Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-16


Salta, 16 de marzo de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "TERRILE, Carlos Federico vs. MARTIN, Nilda Lucía - EJECUCCIÓN DE HONORARIOS" del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 6º Nominación; EXPTE. Nº 576717/16 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Vienen los autos a la alzada a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 47 por el Dr. Carlos Federico Terrile -por su propio derecho- contra la sentencia de fs. 42/45 que hizo lugar a la excepción de pago total opuesta a fs. 26/28 por la ejecutada, y en consecuencia tuvo por cancelados los honorarios profesionales pretendidos por el apelante, en razón de su actuación profesional en el Expte. principal Nº 279.337/9, con costas al ejecutante.

Al fundar el recurso (memorial de fs. 54/57 vta.), manifiesta en lo esencial que la sentencia hace alusión a un presunto convenio que no existió ni fue presentado en autos, por lo que no entiende con qué criterio el juzgador interpretó su existencia.

Refiere que la primera contradicción sostenida por la señora Jueza de grado resulta de haber rechazado la posición de la demandada -quien en el expediente principal presentó el recibo por honorarios y solicitó se rechace la regulación- y haber efectuado la tabulación que aquí se ejecuta. Entiende que si la magistrada interpretó que existía un convenio entre partes, no debió proceder a la regulación de sus honorarios, por lo que resulta contradictorio que haya rechazado la excepción de pago total presentada en el principal y procedido a la regulación de honorarios, y en esta ejecución le hizo lugar, cambiando de criterio. Alega que los convenios deben realizarse por escrito, por lo que presumir su existencia excede el marco del presente juicio. Refiere que nunca negó la existencia de los recibos presentados por la demandada, pero no aceptó que los mismos sean cancelatorios ya que, agrega, nunca dio por concluido su trabajo profesional, siendo sorprendido cuando en el expediente principal se presentó un nuevo letrado y se revocó el poder oportunamente otorgado.

Entiende que, al no haber renunciado a la regulación de honorarios y al no haber existido convenio alguno con la demandada, resulta aplicable el art. 1 del Dec. Ley 324/63. Señala que no puede considerarse cancelada una deuda por una suma que no llega al 10% de lo regulado y ejecutado con el argumento que las partes pactaron de palabra el monto cancelatorio. Cuestiona la jurisprudencia en la que se basa el fallo, por cuanto advierte que en ese caso, el profesional extendió el recibo con fecha posterior a la finalización del juicio.

Indica que el título que se ejecuta es una sentencia firme y consentida, por lo que, alega, la excepción de pago que puede introducirse tiene que basarse en hechos posteriores a la sentencia, cita jurisprudencia. Aduce que la existencia de la cosa juzgada veda la posibilidad de apartarse del fallo en tanto en el expediente principal ya fueron rechazados los argumentos que ahora introduce nuevamente el ejecutado.

A fs. 60/62vta. contestan el traslado conferido la Dra. Cinthia Vanesa Elías y el Dr. Guillermo Daniel Burgos Díaz, en el carácter de apoderados de de la apelada -cfr. copia de poder a fs. 30-, quienes solicitan el rechazo del recurso conforme los argumentos que allí exponen y a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.

A fs. 68 y vta. se presenta el recurrente solicitando se aplique la normativa de la nueva Ley de Aranceles Nº 8.035, dada su entrada en vigencia y lo dispuesto por el artículo 46 de la misma. A fs. 71 se corre vista al señor Fiscal de Cámara quien emite dictamen pronunciándose por el rechazo de éste último planteo.

Por providencia firme de fs. 83, se reanuda el llamado de autos de fs. 73, con lo que la causa queda en estado de resolver.

II) Liminarmente, cabe destacar que la cuestión venida en revisión a este tribunal se encuentra referida a la procedencia o no de la excepción de pago opuesta contra la ejecución de los honorarios regulados, por sentencia firme, en el expediente principal, caratulado "MARTIN, Nilda Lucía vs. MARTÍN, Silvia Alejandra; MARTIN, Cecilia Andrea; MARTIN, Roberto Mauricio; MARTIN, Nadia Estefanía - División por Condominio" Expte. Nº 279337/9, por lo que la pretensión del Dr. Carlos Terrile respecto a la aplicación de la Ley Nº 8035 deviene inadmisible (art. 46 norma citada).

III) Corresponde analizar el agravio respecto a la existencia de cosa juzgada invocada.

De las constancias obrantes en los autos referidos precedentemente, que se tiene a la vista y se encuentra reservado en Secretaria -cfr. fs. 82,- surge que el actor (en estos autos) solicitó regulación de honorarios -cfr. fs. 280- a lo que la accionada se opuso por considerar que ya habían sido cancelados, acompañando copia del recibo a esos efectos -cfr. fs. 309/310-. A fs. 321 obra providencia por la que se dispone continuar con el trámite para determinar la base, por cuanto el Dr. Terrile no había renunciado en forma expresa al derecho a su regulación de honorarios. La aquí accionada, dejó efectuada expresa reserva de oponer la defensa de pago, en tanto dicha discusión excedía el marco del proceso que se estaba siguiendo, lo que se tuvo presente -cfr. fs. 325, 327 y 339/340-. Una vez producida la tasación del inmueble objeto de la división de condominio, se dictó el auto de regulación de honorarios del profesional, sentencia cuya ejecución se pretende en estos obrados.

Efectuada la reseña que antecede, se advierte que la resolución dictada no tiene el alcance de cosa juzgada respecto de la discusión que se sigue en estos autos, toda vez que las defensas esgrimidas por la compelida al pago no fueron tratadas. En efecto, en aquella oportunidad no se hizo mérito alguno del derecho de cobro de tales honorarios, lo que aquí sí se debate, de manera que no resulta posible atender el argumento de la cosa juzgada en la materia.

En efecto, la resolución regulatoria no tiene el carácter de una sentencia de condena, sino el de una sentencia determinativa del monto del honorario (cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1970, T. III, pág. 426/427). Sostuvo la Corte de Justicia local que, las regulaciones de honorarios sólo resuelven el monto de las sumas con las que los trabajos respectivos han de ser remunerados, nada establecen en consecuencia, sobre el derecho de aquéllas, ni nada anticipan sobre su procedencia y forma de cobro (CSJN, Fallos, 219:337; 319:318) y que, estas cuestiones deben quedar reservadas para el momento que se intente ejecutar la respectiva regulación, debiendo tenerse presente que el derecho a reclamar la regulación de sus aranceles nace, para el profesional, desde el mismo momento en que cesa su intervención en el proceso, sin perjuicio de las modalidades atinentes a las posibilidades de su percepción concreta (Tomo 191:219; 211:39).

IV) Cabe examinar el agravio referido a la consideración por parte de la magistrada de primera instancia respecto de la existencia de un convenio de honorarios entre las partes cuestionado por el recurrente. Para decidir en tal sentido, tuvo en consideración que, de la documentación acompañada por la excepcionante -consistente en dos recibos con el membrete del profesional ejecutante, Nº 0001-00000428 de fecha 31/3/10 y Nº 0001-00000426 de fecha 15/12/10- surgía el pago de honorarios por la suma de pesos $1.000 a cuenta, restando un saldo de $9.000 y que posteriormente abonó la suma de $10.000 consignándose en recibo respectivo el pago cancelatorio de los honorarios por la causa principal. (cfr. fs. 43vta.). Apreció además, el propio reconocimiento del letrado de haber percibido las sumas indicadas, y con todo ello, tuvo por celebrado un acuerdo de honorarios entre las partes bajo la vigencia de la ley provincial 6730, de desregulación económica, y el decreto Nº 1173/94, que reafirma la libre contratación entre las partes y la aplicación subsidiaria de la ley de aranceles en caso de ausencia de tal convenio (art. 1 y 2).

Resulta oportuno destacar, -como se señaló en el fallo bajo revisión- que de la interpretación armónica de la ley 6730 y el decreto Nº 1173/94 -vigentes al momento de la interposición de la demanda en el juicio principal, esto es, con fecha 15/10/2009 conforme fs. 12/14-, surge el principio de libre concertación de honorarios por las partes. Se trata de un contrato consensual no formal, por lo que pese a recomendarse su instrumentación por escrito, ésta exigencia no condiciona la existencia misma del convenio, por lo que lo argumentado por el impugnante en tal sentido carece de sustento.

Corresponde, entonces, examinar si de las constancias arrimadas por la accionada -cfr. copias de fs. 24/25- puede inferirse que, efectivamente entre las partes, pudo haber mediado un convenio de honorarios. Para ello, y en defecto de un instrumento otorgado por escrito, se aplican las normas del derecho común en materia de prueba, resultando admisible cualquier medio que permita acreditar su existencia. De tal manera, los recibos otorgados por el recurrente, -Nº 0001-00000428 de fecha 31/3/10 por la suma $1.000 y Nº 0001-00000426 de fecha 15/12/10 por $10.000- en tanto contienen una imputación específica a los autos que dieron origen a los honorarios pretendidos, las sumas y el carácter en el que fueron recibidas- esto es a cuenta el primero y como cancelatorio el segundo-, y que son reconocidos por éste, constituyen elementos de convicción suficiente para concluir que las partes convinieron los honorarios del profesional por su labor. Al respecto, la jurisprudencia sostuvo -en criterio que se comparte- que: "el recibo que da cuenta de que el profesional percibió una suma a cuenta de otra, convenida en concepto de retribución, ilustra suficientemente acerca de la existencia de un convenio sobre honorarios (CNCiv., Sala C, 16/7/75, LL, 1978-B736, nº 18 y ED, 63-567, cit. por Julio f. Passarón, Guillermo M. Pesaresi en Honorarios Judiciales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, tomo 2, pág. 411).

A mayor abundamiento, la propia terminología utilizada por el letrado -de quien se espera se exprese con precisión y exactitud dada la profesión que ejerce- cuando consignó en el recibo extendido con fecha 15/12/10 en concepto de "pago cancelatorio de honorarios pertenecientes causa nº 279.337/09." (cfr. fs. 24) permite sostener que le asiste razón a la Sra. Nilda Martín cuando expresa que existió convenio y que en base a los recibos aportados, los honorarios fueron cancelados en su totalidad. Esto se explica acabadamente cuando se tienen presente los principios generales en materia de contratos -del que el convenio de honorarios no esta exento, como se dijo-. En materia de interpretación, como sucede con cualquier acuerdo, las controversias en cuanto al contenido y alcance de sus cláusulas deben salvarse a la luz de la buena fe, al uso que normalmente se les da a las palabras empleadas y a lo que es corriente pactar en este tipo de casos (art. 1198 del CC, en igual sentido la CJS, tomo 201:303)), y es a los jueces a los que les incumbe decidir sobre su verdadera denominación, naturaleza y alcance. Pero es necesario advertir, que al respecto la jurisprudencia tiene dicho que como se trata de un convenio de honorarios celebrado entre un profesional y un profano, la inferioridad del último respecto al primero resulta un aspecto que incide en su interpretación, cuando además, cabe presumir que el convenio fue redactado unilateralmente por aquél (Passarón, Pesaresi, obra cit.; pág. 412). Este análisis cabe igualmente en el caso de los recibos extendidos, los que efectuados por el propio letrado, no puede pretender desconocer la implicancia de la expresión de sus propios términos.

Como corolario de expuesto, y en cuanto a la crítica que efectúa el apelante de la jurisprudencia citada por la señora Jueza, se entiende que la misma, aunque no pueda haberse dictado en un caso completamente análogo, es representativa del principio que prohíbe ir en contra de los actos propios. Esta teoría, es una manifestación del "principio de la buena fe" y tiene su fundamento positivo en los artículos 1071 y 1198 del Código Civil y, por tanto, integra el derecho positivo. Y sabido es que, el derecho no ampara comportamientos reñidos con la buena fe. Por ello es que el más Alto Tribunal del país sostiene que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberadamente cumplida, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, porque es dable exigir a los participantes en un acuerdo de voluntades un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiendo desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a actos anteriores- se ha suscitado en la otra parte (Corte Suprema de Justicia, Santa Fe, 4 de octubre de 2005, SAIJ, sumario nº J0033830).

Emitir un recibo cancelatorio -en el caso en el año 2010 y por el importe percibido-, y 7 años posteriores, solicitar la ejecución de los honorarios por el trabajo ya abonado, resulta a todas luces una conducta contradictoria que no puede ampararse.

V) Resta considerar el agravio que cuestiona la admisión de la excepción de pago fundada en documentos de fecha anterior a la sentencia que se ejecuta. A más de compartir los fundamentos dados en el fallo, cabe tener presente que la Corte de Justicia local sostuvo que, corresponde hacer lugar a la excepción de parcial opuesta en el marco de una ejecución de honorarios fundada en un documento de fecha anterior al auto regulatorio, cuando el mismo se encuentra debidamente documentado, está reconocida la firma por el ejecutante y consta una clara e inequívoca imputación al crédito que se ejecuta (CJS, Tomo 98:401).

VI) En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 47 por la parte actora, con costas a su cargo por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67, 1ra. Parte del CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por el Dr. Carlos Federico Terrile a fs. 47, con costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.

SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA.EXP N° 576717/16 VOCALES: JOSÉ GERARDO RUIZ MARÍA ISABEL ROMERO LORENZO SECRETARIA: DRA. VALERIA DI PAULI SALA IV, T. XL - I, Fº 95/98, 16/03/2018.