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Constitución Nacional, Constitución Provincial, Derecho ambiental, Recursos naturales, dominio público, poder de policía, política ambiental, aplicación de la ley
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Lo que sí es claro es que la propiedad de los recursos naturales es de la Provincia (art. 124 C. Nacional y arts.75, 78, 84 y 85 Provincial), y que además de la ley de presupuestos mínimos, que en forma concurrente la Provincia dicta normas sobre medio ambiente, sin perjuicio del poder de policía. He señalado en mi OBITER DICTUM. correspondiente a mi voto en la sentencia del 07-06-05, en los autos caratulados:

"RIVELLI, R. s/AMPARO s/APELACIÓN" (Expte. N* 20029/05-STJ-) SE. 53/05, que conviene recordar, además de lo dispuesto en el art. 41 de la Constitución Nacional, que por el art. 124 último párrafo se reconoció a las Provincias el dominio originario de sus recursos naturales, y conforme el debate de la respectiva Convención Constituyente, debe entenderse, según el informe del Convencional Antonio María Hernández, así: "cuando nos referimos al alcance de lo que corresponde a las Provincias en cuanto al dominio de los recursos naturales existentes en su territorio, la Comisión interpreta que el territorio comprende tanto al suelo como al subsuelo, el espacio aéreo y el litoral marítimo".

Por supuesto, también son del dominio de las provincias los recursos renovables o no, de forma tal que a nuestra interpretación deben armonizarse los arts. 124 y 41 de la C.N., tanto por los alcances que tendrá el dominio como el ejercicio del poder de policía ambiental, ya que habiéndose dictado la Ley N* 25675 - Ley General del Ambiente, presupuestos mínimos-, hay un punto de partida común en esta ley a partir del cual se unifican las políticas nacionales sobre cada una de las materias que pueden merecer, además, una consideración especial cuando se trata de la explotación de determinados recursos naturales y donde rigen, además de la legislación nacional, convenciones y tratados internacionales.

En esta compleja trama se ubican los problemas relativos a la derogación o no del art. 1* de la Ley N* 17319 y a un cambio de paradigma sobre la interpretación que corresponde otorgar al Código de Minería de la Nación.
Daño moral, daños punitivos, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: G., F. A. c/ A. A. SA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-29

El nuevo art. 52 de la LDC incorpora la figura del "daño punitivo" Se trata de una multa civil a favor del consumidor que puede establecer el Juez en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, aclarando la norma que es independiente de otras indemnizaciones que puedan otorgarse a favor del consumidor.

De hecho, la multa civil puede llegar a ser superior a la indemnización que pueda corresponder por daño moral y/o patrimonial, pues el art. 47 inc. b), al que remite el nuevo art. 52 de la LDC, establece una multa máxima de $5.000.000.
Recusación, deber de imparcialidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Toscanini  Yesica  Ruth c/ Yahoo  de Argentina S.R.L. y otro s/ incidente de recusación con causa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

La libertad de las partes con respecto a la recusación -que indudablemente trae trastornos en el desenvolvimiento del proceso- se justifica por la sospecha de parcialidad. Pero la sospecha debe fundarse en hechos concretos y relativos a la causa misma, circunstancias que deben actuar como índices de un peligro en cuanto a la recta administración de la justicia (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo II, Ed. Ediar, pág. 241). Por eso, es indispensable la exposición de tales hechos -que justifiquen la parcialidad- para dar sustancia al pedido de recusación. Y ello es así pues la garantía de la imparcialidad del juez es de tanta entidad como la garantía del juez natural (cfr. esta Sala, causa 30.659/95 del 1-9-09).
Convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral, vigencia del convenio colectivo, tribunales arbitrales, sentencia, ministros, actos unilaterales, denuncia de ilegitimidad
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-08

En el laudo 22/90 no se ha hecho un exámen de los arts. de la CCT 36/75, cuya vigencia se suspende, pues éstos abarcan materias tan diferentes e inócuas como la aplicación del convenio o su impresión, arts. 1 y 93, y otras como la estabilidad, los salarios, la jornada de trabajo, el servicio militar etc. cuya peligrosidad no se advierte ni remotamente. La desmesura del acto ministerial se manifiesta además en que se haya accedido sin retaceo ni observaciones al pedido de suspensión efectuado por la empresa interesada, lo que descalifica la decisión del árbitro y permite declarar su ilegitimidad.
Indulto, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

Es deber de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarar la imposibilidad constitucional de indultar a autores y partícipes de crímenes por graves violaciones a los derechos humanos, dado que dicho acto de gobierno conlleva la renuncia a la verdad, a la investigación, a la comprobación de los hechos, a la identificación de sus autores y a la desarticulación de los medios y recursos eficaces para evitar la impunidad.
Responsabilidad del Estado, servicio público, ley de defensa del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivera Cintia Mabel c/ Municipalidad de Córdoba s/ ordinarios otros recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-12-04

Debe admitirse la demanda interpuesta por una mujer contra la municipalidad de Córdoba a fin de que se extienda la responsabilidad al municipio por los daños y perjuicios que sufrió al caer de un colectivo, pues la responsabilidad del ente estatal titular de un servicio público, es objetiva, habida cuenta que es "proveedor" en los términos del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor y por ende claramente situado en el polo pasivo de la relación de consumo, aunque preste el servicio valiéndose de la colaboración de un particular contratado a tal fin.
Prueba, prueba confesional, apreciación de la prueba, absolución de posiciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: SINBON SCA c/ TAURO CONSTRUCCIONES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

Lo declarado -al absolver posiciones- no puede en manera alguna ser apreciado como prueba en favor del absolvente, salvo el supuesto del cpr 411 párrafo 2. De lo contrario se daría el supuesto que el deponente como absolvente pudiera predisponer prueba en su beneficio.
Leyes, constitucionalidad, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petrolo, Miguel Angel; Blacona, Alberto Luis y Aguado Fermoselle, Omar Francisco c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 640-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-16

El examen de constitucionalidad ha de limitarse al caso concreto traído a decisión. Así, -en el caso- alcanzará sólo a las normas cuya aplicación es necesaria para la decisión del caso, y no a la ley 9286 genéricamente considerada.
Revisión judicial de actos administrativos, AFIP DGI, obligación tributaria, determinación de impuestos, IVA, obras públicas
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Saneamiento y Urbanización S.A. (T.F. 13.263 I) c/ Dirección General Impositiva s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Corresponde confirmar la sentencia que dejó sin efecto la resolución de la Dirección General Impositiva que determinó de oficio la obligación fiscal de la actora con respecto al impuesto al valor agregado, si el acto administrativo determinante del tributo no se sustentó en atribuir a las tareas efectuadas la calidad de una obra pública, ni en la consideración del régimen legal de estas últimas, a efectos de precisar los alcances del presupuesto de hecho definido en la ley tributaria.
Recurso de revisión penal, régimen penal de la minoridad, menores, reclusión perpetua, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: C., D. F. s/ revisión penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-01

El recurso de revisión interpuesto contra la sentencia que declaró la responsabilidad penal de un menor por los delitos de robo calificado y homicidio triplemente agravado es procedente, pues conforme las constancias de la causa, sus sucesivos defensores jamás cuestionaron acto procesal alguno, no ofrecieron prueba ni controlaron su validez, y no impugnaron ninguna de las decisiones adversas a su defendido, limitándose a convalidar irregularidades procesales, todo lo que implicó un estado de indefensión del menor, y la carencia de una efectiva defensa en juicio del imputado (del voto del Dr. Erbetta).
Intereses, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: F.M.L.V. c/ ADOST y/o Quien Resulte Responsable s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-04

La cuestión de la tasa de interés a aplicar queda sometida al prudente criterio de los jueces ordinarios de la causa.
Impuesto a la carne para faenar, hecho imponible, importación para consumo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: LA CATEDRAL  S.A. c/ JUNTA NACIONAL DE CARNES s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

De la armonización del art. 16, inc. a, de la ley 21.740 - según ley 23.065 y de su art. 17, modificado por ley 22.845 - el hecho imponible del gravamen creado en la primera de las normas es la primera venta de animales realizada con destino a la faena, encontrándose fuera del ámbito del tributo aquellas transacciones de carne ya faenada. En el supuesto de importación para consumo de carne faenada el hecho material descripto en la norma se verificó fuera del ámbito espacial de aplicación de la ley tributaria.
Menores, daños y perjuicios, muerte, indemnización, estado de familia, filiación, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: Villagra, Jesica Soledad c/ Cooperativa de consumo de electricidad y afines de Gualeguaychú limitada y otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-27

Si el menor se encontraba impedido de reclamar los daños y perjuicios provenientes de la muerte de su padre por no contar con la filiación que debió tramitar judicialmente en el marco del art. 3980 del Código Civil, esa resultaba una imposibilidad legal de accionar por reclamo de una indemnización que tenía como presupuesto lograr el reconocimiento del emplazamiento filiatorio que le otorgaba el título para demandar, ya que la sentencia de filiación es declarativa del vínculo existente por causa de nacimiento y constitutiva del título en cuanto a la oponibilidad del estado de familia, mas debe accionar antes de operada la prescripción del reclamo por responsabilidad civil.
Sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, accidentes de trabajo, lucro cesante
Materia: LABORAL
Carátula: Fonseca, Víctor Ruben c/ Perkins Argentina S.A. s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-03

Si bien lo relativo a la reparación del daño por lucro cesante remite al estudio de cuestiones de hecho y de derecho común, propias del tribunal de la causa y ajenas, como regla, al remedio federal, es admisible el recurso extraordinario cuando el alcance asignado al resarcimiento de ese menoscabo prescindió de conferir un tratamiento adecuado al problema e incurrió en afirmaciones dogmáticas, sin sustento en las constancias del caso. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Empleados públicos, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreira, Norma Haydee y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

El estado del agente público es consecuencia de la aplicación individual de lo que se establece en el estatuto, por lo que cada reforma que sufre éste cambia la situación jurídica de cada uno de los empleados incluidos en el ámbito normativo aplicable.
Beneficios previsionales, caducidad de instancia, interpretación restrictiva, carácter alimentario, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Galvalisi, Giancarla c/ ANSeS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

En razón del carácter previsional de la causa, la interpretación del instituto de la caducidad de la instancia debe ser restrictiva, y al fijar el alcance de las normas que regulan los beneficios de índole alimentaria los tribunales deben proceder con extrema cautela a fin de lograr una aplicación razonada y prudente de aquéllas y evitar el riesgo de caer en un excesivo ritualismo contrario al derecho de defensa en juicio.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Contratos administrativos, obligaciones, depreciación monetaria, moneda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arrigoni, Carlos c/ Estado Nacional . s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

Siendo el decreto 1568/85 complementario del 1096/85, la exégesis de sus disposiciones habrá de inspirarse en los fundamentos que motivaron el dictado de su precedente, tendientes a conjurar las expectativas inflacionarias implícitas al concertarse una obligación a plazo.
Medidas cautelares, derecho a la salud, obesidad, medicina prepaga
Materia: PROCESAL
Carátula: CORA DIANA ELISABETH c/ MEDICUS SA Y OTRO s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-27

Con los certificados médicos se acredita que la Sra. Diana E. 1) presenta obesidad de 30 años de evolución; 2) ha realizado numerosos tratamientos para descender de peso infructuosamente; 3) que su índice de masa corporal es de 52, lo que la identifica como "obesa mórbida", y que padece otras enfermedades derivadas de la obesidad que exigen tratamiento y medicación, a saber: esteatosis hepática, obstrucción del sueño, dificultad en la marcha, disnea de reposo, poliatralgias múltiples, artrosis en ambas rodillas, síndrome depresivo y trastornos en su vida social y laboral. Por ello se le recomienda a la paciente la realización del by-pass gástrico laparoscópico, encontrándose "en condiciones de cirugía". De conformidad con la ley 26.396 sobre "Trastornos Alimentarios" en su artículo 15 se establece que "quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios." y, por su parte, la Resolución nº 742/09 del Ministerio de Salud incorporó al Programa Médico Obligatorio el conjunto de prestaciones básicas esenciales para la cobertura de la obesidad en pacientes, detalladas en el Anexo I, entre las cuales se incluye como tratamiento quirúrgico para pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 40 kg/m2 el "by-pass gástrico". Con relación a MEDICUS, cabe señalar que en su carácter de empresa de medicina prepaga se rige por la nueva ley 26.682 (sancionada el 04-05-11 y promulgada el 16-05-11, BO nº 32151 del 17-05-11) la cual en su artículo 7 establece que, tales empresas ".deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio.".
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Gelvez, Jonathan Nahuel c/  s/ INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN a favor de Gelvez, Jonathan Nahuel s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-31

"La existencia de un pedido de captura por un delito doloso revela un total desprecio a los designios de la autoridad judicial y la obligación de acatar sus decisiones, todo lo cual constituye un infranqueable obstáculo para la soltura pretendida, al implicar un claro indicio de futura elusión.

No resultando válida la argumentación de la defensa, desde que de las constancias de los principales que se tienen a la vista no surge actuación alguna que informe sobre el levantamiento de la captura requerida.

En este aspecto, cabe dejar sentado que el defensor no puede desentenderse de su obligación y hacer responsable al tribunal de una cuestión que no le compete, como es la de poner a derecho a su defendido".
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, facultades discrecionales, Administración Pública, política salarial, revisión judicial, registro del estado civil y capacidad de las personas, remuneración, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barba, María de las Mercedes Noemí y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 109-90) Acosta, Cornelia Teresa y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 185-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-26|2000-04-26

Aún cuando corresponde declarar inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto, cabe destacar que no correspondería hacer lugar a la impugnación formulada contra el decreto de la Administración Pública Provincial que dispuso suspender los efectos jurídicos de los artículos 85 y 86 del decreto 2695/83 cuando, de la lectura retrospectiva de las políticas salariales aplicadas por el Poder Ejecutivo, surge que la remuneración de los actores (empleados del Registro Civil), durante el tiempo a que refiere su reclamo, no sólo habría recibido incrementos en el sueldo básico correspondiente a sus categorías de revista, sino que el mismo adicional (artículo 85 del decreto 2695/83) habría sido objeto directo de sucesivas recomposiciones a partir del 1.7.1986 y hasta el momento en que se lo sustituyó por las "escalas porcentuales" fijadas por el decreto 341/87, que estableció una nueva política salarial para el sector. Por lo dicho, debe desecharse la posibilidad de que los actos impugnados hayan podido importar el ejercicio arbitrario de potestades administrativas, toda vez que el congelamiento -como se vio- no ha sido tal no obstante las disposiciones del decreto 1786/86.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Terzaghi María Cecilia c/ A.P.A.N.D. s/ Preparación de vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

La clara admisión de la calidad de deudora significa un acatamiento o sumisión al vínculo a lo que sigue inexorablemente, el compromiso de pago, pues nadie se obliga porque sí, ni puede pretender un desdoblamiento de su conducta. Si además la obligación cuya satisfacción se prentende es pura y simple y se ha fijado el plazo de cumplimiento, nada obsta a la procedencia de la ejecución intentada en base a ese título (arts. 499, 505 inc. 1ro., 509 y 511 del Código Civil; art. 354 inc. 1ro. , 518 y 521 inc. 2do. del de Procedimientos).
Derecho de huelga, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ Juicio sumarísirmo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-07

Dentro del diseño normativo del art. 14 bis en tres mandas diferenciadas no puede dejar de advertirse que el derecho de huelga se inserta en el segundo bloque que contiene el catálogo de los derechos reconocidos a las entidades gremiales, y lo hace inmediatamente después de la disposición final del primer bloque que reconoce el derecho de sindicación de los trabajadores por lo que, desde una perspectiva de análisis que hace pie en el examen integral del texto de la norma, es indudable que la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes, no al trabajador en forma individual ni a cualquier grupo de trabajadores.
Debate, testimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BARBERON, AGUSTIN s/ DEBATE - SENTENCIA - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-07-18

El art. 420., inc. 2do., C.P.P., autoriza que las declaraciones del sumario se introduzcan en el debate mediante su lectura, sólo para hacerles notar contradicciones o variaciones a los testigos o para ayudar su memora.

Si el testigo -menor- no dijo nada sobre el hecho o sus circunstancias, la introducción de su anterior declaración escrita no puede haberse fundado en la necesidad de señalarle sus contradicciones o variaciones.

Tampoco cumple la misión de auxiliar la memoria del testigo, leyéndole lo que antes había manifestado o interrogándole sobre esta base, si la introducción del testimonio es hecho en distinta audiencia en la cual se realizó el interrogatorio del menor en el debate.-
Daños y perjuicios, daño moral, contrato de turismo, responsabilidad contractual, responsabilidad de la agencia de viajes
Materia: COMERCIAL
Carátula: TIERI, MARTA SUSANA Y OTRO c/ EVES SA s/ SUMARIO. (ED 28.4.03, Fº 51996).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Corresponde hacer lugar a la indemnización en concepto de daño moral, reclamada por quienes contrataron un "tour vacacional" contra la agencia de turismo con la que operaron, en razón de las vicisitudes por las que debieron atravesar como consecuencia del reprochable actuar de esta, no controvertido, que dan por configurado un menoscabo moral que debe ser indemnizado, el que debe ser razonablemente estimado en la suma de $12000 ($3000 para cada accionante), en atención a las circunstancias del hecho (C.P.C.C. 165-in fine); ello así, entendido el daño moral en su doble función, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieron las aflictivas consecuencias de tal proceder.

(En el caso, las accionantes relataron haber contratado un tour que incluía estadía en Miami -EE.UU.-, un crucero por el caribe, y pasajes aéreos a y desde aquella ciudad, al llegar al lugar de destino, se enteraron que su vuelo de regreso no estaba confirmado, debiendo destinar los tres días que tenían para conocer la ciudad antes del inicio del crucero, a realizar tramites en la compañía aérea y en la corresponsal de la agencia de turismo en esa ciudad; a lo que se sumó que una de ellas, como consecuencia de tal inconveniente, sufrió problemas de salud debiendo guardar cama en el hotel y recibir medicación, viendo así arruinada su primer estadía en la ciudad; y si bien pudieron hacer el crucero, no lo hicieron "tranquilas" como les sugiriera el corresponsal de la agencia de viajes, ya que es dable presumir que en tales circunstancias, ante la preocupación por cual sería la suerte definitiva del reclamo formulado, tal tranquilidad no existió; a ello cabe añadir que al regresar del crucero, y dirigirse directamente del puerto a la compañía aérea a confirmar la rectificación de su situación, se les comunicó que no había lugar para embarcar hasta 20 días después; por lo que debieron continuar con las gestiones hasta lograr que sus pasajes de retorno se transfieran a otra línea aérea, para un vuelo de dos días después, con lo cual les adelantaron el regreso en doce horas conforme lo pactado; no obstante ello, al día siguiente, fueron nuevamente a las oficinas de la compañía aérea originaria, y allí se les comunico que la transferencia estaba en orden; más al llegar a embarcarse se les informó que esta "no era válida", debiendo iniciar, en el escaso tiempo que faltaba para el embarque, un desesperado raid por todo el aeropuerto a fin de superar ese ultimo gran escollo).