Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-27


La Plata, diciembre 27 de 2006.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Borinsky dijo:

Primero. El Tribunal tuvo por acreditado en la primera cuestión del veredicto que el 13 de agosto de 1996, "... varios sujetos del sexo masculino armados con pistolas, escopetas y ametralladoras que se transportaban en dos vehículos... llegaron a la esquina de camino Gral. Belgrano y La Garza, en Villa Elisa con el propósito de asaltar la sucursal del ex Banco Platense, sita en dicha intersección.

Tres de los individuos penetraron en la entidad financiera intimando con sus armas a los presentes dirigiéndose uno de ellos a las cajas apoderándose de dinero en efectivo.

Coetáneamente se produce un intercambio de disparos de arma de fuego proveniente del exterior del banco que sostenían los ocupantes del móvil policial ubicado enfrente de la sucursal bancaria con otros integrantes del grupo asaltante.

Simultáneamente estos funcionarios son agredidos con disparos de arma de fuego desde la puerta principal del banco por quienes habían ingresado antes del intercambio de disparos; como consecuencia de ellos uno de los asaltantes... resultó muerto. Tres de ellos se dieron a la fuga en el Peugeot 405...".

En orden a la justicia penal, el deber de los magistrados, cualquiera que fueren las peticiones de la acusación y la defensa, o las calificaciones que ellos mismos hayan formulado, consiste en precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, sin más limitación que la de restringir el pronunciamiento al hecho que constituyera materia de juicio (ver CSJN, "Rocchia E.", del 13 de octubre de 1987 en Jurisprudencia Penal de Buenos Aires 66, 117).

En el caso, surge que no se ha dado cumplimiento a dicho requisito, toda vez que en relación al hecho denominado "a" nada se dice en la acusación -tanto en la requisitoria como en el discurso inicial y conforme surge del resumen transcripto al reseñar los antecedentes traídos por la defensa- acerca de la acción o propósito furtivo por parte del grupo armado que entrara a la entidad bancaria.

Este tema fue llevado al juicio por la defensa al alegar sobre la prueba producida y rechazado por el tribunal sobre la base de que el imputado sabía de que se lo acusaba, pues ya se le habían hecho conocer las conductas ilícitas que se estaban juzgando -el desapoderamiento y la muerte, entre otros- en el acto de la indagatoria y en la prisión preventiva circunstancias que, además, fueron sostenidas por el fiscal en la oportunidad del art. 368 del Código Procesal Penal, fijándose de tal modo el ámbito fáctico en el que debían desenvolverse las partes.

Contrariamente a lo sostenido por el Tribunal, estimo que corresponde otorgar atendibilidad al planteo defensista pues nada absolutamente nada dijo el Fiscal a propósito del robo en las oportunidades que tenía para hacerlo.

No cambia la solución la circunstancia de que el imputado fuera indagado por el hecho luego omitido en la requisitoria como en el discurso de apertura, ya que dentro de las facultades del Ministerio Público Fiscal se encuentra, precisamente, la de circunscribir la base fáctica que llevará al juicio, mientras que la Defensa actuaría en contra de los intereses de su defendido, si preguntara al inicio del debate, acerca del déficit puesto de manifiesto en el momento adecuado.

Va de suyo -con lo expuesto- que es inadmisible la ampliación del hecho al momento de alegar, -como pretendiera la Fiscalía y aceptara el Tribunal-, pues de esta manera se impediría al imputado ejercer su derecho a producir, durante el debate, prueba favorable a sus intereses y rebatir la practicada por la parte acusadora, sorprendiéndoselo, una vez finalizada la discusión, con un elemento nuevo respecto del que nada pudo decir.

Tal el fundamento de las disposiciones contenidas en los arts. 359 y 374, sexto párrafo, del Código Procesal Penal.

No huelga recordar, que la hipótesis fáctica determina, al decir de Beling, como recuerda Alfredo Vélez Mariconde ("Derecho Procesal Penal". Lerner. Córdoba. 1982. Tomo II. Página 233 y siguientes), y venimos repitiendo en plurales precedentes, el objeto procesal concreto, el hipotético asunto de la vida en torno del cual gira el juicio, que no debe sufrir variación alguna que menoscabe el normal ejercicio de la defensa, que así, se encontró sorprendida por una calificación distinta a la propugnada por la Fiscalía, luego de quebrantarse el principio de congruencia (arts. 18 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución Provincial; 210, 448, 451, 456 y 460 del Código Procesal Penal).

En consecuencia, firme el sobreseimiento del imputado por el hecho de atentado a la autoridad agravado, y declarada la incompetencia del fuero para entender en los delitos de acopio de armas y munición de guerras como el ingreso con armas a un banco, así dicho, no configura hipótesis delictiva alguna, corresponde casar la sentencia en este punto, absolviendo al imputado (art. 18 de la Constitución Nacional), y poner lo expuesto en conocimiento de la Suprema Corte y la Procuración General, a los efectos que estimen pertinentes.

Segundo. Sin perjuicio de los cuestionamientos del recurrente sobre los que ya iré, la vía recursiva elegida impone atender al segundo hecho probado en el veredicto, esto es que el mismo día del suceso anterior, tres de sus protagonistas ingresaron a la vivienda de Rosa María Larrosa quien se encontraba acompañada de Nicolás Rodríguez, obligándolos mediante intimidación a permanecer en el lugar durante varias horas, a la primera, además, a cortarles el pelo y suministrarle ropa para cambiarse; y a Rodríguez hacer un pozo en una zona contigua a la vivienda en el que escondieron las armas, dinero, y las ropas usadas en el primer hecho.

Tercero. Las críticas a la incorporación por lectura del acta de fs. 21/22 y las declaraciones testimoniales de Rosa María Larrosa (fs. 35/36 vta.) y Nicolás Rodríguez (fs. 37/38) no resultan atendibles puesto que, existiendo conformidad de la Defensa en traerlas a la audiencia de esa manera, tal como surge del acta de debate (fs. 30 y vta. del presente incidente), su planteo se rebela contra los propios actos y, por ello, resulta improcedente (arg. arts. 204 y 206, inc. 2º del Código Procesal Penal) y debe decaer -arts. 210, 448, 456 y 459 del Código Procesal Penal-).

Sin perjuicio de ello, vale sostener, que el Tribunal, en oportunidad de resolver las cuestiones del art. 338 del código de forma, "tuvo presente" el planteo realizado por la defensa, en relación a que no tenía objeción a la incorporación por lectura del acta de secuestro de fs. 21/22, siempre y cuando la misma sea parcial, es decir, no incluyendo los testimonios que allí se consignan (fs. 23 y vta. del presente), y en ningún tramo del veredicto valoró la pieza más que como contenedora del acto de secuestro de los elementos allí consignados, por lo que mal puede el acusado alegar perjuicio alguno al respecto.

Cuarto. Sentado lo anterior, el embate contra cuestiones de hecho y prueba traído, resulta asaz insuficiente en este análisis, para abrir el control casatorio por vía de absurdo.

Ello es así, pues no se advierte que la conclusión del "a quo" se encuentre afectada por un error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. SCBA Ac. 40.543, sent. del 13/VI/1989; Ac. 70.623, sent. del 21/VI/2000; Ac. 76.337, sent. del 4/IV/2000).

Conforme la doctrina de la Suprema Corte, los jueces son soberanos en la selección de las pruebas intransferible, esenciales y decisivas para fallar una causa, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras (ver sobre este tema Ac. 33.589, sent. del 21/IX/1984; Ac. 36.936, sent. del 29/IX/1987; Ac. 41.629, sent. del 12/IX/1989; Ac. 49.311, sent. 10 VIII-1993; Ac. 55.593, sent. del 14/VI/1996; Ac. 59.243, sent. del 12/VIII/1997; Ac. 64.885, sent. del 14/VII/1998; Ac. 72.724, sent. del 23/II/2000).

La vía del absurdo se elaboró como un remedio último y excepcional contra la iniquidad de las decisiones judiciales sobre cuestiones de hecho, por la que se atrapa el error grave y manifiesto, que nace cuando la apreciación no es coherente, y que lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí.

De ninguna manera se configura cuando la apreciación sea discutible o poco convincente, como pareciera entender el impugnante, quien no demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación del veredicto, carezca de bases aceptables en cuanto a tener por afamado el hecho del juicio, exhibiendo, simplemente, la opinión personal y contraria a la de los jueces en punto a dicha comprobación (art. 210 del Código Procesal Penal).

Sin perjuicio de lo expresado, y desde que el veredicto valora prueba introducida al debate por su lectura, ésta se encuentra disponible para la sala, por lo que su inspección no resulta privativa de los jueces de grado y excluyente de nuestro análisis.

Revisados los elementos valorados, nada surge de ellos -y tampoco la defensa ha propuesto otros que permitan afirmarlo- que haga suponer que Larrosa y Rodríguez no fueron víctimas del hecho sino encubridores o cómplices, -como pretende la parte- o sembrar sospecha alguna sobre la legalidad del accionar policial, apareciendo como dogmáticas las afirmaciones del recurrente, intentando hacer prevalecer su propia valoración frente a la ejercitada por el a quo.

Por otra parte los testigos citados han relatado con claridad las circunstancias que les tocaron vivir en oportunidad en que fueran privados ilegalmente de su libertad, mencionando con claridad las conductas desarrolladas por los sujetos que los intimidaron y obligaron a realizar las conductas que se dieran por probadas en el veredicto.

Los argumentos de la defensa se desentienden, además, de la circunstancia de que el Tribunal ha valorado también, en lógica acumulativa y a los efectos de tener por acreditada la participación del imputado en el hecho, los reconocimientos en rueda de personas de fs. 411/413 realizados por los damnificados -también incorporados por lectura al debate sin oposición de las partes- que lo indican con claridad como uno de los autores del hecho.

Por las razones apuntadas, el motivo resulta insuficiente y debe decaer (arts. 210, 373, 448, 456 y 459 del Código Procesal Penal).

Quinto. El hecho individualizado como "B" se subsume en la norma aplicada en origen, pues en la vigente, de mayor escala, estaría agravado por la pluralidad de intervinientes (argumento del art. 2º del Código Penal).

Sexto. La defensa no solicitó atenuantes, por lo que el Tribunal sólo tuvo en cuenta como agravantes algunas de las circunstancias sostenidas en el debate por la Fiscalía, estas son: la pluralidad de intervinientes, la calidad, cantidad y modalidad de empleo de las armas de fuego utilizadas y la magnitud del daño causado, por resultar todas ellas reveladoras de mayor peligrosidad, debiendo mantenerse -a mi entender- las dos primeras y descartarse la tercera por no encontrarse debidamente explicitada su verificación en el caso concreto (arg. art. 106, Cód. Procesal Penal).

Su valoración, así como la prolongada tramitación de la causa, cuya decisión final no puede sufrir nuevas postergaciones, ya que tal demora causaría un daño al servicio y perjudicaría el derecho del imputado a que se resuelva de una vez y para siempre, el estado de incertidumbre que caracteriza al enjuiciamiento penal, me llevan a proponer asumir competencia positiva a nivel de la pena, estimando justo que Luis Edgardo Saucedo o Edgardo Esteban Zapata quede condenado a once años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada.

Rigen los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 5º y 18 de la Constitución Nacional; 171 de la Constitución Provincial; 2º, 5º, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 142 bis, inc. 1º, -texto según ley 23.077; 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.

Luego, con el alcance indicado, a esta primera cuestión, voto por la afirmativa.

El doctor Mahiques dijo:

Adhiero al voto del doctor Borinsky en lo sustancial y por los mismos fundamentos, y a esta primera cuestión voto por la afirmativa.

El doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto de doctor Borinsky, en igual sentido y por los mismos fundamentos y a esta primera cuestión también voto por la afirmativa.

2º cuestión.- El doctor Borinsky dijo:

Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, casar sin costas en esta Sede la sentencia dictada absolviendo a Luis Edgardo Saucedo o Edgardo Esteban Zapata en orden al hecho de robo con homicidio por el que fuera condenado, estableciendo la condena en once años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada; y poner en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires lo expuesto en el acápite primero del tratamiento dado a la primera cuestión, a los fines que estimen pertinentes (arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 5º y 18 de la Constitución Nacional; 171 de la Constitución Provincial; 2º, 5º, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 142 bis, inc. 1º, -texto según ley 23.077; 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal-).

ASI LO VOTO.

Los doctores Mahiques y Sal Llargués dijeron:

Que votan en igual sentido que el doctor Borinsky, por sus fundamentos.

Por lo que se da por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal, la siguiente sentencia:

I. Declarar procedente el recurso de casación interpuesto, sin costas en esta Sede. II. Casar la sentencia dictada, absolviendo a Luis Edgardo Saucedo o Edgardo Esteban Zapata en orden al hecho de robo con homicidio por el que fuera condenado; estableciendo la condena en once años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada. III. Poner en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires lo expuesto en el acápite primero del tratamiento dado a la primera cuestión, a los fines que estimen pertinentes. Rigen los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 5º y 18 de la Constitución Nacional; 171 de la Constitución Provincial; 2º, 5º, 12, 19, 29 inc. 3º, 40, 41, 142 bis, inc. 1º, -texto según ley 23.077; 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal-). Regístrese, y remítase a la Mesa única General de Entradas del Tribunal para su notificación y oportuno archivo.- Ricardo Borinsky.- Carlos A. Mahiques.- Benjamín R. Sal Llargués.