marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calligari Carlos y otro c/ Cipoletti Tomás s/ Cobro de alquileres (reconstrucción)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

Promovida una ejecución por alquileres adeudados, el pedido de la cónyuge del demandado fallecido solicitando la paralización del procedimiento y que se decreta la indivisión forzosa del inmueble oportunamente embargado (art.3573 bis C.C.) no puede prosperar. Ello, en cuanto tal pretensión no guarda relación alguna con el objeto de la acción incoada, sino con un inmueble objeto de la cautelar decretada en resguardo del cumplimiento de tal pronunciamiento, no constituyendo en consecuencia un incidente en los términos aprehendidos por el art.175 del C.P.C., además de tratarse de cuestión ajena a los derechos del acreedor y con efecto sólo entre los coherederos (arts. 3266,3270 y 1199 C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ordoqui, Jorge c/ Bravi, Luis y/o quien o quienes resulten herederos s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

La valoración de la prueba testimonial producida como la acreditación del "animus domini" y de la interversión del título son cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenas, por principio, a la función casatoria, salvo la situación excepcional de un desvío palmario a las leyes de la lógica. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Bogarín, Eduardo y otros s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

Reiteradamente este Superior Tribunal viene afirmando que a los efectos de lo dispuesto en el inc. 2. del art. 289 del C.P.C. , sólo tienen el alcance de sentencia definitiva, la que decide y finiquita totalmente el pleito, resolviendo sobre el fondo de la cuestión. El mantenimiento o rechazo de la medida de no innovar, no afecta al derecho esencial de las partes, no resuelve sobre el fondo del juicio, no declara el derecho que corresponde a las mismas, ni surge del recurso ningún agravio que por su magnitud y circunstancias de hecho, permitan darle el carácter de irreparable y que hagan imposible o insuficiente su reparación posterior.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, pena, código penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas -causa nx 6491.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

La única interpretación posible es la que enjuicia la razonabilidad de la ley penal confrontándola con las normas de jerarquía constitucional que la fundan y limitan.
Litisconsorcio, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREYRA SANTIAGO c/ ZANFAGNINI DOMINGO Y CAYETANO CARUSO S.A. s/ Danso y Perjuicios (LIBRO: S081 - 044)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-25

"Conformándose un litisconsorcio pasivo necesario con la aseguradora, los actos de ésta favorecían al demandado, como así también -en cu caso la apelación que dedujera cualquiera de los otros litis consortes- y la sentencia que se dictara lógicamente tendría efectos también respecto a los no apelantes..." (voto del Ministro Preopinante Dr. Marzari en el fallo de autos 99086, Patricio Palmero S.A. C/ Cía. de Seg.del Interior p/C.C. del 16 ó 17-08-91)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Daniel E.; Mambrín, José Agustín s/ Homicidio con motivo u ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cuestiona con el debido apoyo legal lo decidido por la Cámara en cuanto a que el procedimiento originario restrictivo de la libertad del procesado se fundó en el art. 181 del Código de Procedimiento Penal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, derechos y garantías constitucionales, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Imbelloni, Luis Alberto y otros c/ Administración Nacional de Aduanas. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

La circunstancia de que los agravios del apelante remitan al examen de cuestiones de índole procesal no es óbice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo de garantías que cuentan con amparo constitucional, la cámara omitió pronunciarse sobre articulaciones serias oportunamente introducidas a su consideración y fundó su decisión en forma insuficiente.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, competencia contencioso administrativa, competencia federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Proveedora Industrial  SA c/ Municipalidad de La Plata s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

La interpretación meramente literal del art. 3 del Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo de Buenos Aires, que prescinde de la intención del legislador y de la coordinación que tal norma debe guardar con el espíritu de la totalidad del ordenamiento jurídico, es descalificable por injusta y ritualista.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, demanda de escrituración
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aiello, Vicente c/ Iacono de Fucarino, Rosalía s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

En los juicios de escrituración, el valor del litigio a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley está dado por el precio del contrato de compraventa, debidamente actualizado. (Minoría u opinión personal)
Importación de automotores, franquicia para personas con discapacidad
Materia: ADUANERO
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

La ley 22.499 no alteró la finalidad humanitaria y social que perseguía el régimen de franquicias de la ley 19.279, sino que se limitó a incorporar dos modalidades de adquisición de automotores a favor de las personas discapacitadas (Voto del Dr.

Luis Rene Herrero).
Derecho de la navegación, usos y costumbres, costumbre contra legem, fuentes del derecho, oportunidad procesal, prueba, presunciones, defensa en juicio, código civil
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

No cabe admitir la invocación de derechos cuando se los funda en usos "contra legem" o cuando no son, en realidad, más que la imposición arbitraria del económicamente poderoso; cabiendo transcribir por su prístino sentido el art. 17 del Código Civil, texto según ley 17.711 "Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente". Desde otro ángulo, en tanto descansen en hechos, los usos y costumbres deben ser oportunamente invocados por quien pretende ampararse en ellos, puesto que así lo exige el respeto del derecho de defensa en juicio de la contraparte, que debe contar con adecuada ocasión de alegar sobre la existencia de la costumbre invocada -con las notas que la elevan a la categoría de fuente del Derecho-y allegar al proceso los elementos de juicio que estime pertinentes para su defensa. Así lo prescriben los arts. 34, inc. 4, y 163, inc. 6°, del Código ritual como modo de asegurar la vigencia efectiva de la garantía que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional (sobre el tema doy por reproducidas las consideraciones que expuse en el fallo plenario "Insignia c/Martín, Manuel", del 12.5.78, a las que adhirieron todos los miembros de la entonces Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo). Y, salvo que se tratare de hechos públicos y notorios o que revistieran, al menos, "notoriedad judicial", quien pretende ampararse en la existencia de un uso o costumbre portuario o marítimo debe rendir prueba suficiente de él por todos los medios que la ley de rito autoriza, inclusive por presunciones (art. 162, 2° párrafo, Código Procesal).
Contratos, compraventa de mercaderías, prueba del contrato, remito, interpretación amplia
Materia: CIVIL
Carátula: Remetal S.A. c/ Pevisa S.R.L. s/ Cobro (ordinario).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-27

Sabido es que las facturas y remitos constituyen la prueba por excelencia del contrato de compraventa.

En el caso, la Cámara estimó que la ejecución del contrato, la entrega de mercaderías, no carecieron en autos de respaldo documental -remitos firmados-, a lo que se suma las facturas y testimoniales del caso, conjunto de probanzas que habilitaba en el caso a efectuar una interpretación amplia de la excepción mentada en el art. 1191 del CC y 209 del C. de Com.

Es que cuando se trata de acreditar el cumplimiento de una prestación, cualquier medio de prueba es admisible; una vez justificado que tal prestación se realizó, la existencia del contrato puede acreditarse también por cualquier medio de prueba.
Deberes del juez, facultades disciplinarias
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA, FELIPE c/ OSCAR FIGUEROA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-09-25

Las facultades disciplinarias deben usarse con suma prudencia para no coartar el derecho de defensa de los contendientes en el proceso.

Sin embargo, han de aplicarse en todos los casos en que se incurra en las faltas previstas por nuestras leyes al efecto; pues el mantener el respeto a los otros y el buen orden y decoro en los juicios, así como la dignidad y autoridad de la justicia, constituye un deber ineludible de los magistrados.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: LABORAL
Carátula: "PONCE, AMÉRICO NICOLÁS c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-21

En la causa "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06), la C.S.J.N. con apropiado activismo, impulsa la realización por parte del Estado de la políticas públicas necesarias para evitar que prosiga la lesión a los derechos tutelados (ver "Independencia Judicial: Una cuestión prioritaria", R. Gil Lavedra, Realidad Judicial, 25.08.06, pág. 2). Pero en el ínterin no pueden los Tribunales posponer la resolución de las causas sometidas a decisión (arts. 15 y 16 Cód. Civil y art. 34, inc. 3, C.P.C.C.). (Del voto del Dr. Díaz).
Daños y perjuicios, suspensión del juicio a prueba, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez, María Esther c/ c/Rodriguez, Francisco Gerardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-04-27

Resulta inatendible el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a oponer a la valoración de la prueba efectuada por los jueces de grado, en función reconocida como privativa, argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente y que sólo traducen sus discrepancias subjetivas. (doctor NEGRI, minoría).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación literal, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

Tanto el Art. 28 (tribunal pleno) como el Art. 29 (tribunal plenario) de la ley 10160 determinan la irrevisabilidad de sus pronunciamientos por el lapso de cinco años. Ahora bien, en lo que hace a la vigencia de los fallos plenos, que es el tema que nos convoca, una interpretación literal del Art. 28 pareciera llevar a concluir que la misma sería indefectiblemente de cinco años, al decir que el fallo pleno "obliga" por ese lapso, porque si transcurrido el mismo deja de ser obligatorio, es porque ya no rige. En cambio, los plenarios subsistirían luego de cinco años, en tanto el Art. 29 dispone- tras referirse sólo a su obligatoriedad- que pueden ser sometidos a revisión después de cinco años, es decir que mientras no fuesen revisados, seguirían vigentes.

Sin embargo, una comprensión armónica e integral de las dos disposiciones, superadora del mero texto legal, que tenga en cuenta fundamentalmente que el propósito de ambos pronunciamientos es el mismo, y que lo único que los diferencia es a instancia de quién puede convocarse a su dictado, y el ámbito de su aplicación, que resulta del tribunal que los dicta, debe conducir a entender que el lapso de cinco años se circunscribe en los fallos plenos, al igual que los plenarios, al tema de su irrevisabilidad y no al de su vigencia, por lo que, en tanto no se disponga su revisión después de transcurridos cinco años siguen subsistiendo. (De los Fundamentos del Dr. Serralunga).
Derecho a la identidad, legitimación activa, impugnación de la paternidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: L. , J. A. c/ J. , P. V. y L. , V.B. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-28

La denegatoria de legitimación al padre biológico -para impugnar la paternidad matrimonial, art. 259 Código Civil -puede coadyuvar a impedir o evitar el emplazamiento de su hijo menor con arreglo a aquella realidad. Evidencia, así, un factor potencialmente gravitante en forma negativa en lo tocante al acceso de la menor a un dato clave para el conocimiento y desarrollo de su identidad. (Del voto en disidencia del Dr. Soria)
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Santa Fe c/ García Luisa s/ Cobro ejecutivo por expensas comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

La primera parte del art. 522 del C.P.C. dice que el crédito por expensas comunes constituye título ejecutivo; toda la discusión se limita a los elementos o a la documentación que lo acredite y que, curiosamente, no es uniforme para cada consorcio de copropietarios.

Si se está a una interpretación rigurosa de la norma procesal en examen, se debe cumplir necesariamente con lo que dispone en su segundo párrafo, es decir que sólo si la certificación de deuda reúne los requisitos determinados por el reglamento es viable la ejecución. Pero puede ocurrir que el estatuto que rige la comunidad consorcial se limite a consignar que es función del administrador: "...Expedir certificados de deuda por expensas comunes, las que se constituirán en títulos ejecutivos conforme lo dispuesto por el art. 522 del Código de Procedimientos Civil y Comercial", en cuyo caso debe acordarse fuerza ejecutiva al certificado expedido por él en tales condiciones, sin necesidad de cumplir ningún otro recaudo para integrar el título ejecutivo. Ahora bien, junto a la certificación de deuda es indispensable que se acompañe el reglamento de copropiedad, pero no ya como parte de ésta, sino para acreditar ante el juzgador que se han cumplido los recaudos que dicho instrumento ha establecido pues de ese modo se prueba el título ejecutivo.
Audiencia de debate, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bronstein, Mario Enrique s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-26

No es sentencia definitiva ni equiparable en los términos del art. 457 del C.P.P.N. la decisión jurisdiccional que denegó la producción de nuevos exámenes médicos respecto del encausado, que la defensa había solicitado a fin de determinar si éste se encuentra en condiciones de soportar la audiencia de debate correspondiente en el proceso que se le sigue, en atención a las dolencias que padece, circunstancia que el juzgador entendió ya dilucidada con las opiniones facultativas que obran en el legajo, sin que ello afecte derecho de raíz constitucional alguno.
Locación de inmuebles, obligaciones del locatario, consignación judicial, consignación de llave
Materia: CIVIL
Carátula: CARBALLO HECTOR c/ DE ORIS PABLO s/ CONTRATOS DE LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

Para que cese la obligación del locatario de pagar los alquileres es necesario que consigne judicialmente las llaves y desde ese día cesará su responsabilidad.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: QUANTIN, Andrés Emilio s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

La forma en que el imputado haya preparado su mano para golpear a la víctima no constituye contradicción alguna (del contenido de las declaraciones testimoniales), toda vez que no existe mayor diferencia entre un puño cerrado y la posición típica de la mano para las artes marciales. Lo que interesa conocer es que con la mano del acusado -abierta o cerrada- fue golpeada la víctima.-
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

En línea general, la noción de anulación no exige, sino que excluye la necesidad jurídica del acto inválido. El acto administrativo inválido puede ser anulado pero no debe necesariamente ser anulado. Trátase, de acuerdo a alguna doctrina, de un acto discrecional, aunque con límites, y no un acto debido;

sin embargo, otro sector afirma que existen hipótesis de anulación obligatoria como consecuencia de la anulación del acto presupuesto.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: JUAREZ, JOSE NICOLAS c/ GRACIELA MURATORE CABELLO DE CORONA Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-09

La privación del uso del vehículo constituye una lesión que afecta un interés humano: el que tenía la víctima en disponer de dicho objeto para sus fines naturales. Ese menoscabo ha imposibilitado "la satisfacción de goce de bienes jurídicos (en sentido lato) sobre los cuales él ejercía una facultad de actuar. Esta facultad de actuación en la esfera propia del damnificado, constituye su interés", y este último es un "poder de actuar reconocido por la ley, hacia el objeto de satisfacción o por lo menos una expectativa lícita, a continuar obteniendo el objeto de satisfacción.
Defraudación, administración fraudulenta, licitación pública, omisión de la licitación
Materia: PENAL
Carátula: "SPITZ, Moisés s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Queda comprobada, con los recaudos propios de un auto de procesamiento, la maniobra calificable como defraudación por administración fraudulenta (art. 174, inc. 5°, en función del 173, inc. 7°, del Código Penal)  cuando consta que se dio un trámite de excepción, inmotivado, para prescindir del remate o licitación pública, que se obvio totalmente la fundamentación del acto adjudicatorio, que se sorteó el control estructural de los distintos departamentos del organismo, excluyendo en la tramitación a las dependencias que debían intervenir, el menoscabo patrimonial por el importante gasto que significaba la obra y el pago de precios considerablemente superiores a los de mercado, que, en definitiva, evidencian la existencia de la maniobra investigada.
Homicidio simple, homicidio atenuado por emoción violenta, dolo eventual, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: ORDEN, OSCAR. s/ HOMICIDIO SIMPLE. IMPUTABILIDAD. EMOCION VIOLENTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

La acción del encausado, que puso fin a la vida de su ex-amante, al no querer continuar ésta teniendo relaciones sexuales, configura el delito de homicidio simple, rechazándose la inimputabilidad alegada, por cuanto nunca los nervios pueden ocasionarla, máxime que trátase de un hombre normal, sin antecedentes judiciales y que venía comportándose atinadamente acorde con el medio ambiente en que se desarrollaba.

También exclúyese la hipótesis de emoción violenta, por tratarse ésta de un estado transitorio de perturbación que puede ser ocasionado por factores exógenos, en el caso de autos dicho estado tuvo carácter permanente, como se desprende de la actitud necia de un hombre que la convirtió en pasión.

La actitud del justiciable fue voluntaria, aunque no hubiera tenido el propósito de causar la muerte de la damnificada, lo cierto es que la representación del resultado no faltó en su ánimo, actuando con dolo eventual.
Obras sociales, contribuciones a obras sociales, medidas cautelares, contracautela
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "OBRA   SOCIAL   DE   LA   ACTIVIDAD   DE   SEGUROS,  REASEGUROS,CAPITALIZACIÓN  Y  AHORRO  Y  PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA c/ E.N.Ministerio de Salud y Acción Social s/ Medidas cautelares".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Contrariamente a lo sostenido por la peticionante, que entiende que la medida cautelar no lesionará ningún interés público que exija ser tenido en cuenta, ni provocará la existencia de peligro alguno de carácter político, social o económico, como así tampoco daño o perjuicio a las entidades aseguradoras que exigiesen una adecuada indemnización porque no se trata de una contribución dada por el Estado ni por las propias entidades aseguradoras, se hace necesaria la determinación de la contracautela. Ello así en virtud de la magnitud del monto mensual estimado, máxime teniendo en cuenta que la supresión de la contribución no importó una reducción en las primas cobradas, ya que en la actualidad los tomadores abonan la contribución sin que las aseguradoras realicen la transferencia, supuesto éste que habilitaría a las compañías a exigir la restitución de los importes que se deriven del cumplimiento de la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar, suspendiendo los efectos de los decretos que establecieron la eliminación de la alícuota dispuesta por la ley 19.518. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Intervención de terceros, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pichiñan, Samuel c/ La Pradera S.A. y-o Quien Resulte Responsable s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-28

No es posible condenar a terceros citados al proceso por la parte demandada, a los que la sentencia afectará exclusivamente con su autoridad de cosa juzgada, pero sin que resulte ejecutable en contra suya. Tiene preeminencia la voluntad del actor para seleccionar las personas a las que desea demandar y no hay razón para condenar a quienes no demandó concretamente.
Fraude a la Administración Pública, desvío de fondos, construcción de viviendas, requerimiento de sobreseimiento, recurso extraordinario, recurso directo, denegatoria del recurso, sentencia no firme
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Schoklender, Sergio Mauricio c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

El recurso directo introducido por la defensa del imputado, contra la resolución que desestimó el pedido de sobreseimiento en la causa por la cual se encuentra procesado en orden al delito de fraude a la administración pública, a raíz del presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, debe ser desestimado porque no se encuentra dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la Ley 48).