Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-06-04


///MA, 4 de junio de 2014.- VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: ?RAMIREZ, Norma Elizabeth c/ECOFRUT S.A. s/SUMARISIMO s/CASACION? (Expte. N* 26673/13-STJ-), elevadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IVa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 881/899 por la parte demandada, se decide plantear y votar, en el orden de sorteo previamente practicado, las siguientes:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I O N E S - - - - - - - - - - - -----1ra.-¿Es fundado el recurso? - - - - - - - - - - - - - - - -----2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo:

I) La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IV Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia N* 06 de fecha 21 de mayo de 2013 glosada a fs. 856/870, en lo que aquí importa, resolvió:

?1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 796, ??.

- - - - - - - - - - - -----Esto es, confirmó la sentencia de Primera Instancia que a fs. 760/792 hiciera lugar parcialmente a la demanda promovida por Norma Elizabeth RAMIREZ, en lo concerniente a la pretensión de cobro de una suma de dinero por saldo contractual adeudado, y consecuentemente condenara a ECOFRUT S.A. a abonar a la primeramente nombrada, en el plazo de diez (10) días, la suma de u$s 110.493,14 en concepto de capital, o bien su equivalente en moneda nacional, a la cotización del dólar estadounidense,///.- ///2.-tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, del día del efectivo pago; con más los intereses desde la fecha de la mora y hasta la de su efectivo pago, resultando de aplicación la tasa anual utilizada por la entidad financiera citada para operaciones de depósito a plazo fijo en la moneda extranjera mencionada (arg. arts. 616, 617 y ccdtes. del Código Civil, arts. 163 y ccdtes. del CPCyC).

II) Contra lo así decidido, interpuso recurso extraordinario de casación la demandada (ECOFRUT S.A.) a fs. 881/899, planteo que fue contestado por la actora a fs. 908/912 y vta. de las presentes actuaciones.

Al respecto, la parte recurrente fundamenta el recurso extraordinario local, argumentando que la sentencia impugnada:

- -----a) No cumple con los requisitos propios que deben satisfacer las decisiones judiciales en cuanto a su fundamentación, en tanto considera que la misma prescinde de tratar el tema jurídico expresamente planteado y decidido en Primera Instancia.

Sostiene que el fallo impugnado pretende atribuir la necesidad de la aplicación del precio mínimo fijado por la Mesa creada por la Ley N* 3993, en clara violación de las Constituciones Nacional y Provincial, a una hipotética vaguedad del contrato que instrumentó la operación.

b) Ha prescindido deliberadamente de la solución legal dada por los artículos 458 del Código de Comercio y 1354 del Código Civil, en tanto las partes instrumentaron el contrato en pleno ejercicio del artículo 1197 del último código de fondo, en fecha posterior al acta de la Mesa de Contractualización, por lo que si hubiesen querido sujetar el precio del contrato al allí///.- ///3.-fijado, lo hubiesen hecho de modo expreso. Considera que la sentencia viola tanto la ley como la voluntad de las partes, pues ambas se remitieron al precio de plaza para integrar el contrato.

-c) Incurre en la violación de los artículos 7 y concordantes de la Ley N* 3993, de la Ley N* 3611, como así también de los artículos 458 del Código de Comercio y los artículos 14, 17, 75 incs. 12 y 13 de la Constitución Nacional, artículos 12 inc. 1), 15, 29, 86, 87 y 91 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, en cuanto de modo deliberadamente disimulado, aplica como obligatoria y de orden público la ley provincial que regla condiciones contractuales en el comercio de fruta y fija precios en forma colectiva, mediante un organismo mixto público privado, creado por la ley citada en primer término.

d) Incurre en arbitrariedad, toda vez que al apreciar las cuestiones fácticas y la prueba rendida, prescinde de premisas concretas que se dicen como no invocadas por las partes, como así también otorga valor a pruebas inexistentes, prescindiendo de otras categóricas, contestes y no impugnadas por ninguna de las partes.

Finalmente, la demandada reitera el planteo de inconstitucionalidad de la Ley N* 3993, argumentando que la misma vulnera los artículos 12 inc. 1), 15, 29, 86, 87 y 91 de la Constitución Provincial, e incurre en la violación de las facultades delegadas a la Nación por el artículo 75, incs. 12 y 13 de la Constitución Nacional.

Asimismo, sostiene que se ha violado el deber constitucional de defensa de la producción///.- ///4.-y los principios de la política económica provincial (arts. 91 y 86, Constitución Provincial), etc..

III) Que previo a todo, para una mejor comprensión de las cuestiones a resolver, resulta menester un breve recuento de los términos en que quedó trabada la litis.

a) Se inician las presentes actuaciones con la demanda promovida a fs. 44/61 por la señora Norma Elizabeth RAMIREZ contra la empresa ECOFRUT S.A. por el cobro de la suma de u$s 149.697,08 o su equivalente en pesos al momento del pago, en concepto de saldo deudor por la venta de frutas. Asimismo reclama la restitución de 275 ?bins? vacíos de marca ?P.R.? y/o el valor estimado de $ 200, más IVA, por cada uno.

Relata que celebró con la demandada dos contratos de venta de frutas, el primero de fecha 25 de enero de 2010 y el segundo del 12 de abril de 2010. Luego de transcribir las cláusulas de ambos instrumentos que estima pertinentes, explica la interpretación que le adjudica a las mismas.

En orden al primer contrato, sostiene que entregó la fruta prometida ?preclasificada? y ?apta para exportación?, la que fue recepcionada de conformidad y sin objeciones, conforme lo reconocería la demandada en una carta documento remitida en respuesta a una intimación.

Agrega que la fruta se encontraba embalada por las empresas elegidas por esta última (a saber SUM S.R.L. y FUVA), y que por ?prioridad lógica? había sido seleccionada en vistas a su calidad de exportación, por los técnicos de la demandada, que fue retirada de sus establecimientos por transportes elegidos y pagados también por la demandada.

Aclara que la fruta que no cumplía con los///.- ///5.-requisitos no es materia de este reclamo; como tampoco la que fue al mercado interno y a la industria.

Sostiene que la cantidad de fruta entregada, preclasificada y apta para la exportación, que ha sido reconocida por la accionada fue de 1.271.322 kilogramos; mientras que su parte pregona 1.317.092,80, existiendo una diferencia de 45.770,80 kilogramos.

Manifiesta que entregó PERAS: a) 280.240 kg. de Williams; b) 171.292 kg. de Williams envases 4/5; c) 129.733,80 kg. de Beurre D´Anjou; d) 6.057,60 kg. de Fetel; e) 259.763,40 kg. de Packams.

Con ello alcanzaba un total de 847.126,80 kg..- A ello suma 56.394 kg. de MANZANA Gala, para un total global de 903.520,80 kilogramos.- Expresa que la demandada recepcionó 165.155 kg., pero que irregularmente le adjudicó un valor ?cero? (0) en la liquidación, pretendiendo hacer mérito de una cláusula del momento de la contratación (enero 2010) que disponía que dicha fruta no iba a ser considerada para el cálculo de las 6 cuotas dispuestas como adelanto.

Estima que, buena fe mediante, y más allá de la indeterminación del plazo, este no es ?sine die? ni puede ir más allá del tiempo en que es posible la comercialización de la fruta (julio 2010), luego de lo cual queda inepta.

Señala que el monto acordado para el pago de las cuotas, lo es al sólo efecto de que el comprador haga entregas de dinero en concepto de pagos a cuenta de mayor cantidad, siendo que se estipulaban 6 cuotas a razón de u$s 0,24 por kilogramo.

Sobre el precio definitivo, expresa haber acordado///.- ///6.-?verbalmente? con el presidente del directorio de la demandada, que rondaría como mínimo en u$s 0,33; sin mengua de que se aceptara que los adelantos fueran tomando como pauta u$s 0,24.

Añade que, ante el incumplimiento de la accionada de la palabra empeñada, y la imposibilidad de probar el precio verbalmente pactado, se limitó a reclamar el precio mínimo legal, establecido en base a los costos de producción de la fruta entregada, y que alcanza los u$s 0,29 por kilogramo, establecido el 26.08.2010 por el Gobierno Provincial.

Narra que en junio de 2010 debió haberse realizado la liquidación definitiva y pago de la totalidad del contrato, por encima del costo ya indicado, deducidos los insumos, por no haberse recibido asistencia en plaguicidas, ni fertilizantes, fletes, embalajes, etc., que son por cuenta y orden del comprador.

Con respecto al segundo contrato (del 12 de abril de 2.010), y sin desmedro de la analogía de cláusulas existentes (salvo que eran 7 cuotas), señala que en la segunda se disponía un precio (anticipo financiero) para la fruta, y fueron entregadas Manzanas: a) 312.313 kg. de Red Delicious; b) 65.124 kg. de Granny Smith; y 36.135 kg. de Granny Smith en bins, lo que arroja un total de 413.572 kg..

Como síntesis, relata que dio cumplimiento a los dos contratos entregando fruta según lo pactado, en cantidad y calidad, que fue recepcionada de conformidad por la demandada; sin que esta cumpliera con su contraprestación de practicar la liquidación definitiva y abonarle la totalidad de la fruta.-/// ///7.-Finalmente sobre los 275 ?bins? vacíos de marca ?P.R.? (abreviatura de Perla Ramírez), dice que luego del traslado al destino dispuesto por el comprador, debían serle devueltos a la actora, lo que no se efectivizó. Expresa estar dispuesta a recibirlos, y para el caso contrario solicita que se le abone el costo estimado de reposición, que cuantifica en $ 200 más IVA por ?bins?.

Prosigue describiendo puntillosamente el intercambio epistolar realizado con su contraria, solicita medidas cautelares, denuncia beneficio de litigar sin gastos, ofrece pruebas y peticiona en la forma de estilo.

A fs. 75/76 la actora amplió su demanda, acompañando probanza documental; y realizó nueva ampliación a fs. 223/225, en orden al ofrecimiento probatorio de este tipo de procesos.

b) Que suscitadas diversas vicisitudes procesales con motivo de las cautelares dictadas (fs. 166/170), a fs. 312/331 vta. la demandada ECOFRUT S.A. contesta la demanda.

En dicha oportunidad, cuestionó el tipo de proceso aplicado, dedujo reconvención y planteó la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N* 3993.

Corrido a fs. 332 el traslado de las cuestiones pertinentes, la parte actora respondió los mismos a fs. 340/349, y seguidamente a fs. 350/354 se decidió adversamente en orden a las pretensiones formales (tipo de proceso, reconvención), siendo que el tópico del ajuste constitucional de la Ley N* 3993 sería examinado en la sentencia definitiva.

Por lo demás, en aquél responde de fs. 312/331 y vta. la demandada como es de rigor, efectúa una negativa genérica y///.- ///8.-luego puntual y detallada de los hechos argüidos por la accionante en su demanda, para finalmente dedicarse a exponer su versión de los hechos.

En este último cometido, anticipa que la actora presenta una demanda que tilda de farragosa y vacía de contenido, pues sostiene que se apoya en hechos falsos (como que se prometiera verbalmente un precio por kilo), en interpretaciones contrarias a lo convenido y en una estructura jurídica inaplicable a los contratos del caso, dado que afirma que se trataría de convenios no registrados y de manifiesta inconstitucionalidad; utilizando las medidas cautelares para afectar las capacidades financieras de la demandada.

Sostiene entre otras consideraciones, que la actora contaba con experiencia comercial previa con ECOFRUT S.A., que conocía los números de la actividad, que comprendía el contrato que firmó, que no es un productor primario desprotegido ni descapitalizado, ni que mereciera la tutela de las Leyes 3611 y 3993 (sin perjuicio de la inconstitucionalidad que pregona de esta última).

Manifiesta que comercializó con ECOFRUT S.A. en el 2010 sólo una parte de la fruta (1.500.000 kgs.) cuando su producción total es muy superior (entre los 3.500.000 y 4.000.000 kgs.); y que con aquél primer volumen de comercialización alcanzó los $ 1.149.836 que percibió de su parte.

Expresa que la actora obró de mala fe contraviniendo el art. 1198 del Código Civil tanto en la interpretación como en la ejecución del contrato. Narra que a partir de julio de 2010 se abstuvo de emitir facturas y facilitarle a su parte el///.- ///9.-recupero del IVA; refiere que la empresa (ECOFRUT S.A.) pagó conforme a la metodología del negocio que describe.- Argumenta que la relación jurídica no era de aquellas susceptibles de encuadrarse en las Leyes 3611 y 3993, asumiendo la actora un rol empresarial distinto al reservado a los productores primarios protegidos.

Dice que el contrato de peras del 25 de enero de 2010 no lleva intervención que lo acredite como contrato registrado, por lo que no comprende por qué se irroga la accionante derechos de ese marco legislativo (U$s 0,29); reconociendo como registrado el contrato de manzanas del 30 de abril de 2010, expresando que el precio pactado fue de u$s 0,30. Alega la atipicidad de la contratación por la capacidad financiera de la productora hoy accionante.

Sostiene que es por todo ello que en las cláusulas respectivas se dejaba en claro que el precio consignado era ?al solo efecto de los anticipos financieros?. El precio sería el de plaza o las condiciones de mercado, pero nunca menos de lo que se define como anticipo financiero, y que tales son los usos y costumbres en la región, pues la fruticultura se define como un negocio de ?commodity?, sujeto a las reglas de la oferta y la demanda de los mercados de destino de la fruta.

Manifiesta que, de ese modo, culminada la cosecha 2010, el resultado de la comercialización no arrojó montos superiores a los efectivamente pagados a la actora de autos a razón de 0,24 centavos promedio para la pera y 0,30 centavos para las manzanas.

Señala que incluso algunos kilogramos de pera Williams de menores calibres, constituían fruta destinada a la industria,/// ///10.-considerados sin valor y se excluyeron del sistema de pago financiero, arrojando costos negativos.

En relación al planteo de inconstitucionalidad de la Ley N* 3993, sostiene que esa normativa dispuso la creación de la llamada ?Mesa de Contractualización Frutícola?, que tendría por finalidad definir los costos y precios de la fruta, que regirían para su producción, conservación, acondicionamiento e industrialización, así como condiciones de pago y cláusulas de ajuste de los valores aplicados al mercado frutícola.- Arguye la violación de los arts. 12 inc. 1), 15, 29, 86, 87 y 91 de la Constitución Provincial, describe la normativa que impugna reseñando lo que elige como relevante del debate parlamentario; pasando a desarrollar su tesis sobre la realidad económica de la producción frutícola y sus protagonistas (incluidos mercados externos), en orden a los costos y los precios, para proponer que las determinaciones de la Mesa de Contractualización resultarían -a su criterio- distorsivas del mercado.

Del mismo modo esboza la violación del ?deber constitucional de defensa de la producción? (art. 91).

Luego de argumentar sobre el desajuste que le achaca a la norma respecto de la Constitución Provincial, pasa a argüir idéntica transgresión en orden a preceptos de la Carta Fundamental de la Nación (en lo esencial, arts. 12 inc. 1*, 75 inc. 12, 86 y 87).

Finalmente formula reserva del caso federal, funda en derecho, ofrece pruebas y pide la desestimación de la demanda.

c) Que las constancias de fs. 371/381 dan cuenta de la realización de la Audiencia Preliminar exigida por el rito,///.- ///11.-en la que no se logró un avenimiento de las pretensiones y posturas en juego, por lo que en ese mismo acto se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes. Estas se produjeron en la medida que da cuenta la certificación de fs. 558/561, efectuándose las Audiencias de Prueba acorde las piezas de fs. 524 y 562. La parte actora alegó a fs. 741/751 y lo propio hizo la demandada a fs. 752/756 vta., previa decisión de fs. 727/730 sobre cuestiones probatorias.

d) Que, a fs. 760/792 el Juez de Primera Instancia dictó sentencia, resolviendo: I) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Norma Elizabeth RAMIREZ, en lo concerniente a la pretensión del cobro de una suma de dinero por saldo contractual adeudado, y consecuentemente condenar a ECOFRUT S.A. a abonar a la primeramente nombrada, en el plazo de diez (10) días, la suma de u$s 110.493,14 en concepto de capital, o bien su equivalente en moneda nacional, a la cotización del dólar estadounidense, tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, del día del efectivo pago; con más los intereses desde la fecha de la mora y hasta la de su efectivo pago, resultando de aplicación la tasa anual utilizada por la entidad financiera citada para operaciones de depósito a plazo fijo en la moneda extranjera mencionada (arg. arts. 616, 617 y ccdtes. del Código Civil, arts. 163 y ccdtes. del CPCyC.).

Y rechazar parcialmente la demanda promovida a fs. 44/61 en lo atinente a la pretensión de restitución de 275 ?bins? vacíos marca ?P.R.?, o la suma de $ 200, más IVA por cada uno de ellos.

e) Que, apelado dicho pronunciamiento por la demandada///.- ///12.-ECOFRUT S.A. a fs. 796 y expresado agravios a fs. 815/826, el que mereciera el responde de la actora a fs. 828/837 y vta., la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería, como al inicio del voto se dijera, resolvió: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando en consecuencia la sentencia de grado.

Para así resolver, la Cámara consideró en relación a la alegada arbitrariedad en el razonamiento realizado por el a quo, en cuanto el apelante sostiene la prescindencia arbitraria de prueba informativa y pericial a los fines de la determinación del precio de la fruta, que los Jueces no tienen la obligación de valorar todas las pruebas producidas sino sólo aquellas esenciales y decisivas para la causa, rechazando el agravio por considerarlo una mera discrepancia subjetiva.

En tal sentido, agrega que el Magistrado de grado ha efectuado un camino lógico, en el cual, manifiesta las circunstancias y las probanzas que han sido consideradas y, en lo puntual, el por qué de la desestimación de alguna de ellas.

Todo ello, a los fines de tener por acreditado además, el origen de los frutos sobre los que recaen los negocios jurídicos realizados, analizando también el agravio por la aplicación de una ley rionegrina, a la supuesta producción obtenida en la Provincia de Neuquén.

Ello, por cuanto ninguno de los dos contratos que unía a las partes discrimina la procedencia de la fruta, motivo por el cual no encuentra razón para que tal distinción haya sido realizada por el a quo.

Agrega que, eventualmente, y para el caso en que correspondiera aplicar precios diferentes, conforme a la///.- ///13.-procedencia de las peras y las manzanas, debió al menos, acreditar la peticionante, cuál es el precio que entiende debió ser aplicado y no limitarse a una mera discrepancia subjetiva con la solución arribada, ?puesto que no solamente introdujo prueba informativa que no diferencia valores entre las invocadas provincias, tal como pretende, sino que además intenta, al sólo efecto de que le sea abonada la suma por ella pretendida y se declare inconstitucional la normativa establecida en función de la Ley 3993.?.

Que, en relación al agravio fundado en que el negocio jurídico que unió a los litigantes no se trataba de una compraventa sino de una gestión de negocios o de un joint venture, la Cámara consideró que ?tal como surge de la documental acompañada por ambas partes, nos encontramos ante un Contrato de Compra-Venta de Fruta para Exportación, de peras y manzanas, por separado?, concluyendo que se trata de la celebración de dos contratos de compraventa, entre la señora Norma E. Ramírez y Ecofrut S.A..

En cuanto al precio aplicable a los contratos invocados, lo que también forma parte de los agravios de la apelante, confirma lo dicho por el Juez de Primera Instancia, respecto de que ?el precio resulta ser determinable, puesto que no surge que se encuentre efectivamente determinado, sabiendo que el mismo es un elemento esencial del contrato en cuestión?. Por lo que ?Ante la falta de acreditación por parte de la demandada de otro parámetro tendiente a arribar a otra solución, el a quo ha considerado prudencial integrar el contrato, y que el precio a utilizar sea el que determina la ?Mesa de Contractualización/// ///14.-Frutícola?.- Que esta normativa -agrega el Juez de voto- que remite a la ?Ley N* 3993? (cuya inconstitucionalidad se pretende), ha sido establecida en virtud de la disparidad en la que se encuentra el productor, ante el empacador o comercializador, tendiendo como es sabido, a proteger a la parte más débil de la relación jurídica, que queda sujeta a los avatares del comercio, y de la voluntad del exportador, trasladando al más débil el riesgo de la actividad.

Luego señala en relación al análisis de la legalidad de la Ley N* 3993, que, conforme lo ha dicho el STJ. en distintos antecedentes ?el control judicial de los actos de gobierno tiene sus requisitos, condicionamientos y limitaciones, no pudiendo ni sustituir ni suplir las funciones que le son propias a los otros Poderes, a fuerza de exorbitar el rol propio, e incurrir en abuso de esa jurisdicción?, que las anteriores Leyes N* 3460 y N* 3611, ?las que están fundadas en disposiciones expresas de la Constitución Provincial en sus arts. 29, 86, 87, 91 y cc. en cuanto a facultades no delegadas o concurrentes de la política económica, sus medidas de implementación y el ejercicio del poder de policía...? (?Zumos Argentinos S.A. s/Acción de Inconstitucionalidad Ley N* 3993?, 17-11-05).

Finalmente, en relación al agravio que versa sobre el saldo que se determinó como adeudado por Ecofrut S.A. a la actora, considera que tampoco allí asiste razón al apelante ?por cuanto no existen constancias en la causa que los números que arroja la pericial contable no sean reales, habida cuenta que en el supuesto que el acto de clasificación hubiera arrojado un///.- ///15.-resultado diferente, debió la empresa aportar datos de que así sucedió, de conformidad con el artículo 8 de la Ley N* 3611, ? .?.

Se llega así a la instancia casatoria derivada del recurso que, por su parte articulara la demandada y cuyos fundamentos han sido sintetizados ?supra?.

IV) EXAMEN DEL RECURSO.

a) Que, ingresando al examen de las cuestiones traídas a conocimiento y decisión, corresponde abordar en primer término el planteo referido a la falta de fundamentación de la sentencia. Ello así, puesto que, del acogimiento de dicho cuestionamiento podría derivar la nulidad de la sentencia, deviniendo -en consecuencia- innecesario ingresar en el análisis de los restantes agravios.

Al respecto, la parte recurrente argumenta que la sentencia impugnada no cumple con los requisitos propios que deben satisfacer las decisiones judiciales en cuanto a su fundamentación, en tanto considera que la misma prescinde de tratar el tema jurídico expresamente planteado y decidido en Primera Instancia. Sostiene que el fallo impugnado pretende atribuir la necesidad de la aplicación del precio mínimo fijado por la Mesa creada por la Ley N* 3993, en clara violación de las Constituciones Nacional y Provincial, a una hipotética vaguedad del contrato que instrumentó la operación.

El agravio deberá ser desestimado, toda vez que considero que el decisorio recurrido es un acto jurisdiccional que reúne los extremos exigidos, tanto por la Constitución Provincial (art. 200), como por la normativa ritual de aplicación///.- ///16.-(arts. 163 y cc. del CPCyC.).

En tanto dichas normas exigen que los Jueces deben resolver las causas sometidas a su conocimiento con fundamentación razonada y legal.- Del análisis de lo resuelto se colige que, el Juez de Primera Instancia y luego la Cámara, han razonado y expresado los motivos por los cuales entendieron que, ante la falta de determinación precisa del precio aplicable a los contratos, y ante la ausencia de acreditación por parte de la demandada de otro parámetro tendiente a arribar a otra solución, resultaba prudente integrar dicho elemento esencial de los contratos, con el precio determinado por la ?Mesa de Contractualización Frutícola?, organismo creado por la Ley N* 3993, norma que en su art. 7 dispone: ?Las resoluciones a la que arribe la ?Mesa? son vinculantes y deben trasladarse a la contratación individual de cada productor primario con el empacador y/o juguero correspondiente y a los términos estipulados en la Ley N* 3611 y sus modificatorias?.

En tal orden de situación, no se advierte la invocada falta de fundamentación y/o ausencia de tratamiento de cuestiones planteadas, y sí una discrepancia subjetiva con la tarea de interpretación de los contratos y selección, jerarquización y valoración de las pruebas conducentes para la resolución de la causa, cuestiones estas de hecho y prueba, ajenas al recurso de casación.

Así, se ha dicho que: ?La selección, jerarquización y valoración de los medios de prueba, es privativa del Tribunal de grado y exenta de contralor en casación mientras no se haya violado la hermenéutica probatoria\" (STJRNS1. Se. N* 72/06,///.- ///17.-in re: ?A., M. V. c/UTGRA BARILOCHE s/EJECUTIVO s/ CASACION?; ?La interpretación de los contratos es una cuestión de hecho reservada a la instancia ordinaria y excluida de la casación, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas del derecho que gobiernan esa interpretación.? (STJRNS1. Se. N* 148/07, in re: ?DEICAS?; Se. N* 18/09, in re: ?B., N. B.?).

b) Asimismo, y también en relación a la determinación del precio final de la fruta en los contratos, la demandada sostiene que ambas partes se remitieron al precio de plaza (mercados internacionales) para integrar el contrato, por lo que considera que -en autos-, se habría prescindido de la solución legal dada por los artículos 458 del Código de Comercio y 1354 del Código Civil.- Al respecto, cabe señalar que, además de observarse que tales cuestionamientos nos remiten y conducen también a una cuestión de hecho y prueba, propia de los Tribunales de grado y ajena a la casación, como lo es la interpretación de los contratos; de la simple lectura de los instrumentos agregados a fs. 4/6 y fs. 20/22, específicamente de la cláusula tercera de ambos, no se verifica término alguno que indique que se hubiera pactado, como precio final, el que surgiese del mercado internacional; tampoco ello puede inferirse de una interpretación de los convenios, ajustada al art. 1198 del Código Civil.

De igual modo, tampoco se verifica cláusula alguna en los contratos en cuestión que asocie al actor a la suerte de los negocios de exportación de la demandada, ni a sus pérdidas ni/// ///18.-a sus beneficios; por lo que el cuestionamiento a la aplicación del precio fijado por la ?Mesa de Contractualización? conforme faculta la citada Ley N* 3993, aparece sólo como un intento de hacerla partícipe de una mala temporada del negocio del demandado.

Es que en el caso, nos encontramos ante una compraventa de fruta para exportación y no ante un contrato asociativo o ?joint venture? consecuentemente-, resulta inaceptable interpretar que la parte actora se hubiera supeditado al precio del mercado internacional, o sometido al riesgo empresario de la parte demandada.

En tal orden de ideas, no se advierte la invocada violación del art. 458 del Código de Comercio ni del art. 1354 del Código Civil, y mucho menos arbitrariedad y/o absurdidad (por omisión) en la valoración de los elementos de información reunidos en el proceso, resultando no sólo razonable sino también correcto, el argumento de la sentencia de Primera Instancia, confirmada por la Cámara, en cuanto sostiene que la cláusula tercera de los contratos, en referencia ?valor final de la fruta?, debe estar necesariamente vinculada a un valor final ?determinable?, pero el que en ningún caso, podría ser inferior al precio mínimo, que refleje los ?costos?, y que el comprador accionado sabía o debía saber- que en algún momento cierto y forzoso fijaría la ?Mesa de Contractualización?.

Es que -a contrario de lo argumentado por la demandada-, en los contratos no se hace referencia a ningún ?precio final? del mercado externo ni interno, sino al ?valor de la fruta? (cláusula tercera), con lo que la remisión que hiciera aquella norma no es a un componente dinerario nominal y específico,///.- ///19.-sino a un valor abstracto, que recién habría de medirse y determinarse cuando se cuente con otros elementos que lo clarifiquen. En consecuencia, dado que el precio mínimo determinado por la ?Mesa de Contractualización? entraña una ponderación de los ?costos? y el ?precio? de la producción, resulta razonable inferir que ese valor abstracto al que refieren los contratos no puede ser menor al indicado; atento a que lo contrario atentaría contra el sinalagma convencional, en la medida en que la actora vendedora entregaría la ?cosa? (fruta) por un precio y valor inferior a sus costos de producción; lo que de manera alguna puede inferirse de la sistemática del negocio, ni de la normativa que reglamenta la actividad de la fruticultura.- Máxime, considerando que la demandada y esto es medular-, tampoco aportó elementos precisos y concretos a efectos de acreditar el precio propuesto. Adviértase que, ninguno de los puntos de la pericia contable ofrecida (ver fs. 330/331) comprende un pedido de indagación específica relacionado con el ?precio? que pudiera haber percibido de adquirentes del exterior en su negocio, respecto de la fruta de la actora; y también que la prueba informativa de la que pretende hacerse valer, como bien refiriera el pronunciamiento de Cámara, lejos se encuentra de arrojar con claridad que los valores que ellas contienen sean los previstos para el caso que nos ocupa.- En conclusión, se presenta correcto el considerar que desde la perspectiva de una exégesis suficiente de los contratos, el ?valor final? de la fruta convenido por las partes es, de mínima, el establecido por la ?Mesa de Contractualización?./// ///20.-Por lo que entiendo deben desestimarse los agravios deducidos al respecto por la demandada (ECOFRUT S.A.).

c) Por último, y en relación a los planteos de inconstitucionalidad de la Ley N* 3993, adelanto mi criterio contrario al progreso de tales cuestionamientos, y a favor de la confirmación de lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. Doy razones:

En primer lugar, porque las cuestiones traídas a debate en autos, bien pueden decidirse sobre la base de la interpretación de los contratos y de la voluntad de las partes allí plasmada, por lo que entiendo que no se verifica en principio- cuestión constitucional.

Es que, como ha quedado en evidencia en el tratamiento de los agravios precedentes, el caso se ha resuelto sin aplicar la mencionada Ley N* 3993, pues -ante la vaguedad de los contratos en la determinación del precio final de la fruta, y la orfandad probatoria de la demandada al respecto- sólo se ha recurrido al precio mínimo establecido por la ?Mesa de Contractualización Frutícola? para integrar tales contratos.

En segundo lugar, porque como se ha venido sosteniendo en el presente y como se ha señalado en reiteradas ocasiones por este Superior Tribunal de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de una ley, es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como ?ultima ratio? del orden jurídico, y cuando no existan otros medios para resolver el asunto, pues en principio, no es del resorte de los Tribunales el irrogarse funciones legislativas, ni sustituir a la Legislatura de la Provincia en cometidos que le son///.- ///21.-propios.- Así, se ha dicho que: ?La declaración de inconstitucionalidad, al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, por lo cual, al ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, sólo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, cuando ello es de estricta necesidad.? (CSJN., ?Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños y perjuicios?, del 27/11/2012, LA LEY 2012-F, 559); ?La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (del dictamen del Procurador Fiscal subrogante que la Corte hace suyo).? (CSJN., ?Droguería del Sud S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires?, del 20/12/2005).

En tercer lugar, porque quien alega la inconstitucionalidad de una norma, debe además demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional y/o Provincial, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que se precise y pruebe fehacientemente en el expediente el///.- ///22.-perjuicio que le origina la aplicación que tacha de inconstitucionalidad. (Conf. Fallos 307:1656; 310:211).

Y en el caso, la parte demandada no probó que la integración de los contratos de compraventa con el precio establecido por la ?Mesa de Contractualización Frutícola? creada por la Ley Provincial N* 3993, le produjera un perjuicio de naturaleza patrimonial efectivo e irreparable, por lo que un pronunciamiento del Tribunal en tales circunstancias resolvería un caso hipotético y no una efectiva colisión de derechos.

Obsérvese que la discusión más allá de los agravios esgrimidos-, se haya circunscripta al valor final de la fruta; específicamente si correspondía integrar los contratos con el precio establecido por el mecanismo que prevé la Ley N* 3993 conforme propusiera la actora, o el precio de plaza (del mercado internacional) como sostiene la demandada; por lo que el supuesto perjuicio estaría dado por la diferencia existente entre ambos valores.

Sin embargo, la ahora recurrente no sólo no acreditó fehacientemente el valor de la fruta en el mercado internacional (recordemos que la informativa ofrecida al respecto fue desestimada, pues lejos se encontraba de probar que los valores -precio de la fruta- que ellas contienen sean los previstos para el caso de autos); sino que ni siquiera intentó demostrar el valor recibido del exterior por la venta de la fruta de la actora, pues ninguno de los puntos de la pericia contable oportunamente ofrecida (ver fs. 330/331) comprende un pedido de indagación específica relacionado con el ?precio? percibido de los adquirentes del exterior.

///.- ///23.-En tal orden de ideas, los agravios traídos al Tribunal sobre la inconstitucionalidad de la Ley N* 3993, resultan en definitiva, conjeturales e hipotéticos, ya que además de observarse que el caso se resolvió sin aplicarse la citada norma provincial, la recurrente tampoco ha logrado acreditar el perjuicio que le origina la integración de los contratos con el precio fijado por la ?Mesa de Contractualización Frutícola?.

En tales condiciones, la pretensión deducida tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la citada norma oportunamente sancionada por la Legislatura de la Provincia de Río Negro, no constituye causa o caso contencioso, por lo que carece de sentido que nos pronunciemos al respecto.

En orden a ello, se ha dicho que: ?Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad formulado por una compañía petrolera respecto de la obligación establecida por el Decreto 786/98 de la Provincia del Neuquén (Adla, LVIII-C, 3746), referente a la observación de ciertas formas para la celebración de los contratos, toda vez que los planteos de la accionante configuran meras alegaciones, sin que haya aportado elemento probatorio concreto alguno, ni demostrado de qué manera la norma que impugna contraría a la Constitución Nacional, y sin que haya precisado y acreditado fehacientemente el perjuicio que le origina su aplicación, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales?. (CSJN., ?Pérez Companc S.A. c. Provincia del Neuquén?, del 08/04/2008, LA LEY 2008-C, 657); ?Corresponde que quien alega la inconstitucionalidad de una norma demuestre claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causando un perjuicio que también///.- ///24.-debe ser fehacientemente demostrado?. (CSJN., ??Rallín, Hugo F. y otros.?, del 07/05/1991, LA LEY 1991-D, 474); ?Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que desestimó los agravios de la ejecutada recurrente, tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de las tasas de interés dispuestas en la resolución 372/79 del Ministerio de Bienestar Social quien las fijó en base a la facultad que al efecto le confirió la ley 21.864 (Adla, XXXIX-B, 1453 ; XXXVIII-D, 3289).

Ello así, pues no se ha acreditado fehacientemente el perjuicio que le origina la aplicación de la citada disposición y la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil para abrir la instancia extraordinaria. (Del Dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo).? (CSJN., ?Dirección Nac. de Recaudación Previsional c. La Cantábrica, S. A.?, del 10/09/1985, LA LEY 1986-A, 564).

En conclusión, en el entendimiento de que los planteos de la demandada, enderezados a la impugnación de inconstitucionalidad de la Ley N* 3993, configuran meras alegaciones, pues no ha demostrado de qué manera la norma que ataca contraría a la Constitución Nacional y/o Provincial, ni precisado y acreditado fehacientemente el perjuicio que le origina la integración de los contratos con el precio establecido mediante los mecanismos que la citada ley prevé, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales, corresponde rechazar el recurso de casación también en este punto. MI VOTO por el RECHAZO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Adriana Cecilia Zaratiegui dijeron:

///.- ///25.-ADHERIMOS a los fundamentos expuestos en el voto de la doctora Piccinini, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla dijeron:

Atento la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión.

A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo:- Por la razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 881/899 de las presentes actuaciones. II) Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC.).

III) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a los doctores Ignacio SEGOVIA y Adriana G. RODRIGUEZ CARRIQUIRIBORDE en conjunto- en el 25%, y a la doctora Bárbara R. SANCHEZ PULGAR, en el 30%; todos a calcular sobre los honorarios oportunamente regulados a cada representación, por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Adriana Cecilia Zaratiegui dijeron:

ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto que antecede.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla dijeron:- NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello,///.- ///26.- EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 881/899 de las presentes actuaciones.

Segundo: Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC.).

Tercero: Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a los doctores Ignacio SEGOVIA y Adriana G. RODRIGUEZ CARRIQUIRIBORDE en conjunto- en el 25%, y a la doctora Bárbara R. SANCHEZ PULGAR, en el 30%; todos a calcular sobre los honorarios oportunamente regulados a cada representación, por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.).

Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

Se deja constancia de que, no obstante haber participado del Acuerdo, no firma la presente la señora Jueza doctora Adriana Cecilia Zaratiegui por encontrarse en uso de licencia por Compensación de Feria (art. 70 del Reglamento Judicial).

FDO. LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - RICARDO A. APCARIAN JUEZ - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.- TOMO: II SENTENCIA N* 31 FOLIO N* 340/365 SECRETARIA: I