Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-28


Comodoro Rivadavia, veintiocho de febrero de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "** COOPERATIVAS, en autos: "DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT c/ C. HNOS. S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL-Expte N° 1202/97 s/ INCIDENTE DE NULIDAD", Expte. N° 14.742/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Civil y Comercial, N° 2 (Expte N° 1157/2003).- Que vienen a estudio de esta Alzada por haber interpuesto el incidentista (acreedor hipotecario), recurso de apelación a fs. 108, contra la sentencia interlocutoria de fs.102/107 que rechaza el pedido de nulidad de la subasta del inmueble identificado como lote "XX" ( ex parte del "B-2) de la manzana nro XX de Comodoro Rivadavia, realizada en los autos principales.

Concedido el recurso en relación y con efecto suspensivo, se agrega memorial de expresión de agravios a fs. 110/120, contestando el traslado la D. G. R. de la Provincia del Chubut a fs. 122/124.- Se agravia el incidentista por considerar que: se equivoca el juez de grado al establecer que la norma especial del art. 592 del CPr., prevalece sobre la norma general del art. 170 del mismo ordenamiento procesal y por ello declara extemporáneo el planteo de nulidad. Insiste en la existencia de vicios de publicidad que hacen que la subasta sea nula; señala la omisión de considerar por parte del Sr. juez las siguientes cuestiones planteadas por la parte, como por ejemplo: la falta de contestación del traslado por parte del Sr. Martillero, incumplimiento del art. 576 inc. 3ro del CPr., y el precio obtenido en el remate. Sostiene que todo ello hace que el decisorio no resulte derivación razonada del derecho vigente. Solicita se revoque el fallo impugnado en su pto. 1) se remitan las actuaciones a primera instancia a efectos de que se resuelvan las cuestiones que fueran omitidas.

Hace reserva del caso federal.- Adentrándonos en el análisis de la pretensión revisora cabe señalar que el recurrente no alcanza a conmover la decisión adoptada por el juez de grado. Ello, en virtud de las consideraciones que se siguen.

La nulidad impetrada encuentra sustento en la pretendida existencia de vicios en los actos preparatorios de la subasta. Así, se sostiene que la oportunidad procesal para promover el incidente no es la prevista en el artículo 592 sino la establecida en el artículo 170. Ello porque la nulidad de un remate, como acto procesal, está sujeta a los mismos principios que informan la teoría general de las nulidades y condicionan su admisibilidad.

El argumento es correcto pero no ha logrado el apelante demostrar -más allá de sus afirmaciones dogmáticas- porque es conducente a los efectos de determinar la temporaneidad de la presentación.

Es que las constancias de la causa determinan que la presentación es extemporánea. La incidentista conoció la existencia del acto que pretende viciado no a partir del momento que le fue exhibido el expediente sino en fecha anterior. Concretamente, el día 22 de septiembre de 2003 cuando según constancia glosada a fs. 404 recepcionó la carta documento de fs. 402, que le hizo saber que se había decretado en los autos principales las subasta del inmueble allí individualizado.

Va de suyo que, a partir de ese momento estuvo en condiciones de verificar el cabal cumplimiento de los actos preparatorios de la subasta y que para tal fin no era necesario conocer la fecha de subasta como pretende. Repárese, incluso que de receptarse la tesis del incidentista -vista de la actuaciones- se diferiría sine die la posibilidad de plantear nulidades de subasta contrariando así el criterio restrictivo que impera en la materia en general y específicamente en relación a las nulidades de subasta.

Por lo expuesto, se propicia el rechazo del primer agravio.

Idéntica postura es dable sostener en relación al segundo agravio. Es categórica la previsión legal del artículo 566 del ritual "in fine" al establecer que no podrán denunciarse defectos de publicidad después de los cinco días contados a partir de la última publicación.

El recurrente pretende excluir la aplicación de la misma so pretexto de la existencia de un vicio sustancial. El detenido examen de la cuestión demuestra la sinrazón de esta afirmación.

El contenido de los edictos de subasta está determinado por la previsión de la norma citada y se observa que en los publicados únicamente se ha omitido consignar el numero de expediente.

En relación a este recaudo, el artículo 566 establece que se debe indicar el juzgado y secretaría donde tramita el proceso y el número de expediente; se busca pues que los eventuales interesados en la compra puedan interiorizarse del trámite del expediente y verificar el contenido del título de propiedad. Ahora bien, ha de verse que en las publicaciones constaba efectivamente el Juzgado y Secretaría donde tramitaba el proceso. Es decir, si bien el contenido del edicto en relación a este dato general no estaba completo, no impedía el efectivo acceso a los autos. La simple concurrencia y/o presentación formal en Secretaría hubiere permitido la individualización del expediente y el cumplimiento de la ratio legis de la norma. Más aun, en el caso concreto del nulidicente, éste contaba con tal información por haber sido notificado del decreto de subasta.

Huelga reiterar que, en los edictos, se han consignado la totalidad de los restantes datos exigidos por la norma que hacen referencia a la individualización y condiciones del inmueble; estado de ocupación; condiciones de venta; base enunciada en una cifra determinada; horario de visitas e informes; lugar día, mes, hora y año de la subasta.

En función de todo lo expuesto, no puede sostenerse que se ha tratado de un vicio esencial que descarte la aplicación de la previsión contenida en el citado artículo 566. Es decir, de la preclusión de la facultad de impugnar el edicto suscripto por el secretario vencidos los cinco días contados desde la última publicación y corresponde el rechazo de este segundo agravio. En relación al tercer agravio, la falta de contestación por parte del martillero del traslado dispuesto, corresponde señalar que el mismo carece absolutamente de entidad.

La conducta procesal del martillero en el incidente no alcanza para subvertir el claro régimen de nulidad de la subasta. Máxime teniendo en cuenta -como ya se ha invocado- que el criterio restrictivo que impera en la materia, tal como en forma pacífica y uniforme lo ha sostenido doctrina y jurisprudencia.

Por lo expuesto ha de propiciarse el rechazo del agravio.

Atento el modo en que se resuelve la cuestión carece de virtualidad el tratamiento del último agravio que remite al tratamiento de las causas de nulidades del remate esgrimidas en la instancia de grado.

No obstante ello, es dable señalar que se observa que al momento de decretar la subasta la vigencia de los certificados de dominio y que es ese el momento procesal en que es exigible tal recaudo. Es que el artículo 576 del Código Procesal establece que todos los requisitos de procedibilidad de la venta debe cumplirse "antes de ordenar la subasta", por ende no existe norma alguna que imponga al juez el deber de cuidar la vigencia de esa información al momento de ejecutarse la subasta previamente ordenada (ED 152-124). En autos, conforme surge de fs. 315/318 y 324, se ha ajustado lo actuado a la previsión legal que se sostiene transgredida.

En relación a la segunda causal ya se ha sostenido, al analizar la temporaneidad de la presentación, el argumento relativo a la esencialidad del defecto atribuido. A ello es dable agregar que de los elementos ya reseñados no es dable inferir que esa circunstancia haya podido influir en el resultado del remate o lo haya perjudicado, extremo que en definitiva obsta a la declaración de nulidad.

En este orden de ideas, la doctrina categóricamente sostiene que la transgresión a la norma contenida en el CPCC, 566, párrafo 5º y preceptos afines, no configura causal de nulidad de subasta si el interesado no acredita, dentro del plazo de cinco días de realizada aquélla, el prejuicio sufrido a raíz de la mencionada circunstancia (Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente. Tomo décimo. Rubinzal- Culzoni Editores, Santa Fe, 19XX; p. 79).

La tercera causal que nos remite al análisis del precio obtenido. En relación a la misma, ha de decirse que es categórica la jurisprudencia en negarle entidad para eregirse en motivo de anulación (LL, LL 1XX9-D-87; 1991-A-431, LLBA, 1997, 292; DJ XX6-405). Por lo demás, los parámetros que se han exteriorizados para la valoración del precio -relación con otro remate- son absolutamente inatendibles desde que se apartan de las previsiones que la ley procesal establece.

Lo expuesto corrobora el rechazo de la pretensión revisora.

Atento como se resuelve, las costas se imponen al apelante vencido. Los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en la Alzada se regulan de conformidad con las pautas de la ley 2200-4335, en base al resultado obtenido, mérito de la labor profesional, trabajos realizados y demás elementos susceptible de valoración previstos en dicha normativa, en la suma de Pesos tres mil ($ 3000,00) al Dr. M.D.V y en la suma de pesos dos mil ($ 2000,00)a los Dres. I.F e I.F.A.

El Sr. Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre dijo:

Del estudio de las presentes actuaciones se debe considerar si los vicios de publicidad que denuncia el incidentista son de tal entidad y gravedad que hagan viable el pedido de nulidad del remate realizado en los autos principales, y, si dicha cuestión se ha planteado temporáneamente.- Como principio general, se establece que la nulidad de la subasta judicial en su faz como acto procesal, está sujeta a los mismos principios que informan la teoría general de las nulidades procesales y que condicionan su admisibilidad (Cám. 1ª. Sala III, La Plata, causa 156.778, reg. Int. 257/73; Cám. 1ª, apel, Trenque Lauquen, causa 8152,reg. Sent. 17/87. Morello, Sosa, Berizonce. Cód. Proc. Civil y Com. de la Prov de Buenos Aires y de La Nación. Comentados y Anotados. VI-C. Art 592,págs. 213/214 y ss. Ed. Abeledo Perrot).

Así como el incidente de nulidad procesal debe promoverse dentro del plazo de cinco días subsiguientes al conocimiento del acto (art. 170 CPr.), la nulidad de la subasta sólo se introduce tempestivamente dentro de los cinco días de realizada. Como sostiene Morello, este distinto tratamiento se apoya en dos razones: la primera radica en la publicidad de la subasta, porque si bien los edictos publicados conforme a los arts. 559 y 574 (art. 566 CPCCH) instrumentan ante todo, un medio de propaganda para procurar la afluencia de compradores, constituyen, como se sabe, una forma de notificación (Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales, 1ª ed., v II,pág 641), un medio de anoticiar a todos los interesados aún los ajenos a la litis, de la enajenación forzada de bienes del deudor. En segundo lugar, el art. 587, (art. 592 CPCCH) concreta el principio de convalidación en forma más estricta, en cuanto se pretende otorgar mayor firmeza y seriedad a la subasta judicial, porque a través de ella se vinculan con el proceso a terceros de buena fe cuyo concurso- en el carácter de compradores- es menester estimular y proteger (Ob. Cit., a) Realización de la subasta. pág 215), "M.E.H c/ P,B e hijos SRL s/ Ejecución prendaria" 27-10-1994. El D." "C. N. C. Seg. Soc. C. de E. c/ C.E s/ Ejecución Fiscal" Causa nº 17260/1994. Camara CivComFed 3. El Dial-AF257C". Dado que las causales de nulidad procesal que justifican la nulidad de la subasta, son las correspondientes a los eventuales defectos formales anteriores o contemporáneos a la venta pública. (Cfme. Cám. 1ª Sala I Mar del Plata, causa 87.757, reg. Sent. 323/93. Ob. Cit. Pág. 215), entre los cuales se encuentra la publicación de edictos, acto previo al acto de subasta en sí, se debe determinar si estos últimos se publicaron de acuerdo a las formalidades de ley.

Por lo tanto, siendo la subasta un acto complejo y encadenado, las alegaciones de nulidad contra la misma, no siempre se podrán plantearse hasta cinco días después de realizada, como lo establece el art. 592 del CPr., sino que por su carácter de acto procesal el régimen de su nulidad está dado también por las normas generales de los arts. 169 y 170 de la ley de rito, de modo tal que si el vicio que se imputa afecta a uno de los actos cronológicamente anterior a la realización misma del remate, el plazo para denunciarlo se computa desde el conocimiento que se tenga de dicho acto (art. 170 CPr.), aún cuando haya transcurrido mayor tiempo desde la realización de la subasta ( Colombo Código Procesal, 1963, v. IV, pp 262-263; Cám Nac Civ. Sala C, 14-2-67, Der.,v. 18, p 807. Conf. Morello, Sosa, Berizonce. Ob Cit, pág 217).- Teniendo en cuenta, que como surge de fs. 408/409, del Expte. n° 1202/97, que se tiene a la vista, los edictos publicados en el diario "***", de esta ciudad, no hacen referencia al número de expediente al cual corresponde la subasta del inmueble en cuestión, a pesar que dicho dato esencial sí consta en el proyecto de edicto presentado por el Sr. Martillero, con lo cual y correspondiendo por así ordenarlo la ley ritual, la expresa mención del número de expediente, dato del cual el código no autoriza prescindir, en virtud del principio de publicidad del acto y a efectos de brindar a todos los interesados la posibilidad del conocimiento del estado del proceso, y de las condiciones dominiales del bien a subastar, su falta viola dicho principio y garantías constitucionales, entre ellas el debido proceso, igualdad ante las partes y el derecho de defensa en juicio, en este caso específico, del acreedor hipotecario- incidentista. El vicio denunciado y constatado de acuerdo a lo que surge de las propias actuaciones, tiene como consecuencia por su gravedad, la nulidad de la subasta pública realizada en los autos principales a fs.411/412.

Dicho vicio no puede ser subsanado como pretende el apoderado de la D.G.R. de la Provincia por la comunicación mediante carta documento de la subasta del bien de fs. 402, dado que en dicha notificación no se informaba la fecha del remate, hecho que no pudo llegar a conocimiento del acreedor por los defectos de publicación de los edictos ya señalados, que limitaron el conocimiento del acreedor privilegiado de la realización del remate en sí mismo, y acceder al control del expediente, con todo lo cual se le causa un perjuicio evidente.

Como surge de fs. 139 de los autos principales, sólo se autorizó, a pedido de parte, la omisión de la carátula del expediente, pero no la omisión del número de este último, teniendo como consecuencia su omisión que el fin perseguido (publicidad de la subasta de inmueble) no se ha cumplido, y por lo tanto y de acuerdo a lo previsto por el código de rito, corresponde declarar la nulidad de la subasta como consecuencia de la nulidad del acto previo: publicación de edictos sin la formalidad de ley.- Además se debe tener en cuenta no sólo la falta de identificación del número de expediente en la publicación del edicto de remate, sino que también adquiere relevancia las circunstancias de que el comprador resultara ser la misma persona adquirente del lote lindante, tal como se denuncia a fs. 416 del principal por ser adquirido en comisión, la falta de contestación del traslado por parte del Sr. Martillero y el precio obtenido, aunque éste último por si mismo no significa que la subasta sea nula.

Ahora bien, considerando como punto de partida que la parte incidentista ha tomado conocimiento de la realización del remate del inmueble, el día 7 de noviembre de 2003, al tomar vista personal de las actuaciones, promovido el incidente dentro de las dos primeras horas del día 17 de noviembre del mismo año, el mismo resulta temporáneo por haberse interpuesto dentro del plazo de gracia de los cinco días desde que se conoció el hecho que motiva la petición. En consecuencia y por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a los agravios del apelante y revocar el punto 1) del fallo de fs. 102/107.

Atento lo resuelto, carece de virtualidad expedirse respecto a los otros agravios de la parte con relación a los demás actos preparatorios de la subasta pública.

Por imperio del art. 279 del CPr., corresponde adecuar las costas y honorarios determinados en autos.; por lo tanto y en virtud del principio general de la derrota, las costas de ambas instancias las impongo al ejecutante vencido.

En virtud a lo expuesto considero que corresponde 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el incidentista a fs. 110/120 y revocar el punto 1º) de la sentencia interlocutoria nro. 207/04 de fs.102/107. 2º) Declarar la nulidad de la subasta pública del inmueble identificado como lote "XX" (ex parte anterior del "XX"), parcela XX de la Manzana XX de Comodoro Rivadavia. 3º) Costas de ambas instancias al ejecutante vencido.

Por ello, con la disidencia del Sr. Juez de Cámara, Dr. Julio Antonio Alexandre, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1°).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el incidentista a fs. 108 y confirmar el decisorio de fs. 102/07.- 2°).- Las costas se imponen al incidentista vencido. Se regulan los honorarios correspondientes a la Alzada, en la suma de pesos tres mil ($ 3000,00) para el Dr. M.D.V y en la suma de pesos dos mil ($ 2000,00) para los Dres. I.F.D.C e I.F.A.

3°).- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 120 y vta.

4°).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 022 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS