marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lavado de activos, sentencia condenatoria, juicio abreviado, viaje al exterior, reconocimiento de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: Menez, Oliver Manuel  c/  s/ inf. art. 303, inc. 3 y 4 CP
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-07

Debe condenarse al imputado, a tenor del acta de juicio abreviado, como autor del delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de darles apariencia de un origen lícito (arts. 45 y 303, apartados 3° y 4°, del CP), habida cuenta que reconoció haber intentado extraer, mediante un vuelo internacional, una suma de dinero que no había sido declarada y ocultada al servicio aduanero, y que fue hallada en el interior de su equipaje despachado y dentro de la ropa que vestía, cuyo origen era espurio con el fin de darle apariencia de origen lícito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, despido indirecto, extinción del contrato de trabajo, injuria laboral, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIBLES, MIGUEL NORBERTO c/ TRANSPORTE EL TUTI S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

No resultan admisibles los reparos del ocurrente por los que critica al Tribunal por no haber otorgado legitimidad al autodespido operado, pues el compareciente no logra refutar lo sostenido por la Alzada en la denegatoria en torno a que no se comprobaron en autos las causales invocadas por el accionante para dar por extinguida la relación laboral, recalcando que era a su parte a quien le incumbía demostrar las mismas toda vez que fue quien dio por finalizado el vínculo.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, personal jerárquico
Materia: LABORAL
Carátula: CRESPO, DOMINGO R. c/ EXTINCION SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-11-26

Cuando quien ocupa el cargo de jefe del departamento de comercialización de una empresa, y organiza la gestión de ventas, concreta a la vez operaciones con ciertos clientes es difícil establecer cuál es la actividad principal y cuál la accesoria.

Normalmente, la tarea de conducción del área, de determinación de políticas o de supervisión, será la más importante de las cumplidas por el trabajador, pués ello está implícito en la naturaleza jerárquica de su función. Es posible, sin embargo, que tales jefaturas no respondan a la realidad, o que por la precaria organización de la empresa, el gerente o jefe no sea otra cosa que un vendedor, pero tal circunstancia excepcional debe ser invocada y debidamente acreditada.
Consumidores, proveedor, daño punitivo, procedencia del recurso, carácter objetivo, derechos subjetivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sagripanti, Rigoberto José c/ Telecom Argentina S.A. s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-13

La procedencia del daño punitivo está ligada a supuestos de un daño o potencialidad de daño de particular gravedad (requisito objetivo), calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito (requisito subjetivo). Tal conducta deliberada y perjudicial para el actor debe aparecer nítida en el caso, ausente de una respuesta oportuna y útil que haya permitido la inmediata continuidad del servicio. En definitiva, no basta con el mero incumplimiento, ni un daño causado al consumidor.
Admisibilidad del recurso, monto del juicio
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniería Gastronómica S.A. c/ Dirección General de Rentas (Res. nº 5277/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR Rentas (Res. nº 5277/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

Resulta improcedente incluir a la multa en el concepto de "valor disputado" a los efectos de admitir formalmente el recurso de apelación ordinaria ante este Tribunal. La multa dictada en el marco de un procedimiento tributario es una sanción ante una conducta reprochable del contribuyente, y como tal tiene una finalidad eminentemente represiva: castigar al infractor y que ello sirva como ejemplo a los demás contribuyentes. Justamente allí radica su diferencia con los intereses, instituto de naturaleza claramente resarcitoria, ya que su única finalidad consiste en reparar el perjuicio sufrido por la Administración Pública, por verse privada de utilizar las sumas debidas. En consecuencia, la imposición de una multa fiscal nunca puede tener por finalidad recomponer el patrimonio estatal agredido. Dicho objetivo se logrará con el pago por parte del contribuyente infractor del capital adeudado más los intereses resarcitorios y/o punitorios contemplados en las normas fiscales.
Elevación en consulta, habilitación de instancia, falta de requerimiento de instrucción, actuación de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: JUZGADO NACIONAL DE  ROGATORIAS s/ CONSULTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

Como ya lo he afirmado no ha previsto la ley ningún recurso que habilite la instancia, de modo que nada debe decir el Tribunal sobre el punto en cuestión. Por ello, no cabe otra alternativa que aceptar que ante la falta de requerimiento fiscal, no compete al juez de la causa actuar de oficio, ni a esta Alzada conocer sobre el fondo del asunto, art. 180 y cc., C.P.P. (Disidencia del Dr.

Donna)
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, delitos de mayor gravedad
Materia: PENAL
Carátula: Chammah, Sergio Mauricio y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02

Si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro, debe - a los efectos de establecer el término de la prescripción- estarse al de mayor gravedad en el incidente de prescripción, sin perjuicio que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces, y recién allí, la prescripción de la acción, luego del debate en que las partes hayan tenido la oportunidad de probar y alegar sobre las características del suceso para darle uno u otro encasillamiento legal, ya que, de adverso, podría prescribirse una causa por un hecho que a la postre se hubiere podido probar fehacientemente que era un delito más grave a cuyo respecto no había corrido el término para ese beneficio, impidiéndose así, arbitraria e ilegalmente, su juzgamiento. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Ley de empleo, promulgación de la ley, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Goro Guerra, Luis A. c/ Inst. Dante Alighieri s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley Ojeda, Roberto Miguel c/ Editorial Río Negro S.A. s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley Barragan, Ricardo c/ Corporación de Productores de fruta de Río Negro (CORPOFRUT) s/ Despido y cobro de haberes s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-03-26|1997-04-11|1997-04-30

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante sentencia del 20-08-96, revocó la decisión adoptada por el Superior Tribunal provincial en los autos "Bustos"; y dispuso la remisión de las actuaciones a los fines del dictado de un nuevo fallo con arreglo a los lineamientos que en aquélla se expresaban. En esa resolución, el máximo Tribunal de la Nación señaló, siguiendo su propia doctrina ("Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini Carlos ", del 5-4-95) que "...de conformidad al antiguo art. 72 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo se encontraba facultado para promulgar una ley en forma parcial, supeditando la validez de tal promulgación a que permaneciese inalterado el objeto central de la norma, de forma que las partes observadas pudiesen escindirse del texto del proyecto sancionado por el Congreso, sin detrimento de aquél".

Asimismo, y de acuerdo al voto de la mayoría, el citado Tribunal asumió la tarea de efectuar tal determinación puntual en lo tocante a la ley 24013, pronunciándose por la constitucionalidad de la misma. (Del voto del Dr. Leiva sin disidencia).
Ley de empleo, empleo no registrado, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Haro, Noelia Isabel c/ Ojeda Muñoz, Antonio y/u Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-16

Para que pueda considerarse cumplida la intimación del artículo 11 de la Ley 24.013, ésta debe ser fehaciente, haber sido remitida por el trabajador e incluir la indicación de la fecha real de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar la inscripción como defectuosa.
Concursos, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo, compensación, ejecución de créditos laborales, adjudicación, liquidación
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Vanar SA c/  s/ quiebra s/incidente de venta de san luis
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-31

Cuando, como en el caso, la magistrada de grado dispuso que la compensación autorizada por la LCQ 203 bis alcanza a los créditos laborales previstos por los arts. 241-2° y 246-1° de la citada ley; y en función de ello, y previo a disponer la adjudicación de los bienes a la cooperativa, requirió al síndico que presente un informe nominal de los créditos con privilegio especial y general reconocidos a los cooperativistas, liquidando los réditos en los términos del art. 242-1°; en ese marco, en el caso, la liquidación practicada por el síndico, no puede ser aprobada. Ello por cuanto se tomó como punto de partida para el cálculo de los intereses la fecha del decreto de quiebra, la cual no necesariamente coincidirá, en todos los supuestos, con la fecha de mora; debiendo en su caso el síndico precisar adecuadamente lo que corresponda en relación a ello. En función de lo señalado, deberá practicar una nueva liquidación, a los fines de evaluar la compensación pretendida por la cooperativa, calculando los intereses de los créditos con privilegio especial y general verificados en la quiebra, en ambos casos, por el plazo de dos años desde la mora. Asimismo, deberá emitir opinión respecto a si al calcularse los créditos laborales comprendidos se respetó lo establecido en el art. 203 bis en cuanto a que el resultado sea "el más favorable a los trabajadores"; es decir el que más los favorezca entre lo previsto por la LCT 245 y los estatutos, convenios o contratos que allí se mencionan, obligación legal que no se aprecia cumplida. Ello, no implica desconocer el derecho que tienen todos los acreedores laborales de percibir los intereses de sus créditos hasta el efectivo pago (LCQ 129), más allá de que sólo pueden ser considerados a los fines de la compensación, de conformidad con lo previsto por la LCQ 203 bis, aquellos amparados con privilegio especial y general (art. 242-1°) y con privilegio general (art. 246-1°); sin que obste a ello que los intereses de los créditos laborales con privilegio general no cuenten con asiento específico en tanto la ley sólo prevé ese reconocimiento a los efectos de establecer el importe con el que se podrá requerir la compensación.
Astreintes, déficit cero, emergencia económica, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: BONIFACE, GUSTAVO Y OTROS c/ A.G.P. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-12

Con referencia a la aplicación de las leyes 25344 y 25453 a la deuda por astreintes es necesario señalar que debe aplicarse por analogía lo decidido por la CSJN en autos: Iturriaga, Ernesto C/ Bco, Central de la R.A. del 27/2/97 (Fallos 380:186). Por ello cabe concluir que las normativas citadas no abarcan obligaciones emergentes de sanciones impuestas por los jueces en ejercicio de las facultades que les acuerda el art. 37 del CPCCN, ya que de lo contrario, el instituto creado como vía legal de compulsión para que el deudor procure al acreedor aquellos a que está obligado, quedaría desnaturalizado y se neutralizarían sus efectos.
Expropiación irregular, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goya, Gregorio Horacio c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Pefaure, Pablo Marcelo y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa Ustariz y Cía. Ltda. S.A.C.I.F.A. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación indirecta Alvarez de Echeverry Boneo, María Angélica c/ Empresa Social de Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Servidumbre de electroducto Gallastegui, Mariano y otra c/ Empresa Social de Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Servidumbre administrativa de electroducto Staudt, Juan Pedro Guillermo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa Hinojo Chico S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07|1994-07-26|1996-04-09|1997-03-18|2000-09-20|2001-05-30|2003-12-23

La prescripción de la acción expropiatoria inversa no causa lesión al derecho de propiedad (arts. 17, Const. nac.; 31, Const. prov.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Bernal, Horacio Martín s/ Robo calificado por empleo de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 150 y 252 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- si el apelante no ha acreditado que el testigo impugnado adolezca de la inhabilidad que alega.
Poder Judicial, facultades del Poder Judicial, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Galván, Renée c/ Electroquímica Argentina S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-30

La magna labor de administrar justicia no se basa en la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que nadie está sobre ellas, siendo que nuestra Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para que las soluciones sean previsibles, todo lo cual esta Corte debe hacer respetar porque constituyen un elemento de la garantía constitucional del debido proceso (Disidencia parcial del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Deberes y facultades del juez, providencia simple, subrogancia del juez, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: P., M.J. y Otros c/ Municipalidad de Esquel s/ Amparo s/ Incidente de Recusación con causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-07-30

"La firma de providencias de mero trámite, como Juez subrogante de primera instancia, no constituyen una razón suficiente que impida al Magistrado intervenir en este proceso, pues, no se advierte que tal circunstancia tenga suficiente entidad como para crearle un clima de violencia moral, perturbándolo en su serenidad o inquietándolo en su conciencia, es decir, como para que le apareje un verdadero escrúpulo, lo cual caracteriza a los motivos graves de decoro o delicadeza a los que se refiere el art. 30 del CPCC".
Honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

Los intereses deben ser computados en la base regulatoria tanto en los casos en que media una sentencia de condena como en los que se rechaza la pretensión, ya sea en los procesos de conocimiento como en los ejecutivos (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Pensiones, acción de nulidad, prueba, procedimiento administrativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARCE DE DESILVESTRE, Cayetana Estela c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

La acción de nulidad prescripta en el art. 3 del Decreto 166/89 debe plantearse en sede administrativa, ámbito donde se alegará y demostrará el derecho que se invoca, dándose intervención al beneficiario cuyos derechos se cuestionan.
HIPÓDROMO DE PALERMO, poder de policía, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, concesión comercial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-17

Sobre el predio donde se asienta el Hipódromo de Palermo existen facultades concurrentes entre la Ciudad y el Estado federal: el GCBA sobre las condiciones de seguridad del predio, entre otras, y el Estado nacional, en su carácter de concedente de la explotación, sobre el cumplimiento del contrato de concesión. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier, al que adhieren los Sres. Jueces Ana María Conde y José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Indemnización tarifada, constitucionalidad, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo Britez, Primitivo c/ Productos Lipo S.A. s/ Art. 1113. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06|2001-06-06

La declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 supone que las prestaciones previstas resultan irrazonablemente inferiores a la indemnización que eventualmente le correspondería al trabajador de acudir por la vía del ordenamiento civil, determinación que no puede realizarse sino al momento de dictar sentencia definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prenda con registro, ejecución prendaria, intimación de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: BBVA BANCO FRANCES SA c/ PEREYRA, MARCELO s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-27

Resulta procedente intimar al deudor prendario a poner a disposición del tribunal el bien gravado, indicando expresamente el lugar donde se encuentra y su estado, bajo apercibimiento de pasar las actuaciones a la justicia penal, a fin de que investigue el posible delito tipificado en la ley de prenda, art. 45 de la ley 12.962, arg. 39 y 45 inc. c, texto según decreto 897/95, toda vez que en el trámite de secuestro prendario, el cometido jurisdiccional sólo concluye en la ocasión de entregarse el bien afectado al acreedor, para su ulterior enajenación extrajudicial (Gomez Leo-Coleman, "Nueva Ley de Prenda con Registro - decreto 897/95", p.

111, apart. 1 b), lo cual -en el caso- no aconteció.
Recurso de casación penal, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MINETTO ANGEL ALBERTO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-04

Si se pone límite al poder del tribunal de alzada de controlar la validez de las sentencias dictadas por el inferior, desde el punto de vista legal y lógico, fundado en razones de política legislativa -la labor de los tribunales o cualquier otro argumento jurídico-se contradice invariablemente una de las finalidades de la ley penal, tanto sustancial como formal, que consiste en recomponer el orden social alterado por el delito devolviéndole su regularidad anterior. Pero para que aquel se alcance es necesario que todos los ciudadanos sometidos a proceso, sin excepción de alguna clase, gocen de los mismos derechos para ser eventualmente declarados culpables o inocentes. Esta realidad se vería esencialmente alterada si a una persona se le permite que un tribunal de alzada eventualmente declare su inocencia en tanto a otro se le priva de tal derecho bajo la invocación de que la pena es poca, como si la situación nada menos que de delincuente, sustancialmente variara en uno y otro caso. Nadie podrá dudar sobre la afrenta social que la declaración de delincuente produce y, si esto es así, la fama y la honra de los ciudadanos quedarían absolutamente desprotegidas con el consiguiente perjuicio para el inculpado por un lado y para la sociedad para el otro -en tanto no conocer a como lo conocería en el caso de un encartado condenado con pena de mayor gravedad-si en su seno alberga a un culpable o a un inocente; de allí que no resulta ocioso recordar que la constitución no ha despojado al hombre de los medios de defender su honra (González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina (1853-1860), Ed. Estrada, Bs. As., pág. 197) y por ello, no pueden quedar abandonados a su suerte si los únicos reos definitivamente sean los condenados a menor pena. (Voto en disidencia de la Dra.

Kaller de Orchansky).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Marta Beatriz s/ Lesiones graves reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 337 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-, si el recurrente no demuestra que la Cámara transgrediera dicha norma al no admitir la producción de prueba solicitada.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R O s/ AUTO DE PROCESAMIENTO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 976-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Si bien el recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad incoado adolece de numerosos defectos y, en consecuencia, no cumple estrictamente con los requisitos establecido s legalmente para franquear, en principio, la vía intentada; no lo es menos que, en la ocasión, se presenta una hipótesis de "gravedad institucional" extrema de modo que todos los obstáculos procesales se ven superados por la magnitud de la arbitrariedad suma en que incurre el auto dictado por la Sala subrogante, y habiendo sido invocada oportunamente por el Fiscal de Cámara, debidamente probada y, asimismo, seria y correctamente fundada, con demostración inequívoca de que ella se ha producido; se está ante una circunstancia realmente excepcionalísima que justifica la apertura de la queja dados los antecedentes y los intereses institucionales en juego. Los mismos autorizan la dispensa de los requisitos formales correspondientes. DE LA DISIDENCIA DEL DR. ULLA.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bustos, Elba Aída y otros c/ Propietarios y/o Consorcio de Copropietarios s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

No resulta de aplicación el art. 1069 del Código Civil en los supuestos en donde resulta condenado un consorcio de copropietarios, reglado por la ley 13512, destinado a oficinas y negocios.
Despido, daño moral, dolo del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: FRAGAL  S.A.C.I.F. c/ QUIROGA, ESTHER s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-27

Para que se configure el daño moral en el despido y se indemnice con una suma superior a la tarifada en la ley de contrato de trabajo, es necesario que haya existido una conducta adicional del empleador ajena al contrato, de naturaleza dolosa.