Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2009-05-15


San Salvador de Jujuy, mayo 15 DE 2009.

El Dr. del Campo, dijo:

Que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial (fs. 620/636 vuelta), hizo lugar a la demanda incoada por Honorio Fidel Colqui y Sixta Dorotea Vázquez por sí y su hijo menor E. E. C. condenando a la Empresa Jujeña de Energía S.A. (E.J.E.S.A.)a abonar en el término de 10 días, la suma de novecientos cincuenta mil pesos, con más los intereses desde la fecha de la sentencia. Asimismo estableció a cargo de la mencionada empresa, la obligación de depositar en forma mensual y con carácter vitalicio el monto correspondiente de un salario idéntico al que abone a la primera categoría del escalafón del personal de planta según el Convenio Colectivo vigente en materia salarial y posteriores resoluciones modificatorias, a partir de la notificación de la sentencia.

Eximió de responsabilidad en el evento tratado, a la Empresa I.R.M.I. y al Estado Provincial.

Impuso las costas del proceso a la vencida y regulo los honorarios profesionales teniendo en consideración la naturaleza de la cuestión, la labor desarrollada por los letrados lo preceptuado por los artículos 2º, 4º ,6º, 8º, 10º de la ley de aranceles 1.687 y prorrateo regulatorio de acuerdo a lo normado por el artículo 505 del Código Civil.

Mediante resolución de fs.657, se aclaró que la expresión primera categoría, referida en la renta vitalicia, comprende a la más baja del escalafón y vuelve a reiterar que a los fines regulatorios de los honorarios profesionales se tuvo en cuenta el monto total del juicio.

En contra del decisorio, interponen recursos de inconstitucionalidad, el doctor J. C., en representación de la Empresa Jujeña de Energía S.A. (fs.30/42); los doctores A.E.L. y N.A.L. por sus propios derechos (fs. 70/76); y el doctor D.H.L., patrocinado por el doctor J.E.G., en representación del Estado Provincial (fs. 98/102).

Los agravios traídos a consideración de este Alto Tribunal, podemos resumirlos de la siguiente manera: La Empresa Jujeña de Energía S.A., pretende se revoque parcialmente el fallo atacado; por un lado extendiendo la responsabilidad en el evento a la citada Empresa IRMI S.A. y por el otro, modificando el monto de condena por la propuesta realizada en estos autos, consistente en que se refuerce hasta en un 100% la renta o remuneración alimentaria mensual vitalicia y se disminuya sustancialmente el capital de pago inmediato.

Los doctores L. se quejan de los montos regulados en concepto de honorarios profesionales, planteando la inconstitucionalidad del artículo 505 -última parte- del Código Civil. En subsidio, consideran que el a-quo hizo una calificación incorrecta del litisconsorcio, no existiendo dudas que la relación que se trabó entre las partes fue la de un litis consorcio facultativo y no necesario. Manifiestan que la regulación de honorarios practicada conforme el monto del juicio no es la que correspondía. Entienden que no se tuvo en cuenta la verdadera eficacia de la labor profesional. Denuncian una interpretación errónea del artículo 505 del Código Civil y al respecto expresan que el tope esta previsto al alcance de la responsabilidad de las costas y no al monto de honorarios.

Por su parte, el recurso instaurado por el Estado Provincial, además de plantear, también la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 505 -última parte- del Código Civil, considera arbitrario al fallo respecto del bajo monto regulado a favor de los Procuradores de Fiscalía de Estado, expone planteos semejantes a los realizados por los Dres. L.

Que corrido los traslados pertinentes, se presentan a contestarlos, por IRMI S.A. el doctor N.A.L. (fs. 114 a 118 vuelta); por la Empresa Jujeña de Energía el doctor J.C., (fs. 121/127 y fs.130/135); por el Estado Provincial el doctor G.A.T. (fs. 151/154 vuelta), por el actor el doctor M.F.G. patrocinado por el doctor C.A.R.V. (fs. 174/176) y en ejercicio de la representación promiscua del menor E. E. C., la doctora G.M. de C. en el carácter de Defensora Oficial de Menores e Incapaces (fs.193).

Emitido el dictamen del Sr. Fiscal General a fs. 221/227, la causa quedó en estado de ser resuelta.

Que entrando al análisis, y abordando en primer término lo traído a estudio por la Empresa E.J.E.S.A. considero que el quejoso se limita a discrepar con los serios argumentos desarrollados por el a-quo para excluir a la Empresas IRMI y al Estado Provincial de responsabilidad en el lamentable evento.

A mi criterio, para el caso de autos, nada tiene que ver la responsabilidad de quien tenia a cargo la construcción de la obra, pues ya como lo hace ver la Sala III en el fallo atacado, de las constancias de autos surge sin que exista discusión en el tema que los daños sufridos por el menor fueron por causa de la electricidad, que la obra estaba en construcción, que nunca fue entregada, ni siquiera provisoriamente, y sin embargo la Empresa EJESA igualmente utilizó la misma. No se trata entonces, que en el caso debamos analizar las condiciones de la obra o la responsabilidad de quien tenia el cuidado o la guarda de la misma, sino la actitud negligente e irresponsable de la Empresa E.J.E.S.A. de haber usado una obra sin las condiciones optimas de utilización. Al respecto es dable transcribir lo expresado por el Sr. Fiscal General en su dictamen, en cuanto expresó: "La atribución de responsabilidad exclusiva en el evento ha sido motivada con argumentos claros por el Juez. No es correcto que los incumplimientos de IRMI a las condiciones de contratación fueran la causa eficiente del accidente. La electrificación inoportuna de las líneas hace inaplicable la atribución de responsabilidad a su co contratante, ya que aquellos defectos u omisiones, no relevan a su parte de la influencia causal adecuada que tuvo en el siniestro por el trato inadecuado del transporte eléctrico y por violación a los deberes genéricos de seguridad como empresa monopólica de lo atinente a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica" (sic).

Con relación a lo expresado sobre el monto de condena, surge del texto del recurso, que más que un agravio, estamos en presencia de una propuesta, y que la misma ha sido desestimada en autos por los propios actores razón por la cual este Superior Tribunal en nada debe expedirse y actuar debido a que estamos en una etapa estrictamente recursiva quedando circunscripta nuestra jurisdicción únicamente a lo que es materia de agravio de la sentencia atacada.

Con relación a los dos recursos restantes, el planteo de inconstitucionalidad de la segunda parte del artículo 505 del Código Civil, debe ser desestimado. La declaración de inconstitucionalidad de una ley o una norma es la última ratio, y si existen soluciones posibles y distintas para resolver la cuestión traída a consideración sin entrar a analizar la constitucionalidad o no de la norma, hay que estar a ellas.

Abordando lo planteado en subsidio, cabe adelantar que en el caso no es aplicable a los quejosos lo establecido en el artículo 505- última parte- del Código Civil y que el agravio referido al bajo monto regulado por las actuaciones profesionales en la causa, deben ser admitidos.

En la sentencia registrada en L.A. 49, Fº 236/243, Nº 77 consideré razonable que la responsabilidad por el pago de las costas con el límite del 25% del monto de la sentencia alcanzaba solamente a los honorarios profesionales que representaron al actor y los peritos, en la relación sustancial que, por cierto está constituida por dicha parte y por la parte demandada. Asimismo expuse que tal como esta redactado el precepto no es posible sostener que dentro de ese tope deban incluirse también los estipendios del letrado de un grupo codemandado, en los supuestos que su pago se encuentra a cargo exclusivo de otro conjunto codemandado condenado en costas.

Con el criterio expuesto y dado que en el presente caso, no estamos hablando de un codemandado, sino de terceros citados por la propia demandada, entiendo con mayor razón que se encuentran excluidos de la norma pues quien los cita debe responder por sus propios actos no pudiendo beneficiarse con la norma cuestionada.

Ante el pedido de revisión por parte de los recurrentes, de los estipendios regulados por su actuación, analizado dicho agravio, advierto que en el caso existe la desproporcionalidad denunciada, que tal como están planteados los recurso debemos modificar la sentencia sólo en lo que respecta a los honorarios profesionales regulados de los quejosos y aumentarlos a las siguientes cifras; a los doctores N.A.L. y E.A.L. a las suma de pesos cuarenta y cinco mil $ 45.000 para cada uno de ellos, al doctor D.H.L., a la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000) y al doctor J.E.G. a la suma de pesos treinta mil ($ 30.000). Todos con más el impuesto al valor agregado si correspondiera.

Para llegar a las cifras antes mencionadas, además de tener en cuenta el necesario equilibrio que debe mediar entre la retribución, la labor profesional y la complejidad de la causa, se aplicó los artículos 3º, 4º y 6º de la ley arancelaria, considerando justo tomar como monto base un tercio de la condena, pues en definitiva en caso de haber prosperado las citaciones, la responsabilidad para afrontar las obligaciones estaba limitada a dicho porcentaje.

Por lo expuesto, corresponde en primer lugar rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor J.C., en representación de la Empresa Jujeña de Energía S.A.; y en segundo término acoger parcialmente los recursos interpuestos por los Dres. A.E.L., N.A.L. y por los letrados representantes del Estado Provincial y en consecuencia revocar la sentencia solo en lo que respecta a la regulación de honorarios de los quejosos, quedando regulados los honorarios profesionales correspondientes a la instancia anterior conforme ya se expuso ut supra.

Por las particularidades que apareja el tema traído, las costas en esta instancia de los tres recursos interpuestos, deben ser impuestas por el orden causado.

Asimismo, y sustentado en criterio de este Alto Cuerpo que considera que la retribución de la actividad profesional no depende exclusivamente de un porcentual previsto en la ley que regula la materia, sino también de un conjunto de pautas generales que constituyen una guía para arribar a una regulación razonable (artículo 4º incisos "a", "b" y "c" de la Ley de Aranceles" (L.A. Nº 47, Fº 1026, Nº 446), criterio reiterado en el Expte. nº 2244/03, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad...: Bustamante Zelaya, Héctor Gustavo; Baca, Leopoldo y otros c/ I.P.P.S." (L.A. Nº 47, Fº 1933, Nº 831), propongo regular los honorarios profesionales por toda la actividad desplegada en esta instancia, al doctor J.C. y N. L., en la cantidad de cinco mil pesos $ 5.000 para cada uno de ellos y a los doctores Marcelo Genovese y Carlos Rodríguez Vega en la sumas de un mil seiscientos setenta ($ 1.670) y tres mil trescientos treinta respectivamente $ 3.330), con más el impuesto al valor agregado si correspondiera. Los Dres. Bernal, Jenefes, Mateo y Alsina adhieren al voto del Dr. del Campo.

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. J.C. en representación de la Empresa Jujeña de Energía S.A.

2º) Hacer lugar parcialmente los recursos interpuestos por los Dres. A. E. L., N. A. L. por sus propios derechos y del doctor D. H. L. en representación de Fiscalía de Estado y en consecuencia revocar la sentencia sólo en lo que respecta a la regulación de honorarios de los mismos, por lo tanto corresponde modificar los montos por los regulados en los considerandos de esta sentencia.

3) Imponer las costas de los tres recursos por el orden causado.

4º) Regular los honorarios de los doctores J.C. y Nicolás L., en la cantidad de cinco mil pesos $ 5.000 para cada uno de ellos y a los doctores M.G. y C.R.V. en la sumas de un mil seiscientos setenta ($ 1.670) y tres mil trescientos treinta respectivamente ($ 3.330). Todos con más el impuesto al valor agregado si correspondiera. - José Manuel del Campo. - María Silvia Bernal.- Sergio Marcelo Jenefes. - Enrique Rogelio Mateo. - Jorge Daniel Alsina.