Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa nº 6.339/08 "A. R. J. c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa Estado Mayor Gral. de la Armada s/ daños y perjuicios" En Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio del año dos mil catorce hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "A. R. J. c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa Estado Mayor Gral. de la Armada s/ daños y perjuicios", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. El señor Marinero Primero, Tropa Voluntario, R. J. A. demandó al Estado Nacional - Ministerio de Defensa (Estado Mayor General de la Armada) - con el fin de ser indemnizado por las lesiones que afirmó padecer en la columna vertebral y el tobillo derecho y que vinculó con las tareas propias del servicio (fs. 1/11vta.).

El Estado se presentó a fs. 30/36vta. oponiendo la excepción de prescripción -fs. 36, pto. VIII- y contestando la demanda en subsidio. La actora contestó la excepción a fs. 38/39vta. y el juez la desestimó por entender que, entre la fecha de la baja (21 de septiembre de 2005) y la promoción de la demanda (24 de julio de 2008), no había transcurrido el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil, (fs. 41/42).

II. Después de producida la prueba pertinente, el magistrado dictó el fallo obrante a fs. 187/189vta. por el cual rechazó la demanda, con costas.

Consideró el a quo que el actor no había probado que los perjuicios sufridos por él tuvieran vinculación con las tareas cumplidas a favor del demandado. Al respecto, hizo mérito de los distintos dictámenes médicos emitidos en sede administrativa y, asimismo, de la prueba pericial producida en la causa (considerando III, fs. 188/189).

III. Apeló la parte actora (ver recursos de fs. 197 y concesión de fs. 198), quien expresó agravios a fs. 210/214 sin que el Estado Nacional los contestara.

El recurso deducido contra la regulación de honorarios (ver fs. 195 y concesión de fs. 196) será tratado, en caso de corresponder, al finalizar el Acuerdo.

IV. Antes de entrar en el análisis de los agravios de la recurrente, hago un alto para resumir las versiones de ambas partes sobre los hechos que dieron lugar a este juicio.

-En su demanda el actor afirmó que había ingresado como suboficial a la Armada Argentina en el año 1994, cuando tenía veinte años de edad y su estado de salud era óptimo. Expuso que su primer destino fue el Cuerpo de Infantería de Marina, Batallón 2 de primera línea de Combate, en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y después, en la Escuela Naval de Río Santiago, situada en La Plata, de la misma provincia donde cumplió tareas de guardia e instrucción de combate. Destacó que, durante sus funciones en Bahía Blanca, estuvo afectado al grupo especial de Reconocimiento y Exploración Cercana -"REC"-, cuyo entrenamiento consistía en varias caminatas de patrullaje por semana cargando sobre los hombros una mochila con material de campaña de aproximadamente 30 kilogramos de peso. Según él, dichas exigencias fueron dañando paulatinamente su columna vertebral generándole dolores y limitaciones que se acentuaron con el paso del tiempo. Surgieron varias dolencias por las que fue atendido en el Servicio de Sanidad de la Armada y en el Hospital Naval y que motivaron distintos tratamientos que -siempre estando a sus dichos- no revirtieron las secuelas físicas incapacitantes (fs. 7vta., pto. IV y fs. 8).

En ese marco de referencia -que concluyó con su baja- fue que A. le atribuyó responsabilidad al Estado Nacional por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el perjuicio (fs. 8, pto. V, primer y tercer párrafos). Fundó el reclamo en las normas del Código Civil -sin especificarlas-, en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Lupia" y "Mengual" y en "la jurisprudencia aplicable al caso" (fs. 10, pto. VIII). Estimó el daño en la suma total de $262.000 -o lo que en más o en menos surgiera de las pruebas a producirse- distribuida de esta manera: a) $150.000 por incapacidad sobreviniente; b) $60.000 por daño moral; c) $30.000 por pérdida de chance; d) $12.000 por tratamiento psicológico; y e) $10.000 por los gastos de medicamentos y traslados. Ello, con más sus intereses, actualización monetaria y las costas del juicio (fs. 7, pto. II, 10 y 23).

-Por su lado, el Estado Nacional reconoció la relación laboral y las patologías que motivaron la baja del actor. Sin embargo, negó que estas últimas y los perjuicios alegados tuvieran relación de causalidad con las tareas desarrolladas durante el servicio. Explicó que la condición de salud del señor A. había determinado que se lo eximiera de realizar esfuerzos físicos y que, posteriormente, se le concedieran varias licencias por enfermedad que, a la postre, derivaron en el dictamen de la Junta de Reconocimientos Médicos. Y como ese organismo lo había evaluado concluyendo que las lesiones no derivaban de la función, arguyó que A. no tenía derecho a indemnización alguna (fs. 32vta., pto. IV). A todo evento, cuestionó la procedencia y la cuantía del resarcimiento por estimarlo elevado (fs. 34, pto. VI).

V. El recurrente sostiene que en el fallo se omitió juzgar las lesiones experimentadas en su columna vertebral. Para él, el nexo causal fue "categóricamente probado" con el dictamen pericial médico y el Programa de entrenamiento informado por el Estado Mayor de la Armada (fs. 210 vta., último párrafo). Aduce que los factores genéticos que pudieron haber influido negativamente en su salud, no bastan para descartar la relación de "concausalidad" con el daño (fs. 211/212). Agrega que es "inverosímil" que una persona joven que ingresa a la Armada sea dada de baja tiempo después por tener dañada su columna vertebral (fs. 211 vta.). Por último, resalta el deber de indemnidad como obligación constitucional que tiene la Fuerza para con sus agentes.

VI. El artículo 76, inciso 3º, apartado c, de la ley 19.101 que rige a las tres fuerzas armadas de la Nación (texto según la ley 22.511 - B.O. del 6/11/81) prevé que los conscriptos que padezcan una incapacidad inferior al 66% para el trabajo en la vida civil "como consecuencia de actos de servicio" tienen derecho a percibir "por única vez" una indemnización en la forma y condiciones que determine la reglamentación de esta ley.

El demandante fue dado de baja por Disposición nº 320/05 "R" del Director de Armamento del Personal Naval, el día 21 de septiembre de 2005, por "FALTA DE APTITUD PARA EL SERVICIO NAVAL" (ver fs. 88 del Legajo Personal reservado en copias certificadas a fs. 37/37vta, que tengo a la vista por elevación de fs. 204vta.).

La decisión tuvo como antecedente, entre otras cosas, el dictamen de la Junta de Reconocimientos Médicos del 19 de mayo de 2005 en el cual consta el siguiente diagnóstico de A.: "Cervicalgias por discopatías cervicales múltiples; Lumbalgia por discopatías dorsales y lumbares; Artrosis de tobillo derecho; Osteocondroma del hueso astrálago derecho; sinovitis del tobillo derecho", motivo por el cual fue declarado "INEPTO" para permanecer en servicio, con una incapacidad laborativa permanente del 8%, (documental parte actora, fs. 8, tercer y cuarto párrafos, y 8vta., pto. VI, segundo párrafo).

Por lo visto, la minusvalía era inferior al 66% lo que significa que A. debía reunir las restantes condiciones previstas en el artículo 76, inciso 3, apartado c, de la ley 19.101 citada. Entre dichas condiciones está la relación causal entre la función y la incapacidad padecida por el dependiente. Es preciso distinguir la situación del actor de otras en las que la secuela incapacitante supera el porcentaje señalado; como en esas hipótesis la ley contempla un haber de retiro (conf. art. 76, inciso 2 apartado b, de la ley 19.101) los tribunales han decidido que ese beneficio no implica la prohibición legal de que el agente sea indemnizado en los términos del derecho común (conf. CSJN, Fallos: 326:407; 325:1297; 318:1256 y 1621 y esta Sala, causas 8533/99 del 12/02/01; 155/99 del 16/05/02; 1604/00 del 10/08/04).

En cambio, en casos análogos al de autos -esto es, incapacidad inferior al 66%- se ha juzgado que el interesado sólo tiene derecho al resarcimiento tarifado establecido en la ley (conf. CSJN, Fallos: 326:407; 325:1297; 318:1256 y 1621; en el mismo sentido, esta Sala causas 155/99 del 16/05/02 y 10608/05 del 8/02/12; Sala I, causa 9622/96 del 7/03/00; Sala II, causas 5171/92 del 26/08/98; 22.346/94 del 7/03/95; 4859/93 del 28/05/96; 3082/91 del 14/04/98).

Como puede verse, ya hay un obstáculo bien definido a la pretensión deducida en el pleito: la limitación de la responsabilidad del Estado Nacional a la cantidad fijada en la reglamentación. Ello basta para rechazar las sumas estimadas en la demanda (fs. 10). Podría argüirse que, en todo caso, el cuadro diagnosticado a A. y las derivaciones negativas de él -tanto en el plano patrimonial como extrapatrimonial- deben ser afrontadas por el demandado dentro de los límites reglamentarios a los que se aludió. Pero resulta ser que la prueba producida no abona esa tesis según podrá verse a continuación.

En primer lugar, el actor no impugnó su baja resuelta con apoyo en actos administrativos preparatorios que desvincularon las patologías que sufrió durante su carrera, de las tareas que llevaba a cabo. Tampoco cuestionó los anteriores. Al respecto señalo la existencia de varios dictámenes de la Junta de Reconocimientos Médicos emitidos entre los años 2000 y 2005 en los cuales se le detectaron distintas patologías que justificaron la calificación de "APTO RELATIVO TEMPORARIO", el otorgamiento de licencias y la indicación de no realizar esfuerzos físicos (fs. 65/71 del Legajo Personal fotocopiado, certificado y reservado en sobre; también fotocopias certificadas del Legajo de Servicios, en sobre fs. 15, fs. 22, fs. 36, fs. 41, fs. 50 y fs. 71). En todos ellos se consignó que "LA AFECCIÓN (sic) NO GUARDA RELACIÓN CON EL SERVICIO" (v.gr. ver fs. 73/76 del Legajo Personal).

La perito médica Dolores Irene Miranda designada en autos, no aportó ningún dato concluyente que desvirtuara el criterio de evaluación que dicha Junta mantuvo a lo largo de cinco años. El primer informe es del 8 de noviembre de 2011, es decir, casi seis años después de producida la baja (fs. 125/126vta.). El segundo, presentado el 3 de mayo de 2012 (fs. 138/139vta.), ilustra que "El origen del cuadro corresponde a factores personales (genético) y la acción de factores externos (traumatismos, microtraumatismos)." (fs. 138, párrafo, final). Al serle preguntado si el deterioro en la columna dorsal y lumbar podía deberse a un proceso degenerativo, respondió afirmativamente, lo que equivale a diluir el nexo causal, aspecto este nunca dilucidado en el sentido pretendido por el apelante (fs. 138 vta., punto 3 y fs. 139, punto 9).

Por lo visto, no puedo más que coincidir con el doctor Garbarino en cuanto a la falta de relación causal entre la actividad militar desarrollada por el actor y el daño (ver considerando III de la sentencia apelada, cuarto párrafo, fs. 188vta./189).

En síntesis, no hay elementos en la causa que justifiquen acoger -siquiera dentro de los límites normativos ya señalados (art. 76, inciso 3, apartado c de la ley 19.101)- el reclamo indemnizatorio del actor.

Por ello, juzgo que el fallo debe ser confirmado, con costas al apelante vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo dijo:

Adhiero a los fundamentos desarrollados por el doctor Guillermo Alberto Antelo en lo que respecta a la falta de relación causal entre la actividad militar desarrollada por el actor y el daño (ver Considerando VI, párrafo 5). Sin perjuicio de ello, es menester señalar que la Corte Suprema resolvió en "Bertinotti" (fechada el 6-10-92) que el alumno o conscripto que padece por acto del servicio una minusvalía inferior al 66% no tiene derecho a un resarcimiento según las normas del derecho común pues, como se ha visto, la ley militar les otorga una indemnización (art. 76, inc. 3, apart. C de la ley 19.101). Sin embargo -tal como lo he sostenido en otra oportunidad- entiendo que no juega dicho porcentaje con relación a los oficiales y suboficiales -repárese que el señor A. era suboficial de la Armada-, de manera que la circunstancia de que la Armada Argentina se expidiera en el sentido de que posee una incapacidad del 8% no formaría -en principio- óbice para la procedencia del resarcimiento según los preceptos civiles (conf. esta Sala, causa 10.525/07 del 31-5-11).

La Dra. Medina adhiere al voto del Dr. Antelo.

Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Marcelo Gota Buenos Aires, de junio de 2014.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Por la forma en la que se decide, corresponde tratar el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional -ver fs. 195 y concesión de fs. 196- contra la regulación de honorarios de fs. 189vta. a favor de la perito médica legista y psiquiatra, doctora Dolores I. Miranda, y del letrado del actor en doble carácter, doctor Walter Vázquez Fiel, por el incidente de prescripción resuelto a fs. 41/42.

El cuestionamiento de la retribución económica de la perito médica designada en autos resulta admisible, pese a la imposición de costas al actor, en virtud de lo establecido en el art. 77, in fine, del Código Procesal (causa N° 3671/05 del 24 de mayo de 2011). Aclarado lo anterior, y en atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse la experta, la base regulatoria estimada por el Juez de grado (fs. 189, último párrafo), al mérito y la calidad de sus dictámenes (fs. 138/139vta. y 149/162), se confirman los emolumentos fijados en primera instancia .-.

Respecto de los honorarios reconocidos al doctor Vázquez Fiel por su actuación en el incidente resuelto a fs. 41/42, teniendo en cuenta lo expuesto por el magistrado respecto del monto del juicio (fs. 189, in fine), el resultado obtenido, el carácter de la actuación y el mérito, la extensión y eficacia de la labor, se confirma la suma establecida a su favor . (art. 33 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo-Ricardo Gustavo Recondo-Graciela Medina