marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley previsional, beneficios previsionales, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deassis Martín Enrique c/ Caja de Ret. Jub. y Pensiones de la Pol. Fed. Arg. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad (A)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

A los fines de interpretar las normas previsionales existen dos criterios diferentes, que se aplican a situaciones enteramente dispares, a saber: a) según se trate de prestaciones que se otorgan a la generalidad de los beneficiarios y que responden a los fines propios del régimen jubilatorio, esto es, las que se ajustan estrictamente a la necesidad de cubrir los riesgos de subsistencia y ancianidad, b) según se trate de prestaciones excepcionales, en tanto se conceden a grupos singulares de personas mediante el cumplimiento de menores exigencias o recaudos, o acordando mayores beneficios que los comunes, y ello sin atender especialmente a los requerimientos de las mencionadas contingencias sociales (Fallos 302:363; en igual sentido, Sala I, 27/7/93, "Martínez, Hugo O.

c/Min.del Interior"), el correcto alcance que cabe asignar a normas que consagran beneficios excepcionales no se aviene con las reglas amplias de interpretación establecidas respecto de los sistemas jubilatorios comunes o normales, pues median obvias razones de justicia que impiden evaluar ambos regímenes (el general y el privilegiado) con las mismas pautas y, en consecuencia, resulta adecuado dilucidar la cuestión con un criterio estricto y riguroso (Fallos cit.; en igual sentido, esta Sala, 19/12/86, "Donnini, Armando Rómulo c/ Min. de Acción Social").
Impuesto a los réditos, multa tributaria, ley penal más benigna
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: YAMATAZO HNOS.  S.R.L. s/ IMPUESTO  A  LOS  REDITOS  Y  EMERGENCIA  -  RECURSO  DE  APELACION -  TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Esta Cámara tiene por válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre hechos probados, salvo que se repute que se ha incurrido en error en su apreciación de modo que justifique apartarse de ellos.

Resulta inaplicable el art. 34 de la ley de impuestos a los réditos cuando en los períodos de que se trata no han existido pagos efectuados para adquirir bienes, ni erogaciones que sean deducibles, a los fines del balance fiscal.

Las multas aplicadas sobre la base de presunciones contenidas en los incs. c) y e) del art. 46 de la ley 11683 (t.o. 1960 y modif.) han perdido sustento normativo por aplicación del principio de la ley penal más benigna.
Protección de la maternidad, despido por maternidad, trabajo de mujeres, presunción de despido
Materia: LABORAL
Carátula: Villafañe, Ana María c/ Lago, Martín S.A. s/ Diferencias de Indemnización s/ Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-11-11

El art. 178 de la LCT. contempla el caso de emisión por parte del empleador de una declaración de voluntad rescisoria, cierta, precisa e inequívoca; cuando esa voluntad se exterioriza en el llamado período de sospecha entra a jugar la presunción legal.
Filiación, daño moral, reconocimiento de hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: B.J. c/ M.C.A. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-25

Quien no reconoció a sus hijos no puede ser condenado a abonar el daño moral derivado de su actuar, si éstos al nacer habían sido reconocidos como hijos por el esposo de la progenitora, pues no existió un obrar ilícito de su parte dado que no se encontraba legitimado para promover la acción de impugnación de la paternidad y si bien podría haberla promovido cuestionando la constitucionalidad del art. 259 del Código Civil, no puede exigírsele una conducta de ese tipo ya que las leyes se presumen constitucionales. En otras palabras, no puede imputársele al demandado un comportamiento omisivo antijurídico cuando es la propia ley la que le indica tal forma de actuar.
Responsabilidad extracontractual, daño moral, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caffaro, Norberto José y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Daños y perjuicios. Por responsabilidad del Estado por sus agentes o función
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

En materia de responsabilidad extracontractual el daño moral puede resultar acreditado in re ipsa loquitur, al hallárselo demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica. Esta situación se patentiza cuando exigirle adicional prueba de sus mortificaciones y sufrimientos al accionante implicaría incurrir en un excesivo rigor desde que dicha consecuencia ha de tenerse por verificada a partir de la constatación, naturaleza, magnitud e impacto de la propia acción antijurídica, de la repercusión que ésta produce de ordinario según lo que es común y corriente, en tanto tal indicio resulte vigoroso y de tal trascendente eficacia probatoria que permita razonablemente -de acuerdo con las particularidades de cada caso- arribar a dicho resultado en virtud del empleo de presunciones hominis (doctr. arts. 163 inc. 5, 384 y concs., CPCC). En tales circunstancias, cabe presumir la existencia del daño moral y, por ende, su procedencia, incumbiéndole al responsable del hecho dañoso acreditar la existencia de alguna situación objetiva que excluya la posibilidad de su configuración.(doctor Pettigiani, mayoría)
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paso de Rosetto, Maria Elisa c/ Banco de la Pcia. de Buenos Aires s/ Rescisión de contrato Revoredo, Pedro A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Actualización. Revisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26|1987-02-10

Resulta competente la justicia ordinaria para conocer y decidir el conflicto suscitado entre un particular y el Banco de la Pcia. de Buenos Aires con motivo de la celebración de un contrato de "ahorro y préstamo para la vivienda".
Obras sociales, responsabilidad solidaria, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Slupski, Viviana c/ Aletheia Sud SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-12

Las obras sociales, en cuanto administran el sistema de atención médica de sus beneficiarios, habilitada por la ley 23.660, no prestan servicios médicos, ni asistenciales, sino que administran un patrimonio afectado a esa prestación, que es realizada por otros contratados al efecto. La prestación médica asistencial no constituye un servicio o trabajo propio de la actividad normal y específica de las obras sociales, por lo cual las obras sociales no son responsables en los términos del art. 30 L.C.T..
Debido proceso, defensa en juicio, violencia de género, consentimiento del fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gonzalez Díaz, Agustín s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-12

En mérito a la vinculatoriedad de la fundada conformidad dada por el representante del MPF, más allá de su acierto o no, resulta dirimente para la solución del caso, puesto que es contrario al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio, realizar un debate cuya suspensión ha sido postulada por el titular de la acción. Si el órgano judicial sigue adelante con un proceso cuya suspensión consintió el fiscal, habrá perdido las garantías mínimas de imparcialidad y, con ello, carecerá de validez constitucional. La disidencia sostuvo que el consentimiento prestado por el fiscal, en el caso, no resulta vinculante por carecer de fundamentación, por cuanto los sucesos investigados constituyen hechos de violencia dirigidos contra la mujer amparados por la Convención de Belem Do Pará.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades del juez, sentencia absolutoria, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, debido proceso, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Fernando Ariel Carrera en la causa Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-25

Si tras casi nueve años de trámite de la causa aún no ha sido dictada una decisión que trate de modo compatible con el debido proceso la hipótesis de los hechos presentada por la defensa -vinculada con la inocencia en los delitos que se atribuyen- y dado que el análisis parcial e incongruente del caso resulta incompatible con la necesaria certeza que requiere la sanción punitiva adoptada, corresponde que la Corte haga uso de las facultades establecidas en la segunda parte del art. 16 de la ley 48, absolviendo al procesado de conformidad con lo dispuesto por el art. 3° del Código Procesal Penal de la Nación
Cheque sin fondos, querellante, cheque al portador, tenencia simple
Materia: PENAL
Carátula: GEBARA, EDUARDO DAVID s/ Cheque sin fondos, Inc. de excepción previa de falta de acción y  legitimidad en el querellante Causa 34920
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

Corresponde revocar la resolución que hizo lugar a la excepción previa deducida por la defensa, admitiendo la falta de acción en el querellante y la falta de personería en el representante de este, si además de haber sido admitido por el incidentista que el querellante tenedor del cheque librado al portador era el particular ofendido por el delito, la carga de la prueba de la invocada ilegitimidad de su tenencia está a cargo de quien la alega, siendo además que quién deduce una excepción previa debe acompañar los documentos justificativos de los hechos que la fundaren.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, ley procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DIEZ, MANUEL BENJAMIN c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR RETARDADA JUSTICIA (NULIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-22

El presentante solicitó se declare la nulidad del decreto de Presidencia que no hizo lugar a la revocatoria contra el proveído que desestimó la nulidad de todo lo actuado por el A quo (y por efecto difusivo, de la resolución de esta Corte que desestimó la queja por retardada justicia deducida en autos), por considerar que aquél no cumple con lo establecido en el artículo 26 de la ley 10160 (que requiere para dictar sentencia válida el voto totalmente concordante de dos jueces), mas el interesado incurre en un yerro al considerar aplicable esta norma, no sólo porque ésta refiere a la cantidad de votos necesarios para dictar resoluciones en las Cámaras de Apelación -en tanto los presentes autos tramitan por ante la Corte- sino también porque dicho acto procesal fue dictado en el ejercicio de la potestad establecida en el inciso 2 de la segunda parte del artículo 22. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículos 26 y 22, inciso 2 de la segunda parte.
Prescripción adquisitiva, posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ullua, Ricardo R. y otros c/ Capurro, Osvaldo G. y otros s/ Posesión veinteañal Guanciarrosa, Luis Alberto c/ Capurro, Osvaldo G. y otros s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-05|1988-05-05

El corpus, elemento material de la posesión, lo constituye el uso, goce o aprovechamiento de la cosa, siendo el animus el requisito intencional que si bien es abstracto, ha menester de hechos exteriores que conduzcan a tenerlo por acreditado. El corpus no hace presumir el animus.
Daños y perjuicios, proceso penal, prisión preventiva, sentencia absolutoria, responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Juan de la Cruz y otros c/ Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Se configura el error judicial indemnizable cuando se acredita que la decisión que dispone la prisión preventiva resulta objetivamente contradictoria con los hechos que surgen de los autos, o respecto de las normas que condicionan la aplicación de la medida, pues en tales casos media un apartamiento, objetivamente comprobable, de la tarea de hacer justicia a través de la aplicación del derecho (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Estupefacientes, vacío legal
Materia: PENAL
Carátula: Techera, Nicodemo s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-04-30

La promulgación de la Ley 20.771 sobre estupefacientes, no provoca vacío legislativo alguno.
Derecho laboral, despido, inmunidad de jurisdicción, jueces, denegatoria del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: De Macedo, Oliveira Gertea Coeli c/ Embajada de la República Federativa de Brasil y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-26

La demandada apela el decisorio de grado que hizo lugar parcialmente a las indemnizaciones por despido pretendidas, arguyendo inmunidad de jurisdicción considerando su carácter de Embajada. Para el caso, es de aplicación el fallo "Manauta" de la CSJN en el que adhirió al principio de inmunidad de jurisdicción relativa, según el cual cabe distinguir entre actos iure imperii -actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano- y los actos iuri gestioni - que no son estrictamente de aquella índole-. Así pues, respecto de los primeros estableció que se mantiene el reconocimiento de la inmunidad del Estado extranjero, en tanto sobre los segundos, erigió que debían ser juzgados en el Estado competente. Desde la órbita de lo descripto, lo cierto es que en la especie, se está en presencia de actos iuri gestini, doctrina que -a su vez-fue receptada por el art. 2 inc. d) de la ley 24.448, en tanto establece que los estados extranjeros no podrán invocar la inmunidad de jurisdicción cuando fueren demandados por cuestiones laborales, motivo por el corresponde desestimar este aspecto del recurso interpuesto.
Huelga, legitimidad de la huelga
Materia: LABORAL
Carátula: MOYANO, RAUL E. c/ FORD MOTOR ARGENTINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

De acuerdo a la normativa constitucional, el titular del derecho de huelga debe ejercerlo en forma y con los recaudos establecidos en la ley de asociaciones profesionales vigente a la fecha en que se concretó el hecho, art. 13 inc. k de la ley 22105. De modo que de conformidad con tal normativa y su decreto reglamentario 640/80, las medidas de acción directa solo pueden ser adoptadas por el voto directo y secreto de los afiliados, en asamblea esencialmente convocada al efecto.
Cláusula penal, principio de inmutabilidad, excepciones procesales, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: LORENZON Augusto c/ ALTMAN Y CIA  S.R.L.  y otro s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-18

La facultad que el ordenamiento concede a los jueces en orden a la reducción de la cláusula penal, constituye una excepción al principio de la inmutabilidad (arts. 655 y 656 del Cód. Civil), pues el importe convencional de la pena resulta amparado con abstracción de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes.
Juez de instrucción, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ Estafa en grado de tentativa (Expte. Nro. 1705-00, Resolución Nro. 208,  Tomo 51, Folio 114)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-26

En los supuestos en que existe ab initio indefinición sobre los tipos penales probablemente en juego, ésta se traslada a una necesaria perplejidad sobre la fecha cierta en que puedan haberse comenzado los actos ejecutivos eventuales, forzando que la instrucción preliminar, para determinar tales aspectos deba recaer en el magistrado que estaba de turno a la fecha de la denuncia o actuación inicial del sumario o de la instrucción.
Derecho contravencional y de faltas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Angel Miguel s/ Infracción art. 96 inc. "f", ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

La ley 8031 no resulta violatoria del derecho de defensa (arts. 9 de la Constitución de la Provincia y 349, inc. 2º, C.P.P.) pues del art. 3º de la misma resulta la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Penal, que en su art. 1º prevé la intervención del Defensor Oficial en defecto de "abogado de la matrícula", sin observarse exclusión alguna.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, acción penal, denunciante, legitimación procesal, proceso penal, partes, actor civil
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: AFIP-DGI (REGIONAL SANTA FE) c/ R., G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUZGADO CORRECCIONAL SEXTA NOMINACION -REMISION REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION DEL DR. FISCAL NRO. 7 DR. MILLEN POR DENUNCIA DE AFP-DGI (DIRECCION REGIONAL SANTA FE) CONTRA DR. RIOS-TITULAR DEL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 11 NOMINACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 56 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-14

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la AFIP-DGI , desde que los reparos dirigidos contra el pronunciamiento impugnado por la vía del recurso de inconstitucionalidad -al juzgar que debía rechazarse la queja por apelación denegada por ausencia de legitimación para recurrir una decisión judicial de archivo de quien es denunciante o alega ser víctima o damnificado directo de un delito- importan tan sólo la mera discrepancia con lo expuesto por la Cámara en ejercicio de funciones propias, en cuanto aclara que en nuestro procedimiento penal vigente se encuentra regulada la posibilidad de que el damnificado directo se inserte como actor civil en el proceso penal entre otras facultades, pero no se halla estipulado que sustituya al Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción en los casos en que a él se le otorga tal función, ni que pueda actuar como reclama aquí la denunciante.

Ello no se encuentra adecuadamente refutado por la compareciente pese a insistir con que la interpretación literal de las normas en juego que se ha efectuado le causa la frustración de derechos y garantías, pues aquella hermeneusis no aparece como irrazonable, sino dentro de los parámetros de logicidad normativos permitidos, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido los sentenciantes. Y si bien puede resultar de conveniencia político criminal extender a cualquier víctima o damnificado (sea particular o sea un organismo público) las facultades que hoy se reconocen en los Tratados Internacionales, tal situación resulta ser una opción política pero no inconstitucional.
Juicio correccional, audiencia de debate, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: GIUDICE BRAVO, Juan (Dr.) s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Ante la inexistencia de una norma en el procedimiento correccional, equivalente al art. 429 del C.P.M.P., ley 2.372 la denegatoria de la apelación interpuesta en oportunidad de corrérsele traslado en los términos del art. 575 de ese cuerpo legal, causa agravio susceptible de ser corregido por la vía del recurso de queja.
Principio de apariencia, buena fe, actos jurídicos
Materia: CIVIL
Carátula: APOSTOLADO DE LA ORACION CENTRO SAN FRANCISCO c/ CANTOS JOSE MARIA s/ DECLARACION DE NULIDAD DE CONTRATO-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

La teoría de la apariencia se sustenta en el obrar de quién ejerce una representación, generando una apariencia de legalidad y formalidad que en realidad no posee. Ahora bien, en aras del principio de buena fe, a fin de posibilitar la dinamización y normalización del tráfico negocial, se tiende a soslayar aquella causa de ineficacia -falta de representación- y permitir que el acto devenido en irregular produzca, de todos modos, los efectos que le son propios.
Recurso de queja (procesal), sentencia no firme, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: M., A. C. s/ QUEJA EN: 'A., A. C. c/ M., A. C. s/ VENIA SUPLETORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-18

"... no cualquier inconveniente, tardanza en la tramitación de un expediente o perjuicio configura un agravio de insuficiente reparación posterior. La lesión debe tener una dimensión singular, importante, significativa, de magnitud tal que por razones de indudable justicia exija quebrar el principio de que los autos no definitivos, o revisibles en juicio posterior, no son impugnables por el recurso extraordinario."
Recurso de apelación (procesal), reconocimiento de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: VERA, MAXIMO ATENOR; GOMILA, JUANA BERNARDA; SORIA, MONICA CLAUDIA, FLORES, JUSTO ALEJANDRO; RODRIGUEZ, OSCAR BELTRAN Y VAZQUEZ, JOSE s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-27

Ante el expreso allanamiento de la obligada al pago, corresponderá hacer lugar al recurso de apelación interpuesto ya que aquél ha sido incondicional en relación al objeto mismo de la impugnación, es decir, a la suma regulada en concepto de honorarios.
Reclamos pecuniarios entre entes estatales, competencia, procurador del tesoro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Junta Nacional de Granos y otro c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de Apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

A la hora de interpretar el alcance del art. 1 de la ley 19.983, debe tenerse en cuenta que el mensaje de elevación que acompaña el proyecto de ley, deja en claro que la intención de la misma es modificar el sistema del decreto - ley 3877/63, y extender la competencia del Procurador del Tesoro de la Nación a la decisión de conflictos en los reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa, por lo que los conflictos suscitados entre entes u organismos de la misma administración pública derivados de la pretensión de imponer multas quedan incluidos dentro de su competencia.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dana, Emilia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Debe rechazarse la demanda que pretende la anulación de la resolución del Instituto de Previsión Social que denegó el beneficio de pensión por no haberse encontrado el causante formalmente afiliado al régimen al que correspondían los servicios prestados por el causante al tiempo de su fallecimiento (Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos), en tanto sólo mediando tal afiliación puede considerarse al causante "afiliado en actividad" a la fecha de su deceso, requisito impuesto por la ley 5425, t.o.

1959. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUIROGA DANIELA NICOLASA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO-MINISTRIO DE ECONOMIA, PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-17

El contrato de pasantías de educación superior establecido por la Ley Nro. 25.165, se caracteriza por plasmarse en un contrato civil: es una estipulación de tercero encuadrado en el art. 504 del Código Civil; los estudiantes no son parte del contrato; las partes del convenio son la institución de educación superior y un organismo o empresa; el plazo del contrato tiene un mínimo de dos meses y un máximo de cuatro años y no hay relación laboral ni tampoco relación de empleo público.
Derecho civil, sucesiones, administración de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: L. R. M. en autos: M. R. J. s/ sucesión c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-16

Quien administre judicialmente la sucesión tiene autonomía para efectuar los actos conservatorios y urgentes, respecto a todos los demás casos requiere autorización o acuerdo unánime de los herederos.