marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, empleo público, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Oreguy Rodolfo Miguel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-27

La relación entre las partes era de carácter administrativo, y por lo tanto se encuentra reservada expresamente por la C.N. a la jurisdicción local, y sin perjuicio de que los presupuestos de hecho no sean idénticos resulta de aplicación al caso la doctrina sentada por la C.S.J.N. en los casos "Ramos" y "Cerigliano". El Alto Tribunal dejó en evidencia la cuestión concerniente a que quienes no se encuentren sometidos a la L.C.T., en tanto desempeñen tareas materialmente subordinadas y permanentes a favor de la Administración Pública nacional o local, gozan de la protección conferida por el art. 14 bis C.N.. La interpretación literal del art. 2 L.C.T. sumada a la exclusión del actor del régimen de dicha ley, conforme lo dispuesto por el art. 2 inc. a) equivaldría a considerar que el reclamante se hallaba exento de protección frente a los incumplimientos que endilgó a la accionada y por los que decidiera su autodespido, lo cual resulta lesivo de la garantía constitucional. El accionar de la demandada tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. La demandada procedió en forma ilegítima debiendo proceder a la reparación de dicho obrar frente al actor. Debe aplicarse la indemnización prevista en el art. 11 párrafo 5 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (ley 25.164), por resultar una medida equitativa para reparar los perjuicios sufridos por el accionante y no hallar otra que pudiera considerarse de preferente aplicación en el caso. Asimismo corresponde incluir los conceptos de preaviso e integración del mes de despido, ambos con su correspondiente SAC, contenidos en la L.C.T., por resultar justo y equitativo (art. 11 L.C.T.).
Extinción del contrato de trabajo, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Walter Daniel c/ Rivera, Luis y-o quien resulte propietario o responsable del"Taller Luisito" s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-04

La finalidad de la invocación de las causales exigida por el artículo 243 L.C.T. consiste en salvaguardar el derecho de defensa del destinatario de la comunicación, colocándolo en condiciones de reunir con tiempo las pruebas de la inexactitud de aquéllas, tal objetivo resulta alcanzado cuando surge evidente que a la esfera de conocimiento de ese sujeto de la relación laboral ingresó ciertamente la sustancia de lo que el otro le imputaba como injuria inferida por él, quedándole en claro los motivos alegados como fundamento justo del distracto.
Agentes de la administración pública, remuneración, adicionales de remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peirano, Diego A.A. c/ Instituto de Viviendas del Ejército s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-02

Dejando a salvo mi opinión personal sobre el punto vertido en la causa "Berchio", del 9/5/96, corresponde acatar la jurisprudencia que surge del pronunciamiento de la C.S.J.N., in re "Miguel Angel Baz", del 13/5/97, por lo que consecuentemente, corresponde admitir el agravio expresado por la accionada en relación al decreto 239/90 (cfr. en este sentido esta Sala in re "Albeverio María Beatriz y otros", del 9/6/98). (Del voto del juez Buján, consid. 5.1.).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cavallero, José Roberto y otro c/ Municipalidad de La Plata s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-16

Dentro de la gama de soluciones disponibles para el tribunal de alzada no está sólo el de rechazar o receptar el agravio "in totum" sino graduar la respuesta en vista a la revisión intentada y el perjuicio que para esa parte irroga el mantenimiento de esa decisión.
Tasas de interés, tasa mix, doctrina legal
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ T., J. s/ SUMARIO s/ EJECUCION DE SENTENCIA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-07-28

El S.T.J. (con otra integración) decidió a partir de los autos: "CALFIN, J. H. y Otros c/MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS s/RECLAMO" en Se. Nro. 180/92 del 08-10-92 y Se. Nro. 201/92 del 02-12-92, fijar posición en el debate que había suscitado la materia en la doctrina y jurisprudencia, y establecer un criterio que sería de aplicación con carácter de doctrina legal hasta tanto se mantuviera la crítica coyuntura económica en el país. Ello fue también lo resuelto por este Superior Tribunal (con la actual integración) ante la crisis económica financiera que sufriera el país desde 2001 y ha reiterado en sus pronunciamientos idéntico criterio, con total conocimiento de los datos de la realidad que demuestran la existencia de una profunda crisis económica y financiera de neto corte estructural, tanto en la Nación como en la Provincia (conf. "ASIN", Se. Nro. 29/02 de fecha 24-04-02; "RADA", Se. Nro. 160/03 de fecha 12-06-03). Que en tal orden de ideas y, habiendo ponderado y/o merituado los distinto sistemas de tasa de interés moratorio aplicado por los Jueces conforme prevé el art. 622 del Código Civil, el de tasa pasiva promedio del BNA, el de tasa activa promedio que aplica el Banco Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos - cual fuera el propuesto por la parte actora y aplicado por las sentencias de las instancias inferiores -, o el sistema que aplica el fuero Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial para deudas no pesificadas, originalmente en pesos (18 -dieciocho- por ciento anual desde la mora hasta el 01-02-02 + 45 por ciento anual hasta el 31-12-02 + 40 -cuarenta- por ciento anual hasta el 01-06-03 + 24 -veinticuatro- por ciento hasta el efectivo pago), no se encuentran y/u observan elementos fundantes sustanciales que ameriten y/o determinen un cambio del criterio de la tasa Mix aplicada por este Cuerpo hasta la fecha.

Máxime, considerando que uno de los motivos y/o supuestos basales para la aplicación de la tasa activa por el Tribunal "a quo", cual fuera la inflación desatada a partir de enero de 2002, ha tendido a partir de julio de 2003 a disiparse y estabilizarse, alcanzando actualmente la economía - en cuanto a la inflación - niveles de estabilidad comparables y próximos a los logrados en la década pasada con la Ley de Convertibilidad Nro. 23928
Ministerio Público Fiscal, recusación por manifestaciones extrajudiciales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Hooft, Pedro C. F. c/ Fiscales Dres. Horacio Azzolin y Jorge Auat s/ Incidente de Recusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-19

Corresponde rechazar el pedido de recusación del fiscal interviniente, con fundamento en que habría puesto en evidencia de modo reiterado y mediante publicaciones en redes sociales y otros medios de difusión una contundente y evidente omisión a su deber de objetividad, pues dichas manifestaciones fueron propinadas en un ámbito ajeno al expediente, por lo que no tendrían incidencia en la causa, habida cuenta que la dirección del proceso y en definitiva el señorío respecto de la prueba atañe al magistrado interviniente.
Medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo, ampliación del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: C. A. K. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22

El adquirente de una cosa registrable, embargada por monto determinado, para obtener el levantamiento de la medida cautelar, no puede liberarse pagando sólo el monto inscripto; sino que responde también, entre otros conceptos, por las sucesivas ampliaciones, aún cuando no estuvieren inscriptas (CNCiv., en pleno, "Czertok, Oscar y otro c/ Asistencia Médica Personalizada S.A. y otro", 23/8/01, LL, 2001-E, p. 655).

Es decir, la escrituración de un inmueble a favor de un tercero no extingue la única posibilidad fáctica y jurídica de que el embargante obtenga su crédito. Ello podría ocurrir solamente en el supuesto de que se hubiera omitido inscribir el gravamen originario pero no cuando se omita la inscripción de las ampliaciones del mismo (ver, sobre el punto, Picasso, Sebastián, "Responsabilidad del Estado por inexactitudes registrales", JA, 1/3/00, p. 2).

En el caso, la actora obtuvo un embargo que fue anotado al momento de labrarse la escritura que adjudicó el inmueble a favor de un tercero, mas no pudo conseguir que una ampliación de aquél embargo corriera la misma suerte. En virtud de ello, demandó a quien indebidamente omitió tal anotación con el objeto de que indemnizara la invocada pérdida de la garantía; sin embargo, toda vez que -en rigor- ninguna garantía se perdió como consecuencia de ello y, por ende, no existió perjuicio alguno derivado de aquella omisión, la demanda entablada debe desestimarse. (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Prescripción, daños y perjuicios, actos ilícitos, desaparecidos, privación ilegal de la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ Estado  Nacional  y  otros s/ proceso  deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

En el caso en que el Estado Nacional nunca informó sobre la muerte de los familiares del actor, ni éstos aparecieron con vida, el día del punto de partida del plazo de prescripción debe situarse en la fecha en que, en virtud de una ficción, se puso término desde el punto de vista jurídico al estado de incertidumbre.
Prueba de informes, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: De Barrenechea, Modesto c/ La Plata Refrescos S.A.C.I. s/ Cobro de comisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Incurre en absurdo el fallo que descalifica la prueba de informes producida si: a) el requerimiento fue respondido en los límites del interrogatorio que fue puesto en conocimiento del tribunal que nada observó al disponer la apertura a prueba; b) la información suministrada debe surgir de los libros del informante (arts. 43 y siguientes del Código de Comercio y 394 del C.P.C.C.) y la parte interesada no impugnó ni requirió exhibición de los asientos contables y antecedentes en que se fundó la contestación (art. 401, C.P.C.C.); c) por último, la firma del informante no fue desconocida por parte interesada ni el juzgador observó nada a su respecto (art. 1028, Código Civil).
Derecho a la privacidad, principio de legalidad, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

El principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídica formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Parra, M. C. c/ Casso, C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

La obligación del vendedor es entregar la cosa vendida y está no puede ser otra distinta de la que fue materia del consentimiento. No cumplida la obligación se abre la vía indemnizatoria, si el comprador decide mantener vigente el contrato.
Prestación de servicios, primacía de la realidad, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Bordón Néstor c/ Asociación Juana Azurduy y/o Sara C. de Guasti s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-07-03

El hecho de la prestación de servicios se impone sobre la denominación o calificación que las partes hayan atribuido a la vinculación, también por aplicación de expresa normativa legal art.14 ley 20744, la que autoriza a reemplazar "ope legis" lo pactado por las correspondientes disposiciones de orden público laboral que se hubieran violado conf. arts.7,13 y 14 de la mencionada ley, sin olvidar que asimismo y por obvia implicancia del comentado principio de primacía de la realidad art.11 ley 20744, que rige en el fuero, el trabajador en tal supuesto se encuentra dispensado de asumir la carga de probar acerca de la negociación que hubiere generado la vinculación; como también que por aplicación del art.23 de la ley 20744, cabe presumir la existencia de una relación laboral, en tanto se haya acreditado haber dado cumplimiento al hecho de la prestación de servicios en subordinación jurídica, tal como acontece en la especie.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bco. Popular Argentino S.A. c/ I.A.D.A. Srl. Carlos A. Sayago y Ot. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-20

La validez de la constancia de saldo deudor de cuenta corriente se acredita debidamente con la firma del gerente y contador de la entidad bancaria, careciendo de eficacia la negativa del accionado en cuanto a la autenticidad del título y la calidad de los firmantes. El único requisito extrínseco al respecto es la atribución en el título de la calidad de gerente y contador por parte de quienes expiden el certificado, la que queda ratificada por ser la institución donde cumplen esas funciones quien esgrime el título en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, omisión de considerar cuestión propuesta, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, títulos ejecutivos, cancelación de deudas, apreciación de la prueba, conducta de las partes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Vanderhoeven Agrícola S.A. c/ Bussy, Delfin s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Juicio ejecutivo (Expte.: C.S.J.  Nro. 429 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-27

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad y debe anularse la sentencia impugnada desde que es censurable no sólo la posición del A quo -que eludió la consideración de aspectos trascendentes denunciados por el demandado no obstante la profusa producción probatoria de que dan cuenta las constancias de autos- sino también la del actor que teniendo a su alcance las herramientas suficientes, nada hizo en orden a justificar, aunque más no sea brindando una mínima explicación, su legitimación para reclamar el cheque de autos. Es cierto que, cambiariamente, la posesión del título conforme a la ley de circulación faculta a su portador a exigir el cumplimiento de la prestación contenida en el mismo, pero no se puede obviar que, concurriendo las especialísimas aristas que revisten a este conflicto, era exigible una conducta del actor enderezada a esclarecer su legitimación. No sólo la buena fe impuesta a las partes por el artículo 24 del Código en lo Procesal Civil y Comercial, sino también elementales previsiones vinculadas al ejercicio de los derechos (artículo 1071 del Código Civil) militan en la exigencia a la que se alude. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, jubilaciones, reconocimiento en sede judicial, beneficios previsionales, edad mínima para jubilarse
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EGIDO, CUSTODIO MARIANO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso extraordinario -recurso contencioso administrativo (Expte.:  C.S.J. N. 204 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

La inteligencia de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y a ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma. De la atenta lectura de los fundamentos de la sentencia de autos se extrae, en definitiva, que la aplicación del régimen de reciprocidad carece de decisividad a los fines de dilucidar el cumplimiento del requisito de la edad para acceder a la jubilación ordinaria "especial" contemplada en el artículo 14, párrafo 3, de la ley 6915. (Citas: CSJN Fallos 308:2246; 310:572 y 1390; 311:2751;

312:1484)
Concursos, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Entre Ríos S.A.C.I.F. y F. s/ Pedido de Concurso Preventivo-Hoy Quiebra-Inc. Verif. tardía prom.  por Di Tomaso
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-09-21

Cabe tener en cuenta que, como principio, los créditos originados durante el trámite de concurso preventivo no gozan de la preferencia contemplada en la legislación vigente por la norma del artículo 240, aún cuando se refieran a gastos relativos a la explotación comercial. En la especie, sin dejar de reconocer que los llamados "gastos prededucibles" no constituyen propiamente un "privilegio" y que el orden legal los exime de verificación, no puede soslayarse que el propio acreedor interesado omite formalizar un planteo claro e idóneo como para justificar la estimación de la preferencia que se le otorga de manera oficiosa. Aunque en la materia se reconozca especialmente al Juez facultades de decisión conforme a criterios de necesidad, justicia y equidad, no se advierte en el particular la existencia de la pauta fundamental -beneficio común- a tener en cuenta a los efectos de la procedencia como crédito de conservación y justicia. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, errónea apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Transporte San Nicolás S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-09-20

La revisión de los hechos en casación, opera solo de un modo excepcional, dentro de la excepcionalidad que supone este recurso, por lo que cuando se invoca errónea apreciación de la prueba, el error debe surgir evidente, por el simple cotejo entre el contenido del instrumento y las afirmaciones de la sentencia, sin que sea lícito ni legítimo recurrir a presunciones, conjeturas, ni discusiones más o menos valederas. O como se ha señalado en otras ocasiones, para combatir el error de hecho es necesario que el documento o acto auténtico en que se apoye el recurrente, exprese, textualmente, lo contrario de lo que suponga la sentencia.
Emergencia económica, gobierno nacional, facultades del gobierno nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

En momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL
Carátula: FINEXT S.A. c/ ROJAS, V. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

Aún aceptando que las formas de la sentencia en el juicio ejecutivo no están sujetas a las formalidades de las que se dictan en el ordinario, es imprescindible que ella contenga decisión expresa, positiva y precisa de todas las pretensiones con arreglo a la acción deducida. Es que, la sentencia de remate cumple la finalidad de poner en conocimiento del deudor, el monto por el que la ejecución prospera y las bases de lo jurídicamente adeudado que permitirán practicar oportunamente la liquidación del monto de condena.-
Beneficios previsionales, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mac-Kenzie de Mora, Rosa Dolina s/ Recurso de Apelación contra Resolución Nro. 856 del ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-20

Debe destacarse entre las reglas de interpretación, la que determina la necesidad de que la hermenéutica de una norma concuerde con el resto de las disposiciones de la misma Ley, evitando ponerlas en pugna, así como ha de compatibilizarse y armonizarse con el resto del orden jurídico máxime cuando la integración de este orden se produce con leyes sucesivas modificatorias, ampliatorias o complementarias de los regímenes que implementa.
Derecho procesal, Ministerio Público, deberes y facultades del defensor oficial, designación de defensor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pareaqui SRL c/ Pacheco Molina, Romina Rocio Alejandra  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Procede confirmar la resolución que designó al Defensor Oficial rechazando su queja respecto de que se haya prescindido de cumplimentar, en debida forma, con la doble publicación edictal ordenada por la legislación adjetiva. Ello por cuanto, es de señalar en la materia que es presupuesto de aplicabilidad de tal doble publicación de edictos prevista en el art. 146 in fine del ordenamiento procesal la desproporción entre la cuantía económica del juicio y el costo de publicación de los edictos, debiendo demostrarse que los gastos que demanden los edictos encuadran dentro de esa situación fáctica. Así las cosas, atento que el objeto de este proceso se encuentra circunscripto al retiro del vehículo de propiedad de la demandada del estacionamiento que explota la accionante, y considerándose cumplidos los recaudos mínimos exigidos para dar con el paradero de la accionada, en la especie aparece razonable que la publicación sea efectuada exclusivamente en el Boletín Oficial. 2 - También cabe rechazar su queja respecto de que la publicación de edictos debió ser ordenada sin el apercibimiento de su designación como Defensor Público. Esto por cuanto, más allá de que la publicación edictal ya fue efectivizada de tal manera, lo cierto es que ese extremo viene impuesto por el CPR 334 atento la necesaria intervención del Defensor Oficial para representar los intereses de la accionada.
Cuestiones de competencia, excusación, inhibitoria, trámites judiciales, escritos judiciales, falta de copias
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Miranda, Eduardo Daniel Alberto s/ adopción - proceso especial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Actuó correctamente el juez que no dio curso a la inhibitoria remitida por un magistrado de otra jurisdicción sin acompañar, como lo establece el art. 9, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al pedido de inhibitoria, testimonio o fotocopias del escrito en que se ha planteado la cuestión, pues ello impide al juez requerido revisar si la inhibitoria ha sido deducida en tiempo propio, y la admisibilidad de los hechos y el derecho en que se funda.
Intereses, obligaciones en moneda extranjera, tasas de interés, reducción de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDITO DE CUYO c/ JUAN TORRES s/ Prepara via Ejecutiva (LIBRO: S153 - 180)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-07-03

Procede la reducción oficiosa de la tasa de interés, toda vez que la aplicada, violenta la regla moral del art. 953 CCI, en el caso se pretendía el 53 porciento anual entre compensatorios y punitorios. Se fija en el 24 porciento anual entre intereses compensatorios y punitorios por ser el interés promedio de las tasas admitido para las operaciones en dólares.
Contrato de trabajo, renuncia de derechos
Materia: LABORAL
Carátula: T., H.E. y Otros c/ L. 28 J. SCTTL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-26

El art. 12 de la L.C.T. debe ser analizado, en coherencia con las restantes normas referidas a la disponibilidad de créditos y de una manera extensiva, que es, precisamente, la que permite sostener la irrenunciabilidad plena.