marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos, efecto retroactivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torrico, Genaro Jacinto s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-11-30

Los efectos del otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos rigen a partir de la interposición del pedido. Si bien aquél puede ser pedido en cualquier estado del proceso, ello no significa que quien lo promueva quede liberado de las obligaciones devengadas con anterioridad, no pudiendo en consecuencia, alcanzar a la tasa de justicia devengada, pues la razón legal que inspira y fundamenta aquel beneficio sería desbordada si se otorgara al mismo efectos retroactivos a la fecha de su interposición.
Liquidación de entidades financieras, acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENENDEZ, DANIEL c/ B.C.R.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

No resulta válido sostener que, frente a la decisión del Banco Central de República Argentina de liquidar la entidad donde una persona tenía depositados sus ahorros, ésta se haya visto privada de recurrir a otros procedimientos administrativos o judiciales - distintos del amparo - en salvaguarda de sus derechos, ni que aquéllos, en caso de haber sido utilizados, hubieren resultado ineficaces a esos fines.
Jueces, facultades del juez, calificación jurídica, robo, extorsión, concurso aparente de leyes, principio de especialidad, interpretación de la ley, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: C., C. s/ Robo (Expte Nº 128-93, Resolución Nº 70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

En la hipótesis de un conflicto de normas deben aplicarse los principios elaborados para lo que la doctrina denomina concurso aparente de delitos (también, de leyes), que precisamente procura establecer por cuál tipo penal ha de optarse cuando parecen competir dos o más (que protegen el mismo e idéntico bien jurídico) por el atrapamiento del hecho. La situación es compleja. Los autores no han acordado cuales son los principios vigentes (si alternatividad, consunción -o consumación-, especialidad o subsidiariedad; si solamente consunción, especialidad y subsidiariedad; o si deben tratarse solo hipótesis de interferencia y subordinación -ver Zaffaroni, Tratado, T.IV, pg. 557 y ss.). El delito de extorsión ni consume al de robo (no es más perfecto) ni es tampoco una figura especializada de él. Para unos se trataría de una situación de alternatividad (Soler/Terán Lomas/Creus) y para otros de subsidiariedad tácita (Bacigalupo/Zaffaroni). Ante el silencio de la ley y la considerable oscuridad existente en doctrina respecto a como deben implementarse cualquiera de esos principios para decidir por uno u otro tipo, no deduciendose del tipo penal mismo, ni de la culpabilidad, un dato indicativo para la decisión, ésta debe tener en cuenta la punición. Si como en el caso el apoderamiento se logró con despliegue contemporáneo de un mínimo de violencia y con el de intimidación por el uso de un arma que no era verdaderamente tal y en el que la forma de desplazamiento de la cosa desde la víctima al victimario (desapoderamiento en el robo, entrega en la extorsión) no puede percibirse como elemento típicamente esclarecedor de la utilización de una u otra figura penal, es irrelevante bajo las circunstancias apreciadas entre un quitar las cosas el autor, o el entregarlas o ponerlas a su disposición la víctima, la cuantía de la pena prevista para los delitos puede ser el elemento dirimente.
Reapertura del procedimiento administrativo, certificado médico
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALMUNA, ISIDORO V. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-12

Resultan insuficientes como 'nuevo elemento de juicio' los certificados médicos que se limitan a consignar la dolencia padecida sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto 1377/74. La resolución dictada con anterioridad a su requerimiento, está siempre normalmente precedida del correspondiente dictamen de los organismos médicos oficiales, lo que impone que los elementos con los que se pretende reabrir el procedimiento, revistan 'prima facie', cierta idoneidad probatoria, pues lo contrario importaría un dispendio procedimental.
Intereses, tasas de interés, convertibilidad, obligaciones, Derecho civil, obligaciones del comerciante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arévalo Rodríguez, Luis Arbelio s/ quiebra  s/  incidente  de  información  y  recuperación  de  bienes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

A fin de determinar la tasa de interés a aplicar como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, no se ha establecido una distinción según se trate de obligaciones civiles y comerciales que pudieran estar regidas en punto a los intereses por los arts. 622 delC. Civ. y 565 del C. Com. pues la ley 23.928 no distingue su aplicación según la naturaleza jurídica del reclamo o negocio vinculante.
Régimen de garantía de los depósitos, régimen de consolidación de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cardinale, Miguel Angel c/ BCRA. s/ incidente de ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El crédito originado en la garantía de los depósitos por el Banco Central (art. 56 de la ley 21.526) está comprendido en el régimen de consolidación de la deuda pública: ley 23.982.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, prescripción, plazo, suspensión del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Flores, Raul Alberto c/ Unión Agrícola de Romang Coop. Ltda. y/o Quien resulte jurídicamente responsable s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral (Expte. CSJ Nro. 829- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

Si la respuesta de la Alzada partió de una premisa falsa o, por lo menos, no suficientemente demostrada (y la existencia de duda tornaba operativo el principio previsto por el artículo 10 Ley de Contrato de Trabajo): la de que el contrato de trabajo se había extinguido en una fecha determinada (la que -por ende- debía constituir el "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción), el fallo presenta un defecto que por sí solo lo fulmina de nulidad a la luz del artículo 95 de la Constitución Provincial. Además, a ello se agrega que la Cámara, cuando trató el agravio dirigido contra la admisión de la defensa de prescripción, prescindió lisa y llanamente de la consideración de extremos conducentes para la recta solución del litigio, como, por ejemplo, la existencia de actos provenientes del trabajador que exhibían razonable eficacia suspensiva del curso de la prescripción (artículo 3986, Código Civil) -en concreto, los telegramas colacionados que enviara, los cuales no podían ser injustificadamente dejados de lado a la hora de fallar. Lo contrario también se ha traducido en un atentado contra las exigencias vinculadas con la correcta fundamentación de los pronunciamientos judiciales.
Responsabilidad del escribano, responsabilidad de la provincia, registro de la propiedad inmueble, certificación registral, error registral, compraventa inmobiliaria, hipoteca, daños y perjuicios, falta de inscripción
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Mazzotta, José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La eventual responsabilidad del escribano, no excusa ni total ni parcialmente la de la provincia, derivada de la omisión de consignar en las certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad la existencia de una hipoteca, permitiendo la enajenación del bien como libre de gravámenes y provocando la frustración de la garantía; ello sin perjuicio de las acciones que ulteriormente pudiera ejercer la provincia contra el escribano para obtener su contribución en la deuda.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la persona, causas civiles
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Morales, María Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La jurisdicción originaria conferida por el art. 101 de la Constitución Nacional solo procede en razón de las personas cuando a la condición de vecino de otra provincia se une el requisito de que el litigio posea el carácter de "causa civil".
Pagaré, lugar de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cotonttex S.R.L. c/ Milka Florencia Vasileff s/ Ejecutivo. Cotonttex S.R.L. c/ Milka Florencia Vasileff s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-12|1996-04-12

Careciendo los pagarés base, del lugar de creación, corresponde desestimar la ejecución. No cabe identificar ambos lugares, de pago y de creación, dado que si bien la ausencia de lugar de pago podría ser suplida con el lugar de creación, éste no puede ser suplido por el primero, ni integrado con elementos posteriores y ajenos a su contenido o derivados de actitudes procesales del ejecutado, y en segundo lugar, los títulos que se pretende ejecutar y no tienen indicado ni el lugar de creación, ni el lugar de pago, este último, puede ser suplido con el domicilio del firmante.
Excusación, excusación por manifestaciones extrajudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución, Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia s/ Incidente art. 31 de Cpr.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-21

Las manifestaciones vertidas por un letrado en un medio periodístico acerca de un juez son insuficientes para admitir la excusación, pues de otro modo se convalidaría por vía indirecta el apartamiento de los jueces naturales del proceso frente a cualquier manifestación que en desmedro de su investidura pudieran hacer las partes y sus letrados y sin que se formule causal alguna de recusación.
Grupo económico, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: García, Héctor c/ Sindicato Obrero Industria del Vidrio y Afinesy otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Si bien el fraude a la ley es un recaudo esencial para que se configure la responsabilidad empresaria solidaria del art. 31 LCT, ello no significa que deba probarse el dolo del empleador o un propósito fraudulento del mismo. No se requiere intención subjetiva de evasión de normas laborales, tuitivas del trabajador ni la demostración de una intención evasiva, basta que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a esas normas laborales. (En el caso, la prestación de trabajo del actor - mantenimiento general de las oficinas de la Obra Social y el Sindicato - beneficiaba a ambas codemandadas y quedó probada la inequívoca e íntima vinculación entre ambas instituciones).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Heredia, Víctor Rafael c/ Banco Noar Cooperativo. Limitado s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-09-16

El análisis de aspectos relacionados con la valoración de la prueba y la revisión de la interpretación de normas de derecho común, no resultan materia de recurso extraordinario, salvo caso de arbitrariedad.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez Nuñez, Isaac c/ Zylherman, Nora Inés y otro s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

En la medida en que los dichos de los testigos por ende resultan contrapuestos, al no poder deslindar cuál de ellos se conduce con mendacidad, y cual con veracidad, cabe prescindir de ambos testimonios, pues se neutralizan negativamente (art. 456 ley 7425).
Medidas cautelares, derechos personalísimos, buscadores de Internet
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: David  Gutiérrez  Pamela  y otros c/ Microsoft de Argentina SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Sólo es razonable una medida precautoria que garantice los derechos personalísimos de la actora sin bloquear resultados del buscador que no sean susceptibles de afectar esos derechos, criterio que, por otra parte, es claramente incompatible con la resolución apelada. Por ello, toda vez que los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos, la protección cautelar acordada a la actora en este proceso debe mantenerse, aunque con un alcance apropiado que armonice los intereses en juego, sin ocasionar perjuicios que pueden evitarse modificando los términos en que fue ampliada (cfr. Sala III, causa 7489 cit; esta Sala, causas 6087/08 y 3565/08 cit.).
Superior Tribunal de Justicia, Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: CAMPOS JOSE ANTONIO, ACOSTA ESTEBAN ANDRES S.D ROBO, ROBO AGRAVADO CON ESCALAMIENTO E.P. MARTA PINEDA;AGUILERA NAHIARA Y JOSE RICARDO CHAYEP. s/ CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 365 DEL CODIGO PROCESAL PENAL -ELEVACION A JUICIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-09-08

El artículo 31 de la Constitución Nacional establece el principio de supremacía constitucional que implica que toda norma inferior debe adecuarse a la misma.
Impulso procesal, rol de querellante
Materia: PENAL
Carátula: SOTHAM, Pedro Gilberto c/  s/ recurso de casación. REGISTRO Nro: 1670/16.4
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-20

La disidencia sostuvo que la desarticulada actividad procesal del pretenso querellante, en cuanto no impulsó la acción en orden al delito que lo habría tenido como víctima, la que, en los hechos, selló negativamente su suerte para seguir interviniendo en el proceso en calidad de querellante, dado que a partir de allí perdió su calidad de persona directamente ofendida. (Dres. Gemignani -disidencia-, Borinsky, Hornos -voto concurrente-).
Cláusula penal, indemnización, usura
Materia: PENAL
Carátula: UTRERA, MARIO R. s/ USURA - CLAUSULA PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-29

1) La CLAUSULA PENAL es un instituto de derecho civil, que reemplaza la indemnización de perjuicios e intereses y que, inclusive, en cuanto a los montos acordados, puede modificarse judicialmente, cuando en atención al valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso pueda inferirse un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.

2) No configura el delito de USURA la inserción de una cláusula penal consistente en el 2% diario del total de la cantidad obligada a pagar, suscripta a raíz de la suspensión de un remate y que se efectivizaría en caso de incumplimiento de la obligación principal (que consistía en el pago de una suma de dinero en fecha determinada).

3) No puede hablarse de "NECESIDAD" en los términos requeridos por la ley, cuando la operación de que se trata estaba vinculada a las actividades comerciales del interesado, por lo que la transacción a que se arribara constituía una forma de hacer posible la continuación de una mera actividad de ese carácter, o sea, que se trata de una decisión basada en la conveniencia.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PENAL
Carátula: Gorjón, Angel c/ Hermoso de Eleicegui, Liliana Noemí s/ Querrellas por injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Si el querellante ha tenido razones para querellar, no advirtiéndose que haya obrado con temeridad o mala fe, toda vez que ha ejercido la acción que la ley reserva a su exclusiva voluntad en defensa de lo que ha creído una ofensa a su honor, parece lógico conceptuar debilitado el concepto de vencido, premisa para imponer las costas.

En consecuencia, estímase que deben ser impuestos en el orden causado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba confesional, indivisibilidad de la confesión
Materia: PENAL
Carátula: Taborda, Esteban Omar s/ Homicidio y lesiones graves en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Las presunciones (art. 236 -n.a.- C.P.P.) para dividir la confesión deben ser graves siendo insuficiente cualquier indicio desfavorable -como son los malos antecedentes, la fuga e incluso una condena por falsario- porque le sería impedido para siempre alegar, por ejemplo, una legítima defensa que hubiese ocurrido en la realidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de emergencia, derechos adquiridos
Materia: LABORAL
Carátula: CORREA ENRIQUE OSVALDO c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/CONCESION GRACIABLE s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-19

Aún cuando se considerare aplicable la legislación de emergencia, la misma no puede apartarse del Derecho que impone la supremacía de la Constitución. En análogo orden de consideraciones, cuando bajo la vigencia de una norma el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, que ni el legislador ni el juez pueden arrebatar, ya que el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema.
Prueba, prueba pericial, designación de perito, derechos de las partes, instrucción, producción de la prueba, prevención
Materia: PROCESAL
Carátula: Serena, Roberto s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-07

La facutad de las partes para proponer peritos, y por ende tomar conocimiento del objeto del peritaje dispuesto, se limita a la etapa del sumario, por lo que debe excluirse la producción de dicha hipótesis duramente la prevención policial.
Accidentes de trabajo, improcedencia del recurso, monto de la indemnización, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ GUSTAVO EDUARDO c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

El agravio de la parte actora fundado en que la instancia de grado omitió tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 inc. b) y que, por lo tanto, no se invalidara el tope previsto en el Dec. 1278/0, debe ser rechazado, por cuanto efectuado el análisis del agravio constitucional-patrimonial a partir de la utilización -como parámetros concretos- de los montos indemnizatorios fijados por el Decreto 1694/09 y el DNU 1278/00 y el quantum indemnizatorio al que se arriba con uno y otro, la diferencia no resulta irrazonable, inadecuada o desproporcionada en orden a los fines tuitivos de la legislación laboral. En efecto, si tomamos en cuenta la indemnización que le correspondería de aplicarse el decreto 1278/00 -tal como lo indica el magistrado- se arriba a una indemnización por la suma de $24.903,97. Y comparado tal importe con el que resultaría de aplicar el piso previsto por el decreto 1694/09 ($25.200), la merma se traduce en un 1.18%, lo cual, claramente determina que no estén dadas las condiciones que justifiquen un pronunciamiento judicial invalidatorio del régimen legal aplicable.
Sentencia ultra petita, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Manrique, Alfredo Fabián c/ Level S.R.L. s/ Laboral -Diferencia y Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-21

La elección de una tasa de interés determinada compete al juez de la causa en el encuadre de la regla 3º del artículo 622 del Código Civil, sin estar por ello obligado a ceñirse a la petición actoral, toda vez que en una contienda del derecho laboral la Ley 69 por su artículo 71 lo faculta para sentenciar "ultra petita".
Responsabilidad del Estado, obras públicas, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Ezequiel Pedro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Amigo de Seronero, Bellarmina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios La Menza, Vicente Silverio y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11|1992-09-15|1993-05-18

La reparación debida por el Estado por los perjuicios ocasionados por una obra pública que alteró el equilibrio hídrico del sistema, debe resolverse a la luz de los principios generales que se traducen en la procedencia de una indemnización plena y no limitada al daño emergente, que incluya también al lucro cesante acreditado
Dominio, constitucionalidad
Materia: PENAL -CIVIL
Carátula: MURILLO, JULIO EDGARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO - MOTOVEHICULOS - REGIMEN LEGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-31

No se viola el principio de la indelegabilidad de la facultad legislativa penal (C.N., 67 inc. 11), cuando el reglamento ejecutivo de una ley penal opera intra legem, es decir, conforme con las facultades que ella misma ha otorgado al Poder Ejecutivo Nacional.

"Ello constituye un procedimiento adecuado para lograr la eficaz y oportuna represión de ciertos hechos contrarios a intereses jurídicos referidos a relaciones sociales que, por su carácter fluctuante, no se avienen a que su sanción penal se establezca mediante leyes cuyos tipos sean flexibles, en el sentido de que sin cambiar la ley que los castiga, se puedan ir estructurando a la par y en la medida que la reglamentación jurídica de esas situaciones lo exija" (Núñez, "La Ley: Unica Fuente del Derecho Penal Argentino", U N.C., Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Año V, pág. 101).

En el sub-júdice debe señalarse que el art. 5 del Decreto Ley 6582/58 establece, in fine: "El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido por el presente Decreto Ley":

A su vez, el art. 1 de la Resolución 586/88 dispone: "incluir en el régimen establecido por el Decreto Ley 6582/58, ratificado por Ley 14.467..., conforme la facultad otorgada en el art. 5 del mencionado decreto, a motovehículos.

Consecuentemente, en el caso la tipificación del hecho tiene sustento legal, pues la resolución 586/88, ha operado intra legem, por ello no se ha violado el principio de indelegabilidad de la facultad legislativa penal (art. 67, inc. 11 C.N.).

En tal sentido no resulta ocioso recordar que, frente a situaciones jurídicas similares como el art. 206 C.P. y la Ley 20.771 (Estupefacientes) no han prosperado opiniones doctrinales o jurisprudenciales que pudieran ser contrarias a la validez de la elaboración por parte de la autoridad administrativa de la lista de las plagas epizoóticas y vegetales o de las sustancias estupefacientes que, respectivamente, puedan ganar involucradas en dicho artículo y en esa ley. (Voto de la mayoría del Dr. Ayán).-