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Contrato de obra pública, licitación pública, oferta, sistema de ajuste alzado, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DUCANOR S.R.L. c/ Poder Ejecutivo y/o Estado Provincial y/o I.P.V. s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y Anulación  o Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-01

La pretensión de pago en concepto de mayores costos producidos porque el importe correspondiente al impuesto por Ingresos Brutos no integraba la oferta en el proceso licitatorio, por haberse especulado con el beneficio de exención impositiva que a posteriori no se concretó, no debe ser absorbida por el Estado contratante.

En efecto, en un sistema de ajuste alzado -tal el contrato celebrado- los errores en los que pudiere incurrir el contratista integran el riesgo que éste asume en este modo contractual, que supone invariabilidad de obra e invariabilidad de precio, toda vez que la oferta se concreta por un precio previo, único, global e inalterable.

Así, la convención lograda inter-partes con relación a dichos extremos constituye la voluntad negocial de los mismos y por lo tanto, de receptarse la pretensión articulada, se produciría la quiebra de uno de los extremos de aquélla, pues va de suyo que implicaría modificar el monto de la oferta, lo cual resulta a todas luces improcedente, no siendo aplicables al caso las excepciones a la cuestión que configuran las teorías de la imprevisión y del hecho del príncipe.
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PORCEL VICENTE c/ ARRABAL MARTA s/ Daños Perjuicios (LIBRO: A071 - 197)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-23

El dictado de la resolución de Cámara que significó el rechazo de la nulidad articulada, lleva consigo el levantamiento automático de la suspensión de procedimientos dispuesta por el a-quo ante la interposición del incidente respectivo.El decreto inmediatamente posterior a que el expediente bajara a origen importaba de hecho la restitución de los términos, sin necesidad de que ello se dijera expresamente. Por tanto, de allí en adelante corría el plazo de caducidad no obstante la apelación en subsidio antes interpuesta, pudiendo producirse la caducidad recursiva.
Acción civil, actos ilícitos, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia absolutoria
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Zumelzu, Raúl c/ Orts, Adela María s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

La doctrina del plenario, "Amoruso c/ Casella", no conduce a una chocante situación de escándalo jurídico, toda vez que el sobreseimiento definitivo prevalecería a la postre si en sede civil no se aportan pruebas concluyentes en el sentido contrario, distintas de las valoradas por el juez en lo penal.

En el art. 1103 del Código Civil no pudo referirse al sobreseimiento, por cuanto esta institución no había sido aún legislada en la época de la sanción del Código por lo que el comprenderse dentro del mencionado artículo al sobreseimiento definitivo, no se hace uso de una interpretación extensiva, legítima cuando la letra de la disposición disminuye el alcance del pensamiento del legislador, sino que se hecha mano a la aplicación analógica, buscando las semejanzas que existen entre la absolución y el sobreseimiento -aún en los supuestos en que el sobreseimiento es por no haber existido el hecho denunciado- lo cual no procede cuando se trata de disposiciones que restringen el libre ejercicio de los derechos, como ocurre con el citado art. 1103, ya que, el principio fundamental en materia de actos ilícitos, es el que todo damnificado puede exigir la correspondiente reparación.

El fundamento de la regla del art. 1103 no se relaciona con las particulares circunstancias de la causa, ni con la situación concreta del prevenido, sino con la decisión misma, esto es con la "absolución" en sí y por sí, cualesquiera sean los motivos que la informan. Lo que tiene en vista la ley es, únicamente, que haya habido sentencia absolutoria, es decir, una decisión judicial dictada con las garantías indispensables que autoricen a tenerla como verdadera. Y ante aquella razón eminente, la diferencia entre el sobreseimiento y la absolución es de tal modo "fundamental", que a su lado palidecen todas las semejanzas que, desde otros puntos de vista, pueden encontrarse entre ambas resoluciones.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, leyes, interpretación de la ley, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   Como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   Interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

No cabe entender "secuela" de un modo en donde la única consecuencia del juicio -como lo que queda tras el juicio, y juicio entendido en el sentido de juzgamiento- es la sentencia. Esta, en todo caso, deberá ser la no firme, porque la firme no interrumpe sino que extingue la acción, le pone fin. La sentencia no firme, no es efectivamente lo que queda tras el juzgamiento, es sólo una secuencia o actividad intermedia del desarrollo de un proceso abierto que requerirá una sentencia que configure el juzgamiento, que le pone fin, o sea la sentencia firme. Y si no se puede referir a la sentencia firme porque esta extingue, no interrumpe, debe referirse a algo intermedio, a una secuela, secuencia o consecuencia porque sucede, es producto o procede dentro de las plurales actividades que constituyen el juicio, entendido como proceso, ya no como el juzgamiento tras el proceso. (Del Voto del Dr. Bernardini)
Menores, jueces, competencia, competencia de menores
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., D. O. s/ Conflicto negativo de competencia. Guarda-Depósito de persona (Expte.  CSJ Nº 520-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-01

Sin perjuicio de que las medidas a que refiere el artículo 5 de la ley 11529 puedan ser despachadas por un juez de menores, si han sido dispuestas por el órgano jurisdiccional con competencia legalmente atribuida a esos efectos -Tribunal Colegiado de Familia- sumado al carácter que esas medidas ostentan según la propia enunciación del artículo, ello hace que éste sea el tribunal competente. Si el menor sujeto de las actuaciones se encuentra en el continente de un ámbito familiar -como lo verificó el Juez del Fuero de Menores- como consecuencia de ello, cesa la intervención de este Juez, aunque hubiera tenido alguna intervención.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, agotamiento de la instancia administrativa, reclamo administrativo previo, acto administrativo de alcance particular, revocación del acto administrativo, nulidad del acto administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio 86 (ex 78) Nudo 2 Barrio Soldati c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución de Expensas Barrio Soldati c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución de Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

Cuando se desea obtener la revocación, anulación o modificación de un acto administrativo de alcance particular debe acudirse a la vía recursiva; si por el contrario se pretende obtener de la Administración un pronunciamiento en ausencia de un acto administrativo, el particular puede plantear directamente su pretensión en sede judicial -sujeto a los plazos de prescripción- ya que de acuerdo al sistema del Código Contencioso Administrativo y Tributario la vía del reclamo administrativo previo no aparece (a diferencia de la Ley Nro. 19.549, artículos 30 y ss.) como obligatoria.

Siendo ello así, carecen de sustento las manifestaciones de la parte demandada, quien eleva a categoría de principio la necesidad de reclamo administrativo previo, pero sin indicar en qué norma del sistema jurídico vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funda su conclusión.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fessina, Carlos c/ Ferrante, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Si bien puede poseer efectos interruptivos o suspensivos del curso de la prescripción -según sea el caso- la gestión realizada por quien no acreditó la representación invocada -y aun cuando se la declarase nula por aplicación del art.48 del Código Procesal Civil- ello es a condición de que al tiempo de esa gestión el mandato existiese.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, parte dispositiva, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: LUINI, NORBERTO JORGE c/ PETRICH, ANDRES Y-U OTROS s/ COBRO DE PESOS LABORAL    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     CSJ EXPTE NRO 145-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-25

Resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad intentado si existe en el pronunciamiento atacado un déficit por omisión, una carencia fundamental por no haberse hecho cargo de serios argumentos aducidos por el demandado. Máxime cuando aparece configurado un descarrilamiento de los andariveles por donde transitó la pretensión, al estipularse en la parte resolutiva, cantidades que no guardan correspondencia con las demandas, ni surgen de otros elementos de las constancias de autos, ni en fin, aparecen respaldadas por algún fundamento del decisorio.

En el caso, de la sentencia de Alzada no se infiere de dónde surgen las cantidades de quintales de cereal que se condena a entregar; se omite toda referencia al controvertido tema del porcentaje del 12% sobre las cosechas efectuadas, reclamando el actor por sus trabajos como maquinista durante los períodos de cosecha; y tampoco se explica por qué se eleva la tasa de interés anual del 6% fijado en baja instancia al 8%.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: Vera, Ovidio R. y ot. c/ José Buck S.A. y ot. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio, ponen fin al pleito haciendo imposible su continuación. Para que se concrete el requisito de "definitividad" es preciso que se resuelva de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, acto administrativo, Estado Provincial
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Víctor Oscar MACHADO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ CAUSAS  EXCLUIDAS  DE  LA COMPETENCIA FEDERAL - ACTO ADMINISTRATIVO -  PROVINCIAS - CUESTIONES DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-10

Es competente la justicia provincial para entender en la revisión de un acto administrativo local.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio de apremio, excepciones procesales, inhabilidad de título, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fisco Nacional c/ Rosario Refrescos  SAICFI . s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

No es sentencia definitiva la decisión que rechazó la ejecución fiscal al hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título, en tanto no priva a la recurrente de la posibilidad de emitir una nueva boleta de deuda e interponer un juicio de ejecución fiscal, frente a la eventualidad de que resulte desestimada la petición formulada por el contribuyente en el recurso administrativo incoado.
Competencia federal, competencia penal, servicio telefónico, interrupción del servicio, entorpecimiento de comunicación telegráfica o telefónica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ansaldi, Aldo y Omar, Fernando Ciro s/ defraudación (Competencia n° C1003XXXII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Si, ante la denuncia de diversas anomalías detectadas en una línea telefónica, que produjeron la interrupción momentánea del suministro, se ha visto afectado el servicio público interjurisdiccional de telecomunicaciones, debe seguir investigando el juzgado federal, sin perjuicio de lo que resulte de una posterior investigación.
Simulación, acción revocatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cerante Raúl Ramón c/ Dening de Ponce Rosa Catalina y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-12

Lo que la acción de simulación procura es dejar al descubierto el acto realmente querido y anular el aparente mientras que la acción pauliana o revocatoria tiene por objeto revocar un acto real. Tales diferencias no impiden su acumulación en juicio y será la sentencia la que decidirá la procedencia de una u otra.
Títulos de crédito, cheque, presentación al cobro, acción cambiaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SPITALERI CARLOS c/ N. PALACIOS DE GUZMAN s/ Sumario (LIBRO: S071 - 248)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-07-01

A diferencia del pagaré, cuando se trata del cheque la falta de presentación del mismo al banco perjudica a toda acción cambiaria, y no hay más alternativa que promover la demanda por vía ordinaria, debiendo probar la relación fundamental que justifique su derecho.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, prisión preventiva, duración del proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, daño moral, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Mezzadra, Jorge Oscar c/ EN M° Justicia y DDHH s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

Cabe rechazar el recurso ordinario de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la sentencia que lo condenó a la reparación de daños y perjuicios provocados al actor por la privación de su libertad en virtud de la prisión preventiva dispuesta en su contra así como la duración irrazonable- más de veinte años- del juicio penal que se le siguió, debiendo desestimarse los agravios relativos a la decisión del a quo de resarcir el daño moral, pues el sometimiento a un proceso de una prolongada e inusitada duración le ha ocasionado al actor, cuanto menos, un padecimiento de esa índole, no ya por haber delinquido sino para saber si ha delinquido o no, y la decisión de fijar una indemnización en tal concepto no resulta pasible de tacha alguna y no puede ser revisada en la instancia extraordinaria ya que tal aspecto del pronunciamiento no fue materia de agravio ante la cámara.

(En igual sentido:"Rizikow, Mauricio c/EN-Mº de Justicia y Derechos Humanos s/ daños y perjuicios", sentencia de la fecha).
Competencia, acción de amparo, abastecimiento de combustibles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, competencia civil y comercial federal
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Puig, Mariano c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Mediante la presente acción de amparo el actor pretende que YPF abastezca normal de combustible y productos de su marca a la estación de servicio "absteniéndose de retirar los surtidores o elemento alguno de ellos". Arguye que su relación comercial con YPF "está regida por la normativa vigente en materia de comercialización de combustibles", y que "no existe contrato alguno" que lo ligue con dicha empresa. Parece claro que persigue que se continúen los vínculos comerciales que existían con los anteriores titulares del aludido fondo de comercio. En tales condiciones se justifica que el juez en lo civil y comercial federal - inicialmente requerido - se desprenda del asunto, máxime tratándose de un amparo, en que los jueces deben asumir el conocimiento del caso aun cuando medien dudas razonables (art. 4, ley 16.986). En primer lugar, señálase que YPF encuadra su acción - como regla - en el ámbito del derecho privado.

Ello se impone actualmente pues el decreto 2.778/90 la transformó en Sociedad Anónima, regida por "la ley 19.550, capítulo II, Sección V, arts. 163 a 307 (t.o. en 1984)". Es concluyente a este respecto el art. 8 del mentado decreto, que excluye en cuanto a los procedimientos de contratación "toda norma propia del derecho administrativo o prerrogativa de derecho público", quedando a tal efecto "derogadas las normas de los reglamentos de contrataciones de dicha sociedad que no se ajusten a lo prescripto en el artículo precedente", esto es, al art. 7, según el cual "no le serán aplicables a YPF Sociedad Anónima las leyes de obras públicas, de contabilidad, de procedimientos administrativos y sus normas complementarias y reglamentarias, ni legislación y normativa administrativa alguna aplicable a las empresas en que el Estado tenga participación" y, en segundo lugar, no siempre es fácil caracterizar a los contratos administrativos propiamente dichos.
Convertibilidad, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, honorarios
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Rosso, Walter Eugenio c/ Estado Nacional s/ Juicio contra la Nación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-18

Los trabajos profesionales que motivaron la regulación de honorarios practicada son posteriores a la fecha de corte establecida por el art. 1 de la Ley 23.982; a lo que cabe añadir que éstos no revisten el carácter accesorio de una obligación consolidada, toda vez que la incidencia resuelta adversamente a la pretensión de la accionada versó sobre la tasa de interés aplicable a la deuda reclamada en autos, cuestión que se hallaba precluida al tiempo de su planteamiento. En tales condiciones considerar consolidados los honorarios regulados con fecha posterior al 1/4/91 y que reconocen como origen un planteo manifiestamente improcedente de su contraria y no vinculado con lo atinente a la existencia de la obligación principal alcanzada por la consolidación, importaría exceder indebidamente los alcances del art. 1 de la ley 23.982.
Apreciación de la prueba, cantidad de estupefacientes, intervención de línea telefónica, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Urzagaste Faustino Irineo y otros c/  s/ Infracción art. 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-18

Las diversas pruebas analizadas en la sentencia -las declaraciones del personal de Gendarmería Nacional, los 125 kgs. de estupefacientes secuestrados, las escuchas telefónicas corroboradas por las tareas de campo, los whatsapp transcriptos- permiten tener por acreditada -con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio- la materialidad de los hechos y la participación que en ellos tuvieron los imputados, sin que las críticas formuladas por la defensa logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido.
Notificación, expediente, plazo, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAIDANA DE ACOSTA, MARÍA ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCÍON  CSJ EXPTE  NRO 275-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-11

Si el apoderado del actor se da por enterado "extraoficialmente" de la existencia de una resolución denegatoria del pedido de pensión y pide traslado de las actuaciones para tomar conocimiento de su texto y fundamentos, a fin de poder interponer el recurso que jurídicamente correspondiere, solicitando que se suspendan los términos hasta tanto se le notifique que los autos se encuentran a su disposición, y no obra en autos constancias de tal notificación el plazo para interponer el recurso de revocatoria comienza a correr desde la fecha en la cual el letrado interviniente retira el expediente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Superintendencia de Seguros de La Nación c/ Industria y Comercio Cía. Arg. Seguros S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto  Por el apoderado de la Superintendencia de Seguros de la Nación en autos "Industria y Comercio Cía. Arg. Seguros S.A. - Disolución y  liquidación (Expte.: C.S.J. Nro. 190 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

La materia de costas, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad. Y si bien dicha regla general reconoce excepción en los casos que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, o lo decidido puede prohijar una restricción indebida al derecho de defensa, ello no se advierte que acontezca en el caso, en el cual la recurrente se agravia de la condena en costas impuestas a su parte en una incidencia promovida por los delegados liquidadores de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por la que se dejó sin efecto la regulación de honorarios de éstos.
Propiedad industrial, marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA  COLINA SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14

La palabra "lo" oficia como un artículo determinado neutro y se usa, entre otras, para sustanciar un adjetivo (como si se dijera conserva las propiedades naturales). Así las cosas, tomando en cuenta el conjunto "conserva lo natural" corresponde concluir que éste tiene clara proyección indicativa en los rubros correspondientes a la clases 5, 32 y 33 del nomenclador, lo cual implica privar al signo de capacidad distintiva, no cumpliendo con la función propia de la marca que es individualizar el producto y distinguirlo de otros.
Divorcio, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: R., D.C. c/ Z., V.H. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-04

Para los casos de presentación conjunta -la ley autoriza a incorporar acuerdos de liquidación de bienes en la petición de divorcio vincular o separación personal-, pero en presencia de un juicio de divorcio por la causal objetiva del artículo 214 inc. 2 del Código Civil, que no contempla expresamente la posibilidad de realizar dichos acuerdos antes de la sentencia.
Daños y perjuicios, daño material, restricciones al dominio, autorización administrativa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BOTTERO,  Hugo Enrique y otros c/ NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINASA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-05

1- Es responsable la empresa de comunicaciones por la construcción de una torre de telefonía e instalación de una antena en razón de las molestias ocasionadas a los vecinos, si éstas exceden la normal tolerancia (art. 2618 del Código Civil)y configuran daños materiales resarcibles a la integridad física o psíquica y/o morales. 2- No es un impedimento a efectos de establecer la responsabilidad de la empresa demandada y/o para ordenar el cese de la actividad que desarrolla, en caso de corresponder, la autorización administrativa para la instalación de la antena. 3- Las molestias a que se refiere el art. 2618 del Código Civil a efectos de resarcir los daños deben asumir características de permanencia y repetitividad y no ser meramente accidentales. (Sumario N°17696 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).