Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-18


SENTENCIA NUMERO: DIECISEIS En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciocho días del mes de Agosto de dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, Amelia del Valle Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 12/09, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Juan Carlos Augusto Véliz, en causa Nº 37/08, caratulada "PAEZ, Manuel Oscar p.s.a. Homicidio Agravado - Capital", contra la Sentencia nº 98/08, dictada con fecha dieciocho de Diciembre de dos mil ocho por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado lo prescripto en el art. 351 incs. 2º, 3º y 4º del C.P.P.? 2º) ¿Corresponde declarar la nulidad del fallo atacado por ser contradictoria su fundamentación? 3º) ¿La resolución cuestionada ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas?.

4º) ¿El a quo a aplicado erróneamente la agravante prevista en el art. 80 inc. 7º del C.P.? 5º) ¿Qué resolución corresponde dictar?.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 45, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia nº NOVENTA Y OCHO/08, del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, por Unanimidad, en lo que aquí concierne, resolvió: "1) Declarar culpable a Manuel Oscar Páez, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio Agravado, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de PRISIÓN PERPETUA, con accesorias legales y costas (arts. 80 inc. 7mo., 12, 40, 41 y 45 del Código Penal y arts. 536 y 537 del C.P.P.)... 3) Hacer lugar parcialmente a lo peticionado por el Sr. apoderado de la Querella Particular, Dr. Luciano Rojas, remitiendo a la Fiscalía General copias certificadas del Acta de Debate y sentencia, a fin de que se investigue la supuesta o eventual comisión del delito perseguible de oficio "falso testimonio" u otro que hubiere lugar respecto de los testigos Norma Beatriz Morales de Castillo y Francisco Andrés Castillo. 4) Hacer lugar al pedido de investigación realizado por la defensa técnica, al faltante de los elementos secuestrados en la presente causa, remitiendo el oficio pertinente. 5) No hacer lugar a lo solicitado por la defensa técnica respecto a la investigación por falso testimonio referido a los testigos Cipriano Alfredo Sánchez, Luisa Elena Rial, Antonia Elizabeth Martorelli, Liliana Sanna y Marina Estela Falcón; a la investigación de abuso de autoridad de Diego Sánchez y a la investigación por encubrimiento de Liliana Sanna...".

II. El impetrante funda su escrito recursivo en los incisos 4º, 2º y 1º del art. 454 del C.P.P..

A la luz del motivo formal de casación previsto en el art. 454 inc. 4º del C.P.P., esto es, inobservancia o errónea aplicación de las normas que el código establece bajo pena de nulidad, el quejoso centra su primer embate al manifestar que, solicitó como medida preliminar al inicio del debate, la nulidad absoluta e insanable del Requerimiento Fiscal de Elevación a Juicio, por considerar que el mismo no observa las formas prescriptas por el art. 351, incs. 2º, 3º y 4º del C.P.P.. Entiende que la pretendida nulidad debió ser declarada de oficio por el Tribunal de Juicio. Afirma que los vicios nulificantes no sólo se avizoran en el acto mismo del Requerimiento, sino también, en los actos que le precedieron y que constituyen antecedentes y causas del mismo.

A continuación, cuestiona la descripción del hecho efectuada a su asistido al momento en que se le recepcionó declaración de imputado (fs. 154). Interpreta que aquella es impersonal e indirecta, siempre en referencia a una tercera persona, que emplea términos tales como: "la cual en la oportunidad habría sido conducida por Manuel Oscar Páez". Asevera que tampoco son claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Desde otro ángulo, refiere que en la instrucción, antes de declarar no se le leyeron al imputado las pruebas de cargo, pese a que el acta de declaración constata "procediendo a darle íntegra lectura de todas las pruebas que existen en su contra". Refiere que debió constar en el acta, todas y cada una de las pruebas obrantes en autos, que no basta una enunciación genérica. Destaca que el art. 271 del C.P.P. es claro al normar que "la autoridad judicial informará detalladamente... cuáles son las pruebas en su contra", por lo que -asevera- ellas deben detallarse en el acta. Manifiesta que se trata de un vicio insubsanable, que afecta el derecho de defensa y el debido proceso, por lo que solicita su declaración de nulidad.

Refiriéndose concretamente a la Requisitoria Fiscal de Elevación a Juicio, se agravia al expresar que no se ha verificado el cumplimiento de los requisitos del art. 351 incs. 3º y 4º del C.P.P., en cuanto entiende que existe una clara discordancia entre la base fáctica de la acusación con respecto a la gravosa calificación legal y a los fundamentos de la acusación. De otro costado, resalta que el decreto de fs. 869 (28/11/07), denota un cambio en la descripción de los hechos, pero sin prueba o hecho nuevo alguno que avale tal modificación. Afirma que dicho cambio sólo pretende argumentar el pedido de una pena mayor. Refiere que no se trata de un mero cambio en la calificación legal sino de un hecho distinto, se cae en el absurdo -asevera-, que con las mismas pruebas se enrostran dos hechos distintos.

Fundamenta que para la configuración del delito de Homicidio Criminis Causa, debe probarse inequívocamente la conexión o vinculación ideológica de la muerte con el otro delito; que entre el homicidio y el otro delito debe existir una conexión ideológica de causa final. Que es necesario probar con grado de certeza la existencia tanto del hecho delictivo para el cual se mata, como así también la especial conexión o vinculación entre ambos. En tal sentido, sostiene que de la Investigación Penal Preparatoria no surge ni con el grado de probabilidad tal circunstancia, razón por la cual, solicita la nulidad del Requerimiento Fiscal de Elevación a Juicio, por incumplimiento de los recaudos prescriptos en los incs. 3º y 4º del art. 351 del C.P.P..

Concretamente, agravia al impugnante, que el tribunal haya considerado extemporáneo su planteo. Entiende que se trata de una nulidad absoluta la cual puede ser declarada en cualquier estado del proceso. Luego de transcribir la parte pertinente del fallo que ataca en donde se afirma que el Requerimiento de Elevación a Juicio cumple con todos los requisitos del art. 351 (incs. 2º, 3º y 4º) del C.P.P., expresa que el juzgador sólo realiza aseveraciones sin sustento en hechos, además, de formular aseveraciones contrarias a derecho al calificar de extemporáneo el planteo -reitera-.

Considera como una opinión sin sustento, que no reúne el requisito de fundamentación exigido por el C.P.P., cuando el a quo dice: "con relación a los fundamentos de la requisitoria los mismos son acordes a las exigencias impuestas por el inc. 3ro. del art. 351 por cuanto responde al estado conviccional exigidos por el estadio procesal por el cual transitaron". Asimismo expresa que cuando el sentenciante dice: "en cuanto a la calificación legal adoptada la misma es provisoria y lo fue en base al material probatorio existente en la causa", no da explicación alguna sobre cuál es la base para el agravante ni rebate si quiera uno de los argumentos de la defensa. En idéntica dirección, luego de transcribir lo dispuesto por el juzgador respecto al pedido de nulidad de declaración de imputado, formula sus críticas expresando que resulta inaudito que se deba redargüir de falsedad un acto procesal teniendo la vía idónea de nulidades y recursos.

Desde otra perspectiva, solicita también la nulidad de todos los secuestros realizados en la causa, por haber desaparecido dos teléfonos celulares lo cual, a su entender, agrava la situación de la defensa ya que había ofrecido una medida probatoria consistente en una pericial sobre los teléfonos. Afirma que con ello se pierde la posibilidad de concluir terminantemente en el examen aún de los existentes, agregando que no hay seguridad de que no hayan sido manipulados. Cita a modo de ejemplo, que del teléfono celular que pertenecía a la víctima, en el informe de la empresa telefónica, figura la realización de una llamada saliente desde el celular en horas de la noche del día en que fue encontrado el cadáver y secuestrado el teléfono. En razón de ello, es que solicita la nulidad de todos los secuestros obrantes en la causa. (art. 222, art. 186 inc. 3º, art. 187 y 191). Continúa su expresión de agravios, invocando otra causal de nulidad, al alegar que el examen del listado de llamadas de los celulares, que obra en el cuadernillo que corre por cuerda agregado al principal, no contiene firma alguna que acredite si dicha empresa se hace responsable de la información suministrada. Ante la falta de firma, solicita la nulidad absoluta de dichos listados.

II. a. Cabe puntualizar que la lectura del escrito impugnaticio advierte que, en primer lugar, el recurrente circunscribe sus críticas a la inobservancia de la exigencia de una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho que da base a la acusación (art. 351 inc. 2º); de los fundamentos de la acusación (art. 351 inc. 3º) y de la calificación legal atribuida por la probable participación del acusado en el hecho intimado (art. 351 inc. 4º). Hecho y calificación jurídica que el tribunal estimó acreditado en la resolución en crisis.

Dicho ello, debo recordar que la ley procesal penal al regular los requisitos de la acusación lo hace de modo minucioso, reclamando, entre otros extremos, que ella contenga una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho que se atribuye al perseguido penalmente (art. 351 inc. 2º del C.P.P.). Lo cual constituye una exigencia indudablemente vinculada con el resguardo de la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), que aquella norma pretende asegurar, toda vez que es dicho acto procesal el que fija la base fáctica del juicio y, consecuentemente, de la decisión definitiva que debe adoptar el tribunal de juicio una vez finiquitado el debate. Para el logro de la apuntada finalidad la ley debe garantizar, sin restricción alguna, que el imputado pueda negar o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad, u ofrecer pruebas de descargo, o argumentar en sentido contrario a la imputación.

En sintonía con lo afirmado, recuérdese que no puede existir declaración de nulidad, sea ésta genérica o específicamente conminada, absoluta o relativa, sino existe un interés afectado. Esa condición que ha sido expresamente establecida para las nulidades relativas (arts. 169 C.P.P.N. y 188 C.P.P.Cat.), rige también para las nulidades absolutas, toda vez que ni la insubsanabilidad ni la oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado tiene por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del "principio del interés", en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se hace. Ese beneficio concurre cuando la declaración de nulidad absoluta tiene un efecto corrector, porque ha existido una efectiva afectación de la garantía constitucional resguardada y, por tanto, ello encuentra reparación a través de la retrogradación.

En igual sentido, se ha sostenido que en materia de nulidades procesales prima el criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su precedencia (C.S.J.N. "Bianchi", B. 66. XXXIV). Razón por la cual, las nulidades quedan subsanadas cuando quienes tengan derecho a oponerlas hayan consentido, expresa o tácitamente, los efectos del acto. En consonancia con lo expresado, adviértase que habiéndose constatado la falta de cuestionamiento a la requisitoria fiscal de elevación a juicio, los planteos formulados al respecto, como bien lo adelantara el tribunal a quo, resultan extemporáneos e improcedentes. La denuncia del vicio invocado por el casacionista sólo procede en tanto y en cuanto vaya acompañada de la necesaria demostración de una vulneración efectiva de las posibilidades defensivas del imputado que evidencie que la anomalía se ha traducido en un perjuicio concreto a sus intereses. Destáquese que en los cuestionamientos impetrados no se advierte afectación alguna al derecho de defensa del incoado.

Tampoco puede prosperar la pretendida declaración de nulidad de la indagatoria obrante a fs. 154/154 vta. (02/11/06) solicitada por la defensa, al no encontrarse fundada en un interés de la parte por no existir perjuicio a reparar. Adviértase, que ninguna duda cabe del conocimiento que el imputado tenía de las pruebas obrantes en su contra. En tal dirección, resáltese que del acta respectiva se constata (fs. 154 vta.) que se procedió a dar íntegra lectura de todas las pruebas existentes en contra de Páez, como así, que podía abstenerse de declarar sin que su silencio implique presunción de culpabilidad, siendo ésta última opción la escogida por el imputado. En dicha oportunidad procesal Páez fué asistido por dos asistentes técnicos quienes conjuntamente con él suscribieron el acta, sin formular objeción alguna. Sumado a ello, cabe resaltar que cuatro días después, esto es el 06/11/06 se llevó a cabo ante el juez de control de garantías la audiencia de control de detención, oportunidad en la que el fiscal de instrucción interviniente detalló expresamente cuál era la prueba reunida en la causa que acreditaba la participación del imputado en el hecho, encontrándose presentes en esta audiencia, el imputado y su defensa técnica (fs. 192/193). A más de ello, el escrito obrante a fs. 431/434 vta. evidencia que el imputado ha sido informado, debida y detalladamente, de todas las pruebas existentes en su contra, puesto que en dicha presentación se refiere a ellas, como así, solicita se practiquen las diligencias probatorias sugeridas. Para mayor abundamiento, destáquese que a fs. 456 también se constata que se le hizo conocer a Páez no sólo todo el material probatorio obrante hasta el momento en la causa, sino que a su vez, se le exhibió el material fotográfico existente.

En consonancia con lo expuesto, el tribunal acertadamente ponderó que Páez desde el primer momento fue debidamente intimado, lo cual le permitió ejercer adecuadamente su defensa material. Asimismo, puso de resalto, que en la oportunidad en que se lo identificó y se le relató, en forma clara y precisa las circunstancias del hecho -más allá de la terminología utilizada, siempre estuvo presente su defensa técnica.

Igualmente el a quo puntualizó que los fundamentos de la requisitoria son acordes a las exigencias impuestas por la ley adjetiva (art. 351 inc. 3º), al responder al estado conviccional exigido por el estadio procesal por el cual transitaron. Al respecto, cabe señalar más allá de las interpretaciones del quejoso, el art. 350 del código de forma, establece que el Fiscal de Instrucción requerirá la citación a juicio "... siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para sostener la participación probable del imputado en el hecho intimado...", es decir, que la norma exige en esta etapa del proceso, es justamente la probabilidad, y no la certeza como pareciera ser, pretende el recurrente.

En igual dirección, el tribunal también aclaró que la calificación legal de la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio, es provisoria y lo fue en base al material probatorio existente en la causa. Ahora bien, en cuanto a los cuestionamientos de falta de aclaración o de explicación sobre cuál es la base de la agravante, cabe responder que si el juzgador se hubiese expedido al respecto, al tratar la cuestión preliminar, hubiese hecho adelanto de opinión, puesto que tal inquietud fue considerada al momento de analizar la tercera cuestión.

Tampoco resultan de recibo las pretendidas declaraciones de nulidad de todos los secuestros obrantes en la causa. Si bien cabe admitir la existencia de ciertas irregularidades denunciadas por el impetrante, éstas han sido consideradas por tribunal al disponer en el punto 4) del resolutorio: "Hacer lugar al pedido de investigación realizado por la defensa técnica, respecto al faltante de los elementos secuestrados en la presente causa".

La improcedencia señalada encuentra sustento en lo constatado en el acta de debate (fs. 1233), donde expresamente alude a las pericias peticionadas por el impugnante. En la señalada oportunidad, por Secretaría se informó que: "conforme constancias de fs. 1045 vta. se remitieron los oficios número 558 para la empresa Movistar y 559 para la empresa Claro. Asimismo a fs. 1055/1056 figura el oficio de respuesta de tgestiona. Ante la falta de respuesta a fs. 1063 el Sr. Presidente del Tribunal intima a la empresa de telefonía Claro a la respuesta del oficio 559 de fecha doce de Agosto del corriente año, oficio que oportunamente fue remitido y cuya copia obra en el bibliorato copias de la Secretaría y el contenido de los mismos es conforme lo solicitado por la defensa". Lo cual echa por tierra las aseveraciones del impugnante, quien expresa que no se pudo realizar las pericias por él solicitadas de los teléfonos celulares. Destáquese además, que a fin de evacuar los cuestionamientos de la defensa, en debate se dio lectura a las conclusiones de dichas periciales (fs. 1233).

Por último, el quejoso sin brindar argumentos peticiona la nulidad de la información suministrada por la empresa CTI (AMX). Se agravia al expresar que dicha información no contiene firma alguna que acredite si la empresa se hace responsable de lo allí consignado. Más allá de la disconformidad señalada por el impetrante no advierto cuál es la efectiva afección de la garantía constitucional que amerite la pretendida declaración de nulidad. En efecto, considero que el presente agravio tampoco puede prosperar.

En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. Se agravia el impugnante al considerar que la sentencia atacada es contradictoria e incongruente. Concretamente resalta que a fs. 1314, el tribunal asevera -diferenciándose del criterio del Fiscal-, "la víctima fue violada y para evitar que la misma denunciara el hecho, el reo terminó matándola". Pero a fs. 1321, del fallo dice "luego de intentar someterla sexualmente" y a fs. 1322, "tras intentar accederla sexualmente por la fuerza y al no conseguir dicho objetivo". Y luego afirma "fue víctima de un ataque a su integridad sexual por parte del victimario, en cuyo intento fracasó, lo que originó su reacción homicida. Decimos que fue un fracaso en su intento accederla por cuanto los informes del laboratorio realizados por el CIGA dan cuenta que no se determinó la presencia de semen". Solicita la nulidad de la sentencia.

Desde otro ángulo, el impetrante denuncia la nulidad de la sentencia por falta de fundamentos. Sostiene que en los considerandos nada se ha dicho respecto a su pedido de investigación a la testigo Sanna por el delito de falso testimonio. Considera contradictorio que el tribunal a fs. 1321vta., frente a la solicitud de la defensa, en los alegatos dijo; "no se argumentó en el momento procesal oportuno, es decir en el curso de las audiencias y en el momento en que depusieron", sin embargo a fs. 1238 vta. -durante el debate-, el Presidente del Tribunal, ante la solicitud de la defensa de que se investigue sobre falso testimonio decretó: "debiendo realizar la presente solicitud en oportunidad de los alegatos".

III. a. Cabe recordar lo ya sostenido por esta Corte en numerosos precedentes, en cuanto a que, la obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de Casación.

El ordenamiento ritual (art. 403 C.P.P.), reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, de la lógica, de la psicología y de la experiencia común en la valoración de la prueba (art. 408 inc. 3º C.P.P.).

De tal modo, la fundamentación configura una operación lógica fundada en la certeza, ya que la libre convicción debe apoyarse en un convencimiento sometido a dichas pautas y estructurado sobre la base de elementos probatorios legalmente admisibles (Cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal, Anotado", nota 1, al art. 130, 2ª ed. Marcos Lerner, 1986, p. 123).

En esta dirección, Vélez Mariconde sostuvo, entre otros, que el sistema de valoración de la libre convicción "consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos... ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Derecho Procesal Penal, T. I, Marcos Lerner, Córdoba, p. 361 y sgts.).

Lo dicho conduce a la idea de que la motivación debe ser derivada, esto es, debe respetar el principio de razón suficiente. La observancia del aludido principio en la fundamentación de una resolución jurisdiccional está sometida a diversos requisitos, según sea el grado de convencimiento requerido por el ordenamiento legal respectivo, para arribar a las conclusiones de hecho sobre las que el fallo se asienta.

Consecuentemente, el respeto, al mencionado principio no estará sometido a las mismas exigencias cuando la ley se satisfaga con un mero juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos de la imputación delictiva, que, cuando se requiere certeza acerca de la existencia de aquéllos.

Ésta última hipótesis, implica necesariamente que la prueba en la que se basen las conclusiones a que se arribe en la sentencia, sólo puedan dar fundamento a esas conclusiones y no a otras. Dicho de otra manera, que aquellas deriven ineludiblemente de los elementos probatorios invocados en su sustento.

Una debida motivación exige, además, el respeto del principio de no contradicción. En este sentido, se ha sostenido que la fundamentación contradictoria, puede consistir en la simultánea aceptación de circunstancias fácticas opuestas entre sí, que no pueden coexistir ya que una de ellas excluye o repulsa a la otra; también es contradictoria la aceptación de un hecho y su posterior rechazo, o a la inversa; en estos casos la secuencia del razonamiento muestra la admisión de conclusiones opuestas sobre un mismo hecho (Cafferata Nores-Tarditti, "Código Procesal Penal", Comentado; Tomo 2, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, ps. 293/294). Al respecto, también cabe acotar que, la fundamentación contradictoria de las resoluciones judiciales equivale a falta de motivación. Ella se verifica cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho, o viceversa, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba explícita o implícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho (Núñez, Ricardo C., Código Procesal Penal anotado, Lerner, 2ª edición, Córdoba, 1986, nota 7 al art. 417, p. 394; de la Rúa, Fernando, La casación penal, Depalma, Buenos Aires, 1994, pp. 156 a 158). Presupuesto lógico de ello es que, la contradicción resida en dos juicios referidos al mismo objeto, toda vez que, no puede achacarse dicho antagonismo cuando los argumentos o manifestaciones del Tribunal no se refieren a las mismas circunstancias o hechos a probar.

Consecuentemente con lo expresado, cabe ahora referir, a la invocada violación del principio de no contradicción esgrimida por el casacionista. Al respecto, advierto que el impugnante en procura de demostrar la presencia de los defectos denunciados, no hace más que desvirtuar lo consignado en el fallo atacado. Digo ello, puesto que en ninguna parte el tribunal afirmó que la víctima fue violada y que para evitar que la misma denunciara el hecho, el reo terminó matándola. Esta aseveración del quejoso queda sin sustento al analizar lo que efectivamente dijo el juzgador a fs. 1314, en donde destacó que conforme surge de las pruebas debidamente incorporadas a debate y a lo entendido por el Ministerio Fiscal, se puede afirmar que el acriminado tuvo el propósito de violar -esto es muy distinto a afirmar que la violó, como lo sostiene el impetrante- y al no poder llevar a cabo su cometido terminó asesinándola.

También cabe destacar, que más allá de las distintas terminologías utilizadas por el a quo, resaltadas por el recurrente, en modo alguno ellas resultan contradictorias, puesto que el tribunal, consideró que de las probanzas incorporadas a debate relacionadas con la ubicación y el estado de las prendas de vestir que tenía la occisa, especialmente sus prendas íntimas, surge de modo claro que fue víctima de un ataque sexual por parte del victimario, en cuyo intento fracasó, lo que originó su reacción homicida. "Decimos que fue un fracaso -aclaró el senteciante-, en su intento de accederla por cuanto los informes de laboratorio realizados por el CIGA dan cuenta que no se determinó la presencia de semen en las muestras tomadas del cuerpo de la víctima y remitidas para su estudio (fs. 1322).

Tal como se precisara, entiendo que las denuncias de contradicción no son de recibo, puesto que el impetrante se ha limitado a exponer meras discrepancias incongruentes con el defecto nulificante invocado, sin procurar demostrar la existencia de afirmaciones o negaciones opuestas y decisivas sobre una misma cuestión de hecho. En definitiva, las contradicciones censuradas no se centran entre los argumentos de la resolución objeto de embate, como exige el vicio que se le atribuye, eximiendo al razonamiento de dicha falta.

III. b. Cabe ahora aludir, a la pretendida declaración de nulidad del fallo por falta de fundamentación, respecto al pedido formulado por el quejoso, de investigación a la testigo Liliana Sanna por el delito de falso testimonio. En primer lugar, llama la atención el referido cuestionamiento, puesto que la defensa consintió este testimonio a lo largo de todo el proceso (fs. 4/4 vta.). A su vez, ya en el juicio propiamente dicho, reitera esta conducta al admitir sin objeción la incorporación del aludido testimonio, el cual lo fue con plena anuencia de las partes. Tal aseveración surge de las constancias obrantes a fs. 1255. Sumado a ello, destáquese que la mencionada testigo también declaró en debate, oportunidad en la que tampoco el recurrente señalara o advirtiera al Tribunal, las contradicciones que ahora ataca.

En idéntica dirección, es dable considerar las contradicciones señaladas por el recurrente de fs. 1321 vta. y 1238 vta.. Adelanto que las mismas no son tales. Digo ello, porque a fs. 1238 vta. el casacionista peticionó se investigara por el delito de falso testimonio al testigo Sánchez, más nada dijo de Sana -testigo en el que centra sus críticas en el presente planteo-. Destáquese además, que a fs. 1321 vta., el juzgador consideró puntualmente el pedido formulado por la defensa técnica del encartado, de que se remitiera al Sr. Fiscal de Instrucción en turno las constancias pertinentes a fin de que se investigue la posible comisión del delito de Falso Testimonio de Cipriano Alfredo Sánchez, Luisa Elena Rial, Antonia Elizabeth Matorelli y Marina Estella Falcón. Ante esta solicitud el a quo entendió que ella no es de recibo, toda vez que en modo alguno se dieron las circunstancias fácticas y jurídicas que ameriten la posible comisión de tal ilícito penal. Por el contrario -fundamentó- sus dichos fueron coherentes, verosímiles, sin variación alguna de importancia o de relevancia respecto a lo manifestado en el curso de la investigación penal preparatoria, resaltando que no se argumentó en el momento procesal oportuno, en el curso de las audiencias y al momento en que depusieron. Resáltese que tal yerro reitera la defensa respecto a la testigo Sana.

Centrándome puntualmente en los fundamentos del fallo en cuestión, no advierto la falta de fundamentación invocada. Ello así, puesto que el juzgador expresamente contempló la petición de la defensa efectuada al momento de alegar. Así el a quo expresó: "Con respecto a la remisión de las constancias pertinentes al Fiscal de instrucción en turno para que se investigue la posible comisión del delito de Encubrimiento por parte de la testigo Liliana Sana, el Tribunal entiende que no corresponde hacer lugar a dicha solicitud por cuanto de su testimonio no se desprende "prima facie" los elementos tipificantes de dicha conducta". Si bien el a quo se refiere aquí puntualmente a la figura del encubrimiento, interpreto que de tal afirmación se deduce fácilmente que el sentenciante consideró verosímil el testimonio de Sana, lo cual se explica en el punto 5) de la parte resolutiva de la resolución en crisis. En efecto, advierto que el vicio endilgado carece de idoneidad para enervar error capaz de perjudicar realmente el interés de la parte. El impetrante sólo se limita a invocar un defecto formal aunque sin demostrar el perjuicio concreto, es decir, la demostración del valor decisivo del vicio que invoca. Concretamente, considero que el presunto vicio denunciado en modo alguno exhibe idoneidad bastante para conmover la conclusión adoptada por el sentenciante.

En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Subsidiariamente, el casacionista invoca el motivo formal de casación previsto en el art. 454 inc. 2º del C.P.P., al denunciar la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Sostiene que el tribunal ha omitido efectuar un análisis integral de la prueba. En razón de ello, asevera que se debe dejar sin efecto la sentencia, si las afirmaciones referidas a un cúmulo de graves presunciones, no aparecen sustentadas en la valoración de los elementos de prueba reunidos en los autos principales. Concretamente, considera que el a quo omitió incorporar pruebas pertinentes a la controversia, causalmente idóneas para modificar la solución a la que se arribó en el decisorio atacado.

IV. a. A fin de evitar inútiles repeticiones, me remito a lo expresado en el punto III. a. respecto a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, consideraciones que estimo válidas para el análisis del presente embate. Lo que puntualmente se discute aquí es la omisión de fundamentación en la que -a criterio del impetrante- incurrió el Tribunal al soslayar la selección y valoración de elementos de convicción decisivos para la decisión del caso.

Como punto de partida, debo decir que el presente vicio (art. 408 inc. 3º del C.P.P.), sólo es capaz de tornar nula la sentencia cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, lo cual implica que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio, ha sido exigida tanto para la procedencia formal como para la sustancial del recurso.

En este orden de ideas, cabe reiterar que no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquél interés. En tal sentido se ha expedido la C.S.J.N. (Fallos 259:961, 298:1413, 311:2337, entre otros).

Dicho ello, para que los vicios endilgados a la sentencia tengan entidad para conducir a la nulidad, deben relacionarse con pruebas valoradas en contra de las reglas de la sana crítica racional, u omitidas de ponderar que tengan valor decisivo (art. 454 inc. 2º del C.P.P.), toda vez, que estos defectos son los captados por la ley (art. 408 inc. 3° del C.P.P.).

En el caso, adelanto legal opinión en cuanto a que los presuntos vicios denunciados en modo alguno exhiben idoneidad bastante para conmover la conclusión adoptada por el sentenciante, pues no logran enervar la convicción relativa a la participación cierta del imputado Oscar Manuel Páez en el hecho que se le endilga.

Ahora bien, centrándome concretamente a lo que aquí se discute, cabe examinar si los agravios del impugnante se relacionan con pruebas valoradas y omitidas de valor decisivo.

El quejoso cuestiona en primer término, la omisión por parte del Tribunal de valorar la prueba pericial de telecomunicaciones, sin especificar concretamente a qué prueba se refiere ni en donde se ubica la misma en el expediente, habiendo aportado únicamente como datos objetivos, los nombres de los peritos y la transcripción de la parte que considera pertinente. Sostiene el impetrante, que la mencionada prueba echa por tierra la hipótesis de la acusación, al perder el único elemento que pretendía colocar al imputado en la escena del crimen.

Puntualmente, cabe advertir que dicha pericial obra a fs. 1192/1204 y que la misma ha sido incorporada como prueba a debate a fs. 1256. Contrariamente a lo afirmado por la defensa, el a quo ponderó las consideraciones formuladas en debate por los peritos encargados de la realización de la mencionada pericia (Jorge Alberto Cippitelli y Juan Carlos Marchioli -fs. 1309-). Pero a más de ello, el sentenciante destacó que tal como surge del cuadernillo del listado de informe de las distintas empresas telefónicas que obra por cuerda al principal y que fuera debidamente incorporado a debate (fs. 1256), esa mañana en el horario aproximado en el que aconteció el hecho el teléfono celular de Páez sólo fue utilizado a horas cero nueve con diez minutos para enviar un mensaje de texto -cuyo contenido se desconoce, aclaró el a quo-, al celular que supuestamente portaba su esposa; luego a horas cero nueve con dieciocho minutos para efectuar una llamada al número 773782, número perteneciente a la compañía "CTI Móvil" que se utilizaba para solicitar un préstamo o crédito que permitía la utilización del celular a través de llamados o mensajes de textos; posteriormente a hora cero nueve con cuarenta y nueve minutos para enviar un mensaje personal al número 555 que también pertenece a la empresa de mención y es utilizado para consultar el saldo que tiene el celular; y recién a horas quince con cincuenta y siete minutos para enviar otro mensaje de texto al celular de su esposa cuyo contenido también se desconoce (fs.190/191 del mencionado cuadernillo). Tales consideraciones sirvieron al tribunal para descalificar la posición exculpatoria de Páez, en relación a que él le había contestado a través de su teléfono celular a su esposa que la iba a buscar al recibir un mensaje de texto a horas cero nueve con veintiocho minutos proveniente del celular de ésta que textualmente decía "... amor me voy a la Belgrano a averiguar lo de mami si podés buscame ahí. Contestame" (fs. 1137 del expediente principal), ya que del análisis efectuado -resaltó el juzgador- surge que dicho mensaje no tuvo contestación alguna al menos desde el celular del encartado ni por mensaje de texto, ni a través del servicio de llamada, a pesar de que ya había sido utilizado el servicio de préstamo de crédito que ofrecía la compañía telefónica. Sumado a ello, destacó el sentenciante, de que nadie hizo mención alguna al mensaje de texto de hora cero nueve con diez minutos que Páez le mandó a su esposa, siendo que ésta a esa hora se encontraba trabajando con sus compañeras (fs. 1173).

Una atenta lectura del fallo en crisis y un análisis integral del material probatorio debidamente incorporado y analizado por el sentenciante, permite afirmar que de ninguna manera se pude admitir que la referida pericial descalifique la presencia del imputado en la escena del crimen.

Digo ello, puesto que el recurrente se ha limitado a efectuar una crítica parcial, sin considerar el conjunto de probanzas tenidas en cuenta por el juzgador al momento de emitir su decisión.

Desde otro ángulo el casacionista se agravia al sostener que el tribunal omitió considerar la Pericia Psicológica realizada por la perito oficial, Lic. Mara Barrionuevo (fs. 1094/1096). Asevera que dicha prueba favorece a su asistido al descartar la peligrosidad en la personalidad del mismo.

El presente embate tampoco puede prosperar, puesto que no advierto la arbitrariedad ni la ilegitimidad señalada a fs. 33, al contrario, el a quo no discriminó la selección de las pruebas psicológica y psiquiátrica como lo afirma el quejoso, sino que consideró a ambas.

En tal sentido, destáquese que al referirse a la responsabilidad penal del encartado, resaltó que no se alegó ni probó ninguna circunstancia que tuviera por objeto excluir la misma, por lo que consideró que Páez actuó en plenitud de sus facultades mentales las que le han permitido comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.

Dentro de ésta línea de razonamiento, el tribunal fundamentó que tal apreciación se corrobra con el resultado o conclusiones de los informes psiquiátricos y psicológicos, que si bien muestran a un sujeto con personalidad "borderline", con bajo nivel de tolerancia a la frustración, con aplanamiento afectivo, no se informa acerca de alguna patología que haya afectado sus facultades mentales y por tanto que le hayan impedido comprender la criminalidad del acto.

Sumado a ello, el tribunal aclaró, que pudo apreciar que al momento de ejercer su defensa material se pronunció con claro conocimiento del hecho que se le enrostraba, dando las explicaciones de un modo firme y coherente respecto a su ajenidad en el hecho, todo lo cual demuestra -aseguró el a quo- que es un hombre con sus facultades mentales normales.

A continuación el recurrente cuestiona la falta de valoración por parte del tribunal de testimonios referentes a la personalidad tímida de la víctima, los que -a su entender- contrarían la posibilidad de que Rocío se haya subido al vehículo de un vecino, como así, aclaran que entre la víctima y el imputado no existía relación de ninguna naturaleza. Concretamente, el impugnante pretende desvirtuar la hipótesis sostenida por el tribunal al afirmar que resulta inverosímil que la víctima se haya subido al vehículo del imputado cuando no existía saludo entre ellos, cuando no existía ninguna relación de confianza entre ellos.

El presente embate tampoco resulta de recibo. En primer término, cabe destacar que el propio imputado reconoció haber visto a Rocío en la puerta de su casa y haberle hecho hasta incluso una broma.

Así se lo comentó a la madre de la víctima, Ruth Ivana Ubilla, quien en debate declaró que fue a la casa de Páez a hablar con él, que cuando salió le preguntó si había visto a Rocío, notándolo que se encontraba muy exaltado, nervioso, respondiéndole que sí, que efectivamente el día martes en horas de la mañana la había visto golpeando la puerta y que le había hecho una broma diciéndole "te dejaron afuera", recibiendo como respuesta "sí ahora voy a tener que esperar un rato".

Que también le comentó el imputado que le había sugerido a Rocío que la llamara por el celular respondiéndole que no tenía crédito. En idéntica dirección, el tribunal ponderó lo relatado por el testigo Alfredo Sánchez Cipriano -de profesión chofer de remis y vecino de la víctima-, quien expresó que el día 24/10/06 se dirigió a las oficinas de Capresca con el propietario del remis antes de la hora siete, que en tal oportunidad trasladó a la menor Ubilla, de la parada del colectivo ubicada cerca de la casa de ella hasta el Colegio Nacional, en el centro de la ciudad, pero que posteriormente y luego de hacer unos viajes con algunos pasajeros regresó a su domicilio sito en Barrio Santa Marta y vio nuevamente a la menor Rocío por la Avenida Manuel Navarro subir a la motocicleta que conducía el encartado Páez, la cual se ubicaba en dirección norte-sur y que esto habrá ocurrido a la hora nueve y veinte minutos.

Sumado a ello, el juzgador ponderó lo expresado por la testigo Luisa Elena Rial, quien en debate dijo que vive casi al frente de la familia Ubilla, y que ese día -refiriéndose al 24/10/06-, siendo aproximadamente las nueve y treinta, salió a la calle a tirar el agua que tenía en un latón y allí vio a Rocío conversando con el encartado Manuel Páez, quien también vive cerca de su casa. Asimismo el tribunal destacó que declararon en igual sentido, los testigos Antonia Elizabeth Martorelli, Norma Beatriz Morales de Castillo y Marina Stella de Falcón.

A más de ello, el a quo señaló que éstas circunstancias han sido corroboradas por el propio inculpado al momento de ejercer su defensa material, cuando declaró que efectivamente ese día martes veinticuatro de octubre de dos mil seis, luego de llevar a su esposa al trabajo a las siete de la mañana regresó a su domicilio y tras hacer algunas cosas se puso a regar viendo en tal oportunidad que Rocío golpeaba las manos en su casa para que le abran la puerta y que allí conversaron por algunos minutos y que ella se dirigió en diagonal al frente de su casa tras lo cual terminó la conversación y no la volvió a ver.

Lo dicho contraría expresamente las afirmaciones de la defensa, la que incluso asevera que no existía saludo entre ellos.

Continuando con sus críticas, el recurrente también esgrime que la sentencia omite valorar declaraciones testimoniales que afirman conocer una relación amorosa clandestina entre la víctima y un hombre que la dobla en edad, como así, la posible existencia de un móvil pasional. En relación a tales apreciaciones debo decir, que no se trata aquí de juzgar la vida privada de la víctima sino el grado de participación del imputado en la comisión del hecho que se le atribuye, el que ha sido objeto de juzgamiento, y es justamente así como correctamente lo ha hecho el tribunal.

Se agravia el quejoso reiterando los cuestionamientos efectuados con respecto a las declaraciones brindadas por la testigo Liliana Sana. Lo que aquí se discute no hace más que repetir idénticos agravios a los examinados al tratar el punto III. b. de la Segunda Cuestión, a donde me remito por razones de brevedad.

Desde otro ángulo, critica la falta de valoración de las denuncias formuladas por cuatro testigos -Julio Quiroga, Ramón Quiroga, Coria y Soria- acerca de los apremios ilegales recibidos por parte de las autoridades que tenían a cargo la investigación. En primer lugar, destáquese la ausencia de tales denuncias glosadas a la causa, es decir, no advierto que las mismas hayan sido debidamente formuladas e incorporadas al expediente. Destáquese además que el tribunal, al referirse a los indicios de oportunidad, valoró las expresiones del testigo Julio Quiroga, al resaltar que si bien el encartado no fue visto en el lugar del hecho, no puede negarse en modo alguno que éste conocía perfectamente bien ese lugar, pues así lo pusieron de manifiesto algunos testigos, especialmente Julio Alberto Quiroga, quién expresó que había visto en algunas oportunidades a Paez transitar en su motocicleta en las cercanías del lugar. Tal circunstancia no puede resultar indiferente -y tal vez tales apreciaciones son las que en realidad agravian al quejoso, por no resultar favorables a su asistido- para el Tribunal, ya que no es lógico pensar -aseveró el a quo- que a ese lugar no podía llegar cualquier otra persona sin que conociera bien la manera de ingresar y llegar a la zona en que yacía el cuerpo sin vida de la víctima. Así concluyó que era necesario saber llegar a es lugar y que Páez precisamente lo sabía por haber andado en varias oportunidades por dicha zona. En igual directriz, el juzgador -contrariamente a lo insinuado por el impetrante-, consideró que a lo analizado, debe sumarse el comportamiento sospechoso que Páez tuvo respecto al testigo Coria, incitándolo para que declare que había visto a Rocío subir a un vehículo el día martes veinticuatro de octubre en horas de la mañana. Con lo cual -concluyó el sentenciante- no caben dudas que con ello el imputado buscaba desviar la investigación en su propio beneficio.

A continuación, el casacionista se agravia al manifestar que el a quo omitió valorar que los únicos testigos que dicen haber visto al imputado junto a la víctima pertenecen a una misma familia y a una misma casa (Sánchez -concubino de Rial-, Rial y Martorelli -sobrina de Rial-) y que entre ellos existen contradicciones. Agrega además, que Rial reconoció en debate tener una relación de enemistad con el imputado. Asimismo destacó que el fallo omite valorar la circunstancia de que la testigo Marina Falcón padece de una enfermedad neurológica que le impide tener una visión normal.

Las críticas aquí efectuadas tampoco resultan de recibo. Adviértase que el tribunal, analizando los testimonios brindados por Cipriano Alfredo Sánchez, Antonia E. Martorelli, Norma Beatriz Morales de Castillo y Luisa Rial entendió que los mimos han sido contestes en afirmar la presencia de Rocío frente a su casa. Sumado a ello, resaltó que Martorelli manifestó que vio que Roció se dirigía hacia el norte por Avenida Manuel Navarro y ya llegando a la esquina vio que el encartado salía de su casa en su motocicleta dirigiéndose hacia donde iba la menor, para luego de intercambiar algunas palabras abordar la motocicleta. Que Cipriano Alfredo Sánchez ante el tribunal afirmó que cuando dobló por Avenida Manuel Navarro casi al frente del Barrio 20 de Marzo vio nuevamente a Rocío, con el uniforme escolar y su mochila; que llegaba caminado a la motocicleta en la que se encontraba el encartado Páez, la que estaba estacionada sobre la acera de dicha avenida, subiendo a la misma y que él los saludó siendo correspondido el saludo. Asimismo, el sentenciante ponderó los dichos de Marina Stella Falcón, quien en debate expresó que siendo aproximadamente la hora diez o diez con treinta minutos, el encartado venía desde el sur por la Avenida Manuel Navarro en su motocicleta solo, a alta velocidad y que luego de estacionar al frente de la casa de su cuñada cree que se puso a medir unos cimientos o la pared que estaba en construcción. Que unos minutos después lo vio en el patio de esa casa con la mirada perdida no respondiéndole a su llamado lo que le llamó poderosamente la atención ya que siempre fue amable y atento.

En consonancia con lo expresado el sentenciante concluyó que la prueba analizada resulta contundente y demuestra que la última persona con la que estuvo la adolescente Rocío Débora Anahí Ubilla fue el encartado, quien no puede alegar y demostrar lo contrario mediante la estrategia utilizada a tal fin, pues como ha sido señalado por los testigos lo vieron en su motocicleta con la víctima hacia el sur por la avenida Manuel Navarro. En contraposición a las pretensiones del recurrente, adviértase que específicamente el juzgador destacó que se trata de testigos absolutamente creíbles, por las razones ya indicadas -recalcó-, no habiendo la defensa aportado ningún elemento de juicio -circunstancia que se repite en la vía recursiva intentada- que debidamente valorado ponga en crisis la veracidad de sus dichos.

En relación a los agravios expresados por el impetrante en cuanto a la falta de valoración de los testigos ofrecidos por la defensa, adviértase que expresamente el fallo atacado aludió a tal circunstancia. En efecto, el tribunal ponderó que la estrategia defensiva se basó en testimonios de su esposa y familiares directos, por lo que, no sólo por tal condición son de dudosa credibilidad, sino porque sus dichos fueron contradictorios y en algunos casos desmentidos. Así el a quo consideró que la testigo María del Carmen Roldán, quien al decir de la Sra. de Páez, la habría atendido en la oficina nacional de la Avenida Belgrano ese día martes veinticuatro de octubre en horas de la mañana, negó rotundamente dicha circunstancia. Asimismo, el juzgador reforzó su razonamiento puntualizando que del examen probatorio se advierte que la defensa del inculpado en modo alguno ha aportado prueba contundente tendiente a demostrar su ajenidad en el injusto, limitándose a realizar una crítica general de diversos aspectos de la acusación relacionados con el acta de autopsia, algunos testimonios, los informes psicológicos y psiquiátricos que no trasuntan aspectos decisivos y relevantes con incidencia directa en la prueba de cargo que pueda neutralizarla.

A través de la vía recursiva intentada el impugnante también cuestiona la falta de valoración del testimonio de Soria y de la declaración del propio imputado, puesto que de allí surge -asevera- que nunca existió acoso de parte de Páez hacia Eugenia González ni hacia Zamora y que sí hubo relaciones amorosas paralelas hacia sus respectivas parejas. En sentido contrario al afirmado por el impetrante, el a quo, refiriéndose puntualmente al aspecto de la personalidad del acusado en cuanto a su comportamiento con personas de sexo femenino, recalcó que en debate, ha quedado probado que era costumbre acosar a las mujeres no importándole su estado civil y que se las ingeniaba para conseguir los números de teléfono de sus celulares. Asimismo y refiriéndose a los testimonios cuestionados, el tribunal ponderó que de ellos se advierte el comportamiento que Páez tenía con diversas mujeres del barrio, proponiéndoles mantener relaciones sentimentales, aún a sabiendas que eran casadas. En esta dirección, resáltese además, el testimonio vertido por Arturo Benjamín Véliz quien refirió ser vecino del acusado y que en una oportunidad su Sra. le comentó que algunos meses atrás, Páez le había mandado un mensaje de texto por el celular proponiéndole una cita, que también le comentó que tenía por costumbre piropearla cada vez que la encontraba. A ello se suma, lo referido por Gabriela Cecilia Zamora, quien en debate declaró que como a las tres de la mañana del mes de marzo del dos mil seis, en oportunidad en que su marido llegaba a su casa a altas horas de la noche, su vecino Páez le mandó un mensaje a su celular, el que decía "vení a mi casa, te invito a tomar mate". Que cuando su concubino se enteró se enojó muchísimo. Que le dijo que ya estaba cansada de que ese hombre -refiriéndose a Páez- la molestara tanto desde hacía tres años, siempre haciéndole propuestas incorrectas y que cuando la encontraba en la calle la piropeaba y le decía cosas. Entre otras declaraciones, la referida testigo también relató que una chica del barrio le había contado que Páez le había cruzado la moto cuando caminaba por la calle. Dijo también, que Carolina -hija de su concubino- le comentó que en una oportunidad cuando caminaban por al calle del barrio junto a Rocío, Manuel Páez le tiraba besos y le decía cosas por lo que tuvieron que contestarle mal.

Consecuentemente, el tribunal, luego de escuchar a los testigos que oportunamente comparecieron a debate -inmediación- también consideró, en base a lo referido por la testigo Zamora, el comportamiento asumido por el incoado respecto de una persona joven y soltera, a quién le cruzó la motocicleta cuando ésta iba caminado por la calle y la tomó de la mano e incluso la invitó a subir. Más allá de los intentos del quejoso por revertir tal razonamiento, debo decir que considero acertada la conclusión del tribunal, en cuanto remató que los hechos descriptos revelan la personalidad de Páez en esa faceta, mostrándolo como una persona sin prejuicio alguno y decidido a lograr relaciones afectivas con mujeres de cualquier manera.

Seguidamente, el casacionista cuestiona las inexactitudes en las que, a su juicio, recaen los médicos que realizaron la autopsia. Entiende que la operación de autopsia padece de serias irregularidades y que no refleja adecuadamente el estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima; que existen contradicciones entre lo plasmado en el informe de autopsia y lo declarado por los peritos. También en este punto, en cuanto a las contradicciones denunciadas, advierto que el impetrante se limita a efectuar simples generalizaciones más no especifica puntualmente en qué consisten las mismas, es decir, en qué se han contradicho cada uno de los profesionales médicos que declararon en el juicio, que contraríe lo informado en el informe respectivo, material probatorio que, además, fue debidamente incorporado a debate con conformidad de las partes. Asimismo, destáquese en lo pertinente que, el a quo al ponderar el informe de autopsia (fs. 555/558) consideró que muestra un exhaustivo estudio del cuerpo sin vida de la víctima, resaltando además, que sus conclusiones señalan que el óbito ocurrió a consecuencia de una herida penetrante en el tórax a nivel del área cardiaca por haberse encontrado macroscópicamente lo que se interpreta como coágulos. En igual sentido, aclaró que dicho traumatismo no habría sido producido por disparo de arma de fuego, dado que no se detectó presencia de elemento balístico alguno y que se estableció con un alto grado de probabilidad que el traumatismo penetrante en el tórax fue causado por arma blanca y que la data de la muerte se correspondería con la fecha de desaparición, lo cual a su vez, coincide con el estado de putrefacción del cadáver. No obstante lo referido ut supra, debo decir que una profunda lectura de los testimonios brindados en debate por los profesionales médicos de policía -Dres. Gustavo Roque De Alzáa (fs. 1248 vta.), Carlos Adrián Romero (fs. 1249), Oscar Antonio Contreras (fs. 1250 vta.)- que participaron de la autopsia, de manera alguna ostentan contradicciones, al contrario, sus declaraciones resultan coincidentes y contestes con lo informado a fs. 552/558. Desde otro ángulo el impetrante dirige su embate a cuestionar la falta de rigor científico de la pericia psiquiátrica efectuada a Paez, afirmando que ello quedó evidenciado en debate, al no poder la perito fundar debidamente las graves conclusiones expuestas en su escrito.

Con relación al presente agravio, adelanto que el mismo tampoco puede prosperar, puesto que las consideraciones aquí efectuadas no logran descalificar el dictamen pericial (fs. 567/568 vta.) traduciéndose aquellas en meras discrepancias con las conclusiones arribadas. En primer lugar, adviértase que el dictamen pericial cumple con los recaudos exigidos por la ley adjetiva (art. 252 del C.P.P.). A más de ello, tampoco se vislumbra -como asevera el quejoso en su escrito recursivo- la falta de constancia de las sesiones u horas de análisis, puesto que en el punto 3) del referido dictamen expresamente se constata que el examen psiquiátrico constó de cuatro entrevistas que se desarrollaron entre el 15 de Noviembre y el 11 de Diciembre de 2006, en los consultorios del CIF -repárese aquí que en debate (fs. 1253) la médica especialista en psiquiatría, Dra. María Elizabeth Barrionuevo, si bien dijo que no recuerda el tiempo que duraron las entrevistas (fue citada a declarar casi dos años después de efectuada la primera pericia obrante a fs. 567/568 vta.), aclaró que en ellas los tiempos son relativos, que no recuerda con exactitud, que las entrevistas pueden haber durado entre veinte a cincuenta minutos, y que no encuentra valor a la duración de las mismas -recalcó-. Esta apreciación es muy diferente a lo expresado por el impetrante quien aduce la falta de especificación en cuanto a la cantidad de sesiones, las que como se dijo, están expresamente detalladas en el informe pericial obrante a fs. 567/568.

Asimismo, cabe destacar que el presente planteo nulificante se traduce en una reedición de planteos ya efectuados y resueltos a lo largo del proceso. Digo ello, puesto que la pretendida invalidez de la pericia psiquiátrica ha sido planteada con anterioridad en la etapa de investigación penal preparatoria, por la defensa técnica del imputado, luego de notificado (fs. 578) de la respectiva pericia psiquiátrica realizada al acusado Páez, pretensión que, como se dijo, fue rechazada por el Fiscal de Instrucción de Segunda Nominación. En tal sentido, adviértase además, que se ordenó la realización de la pericia atacada y se notificó a la defensa técnica de Páez, como así, al propio imputado (fs. 228/228 vta.), a los fines de que hicieran uso de la facultad de designar perito contralor. Es decir, que frente a los estudios periciales criticados, el impetrante contaba con la facultad de proponer un perito de parte con el objeto de que éste se expida en relación a las conclusiones a las que arribaron los peritos oficiales; o bien, solicitar una ampliación del estudio efectuado; o en su caso, la realización de un nuevo examen; facultad que no fue ejercida.

En el sub-examine, el acto procesal tachado de nulidad no adolece de vicio que amerite su invalidación. En modo alguno, las críticas del impetrante autorizan a invalidar el examen pericial que ataca, pues se trata de una mera discrepancia con las conclusiones a las que allí se arriba. Tal disenso es propio del contradictorio y fue oportunamente exteriorizado por la defensa técnica, siendo su pretensión resuelta por el fiscal de instrucción interviniente, quién convalidó el acto atacado (fs. 610/611).

Consecuentemente con lo expresado, cabe decir que la pericia tachada de nulidad resulta plenamente válida y que ha sido practicada de conformidad a los requisitos exigidos por la normativa procesal vigente (art. 252 del C.P.P.), razón por la cual dicho agravio no puede prosperar. Desde otra óptica, el casacionista denuncia violación a las reglas de fondo y de forma. Sostiene que el fallo ha afirmado la existencia de circunstancias de hecho sin prueba alguna que la sustente. Concretamente cuestiona que no se encuentra probada la circunstancia de tiempo, que no existe testimonio que avale que el imputado fue visto con la víctima a las 09:20 del día del hecho. Por el contrario, afirma que los testimonios son cercanos a las 10:00, y que abundan testigos que manifestaron estar en ese momento con el imputado y constancias de que estaba hablando por teléfono, lo cual hace imposible que éste cometiendo un delito.

En el presente embate, el recurrente reitera cuestionamientos genéricos, sin especificar cuáles son los testimonios que a su entender, revierten las circunstancias de tiempo tenidas en cuenta por el juzgador. En sentido opuesto al señalado por el impetrante, adviértase que el sentenciante al ponderar la prueba testimonial recepcionada en el curso del debate, resaltó que se debe partir del hecho cierto y acreditado de que la víctima había regresado del colegio a su domicilio, a raíz de que no pudo ingresar a aquél, intentó entrar a su domicilio no pudiéndolo hacer por causas ajenas a su voluntad por lo que permaneció al frente de su casa en donde fue vista por algunos testigos golpear las manos, conversar con el acriminado, como asimismo, dirigirse a un quiosco a comprar golosinas hasta que luego, cerca de la hora nueve o nueve con quince minutos, abordó la motocicleta del encartado quien la trasladó hacia el sur de la Avenida Manuel Navarro. En esta dirección, el a quo consideró que cobra vital importancia el testimonio brindado por Cipriano Alfredo Sánchez, porque fue la persona que trasladó a Rocío desde la parada del colectivo ubicada casi al frente de su casa, al colegio ubicado en el centro de la ciudad, aproximadamente a la hora siete con diez minutos, volviéndola a ver entre las nueve y nueve y quince en la Avenida Manuel Navarro, cerca de su domicilio que se subía a la motocicleta de Páez cuyo rodado estaba mirando hacia el sur, oportunidad en la que se saludaron. En efecto, el tribunal fue contundente al reiterar que hay testigos que vieron a la menor Rocío entre la hora ocho y treinta y nueve y quince aproximadamente, al frente de su casa, vestida con el uniforme colegial, con su mochila escolar en la espalda e incluso con algunas carpetas en sus manos. En tal razonamiento, destacó que los testigos Cipriano Alfredo Sánchez, Antonia E. Martorelli, Norma Beatriz Morales de Castillo, Luisa Rial, entre otros, han sido contestes en afirmar la presencia de Rocío frente a su casa. Consideró los dichos vertidos por la testigo Martorelli quien en audiencia de debate refirió claramente que vio a la menor ese día veinticuatro de octubre entre la hora nueve y nueve con treinta minutos frente a su casa golpeando las manos y que a los pocos minutos, tras haber ingresado a su casa, salió nuevamente a buscar a su pequeño hijo quien, sin que ella se diera cuenta, había salido a la calle y allí vio que Rocío se dirigía hacia el norte por Avenida Manuel Navarro y ya llegando a la esquina vio que el encartado salía de su casa en su motocicleta dirigiéndose hacia donde iba la menor, para luego de intercambiar algunas palabras abordar la motocicleta. Asimismo, el juzgador analizando las secuencias temporales, refuerza sus argumentos al considerar la exposición ante el tribunal de Cipriano Alfredo Sánchez, quien afirmó que luego de dejar a Rocío en calle Chacabuco, cerca de la escuela a la que concurría, aproximadamente a las siete y treinta minutos, regresó a su casa a buscar su teléfono celular y que luego continuó trabajando hasta que en un momento dado lo llamó un cliente para que lo traslade a un centro médico ubicado en el pasaje Esquiú, dejándolo en la esquina de Avenida Virgen del Valle y dicho pasaje, lo que aconteció minutos antes de las nueve. Que se trasladó desde allí a su casa a dejar unas bandejas de plástico que la dueña de la casa le había pedido minutos antes por teléfono. Que cuando dobló por Avenida Manuel Navarro, casi al frente del Barrio 20 de Marzo vio nuevamente a Rocío quien continuaba vestida con el uniforme escolar y su mochila. Aclaró que la menor iba caminando a la motocicleta en la que se encontraba el encartado Páez, la que estaba estacionada sobre la acera Este de dicha avenida. Que Rocío subió y que él los saludó siendo correspondido en el saludo. Sumado a ello, el sentenciante consideró lo declarado por Luisa Elena Rial, quien dijo que efectivamente Sánchez al llegar con las bandejas le comentó que había visto a Rocío subir a la motocicleta de Páez, y lo afirmado en debate por el testigo Osvaldo Daniel del Valle Montenegro, quien expresó que ese día veinticuatro de octubre del año dos mil seis, Rocío fue a su negocio, distante aproximadamente una cuadra y media hacia el sur de la casa de la familia Ubilla y que si bien, no pudo precisar el horario, aclaró que ello habría ocurrido como a las nueve con treinta minutos. Que allí compró algunas golosinas y que si bien al negocio ingresó sola, no puede afirmar si alguien la acompañaba.

Como ya se dijera en párrafos anteriores, el a quo dio plena credibilidad a tales testimonios, destacó que ellos no pueden ponerse en duda bajo ningún aspecto, que se trata de personas que son vecinas de ambas familias, es decir, tanto de la víctima como del acusado. Ello nos pone en la certeza -concluyó- de que efectivamente vieron a Rocío a quienes no podían confundir con ninguna otra persona, además la vieron con el uniforme escolar, circunstancia que es importante porque precisamente había salido de su casa para concurrir al colegio regresando a su domicilio porque el establecimiento estaba cerrado. Iguales consideraciones formuló respecto del imputado, al ser también vecino y por tanto, imposible de confundir.

Tales apreciaciones echan por tierra las consideraciones de la defensa, quien rotundamente afirma que no existen testimonios que avalen que el imputado haya sido visto con la víctima a las nueve y quince. A más de lo analizado, y siempre teniendo en cuenta la circunstancia temporal aquí cuestionada, el juzgador también ponderó, que luego y siendo aproximadamente la hora diez o diez con treinta minutos, conforme al testimonio de Marina Stella Falcón recepcionado en debate, el imputado venía desde el Sur, por Avenida Manuel Navarro en su motocicleta, sólo, a alta velocidad, y que luego de estacionar al frente de la casa de su cuñada se puso a medir los cimientos o la pared que estaban construyendo. Que unos minutos después lo vio en el patio de esa casa, con la mirada perdida, no respondiéndole a su llamado lo que le llamó poderosamente la atención ya que siempre fue amable y atento.

El impetrante afirma que abundan los testigos que sitúan al imputado a las diez de la mañana con ellos o hablando por teléfono, el horario aludido resulta lógico a la luz del material probatorio examinado ut supra, del cual surge que aproximadamente a esa hora el imputado ya había cometido el ilícito que se le atribuye. En razón de lo expuesto, el presente agravio tampoco resulta procedente.

Por último, el recurrente cuestiona que el fallo describe circunstancias de modo que no se corresponden con constancia probatoria directa ni indirecta. Yerra nuevamente al fundar su embate, puesto que aquí a más de reiterar planteos ya efectuados y resueltos en los párrafos precedentes, omite especificar cuáles son las pruebas que a su entender contradicen la hipótesis de acusación y que el tribunal prescindió de considerar. Es decir, en modo alguno procura demostrar la presencia de dichos defectos en la sentencia. Es que en el fallo cuestionado, no se han tenido por ciertas cosas opuestas o en diferentes direcciones, por el contrario, el juzgador ha procurado aclarar las supuestas incompatibilidades, otorgando credibilidad a las versiones relatadas durante el debate, o bien les ha restado importancia al cotejarlas con otros datos objetivos. Tal como se precisara, entiendo que la denuncia de contradicción no es de recibo, puesto que el impugnante se ha limitado a exponer meras discrepancias que no encuadran en el defecto nulificante invocado, sin procurar demostrar la existencia de afirmaciones o negaciones opuestas y decisivas sobre una misma cuestión de hecho. Destáquese además, que para que la omisión de valorar determinada prueba ocasione la nulidad de la sentencia, la misma debe aparecer como eficaz y decisiva, con posibilidades de influir efectivamente en el fallo, de manera que contrastándola con el resto del material probatorio, el pronunciamiento quede sin un sustento adecuado, circunstancia ésta que tampoco ha sido ni siquiera mínimamente demostrada por el recurrente.

Asimismo, destáquese que las apreciaciones formuladas en cuanto a que si la menor fue traslada con engaño en su buena fe, o si subió voluntariamente a la motocicleta de Páez, sin oponer resistencia, pese a observar -como lo expresa el quejoso en su escrito recursivo- que el imputado la trasladaba a una zona alejada de difícil acceso, no logran conmover válidamente el razonamiento seguido por el tribunal. Es decir, que la circunstancia señalada no resulta eficaz ni decisiva para influir efectivamente en el fallo, ni justifica una decisión contraria a la adoptada.

En razón de lo expuesto precedentemente, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

V. En subsidio del agravio analizado en la cuestión precedente, el impetrante plantea un tercer cuestionamiento al invocar la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º del C.P.P.). Entiende que el tribunal ha aplicado erróneamente la agravante prevista en el art. 80 inc. 7º del C.P.. Manifiesta que para su aplicación debe probarse inequívocamente la conexión o vinculación ideológica de la muerte con el otro delito. Es decir, entre el homicidio y el otro delito, debe haber una conexión ideológica de causa final. Agrega, que es menester probar con el grado de certeza la existencia tanto del hecho delictivo para el cual se mata, como así también, la especial conexión o vinculación entre ambos. Sostiene que en la sentencia sólo hay conjeturas vacías.

Finaliza su escrito recursivo formulando expresa reserva del caso federal.

V. a. El problema a resolver en la presente impugnación estriba en brindar el correcto encuadre jurídico al hecho atribuido a Manuel Oscar Páez. Concretamente, debe indagarse si resulta adecuado haber subsumido su conducta, como lo hizo el a quo, en el delito de homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7mo. del C.P.).

El hecho acreditado en el fallo atacado, al cual calificara legalmente el a quo como homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7° del C.P.), fue transcripto al tratar el punto II, en la Segunda Cuestión, de la presente sentencia, por lo que corresponde remitirse allí, por razones de brevedad.

Ingresando puntualmente al tema decidendum, resáltese que el sentenciante al momento de fundamentar la aplicación de la ahora cuestionada figura delictiva, consignó que "el acusado llevó en su motocicleta a la menor hacia un lugar de difícil acceso ubicado hacia el sur de la Avenida Manuel Navarro en donde tras intentar accederla sexualmente por la fuerza y al no conseguir dicho objetivo le aplicó un puntazo con un arma blanca en el pecho produciéndole una herida mortal en el corazón, a raíz de lo cual falleció en forma casi inmediata". Asimismo, ponderó que: "de las probanzas incorporadas a debate relacionadas con la ubicación y el estado de las prendas de vestir que tenía la occisa, especialmente sus prendas íntimas, surge de un modo claro que fue víctima de un ataque a su integridad sexual por parte del victimario, en cuyo intento fracasó, lo que originó su reacción homicida". En esta dirección, el tribunal aclaró: "Decimos que fue un fracaso en su intento accederla por cuanto los informes de laboratorio realizados por el CIGA dan cuenta que no se determinó la presencia de semen en las muestras tomadas del cuerpo de la víctima y remitidas para su estudio. Nos encontramos así, en un caso de delito agravado que se ha denominado de conexión impulsiva o propiamente causal, en el que el autor mata por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. La doctrina señala -explicó el juzgador- que es el despecho o la rabia que mueve al agente a matar a causa de la frustración de su designio, ya sea por su propia torpeza, por la oposición de la víctima o por circunstancias extrañas a ambos (Conf. Carlos Creus, Derecho Penal - Parte Especial, Sexta edición, ed. Astrea, T. I, p. 34) ".

A más de ello, el sentenciante, a modo de despejar toda duda respecto a la calificación legal impuesta a Páez, expresó que la acción desplegada, en la forma en que fue descripta, perfectamente encuadra en otro de los supuestos mencionados en el art. 80 inc. 7º del C.P.. Así destacó, que el "criminis causa" es el homicidio en conexión ideológica con otro delito, se mata "para" o "por" otro delito. Aseveró, que de las pruebas analizadas en la primera cuestión, se llega a la conclusión de que el prevenido al menos comenzó la ejecución de un delito contra la integridad sexual de la víctima, destacando que Páez era conocido de la menor por su condición de vecino, es decir, que al haber cometido o al menos comenzar a ejecutar un delito de abuso sexual con extrema violencia al propinarle un golpe que le produjo una exfoliación dentaria, bien pudo haber tomado la decisión de matarla a fin de ocultar las huellas del injusto o evitar ser reconocido a posteriori.

En base a tales razonamientos, el tribunal, asertivamente concluyó que la conducta desplegada por el imputado, consistente en haber intentado acceder carnalmente a la menor Rocío Débora Anahí Ubilla, de quince años de edad, a quién posteriormente asesinó aplicándole puntazos con arma blanca que produjo heridas mortales en el corazón, se inscribe claramente en las previsiones del art. 80 inc. 7º del C.P..

En el presente, ha quedado acreditado que Páez mató por no haber logrado el fin que se propuso al intentar el otro delito -abuso sexual con acceso carnal-, como bien lo señaló el juzgador, fue el despecho causado por el fracaso de un intento criminal lo que motivó al imputado a eliminar a su víctima.

Con relación a la norma en cuestión, en primer término cabe destacar que el último supuesto contemplado en el art. 80 inc. 7º del C.P., tipifica el hecho de matar por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito. Es decir, que en este caso -a diferencia de los restantes supuestos- se exige que objetivamente se haya intentado un hecho punible. Consecuentemente, para que se configure la agravante es necesario que por lo menos el otro delito haya sido intentado -tentado-. En el presente, advierto que tal circunstancia, ha sido correctamente ponderada por el juzgador quien concluyó que el prevenido al menos comenzó la ejecución de un delito contra la integridad sexual de la víctima, un delito de abuso sexual con extrema violencia al propinarle un golpe que le produjo una exfoliación dentaria. A ello se suma, el estado de las prendas íntimas de la víctima y la posición y condiciones en que se encontraban al momento del hallazgo del cuerpo. Ello ha quedado constado a través del Informe de Reconocimiento de cadáver de Rocío Ubilla (fs. 552/554) -material probatorio debidamente incorporado a debate (fs. 1255 vta./1256)-, en donde se describe que la camisa de color blanca se encontraba desprendida hasta el tercer botón, poniéndose de resalto que el segundo botón estaba arrancado; y que el corpiño color rojo tenía un corte con elemento filoso en la parte superior delantera de ambos breteles, el cual se encontraba totalmente bajado del tórax hacia el abdomen. En el mencionado informe, los profesionales médicos intervinientes destacaron que ello constituye un indicio de violencia de la ropa íntima y de vestir de la víctima, como así, el hecho de que la bombacha de color azul (tanga) con ribetes en rojo estaba seccionada con elemento filoso del lado delantero derecho con la unión de la parte trasera, y que el pantalón colegial gris que vestía la víctima, se encontraba bajado, describiendo además, que en el muslo derecho la tela estaba desgarrada y la botamanga de la pierna derecha totalmente salida. Apreciaciones éstas que, a su vez se vislumbran con claridad en las placas fotográficas obrantes a fs. 245/253; 260/265.

En cuanto a la conexidad requerida, ella implica que existe una causa -en el sub-examine, no haber logrado el fin propuesto al intentar acceder carnalmente a la menor Rocío Ubilla- que lleva al homicidio. Alude al sentimiento de resentimiento, de frustración o de despecho del autor, frente al fracaso del delito intentado y debe ser éste, el que motive el homicidio. El delito tiene su origen en el fracaso, por ello la frustración del homicida que mata por no haber podido concretar el otro delito es por conexión. En este orden de ideas, estimo oportuno destacar, que en el homicidio criminis causa no existe un concurso de delitos, porque si bien nos encontramos ante la ejecución de dos hechos, la muerte de la víctima en conexión causal con el otro delito, estamos ante un tipo delictivo complejo, construido sobre la reunión de dos o más figuras delictivas autónomas, y en el caso, las figuras que lo integran -aquí, la tentativa de abuso sexual con acceso carnal-, son absorbidas por el tipo complejo, configurando en definitiva un sólo delito.

En sintonía con lo analizado, es pertinente expresar, que el homicidio criminis causa, si bien requiere necesariamente una vinculación subjetiva del homicidio con otro delito -reitero, que al momento de cometer el homicidio el autor esté expresamente motivado por el despecho ante el fracaso de su intento criminal-, no es necesario para la concurrencia de la agravante en cuestión, una preordenación anticipada, ya que la ley únicamente exige que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, pudiendo surgir el designio motivante de la conducta, sin una previa reflexión, como una decisión adoptada en el curso de la ejecución del hecho, tal como ocurrió en el caso bajo examen conforme lo sostenido en el desarrollo del fallo cuestionado. Digo ello, puesto que ha quedado demostrado que la primigenia intención de Páez fue abusar sexualmente de la menor de quince años, Rocío Ubilla, y ello ha sido plenamente probado conforme el análisis efectuado tanto del Informe de Reconocimiento de Cadáver (fs. 552/554), como así, del Informe de Operación de Autopsia (fs. 555/558) y de las Placas Fotográficas obrantes a fs. 245/253. La frustración del imputado Páez ante el fracaso de lograr el fin propuesto al intentar acceder carnalmente a la menor, motivó que aquél le aplicara con un arma blanca, un puntazo mortal en el tórax, a nivel del área cardiaca, provocándole así una hemorragia masiva la que desencadenó en forma casi instantánea en la muerte de la menor, lo cual ha quedado absolutamente constatado en el Informe de Operación de Autopsia (fs. 555/558), efectuado por médicos forenses de la Policía de la Provincia, quienes concluyeron que: "La causa eficiente de la muerte es traumática, producida por herida de arma blanca penetrante en hemitórax izquierdo con lesión cardíaca, hemorragia, hemotórax y shock irreversible".

En razón de lo precedentemente consignado, cabe concluir que en el caso analizado, el obrar doloso del acusado (destáquese que Páez ocasionó la muerte de Rocío, no sólo utilizando un elemento apto a tal fin, sino que además, el mismo fue aplicado en una zona vital, región cardíaca, provocando así el daño irreversible que fuera descripto) y los datos fácticos establecidos en el hecho acreditado, permiten calificarlo como homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7mo. C.P.).

Por último debo decir, que en el presente embate, los escasos argumentos del quejoso se limitan a cuestionar el encuadre jurídico aplicado por el tribunal a la conducta desplegada por su asistido (art. 80 inc. 7º del C.P.), aunque omite explicitar cuál es la calificación legal que estima correcta. No obstante ello, de los hechos contenidos en la sentencia se advierte, como se analizara, la existencia de las circunstancias modales reveladoras de alguno de los elementos subjetivos que contiene el art. 80 inc. 7° del C.P., lo cual amerita su aplicación.

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión planteada.

A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo: Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- A la Quinta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Juan Carlos Augusto Véliz, asistente técnico del imputado Manuel Oscar Páez. II) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). III) Tener presente la reserva del caso federal.- A la Quinta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Quinta Cuestión, el Dr.Cáceres dijo: Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Luis Raúl Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Juan Carlos Augusto Véliz, asistente técnico del imputado Manuel Oscar Páez. - 2º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 3º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada - 4º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos.- FDO.: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del Valle Sesto de Leiva - José Ricardo Cáceres - Ante mi: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-