marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estafa, falsificación de instrumento privado, tarjeta de crédito
Materia: PENAL
Carátula: CORRADI, GUIDO s/ ESTAFA - TARJETA CREDITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-16

1) El momento consumativo de la estafa utilizando como medio ardidoso la imitación de la firma del titular y la tarjeta de crédito de éste sustraida o perdida y denunciado su extravío, lo es si el comerciante no cumple con los recaudos de cuidado debido, en el instante mismo de la entrega del objeto adquirido y la recepción del recibo firmado por el estafador; y si lo hace cumpliendo todas las cláusulas contractuales y la numeración de la tarjeta no aparece en las listas respectivas, en el momento en que la empresa expedidora del título debe hacerse cargo del o de los gastos, sin reembolso por parte del titular, por cuanto su denuncia efectuada en término lo desvincula de su obligación.

En esta última situación, todas las compras integraban el acto de tentativa que halla su consumación al producirse el perjuicio de un modo real y cierto en el patrimonio de la firma otorgante del documento, configurando de este modo un solo hecho encuadrable en el art. 172 del Cód. Penal y no eventos así calificados en forma reiterada.

Solamente cuando no se denuncia el hurto o pérdida de el instrumento por su dueño, éste deberá responder ante la empresa al recibir el resumen o resúmenes que contengan los gastos efectuados con la misma por su clandestino tenedor, y allí quedará configurado el tipo penal ya citado, cualquiera sea la cantidad de compras o servicios que allí figuren. O sea que habrá tantos ilícitos como cuentas mensuales deba abonar su desprevenido propietario.

Pero en este particular caso donde todos los comercios obviaron la obligación que tienen de observar las listas que les envían de tarjetas hurtadas o extraviadas, no siendo responsable civilmente Argencard que es la firma expedidora, debieron asumir el perjuicio tales comercios, y en consecuencia, fueron diversos los entuertos que deben reprochársele al procesado debiendo ser responsabilizado por el delito de estafas reiteradas.

2) No existe concurso ideal con el delito de falsificación de instrumento privado por la adulteración de las firmas en las facturas de compra, por ser partes integrantes de la actitud ardidosa.
Proceso contravencional, prueba, admisibilidad de la prueba, facultades del juez, producción de la prueba, resoluciones inapelables
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Baquero, Patricia Mabel s/ violar luz roja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

En el caso, la sentenciante resolvió no hacer lugar a la solicitud de citar a los distintos testigos consignados, toda vez que no se ha invocado en forma concreta sobre que punto en partícular deberían declarar, de acuerdo a lo normado por el artículo 45 de la ley 1.217, en cuanto se consideran pruebas superfluas.

En este sentido, el rechazo resulta formalmente adecuado por cuanto el artículo 45 b) de la ley 1.217 expresamente determina que la resolución atacada es inapelable.

La resolución mencionada tampoco genera al quejoso un gravamen de insusceptible reparación ulterior, por cuanto en materia de faltas rige supletoriamente el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. (conforme artículo 23 de la ley 1.217).

Al respecto establece una solución específica para una situación como la de autos, la que se encuentra regulada en el artículo 303, que establece que son inapelables las resoluciones del tribunal sobre producción, denegación y substanciación de las pruebas. Si se hubiere negado alguna medida, la parte interesada puede solicitar al tribunal de alzada que la diligencie cuando el expediente le fuera remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

En este sentido, no es ocioso recordar que el replanteo de la prueba en segunda instancia está contemplado por el artículo 231, inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. La finalidad de esta norma se basa en el principio de improrrogabilidad del período de prueba. El replanteo sólo es viable cuando hubiere existido negativa a proveer probanzas o que la negligencia decretada no hubiera sido declarada en forma oportuna.

Se ha dicho que el instituto de replanteo de pruebas en segunda instancia se organiza para lograr el acabado cumplimiento del principio constitucional de la defensa en juicio y como contrapeso de la inapelabilidad que por razones de la celeridad y economía de trámite instituye el Código de rito. El replanteo de la prueba denegada en la primera instancia para ser cumplida ante el tribunal de alzada, exige que la petición se funde en forma similar a lo que ocurre tratándose de un memorial o expresión de agravios, formulándose una crítica razonada de la resolución recaída, señalando sus errores o desaciertos al desestimar la producción de la prueba motivo de aquél. (Carlos F. Balbín, "Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires". Ed. Lexis Nexis Abeledo Perrot, 2003, pág. 648/49)
Acción de amparo, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brígido, Gerardo Alberto s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-12-20

Para que proceda el amparo no debe existir otra vía procesal ordinaria judicial o administrativa, para obtener oportuna reparación.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Barrera, Jorge Ramón s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Cuando los jueces meritan la prueba mediante la "sana crítica", la "convicción sincera" y la valoración en "conciencia" lo hacen porque los textos legales así se lo imponen y no porque reciban poderes extrajurídicos. No cabe preguntarse "qué normas hay que citar como infringidas" en los casos de absurdo o "qué regla positiva de derecho probatorio viola" el absurdo. Porque tales normas son, precisamente, las antes citadas en tanto rechazan el absurdo. No se advierte cómo podría haber "inaplicabilidad de ley" sin ley.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interposición del recurso, recurso in forma pauperis, recurso de casación penal, personas privadas de la libertad, estado de indefensión, nulidad de oficio, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Acuña, Pedro Gabriel s/ Incendio simple reiterado -once hechos- en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-05-18

Corresponde declarar de oficio la nulidad del decreto que dispuso pasar los autos a despacho para resolver la admisibilidad del recurso de casación deducido, por derecho propio, sin asistencia letrada y encontrándose el recurrente privado de su libertad, y de todos los actos consecutivos que de él derivaron, al no seguirse las reglas básicas que rigen las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, toda vez que -en los hechos- el condenado quedó sin asistencia técnica y su voluntad de recurrir el fallo condenatorio fue desoída al rechazarse el recurso de casación interpuesto por deficiencias técnicas, entre las que se inclye la pesentación tardía del escrito.
Impuestos, principio de legalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "ESSO  Petrolera  Argentina  SRL c/ AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

El alcance de principio de reserva de la ley se extiende a todos los elementos esenciales de la obligación tributaria, o sea, su tipicidad (esta Sala, "Sucesores de Hernán Enrique Reynal S.A, del 21/3/01, cons. 5°) (Del voto del juez Argento, cons. 5°).
Robo, consumación del delito, sentencia, fundamentación de la resolución, in dubio pro reo, tentativa, disposición de la cosa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ruiz, Javier Gustavo y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-04

En el robo para que haya apoderamiento y delito consumado lo decisivo es el criterio de disponibilidad de la cosa aunque sea por un breve lapso, circunstancia que se verificó en el caso, pues si bien no se contó con evidencia directa -por ejemplo registros fílmicos- de que el tercer delincuente -que se dio a la fuga- se llevó los efectos faltantes sustraídos al damnificado, la conclusión a la que arribó el tribunal es derivación lógica y razonada de las pruebas de la causa. La disidencia parcial sostiene que aún cuando el sentenciante mencione algunos indicios que lo llevan a conjeturar que el tercer sujeto que escapó de la persecución policial cargaba con los elementos robados faltantes, dada la duda que exhiben los términos en que dicha deducción se manifestó, el veredicto de condena queda huérfano de sustento y se debe concluir en que el delito de robo imputado ha quedado en grado de conato. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma -en disidencia parcial-).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, bicicleta
Materia: CIVIL
Carátula: RAMÍREZ,  Ignacia  y  otros c/ MORINI, Gustavo y otro s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-22

Si bien actualmente la jurisprudencia se ha inclinado en los casos de accidentes de tránsito ocurridos entre una bicicleta y un automóvil por no efectuar distinciones en razón de su diversa estructura, aún de no generar el mismo riesgo para terceros y de que los ciclistas suelen circular con descuido y a veces no dominan su biciclo, no puede dejar de destacarse las diferencias entre ambos rodados, de muy distinta entidad, debiendo asimilarse la situación al supuesto del accidente entre un vehículo en movimiento y un peatón.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Graciano J. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Con relación al tiempo, la nulidad actúa retroactivamente, ex tunc.

Una vez declarada los efectos de la nulidad se retrotraen a la fecha del acto anulado. Ello es así por que se considera que el acto de referencia nunca existió jurídicamente. De ahí que la nulidad del acto dispuesta por la autoridad competente para juzgarlo tenga carácter meramente declarativo, por lo que el obstáculo a la percepción de la jubilación por edad avanzada no quedó removido desde la fecha de baja en planillas de cobro, sino desde su mismo origen.
Empleados públicos, acción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Diarte, Eligio c/ Dcto. Pcial. Nro. 1.399/88 s/ Acción Contencioso Administrativa Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-07-06

La prescripción de la acción de un empleado público no se interrumpe por tramitaciones administrativas -reclamo previo administrativo- sino solamente con la demanda formal ante los jueces.
Honorarios, regulación de honorarios, ejecución de honorarios, prescripción, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia contradictoria
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN, JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

El estudio de la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación revela que la misma bien lejos está de exhibir los caracteres de reiterada y pacífica respecto de la cuestión que se discute, advirtiéndose la existencia de dos líneas bien definidas que conducen a soluciones opuestas: así, dejando de lado antiguos precedentes decimonónicos que aplicaron lisa y llanamente el artículo 4032, inciso 1º, del Código Civil, nos encontramos con un primer criterio adoptado por la Corte al resolver en ejercicio de su competencia revisora (esto es, por la vía del recurso extraordinario) conforme al cual, partiendo de la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción y de que la condena en costas engendra "un nuevo vínculo" que atribuye a los profesionales una acción para perseguir el cobro de sus honorarios, cabe entender que respecto de tal acción no rige la prescripción bienal, que "se limita precisamente a la acción del profesional contra su cliente", siendo inaplicable al supuesto en que se persigue el cobro de la parte vencida en costas. Frente a este criterio encontramos el que se explicita en algunos pronunciamientos que resolvieron cuestiones de honorarios por actuaciones profesionales desarrolladas originariamente ante la misma Corte (lo que podríamos llamar en "instancia propia"), donde se introduce la distinción pretoriana entre el derecho a cobrar honorarios ya regulados "y el derecho a que se regulen", aplicándose respectivamente las prescripciones decenal y bienal de los artículos 4.023 y 4.032, inciso 1º del Código Civil.( Del Voto en Disidencia del Dr. Vigo)
In dubio pro operario, duda
Materia: LABORAL
Carátula: Lucero, Raúl. c/ P.V.I.S.A. s/ Cobro de pesos. Crespo, Alberto c/ Bucheri, Francisco s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13|1989-08-15

No es aplicable el art. 9 de la L.C.T. si no se trata de un caso de duda para los jueces de grado.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santillán, Daniel Omar c/ Argarate, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Dentro de las infracciones a los reglamentos de tránsito, una de las más graves es la circulación a contramano, pues se trata de una consecuencia imprevisible para quien lo hace por la suya.-
ECUADOR, incomunicación indebida, violación de derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado, Pacto de San José de Costa Rica, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador c/  s/ Sentencia de Fondo
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1997-11-12

Resultan violados por el Ecuador los artículos 8.2.c, 8.2.d, 8.2.e y 5.2. de la Convención Americana, en perjuicio de quien habiendo sido detenido, padeció más de un mes de incomunicación sin poder preparar su defensa por no tener patrocinio de un defensor público y, una vez que lo obtuvo no pudo comunicarse en forma libre y privada con él, ubicándolo en una situación de extrema vulnerabilidad con riesgo de agresión y arbitrariedad carcelarias, máxime cuando la incomunicación se realizó en contravención a las normas internas del estado, debiendo concluir que tal grado de aislamiento del mundo exterior, especialmente de su familia, ha configurado un caso de sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y PROTECCION DE DERECHOS C. INC. s/ Inspección de Oficio Ley 24.240
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-21

La exigencia de motivación suficiente de un acto administrativo no se satisface con la mecánica adición de fórmulas prearmadas y que carecen de un contenido concreto y de un alcance objetivo y verificable y que pueden tener cualquier género de consecuencias en cada caso. Motivar un acto administrativo no es una gentileza hacia el administrativo sino una obligación imperiosa e insalvable de los poderes públicos, quienes en caso de no cumplirla serán pasibles de ver anuladas sus decisiones.
Deuda pública, deudas consolidadas, régimen de consolidación de deudas, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, cobertura, levantamiento del embargo
Materia: ECONOMIA - PROCESAL
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ AEROLINEAS ARGENTINAS Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La pertinencia del levantamiento del embargo decretado encuentra justificativo en el art. 17, Ley 24.624, que dispone la consolidación -en los términos de la Ley 23.982- de las obligaciones emanadas de la actividad aseguradora de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en los supuestos en que otorgó cobertura al Estado Nacional o a cualquiera de sus entes, empresas y organismos alcanzados por la Ley 23.982 (cfr.

Sala I, Causas 6255 del 28.5.96 y 4026/93 del 14.11.96).
Rechazo in límine, división de poderes, Poder Judicial, embargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/  s/ su presentación ante el Tribunal de Conducta
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-28

Debe rechazarse in limine la denuncia efectuada contra un letrado en el Tribunal de Conducta del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe, en tanto versa sobre la relación contractual entre aquél y el denunciante, por cuanto al haber sido embargado por decisión judicial debe cuestionarlo en la sede pertinente.
Prevención, facultades de la autoridad de prevención, requisa personal, averiguación de antecedentes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Monzón, Ruben Manuel s/ Recurso de casación. Causa: 2113
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El accionar de la policía en este caso estaba fundado en la experiencia práctica y profesional en la prevención de delitos, pericia que posibilitó a los preventores realizar un juicio de alta probabilidad sobre conductas vinculadas a un accionar delictivo. Así, la justificación del actuar policial "resume una destilación de su experiencia práctica para requerir identificación selectiva en excepcionales circunstancias. Ello no implica dar pie a actitudes prepotentes de una policía arbitraria sino, no desaprovechar -para afianzar la paz social a través de una prevención adecuada del delito- las lecciones de la realidad cotidiana. Ese conocimiento práctico, pautas informales de la experiencia profesional en la prevención del delito, determinó a la policía en la circunstancia concreta, a requerir la identificación del encausado en un acto razonable de averiguación, y sin lesionar sus garantías constitucionales. (del voto del Dr. David -disidencia-)
Representación procesal, partes del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: MARINERO CANDIDO DEL ROSARIO Y OTROS c/ RESERO S.A.I.A.C.F. s/ APELACION DE PROVIDENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-08

Si la parte actuó con varios representantes, su representación procesal es considerada como única, por lo que la notificación, en la persona de cualquiera de sus mandatarios es opta para hacer nacer el término del art. 2 de la ley 2275.
Acuerdo preventivo, crédito admisible, crédito inadmisible, incidente de revisión, votación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Valsugana SRL c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-11

Si se declara admisible el crédito del interesado, éste debe ser tenido en cuenta a los fines del cómputo de las mayorías necesarias para la consideración del acuerdo preventivo pero, si por el contrario, la acreencia es declarada inadmisible, el acreedor no puede ser considerado a efectos de la evaluación de las mayorías, siendo esta situación definitiva a tales efectos, más allá de que, por el resultado de las eventuales revisiones, el crédito inadmisible terminare siendo reconocido o el admisible declarado inadmisible y que, como consecuencia de tales decisiones, pueda terminar siendo excluido de la masa pasiva o incluido en ella. Estas decisiones pueden ser revisadas a petición del interesado de conformidad con lo dispuesto en la LCQ 37, párrafo segundo. Sin embargo, el derecho a participar en la votación por la aprobación o rechazo de la propuesta de acuerdo preventivo que resulta de la primera de las decisiones mencionadas, no es susceptible de revisión alguna, ya que es "definitiva" a esos fines (arg. art. 36, último párrafo). Es más, el resultado de la votación no habrá de variar ni siquiera como consecuencia del eventual progreso de un incidente de revisión de un crédito inicialmente declarado admisible que finalmente no es verificado y que tenga por virtud excluirlo definitivamente de la masa acreedora concurrente (véase: Heredia Pablo D., Tratado Exegético de Derecho Concursal, T° I, pág. 749; Quintana Ferreyra Francisco, Concursos, T° I, 427). Lo mismo ocurre en este caso donde el progreso del incidente de revisión relativo a un crédito que fuera declarado inadmisible en la instancia de la LCQ 36 termina siendo reconocido a través del trámite de revisión, supuesto en el que dicho acreedor se verá beneficiado por los términos del acuerdo que resulte aprobado, pero no por ello se halla habilitado para participar de la decisión conducente a aprobar o no la propuesta de acuerdo presentada por la deudora.
Proceso penal, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Davila, Roberto Narciso s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Matías Rolando Olmos en contra de la Sentencia Nº 04/09 recaída en causa Expte. Letra "D" Nº 14/08 "Dávila, Roberto Narciso p.s.a. Abuso Sexual simple calificado (dos hechos) y Abuso Sexual Gravemente Ultrajante - Nueva Coneta - Capayán - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-05-29

EL sistema de valoración de la libre convicción "consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos ... ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal, T. I, Marcos Lerner, Córdoba).

Si bien esta Corte comparte la jurisprudencia citada por el a quo, no obstante ello, en este caso en particular, en atención a los agravios aquí expresados, el sentenciante ha omitido valorar prueba de valor decisivo. En efecto, no dio ninguna razón tendiente a desvirtuar los argumentos defensivos vertidos por el imputado -reiterados por la defensa en oportunidad de formular los alegatos y ahora a través del recurso casatorio intentado-, máxime si se tiene en cuenta que fueron coincidentes con las declaraciones de la propia víctima y el informe de la empresa en que trabajaba.

Las señaladas omisiones no hacen más que conducir a un estado de duda, el cual debe inexorablemente jugar a favor del imputado. Consecuentemente corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por arbitrariedad de sentencia por este agravio y hacer lugar a la absolución, por el beneficio de la duda, del prevenido.