marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Locación, obligaciones de las partes, fianza, fiador, tácita reconducción, incendio de la cosa
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALICIA  ESTHER  FERNANDEZ  Y  FRANCISCO  FERNANDEZ c/ PIACENTINOLTDA.   SACIF,   JAVIER   LUIS  MAGNASCO  Y  JOSE  HILARIO LUCIOPIACENTINO S/ O s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-06

En una acción en la que el propietario de un departamento reclama el cobro de cierta suma de dinero por los daños ocasionados por el incendio de un inmueble que afecto al de su propiedad, resulta improcedente responsabilizar a quien se constituyó como fiador del locatario del bien en el que se verificó el siniestro cuando, -como en el caso-, surge que en el pertinente contrato de locación se dispuso que si el inquilino continuaba ocupando el inmueble, ello no implicaba prórroga de la locación, de modo que si los contratantes dejaron transcurrir varios años más la locación, no cabe atribuir a la fianza una extensión que fue inexistente en la intención del fiador al obligarse, máxime cuando no existe manifestación expresa en tal sentido. En consecuencia cabe precisar, que la seguridad dada para garantizar la satisfacción de las obligaciones que nacen del contrato de locación, no se extiende a las obligaciones que resulta de la tácita reconducción porque, en cuanto al fiador, éste no debe hallarse obligado a prestar una garantía más grave y más prolongada que la que ha querido y consentido (Emilio Pacifici - Mazzoni y Ciulio Vencí, "II Códice Civile Italiano", Turín, 1928, 8va. ed., T. IV, pag. 376). Es decir, que no puede imponerse al fiador la extensión de la fianza por un tiempo mayor al originario, ni bajo las nuevas modalidades que se adopten sin su intervención, ya que aquel entendió obligarse por el término contractual pactado inicialmente (CNCIV, SALA M, 30.11.94, in re: "López, Fausto c/ Capello, Segundo y otro s/ sumario". Por ende, si por parte del locador existió aceptación para que el locatario permaneciera en el inmueble, esta prórroga tácita de la locación es inoponible al fiador (CNCIV, sala I, 31.10.96, in re: "Sisatzky, David c/ Borenstein, Jorge Eduardo y otros s/ cobro de sumas de dinero").
Nulidad procesal, defensa en juicio, testigos de actuación
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa González, Domingo Fernando s/ arts. 296 y 289, inc. 3 C.P. c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

No se aprecia en principio que la ausencia de testigos de actuación al tiempo de confeccionarse el acta de procedimiento tachada de inválida haya importado la violación concreta de alguna garantía constitucional atinente a los sujetos involucrados, ya que la función primordial que poseen las nulidades en el proceso es privar a un acto de eficacia como consecuencia de un vicio que lo desnaturaliza, pero la invalidez absoluta de ese acto solo puede encontrar motivo en defectos sustanciales y no en vicios meramente formales, salvo si se ocasiona una flagrante violación de garantías constitucionales de imposible reparación ulterior, verbigracia, el ejercicio de la defensa en juicio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN).
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Provisión para Farmacéuticos Concepción Ltda. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-15

En virtud de lo dispuesto por el artículo 218 de la Ley 24.552 el auto aprobatorio del proyecto de distribución elaborado por la Sindicatura no resulta apelable.
Extinción del contrato de trabajo, despido por muerte del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GAGLIANO, María c/ SIRATA, Rosa y otro s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-15

La muerte del empleador no provoca, en principio, la extinción del contrato de trabajo, ya que según el criterio de continuidad, el mismo seguirá vigente con los herederos del causante (art. 249 LCT).

Salvo en aquellos casos en que las condiciones personales o legales o la actividad profesional del empleador hayan sido la causa determinante de la relación laboral. Entonces sí, al desaparecer las mismas, se acepta que se invoque la extinción del contrato.
Sentencia, nulidad de sentencia, error en la fecha
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE NULIDAD DE SENTENCIA EN AUTOS:VILAS ARMANDO NICILAS s/ P/LESIONES CULPOSAS.GOYA."EXPTE. N8919/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-09-27

"El art. 425 del C.P.P. enumera los requisitos que debe cumplir una sentencia como acto jurisdiccional válido, entre los cuales se encuentra la fecha de su dictado.La sanción de nulidad que acarrea su inobservancia no se halla contenida en dicho artículo, pero sí en el inc.6 del art.430, que dice que "la sentencia ser nula..si faltare la fecha...""Podría discutirse si la fecha erróneamente consignada equivale a falta de fecha, pero tal discusión es innecesaria porque la solución en definitiva, está dada por lo dispuesto por el art.117, siempre del C.P.P., cuando dice que"..si la fecha de los actos procesales fuere requerida bajo pena de nulidad, ésta solo podrá ser declarada cuando aquella no pueda establecerse con certeza, en virtud de los elementos del acto o de otros conexos".
Ejecución fiscal, intereses
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: M.C.B.A. c/ SPEKTRA  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-04

Tratándose de deudas fiscales, no es admisible hacer valer, en materia de intereses, idénticos principios a los que regulan el punto en otro tipo de créditos, ya que las mayores tasas que se admiten se justifican por el necesario estímulo para el pago puntual y exacto de aquéllos y por la vital función que cumplen en el funcionamiento del Estado, aspecto que pesa sobre todos los contribuyentes. Tienden, en definitiva, a que la actitud de algún contribuyente no perjudique injustificadamente a los restantes.

De acuerdo con el criterio enunciado la tasa del 18% o 24% anual, sobre capital actualizado, no merece reparos, pues importa una sanción adecuada al incumplimiento incurrido y las consecuencias que irroga al funcionamiento de la Comuna.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, Derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la salud, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PIU DE CAROLLI, ELEONOR c/ CENTRO UNION DEPENDIENTES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 109 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

Advirtiendo el Tribunal A quo que una posición ortodoxa hubiera conducido al inmediato rechazo del amparo incoado por la actora, no desconoció que se encontraban en juego los derechos constitucionales más encumbrados -a la vida y a la salud- y en su afán de prestar una tutela judicial efectiva, en un todo de acuerdo con los pronunciamientos de Tribunales de mayor jerarquía orgánica, fue que entendió que las particulares circunstancias de la causa y la trascendencia de los valores en juego, ameritaban la prestación temporaria -al menos- del derecho que la legislación le negaba. Y, ante ello, no logra la quejosa demostrar como podría configurarse la autocontradiccion achacada , ya que no implica -en principio- el mismo sacrificio económico afrontar el pago de una costosa medicació n de por vida que solventar la afiliación a una prepaga o litigar contra el Estado, máxime cuando existen mecanismos legales para atenuar el impacto económico de un proceso sobre quien carece de medios. Asimismo, en numerosos casos la Corte provincial ha sostenido que la autocontradicción como causal de arbitrariedad requiere la acreditación de la existencia de una irreductible contraposición de fundamentos de tal manera que torne ininteligible el decisorio, y, consiguientemente, falto de fundamentación suficiente y agraviante a los más mínimos niveles del derecho a la jurisdicción, supuesto que el recurrente no logra demostrar se configure en la especie.
Homicidio, legítima defensa
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: N, J L s/ HOMICIDIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-27

No se configura la subsunción del caso en la normativa prevista en el artículo 34 inciso 6) del Código Penal, pretendida por el quejoso que invoca legítima defensa; si la Cámara arribó a la conclusión de que la víctima no concurrió al domicilio del condenado en actitud agresiva o ejerciendo violencia en las cosas, sino que por el contrario, su concurrencia y estancia habían sido pacíficas, defendiéndose al ser agredido por aquél, pegándole en el pecho con la mano abierta, lo cual constituía provocación excluyente de la legítima defensa, sin que pueda reputarse absurdo o irracional.
Empleo público, remuneración, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROLDAN DE CONTRERA BLANCA c/ GCBA s/ EMPLEO PUBLICO (NO CESANTIA NI EXONERACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

El salario es la ventaja patrimonial (ganancia) que se recibe del empleador como contraprestación del trabajo subordinado. El salario lleva implícita su consideración como medio de sustento del trabajador y de su familia, de ello se desprende su carácter alimentario.

Por otra parte, debe ser justo, esto implica suficiente, principio establecido en nuestra Carta Magna, en su artículo 14 bis, esto es que le permita al trabajador y a su familia una vida digna en el orden material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta el cargo y la productividad de cada uno. (ref. Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo II, LL, JC Fernández Madrid).
Privatizaciones, SOMISA, remisión de deudas, personas jurídicas de carácter público, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Curti, Ricardo Oscar y otro c/ Sociedad Mixta Siderurgia Argentina  SOMISA s/ Daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

En el Decreto 1144/92 que tiene sustancia legislativa (ver B.O. del 15/7/92), al sentar las bases que se observarían en la privatización de SOMISA el Poder Legislativo decidió - invocando la emergencia económica - remitir todas las deudas que la empresa tuviere con personas jurídicas de carácter público, siempre que ellas encontraran origen, título o causa en actos ocurridos antes del 1 de enero de 1992, y cualesquiera fuesen las normas reguladoras de tales obligaciones (art. 11, inc. "c"). Y en los considerandos expresamente se señaló que debía ser ejercida con amplitud la facultad de establecer exenciones impositivas, de modo de evitar tributos que serían recaudados por el Estado Nacional. Una hermenéutica correcta efectuada a la luz de la finalidad perseguida por la normativa de privatización de SOMISA , permite sostener que la deuda originada en concepto de tasa de justicia por la contrademandada se halla remitida, desde que el hecho imponible - presentación de dicha contrademanda - se concretó el 17 de diciembre de 1991, vale decir, se está en presencia de una obligación dineraria a favor del Estado Nacional anterior al 1 de enero de 1992; situación ésta que es aprehendida por el art. 11, inc. c), del Decreto 1144/92.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: WEIS DE RINTFLEISCH, ELEONORA c/ SANTACRUZ MONZON Y OTROS s/ ORDINARIO"EXPTE.N 11824/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-10-16

La presentación del proyecto de cédula para la notificación de una resolución judicial que intima devolver el expediente al Juzgado, no solo constituye un trámite necesario para continuar con los procedimientos, sino que también traduciría el propósito o interés jurídico de la parte presentante en la prosecución de la instancia, y destruiría, por tanto, la presunción de abandono en cuya virtud funcionan las normas de la perención.
Contratos comerciales, entrega del bien, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: J.M. GARCIA REGUEIRA  S.A.C.I.F. c/ TEJEDOR  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

En los contratos comerciales debe tenerse presente los usos generales o locales que fijan los términos de tolerancia en la entrega de la mercadería, entendiéndose que tal tolerancia está permitida cuando el retardo no trae perjuicio al comprador, ni le impide la colocación oportuna y conveniente de los efectos.
Proceso penal, acción pública, acción privada, impulso procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PASTOR de BONAFINI, Hebe s/ nulidad Causa nro. 27.162
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La "conversión" de un procedimiento de acción pública en uno de acción privada, aunque novedoso, resulta contrario a las formalidades que ordena la ley procesal. Ambas formas procedimentales se regulan por separado y no por capricho legislativo sino porque resultan diametralmente opuestas:los presupuestos de acusación, defensa, prueba y sentencia son diferentes. La forma de la acción de uno -tanto en lo referente a su promisión como en cuanto a su ejercicio- es antípoda de la forma del otro; una la ejerce el Estado y se caracteriza por la irrefragabilidad, mientras que la otra le compete exclusivamente al particular y es esencialmente contrarrestable, no sólo por renuncia del propio ofendido sino también por retractación del accionado. (De la disidencia del Dr. Cortelezzi).
Retención de aportes sindicales, sindicatos, declaración de inconstitucionalidad, Organización Internacional del Trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura APSAI c/ Autopistas del Sol S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

El sistema de retención de cuotas sindicales del artículo 38 de la ley 23.551 es inconstitucional, pues no se logró acreditar la existencia de un interés público imperioso que resulte necesario resguardar y justifique, en consecuencia, la exclusión de las asociaciones simplemente inscriptas de un medio esencial para la defensa de sus intereses gremiales y en segundo lugar, el privilegio legal no es de aquéllos que pueden otorgarse a las organizaciones más representativas en tanto no se vincula con su prioridad de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades o en la designación de delegados ante organismos internacionales, únicas prerrogativas admitidas en el Convenio 87 de la OIT, según lo ha sostenido la Corte. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite - - El Juez Lorenzetti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN) -
Recurso de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Brañas de Poujade, Nilda C. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-08-31

Careciendo el recurso interpuesto de autosuficiencia, en atención a que la cuestión propuesta era de "hecho", la apertura de la instancia es improcedente. (Dr. Bertolini: en disidencia).
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, sistema interamericano de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, fondo de asistencia legal, acceso a la justicia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso del Penal Miguel Castro Castro c/ Perú s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-07

Conforme lo determina el Reglamento del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, el Fondo de Asistencia del Sistema Interamericano está integrado por dos cuentas separadas; una correspondiente a la Comisión Interamericana y la otra a la Corte Interamericana.
Procedimiento administrativo, Derecho administrativo, Derecho civil, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Graciela BELKIS DURUSSE DE FERNANDEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DEFENSA EN JUICIO - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - ACTO   ADMINISTRATIVO - CADUCIDAD DE LA INSTANCIA -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-24

En el caso en que resulta irrazonable la declaración de caducidad de la instancia prevista en el art. 65 del decreto 10.204/58, son de aplicación subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial que resulten más ajustadas al caso (art. 73, decreto citado), y el art. 232 de este último impide la declaración de la caducidad cuando los autos estuvieren pendientes de resolución judicial.
Aplicación de la ley, trámites judiciales, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'" y acumulado expte. n° 8862/12: "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-22

La normativa procedimental aplicable (ley 210 y resolución n° 28/GCBA/EURSP/2001) no establece en ninguna parte la obligación de indicar, en la formulación de cargos, la norma presuntamente infringida por el administrado, y tampoco puede considerarse que resulte una exigencia derivada de los principios esenciales del derecho administrativo sancionador. (Voto de las Dras. Ana María Conde e Inés M. Weinberg).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, radiodifusión, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: RADIO UNIVERSIDAD NAC. LITORAL S.A. c/ COMITE FED. RADIODIF (COMFER) Y/O ESTADO NACIONAL. s/ RECURSO DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-06

La consideración del planteo referido a la invalidez constitucional de la ley 22.285 exige una amplitud de debate y prueba que no se compadece con el trámite sumarísimo del amparo, máxime si el sistema elaborado por aquélla se apoya en el principio de suplencia, por lo cual "parte de la idea de que los servicios de radiodifusión serán prestados por los particulares y subsidiariamente por el Estado", y de que dicha "prestación resultante del principio de subsidiariedad no debe constituir una mera actividad mercantil o lucrativa".
Acción dependiente de instancia privada, impulso de oficio, incapaces de hecho, representación procesal, representación de incapaces
Materia: PENAL
Carátula: PALACIOS, CARLOS A. s/ DELITO DE ACCION PRIVADA - VIOLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-27

Si bien en materia de persecución penal rige el principio de oficiosidad consagrado por el art. 71 Cód. Penal, y las excepciones al mismo deben ser interpretadas restrictivamente dado que su enumeración es taxativa y no pueden incluirse otros casos, no puede soslayarse al propio tiempo, la finalidad protectiva que el ordenamiento jurídico todo tiene hacia los incapaces.

Las disposiciones que rigen el ejercicio de las acciones no pueden divorciarse de dicha intención tuitiva, apareciendo como un contra sentido, que el legislador haya excluido de la instrucción oficiosa, - al derogarse el texto del art. 72 establecido por la ley 21.338 que en su disposición final seguía a la ley 17.567 - aquellos casos en que los incapaces no tienen representantes o se encuentran en situación de abandono.

La acción debe promoverse de oficio, cuando el incapaz agraviado, interdicto o no, no tiene quien formule la instancia.
Gastos del proceso, costas al vencido, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ JOSE ROSAMEL c/ PORTANKO NORMAN Y OTRO s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-29

Nuestro ordenamiento procesal sienta el principio objetivo de la derrota para hacer recaer las costas en el vencido, con prescindencia de la buena o mala fe con que aquel pudo haber actuado durante la tramitación del proceso, puesto que quien promueve una demanda, lo hace por su cuenta y riesgo. Este principio general, sin embargo, no es absoluto, puesto que el art. 68 Del cpcc contempla en su segundo párrafo una excepcion al mismo, otorgando a los jueces un margen de arbitrio que deberá ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificada la eximición. Ella debe interpretarse restrictivamente y sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas que demuestren la injusticia de aplicar el principio general, pues lo contrario significaría desnaturalizar el fundamento objetivo del vencimiento par la condena en costas, convirtiendo así la excepcion en regla, lo que no es admisible.
Reclamo administrativo previo, poderes del Estado, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: P., Z. S. M. c/ C. F. s/ Usucapión c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-30

No es óbice a la constitucionalidad del artículo 138 del Dto. Ley 920, la prescripción del artículo 98 de la Carta Provincial que debe analizarse e interpretarse en su justo sentido
Recusación, prejuzgamiento, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: "Chedrese  María c/ PEN  -Dtos. 1570/01 y 214/02 y Otros s/ AmparoLey 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-07

El prejuzgamiento no puede fundarse en la intervención del tribunal en un procedimiento anterior, propio de sus funciones legales (Fallos: 312:1856) y que para provoque el apartamiento de los jueces que suscriben un pronunciamiento, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir en el caso y no en otro pleito similar (C.S.J.N.: 311:578). (Consid. 16).
Recurso de apelación (procesal), declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: CERRA NIEVES OLGA c/ HESSY JULIO DOMINGO s/ ALIMENTOS-RECURSO  CONCEDIDO  EN  RELACION  Y  CON EFECTO DEVOLUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-09

El tribunal de alzada resulta competente para decidir de oficio acerca de la improcedencia formal del recurso de apelación, puesto que la hábil apertura de la instancia de grado atañe al orden público pues está otorgada por la ley y en la medida que la misma dispone, por lo que debe apartarse la posibilidad de que la misma pueda lograrse por vía del error del juez concedente del recurso ni por la aquiescencia de las partes que consintieron la inútil sustanciación habida.