Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-23


- En la ciudad de Trelew, a los 23 días de abril del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A, F D c/ C S.A. s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 22.040 -año 2007 venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 185.

- A LA PRIMERA CUESTION, el Dr.Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por la demandada a fs. 172 y 173, que fueran concedidos a fs. 174, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 164/167 y su aclaratoria de fs. 168 que hizo lugar a la demanda instaurada por F D A y condenó a C C A DE P S.A. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $30.002.-, con más sus intereses, en concepto de diferencias en la indemnización por antigüedad y en el incremento contemplado por el art. 16 de la ley 25.561, con imposición de costas a la sociedad vencida.- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 175/180 y vta., el traslado conferido a fs. 181 no fue evacuado por su contraria, y señala básicamente la quejosa que el principio iura curia novit no permite cambiar la acción interpuesta ya que de tal manera se violenta la garantía constitucional que preserva la inviolabilidad de la defensa en juicio. La acción promovida tiene como único destino la declaración de inconstitucionalidad del tope salarial previsto en el art. 245 de la LCT. A la pretensión de la demanda, en el sentido de computar como base de la liquidación el 67% de lo que considera el actor constituiría su mejor remuneración, respondió la demandada, quedando fijados los términos de la litis. No se ha debatido en autos la existencia o no de un tope indemnizatorio en relación al CCT 356/03, ni la inaplicabilidad del CCT 370/71, no ha estado en discusión los principios establecidos en los arts. 9 y 16 de la LCT. La sentencia no se dictó conforme a las pretensiones deducidas, y además infracciona la norma del art. 245 de la L.C.T. al tomar como base de cálculo una remuneración que no pertenece al año anterior a cuando ocurrió el distracto y tampoco ha sido devengada por un mes efectivo de trabajo. Señala asimismo que sostuvo que el cálculo debe ajustarse a la disposición del art. 9 del CCT 370/71, norma receptada en el art. 55 del CCT 356/03. De la expresa letra del CCT 370/71 resulta que la indemnización del tripulante no se calcula según las previsiones del art. 245 de la LCT, sino que de éste adopta solamente el tope. No participa de la base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual (art. 245 de la LCT), sino que debe ser un mes de sueldo establecido en la respectiva convención colectiva de trabajo, tal como lo dispone el art. 9 del CCT 370/71. Pasa por alto la sentencia que el Ministerio de Trabajo de la Nación mediante Resolución N° 384/2004 determinó topes indemnizatorios con carácter transitorio y por aplicación de la misma el tope alcanzaría a $1.457,56.- Ello fue introducido como defensa y esa referencia se hizo a fin de poner de manifiesto que su adopción no encuadra en el concepto de irrazonabilidad dado por el más Alto Tribunal para impugnar la validez constitucional del límite indemnizatorio establecido en el art. 245 de la LCT. La cita de jurisprudencia que se realiza en la sentencia, sin perjuicio de resultar inaplicable al caso, es anterior al dictado de dicha resolución ministerial y perdió actualidad. A su vez, esa resolución se dictó con anterioridad al despido ocurrido el 31/05/2005. La decisión rompe con el principio de la indemnización tarifada y ni siquiera la Corte Suprema en el caso "Vizzoti c. Amsa S.A." dejó de pronunciarse respecto de la razonabilidad de la indemnización tarifada. No obstante la expresa disposición del art. 9 del CCT 370/71 se toma en la sentencia una remuneración que se califica como "real". Sin embargo, no se está en presencia de más de una norma legal o convencional aplicable al caso que lleve a una duda que deba ser zanjada mediante el principio contenido en el art. 9 de la LCT. No se presenta en el caso una laguna o se plantea un problema de interpretación de la norma. Por el contrario, la forma de cálculo se encuentra expresamente dispuesta en el art. 9 del CCT 370/71 y reitera conceptos ya vertidos. El art. 29 del CCT 356/03 establece la remuneración que conforme el CCT 370/71 art. 9 debe tomarse como base por cada año de servicio, fijando que la remuneración global no será inferior a $653. Será entonces el mes de sueldo establecido en el convenio colectivo hasta el tope de la norma general laboral (art. 245 de la LCT) el que corresponde adoptar. No obstante, aun en el marco del art. 245 de la LCT resulta improcedente tomar como base de cálculo el haber perteneciente al mes de septiembre de 2003 ya que no corresponde al año anterior al distracto laboral, ni tampoco a un mes efectivo de trabajo. La remuneración fue devengada en función a 44 días de trabajo conforme surge del recibo de sueldo aportado por el actor en su demanda. La circunstancia de figurar consignada en la certificación de servicios y remuneraciones en el mes de septiembre de 2003 no desvirtúa la imputación que las partes otorgaron a la misma según el recibo de sueldo, y en apoyo de ello alude a las constancias que se consignan en dicha certificación para los meses de julio y agosto de 2003 y diciembre de 2004. Se agrega además su pertenencia a un año distinto al anterior al distracto laboral. La cita de jurisprudencia es inaplicable ya que pertenecería a un supuesto en que el trabajador no habría percibido remuneración alguna dentro del año anterior al despido. A más de ello reitera que el importe al que recurre la Sra. Juez de grado violenta el tope que corresponde atribuir al CCT 356/03. En definitiva la sentencia no sólo infracciona el CCT 370/71 sino que va en contra de la propia norma que aplica (art. 245 de la LCT) al omitir adoptar la base de cálculo que la misma establece. Plantea el caso federal y peticiona se revoque la sentencia recurrida.

- 2.1. La lectura del escrito de demanda permite precisar que el actor requirió la declaración de inconstitucionalidad del límite a la base salarial previsto en el art. 245 de la L.C.T. a fin de adoptar como parámetro la que consideró su mejor remuneración, y como consecuencia de ello practicó liquidación del saldo que entendió se le adeudaba (acápites III y VI, fs. 29 y 30 vta. /32 y vta., respectivamente).

En tales condiciones, resulta evidente que su pretensión tuvo por objeto el reajuste de los montos percibidos en concepto de indemnización por antigüedad e incremento contemplado por el art. 16 de la ley 25.561 (ver liquidación de fs. 32 y recibo en copia agregado a fs. 52 por la demandada).- Y a ese planteo la demandada formuló oposición por entender que el régimen indemnizatorio no es el previsto en la L.C.T. sino en el C.C.T. 356/03 que en su art. 55 remite al C.C.T. 370/71. Sin perjuicio de ello también sostuvo desde una línea argumental diferente que al momento del despido el tope indemnizatorio previsto por Resolución N° 384/2004 del Ministerio de Trabajo de la Nación ascendía a $1.457,46.- por lo que la remuneración percibida por el actor de $1.035.- era inferior al mismo, y asimismo, al vincular el tope indemnizatorio establecido por el art. 245 de la L.C.T. con la remuneración base, efectuó consideraciones sobre el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Vizzoti c. AMSA" (p. III, fs. 66 vta./ 68). En ese marco, no advierto que la Sra. Juez de la anterior instancia al dictar sentencia violentara el principio de congruencia como lo indica la apelante, pues la cuestión en debate versaba sobre la pertinencia o no del reajuste requerido por el accionante.

- No le asiste entonces razón a la recurrente cuando sostiene que el único destino de la acción era obtener la declaración de inconstitucionalidad del tope salarial previsto en el art. 245 de la L.C.T., a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación perteneciente a la causa "Vizzoti c. AMSA S.A.", y que por ello la Sra. Juez incurrió en un déficit de correspondencia con las pretensiones y oposiciones deducidas por las partes en el proceso. Es que, dentro del marco de la pretensión deducida por el actor (reajuste de las sumas indemnizatorias abonadas) el sentenciante calificó la norma a aplicar adoptando una decisión válida en ejercicio del deber impuesto por la regla iura novit curia (art. 163:6 del C.P.C.C.).

Y en ese direccionamiento, es necesario efectuar algunas consideraciones sobre la pretensión, la causa petendi, y la regla iura novit curia.- La pretensión es concreta y el pretensor aspira a algo, y por ello la pretensión procesal es una declaración de voluntad en cuyo mérito se solicita una actuación del órgano jurisdiccional en miras a la satisfacción de un interés concreto (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Editorial Universidad, 1993, pág. 218). - En la pretensión procesal se ha de contener el objeto sobre que recae. Tal objeto es bien de la vida. El bien de la vida afectado por la pretensión procesal, y envuelto, en consecuencia, en un litigio, es, por esta misma circunstancia, el bien litigioso sin más. Lo indispensable es, tan sólo contar con un principio de determinación suficiente del objeto reclamado. De otro lado, la pretensión procesal ha de encerrar la indicación de la actividad en que ella se traduce. Esta actividad consiste esencialmente en una petición jurídicamente significativa, es decir, una reclamación de algo, que se pide porque el pretendiente afirma su coincidencia con el ordenamiento jurídico. Tiene que haber en toda pretensión procesal la formulación de una exigencia que se sostiene como fundada en derecho. Este elemento, que, según la tesis del que produce la pretensión, viene a justificarla jurídicamente es el que se denomina fundamento, título o causa de pedir : causa petendi de la misma, y constituye el tercero y último ingrediente básico de la figura estudiada. El fundamento de la pretensión procesal no es su motivación, invocada o no, sino los acaecimientos de la vida en que se apoya, no para justificarla, sino para acotarla, esto es, para delimitar de un modo exacto el trozo concreto de realidad al que la pretensión se refiere. El fundamento de la pretensión no es lo que permite al Juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor de la pretensión, sino lo que permite al Juez conocer qué ámbito particular de la vida es el que la pretensión trata de asignarse. Por ello, la invocación del fundamento no opera como justificante, sino como determinante de la pretensión misma, tal como ahora se estudia. . la petición que comprende la pretensión procesal tiene que ir apoyada en la invocación de tales acaecimientos, los cuales se pueden denominar fundamentos de la misma, siempre que se tenga presente el sentido en que fundan la pretensión procesal: no como cimientos en que se basa, sino como muros que la delimitan (conf. Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, Tomo Primero, págs. 225/227).

La causa, fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa, en rigor como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar en el caso. El juez, en efecto, debe decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor, pero para ello le es indiferente la designación técnica que aquél haya asignado a la situación de hecho descripta como fundamento de la pretensión, desde que es inmanente a la función decisoria la libertad en la elección de la norma o normas que conceptualizan el caso (iura novit curia). No es por lo tanto la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico (conf. Lino Enrique Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1967, T. I, pág. 397) (el subrayado me pertenece). A su vez, conforme al principio iura novit curia el juez ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 420, y cita de fallos).

- El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente. Con arreglo a tales pautas, la calificación de la acción y la determinación de la norma o derecho aplicable es materia reservada al juez -iura novit curia-, quien puede y debe corregir cualquier error de las partes en punto a esta calificación o aplicar un precepto distinto al invocado. Conforme a la regla "iura novit curia" los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, facultad que deriva de los principios esenciales que organizan la función jurisdiccional de la justicia. Surge así como misión que alcanza el nivel de deber, la de aplicar el derecho objetivo con independencia del invocado por las partes. Es decir, que si el tema planteado remite a consideraciones de orden jurídico inherentes al derecho vigente, su aplicación es deber irrenunciable de los jueces, careciendo de efectos vinculatorios la fundamentación jurídica argüida por los justiciables (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1984 y 1986, T. II-A, págs. 613/614, y T. II-C, págs. 73/74, y citas de pronunciamientos, respectivamente).- - No le asiste razón a la quejosa cuando sostiene que la sentencia no se dictó de conformidad a las pretensiones deducidas y que se extralimitó.- Al respecto y por las razones ya vertidas el juzgador no falló extra petita pues decidió sobre la pretensión deducida por el actor (reajuste de las sumas indemnizatorias abonadas).

En tal sentido, dictar sentencia "extra petita" comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio. Y en lo que hace al principio de congruencia en cuanto a la causa, los elementos de la pretensión son no sólo los sujetos activo y pasivo y los objetos mediato e inmediato, sino también la causa, fundamento o título, es decir, la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor (o como en el caso el demandado reconviniente) le asigna una determinada consecuencia jurídica, que resulta determinante de aquélla y que salvo supuestos excepcionales no puede ser modificada posteriormente sin desmedro de la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Como corolario de lo expuesto, entre otros casos, se ha declarado que si el reclamo se funda en determinado título, no corresponde acceder a su pretensión por otro diferente del invocado, desde que ello importa violar el principio de congruencia que el juzgador debe observar (conf. (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit, T. II-C, págs. 81/82 y 90/91 y cita de fallos).

Con tales alcances, el juzgador no dictó sentencia extra petita. En lo que hace a la cita de pronunciamiento sobre sentencia ultra petita, si bien ello consiste en sobrepasar las pretensiones oportunamente planteadas, esto es, conceder más de lo peticionado, y que se suele configurar cuando, con exceso de los extremos de la litis, se concede más de lo pedido (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado precedentemente, págs. 79/81, y cita de pronunciamientos), lo cierto es que en el procedimiento laboral el Juez está facultado para sentenciar "ultra petita" supliendo la omisión o error del demandante, conforme lo autoriza el art. 71 de la ley 69.

Por ello, se desestima el agravio.

-2.2. Tocante al argumento volcado acerca que el cálculo de la indemnización debe ajustarse a la disposición contenida en el artículo 9 del C.C.T. 370/71, norma expresamente receptada por el art. 55 del C.C.T. 356/03, por lo que la indemnización del tripulante no se calcula según las previsiones del art. 245 de la L.C.T., cabe señalar que se trata de una reiteración de la postura asumida al contestar demanda por lo que no hay agravio que atender.- Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 357, y cita de fallos). Y aun obviando tal circunstancia procesal para ingresar al agravio, no le asiste razón a la demandada apelante al sostener que la indemnización se calcula conforme al C.C.T. 370/71 y no según las previsiones del art. 245 de la L.C.T., del que solamente adopta el tope.

- - Al respecto, cabe destacar que el art. 9 del citado convenio colectivo alude a la indemnización que le corresponde al tripulante por el despido sin justa causa con remisión a la derogada ley 11.729 y sus modificatorias, motivo por el cual el monto de la indemnización por despido incausado debe liquidarse conforme a la base de cálculo establecida en el ordenamiento laboral vigente, en el caso el art. 245 de la L.C.T. (mejor remuneración mensual, normal y habitual).

- - Es criterio ya sentado por esta sala "B" con referencia a los parámetros establecidos por el art. 7 de la entonces vigente ley 25.013 en c. 19.783, S.D.L. 58/2004, y por la sala "A", c. 20.379, S.D.L. 27/2005 respecto a la aplicación a ese caso del art. 245 de la L.C.T. Es que, dicho convenio fue suscripto con anterioridad a la sanción de la L.C.T., por lo que al aludir a "los montos indemnizatorios de la ley 11.729 y sus modificatorias" evidente resulta que permite su remisión a una ulterior modificación de esa ley, y en el caso al módulo previsto por el art. 245 de la L.C.T.

- Así, en cuanto al monto de la reparación, el régimen prevé una reparación equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, remitiendo al tope que pudiera establecer una ulterior modificación de la ley 11.729 (art. 9°). En consecuencia, resulta de aplicación el artículo 245 de la L.C.T. y en su caso el artículo 7° de la ley 25.013 (Simone, Ana, "La regulación del trabajo marítimo frente al decreto 1772/91", en Revista de Derecho Laboral, 2004-1, Estatutos y otras actividades especiales-II, pág. 321, Rubinzal-Culzoni Editores).

- Por lo demás, considero que la remisión prevista en el art. 55 del C.C.T. N° 356/03 al C.C.T. 370/71 no tiene el alcance que pretende darle toda vez que la misma alude al momento en que el trabajador marítimo adquiere efectividad en su empleo ("El personal beneficiario de este convenio, adquirirá efectividad en su empleo según el régimen del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 370/71; al cual se remiten las partes .") y a renglón seguido excluye de tal remisión los montos indemnizatorios al establecer que se modifican conforme resulta de la L.C.T. (". con las modificaciones que en cuanto a los montos indemnizatorios resultan de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo .").

Y la primera regla de interpretación es que el juez debe atenerse al texto normativo, y si el texto es claro y preciso debe aplicárselo estrictamente y en el sentido que resulte de sus propios términos. La primera fuente de interpretación de la ley es su letra" (C.S.J.N., Fallos 299:168), por lo que si el texto es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1970-I-391, 1970-II-135; D.J.B.A. 114-99, N° 154, 125-10; JUBA 7, sumarios Nos. 5.729, 14.017).

Y desde otra perspectiva, cabe tener presente que el C.C.T. N° 356/03, vigente al momento de la extinción del vínculo laboral, en su art. 4 remite a las leyes laborales, por lo que debe prevalecer el módulo previsto por el art. 245 de la L.C.T. ya que en caso de duda en la interpretación o alcance de la ley los jueces se decidirán en el sentido más favorable al trabajador (art. 9 de la L.C.T.). Con tales pautas se desestima esta porción del agravio.- 2.3. En lo que hace a la pretendida aplicación de la Resolución N° 384/2004 del Ministerio de Trabajo de la Nación, tampoco le asiste razón a la quejosa ya que la citada disposición no es de aplicación al C.C.T. 356/03, ya que de su considerando se desprende con toda claridad que alude a los convenios que tienen topes establecidos ( ".sólo con relación a aquellos convenios cuyos topes indemnizatorios no hubieren sido actualizados .", octavo párrafo del considerando) para así establecer incrementos acumulativos respecto de topes indemnizatorios no actualizados.

De tal modo, mal puede aplicarse un mecanismo de incremento al C.C.T. 356/03 que no tiene tope. Es criterio ya sentado por esta sala "B" en c. 21.151, S.D.L. 18/2006. En ese marco, bien precisó el juzgador que el único de los convenios aplicables al sector en que el Ministerio de Trabajo ha cumplido con la obligación que la ley le impone de fijar el tope previsto por el art. 245 L.C.T. fue el primero de ellos (el 155/91). Reiteradamente he decidido que los motivos que en alguna oportunidad ha expuesto el mencionado Ministerio para no fijarlo ni en el c.c.t. 307/99 ni en el 356/03 resultan inatendibles, ya que las mismas pautas salariales son idénticas para todos ellos y no hubo inconveniente para fijarlo en el c.c.t. 155/9. Lo cierto es, que el tope no existe y evidente resulta que tan insólita circunstancia no puede perjudicar al trabajador, por lo que no puede aplicarse el tope de un convenio que no rige la actividad (me refiero al 155/91). Para también destacar que en la actualidad, es criterio uniforme de ambas salas de la CANE la improcedencia de aplicar el tope de un convenio no vigente (conf. SDL Sala B nro. 23/04 c. 19.259; id. Sala A, nro. 10/04 c. 18.898).

- En este último aspecto, en reiterados pronunciamientos esta Alzada viene sosteniendo que la manda impuesta por el art. 245 de la L.C.T. al Ministerio de Trabajo se encuentra manifiestamente incumplida, y la redacción incorporada por el art. 153 de la Ley de Empleo tiende a ligar el tope establecido a parámetros remuneratorios convencionales más próximos al trabajador concreto cuya indemnización se trata de establecer (conf. Etala, ob. cit., pág. 548).- Y es función del Ministerio establecer dicho promedio (Capón Filas, "Ley de Empleo", Librería Editora Platense S.R.L., 1992, pág. 244), y ese promedio está referido "al momento del despido" (art. 245 L.C.T.).

De tal modo, la falta de cumplimiento de la citada normativa no puede en definitiva recaer en perjuicio del trabajador, para así aplicarle una resolución ministerial que no estaba vigente a la época de la disolución del vínculo, máxime si se contempla la redacción del citado art. 245 y se la confronta con el principio de la norma más favorable previsto por el art. 9 de la L.C.T. Y no sólo se trata de la imposibilidad legal de aplicar un convenio que carecía de vigencia a la fecha de la extinción del vínculo, violando la letra expresa de la ley, sino que de aplicarse un convenio colectivo que no se encuentra vigente se arribaría a un resultado inequitativo por el desfasaje económico producido, aun cuando se considerara la actualización efectuada al año 2004 desde que la misma no repara en su integridad el deterioro monetario habido.

- Nótese en tal sentido que, al homologarse el actual C.C.T. 356/03 con vigencia desde el 1 de septiembre de 2001 (art. 3), que sustituye al C.C.T. 307/99, la autoridad de aplicación al dictar la Resolución N° 73/03 en el considerando anuncia su decisión de no elaborar la base promedio y el tope indemnizatorio "en orden a que por la atipicidad del sistema remunerativo . resulta imposible determinar y efectuar el mismo".

Tamaño reconocimiento en la omisión de los deberes a su cargo, implícito durante la vigencia del C.C.T. 307/99 y explícito para el C.C.T. 356/03, no puede recaer en contra de los intereses del trabajador para así aplicarle el tope establecido en la Resolución del M.T.S.S. N° 1050/96 que no estaba vigente al momento de la extinción del vínculo.

Y este es el criterio de este Cuerpo, por su sala "A", c. 18.898, S.D.L. 10/2004; y por su sala "B", c. 19.259, S.D.L. 23/2004, c. 19.754, S.D.L. 52/04, y más recientemente en c. 21.051, S.D.L. 16/2006. A su vez, la adopción de la mejor remuneración y no un promedio es criterio del suscripto adoptado ya en c. 19.783, S.D.L. 58/2004, de esta sala "B", que diera lugar a la sentencia del S.T.J. en Expte. N° 20.193/2005, S.R.E. 01/06. Con ese alcance y ante la vigencia del C.C.T. 356/03 evidente resulta que no hay tope a seguir, por lo que no es de aplicación al caso la Resolución N° 384/2004 y ello conduce a la desestimación de la queja. 2.4. Reitera la recurrente la postura ya asumida al contestar demanda (p. III, fs. 66 vta./67, último y primer párrafo, respectivamente) al expresar que resulta improcedente tomar como base de cálculo el haber perteneciente al mes de septiembre de 2003 ya que no corresponde a un mes efectivo de trabajo, pues la remuneración de $5.211,48.- fue devengada en función de 44 días de trabajo. Tal reiteración incumple la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69, ya que con ello evita hacerse cargo de los fundamentos vertidos por el juzgador a fs. 166 vta. en el sentido que la parte demandada no ha acreditado que, como lo manifestara en el responde, tal monto correspondiera a 44 días de navegación. Máxime si se tiene en cuenta que surge expresamente de la certificación de remuneraciones expedida por la propia demandada que el monto en cuestión ($5.211,48.-) corresponde a un mes de tiempo efectivo de trabajo (ver fs. 26 vta.). Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C, H N. y otro c. B, J J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

- La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P e H, J c. Productos P M S.A.", L.L. 1985-A, 309).

- Por lo demás, el juzgador siguió el criterio por el cual quien alega un hecho que importa una limitación de responsabilidad corre con la carga de la prueba, conforme los términos del art. 377 del C.P.C.C. Y a partir de considerar las constancias que resultan de la certificación de servicios y remuneraciones para el mes en cuestión (septiembre de 2003, fs. 26 vta.), las explicaciones volcadas a fs. 179 vta. resultan manifiestamente insuficientes como para tener por acreditado el hecho alegado. Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267).- A su vez, considera la apelante que la remuneración tomada como base no corresponde al año anterior al distracto laboral, ya que habiendo ocurrido este el 31/05/05, el período a considerar es el que transcurre a partir del 31/05/04; sin posibilidad por lo tanto de retrotraerse como se hace en el decisorio al año 2003.

- Con ello nuevamente evita hacerse cargo del razonamiento dirimente del juzgador, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359).

- Y la Sra. Juez de la anterior instancia precisó que se desprende del conteste y de la comunicación obrante a fs. 51 que luego del alta médica de principios de diciembre de 2004 y hasta el 15/01/05 la empresa le concedió los francos compensatorios y las vacaciones pendientes y a partir de tal fecha y hasta que decidiera el despido el 31/05/05 mantuvo al actor con salarios a órdenes. En tales circunstancias, claro para mi resulta que no puede pretenderse que la mejor remuneración mensual normal y habitual estuvo constituida por salarios a órdenes. En primer lugar, porque tales salarios por su esencia no puede ser encuadrados dentro de la categoría "remuneración mensual normal y habitual", ya que se liquidan justamente cuando el trabajador no pudo laborar. Pero por otro lado forzoso resulta concluir que la pretensión de la demandada provocaría un uso antifuncional de la norma, ya que claramente la razón de ser de la disposición legal no pudo ser otro que otorgar una base real para calcular la indemnización. Para concluir estimando que la base a utilizar para el cálculo de la indemnización por antigüedad debe ser la mejor remuneración recibida normalmente en el último año de la prestación efectiva de servicios a favor del empleador (C. Trab. Córdoba, Trib. Unipersonal nro. 1 de la Sala 3ª., 28/10/99, "Calderón, Adolfo Víctor c. Ciadea S.A. - Revista De Derecho Laboral Año 2000 - 2 Editorial Rubinzal - Culzoni págs. 498/99). Por ello he de tomar a los fines indemnizatorios la remuneración propuesta por la actora del mes de septiembre de 2003 (ver fs. 11) la que no se advierte que contenga rubros no habituales (el subrayado me pertenece).

- Así, en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).- Por lo demás, la pretensión de la quejosa al oponerse a que se considere la remuneración correspondiente al mes de septiembre de 2003 sosteniendo que la jurisprudencia citada no resulta aplicable, sin rebatir los fundamentos desplegados en la sentencia a fs. 166, solo denota su particular punto de vista, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.

En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado precedentemente, pág. 371, y cita de fallos).- Por tales razones, en este tramo de la queja la apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69). 3. Resta por considerar la apelación de la demandada de fs. 173, concedida a fs. 174, por considerar elevados los honorarios profesionales regulados en el fallo en crisis.

- Al respecto, considerando el mérito de la labor cumplida, resultado obtenido en función al progreso de la demanda, y pautas arancelarias, estimo prudente los emolumentos regulados a favor de los letrados apoderados del actor vencedor en el pleito en el 19% del monto de condena, al igual que los del perito contador en el 2% en atención a la labor desplegada a fs. 116/117, por lo que se confirmar los mismos (arts. 6, inc. d), 7, primer párrafo, 9, 47, y 61 de la ley 2200). En cambio, con iguales pautas y particularmente en razón de que la demandada resultó totalmente vencida, los honorarios regulados a favor de su letrado apoderado resultan excesivos, por lo que se reducen los mismos al 14% del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. correspondiente (arts. 6, 7, segundo párrafo, 9, y 47 de la ley arancelaria).

4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, fijando la regulación de los honorarios del Dr. L Á N, letrado apoderado de la demandada, por sus tareas de primera instancia, en la suma porcentual equivalente al 14% del monto de condena, con más el I.V.A. correspondiente, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, considero que los emolumentos del Dr. L Á N, letrado apoderado de la parte demandada apelante, deben fijarse en el 3,5% del monto de condena (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados, con motivo de los recursos de apelación que a fs. 172 y 173 dedujera la parte demandada, concedidos a fs. 174, en contra de la sentencia de primera instancia que corre a fs. 164/167, con sus respectiva aclaratoria de fs. 168, por la cual se hizo lugar a la demanda que promoviera el Sr. F D A, y condena a la firma C C A de P S.A., para que en el plazo que determina abone al actor la suma de $ 30.002,00, con más los intereses determinados, en concepto de indemnización por antigüedad, como así el incremento contenido en la Ley 25.561 en su artículo 16, e impone las costas a la vencida.

- A fs. 175/180 vta. se halla agregado el informe que prevé el artículo 62 de la Ley 69, y otorgado a fs. 181 el traslado pertinente, el mismo no es respondido por la contraria.

- A fs. 184 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.

- II.- La relación de los agravios vertidos por la quejosa ya han sido adecuada y suficientemente descriptos por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en homenaje a los principios de economía procesal, omitiré su reiteración.- - Con la finalidad de mantener una mejor claridad expositiva en el análisis y decisión de las cuestiones a resolver, y en todo aquello que pudiera resultar pertinente, seguiré el orden secuencial ya perfilado en el voto anterior.

- II.a) En este contexto, y en primer lugar, la demandada sostiene, esencialmente, que el único destino de la acción aquí intentada era obtener la declaración de inconstitucionalidad del tope salarial previsto en el artículo 245 de la Ley 20.744, a partir del fallo "Vizzoti c/ Amsa S.A." dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

- Desde esta situación, asevera que la juzgadora ha violentado el principio de congruencia que emana de los artículo 34° inc. 4, y 163°, inc. 6, del CPCC, por cuanto la sentencia no ha sido pronunciada de conformidad con las pretensiones deducidas (v. fs. 175 vta.).

- Y ello así, por cuanto, según afirma, no se ha debatido en el proceso la existencia o no de un tope indemnizatorio relacionado al CCT 356/03, ni tampoco la inaplicabilidad del CCT 370/71, ni ha estado en discusión la aplicación de los principios que surgen de los artículos 9° y 16° de la L.C.T., siendo ello todas cuestiones que recién se introducen en la sentencia apelada, la que no fue dictada conforme a las pretensiones deducidas. Bosquejados esquemáticamente los cuestionamientos que formula la recurrente a este primer tema, comenzaré por decir que, a mi entender, apoya su postura en una posición equivocada.

- Digo esto por cuanto de la lectura del escrito promocional (v. fs. 28/32 vta.), se desprende que la pretensión del demandante se fundó en el reclamo del reajuste de sumas indemnizatorias abonadas.

- Y es precisamente sobre esta petición concreta que el juez ha estructurado los fundamentos del pronunciamiento apelado. Por lo que desde tal posicionamiento no se advierte que el fallo en crisis haya violado el principio de congruencia, como lo asegura la apelante.

- Así, debe entenderse que el referenciado principio está configurado por la conformidad que ha de existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto (conf., entre otros, Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense, año 1986, T. II-C, p. 14 y sgts.).- - Sentado esto, ha de convenirse que en la tarea de impartir justicia, al momento de dictar sentencia ha de hallarse presente otro principio procesal ineludible, y que es el de "iura novit curia" (el juez conoce el derecho), y por el cual corresponde al juez la determinación correcta del derecho, debiendo discurrir los conflictos litigiosos y dirimidos, según el derecho vigente, subsumiéndolos en las normas que los rigen (conf. CNTrab., Sala I, in re "A, N R. c/ C S.A.", DJ, 1989-1- 958).

- De conformidad con dicho principio, corresponde al juzgador la aplicación del derecho, con prescindencia del invocado por las partes, y ello constituye a la par que una facultad, un deber del sentenciante (en igual sentido, CNTrab., Sala I, in re "K, E c/ Difusora Bibliográfica Dibisa S.A. y Otros", DT, 1992-A, 260).

- Partiendo, entonces, de las premisas jurídico- procesales apuntadas, sin perjuicio del pedido de inconstitucionalidad del tope fijado por el artículo 245 de la L.C.T. que formula a partir de fs. 29 del escrito de demanda, se concluye que entre las pretensiones invocadas por la parte actora se encuentra, como ya lo dijera, el reclamo por reajuste de indemnizaciones ya abonadas, petición a la que de manera específica se opone la accionada en su contestación de demanda de fs. 66/69.

- En consecuencia, desde este marco de análisis el juez ha fallado conforme la pretensión y respectiva oposición planteadas por las partes, con aplicación de las normas de derecho que entendió adecuadas al caso sometido a su consideración, por lo que no han de entenderse conculcados los principios de congruencia.

- Tampoco puede interpretarse que la sentencia recurrida haya sido dictada incurriendo en "extra petición", considerada la misma como aquellos comportamientos del juez que implican decidir sobre lo que no fue materia de debate, conteniendo el fallo algo distinto a la que constituyó el objeto de la pretensión y de la oposición (conf., Morello , Sosa y Berizonce, op. cit.).

- Igual comentario denegatorio ha de merecer la disquisición que formula la quejosa con respecto al resolutorio apelado, cuando lo tilda de haber fallado "ultra petita", es decir, cuando sobrepasa las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, no pudiendo conceder o negar más de la peticionado por los litigantes. Y ello así, por cuanto ha de tenerse presente que de conformidad con los alcances determinados por el artículo 71 de la Ley 69, en los procesos laborales el juez se halla habilitado para otorgar más allá de lo pedido.

- Por todas las razones apuntadas corresponde desestimar el agravio.

- II.b) El siguiente cuestionamiento se halla enderezado a impugnar el cálculo indemnizatorio, sosteniendo el apelante que el mismo debe hacer expresa utilización de las previsiones contempladas en el artículo 9 del CCT. 370/71, que han sido receptadas por el artículo 55 del C.C.T 356/03, razón por la cual la indemnización a determinar no puede calcularse sobre la base del artículo 245 de la L.C.T.

- Sobre esta queja puntual será necesario resaltar que la misma ya fue expuesta al contestar la demanda, que como ya dijera luce a fs. 66/69, por lo que la misma constituyó un argumento que el juzgador tuvo a la mano evaluar al momento de dictar su pronunciamiento, motivo por el cual este agravio configura una repetición de manifestaciones ya expresadas por el apelante, por lo que no puede considerarse que cumple los requisitos de crítica razonada y concreta que predica el artículo 265 del CPCC, que, en principio, vedaría el tratamiento de la cuestión planteada.

- No obstante ello, y a los efectos de garantizar la amplitud del debido derecho de defensa que asiste al recurrente, abordaré el comentario que el agravio me merece.

- Es dable tener presente, como muy bien lo ha recordado mi colega preopinante en el voto precedente, que existe uniforme jurisprudencia de esta Cámara con relación al tema aquí planteado por la quejosa (por ej.: S.D.L. N° 10/04, Exp. 18.898, Sala "A"; S.D.L. N° 58/04, Expte. 19.783, Sala "B", entre otros).

- En este punto, en los pronunciamientos apuntados quedó sentado que el C.C.T. 370/71 en su artículo 9, establece que el despido sin causa se indemniza con un mes de sueldo de la respectiva convención colectiva de trabajo por cada año de servicio, en su caso hasta el tope que establezcan las modificaciones que puedan presentarse en la Ley 11.729 (lo resaltado me pertenece).

- Y ha de ponderarse que dicha modificación a los términos del convenio citado, que fuera celebrado en el año 1971, tuvo lugar con el dictado de la Ley 20.744, hecho acaecido en 1974, es decir tres años después.

- Y resulta incuestionable que las enmiendas producidas por la L.C.T señalada, y sus posteriores correcciones y/o rectificaciones normativas, afectan el alcance del artículo 9 del CCT 370/71, razón por la cual para decidir esta cuestión deberá estarse, entonces, a las previsiones contenidas en el artículo 245 de la mencionada ley de fondo laboral 20.744.

- Tampoco advierto que, el artículo 55 del C.C.T. 356/03 pueda tener las consecuencias que pretende atribuirle la apelante, que si bien hace remisión al mencionado C.C.T. 370/71, pero con 1as modificaciones que resultan de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, está referido para las situaciones de efectividad.

- Por otra parte, no ha de obviarse que el indicado C.C.T. 356/03 en su artículo 4, en lo que resulte pertinente habilita la aplicabilidad de la leyes laborales vigentes.

- Desde este enfoque, pues, corresponde desestimar este tramo del recurso.- - II.c) Se agravia asimismo con respecto al importe al que recurre la Sra. Juez de grado, en todo caso por aplicación de la Resolución N° 384/04 del Ministerio de Trabajo de la Nación, pues violentaría el tope indemnizatorio que en particular correspondería atribuir al C.C.T. 356/03.

- He de compartir el criterio que sobre este tema puntual ha formulado el Dr. Vergara, y del que por otra parte he votado en igual sentido en otros pronunciamientos de esta misma sala.

- En efecto, en este supuesto la mencionada resolución ministerial está instaurada únicamente para aquellos convenios colectivos cuyos topes no hubieran sido actualizados desde la entrada en vigencia del Decreto 392/03, pero ha de reconocerse que el C.C.T. 356/03 no tiene tope establecido, y resulta del todo cierto que, como ya ha sido expresado en sentencias de esta Cámara, que las disposiciones que emanan del artículo 245 de la L.C.T., no han sido satisfechas por el Ministerio de Trabajo nacional.

- Y ha de entenderse que por virtud de los principios protectorios que informan la legislación laboral, tal omisión administrativa no puede jugar en perjuicio del trabajador. - Con tales alcances, y al no existir tope a considerar, ha de desestimarse el presente agravio. II.d.) También manifiesta su queja con relación a la base del cálculo que adoptara el fallo en crisis para la determinación de los montos indemnizatorios, que la remonta al mes de Septiembre de 2003, y ello así, por corresponder, dice, a un mes efectivo de trabajo, pues la remuneración de $ 5.211,48 fue efectivizada por razón de cuarenta y cuatro días de trabajo realizados.

- Sin desmedro de tener presente que los argumentos vertidos ya fueron expuestos en su escrito de responde de la demanda (v. fs. 66 vta./67), por lo que de esta manera configuran un apartamiento a las directrices procesales contenidas en el artículo 265 del código adjetivo a las que hace referencia el artículo 76 de la Ley 69, no alcanzando, por ende, la impugnación planteada la calidad de crítica razonada y concreta que exige el ritual, empero, considero conveniente formular alguna apreciación al respecto sobre los mismos.

- En primer término, en el tramo pertinente la sentencia apelada expresó de manera concreta la falta de acreditación por parte de la accionada en el sentido que el monto indicado perteneciera a 44 días de navegación, afirmando aún más su fundamento en la particular circunstancia que surge del certificado de servicios (v. fs. 26 vta.), que consigna que el cuestionado monto de $ 5.211,48 corresponde a tiempo efectivo de trabajo (v. Punto II de los Considerandos, fs. 166 vta.).

- Y sobre esta cuestión precisa, como pensamiento dirimente del juzgador, la recurrente no articuló embate suficiente que amerite su atendibilidad, pues las explicaciones que se dan respecto de la certificación de remuneraciones y servicios, carecen de virtualidad adecuada que permitan su modificación es esta instancia.

- Por otra parte, también señala la aquí agraviada que el monto tomado como base del cálculo no corresponde al año anterior a la ruptura del vínculo laboral, apuntalando su afirmación en el hecho que el distracto de produjo el 31 de Mayo de 2005, razón por la cual el período que debió considerarse era hasta el 31 de Mayo de 2004, y no retrotraerse a hasta el año 2003, como lo hizo.

- Nuevamente en este caso será necesario recurrir a las expresiones volcadas por la sentenciante en el decisorio apelado.

- Allí la Sra. Juez de grado pone el acento en la circunstancia puntual que durante el año anterior a la extinción de la relación laboral el actor trabajó para la demandada con "salarios a órdenes", después de un alta médica y la concesión de francos compensatorios, por lo que no puede considerarse que en tales circunstancias puedan tomarse los salarios del último año como la mejor remuneración, normal y habitual del trabajador.

- Sostiene el fallo que tal pretensión, en la forma en que ha sido planteada, configuraría un uso antifuncional de la norma por carecer de una base real para otorgar la indemnización.

- Y sobre estos argumentos, tampoco los fundamentos ensayados por la recurrente han conmovido los motivos estructurados por la sentenciante al explicitar las razones que la llevaran a adoptar la decisión tomada sobre esta cuestión.

- Por lo que también sobre este tema traído en la apelación bajo examen, la apelante tampoco da cumplimiento a la manda procesal de suficiencia técnica adecuada que impone el artículo 265 de código adjetivo.

- Por ello debe tenerse por desierto el recurso concedido si el memorial de agravios no reúne los requisitos exigidos por la norma procesal, en cuanto no constituye una crítica razonada y concreta de los fundamentos de la resolución recurrida, precisándose punto por punto los supuestos errores u omisiones en que podría haber caído la decisión del juez de primera instancia (conf., entre otros pronunciamientos, DJLL, año 1996, T.XII, p. 43 y sgts; idem, ED, 84-191; idem, R.DJ, 1999-10-31; etc.).

- En virtud de los fundamentos apuntados, corresponde declarar la deserción parcial en este tramo del recurso venido en apelación, por insuficiencia técnica de su expresión de agravios en los términos de los artículos 265 y 266 del rito, de aplicación extensiva conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 69.- - II.e) A fs. 173 la demandada apela por altos los honorarios regulados en el pronunciamiento recurrido.

- En este contexto de análisis, y tomando en cuenta las labores profesionales desarrolladas tanto por los letrados intervinientes, como así también por el perito, y a la luz de las pautas establecidas por la ley arancelaria, estimo que han sido adecuadamente determinados los honorarios regulados a los apoderados de la parte actora, que lo fueron en un 19%, y de igual manera los fijados para el experto por su informe de fs. 116/117, en un 2%.

- Pero por otro lado estimo excesivos los honorarios asignados al letrado apoderado de la demandada, que lo fueron en un 17%, atendiendo a la derrota total que tuviera su planteo en el proceso, por lo que considero que resulta prudente disminuirlos al 14%. A todos los porcentuales señalados se aplicará en IVA que corresponda.

- III) Por los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expresados, propongo al Acuerdo confirmar el fallo recurrido en lo principal que decide, regulando los honorarios de primera instancia del Dr. L A N en el 14% del monto de condena, más el IVA pertinente, con imposición de las costas de Alzada a la demandada perdidosa, conforme al principio objetivo de la derrota contenido en el artículo 68 del CPCC.

- En cuanto a los honorarios de segunda instancia, en mérito a la calidad, extensión, eficacia y éxito obtenido por las labores desplegadas, y los parámetros de evaluación estipulados en los artículos 6, 14 y 47 de la Ley 2.200, se regularán los correspondientes al Dr. L A N en un 3,5% del monto de condena, con más el IVA que pudiera corresponder.

- Doy por concluida mi intervención, y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. - - A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, fijando los honorarios del Dr. L Á N, letrado apoderado de la demandada, por sus tareas de primera instancia, en la suma porcentual del 14% del monto de condena; b) imponer las costas de segunda instancia a la demandada apelante vencida; c) regular los emolumentos del Dr. L Á N, por sus tareas de Alzada, en el 3,5% del ya aludido monto de condena; y d) declarar que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente. Así lo voto.- - A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:

- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara por resultar el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.

- ASÍ LO VOTO.

- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad deTrelew; RESUELVE:

- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, fijando los honorarios del Dr. L Á N, letrado apoderado de la demandada, por sus tareas de primera instancia, en la suma porcentual del 14% del monto de condena;

IMPONER las costas de segunda instancia a la demandada apelante vencida; REGULAR los emolumentos del Dr. L Á N, por sus tareas de Alzada, en el 3,5% del ya aludido monto de condena; DECLARAR que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 18 DE 2007 - SDL.- CONSTE.-