Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 283 p 66/68.

Santa Fe, 12 de junio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2017 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1 en autos "CONSOLINI, Emilia Teresita contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 234/13 CUIJ:21-17476017-6)" (Expte. C.S.J. CUIJ nro. 21-00511749-3); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 27.07.2017 la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1 resolvió declarar improcedente el recurso deducido por la actora tendente a que se ordene el reajuste de su jubilación considerando el suplemento "Guardias activas y pasivas del Tribunal Municipal de Faltas", conforme a los términos de la ordenanza 10317/98 y decreto reglamentario 85/08.

Contra dicho pronunciamiento deduce la accionante recurso de inconstitucionalidad, expresando que el Tribunal incurre en arbitrariedad por exceso ritual, por el análisis de las cuestiones fácticas del caso, por el desconocimiento de hechos notorios cuya prueba resulta innecesaria, por la consideración de los elementos probatorios y por la aplicación del derecho, vulnerando los artículos 14 bis y 75 inciso 23 de la Constitución nacional y artículo 21 de la Carta Magna provincial (artículo 1, inciso 3, ley 7055). Asimismo invoca la concurrencia de un supuesto de gravedad institucional.

Expone en primer lugar, que la sentencia fue suscripta por vocales que no fueron "jueces de trámite" y destaca que se abstuvo de votar el señor juez Dr. Sodero, en una causa de importancia por su trascendencia constitucional.

En otro orden, en sustento de su impugnación señala que el Tribunal se aparta de normas de jerarquía constitucional, de convenios internacionales, del principio de progresividad de los derechos sociales, de jurisprudencia nacional y provincial.

Destaca el tratamiento que merecen las cuestiones en el ámbito de la Seguridad Social, dónde deben prevalecer los fines de las normas que rigen la materia. Cuestiona en tal sentido a la Cámara, por prescindir de pruebas conducentes para resolver el caso, concretamente, los informes de la Municipalidad que expresan que "todos los agentes perciben dicho suplemento", con lo que a su juicio, se demuestra que de haber continuado en actividad lo hubiese percibido, y señala que se ha valorado irrazonablemente los elementos probatorios sobre la similitud de tareas.

Imputa al fallo arbitrariedad en la aplicación del derecho. Observa, que no se tienen en cuenta las normas constitucionales que contemplan la integralidad, sustitutividad e irrenunciabilidad de los beneficios de la Seguridad Social, de promoción de acciones positivas en favor de los ancianos y el principio de progresividad.

Por último, se agravia de la imposición de costas, pues sostiene que hubo razón bastante para litigar, por lo que debieron fijarse en el orden causado.

2. Por auto del 28.12.2017 el Tribunal denegó la concesión del recurso (fs. 39/43), motivo por el cual la compareciente acudió por vía de queja ante esta sede (fojas 45/51). 3. Cabe señalar que el cometido que impone al quejoso el artículo 8 de la ley 7055 -quién tiene la carga de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación- no ha sido idóneamente asumido en autos, lo cual sella la suerte adversa del remedio intentado (A. y S. T. 42, pág. 365; 92, pág. 157; T. 124, pág. 114, entre otros).

En efecto, respecto a la cuestión fundamental que se debate en el sub-examine, si corresponde considerar el suplemento remuneratorio "Guardias activas y pasivas" del Tribunal Municipal de Faltas -no percibido en actividad por la actora- a fines de reajustar su haber jubilatorio, la compareciente en su presentación directa se limita a explicitar de un modo genérico sus argumentos en contrario con la decisión recurrida, sin demostrar la configuración de un caso constitucional idóneo para operar la apertura de esta instancia de excepción.

Específicamente, no encuentra refutación suficiente lo aseverado por la Cámara en el auto denegatorio en cuanto afirmó que en el fallo impugnado se analizó detalladamente la normativa aplicable al caso, las pruebas producidas, la jurisprudencia concordante, los hechos de la causa.

Se observa que el Tribunal luego de examinar las disposiciones contenidas en la Ordenanza 10317/98 y el decreto 85/08 reglamentario, efectuó un análisis comparativo entre los regímenes (el que se encontraba vigente cuando la actora prestaba tareas y el actual) concluyendo que las funciones no eran idénticas, en razón de un modelo distinto de Tribunal de Faltas, con un diverso diseño de organización y funcionamiento, lo que encontraba también asidero en informes de la Dirección de Personal y testimoniales producidas en la causa, brindando razones jurídicas suficientes en apoyo de lo decidido. Frente al criterio expuesto, se advierte que la recurrente omite hacerse cargo de rebatir los fundamentos del fallo, pues alega que se prescinde de pruebas conducentes para resolver el caso, concretamente, los informes de la Municipalidad que expresan que "todos los agentes perciben dicho suplemento", con lo que a su juicio, se demuestra que de haber continuado en actividad lo hubiese percibido, y señala que se ha valorado irrazonablemente los elementos probatorios sobre la similitud de tareas, más sin formular explicaciones ni efectuar un mínimo desarrollo argumental tendente a descalificar las consideraciones efectuadas en la sentencia.

En tales condiciones, no logra justificar la compareciente la lesión de normas de jerarquía constitucional que menciona, y sus agravios sólo trasuntan su disconformidad con la inteligencia asignada por la Cámara a la normativa aplicable, las circunstancias fácticas del caso y el criterio seguido en orden a decidir el tema, lo que no habilita la instancia extraordinaria (Fallos 302:691; entre otros), sin que tampoco se acredite un caso de gravedad institucional (cfr. doctrina de Fallos 238:391; 257:189; entre otros).

En relación al reproche basado en que la sentencia fue suscripta por vocales que no fueron "jueces de trámite", y que se abstuvo de votar uno de los magistrados, no encuentra andamiaje como para cuestionar la validez del fallo, atento a que la integración del Tribunal y el acto jurisdiccional se corresponde con lo regulado por la ley 10160.

Por último, en cuanto a la imposición de costas, cabe recordar que tales cuestiones son por regla materia propia de los jueces de la causa y no son susceptibles de impugnación extraordinaria (A. y S. T. 161, pág. 131; entre otros, Fallos 240:28; 308:1076; entre otros), y los magistrados aplicaron el criterio legal del vencimiento objetivo, y tal como señala el Tribunal a fs. 42/42 vto, sin que en el caso concurrieran en forma manifiesta razones para apartarse de dicho principio legal, "las que por los demás, no han sido invocadas por la actora al demandar ni al alegar"; sin que tampoco se logre perfilar un agravio en esta instancia extraordinaria.

En suma, la postulación de la recurrente traduce la intención de renovar el debate acerca de lo decidido por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, en una nueva instancia ordinaria, extraña a la naturaleza del remedio intentado (Fallos 308:118; A. y S. T. 112, pág. 204; entre otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1.