse sobre su situación jurídica por encontrarse a su orden.
Falsificación de marca o designación, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Calero Rondan, Denis Emperador s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Éste Tribunal ha afirmado -desde antaño- que no existe afectación o amenaza hacia el bien jurídico tutelado por la ley 22.362 en los casos en que la baja calidad y ciertas circunstancias en que son incautados los productos (comúnmente en la vía pública y a un precio claramente inferior al del mercado), tornan inidónea a la comercialización cuestionada para causar confusión en el público consumidor (conf. causa n° 5.831 "Cuenca Textil", reg. n° 6619 bis del 22/08/89; causa n° 18.875 "Ziva", reg. n° 20.397 del 31/10/02; causa n° 20.298 "Gabriel Añaños", reg. n° 21.502 del 2/09/03; causa n° 20.475 "Misci", reg. n° 21.759 del 13/11/03; causa n° 20.728 "Balmaceda", reg. n° 22.009, rta. el 3/2/04; causa n° 22.326 "Méndez", reg. n° 23.485 del 15/03/05; causa n° 22.001 "Sánchez Negreiros", reg. n° 23.486 del 15/03/05; causa n° 23.046 "Corrado", reg. n° 24.326 del 18/10/05; entre muchas otras)" (Del voto de los Dres. Horacio Cattani y Martín Irurzun).
Concursos, grupo económico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: American Copiers Machine S.R.L. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-12

No se trata del concurso "del grupo" sino de las sociedades reunidas de tal o cual modo; en suma, no se le da al grupo una personalidad diferenciada de la de sus integrantes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Efectos del acto administrativo, irretroactividad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ambrosetti, Elcira y otros c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-04

Teniendo en cuenta que los efectos del acto administrativo se producen a partir de su publicación, no puede el mismo ser invocado para alterar hechos y situaciones consolidadas con anterioridad a su realización. El principio de irretroactividad de los actos administrativos es un pilar básico de nuestro orden jurídico y responde a los principios constitucionales que regulan la inviolabilidad de los derechos adquiridos, al estimarlos ingresados al patrimonio y, como tales, se reputan integrativos de la propiedad garantizada en calidad de inviolable por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, sujetos del proceso penal, responsabilidad objetiva, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Beleizán, Lorenzo c/ Lotz, Luis Ramón; Astudillo, Enrique Jorge; Don Martín SA s/ Daños y Perjuicios por Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-08

En concepto de lucro cesante y de pérdida de chance debido a la incapacidad laboral que tiene actualmente esta Sala ha dicho que: "Para que el lucro cesante pueda ser admitido se requiere una prueba concreta de las pérdidas experimentadas, pero ello no puede exigirse en términos matemáticos, debiendo en el caso tomarse el aporte de datos que permitan presumirlos de un modo veraz.

Es decir que, por lo menos, es necesario que ese aporte permita presumir las pérdidas experimentadas de modo fidedigno" (Fallos Sala I año 1992 fs. 346/354; 1996 fs. 203/208; 1999 fs. 697/704; 2001 fs. 537/539; 2002 fs. 756/759; 2008 fs.319/323).

La acción de indemnización por daños exige la prueba de la existencia real y concreta de ellos, debiendo quien intenta la reparación probarlo fehacientemente y tratándose de lucro cesante, que tiende a reparar las ganancias concretas que el damnificado se vio privado de percibir, la prueba debe ser concluyente por cuanto el mismo no se presume, debiendo ser positivamente acreditado. (Fallos Sala I año 2001 fs. 542/545; 2009 fs.382/385).
Remuneración, carga de la prueba, registros laborales, libros del empleador, incendio del establecimiento, rebeldía del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SILVA, MIGUEL c/ DAVIDOV E HIJO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-28

La circunstancia de que la demandada haya perdido la documentación registral en un incendio no puede beneficiarla, cuando se encontraba obligada a probar la remuneración del trabajador, pues se hallaba comprendida en la rebeldía del art. 86 LO.
Allanamiento, exención de costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DRESSER ATLAS ARGENTINA  S.A.M.P.I.C. s/ RECURSO DE APELACION - GANANCIAS - TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

Que corresponde señalar que la C.S. ha admitido, en casos de desistimiento, que la eximición de costas es procedente, cuando obedece al propósito de acatar la doctrina sentada por el Alto Tribunal con posterioridad al inicio de la causa, con tal que se cumplan dos requisitos: el desistimiento sea oportuno y que el fallo invocado se haya resuelto sin imponer costas, tanto más si es compleja la naturaleza jurídica de la causa y no median trámites numerosos luego del fallo acatado; principios que resultan aplicables al allanamiento del Fisco al tiempo de contestar la demanda, pues tiene un fin similar a aquél.-
Cuestiones de competencia, lugar del hecho, prenda con registro, defraudación, prueba, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Pintar, Arturo y otra s/ infracción decreto-ley 15.348/46.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

En tanto de la investigación no surja otra circunstancia, corresponde al juez del domicilio del deudor conocer en la defraudación prendaria, pues allí seguramente se encontrarán los elementos de prueba y porque se facilitará la defensa del imputado.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B, A A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 474-91 P, D R s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 465-91 M, C A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 472-91 V, P R s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 471-91 M., J. D. s/ QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     EXPTE NRO 470-91 S, M A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 473-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24

La Corte Suprema, como Tribunal de garantías constitucionales, no puede cumplir su función mecánicamente, intemporalmente, formal o pasivamente, limitándose a descalificar aquellos fallos que se aparten de los límites interpretativos señalados constitucionalmente, sino que debe preocuparse por cumplir subsidiariamente una tarea orientadora, previsora y docente diferenciando aquellos casos en donde con mayor claridad se comprometen las dimensiones más fundamentales del derecho y la dignidad humana, y también valorando los fallos que mejor o peor se ajusten a los principios constitucionales, conjugando armónicamente los diferentes valores en juego - la libertad, la justicia, el bien común y la seguridad jurídica-.
Fallo plenario, abrogación implícita
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, NORBERTO c/ SEVEN UP CONCESIONES SAIC. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-31

El artículo 300 del CPCC. debe ser entendido como referido al caso en que no exista cambio de la legislación que sirve de sustento a la doctrina, pues es obvio que si el legislador dicta una norma que expresa o tácitamente deroga las normas interpretadas, cae la doctrina del plenario sin necesidad de pronunciamiento alguno por parte de la Cámara que sentó el criterio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, impuestos, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LDC ARGENTINA S.A. c/ COMUNA DE TIMBUES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-07

El primer reproche esgrimido según el cual el pronunciamiento impugnado adolece de incongruencia por encontrarse apoyado en afirmaciones contradictorias con los elementos obrantes en el expediente, no puede entenderse configurado, por cuanto -tal como lo expusiera el Tribunal en el auto denegatorio- de los considerandos que integran el fallo puede advertirse que la Cámara ha explicado en diversos tramos de su exposición, las razones por las cuales entendía que el régimen especial establecido hasta el 1.3.15, no comportaba una donación o renuncia, ni significaba una exención tributaria, sino que constituía un régimen de ingresos especial, por tiempo determinado y que incluía sendas cláusulas de ajuste o potenciación de la deuda tributaria lo que descartaba la posibilidad de que los montos respectivos quedaran desfasados o superados por la realidad o el aumento de la inflación; y además de considerar que en la especie no había mediado una exención sino un régimen especial con índices de ajuste, no se había invocado (en la ordenanza impugnada) el instituto emergencial para dejar sin efecto el régimen tributario anterior; por lo que, apoyándose en criterio inveterado de la Corte nacional, concluyó en que si bien nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados o dispensados por ellas, ello no rige en los supuestos en que las normas para promover inversiones establecen la estabilidad por un determinado lapso del régimen tributario aplicable a los respectivos emprendimientos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanzas 2/05, 17/09 y 20/13 de la Comuna de Timbúes.
Daños y perjuicios, inconstitucionalidad, actualización monetaria
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A. A. P. y otros c/ M. N. D.  s/ daños y perj.autom. c/les. o muerte (exc.estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-05-14

En el marco de una acción de daños y perjuicios originada por un accidente automovilístico, enmarcada en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas, donde se asignó la absoluta responsabilidad emergente del mismo al demandado, corresponde modificar la sentencia apelada, declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, que prohíbe la actualización monetaria de las obligaciones dinerarias, por contrariar el principio de razonabilidad y el derecho de propiedad de los accionantes y actualizar el límite de cobertura asegurativa, toda vez que resulta evidente la necesidad de actualizar los montos indemnizatorios para preservar el valor real de las prestaciones debidas a los accionantes, en un contexto de alta inflación, adoptando un sistema de actualización del capital, aplicando tasas de interés que reflejen la realidad económica y los principios constitucionales, a fin de garantizar que el monto indemnizatorio mantenga su valor real hasta el efectivo pago.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, ejercicio profesional, odontólogos
Materia: LABORAL
Carátula: FONTANA, GLADYS c/ MANCINI, EDUARDO L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-19

Hay una verdadera relación de dependencia entre el odontólogo y el propietario del consultorio donde aquél atendía, en tanto no existía contrato de locación por escrito, por precio determinado en dinero, art. 1493 del cód. civil, sino que el profesional debía reintegrar al dueño el importe de los materiales que gastaba para realizar obturaciones, impresiones para prótesis, etc. y sólo cobraba un porcentaje de lo abonado por los pacientes, cuyo monto era determinado por el demandado y liquidado mensualmente.