Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, código tributario, improcedencia del recurso, prescripción, deudas impositivas
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Jettro SA c/  s/ inc. de verificación de crédito por el gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-06

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la inconstitucionalidad planteada por la concursada con respecto a los arts. 81 y 82 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de cualquier norma del citado Código Tributario que se oponga a la prelación del Código Civil; y admitió parcialmente la defensa de prescripción. Es que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece ahora, en su art. 2532 la potestad tributaria local de establecer los plazos de prescripción liberatoria en materia de tributos locales (Provinciales y Municipales), cuya fijación es resorte exclusivo de ese legislador al tratarse de materia de orden público, con lo cual se procura que tales plazos sean, en todo caso, razonables, lo que le permite ampliar o acotar los plazos de prescripción. En tal esquema, puede sostenerse sin hesitación que la reforma del CCCN -en lo que aquí se trata- viene a seguir la tesis iuspublicista en materia de prescripción de créditos tributarios - apartándose de la jurisprudencia de la Corte Nacional a partir del caso "Filcrosa"- y delegando a los poderes locales el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos y va de suyo entonces, que ya no es posible aplicar derechamente los principios e institutos del derechos civil a materias propias del derecho público como la que aquí se examina. Cabe reflexionar, en este marco, en que el desplazamiento de un principio general por otro, habido en la reforma del Código, no es un acto de puro voluntarismo judicial o doctrinario sino de ponderación por el Congreso de los distintos valores en juego en el caso, conforme a las exigencias de la razonabilidad práctica. El fundamento de la teoría sobre la armonización de los derechos reposa en que el derecho, en sentido amplio, es una ciencia social y, como toda ciencia, su conocimiento práctico debe basarse en un enfoque sistémico para poder alcanzar los fines de juicio y bien común que persigue (Juan Carlos Cassagne, Los Grandes Principios del Derecho Público (Constitucional y Administrativo, ver fs. 33 y ss). Así las cosas, contemplando que las legislaturas locales poseen la facultad para establecer no sólo la creación de tributos sino, ahora, la de establecer sus plazos de prescripción -materias propias del derecho público-, no cabe, hoy en día y con el texto actual del CCCN que se aparta del fallo Filcrosa, sostener que existe en el caso una violación de la CN 75-12°. Es que, en el caso, no se está regulando la prescripción en materia de derechos personales o reales propia del CCCN, sino, se reitera, sobre un instituto propio del derecho público local -reservado por las provincias-, que incluye la potestad tributaria provincial en el ámbito que el mismo código de fondo le reconoce propia, de dictar normas sobre plazos de prescripción de tributos provinciales. En consecuencia, si bien no hay un posicionamiento de la CSJN respecto del tema ante la vigencia del nuevo ordenamiento de fondo, no se aprecia que la prescripción en materia tributaria regulada y que invoca en su favor el Fisco local contraríe, hoy por hoy la CN pues, tal como lo expresó la recurrente: aún con los límites impuestos por la ley 24588, se reconoce expresamente el ejercicio de las facultades tributarias por los órganos del gobierno local, dentro del marco reconocido por el Congreso en el mismo código de fondo. Disidencia del Dr. Kolliker Frers:.

Las circunstancias de hecho del caso permiten concluir en que la aplicación de las nuevas modificaciones que pudiera haber introducido el Código Civil y Comercial de la Nación en la materia no resulta de aplicación. Ello así toda vez que, de aplicarse las disposiciones contenidas en ese Código se vería afectado el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 7 del mismo cuerpo legal, pues de otro modo se alterarían los efectos de una relación jurídica, ya producidos antes de que el nuevo Código se hallase en vigencia, volviendo sobre una relación o situación jurídica ya constituida anteriormente con efectos jurídicos propios en el pasado, atribuyendo efectos que antes no tenían a actos jurídicos, por la vinculación de esos actos con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley. Para definir la cuestión corresponde aplicar la norma de derecho transitorio contenida en el CCCN 2537, conforme a la cual los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Agrega el artículo que si por ésta se requiere un mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por estas últimas, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior (esta CNCom, esta Sala, 7/2/22, "JC Taxi SRL s/ quiebra C/ D'onofrio, Juan Carlos y otros s/ ordinario"). En el caso, no se encuentra debatido que el hecho interruptivo de la prescripción ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo código, tal como se estableció al momento de dictarse la sentencia. De esa manera, resulta claro que aquí se discute sobre si se hubo o no cumplido el plazo de prescripción de ciertas deudas previamente a esta fecha, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. De esa manera, a fin de dar respuesta a la cuestión planteada ha de estarse a lo dispuesto en el ordenamiento anterior y a la doctrina elaborada en torno a él. En ese entendimiento, pues, no resulta aplicable al caso el plazo previsto en el CCCN 2532 sino las reglas entonces vigentes. Por esas razones, dada la incompatibilidad ya descripta de las reglas contenidas en el Código Fiscal que la incidentista invocara en apoyo de su planteo con la Constitución Nacional, corresponde desestimar el recurso incoado sobre este punto y confirmar lo decidido en la instancia de grado en cuanto declaró inconstitucionales las normas locales en cuestión.