Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-04


En Buenos Aires, a 3 días del mes de abril del año 2001, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala "H" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: "R. de S. Cristina Alicia c/A. Fernando y otros s/Responsabilidades Profesionales" y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 1738/54 vta.), que hizo lugar a la demanda promovida por la actora, expresan agravios la demandante a fs. 1830/7, el co-demandado Dr. Fernando A. a fs. 1840/8, la co-demandada Staff Médico S.A. a fs. 1855/60, y la citada en garantía a fs. 1861/5. La primera contesta los agravios de los co-demandados y de la citada en garantía a fs. 1867/72 vta., 1873/9 vta. y 1880/4 vta., respectivamente. Las contestaciones a la presentación de la actora por parte de los co-demandados, obran a fs. 1886/8 vta. y a fs. 1890/1 vta., respectivamente, quedando de tal forma los autos en condiciones de dictar el pronunciamiento definitivo. En su expresión de agravios, la actora se agravia por considerar insuficientes los montos fijados en concepto de incapacidad, daño moral, daño estético -comprensivos de la cirugía reparadora-, daño psíquico y gastos de tratamiento psicológico. El co-demandado A., tras hacer una breve referencia a los antecedentes de la causa, se agravia porque el juez a quo entendió que su comportamiento no fue solícito, atento, sagaz y que no tomó las medidas o precauciones del caso, manifestando asimismo que de las constancias del expediente no puede inferirse la existencia de una mala praxis médica. Sostiene la inexistencia de daño patrimonial y/o moral a la actora y ataca cada uno de los rubros que integran el decisorio, peticionando que se dejen sin efecto, o que se ajusten y determinen a la fecha del decisorio sin intereses, por las características del caso. La obra social condenada cuestiona que se haya atribuido mala praxis al profesional que intervino quirúrgicamente a la actora, con prescindencia de lo dictaminado por los peritos designados en autos, y cita diversas afirmaciones de éstos y constancias del expediente que demostrarían la conducta diligente del médico demandado. También considera improcedentes o excesivas las distintas indemnizaciones reconocidas a la actora. A su vez, vierte alguna manifestación sobre la carga de intereses a los rubros "tratamiento psicológico" y "cirugía reparadora". A su turno, la citada en garantía se agravia de que se haya incluido entre los responsables a la Clínica del Sol de la calle Arenales, por no haber relación contractual entre el médico y el nosocomio mencionado. Finalmente, impugna los montos indemnizatorios por considerarlos "absolutamente elevados". Hace reserva del caso federal.- I. Así delimitado el panorama fáctico, estimo útil detenerme en la naturaleza del vínculo que se establece entre el médico y el paciente cuando éste requiere la prestación de servicios profesionales que resultan de su incumbencia, y consecuentemente, la responsabilidad que de dicho vínculo se deriva. En las "Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Civil" (Mercedes, agosto de 1981) estimaron que "como uno de los factores en la apreciación de la culpa de los profesionales es menester computar el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas y, en su caso, la condición especial del agente de que se trate" (Rec. 5); en tanto que el "Segundo Encuentro de Abogados Civilistas" (Santa Fe, junio y julio de 1988) declaró que "La culpa del profesional debe apreciarse según el tipo promedio al que pertenece el agente, debiendo tomarse en cuenta, también, su condición especial (art. 909 Cód. Civil)" (Rec. 3). Según las recomendaciones formuladas por una comisión del citado encuentro de abogados, a los fines de configurar normativamente el débito profesional, la prestación debe entenderse integrada con la disposición de todos los medios orientados hacia la obtención del resultado, que integra el objeto de un modo mediato. Al analizar los caracteres de la relación que vincula al profesional con su cliente, Alterini A. y López Cabana R. ("Responsabilidad profesional: el experto frente al profano", LL. 1989-E-847) subrayan la inferioridad jurídica del segundo frente a la superioridad técnica del primero, constatable en sus relaciones contractuales. Tal supremacía, en el ámbito de la especialidad propia de aquél, involucra conceptos que privilegian el "favor débilis"; lo cual ha llevado a colocar en un primer plano a la noción de "consumidor", tanto de cosas como de servicios. Dentro de la variada gama de actividades profesionales, conceptualizables como una prestación de hacer (arts. 630 y cctes. CC), Mosset Iturraspe y otros ("Responsabilidad Civil", Hammurabi, Bs. As., 1992, página 459), señalan que, de acuerdo al objeto de la obligación, puede ésta considerarse como "de medios" -o de conducta- o "de resultado" -o de fines-, incluyendo entre las primeras a la del médico. Según Agoglia-Boragina-Meza (Responsabilidad por incumplimiento contractual", Hammurabi, 1993, p. 62; con cita de Bueres, "Responsabilidad contractual objetiva", JA. 1989-II-977) el distingo tiene trascendencia en dos ámbitos: la diversidad del factor de atribución -subjetivo en el primer caso y objetivo en el segundo-, y en la distribución de la carga de la prueba. En ese orden, subrayan que en las obligaciones de medios, la conducta diligente - aquella encaminada a la obtención del resultado anhelado por el acreedor- es esencial para dar por cumplida la prestación, aunque se haya fracasado en el logro del interés final. Así, puede distinguirse en este "deber calificado" un doble juego de intereses: uno primario, que se colma en tanto el deudor se aplique celosamente al cumplimiento del proyecto de conducta tendiente a obtener aquella finalidad; y otro mediato constituido por la efectiva consecución del resultado, aleatorio en la medida en que su alcance no depende sólo de los esfuerzos del deudor, sino también de la influencia de circunstancias inciertas (v. Bueres, "Responsabilidad de las clínicas y establecimientos médicos, p. 132, citada a su vez por Agoglia-Boragina-Meza, ob, cit., p. 72, n 12). Por ello, tratándose de obligaciones de medios, la diligencia desplegada por el deudor no sólo integra estructuralmente el nexo obligatorio, sino que es también, y fundamentalmente, un componente del pago. En tal medida, el incumplimiento existe cuando el deudor omite prestar la conducta calificada que le compete, siendo indiferente para generar su responsabilidad contractual la real obtención del resultado esperado (v. Bustamante Alsina, "Prueba de la culpa", LL. 89-886; Bueres, ob. cit., p. 154, y, del mismo autor "Responsabilidad contractual objetiva", JA. 1989-II-977; Vazquez Ferreyra, "Prueba de la culpa médica", p. 60 y ss., citado por Agoglia y otros, ob. cit., p. 74, n 15). En punto a la diligencia que cabe al deudor, y al criterio severo para apreciarla, la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente exigiendo una diligencia máxima (CNCiv., Sala "E", ED. 119-613; Sala "F", JA. 1982-IV-227; CNFed. Civ. y Com., Sala "I", LL. 1985-A-612, fallo 36.757-S; CNECyC., Sala "IV", ED. 104- 209). Con un encuadre similar se han expedido Weingarten-Ghersi ("Responsabilidad médica. El deber de prevención y la eximición por culpa de la víctima", D.LL., 21/02/995, p. 4 y ss.), destacando que en todo tiempo la posición del profesional ha de ser de "prevención", adoptando el "máximo de seguridades" para el paciente. Sin perjuicio de lo expuesto, la doctrina reconoce ciertas hipótesis en las cuales cabe exigir la prestación de un buen resultado, lo cual concierne a determinados módulos interpretativos que prestan atención a ciertas circunstancias de la prestación, entre los que cabe citar su carácter oneroso, la aleatoriedad, la organización empresaria del deudor, el propósito de lucro, la asegurabilidad del riesgo, etc. (v. Alterini-López Cabana, "Carga de la prueba en las obligaciones de medios, aplicación a la responsabilidad profesional", LL. 1989-B-942; auts. cits., "Responsabilidad Profesional, el experto frente al profano", LL. 1989-E-847). La obligación de seguridad: Numerosos autores han afirmado modernamente la existencia de una obligación tácita de seguridad o "garantía de indemnidad", consistente, en el caso, en la obligación de prestar la asistencia médica comprometida. Mientras algunos afirman su carácter accesorio respecto al nexo principal, otros sostienen que es funcionalmente autónoma, aunque reconoce como presupuesto la existencia del primero. Ese deber de seguridad, encuentra su fundamento último en el principio de la buena fe contractual establecido por el artículo 1198 del Código Civil, base de la mutua confianza que han de inspirarse recíprocamente los contratantes. Esta confianza, en lo que atañe al paciente, ha de consistir en su creencia de que el cuidado y la previsión de la otra parte lo pondrán a resguardo de los eventuales daños que pudiera ocasionar a su persona la ejecución del contrato; tanto más cuanto se trata en la especie de conductas que han de cumplirse, justamente, en directa relación a su cuerpo y a su salud. Comprende la adopción de las prevenciones y cuidados destinados a evitar, en un esfuerzo preventivo, todo posible accidente o riesgo de tal, que aceche al consumidor del servicio durante su prestación; y, así entendido, tal deber ha sido calificado como obligación de resultado (CNCiv., Sala "C", 29/02/984, LL. 1985-C-638, 36.846-S; CNCom., Sala "C", 08/05/81, ED. 94-578; v. también la conclusión 1.a de la Comisión n1 2 de Derecho Civil, de las "VI Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, celebradas en Junín, octubre de 1994).

Relación causal entre el incumplimiento y el daño: Para Bueres ("Responsabilidad Civil de los Médicos", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992, p. 123) los presupuestos básicos de la responsabilidad civil están dados por la acción, la antijuridicidad, el daño, la relación causal y la presencia de un factor de atribución; clasificación con la cual coincide parcialmente J. Bustamante Alsina ("Teoría General de la Responsabilidad Civil", 6ta. edición, Bs. As., 1989, p. 21, n 580, p. 86, n 170). Por su parte, Llambías ("Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1973, t. I, 306), al detenerse en el examen de los requisitos del daño resarcible, señala entre ellos a la circunstancia de que aquél reconozca su causa adecuada en el hecho imputado al responsable (quinto recaudo), extremo que también califica como presupuesto de la responsabilidad civil (ob. cit, p. 367 y ss). Para el citado autor, haber sufrido un daño no resulta título suficiente para pretender la respectiva indemnización, sino que es necesario establecer el nexo de causalidad entre ese efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad invocada, en la medida que tal hecho "sea el factor por cuyo influjo ocurrió aquel daño". Luego de exponer sucintamente las doctrinas esbozadas en torno al problema, expresa que, según la teoría de la causalidad adecuada, la relación de causalidad jurídicamente relevante es aquella que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que normalmente lo produce, conforme al curso natural y ordinario de los acontecimientos. Se entiende por causa adecuada aquella que por sí sola es apta para producir el efecto que se considera, sin necesitar para ello de otra fuerza que la complete o complemente; debiendo efectuarse la apreciación de tal aptitud productora del resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece. Por su parte Borda ("Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, Perrot, Bs. As., 1989, t.1 II, p. 242, n 1317) afirma que la teoría expuesta -de origen alemán- es la que predomina hoy en nuestro derecho. Señala entre sus seguidores a Orgaz y Peirano, y resalta que fue adoptada por el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, de 1961. En su exposición, sostiene que el problema consiste en determinar, de un modo abstracto y considerando lo que ordinariamente sucede, si la acción u omisión a la que se le atribuye el daño era normalmente capaz de producirlo. Bustamante Alsina ("Una nueva teoría explicativa de la relación de causalidad", LL 1991-E-Sec. Doctrina, p. 1378 y ss.) expone que la cuestión radica en establecer cuál de los hechos antecedentes, en presencia de una pluralidad de circunstancias, puede ser considerado razonablemente como causa directa, y no una mera condición del resultado dañoso. Belluscio-Zannoni ("Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", Astrea, Bs. As, 1988, t. 4, p. 83) luego de puntualizar los problemas interpretativos que plantea la nueva redacción del artículo 906 del Código Civil afirman que, sin decirlo expresamente, nuestro código responde a la construcción teórica de la causalidad adecuada. Alterini y López Cabana ("Presunciones de causalidad y de responsabilidad", LL. 1986-E-981 y ss.), sostienen que la relevancia del particular radica en dos aspectos. Por un lado, contribuye a delimitar la noción de autoría -en el sentido de la legitimación pasiva requerida para dirigir una acción de responsabilidad civil-, lo cual se vincula con la determinación de quién responde. Por otro lado, contribuye a esclarecer por cuáles consecuencias habrá de responder el sujeto individualizado como autor. Afirman que, conforme al juego recíproco de las doctrinas de la causalidad, primero debe emplearse la teoría de la "conditio sine qua non", para establecer cuales son las condiciones útiles entre las que se hallará la causa, descartando las "ocasionales" y las "circunstancias irrelevantes"; y luego la de la causalidad adecuada, piedra basal para imputar las consecuencias. Avanzan en su concepto afirmando que nuestro derecho, en terreno propio de la teoría de la causa próxima, presume que la condición antecedente inmediata del daño es su causa adecuada, por lo cual se responde de las consecuencias inmediatas (arts. 903 y 520 CC), a menos que se pruebe que no fueron adecuadas, o sea, que resultaron imprevisibles. En tal medida, sostienen que si el daño es consecuencia inmediata del hecho generador, la ley presume su adecuación y el autor ha debido preverlo; de modo que éste, para liberarse, está precisado a demostrar que se trata de un resultado fortuito. Deberá el damnificado probar la existencia del hecho originante, y, ante el factor legal de atribución y la inmediatez de las consecuencias de aquél, corresponderá al demandado desvirtuar la presunción expuesta -probando la actuación de una causa ajena-, o atacar la antijuridicidad de su obrar probando, por ejemplo, un estado de necesidad justificante. Aspecto probatorio: Bustamante Alsina ("Teoría general de la responsabilidad civil", p. 302, # 828, citado por Agoglia y otros, ob. cit., p. 115, n 50) recalca que la prueba de la "no culpa" o de la "falta de culpa", radica en la demostración de que se ha actuado con la diligencia, prudencia, cuidados, pericia, etc., que requería la naturaleza del comportamiento debido, atendiendo a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512 CC). Vinculado al punto, Agoglia-Boragina-Meza ("Responsabilidad por incumplimiento contractual", Hammurabi, Bs. As., 1993, p. 253), sostienen que el criterio general referido a que la carga de la prueba de la negligencia debe ser soportada en principio por el actor en las obligaciones de medios, se encuentra divorciado de la moderna tendencia tuitiva del derecho de daños, cuando se trata de responsabilidades profesionales, "dada la obvia limitación de posibilidades que tiene el consumidor del servicio en lo referente a la colección de los elementos probatorios respectivos", calificándola en tales términos como prueba diabólica. Por lo cual propugnan la necesidad de arbitrar mecanismos inversores de esa carga probatoria, consagrando un criterio "favor victimae". Ello, por cuanto una óptica dinámica de la aludida carga, debe comprender que es siempre el profesional quien, por sus conocimientos científicos, y por la posesión o disponibilidad material de los elementos probatorios indispensables, se encuentra en mejores condiciones para aportarlos. Su supremacía en el desenvolvimiento de la relación contractual se proyecta, así, sobre los roles procesales respectivos. Coincidentemente, la cuarta conclusión del ya citado Encuentro de Abogados Civilistas, referente al punto, estableció que "Son aplicables los principios procesales para la distribución de la carga de la prueba. Cuando la responsabilidad se sustenta en la culpa, en orden a las circunstancias del caso, alcance de la pretensión y defensas, situación privilegiada en materia técnica, etc., el profesional tiene la carga exclusiva o concurrente de acreditar su diligencia". Tal actividad concurrente, debe tender a despejar aspectos tales como la entidad, calidad y cantidad de los actos cumplidos, así como su idoneidad para alcanzar el resultado, fin mediato de la obligación asumida.

II. Sentadas las premisas expuestas, comenzaré por el examen de los agravios vertidos en relación a la responsabilidad atribuida al médico co-demandado, pues de prosperar se tornarán abstractas las restantes cuestiones planteadas en la litis. En primer término, no está en discusión en autos que durante su embarazo, la actora requirió los servicios profesionales del Dr. Fernando A., médico obstetra incluido en la cartilla de la obra social Staff Médico. Que el citado profesional, en la Clínica del Sol -que también mantiene relación contractual con la citada obra social-, el día 18 de enero de 1988, le practicó una operación de cesárea. Tampoco fue cuestionada la realización de la segunda intervención quirúrgica, llevada a cabo el día 20 de enero de 1988 en el mismo establecimiento de salud. Sí se discute la causa de la misma. En el escrito de inicio, la parte actora relató que a raíz de intensos dolores y distensión abdominal, le realizaron diversos estudios, diagnosticándole vólvulo de colon y perforación, provocados durante la cesárea, requiriendo urgente intervención quirúrgica, que le fue practicada por el Dr. Luis Martino. Por su parte, el médico condenado expresó que la cesárea se realizó sin inconvenientes, siendo la evolución durante el primer día de operación, normal, y que recién en la noche del día siguiente la actora comenzó con distensión abdominal, con dolor en fosa ilíaca derecha, por lo que solicitó interconsulta con cirugía general de "Staff Médico". Luego de varios estudios, y con diagnóstico pre-quirúrgico de "oclusión intestinal por vólvulo de ciego",fue operada, como dije, por el Dr. Martino. Si bien los co-demandados recurrentes insisten en que la atención brindada a la Sra. R. de S. resultó adecuada, en mi opinión las quejas no pueden ser acogidas en sentido favorable, pues los elementos probatorios arrimados a la causa prueban acabadamente la negligencia e impericia en que incurrió el profesional que la atendiera durante la operación de cesárea. Tampoco ha sido controvertida la existencia de la perforación en el ceco ascendente, tal como lo relatara la actora en su presentación de fs. 276/85 vta..El punto a dilucidar es, cuál fue la causa de la perforación. Los peritos desarrollan sus conclusiones en torno a las posibles causas de una perforación, por lo que se pueden eliminar distintas posibilidades. Del dictamen pericial obrante a fs. 784/7 vta. confeccionado por la Dra. Graciela Beatriz Librandi, médica legista obstetra, y por el Dr. Manuel López Turconi, médico legista cirujano, surge que conforme el parte quirúrgico confeccionado por el Dr. Martino, éste halló: "ceco ascendente dilatado, con coloración rojo vinosa oscura, con fibrina en la región del ceco ascendente. Volvulación del ciego con asa ciega de ceco ascendente, con perforación pequeña cubierta parcialmente con fibrina" (v. fs. 785 vta., resp. 8va.). Los peritos descartan que la perforación se deba a una úlcera por necrosis, pues la misma no puede dar signos de fibrosis, por ser ésta una reacción biológica activa (resp. 10ma.), señalando que la coloración del asa intestinal sería pardo negruzca, y no rojo vinosa oscura como indica el parte quirúrgico, y añadiendo que en ese supuesto no correspondería suturar (resp. 9na.), como ocurrió en el caso de autos. También descartan el origen vascular - necrótico de la lesión (v. fs. 885 vta., resp. 13). Por otro lado, señalan que, en lo que a la vascularización intestinal y a la fisiopatología de vólvulo se refiere, el color rojo vinoso oscuro corresponde a la interrupción de la vascularización venosa, siendo ésta la primera etapa del compromiso de los vasos mesentéricos en torsión (v. fs. 787, resp. 18va.).También expresan que en los vólvulos con compromiso vascular no se producen pequeñas perforaciones en la etapa previa a la necrosis irreversible del intestino y como consecuencia de la acumulación de los gases. La necrosis sobreviene por efecto "abanico" luego del compromiso arterial (resp. 19na.). Resulta elocuente recordar que el Dr. Martino manifestó que la perforación "era puntiforme, no recuerdo si serían uno o dos milímetros, era tan pequeña que ni siquiera consignamos el tamaño en el parte quirúrgico" (v.fs. 1084).Asimismo descartan que la perforación se deba al llamado síndrome de Ojilvie, indicando que su complicación grave es la perforación en la bulla cecal, no siendo ésto lo hallado en el acto quirúrgico (v. fs. 938, resp. 24).Sentado lo anterior, en la respuesta 15ta. al pedido de explicaciones de fs. 801/3 vta., los citados profesionales expresan que además de la acción mecánica y externa, no consideran otra posibilidad como probable para producir esta lesión, circunstancia ratificada en el responde de fs. 918 (v. resp. I 2., segundo párrafo), señalando a fs. 937 que descartan estar ante un caso de perforación cecal.Si bien los expertos indican que la región del ceco ascendente en una cirugía de cesárea se halla fuera del área quirúrgica en situación de normalidad (v. fs. 785 vta., resp. 12), en la contestación al pedido de explicaciones los expertos consideraron probable que la paciente haya recibido una herida pequeña en la pared del colon ascendente, que provocara una reacción de defensa de los epiplones para tapar la misma (v. fs. 885, resp. 8va.).Resulta determinante la presencia de fibrina en la región donde se produjo la perforación (ceco ascendente), por ser ésta, como indicara anteriormente, una reacción biológica activa. No alcanzo a comprender el sentido de la negación sobre este punto efectuada por el Dr. San Juan (v. fs. 844).Cabe destacar que las circunstancias descriptas por los peritos despejan todo tipo de dudas con relación a la génesis u origen de la perforación, esto es que la misma fue realizada por el Dr. A. durante la operación de cesárea del día 18 de enero de 1988.Es del caso remarcar que considero de suma importancia los dictámenes periciales obrantes en autos, porque los mismos se encuentran fundados en principios y procedimientos técnicos, y porque resultan congruentes con el resto de la prueba rendida. Tales circunstancias conducen a aceptar sus conclusiones, al ponderarlos conforme a los arts. 386, 477 y 497 del C.P.C.C.N.. Por ello, al no haberse opuesto argumentos científicos de mayor valor y/o atendibilidad que los proporcionados por aquéllos, cabe aceptar sus conclusiones. Al respecto, Palacio ("Derecho Procesal Civil", T. IV, p. 720, y sus citas) ha señalado que cuando la prueba "aparece fundada en principios y procedimientos técnicos no objetables y no existe otra prueba que la desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél". Párrafo aparte merece la presentación efectuada por el Dr. Alfredo Achával, consultor técnico propuesto por la co-demandada "Staff Médico S.A.", pues la misma ha sido presentada en forma extemporánea, en virtud del principio de preclusión (art. 155 del C.P.C.C.N.), toda vez que a fs. 1265 vta., se clausuró el período de prueba, habiendo dispuesto el llamado de autos para sentencia a fs. 1397, llamado que fue suspendido a fs. 1399 vta., pero al sólo efecto de la realización de una nueva pericia psiquiátrica y psicológica. Con relación al informe presentado por el Dr. San Juan - consultor técnico del Dr. A.- a fs. 841/9, cabe remarcar que el mismo no coincide con las conclusiones a las que arribaron los peritos designados de oficio. Sobre la disidencia de opiniones entre peritos y consultores técnicos, se ha pronunciado la jurisprudencia. Es opinión mayoritaria que el consultor técnico se diferencia del perito en que mientras este último es un auxiliar de la justicia, aquél es un auxiliar de la parte, que no está obligado a exponer sus conclusiones cuando sean desfavorables a quien lo propuso, por lo que su aporte no puede considerarse en ningún caso prueba de igual o mayor rango que la pericial y frente a ello no resulta arbitrario que el sentenciante se incline por esta última, si el perito no le ofrece dudas en cuanto a la idoneidad o imparcialidad con que efectúe la tarea encomendada (CNEsp.Civ. y Com., Sala IV, "Saenz de Anselmino, María B. c/Villalta Rosendo, Carlos M.", R. 31.674, del 17-11-88). Personalmente he dicho que ante la discrepancia entre el criterio del perito oficial y un consultor técnico ha de prevalecer, en principio, el del primero pues las garantías que rodean a su designación hacen presumir su imparcialidad y en consecuencia mayor atendibilidad: el consultor técnico constituye una figura análoga a la del abogado en la medida que procura aportar los fundamentos científicos y/o técnicos que favorezcan el progreso de la pretensión de la parte que representa, lo cual denota, contrariamente al perito, su postura esencialmente parcial que obliga a evaluar sus razones como si provinieran de la parte misma (CNCiv., Sala D, "Ramp, Juan R. c/Cruz Médica San Fernando S.A. s/Ds. y Perj.", R. 153.044, del 16-8-95; íd. esta Sala, "Labrador de Liceri, Aurora y otro c/Osowski, Bernardo s/Daños y perjuicios", R.206.820, del 14-3- 97). A mayor abundamiento, corresponde remarcar que la fuerza probatoria pericial debe apreciarla el Juez conforme a todos los elementos de convicción que la causa ofrezca, pudiendo sentar una conclusión distinta a las pericias. En presencia de la imposibilidad de apreciar los dictámenes periciales desde el punto de vista de su exactitud técnica, dada su naturaleza, debe entenderse con preferencia al número de peritos que opina de uno u otro sentido; a la situación que cada dictamen ocupa dentro del juicio (ordenado de oficio o no), a los fines y oportunidades en que se haya emitido cada uno, a la calidad de los funcionarios públicos y de tercero que invisten los peritos, a la correlación de los dictámenes entre si, y a su vinculación con los hechos debidamente comprobados en autos (conf. CNCom., in re "Kunkel de Bergmann Berta B.C.E. c/Cía. D'Assurances Générales", del 14-6-1940, LL, 19-34). En la especie, la disparidad de opiniones se da entre el consultor técnico del médico condenado, Dr. Pedro Martín San Juan -cirujano general y cirujano plástico-, y los dos peritos designados de oficio por el juzgado interviniente, Dres. Librandi y López Turconi, quienes se desempeñan como obstetra y cirujano, respectivamente. A fs. 1845 vta., la letrada apoderada del Dr. A., solicitó que como medida para mejor proveer pasen las actuaciones al Cuerpo Médico Forense. Pero, es del caso señalar que el mismo planteo fue efectuado por la co- demandada "Staff Médico" a fs. 1412 y vta., disponiendo el magistrado interviniente a fs. 1413 vta. que debía estarse a las constancias de autos. La jurisprudencia ha entendido que la circunstancia de que en autos se hayan producido dos dictámenes médicos que arribaran a resultados opuestos no es suficiente, por sí solo, para que se disponga una nueva pericia. El motivo determinante de un nuevo dictamen está dado, no por la disparidad de criterios de los anteriores, sino porque éstos no arrojan la luz para elucidar el punto correctamente (conf. CNCiv., Sala F, LL, 1980-A-154). Así las cosas, de la presentación de los peritos Librandi y López Turconi obrante a fs. 885/6 se desprende que "el hecho de que un cirujano no visite ni controle a su paciente en las primeras 24 hs, del post- operatorio, no lo consideramos como un acto prudente y diligente en el cuidado médico" (v. aclaratoria 19). Pero tal manifestación parece ser genérica y no referida a este caso, pues como surge de la historia clínica de la Clínica del Sol, el Dr. A. visitó a la actora el mismo día de la cesárea a las 22 hs. (v. hoja de evolución que luce a fs. 1345). Sí resulta relevante, a los efectos de asignar responsabilidad lo mencionado por los peritos en cuanto consideraron que es de buena técnica al realizar una cirugía, revisar muy bien todo, y luego cerrar. Si el profesional interviniente no se percató de la lesión producida, sino 48 hs. más tarde, puede concluirse que no ha obrado adecuada, cuidadosa y diligentemente (ver fs. 885 vta., aclarat.17), máxime cuando del parte puede observarse que el profesional consignó que la operación transcurrió sin particularidades. A las cuestiones reseñadas, debe sumarse que los peritos concluyeron que "el hecho de escribir una solicitud de interconsulta, no exime al cirujano a cargo del paciente, de sus obligaciones en el cuidado médico" (fs. 885 vta., acl. 20). De la lectura de la historia clínica puede observarse que el profesional condenado, a las 0:45 hs., del día 20-1-88, solicitó una interconsulta con cirugía general a Staff Médico, la que no se logró. Recién a las 6:30 hs. del mismo día, el Dr. Ambroggi (coordinador) autorizó la consulta con el Dr. De la Rosa de TIM, médico que examinó a la paciente recién a las 11 hs. Estas omisiones, también son reveladoras de la falta de cuidado y diligencia en la atención de la paciente. Estoy convencido de que, por los antecedentes del caso, el hecho acaecido no era inevitable, ya que existían técnicas para impedirlo. Por ende, al no haberse adoptado las medidas necesarias, el médico interviniente en definitiva, asumió dicho riesgo, y por lo tanto debe atribuírsele responsabilidad por las consecuencias dañosas de su obrar antijurídico. Frente al cúmulo de circunstancias expuestas, fácil es colegir que la atención médica prestada a la paciente se presenta como deficiente. Queda claro, entonces, que el Dr. A. debió haber obrado previendo la eventualidad del mal mayor posible. La prudencia aconseja al profesional adoptar los recaudos máximos posibles, empleando aquellas técnicas más eficaces ante la posibilidad, aunque mínima, de provocar una lesión a su paciente. En las condiciones dadas, propongo que los agravios vertidos por los apelantes sean desestimados.- III. RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A STAFF MÉDICO La obra social condenada hace referencia a que no hubo mala praxis de parte del Dr. A., profesional que figura en su cartilla de profesionales, circunstancia no desconocida en autos. Al haber sido abordado el tema en el ítem anterior, me remito al mismo en honor a la brevedad. Cuadra concluir que si la atención en el hospital tuvo lugar en virtud del convenio existente entre éste y la Obra Social a la que se encontraba adherido el paciente, esta última responde en virtud del contrato celebrado a favor de terceros (art. 504 del Código Civil), o bien con fundamento en la obligación de garantía en beneficio de los afiliados, o en la obligación objetiva tácita de seguridad (conf. CNCiv., Sala E, R.257.876, del 18-2-99). Cabe destacar que cualquiera sea el médico elegido por el paciente subsiste la responsabilidad de la obra social, porque dada la modalidad del cumplimiento de la obligación de prestar cobertura al afiliado, ninguna duda cabe de su responsabilidad en la obligación que le incumbe a los sanatorios en la atención de los enfermos (Sala G, ED, 30/9/81; Sala L, 25/7/94). Por lo tanto, en virtud de los principios jurídicos señalados, propongo que se confirme el decisorio en este aspecto.- IV. RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA CITADA EN GARANTIA Con respecto a la apelación de L'Unión des Assurances de París, citada en garantía, corresponde recordar que independientemente de la responsabilidad directa del médico, existe la obligación de la entidad hospitalaria o sanatorial de prestar asistencia médica, la cual lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesoria en ciertos contratos que requieren la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato" (Jorge Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", quinta edición, Bs. As., 1987, pág. 468, en núm. 1431 quater). Alberto J. Bueres recuerda que: La vigencia de la obligación de seguridad, en general y en determinados contratos, ha encontrado razón de ser suficiente en la norma del art. 1198, párr. 1 del Código Civil, que contiene el principio de la buena fe. Pero en el caso concreto que nos ocupa creemos que sin perjuicio de ese hito legal genérico, que aceptamos, el problema merece una mayor atención a fin de dimensionar el objeto del deber. En efecto, no basta señalar, como lo hace Belluscio, que la extensión de la obligación reparatoria está dada por el aprovechamiento económico que obtienen las entidades médicas y que es muchas veces la finalidad perseguida (ánimo de lucro). Si ello fuera así no responderían en igual dimensión mutuales, las obras sociales, los hospitales públicos, etc.. Por lo tanto, es más lógico, por sus alcances omnicomprensivos, apuntar al dato de que todo lo que haga a la salud de la población es problema de interés general ("Responsabilidad civil de los médicos", Bs.As., 1992, págs. 383/4). En cuanto a los alcances de la obligación de seguridad de los establecimientos sanitarios, expresa que el deber de conducta secundario -en relación con la obligación principal de prestar el servicio de salud- destinado a evitar que los pacientes sufran daños corporales, ya sea por cualquier otra circunstancia, configura una obligación de resultado. Resulta elocuente señalar que en todo el espectro de obligaciones cuyo objeto no está constituido por prestaciones "intuitu personae", para el acreedor es en principio irrelevante la sustitución de la persona del deudor, cuando el comportamiento seguido por su auxiliar o sustituto es equivalente al comprometido por aquél. Por ello, el ámbito de los sujetos por los cuales se responde no se limita al concepto jurídico de los dependientes, sino que comprende a todo el que auxilia al deudor en el cumplimiento de la obligación asumida, o la cumple en lugar suyo. Como consecuencia de ello, el deudor responderá de todos los daños ocasionados por sus auxiliares en el desempeño de las funciones encomendadas (Kemelmajer de Carlucci, Parellada, y otros, "Responsabilidad Civil", Hammurabi, Bs. As., 1992, p. 378 y ss., # 163; v. también Trigo Represas, "Responsabilidad civil de los médicos y establecimientos asistenciales", LL. 1081-D-133 y ss.; CNCiv., Sala "E", 31/10/78, citada a su vez por Ghersi, "Responsabilidad por prestación médico asistencial, cit., p. 106, n 33). La noción expuesta es válida para las distintas variantes de contratos de prestación de servicios médicos. En esa medida, el médico se constituye en sustituto del establecimiento asistencial o de la obra social que lo contrata y se vale de su acto médico para el cumplimiento de su prestación. La explicación del fundamento de la responsabilidad de dichos entes, también ha sido buscada en la figura de la estipulación por otro, consagrada por el art. 504 CC. Conforme a esta postura, el nosocomio, la obra social o la empresa de cobertura asistencial pre- paga, responden frente al paciente (beneficiario) en virtud de la estipulación celebrada previamente por aquéllos (como estipulantes) con el médico (como promitente). De lo cual emerge una responsabilidad contractual y directa de tales entes, que descansaría, además, en la ya mencionada obligación tácita de seguridad (v. CNCiv., Sala "E", 25/11/980, LL. 1981-D-136 y ss; CNCiv., Sala "C", fallo 36.846-S, LL.1985-C-638). La complejidad actual de las relaciones jurídicas, ha dado lugar a la celebración de contratos entre los mismos entes mencionados -p. ej. entre obras sociales y clínicas-, tendientes a regular internamente los vínculos generados en el intercambio. También en tales hipótesis, la estipulación a favor de un tercero brinda adecuada explicación a tales vínculos, y a la obligación indemnizatoria directa de origen contractual, que en definitiva liga siempre al promitente frente al paciente (CNCiv., Sala "E", 25/11/80, citada por Ghersi, "Responsabilidad por prestación médico asistencial", cit., p. 121, n 63). En ese orden de ideas se ha decidido que, entre el hospital y el médico que presta sus servicios en el mismo se establece una estipulación a favor de un tercero: el eventual hospitalizado, y en virtud de ello el interesado dispone -igual que cualquier otro acreedor- de los medios legales para compeler al deudor el cumplimiento de las obligaciones y, en su caso, exigir el pago de las indemnizaciones correspondientes (art. 504 C.C.), pues a los organismos intermedios les alcanza una responsabilidad -original o derivada- que cubre los actos realizados por sus agentes y los hechos causados por las cosas; responsabilidad que abarca los actos de los médicos que se desempeñan con relación de dependencia o sin ella, siempre que exista, es obvio, la falta médica o el incumplimiento de los deberes profesionales (conf. C. 2 Civ. y Com., La Plata, sala 1, 4-9-86, "Pompey, Omar E. c/Prov. Bs.As.; LL, 1988- II, pág.31). En suma, no me parece razonada la crítica esbozada por la citada en garantía. En consecuencia, procederé de conformidad a lo dispuesto por el art. 253 del C.P.C.C.N., a estudiar la procedencia de los diversos rubros indemnizatorios requeridos en su oportunidad.- V. INCAPACIDAD La parte actora considera insuficiente el importe indemnizatorio fijado en concepto de incapacidad sobreviniente. Por su parte, la obra social co-demandada considera que la cicatriz podría dar lugar a indemnización por daño moral, pero no por incapacidad física. A su vez, la citada en garantía impugna el monto por considerarlo elevado. Para la valoración de la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente no existen pautas fijas, pues se trata de circunstancias de hecho variables por diversos factores. Para ello, debe considerarse también, la proyección que la secuela del infortunio acarrea al damnificado en su actividad, sin que el juzgador deba ceñirse a pautas estrictamente matemáticas o a tablas de valores fijos, considerando la persona en su integralidad, con su multiforme actividad, debiendo computarse y repararse económicamente todas las facultades propias en la amplia gama de su personalidad. Cuando la invalidez es parcial es importante definir el déficit de capacidad sufrido para compararlo con la amplitud completa para el trabajo y demás actitudes relevantes. He sostenido en reiteradas ocasiones que los porcentuales de incapacidad que determinan los informes periciales no implican una pauta estricta a la cual deben atenerse las indemnizaciones. En primer lugar, porque esos porcentuales deben ser traducidos a dinero y dicha operación la puede hacer nada más que el sentenciante y, por otra parte, porque para ser evaluados conforme a las reglas de la sana crítica, es imprescindible que el perito, al determinarlos, establezca pautas técnicas o científicas en virtud de las cuales hayan establecido los mismos (esta Sala exptes. nro. 80.024, 79.332, 111.054). No debe olvidarse que la finalidad de la indemnización es permitir al damnificado permanecer en la misma situación económica a la que tenía antes del accidente, lográndose de esta manera una compensación íntegra, inherente a la plena capacidad, que repare la merma de las posibilidades genéricas, mas debe evitarse que se produzca un enriquecimiento sin causa, mediante el otorgamiento de una indemnización excesiva (expediente 111.054,entre otros). De la pericia presentada por los expertos designados de oficio puede extraerse que "al momento del examen actual la actora presenta cicatriz abdominal viciosa, dolorosa que por sus características origina imagen antiestética abdominal, causada en la reparación mesenquimática con la neoformación de tejido fibroso que en su retracción temporal, pliega los tegumentos, deformando, desfuncionalizando y además al englobar las terminaciones nerviosas (por obstrucción de la vaina de Swandan, lugar de génesis de neuronas) por compresión o estiramiento producen dolor, lesiones tanto más extensas cuanto más reiteradas son las agresiones que se ejercen sobre los tejidos, como sucede cuando se reoperan a los pacientes en los post-operatorios por las mismas incisiones quirúrgicas. Desde el punto de vista médico legal son patologías invalidantes, pues no permiten hacer fuerza por causar dolor y hacerlo, necesariamente, aumenta la diastasis rectal, adelgazando el tejido neoformado, permitiendo la instalación de eventraciones in situ" (v. fs. 785). Concluyen los citados médicos que la Sra. R. de S. presenta incapacidad parcial y permanente valorada en 5% de la T.O., por padecer cicatriz abdominal viciosa, dolorosa (v. fs. 785, 786 vta., resp.4, y ratificación de fs. 936 vta.). Teniendo en cuenta la edad, sexo, condiciones ambientales y socioeconómicas de la actora, que surgen de esta causa y del beneficio de litigar sin gastos, la limitación de actividades resultantes del daño sufrido - imposibilidad de llevar a cabo personalmente determinadas tareas del hogar- estimo prudente establecer la indemnización por este rubro en la suma de pesos cinco mil ($5.000).- VI. DAÑO MORAL Constituye también materia de agravio para ambas partes la suma de $7.500 otorgada en concepto de daño moral. La actora además solicita la fijación de la lesión estética de manera autónoma. En primer lugar, independientemente del criterio de este tribunal, y de la mayor claridad que su discriminación importa a la hora de analizar las sumas otorgadas, la sola circunstancia de que el sentenciante fije una indemnización conjunta para ambos rubros, no puede por sí generar agravio para las partes. En el caso, el juez no dejó de considerar la lesión estética sufrida por la víctima, sino que decidió que su traducción en dinero fuera determinada juntamente con el daño moral. De todas maneras, si bien como expresé esta circunstancia no puede generar agravio, no ocurre lo mismo respecto de la suma que en definitiva se otorgue. Así las cosas, corresponde establecer si aquella resulta acorde con el daño sufrido. Ello sin dejar de considerar que, como señala Roberto H. Brebbia: "El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie" ("El daño moral", página 237). De ahí que, más allá de cualquier pauta, los criterios para la estimación del daño moral son siempre discrecionales, necesariamente circunstanciales y de muy difícil objetivación (Vázquez Ferreyra, "Responsabilidad por daños", Depalma, 1993, pág.190). Este daño, que se encuentra específicamente contemplado en el art. 1078 del Código Civil para aquellos supuestos en que deriva de la producción de un hecho ilícito, contempla las lesiones como causa de dolores y diversos malestares físicos y psíquicos que afectan la seguridad personal de la damnificada, y todo tipo de padecimientos de esa índole que resulten consecuencia natural del hecho, a tal punto que la jurisprudencia ha relevado a la víctima de la prueba de los mismos (conf. Stiglitz, Gabriel A. y Echevesti, Carlos A. en Responsabilidad Civil, dir. Mosset Iturraspe, Jorge, pág. 250). Así, se deben considerar las condiciones personales del damnificado y la entidad de los padecimientos sufridos. Cobra vital importancia el análisis de la gravedad objetiva del daño, la edad y personalidad de la víctima, su situación familiar y social, etc. (Vázquez Ferreyra, ob. cit., pág.190). Asimismo, el término que demanda la curación de las lesiones es un parámetro de importancia para meritar el alcance del daño moral experimentado. Ello debe computarse a pesar de que la víctima haya sido dada de alta en el hospital, si el tratamiento debió continuar, con las lógicas molestias a lo largo de la convalecencia (Zavala de González, Matilde, ob. cit., T.2b, pág.553). En este caso, se trata de una persona de 36 años a la fecha del accidente; ama de casa, casada y con dos hijas. Como ya señalé, a consecuencia del accidente, debió realizársele una operación de relaparotomía por intermedio del Dr. Martino, siendo posteriormente derivada a terapia intensiva. Tiene entendido la jurisprudencia que toda minoración del sujeto en sus aptitudes existenciales supone destruir o alterar el equilibrio espiritual necesario para hacer frente a la vida. De allí que donde se verifique una incapacidad de cualquier índole, será reconocible el daño moral. En esta órbita no económica corresponde valorar no sólo las incapacidades con gravitación en lo laboral y productivo, sino más ampliamente ineptitudes de todo género, con repercusión en la vida solitaria y de relación. Su cuantía se magnifica en función de su prolongación (temporalidad y permanencia) y gravedad (relativa a algunas, muchas o todas las aptitudes de la persona)(conf. Zavala de González, ob. cit., T. 2a, pág. 553/554). Señala también esta autora que las cicatrices y otras alteraciones resultantes del hecho (constitutivas, por ejemplo de lesiones estéticas o funcionales) son resarcibles a título de daño moral aún cuando no impliquen incapacidad alguna. Es que la salud representa "un estado de completo bienestar físico, mental o social, y no consiste tan sólo en una ausencia de enfermedad o invalidez. Dentro de dicha perspectiva toda secuela dejada por el hecho, aunque no se traduzca en una definida ineptitud laboral o de otra índole, implica una alteración de la normalidad de que se gozaba y perturba de algún modo la plenitud y alegría de la vida" (conf., ob. cit.,T.2a pág.557). En el caso de autos, de la contestación a la impugnación del informe pericial que obra a fs. 936/8 surge que "si la actora no hubiera sufrido la reoperación, la cicatriz residual hubiera sido diferente, toda vez que en P.Quir. figura (fs.222) Relaparotomía por herida anterior con ampliación de la misma hacia arriba por encima del ombligo y también figura en el mismo que se deja drenaje tubular en parietocólico derecho que se saca por contra abertura. Esto evidencia una cicatriz de mayor longitud, que abarca una zona de mayor dehiscencia, y a su vez una nueva cicatriz. Por lo expuesto este abdomen mucho dista de haber sido igual o casi igual del de no haber sufrido la reoperación" (fs. 936 vta.). En similares términos, del informe de fs. 784/7 vta. puede observarse que la nueva cicatriz originada por la cirugía practicada por el Dr. Martino agravó las cicatrices que tenía la actora por sus cesáreas anteriores (v. fs. 785 vta., resp. 14). Que la misma constituye una lesión estética (resp. 15). En consecuencia, por considerar que la suma fijada en la instancia anterior -abarcativa de la lesión estética- resulta insuficiente, dadas las particularidades del caso de autos, propongo que se la eleve a la de pesos diez mil ($10.000).- VII. CIRUGÍA REPARADORA Las partes se agravian de la suma otorgada por el primer sentenciante. Debo admitir que el a quo ha sido muy escueto al tratar este rubro. De la lectura de la sentencia puede inferirse que fue otorgada la suma de $10.000 para la cirugía reparadora. En la pericia de fs. 784/7 vta., los expertos pusieron de resalto que la cirugía practicada por el Dr. Martino agravó las cicatrices que tenía la actora por sus cesáreas anteriores, constituyendo la misma una lesión estética, perolos peritos fueron más allá, y dictaminaron que la mejor forma de mejorar dicha cicatriz era mediante cirugía reparadora, siendo su costo variable de acuerdo al equipo médico actuante, no pudiendo por lo tanto establecer su costo aproximado (resp. 16, fs. 785 vta.). Sin embargo, en el "Otrosí Digo" de la presentación de fs. 885/6, manifestaron que de contratarse a un equipo médico de primer nivel, el costo de la cirugía reparadora ascendería a $10.000. Como no indican si dicha suma se limita a la reparación de la lesión estética provocada por la relaparotomía, habré de interpretar que se refiere a la totalidad de la cicatriz que la actora tiene en su zona abdominal. Pero es del caso remarcar que la indemnización por este rubro solamente será abarcativa de la cirugía estética para reducir la lesión estética provocada a raíz de la operación de relaparotomía. Pues bien, en el marco fáctico descripto, no tengo dudas sobre la necesidad de modificar el temperamento adoptado en primera instancia, y en consecuencia, propongo al acuerdo que se reduzca la suma otorgada por cirugía reparadora a pesos cinco mil ($5.000). Cabe señalar que no resulta atendible el agravio del médico condenado referente al desconocimiento actual sobre si la actora se efectuaría la cirugía reparadora. Al respecto, se ha sostenido que no corresponde supeditar el derecho indemnizatorio a la efectiva realización de la operación, pues si la accionante ha optado por la indemnización en dinero (art. 1083 del C.C.) que tiene un fin compensatorio, no se le puede limitar la posibilidad de procurarse los bienes o satisfacciones que ella considere más adecuados para reemplazar lo que ha perdido. Además, es digno de destacar que la víctima conserva en ello toda su libertad, ya que puede hacer cualquier empleo de lo percibido por daños y perjuicios (conf. CNEsp.Civ. y Com., Sala 6?, 17-6-81, citado por Daray, "Accidentes de tránsito", ps. 468 y 469, n?32, y por Zavala de González, "Resarcimiento de daños", T. 2a, p. 207).- VIII. DAÑO PSÍQUICO En su presentación de fs. 1887 vta., la co-demandada "Staff Médico S.A." solicitó que se declare desierto el recurso de la actora. Analizaré en primer término este pedido. La simple disconformidad o disenso con lo resuelto por el a quo, sin fundamentar la oposición o sin dar la base jurídica, no importa la "crítica concreta y razonada" exigida por el art. 265 del Cód. Procesal. (CNCiv., Sala H, "Mazzoriello, Filomena c/Consorcio Bernaldes 1922 y otro del 6/7/92 en Rev. J.A. del 3/1/96, pág.62, nro.32). Sin embargo, se ha declarado de modo concordante, que en la sustanciación del recurso de apelación, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aún frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía entre el cumplimiento de los requisitos legales y la garantía de la defensa en juicio, y delimita restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (conf. C.N.Civ., Sala "E", septiembre 24-1974, La Ley, tomo 1975-A, página 573; ídem, Sala "G", abril 10-1985, La Ley, tomo 1985-C, página 267; conf. C.N.E.Civ. y Com., Sala "I", abril 30-1984, El Derecho, tomo 111, página 513). Lo dicho implica que, si la apelación cumple en cierta medida las exigencias del artículo 265 del ordenamiento procesal, según el referido criterio de amplia flexibilidad, que resulta ser la interpretación que se juzga más acorde con la apuntada garantía constitucional, cabe estimar que la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva (conf. C.N.Civ., Sala "G", mayo 15-1981, La Ley, tomo 1983-B, página 764; C.N.Com., Sala "C", septiembre 22-1978, La Ley, tomo 1978-D, página 674). En el caso de autos, considero que la presentación realizada por la parte demandada cumple mínimamente con los requisitos exigidos, por lo que no corresponde hacer lugar al pedido formulado. Entrando al análisis de los agravios vertidos sobre la procedencia de este rubro, cabe destacar que esta Sala se ha pronunciado en favor de reconocerle entidad autónoma al daño psíquico. Ello es así, por cuanto el daño psicológico, o psíquico, se refiere a una lesión en el funcionamiento del cerebro. El diccionario médico dirigido por José Mascaro y Porcar dice que "La psique es la mente considerada como entidad funcional" (Barcelona, Salvat editores, 1984, página 427). Daniel Valmor, al hablar de "psique" se refiere al sustento (o principio) de la vida mental (conf. "Psicología", Buenos Aires, 1996, página 218). Warren explica el concepto mediante las experiencias concientes y las implicancias intencionales (conf. "Diccionario de psicología", Buenos Aires, 1984, página 293). Al exponer el tema de los accidentes cerebrales, dice Eric Lenneberg que se produce una "brusca modificación de determinadas habilidades" ("Fundamentos biológicos del lenguaje", Madrid, 1967, página 218). Cabe recordar, para resaltar la influencia de la disfunción cerebral, lo que dice Emilio Mira y López en el sentido de que "la personología presupone la imposibilidad de fragmentar analíticamente la vida psíquica" ("Psicología jurídica", Barcelona, 1932, página 6). Añade el Dr. Cipriano ("El daño psíquico", La Ley, tomo 1990-D, página 678) que el daño psíquico tiene de común con el daño moral la circunstancia de que ambos acontecen en la psique. Ello podría conducir a un análisis acerca de la denominación de "daño psíquico" por cuanto el "daño moral" no deja de ser psíquico. Pero se debe acudir a una delimitación convencional y los nombres no confunden, en ese caso, los conceptos que traducen. La razón es la facultad de discutir, de reflexionar, de pensar (para su entendimiento) distintos problemas, asuntos, temas, materias. El razonamiento es el ejercicio de esa facultad, que busca un esclarecimiento, una conclusión. Expone Adolfo Muñoz Alonso: "Los juicios que componen el razonamiento han de ser tales que lleven a una conclusión" ("Fundamentos de filosofía", 1947, página 92). Mediante el razonamiento, hay una búsqueda de la verdad para separarla de la no- verdad y quedarse con la primera (conf. Julián Marías, "Introducción a la filosofía", 1969, páginas 198 y siguientes). Para arribar a la conclusión de que se produce un perjuicio de esta índole hay que contar con los elementos probatorios científicos. Con esta razón señala Mosset Iturraspe que los trastornos nerviosos y psíquicos atribuidos a las consecuencias de un accidente no son en principio descartables, aunque deban ser interpretados con cierta cautela ("Responsabilidad por daños", T. II-B, página 207). Cuando las secuelas de orden psíquico obedecen a circunstancias que le son propias, justifica un reclamo independiente del daño moral, debiendo agregar que las alteraciones o secuelas en la esfera psicológica totales o parciales, son indemnizables cuando derivan en una incapacidad (conf. CNCiv., Sala "H", in re "Cabral c/El Libertador S.A.", del 5 de julio de 1983). En sentido contrario, no pocos autores se pronuncian en contra de la "multiplicidad", entendiendo que todos los daños pueden ubicarse, sea en el terreno del daño moral, sea en el material. Lo que corresponde verificar en cada caso es, en mi opinión, si quien reclama indemnización en concepto de daño psíquico, efectivamente ha visto alterada su personalidad de base con motivo del hecho ilícito, teniendo presente, claro está, que el derecho de daños no es un derecho "de los fuertes", ni debe exigirse al afectado un temple superior ni una resistencia extraordinaria a un agente externo, traumático e inesperado. No debe perderse de vista que la "guerra de las etiquetas" o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como la "guerra de autonomías" o debate sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o, por el contrario, si tienen autonomía o forman una categoría propia, distinta, es un quehacer menor, que no hace al fondo de la cuestión y en el cual se pierde muchas veces la contemplación del tema central (conf. Mosset Iturraspe, "El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad", Rev. de Derecho privado y comunitario, T.1, pág. 39, n?23, Rubinzal-Culzoni, 1992). Y es que, en definitiva, lo que realmente interesa es permitir al damnificado permanecer en la misma situación que tenía con anterioridad al hecho dañoso, por lo que a ello debe apuntarse con independencia de los términos o expresiones utilizados. Pues bien, de los dictámenes periciales confeccionados por el Dr. Carlos Illya Levin y por la Lic. María Gracia Lambert, a fs. 654/5 vta. y a fs. 666/8, respectivamente, surgen algunas diferencias. El primer profesional, junto a su colaboradora, la Lic. Alicia Beatriz López, concluyeron que la actora no padeció daño psíquico, no necesitando, por ende, tratamiento psíquico alguno. Por su parte, la Lic. Lambert entendió que la actora presentaba un daño psíquico traumático, fijando el porcentaje de incapacidad de la actora del 25% al 30%. Sugirió la realización de tratamiento psicológico durante 3 años, con 3 sesiones semanales de 50 minutos, a un costo de $80 (ver contestación al pedido de explicaciones de la parte actora, obrante a fs. 713/5 vta.). En virtud de la disparidad de opiniones, con buen criterio, el a quo ordenó a fs. 1399 vta. la realización de una nueva pericia psiquiátrica y psicológica. La perito psicóloga, Lic. Ana María Mascieri, presentó su informe a fs. 1454/7 vta., en el que concluyó que la actora presentaba un diagnóstico de reacción vivencial anormal neurótica. Grado II (el que fue definido a fs. 1525 vta., punto III, y a fs. 1577), con incapacidad aproximada del 10% (reafirmado a fs. 1577), sugiriendo tratamiento psicológico individual por dos años, dos veces por semana, y a un costo de $70 la sesión. A su vez, la Dra. García Zubillaga, perito médica psiquiatra, hizo referencia a ciertas contradicciones o interpretaciones equívocas del informe presentado por el Dr. Illya Levin y su asistente, pues si bien ambos reconocieron la vulnerabilidad de la actora para situaciones traumáticas futuras que estén vinculadas emocionalmente con los hechos motivo de la presente litis, concluyeron que no existía daño psíquico. A renglón seguido, luego de hacer mención a la entrevista médico psiquiátrica que mantuvo con la actora, y a la innecesariedad de requerir nuevos exámenes -distintos a los ya efectuados por la Lic. Mascieri- concluyó que la actora, a partir de los eventos de autos, presentaba daño psíquico. Sostuvo que dentro de una gama de sentimientos no elaborados se destacaba el temor al embarazo, que si bien actualmente no impide la actividad sexual de la pareja, la hace recurrir a varios métodos anticonceptivos en forma simultánea y a no poder "concebir" siquiera la idea de un posible embarazo en todos estos años, por terror a una cesárea, temor extendido a cualquier otro tipo de cirugía reparadora, estética. Su actitud reticente a otras formas de tratamiento, psicológico o psiquiátrico exogámico (no con un primo), así como su desconfianza inicial al examen pericial, es también una proyección de su enfado y desconfianza para recibir tratamientos o ayuda idóneas.Agregó que a partir del hecho traumático, se enquistó y cronificó una situación de riesgo de su equilibrio psíquico que no se resuelve con el paso del tiempo, considerando que en la actualidad la incapacidad sobreviniente correspondiente al porcentaje relativo a partir de los eventos de autos es de un 10%. Para encuadrarlo jurídicamente cita las tablas de incapacidad de E.F. Bonnet: Área psíquica o neurosis post- traumática. Remarca la necesidad de tratamiento psicoterapéutico durante 2 años, con una frecuencia de dos veces por semana, a un costo de honorario promedio de $50 la sesión, y posterior evaluación. Cabe agregar que la Dra. García Zubillaga aclaró las razones por las cuales la actora debe realizar tratamiento, a fs. 1590/2, a las que me remito brevitatis causae.Como las co-demandadas no opusieron al dictamen pericial argumentos técnico-científicos que desvirtúen la eficacia de las conclusiones a las que arriban las expertas, me parece razonable, tal como lo hizo el juez de la instancia anterior, sujetarme, -en lo que respecta a la efectiva existencia de incapacidad psíquica- a lo que de aquéllas resulta en orden a lo previsto por los artículos 386, 472, 477 y concordantes del Código Procesal. En cuanto al tratamiento psicológico, cuya necesidad se encuentra debidamente acreditada en autos con la opinión de los peritos, se agravia la parte actora por considerar que la suma otorgada para solventar su tratamiento es escasa, señalando que la perito psicóloga propuso en $70 el valor unitario de la sesión. Está claro que si el hecho que motiva estas actuaciones no hubiera sucedido, la actora no tendría la necesidad de realizar dicho tratamiento. Al ser así, aquella debe recibir una suma para hacer frente a un tratamiento que disminuya al máximo las secuelas del infortunio (Sala V, "Quintana c/Aguirre", del 23-9-87), dado que se ha hecho necesario como consecuencia del incumplimiento contractual, y que debe estar a cargo de los responsables. Sin embargo, debo señalar que conforme lo ha señalado este Tribunal, el costo de una sesión de terapia debe estimarse en la suma de $40 por ser la que mejor representa el costo medio de un tratamiento terapéutico. A ello debe agregarse el hecho de contar con la suma total de la indemnización por adelantado, lo que también debe ser tenido en cuenta en función del beneficio que ello representa para los reclamantes. En consecuencia, en atención a la importancia del accidente, y el tiempo de tratamiento estimado por los peritos a fs. 1457 vta. y a fs. 1493, pto. 4, propongo mantener la suma fijada por el a quo para indemnizar el daño psíquico, y elevar la suma correspondiente a la terapia de apoyo, a la de pesos siete mil seiscientos ochenta ($ 7.680).- IX. GASTOS SERVICIO DOMESTICO Y DE ATENCIÓN DE MENORES Los co-demandados se agravian del monto fijado por este rubro por el primer sentenciante. Se ha sostenido que corresponde hacer lugar a los gastos efectuados por los accionantes en la contratación de una persona para el cuidado de los hijos menores y para realizar los quehaceres domésticos, durante el período que duró el restablecimiento de la demandante como consecuencia de los daños sufridos por un accidente de tránsito (conf. CNCiv., Sala A, R. 44.763, del 2-8-89). Tiene entendido la jurisprudencia que en las hipótesis de reclamos de indemnización por ayuda doméstica, es dable exigir, en principio, la prueba documental que acredite fehacientemente la pertinente erogación o, al menos, su demostración a través del testimonio de la persona que ha prestado el servicio, salvo que existan serios indicios que sustenten una fundada presunción de que ha existido el gasto y que él ha sido necesario a raíz de las lesiones sufridas (conf. CNCiv., Sala E, R. 212.724, del 13-3-97). En la especie, la parte actora acompañó a fs. 1325/6 y 1386 tres recibos firmados por la Sra. Mabel L. C. de Gauna por quehaceres domésticos correspondientes a los meses de febrero y marzo de 1988, y a fs. 1385 un recibo con firma ilegible por la atención de las menores Flavia y Noelia correspondiente al mes de febrero de 1988. Si bien los mismos han sido desconocidos por el sanatorio co-demandado a fs. 348 vta., la citada documentación fue reconocida por la firmante de los recibos por quehaceres domésticos en su declaración testimonial obrante a fs. 1084 vta. (v. resp. 2da.). Consecuentemente, al encontrarse probadas las erogaciones efectuadas, así como la situación padecida por la actora, puede inferirse que durante un tiempo estuvo imposibilitada de atender personalmente las tareas habituales del hogar, necesitando la ayuda de tercera persona para que la reemplace en dichas actividades. Bajo tales pautas, considero que la suma fijada para resarcir el rubro resulta equitativa ($1.500), pues se adecua a los gastos acreditados, y al período que presumiblemente debió guardar reposo, por lo que propongo su confirmación.- X. INTERESES Las co-demandadas solicitan que se considere como punto de partida para el cómputo de intereses por los ítems "cirugía reparadora" y "tratamiento psicológico", la fecha de la sentencia y no la del hecho, pero el planteo no habrá de acogerse favorablemente en esta instancia porque en el caso las consecuencias dañosas sufridas por la actora se produjeron en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis. En otras palabras, el deber de resarcir nació a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico de los demandados. La tesis, ya superada, que adoptaba la fecha de la sentencia para el cómputo de los intereses, encontraba su fundamento en que sólo a partir de ese momento hay cantidad líquida; lo que implicaba establecer una fecha posterior cuando, excepcionalmente, la sentencia no establece el monto indemnizatorio. Sin embargo, una vez descartada la condición de liquidez de la deuda como requisito de los intereses moratorios, queda también eliminado dicho criterio, al menos como regla general. En efecto, la deuda de responsabilidad -cuyo incumplimiento constituye la fuente de los intereses- es previa con relación a la resolución jurisdiccional que la reconoce, aún cuando su existencia y magnitud sólo se aprecien en esa oportunidad (conf. Zavala de González, "Resarcimiento de daños", T.1, pág. 249). Por lo expuesto, propongo mantener el temperamento adoptado en primera instancia respecto del punto de partida del curso de los intereses.- XI. COSTAS Las costas de la alzada deberán ser soportadas por las co-demandadas y la citada en garantía condenadas, teniendo en cuenta que han sido rechazados los agravios por ellas esgrimidos acerca de la responsabilidad y que no obstante reducirse algunos de los montos indemnizatorios, la naturaleza resarcitoria de las costas en este tipo de procesos justifica que sean cargadas por los responsables de la indemnización.

XII. SÍNTESIS Por las consideraciones precedentes, voto porque se confirme la sentencia de fs. 1738/54 vta. en cuanto ha sido materia de agravios, salvo en lo concerniente a los montos indemnizatorios fijados en concepto de daño moral, que se eleva a la cantidad de pesos diez mil ($10.000), y de incapacidad, cirugía reparadora y tratamiento psicológico, que se fijan en las sumas de pesos cinco mil ($5.000), pesos cinco mil ($5.000), y pesos siete mil seiscientos ochenta ($7.680), respectivamente. Las costas de la alzada se imponen a las co-demandadas, Dr. Fernando A., "Staff Médico S.A.", y a la citada en garantía "L Unión des Assurances de París".- Los Dres. Achával y Gatzke Reinoso de Gauna, por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

///nos Aires, 3 de abril de 2001.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:Confirmar la sentencia de fs. 1738/54 vta. en cuanto ha sido materia de agravios, salvo en lo concerniente a los montos indemnizatorios fijados en concepto de daño moral, que se eleva a la cantidad de pesos diez mil ($10.000), y de incapacidad, cirugía reparadora y tratamiento psicológico, que se fijan en las sumas de pesos cinco mil ($5.000), pesos cinco mil ($5.000), y pesos siete mil seiscientos ochenta ($7.680), respectivamente. Las costas de la alzada se imponen a las co-demandadas, Dr. Fernando A., "Staff Médico S.A.", y a la citada en garantía "L Unión des Assurances de París".-Difiérese la regulación de honorarios de ambas instancias para el momento en que se practique y apruebe la liquidación definitiva (art. 279 del CPN y art. 1ero. Ley 24.432).