Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-27


Y VISTOS Y CONSIDERANDO.

El doctor Horacio Raúl VIGLIANI dijo:

I- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos: a fojas 65 y 73/vta. del legajo por los contadores Jorge Renzi y Luis Ksairi respectivamente, y a fojas 69 por el doctor Casabal Elia, en representación de los otrora clientes de los citados peritos de parte, Joaquín Abentin y José Bartolucci La resolución atacada luce a fojas 60/64, y se fundamenta en el criterio ya expuesto por esta Sala en oportunidad de tener que resolver acerca de los emolumentos de los peritos contadores ad hoc" Rizzo y Bermúdez, del 25/6/93 -Reg.Nro.406-. Sucintamente, el mismo consiste en establecer como pauta valedera para fijar estipendios a profesionales, un sueldo y medio bruto respecto del que percibe mensualmente un perito de la Justicia Nacional. La cantidad resultante se multiplica por el tiempo en que los reclamantes han estado afectados a la tarea pericial encomendada. En dicho entendimiento la juez de grado dispuso regular en $145.629,56 los honorarios correspondientes a cada uno de los consultores técnicos por su actuación en la causa B-1427/93, cifra que será actualizada desde la fecha en que adquiera firmeza su pronunciamiento hasta el momento del efectivo pago.

II- Han de desbrozarse los distintos agravios expresados por los recurrentes, tomando en cuenta que son contestes en cuanto a la importancia, calidad y extensión del trabajo desarrollado que puntualmente se plasma en los escritos de fs.20/23 vta. y 24/27vta, el período de 39 meses y 15 días en que estuvieron avocados a la tarea pericial, y que a pesar de ser especialistas traídos a la causa en virtud de la atribución que concede a la parte el artículo 336 del Código Procesal en Materia Penal, es decir el nombramiento de peritos a su costa para acompañar a los que designe el Juez, no se habría llegado a un acuerdo particular con los comitentes respecto a la remuneración debida.

Los profesionales reclamantes fueron propuestos por Joaquín Abentin y José Bartolucci el 7 de setiembre de l987, habiendo aceptado sus respectivos cargos el 14 de ese mes y año- conf.fs.3265-.

Ha de reputarse adecuado el criterio de la señora juez de grado respecto a proceder al cálculo de los estipendios solicitados en esta instancia procesal, por aplicación analógica al Asubcaso" del artículo 347 del código ritual, cuya normativa acepta el cobro anticipado de los emolumentos por parte del perito oficial, aún cuando la causa no haya finalizado. Y es que a pesar de tratarse de consultores de parte , deviene injusto dilatar en el tiempo la posibilidad de que éstos accedan a una retribución por la labor efectuada, a resultas de las contingencias de una causa que se ha iniciado hace poco mas de catorce años (27/5/85), que está en trámite de plenario, máxime aún si se tiene en cuenta que los mencionados profesionales deben ser tratados equitativamente respecto a los demás especialistas intervinientes en la litis. Dicha circunstancia se torna relevante al advertir que los contadores Rizzo y Bermúdez designados ad hoc" por el a quo" ya cuentan con una determinación precisa a su favor desde el año l993.

III- Establecida la procedencia de la mentada regulación, resulta pertinente analizar las pautas mensurativas para efectuar su determinación.

Tratándose de peritos contadores la norma específica es el decreto ley 16.638/57 del 18 de diciembre de l957.

Ahora bien, a pesar de que el decreto 2284/91, ratificado por ley 24.307, ha establecido una derogación virtual de las declaraciones de orden público de aranceles, escalas o tarifas que fijan honorarios, la normativa citada supra" debe ser considerada orientativamente para la dilucidación del problema que se somete a decisión a partir de los recursos impetrados en el presente legajo.

En las actuaciones principales se investigan maniobras ilícitas que llevaron a la liquidación del entonces Banco de Italia y del Río de la Plata" en detrimento del erario estatal, más puntualmente se investiga la conducta de los directivos de la mencionada entidad por el presunto fraude que pudieron haber cometido en el traspaso de las deudas del Grupo Goleta" a sociedades incapaces de abonarlas.

El señor Fiscal estimó en su oportunidad que el monto del eventual perjuicio a las rentas de la Nación ascendía aproximadamente a U$ 200.000.000 -conf. dictamen de fs.11.053-. Pero esta situación no altera una premisa fundamental a partir de la cual ha de desarrollarse la exégesis, y es que en la especie no está involucrada una pretensión de índole resarcitoria, únicamente procedente para el supuesto en que se hubiese iniciado la acción civil paralela, sino que se está en presencia de una pretensión de naturaleza eminentemente punitiva en la que en todo caso se persigue la eventual aplicación de una pena, (en igual sentido, entre otras esta Sala in re: Figueroa Alcorta, G. s/reg. honorarios" del 21/5/99 - Reg.365). Por tal motivo, el juicio lejos está de poseer valor económico asignado para poder ser considerado como monto del proceso a los fines de aplicar la escala prevista por el artículo 3ro. del Dec.-ley 16.638/57.

En dicho entendimiento ha de tomarse para realizar una razonada derivación del derecho vigente según las circunstancias de la causa entre otros, los parámetros del artículo 6to., a saber: a) monto e importancia de los trabajos realizados, de injerencia probatoria fundamental para la especie. Así, una vez fijados los puntos sobre los cuales se debían expedir los expertos, fs.2309/12 y fs.3125, el 22 de setiembre de l987 se ordena comenzar con la labor pericial -conf.fs.3185-, la que se llevó a cabo mediante el intercambio de puntos de vista sobre los requerimientos de información, los elementos analizados y las conclusiones resultantes, fruto de reuniones organizadas entre todos los especialistas abocados a la causa. Como resultado de ello se fueron presentando informes suscriptos por los profesionales y anexos conteniendo la documentación respaldatoria, (fs: 3622, 3625, 3635/65; 3697/vta; 3922/3964; 4190/4201; 4203/vta.; 4393/4403; 4406/4410; 4411/4521; 4538/4539 vta.; 4540/4557; 4953/vta.; 4964/vta.; 4968/70; 5187/5188 vta.; 5316; 5439/5445; 6012/6016; 6206/6488; 7007/7187; 7491/7494; 7495/7565; 7670/8648; 8652/8653; 8654/8656 vta.; 8658/8667; 8709/vta.; 8727/8732 vta.; 8738/8749 vta.; 8750/9876; 9036; 9038/9047 vta.; 9086/9099; 9101/9244; 9386/vta.; 9388/9403; 9404/vta.; 9405/9411; 9700/vta.; 9709/9819; 9820/9837; 9847/9851; 9852/9867; 9882/9942 vta.; 9946/10107; 10129; 10132/10151 vta.; 10152; 10165/10167; 10168/10169; 10173/10486).

b) la complejidad y el carácter de la cuestión a analizar, circunstancia que fuera advertida desde los albores de la pesquisa por el entonces juez instructor, quien determina la necesidad de producir un informe pericial contable conjunto, a realizar por peritos oficiales y otros designados Ad hoc", en atención..." a la complejidad del tema y a lo específico de la negociación bancaria"-conf. fs. 2311 vta.-, con la existencia de multiplicidad de fuentes de información.

c) trascendencia moral y económica que para las partes reviste la cuestión en debate. Los encartados están acusados, según se desprende de los puntos 5 y 6 del libelo presentado por el representante del Ministerio Público, como coautores responsables del ilícito de subversión económica por conducir a la liquidación y quiebra de una entidad y causar perjuicio a la economía nacional, o en su defecto del de administración fraudulenta (arts. 45 y 173 inc. 7 del C.P. y art. 6 párrafo 1, apartado b) del 2 párrafo y apartado a) del 3 párrafo de la ley 20.840), -conf. fs.13.991 vta.-.

Los extremos legales apuntados serán conciliados asimismo con el hecho de que la tarea técnica encomendada fue de elaboración compartida por encargo de una misma parte comitente, y a su vez, como se adelantara, en casi todos los informes parciales presentados, las conclusiones elaboradas resultan ser el producto de una meticulosa labor realizada conjuntamente con otros especialistas traídos a la causa, ora por la actividad del tribunal- caso de los peritos Robles, Curat, Rizzo y Bermúdez , ora por el resto de partes involucradas- caso de los contadores Campos; Sruber; Martoc; Stalla; Casanovas; Outerial y Cilley .

Por último, se meritua el principio jurisprudencial según el cual los honorarios de los peritos deben guardar adecuada proporción con los que le correspondan a los demás profesionales intervinientes (C.N.FED Contencioso administrativo, Sala III," Peter Cremer argentina S.R.L. s/Elma S.A." del 20/3/97; E.D.t.ll0-705 ptos. 22 al 25), de explícita receptación en los artículos 10 y 13 de la ley 24.432. En tales previsiones se otorga a los jueces la facultad de fijar los estipendios profesionales a peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la justicia, apartándose de la aplicación estricta, lisa y de sus respectivos aranceles, cuando ésta pudiese ocasionar una solución desproporcionada.

Como ya se ha dicho, se está en presencia de una relación introducida en la litis merced a la nominación potestativa de la parte, que a fin de resguardar su legítimo derecho de defensa, vislumbró la necesidad de traer especialistas que controlaran y colaboraran con la actividad del perito designado de oficio por el tribunal, en ámbitos ajenos al específico saber jurídico.

. Una vez más ha de señalarse que los aquí recurrentes no se habrían puesto de acuerdo respecto al monto en que debía justipreciarse la actuación de los contadores, decisión que ha quedado en cabeza de la magistrado de grado, encargada de adecuarlos, resguardando la debida proporcionalidad con el resto de las remuneraciones asignadas a los demás profesionales participantes.

Esta regulación judicial sólo tiene la virtud de efectuar el reconocimiento y la cuantificación del derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional (C.S, abril 1997 Bula, Carlos c/Bonaudi, Próspero") En dicha inteligencia, no parece descabellado hacer lugar al razonamiento seleccionado por la a quo", y ya aplicado para los peritos contadores designados Ad hoc", de modo tal de contar con un parámetro numérico concreto además de los ya mencionados en los acápites precedentes.

Ha de tomarse una vez y media el sueldo bruto que cobra mensualmente un perito oficial con usufructo de la retribución por título habilitante -confrontar a tal fin certificación de fojas 105 de esta incidencia-,($ 3.236 + $1.618 = $ 4.854), fundándose en el hecho de que los expertos de la Justicia Nacional ven incrementado su salario con otros rubros, que por lo personal-por ejemplo la antigüedad en el cargo- no son aplicados a la especie. La cifra apuntada se multiplica por el tiempo que duró la tarea pericial encomendada desde que aceptaron los respectivos cargos, hasta la presentación del correspondiente informe, es decir por 39 meses y medio ($191.733), la que para este caso particular, será considerada integralmente con el convencimiento de que de este modo se está salvaguardando el derecho a la justa retribución, evitando privar a los expertos de derechos incorporados a su patrimonio como consecuencia de las tareas realizadas. Recuérdese una vez más, que la participación de los profesionales a estas actuaciones fue facultativa, a propuesta de Abentín y Bartolucci, a fin de que realizaran una labor técnica de honda significancia moral y económica para sus intereses, y que como contrapartida, sin duda alguna los encartados han debido representarse que los contadores desarrollaban normalmente su actividad en forma independiente, en el ámbito privado, donde naturalmente se generan riquezas superlativamente mayores a las producidas en la actividad estatal.

IV- Resta referirse a la pretendida actualización monetaria mencionada por la Magistrado de grado, declarando su improcedencia, ya que las sumas comprometidas únicamente devengan intereses, los que deben ser calculados de acuerdo a la tasa pasiva que fija el Banco Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento, desde que éstas quedan firmes y hasta la fecha de su efectivo pago, (C.S.J.N.: "Y.P.F. c/Provincia. de Corrientes- L.L.1992, pag.242).

Por las razones expuestas antecedentemente, voto por CONFIRMAR la resolución que luce a fojas 60/64 de la presente incidencia en cuanto dispone regular los honorarios profesionales a los peritos de parte, contadores Jorge Luis Ksairi y Luis Angel Renzi, incrementando la cantidad fijada a cada uno de ellos a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 191.733), por su desempeño profesional en las actuaciones principales., las que devengarán intereses del modo dispuesto en el considerando IV, (Arts 336 y 347 del C.P.M:P:, Art. 6 dec. ley 16.638/57 y Arts. 10 y 13 de la ley 24.432).

Los doctores Horacio CATTANI y Eduardo LURASCHI dijeron: I) Coincidimos con la solución propuesta por el colega preopinante, con relación a la determinación anticipada de los emolumentos que corresponde abonar a los peritos de parte Luis A. Renzi y Jorge Luis Ksairi, por aplicación analógica del artículo 347 del Código de Procedimientos en Materia Penal, que establece esa posibilidad para los peritos de oficio, por los fundamentos vertidos en su voto.

II) Con relación a la normativa aplicable al caso debe afirmarse que tal resulta la ley 16.638/57, regulatoria de la actividad de los profesionales en Ciencias Económicas al momento de presentar el peritaje contable agregado en la causa, el 17 de diciembre de l990, pues la adopción de un criterio contrario afectaría derechos amparados por garantías constitucionales. Esta solución es coincidente con la que sostuviéramos en la causa nro. 14.572 Incidente de regulación de honorarios de Cao Fernández, José", reg. nro. 16.082. Rta. 16/12/98 y sus citas, y más recientemente, en causa nro. 15.772 Incidente de regulación de honorarios de Leomagno, Eduardo y Musmarra, José Angel", reg. nro. 16.808, rta. 9/9/99, ambas de Sala II.

III) A la luz del marco regulatorio consignado puede sostenerse que el caso encuadra en las previsiones del artículo 6 de la mencionada ley 16.638/57. Esta norma prevé el supuesto de juicios que, por su naturaleza, carecen de monto determinado para establecer el porcentual correspondiente, de modo que en reemplazo de tales porcentuales remite a pautas hermenéuticas tales como el monto e importancia de los trabajos presentados; la complejidad y carácter de la cuestión planteada y la trascendencia moral y económica que para las partes reviste la cuestión en debate.

Tal criterio nos lleva a discrepar con la utilización de un parámetro numérico concreto - tal como el propuesto por el colega que antecede en votación-, además de las pautas legales ya mencionadas, para garantizar la debida proporcionalidad de las remuneraciones asignadas con los demás profesionales actuantes.

En este sentido, el principio de igualdad ante la ley y de propiedad se ven resguardados, precisamente, por la utilización de los parámetros legales invocados, sin recurrir a otros elementos ajenos que carecen de justificación frente a la existencia, justamente, de tales previsiones.

En situaciones análogas a la presente el Máximo Tribunal ha considerado como elementos de análisis válidos la índole de la labor cumplida, la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa y la calidad, eficacia y extensión del trabajo. Estas pautas permiten acotar los montos de regulación en supuestos en que, la aplicación mecánica sobre la base patrimonial de los distintos porcentajes contemplados en las leyes arancelarias específicas para cada profesión, en función del interés pecuniario comprometido en el juicio, importen una suma exorbitante (C.S.J.N. Provincia de Santa Cruz v. Estado Nacional", J.A.. III-1998-5 y sus citas).

De modo que cualquier parámetro rígido ajeno a los enunciados, es decir el m arco regulatorio legal y el criterio de la Corte Suprema en la materia, carece de justificación en la determinación de honorarios profesionales.- IV) En función de lo dicho, y aplicando ya el artículo 6 de la ley 16.638/57 en cuestión, puede sostenerse que el monto e importancia de los trabajos presentados debe apreciarse en los distintos informes agregados a la causa, con la documentación respaldatoria anexa- que en su totalidad suman unas 2700 fojas aproximadamente- fruto de distintas reuniones organizadas entre todos los especialistas, durante más de tres años.- No se puede evitar una mención a la materia que constituye el eje de la investigación en la causa, cual resulta la conducta de los directivos del entonces denominado Banco de Italia y Río de la Plata" por presunto fraude en perjuicio del erario estatal, mediante el traspaso de deudas del Grupo Goleta" a sociedades incapaces de abonarlas. La entidad bancaria en cuestión fue una sociedad anónima constituida en el país el 14 de junio de 1872 y funcionó como banco comercial privado local de capital nacional, con más de ochenta sucursales en todo el país, dos mil empleados aproximadamente, un importante volumen de depósitos e, inclusive, sucursales en el exterior (Génova, Turín, Milán, Nápoles y Roma) y casas bancarias en la República Oriental del Uruguay (Casa Bancaria Pecar", que luego se transformaría en Banco Italia y Río de la Plata S.A. del Uruguay, cfr.fs.13.712/13.716). Todo ello hasta el 11 de diciembre de l987, oportunidad en la que el Banco Central -por resolución del Directorio nro. 841- dispuso revocarle la autorización para funcionar, su liquidación extrajudicial y solicitar la declaración de su quiebra.- Tales antecedentes permiten delinear la complejidad y el carácter de la cuestión a analizar y la trascendencia moral y económica que para las partes reviste la cuestión en debate.

Desde otra perspectiva, no puede dejar de mencionarse que a la fecha los autos principales se encuentran en pleno trámite, de modo que aún no se ha arribado a un pronunciamiento definitivo que autorice a evaluar la importancia del peritaje en la solución del caso. Esta circunstancia, por sí, también resulta relevante en la cuantificación de los honorarios.- Por todo ello, aplicando las pautas de mensuración ofrecidas por la norma regulatoria correspondiente y el criterio expuesto por el Alto Tribunal, consideramos adecuado fijar los honorarios de Luis A. Renzi y de Jorge Luis Ksairi en la suma de ciento diez mil pesos, para cada uno de ellos, con más los intereses señalados en el voto que antecede- En mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución que luce a fojas 60/64 de este incidente en cuanto dispone regular honorarios profesionales a los peritos de parte, contadores JORGE LUIS KSAIRI y LUIS ANGEL RENZI, REDUCIENDO su monto a CIENTO DIEZ MIL PESOS ($110.000) para cada uno de ellos, por su desempeño profesional en las actuaciones principales, las que devengarán intereses del modo dispuesto los considerandos, (artículos 336 y 347 del Código de Procedimientos en Materia Penal y art. 6 dec.ley 16.638/57).

Regístrese, hágase saber y devuélvase.