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Recurso de apelación (procesal), sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad procesal, estupefacientes, tenencia de estupefacientes, allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, declaración autoincriminante, inviolabilidad del domicilio
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Martín s/ ALLANAMIENTO.  ACTA DE SECUESTRO. ESTUPEFACIENTES. SENTENCIA. RECURSO  DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

1) No obstante no existir apelación sobre los resolutivos en los que se rechaza la nulidad de la indagatoria y del acta de secuestro sino sólo de la condena, el tribunal tiene jurisdicción devuelta sobre estos temas, pues el fallo definitivo no puede contener declaraciones sobre la validez de dichos actos, sino que lo único que puede y debe resolver el juez en el acto de fallar es la condena o la absolución y la nulidad que el magistrado estime exista respecto de actos de averiguación o de cualquier prueba colectada, debe hacer a la evaluación de ésta, quedando asentada como fundamento del fallo en los considerandos respectivos con las citas legales que correspondan.

2) Es nulo el procedimiento de secuestro de estupefacientes llevado a cabo con el procesado detenido, el que según consta en el acta respectiva, procedió a facilitar el ingreso al departamento y luego indicó el lugar donde tenía los cigarrillos de marihuana; pues si el domicilio es inviolable (art. 18 C. N.), la legitimación para que deje de serlo no puede provenir de quien pierde ese derecho cuando el renunciante se encuentra privado de su libertad, y justamente cediéndola en favor de quienes se la han quitado.

El derecho a la privacidad del propio domicilio no es renunciable para un individuo detenido si no lo hace ante el juez competente, no pudiendo abandonar ese bien jurídico; debiendo absolverse al procesado por el delito de tenencia de estupefacientes, por quedar como única prueba de cargo la autoinculpación de aquél, huérfana de todo otro elemento de juicio que la acompañe.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: P., C.A. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-07-30

La víctima de un accidente puede cobrar íntegramente la totalidad del resarcimiento tanto del asegurado como del asegurador indistintamente; siendo a su vez liberatorio para ambos el pago total efectuado por uno sólo de los deudores.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Amaya, Mario Abel s/ presunto  secuestro,  apremios  ilegales,  malos tratos, vejaciones y  tormentos seguidos de muerte - Causa N. 260/87 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Toda sentencia constituye una unidad lógico - jurídica, cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada del examen de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, prueba testimonial, cuestión no decisiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., P. D. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE, AGRAVADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON UN MENOR DE 18 AÑOS, REITERADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-17

Los señalamientos realizados por la impugnante respecto a la ausencia de ciertas probanzas -entre las que menciona: el informe médico del art. 109 del C.P.P., el croquis demostrativo y diversos testimonios- lucen desprovistos de toda fundamentación que permita siquiera liminarmente su consideración, pues más allá de referir a la falta de tales medidas, la quejosa no da razones acerca de su ofrecimiento y, en su caso, los motivos de su rechazo o de su no realización, sin explicar tampoco cómo, a partir de la naturaleza de los hechos denunciados, su práctica hubiera podido resultar decisiva en la solución adoptada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 109
Escritos judiciales, firma, prueba, prueba pericial, perito calígrafo
Materia: CIVIL
Carátula: SALAS, Raúl c/ PAULETTE JURY, Rafael s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-25

Los escritos presentados en juicio son actos jurídicos procesales a los que les son aplicables las normas que reglan su constitución, resultando la firma de las partes un requisito esencial. Así, toda vez que el requerimiento sobre la comprobación de la firma procede tanto a pedido de parte como de oficio, ante el planteo y ofrecimiento de la prueba pertinente, debe resolverse la suspensión del procedimiento y designar perito calígrafo para que proceda a realizar las tareas necesarias para establecer la autenticidad de las firmas dubitadas (C.NCiv. Sala C, L.L. 131-1073, sum. 17.528; Sala B, 15-2-83, L.L. 1983 v.D, pág. 211.), ya que el reconocimiento o ratificación es inoperante frente a la contraria. Desde que las rúbricas deben emanar del interesado, no puede tal condición quedar librada a sus manifestaciones (arts. 895, 979, 1012 y 1038 del Código Civil).

No puede el Juez, sin más, decidir que la disimilitud de formas en la firma de los escritos no es manifiesta y tener en cuenta la ratificación de la parte a tales actos, pues si en torno a la falsificación de la firma existen hechos controvertidos conducentes, se torna insoslayable recibir a prueba la incidencia (arts. 181 y cc. del Código Procesal) aún en procesos ejecutivos.

Más aún cuando en mérito a la invocada inexistencia de los actos impugnados, la contraparte interpuso la caducidad de la instancia.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Segovia, Armando Oscar s/ Lesiones leves y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La amistad aunque sea íntima incluye a los testigos dentro de las generales de la ley, pero ello no descalifica automáticamente sus testimonios, los que deben analizar en esta oportunidad y conforme a las reglas de la sana crítica.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corigliano, Saverio c/ Cominotti, Alberto y ot. s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

La decisión recaída en un juicio ejecutivo que desestima un incidente de nulidad de actuaciones por extemporáneo y en consecuencia las excepciones articuladas, no reviste carácter definitivo (art. 278 del C.P.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad médica, indemnización por muerte, muerte de la madre, responsabilidad extracontractual, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: COTOS, ANTONIO c/ CENTRO ASISTENCIAL SINDICATO PERFUMISTAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Cuando quien reclama indemnización es el hijo de la paciente fallecida, la responsabilidad de que se trata posee naturaleza extracontractual. La clínica es deudora de un crédito a la seguridad, cuestión indiscutible en el ámbito contractual, pero que no parece tan clara en el terreno extracontractual. Empero, o bien puede sostenerse que existe una prolongación de la obligación de seguridad al ámbito extracontractual o bien que el contrato pasado en vida por el causante con la clínica, donde ésta asume -como propio- un deber médico eficiente, ha sido un medio extracontractual de perjudicar a terceras personas en los términos de los arts. 1109, 1113 y ss. (Cfr. Bueres "Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos", pág. 37, n.41).
Ejecución hipotecaria, resoluciones recurribles, levantamiento del embargo, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MERS CAG. c/ Giles,Liria Ines s/ Ejecución Hipotecaria .
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-28

La sentencia impugnada dictada dentro de un proceso ejecutivo,al decidir no hacer lugar al levantamiento del embargo peticionado con sustento en que el cesionario no contaba con la conformidad expresa de la demandada, y por tanto a los efectos procesales carecía de legitimación para formular dicho pedido, además que esa petición debió formularse ante el Juez que dispuso la traba de los embargos en cuestión ,carece de la nota de definitividad exigida por la norma condición de impugnabilidad por esta vía ,en cuanto,no pone fín al debate sobre la cuestión planteada,la que podrá renovarse en ese juicio.
Acta de secuestro, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: PONCE DE HOFFMAN, NELLY c/ CORONEL, CARLOS MATIAAS s/ HOMICIDIO CULPOSO HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-11-20

La nulidad del acta de reconstrucción que carece de firma del secretario no es de las contempladas por el art. 116 del Código de rito, y por ende no es absoluta sino relativa. En el caso, el acto ha quedado subsanado por imperio del inc. 3 del art. 119, ya que no obstante la irregularidad apuntada, el acto ha conseguido su fin respecto de todos los interesados, al suscribir el acta el imputado y su defensor, y firmar el secretario el croquis ilustrativo del acto, el detalle de referencias y las fotografías tomadas en la oportunidad de la reconstrucción, lo que otorga validez al acto.

Máxime cuando en las fotos se observa la presencia y participación del secretario actuante, lo que le otorga al acto la necesaria consolidación como para reputarlo inválido.
Medidas cautelares, tratamiento médico
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Salinas, Gustavo Enrique Gumersindo c/ Galeno Argentina S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-16

Cabe tener en cuenta el informe del Cuerpo Médico Forense agregado a la causa con posterioridad al dictado de la resolución apelada, habida cuenta de que se trata de un verdadero asesoramiento técnico de auxiliares del órgano jurisdiccional, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas que amparan la actuación de los funcionarios judiciales (Corte Suprema, Fallos 299: 265 y 787, 319:103; esta Sala, causas 1992/99 del 8.5.03, 6130/91 del 14.12.04; Sala 3, causas 7887 del 21.8.92, 3341/91 del 24.8.94, 4698/93 del 15.7.99). Allí, y sin perjuicio de las restantes consideraciones formuladas, se establece la necesidad "desde la perspectiva psiquiátrica, de asistencia permanente de personal idóneo en enfermería y un asistente domiciliario, en coexistencia temporal, habida cuenta de que los campos laborales son complementarios".
Recurso extraordinario, honorarios del perito, regulación de honorarios, escala arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Bidondo,  Roberto  Alfonso s/incidente de regulación de honorarios en "Mastruleri, Alfredo  y  otros  s/defraudación  al Fondo Especial del Tabaco" s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

El apartamiento invocado del arancel profesional correspondiente al perito no genera por sí solo un agravio de naturaleza federal, pues la validez constitucional de la regulación no depende únicamente de su sujeción a las escalas legales, sino de que su monto guarde una adecuada proporción con la labor realizada, la cuantía de los intereses en juego y las remuneraciones de los demás profesionales que han intervenido en la causa.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Wu Ren Wen c/ Prefectura Naval Argentina s/ recurso de apelación (Ley de Pesca 17.500).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

Es inadmisible el recurso de apelación -art. 24, inc. 6x, ap. a) del decreto-ley 1285/58- interpuesto contra un pronunciamiento de primera instancia.
Prescripción, facultades del juez
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Delgado, Alejandrina c/ Muhleman, Raúl s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-15

La prescripción, liberatoria en el sub iudice, es un instituto legal fundamentado en el valor seguridad jurídica y por ello la contempla nuestro código sustantivo. Que su alegación pueda conmover las fibras íntimas del juez en casos como el aquí tratado, no admite que viabilice el apartamiento del dispositivo legal que la establece y admite, malgrado la valoración ética que su invocación provoque en el ánimo del juzgador.
Juicio de apremio, procedimiento administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Villa Paranacito c/ AMX Argentina S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-09-07

En el apremio fiscal, el cuestionamiento direccionado al procedimiento administrativo constituye una discusión que no tiene cabida en este tipo de juicio, debido a que el eventual examen de la causa de la obligación, si se habilita, debe responder a cuestiones excepcionales, no a lo que fue o pudo ser parte del procedimiento administrativo.
Concursos, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, socios, exclusión de miembros, actos materiales hostiles, acreedor, procedencia del recurso, perspectiva de género
Materia: COMERCIAL
Carátula: GALLI BASUALDO, MARIANA LAURA S/ CONCURSO PREVENTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Cabe revocar la resolución que rechazó el pedido de exclusión de voto de cierto acreedor - abogado-, con base en que no existían elementos para calificarlo como hostil. Es que por resultar de suma relevancia, no se puede soslayar en el análisis que el crédito del profesional ha sido declarado admisible y se encuentra en trámite de revisión, por lo que ese derecho está sujeto o condicionado en cuanto a su perdurabilidad a un hecho futuro e incierto que es la eventual desestimación de la demanda de nulidad promovida en su contra por la deudora -ex cliente del letrado en ciertas causas contra su ex cónyuge-. Tal circunstancia tiene incidencia a la hora de decidir, por cuanto esa acreencia está sujeta a una condición resolutoria (CCCN 343, 347 y 348) siendo por ende la condición de acreedor del mencionado profesional "formal intra- concurso" ya que está siendo objeto de revisión jurisdiccional. Expresado de otra manera: la obligación es válida y operativa, mientras la condición no se produzca; acaecida ella su ineficacia se configura. Máxime, ponderando lo recientemente decidido en sede civil en la causa en la cual se declaró nulo de nulidad absoluta el reconocimiento de deuda, por honorarios, que no se encuentra firme. Es que la causal de su cesación de pagos indicado por la deudora, fue la imposibilidad de pago de la condena recaída en el juicio ejecutivo promovido por dicho acreedor con base en dicho reconocimiento de deuda. Voto de la Dra. Tevez:

Si bien un examen apresurado de la cuestión sometida a consideración podría llevar a desechar la idea de hostilidad; sin embargo, a poco de avanzar en el estudio del caso se encuentran elementos que convencen de la solución inversa; es decir, de la efectiva existencia de la posición obstruccionista que se atribuye al citado acreedor y de su interés en frustrar la aprobación de la propuesta de acuerdo. A más, en la contestación de demanda, obran expresiones del acreedor que dejan entrever claramente el desprecio y la desconsideración hacia la concursada.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palacios, Carlos Virgilio y otro c/ Ranalletta, Alejandro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Es de pública notoriedad que en toda profesión concerniente a la salud existen siempre riesgos o aleas que excediendo ciertos límites no sería justo ni razonable transferirlos al profesional ubicándolos en el ámbito de su responsabilidad.
Accidentes de trabajo, daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Ramón Reinaldo c/ UNITAN S.A.I.C.A. y/o quien Res. Resp. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-22

Procede el agravio del actor, quien se duele por el monto de la indemnización fijado por el a-quo, en concepto de daño moral. Ello así, ya que no puede seriamente sostenerse que un importe de $346,35 cumpla razonablemente con el cometido propuesto, habida cuenta que el hecho como también la secuela operada por el grado de incapacidad sobreviniente, hace suponer un daño devastador en las afecciones íntimas de una persona que vive de su trabajo físico. Es prudente elevar su monto en el importe de $3.000, no sin antes advertir que si bien es cierto no tiene por qué guardar una necesaria proporción con el daño material, no lo es menos que los elementos objetivos no pueden ser soslayados para arribar a una solución justa. En efecto, no se oculta que el dinero no representa en la reparación del daño moral, lo mismo que en la indemnización del daño material, por cuanto aquí tiende a restablecer una equivalencia entre el daño y la reparación, en tanto que en aquel de compensarlo por haber sido injustamente herido en sus afecciones íntimas, lo cual en manera alguna significa poner un precio al dolor o los sentimientos, desde que no pueden mensurarse económicamente.
Asegurador, siniestro, embargo, baja del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIGUEROA, HUGO EZEQUIEL C/SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Cuando -como en el caso-, no se encuentra controvertido que el vehículo que fuera asegurado detentaba una deuda por patentes de modo previo a la ocurrencia del siniestro y que ello dio lugar a que se iniciara un proceso de cobro en el cual se trabó un embargo sobre dicha unidad ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor; la pendencia de la deuda de patentes obsta a que el registro tomara nota de su baja registral y cesara el devengamiento del impuesto sobre el vehículo. En efecto. El art. 235 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que, cuando se solicitare la baja por destrucción total o desarme, corresponderá el pago de los anticipos y/o cuotas, vencidos con anterioridad a la fecha de dicha solicitud y, en su caso, la parte proporcional del anticipo y/o cuota que venza con posterioridad, la que será liquidada hasta el día en que se solicitó la baja ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Ello implica que se continuaran devengando durante el periodo posterior hasta la baja definitiva. En ese marco y en las patentes debidas hasta obtener la cancelación de la deuda e inscripción de la orden de levantamiento de embargo no pueden ser reclamadas a la aseguradora demandada, dado que la demora incurrida no resulta atribuible a dicha parte.
Bien de familia, afectación del inmueble (civil), embargo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LLOYDS  TSB BANK PLC c/ JOVENICH, MIRIAM s/ EJEC. (JA 29.9.04; LL16.7.04, F. 107788).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-23

Resulta improcedente declarar inoponible al pretensor la afectación como bien de familia de un inmueble embargado, aun cuando se verifica que con posterioridad a la apertura de la respectiva cuenta corriente, y luego del cambio de rubro de esta fue inscripto el bien de la manera indicada si, -como en el caso-, se verifica que la titularidad del inmueble hubiera sido determinante para autorizar la apertura de dicha cuenta o el cambio de titularidad. A mas, aun cuando se hubiera informado la titularidad de un inmueble, nada obstaría a su posterior enajenación, ya que esa denuncia no importa indisponibilidad, ni podría esta ser establecida (Cod. civil art. 2612), ni tampoco surge del respaldo documental anejado por el interesado, cláusula alguna que ponga en cabeza del cuentacorrentista la obligación de comunicar los cambios en su patrimonio. Por tanto, si resultaba oponible al accionante una eventual venta del bien, con mayor razón debe correr igual suerte la afectación del mismo como bien de familia, dada la finalidad tuitiva de la ley y la protección del instituto prevista por la CN art. 14-bis (Cfr. CSJN, 10.9.85, en "Carrizo José A. s/ Inc. de Levantamiento de Embargo en Autos Rodríguez Armando c/ Carrizo José", ed 115-579, con Nota de Germán Bidart Campos). Máxime, si no se advierte una maniobra del ejecutado tendiente a defraudar a sus acreedores.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, cuestión no decisiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Paco, Camila Ayelen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-23

El nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista y oído el Procurador General, conduce a rectificar el criterio sustentado al admitir oportunamente la queja, toda vez que de la confrontación del escrito recursivo con los antecedentes y constancias elevadas, se advierte que la temática debatida se vincula esencialmente con la valoración de hechos, prueba y derecho común -reservado, en principio, a los jueces de la causa-, sin que se advierta que el supuesto de arbitrariedad invocado resulte decisivo para hacer variar la suerte de lo decidido. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 321, p 146. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 11
Ley sobre riesgos del trabajo, enfermedad profesional, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SILVERO, PABLO NEMESIO c/ PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-31

Dado que la enfermedad invocada por el actor no se encontraba incluida en el listado de enfermedades profesionales aprobado por el decr. 658/96, (modificado, entre otros, por los decrs. 1.167/03, 1.278/00), el accionante debió iniciar el trámite previsto en el art. 6, inc. 2 b) de la ley de riesgos de trabajo: no habiéndolo así hecho, es claro que en esta sede le correspondía demostrar la relación de causalidad entre el daño que invoca y las condiciones en que cumplía su tarea porque el hecho de que la enfermedad se encuentre excluida genera como consecuencia que, justamente, no sea posible presumir el nexo causal entre la exposición al factor de riesgo y el perjuicio en la salud.	Pero antes de ello, debía demostrar en qué consistía su trabajo.

El actor omitió ofrecer esa prueba, lo que describe una notable negligencia en el cumplimiento de la carga de la prueba por parte de aquel, toda vez que no se demostró el primero de los elementos que integran la noción jurídica de responsabilidad patrimonial, esto es el o los hechos mismos a los que les atribuye el efecto dañoso. Por lo tanto, al no haberse probado en qué consistía la materialidad del hecho calificado como dañoso, tampoco pudo demostrarse la relación causal entre éste y el resultado lesivo en la salud del trabajador. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda en todas sus partes.
Contrato de trabajo, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Gagliostro de Polimeni, María c/ Moreyra, Carlos R. s/ Indemnización despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

El empleador, destinatario de la comunicación tiene una carga de diligencia con respecto a la recepción de la misma. Ello en el marco del principio de buena fe consagrado en el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo que prevé que ambas partes están obligadas a ajustar su conducta a lo que es propio de un buen trabajador, no sólo mientras dura la relación de trabajo sino también al extinguirla.
Corrupción de menores, violación
Materia: PENAL
Carátula: V., D. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-03-24

Concuerdo en concursar idealmente violación con corrupción. Es que tener acceso carnal, con un menor, del sexo masculino, contra natura, es un acto aberrante, antinatural, capaz de promover la corrupción del menor.