marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por despido, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Papel Misionero S.A.I.F. y C. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

En el caso concreto la norma cuestionada - última parte del primer párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente - resulta obvia y equitativamente inaplicable, toda vez que vulnera sin razón atendible los derechos que tenía o podía aspirar el actor No necesariamente esta posición, debe conducir a otorgar exactamente lo que percibía el dependiente como remuneración, pues como acontece en autos, deriva en otra injusticia, pues la suma que deberá abonar la empleadora, será sumamente superior a la que correspondería si fuera despedido en este momento. La aplicación estricta de criterios o fórmulas matemáticas para el reconocimiento de indemnizaciones, no es en la mayoría de los casos compatible con la justicia conmutativa.

Sí una automatización de la jurisdicción que debe desterrarse para valorar en cada caso concreto cuál es el criterio que conduce a una justa solución. Tomando los coeficientes ordenados en la sentencia;

sin tomar en consideración los intereses posteriores y que se fijan en el promedio de la tasa activa y utilizando idéntico procedimiento;

transformando dichas cantidades a la moneda corriente, pesos, y actualizada; equivale a establecer una indemnización superior a la que correspondería con su sueldo actualizado. La uniformidad debe primar en el razonamiento, sino conduce necesariamente a un resultado no querido por el legislador, ni menos por los propios jueces que resuelven la controversia; con las reservas formuladas precedentemente, no obstante adherir a la tesis de la inconstitucionalidad corresponde dejarse sin efecto el fallo recurrido, debiendo bajar los autos, para que por quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento, adecuando la condena, a las pautas suscintamente expuestas. (Dr. Bertolini: En disidencia).
Empleados públicos, concurso de cargos, traslado por razones de servicio, cambio de tareas, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PALACIOS, MARIA ESTER c/ MUNICIPALIDAD DE ROLDAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 54 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

En los antecedentes jurisprudenciales se perfila un derecho subjetiv o del empleado público que debe ser conservado y mantenido en caso d e traslado por razones servicios. Y dicho argumento se ve reforzado cuando el agente ingresa a los cuadros de la Administración a través de un concurso para un cargo determinado y con requerimientos específicos, los cuales, es indudable, son tenidos en mira tanto por quien se postula, como por la propia Administración que meritó sus necesidades. En definitiva, en cualquiera de los supuestos -traslado y/o cambio de funciones- el ejercicio de la facultad en cuestión encuentra límites, ya que es necesario considerar, frente a la potestad de la Administración, los correlativos derechos del agente, a fin de no traspasar los límites de la juridicidad en la persecución del interés público.
Superintendencia, deberes y facultades del juez, sanciones procesales, procedencia del recurso, multa, cláusula de sustitución, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-06

Corresponde confirmar la resolución de la SRT que sancionó a la aseguradora con motivo del incumplimiento a lo dispuesto en la ley 24557: 36-d) apartado 1, toda vez que no habría remitido la documentación de las visitas de seguimiento de la Resolución SRT n° 559/09, dado que las mismas fueron informadas por sistema electrónico y no fueron enviadas en el ingreso ante la SRT.
Prescripción, suspensión de la prescripción, actos ilícitos, querella, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: FRANCO DE PALOMO, Sara c/ BALENTINI, Carlos Alberto y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

El art. 3982 bis del Código Civil (t.o. ley 17.711) introduce una nueva causal de suspensión del curso de la prescripción, en la cual el hecho objetivo de la querella aparece como reflejo de la influencia de la sentencia penal en el juicio civil por indemnización de daños. Por consiguiente, frente a lo dispuesto por los arts. 1101 y 1102 del Código citado, resulta atinada la suspensión de la prescripción respecto de todos los responsables, aún cuando la querella se haya dirigido solamente contra uno de ellos, conclusión que se refuerza por la circunstancia de que el art. 3982 bis es claro cuando se refiere a la "acción civil" sin limitarla a determinados responsables. La causalde suspensión de la prescripción prevista por el art. 3982 bis del Código Civil -que es continuación del art. 3982- beneficia al lquerellante respecto de todos los civilmente responsables.
Mandato, poder, personería, suficiencia, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, carácter excepcional
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: González, Lelia Gregoria c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 97-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-22

El principio de conservación de los actos procesales que, en su formulación más lata indica la conveniencia de preservar la eficacia y la validez de los actos, frente a la posibilidad de su anulación o pérdida (lo que llevaría a un resultado disvalioso), trasplantado al proceso, tiende a lograr los valores de seguridad y firmeza, de operancia mayor aquí que en otros campos del derecho. Resulta de ello que, en caso de duda sobre la configuración de un vicio procesal, corresponde declarar la validez sobre todo si se tiene en cuenta que la nulidad procesal es un remedio excepcional último, al que debe recurrirse solamente cuando el vicio no pueda subsanarse en forma alguna sino con el acogimiento de la sanción, y es de interpretación restringida, estricta: en caso de duda sobre la existencia del defecto procesal, cabe desestimar la nulidad. Más todavía: el fenómeno jurídico que se regula en el artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, se relaciona exclusivamente con la vinculación de las partes a la cosa juzgada que emergerá como efecto de la sentencia que se dicte en la causa, a fin de no tornar irrelevante el desgaste jurisdiccional.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dib de Fraga, Adriana Silvina y otra c/ Centro Médico Integral S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-04

Resulta definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y comercial el fallo que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia, cómputo del plazo, notificación por cédula, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: LOZADA Ricardo Walter c/ Provincia de San Juan y Sucesores de Quiroga Pedro Rodolfo s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-07

La segunda instancia se abre en la oportunidad prevista en el artículo 275 inc. 1º del CPC, con independencia de su notificación por cédula.

La falta de notificación por cédula de la concesión y puesta a disposición para fundamentar el recurso (art. 253, segundo párrafo), obsta que sea declarada su deserción (art. 253, tercer párrafo), pero no impide que transcurridos los plazos previstos por ley (art. 274 inc. 2º) desde que el recurso se concediera (art. 275 inc. 1º), la parte contraria acuse la perención, ya que incumbe al interesado -quien promovió la vía recursiva- procurar su avance hasta que se encuentre en condiciones de ser decidida. Una interpretación diferente podría conducir a su virtual paralización sine die.
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caggiano, Roque Aldo y otro c/ Sociedad Civil Hospital dr. Duhau s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

En el caso que nos ocupa trátase de un infortunio generado a partir de un descuido de los padres que determina la lesión por quemaduras del menor y concluyendo la situación con la muerte del pequeño hijo debemos analizar si entre ambos hechos ha existido una concausa, un agravante y/o una falta de debida atención por parte del establecimiento demandado que genere la responsabilidad profesional.

En la especie mas que indagarse la conducta de algún médico en particular (reproche no hallado en aquella sede), se investiga la responsabilidad de la institución médica personificada por el Hospital Duhau en cuanto a organización científica y administrativa idónea para brindar la respuesta asistencial. Es que el hospital público o en la especie la entidad privada ligada por un régimen contractual tiene la obligación de prestar el servicio de sanidad, y a este lo debe realizar en condiciones adecuadas para el fin social establecido, deviniendo responsable el Estado o el particular titular de su irregular ejecución, que en la especie se denota ante la falta de debida diligencia que requerían las circunstancias del caso. No obstando a dicha responsabilidad la circunstancia de que no exista un autor singular, pues el daño es producto causal de la falta de respuesta sanitaria debida contractualmente, siendo responsable por violación de la garantía de seguridad asumida. Es que en el caso era menester inmediata internación, tratamiento adecuado y derivación urgente a un establecimiento especializado, siendo la responsabilidad colectiva con fundamento en el riesgo creado por obligarse la institución a la prestación de un servicio a través de su cuerpo profesional, siendo responsable no sólo de tal prestación si no que ella lo sea en condiciones tales que el paciente no sufra por deficiencias en su actuación (art. 1.109, 1.113 Cód. Civil).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito  Argentino S.A. c/ Greco, Jorge y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

La capitalización trimestral prevista en el art. 795 del Código de comercio sólo está referido a los períodos de operatoria de la cuenta corriente y no a los posteriores al cierre de la misma, por lo que no corresponde su aplicación durante el proceso en el que se ejecuta el saldo deudor, toda vez que la existencia de éste presupone dicha circunstancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, falta de tribunal superior común, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Achaval, Eber Iván c/ Galeno A.R.T. S.A. y/u otro s/ Daños y Perjuicios - Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-30

Este Cuerpo es competente para resolver en el conflicto negativo de competencia ya que no existe una Cámara o Tribunal común a los órganos involucrados en la contienda (Juzgado del Trabajo y Minas y al Juzgado en lo Civil y Comercial) ostentando el Superior Tribunal de Justicia el carácter de órgano superior y común debiendo actuar en pleno en toda actuación no atribuida expresamente a una de sus Salas.
Excepciones procesales, inhabilidad de título, rechazo del reclamo, jerarquía constitucional
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Compañía Sudamericana de Gas SRL s/ 23 - ejecución multa determinada por controlador
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde rechazar la queja en tanto los agravios no superan la mera disidencia con la valoración realizada por la Alzada, alegando de manera genérica y meramente dogmática la afectación de derechos de raigambre constitucional, sin lograr demostrar una clara valoración entre aquellos y lo decidido en la sentencia cuestionada. Los cuestionamientos esgrimidos por la recurrente se centran en interpretación de normas de derecho común -ley n° 451, ley n° 5903 y ley n° 189- ajenas a la instancia extraordinaria, sin demostrar el cercenamiento de garantías constitucionales, ni controvertir fundadamente los argumentos en los que el aquo sostuvo la inadmisibilidad de la impugnación. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a los fundamentos dados por el Fiscal General Adjunto en su dictamen).
Competencia, competencia federal, competencia correccional, Comunicaciones, virus informático
Materia: PENAL
Carátula: MARCHIONE, Gabriel. s/ DAÑO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-16

Corresponde a la justicia federal entender en las actuaciones seguidas por el delito de interrupción de las comunicaciones (art. 197 del C.P.), de una empresa telefónica, consistente en el entorpecimiento y congestión de los servidores de correos por vía telefónica, mediante la incorporación de virus informáticos, con perjuicio a un número ilimitado de personas y al sistema de comunicaciones en general.
Compraventa de mercaderías, vicio oculto, decomiso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUASTADISEGNI MARZELLA Y CIA. c/ LUIS MOLINA s/ Cobro Pesos (LIBRO: S071 - 034)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-18

Si el vicio era oculto, la circunstancia de que el mismo se haya descubierto con posterioridad a la entrega, no lo priva de aquel carácter, toda vez que -como en el caso- fue necesario un exámen químico para determinarlo. Si a raíz del mal estado el producto fue decomisado y, por ende, la cosa se perdió, dicha pérdida debe ser soportada por el vendedor, quien debe restituir el precio al comprador.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: ORELLANA DARDO HORACIO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ COBROS DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-18

Es principio general receptado por esta Corte que, el modo de distribución de los gastos causídicos configura una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en vía casatoria, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica, los que no concurren en la especie.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, prueba, apreciación de la prueba, accidente de tránsito, daños y perjuicios, relación de causalidad, peritos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Sommer, Orlando Alberto Alfredo c/ González, Rubén Horacio y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a los da!os y perjuicios derivados de un accidente de tránsito por considerar que no existía prueba alguna sobre la relación de causalidad entre las lesiones sufridas por el actor y el accidente, toda vez que no tuvo en cuenta el informe del perito médico, incurriendo así en un excesivo rigor crítico y desconociendo la existencia de elementos e indicios que lo hacen verosímil.
Derechos y garantías constitucionales, Constitución Nacional, derechos no enumerados, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ Incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-21

Si bien la Constitución no previó originariamente en forma expresa la prohibición de la doble persecución penal, se la ha reconocido tradicionalmente como una de las garantías no enumeradas: art. 33 de la Constitución Nacional.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, acto administrativo, notificación, negativa a notificarse, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lobos, José Ernesto c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 124-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

La Corte provincial ha reiteradamente destacado la importancia de la notificación íntegra de los actos administrativos, habiendo expresando -si bien en referencia al decreto-acuerdo 10204/58-, que en otros regímenes, nacional o en el derecho comparado, los recaudos exigibles a la persona pública para comunicar de un modo cierto y seguro la decisión y sus razones son muy acentuadas o rigurosas; que en el orden nacional, resultan parecidas las previsiones doctrinales y jurisprudenciales sobre vista de las actuaciones; y que conviene que las reglas del sistema local se confronten siempre con las pautas del debido proceso, que establece, entre otras reglas, la de notificación y audiencia; que la notificación es:

conocimiento oportuno y posibilidad de defensa. Si en el caso, no se encuentra acreditado que la Municipalidad demandada haya cumplimentado debidamente los requisitos formales exigidos por el artículo 12 del decreto 3197/68 que, al regular la notificación en diligencia impuso como exigencia la entrega en el acto de "copia del texto que se notifica", no puede considerarse injustificada la negativa del agente a notificarse de un acto con fundamento en que no se le entregaron copias de las actuaciones respectivas.
Competencia, competencia de instrucción, competencia electoral, partidos políticos, delitos electorales
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, TOMAS s/ COMPETENCIA   ELECTORAL  -  PARTIDOS  POLITICOS  -  DELITO  ELECTORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-14

Corresponde entender a la Justicia de Instrucción si la actividad delictiva recaída sobre libros partidarios y fichas de afiliación se relaciona con el quehacer político más que con la instancia comicial; dado que el art. 44, inc. 2 apartado c) de la ley 19.945 asigna competencia en materia penal al Juez Electoral, solamente para delitos electorales.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Bufager, M. M. s/ Ejecución prendaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

La resolución de la Cámara que desestima la excepción de inhabilidad de título y declara desierto un recurso de apelación concedido en relación y con efecto diferido, no se introduce en consideraciones que excedan el marco de la ejecución, quedando abierta al recurrente la posibilidad del juicio ordinario posterior (art. 551 del Cód.

Proc. Civil), no revisten en consecuencia, carácter definitivo en los términos del art. 296 del código citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hipoteca, caducidad, Banco Nación, tercero adquirente de buena fe, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, aplicación de la ley, extinción de las obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Banco de la Nación Argentina c/ Unzain, Henrri Manuel y otra s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

La sentencia que consideró caduca la hipoteca y por tanto no exigible el crédito del Banco de la Nación Argentina frente al tercero adquirente resulta objetable, pues la alzada ha prescindido de aplicar el art. 29 de la ley 21.799 (t.o. ley 25.299) que prevé expresamente que los efectos del registro de la hipoteca durarán hasta la completa extinción de la obligación y tal disposición legal -contenida en la Carta Orgánica del Banco citado - constituye una excepción, como la propia norma lo precisa, a la solución prevista por los arts. 3151 y 3197 del entonces vigente Código Civil, que establecían que los efectos de la inscripción de la hipoteca se extinguían pasados veinte años desde que fue registrada (Voto del juez Rosenkrantz).
Remuneración, adicionales de remuneración, premio por presentismo, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FLEYTAS, JUAN Y OTROS c/ MICROOMNIBUS QUILMES SA s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

La "gratificación estímulo asistencia" constituye un derecho incorporado al contrato individual de cada uno de los actores (sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a dicho adicional), ya sea que entendamos que tal beneficio proviene de lo pactado por las partes en el ámbito de las empresas -lo que configuraría un contrato pluriindividual-o que lo interpretemos como una liberalidad del empresario; por lo tanto, dicho premio no se encontraba dentro del poder de negociación del sindicato; máxime cuando del juego de los arts 8 de la LCT y 7 y 8 de la ley 14.250 se desprende que el convenio colectivo de trabajo está llamado a mejorar los beneficios y no a disminuir los derechos de los trabajadores- en este caso a suprimir un plus remuneratorio-. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).
Concursos, actos ineficaces
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nogueira Mario s/ Quiebra s/ Incidente de Declaración de ineficacia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-05

Cuando el art. 109, último párrafo, de la ley 24.522 establece que la declaración de ineficacia de los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que haga o reciba, debe ser declarada de conformidad con lo dispuesto en el art. 119, penúltimo párrafo, en realidad debió remitirse al art.

118, pues frente a actos como los mencionados no corresponde tramitar una acción deducida ante el juez de la quiebra por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de partes se opte por la vía de incidente.
Pago, mora, depreciación monetaria, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: Nesci, Diego Vicente José c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso Administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 230-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-21

Pretender el pago de lo adeudado sin la indexación correspondiente implica pretender que injustamente el titular del crédito reciba aquello que le corresponde reducido, con la consiguiente afectación del afianzamiento de la justicia y del derecho de propiedad de raigambre constitucional. Por ello, la amplitud con la que la jurisprudencia admitió la oportunidad de la petición de la actualización, procurando de esa manera el respeto a la reparación plena y a los "suyos" comprometidos jurisdiccionalmente.
Declaración de inconstitucionalidad, criterio de razonabilidad, beneficios previsionales
Materia: PENAL
Carátula: Pennacchiotti , Horacio Adrián c/ ANSES s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-15

Por carecer de toda razonabilidad el inc. c), del art. 2, de la ley 25.995, es que corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad. Cabe señalar que la sanción de dicha ley (10 de enero de 2005) se produjo quince años después del cierre y liquidación de la empresa en cuestión -ex Empresa Hierros Patagónicos S.A. Minera (HIPASAM)-. Dicha circunstancia provocó que muchos ex trabajadores debieran emigrar en busca de nuevos empleos, ya que no quedaban alternativas y así, como el actor consiguieron trabajo mucho más allá de 200 km que el art. 2 inc. c) de la norma exigía, en contradicción con el art. 16 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, resulta un absurdo cuando se legisla previendo situaciones de difícil cumplimiento y, no contemplar el hecho de que la existencia de la mina, hacía la existencia y desarrollo de la ciudad de Sierra Grande, con lo que una vez desaparecida su principal fuente de riqueza, desaparecieron en gran medida las posibilidades de los habitantes de permanecer en el lugar y subsistir mediante otras fuentes de trabajo. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).