marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: QUARANTA INMOBILIARIA SRL c/ MINELLA, JOSE Y OTROS s/ DEMANDA ORDINARIA    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 667-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-18

La argumentación recursiva resulta inconsistente para fundamentar la cuestión constitucional que habilite esta instancia de excepción a poco que se tenga en cuenta que, en definitiva, la índole de los agravios sólo evidencian la discrepancia del quejoso con el criterio sostenido por la Cámara para cuantificar el daño sufrido, cuestión que por versar sobre aplicación de normas de procedimiento, resulta en principio extraña al recurso extraordinario intentado.
Cuestiones de competencia, proceso penal, lugar del hecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Nación s/ denuncia robo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Si la justicia local, al rechazar la asignación de competencia no consideró el fundamento de la declinatoria, sino que tomó como base un hecho distinto del que tampoco se hizo cargo la juez nacional en su insistencia, corresponde declarar mal planteada la contienda de competencia, pues el debate entre los magistrados que participaron carece de congruencia y, hasta tanto se subsane el defecto apuntado, deberá continuar el juzgado nacional en lo criminal de instrucción que previno, con la investigación de la causa iniciada con motivo de la presentación al cobro en jurisdicción provincial, de un cheque sustraído en la sucursal de un banco sito en la misma provincia.
Comuna, personal municipal, cesantía, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GURDULIC, BEATRIZ c/ COMUNA DE CHRISTOPHERSEN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 358-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-19

La amplitud de la motivación del acto administrativo debe ser de tal entidad que permita reconstruir -en cada caso concreto- el proceso lógico a través del cual la voluntad administrativa se ha formado y sirva para poner de manifiesto la concatenación que vincula a las distintas proposiciones, no siendo necesario que se exponga detallada y minuciosamente dicha concatenación, bastando que sin excesiva dificultad pueda deducirse el nexo existente entre las distintas argumentaciones, de modo tal que la lectura del acto permita comprender los antecedentes del caso, su encuadre jurídico y la respectiva fundamentación de la tesitura sustentada en definitiva.
CANADÁ, competencia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, deportación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 8/16, Caso 11.661. Manickavasagam Suresh. Canadá c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-04-13

Corresponde declarar competente a la Comisión Interamericana en el caso en que se debate la responsabilidad internacional del Canadá por presuntas violaciones a los derechos humanos del ciudadano de Sri Lanka que encontrándose allí refugiado, fue detenido en 1995 para luego ser deportado a su país donde sufriría riesgo real de persecución, pues la Declaración Americana es fuente de obligaciones jurídicas aplicables por el organismo humanitario al Estado Canadiense en tanto ese país depositó su instrumento de ratificación de la Carta de la Organización de Estados Americanos en 1990 y las normas que reglamentan la actuación de la Comisión la autorizan a examinar las violaciones que a dicha Declaración aleguen los peticionarios, siempre que se trate de actos u omisiones acaecidos después de su incorporación a la OEA.
Elecciones, gobernador, vicegobernador, nulidad de la elección, colegio electoral, electores del colegio electoral
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Dada la competencia exclusiva e indelegable del Colegio Electoral para decidir sobre la validez de la elección (arts. 112 y 113 de la Constitución de Corrientes), la que no constituye una mera facultad sino un deber, resulta obvio el interés de un elector para reivindicar la condición de juez único que tiene el colegio al que pertenece y para obtener la nulidad de la proclamación de gobernador y vicegobernador.
Recurso extraordinario, demanda, notificación, mandamientos, embargo, nulidad procesal, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Esquivel, Mabel Alejandra c/ Santaya, Ilda. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Si el demandado, debido a una irregular notificación, sólo tomó conocimiento de las actuaciones con el mandamiento de embargo, y al verse privado de defensa en la litis planteó la nulidad de lo actuado, la cámara, al exigir que el incidentista además del planteo de nulidad por la notificación, hubiera debido recurrir la sentencia dictada en rebeldía, incurrió en un excesivo rigor formal que revela una escasa comprensión de las nulidades procesales que - por su índole - se extienden a todos los actos posteriores dependientes del que se nulifica.
Beneficios previsionales, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arambarri, Aitor Francisco c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

El art. 21 de la ley 5425 (t.o. 1959, modif. por la ley 6211) es particularmente riguroso al exigir una manifestación inicial de adhesión al régimen previsional y su ratificación posterior, como condición ineficiente de efectividad de la misma. Este principio está en un todo de acuerdo con la doctrina que considera excluidos de las pautas generales que consagran una interpretación amplia de las leyes dictadas en la materia, a los regímenes previsionales especiales.
Derecho penal, querellante, apartamiento del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Alemany, Luis Elías s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-06

La circunstancia que el artículo 418 del Código de forma prevea la sanción de inadmisibilidad, ello por si solo no basta para dar por cumplidos los recaudos de acceso a esta instancia y tampoco para los pedidos de nulidad, en atención a que las resoluciones como la impugnada , cuya consecuencia es la obligación de seguir sometiendo a proceso criminal no reúne el requisito de sentencia definitiva ya que no pone fin a la acción sino por el contrario hace posible su continuación.
Medidas cautelares, sitio web, bloqueo de sitios de Internet, contenido de sitios de Internet, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., F. G. c/ Google Inc. s/ habeas data (art. 43 C.N.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-15

Revoca la medida cautelar que había ordenado a un buscador de contenidos de internet a eliminar, desindexar y bloquear la vinculación del nombre del actor con sitios en los cuales lo calificaban como estafador, habida cuenta que la solicitud de la inmediata eliminación de los sitios que el accionante cataloga como ofensivos implica un necesario juicio de valor preliminar acerca de las consecuencias, tanto para el actor como para toda la sociedad, sobre la falsedad o veracidad de la información que el peticionario objeta, y ello excedería ampliamente el limitado marco cognitivo propio de la medida solicitada.
Hipoteca, escrituración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAPUARI EVA MAFALDA c/ MARIA ANA MARINA QUIROS DE FERNANDEZ Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-30

Ante el conocimiento de la existencia de gravámenes que podían alterar la posibilidad de cerrar el círculo "entrega saldo de precio escrituración", es jurídicamente válida la actitud del comprador de asumir los riesgos.

Si el bien el comprador goza de la prerrogativa de suspender el pago del saldo de precio ante la presencia de gravámenes que pesan sobre el inmueble, ello no significa que deba concederse una eximición de consignar dicho saldo sino se acredita antes que éste ha sido afectado en su totalidad al pago de los embargos trabados sobre el bien, con la consiguiente liberación de los acreedores La circunstancia de que los arts. 1425 y 1433 del C. Civil autoricen a una "suspensión del pago", no significa que abarque la pretendida eximición de consignar y, la aludida compensación, basada en la disposición del art. 818, debe ser entendida como aplicable en el acto de la escritura.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicente Robles  S.A.M.C.I.F. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Si la demandante, en virtud del principio de eventualidad procesal, trató el tema de la caducidad de la acción, pero sus argumentos no fueron contestados por la demandada, que nada observó al respecto, la introducción de dicho asunto de oficio por el juez, sin que fuera opuesto como defensa por la demandada, importó una violación de la garantía de la defensa en juicio.
Tratados internacionales, pesca, Unión Europea
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: "Periópontis  S.A. c/ E.N. -M° Economía- SAGIP y A Resol. N° 2/99 s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-09

El art. 9 del Acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea -aprobado por ley 24.315- estableció que, si como resultado de la evolución registrada por las poblaciones de peces, la autoridad de aplicación argentina decidiera adoptar nuevas medidas de conservación que tengan influencia sobre las actividades pesqueras de los buques que faenan en virtud el mencionado convenio, se entablarán consultas entre la Partes con el fin de adaptar los Anexos y Protocolos I y mantener el equilibrio general del Acuerdo. Es claro que el sistema de consultas descripto no parece haber sido erigido como un recaudo previo, condicionante de la posibilidad, (legitimidad) de la adopción de las medidas de conservación aludidas; antes bien, la letra del precepto las presupone como concretamente adoptadas, y es a las resultas de ella que se prevé la realización de las aludidas conductas, a los fines de llevar a cabo las adaptaciones pertinentes (Del voto del juez Márquez, cons. VII).
Personas con discapacidad auditiva, ambiente de trabajo ruidoso, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: Claros Zurita, Valerio c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-22

Si bien es cierto que en un gran porcentaje de casos la hipoacusia determinada por alto nivel sonoro existente en el ambiente de trabajo fabril, afecta a ambos órganos auditivos, no lo es menos que lo que tal dato estadístico aporta es precisamente eso, obligando por ello a establecer en cada caso qué ocurrió, qué características tuvo el ruido dañoso; en qué grado de exposición se encontró el operario perjudicado; producción permanente, frecuente o única del fenómeno sonoro lesionante, etc... .
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: DIAMANTE S.A.C.I.F.I.A. c/ KORAJ, JORGE RAUL s/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-02

El art. 1101 del Código Civil (prejudicialidad) resulta de aplicación únicamente cuando se ejercita una acción para la indemnización de daños y perjuicios causados por un delito o un cuasidelito. Así, si se demanda por una cuestión y responsabilidad puramente contractual, no corresponde aplicar la norma jurídica mencionada.
IVA, costas, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: S. y N. D. L. F. s/ Insanía.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-10

No admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio, adicionándose a los honorarios regulados implica desnaturalizar la aplicación del referido tributo, la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió al funcionamiento del impuesto.

Dicha conclusión no resulta admisible pues, de acuerdo con lo establecido por el art. 11 Ley 11.683 debe atenderse al fin con el que las leyes impositivas han sido dictadas.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., S.H. c/ L.A.I. y E. de La Patagonia y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-17

Si bien este Tribunal no desconoce que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la última ratio del ordenamiento jurídico, tampoco puede soslayar que el control de constitucionalidad de oficio de las normas no debe ceñirse a principios estrictos de admisibilidad, puesto que, en principio, el reconocimiento de esta atribución a los jueces es un resultado inexorable de la obligación que tienen de aplicar y conocer el derecho, que obliga, por vía de interpretación, a desechar el derecho infraconstitucional lesivo de la Constitución.
Recurso de apelación (procesal), doctrina de los actos propios
Materia: PENAL
Carátula: Gonzalez, Carlos  Alberto s/ Estupefacientes - Tenencia Con Fines De Comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-26

El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que condena al actor en orden al delito de tenencia simple de estupefacientes resulta inadmisible, pues la resolución impugnada fue precedida por un acuerdo de juicio abreviado en donde el imputado, su defensora y el fiscal pactaron expresamente la calificación legal y el monto de la pena, sin que el recurrente dejara plasmada alguna reserva o manifestación en contrario.
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: TOLEDO, HECTOR O. c/ CICSON  S.R.L.  Y OTRO s/ ART. 1113 C.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-05

El empresario es deudor de seguridad, no sólo respecto de los trabajadores que ocupa, art. 75 LCT, sino de las personas que, con su consentimiento, ingresan al establecimiento. El trabajador por su parte está obligado a prestar el servicio con los medios materiales que aquél le provee. Es más severa la exigencia que pesa sobre aquél de conducirse con cuidado y previsión y, por lo mismo, en situación de concurrencia, mayor su responsabilidad, art. 902 C.Civ.
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ronner de Díaz, Mallea c/ Fiorentini, Alfredo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

El término de la prescripción bienal establecida por el artº 4032 Inc. 1º del Código Civil, comienza a correr no desde la última actuación del profesional, sino desde que la parte se presenta en autos con la firma de otro profesional, porque hasta entonces, es de suponer la continuidad de servicios del anterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Peralta, Mónica Nancy c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Es manifiestamente improcedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en los términos del art. 113, inc. 3, de la Constitución CABA, con el fin de que el Tribunal Superior de Justicia local revise la sentencia de esta cámara que confirmó la condena impuesta, en tanto mediante su articulación, el impugnante postula que este tribunal suplante el proceso, político, republicano y democrático, por una imposición pretoriana sustentada en su descuerdo o discrepancia con los tiempos y con los resultados vinculados a las tareas que se encuentran en desarrollo y que incumben a otros departamentos de gobierno, de conformidad con los dispuesto en los arts. 129 CN; 106 de la Constitución CABA, cláusula transitoria segunda de la Constitución local; y 6 y 8 de la ley nacional 24.588. Tal pretensión atenta contra la misión más delicada del Poder Judicial, esto es, saber mantenerse dentro de sus atribuciones, evitando enfrentamientos estériles con los restantes poderes; y respetando -en especial- las atribuciones propias del Congreso de la Nación en tanto representante del pueblo. Los jueces no pueden apartarse del principio primario de sujeción a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por este. De otro modo podría arribarse a una interpretación que -sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal- equivaliese a prescindir de su texto (voto de los jueces Magariños, Jantus y Huarte Petite)
Ley de servicios de comunicación audiovisual, inconstitucionalidad, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

La declaración de inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 implica el reconocimiento del derecho del grupo multimedios actor a conservar sus licencias por el plazo de su vigencia y se erige en una verdadera garantía a la libertad de expresión, así como de certeza y protección a todas aquellas voces que, merced a las disposiciones de dicha norma, se sumen al mapa de medios de comunicación en la República Argentina, quienes podrán desarrollar sus proyectos comunicacionales por los plazos originariamente previstos, sin el temor a que posteriores regulaciones en la materia puedan suprimir su voz (Del voto en disidencia parcial del Dr. Maqueda).
Delitos contra la integridad sexual, crímenes de lesa humanidad, violencia de género, violencia sexual, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, violación, abuso deshonesto
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Martel, Osvaldo Benito y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Es arbitraria la sentencia que expresó que el reproche penal en calidad de autor de los delitos de abuso deshonesto y violación debe quedar limitado a quienes corporalmente ejecutan el ataque sexual, pues para excluir la autoría criminal en estos casos en particular, la decisión ameritaba -cuanto menos- ponderar la incidencia del contexto en que estos delitos fueron cometidos (si este tipo de conductas estaba previsto como parte del plan sistemático que entonces se ejecutaba en nuestro país, si la situación de clandestinidad en que podía operarse conllevaba algún tipo de expectativa de impunidad respecto de conductas que fueran ajenas al plan, etc.) y, principalmente, si cualquiera de las circunstancias derivadas del citado contexto modificaba, en forma alguna, las implicancias que la sentencia reconoció a la categoría de delitos de propia mano elaborada por la doctrina penal tradicional, en términos de autoría criminal en los delitos imputados (Voto del juez Rosatti).
Tribunal administrativo, jurisdicción administrativa, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Cóppola, Rubén Osvaldo y otros s/ art. 30 de la ley 23.184.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Cuentan con validez constitucional las resoluciones de contenido jurisdiccional dictadas por organismos administrativos, en la medida en que estén sujetas a control judicial suficiente que evite la posibilidad de que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior.
Escribanos públicos, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JORGE FERNANDO VADELL c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18

El vínculo de la actividad notarial con el Estado dentro de un régimen de concesión no importa adjudicar a sus beneficiarios el rango de funcionarios públicos.
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Esar S.A. c/ PEN y otros s/ Amparo- Incidente de apelación a la denegación de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Debe declararse mal concedido el recurso de apelación por resultar extemporáneo, puesto que el art. 15 de la ley 16989 establece que los recursos deberán interponerse dentro de las 48 horas de notificada la resolución impugnada.
Pago de la remuneración, despido, confirmación de sentencia, nulidad de la notificación, obras sociales, buena fe procesal, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kapluk, Mirta Ivana c/ Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) s/ cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-06

Debe ser confirmada la resolución que hizo lugar a la nulidad de la notificación de la demanda planteada por la obra social accionada, por no habérsela practicado en su domicilio legal, siendo que la conducta de la actora fue emplazar sus comunicaciones prejudiciales en esta último lugar; y que pretender hacerlo en otro lugar distinto, esto es, su lugar de trabajo, constituyendo una contradicción infundada en su actuar que en honor al principio de buena fe procesal y por aplicación de la teoría de los actos propios, hacen improcedente la facultad de opción prevista en el art. 10 de la Ley 921, existiendo una vulneración de la garantía del derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional. Ello es así, pues la valoración de los datos objetivos vinculados al cumplimiento de los presupuestos fijados por la ley para la notificación de la demanda, deben ser apreciados con criterio estricto, de tal forma que, en caso de dudas sobre la validez del acto, se seguirá la solución que evite conculcar derechos que tienen raigambre constitucional.