marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores rurales, beneficiarios de la indemnización laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SCHEGEL DE RIOS SARA c/ GRANJAS Y CRIADEROS LINEA AVICOLA S.A. s/ COBRO INDEMNIZACION ART. 73 LEY 22248
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-18

No son aplicables los recaudos jurisprudencialmente de herederos artículo 729 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial-, cuando se reclama la indemnización prevista en el artículo 73 del Régimen Nacional del Trabajador Agrario ya que no se dirime aquí ninguna controversia "iure sucesionis", sino que se trata de probar el vínculo de parentesco, acreditación que se hace fácilmente con la partida, lo que no obsta a que se rinda con cualquier otro medio de prueba tan fehaciente como ella, carácter que reune el testimonio del auto de declaratoria de herederos, toda vez que el mismo fue dictado en base a las constancias de las partidas pertinentes, según sus menciones.
Daños y perjuicios, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López Cesar c/ Gorchs Guillermo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Si el análisis integral de las actuaciones acollaradas, que muestran las falencias del abogado, no gravitaron a la postre en el resultado de la litis, pues el cliente carecía de defensas y excepciones válidas para oponer, la actuación negligente del abogado resultó inocua, si el cliente no podía oponerse con éxito a la pretensión sobre reivindicación que le habían deducido.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RIOS, Raúl c/ COLQUE, Haydée Beatriz s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10

Se ha dicho que "...de acuerdo al art. 386 del C.P.C.C., salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. La apreciación de las pruebas tiene lugar mediante el empleo de reglas de la experiencia que el juez extrae de todos los campos.

Se entiende por reglas de la sana crítica aquellas que son aconsejadas por el buen sentido, aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia, y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso.

En el indagar o auscultar global, se ha de tratar de reflotar todas las situaciones hipotéticas posibles que puedan subyacer bajo el tejido probatorio (Morello: "Códigos Comentados", tomo V-A pág. 252).

Lo que se persigue, es la razonable certeza acerca de un resultado; el órgano jurisdiccional, al apreciar la prueba producida, a la luz de las pretensiones de las partes, está tratando de arribar a un conocimiento en forma indirecta, mediata, y al decidirse en la sentencia, persigue una solución probable, no la absoluta (CApel.CC. de Mercedes en E.D. 105-64).

Los hechos deben suponerse conforme a lo normal y regular en la ocurrencia de las cosas, lo cual en cierta medida, está relacionado con lo que dimana de las máximas de la experiencia (CApel.CC.Salta, Sala III, año 2003, f° 176)._Palacio ("Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, Bs.As., 1977, tomo IV, pág. 415) dice que las reglas de la "sana crítica", aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador.

Se trata, por un lado, de los principios de la lógica, y por otro lado, de las "máximas de experiencia", es decir de los preceptos extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de posibilidad y de realidad.- En otras palabras, las reglas de la "sana crítica" no son normas jurídicas, por cuya recta y uniforme aplicación deben velar los jueces, sino simples preceptos de lógica o de sentido común para discernir lo verdadero de lo falso, en que también tienen que ver las máximas de experiencia, apoyadas en el conocimiento que el juez tiene del mundo y de las cosas. (CApel.CC. Salta, Sala III (integrada por Dres. Domínguez y Casermeiro, 13-6-05, "Pereyra vs. Pereyra", n° 77751, tomo año 2005, pág. 600).
Emergencia económica, depósito judicial, reprogramación de los depósitos, pesificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Saber, Ciro Adrián c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Resulta claro que los depósitos judiciales quedaron incluidos en las previsiones del art. 2° del decreto 214/02, en tanto esta norma comprende a todos los depósitos existentes en el sistema financiero, sin distinguir entre los convencionales y los judiciales, a lo que se suma la circunstancia de que estos últimos sólo fueron excluidos del régimen de "reprogramación" (comunicación "A" 3496/02 del Banco Central de la República Argentina); ninguna disposición los excluyó de la transformación a pesos establecida por ese decreto que fue ratificado por la ley 25.967 (art. 64) y una interpretación contraria importaría efectuar distinciones donde la norma no lo hace, ante lo cual corresponde recordar el conocido adagio ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco). -Del precedente "EMM S.R.L", al que remitió la disidencia-.
Recurso de inconstitucionalidad, indemnización tarifada, RIPTE, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Paniagua, Hugo Alberto c/ Asociart ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (parcialmente concedido por la cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-16

Se observa que la resolución 1039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación -cuyo artículo 3 fue declarado inconstitucional de oficio por el A quo-, como norma aclaratoria y complementaria del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, tendente a simplificar el pago de la indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales, en beneficio de los trabajadores, no hizo más que clarificar que a los fines del inciso 2, la Superintendencia de Seguros de la Nación publica las tasas de variación mensual y la fórmula mediante la cual se debe calcular la tasa de variación diaria del RIPTE y que el interés devengado se calcula en forma simple, sumando las variaciones diarias del RIPTE correspondientes a la cantidad de días transcurridos entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la fecha de cálculo de la reserva o la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización, según sea el caso; debiendo destacarse por lo demás que con su proceder la Sala a quo también se apartó de lo resuelto por esta Corte en "Carasales", donde se resaltó que no es igual el cálculo que debe hacerse para el inciso 1 que para el inciso 2 del artículo en cuestión, ya que en el primero se multiplica el coeficiente de la variación del RIPTE entre dos fechas, mientras que en el segundo se trata de un interés simple, sumando las variaciones diarias del RIPTE entre dos fechas. - CITAS: CSJStaFe: Carasales, AyS T 323, p 176. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12, inciso 2; Decreto nacional 669/19; Superintendencia de Seguros de la Nación, resolución 1039/19.
Interpretación del contrato, cláusula de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: SERVENTE CONSTRUCTORA S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

El objeto de las cláusulas estabilizadoras, de garantía o reajuste, es mantener, en la medida de lo posible, el equilibrio inicial de las prestaciones. Las cláusulas estabilizadoras quedarían tergiversadas si, ante la existencia de dos mercados oficiales de cambio, el intérprete se inclinara por el que arroje la menor ecuación, porque, en ese caso, se olvidaría el objeto fin y la voluntad real perseguida por los contratantes.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Presidente S.R.L. (e.l.) y Pedro E. D'Alessandro s/ Quiebra. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

La decisión de la Cámara que rechaza la queja interpuesta de conformidad con el artículo 275 del C.P.C. contra la resolución de primera instancia que declaró la inapelabilidad de la decisión sobre medidas cautelares en los términos del artículo 296 inciso 3 de la Ley de Concursos, no es definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, notificación personal, astreintes
Materia: PROCESAL
Carátula: Quinteros c/ Fortaleza de la Frontera S.A. s/ Incidente de nulidad-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-07

Fundando el recurrente el recurso de casación articulado en error in procedendo por no haber sido notificado personalmente de las astreintes establecidas en la sentencia, cabe señalar que sus fundamentos, no son de aplicación al caso, toda vez que el nuevo C.P.C fue sancionado con posterioridad al inicio de la presente causa, debiéndose regir por lo tanto por las normas del código anterior, sin que exista en este último, disposición alguna que imponga la obligación de notificar personalmente o por cédula las obligaciones de hacer. Conforme a lo expresado y de las constancias obrantes en la causa no surge que exista apartamiento de lo resuelto por Cámara de Apelación respecto de las normas procesales que rigen el presente caso, como tampoco lesión al derecho de defensa, toda vez que la demandada pudo ejercer todos los derechos que las normas de rito le acuerdan en las distintas etapas del proceso, por lo que resulta formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto.
Cuenta de capitalización individual, derecho de propiedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chocron, Sergio Alejandro c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-20

El traspaso operado en relación al saldo voluntario de la cuenta de capitalización individual (C.C.I.) resultó lesivo a los derechos amparados por los arts. 14 bis, tercera parte, y 17 de la C.N., aún dentro del reducido alcance reconocido por la ley 24.241 al derecho de propiedad de la parte actora sobre aquel, porque a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley 26.425 y siendo de público y notorio la aplicación de importantes sumas de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (F.G.S), conformado -entre otros- por los recursos provenientes de los aportes de quien demanda, a diversos fines, lo cierto es que el actor se vio impedido en tiempo oportuno de ejercer la elección prevista en el art. 6 de la ley 26.425, porque hasta entonces no había sido dictada la reglamentación correspondiente (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 24.09.09, "Fernández, Edgardo Ramiro"). Y a casi tres años de vigencia de la mentada ley, y sin perjuicio del dictado de algunas disposiciones reglamentarias, es válido afirmar que perdura el impedimento apuntado, dado que la mentada "nómina" persiste en el anonimato, privando de operatividad al procedimiento. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Honorarios, monto del juicio, base regulatoria, dólares, conversión de moneda, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Bergamasco, Francisco c/ Alderico, Daniel Alberto y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-21

Cabe confirmar la resolución que, a los fines de practicar la regulación, la a-quo efectuó la misma en el importe reclamado en dólares, para luego realizar la conversión a la moneda de curso legal nacional. Dicho temperamento encuentra expreso respaldo legal en lo normado por el CPR 520 (último párrafo). Por lo demás, no se produce una pérdida del valor adquisitivo de los honorarios regulados con respecto al valor de adquisición del dólar. En efecto, es la misma norma ya citada la que establece que el mecanismo de conversión es "sin perjuicio del reajuste que pudiere corresponder al día del pago".
Cheque, estafa, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: RAMOS MARIO OSCAR Y OTRO s/ USO DOCUMENTO FALSO - ESTAFA - DELITO IMPOSIBLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-20

Si el acusado utilizó un cheque falsificado perteneciente al ministerio de economía de la provincia, librado al portador por una que excedía la permitida por la ley 23549, para la circulación de este tipo de valores y sin consignar el destinatario, el acusado debe responder por los delitos de uso de documento público falso (C.

p. arts. 296 y 292) y delito imposible de estafa en perjuicio de una Administración pública (c.P. art. 174 inc. 5to.), habida cuenta que resultó imposible el cobro del cheque por carecer del sello oficial y no reunir los recaudos legales y que el acusado actuó en la creencia de que en esa forma lograría sus propósitos, pero el medio resultaba inidóneo ante la manera que se había elegido.-
Concursos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scozzani, Sergio José s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

Si al momento de promoverse esta acción y aún, en buena medida, del enarbolado período de sospecha del presunto fallido, éste se domiciliaba en la Ciudad de Mar del Plata, corresponde de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 3 inc. 1 de la ley 19551 (arts. 89 y 90 inc. 5, Cód. Civil), dirimir la competencia de acuerdo al soporte fáctico surgente de autos a la época de incoarse este proceso, lo que implica concluir en la necesaria radicación de la causa ante los Tribunales del Departamento Judicial de Mar del Plata, sin que exista acreditación alguna que evidencia un cambio de domicilio.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, error judicial, detención, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Pérez, Hugo Antonio  c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-04

Es arbitraria la sentencia hizo lugar a la demanda promovida contra el Estado Nacional para que se indemnice al actor los daños y perjuicios que le habían ocasionado la imputación de un delito, su detención y procesamiento, pues la cámara no tuvo en consideración que la declaración de nulidad, en la cual sustentó la condena contra el Estado Nacional, no derivó del reconocimiento por parte de los órganos judiciales intervinientes de la ilegitimidad de las resoluciones que dispusieron la detención y el procesamiento del actor, sino que obedeció a la falta de neutralidad del magistrado que tuvo su primera manifestación en una fecha posterior al dictado de los pronunciamientos que habrían ocasionado perjuicios al actor. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Buques militares, Estados extranjeros, actos de servicio, capitán
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañia Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La manifestación del embajador del Estado extranjero en el sentido de que el accionar del capitán del buque de guerra de su país constituyó "acto de servicio" en carácter de agente de su Estado, debe tomarse como la declaración formal y solemne de este Estado no sujeta a revisión, ni controversia ante la Corte.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ MILKI MANUELA c/ ERNESTA APOLONIA GUTIERREZ Y/U OTRO OCUPANTE s/ DESALOJO - CASACION FERNANDEZ MILKI MANUELA c/ ERNESTA APOLONIA GUTIERREZ Y/U OTRO OCUPANTE s/ DEESALOJO - CASACION RODRIGUEZ, JORGE ANTONIO c/ VON ARXS, DAVID ANDRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION LEDESMA, SANTIAGO c/ LEDESMA, JOSE LUIS s/ COBRO DE PESOS-CASACION JIMENEZ DE LEZANA MARIA ALEJANDRA c/ SANTIAGO CARLOS LEZANA s/ DIVORCIO-CASACION PAJON NERIO F. c/ YOCCA HECTOR H. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION TREJO, ORLANDO MARCIAL c/ CORONEL, ROXANA LILIANA s/ COBRO DE PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-11-15|1995-11-15|1999-06-28|1999-08-17|1997-04-07|1999-03-23|2001-03-16

La correcta interpretacion del recurso casatorio exige que el escrito postulatorio en que se asienta la pretensión impugnativa debe contener específicamente la norma legal que se considera violada, demostrando en que consiste esa violacion y señalando cual es la norma legal aplicable al caso.
Cuestiones de competencia, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Navarro, Jonathan Matías Y Rubén Darío (Hermanos) sobre 52 - hostigar, intimidar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Haciendo primar un criterio que privilegie un servicio de justicia eficiente, que atienda al grado de conocimiento e intervención ya desplegado por los órganos locales y a la estrecha conexión entre los hechos investigados, corresponde mantener la radicación en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, el que resulta competente para entender, al menos, respecto de uno de los hechos investigados (amenazas). A ello se agrega que, conforme la certificación llevada a cabo por el Fiscal General Adjunto al momento de dictaminar, en la actualidad no existe un caso que tramite en la justicia nacional ordinaria vinculado con las presentes actuaciones. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAGRERA HECTOR MARIO c/ PAGLINO RUBEN MARIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS GOENAGA DE WIENGREEN MARIA CATALINA c/ HERRERA GERARDO LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS PEREZ JUAN DE DIOS c/ HURE DE MARIANI GENOVEVA T. s/ COBRO DE PESOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS D'AMBROSIO JOSEFA c/ CORTAGERENA HUGO R. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS DA SOSA GALVAN J. c/ HERNANDEZ RUBEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-07|1987-12-29|1986-12-23|1987-02-10|1991-02-07

Sabido es que toda maniobra de conducción que importa un cambio en el sentido de la que hasta entonces se cumplía no debe realizarse sin asegurarse previamente que tal gesto está expedito en tanto que su realización no implica un riesgo para alguien o un entorpecimiento de tránsito.
Exceso ritual manifiesto, deserción del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ivanoff, Yesica Paula c/ Ivanoff, Carlos Alberto s/División de condominio c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-30

En razón de las particulares circunstancias de la causa, ha incurrido en exceso de rito la Cámara que declaró desierto (arts. 124, 254 y 261 del Código Procesal Civil y Comercial) el recurso de apelación concedido libremente cuyo escrito de fundamentación fue enviado con antelación, electrónicamente, al juzgado de origen, invalidándolo por haberse presentado fuera del ámbito y plazo pertinente, cuando surge la falta de todo agravio de la contraria y la efectiva agregación y visualización de la pieza electrónica en el expediente digital, en forma previa al momento en que el a quo se encontrara en condiciones para resolver la cuestión planteada.(doctor Pettigiani, minoría)
Responsabilidad de la provincia, lesiones, empresa constructora, cosa riesgosa, pavimento mojado, responsabilidad del conductor
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - LABORAL
Carátula: Irala  Aguayo,  Abundio c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia deFormosa s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Debe atribuirse el 50 % de responsabilidad a la provincia propietaria del vehículo por las severas lesiones sufridas por el operario embestido, ya que si bien se acreditó que la empresa constructora no había adoptado las medidas necesarias y acordadas con la índole del trabajo que realizaba ni contempló las condiciones meteorológicas reinantes, que agravaban los riesgos que, de suyo, entrañaban las tareas de repavimentación (art.

512 del Código Civil), se probó que el vehículo transitaba a una velocidad inapropiada para las condiciones climáticas imperantes.
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, facultades del juez, interpretación de la ley, poder de policía
Materia: PROCESAL
Carátula: Inc. de nulidad s/ Inc. de nulidad. Causa 10554
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

Una interpretación literal del art. 224 del C.P.P.N. reglamentario del art. 18 de la Constitución Nacional podrá llevar a sostener que los únicos que pueden recibir por delegación facultad de allanar domicilios, son los funcionarios de la Policía Federal, solución que no resulta compatible ni con la Ley Suprema ni con la disposición legal citada interpretados armónicamente, ni tampoco con la facultad de quien se encuentra investido de las atribuciones de correr el velo de la inviolabilidad domiciliaria, es decir, el Magistrado interviniente.

Es que nuestra ley procesal no menciona, como ocurre en otros ordenamientos en que así se lo hace (C.P.P. de la Provincia de Córdoba). Ello lleva a interpretar la expresión 2 funcionario de policía" no sólo a aquellos funcionarios, sino también los que ejercen la policía en materia económica.
Contrato de trabajo, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Cano,  Marcelo  Fabián c/ Victorio  Américo  Gualtieri  S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-17

Si bien el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 245 LCT, no fue un capítulo propuesto en la primera instancia, por lo cual la alzada estaría impedida de fallar al respecto (art. 277 CPCCN), cabe hacer lugar al mismo por aplicación de la doctrina de la CSJN sentada en los autos "Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra" del 19/08/04, donde se estableció la potestad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de una norma de oficio, supliendo así el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente", y lo establecido in re "Ricci, Oscar Francisco A. c/ Autolatina S.A. y otro s/ accidente ley 9688", del 28/04/98. En este último, el Alto Tribunal estableció que si bien la custión federal debe formularse en la primera oportunidad procesal, de modo de habilitar el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta los derechos en juego, el rigor de tal razonamiento debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar el fin esencial de las normas indemnizatorias, por lo que puede admitirse excepcionalmente la introducción del caso federal en la oportunidad de expresar agravios.
Contratos, compraventa, débito fiscal, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: Queruclor SRL c/Maycar SA s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-17

Corresponde admitir el reclamo de cobro de las facturas impagas, emitidas en el marco de una operación de compraventa, toda vez que surge de los registros contables de ambas partes los documentos reclamados. En ese marco, resultan insuficientes a fin de acreditar la cancelación de las facturas y/o la deficiente entrega de las mercaderías detalladas en los remitos, las notas de débito acompañadas por la demandada que hacen referencia a órdenes de compra también emitidas por ella, pues no tienen correlato directo con alguna de ellas. Además, dicha situación genera un halo de incertidumbre respecto de su validez, pues ambos documentos han sido emitidos unilateralmente por la misma parte, sin que se haya probado la intervención de la contraria en su conformación.