Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-12-02


Córdoba, diciembre 2 de 2008.

El doctor Carlos Francisco García Allocco dijo:

I. El contenido del escrito de casación por la causal de que se trata es pasible de la siguiente síntesis: se denuncia interpretación contradictoria de la ley efectuada entre el fallo objetado y los dictados por esta Sala en autos "Tercería de Mejor Derecho de Sandra de Juan Rosa Savina en autos: Alberione Luis Alberto Jesús c. Sandri Eduardo - Ejecutivo Particular- Recurso de Casación" (A.I. Nº 205 del 26 de septiembre de 2005) y "Cuerpo de Ejecución en Cuello Inés Edit c. Oscar Moisés- Ejecutivo - Recurso Directo- Hoy Recurso de Revisión" (A.I. Nº 97 del 29/2/96) y por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo en "Banco Social de Córdoba c. Antonio Lozzos y otros -Ejecutivo- Tercería de Mejor Derecho" (Sentencia Nº 43 del 11/9/98 publicada en S.J., Tomo 79, págs. 469/474).

Destacan que se dan los presupuestos básicos del motivo elegido desde que existe diversa interpretación en cuanto a la extensión del embargo y su limitación, o no, al valor registrado, punto sobre el que se ha expedido este Alto Cuerpo lo que era conocido por la Cámara actuante que -no obstante- sostiene su criterio a los efectos de atribuir al adquirente la responsabilidad del embargo que ingresó al Registro General con posterioridad a la reserva de prioridad producida en beneficio del documento presentado por el Escribano, necesario para labrar la escritura de venta (art. 19, ley 17.801) que cumplió con los requisitos legales del caso (art. 14, ley 5771), todo lo cual ha sido explicitado en su escrito de expresión de agravios.

II. Relacionados así los agravios, adelantamos criterio en el sentido que el recurso de casación debe ser desestimado.

Ante todo corresponde puntualizar que si bien los interesados al interponer el recurso de casación fijaron como premisa de derecho la hipótesis del inc. 4º, art. 383, C.P.C., se basaron en la pretensa existencia de jurisprudencia contradictoria que se revelaría en dos precedentes emanados de esta Sala habiendo acompañado copia juramentada de uno de ellos y un tercer pronunciamiento dictado por una Cámara de Apelaciones del que citan su publicación en revista especializada.

La Cámara de Mérito consideró que se daban las condiciones formales respecto a la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia, y así lo dijo, concediendo el motivo del inc. 4º antes citado, sin efectuar mención alguna en torno al restante acto decisorio que -por el órgano emisor- eventualmente encuadraría en el carril del inc. 3º.

Tal omisión debería haber sido removida por vía de aclaratoria que -en el caso- no ha sido interpuesta, lo que autorizaría a juzgar que existe un tácito desistimiento sobre ese tópico.

Aún haciendo abstracción de tal falencia, el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Villa María dictado in re "Banco Social de Córdoba c. Antonio Lozzos y otros -Ejecutivo- Tercería de Mejor Derecho" no resulta hábil, por superar holgadamente el plazo de retroacción de cinco años que el Código prevé en el motivo casatorio involucrado para el planteamiento y establecimiento de doctrina judicial unificatoria ante oposición interpretativa entre el elenco de órganos jurisdiccionales que previene.

Continuando con el análisis de los recaudos formales que condicionan la apertura de esta instancia extraordinaria, cabe recordar que la competencia de este Cuerpo en ejercicio de su función de nomofilaquia y unificación, se halla inevitablemente ligada al cumplimiento de los presupuestos básicos que condicionan su habilitación; entre ellos, que las disímiles interpretaciones legales que se intentan confrontar hayan sido plasmadas en oportunidad de dirimir casos análogos.

Bien entendido que dicha analogía no importa exigir una identidad estricta entre todos y cada uno de los datos circunstanciales que informan los supuestos de hecho sometidos a juzgamiento en una y otra ocasión, sino sólo de aquellos que, en la inteligencia propiciada por los tribunales, han ostentado una incidencia dirimente en orden a determinar la tendencia de las decisiones que se pretenden confrontar.

Con esa prevención, la equiparación entre las plataformas fácticas resueltas en ambas oportunidades constituye un requisito de ineludible observancia para la procedencia formal del recurso de casación por el motivo del inc. 4º del art. 383, C. de P. C., y, por tal razón, su estricto cumplimiento debe ser rigurosamente verificado por el Tribunal, al tiempo de emitir juicio sobre su admisibilidad formal.

Por lo demás, esa pauta de rigor, lejos de constituir un prurito formal excesivo e innecesario, se justifica plenamente en atención a que la divergencia entre las soluciones brindadas en uno y otro caso bien podría estar justificada en la especial consideración de particularidades especiales que los califican y que -aún siendo muchas veces sutiles- los diferencian, al punto de tornarlos merecedores de un trato jurídico dispar, hipótesis en la cual aquel antagonismo se revelaría tan solo aparente y, por tanto, inocuo para viabilizar la unificación de criterios pretendida.

III. Dicho esto, corresponde verificar si se encuentran o no observados los recaudos adjetivos recién mencionados.

Si bien es cierto que de la lectura de los pronunciamientos sometidos a unificación, se advierte inicialmente que el criterio interpretativo en materia de extensión del embargo y su limitación -o no- al valor registrado habrían conducido a una solución dispar en los casos que se enfrentan, ello no es suficiente para habilitar la función de nomofilaquia y unificación atribuida a este Alto Cuerpo por el plexo formal, desde que los supuestos de hecho llevados a conocimiento de los tribunales en sendas oportunidades exhiben una disparidad fáctica, que, al justificar la diversidad de soluciones finalmente aportadas, resulta inhibitoria de la unificación interpretativa procurada ante esta Sede.

En efecto, un detenido examen de los decisorios en pugna permite aseverar que si bien pudiera afirmarse la existencia de una diferencia hermenéutica en la regla de derecho aplicada, lo cierto es que en el pronunciamiento opugnado la Cámara, y esto destacado de manera preliminar con base en la inversión del orden expositivo allí plasmado, consideró de suma importancia la comprobación de la buena fe de las partes en el negocio jurídico celebrado.

Es así como juzgó una situación especial cual fue la ampliación del embargo remarcando "(...) si el adquirente conocía que el inmueble que compraba estaba embargado, él asumió el riesgo de esa decisión. Bien sabemos que la circunstancia de figurar un embargo denota la existencia de un pleito. La conducta debida era conocer el expediente donde se trabó la cautelar, pues es la buena fe diligencia la que aquí importa y no la buena fe creencia. Válidamente este aspecto no lo podía ignorar el comprador, o en otras palabras, esa ignorancia no lo protege. Repárese que la ampliación del embargo pedida por el actor se hizo en tiempo y el Registro de la Propiedad tomó razón de ello" (fs. 53).

Sobre ello insistió al analizar el agravio vinculado a la imposición de costas, indicando que "Si bien el certificado fue presentado con anterioridad a la presentación del embargo, expidiéndose en término, cuando esto último ocurrió -16/12/02- se podía constatar fácilmente la existencia del gravamen anotado al D.18.326 (ver fs. 14)".

Esto es, y más allá del otro orden de razones decisorias desarrolladas, sentó una premisa esencial: considerar, en el marco de la buena fe negocial, la ampliación del embargo por la suma de $ 10.000 cuando los terceros interesados en esta incidencia habían depositado el monto del originario embargo trabado por la suma de $ 2.000.

Hagamos un repaso de lo acontecido para evidenciar que el plano de lo concretamente ocurrido en el sub judice, dibuja una plataforma que se aleja de manera notoria de aquélla otra en función de la cual se sentó jurisprudencia de uniformación.

Los terceros interesados aquí casacionistas iniciaron la incidencia, consignando la suma de $ 2.000 con el propósito de lograr -en lo que es de interés para el presente- el levantamiento del embargo anotado por ese monto con fecha 23 de mayo de 2001 sobre el inmueble que mencionan y para lo cual acompañan copia de la escritura traslativa de dominio del 16 de diciembre de 2002 en la que figura que lo tomaban a su cargo, como así también copia del certificado de notarial de venta y de la matrícula respectiva.

Al correrse vista de tal pedido y consignación, la parte actora se opone a la cancelación exponiendo -esto mencionado sucintamente- que la escritura de venta se realizó en violación a lo dispuesto por la ley 17.801 y ley 5771 ya que el notario omitió manifestar que a la fecha de la expedición del certificado notarial (16 de diciembre de 2002), existía un embargo por $ 10.000 anotado el 15 de noviembre de 2002, por lo que la consignación resulta insuficiente para cubrir lo adeudado en autos.

En ese contexto referencial del cual da cuenta la forma en que se planteó la litis incidental y se llevaron los agravios apelativos, insistimos en esto por la ubicación que tiene en el desarrollo del pensamiento de los juzgadores, es dentro del cual el Tribunal de Grado juzgó la materia sometida a su consideración.

Y sucede que nada de ello se verifica analizado en el acto decisorio asumidamente antagónico, lo que no constituye un dato intrascendente o irrelevante al tiempo de decidir mediante la aplicación de una doctrina judicial dictada en otro contexto.

Decimos -entonces- que no es menor la diferencia apreciable, desde que las particularidades fácticas y jurídicas con que las partes han delineado la presente causa no están presentes en la decisión que se trajo como antagónica, de donde no resulta discutido que si bien es cierto que en los pronunciamientos se trataba de dilucidar la recta inteligencia de una precisa cuestión de derecho (extensión del embargo), sin embargo el desenlace acordado en las resoluciones recorrió un camino que desde el mismo inicio era diferente atendiendo a la existencia de un embargo ampliatorio.

Por tal razón es que en el fallo de primer grado se denegó la petición tal como había sido formulada "sin perjuicio de tener presente en cuanto por derecho corresponda, otro embargo anterior a la escritura traslativa de dominio por la suma de pesos diez mil ($ 10.000) de fecha 15 de Noviembre de 2002 que figura anotado al Folio Real del 20 de Enero de 2003", aspecto sobre el cual insistió el Tribunal de Juicio al rematar su argumentación.

De tal guisa, y tal como han sido fijados los hechos por el a quo en el fallo en crisis, no se configura en la especie el requisito de equiparación fáctica estipulado por el ordenamiento de Rito por las particularidades que tipifican objetiva y subjetivamente los procesos en cuyo seno se dictaron los pronunciamientos.

En conclusión, y con independencia del acierto intrínseco de la resolución cuestionada, no se evidencia que la materia que nos ocupa haya merecido un tratamiento jurídico diferente fundado en un mismo antecedente de hecho, que genere la necesidad de cumplir la función nomofiláctica atribuida a esta Sede Extraordinaria por la vía propuesta, circunstancia que sella la suerte del recurso.

IV. Las costas de esta sede extraordinaria se deben imponer a la impugnante en su condición de vencida (CPC, arts. 130 y 133).

Los honorarios del abogado de la parte contraria se establecen en el 17 % del mínimo de la escala del art. 34 de la ley 8226 (arts. 36, 37, 38 y 82) sin perjuicio de los mínimos legales establecidos por el ordenamiento arancelario.

Los doctores María Esther Cafure de Battistelli y Domingo Juan Sesín dijeron:

I. Para evitar inútiles repeticiones nos remitimos a la relación de causa efectuada por el Señor Vocal que nos precede, la que resulta ajustada a derecho y coincidimos con las razones que sustentan que el precedente esgrimido como contradictorio y que fuera dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la ciudad de Villa María, deviene inhábil para lograr la apertura de la competencia extraordinaria por superar el plazo máximo consagrado por la ley de rito (inc. 3º, art. 383, C.P.C.).

Sin embargo, propiciamos una conclusión diferente para el segmento impugnativo que imputa que el acto decisorio en crisis se opone a la doctrina jurisprudencial que esta Sala ha sentado sobre la temática involucrada.

II. Teniendo en consideración las pautas que gobiernan la admisibilidad formal de la causal de que se trata (inc. 4º, art. cit.), estimamos que las cuestiones sometidas a consideración versan sobre bases fácticas similares ya que, en ambos casos, el bien inmueble sobre el cual recae un embargo ha sido adquirido por un tercero ajeno a la causa, concurriendo asimismo la condición de disímil interpretación legal.

Concretamente aludimos a que las consideraciones vertidas en orden a la buena fe negocial y de las que podría extraerse una sensible diferencia en el diseño fáctico del presente pleito incidental, no alcanza a ostentar -en nuestra opinión- la dirimencia necesaria para justificar la real divergencia resolutiva a la que se ha arribado lo que constituye una clara consecuencia de la diferencia en la interpretación del derecho.

Es que en el decisorio en crisis se sustenta la tesis según la cual el tercero adquirente de un inmueble embargado por una suma determinada, no puede liberarse pagando sólo el monto informado por el Registro de la Propiedad Inmueble, sino que considera que responde por los intereses, costas y otras ampliaciones de la cautelar oportunamente librada.

Vale decir, la Cámara sostiene que la garantía del acreedor es el bien embargado, aislado de los otros que componen el patrimonio del deudor; esto es que se busca resguardar el crédito en toda su extensión, de donde el importe que pudiera surgir del título no es suficiente para desinteresar al acreedor y, por ende, el levantamiento de embargo que pudiese impetrar el tercero adquirente no puede prosperar.

Tal temperamento no se adecua a la interpretación establecida por este Alto Cuerpo donde ha postulado esencialmente -en lo que a presunta contradicción se intenta verificar- lo siguiente: "El embargo es una garantía limitada al monto ordenado en la ejecución, anotado y hecho público en los Registros pertinentes, y no sobre el precio del bien. Menos que menos, tampoco asciende al importe de la planilla general...".

En virtud de ello es indiscutible que las apreciaciones de derecho que a tal efecto allí se enunciaron son susceptibles de confrontarse con la tesitura asumida en el pronunciamiento impugnado y de autorizar la apertura de la competencia de la Sala.

III. Controlado el cumplimiento de los recaudos formales que habilitan la función nomofiláctica y avocados al estudio del fondo de la cuestión traída a decisión, anticipamos que el recurso de casación debe ser acogido, pues la decisión adoptada por la Cámara se funda en una interpretación de la ley diversa de la que esta Sala entendió correcta, no sólo en el precedente utilizado sino en otros posteriores, los que se ratifican mediante el presente pronunciamiento.

En esa oportunidad se resolvió que "... Si bien es cierto que el embargo procura garantizar el buen fin del proceso, evitando que la resolución que se dicte transmute en una mera expresión de deseo de imposible ejecución, ello no implica que la traba de la cautelar paralice los efectos que la libre circulación de riqueza genere con relación al bien sujeto a gravamen. En efecto, en principio, la consecuencia de la medida precautoria que analizamos, limita al titular del dominio para venderlo, cederlo o gravarlo. Sin embargo, (...) se ha considerado que los arts. 1174 y 1179, C.C., permiten la enajenación de los bienes embargados, a condición de que se declare la existencia del embargo, pues en este caso los derechos del acreedor no sufren perjuicio, dado que el embargo recae eventualmente sobre el precio de venta. Del mismo modo, se admite la traba de nuevos embargos sobre el mismo bien de propiedad del deudor, en función de las expectativas de otros acreedores de cobrar su crédito del eventual remanente que resulte de la subasta promovida por el primer ejecutante, o en virtud de la probable desestimación jurisdiccional del crédito garantizado por el embargo anterior. Esta interpretación, que por otra parte no ha sido desvirtuada en la opinión jurisprudencial que se trae en contradicción, se sustenta, precisamente, en las necesidades del tráfico jurídico".

"Ahora bien, admitida la posibilidad de enajenar el bien embargado, y de someterlo a nuevos gravámenes, no cabe la atribución de efectos al primigenio embargo, 'in abstracto' del ejercicio de aquellas prerrogativas, sino que, por el contrario, se impone la consideración de reglas aptas para regir la convivencia armónica de los derechos que convergen en la misma cosa, de manera tal que el ejercicio de cada uno de ellos no redunde en un tratamiento discriminatorio de los restantes".

Más aún: siguiendo esa misma línea jurisprudencial, con integración parcialmente diferente y mediante Auto Interlocutorio Nº 25 del 22 de febrero de 2008 en autos "Yunes René Farid c. Yarema José Hernán y otro -Ejecutivo- Recurso de Casación", se estableció: "En orden al logro de ese fin, no luce razonable que el tercero de buena fe interesado en la adquisición del bien embargado, no tenga la posibilidad de conocer con certeza el precio total que debe pagar al momento de la compra; incluyendo, claro está, el plus que en ese costo corresponda al valor del gravamen. Consideramos que la real intención de comprar una cosa no debe sufrir cortapisas que la obstaculicen; y, sin dudas, ese sería el efecto si se impidiera al comprador saber el precio de lo que pretende adquirir en el instante preciso en el que desea realizar la operación. Es cierto que la confrontación de la expresión matemática final de la condena, con el monto del embargo al momento de la adquisición, pueda generar cierto sentimiento de iniquidad ante la frustración del cobro de parte del valor económico de lo mandado a pagar. Sin embargo, esa sensación desaparece si nos situamos en el instante mismo de la compra; momento éste, en el que el monto del embargo coincidía con el crédito reclamado, salvo negligencia imputable al embargante por no haber realizado las pertinentes ampliaciones de embargo con antelación a ese tiempo. Desde esta perspectiva, entonces, resulta inasequible interpretar que la adquisición de un bien embargado incluya al redimensionamiento del crédito con posterioridad a la venta, pues ello importa la obstrucción al derecho de comprar ejercido honestamente y, de alguna manera, discrimina al derecho del adquirente, al prejuzgar su mala fe sin elementos aptos siquiera para presumirla. Así las cosas, pensamos, y con nosotros gran parte de la doctrina y jurisprudencia (C.S.J.N.: 1995/05/04, JA, 1995-III-78; 1990/08/14, DT, 1991-A, 1003), que la hermenéutica más acertada es la que promueve la circulación de riqueza, teniendo en cuenta que su fluencia dinámica constituye la esencia de la vida comercial y la base del progreso. Las razones apuntadas son las que inspiran al sistema registral de nuestro país, en tanto ha sido diseñado sobre la base de la publicidad registral, como una consecuencia de la necesidad de proteger el tráfico jurídico y facilitar la circulación de riqueza, poniendo al alcance de cualquier interesado la posibilidad de tomar conocimiento de la situación jurídica del bien, su libre disponibilidad o los gravámenes y cargas que sobre él pesan. De este modo, se concreta uno los objetivos del sistema, cual es el logro de la denominada seguridad dinámica o de tráfico, procurando brindar protección a los terceros que se ven involucrados en la circulación de riqueza; entre ellos, los adquirentes, que no deben estar expuestos a la sorpresa de que el bien que se les ha transmitido se encuentre gravado por un valor mayor al que figura inscripto (Cfr. Moisset de Espanés, Publicidad Registral, pág. 19)".

"De allí la importancia de la inscripción del monto del embargo, y la consideración de ésta, como la única verdad acerca de la limitación o restricción que pesa sobre el bien inscripto, y a la que tendrán que atenerse los terceros mediante los informes y certificaciones que expida el registro (arg. arts. 22, y ss., ley 17.801). De lo expuesto se infiere que la enajenación de un inmueble embargado, en el que se pacte que el comprador se hará cargo del pago del monto del gravamen, sujetando esta prestación a las resultas del juicio, no significa el acuerdo de un precio reajustable conforme a las vicisitudes que experimente el crédito a lo largo del juicio, sino sólo que al precio de la venta deberá agregarse el pago del monto del embargo que pesa sobre el inmueble al momento en que se efectúa la compra. Situación esta que sólo es verificable consultando la inscripción registral. La situación jurídica del transmitente que pasa a ocupar el sucesor singular en virtud de la venta, es la que aquél ostentaba a ese tiempo, y no otra posterior; o sea, el derecho de dominio del deudor estaba afectado por embargo cuyo valor económico ascendía a la suma publicitada (salvo negligencia imputable al embargante por no haber realizado las pertinentes ampliaciones de embargo con antelación a ese tiempo), monto éste que es precisamente el que pretende depositar el tercero adquirente para desafectar el inmueble. En definitiva, no hay adquisición de un mejor derecho por el hecho de que el tercero adquirente se haga cargo del monto del embargo que figura inscripto para obtener el levantamiento de la cautelar, sino sólo el cumplimiento, por parte del sucesor singular, de la obligación que pesaba sobre el transmitente al momento del negocio, en los términos del art. 3266, C.C. Abonando esta conclusión, cabe destacar que el axioma 'nemo plus juris ad allium transferre poteste, quam ipse habere', y que ha sido receptado en nuestra ley de fondo por vía del art. 3270, C.C., ha sido motivo de un estudio particularizado por la doctrina, por considerarlo '... un principio general del derecho que exige finos conocimientos jurídicos por la existencia de excepciones o desviaciones y de armonizar entre sí diversos principios generales' (LLambías, Jorge Joaquín, y Méndez Costa, María Josefa, Código Civil Anotado, Doctrina y Jurisprudencia, T. V - A, Ed. Abeledo Perrot, pág. 29, citando a Guastavino). Siguiendo este orden de ideas, se ha entendido que existen fundamentos económicos (promover la circulación de riqueza), morales (reconocer el derecho ejercido honestamente) y jurídicos que sugieren la protección del tercero frente al texto literal de la norma citada. En cuanto a los dos primeros tipos de fundamentos, ya han sido desarrollados más arriba en la presente resolución; respecto de los últimos (los jurídicos), se ha sostenido que '... la apariencia de un derecho, en las relaciones con los terceros, debe producir el mismo efecto que el propio derecho' (Cfr. ob. cit., pág. 30). Es obvio que en el caso de autos la apariencia del derecho adquirido por el tercero adquirente se patentiza de manera más que confiable por vía de la publicidad. Luego, no le sería oponible el derecho que se le presenta oculto frente a su conocimiento concreto en virtud de la inscripción registral".

A ello se añadió: "... el hecho de que el Registro haya inscripto las ampliaciones de embargo posteriores a la venta, no los torna oponibles al tercero adquirente; quien sólo debe responder por el monto publicitado al momento mismo de su adquisición, en virtud de las razones brindadas en el precedente de esta Sala transcripto más arriba, que forma parte de la base argumental de la presente resolución...".

Sobre la base de este temperamento es de concluir que el monto que debe tener en cuenta el tercer adquirente del inmueble a los fines del levantamiento de la cautelar, es el que resulte del informe registral al tiempo de la compra, sin que puedan afectarlo las ampliaciones posteriores del mismo embargo.

En el caso, el inmueble embargado fue adquirido mediante escritura de fecha 16/12/02 (Escr. Nº 116 Sección "A"), el certificado notarial de venta (que bloqueó el dominio y fue utilizado para realizar la venta) ingresó el 14/11/02, fue expedido el 16/12/02 y en el consta "Ampliando lo informado se hace presente que el embargo relacionado diario 18326/15/11/02 se consignó por error. Of. 16/12/02".

Toda vez que la resolución bajo anatema no se adecua a tal hermenéutica, debe acogerse el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, revocar el auto interlocutorio impugnado.

Asimismo corresponde reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que sigue en Nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo juzgamiento, con arreglo a la doctrina impuesta en el presente pronunciamiento.

IV. Las costas de la sede extraordinaria se imponen por el orden causado, atento a la jurisprudencia divergente (arts. 130 y 133, C.P.C.).

Finalmente no corresponde regular honorarios a los letrados intervinientes (art. 25, ley 8226).

Por ello, por mayoría, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a través de su Sala Civil y Comercial, RESUELVE: I. Acoger el recurso de casación impetrado al amparo de la causal prevista en el inc. 4º del art. 383, CPCC y en su mérito, revocar el Auto Interlocutorio impugnado. II. Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que sigue en Nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo juzgamiento, con arreglo a la doctrina impuesta en el presente pronunciamiento. III. Imponer las costas devengadas en la instancia extraordinaria, por el orden causado. IV. No regular honorarios a los letrados actuantes. - Carlos Francisco García Allocco. - María Esther Cafure de Battistelli. - Domingo Juan Sesín.