Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III C. 518/2014/CA1 "American Airlines Inc. c/ Administración Nacional de Aviación Civil s/ nulidad de acto administrativo" Buenos Aires, 6 de junio de 2014.

AUTOS Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 54 contra la decisión de fs. 53, fundado a fs. 58/69, y el dictamen fiscal de fs. 73/82vta., y CONSIDERANDO:

El doctor Guillermo Antelo dice:

1. American Airlines Inc. demandó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) -organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Transporte, Ministerio del Interior y Transporte- para que se declare inaplicable la Resolución 1135/13 del 13 de diciembre de 2013 y la de los actos administrativos que le sirvieron de antecedente (Disposición 86 del 23-5-2013 y acta de infracción del 5-11-2008).

En lo sustancial, planteó la nulidad absoluta de la Resol. 1135/13, mediante la cual se admitió parcialmente el recurso administrativo deducido contra la Disposición 86 y se limitó la multa de U$ 15.384 por la realización de un vuelo comercial de pasajeros sin la aprobación de la Autoridad Aeronáutica Aerocomercial. Sostuvo que el acto no es el resultado de una derivación razonada de los hechos ni del derecho que le es aplicable como empresa prestadora de servicios de transporte aéreo internacional. Precisó que los actos administrativos impugnados presentan vicios en sus requisitos esenciales que los invalidan y que contravienen normas constitucionales.

Asimismo, solicitó como medida cautelar -en los términos de los arts. 230 y 232 del Código Procesal- la suspensión de los efectos de la resolución administrativa, en particular su ejecutoriedad, hasta tanto se dictara la sentencia definitiva. Y planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.854 que regula las medidas cautelares en las que interviene el Estado Nacional. Afirmó que los arts. 3° inc. 2, 4° inc. 1, 5°, 9°, 10, 13 incisos 1, 2 y 3, 14 y 15 de dicha norma, presentan graves vicios que los tornan inválidos e inaplicables, y resultan contrarios a principios y garantías constitucionales, pues colocan al Estado en una privilegiada posición de poder respecto de los administrados, vulnerando el derecho a la igualdad y a una tutela judicial oportuna y efectiva reconocida tanto por la Constitución Nacional como por Tratados Internacionales (ver fs. 14/16vta., 18/23 y 24/45).

2. En la resolución que se apela, el señor Juez, con remisión al dictamen fiscal de fs. 51/52, rechazó el planteo de inconstitucionalidad. El fundamento del Ministerio Público radicó en que la interesada no había demostrado cómo, en el caso concreto, las disposiciones legales cuestionadas contrarían la Constitución Nacional y le causan un gravamen. Añadió que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la última ratio del orden jurídico y que no tiene efectos genéricos, desde que se la debe vincular con las relaciones jurídicas que motivaron la acción en esta causa.

3. Contra esa decisión se agravia el actor por considerar que es arbitraria porque se remite sin fundamento a un incorrecto análisis que el Procurador Fiscal hizo acerca del planteo de inconstitucionalidad.

En lo atinente al art. 4° de la ley 26.854, alega que es claramente ostensible el gravamen irreparable que le causa el requerimiento de un informe sobre el interés público comprometido por la solicitud de la medida cautelar. Señala que la norma establece un verdadero traslado para que la demandada pueda expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad de dicha medida, lo cual importa la intromisión en las facultades decisorias de los magistrados, la desnaturalización del régimen adjetivo cautelar -que es inaudita parte- y la violación de principios constitucionales como el de la tutela judicial efectiva, la inviolabilidad del patrimonio y la garantía del debido proceso y defensa en juicio (igualdad entre las partes). Sostiene, además, que el pedido de informe es susceptible de frustrar el derecho que se intenta tutelar con la medida precautoria, pues permite que el demandado tome conocimiento de la pretensión y disponga la ejecución judicial de la multa, obstaculizando de modo definitivo la tutela preventiva que se requiere. En suma, afirma que la norma impugnada suscita una inadmisible dilación para otorgar la medida cautelar y que se configura en el caso una situación de extrema urgencia que no admite demora (ver apartado 3.1. del memorial, a fs. 60vta./64vta.).

Similares fundamentos invoca, con distintos matices, respecto a las demás disposiciones de la ley 26.854 cuya inconstitucionalidad plantea: art. 5°: plazo de vigencia temporal de la medida cautelar, art. 9°: imposibilidad de afectar bienes o recursos propios del Estado, art. 10: derogación tácita del derecho a ofrecer caución juratoria, y art. 13, inc. 3: efecto suspensivo del recurso de apelación ante el hipotético caso de concederse la medida (ver apartados 3.2., 3.3., 3.4. y 3.5., a fs. 64vta./68).

4. Planteada en tales términos la cuestión a resolver, se debe destacar que la actora, en el memorial de agravios, ha desarrollado los argumentos que sostuvo con relación al gravamen que le ocasionan las normas cuya inconstitucionalidad impugna; en particular, aquellos que se relacionan con el informe previo requerido por el art. 4° de la ley 26.854, los cuales habían sido alegados al fundar el peligro en la demora para obtener la medida cautelar en forma inmediata (ver fs. 42, apart. 7.2.).

En tales condiciones, ponderando la naturaleza de los derechos invocados por la actora, se procederá a examinar los agravios que expresa en el memorial.

5. El art. 4° de la ley 26.854 dispone que "solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes. Sólo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su presentación. Según la índole de la pretensión el juez o tribunal podrá ordenar una vista previa al Ministerio Público".

Como la norma impone un requisito previo al pronunciamiento sobre la admisibilidad de la medida cautelar, corresponde decidir, en esta oportunidad, si el pedido de informe dispuesto por el juez a fs. 53 afecta en el caso los derechos constitucionales invocados por la actora.

El control de razonabilidad de una disposición legal debe efectuarse sobre la base de que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que es la última ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos 256:602, 258:255, 316:2624, 330:855, 333:447 y causa "Rizzo", R.369.XLIX, del 18-6-2013, entre otros). Tal inteligencia lleva a descartar las impugnaciones constitucionales sustentadas en la invocación de agravios meramente conjeturales, es decir, aquellos supuestos en que no se acredita en forma fehaciente un concreto perjuicio por la aplicación de la norma (Fallos 328:4282).

Con esa perspectiva, y atendiendo a las circunstancias de hecho y de derecho invocadas en el pedido cautelar, no se advierte que la norma impugnada resulte irrazonable, i que su aplicación vulnere los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad que la recurrente alega en su memorial de agravios.

En efecto, la disposición tiene por finalidad que el juez cuente con elementos suficientes para hacer un adecuado balance de los intereses en juego y decidir, sobre esa base, acerca de la procedencia de la medida cautelar; y el requerimiento para que el Estado Nacional informe, en forma acotada y en un tiempo reducido, acerca del interés público comprometido y de los requisitos propios de las medidas precautorias, es un medio idóneo y proporcional para conseguir la finalidad perseguida por la norma (doctrina de Fallos 243:467, 299:428, 324:3345 y 325:645).

Cabe recordar que las leyes son susceptibles de reproche si introducen una limitación a los derechos sin justificación en los fines cuya realización procuran (Fallos: 330:5032 y sus citas) El control de constitucionalidad debe quedar ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad. No corresponde a los tribunales juzgar el acierto o conveniencia del medio arbitrado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones para alcanzar el fin propuesto (Fallos 324:3345, 325:645 y 333:447).

Por lo demás, la norma contempla la posibilidad de reducir el plazo a tres días cuando la protección cautelar se solicita en juicios sumarísimos o de amparo, y de que el juez dicte una medida interina hasta que se presente el informe o venza el plazo fijado, cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justifique. Y en el caso que se examina, la actora no ha solicitado al juez que se pronuncie acerca de la procedencia de dicha medida interina, lo cual descarta que se pueda tener por acreditado en este momento que la norma resulte inconstitucional por el peligro de que se frustre el fin perseguido por la medida cautelar peticionada.

No se advierte, asimismo, que la norma impugnada afecte el derecho a la igualdad. Esta garantía, establecida por el art. 16 de la Constitución Nacional, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros (Fallos: 153:67, 312:826 y 329:2986 entre otros). La cláusula constitucional no impone una rígida igualdad, por lo que tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes. De ahí que se atribuya a su prudencia una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la reglamentación (Fallos: 320:1166) sin establecer distinciones o exclusiones que se basen en motivos que no sean razonables o que tengan un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o que importen un indebido privilegio personal o de un grupo (Fallos: 315:839 y 322:2346).

El argumento de que la norma coloca al Estado Nacional en una inequitativa situación de privilegio con relación a los administrados, no es atendible desde que se trata de un informe previo para que el juez pueda ponderar la afectación del interés público antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la medida cautelar. Es decir, se trata de una disposición que tiene en miras el bien común de toda la sociedad, y no el de otorgar un privilegio de intereses personales o grupales.

La valoración del interés público -junto con los derechos individuales afectados que invoca la peticionaria-, es un requisito ínsito para decidir sobre la procedencia de medidas cautelares contra la Administración Pública (Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, causa 29.094/13 del 26-9-2013), por lo que se puede concluir que la norma -en cuanto otorga al Estado Nacional la posibilidad de informar sobre ese extremo-, tiene un sustento fáctico razonable en las diferencias constitutivas entre los sujetos en el proceso judicial y no obedece a propósitos discriminatorios.

Se ha destacado que la demandabilidad del Estado, en general, exige que sea en condiciones tales que, por un lado, el ejercicio de sus funciones no sea afectado por las demandas de los particulares pero, por otro, que las garantías de los habitantes no sean tampoco menoscabadas por privilegios que se tornen írritos a la luz del texto constitucional (Fallos: 316:2454). Sobre la base de esa premisa, el informe previo establecido en el art. 4° de la ley 26.859 no configura una irrazonable reglamentación de los derechos individuales en juego porque sólo busca asegurar la eficiente defensa en juicio del Estado Nacional -en un contexto cautelar-, condición indispensable para un fallo judicial informado (doctrina de Fallos 330:5032), a la vez que no afecta la tutela judicial efectiva en virtud de que contempla una solución para los supuestos en que la norma pudiera frustrar esa garantía.

Por otro lado, el planteo de inconstitucionalidad de la norma, fundado en la desnaturalización del régimen adjetivo cautelar, no puede ser considerado sino mediante un juicio acerca de la razonabilidad de la disposición, pues no es función de los jueces pronunciarse acerca de su acierto o conveniencia. A ello hay que añadir que la modificación de un régimen legal -como el que establece el Código Procesal en materia cautelar basado en el carácter inaudita parte- no da lugar a cuestión constitucional alguna, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento o a la inalterabilidad de las leyes (Fallos 267:247, 291:359, 308:199, 315:839, 321:2683, 323:3412, 325:2875 y 329:976).

El régimen inaudita parte que prevé Código Procesal en materia cautelar no ha sido limitado sólo por la ley 26.854: la Ley de Patentes N° 24.481 (art. 83, texto según ley 25.859) ha establecido como principio la sustanciación de la petición precautoria. Ello demuestra un criterio legislativo de modificar el régimen inaudita parte propio de las medidas cautelares ante determinado tipo de litigios.

En síntesis, y de acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal General, se concluye que no se ha demostrado en el caso que el art. 4° de la ley 26.854 ocasione un gravamen suficiente para comprometer la efectiva tutela de los derechos de defensa en juicio e igualdad ante la ley que invoca la recurrente como sustento de su planteo de inconstitucionalidad (ver, en ese sentido, Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala I, causa 16.345/13 del 10-9-2013, Sala IV, causa 22.497/13 del 5-9-2013 y Sala V, causa 29.094/13 del 26-9-2013).

6. Con relación a la impugnación constitucional de las demás disposiciones de la ley 26.854, corresponde precisar que la actora limitó su apelación a los arts. 5°, 9°, 10 inc. 2 y 13, inc. 3, por lo cual este pronunciamiento sólo producirá efectos con respecto a éstos.

La decisión del a quo acerca de la constitucionalidad de esas normas fue prematura.

Ello es así no sólo porque, una vez rechazado el planteo sobre el informe previo del art. 4°, resultaba necesario sustanciar con el demandado el pedido de inconstitucionalidad de las restantes normas para que pudiera ejercer su derecho de defensa (ver dictamen del Ministerio Público en esta instancia con remisión a lo decidido por esta Sala en las causas 13.238/02 del 28-8-2003, 8174/03 del 5-8-2004 y 13.468/07 del 24-7-2008), sino también porque el control de constitucionalidad de aquéllas no resultaba pertinente sin la ponderación de las concretas circunstancias del caso vinculadas con la procedencia de la medida cautelar.

La declaración acerca de la constitucionalidad de una norma requiere la comprobación del gravamen invocado en el caso concreto (Fallos 300:1041), para lo cual resulta necesario que el juez considere de qué modo la aplicación de las disposiciones cuestionadas es susceptible de afectar los derechos que alega la actora.

Algunas de las normas impugnadas tienen relación directa con las circunstancias concretas en las que se sustenta la pretensión cautelar (art. 9); otras presuponen un pronunciamiento favorable sobre ésta (arts. 5 y 10). En ambos casos, el control de constitucionalidad sólo puede ser efectuado conjuntamente con la decisión sobre la admisibilidad de la medida precautoria requerida. En cambio, otras impugnaciones, como la del art. 13 inc. 3, sólo adquieren carácter actual con la eventual interposición de un recurso de apelación.

En suma, es nula la resolución que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de las normas mencionadas en el párrafo anterior, por cuanto no es admisible un pronunciamiento prematuro que, sin sustanciación con la contraria, decide sobre la mera legalidad de las disposiciones con prescindencia de las circunstancias concretas del caso.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.854 y anularla en lo que respecta a los arts. 5, 9, 10 y 13, inc. 3.

En atención a que el juez adelantó opinión sobre la cuestión pendiente de decisión, se deberá sortear un nuevo juzgado, el cual decidirá sobre el planteo de inconstitucionalidad de las referidas normas, previa sustanciación con el Estado Nacional en oportunidad de producir el informe del art. 4 de la ley 26.854.

Guillermo Antelo Los doctores Ricardo Recondo y Graciela Medina dicen:

1. Las circunstancias del caso y los agravios de la recurrente han sido reseñados en el voto precedente (considerandos primero al cuarto), por lo que a él corresponde remitirse en ese aspecto a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

2. Planteada en tales términos la cuestión, se debe examinar la inconstitucionalidad de los artículos 4°, 5°, 9°, 10 inc. 2 y 13, inc. 3 de la ley 26.854 que la actora mantiene en su apelación.

Las normas impugnadas, en cuanto establecen el requisito de un informe de la autoridad pública demandada previo a la decisión sobre la admisibilidad de la medida cautelar (art. 4°), la vigencia temporal de la orden precautoria (art. 5°), la prohibición de su dictado cuando afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos del Estado (art. 9°), la limitación de la caución juratoria a los supuestos enumerados en el art. 2°, inc. 2 (art. 10. inc. 2), y el efecto suspensivo del recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar (art. 13, inc. 3), tienen -tanto en forma individual como en su conjunto- por finalidad y efecto restringir en forma irrazonable el acceso a la justicia de los particulares cuando accionan contra el Estado Nacional, colocándolos en una situación de desigualdad procesal que vulneran la tutela judicial efectiva garantizada por el bloque constitucional (arts. 18 y 75, inc. 22 de la C.N; art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

2.1. En efecto, el art. 4° de la ley desnaturaliza innecesariamente el trámite inaudita parte propio de las medidas precautorias, el cual se vincula en forma directa e inescindible con la urgencia y eficacia de la protección cautelar dirigida a garantizar la efectividad de los derechos que se invocan, de modo tal que se afecta el debido proceso. Ello es así, pues frente a la resolución que admite una medida cautelar el Estado Nacional puede, igual que cualquier otro sujeto de derecho, interponer recurso de reposición o de apelación (art. 198 del Código Procesal) o pedir su levantamiento dado su carácter provisional (art. 202 del ritual).

2.2. El art. 5° de la ley 26.854 al fijar un plazo de vigencia de seis meses de la medida cautelar -prorrogable por otros seis meses cuando fuese indispensable y no hubiere, en principio, una actitud dilatoria de la parte favorecida- es incongruente con el carácter instrumental del instituto precautorio, el cual tiene por objeto asegurar -sobre la base de un derecho verosímil- el cumplimiento de una eventual sentencia favorable. Las medidas cautelares son el instrumento para que una providencia jurisdiccional definitiva pueda llegar a tiempo, es decir, son la "garantía de la garantía" (cfr. J. Ramiro Podetti, Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tratado de las Medidas Cautelares, Ediar, 1956, T. IV, pág. 21, con cita de Carnelutti).

Desde esa perspectiva, la norma no es razonable pues el legislador ha establecido el término máximo de un año para la vigencia de la medida cautelar, con prescindencia de la duración objetiva del proceso principal, que puede variar por múltiples factores según la complejidad de cada caso, independientemente del mayor o menor impulso que pueda darle la beneficiaria de la medida, entre los cuales no se puede descartar la demora judicial. De ese modo, la norma sancionada por el Poder Legislativo es susceptible de limitar irremediablemente la vigencia temporal de la protección cautelar otorgada ante un acto u omisión de las autoridades públicas, colocando al administrado ante el Estado Nacional en una situación de indefensión, pues se lo priva de la tutela judicial efectiva y oportuna que es garantía constitucional.

La idea de que el Estado al asumir la función de administrar justicia prohíbe a los individuos la autodefensa de sus derechos, no puede desentenderse de las consecuencias de la demora que necesariamente ocasiona la instrucción del proceso, y debe por tanto proveer al juez y a los litigantes las medidas cautelares necesarias para prevenirlas (cfr. Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar, 1962, T. V, pág. 449), adquiere mayor intensidad y relevancia cuando es la propia autoridad pública el sujeto demandado contra cuyos actos u omisiones se requiere la tutela precautoria.

Las medidas cautelares están comprendidas dentro de los fines primordiales de la jurisdicción, como derecho-deber del Estado; mediante ellas, el poder jurisdiccional satisface el interés particular de asegurar un derecho aun no declarado, pero con mayor o menor intensidad, según la especie de la medida cautelar, satisface el interés general y público de asegurar la paz en la convivencia social y evitar la pérdida o desvalorización de los bienes económicos (ver obra mencionada en el párrafo anterior, págs. 449/50, nota al pie n° 2, con cita de Podetti y de Bremberg). De ahí que resulte un contrasentido que el propio Estado limite a través de una norma procesal general, sin ponderación de las circunstancias concretas de cada caso, la duración de las medidas cautelares que los jueces puedan dictar en su contra.

Por lo demás, la excepción que contempla la norma, circunscripta a los supuestos del art. 2°, inciso 2, no es suficiente para evitar la tacha de inconstitucionalidad pues, sin mayor ponderación de los intereses en juego, limita temporalmente en cualquier caso la protección cautelar de otros derechos constitucionales, como por ejemplo: el ejercicio de toda industria lícita (art. 14), la propiedad (art. 17), la defensa de consumidores y usuarios en la relación de consumo, y de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados (art. 42).

2.3. Igual reproche constitucional le cabe al art. 9° de la ley, desde que prohíbe a los jueces dictar cualquier medida cautelar "que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado". La vaguedad de la norma, en cuanto a la determinación del objeto prohibido, atenta contra la tutela judicial efectiva, pues además de no prever excepciones según los derechos afectados por el acto u omisión del Estado que se impugne, es susceptible de impedir el dictado de cualquier medida precautoria que involucre, en alguna de las formas indicadas por la norma, el patrimonio estatal.

2.4. La disposición del art. 10, inc. 2° limita en forma irrazonable las facultades de los jueces para determinar el tipo de caución, con prescindencia de las cuestiones de hecho que esa decisión involucre en cada caso en particular, desnaturalizando el fundamento (principio de igualdad que reemplaza a la bilateralidad) y la finalidad propia de este instituto, cual es la de asegurar al destinatario de la medida la efectividad del resarcimiento de los daños si el derecho protegido no existiera (J. Ramiro Podetti, Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tratado de las Medidas Cautelares, Ediar, 1956, T. IV, pág. 61).

La prudencia judicial -que la norma anula- para fijar el tipo de contracautela según la solidez de la verosimilitud del derecho y la magnitud de los peligros patrimoniales que, eventualmente, pudiere ocasionar la medida cautelar es vital, desde que una determinación gravosa tornaría ilusoria la posibilidad de trabar cualquier precautoria (cfr. Osvaldo A. Gozaíni, "Las medidas cautelares ante la ley 26.854", publicado en La Ley, suplemento especial de mayo de 2013, pág. 86).

2.5. Por último, el efecto suspensivo que el legislador le otorga al recurso de apelación que se deduzca contra la providencia cautelar que suspenda los efectos de una disposición legal o de un reglamento del mismo rango jerárquico (art. 13, inc. 3), frustra la efectividad de la medida precautoria que los jueces reconozcan con fundamento en la verosimilitud del derecho afectado por un acto del poder público, siendo insuficiente las excepciones previstas para los supuestos enumerados en el art. 2°, inciso 2, pues si se interpretase que la enumeración es taxativa se desconocería, ab initio, la protección cautelar -en cualquier caso- de otros derechos constitucionales, como por ejemplo: el ejercicio de toda industria lícita (art. 14), la propiedad (art. 17), la defensa de consumidores y usuarios en la relación de consumo, y de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados (art. 42).

En tal inteligencia, la norma no es razonable desde que no permitiría a los jueces, sin declaración de inconstitucionalidad, ponderar los derechos constitucionales amparados por la medida cautelar y contrastarlos con el interés público que pudiera resultar involucrado en cada caso concreto, a fin de conceder el recurso -en tales supuestos- con el efecto devolutivo que es propio del instituto procesal que se examina (art. 198 del Código Procesal).

En suma, el efecto suspensivo del recurso -en los términos en que ha sido legislado en el art. 13, inc. 3 de la ley 26.854- es susceptible de enervar la finalidad tuitiva propia y esencial de la medida cautelar concedida, lo cual contraría el principio constitucional según el cual a toda persona le asiste el derecho de una acción expedita y rápida contra todo acto y omisión de autoridades públicas que, en forma actual o inminente, lesione o restrinja con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidas por la Constitución Nacional, un tratado internacional o una ley.

3. Consecuente con lo expuesto, las normas impugnadas por el recurrente otorgan al Estado Nacional todas las prerrogativas garantistas que, en simultáneo, les niega a las personas que litiguen contra él, generando una clara situación de desigualdad discriminatoria prohibida por la Constitución Nacional (cfr. Andrés Gil Domínguez, "La inconstitucionalidad e invonvencionalidad del régimen de medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado es parte (Ley 26.854)", publicado en La Ley, suplemento especial de mayo de 2013, pág. 72).

Ricardo G. Recondo Graciela Medina Por los fundamentos expuestos, por mayoría, SE RESUELVE: revocar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 4°, 5°, 9°, 10 inc. 2 y 13, inc. 3 de la ley 26.854 y devolver las actuaciones al señor juez para que se pronuncie sin más trámite sobre la medida cautelar, de acuerdo con lo decidido en esta resolución.

Hágase saber al letrado de la recurrente que en las causas en las se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.2013 deberá registrar, validar y constituir por escrito en el expediente, denunciando CUIT o CUIL, su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordadas CSJN 31/11 y 38/13 -B.O. del 17/10/2013-).

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General en su despacho-, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Antelo-Ricardo Recondo-Graciela Medina (en disidencia)