Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2010-12-22


San Luis, diciembre 22 de 2010.

1º ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación? 2º ¿Existe en la sentencia recurrida alguna de las causales enumeradas en el art. 428 del C.P.Crim.? 3º Caso afirmativo de la cuestión anterior, ¿cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse de la ley en el caso en estudio? 4º ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio? 5º ¿Cuál sobre las costas? 1º cuestión.- El doctor Zavala Rodríguez dijo:

I) Que a fs. sub 3/10 y vta. se presenta el denunciado Marcelo Fabián Zeballos con el patrocinio letrado del Dr. G. J. E., y funda recurso de casación interpuesto a fs. sub 1, contra el Auto Interlocutorio Nº 13 de fecha 05/02/10, dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, en el cual rechaza el recurso de queja interpuesto oportunamente.

Que el agraviado funda el presente recurso en el art. 428 inc. d) del C.P.Crim., por haberse interpretado erróneamente las normas de fondo que son los art. 18 de la Constitución Nacional y 43 2º párrafo de la Constitución Provincial, toda vez que toma como fundamento para determinar la exigencia del cumplimiento de recaudos formales (designación de abogado defensor art. 64 C.P.Crim.) el contenido de dichas normas, soslayando el argumento cierto de que la actualización por su parte del art. 65 del C.P.Crim., también implica ejercicio de la defensa en juicio y el debido proceso; es que resulta por demás evidente que el texto de las normas (arts. 18 CN y art. 43 2º C Prov.) es compatible con su retensión que no es otra que ser oído de conformidad a la legitimación que le adscribe el art. 8, inc. 1º de la CADH.

II) Que a fs. sub 24 y vta., se expide la Sra. Procuradora General Subrogante, por el rechazo del recurso.

III) Que a los fines del estudio y resolución de la causa, en primer término corresponde determinar si se ha dado cumplimiento a los requisitos fijados por las normas casatorias, en punto a la admisibilidad del recurso en cuestión.

Que conforme surge de constancias de la causa, el presente recurso ha sido interpuesto y fundado en término, encontrándose eximido el recurrente de abonar el depósito exigido por el Cód. Proc. Criminal.

En lo que respecta a la exigencia prevista en el art. 426 C.P.Crim., pese a la naturaleza de la resolución simple que tiene la dictada por la Sra. Juez de Primera Instancia y confirmada por la Cámara, la misma -a los efectos de la casación- debe considerarse que tiene carácter definitivo.

Ello en tanto de quedar firme, impide al Sr. Zeballos comparecer por sí (como denunciado) y ejercer su defensa con el patrocinio letrado como lo ha hecho.

El estándar jurisprudencial de la Corte Suprema, establece que existen pronunciamientos que pueden y deben ser equiparables a sentencias definitivas. En tal sentido se ha expuesto que una resolución jurisdiccional es equiparable a definitiva, si ocasiona un agravio de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto.

"Si el art. 457 del Código Procesal Penal hace referencia al concepto de sentencia definitiva al igual que el art. 14 de la ley 48 y el art. 6 de la ley 4055 y la Corte desarrolló el criterio de sentencia equiparableadefinitiva para aquellos pronunciamientos que, si bien no ponen fin al pleito, generan un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior que requiere una tutela inmediata..." (Fallo: 329:1541,09/05/2006).

"... las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen la calidad de sentencia definitiva ni resultan equiparables a aquélla, salvo que su aplicación pudiera provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior" (SCBA, 27/10/2004, "I., N. F. s/Lesiones graves", Causa P83644, en http://HYPERLINK "http://www.scba.gov.ar/home.asp" www.scba.gov.ar/home.asp, JUBA sumario B68910; en igual sentido STJSL Nº 45/08 "Figueroa, Alberto Carlos y Martínez Fernández, Daniel Enrique - Homicidio Calificado - Recurso de Queja", 19-02-08).

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

Los doctores Novillo, Gatica, Rubio y Uria comparten lo expresado por el Dr. Horacio G. Zavala Rodríguez, adhieren y votan en igual sentido a esta primera cuestión.

2º y 3º cuestiones.- El doctor Zavala Rodríguez dijo:

Que conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde su tratamiento.

Que para entrar al análisis de esta cuestión, cabe tener presente el criterio jurisprudencial que sostiene que para la procedencia del recurso de casación se debe alegar sobre la correcta interpretación legal, indicando en modo claro y preciso la forma en que se ha violado la ley invocada en el fallo y cuál es la interpretación correcta, circunstancia que si no se cumplimenta conlleva a que el recurso deba ser rechazado (Cfr. STJSL S.J. Nº 18/06 "Cabello, Oscar Alfredo c/Edesal S.A. - D. y P. - Recurso de Casación", 18-04-06; STJSL S.J Nº 19/07 "Kravetz Elias Samuel c/Edesal S.A. - D. y P. - Recurso de Casación", 17-05-2007; entre otros), y que "... la inobservancia o errónea interpretación debe versar sobre la ley sustantiva, es decir sobre las normas generales y abstractas que regulan y establecen derechos y obligaciones y no las que determinan las formas de hacerlo valer ante los jueces. (Cfr. STJSL "Mandiles Pablo Francisco c/Procter Gamble S.A. y/o Topsy S.A. - Demanda Laboral - Recurso De Casación", Sentencia del 17-12-03; "Toy San Luis S.A. - Concurso Preventivo - Incidente de Verificación Tardía de Crédito de Gi-Fran S.A. - Recurso de Casación", Sentencia del 22-11-05; entre otros, citados en STJSL-SJ Nº 102/08 "García Antonio Hugo y otros c/Obras Sanitarias Mercedes y/o Obras Sanitarias y/o quien corresponda - Recurso de Casación, del 16/09/08).

En ese orden de ideas, y efectuada la lectura de la expresión de agravios, surge que en el caso sub-examen se observa una errónea interpretación de las normas citadas ut supra (art. 64 C.P.Crim., 18 CN y 43 2º C. Prov.), surgiendo del resolutorio de primera instancia como de la Cámara, una clara vulneración de los derechos del recurrente.

La defensa en juicio, es bien conocida como una garantía fundamental, que nuestra Constitución Nacional "histórica" alude en su art. 18.

La defensa en juicio es condición excluyente del ideal de acceso a la justicia en forma amplia. Varias disposiciones la aseguran y disponen la posibilidad de defender los derechos e intereses de las personas (art. 18 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 y 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 8 Convención Americana de Derechos Humanos; art. 14 inc. 3º, apart. b y d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los art. 5 y 6 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre).

Siguiendo a Clariá Olmedo, lo que se busca por la ley es garantizar en toda actuación procesal de trascendencia, una correcta y eficiente postulación y una asistencia completa para el trámite del derecho de defensa.

Que en los presentes autos, la presentación del Sr. Zeballos obrante a fs. 125 y sgtes. del principal (reservado), lo ha sido en carácter de denunciado y lo ha hecho con patrocinio letrado.

Ello es más que suficiente para reconocerle plena validez, personería y legitimación para obrar, a la luz de los arts. 18 de la Constitución Nacional, Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 43 de la Constitución de la Provincia y art. 1º de la Ley Nº XIV-0457-2005.

Por lo demás la necesidad de designar defensor que requiere el art. 64 del Cód. Proc. Crim., es sólo para los encausados, es decir los imputados o procesados llamados a prestar declaración indagatoria. Conforme las constancias del principal el Sr. Zeballos no es encausado, ni imputado, ni ha sido llamado a indagatoria, sino solamente -como he dicho- denunciado, por lo que no puede privársele del derecho de defenderse por sí con patrocinio letrado.

"Es criterio de esta Corte la necesidad de interpretar sin excesivos rigorismo formales las disposiciones procesales cuando impliquen afectación de derecho de defensa en juicio así como al debido proceso adjetivo (art. 18 CN)". (SCJBA: " H.P. S/Recurso de Casación", P 98.709, 12-11-08).

Por lo tanto, casar la sentencia de Cámara como la resolución de Primera Instancia, fijando como doctrina obligatoria para todos los tribunales de la Provincia la facultad de la persona denunciada de intervenir en la causa por sí, con patrocinio letrado. Asimismo que la designación de abogado defensor sólo es exigible cuando una persona es imputada o procesada y se la llama a prestar declaración indagatoria.

Por ello, y oído a la Sra. Procuradora General Subrogante, voto a esta segunda y tercera cuestión por la afirmativa.

Los doctores Novillo, Gatica, Rubio y Uria comparten lo expresado por el Dr. Horacio G. Zavala Rodríguez, adhieren y votan en igual sentido a esta segunda y tercera cuestión.

4º cuestión.- El doctor Zavala Rodríguez dijo:

I) Atento a como se han votado las cuestiones que anteceden, corresponde acoger el recurso de casación interpuesto, y casar la sentencia Nº 13 de la Excma. Cámara Penal Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

II) Bajen los autos al Juzgado de origen para que continúen según su estado.

Los doctores Novillo, Gatica, Rubio y Uria comparten lo expresado por el Dr. Horacio G. Zavala Rodríguez, adhieren y votan en igual sentido a esta cuarta cuestión.

5º cuestión.- El doctor Zavala Rodríguez dijo:

Sin costas, atento a la solución arribada.

Los doctores Novillo, Gatica, Rubio y Uria comparten lo expresado por el Dr. Horacio G. Zavala Rodríguez, adhieren y votan en igual sentido a esta quinta cuestión.

En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, se resuelve: I) Acoger el recurso de casación interpuesto, y CASAR la sentencia Nº 13 de la Excma. Cámara Penal Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial. II) Bajen los autos al Juzgado de origen para que continúen según su estado. III) Sin costas.- Oscar E. Gatica.- Omar E. Uria.- Horacio G. Zavala Rodríguez.-Florencio D. Rubio.- Lilia A. Novillo.