Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-17


000046/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de junio del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "F. C., L. c/ Sucesores de A. V. C. S.H. y O. V. C.. y R. A. C. s/cob. de hab. e indem. de ley" (Expte. 46 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 145.	--- A LA PRIMERA CUESTION: el Dr. Vergara dijo:	1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 136, que fuera concedido a fs. 137, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 131/133 que hizo lugar a la demanda entablada por C. L. F. y condenó a O. V. C., R. A. C. y "S. D. A. C. S. H." al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $2.414,26.-, con más sus intereses, en concepto de remuneraciones adeudadas, indemnización por antigüedad (art. 76, incisos a) y b) de la ley 22.248), y liquidación final, con imposición de costas a los codemandados vencidos.	El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 138/141 y vta., el traslado conferido a fs. 142 no fue evacuado por su contraria, y sostiene la demandada que se agravia por cuanto es falso que ninguna causal haya sido demostrada. El hecho principal consistente en la rotura del molino es un hecho reconocido por el actor. Afirma que si lo referido no bastara la parte actora incompareció a la audiencia de absolución de posiciones a la que fuera citada, circunstancia que se tuvo presente para el momento de dictar sentencia a fs. 87, y en ella el juzgador ignoró la situación procesal de ficta confesio en que la actora quedó incursa. La omisión de decidir tal trascendente aspecto del proceso, que por cierto provoca la nulidad del decisorio, le ha impedido hacer efectivo el apercibimiento que dispuso oportunamente al citar al actor a absolver posiciones. Que esa omisión produce efectos en un doble plano, sustancial y procesal, y la actora no ha producido prueba alguna que desvirtúe la plena operatividad de los efectos sustanciales establecidos por el art. 25 de la Ley 69. Aún prescindiendo de dicho trascendental aspecto, la demanda debió rechazarse. Señala que no existe ningún gran trecho entre la rotura y la falta de atención del demandante ya que se encontraba en Trelew sin haber al menos cerrado el molino para evitar el riesgo de su destrucción. El actor omitió el cumplimiento de los deberes a su cargo y tal incumplimiento fue determinante del siniestro. La carga probatoria se desplaza al invocar el actor una eximente o limitante de responsabilidad. Se acreditó la rotura del molino y la ausencia del actor del establecimiento ganadero. El viento de la Patagonia no necesita ser probado y su invocación como defensa no pudo ser más desafortunada. Lo que hace el actor es invocar una causa de fuerza mayor o un caso fortuito. La frecuencia e ímpetu de los vientos de la Patagonia es un hecho previsible, nunca un caso fortuito o una fuerza mayor. Cita el principio rector en materia de culpa en el cumplimiento de las obligaciones establecido por el art. 512 del Código Civil y sostiene que este es el recorrido que debió hacer el juez en su tarea cognoscitiva de interpretación de los hechos que se someten a su conocimiento. Entiende que el Juez conjetura acerca de la ausencia del actor de su lugar de trabajo al sostener que la presencia en la zona pudo deberse a que estaba gozando de sus vacaciones anuales. Se trata de una hipótesis creada o construida por el sentenciante ya que no fue invocada en momento alguno. Y al juez le está vedado modificar los hechos invocados por las partes en sus escritos de demanda y contestación. Entiende que la afirmación del juez en el sentido que no se acreditó que la rotura del molino o los desperfectos sufridos se debiera a la desatención del demandante fueron plenamente refutados. Es falso que las facturas acompañadas correspondientes a la reparación del molino, que fueron negadas por el actor, no hayan sido probadas. El Sr. D. E. V., suscriptor de la factura 01-034 de fecha 14/02/07 por la suma de $ 2.500.-, prestó declaración testimonial a fs. 88 de autos reconociendo la autenticidad de la misma, y por ello resultó innecesaria la prueba informativa. Respecto de la prueba informativa dirigida a F. S.A., relacionada con la autenticidad de la factura Nº 01-24861 de fecha 31/01/07 por la suma de $ 1.923,90.-, la misma fue producida a fs. 78 y así lo consigna el informe de Secretaría del 10/12/2007. Considera que el distracto laboral ha sido totalmente justificado, razón por la cual no le asiste al actor derecho alguno a las indemnizaciones que pretende. En cuanto a las remuneraciones, hasta la extinción del contrato de trabajo se acompañaron a la causa los correspondientes recibos oficiales de pago de haberes cuya autenticidad fue reconocida mediante providencia del 30/07/2008. Las asignaciones familiares fueron depositadas en la Subsecretaría de Trabajo, Delegación Trelew, expediente Nº 1905-06, cuyas fotocopias certificadas fueron acompañadas a la causa. Se trata de un instrumento público que hace plena fe mientras no sea redargüido de falso. Peticiona se revoque en todas sus partes la sentencia puesta en crisis.	2. Al respecto, la queja se centra particularmente en haber ignorado el fallo en crisis la confesión ficta en que incurriera el actor, motivo por el cual sostiene la apelante que tal omisión provoca la nulidad del decisorio.	En este último aspecto, el art. 65 de la ley 69 señala que el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva procede exclusivamente ("Sólo procede...") en los supuestos de violación de las formas y solemnidades impuestas por las leyes, y en tanto tales vicios tengan el carácter de substanciales.	No es este el caso de autos toda vez que son los vicios extrínsecos de la sentencia los que acarrean la nulidad. Los otros, los intrínsecos, importan vicios de juzgamiento susceptibles de corregirse por el recurso de apelación, no correspondiendo anular el fallo, si los defectos atribuidos pueden repararse por este último recurso. Es decir, que dicho recurso está destinado solamente a reparar los vicios o defectos propios de la sentencia, no de las actuaciones que la preceden (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 238 y 243, y cita de fallos).	Por lo demás, el art. 66 de la ley de procedimiento laboral requiere la interposición del recurso de nulidad lo que no resulta del escrito presentado a fs. 136 que se limitó a deducir el de apelación exclusivamente en los términos previstos por el art. 61 del citado ordenamiento, por lo que el vicio de juzgamiento señalado debe tratarse en función de la apelación interpuesta.	Y en el análisis a realizar es evidente que la justificación de la causal de despido, sea directo decidido por la empleadora, sea indirecto dispuesto por el trabajador, corresponde a quien produce la extinción del vínculo, conforme al art. 377 del C.P.C.C. de aplicación en virtud de la remisión dispuesta por el art. 76 de la ley 69.	Quien alega un hecho como justa causa de despido, debe probarlo. Con arreglo a lo dispuesto por el art. 377 del Cód. Procesal incumbe a quien lo invoca la prueba del hecho contemporáneo que diera lugar al despido (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T.II, par. 15.6.4., pág. 1848).	En tales condiciones, conforme resulta de la carta documento de fecha 15/01/2007 (fs. 6 del cuaderno de pruebas) el despido directo dispuesto por la empleadora tuvo como causal los graves daños ocasionados por el trabajador consistentes en "ROTURA Y DESTRUCCIÓN TOTAL DE LA RUEDA DE UNO DE LOS MOLINOS PRINCIPALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL CASCO DEL ESTABLECIMIENTO "X" POR FALTA DE ATENCIÓN DE SU PARTE ...", entre otros hechos imputados.	Y el actor en su escrito inicial reconoció la rotura de la rueda de uno de los molinos y que no se encontraba en el campo por haber concurrido a Trelew a percibir las asignaciones familiares (acápite III, fs. fs. 7).	Y si bien negó que esa rotura le fuera imputable al atribuir el hecho a la fuerza del viento, frente a esa postura la demandada en su escrito de contestación alegó que se debió a su negligencia.	En ese contexto, debe ponderarse los alcances de la confesión ficta en que incurriera el actor ya que citado en debida forma a la audiencia designada a los fines de recibir su absolución de posiciones (cédula de notificación cursada al domicilio real de la parte, fs. 71/vta.) resultó su falta de comparecencia sin invocación de justa causa impeditiva al acto procesal cumplido según acta labrada a fs. 86, por lo que el Juzgado a fs. 87 tuvo presente el apercibimiento dispuesto por el art. 25 de la ley 69.	En consecuencia, se encuentran cumplidos los recaudos previstos por los arts. 17 inc. c) y 25 de la ley 69 para tener a esa parte por confesa sobre los hechos expuestos en el escrito de demanda.	De tal modo, el reconocimiento de la verdad de los hechos se produce con iguales efectos, tanto se trate de la confesión expresa o ficta. La única diferencia estriba en que la confesión ficta crea una presunción "iuris tantum" (arts. 417 y 423 del C.P.C.C.), que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario.	La interpretación queda corroborada en el proceso laboral por el ya citado art. 25 de la ley 69 que dispone tener por confeso al absolvente que dejara de comparecer, salvo prueba en contrario.	Producida tal circunstancia, deviene inexorable la inversión de la carga probatoria, debiendo en este caso el actor producir prueba en contrario que permita desvirtuar los efectos de la presunción generada (criterio invariablemente seguido por este Tribunal, Sala "B", c. 12.643, S.D.L. 25/98, Sala "A", c. 12.802, S.D.L. 8/98, entre otros pronunciamientos).	Dicho de otro modo, la falta de comparecencia sin justa causa del accionante determina que sea tenido por confeso sobre los hechos expuestos en el escrito de contestación de demanda, salvo que produzca prueba en contrario.	Por eso, ante los datos fácticos alegados por la demandada -el trabajador incurrió en grave negligencia al dejar su puesto de trabajo por más de una semana y consecuente falta de cuidado que debió prestarle al funcionamiento del molino ya que abrir y cerrar el mismo es el trabajo que debe realizarse, y en particular que el cierre debe hacerse cuando el viento es muy intenso o la cantidad de agua acumulada en los tanques es suficiente, y que esa ausencia provocó una situación de abandono del establecimiento ganadero (p. 2.2. y 2.4., fs. 18 y vta., respectivamente)-, la presunción legalmente impuesta determina que tales hechos debieron ser desvirtuados por prueba en contrario.	Y a ese respecto, ninguna prueba produjo el actor por lo que esa deficiencia probatoria pesa en forma exclusiva sobre esa parte como consecuencia de los efectos que genera la presunción prevista por el art. 25 de la ley 69.	Así, no participo del criterio del Sr. Juez de la anterior instancia cuando señala que no quedó acreditado que la rotura del molino o los desperfectos sufridos se debieran a la desatención del demandante.	En ese marco, en forma reiterada esta Cámara ha sostenido como principio general que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato de trabajo, queda sujeta a la prudente apreciación de los jueces, conforme a la facultad otorgada por el último párrafo del art. 242 de la L.C.T. (Meilij, "Contrato de Trabajo", Depalma, 1981, T. II, n° 1845, pág. 462; Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 2000, par. 3, pág. 559).	La valoración de la importancia y de la aptitud de la injuria para disolver el vínculo debe ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en cuenta las modalidades de la relación y las circunstancias personales que se dan en cada caso (Fernández Madrid, obra y tomo citado, par. 15.6.3., pág. 1846).	Y en el caso, entiendo que la negligencia incurrida por el trabajador al omitir el debido cuidado que debió prestarle al funcionamiento del molino ante su ausencia injustificada del establecimiento y que derivó en la rotura de una pieza fundamental (rueda) de uno de los molinos -elemento indispensable para la provisión de agua en una explotación ganadera- configuró una injuria de tal gravedad que no permitió la subsistencia del vínculo.	Se trató de una grave omisión en los deberes impuestos al trabajador que derivó en la falta de preservación de los intereses legítimos del empleador y consiguiente lesión a su patrimonio material, cuya trascendencia revela una conducta que no se ajustó al principio de buena fe que alcanza a ambas partes ante la falta de dedicación adecuada a las características de su empleo (arts. 63 y 84 L.C.T.) y que se tradujo en un evidente actuar negligente en los términos previstos por el art. 512 del Código Civil.	En tales condiciones, y en el marco de la facultad de valoración que prudencialmente otorga el art. 242 de la L.C.T., entiendo que esa conducta omisiva se erigió en un comportamiento objetivamente grave que justificó el despido directo dispuesto por los empleadores, por lo que al encontrarse probada la procedencia de esa causal invocada en la comunicación extintiva, carece el trabajador de derecho a las indemnizaciones reclamadas (art. 76, incisos a) y b) de la ley 22.248, y días faltantes para terminar el mes de enero de 2007).	Por tales razones, tampoco resulta acreedor al importe que figura al punto VII.4. de la liquidación practicada a fs. 8, sin perjuicio de considerar que no existe explicación alguna acerca de la composición de ese rubro denominado liquidación final.	3. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar íntegramente la sentencia venida en apelación para rechazar la demanda instaurada por C. L. F. contra O. V. C., R. A. C. y S. D. A. C. S. H..	La revocatoria que se propicia lleva a adecuar las costas y honorarios regulados en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.).	Así, las costas de ambas instancias se imponen al actor vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).	Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en la anterior instancia, estimo prudente regular los honorarios de los Dres. N. S., I. C. P. y D. E. P., letrados apoderados de la parte actora, en forma conjunta, y del Dr. H. G., letrado patrocinante y apoderado de la parte demandada a partir de fs. 30, en las sumas porcentuales equivalentes al 14% y 16,8%, respectivamente, del monto reclamado en demanda con más sus intereses, conforme al criterio de esta sala "B" c. 16.600, S.D.C. 01/2002, y que siguiera posteriormente el suscripto en c. 19.511, S.I.L. 18/2004, c. 19.486, S.D.L. 29/2004, c. 19.508, S.D.L. 36/2004, c. 19.981, S.D.C. 37/2006, c. 20.977, S.I.C. 194/2006, y más recientemente en c. 22.564, S.D.L. 16/2008, accesorios a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales (arts. 6, 7, 9, 37, 39, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente.	Finalmente, con las mismas pautas de apreciación y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo prudente regular los emolumentos del Dr. H. G., letrado apoderado de la demandada, en la suma porcentual equivalente al 5,88% del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. correspondiente.	Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.	A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:	--- Dada la claridad de la reseña que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante, tanto de la sentencia de origen de fs. 131/133 como de los agravios que contra la misma expusiera la demandada en su memorial de fs. 138/141 vta., me remito a la misma en homenaje a la brevedad.------- --- I.- Seguiré por razones de método el mismo orden de exposición en el cual emitiera su voto el Dr. Vergara.-	--- 1) La apelante sostiene que la omisión del juzgador de considerar la confesión ficta del actor provoca la nulidad del decisorio, ya que si lo hubiera efectuado debería haberse arribado a la conclusión de que su parte demostró la causal de despido invocada.----- --- El recurso de nulidad está previsto en el art. 65 de la ley 69 que reza: "Sólo procede el recurso de nulidad contra las sentencias definitivas dadas por los jueces inferiores con violación de las formas y solemnidades que prescriben las leyes y que asuman el carácter de substanciales". En la especie no se denuncia la nulidad por vicios de forma sino por vicios "in judicando", es decir en el juzgamiento, ya que se motiva en la falta de valoración de la confesión ficta del actor. Al respecto se ha dicho que la sentencia de primera instancia puede estar erróneamente fundada por defecto en la apreciación de los hechos litigiosos, en cuestiones de derecho o bien en la valoración de los medios de prueba. Estos vicios pueden repararse mediante el recurso de apelación en tanto causen agravio al justiciable, calificándose en estas circunstancias a la sentencia como injusta. En cambio cuando los vicios se presentan en la construcción de la sentencia, que la descalifican como acto jurisdiccional, como la ausencia de fundamentación del fallo, exposición oscura e imprecisa que hace imposible conocer el estudio del acto, la omisión de cuestiones esenciales no estudiadas ni decididas como el no tratamiento de la reconvención o de defensas planteadas por el demandado, o el pronunciamiento recaído sobre pretensiones no propuestas por las partes, en estos casos, se trata de vicios que afectan a la resolución misma. En estas hipótesis se dice que la sentencia es nula (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, págs. 888/889).-	Es claro, a la luz de lo expuesto, que el vicio denunciado es objeto del recurso de apelación, dado que se denuncian vicios en la valoración de la prueba. Por lo demás, el recurrente no interpuso el recurso de nulidad, sino el de apelación, limitándose a mencionar que el vicio señalado provoca la nulidad del decisorio. Y en virtud de lo dispuesto por el art. 66 de la ley 69 se exige la interposición expresa de este recurso junto al de apelación. En consecuencia, corresponde examinar los agravios en el marco del recurso de apelación que fue el único deducido.-	2) Sentado lo anterior, resulta claro que correspondía al demandado acreditar la justa causa de despido invocada, de conformidad con lo establecido por el art. 377 del CPCC.-	De la comunicación obrante a fs. 06 del cuaderno de pruebas, se desprende que la demandada invocó como justa causa los graves daños provocados por el actor consistentes en la rotura y destrucción total de la rueda de los molinos principales de extracción de agua, generadas en la falta de atención del trabajador, entre otros hechos. El actor admitió en el escrito de demanda que la rueda de uno de los molinos se rompió, pero adujo que la rotura no fue motivada por su falta de atención. Atribuyó al viento la mentada rotura, lo que aconteció un día que se encontraba ausente del campo (ver fs. 07, 1er. párrafo). De acuerdo al acta de fs. 86 el actor no compareció a absolver posiciones, a pesar de haber sido correctamente anoticiado de la audiencia (ver cédula de fs. 71).-	El art. 25 de la ley 69 establece que quien dejare de comparecer a la audiencia confesional sin justa causa, será tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario. Es sabido que la confesión ficta crea una situación desfavorable al absolvente, que puede ser destruida por los demás elementos obrantes en autos; es que el valor de la ficción no puede ser mayor que la realidad y nada obsta a que el perjudicado por ella la destruya mediante prueba en contrario (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 2, págs. 416/417). En consecuencia de lo expuesto, correspondía al actor acreditar que la rotura del molino no se debió a su negligencia, prueba que no efectivizó.-	En ese orden de ideas, es de decir que corresponde tener por confeso al accionante respecto a que dejó su puesto de trabajo por más de una semana, y de esa manera omitió los cuidados pertinentes en el funcionamiento del molino para evitar que el mismo se rompiera como consecuencia del viento (ver fs. 18, pto. 2.2). En concreto esto se tradujo, en el caso "sub exámine", en graves perjuicios económicos para el demandado, como la pérdida de lanares y la afectación del agua que los mismos beben (ver fs. 18/vta., pto. 2.4).-	Acreditada entonces la negligencia del actor en el cumplimiento de sus labores, con los consiguientes perjuicios para el empleador, corresponde valorar si dicha conducta ameritaba la sanción del despido. Se ha sostenido que para erigirse en justa causa de despido el obrar contrario a derecho (que es injuria), este incumplimiento debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la LCT (conf. CNATr., Sala I, 29/11/76, DT, 1977-479); el acto de una de las partes del contrato de trabajo constituye injuria cuando provoca una lesión a la seguridad, al honor o a los intereses de la otra o de su familia (cnf. CSJN, 24/8/76, DT, 1977-23). En concreto, respecto al juicio de proporcionalidad se ha razonado que las circunstancias de cada caso influyen de manera decisiva, tanto que, por ejemplo, las negligencias que para otro serían disculpables no se han juzgado así para el cajero de un banco, o se ha dicho que si en materia profesional el error científico no es un incumplimiento contractual, sí lo es la impericia o la negligencia y éstas calificadamente (conf. Ramírez Bosco, Luis E., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº IV, págs. 294/295). Y más puntualmente se ha considerado que el abandono de tareas de responsabilidad agrava las cosas hasta constituirse en causa de despido por sí solo (conf. Ramírez Bosco, op. cit., ídem, pág. 303). A su vez se entiende que la negligencia para ser motivo de despido debiera reflejarse en algún resultado; generalmente disminución de rendimiento o daños. En ese sentido se juzgó como negligencia injuriante la de un capataz que al ejecutar órdenes manifiestamente erradas arruinó la producción (conf. Ramírez Bosco, op. cit., ídem, pág. 308). También se consideró que el trabajador incurre en injuria grave cuando conoce los peligros que entraña su acto, aunque su voluntad no esté dirigida a producir el daño, o sea cuando media una infracción a una obligación elemental de la función cumplida que determine un perjuicio patrimonial o ponga en peligro bienes o la seguridad de las personas (conf. CNTrab., sala II, 4/7/94, DT, 1994-B,1981); así como se decidió que la actitud negligente del trabajador que no cumplió con el mínimo de diligencia necesaria para el cuidado de herramientas o elementos que el empleador pone a su disposición para realizar sus labores, configura una negligencia culposa en los términos del art. 84 (C. Apel. Civ. Com. Trab. y Familia de Villa Dolores, 08/04/99, LLC 2000-470).-	Analizada la conducta del actor, a la luz de las pautas reseñadas, no hesito en considerar que la ausencia del lugar de trabajo por un lapso de alrededor de una semana, sin tomar los recaudos necesarios para que el molino no resulte deteriorado por la acción del viento, importa una conducta negligente grave, que provocó perjuicios económicos al empleador, más aún teniendo en cuenta la importancia de dicha herramienta de trabajo -molino- en un establecimiento rural patagónico, donde el común denominador es la escasez del recurso hídrico. Por lo demás el actor, por un mero juicio de experiencia, debía conocer las consecuencias negativas de su accionar.-	En síntesis, coincidiré con el Dr. Vergara en que la demandada acreditó la justa causa de despido invocada en la comunicación del distracto, por lo que no corresponde reconocer al actor las indemnizaciones que reclamara en virtud de lo dispuesto por el art. 76, incs. a) y b) de la ley 22248 y por días faltantes del mes de enero de 2007. Tampoco corresponderá reconocer el rubro liquidado como "liquidación final" a fs. 08, pto. VII, 4, más allá de la falta de explicación para su inclusión.-	II.- A la luz de lo considerado procederá revocar íntegramente la sentencia apelada y desestimar la demanda promovida por C. L. F. contra O. V. C., R. A. C. y S. D. A. C. S. H..-	Al revocarse la sentencia se deberá readecuar la imposición de costas y la regulación de honorarios efectuada en la anterior instancia (conf. art. 279 del CPCC). En consecuencia, y en atención a lo dispuesto por el art. 59 de la ley 69 y art. 68 del CPCC, las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida.-	Respecto de la regulación de honorarios, atento el resultado del pleito, extensión y mérito de las tareas realizadas, resulta ajustado a derecho establecer por la primera instancia, los de los letrados apoderados del actor, Dres N. S., I. C. P. y D. E. P., en forma conjunta, en un 14%; y los del Dr. H. G., letrado patrocinante y apoderado de la demandada, en un 16,8%; en ambos casos sobre el monto reclamado con más intereses a la tasa activa que percibe el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales, hasta la fecha de este pronunciamiento (conf. arts. 6, 7, 9, 37, 39 y 47 del arancel), y con más el IVA pertinente (leyes 23349 y 23871).-	En lo que se refiere a la regulación por esta instancia, regulo al Dr. H. G. en un 5,88% del monto del proceso indicado "ut supra", con más el IVA correspondiente.-	A la luz de todo lo expuesto y razonado, a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.-	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	Visto el acuerdo antes alcanzado corresponde: a) revocar íntegramente la sentencia venida en apelación para rechazar la demanda instaurada por C. L. F. contra O. V. C., R. A. C. y S. D. A. C. S. H.; b) imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. N. S., I. C. P. y D. E. P., en conjunto, y del Dr. H. G., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 14% y 16,8%, respectivamente, del monto reclamado en demanda, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales; d) regular los emolumentos del Dr. H. G., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 5,88% del aludido monto del proceso; y e) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.	Así lo voto.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:	En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, fiel expresión del mismo.-	Así lo voto.-	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: -------- S E N T E N C I A: ---------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:---	REVOCAR INTEGRAMENTE la sentencia venida en apelación para rechazar la demanda instaurada por C. L. F. contra O. V. C., R. A. C. y S. D. A. C. S. H..	IMPONER las costas de ambas instancias a la parte actora vencida.	FIJAR, POR ADECUACION al presente decisorio, los honorarios de los Dres. N. S., I. C. P. y D. E. P., en conjunto, y del Dr. H. G., por sus tareas de primera instancia, en las sumas porcentuales equivalentes al 14% y 16,8%, respectivamente, del monto reclamado en demanda, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el Banco del Chubut S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales.	REGULAR los emolumentos del Dr. H. G., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 5,88% del aludido monto del proceso.	DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------	REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.-	CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA