Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-17


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los días del mes de abril del año dos mil trece, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia Noemí Alonso, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A., C. O. c/R., E. F. y Otra s/DEMANDA LABORAL (Indem.)", expte. nro. 510 año 2012, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral nro. 1 (expte. nro. 4307/07), y atento al resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 591), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Fernando Nahuelanca, Dra. Silvia Noemí Alonso, Dr. Julio Antonio Alexandre.-	Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 565/572? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Fernando Nahuelanca, dijo:

La sentencia, de fecha 3/2/2012, se dicta a fs. 565/572, por la que se hace lugar parcialmente a la demanda y condena solidariamente a los codemandados E. F. R. y a Inmobiliaria R. P., a pagar en 10 días a la parte actora C. O. A., la suma de $ 20.100, con los complementos de ley. Impone las costas a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Apela la demandada bajo apoderamiento letrado a fsñ.574 y a fs.575 se concede el recurso.

En los agravios (fs.577/582), comienzan transcribiendo la parte del fallo donde determina cual es la trabazón de la litis y establece los principios del art.23 L.C.T., con lo que se se agravia la apelante porque la declara en un marco preliminar "un tanto liviano y mucho más arbitrario", sosteniendo que no existen hechos demostrativos que demuestren la relación laboral, en tanto que de las pruebas de convicción, las testimoniales de su parte en modo alguno se desprende que el Sr. A. trabajara en relación de dependencia de su parte. Argumenta lo que estima relato lógico en torno a su actividad, los clientes que se vinculaban a su actividad, pero que en caso de necesitar trabajos concretos, la relación concreta se establece entre los propietarios y el realizador de los trabajos. Rechaza en consecuencia la conclusión de la sentencia extrayendo de allí la presunción. Se agravia asimismo se tome como presupuesto favorable la documental de las sucesivas fojas que cita, cuando se trata de recibos no confeccionados a favor de R. Niega que el principio laboral de la interpretación a favor del trabjador no juega en materia probatoria. Se agravia de adoptarse los reconocimientos provenientes de las posiciones B y C, las que sostiene extendidas con error tipeo y que la sentencia extraiga conclusiones de la posición I, que la propia Sra. Juez decidió no tomarla. Sostiene que en materia de la prueba de confesión se verifica la tendencia a la no admisión de tal medio probatorio, especialmente cuando las posiciones están concebidas de un modo que las tornan artificiales y que en definitiva la regla de oro que la confesión es la reina de las pruebas, no es tan confiable en el procedimiento laboral.

Señala la jurisprudencia que entiende que la confesión ficcionada no puede superar la verdad objetiva y debe correlacionarse con las restantes pruebas de la causa. Se agravia además de los entendimientos del fallo respecto al intercambio epistolar y por su encuadre en el art.242 L.C.T., sosteniendo por otra parte como sin fundamento el pago de remuneraciones e indemnizaciones ordenadas en los autos y destacando que impugnó la pericia, que se realizó sin perjuicio del desconocimiento de la existencia de la relación laboral. Impugna asimismo la imposición de los intereses, la tasa y las costas, sosteniendo que los intereses deben computarse desde que acaeció la sentencia y que apela por altos tanto los intereses como las costas. Que si no se revocara la sentencia peticiona se tenga en consideración el monto de la condena resultante de la pericia contable de fs.519. Reserva el caso federal.

Análisis de los agravios.

Los agravios de la parte demandada, si bien sigue los fundamentos de la sentencia, pretende dirimir el rechazo de la demanda con los primeros considerandos del fallo y principios que cita a partir del art.23 L.C.T., donde lógicamente hasta allí, o con las testimoniales rendidas en juicio que contaron con los servicios de A., pero desconocen el vínculo de éste con la demandada, puede recrear conceptos sobre pruebas equívocas y concluir que se trata de un examen preliminar y arbitrario. Asimismo cuando minimiza el significado de los recibos que si bien otorgaba el actor A., eran a nombre propio y no a favor de R. o su empresa.

Pero todas las defensas opuestas quedan desvirtuadas y las pruebas señaladas adquieren su sentido cuanto la sentencia aborda la prueba confesional de fs.294/295vta., entre otras las posiciones B y C, que importaron en forma directa, lisa y llana el reconocimiento de la relación laboral invocada por la actora con la demandada y que recibía una retribución por la actividad que realizaba, conclusión específica admitida por el segundo párrafo del art.415 Ley XIII N° 5 y que cita el fallo a fs.569vta. Las dos posiciones resultan en sí mismas contundentes, de imposible admisión de un error de tipeo como se ensaya, pues importaría la interpretación desfavorable prohibida por el art.9 L.C.T., versión Ley 26.428, que incorpora el principio de interpretación que se decidirá en el sentido más favorable al trabajador. Es claro por otra parte que el acudimiento de la sentenciante a la posición I del pliego que había desestimado a fs. 295, no era propio y además innecesario como lo hace a fs. 169 al final. Es que la observación carece de entidad, a poco que se advierta que la procedencia total de la demanda quedó sellada por la incomparecencia de la demandada a la absolución de posiciones, con lo que quedaron confesas a tenor del art.421 Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico (fs.296, cuyo pliego obra a fs.291 (pliego en el sobre, sin explicaciones de su deterioro), con posiciones determinantes de la dependencia de la actora, modalidades de la relación y retribución que percibía.

La supuesta inclinación de la jurisprudencia sobre la posición desfavorable sobre la regla interpretativa a favor del trabajador o a la implicancia de la "confesión ficta", carece de procedencia frente a las normas expresas que la legislan, en tanto ninguna de las constancias del juicio tornan inverosímil el reconocimiento otorgado por la propia demandada o por los hechos personales que se le atribuyen o existencia de prueba en contrario.

Los alcances resultantes comportan el rechazo a que no sea lógico ni razonable el encuadramiento resultante del art.242 citado por el fallo ya que se prueba la relación laboral, como los rubros demandados y liquidados por la actora a fs.18, no impugnados en si mismos por la demandada, en tanto el fallo de oficio excluye un rubro liquidado por dos veces. Tampoco tiene agravio respecto a la tasa de interés, peticionada por la activa al demandar y no cuestionada al contestarse la demanda, quedando excluída la reinserción de los resultados de la pericia contable, en su oportunidad impugnados por la recurrente, pero en todo caso inaplicables porque los mismos resultan ajenos a las consecuencias jurídicas de la trama litigiosa.

Respecto a las costas y no prosperando el recurso interpuesto, va de suyo la confirmación de las impuestas en primera instancia, como asimismo corresponden en esta Alzada por imperio del art.57 Ley XIV N° 1 del Digesto Jurídico, ajustándose a derecho las regulaciones de honorarios fijadas en porcentuales en la primera instancia, conforme con los arts.5, 6, 8, 9 y concords. de la Ley XIII N° 4 del Digesto cit.

Para regular honorarios en esta Alzada, teniendo en consideración el mérito del trabajo profesional y su resultado, normas arancelarias citadas y lo previsto en el art.13 de la misma ley, propongo los honorarios conjuntos del Dr. R. C. A. R. y de la Dra. C. A. M., en el 25% de los que corresponden por su parte en la primera instancia.

A la segunda cuestión el Dr. Fernando Nahuelanca dijo:

Voto: 1) Rechazar el recurso interpuesto por las parte codemandada E. F. R. y por el nombre de fantasía Inmobiliaria R. P., fundado a fs. 577/582, contra la sentencia de fs.565/562, la que se confirma en todas sus partes.

2) Costas de la Alzada a la parte demandada recurrente y con sus alcances, a cuyo fin propongo la regulación de los honorarios profesionales de conformidad con el considerando respectivo.

3) Se tiene presente la reserva del caso federal de fs. 582.

A la primera cuestión la Dra. Silvia Noemí Alonso dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

El alcance de la sentencia, los datos de interposición y concesión del recurso y el contenido de los agravios han sido reseñados por el colega preopinante.

En función de lo expuesto, a tales consideraciones me remito a fin de evitar repeticiones estériles.

2. Tratamiento de los agravios.

El eje central de la impugnación es la existencia misma de la relación de trabajo; es decir de la relación primaria y base que da andamiaje inicial a toda pretensión. La existencia de un vínculo de trabajo subordinado es una cuestión que depende de la configuración de ciertos presupuestos fácticos que en su conjunto habilitan al juzgador a decidir si entre las partes medió o no un contrato de trabajo, determinación que es privativa de los tribunales del trabajo (cfr. SCBA, 14/10/2009, "L., S. N. y otros c. Zanelli, Norma Beatriz y otro"; La Ley Online; AR/JUR/42804/2009).

La jueza de grado ha valorado las pruebas colectadas en autos, concluyendo que, en el caso, la prestación de servicios por parte del actor en la inmobiliaria -cuyos titulares son los demandados- era un vínculo laboral. La recurrente pretende impugnar esta conclusión, argumentando que el actor no estuvo vinculado con la empresa sino con los respectivos inquilinos de las viviendas a las que concurría a realizar las tareas.

Este argumento no puede prosperar porque tal postura contradice las pruebas colectadas en autos.	Es que por una parte, existe una empresa, en los términos del art. 5 L.C.T., que posee un conjunto de bienes organizados en procura de fines económicos. Estos bienes son: materiales (oficina, números de telefónicos); inmateriales (nombre comercial y clientela), y recursos humanos.

En el caso, no se ha demostrado la vinculación que los demandados pretenden ocurrida y por el contrario son contundentes los reconocimientos efectuados al proponer las posiciones individualizadas bajo la letras B y C -fs. 294- acerca de la existencia de un trabajo en relación de dependencia y la percepción de remuneración por la actividad que realizaba. Es que, el artículo 415 del CPCCCH expresamente prevé que cada posición importará para el ponente, el reconocimiento de hecho al que se refiere.

La conducta procesal asumida por los demandados es dirimente en orden a la cuestión debatida, como lo ha señalado el colega preopinante. Reforzando este criterio, destaco que en caso similar la Corte provincial del Chaco sostuvo que debe rechazarse el agravio del demandado contra la sentencia del a-quo, que tiene por reconocida la relación laboral. Ello así, ya que conforme las normas específicas procesales locales y el criterio jurisprudencial que quien propone la posición afirma un hecho (también confiesa), en autos quedo reconocido por el propio demandado que el actor trabajó para él. Ello en tanto la posición por él efectuada rezaba: "para que jure y confiese como es cierto que Ud. trabajó para el demandado en autos. El mismo le daba órdenes que él cumplía y que le pagaba por sus servicios". El tribunal concluyo que este pliego no hace más que corroborar lo alegado por el actor y contradice totalmente las propias afirmaciones del demandado (Superior Tribunal de la Provincia de Chaco, 29/11/99, en autos "Carmona, Miguel Angel c/ Ciorciari, Roberto Luis y/o quien resulte responsable s/Despido Directo"; elDial.com - AR9C7); a idéntica conclusión se arriba en los presente.	Por las razones expuestas, propongo el rechazo del recurso.

3. Costas y honorarios Las costas de esta instancia se imponen al demandado vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota receptado legalmente.	Los honorarios profesionales se regirán por las previsiones generales contenidas en el artículo 5 de la ley arancelaria vigente y por la aplicación de la específica escala contenida en el artículo 13 de ese ordenamiento. En función de lo expuesto se fijan para los Dres. R. C. A. R. y C. A. M., en forma conjunta un 25% de los que le correspondan en la instancia de grado.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia Noemí Alonso dijo:

La solución que propongo determina mi adhesión a la fórmula decisoria propuesta por el Dr. Nahuelanca.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Julio Antonio Alexandre, no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar el recurso interpuesto por las parte codemadada E. F. R. y por el nombre de fantasía Inmobiliaria R. P., fundado a fs. 577/582, contra la sentencia de fs.565/562, la que se confirma en todas sus partes.

2) Costas de la Alzada a la parte demandada recurrente y con sus alcances, a cuyo fin se regulan los honorarios conjuntos del Dr. R. C. A. R. y de la Dra. C. A. M., en el 25% de los que corresponden por su parte en la primera instancia.

3) Se tiene presente la reserva del caso federal de fs. 582.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.- REGISTRADA BAJO EL NRO. AÑO 2013 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"