Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-13


2º Instancia.- Buenos Aires, junio 13 de 2008.

¿Es justa la sentencia apelada? La doctora Areán dijo:

I. La sentencia de fs. 908/919 hizo lugar a la demanda, condenando a Edesur S.A. y a AGF Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A., esta última en los términos del art. 118 de la ley 17.418, a abonar a I. H. A. la suma de $ 131.400, con más sus intereses y las costas del proceso. Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron la actora a fs. 920, la citada en garantía a fs. 924 y la demandada a fs. 929, siendo concedidos los respectivos recursos a fs. 921 y fs. 930.

La aseguradora expresó agravios a fs. 935/940, los que fueron respondidos a fs. 969/973. Cuestiona el modo en que la sentenciante resolvió el incidente de falta de personería que planteara, por haber operado la preclusión, de modo que el haber suplido la falencia con posterioridad a la demanda, no ha purgado esa falla. Se queja también por la atribución de responsabilidad que hiciera la juez de grado, pues sólo debe llegar hasta el ingreso al medidor de la propiedad y de ahí hacia adentro, corresponde al usuario. Además, no analizó la culpa de la víctima al intentar colgar ropa en un cable electrificado un día de lluvia y con previa ingesta de alcohol. Se agravia del monto otorgado por valor vida, daño psíquico carente de autonomía, y daño moral. Finalmente, rezonga por la incorrecta aplicación que ha hecho la magistrada del plenario "Obarrio", por no estar en juego en el caso un seguro de transporte público de pasajeros.

Los agravios de la actora obran a fs. 947/951, girando en torno a la escasa cuantía de las indemnizaciones en concepto de valor vida y daño moral, así como por haberse separado del fallo plenario "Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/Daños y Perjuicios", ratificado por el nuevo plenario "Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI-Interno 200 s/Daños y perjuicios".

La accionada expuso sus quejas a fs. 953/967, mereciendo la respuesta de fs. 986/995. Protesta porque la juez de la instancia anterior sostuvo que debió ejercer el control del estado de las instalaciones propias del asentamiento, cuando estaba en juego una obligación del usuario. Se ha separado de las conclusiones del perito ingeniero. Son excesivas las indemnizaciones por valor vida, daño moral y pérdida de chance. Ha concedido una doble indemnización al mandar reparar el daño psíquico y admitir una partida por tratamiento psicoterapéutico.

A fs. 1000 fue oído el representante del Ministerio Público Fiscal.

II. Al ampliar la contestación de la citación en garantía AGF Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A. (en la actualidad, Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A.), plantea la falta de legitimación de la actora, por cuanto el certificado de nacimiento acompañado, emitido en Bolivia, no contiene ningún tipo de legalización.

Además, la partida en cuestión pertenece a L. J. A. H., surgiendo que el padre es A. A., de quien no se dice que haya fallecido, de modo que existe otro legitimado que podría reclamar.

A fs. 297/299 se encuentra agregada la partida legalizada por la representación consular argentina en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 5 de octubre de 2006.

Este planteo de la aseguradora relativo a la ausencia de legalización del documento fue resuelto recién en la sentencia definitiva, en el marco de la excepción de falta de legitimación opuesta, tal como lo peticionara aquélla al deducirla.Comparto la opinión de la sentenciante en el sentido que la falencia ha perdido virtualidad por la subsanación posterior.

Además, como tiene dicho la Sala: "Las disposiciones que obsten a la legitimación procesal deben ser objeto de interpretación restrictiva, por interesar principios de rango constitucional, como es el de defensa en juicio" (conf. CNCiv., Sala G, 31/07/1990, LA LEY, 1991-C, 117).

La actora era la progenitora de la víctima y si bien no fue prolija al demandar por la partida extranjera que acompañó sin legalizar y porque inclusive consignó mal el nombre, omitiendo el apellido paterno, ningún perjuicio le ha ocasionado a la aseguradora, mucho menos, en función del que será el resultado final de su recurso, conforme al desarrollo que haré en los siguientes considerandos.

Por ello, corresponde desestimar este agravio.

III. Ingresando al fondo de la cuestión litigiosa, destaco que el 30 de enero de 2005, siendo aproximadamente las 21 horas, L. J. A. H., de 20 años de edad, se aprestaba en medio de una persistente lluvia, a descolgar ropa del alambre colgado en el patio de su casa, cuando sufrió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte en forma instantánea.

Surge de las deficientes fotocopias de la causa penal incorporadas en autos y que citaré conforme a la foliatura de éstos, que el personal policial que se constituyó en el interior de la finca de la calle ..., Pasillo del fondo, Isla Maciel, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, verificó que se encontraba tendido decúbito dorsal el cuerpo sin vida de una mujer sobre el pequeño patio descubierto.

Practicada la autopsia, se determinó que la muerte fue producida por un mecanismo violento, la causa final fue paro cardiorrespiratorio traumático, quedando la determinación de la causa originaria sujeta al resultado de los peritajes a realizarse.

Si bien no consta el resultado de estos últimos, en razón de las quemaduras en su mano derecha compatibles con electrocución, no quedan dudas que ésta actuó como génesis del deceso.

Conforme al acta de la inspección ocular glosada a fs. 356/357, el accidente ocurrió en un barrio de clase baja, con construcciones precarias tipo villa de emergencia. En el acceso a la finca existe un pasillo de ocho metros de largo, al final existe una puerta de chapa que accede a un patio de pequeñas dimensiones, con tres habitaciones precarias alrededor. Frente a la que pertenecía a la víctima estaba su cuerpo en forma paralela a la pared, cerca estaba el de un can también sin vida. Desde el techo pende una madera y dentro del patio se halla un poste de luz de unos quince metros de alto con varias conexiones precarias de cables. Había también un alambre de acero con broches de colores que estaba cortado, apoyado sobre el cuerpo de la víctima, y atado en el otro extremo al poste de cableado de la luz.

Cuando declara la aquí actora da cuenta que un vecino, respondiendo a sus gritos pidiendo ayuda, se subió al poste de la calle y cortó los cables dejando sin luz a la vivienda precaria.

El bombero V. aclara que también quedaron sin energía todas las casas vecinas.

El electricista C., a la sazón de guardia en el servicio de emergencia de Edesur, ilustra acerca de la precariedad de las instalaciones eléctricas, las que están ubicadas a muy baja altura, aproximadamente a 1,70 metros y al alcance de las personas. Además, las condiciones climáticas de ese día aumentaban la posibilidad de riesgo de descargas eléctricas, debido a la lluvia.

Al declarar a fs. 413/414, ahora en estos autos, sostiene que el personal de Edesur no puede ingresar en la parte privada, pero en el caso fue autorizado por el oficial a cargo, a los fines de verificar la ausencia de tensión para que ellos (policías y bomberos) pudieran trabajar con tranquilidad. Las instalaciones de Edesur llegan hasta la salida del transformador que está ubicado en Pinzón y Montaña. Alimenta la boca de expendio, sita a unos 120 a 150 metros de la vivienda.

A fs. 599 el perito ingeniero sostiene que se constituyó en el lugar, verificando que hubo muy poca variación en las instalaciones eléctricas del barrio peritado con relación al estado que ilustran las fotografías acompañadas con la demanda, o sea que los conductores eléctricos son los mismos.

La distribución entre postes está construida con cable tipo preensamblado, formado por tres conductores torsionados entre ellos en forma de espiral. Desde esos troncales la distribución eléctrica a las casas se encuentra construida con conductores eléctricos envainados, del tipo que se utiliza para instalaciones en interior de caños.

Los conductores preensamblados son de uso corriente en instalaciones de distribución de energía eléctrica, pero los de distribución eléctrica a las casas deben usarse sólo en el interior de cañerías y no en instalaciones a la intemperie.

Aclara el experto a fs. 600 que entre los postes que soportan la instalación, hay algunos que sí se utilizan en instalaciones de distribución de energía eléctrica, pero en el caso, en la mayoría de los lugares están sostenidas en postes de distribución de alumbrado, columnas de alumbrado y postes de telefonía, lo que no es reglamentario.

Las instalaciones de alumbrado, telefonía y electricidad deben estar colocadas en postería independiente.

A fs. 677 aclara que los cables preensamblados y la morsetería vista en las redes del barrio peritado son aprobados por normas IRAM, no así los conductores de bajada ni los postes improvisados que se encuentran en la puerta de la casa.

La red pública termina en el transformador, de lo contrario, cada barrio debería tener un medidor.

En el inmueble peritado no se encontraron medidores, lo que demuestra que no se trata de una red de distribución pública.

Además, dentro de un inmueble, sea la distribución pública o privada, son responsables de la instalación eléctrica los usuarios, no la distribuidora.

A fs. 601 sostiene el perito que la responsabilidad de la guarda e inspección de las líneas aéreas de distribución, como la de mantenimiento corresponde a la empresa distribuidora.

Mediante la inspección periódica y normal de las mismas pueden detectarse las anomalías que puede presentar la red de distribución de energía eléctrica.

Para detectar cualquier deficiencia en una instalación eléctrica se efectúa una revisión visual, la práctica y sapiencia del revisor llevan a indagar en distintos lugares de la instalación y para poder definir alguna sospecha, se procede a abrir determinados sectores de ella con el fin de detectar vicios ocultos. A partir de allí, se hacen las mediciones tanto para detectar datos que no se conocían como para certificar anomalías vistas anteriormente.

En el caso basta hacer una revisión visual para determinar que la instalación eléctrica en el entorno del inmueble se encuentra fuera de norma.

Agrega a fs. 602 que la compañía distribuidora tiene y mantiene la red de distribución eléctrica hasta el medidor del cliente.

La red es propiedad del Estado y está concesionada a distribuidoras privadas.

Todas las variaciones que se deban efectuar en la red de distribución corren por cuenta de la distribuidora, tanto en lo referente al proyecto como a los materiales y mano de obra a emplear.

La llamada Red de Distribución Pública termina donde se encuentra instalado el medidor del cliente. A partir de allí los cableados eléctricos forman parte de la instalación del usuario, la que no es responsabilidad de la distribuidora.

No vio ningún medidor funcionando. El representante de Edesur presente durante el peritaje le informó que el medidor se encontraba instalado dentro de una caja a prueba de vandalismo instalada en la plataforma que soporta el transformador de alimentación de tensión eléctrica.

A la salida del mismo se verificó una protección eléctrica, consistente en fusibles, los que resguardan la instalación del barrio, de modo que si alguna deficiencia eléctrica se generara en la instalación eléctrica del barrio, dichos fusibles desconectarían la alimentación eléctrica, con el fin que la falla no llegue al medidor ni al transformador y por ende que no se dañen.

Las instalaciones a partir de dichos fusibles hacia el barrio son de propiedad exclusiva del cliente.

Si el contacto de la persona con el circuito eléctrico se realiza en la instalación eléctrica de la vivienda del vecino o de un conductor eléctrico desconocido, para que el disyuntor desconecte el sistema eléctrico debe estar instalado en esa vivienda o en la entrada del cable desconocido.

En el caso de autos, el contacto de la persona con el circuito eléctrico a través de un elemento de contacto que pudo haber sido un alambre para tendido de ropa, se pudo haber generado externamente al circuito de la vivienda, esto es, el contacto eléctrico se produce a través de un conductor que alimenta eléctricamente la casa o un cable desconocido. Para este caso el disyuntor no actúa, debido a que no "ve" la falla producida externamente a su circuito. Debido a ello éste sigue conectado y la persona continúa en contacto eléctrico.

A fs. 607 señala el experto que en la entrada del barrio se encuentra una acometida de energía eléctrica, que termina en una plataforma con transformador incorporado (fotografías de fs. 588 y 589). A la salida de este último está instalado un conductor de los denominados preensamblados, habría un medidor de energía eléctrica del barrio y a su salida se encontraron los fusibles protectores de la instalación eléctrica del barrio, por lo que allí termina la instalación de distribución de Edesur y comienza la del barrio.

El accidente pudo haber ocurrido mientras la víctima tenía en su mano el alambre para tender ropa, el que habría estado colgado, por un lado en el poste que se visualiza en la fotografía de fs. 594 y por el otro, en la pared que aparece al fondo de aquélla. En esos momentos estaba lloviendo. El contacto eléctrico pudo haber sobrevenido tanto de conductores mellados como de esa pared.

IV. Analizados los hechos a la luz de las pruebas producidas, pasaré a encuadrar jurídicamente el caso.

La ley 24.065 regula el régimen de la energía eléctrica y caracteriza como servicio público al transporte y distribución de electricidad.

El art. 16 dispone que los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto. Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a la inspección, revisación y pruebas que periódicamente realizará el ente, el que tendrá, asimismo, facultades para ordenar la suspensión del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública.

El art. 27 establece que los transportistas y los distribuidores efectuarán el mantenimiento de sus instalaciones en forma de asegurar un servicio adecuado a los usuarios.

El dec. 1398/92, reglamentario de dicha ley, considera servicio adecuado a los usuarios el que sea prestado en un todo de acuerdo a las normas de calidad que se definan en el contrato de concesión específico y a las que a tales efectos establezca el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

La Resolución 207/95 de dicho Ente determina que resultan aplicables a la construcción y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en inmuebles, la reglamentación dictada a tales efectos por la Asociación Electrotécnica Argentina (según su versión aprobada el 30/11/1987).

Asimismo, de acuerdo con el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los servicios prestados por las empresas Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A., aprobado por Resolución 82/2002 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, se otorgará la titularidad de un servicio de energía eléctrica a las personas físicas o jurídicas, agrupaciones de colaboración y uniones transitorias de empresas, que acrediten la posesión o tenencia legal del inmueble o instalación para el cual se solicita el suministro y mientras dure su derecho de uso (art. 1º, a).

Entre las condiciones de habilitación se indican: no registrar deudas pendientes por suministro de energía eléctrica u otro concepto, abonar el derecho de conexión de acuerdo al cuadro tarifario vigente, firmar el correspondiente formulario de solicitud de suministro o el contrato de suministro según corresponda de acuerdo al tipo de tarifa a aplicar.

La distribuidora hará entrega del suministro en un solo punto y únicamente por razones técnicas aprobadas por el E.N.R.E., podrá habilitar más de un punto de suministro, pero todos ellos en la misma tarifa que correspondería de estar unificado el suministro (art. 1º, h).

Entre las obligaciones del titular o usuario se mencionan: colocar y mantener en condiciones de eficiencia a la salida de la medición y en el tablero principal los dispositivos de protección y maniobra adecuados a la capacidad y/o características del suministro, conforme a los requisitos establecidos en la "Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Inmuebles" emitida por la Asociación Electrotécnica Argentina, o la norma que la reemplace en el futuro; mantener las instalaciones propias en perfecto estado de conservación, y los gabinetes y/o locales donde se encuentran instalados los medidores y/o equipos de medición limpios, iluminados y libres de obstáculos que dificulten la lectura de los instrumentos (art. 2º, c y d).

Cuando el usuario advierta que las instalaciones de la distribuidora (incluyendo el medidor), comprendidas entre la conexión domiciliaria y el primer seccionamiento posterior (tablero del usuario) a la salida del medidor, no presentan el estado habitual, y/o normal, deberá comunicarlo a aquélla en el más breve plazo posible, no pudiendo manipular, reparar, remover ni modificar las mismas por sí o por intermedio de terceros (art. 2º e).

Por propia iniciativa en cualquier momento podrá, inspeccionar las conexiones domiciliarias, las instalaciones internas hasta la caja o recintos de los medidores o equipos de medición, como asimismo revisar, contrastar o cambiar los existentes (art. 5º, d).

Específicamente vinculado al caso, el dec. 1972/2004 ha aprobado el Nuevo Acuerdo Marco celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor S.A.), la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A..) y la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (Edelap S.A.) el día 6 de octubre de 2003.

Las Compañías Distribuidoras que celebren los Convenios Individuales deberán con respecto a los Asentamientos Categoría A y B, instalar y/o mantener, uno o más medidores colectivos, por cada Asentamiento; emitir, mensualmente, un aviso de pago único por cada uno, el que deberá contener la expresión de la suma correspondiente a la medición efectuada, y se transformará en factura en el momento de hacerse efectivo el pago correspondiente; y remitir el aviso de pago único, en tiempo oportuno a la Municipalidad dentro de cuya órbita funciona la comisión representativa del núcleo de viviendas, para que sea entregada de inmediato a dicha comisión, la que procederá a pagarlo a su vencimiento. Los saldos impagos serán atendidos con los recursos del Fondo Especial (art. 9º).

Expresamente se establece que las Compañías Distribuidoras, en el caso de los Asentamientos Categoría A y B, no asumen obligación ni responsabilidad alguna relacionada con el tendido, mantenimiento, calidad de los materiales empleados, guarda propiedad o vigilancia en las redes conectadas por terceros, no siendo aplicables las normas de calidad de servicio establecidas en los respectivos Contratos de Concesión a partir del primer seccionamiento posterior a la medición colectiva (art. 11, inc. a).

Sin embargo, aunque este acuerdo es invocado constantemente y en sus términos fundó el pronunciamiento la a quo, surge del informe Edesur de fs. 866 que la Municipalidad de Avellaneda adhirió a ese régimen con posterioridad al accidente que motiva estas actuaciones. Más aún, al dar su respuesta al requerimiento, ni siquiera puede precisar si el inmueble de autos se encuentra localizado dentro del perímetro de dicho municipio.

Por lo tanto, carece de todo sustento invocar en el caso un acuerdo que todavía no se había celebrado.

V. Este litigio debe resolverse a la luz de lo establecido por el art. 1113, 2º párr., 2º parte del Código Civil, con la consiguiente inversión de la carga de la prueba prevenida por esta norma, que beneficia al actor y que lleva a presumir la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa con la que se causó el daño.

Además, para establecer si una cosa es riesgosa es necesario averiguar, frente al caso concreto, las características de la que ha intervenido en el evento dañoso, para saber si ofrecía un riesgo especial, intrínseco, normal y extraordinario, tal como se analizan las características de una conducta acorde con el art. 512 del Código Civil, para saber si ha sido o no culpable. El riesgo de la cosa nunca es la causa exclusiva del daño, pues éste siempre resulta de una agravación o deformación del riesgo que encierra la cosa: manipuleos o uso erróneo, falta de adopción de medidas de seguridad, deficiencias en la conservación o custodia, es decir, de actos que desencadenan la potencialidad dañosa (conf. Zavala de González, Matilde, "Responsabilidad por riesgo", 2º. ed., ps. 56 y sigtes.).

Nadie duda del carácter riesgoso de la energía eléctrica. Sin embargo, no es cosa desde el punto de vista jurídico, pues carece de idoneidad para constituir el asiento de un derecho real; pero tampoco es un bien inmaterial, por cuanto no es un derecho.

Ocurre que ciertas energías, excluidas aquellas que existen en la naturaleza y que se encuentran a disposición de todos (la fuerza de gravedad, el movimiento del mar, la electricidad atmosférica, la energía solar o térmica de la tierra, la energía fonética, la energía óptica, etc.), pueden estar vinculadas con el objeto de actos jurídicos. Ello sucede, por ejemplo, con la energía eléctrica, que puede ser el substrato del suministro de un servicio, es decir, una prestación. El usuario tiene un simple derecho creditorio contra la empresa de electricidad: el poder exigir a ésta que le suministre la energía a cambio del pago de un precio en dinero.

La Reforma de 1968 con el agregado introducido al art. 2311, no atribuye a la energía la calidad de cosa, sino que dispone que se le aplicarán las normas referentes a las cosas.

Sin embargo, es difícil comprender cuáles pueden ser esas normas, porque la energía no es susceptible de posesión y, por lo tanto, de acciones posesorias ni de usucapión, ni puede ser contenido del dominio ni de otro derecho real ni de acciones reales.

Esta conclusión podría llevar a suponer que he incurrido en una contradicción al afirmar más arriba que el caso debe ser resuelto en base a una disposición que se refiere a la responsabilidad por riesgo o vicio de las cosas.

No es así, pues si bien el siniestro de autos ha sido resultado del efecto nocivo de la energía, que no es cosa, está en juego la titularidad de los soportes materiales y cableados de que se vale la empresa prestataria del servicio para proveer de electricidad a los usuarios y la correspondiente a tales usuarios, elementos que sí son cosas por lo que se transporta la energía.

No será entonces la calidad de dueño o guardián de la electricidad la que lleve a dirimir la controversia, porque nadie puede ser dueño ni poseedor ni tenedor de un solo kilovatio de energía.

Lo que habrá que analizar aquí se relaciona exclusivamente con los sujetos que tienen la titularidad o la guarda de los elementos que sirven para la conducción de la energía, por ejemplo, transformadores, tableros, medidores, postes, cables, etcétera.

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a los fines de establecer la responsabilidad de las demandadas en el evento, debe estarse a lo dispuesto en el art. 1113, párr. 2º, última par. del Cód. Civil. En efecto, no hay duda de que la electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art. 2311, Cód. Civil), presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en esa norma. Agregó el Alto Tribunal que, respecto de la empresa Segba, prestataria del servicio público que proveía por entonces la energía eléctrica a los domicilios de la zona, su responsabilidad no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, la que la conduce a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que aquél se presta para evitar sus consecuencias dañosas (conf. CSJN, "Prille de Nicolini, Graciela C. c. Segba y otro", 15/10/1987, Fallos, 310:2103).

La misma doctrina volvió a ser sustentada en fallos más recientes, posteriores a las privatizaciones, al establecer que la responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica -la misma que en estos autos- no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de su actividad, lo que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, para evitar consecuencias dañosas (conf. CSJN, 04/11/2003, "Acuña, Liliana Soledad c. Empresa Distribuidora del Sur S.A.", Fallos, 326:4495). Existe una obligación de supervisión que es propia de esa actividad, previsión ésta que está contemplada en el inc. k) del art. 56 de la ley 24.065 que integra el marco energético nacional (conf. CSJN, 27/05/2003, "Sitjá y Balbastro, Juan R. v. Provincia de La Rioja y otro", Fallos 326:1673).

Esta interpretación del más alto tribunal que se ha mantenido invariable a lo largo de los años, reconoce un precedente del año 1972 en el que inclusive dijo que el contrato de concesión, aprobado por el dec. 1247/62, además de no ser oponible a la actora, no excluye dicha obligación de supervisión (conf. CSJN, "Cortés de del Canto, Mónica de Rosario Elsa Irma v. E.F.A. y/o S.E.G.B.A.", Fallos 284:279).

Asimismo, se lee en un reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que pesa sobre la prestadora del servicio eléctrico una obligación de seguridad: preservar la vida e integridad física de las personas que circulan por debajo de las líneas portadoras de energía que opera. "La obligación de mantener en debido estado las líneas de alta o baja tensión, mediante la cuales se transporta o distribuye la energía eléctrica, representa un compromiso constante y permanente del concesionario de obtener ese necesario y concreto resultado, como modo no sólo de facilitar el más adecuado suministro de electricidad, sino, también de evitar que de su incumplimiento se deriven daños a las personas y los bienes de quienes se sirven de la energía o transitan por debajo de las instalaciones portadoras. La obtención de ello depende exclusivamente del quehacer debido de la prestadora del servicio y, satisfecho éste, difícilmente advenga el daño a la vida, salud o bienes de aquéllos. Por ende, se está frente a una obligación de resultado. De allí que la presencia de postes, ménsulas, anclajes, empalmes o cables defectuosos, que dan causa a un accidente y sus consecuentes daños, objetivan de modo patente el incumplimiento del resultado prometido y el ostensible nexo causal entre el daño sufrido y dicho incumplimiento que permitió el nacimiento del vicio o riesgo que lo produjo. Lo mismo cabe decir de la insuficiente o ausente información al usuario sobre los riesgos o peligros inherentes a la electricidad o a las precauciones o previsiones que corresponde adoptar " (conf. SC Buenos Aires, 22/08/2007, "A. D. E., V. y otros c. Cooperativa Eléctrica de Azul", LLBA 2007 (octubre), 987).

El encuadre de los daños provocados por la electricidad en las disposiciones del art. 1113, apartado segundo, última parte, del Cód. Civil, o sea en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, determina que el titular de su producción y transporte resulten, en principio, responsables por los daños provocados a su influjo, sirviendo a su liberación eventual no la prueba de su diligencia, sino la interferencia causal o ruptura del vínculo de causalidad adecuada que la ley prevé: culpa de la víctima, de un tercero por quien no deba responder, o caso fortuito. Y ello es así aun en el supuesto que la fuga de la energía se haya producido en un tramo o sector de los conductores o de la instalación que legal o reglamentariamente no pertenecen a la Empresa proveedora sino a los propietarios del inmueble, con lo que el dueño o guardián de la cosa riesgosa sería el particular y no la prestataria (conf. CApel. Civ. Com. Santa Fe, Sala I, 19/08/2003, "López, Félix T. y otra c. Calvo Battioni, Lucrecia S. y/u otros", LLLitoral 2004 (junio), 552).

Admito que a partir del fusible que se encuentra a la salida de la boca de expendio (plataforma con transformador), el encargado del mantenimiento y operatividad de las instalaciones eléctricas es el cliente.

Acepto igualmente la argumentación de las apelantes vencidas que sería absurdo pretender que siempre debería responder la empresa distribuidora de la energía si el habitante de cualquier vivienda sufre una descarga eléctrica motivada en el deficiente estado del cableado o de la instalación interna.

Sin embargo, no puede compararse el estado deteriorado de las conexiones existentes en el interior de un departamento o de una casa, que permanecen ocultas a los ojos del público y de la propia empresa prestataria del servicio, con el lamentable estado de los cables aéreos de que ilustran acabadamente las fotografías agregadas en autos, en especial, las de fs. 30 a 36 y las tomadas por el perito.

Como lo expresó el perito, sin que su manifestación mereciera observación alguna, en el caso basta hacer una mera revisión visual para determinar que la instalación eléctrica en el entorno del inmueble se encuentra fuera de norma.

En un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, se sostuvo que aun cuando los accidentes que ocurren por electrocución se juzgan, en principio, sobre la base de la responsabilidad objetiva que contempla el art. 1113 citado, para determinar sobre quién recae aquélla se debe analizar cada caso en particular, dónde y cómo ocurrió el hecho que se trae a resolución del tribunal. Y si el accidente se produce por el contacto de la víctima con algún elemento conductor de energía eléctrica que es de propiedad de la empresa que presta el servicio, como un cable de conducción del fluido, no resulta dudosa su condición de guardiana que usa y se sirve de dichos elementos y por ende debe responder por los daños y perjuicios causados por una muerte por electrocución. Si en cambio, el hecho ocurre dentro de una vivienda familiar, quienes utilizan la electricidad son sus dueños o guardianes, por lo que para responsabilizar a la empresa, son ellos quienes deben acreditar que se debió a una deficiencia en el suministro de la energía eléctrica (conf. STJ Misiones, 15/05/2006, "Sartori, Omar y otra c. Coop. de electricidad y otros servicios públicos de Leandro N. Alem", LLLitoral 2006 (noviembre), 1274).

Por otra parte, el Reglamento de suministro de energía eléctrica para los servicios prestados por las empresas Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A., aprobado por Resolución 82/2002 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad establece que la distribuidora deberá mantener en todo tiempo un servicio de elevada calidad, conforme lo previsto al respecto en el Subanexo "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones" del Contrato de Concesión (art. 4º, a). Tendrá también la obligación de instruir a su personal vinculado con la atención, conservación, lectura, cambio, etc., de medidores, equipos de medición, conexiones y otros, sobre su responsabilidad inexcusable de informar las anormalidades que presenten las instalaciones comprendidas entre la toma y el primer seccionamiento (tablero) (art. 4º, d).

Quien presta un servicio público asegurando calidad, gracias a su profesionalismo y capacidad económica, no puede cerrar los ojos a la despiadada realidad que muestra, por ejemplo, la fotografía de fs. 591, porque se trata de un "cablerío" deleznable y, lo que es más grave todavía, su existencia fue verificada por el experto bastante tiempo después de ocurrido el accidente, sin que nada haya cambiado.

Ello -el estado del cableado en enero de 2005 y su subsistencia en el tiempo a pesar del accidente ocurrido-, es claramente demostrativo del total desinterés de la prestataria del servicio, prohijada por la actitud del E.N.R.E. en abierta violación de la misión que le atribuye el art. 56, inc. k) de la ley 24.065 citado por la Corte Suprema en uno de los fallos antes mencionados: velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad.

En un reciente fallo pronunciado también contra la aquí accionada, se dijo ante la subsistencia en el tiempo de las graves falencias en las instalaciones, que ello "están denotando, de manera inequívoca, que la empresa demandada mantuvo con absoluta indiferencia un estado de cosas notoriamente peligroso, agravando en forma sensible el riesgo común que presenta la energía eléctrica. Como prestataria del servicio público que provee energía a los domicilios, su responsabilidad emana de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, lo que la obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones de prestación para evitar sus consecuencias dañosas, deber que en autos se verifica en principio como incumplido" (conf. CNCiv., Sala C, 13/03/2007, "F., N. G. v. Edesur S.A.", JA 2007-III-148).

La seguridad pública de los ciudadanos o de los habitantes del país aunque no sean nacionales, no se resguarda cerrando los ojos a la brutal realidad que muestran las fotografías.

Con ello no quiero decir que deba ser Edesur quien asuma desde el punto de vista económico el arreglo o sustitución del cableado, agregando que, a tan graves anomalías tampoco es ni debe ser ajeno el estado municipal.

Sin embargo, la prestación de un servicio de calidad exige el ejercicio de un contralor inclusive sobre las instalaciones del usuario, para evitar que se produzcan accidentes, que como en el caso, casi siempre son mortales.

Se ha dicho que corresponde responsabilizar a la empresa distribuidora de electricidad por la muerte de una persona a causa de electrocución al apoyarse sobre un cableado de fluido eléctrico que estaba instalado en contravención a la reglamentación vigente y ofrecía peligrosidad , pues más allá de la discrepancia habida acerca de la propiedad de ese cableado -al igual que aquí tanto la accionada, como el experto afirmaban que la responsabilidad de las instalaciones hasta el tablero es de "Edenor" y a partir del mismo, corresponde al usuario-, su responsabilidad deriva del hecho de haber incumplido con su deber de vigilancia de la adecuada y segura prestación del mismo, como así también de la protección de terceros, máxime cuando los cables se encontraban a simple vista y la infracción a la altura exigida era constatable sin necesidad de ingresar al inmueble (conf. CNCiv., Sala E, 21/09/2004, "Cantero de Scaramicci, Carmen M. c. Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.", JA 2005-I, 195).

"Resulta "socialmente justificado" vincular el riesgo que crean las grandes organizaciones económicas (las fábricas, los transportes, etc.) con los beneficios extraídos de la misma actividad que lo origina y ello obliga a las empresas a reparar el daño que causen -aún sin culpa de su parte- como contrapartida del provecho que el desarrollo de la actividad dañosa les procura. El riesgo forma parte del pasivo de la empresa y es por ello que debe ser asumido por el empresario. De ahí que, la empresa distribuidora de energía eléctrica es responsable por el fallecimiento de una persona que recibió una descarga eléctrica al salir de su propiedad (art. 1113, CCiv.). Pues, aun cuando aquélla haya suscripto "acuerdos marco" que limiten su responsabilidad hasta el "medidor comunitario" y no así hasta el propio asentamiento poblacional o villa, no puede evadir las obligaciones que emanan del ordenamiento legal, en la medida que lucra con el suministro de energía, por las facultades de contralor dadas por la especialización del servicio público que brinda y por la necesidad de que garantice su seguridad. Ello aun cuando los consumos de energía eléctrica medidos en el mencionado medidor sean abonados por la municipalidad" (conf. CNCiv., Sala J, 20/11/2007, "Acosta, Alejandra Mariel v. Edenor SA s/Daños y perjuicios", Lexis Nº 10/10019).

A pesar que en el caso, no obstante su invocación, no se había firmado todavía con el municipio ningún "acuerdo marco", resultan aplicables las mismas argumentaciones.

Es indudable que hasta la instalación del transformador y el medidor debieron existir conexiones clandestinas, las que menos aún pueden considerarse que hayan sido ajenas a la demandada, en tanto debió ser igual la situación en todo el conjunto de viviendas construidas en el asentamiento, las que debieron estar "colgadas" de esa manera a los cables, con conocimiento y consentimiento de aquélla.

VI. Ahora bien, tratándose de una responsabilidad objetiva, para su constitución únicamente se requiere la prueba de la existencia de un daño en cuyo acaecimiento ejerció influencia causal decisiva el riesgo o vicio de la cosa, de modo que proviniendo el perjuicio de la cosa misma, no procede la prueba exonerativa de inculpabilidad. Sólo se acepta la demostración de la causa extraña (conf. Goldenberg, Isidoro, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", p. 227).

En consecuencia, la presunción quedará sin efecto si media un factor interruptivo de la relación causal, lo que no ocurrirá más que cuando el imputado demuestre que medió culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Conforme surge de la causa penal, la autopsia fue realizada el 31 de enero de 2005, la operación comenzó a las 12 horas y finalizó a las 13 horas, determinando que la muerte ocurrió entre doce y dieciocho horas antes (fs. 335). Se tomaron muestras de sangre, incluyendo en un frasco Nº 2 la cantidad necesaria para la determinación de tóxicos en general.

El perito químico F., Jefe del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Departamento Judicial de La Plata, fue encargado de efectuar el análisis, el que finalmente fue concretado por el Dr. M.

Fue practicado por el método de "head-space" por cromatografía gaseosa, arrojando como resultado de la investigación toxicológica en sangre la presencia de 0,50 gramos de alcohol etílico por litro de sangre (fs. 401/402).

Como es sabido, los efectos más importantes que produce la ingesta de alcohol son: disminución en los reflejos, sensación de excitación y sobrevaloración de las propias capacidades, incremento del tiempo necesario para reaccionar ante un peligro inesperado, reducción de la agudeza visual y aumento de la sensibilidad al deslumbramiento, pérdida del autocontrol. Se presentan también problemas de equilibrio y alteraciones en el oído y en el habla, pues disminuye la agudeza auditiva y se traba la lengua, aumenta la resistencia al dolor por el efecto sedante que tiene el alcohol.

La alcoholemia y su correlación clínica, luego de comenzar con 0,20g. a 0,50g. por mil, pasa de 0,50g. a 1g. por mil. Se manifiesta por euforia, desinhibición, confianza en sí hasta límites de imprudencia, inestabilidad emocional, retardo de reflejos, dificultades en la adaptación visual, desadaptación en la capacidad de previsión (conf. Achaval, Alfredo, "Alcoholización-Imputabilidad-Estudio Médico-Legal-Estudio Psiquiátrico-Forense", ps. 70 a 72).

Como el ritmo de eliminación del alcohol es constante, teniendo en cuenta que transcurrieron entre doce y dieciocho horas desde la muerte hasta la extracción de la sangre, aun tratándose de un cadáver, no es difícil inferir que el grado de alcoholemia debió ser más elevado en el momento del accidente.

Además, la tasa máxima de alcoholemia que puede alcanzar una persona depende de una serie de variables como la cantidad de alcohol ingerido, el tipo de bebida que se consuma y la rapidez con que se ingiera, si se ha comido o no, el peso de la persona, el sexo, ya que las mujeres suelen reflejar una mayor tasa de alcoholemia, la edad, por cuanto el consumo de alcohol suele afectar más a los menores de 25 años y a los mayores de 60.

Si bien en la autopsia se determinó la presencia en el estómago de papilla alimentaria indiferenciada, se trataba de una joven de 20 años y una estatura de apenas 1,48 metros y un peso de 58 Kg.

En esas condiciones la víctima decidió salir al pequeño patio frente a su habitación y, bajo la lluvia, lavar la ropa (así lo expresó la actora a la perito psicóloga). Con las manos húmedas y hasta es probable que portando una prenda recién lavada, o sea, mojada, cometió la gravísima imprudencia de tocar el alambre, que no podía ignorar porque se encontraba en su vivienda, que estaba atado en uno de sus extremos al poste de cableado de la luz de unos quince metros de alto con varias conexiones precarias de cables.

No era por cierto una niñita, pues tenía veinte años y tampoco era una inculta, pues había finalizado la escuela secundaria, aunque tuviera pendientes algunas materias o espacios curriculares o como la terminología pedagógica moderna los denomine.

En la época actual hasta una criatura que comienza a cursar los estudios primarios tiene conciencia de los peligros que entraña la electricidad, pues además de la formación que deben recibir en el hogar, desde la educación preescolar se les enseña a no tocar enchufes o cables, así como que el peligro que entraña un contacto eléctrico se hace mucho mayor cuando la persona está en un ambiente húmedo o descalza sobre el suelo.

Y si esa criatura ha crecido al extremo de estar al borde de alcanzar la mayoría de edad, la imprudencia de tocar un alambre mojado atado a un poste de electricidad linda con lo temerario.

Sin duda debió influir en esa conducta la pérdida de la capacidad de previsión provocada por la ingesta de alcohol, a la que hace referencia Achaval en su obra sobre el tema.

De ahí que considere que la conducta de la víctima ha interferido en el nexo causal que determinó el daño que sufriera (art. 1111 del Código Civil), en una proporción elevada y que, por las razones expuestas, gradúo en un sesenta por ciento, por lo que la demandada sólo deberá responder por el cuarenta por ciento restante.

VII. Pasaré a examinar los agravios formulados por todos los apelantes con relación al monto reconocido en concepto de valor vida, la actora se queja de su exigüidad, en tanto la demandada y su aseguradora pregonan la disminución.

De acuerdo con el art. 1084 del Código Civil asiste a la viuda e hijos del muerto, en caso de homicidio, el derecho de reclamar del responsable todo lo que fuere necesario para su subsistencia.

Agrega el art. 1085 en su segunda parte que esa indemnización sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviniente y por los herederos necesarios del muerto, siempre que no fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.

Estas dos normas constituyen una excepción al principio de que todo aquel que invoca un daño, debe probarlo, ya que la ley presume un daño cierto respecto de esos damnificados indirectos, consistente en la privación que experimentan de lo que les es necesario para la subsistencia.

Crean un régimen de excepción a favor de las personas a quienes acuerda la indemnización, atento el muy estrecho vínculo que los une a la víctima del hecho ilícito, respecto a quienes la ley presume la existencia de un perjuicio cierto, cuya cuantía deja librada a la prudencia de los jueces (conf. Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", T. 4, p. 246 y sigtes.).

Comparto la tesis que considera que la muerte de un hijo importa para los padres la frustración de una legítima esperanza de ayuda económica, es decir, de una chance cierta de ser apoyados en el futuro, en la vejez o en la edad madura, cuando las posibilidades de autoabastecimiento decrecen y los aportes económicos de los hijos se hacen necesarios, máxime cuando se trata de personas de muy humilde condición socioeconómica (conf. CNCivil, Sala M, 3/5/89, LA LEY, 1990-A, 655; id., Sala I, 25/9/89, LA LEY, 1990-E, 550, 38.159-S; id. Sala K, 07/07/2004, DJ 2004-2, 1211; id. Sala D, 12/04/2002, LA LEY 2002-E, 592) Más aún, se ha dicho que si la situación económica del grupo familiar es de recursos medianos, es razonable admitir que el hijo muerto significó para la familia la pérdida real y cierta de un elemento que podría esperarse contribuyera con sus aportes; es decir, la frustración de una chance en cuanto a sus posibilidades futuras (conf. CNCivil, Sala C, 16/6/83, ED 105-256; id. Sala B, 25/06/1997, LA LEY 1998-A, 37).

Los padres que pierden a su hijo soltero y sin descendientes se ven privados de contar con una posibilidad cierta de toda futura protección, razón por la que no necesitan probar el daño (conf. CCiv. y Com. San Isidro, sala 2º, 20/09/2005, Lexis Nº 1/70037679-2).

Asimismo, para mensurar el monto final en caso de muerte de un hijo, corresponde evaluarse que aquél debía sufragar sus gastos propios, y que el aporte a la familia habría de reducirse al casarse o constituir la propia, lo que sucede de ordinario entre los 25 y 30 años según el curso natural de las cosas (arts. 901, 906, Cód. Civil), por lo cual la asistencia actual y la chance de asistencia futura conllevan una detracción de la referida asistencia material (arts. 1066, 1083, 1084, 1089 y concs., Cód. Civil) (conf. CCiv. Com. Azul, sala II, 28/03/2000, LLBA 2000, 1047).

Es decir que para determinar la indemnización que corresponde a los padres por muerte de sus hijos no procede tener en cuenta el tiempo de sobrevida de la víctima, sino el de los beneficiarios de la indemnización. Asimismo, la indemnización debe contemplar las contingencias corrientes en la vida de todo ser humano, en particular, que la víctima podría contraer matrimonio y tener hijos, circunstancias que disminuirán su ayuda económica (conf. CNCiv., Sala E, 31/08/1995, LA LEY, 1996-D, 290).

Por otra parte, la vida humana no tiene valor económico por sí misma, sino en consideración a lo que produce o puede producir. Por ende, en el supuesto de muerte de la víctima, el objeto de la reparación está dado por los efectos económicos que su desaparición provoca a los damnificados indirectos, quienes se ven afectados patrimonialmente por la disminución o privación de bienes que percibían en vida del occiso (arts. 1066, 1079, 1084, 1085 y concs., Cód. Civil).

"Si bien resulta impropio hablar de valor vida humana, ya que la misma no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir, la supresión de una vida ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes" (conf. CNCiv., Sala M, 31/12/1997, LA LEY, 1999-D, 60).

A los fines de proceder a la cuantificación del "valor vida" debe adoptarse un criterio que en cada caso pondere las específicas características de la víctima, especialmente las referidas a la edad, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo y el nivel socio-económico en el que se desenvolvía, aunque también deben ponderarse aquellas condiciones personales de los beneficiarios que constituyen igualmente variables futuras, que incidirán en la definitiva cuantificación del resarcimiento (conf. CNCivil, sala A, 17/02/2005, DJ 11/05/2005, 100).

Es decir que no han de aplicarse fórmulas matemáticas sino considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular, tanto en relación con la víctima -capacidad productiva, cultura, edad, estado físico e intelectual, profesión, ingresos, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida-, como con los damnificados, tales el grado de parentesco, asistencia recibida, cultura, edad, educación, condición económica y social, entre otras (conf. CSJN, 24/08/2006, "F. de Grand, Teresa H. M. y otros c. Provincia de Entre Ríos", DJ 07/02/2007, 236).

En otros términos, deben valorarse en relación con la víctima circunstancias tales como su capacidad productiva, su edad, sus ingresos, su profesión, su sexo, su vida probable, sus condiciones personales y con relación al damnificado por el fallecimiento, deben considerarse la asistencia que recibía, su edad, sus necesidades asistenciales, su sexo, su vida probable.

Además, debe tenerse en consideración no el promedio de vida vegetativo, sino el de vida útil desde el punto de vista productivo y el "quantum" de las ganancias que la víctima destinaba a quienes accionan (conf. CNCivil, Sala D, 28/09/2000, LA LEY, 2001-D, 214). Es que el daño que experimentan los deudos de la víctima por su fallecimiento, debe entenderse no sólo por verse privados del aporte material, sino en relación a todo lo que la ley supone que la víctima hubiera representado como ayuda a los damnificados, encontrándose comprendido en el concepto de subsistencia del art. 1084 Cód. Civil, descartándose la posibilidad de determinar la cuantía de la reparación por el sistema de aplicar módulos de cálculo financiero, declarando que una persona no constituye para los suyos un capital que se mida por la renta que pueda dar (conf. CNCivil, sala L, 31/05/2002, LA LEY, 2002-D, 797).

Ahora bien, la presunción que sienta el art. 1084 del Código Civil no puede alcanzar a los hijos mayores y capaces, ni a los padres, correspondiéndoles la prueba del daño, en los términos del art. 1079 del cuerpo legal citado (conf. Llambías, Jorge, "Obligaciones", Tomo IV-B, Nº 2350, p. 56; Brebbia, Roberto, "Problemática jurídica de los automotores", Tomo 2, p. 177; Abelleyra, "El derecho a la reparación de los daños patrimoniales que se originan en el homicidio", en LA LEY, 134-959; Belluscio-Zannoni, ob. cit., p. 179).

Dado que el valor vida es, por definición, un daño patrimonial, cuando el daño consiste en la frustración de una esperanza, de una probabilidad como lo es la alegada ayuda económica posible que la víctima, en el futuro, habría allegado a sus padres, es menester que quienes reclaman, estimando por ella un valor económico, demuestren, si no la certidumbre, al menos la probabilidad o esperanza que tenían de recibir (o continuar recibiendo) esa ayuda al momento del evento dañoso (conf. CNCiv., sala F, 03/06/2005, ED 215, 600).

Queda en claro, por todo lo expresado precedentemente, que queda englobado dentro de esta partida la pérdida de chance, pues como tiene dicho la Sala en concordancia con las ideas expuestas, cuando se trata de indemnizar la pérdida de la vida respecto de un hijo, lo que se indemniza es la "chance" o probabilidad de que en el futuro los padres puedan recibir apoyo de sus descendientes, tanto en lo material y económico como en los cuidados personales y apoyo espiritual, y si bien esa pérdida constituye una zona gris, intermedia o límite entre el daño cierto o incierto, debe reconocerse que, especialmente con relación a las familias de recursos modestos esa posibilidad encierra una fuerte dosis de probabilidad" (conf. CNCiv., Sala G, 12/06/2006, "Vailatti, Angel A. c. Aguas Argentinas S.A.", DJ 17/01/2007, 107).

La actora tenía 45 años a la fecha del accidente, está separada de su esposo desde hace 12 años, tiene tres hijos varones, N. de 26 años que vive con ella, la concubina y una hijita de un año, R. de 19 años y J. E. de 18 años, quienes están en Bolivia con la abuela dado que no puede mantenerlos.

En cuanto a la occisa, tenía 20 años, siendo de estado civil soltera. Como ya dije había terminado de cursar el polimodal, pero no se le había extendido el título por deber cuatro espacios curriculares.

Se desconoce si percibía algún ingreso.

Madre e hija habitaban en el mismo inmueble, descripto elocuentemente por las fotografías agregadas en autos.

Por todas las razones expuestas, teniendo en cuenta el ingreso probable que hubiera podido obtener la causante, la porción de ellos que habrían sido consumidos por su persona y su futuro grupo familiar, el tiempo en que habría continuado contribuyendo al mantenimiento del hogar materno, el lapso probable de vida de la progenitora, la existencia de tres hermanos, así como las restantes condiciones personales, considero que la suma concedida por la sentenciante de grado debe ser mantenida, quedando reducida a $ 16.000, en razón de la concausalidad establecida.

VIII. El monto del daño moral también es motivo de agravio de ambas partes, igualmente en direcciones contrarias.

Cabe recordar que para estimar pecuniariamente su reparación falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (conf. Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", p. l87).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (conf. Fischer, Hans A., "Los daños civiles y su reparación", p. 228).

No es necesario abundar en demasiadas consideraciones acerca de los sentimientos que debió experimentar la actora, como consecuencia del desdichado hecho, pues como se ha dicho, se trata de la más profunda dolencia aflictiva que conozca el ser humano, cual es la desaparición temprana y provocada de la descendencia (conf. esta Sala, 05/12/2003, DJ 2004-2, 579, id. Sala E, 3/5/82, ED 100-555).

Por ello propongo a mis colegas mantener la suma otorgada por la a quo, la que queda reducida a $ 24.000, en razón del porcentaje fijado.

IX. En cuanto al agravio relativo a la excesiva cuantía por daño psicológico y la superposición del rubro con la suma reconocida para responder a tratamiento psicoterapéutico, así como el cuestionamiento de la autonomía del primero, que formulan la demandada y la citada en garantía, ante todo diré que la Sala tiene dicho que "El trastorno psíquico, como el daño estético, carecen de autonomía indemnizatoria y en tanto daños patrimoniales indirectos, integran el de incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral" (conf. "F., C. A. c. Philippeaux, Alicia M. y otros", 03/03/2006, LA LEY, 2006-D, 65). En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño extrapatrimonial (conf. "Mann, Dora c. Nuevos Rumbos S.A.", 12/5/97, elDial - AE3CC; id. 19/10/2004, "Vallejos, Pablo A. c. Retambay, Claudio F. y otro", LA LEY, 18/03/2005, 8).

Es improcedente conceder una indemnización por daño psicológico como una partida autónoma, pues si un daño no es patrimonial necesariamente es extrapatrimonial y no queda resquicio ni hendija alguna por la que pueda tener entrada y cabida la recepción de una clasificación tripartita entre el daño patrimonial y el psicológico, atento a que carece de principio divisorio (conf. esta Sala, 14/03/2005, "Martínez, Gabriel A. c. Aguas Argentinas S.A.", ED 212, 468). Es que el daño psíquico no es un tercer género de daño ni constituye perjuicio autónomo, pues en la medida en que incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral (conf. esta Sala, 23/03/2001, "Campo Castro, Alfonso c. González, Carlos A.", La Ley Online, id. 27/08/2007, "Real, Roberto c. Microomnibus Saavedra SATACI y otro", La Ley Online; id. 22/08/2007, "Leguizamón, Javier E. c. Sciancalepore, Hernán Diego y otros", La Ley Online).

Por ello y porque asiste razón a la demandada en cuanto se está concediendo una doble indemnización por el mismo daño, propongo a mis colegas revocar la partida por daño psíquico y confirmar la otorgada para atender a gastos de tratamiento psicoterapéutico, reducida en un 60 %, con la aclaración que los intereses respecto de este rubro correrán desde la sentencia de primera instancia, por tratarse de una erogación no realizada.

X. Corresponde acceder al agravio formulado por la actora en lo relativo a la tasa de interés, de modo que, por imperativo emanado del art. 303 del Código Procesal y mientras mantenga vigencia, deberá aplicarse la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central, tal como lo establece el Plenario de la CNCivil "V., Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/Daños y Perjuicios" de fecha 2 de agosto de 1993, ratificado por el nuevo plenario "Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI-Interno 200 s/Daños y perjuicios" del 23 de marzo de 2004, desde el inicio del curso de los accesorios hasta el efectivo pago.

XI. Analizaré finalmente el agravio formulado por la citada en garantía respecto a la inoponibilidad de la franquicia dispuesta por la sentenciante por invocación del plenario "Obarrio, María Pía c. Microomnibus Norte S.A. y otro s/daños y perjuicios (Acc. Tran. c. Les. o muerte) Sumario" y "Gauna, Agustín c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/daños y perjuicios".

En dicho fallo se dejó establecida la siguiente doctrina, que resulta obligatoria en los términos del art. 303 del Cód. Procesal: "En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)".

Confieso que no puedo salir de mi asombro al verificar que la a quo ha arribado a esa conclusión en un supuesto en el que si estaba en juego un "transporte", no era precisamente el público de pasajeros en vehículos automotores, sino el de la energía eléctrica, por cierto muy alejados el uno del otro y sin el menor punto de contacto.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el alcance de la póliza, conforme a la cual Edesur S.A. se hace cargo de cualquier condena hasta cien mil dólares estadounidenses, toda vez que el importe de la aquí pronunciada es infinitamente inferior a dicho monto, y que dicha condena se entiende que lo es en la medida del seguro contratado, corresponde dejarla sin efecto respecto de Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A.

XII. Atento el éxito de los recursos interpuestos por actora y demandada, corresponde que en ambas instancias sean soportadas en la misma proporción en que se ha establecido la condena (arts. 68 y 71 del Cód. Procesal).

En cuanto a las costas correspondientes a la actuación de Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A., se aplican también en ambas instancias a Edesur S.A., por haber sido la que instó su presentación en el proceso.

Los doctores Carranza Casares y Bellucci votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por la doctora Areán, dejando a salvo el segundo su opinión acompañando el voto de la minoría en el fallo plenario "Alaniz". Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, junio de 2008.

Y Vistos: Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, y de conformidad con lo manifestado por el Sr. Fiscal de Cámara, se resuelve: I. Revocar la sentencia apelada en cuanto: a) establece la responsabilidad exclusiva de la demandada Edesur S.A. y la hace extensiva con ese alcance a Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A., disponiendo que la primera sólo deberá responder por el cuarenta por ciento de la condena y la segunda quedar exonerada totalmente; b) concede una indemnización en concepto de daño psicológico, que se desestima; c) discrimina los accesorios, que quedan fijados durante todo su curso conforme a la tasa pasiva promedio fijada por la doctrina plenaria citada en el Considerando X del primer voto. II. Costas en ambas instancias a la actora y a la demandada en la misma proporción en que se ha establecido la condena; y a sólo a cargo de Edesur S.A. por la actuación de Allianz Argentina Compañía de Seguros Generales S.A., también en ambas instancias. III. Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898. Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia. Notifíquese y al Señor Fiscal de Cámara en su Público Despacho. Regístrese y devuélvase.- Beatriz A. Arean. - Carlos A. Carranza Casares. - Carlos Alfredo Bellucci.