Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-17


En la ciudad de Trelew, a los 17 días de febrero del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Juan Humberto Manino, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., S. M. c/ V. D. A., A. y otros s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACIÓN DE LEY" (Expte. nº 20735 - año: 2005).

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 259.- A LA PRIMERA CUESTION, dijo el Dr. Ferrari: - I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 237/241 vta.) hizo lugar a la demanda entablada, condenando a los codemandados a abonar al actor, en el plazo de diez días, la suma de $ 2.598,30 con más sus intereses, imponiendo las costas del proceso a los vencidos.

II. El fallo es apelado por el representante letrado del codemandado J. E. A., recurso sostenido a través del informe obrante a fs. 247/250 de estos actuados.- Los motivos de agravios expresados en dicha pieza son, en síntesis, los siguientes: 1) se ha condenado a su parte al pago de las asignaciones familiares reclamadas con único fundamento en que la misma "no acreditó la regularización de la relación laboral desde su inicio".

Señala que su parte adjuntó a la causa la "Constancia de Intervención Administrativa" presentada al ANSES el 27/07/1999 con documentación particular firmada por la parte actora, sin que dicho Ente hubiera efectuado entonces ningún cuestionamiento a su respecto. Añade que resulta cuanto menos extraño que recién al concluir la relación laboral el Sr. M. recordara que debía reclamar las aludidas asignaciones, no habiéndolo hecho con anterioridad.

Afirma que este punto es crucial por cuanto los reclamos por cualquier concepto derivados de la relación deben ser realizados en forma previa al distracto o a que el trabajador se coloque en situación de despido indirecto, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa. 2) Causa agravio que se haya acogido el reclamo indemnizatorio basado en un despido verbal, acto que no fue probado siquiera en grado mínimo en el proceso.

Sobre el punto, destaca que el domicilio real del actor fue un hecho controvertido y que las comunicaciones remitidas al mismo fueron devueltas por "domicilio inexistente", destacando que su parte procedió con total y absoluta buena fe, de manera que no existió el incumplimiento que se le reprocha.

Reseña luego las incidencias referidas a la notificación al actor para la audiencia confesional, puntualizando que M. denunció su domicilio real fuera del plazo fijado por el juez, pese a lo cual se declaró negligente a la parte demandada en la producción de dicha prueba, resolución que fuera apelada por su parte, denegándosele el recurso interpuesto.

Finalmente, tras sintetizar el fundamento de la sentencia referido al despido verbal, argumenta que el mismo parte de tres supuestos erróneos y sostiene que su parte negó expresamente ese hecho y que las probanzas arrimadas al expediente nada acreditan acerca de el despido verbal aducido por el demandante, por lo que el actor debió probar el despido indirecto, sin que la rebeldía declarada respecto del resto de los codemandados pueda alterar la verdad de los hechos.- Por todo ello pide la revocación del decisorio, con costas a la contraria.- III. Las asignaciones familiares: - En primer lugar me referiré a la argumentación del apelante acerca de la alegada falta de reclamo previo por parte del trabajador con anterioridad a la extinción del contrato laboral.

Al respecto, debo señalar que, en tanto el sentenciante de primera instancia no valoró este factor como causal para el despido, sino que se atuvo a la existencia de un despido verbal directo ad nutum, carece entonces de relevancia jurídica valorar la hipotética incidencia de dicha circunstancia a los fines de ponderar la existencia o no de justa causa para la ruptura del vínculo.- Aclarado esto, agregaré que la demora en reclamar el cumplimiento de obligaciones patronales no priva al trabajador de su derecho a exigirlas en este proceso, pues es bien sabido que los derechos laborales son irrenunciables, y en principio, la inacción de un trabajador no puede interpretarse como una renuncia tácita a ellos, en tanto este tipo de presunciones en su contra están expresamente vedadas por la ley laboral (arts. 12 y 58, L.C.T.; su doctrina).

Por otra parte, desde que está probado el incumplimiento de la empleadora de denunciar la existencia de la relación laboral desde su inicio (1°/07/1998), tal como era su obligación conforme a la legislación vigente a la época de los hechos examinados (conf. surge del juego de los arts. 2 y 3 - Ley 22.161 - arts. 1, 5 y conc., Ley 24.714;- Decr. 1245/96 - Ley 24.013 - Resoluciones S.S.S. 112/96; 16/97; 71/97; 88/97 y demás normas reglamentarias), la atestación del inspector de ANSES en el sentido de que la firma había efectuado una presentación posterior ante dicho organismo para que los empleados percibieran sus asignaciones familiares (conf. Form. PS.2.7 del 04/11/99 - fs. 58) sólo confirma la existencia de dicha presentación irregular y tardía.

Además, mal podría interpretarse que esa recepción equivalía a una convalidación por parte del citado Ente, ya que -por el contrario- su postura al respecto es totalmente opuesta, tal como se desprende de su contestación como tercero citado al proceso (fs. 117/18).

A mayor abundamiento, es dable señalar que la denuncia a los organismos de seguridad a la época del ingreso del trabajador es actualmente ratificada por las normas de la Ley 26.063; en particular, por sus arts. 2 y 5, inc. a) referidos a la potestad de determinación de oficio de los recursos de la seguridad social, lo que refuerza aún más el concepto de que, lejos de comportar una convalidación de la registración tardía e irregular, la actitud adoptada por el Anses en este pleito es conforme -antes y ahora- con la política legislativa que rige esta materia.- Por lo expresado, no se aprecia en la pieza recursiva la exposición de razones jurídicas que, según las normas aplicables y los hechos probados en la causa, juzgados a la luz de las reglas de la sana crítica (arts. 265, 386 y conc., C.P.C.C.; art. 76, Ley N° 69) justifiquen modificar la conclusión a la que arribara el a quo sobre el punto. En consecuencia, propondré la confirmación del fallo en este aspecto.- IV. El domicilio del actor y la prueba confesional:

Sin que quepa analizar en este estadio la conducta del trabajador en referencia a la denuncia de su domicilio -aspecto que a su turno fue motivo de planteo y decisión en la anterior instancia, conforme a las incidencias que precedieron a la resolución N° 107/04 por la que se declaró la negligencia de la parte demandada en la producción de la prueba confesional (fs. 205)- ya esta Cámara decidió cuanto correspondía en punto al replanteo de dicha prueba en la Alzada a través de la resolución S.I.L. N° 45/2005 dictada a fs. 257/vta., firme y consentida, por lo que el tema se ha vuelto abstracto y no merecerá mayores consideraciones en este Acuerdo.

V. La extinción del vínculo:

Al abordar este tópico, diré que le asiste razón al recurrente en cuanto se queja por la extensión de los efectos de la confesión ficta incurrida por los restante litisconsortes en su perjuicio.

Tratándose aquí de un litisconsorcio necesario (art. 89, C.P.C.C.), la negativa de uno de los litisconsortes acerca de un hecho controvertido -en la especie, el alegado despido verbal, conforme surge de la contestación de A. (fs. 75 - punto III.1)- tornaba necesario que el actor acreditara el mismo en forma fehaciente, conforme a las reglas del onus probandi, pues de lo contrario dicho hecho no podría admitirse frente a ninguno (art. 377, C.P.C.C.; su doctrina - arts. 45 y 76, Ley N° 69 - conf. Morello y otros, "Códigos Procesales..." - t. II-B - pág. 357 - Ed. Platense - Ab. Perrot, 1985).

Le asiste razón al apelante, pues, en cuanto a que no corresponde tener por no probado ese despido verbal. Sin embargo, a la par, no puede soslayarse que si bien el trabajador mencionó en su demanda ese despido verbal, lo cierto y concreto es que se dio por despedido en forma indirecta a través de la comunicación glosada a fs. 4, invocando al efecto la falta de contestación a la intimación cursada con anterioridad (fs. 3) bajo apercibimiento de considerarse despedido en caso de que no se diera satisfacción a los reclamos allí planteados.

En consecuencia, por el principio de la apelación implícita (conf. Palacio, L., "Derecho Procesal Civil", t. V, pág. 465 y ss. - Ab. Perrot, 1975 - id. Ibáñez Frocham, M., "Tratado de los recursos en el proceso civil", pág. 170 - Fedye, 1969; entre otros), aplicado reiteradamente por esta Sala en casos análogos (conf. Expte. 19953 C.A.N.E. - S.D.L. 60/04, esta Sala - entre muchas otras), corresponde que esta Alzada aborde la citada alegación a fin de pronunciarse a su respecto, en tanto el actor se vio privado de apelar el fallo por haber salido triunfante en la anterior instancia (conf. art. 242 L.C.T.; su doctrina).

Abocado a esta tarea, advierto que dicha carga fue debidamente satisfecha, por cuanto -tal como lo expresara al votar acerca del primer motivo de agravio- ha quedado demostrado en autos el incumplimiento patronal de una de las obligaciones enunciadas por el trabajador en la intimación de fs. 3 bajo apercibimiento de considerarse indirectamente despedido; esto es, la referida a la falta de pago de las asignaciones familiares.

En este orden, tiene ya dicho el Cuerpo en reiterados precedentes que cuando se invocan varias causas para el autodespido, si se comprueba la existencia de alguna de ellas que por sí sola aquilate suficiente gravedad como injuria, ello basta para convalidar el despido indirecto (arts. 242, 246, L.C.T.; su doctrina).

En el caso, la mora en el pago de las asignaciones tuvo ese carácter, ya que como bien se ha dicho, configura injuria a los intereses del trabajador el incumplimiento de las obligaciones patronales en tanto la intimación previa destinada a obtener satisfacción haya dado resultado negativo (conf. Sardegna, M.A., "Ley de contrato de trabajo" - pag. 595 y jurisp. allí citada).- A mérito de esta comprobación y por los fundamentos ya expresados -distintos de los ponderados por el sentenciante de grado anterior, opino que debe confirmarse la condena por despido indirecto incausado.

Para ello le asisten poderes suficientes a la Cámara, que si bien debe ceñirse al punto objetado con el recurso, al tratarlo tiene amplias facultades, iguales a las que sobre la materia poseía el "a quo", siéndole dado incluso utilizar fundamentos de derecho distintos de los invocados por el juez de primera instancia (art. 277, C.P.C.C., su doctr.; cfr. CNac. Civ., ?Sala C, L.L.-143-322; id. sala E, L.L. 1977-D-708; id. Sala F, E.D. 87-252).

Es que el principio según el cual la competencia del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que, dentro del temario abarcado en ella, el mismo se pronuncie de conformidad con el brocárdico "iura curia novit", esto es, que ha de realizar la calificación de los hechos que corresponda sin sujeción a las razones jurídicas invocadas por las partes o por el juez de la anterior instancia (cfr. C.S.J.N., L.L.-1975-B, 484, 1980-D-768, fallo 35.731-S).

Que el tribunal de apelación resuelva con fundamentos diferentes a los del fallo del anterior grado - tiene declarado la Corte Suprema Nacional - sólo supone el ejercicio por los jueces de la causa de la facultad que les incumbe de determinar y aplicar el derecho que la rige, en tanto no se alteren los presupuestos fácticos (L.L. 149-411).

Lo propiamente inmodificable son los hechos traídos por las partes a juzgamiento, mas mientras ellos no sean afectados, el magistrado es libre para calificarlos y subsumirlos en la ley (esta Alzada, S.D.C. 89/93; Expte. 16257 - S.D.L.53/00; Expte. 17.757 - S.D.L. 13/02; Expte. 20.100 - S.D.L. 7/05: Expte. 20.273 - S.D.L. 17/05; entre otros); en esa tarea jurídica "todos los caminos se hallan abiertos ante él" (COUTURE, "Fundamentos..." 3era. ed., pág. 286, nº 181 - conf. expte. 16517 C.A.N.E. ; entre muchos otros).- V. Conclusiones: - De compartirse los criterios ya expuestos, corresponderá por tanto confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de apelación, con costas en la Alzada a la parte recurrente, fijándose los honorarios profesionales del Dr. J. J. S. a mérito de la extensión, complejidad del asunto, eficacia de las tareas y resultado obtenido, en el 4,2% del monto del proceso debidamente liquidado, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200).

Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó:- La solución para el caso es la que propone el Sr. Magistrado preopinante, lo que autoriza a remitirse a la reseña ya efectuada del fallo apelado y agravios del codemandado J. E. A..- Y por razones de mejor factura de mi voto, seguiré el mismo orden en que ha expuesto el colega los temas sometidos a esta Alzada en su voto precedente.- Las Asignaciones Familiares y la obligación al pago.

a) - Considero que la condena a los demandados al pago de las asignaciones familiares (AF) reclamadas, estuvo ajustada a derecho.

En primer lugar y como lo hace el Dr. Ferrari, corresponde no tener por relevante la alegada falta de reclamo previo de las AF a la extinción del contrato de trabajo, toda vez que dicho detalle no fue considerado por el Sr. Juez a-quo.

Y, por otra parte, es doctrina recibida que la demora en la reclamación, salvo casos excepcionales como p. ej. puede llegar a ser en un reclamo por horas extras, no priva al dependiente de su derecho al reclamo y no puede interpretarse como una renuncia tácita al rubro que fuere.- La sustancia de la condena fue que la empleadora no inscribió al dependiente cuando ingresó a trabajar para ella (1/7/98), sino tardíamente en Abril de 1999 como surge de fs. 40/44 ó fs.58 en documentación presentada al ente ANSES. En consecuencia y concordando con lo manifestado por el ente al contestar la citación a la causa (fs. 117/118), mal podía abocarse ANSES al pago de las AF por un empleado no denunciado por la principal.

La defensa esgrimida por la demandada (empresa con el nombre de fantasía "G."), fue que la inscripción se llevó a cabo cuando el Sr. M. tuvo grupo de familia a su cargo (fs.76 vta., párr. 3).

En mérito a ello carece de relevancia el que la demandada haya presentado los formularios utilizados por y para ANSES y todo lo relativo al sistema de cobro directo de las AF por el ente en lugar del anterior sistema de abono y posterior compensación., etc., por ser la principal una empresa PYME, sobre lo cual se extiende largamente en el responde y lo resume hoy en su queja.

Porque lo determinante para considerar procedente que se le abonen al actor las AF pendientes no fue el sistema de pago directo, hoy p.ej. con el SUAF, o los anteriores que han venido estableciéndose por el ente, sino que los demandados no cumplieron con la obligación inicial y primigenia de inscribir el contrato de trabajo del actor en la fecha y con el modo y forma que viene previsto para las AF desde la Ley 22.161 y ratificado y reiterado desde 1991 por la Ley 24.013, Ley Nacional de Empleo.

Aquí está la clave de la situación.- b) - La Ley 22.161 que bueno es recordarlo no fue derogada por la actual 24.714 sobre el tema de las AF y sus reglamentaciones, hoy también con la incidencia de otras posteriores devenidas de los organismos que estructuran y organizan el sistema, tales como la especie de "código" sobre el tema (Res. 14/02 de la Secretaría de Seguridad Social- SSS), ó la Res. de ANSES 641/03 que creara el denominado SUAF (Sistema Unico de Asignaciones Familiares), estableció - la Ley 22.161- un sistema de obligaciones e infracciones tanto para el empleador como para el empleado.

En lo que importa para esta causa, puede recordarse el Art. 3 de la misma, que consideraba infracción del empleador no inscribirse en los organismos entonces existentes -luego transformados por otras regulaciones complementarias- cuando iniciara sus actividades o cuando tuviese personas en relación de dependencia.- Pero y en lo que conceptúo como la sustancia misma del punto, permanece vigente la Ley Nacional de Empleo 24.013 que desde 1991 estableció en su Art. 7 que se entiende "registrado" el contrato de trabajo cuando el empleador inscriba al trabajador en el Libro del Art. 52 de la LCT -o en la documentación laboral que haga sus veces, según esté previsto- (inciso "a"), así como en los registros mencionados en el Art. 18, inciso a) de la ley (inciso "b" del Art.7).

Mientras que en el Art. 18 inciso a), la ley fija que en el entonces allí creado "SURL" (Sistema Unico de Registro Laboral), se debe inscribir el empleador y la afiliación de sus dependientes al entonces allí Instituto Nacional de Previsión Social y a las entonces allí Cajas de Subsidios Familiares, como a la obra social correspondiente. Por supuesto que tales organismos que en 1998, data de la relación de trabajo, venían siendo suplantados tanto por la AFIP -continuadora de la DGI- o por el actual ANSES.

Quiero significar con este por cierto intrincado sistema, producto de la proliferación de leyes y reglamentaciones y nuevos organismos, que permanece vigente el detalle clave de que cuando se inicia una relación laboral, el empleador debe inscribir a sus dependientes tanto en sus registros (Art. 52 LCT o similar), así como en los organismos que atienden a la seguridad social.

Con esta inscripción el ANSES tiene por tanto la constancia de quien trabaja para cada quien y entonces sí, le cabe la obligación de pagar las AF por el sistema del pago directo.- Circunstancia esta del pago directo que el ANSES no puede atender o resultar obligada sino cuenta con la inscripción del empleador del personal dependiente.- Si la empleadora no inscribió al actor cuando inició su contrato de trabajo en 1998 y lo hizo recién en mediados de 1999, va de suyo que el ANSES no pudo hacerse cargo del pago de las AF y por este incumplimiento de la inscripción que el principal debió hacer, le corresponde por tanto hacerse cargo del pago de las AF pretendidas.

Esta queja por ende no es procedente.- El domicilio del actor y su prueba confesional.

Debe desestimarse esta queja del codemandado. Lo relativo al domicilio del actor que se relata tuvo ya su cauce de dirimición en la sede de origen (fs. 205) que por otra parte esta Alzada ya decidió mediante la S.I.L. 45/05 de fs. 257/vta., rechazando el pedido de prueba en esta sede; el tema es, pues, abstracto y no puede tener otras consideraciones de este Acuerdo.

La extinción del contrato laboral.

Es cierto que no pueden extenderse los efectos de la confesión ficta de los otros codemandados al quejoso, por cuanto al tratarse de un litis consorcio necesario (Art. 89, CPCC), la negativa de uno de los litis consortes de un hecho controvertido, aquí el despido verbal, lleva a que el que lo invoca -el actor- deba probarlo. Por ello el codemandado tiene razón en que no corresponde tener por probado dicho despido.- Pero, debe tenerse en cuenta que cuando el demandante se dio por despedido en forma indirecta lo hizo por el despacho de fs. 4, con remisión a su anterior intimación de fs. 3. Por el principio de la apelación implícita que cita el Dr. Ferrari, cabe abocarse a esta circunstancia que le estuvo vedada de invocar al actor por haber resultado ganancioso en la contienda en la sede de origen.- E ingresando a este punto, el actor probó haber tenido razón para darse por despedido, pues si el pago de las AF que intimara no fue cumplimentado, ello constituyó injuria laboral suficiente para extinguir el contrato. Debe recordarse que hemos resuelto reiteradamente que cuando se invocan varias causales de posible injuria laboral, basta que una de ellas resulte relevante para tener por configurada aquella y entender justificada la extinción en los términos del Art. 246 de la LCT (confr., entre otras, S.D.L. 9/96, exp. 11772; 75/97, exp. 12332; esta Sala "A", S.D.L. 82/98, exp. 13352, 66/99, exp. 15273; 38/01, exp. 17437; S.D.L. 13/05, exp. 20252).

Por lo expuesto y como lo concluye el colega, por estos fundamentos distintos de los expresados por el Sr. Juez a-quo, corresponde confirmar la condena por despido indirecto incausado, dentro de las facultades de la Alzada de confirmar -o revocar- un decisorio por fundamentos distintos de los anteriormente considerados; como lo hemos decidido en variados pronunciamientos de esta Alzada y hoy Sala "A" (confr., S.D.L. 56/96; 102/96; 106/96; 119/96, 15/97; esta Sala "A", S.D.C. 44/99, exp. 14812; S.D.L. 63/00, exp. 16486; S.D.C. 35/01, exp. 17335; S.D.C. 15/04, exp. 19158).- Conclusión.

Debe confirmarse el fallo apelado, imponiendo las costas de Alzada al recurrente. Los honorarios propuestos fijar para su tarea en esta sede para el letrado apoderado, Dr. J. J. S., los encuentro adecuados a los trabajos realizados y normativa arancelaria que se cita.

Voto la cuestión por la AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Ferrari expresó:

En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: 1) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de apelación- 2) Con costas en la Alzada a la parte recurrente, fijándose los honorarios profesionales del Dr. J. J. S. en el 4,2% del monto del proceso debidamente liquidado, con más el I.V.A. pertinente.

Así lo voto.- A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTION CUESTION dijo el Dr. Manino:

Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Ferrari.- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse excusado el Dr. Carlos Alberto Velázquez (art. 8 de la ley 1130, To. de la ley 4550).- Trelew, de febrero de 2006.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: - CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de apelación;

IMPONER las costas en la Alzada a la parte recurrente, fijándose los honorarios profesionales del Dr. J. J. S. en el 4,2% del monto del proceso debidamente liquidado, con más el I.V.A. pertinente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- l.

MANINO FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 07 DE 2.006 - SDL.- Conste.-