marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Astreintes, multa laboral, cómputo del plazo, plazo judicial
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, FERNANDO c/ SCHIAFFINO SRL s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-15

El cómputo de los días sobre el que recaen la astreintes es un plazo judicial y no debe confundirse con los plazos procesales dispuestos por las leyes de forma. Ante el incumplimiento del deudor en el plazo procesal previsto por la sentenciante de grado para acompañar los certificados del art 80 LCT corresponde por cada día de retraso aplicar la multa. Para su cálculo se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 28 del C. Civil que sienta como regla general que todos los plazos legales debe computarse en forma continua, haciendo caso omiso de los feriados, salvo disposición expresa en contrario.
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ DIEGO DANIEL ALBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-21

Sólo es posible responsabilizar al Estado por error judicial cuando el acto jurisdiccional que ocasiona el daño invocado sea declarado ilegal y dejado sin efecto por la autoridad judicial con competencia para revisarlo, ya que es necesario remover la presunción de licitud que rodea al acto para intentar la acción indemnizatoria que aquel causare. En consecuencia, no hay error judicial sin ilegalidad.
Alimentos, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.N.E. c/ M.S.P. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Los alimentos atrasados sólo se pierden por prescripción.
Relación de dependencia, SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO LABORAL
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Sergio Sandro c/ Calkio Boite y/o Zigarán, Marcelo s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-07-29

La falta de presentación del Libro de Registro Unico constituye presunción grave en contra del empleador, y a favor del trabajador bajo condición que se demuestre la existencia de la relación laboral, ya que procesalmente tal presunción es un mecanismo o pauta de evaluación pero no es un medio de prueba.
Daños y perjuicios, fútbol
Materia: CIVIL
Carátula: Pizzo, Roberto c/ Camoranesi, Mauro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

Corresponde confirmar el resolutorio que responsabilizó al jugador de fútbol demandado y el Club al que pertenece por la lesión causada a otro jugador durante un encuentro deportivo, pues la evaluación de las circunstancias que sirven para calificar y graduar la conducta del demandado, no son más que el ejercicio de facultades privativas de la alzada inabordables en casación, salvo absurdo, y en tal sentido, los argumentos formulados por el recurrente solamente se apoyan en su particular visión de los hechos y propia valoración del pronunciamiento, mas no resultan suficientes para demostrar el vicio lógico de absurdo.
Libertad de prensa, derecho a la intimidad, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Macarron, Marcelo Eduardo y otros c/ Vaca Narvaja, Hernan s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-07-25

En la pirámide de valores, no cabe ninguna duda que frente a la libertad de expresión y al derecho de información, priman aquellos que comprometen a la persona en su faz íntima, en el honor, la personalidad, la integridad espiritual, pudiéndose afirmar que la vida privada es un ámbito inaccesible a los terceros, en el cual éstos no pueden ingresar sin el consentimiento de sus integrantes. El sacrificio de un bien -el honor- en beneficio de otro -en el caso el derecho a informar a la comunidad sobre asuntos de interés general- debe efectuarse en la medida de lo indispensable y ajustado.
Muro medianero, cerramiento forzoso, derecho a la privacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Giordani Carlos Alberto Y Otros c/ Fiduciario Del Fideicomiso Edificio Pueyrredon San Francisco Y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-14

La instalación de luces con marco fijo y vidrio translúcido opaco, que sólo permite la entrada de luz e impide las vistas, no vulnera el art. 2655 del Código Civil que establece las condiciones necesarias para la apertura de luces, pues tales luces no afectan la privacidad, intimidad, seguridad e higiene en la propiedad del lindero.
Incumplimiento del contrato, medicina prepaga, menores, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: K., B. J. y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ Incumplim. de prest. de obra soc./med. prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-05

Examinados los puntos que propuso la demandada en su expresión de agravios, entiendo que por la naturaleza y la gravedad de la enfermedad que padece la pequeña exige una solución particular que le asegure la visita anual al Centro de Disautonomía de la Universidad de Nueva York por parte de los facultativos que la viene atendiendo y para evitar el progresivo deterioro que le causa la enfermedad que padece, priorizando derechos de mayor rango, como son el derecho a la vida y a la preservación de la integridad psico-física protegidos por los artículos 42 de la Constitución Nacional y los arts. 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (esta Sala causas 2837/03 del 8.8.03, 3404/05 del 12.9.06). Parece innecesario agregar algo más para resolver este clarísimo tema, salvo quizás, que intereses económicos que son los que en realidad subyacen en estas causas por los altos costos que demandan las graves e infrecuentes patologías como las que padece la niña y el caos económico que parece ser una constante en nuestro país y/o cuestiones meramente instrumentales o de forma, jamás pueden esgrimirse contra una menor gravemente enferma que lucha por su vida, o mantener mínimamente la calidad de la misma de acuerdo a los padecimientos que sufre (confr. mi voto reciente causa 2361/13 del 22.12.2017).
Menores, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., J.M. y ot. s/ Art. 10 Ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Las disposiciones constitucionales (Preámbulo y arts. 5, 7, 8.1 y 18.1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la República Argentina según Ley 23849 y artículo 36 inciso 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) mentan la importancia de que el niño sea criado - en lo posible dentro de su familia, concepto en el que queda también comprendida la familia ampliada, atento la particular situación en que se encuentran los niños a disposición del juez en virtud del patronato del Estado (art. 10 inciso "b" y "c" del Dto. Ley 10067 y 310 del Código Civil). Ahora bien ello es así en tanto y en cuanto en la decisión se privilegie el interés superior del niño en cuestión, no en forma genérica y abstracta, sino en lo personal e inmediato (Preámbulo, art. 3, 9, 20 inciso 3 de la citada Convención de raigambre constitucional, art.

75 inciso 22 ccdte. 31 de la Constitución Nacional y 36 inciso 2 de la de la Provincia de Buenos Aires). Es dicha premisa el norte orientativo que debe guiar a los jueces en las decisiones referidas a menores ya que no se encuentra aquí en juego el derecho de los mayores (en el caso el de los tíos maternos reclamantes, a criar a su sobrina), sino el establecer hoy y ahora lo que resulta más beneficioso para la menor.
Declaración en sede administrativa, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: NOGUES, JORGE ARTURO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION JACOBS, GRACIELA SUSANA c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION DOMINGUEZ, JUAN CARLOS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-08-27|2007-08-27|2007-08-27

En el caso, corresponde determinar los efectos que produce el Decreto que se intenta impugnar en el cual, por un lado, se declara, por un lado, la "nulidad" de la resolución que le concede al actor el derecho subjetivo-adjudicación de parcelas- que invoca como fundamento de la demanda de escrituración y, por el otro se instruye a Fiscalía de Estado a fin de que promueva la acción de lesividad.

En el caso, los efectos del acto supuestamente afectado de nulidad siguen en vigencia, pues así como la administración no puede de oficio disponer la revocación del acto administrativo que ha generado derechos subjetivos que se están cumpliendo, tampoco puede proceder a su suspensión por si y ante sí. En consecuencia, si las autoridades administrativas consideraban que la resolución que otorgó el derecho al recurrente era nula, deberían haber iniciado la correspondiente acción de lesividad y solicitar judicialmente como medida cautelar la suspensión de sus efectos.

Igual afirmación cabe respecto del Decreto que se pretende impugnar, que yo no llamaría anulatorio, antes bien considero que es un acto mediante el cual el órgano competente declara que el acto es lesivo a los intereses públicos y por ello se imparte la orden de promover la acción judicial. Entiendo así que, como acto administrativo que es, su ejecutoriedad se encuentra insita, de allí que los efectos del mismo con los alcances supra señalados se están cumpliendo, y los plazos para deducir la acción judicial siguen corriendo. En conclusión, el plazo para resolver la cuestión no está en suspenso, por ello si la acción de lesividad aún no ha sido iniciada y tampoco se ha pedido la suspensión de los efectos del acto a través de una medida cautelar, bien cabe la posibilidad de que el administrado directamente obtenga la escrituración de la propiedad más allá de que el beneficio derive de un acto de dudosa legitimidad.

Del voto del Dr. Cáceres- En Disidencia
Apartamiento del querellante, acceso a la justicia
Materia: PENAL
Carátula: SOTHAM, Pedro Gilberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-20

El voto concurrente agregó que el apartamiento del recurrente de su rol de parte querellante, implica una errónea aplicación de las disposiciones procesales que rigen la materia, en clara afectación del derecho constitucional de tutela judicial efectiva de la víctima.
Personas privadas de la libertad, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Marcelo Daniel Salvini en la causa Salvini, Marcelo Daniel y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-30

Los internos -aquellas personas que se encuentran bajo la custodia del Estado en prisiones y otros establecimientos con la libertad ambulatoria restringida- no pierden todos sus derechos por el hecho de haber sido privados de su libertad; así los artículos 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos claramente disponen que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (Voto del juez Rosenkrantz y del conjuez Antelo). -De la disidencia del juez Rosenkrantz en el precedente "Rodriguez" (Fallos: 344:2409) al que el voto remite-
Recurso de casación, regulación de honorarios, ley arancelaria, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Portugal, Sergio Omar c/ Cubas, María Luisa Vera de y Otro s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación - Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-05-30

En el caso, se dictó Sentencia Definitiva Nº 13 de fecha 14 de Diciembre de 2011, por la cual se resuelve hacer lugar al recurso intentado por la demandada en relación al rechazo de las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013, con costas a la vencida. El apoderado de la actora solicita regulación de honorarios en la instancia de casación.

En la presente regulación de honorarios conforme lo prescribe el Art. 14 de la Ley Nº 3956/83 y el resultado obtenido, corresponde aplicar para el apoderado de la parte actora el porcentaje del 25 % del monto base que está dado por la regulación de honorarios efectuada - Sentencia Definitiva Nº 52/07 de los autos Expte. Nº 25/05 (Cám. Nº 352/07), dictada por el Juzgado de Trabajo de 2º Nominación, cuantificados mediante planilla que se encuentra firme y que asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($7.194, 00).

Atento a que la suma obtenida, no alcanza al valor establecido como límite por lo preceptuado por el Art. 8 de la citada ley y lo dispuesto por Acordada 4183/11, corresponde incrementar tales montos, fijando la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO ($3241,00) monto éste que corresponde a 10 JUS, establecido como mínimo en la legislación mencionada.

Notifíquese a la Caja Forense y a la Dirección General de Rentas de la Provincia.
Intervención de terceros, costas
Materia: PENAL
Carátula: F.R., P.G. c/ E.O.N.S.A.    y  otro s/ Cobro  de  Pesos e  Indemnizaciones  de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-02-01

Siendo la sentencia en crisis favorable en definitiva al tercero la parte que ha solicitado su intervención debe soportar las costas derivadas de la misma, por su intervención estéril que evidencio un exceso de la defensa en detrimento del derecho ajeno.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: FERREYRA JESUS UBALDO SEPTIMO c/ CLINICA REGIONAL RIO TERCERO  S.R.L. s/ ENFERMEDAD   ACCIDENTE  -  CONTRATO  DE  TRABAJO  -  CREDITO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-29

Analizando las constancias y el espectro probatorio incorporado al proceso a la luz de la "sana crítica racional" y de la normativa que abarca el caso, el despido del pretenso por manifestación unilateral de la empleadora debe conceptualizarse a los efectos legales como "incausado" por no haberse configurado el incumplimiento contractual injurioso invocado como causal y en consecuencia declarar de legítimo abono la pretensión indemnizatoria ejercida por el accionante en base del mencionado presupuesto fáctico. De la intimación formulada por la empleadora por cuyo intermedio se conmina a la accionante a reintegrarse al trabajo y a justificar las inasistencias sin incluir apercibimiento o sanción alguna, fue respondida de manera clara y suficientemente indicativa por el destinatario rechazando la intimación y poniendo de conocimiento al remitente de estar afectado de depresión reactiva y síndrome cérvico lumbar con tratamiento de reposo deambulatorio.-
Contrato de trabajo a plazo fijo, extinción anticipada, acuerdo de partes, intereses compensatorios
Materia: LABORAL
Carátula: REVOREDO, RAFAEL R. c/ SANATORIO J. HERNANDEZ SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-26

Cabe meritar como valida la cláusula punitiva mediante la cual las partes pactaron un interés resarcitorio del 2 % diario del monto de la indemnización - también prevista en el acuerdo por ruptura injustificada del contrato de trabajo a plazo fijo -, ya que fue pactada libremente; no obstante dicha multa obsta a la procedencia de otro tipo de interés resarcitorio por la mora en que incurriera la patronal.
Inhabilitación (civil), regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: B. s/ INHABILITACION ART. 152 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-21

El proceso de inhabilitación carece de contenido patrimonial, pues tiende a la protección de la persona incapaz. En tal contexto, la limitación que establece el art. 634 del Código Procesal, no es óbice a tal conclusión, toda vez que la referencia contenida en dicho precepto constituye un tope y no un criterio para regular los honorarios en ese porcentaje. Sin perjuicio de ello, deberá computarse el valor del patrimonio del inhabilitado, el resultado obtenido y la complejidad, extensión e importancia de la labor desarrollada.-
Medidas cautelares, cuestiones procesales, interpretación de la ley, emplazamiento del fisco
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA SA c/ ZARATE MARIA DOLORES s/ SECUESTRO PRENDARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Procede revocar la resolución que declaró operada la caducidad de la instancia. Ello por cuanto, en el caso, se encuentra configurada la hipótesis prevista en el CPR 313:3° en cuanto a que la prosecución del trámite dependía de una actividad que el código de rito impone al secretario o al oficial primero (prosecretario); pues la remisión del expediente al Representante del Fisco es obligación de éste último (conf. CPR 38 bis-2°). A todo evento, no debe olvidarse que aquí rige un restrictivo criterio de interpretación del instituto de la caducidad de la instancia que se aplica, no solo cuando quedan dudas acerca de la verificación del plazo pertinente (v. CNCom, Sala E, "Confor- Guías SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por López Felipe", del 12.9.05), sino también en supuestos de justeza en su cómputo (v. en tal sentido, CNCom, Sala E, "Círculo de Inversores SA c/ Fernández de Testaseca Gloria", del 19.9.90; íd. "Citibank NA c/ Encina Ruíz Díaz", del 13.2.96; íd. "Smiler SA c/ Weich Asociados S.H. y otros s/ ejecutivo" del 11.9.06; íd. "Asociación Civil Club Social y Cultural Babilonia le pide la quiebra Radio Mitre SA", del 21.3.12); y en el caso podría admitirse la configuración de la segunda hipótesis dada la proximidad al vencimiento del plazo indicado en el CPR 310-2° con la que se acusó la caducidad de la instancia.
Medidas cautelares, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: C., Y. N. ( en representación de V. D.N.)  c/ V., A. J. s/ violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-05

La magistrada dictó la prórroga de las medidas de protección que son objeto del recurso, teniendo en cuenta que la denuncia de ASI se encontraba en plena etapa de investigación, y los de los demás antecedentes de la causa, lo que dieron certeza suficiente para la tutela provisional solicitada, -en el grado de certeza que se requiere para este tipo de medidas-; ergo, la decisión fue fundada.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Montefinale, Leonardo J. c/ Racihg, Pedro y/u otros s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-02-02

La comprobación del vínculo de trabajo no puede sustentarse ni en presunciones originadas en intimaciones o en falta de presentación de libros o registros ya que, previamente, debe acreditarse la prestación de servicios y, existiendo un vínculo especial entre el actor y la hija de los demandados, que consistía en un noviazgo, ello implica la necesidad de extremar el rigor probatorio, sin que deban quedar dudas, no sólo sobre el trabajo, sino acerca de la dependencia laboral ya que la evaluación de los elementos de juicio debe partir sobre la base de tal relación sentimental.
Daños y perjuicios, indemnización, cargos docentes, remuneración, gobierno de facto, resoluciones
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sandler, Héctor Raúl c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

No corresponde el pago de las sumas que el actor dejó de percibir como remuneración por la actividad docente que desarrollaba en la Universidad de Buenos Aires si durante su exilio se desempeñó en una universidad extranjera y resulta altamente verosímil que haya percibido una retribución equivalente (Disidencia parcial de los Dres. Julio S. Nazareno y Enrique Santiago Petracchi).
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Carranza, Enrique Mario c/ Veresit S.A. s/ Accidente (Ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Corresponde anular de oficio el veredicto y sentencia del tribunal del trabajo suscriptos sólo por dos de sus integrantes.
Costas en el orden causado, excepción de prescripción, allanamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pereyra, Baylón c/ García, Norberto Ernesto y Otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-30

Las costas deben correr por su orden cuando habiéndose opuesto la excepción de prescripción, el actor se allana inmediatamente.

Ello no obstante, la exención no procede en el caso de que la parte afectada discuta la procedencia de dicha excepción, o si mantuvo a lo largo de la sustanciación una resistencia a la excepción de marras.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad de la obra social, asistencia médica, medicamentos, personas con discapacidad, menores, derecho a la vida, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Si bien la ley 24.901 creó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad y se dejó a cargo de las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura (arts. 1 y 2), frente al énfasis puesto en los tratados internacionales para preservar la vida de los niños, el Estado no puede desentenderse de sus deberes haciendo recaer el mayor peso en la realización del servicio de salud en entidades que no han dado siempre adecuada tutela asistencial.
Médicos, despido, gravedad de la falta, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: LABORAL
Carátula: GAZZOLO DE FERNANDEZ, BEATRIZ c/ ASOC. MUTUAL TRANSPORTE AUTOMOTOR s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Los eventuales incumplimientos de un médico a los deberes expresos o implícitos de un contrato de trabajo han de ser valorados a influjo de criterios que concilien el especial deber de previsión, y de amor y respeto al prójimo, con las diferencias que ofrece la teoría y la práctica de la medicina y que generan margen a la oponibilidad razonable de una determinada evaluación o prescripción.

Sobre todo, a los fines de apreciar la gravedad de la falta, es necesario que el grado de desviación o de descuido por parte del profesional, sea grave e incompatible con aquel vínculo jurídico y no asimilable a una mera discrepancia apreciativa de lo que habría podido resultar más o menos conveniente en cada acto médico.
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El privilegio -artículos 61 y 62 de la Constitución Nacional- no contempla a las personas, sino que es una garantía al libre ejercicio de la función legislativa para mantener la integridad de los poderes del Estado.
Facultades del Poder Legislativo, facultades del Poder Ejecutivo, convocatoria a elecciones, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Gauna, Juan Octavio s/ acto comicial 29-3-97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-07

El Congreso, al disponer que la convocatoria a elecciones de los primeros integrantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es de incumbencia del Poder Ejecutivo Nacional, ha ejercido legítimamente facultades que le son privativas (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Osis, José Alberto c/ Clínica Viedma S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-07-31

Para que juegue la presunción de la existencia del contrato de trabajo -art. 23 de la LCT-, no es necesario que el trabajador demuestre la dependencia o subordinación, dado que probada la existencia de la dependencia ninguna razón de ser tendría la presunción legal.