Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-07-28


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 12 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 28 días del mes de Julio del año dos mil cinco, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, bajo la presidencia del Dr. Oviedo; Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 208/04 "HERRERA, Raúl Antonio - c/ Estación de Servicios Ruta Nro. 33 de José A. Gutiérrez - s/ Beneficios Laborales - CASACIÓN" el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.-- 2) Costas. - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 60, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 40/44 de los presentes, la actora en autos principales interpone recurso de casación en contra de la Sentencia de Cámara que, revocando parcialmente el decisorio de primera instancia, hizo lugar al recurso de apelación de la demandada, decidiendo la aplicabilidad del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 130/75, arguyendo la ahora recurrente que el Tribunal A quo al así decidir incurrió en los vicios de violación de la ley y de la doctrina legal.- Que ingresando a la relación de hechos de la causa, la agraviada expone que la misma se inicia por demanda laboral por despido incausado intentado por su parte contra la patronal en su carácter de operario de playa en una estación de expendio de combustible, reclamando la indemnización pertinente, sueldo anual complementario, preaviso, etc. Y así también las diferencias de haberes devengadas por aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo Nro. 391/75 de trabajadores de estaciones de servicio por la duración de la relación laboral desde febrero de 1992 a junio de 1997. A su turno la demandada alega despido con causa y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 130/75 para empleados de comercio. El Juez de Primera Instancia hace lugar a la demanda por despido incausado y reconoce la aplicabilidad del Convenio Colectivo de Trabajo 391/75 por ser éste el específico de la actividad desarrollada por el dependiente en la empresa demandada. Apelada que fuera por la contraria la Sentencia de 1ra. Instancia, la Cámara resuelve confirmarla en cuanto al despido incausado, revocándola en cuanto a la aplicación del convenio colectivo para estaciones de servicio y optando por el de comercio.

Que a criterio de la agraviada la Cámara incurrió en violación de la doctrina legal en tanto hizo caso omiso al criterio sustentado ya en instancias ordinarias y ha violado la ley al confundir encuadramiento sindical con encuadramiento convencional al argumentar que el convenio aplicable es el de comercio por ser el actor afiliado a ese sindicato, canalizarse los aportes patronales al sindicato de comercio y no contar el sindicato de obreros de estaciones de servicio con personaría gremial en la Provincia a la fecha de la relación laboral, subsumiendo para así decidir una cuestión de convenio colectivo aplicable a la Ley de asociaciones sindicales en vez de encuadrarla en la Ley 14.250 y modificatorias de Convenciones Colectivas de Trabajo. Cuestiona concordantemente la imposición de costas, hace reserva de la cuestión federal y solicita que oportunamente se haga lugar al recurso, con costas. - Que a fs. 49/50 obra contestación de agravios, declarándose a fs. 54 formalmente admisible el recurso interpuesto.

Que a fs. 55/58 se agrega dictamen del Sr. Procurador General. Ordenándose a fs. 59 el llamado de autos. Que ello así, la cuestión de autos, despejado en instancias ordinarias y en consecuencia firme el modo y naturaleza de la relación laboral, queda circunscripta a decidir cuál es el convenio colectivo aplicable por los roles desempeñados por una u otra parte, lo que en definitiva tendrá influencia en las sumas reclamadas.

Que para cuestionar el encuadre convencional realizado por la sentencia recurrida, la agraviada alega los vicios de violación de la doctrina legal y de la ley. Que con respecto al primer vicio mencionado, el mismo debe desestimarse en tanto esta Corte tiene dicho en forma pacífica y constante que por doctrina legal debe entenderse los antecedentes jurisprudenciales de este mismo Tribunal y en su actual integración, por lo que las decisiones que sobre cuestión análoga hayan emitido tribunales inferiores del fuero o de igual jerarquía, no le son obligatorios en términos de doctrina legal mas allá del respeto intelectual que merezcan, por lo que el agravio sustentado en la causal que se analiza debe ser desestimado.

Que otro criterio debe asumirse en relación a la impugnación por incorrecta aplicación o interpretación de la ley, en tanto la Cámara, a nuestro criterio, confunde en el tema decidendum conflicto de representación gremial o encuadramiento sindical -como lo denomina la recurrente- con conflicto por existencia de zonas grises en la vigencia y aplicación de normas convencionales del derecho colectivo del trabajo o encuadramiento convencional: por una parte porque la cuestión de la representación sindical es un conflicto entre entidades gremiales al que en principio resulta ajeno el trabajador individualmente considerado, y donde se discute entre asociaciones la extensión personal y territorial de la representación, mientras que el segundo, esto es, el encuadramiento convencional es un conflicto de naturaleza esencialmente legal -en sentido lato- tomadas las convenciones colectivas como fuente normativa del derecho colectivo del trabajo y cuya elección importa en forma directa a los derechos individuales alegados por el trabajador. Así también ambas controversias se resuelven en ámbitos decisionales diferentes: pues mientras las cuestiones de representación sindical las resuelve la jurisdicción administrativa, las controversias convencionales son resorte primigenio de la jurisdicción judicial; por último y por la naturaleza normativa y obligatoria de las convenciones colectivas el criterio de dilucidación judicial es objetivo en tanto remite a la actividad de la empresa y al rol laboral efectivamente cumplido, no de otra forma podría evaluarse, pues aceptar criterios subjetivos, como la elección supuestamente voluntaria de la agremiación o actitudes unilateralmente asumidas en el ámbito de la relación individual de trabajo, podrían esconder fraudes al régimen laboral, como en la hipótesis de que la patronal pueda elegir la convención colectiva mas conveniente a sus intereses patrimoniales ejerciendo presión sobre el dependiente, en un marco de grave restricción de la oferta de trabajo, desnaturalizándose por ese medio no solo la naturaleza concreta de las prestaciones en una relación laboral específica, sino también el sentido jurídico-político del derecho colectivo de trabajo concebido para morigerar, a través de pactos globales entre asociaciones obrero-patronales, las evidentes desigualdades del contrato individual ya reconocidas desde el siglo XVIII por la propia tradición liberal-clásica.

Así lo tiene dicho la jurisprudencia cuando apunta que: "La afiliación del trabajador a un sindicato, o el pago de los haberes según un convenio y aportes a la obra social de un determinado sector sindical, no tiene relevancia para establecer cuál es la convención colectiva aplicable al caso, porque la aplicación de esa fuente normativa específica del derecho del trabajo que es la convención colectiva no puede depender de tales hechos, sino primordialmente de bases objetivas, de la actividad de la empresa y su inclusión en la convención colectiva pertinente". En el mismo sentido y con respecto al patrón de evaluación se ha dicho que: "El régimen convencional colectivo, aplicable a una determinada actividad deriva primordialmente de la actividad de la empresa" (L.L. Cba., 1997-1097). En cuanto a la jurisdicción competente la jurisprudencia ha expresado que: "La determinación del encuadramiento convencional distinto del sindical, es una tarea que le compete al juez que interviene en la dilucidación de un conflicto individual o interindividual" (L.L. Cba., 1997). - Por último en relación a la disponibilidad u obligatoriedad objetiva de las convenciones colectivas la jurisprudencia ha expuesto que: "El convenio colectivo constituye un ordenamiento de carácter privado pero obligatorio, pues extiende su validez "erga ommes" a toda la actividad profesional dentro de un sector geográfico para empleadores y trabajadores, con prescindencia de que estén o no afiliados al sindicato o a la asociación profesional que lo haya suscripto, siempre que haya sido homologado por la autoridad de aplicación" (C. Nac. Apel. del T. - Sala 2, DJ, 1995-2-249). En un mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de Bs. As. ha dicho: "Las convenciones colectivas de trabajo de conformidad con el sistema adoptado por la ley 14250 y mediando su homologación son obligatorias, no solo para quienes la suscribieron sino también para todos los trabajadores y empleadores de la actividad sean afiliados o no ..." (D.J. 1994-2-550). - - Que por lo expuesto y no existiendo controversia en cuanto a la función laboral desempeñada por la recurrente, el rubro empresario de la demandada, y el ámbito nacional de aplicación y especificidad del Convenio Colectivo Nro. 391/75, corresponde hacer lugar al recurso de casación intentado, revocando parcialmente el fallo de Cámara y declarando la aplicación de la Convención citada en la controversia que se dirime. Es mi voto.- - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el sentido y el verdadero alcance del análisis efectuado por quien emite el primer voto, adhiero a sus expresiones, votando en idéntico sentido. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero a las medulosas consideraciones y conclusiones expuestas por la Sra. Ministro preopinante, Dra. Sesto de Leiva, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Conforme el principio objetivo de la derrota, las costas deben aplicarse a la parte demandada que resulta vencida (Art. 68 del C.P.C.). Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte demandada que resulta vencida. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que una vez mas adhiero al voto de la Sra. Ministro preopinante, para la solución de la presente cuestión. Así Voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, por unanimidad de votos y oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nro. 77/05, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar parcialmente la Sentencia Definitiva Nro. 30/04 (Expte. Cámara Nro. 14/04, fs. 729/736); consecuentemente declarar la aplicación del Convenio Colectivo Nro. 131/75.- Rechazar el recurso de casación en todo lo demás que fuera materia de agravios.

2) Costas a la parte demandada que resulta vencida.- 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. - 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. -