marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, trabajador, incapacidad, constitucionalidad, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AIMO, VICTOR HUGO c/ COOPERATIVA ELECTRICA DE GALVEZ LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE    PESOS LABORALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 255 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-12

No cabe hacer lugar a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la primer parte de artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo pretendida por la empleadora desde que si bien aduce que el texto legal lesiona el derecho de propiedad, noconsigue con ello desvirtuar el núcleo del razonamiento del sentenciante que sostuvo, con cita de principios, normas y tratados de jerarquía constitucional, que dicho artículo "aparece resguardando y dando la seguridad necesaria al trabajador para la continuidad de él y su familia en el marco posible del desarrollo, previsto con antelación a la contingencia que dicha normativa laboral contempla, sin que pueda por ello considerarse que su imposición resulta ser una violación al derecho de propiedad que tiene la patronal, sino que está inmersa en el riesgo laboral que como tal tiene".
Régimen de consolidación de deudas, honorarios, novación
Materia: ECONOMIA
Carátula: Mejail, Miguel Naief s/ sucesión c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

La cancelación de la obligación objeto de una contienda no resulta óbice a la aplicación de la consolidación a los honorarios profesionales pues la novación también alcanza a los efectos no cumplidos de las sentencias, toda vez que constituye un efecto no extinguido de la condena en costas establecida en ellas, dado que el artículo 31 de la ley 23.982 restringe inequívocamente el efecto de la resolución judicial a una mera condición declarativa que, por un lado, excluye la alternativa de que sea constitutiva del título y, por el otro, exige indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Defensa del consumidor, multa administrativa, Internet
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Telecom   Argentina   S.A. c/ DNCI-DISP.    47/09   (Expte.S01:234831/05)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-26

La Dirección Nacional de Comercio Interior puede imponer a una empresa prestataria de telefonía una sanción de multa por infracción al artículo 46 de la ley 24.240, por no haber cumplido con las obligaciones que contrajera en el acuerdo conciliatorio homologado por disposición de esa Dirección. En el caso la empresa sancionada se había comprometido -entre otras cosas- a efectuar una bonificación del 100 % de abono mensual del servicio de acceso a internet "Highway 512K" por período de 6 meses y no cumplió en todos sus términos con el acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes, ya que la queja efectuada por el actor relativa a la baja de velocidad en el servicio de acceso a internet no había sido solucionada.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, Derecho contravencional y de faltas
Materia: PENAL
Carátula: Azara, Hugo Rubén s/ Apela multa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

No obstante que el Juez en lo Criminal y Correccional cuando decide como alzada en juicios sobre faltas, es tribunal de última instancia ordinaria a los efectos de la interposición del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cabe considerar que en la causa no se ha planteado ni resuelto caso constitucional alguno en los términos del art. 349 inc. 2° del Código de Procedimiento Penal y que la cuestión constitucional introducida recién en el recurso extraordinario resulta extemporánea. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia federal, competencia penal, lesiones, homicidio culposo, Gendarmería Nacional, Comunicaciones, radiocomunicaciones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Requerimiento de instrucción penal spa. infracción arts. 84 y 94 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Corresponde a la justicia federal entender en la causa instruida por los delitos de lesiones y homicidio culposo si los suboficiales accidentados eran agentes de Gendarmería Nacional que habrían sido comisionados para realizar tareas de ajuste y comprobación de los equipos radioeléctricos de comunicaciones por lo que el hecho a investigar afectó el servicio que iban a prestar empleados de la Nación.
Juicios contra el Estado, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, competencia contencioso administrativa, competencia civil
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pascualini, Alberto e Hijos S.A. c/ Provincia de Catamarca s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-31

Llegan las presentes actuaciones a esta Corte de Justicia con motivo de la declaración de incompetencia para entender en la demanda de daños y perjuicios interpuesta en autos, resuelta por el Titular del Juzgado Civil de Primera Nominación.

El contradictorio reconoce como antecedente la acción instaurada en contra del Estado Provincial, por cobro de una suma de dinero emergente de la atribución de responsabilidad extra contractual como prestador del servicio de justicia y daños producidos por la dilación indebida, irrazonable e injustificada de un proceso judicial equivalente a denegación de justicia. Cuya reparación se persigue por vía de la acción civil.

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la competencia originaria de esta Corte de Justicia se encuentra atribuida por expresas normas constitucionales y legales, siendo en consecuencia de interpretación restrictiva y estrictamente revisora del actuar administrativo de los tres Poderes del Estado.

No todos los derechos vulnerados por actos del estado provincial, ya sea en ejercicio de su actividad administrativa, legisferante o jurisdiccional, son susceptibles de producir o dar lugar a una acción contencioso administrativa, sino que es indispensable que ese derecho sea de naturaleza administrativa, es decir, regido por el Derecho Administrativo y no por otras ramas del ordenamiento jurídico.

En tanto, hace a la garantía del debido proceso que la cuestión planteada sea debatida en la sede judicial correspondiente a los fines de obtener sentencia útil a sus derechos (CS, doctrina de fallos 264:192; 265:94, entre otros).

En el caso, el objeto de la demanda interpuesta persigue la satisfacción de una suma de dinero emergente de los daños y perjuicios que el accionante estima irrogados por el Estado en ejercicio de su actividad jurisdiccional, ergo, no se persigue ni solicita la revisión o anulación de acto administrativo alguno, ni la pretensión alega la vulneración de ningún derecho subjetivo de carácter administrativo, ni se trata de una demanda dirigida a un magistrado en ejercicio de la judicatura.

Por lo tanto, el objeto de la demanda debe encuadrarse dentro del plexo normativo del Derecho Civil y no del Derecho Administrativo, debiendo dirimirse la cuestión ante el fuero correspondiente.

En consecuencia, esta Corte de Justicia resulta incompetente para entender en la presente causa, correspondiendo su remisión al Juzgado remitente para que se imprima el trámite de rigor.
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cortagerena, Jorge M. c/ Municipalidad de Bartolomé Mitre s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Corresponde desestimar la demanda por su improcedencia formal si la actora promueve la misma estando pendiente el recurso de revocatoria y luego de desestimado el referido remedio no impugna esta decisión mediante la ampliación de la demanda, puesto que esta resolución constituye el acto definitivo al que, como requisito de admisibilidad formal de la acción, aluden los arts. 1° y 28 inc. 1° del C.P.C.A. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, depreciación monetaria, derecho de propiedad, moneda, realidad económica
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: SAMUEL KOGAN Y OTROS c/ PEREZ SENOYK Y OTRA. s/ PROCEDENCIA   DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  DERECHOS  Y  GARANTIAS  CONSTITUCIONALES - MORA - DEPRECIACION MONETARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Si bien -en principio- lo atinente al quantum en que deben corregirse los valores por la depreciación monetaria remite al examen de una cuestión de hecho, prueba y de derecho común extraña a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no constituye óbice para que la Corte pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando su ponderación prescinde de la realidad económica y se traduce en un evidente menoscabo de la integridad del crédito del acreedor, garantizada por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Sentencia condenatoria, costas, costas al vencido, imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. R. s/ Abuso deshonesto s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-01

La imposición de costas al imputado no es más que el cumplimiento del art. 29 inc. 3 del Código Penal, con el orden de preferencia del art. 30, porque se trata de una sentencia condenatoria.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA OSCAR ESTEBAN S.D LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO E.P DIAZ ARIEL Y OTRO. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-08

El hecho de que un vehículo tenga preferencia de paso que se otorga en una encrucijada al vehículo que corre por la derecha, con respecto al que lo hace por la izquierda, no significa que exista impunidad para actuar en forma imprudente, sino que debe tenerse en cuenta no solo la circunstancia de que uno y otro alcanzasen al mismo tiempo la bocacalle, sino igualmente la velocidad permitida reglamentariamente.
Cargos gremiales, estabilidad del delegado gremial, vocal suplente, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: TOLEDO, OMAR c/ MINISTERIO DE DEFENSA. ESTADO NACIONAL COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

En el régimen de la ley 23551 la operatividad de la tutela no está subordinada al ejercicio efectivo del cargo gremial y si la empleadora no objetó formalmente el nombramiento del actor en calidad de vocal suplente, no es legítimo que posteriormente intente discutir el título de representante gremial. La buena fe que debe imperar en las relacionas obrero-patronales (art. 63 de la LCT) lleva a que cualquier observación que merezca un nombramiento de representante gremial se materialice en la oportunidad de recibir la notificación de la designación y no después.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, ejecución de alquileres, sentencia condenatoria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Acrow Argentina S.A. s/ quiebra s/incidente de continuación de empresa s/incidente de  ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó la ejecución de los alquileres impagos si, para así decidir, valoró de un modo definitivo un hecho que no podría ya ser alegado en otro juicio, otorgándole una solución que no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales, con grave menoscabo de la garantía de la defensa en juicio(Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Actos voluntarios, relación de causalidad, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: N., J.O. c/ L., C.J. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-02-10

"Para la teoría de la adecuación, no toda condición del resultado concreto es causa en sentido jurídico, sino sólo aquella que generalmente es adecuada para producir el resultado. Una acción será adecuada para producir un resultado cuando una persona normal, colocada en la misma situación que el agente, hubiera podido prever que, en circunstancias corrientes, tal resultado se produciría inevitablemente. Pero previsible objetivamente lo es casi todo. Por eso la teoría de la causación adecuada recurre a otro criterio limitador de la causalidad, el de la diligencia debida, ya que si la acción se realiza con la diligencia debida, aunque sea previsible un resultado, se mantiene en el ámbito de lo permitido jurídicamente y no se plantea problema alguno. Previsibilidad objetiva y diligencia debida son, por consiguiente, los dos criterios selectivos que sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para producir un resultado. Pero con estos criterios se está ya abandonando el ámbito ontológico de la causalidad, para convertir el problema en normativo".
Nulidad de sentencia, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

Una sentencia es nula por estar afectado el principio de razón suficiente cuando, de los elementos de prueba reunidos, no se puede llegar inexorablemente a la conclusión en ella descripta.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Rapp, Roberto J. s/ Hurto y hurto en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-19

Resultan cuestiones ajenas al recurso extraordinario de nulidad, las referidas a la denuncia de violación de los arts. 18 y 33 de la Constitución nacional por afectación de las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso y el agravio dirigido a la valoración realizada por el sentenciante de la negativa a declarar.
Locación, indemnización, presunciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Ben Altabef Clara G. c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-10-12

Apela la actora que demandó por retención indebida de un inmueble entregado en locación al Estado Provincial porque el fallo que hizo prosperar la demanda rechazó la deuda con la compañía de electricidad y el gasto realizado con motivo de la constatación del estado del inmueble. Puesto que la deuda reclamada proviene de un servicio cuya necesidad es indiscutible, cuanto más porque se trata del funcionamiento de un organismo público, puede presumirse la existencia de una deuda por ese servicio que es derivada de la locación y que, como tal debe resarcirse. Si bien la estimación del monto no aparece bien determinada, encontrándose acreditados los presupuestos de procedencia de la acción, dadas la incontestación de la demanda y la falta de objeción de la demandada respecto de la prueba indiciaria de este rubro, se puede aceptar como cierta la existencia de esa deuda. Igual consideración cabe con respecto al gasto realizado por un profesional para el examen del estado del inmueble que fuera objeto de la retención indebida. Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la apelación del actor y revocar parcialmente la sentencia, admitiendo los rubros de gastos de energía eléctrica y notariales.
Subasta judicial, cesión de derechos, cesión de créditos, pago con subrogación, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: Cía. Financiera Central  S.A. c/ Inversora Busy  S.A.  y otros s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-06

Si bien los cesionarios de los derechos del adquirente en la subasta pueden subrogarse para continuar con el trámite en la ejecución hasta el perfeccionamiento de la compra, inclusive ejerciendo la facultad de compensar, esta compensación no puede ir en desmedro del crédito por honorarios que tiene el letrado del ejecutante que resultara adquirente por la ejecución. Ello así no sólo porque el art. 822 del Código Civil impide la compensación del crédito cuando un tercero tiene derechos adquiridos para oponerse legítimamente, sino porque ello importaría disponer de bienes que garantizan el cobro de honorarios sin que el profesional fuera escuchado de conformidad con el art. 55 de la ley 21.839 que impone su citación.
Competencia, divorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLEMUR c/ BAREL s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-17

La iniciación de juicio de divorcio posterior al de alimentos, desplaza la competencia del Juez que estaba interviniendo en el proceso alimentario a la de aquél.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, quiebra, prescripción, pago en cuotas
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS   QUIMICAS   MEBOMAR   SA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DEVERIFICACION POR MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Procede declarar prescriptos los periodos devengados en concepto de obras de pavimentación y tributo municipal a la propiedad anteriores a la declaración de quiebra de la deudora cuando, -como en el caso-, se verifica que medió acogimiento a un plan de pagos efectuados por quienes no detentaban la representación de la fallida en contravención con lo dispuesto por la LC arts. 107 y 109, lo cual resultó ineficaz para interrumpir la prescripción. En tal sentido cabe precisar que, el acogimiento a una moratoria importa un acto de disposición que, en la época en que fue efectuado solo podía ser ejercido por el síndico con autorización judicial expresa.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VILA NOEL c/ EMPRESA GODOY  S.R.L. s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-11-26

Si bien, en principio, lo atinente a la imposición de costas en las instancias ordinarias es cuestión procesal y accesoria que no da lugar al recurso extraordinario, esta regla admite excepciones, cuando como en el caso se ha omitido considerar circunstancias relevantes para decidir el punto o cuestione la calidad de vencida de la parte, con lo que se vulnera el derecho de propiedad.
Competencia nacional, deberes de los cónyuges, deber de asistencia entre cónyuges, alimentos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rossetti, Claudio Luis s/ Infr. ley 13.944
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Resulta aconsejable declarar la competencia del juzgado nacional para entender en la causa por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, si en dicha jurisdicción se domicilia el querellado y tiene su asiento el tribunal ante el cual tramita el juicio por alimentos y se fijó, aunque sea provisoriamente, la respectiva cuota incumplida.
Gendarmería Nacional, requisa personal, derecho a la intimidad, requerimiento de instrucción
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla Mario Héctor y otros s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-06

No se ha demostrado que el desarrollo de la investigación haya constituido una violación al principio "ne procedat iudex ex officio" si la pesquisa fue dirigida desde el comienzo de la investigación por el titular de la acción penal, quien la ejerció en el marco de las atribuciones propias de su Ministerio, y con prescindencia del requerimiento instructorio reclamado por las defensas. Ante la falta de demostración de perjuicio derivado de la concreta actuación de los fiscales Ad-Hoc, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes planteos de la defensa vinculados al trámite y presuntos vicios formales relacionados con la excusación de uno y la aceptación del cargo por el otro. Las tareas de investigación llevadas a cabo por personal de la Gendarmería Nacional -consistente en revisar los residuos domiciliarios del imputado dejados en la vía pública- no afectaron el derecho a la privacidad e intimidad del imputado. Ello así, por cuanto la conducta del encartado de dejar en un cesto público sus residuos domiciliarios implicó su renuncia a la "razonable expectativa de privacidad" protegida constitucionalmente sobre los elementos desechados por él, en consecuencia, resulta acertado lo expuesto por el sentenciante en cuanto a que la revisación de las cosas abandonadas por el encartado "no requería recaudos especiales". Toda vez que la defensa no logró demostrar que se encuentren reunidos en autos los extremos previstos por el art. 63 ley 24.946 -esto es: que el imputado condenado cuente con medios económicos suficientes para solventar la defensa-, corresponde declarar inadmisible el agravio traído a estudio.
Derecho penal, cómputo de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Miguel, Nico s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

Hasta que la sentencia condenatoria pasa en autoridad de cosa juzgada, carece de todo sustento la decisión que no computa como prisión cautelar el tiempo corrido entre la fecha del fallo condenatorio de primera instancia no firme y aquella otra en que esa condena adquiere la categoría de irrevisable.
Infracciones tributarias, omisión de impuestos, informes sobre impuestos
Materia: PROCESAL
Carátula: Generación 2010 SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Si la Inspección acudió a información proporcionada -en última instancia- por la AFIP como indicio de la existencia de actividad económica y su volumen para cierto período, dada su facultad de requerir información a entidades públicas (cfr. artículo 153 del Código Fiscal - t. o. 2008-), no resulta coherente que no hubiera hecho lo mismo respecto de los períodos para los que aplicó, sin más y directamente, coeficientes regresivos y progresivos. (Del voto en disidencia parcial del juez José Osvaldo Casás).
Conflicto de poderes, juicio político, medida cautelar genérica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

El poder de enjuiciar políticamente no es, por su naturaleza, legislativo. No, si por legislativo entendemos el de establecer deberes y derechos de las personas por medio de normas de alcance general. Es, en cambio, un típico poder disciplinario, de jerarquía cimera, y susceptible de ser ejercido sobre órganos cuya conducción no compete al juzgador. En cambio, es uno de los previstos en el Título Tercero de la CCBA, denominado Poder Legislativo; pero, encomendado exclusivamente a dos salas que, tal como es típico de los poderes a los que se refiere el art. 113, inciso 1, operan sin dependencia alguna. Si bien el art. 92 dice que es "[l]a Legislatura (quien) puede destituir por juicio político", los artículos siguientes la apartan absolutamente del ejercicio de toda competencia relacionada con la promoción, el trámite o la decisión de este tipo de proceso. La acusación es exclusiva de la Sala Acusadora, el juzgamiento lo es de la Sala de Juzgamiento, y cada una de ellas obra en el máximo nivel de jerarquía, exenta de todo control por la otra, o aún por la Legislatura.