Constitución Provincial, desviación de poder, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sir, Enrique Abraham c/ Oficina Provincial de Asuntos Previsionales - OPAP s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-08

En el caso, es menester resaltar que el sistema previsional provincial vigente al momento de la transferencia del Sistema Previsional a la Nación -a diferencia del nacional- no permite la discrecional regulación legislativa en la configuración legal del contenido de la movilidad, por cuanto ésta se encuentra garantizada en la Constitución de la Provincia en su Art.180, incisos 1 y 3, incluyendo la prescripción constitucional, la irreductibilidad de la prestación.

Es decir que la garantía de la movilidad y de la proporcionalidad (vulgarmente conocida como el 82% móvil) tiene raigambre constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, esto es supralegal, en cuyo mérito no puede interpretarse la norma constitucional en desmedro de los derechos que la misma garantiza.

El concepto de proporcionalidad representado por el 82% móvil se encuentra establecido como un patrón de medida y debe adecuarse a las variaciones que experimente el sueldo del agente que ocupa el mismo cargo que desempeñaba el beneficiario de la prestación jubilatoria al momento de otorgarse el beneficio, calculándose además sobre esa base los restantes beneficios y las pensiones.

Interpretar la norma de otra forma es hacerlo de una manera capciosa, es decir, para favorecer el propósito de quien formula la interpretación, con un mero fin economicista, además de constituir una desviación de poder del Organismo-Oficina Provincial de Asuntos Previsionales- y una clara violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Del concepto de que el tope establecido por nuestra norma positiva fija un techo al haber jubiltatorio, no puede legítimamente inferirse que ese tope se convierta, por vía interpretativa del Organismo demandado-OPAP- en una base de cálculo del haber, como denuncia la actora.

Aceptar este criterio implicaría violar el principio enunciado en el punto precedente, que no es otro que el de la proporcionalidad del haber y su irreductibilidad, traducida en la determinación del beneficio en el 82% móvil de la remuneración del cargo que desempeñaba el agente al momento de cesar en el servicio o de los tres mejores años en su caso (Inciso 1 del artículo 180 de la Constitución Provincial), y cualquier otro beneficio (retiro voluntario, pensión) también tienen como base de cálculo del haber la remuneración que el agente tenía al momento de acogerse al beneficio jubilatorio, según el inciso 3 del artículo citado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual integración ha tratado este tema en un reciente fallo: "Cabe admitir el recurso extraordinario y revocar la sentencia del Superior Tribunal de la Provincia de Tierra del Fuego que rechazó la tacha de inconstitucionalidad de la resolución del Instituto de Previsión Social que re liquidó el haber jubilatorio del actor sobre el salario que percibía el Gobernador de la provincia y no sobre la remuneración de los activos que ocupan el cargo que tenía al obtener el beneficio" (Fallo 329:6081). Por lo expuesto voto por la procedencia del amparo incoado, haciendo lugar al mismo, estimando necesario advertir al Organismo Previsional que en lo sucesivo deberá guardar estricto apego a las normas legales vigentes, evitando interpretaciones que ocasionen dispendios jurisdiccionales inútiles.