marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión por fuerza mayor, impugnación de la suspensión
Materia: LABORAL
Carátula: PADILLA, JUAN C. c/ ACELCO SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-31

Aunque el artículo 223 de la LCT. (to.) sólo mencione las sanciones disciplinarias, el trabajador suspendido con la invocación de fuerza mayor, para tener derecho a la percepción de los salarios caídos, no debe limitarse a no aceptar en su fuero íntimo la medida, sino que debe impugnar la suspensión en forma relativamente contemporánea. (Conforme sala 7, sentencia número 2588, 29 de abril de 1982, 'Chianini, Araceli Santos c/ Hilandería Algodonera Villa Devoto SA. s/ despido').
Decreto de necesidad y urgencia, Poder Ejecutivo, delegación legislativa, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sallago, Alberto Asdrúbal c/ Astra CAPSA. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Si el decreto 1772/91 fue dictado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que incorporó la facultad excepcional y limitada del presidente de la Nación de dictar decretos por razones de necesidad y urgencia (art. 99, inciso 3°, párrafo tercero, de la Ley Fundamental), el control de constitucionalidad debe hacerse según las normas fundamentales vigentes al tiempo de la aplicación de las disposiciones impugnadas (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Martillero, derechos del martillero, anticipo de gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: VELAZQUEZ, JULIO c/ VISIO DE DOMINGUEZ s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

El martillero se halla facultado para solicitar anticipo de gastos a cualquiera de las partes, sin perjuicio de que en concepto de costas a cargo del ejecutado, el ejecutante incluya el monto de dichos gastos en la liquidación final. El derecho que se le acuerda al martillero para el adelanto de fondos que se estimen necesarios para la realización del remate puede comprender la totalidad de ellos o bien los correspondientes a un rubro determinado en particular, cuando revisten características extraordinarias
Proceso penal, prueba, apreciación de la prueba, deberes y facultades del juez, razonabilidad tributaria, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Santos, Marcelo Fabián s/ reventa de entradas- Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Una sentencia resulta arbitraria si "se apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad que está subordinada la valoración de la prueba y, en esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos no constituye un acto juridiccional válido.

Este defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa" (CNCP- Sala III "Cabral, Jorge Carlos s/recurso de casación", rta. del 18/12/1996).
Recurso de inaplicabilidad de ley, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, defensor general de la Nación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G.I.C. y Otros c/ Prottección de los derechos del niño y el adolescente s/ Incidente de elevación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-31

La Sala Civil del T.S.J. entendío que al activar una vía extraordinaria jurisdiccional -como es la casatoria- con el objeto de obtener un pronunciamiento que delimite la intervención funcional, se pierde de vista el deber esencial, velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (cfr. R.I. N°174/2013 del Registro de la Secretaría Civil). Por lo que, en lo sucesivo -destaca- ante un problema de interés institucional, su resolución deberá ser abordada en el ámbito de la Superintendencia de este Cuerpo conjuntamente con el señor Defensor General. Más aún en casos como el presente, donde además de la intervención propia por la presencia de Niñas, el adulto responsable -su madre- también se encuentra representada por dicho Ministerio Público. Ello así, desde que es ése y no otro el marco en donde se deben dar las respuestas que permitan desarrollar las distintas funciones y, en su caso, sortear los problemas procedimentales. En consonancia con ello, se dispone que por Secretaría se proceda a la remisión de fotocopias certificadas de lo actuado a la Secretaría de Superintendencia.
Coparticipación federal, Consejo Vial Federal, inconstitucionalidad, facultades del gobierno provincial
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de y otra c/ Consejo Vial Federal y otras s/ acción de nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

No puede prosperar la demanda promovida por la Provincia de San Luis contra el Consejo Vial Federal a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 8° del Reglamento Operativo para la determinación de los Coeficientes de Coparticipación Vial, ya que el estado provincial no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de una norma que él mismo -como miembro del organismo mencionado- dictó junto con los demás componentes de ese cuerpo (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Despido por falta o disminución de trabajo, finalización de la tarea
Materia: LABORAL
Carátula: GALARZA, E. GERMAN Y OTROS c/ DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

La mera conclusión de un contrato de dragado oportunamente celebrado con la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, resulta insuficiente para demostrar la existencia de la falta de trabajo invocada por la empleadora.
Justicia militar, recurso de nulidad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CACERES, Eris Nelson s/ RECURSO DE NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-25

La resolución negativa de una excepción de defensa no reúne las condiciones de ser sentencia definitiva o equiparable a ella para tornar viable la obligatoriedad recursiva establecida por el art. 56 bis del Código de Justicia Militar.
Empleados públicos, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OSTI DE MUBASHIR MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ RECONOCIMIENTO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-06-19

Es procedente la demanda contenciosa administrativa por la cual se reclama diferencias de haberes por tareas cumplidas por una empleada provincial en una categoría superior habida cuenta de que constituye un derecho adquirido, que no puede ser desplazado por la situación anómala creada por la propia administración al no haber contemplado la partida presupuestaria para ese cargo, omisión totalmente ajena a la empleada, que, por el contrario acató el nombramiento y cumplimentó las tareas asignadas.Por ello obra indudablemente crédito a su favor, siendo el Estado Provincial, deudor de diferencias surgidas por servicios de mayor jerarquía y responsabilidad que no abonó en tiempo y forma
San Juan, ley vigente, derechos adquiridos, Administración Nacional de la Seguridad Social, derechos y garantías constitucionales, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Gregorio Hernán c/ Gobierno de la Provincia de San Juan y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

"El reconocimiento pleno de los beneficios que pasaron al manejo jurisdiccional de la A.N.Se.S. encuentra su expresión más clara en lo dispuesto por la cláusula tercera del convenio -exactamente igual a la cláusula tercera del convenio de la Provincia de San Juan- que garantiza la intangibilidad de las situaciones alcanzadas por la ley 3.900 cuando han sido cumplidos todos los requisitos exigidos durante su vigencia, norma a la que corresponde asignar la prioridad necesaria para dar solución al problema planteado, pues de otro modo -concluye- dicho instrumento aparecería como una vía para limitar beneficios, prescindiendo de los principios propios de esta materia que imponen no llegar a su desconocimiento sino con extrema cautela" (cfr. "Blanco de Mazzina, Blanca Lidia", sent. del 19.02.08, Considerando N° 16). Tales principios constitucionales y reglas hermenéuticas aplicables a estos supuestos convencionales inherentes al derecho federal, fueron reiterados por la C.S.J.N. en el precedente "Abán, Francisca América" (sent. del 11.08.09), en el cual puntualizó que: "la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de sus objetivos" (cfr. Considerando N° 20). (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Subrogancia del juez, designación de conjueces, cobertura de vacantes, plazo máximo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bestani, Fabián Humberto y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-05

Se entiende que los subrogantes deben permanecer en el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación, y que, si ello no ocurriese, la duración máxima de la subrogancia es de un año y prorrogable por otro año más, pero nunca puede extenderse por un tiempo mayor a ese. Para más, estableció que ante su vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de la subrogancia y que serán inválidas las actuaciones que se realizaren con posterioridad, lo cual demuestra la voluntad legislativa en ser tajante con el cumplimiento de los plazos establecidos en dicha norma. Es que, si el Poder Legislativo estableció un procedimiento excepcional para la designación de conjueces como subrogantes, y si ese modelo cuenta con límites temporales que también promuevan que la excepción de estos nombramientos de subrogantes no culmine siendo la regla, el acatamiento a los plazos allí establecidos no encuentra subterfugio.
Despido, despido por falta o disminución de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Arbe, Hugo Roberto c/ Luis Minuzzi e Hijos S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Sólo un resultado negativo en la gestión empresaria no otorga al principal la facultad legal de disponer la cesantía de sus trabajadores por falta o disminución de trabajo, ni basta invocar la existencia de una crisis general o una importante disminución en las ventas, sino que es necesario que el empleador aporte a los autos datos convincentes que demuestren la concreta repercusión de las mismas en el seno de la empresa, como asimismo que adoptó oportunamente medidas tendientes a evitar el desequilibrio que lo llevó a esta situación.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torregiani, Hugo c/ Alvariño de Thomas Catalina s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-09

Por comprometer severamente el derecho de defensa, corresponde dejar sin efecto la sentencia de trance y remate dictada directamente en el caso sin seguirse los pasos previos que señalan los arts. 545, 546 y 547 del Cód. Proc. No obsta al despacho saneador que se impone el hecho del reconocimiento de la firma por parte del librador del título, pues pese así requerirlo la norma legal, su texto debe ser ajustado a sus justos límites (art. 542 inc. 4to. "in fine", Cód. cit. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, deberes y facultades del juez, sanciones procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., A. G. c/ F., J. C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Sin perjuicio del deber de buena fe y lealtad procesal, que siempre deben observar las partes y que hace a la responsabilidad de los jueces velar por su vigencia (art. 34 inc. 5 "d", Cód. Procesal), lo cierto es que al calor de la esgrima procesal pueden suscitarse diversos incidentes, y como los mismos, en la especie, no patentizan de modo manifiesto una inconducta procesal, no cabe ejercitar la potestad sancionadora inherente al órgano judicial, en caso de violación del referido deber (arts. 163 inc. 8 Cód. Procesal). En la materia se impone una muy prudente evaluación, en correlación con la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 Const.

Nacional).
Ley de consolidación de la deuda pública, Constitución Nacional, Constitución Provincial, facultades no delegadas
Materia: LABORAL
Carátula: Deniz, Rolando c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Acosta, María Elde. c/ Consejo Provincial de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. s/ Enfermedad accidente de trabajo s/Inaplicabilidad de ley. Incidente de ejecución de sentencia en autos caratulados: Moraga, Jaime B. c/ Provincia de Río Negro. s/ Contencioso Administrativo s/Casación. Ibañez, Ricardo F. c/ Provincia de Río Negro s/ Ejecución s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-02-09|1995-02-22|1995-02-09|1995-02-09

La ley 2545 constituye un ordenamiento de carácter local, no obstante la existencia, en el orden nacional, de dispositivos de análoga índole. Ello toda vez que estatuye sobre la deuda pública de la Provincia y dicha temática se encuentra reservada en exclusividad a las esferas locales en atención a las cláusulas de la Constitución Nacional que reconocen que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal (art. 104 const. 1853, ref. 1860; id.

art. 121 Const. 1994). "La Carta Magna provincial, congruentemente, se refiere a los poderes no delegados en el art. 12 inc. 1 y también en el art. 139 inc. 18 in fine. Más aún, en el inciso 10 de este último artículo expresa que la Legislatura"... Considera el pago de la deuda interna y externa de la Provincia". La ley 23982, vigente en el orden nacional, reafirma la naturaleza local de la materia (art. 19) pues, si bien habilita el eventual dictado por las provincias de normas relativas a la "consolidación", supedita ello a las normativas locales pertinentes que serán -en definitiva- las aplicables en cada jurisdicción. Idéntica conceptualización surge de los considerandos del Decreto Provincial Nro. 2/92, dictado en función del art. 181 inc.

6 de la Constitución Provincial y posteriormente ratificado por la ley 2545. (Del Voto del Dr. García Osella).
Contrato de trabajo, grupo económico, extensión de la quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, RAMON ANTONIO Y OTROS c/ DOCKOIL SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-07

El hecho que dos sociedades integren un conjunto económico y que la quiebra decretada a una de ellas haya sido extendida a la otra, no acredita necesariamente que el estado de falencia haya sido producto de maniobras fraudulentas o conducción temeraria, extremos que deben ser probados por quien pretenda la extensión de la responsabilidad en los términos del artículo 31 del RCT. (to.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no decisiva, indemnización, daño físico, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTEGA, NESTOR c/ CARISIMO, MARCOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

El impugnante afirma que, aun cuando no existe obligatoriedad de adoptar fórmula matemática alguna, no se consideró que de los recibos acompañados surgía que el actor realizaba horas extras en su trabajo todos los meses, y que como consecuencia del accidente -en el que sufrió fractura expuesta del dedo pulgar del pie izquierdo y demás lesiones- no pudo concurrir a su trabajo y perdió aptitud para sostener el nivel de ingresos; sin embargo, de la lectura de la sentencia se colige que la Cámara al resolver tuvo en cuenta -justamente- la prueba informativa y documental y la relación de dependencia, pero restándole decisividad conforme a las circunstancias del caso, por lo que entendió que tales probanzas no modificaban la cuantificación del daño físico hecha en baja instancia. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi, a la que adhiere el Dr. Erbetta)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Diganchi, Dora InÚs; Rene R. Gómez y otros c/ Ingeniero Gregorio del Pino s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-ESCRITURACION-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-11

La apreciación de la conducta de las partes constituye una cuestión de hecho privativa de los jueces de grado y exenta de la censura en casación, salvo supuesto de absurdo.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - PEN - Mº.de Justicia de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma.
Donación con cargo, mora
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, MARIA ISABEL (SUCESION) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-30

Según el actual artículo 509 del Código Civil se admiten tres supuestos básicos de constitución en mora, en tanto se trate de obligaciones: con plazo expreso, con plazo t cito (cuando no está expresamente convenido pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación) y sin plazo (en que el juez, a pedido de parte lo fijar en procedimiento sumario). Y en cuanto a la necesidad de constitución en mora previa a ejercer la facultad revocatoria, la doctrina ha entendido que para que proceda la misma deben verificarse los siguientes extremos: a) incumplimiento del cargo por culpa imputable al donatario, de modo que si éste demuestra que no ha cumplido por una razón de fuerza mayor sobrevenida con anterioridad a haber incurrido en mora, no habrá lugar a la revocación; b) estado de mora: la acción sólo puede intentarse después que el donatario ha quedado constituido en mora o incurrido en mora automática. Tomando en consideración las cuestiones fácticas que delimitan el presente caso, la obligación -constituida y aceptada- era claramente exigible, sin intervención judicial previa alguna, dado el prolongadísimo lapso de 30 años transcurridos desde la donación con cargo y su aceptación; y la promoción de la demanda de revocación de aquélla -ante la alegada inejecución de los cargos o condiciones impuestas- pese a serle requerida su consumación. Tanto más cuanto la propia accionada manifiesta que había dado cumplimiento al cargo o que durante todos estos años mantuvo el inmueble dentro del destino objeto del cargo; aseveraciones que no pueden sino entenderse implicando la confirmación de que el plazo ya se había cumplido y por ende el cargo resultaba inexigible, por lo que la interpelación era innecesaria a tenor de lo comprendido y expresado (Del voto del Dr. Netri, al que adhirió el Dr. Erbetta).
Falta de contestación de la demanda, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ñancañanca, María e los Angeles c/ Centro de Instrucción Profesional S.R.L. y-o Leading TrainingCoorporation S.R.L. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-04

Cabe apuntar que los efectos de la incontestación a la demanda no hacen de por sí viable las pretensiones esgrimidas en el escrito inicial, las que estimo deben estar siempre sometidas a control jurisdiccional.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, auto de procesamiento, vista al fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: OLIVARES, Carlos E. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El llamado a prestar declaración indagatoria, el auto de procesamiento y la vista conferida al fiscal en virtud de lo previsto por el art. 346, C.P.P. constituyen secuela de juicio, al ser actos de estructura y de dinámica procesal, y, por tanto, de fundamental impulso hacia la instancia contradictoria que exterioriza la potestad jurisdiccional de juzgar.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL
Carátula: Lobo, Carlos Leandro s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de  ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-13

El recurso extraordinario de inaolicabilidad de ley, previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal sólo procede contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de lacausa principal (arts. 161, inc. 3, a) de la Constitución de la Provicnia, 19, 479 y 482 del Código citado). El pronunciamiento del Tribunal de Casación que declara inadmisible el recurso por no constituir sentencia definitva y deja firme la resolución de la Cámara que no hace lugar a la excarcelación del procesado no encuadra en modo alguno en el supuesto precedentemente indicado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, ejecución de sentencia, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: ACFOR  S.C.A. c/ M.C.B.A. s/ REINTEGRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-08

Cuando en la sentencia nada se establece respecto del plazo fijado para el cumplimiento de la misma, ha de entenderse que es inmediato, una vez consentida o ejecutoriada, no siendo siquiera necesario requerir que se lo fije para proceder después a su cumplimiento. La omisión no es un vallado para poder lograr el cumplimiento de la sentencia, por el procedimiento de ejecución establecido en el capítulo primero libro tercero del C.Procesal.
Policía federal, arma reglamentaria, culpa in vigilando
Materia: CIVIL
Carátula: M.A. y Otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior - Policía Federal y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

La doctrina jurisprudencial seguida en este fuero en general y en precedentes de esta Sala en particular, según la cual está comprometida la responsabilidad de la Policía Federal Argentina por un doble orden de razones, a saber: a) el vínculo jurídico entre el agente que cometió el acto dañoso y la Fuerza de seguridad a la que pertenece, que facilitó la autorización de portación del arma Bersa 40 mm, la cual, según las constancias de la causa, reemplazaba al arma reglamentaria en el uso que le daba el policía con el conocimiento -y evidente consentimiento de sus superiores; y b) la existencia de responsabilidad "in vigilando" que corresponde a la Policía Federal Argentina respecto del equilibrio psicológico y emocional de sus agentes, habida cuenta que les proporciona un arma de alto riesgo la cual debe ser usada para resguardar la integridad de los ciudadanos y no para amenazas o excesos.