marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento administrativo, protección de la flora y fauna silvestre, contravenciones, defensa en juicio, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: César y Antonio Karam  SCICA. s/ Contencioso  Administrativo  de  plena  jurisdicción  e  ilegitimidad  c/decreto N. 2.423/83 del P.E.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

La facultad otorgada por ley a la autoridad administrativa para juzgar y reprimir contravenciones no atenta contra la garantía de la defensa en juicio, en tanto se otorgue al justiciable la oportunidad de ocurrir ante el órgano judicial con el fin de que cualquier decisión de dicha autoridad sea materia del consiguiente control ya que, al ser así, al margen de lo actuado en el procedimiento administrativo, aquél tuvo ocasión de ejercitar en plenitud el derecho que dice conculcado en el proceso judicial posterior.
Improcedencia del recurso, aclaratoria (procesal), regulación de honorarios, conversión de moneda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Papaianni, Mercurio c/ Cia de TV del Tl¿antico S.A. s/ Cobro sumario dedinero c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-30

El recurso de aclaratoria planteado contra la decisión de este Superior Tribunal que pretende la revisión de la fecha en que la decisión de este Tribunal estipuló la conversión en deuda de dinero a aquella que era de valor, en tanto le provoca un daño patrimonial irreparable a causa de la alteración de la base regulatoria de sus honorarios, debe ser rechazado (arts. 166 inc. 2 y 267, CPCC) en tanto pretende una nueva respuesta de este Tribunal, lo cual es impropio de la vía elegida.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: BIANCHINI, REYNALDO ANDRES s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-29

Si el a-quo en su sentencia trata en forma conjunta los temas de la autoría y responsabilidad, estableciendo cómo encuentra probado cada uno de estos extremos; pese a que la metodología empleada no resulta adecuada, tal circunstancia no constituye motivo de nulidad del mismo, si se cumplieron en mínima medida los requisitos del art. 263 del Código de Procedimiento Penal.
Recurso de casación, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fernández Manuel Ramón s/ Presunto Desacato
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-10-18

No enerva a la sólida estructura sentencial, la alegada inobservancia de normas procesales, en especial cuando impetra la aplicación del art. 13 del Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional. Con respecto al principio in dubio pro reo, el beneficio de la duda, según constante jurisprudencial de este tribunal superior de justicia, quedó sentado que con respecto a este planteamiento en la vía extraordinaria de casación, el criterio es en el sentido de su improcedencia como fundamento de impugnación casatoria.
Plan de ahorro previo, ejecución del contrato, responsabilidad de la administradora del plan
Materia: PENAL
Carátula: Servidio Sandra Cristina c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ sumarísimo (Civil) (Acción Ley 24240)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-10-31

Una de las principales obligaciones de las administradoras frente a los suscriptores es la satisfacción puntual de la prestación de entrega de lo adjudicado, a partir de lo cual se encuentran obligadas a cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final. Dicha responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes.
Cosa juzgada, excepciones procesales, bancos, revocación de sentencia, doctrina de la arbitrariedad, ley posterior
Materia: PROCESAL
Carátula: Agnese, Miguel Angel c/ The First National Bank of Boston (Banco de Boston). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Si los derechos del actor, al amparo de la nueva legislación sancionada en octubre de 1988, no fueron discutidos ni juzgados en el litigio que se resolvió anteriormente, la sentencia que hizo lugar a la excepción de cosa juzgada, deducida como de previo y especial pronunciamiento por el banco demandado, ante la pretensión del actor de ser reincorporado, al ampliar irrazonablemente los alcances de ese instituto hacia situaciones eventualmente amparados por una ley para entonces inexistente (la n. 23.523), lesiona de manera directa e inmediata el derecho del actor a discutir en juicio su pretensión y justifica la descalificación de lo resuelto sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, daños y perjuicios, muerte de un hijo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: COTTONE OSVALDO c/ DI ROCCO RUBEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

El resarcimiento otorgado a los actores encontró fundamento en los daños que sufrieron como consecuencia de la muerte de su hijo, cuya responsabilidad fue atribuida a los demandados.Ello así, habida cuenta de la naturaleza eminentemente alimentaria del crédito reconocido en la sentencia, cabe concluir que el presente juicio se encuentra expresamente excluido del régimen previsto en el art. 50 in fine de la ley 23696, por virtud de lo dispuesto en los incs. e) y d) del art. 54 de la norma sub examine.
Cheque, endoso, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CABEZAS LUIS EDUARDO c/ LUIS ENRIQUE OLMEDO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-24

Las funciones del endoso son tres: a) transmitir al endosatario los derechos emergentes del título; b) lo habilita como portador legítimo del mismo y c) el endosante garantiza el pago del título.

La función de legitimación es una idoneidad específica para obrar, tanto activa como pasivamente. El legitimado activo es el sujeto que goza de la idoneidad específica para hacer valer los derechos emergentes del título valor, es decir exigir su pago. El sistema cambiario requiere la presentación del título de crédito por parte de su poseedor y que del documento resulte la investidura formal del portador. La legitimación activa surge de una cadena regular de endosos, señan estos en blanco, al portador o completos, de la que el tenedor del documento sea el último endosatario, incluso cuando recibió el título en procuración o garantía es decir que presupone la iniciativa formal materializada literalmente en el título y la posesión de él. La circunstancia de obrar en poder del actor, no obstante su endoso en blanco, autoriza a presumir que ha sido abonado por el y constituye por s i mismo elemento suficiente para considerar al ejecutante tenedor legítimo del papel, con derecho a su cobro por la vía ejecutiva.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vivona, Miguel Antonio c/ Ex Caja de Asis.y Previsión del Personal Bco. Pcia. del Chubuty-o Bco. de Pcia. del Chubut y-o Quien Rte. Responsable s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-15

No cabe recurrir subsidiariamente a las normas que regulan las notificaciones personales o por cédulas cuando esa no ha sido la finalidad del legislador, pues de así quererlo, lo hubiese expresado y por otra parte de obrarse así se estaría excediendo la función judicial de aplicar la ley cuando los tribunales se atribuyen la facultad de transformar o reformar el derecho.
Despido, retractación
Materia: LABORAL
Carátula: Tedeschi, Héctor Domingo c/ Consorcio de Propietarios Edificio Andes-Moreno 2410 s/ Indemnización despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

La retractación del despido sólo puede tener operatividad cuando media acuerdo del trabajador.
Daños y perjuicios, denuncia, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: IROUME JORGE FELIPE c/ LA NUEVA SOC. COOP. DE SEG. LTDA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-16

Es suficiente, a los fines de hacer nacer la acción de daños y perjuicios, que el autor de la denuncia o querella haya procedido con culpa o negligencia al efectuar la imputación, porque aún en esta circunstancia -excluida la configuración del delito de acusación calumniosa al que se refiere el art. 1090 del Código Civil y que exige conducta dolosa -resulta aplicable el art. 1109 del código citado, según el cual todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro está obligado a reparar el perjuicio irrogado al denunciado (conf. C.N.Civ. Sala E, L. 20.948 del 16/5/86, "Quiroz, Jorge Antonio c/Siam Di Tella Ltda. s/daños y perjuicios"; id. Sala F, E.D. 104-169; Sala D, J.A. 1983-I-526; Sala A, J.A. 1955-III-444; Sala E, L.L. 102-694 y autores citados).

En estos supuestos cabe exigir la existencia de culpa grave o grosera, por cuanto debe procurarse preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos. La mera circunstancia de que la denuncia o querella no prospere, por sí sola es insuficiente para tener por acreditada la culpa o negligencia del denunciante. Es preciso establecer si conforme a las circunstancias que rodearon el caso, no existía razón legal o fáctica que pudiera justificar el proceder de quien creyó actuar con derecho.

Si la prueba producida revela que la denunciante no actuó con la ligereza que se le imputa, toda vez que la intervención que le cupo al denunciado en los hechos que dieron lugar a la investigación por la justicia del crimen, pudieron suscitar razonables dudas acerca de la comisión de los delitos imputados, corresponde rechazar la demanda por daños y perjuicios.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, nulidad procesal, proceso penal, plazo, acción penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G., E; G. J.P.; S., G s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COHECHO- INCIDENTE DE NULIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 279 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-22

Corresponde rechazar la queja desde que el pronunciamiento impugnado - por el cual se confirma el auto que rechazara por improcedente el planteo de nulidad articulado- no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la citada ley 7055. En punto a ello, si bien en su presentación directa el defensor de los imputados insiste respecto del gravamen irreparable que le irroga la decisión en cuanto a la lesión a los principios de progresividad y preclusión, derogando el instituto de la prescripción de la acción penal, no logra demostrar que el Tribunal hubiese resuelto de modo arbitrario al colegir que el auto confirmad o por la Sala -por el que se decidiera remitir el expediente nuevamente a Instrucción para vincular al proceso a un coimputado - había sido al solo efecto de recepcionarle indagatoria en la causa y que cuando la demora en la instrucción abierta para ese coimputado se alonga más allá de lo razonable o previsto, recién allí se varía el criterio y se extraen fotocopias para continuarla, aseverando que "no consta que el ahora nulidicente haya utilizado este recurso ante una demora que haya considerado excesiva, y menos aún que le haya sido denegado un hipotético pedido en tal sentido" . Por lo demás, puso énfasis en que el Instructor "...en nada amplió la instrucción en relación al resto de los coimputados que ya estaban en juicio"...y que "el único perjuicio irrogado y advertible es la sola demora en la reanudación del juicio a su respecto, la que...no fue traída a consideración de este Tribunal, mientras que la defensa tuvo posibilidad de evitarla o minimizarla y no lo hizo..."
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa 9 de Julio S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 52 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Esta Corte ha señalado reiteradamente que la motivación es exigencia propia de los actos administrativos que restringen la esfera jurídica de los particulares, vinculando la cuestión de su exigencia, incluso, al artículo 95 de la Constitución local.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SANZ, PEDRO Y OTRA c/ TORRES, MANUELA J R DE s/ ORDINARIO DE ESCRITURACION      EXPTE NRO 42-85 SEDLACEK, OMAR c/ SPIELMAN, RITA s/ EMBARGO PREVENTIVO      EXPTE NRO 190-87 TALIN, EDUARDO c/ MARIO DAVID Y-O HEREDEROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO     ESCRITURACION      EXPTE NRO 105-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-21|1988-06-16|1988-04-19

La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional, ya que no se propone la apertura de una tercera instancia destinada a corregir decisiones erróneas, sino aquéllas privadas totalmente de fundamentación o dictadas con evidente apartamiento de la solución normativa prevista para el caso.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: PEDRO MADEDDU Y CIA S.R.L. c/ ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-07

La Cámara que dictó la sentencia contra la cual se dedujeron el recurso extraordinario federal y el local de revisión, es el superior tribunal de la causa a que se refiere el art. 14 de la ley 48, sin que pueda asignarse tal carácter al auto interlocutorio mediante el cual se denegó el remedio local mencionado (Voto del Dr.

José Severo Caballero).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Salvatierra, Carlos A. c/ IVA S.A. s/ Accidente Celillo, Adolfo M. c/ Servicio Penitenciario de la Prov. de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24|2002-02-19

Establecer el importe de la indemnización de daños y perjuicios es tema ajeno -en principio- salvo acabada demostración del absurdo, al menester de la Suprema Corte.
Recurso de casación, inconstitucionalidad, tenencia de estupefacientes para consumo personal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Adriel, Fernando Daniel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-23

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. fiscal y en consecuencia revocar el sobreseimiento dispuesto respecto del imputado en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. En este sentido, no se configuran los presupuestos del precedente "Arriola" dictados por la C.S.J.N. y por medio del cual se declaró la invalidez constitucional del artículo 14, segundo párrafo de la ley 23.727; toda vez que al estar cometiéndose el delito (fumar cigarrillo de marihuana en una plaza pública) resulta contradictorio afirmar que tal conducta no implica un "daño al orden y a la moral pública" o que no resulte apta para "provocar una afectación a terceros" atento no encontrarse el imputado efectuando la conducta dentro de un ámbito de privacidad que permita que la acción imputada se desarrolle dentro de las previsiones del art. 19 de la Constitución Nacional
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, falta de certificado habilitante, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Uber y otros c/  s/ s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad toda vez que la decisión de la Cámara que aquí se impugna, por la cual se absolvió a los imputados por considerar que el hecho investigado no encuadra en las prescripciones del artículo 86, CC (actualmente es el art. 88), más allá de su acierto u error, aparece como una derivación lógica y razonada del derecho vigente. Para así decidir, la mayoría fundamentó la atipicidad, en lo esencial, en que si bien esa actividad se había llevado adelante en la vía pública y con ánimo de lucro, ello no implicaba necesariamente una afectación al espacio público, bien jurídico protegido por el art. 86 del Código Contravencional, pues el hecho de que la prestación del servicio público de transporte de pasajeros sin la habilitación y licencias respectivas implicara una infracción a "las normas que impiden tales actividades sin licencia o habilitación" no convierte esa actividad en un uso ilegal de dicho espacio. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Genaro Lucia c/ Lappano Claudio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-08

Cuando el daño moral tiene origen en lesiones sufridas, no requiere prueba específica alguna, debiéndoselo tener por acreditado por el solo hecho de la acción antijurídica.
Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, pueblos originarios, obligaciones del Estado miembro
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Comunidad Sawhoyamaxa c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas Convención Americana
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-03-29

Conforme lo establece el artículo 62.3 de la Convención Americana, resulta competente la Corte en el caso en que la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet-Lengua, demanda a la República del Paraguay por violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad ancestral de sus tierras, garantías judiciales y protección judicial - Artículos 4, 5, 21, 8 y 25, en relación al 1.1. de la Norma Internacional-, pues es Estado Parte de la Convención desde el 24 de agosto de 1989, habiendo reconocido la competencia contenciosa del Tribunal el 26 de marzo de 1993.
Letrado del síndico del concurso, honorarios del abogado, verificación tardía, costas al demandante
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ALEFA SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIF. POR PANDOLFO, LAURA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-11

Cabe revocar la resolución que puso a cargo de la sindicatura los emolumentos de quien ejerciera su patrocinio letrado en el incidente de verificación, ya que cuando la decisión recae en un incidente en el que las costas fueron impuestas a su promotor en virtud del carácter tardío de la insinuación, -como en el caso-, no concurren los extremos que habrían justificado la sanción del art. 257 de la Ley 24522, que no debe erigirse en remedio procesal para que el acreedor renuente logre una disminución de las costas generadas por su propia incuria.
Regulación de honorarios, monto de la demanda, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Luna Bustamante Lisandro s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-11-13

No prospera el recurso de casación al tratarse de una regulación de honorarios, la que en principio debe practicarse sobre el monto reclamado en la demanda (art. 8 Dec. Ley 4170/82 modif. Por Ley 5827), ya que se trata de fijar el valor de la labor profesional, y ésta se remunera teniendo en cuenta, entre otras pautas, el monto discutido, que en los principales fue el que emerge de las planillas confeccionadas por el perito contador, en calidad de prueba ofrecida por la actora para determinar el monto de su crédito.

Si sobre esa suma comprometieron su responsabilidad profesional los letrados, de cuyos honorarios se trata, no puede la recurrente, so pretexto de desindexación, disminuirse indebidamente su crédito. No ha habido actualización al efectuarse las planillas presentadas a los fines regulatorios por lo que los honorarios regulados no contienen ingredientes inflacionario que se deba corregir.
Recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: DELGADO PEDRO HECTOR c/ COQUEGNIOT CARLOS Y CIA SAICYF s/ DEMANDA LABORAL - RECURSO DIRECTO - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-17

Es ajeno a la vía casatoria, salvo que se invoque y demuestre a su respecto violación de las reglas de la sana crítica racional, la interpretación y aplicación que efectúa el tribunal de mérito de las disposiciones del art. 155 CPC sobre las condiciones de la demanda.
Movilidad del haber jubilatorio, índice de corrección, Secretaría de Estado de Seguridad Social, declaración de ilegalidad, determinación del haber jubilatorio, actualización monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RONDAN, Isidra Bernardina c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Declarada la ilegalidad de los coeficientes e índices de corrección fijados por la S.E.S.S. y determinado el haber inicial, la Caja confeccionará una planilla de tres columnas: en la primera indicará los haberes mensuales resultantes para el período inmediatamente anterior a los dos años previos al reclamo administrativo (los que resultarán de la actualización mensual del haber inicial según la variación del índice oficial de los salarios industriales operada entre el primer mes del beneficio y cada uno de los comprendidos en el período); en la segunda columna se indicarán los haberes liquidados mes a mes; y en la tercera se señalará si existen diferencias entre las dos primeras columnas en perjuicio del beneficiario, las que se considerarán confiscatorias si son superiores al 10% -porcentual que se establece por razones de solidaridad y para mantener la operatividad del sistema jubilatorio- y deberán abonarse actualizadas según lo dispuesto por la ley 21.864, devengando un interés del 8% anual desde que cada diferencia fue debida hasta el efectivo pago.
Prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C. J. c/ Z. L. y/o F., W. M. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

La tacha se circunscribe a la falta de idoneidad del testigo, por lo que la misma debe efectuarse en la misma instancia que prestaron declaración a fin de que el juez al dictar sentencia aprecie el valor de los motivos fundados en inhabilidad y los hechos que hicieran presumir la parcialidad de la misma (art. 34 de la Ley XIV Nº 1, y art. 460 del C.P.C.C.).	Por eso, la falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo.