Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-05-20


En Mendoza, a los veinte días del mes de mayo de dos mil once, reunida la Sala Pri-mera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, integrada a los efectos de esta causa por los Dres. Claudio Leiva, Horacio Gianella y Graciela Mastrascusa, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 97.907, caratulada: "FRENTE CIVICO Y FEDE-RAL UCR-CONFE EN J° 607 NAMAN MARÍA ALE-JANDRA S/ FORMULA DE RE-SERVA S/ CAS.".

Conforme lo decretado a fs. 339 se deja constancia del orden de estudio efectua-do en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: DRA. GRACIE-LA MASTRASCUSA; segundo: DR. HORACIO GIANELLA; tercero: DR. CLAUDIO LEIVA.

ANTECEDENTES:

A fs. 167/ 181 vta. los Dres. Jorge Albarracín y Néstor Marcelo Parés en su ca-rácter de apoderados partidarios del "Frente Cívico y Federal UCR-CONFE" , deducen recurso extraordinario de casación en contra de la resolución dictada por la Honorable Jun-ta Electoral de la provincia de Mendoza de fecha 14 de octubre de 2009 recaída en autos Nº 607, caratulados: "NAMAN MARÍA ALEJANDRA S/ FORMULA RESER-VA" . A fs. 193 se admite formalmente el recurso y se ordena correr traslado a las par-tes contrarias quienes, a fs. 265/274 vta.; 276/282 vta.; 284/291 vta.; 292/299 vta.,; 301/308 vta.; 309/316 vta. contestan y solicita la declaración del caso abstracto y en subsidio, el rechazo, con costas.

A fs. 335/337 dictamina el Sr. Procurador General, quien por las razones que expo-ne aconseja el rechazo formal del recurso intentado..

A fs. 338 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 339 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. GRACIELA MASTRASCUSA, DIJO:

Para un mejor ordenamiento de las cuestiones que deben ser analizadas en este pun-to, pasaré a considerar por separado, algunos temas cuyo tratamiento resulta necesa-rio an-tes de ingresar al fondo de la cuestión planteada por los recurrentes:

I. Cuestión no judiciable o abstracta:

En primer lugar corresponde, dada la naturaleza de la cuestión planteada por el Mi-nisterio Público así como los partidos políticos recurridos, dilucidar si es posible en esta causa emitir pronunciamiento.

Los interesados y el Sr. Procurador han invocado que la cuestión ha devenido abs-tracta por cuanto la Cámara de Senadores ya analizó y aprobó la validez de los títu-los de los candidatos cuestionados y que, en consecuencia, conforme lo dispone el art. 87 de la Constitución de Mendoza, esa decisión es definitiva.

Sostienen la misma postura en relación a los candidatos a Concejales, señalando que conforme al art. 45 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el resultado del juicio de apro-bación formulado por el Concejo Deliberante es definitivo.

Sin perjuicio de la calificación que de tal situación han hecho los recurridos y el Sr. Procurador Fiscal quienes se refieren a la sustracción de materia por falta de agravio o inte-rés actual, estimo que resulta necesario referirme en primer lugar - por razones metodológi-cas- a si, dado el tratamiento de los títulos por la Honorable Cámara de Se-nadores de la Provincia y por los Concejos Deliberantes de las Municipalidades involu-cradas, subsiste o no la jurisdicción de este Tribunal o si en lugar de ello la cuestión ha devenido no judicia-ble.

Es que, a mi juicio, la cuestión planteada en las contestaciones al recurso y en el dictamen del Sr. Procurador Fiscal guarda más cercanía con la temática de las facultades privativas de cada Poder del Estado, en este caso de la Cámara de Senadores de la Pro-vincia y de los Concejos Deliberantes de las Municipalidades, lo que en definitiva lleva a preguntarse si dadas las normas implicadas de la Constitución Provincial y de la Ley Orgá-nica de Tribunales, la cuestión ha devenido no judiciable y por ello, este Cuerpo carece de jurisdicción para pronunciarse.

Es cierto que el art. 56 ("La Junta Electoral permanente juzgará en primera instan-cia, haciendo los escrutinios provisorios, de la validez de cada comicio, otorgan-do a los electos, con sujeción a la ley, sus respectivos diplomas. Su decisión, con todos los antece-dentes, será elevada a la Cámara o cuerpo para cuya renovación o integra-ción se hubieren practicado las elecciones, a los efectos de los juicios definitivos que correspon-dan con arreglo a esta Constitución") y art. 87 ("Cada Cámara es juez de la calidad y elección de sus miembros y de la validez de sus títulos provisorios otorgados por la Junta Electoral; pero cuando cualquiera de ellas esté en disconformidad con el fallo de la Junta, dicha reso-lución deberá ser considerada por la Asamblea Legislativa. La Cámara que hubiera produ-cido la disidencia, lo comunicará inmediatamente al pre-sidente de la Legislatura para que éste la convoque y resuelva el caso") de la Constitu-ción de Mendoza, interpretados lite-ralmente parecerían descartar toda injerencia judicial una vez producida la aprobación de los títulos por la Cámara respectiva.

Sin embargo, debe tenerse presente al intentar hoy en día la interpretación de la Constitución Provincial, que ella no puede apartarse de las normas superiores estableci-das en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales incorporados con el mismo rango constitucional a partir de la Reforma de 1994 en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. (art. 31 Constitución Nacional).

En este sentido estimo necesario recordar que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus arts. 8 y 10 cuanto la Convención Americana de Derechos Humanos en sus arts. 23 y 25 garantizan a los ciudadanos el derecho a participar en la di-rección de los asuntos públicos, tanto por intermedio de sus representantes libremente ele-gidos, cuanto directamente, accediendo en condiciones generales de igualdad a las funcio-nes públicas, por medio de elecciones periódicas auténticas. Asimismo garanti-zan la pro-tección judicial de todos los derechos fundamentales reconocidos por la Cons-titución, las leyes o los tratados referidos.

En este último aspecto, el Pacto de San José de Costa Rica (CADH) contiene una norma de importancia fundamental para el caso, cual es el art.25 inc. 1) que expre-samente establece "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

Estas disposiciones obligan a admitir la necesidad de procurar una vía judicial para que el afectado pueda ser oído o, como lo indica la Corte de la Nación, para que pueda en cualquier caso acudir a un órgano judicial en procura de justicia. El derecho la tutela juris-diccional implica necesariamente que tales violaciones puedan ser juzgadas por los órganos naturales establecidos por la Constitución para ejercer la jurisdicción (jueces), que se cum-plan las garantías del debido proceso y que las sentencias sean eje-cutables.

En numerosos fallos la Corte Nacional ha sostenido que cuando está en juego el derecho a ser oído por un tribunal de justicia (art. 18 de la Constitución Nacional) en tanto se prive al recurrente de toda revisión judicial (art. 14, inc. 3°, Ley 48) existe sufi-ciente cuestión federal para ejercer ese Tribunal el control de constitucionalidad, pero ello supone una previa sentencia definitiva del Superior Tribunal de la Provincia.

De igual modo, las atribuciones funcionales de esta Corte han sido definidas, entre otras, por su rol político de ser intérprete de la Constitución y del sistema normati-vo que es su consecuencia, y se ha dicho además que "la interpretación judicial de la Constitución efectuada por el Superior Tribunal integra la propia constitución local con su misma jerar-quía (Bidart Campos, Germán, "La función política y constitucional de la Corte Suprema" ED-79-865).

Siendo ello así, los arts. 56, 87 y 159 de la Constitución de la Provincia de Men-doza, no pueden dejar de ser interpretados desde la nueva óptica de las garantías funda-mentales mencionadas precedentemente que han sido establecidas en los Tratados de Dere-chos Humanos incorporados a la Constitución Nacional en la Reforma de 1994, conforme lo dispone el art. 31 de esta misma, manteniendo el poder judicial la compe-tencia para decidir el alcance de las normas constitucionales, sin que ello implique in-gresar en el tra-tamiento de cuestiones políticas.

Es que como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ".es fun-ción del Poder Judicial precisar el alcance de las normas jurídicas que atribuyen facul-tades a los poderes del Estado .pues dicha tarea exige una interpretación de la Cons-titución Nacio-nal a fin de establecer si tales poderes existen y su ejercicio puede some-terse a revisión judicial".

En igual sentido ha sostenido que "en las causas que se impugnan actos cumpli-dos por otros poderes, en el ámbito de las facultades que les son privativas, la función jurisdic-cional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues ello importa-ría la inva-sión que se debe evitar (Fallos 254:43). Pero, en cambio y siguiendo el mode-lo de la juris-prudencia de los Estados Unidos de América, es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que confieren dichas potestades para de-terminar su alcance, sin que tal tema constituya una cuestión política inmune al ejerci-cio de la jurisdicción" (CS, 11/10/2001. - "Bussi, Antonio Domingo c. Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputa-dos) su incorporación a la Cámara de Dipu-tados s/Sin Dato"; ED, 197-144 Publicado en 2002).

Pero además de este argumento, la doctrina constitucional ha venido sosteniendo en relación al art. 64 de la Constitución Nacional -similar en lo que respecta al derecho par-lamentario a nuestro artículo 87- que, si bien en aquél se dice que la Cámara es juez de las elecciones, derechos, y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, ".el texto dice que cada cámara "es juez" pero no dice que sea juez exclusivo. Esta acotación debe tenerse en cuenta al momento de analizar si es una facultad que admite o no con-trol judi-cial.Nuestro punto de vista es el siguiente: a) el ser juez con el alcance antedi-cho se limi-ta a conferir el "privilegio" de examinar la validez de "título-derecho-elección", y nada más (por ej: si el electo reúne las condiciones que la Constitución exige, y si las reúne en el momento que la Constitución determina); b) pero juzgar el acto electoral "in totum" -según expresión de Vanossi- no significa que las Cámaras juzguen los aspectos "contenciosos" del proceso electoral (por ejemplo: la validez de los votos, su anulación y observación, los votos en blanco, la validez de las actas del comicio o aprobación de las listas, la personería de los partidos políticos, etc.); todo ello es competencia extraparlamentaria, y propia de otros órganos -especialmente de los órganos judiciales en materia electoral-: c) aún en lo que hace al juicio sobre la validez de "título-derecho-elección" de los legisladores por cada cámara, estimamos que en ciertas situaciones especialísimas cabría el control judicial (y ello porque cada cámara es juez, pero no juez "exclusivo"); por ej. si una cámara , después de aceptar el diploma de un electo, desconociera su validez y revocara la incorporación del miembro o si obrara con arbitrariedad manifiesta, etc." (Bidart Campos, Germán, "Manual de la Constitución Reformada", tomo III, Ediar1997; pag.65).

Es que como se ha venido explicando desde antaño, las llamadas competencias pri-vativas de los órganos legislativos, surgen en la época en que se trataba de impedir que el poder del monarca desbaratara las libertades públicas que sólo el Parlamento es-taba en condiciones de resguardar.

Sin embargo, nuestro Derecho Constitucional actual está muy lejos de requerir ese resguardo absoluto de las garantías parlamentarias, toda vez que como lo indica Ta-gle se ha establecido con firmeza el principio de la división de poderes y su corolario, que es la colaboración de poderes públicos, en los que el Poder Judicial (también hoy de origen po-pular, aunque indirecto e independiente) tiene como deber fundamental el sal-vaguardar las garantías constitucionales que benefician a todos los ciudadanos y los principios generales del sistema republicano establecidos en la Constitución Nacional y receptados por las Constituciones provinciales.

En este sentido debe considerarse que la interpretación liberal clásica de la letra de los arts. 56 de la Constitución Nacional y 87 de la Constitución de Mendoza contiene un antiguo resabio de la desconfianza naciente de las democracias frente a los poderes absolu-tistas, pero que estas normas no impiden su interpretación a la luz del moderno derecho constitucional en el que debe privar la colaboración y el control de los poderes entre sí.

Por ello dice Tagle que el Poder Judicial empezó a tener participación desde hace muchos años en este juicio de elecciones de las Cámaras, a través de la Ley Sáenz Peña, los reglamentos mismos de las Cámaras legislativas del Congreso Nacional y la posterior crea-ción de la Justicia Electoral en la jurisdicción Nacional (vease Tagle Achaval, Carlos, "El derecho parlamentario y e juicio de las elecciones de los Diputados de la Nación", JA 1964-III, pag. 73 y sigs.).

La doctrina constitucional ha realizado una correcta distinción entre las cuestio-nes meramente políticas no judiciables y las judiciables. Así se ha dicho que ".una cosa es la política y otra distinta el derecho que la rige, como una cosa es la economía y otra es el conjunto de normas jurídicas que regulan su actividad, y una cosa es la litera-tura, y otra es el derecho aplicable a la producción intelectual y los derechos de autor. De tal forma, una causa no deja de ser justiciable por el hecho de que estén en juego litigioso cuestiones polí-ticas, si es que para la solución del caso cabe aplicar normas jurídicas y de lo decidido pue-de esperarse una reparación del derecho lesionado en tér-minos concretos (y no abstractos o "moot"). Si el juez interpreta leyes que rigen el pro-ceso electoral -por ejemplo- no está incurriendo en electoralismo ni esta haciendo "polí-tica" en el sentido partidista de la pala-bra, sino que está resolviendo un pleito según de-recho vigente, a tenor del mandato consti-tucional que le impone el conocimiento y deci-sión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes y por los tratados internacionales (conf. Art. 100). La opinión de Soler es categóri-ca cuando dice : "Si el Poder Judicial fuera, pues, por principios, a desentenderse de las violaciones de los derechos que corresponden a la calidad de ciudadano, por consi-derar que se trata de cuestiones políticas o electorales cuya decisión es ajena a su co-metido, incurriría a mi juicio en un grave error. Las causas refe-rentes al goce y ejerci-cio de los derechos políticos no son cuestiones políticas del mismo modo que las causas sobre derechos patrimoniales no son cuestiones económicas. Unas y otras se refieren a la interpretación y aplicación de las leyes y en tal carácter no pueden escapar al ámbito de la competencia judicial" (confr. Caso Partido Demócrata -distrito San Juan - del 19/7/57, en fallos: 238-283) ". (Vanossi , Jorge Reinaldo "Teoría constitucio-nal", tomo II, Gráfica Sur Editora SRL, , 2000, pág. 184).

Hoy en día la cuestión se ha clarificado totalmente con la doctrina de la Corte de la Nación, que en los últimos tiempos ha asumido la tarea de juzgar cuestiones en las que con anterioridad había sostenido la competencia privativa de otros poderes. Especí-ficamente y en cuanto a la cuestión que aquí se ventila, debe recordarse fallos como el recaído en el caso "Bussi, Antonio Domingo c. Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cá-mara de Diputados) su incorporación a la Cámara de Diputados s/Sin Dato"; 11/10/2001; ED, 197-144 (B.903.XL) CS, 13/07/2007; EDCO, 2007-162; "Patti, Luis Abelardo s/promueve ac-ción de amparo c. Cámara de Diputados de la Nación" ; EDCO, 2008-22; algunos de los cuales más adelante se comentan.

Sin perjuicio de ello diré que -como se ha transcripto más arriba- en la senten-cia recaída el 11 de octubre de 2001 en la causa "Bussi", la Corte de la Nación cambió su ante-rior posición sostenida hasta el caso "Haquim, Carlos G.c/ Provincia de Jujuy y ot." del 09/08/2001( Fallos:324:2299; La ley on line Ar/Jur/4921/2001) y "Provincia del Chaco c. Estado Nacional", (Fallos, 321:3236) y sostuvo que el tema era judiciable, de tal modo que los tribunales estaban habilitados para evaluar y decidir sobre la decisión de la Sala del Congreso. La Corte entendió que es función del Poder Judicial precisar el alcance de las normas constitucionales que atribuyen facultades a los Poderes del Estado (en el caso, las reglas del art. 64 de la Ley Suprema, sobre las competencias de cada Cámara para aprobar los títulos de los legisladores que intentan incorporarse al Congre-so), pues dicha área exige una interpretación de la Constitución nacional para evaluar tales atribuciones.

En uno de los fundamentos del voto mayoritario se dijo expresamente que "..cuando la Constitución dispone que la Cámara tiene una competencia precisa para juzgar, ésta no es exclusiva ni excluyente ya que el art. 116 establece que corresponde al Poder Judicial el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella. Por esa razón, esta Corte se encuentra habilitada para conocer en la presente controversia, aún cuando el Congreso haya ejercido su facultad de valo-rar los títulos de sus integrantes".

Igualmente dijo que en punto a establecer cuáles son los límites que la Constitu-ción fija a la Cámara de Diputados de la Nación para juzgar la validez formal de los títulos que presentan los diputados, ". cabe precisar que los conflictos vinculados a la etapa previa a la elección, así como los que tienen relación con el acto eleccionario en sí mismo, son ma-terias sometidas a la Justicia.".

Por todas estas razones, y teniendo en cuenta además que la causa que aquí llega a recurso extraordinario fue iniciada con anterioridad al cómputo de los votos, ante la Hono-rable Junta Electoral, admitiéndose la procedencia del recurso mucho antes de la aproba-ción de los títulos por la Honorable Cámara de Senadores y los Concejos Delibe-rantes de los Municipios, la cuestión propuesta por los recurrentes debe mantenerse en la órbita de las atribuciones del Poder Judicial, ello sin perjuicio de las facultades que se entienden con-feridas a aquellos órganos por la Constitución, con los alcances estableci-dos en esta reso-lución.

Sólo resta agregar que la mención que se hace en las contestaciones de los recur-sos, cuanto en el dictamen del Ministerio Público al art. 91 de la Constitución de la Pro-vincia, nada tiene que ver en el presente caso, pues se trata de facultades disciplinarias con-feridas a cada Cámara sobre sus miembros por hechos sobrevinientes a su incorpora-ción a la misma.

II. Revisión de la admisión formal del recurso:

La cuestión antes examinada, se enlaza con el tema de la revisión de la admisión formal de los recursos extraordinarios propuestos en estos expedientes, tal como lo plan-teara el Sr. Procurador en su dictamen, aún cuando para ello se haya basado en los mis-mos hechos referidos precedentemente, esto es, en la existencia de una resolución defi-nitiva del órgano legislativo.

En primer lugar, cabe destacar que la admisión formal de un recurso extraordina-rio no puede depender de un hecho sobreviniente cual fue la recepción y aprobación de los listados de candidatos elegidos en las Cámaras y Concejos deliberantes. Por ello en base a tales argumentos la cuestión es desechable.

Sin embargo otras razones podrían hacer dudar sobre la admisibilidad formal de estos recursos en razón de que la Ley Electoral no los prevé.

Sin embargo, estimo que las mismas normas de los Tratados de Derechos Humanos señalados con anterioridad, así como la doctrina actual de la Corte de la Na-ción, obligan a admitir la existencia de recursos extraordinarios contra las decisiones de la Junta Electoral de la Provincia, puesto que no existe en nuestro sistema procesal local otra vía judicial idó-nea para plantear recursos ordinarios ante la Justicia, ya que en nues-tro medio no existe Justicia Electoral (como la hay en jurisdicción federal) ni amparo electoral como existe en materia nacional.

Es cierto también que la cuestión sobre la necesidad de recurrir a la vía judicial cuando el órgano con competencia electoral tiene una integración mayoritaria de miem-bros del Superior Tribunal de la Provincia ha sido discutida en doctrina (ver en este aspec-to Sesín, Domingo, "Órganos de justicia electoral: naturaleza jurídica, ubicación institucio-nal y régimen jurídico", SJA 30/11/2005 - JA 2005-IV-1367).

Sin embargo estimo que esta posición no puede conciliarse con la naturaleza prefe-rentemente administrativa de la Honorable Junta Electoral de Mendoza (aunque lo integren la mayoría de los miembros del Superior Tribunal de Mendoza) que en calidad de órgano experto asume funciones específicas en cada acto eleccionario, pero que, no por ello, reúne de manera absoluta todas las garantías del acceso a la jurisdicción cuando lo debatido es propiamente jurídico como lo es en el caso de autos, pues se trata de la interpretación y aplicación de una ley en un caso concreto.

Es que además, en casi todas las provincias, estas Juntas Electorales están inte-gradas por uno, varios o todos los miembros de la Corte Provincial, pero ello no implica que la resolución tenga carácter propiamente jurisdiccional pues la integración no hace a la función. Del mismo modo si la Junta tuviera mayor presencia de integrantes del Poder Le-gislativo, no por ello podría decirse que sus resoluciones tienen el carácter de normas jurí-dicas generales, o leyes de la provincia.

Ello implica necesariamente la existencia de un recurso extraordinario ante la Su-prema Corte de Justicia en el orden local, toda vez que la Corte Suprema de la Nación ha sostenido a partir del caso "Strada, Luis c/ ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Dean Funes, Saavedra y Barra y Cullen" del 8/4/96 Fallos: 308:1;490 (JA 1986-II-95) y "Chistou, Hugo y otros v. Municipalidad Tres de Febrero" del 20/2/1987; Fallos 310-1:;324) ha sostenido como paso previo a interponer el recurso extraordinario pre-visto por el art. 14 de la Ley 48, agotar la instancia local provincial mediante el pronun-ciamiento del Tribunal Superior de Justicia o Corte Provincial.

En este sentido se ha dicho que "En el marco de lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional, la legislatura provincial o la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso de aquel órgano entre otras razones por el monto de la con-dena, el grado de la pena o por la materia" (Palacio de Caerio, Silvia, "El Superior Tribunal de la causa en el recurso extraordinario federal", LL , 2005-A- 1386).

Este es el criterio que también parece resultar del ilustrado texto co-rrespondiente a las facultades revisoras de los Tribunales Superiores de Provincia res-pecto de las decisio-nes de organismos no jurisdiccionales como las Juntas Electorales Provinciales elaborado por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en el capítulo corres-pondiente a las "Atribucio-nes de los Superiores Tribunales de Provincia" en la obra "Derecho Publico Provincial" Tomo II (Depalma, 1991, pág.537 y siguientes) en el que se señala que si bien tradicional-mente se resistió la revisión de las decisiones adoptadas por estas Juntas ante los Tribunales Superiores de Provincia, la tesis en cuestión estaba íntimamente ligada a la aplicación de la teoría de las cuestiones políticas no judiciables a los temas electorales, lo que ha sufrido un proceso de cambio frente a la evolución de la doctrina de la Corte de la Nación sobre estos aspectos.

Agrego a este argumento que también los partidos recurridos han entendido pro-cedentes los recursos extraordinarios ante esta Suprema Corte de Justicia ya que en los re-cursos de reposición deducidos a fs. 215/217 y 219/221 sostuvieron la necesidad de que fuera notificada la resolución de la Honorable Junta Electoral a todos los interesados a fin de que pudieran hacer uso -en caso de entenderlo necesario- de los recursos extra-ordinarios ante este Tribunal (ver fs. 216 vta. y 220 vta.).

En el mismo sentido destaco también la existencia de un antecedente muy cerca-no -inclusive a la materia propia de este recurso- en el que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia admitió y resolvió dos recursos de casación y otro de inconstitucional dirigidos contra resoluciones de la Honorable Junta Electoral, en los autos Nº 86.525, "Partido Afir-mación para una República Igualitaria (ARI) en actuaciones N° 475 Afir-mación para una República Igualitaria s/ oposición a sumatoria de votos y actuación n° 430 Proceso Electo-ral 2.005 s/ cas"; 12/03/2007 integrada su sala por la Dra. Aída Ke-melmajer de Carlucci; Ana María Viotti y Horacio Gianella (SCJ Mza. LS 375-053).

En el caso, en consecuencia, se impone mantener la admisibilidad formal del recur-so a fin de agotar la vía local, toda vez que se trata de un caso con implicaciones federales, y así lo han hecho saber tanto recurrentes como recurridos al hacer las respec-tivas reser-vas, fuera de que por la materia es indudable que la cuestión planteada afecta al sistema democrático, representativo y republicano establecido en la Constitución Na-cional, así como a garantías fundamentales protegidas por ese ordenamiento.

III. Cuestión abstracta.

A continuación y siguiendo con los argumentos de los partidos recurridos y el Sr. Procurador Fiscal resulta, entonces, necesario determinar si existe un agravio actual que afecte a los recurrentes, en relación a lo que fue materia de estas actuaciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que si lo demandado carece de objeto actual, su decisión es inoficiosa (Fallos 253:346, por lo que no corres-ponde pro-nunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la resolu-ción pendiente (Fallos 267:499; 272:130, 167; 274:79; 285:353; 286:220; 293:42; 296:604).

Esto implica entonces que debe atenderse a las circunstancias existentes al mo-mento de la decisión aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraor-dinario.

Por ello se debe analizar si, como afirma el procurador fiscal en su dictamen y los recurrentes, la cuestión debatida se ha tornado abstracta, en virtud de haberse apro-bado los títulos de los candidatos cuestionados judicialmente por la Cámara de Senado-res y los Concejos Deliberantes.

Estimo en primer lugar, que subsiste el interés actual toda vez que en los autos Nº 99.439, "Frente Cívico y Federal UCR en J° 607 Naman María Alejandra s/ formula Reser-va p/ inconstitucionalidad" se cuestionó la validez de la decisión de la Honorable Junta Electoral al resolver enviar la nómina de candidatos electos e incluir entre ellos los cuestio-nados judicialmente, por una parte, y si bien en esta causa se decidió rechazar la medida de suspensión solicitada por la recurrente, ello -se dijo- fue por cuanto la Junta ya había remi-tido tal nómina a los respectivos órganos deliberativos, pero se aclaró que tal decisión por su fundamento, no implicaba prejuzgar sobre la legitimidad de tal medi-da.

Por otra parte resulta obvio que planteados ambos recursos -de casación y de in-constitucionalidad- asiste aún interés actual en la parte recurrente en la resolución de los mismos, toda vez que el período por el que fueron electos los candidatos no ha con-cluido.

En este sentido, la C.S. J. Nacional dijo que "aún cuando las circunstancias impidie-ron al tribunal expedirse en tiempo oportuno por haberse consumado la pro-clamación y asunción de cargos elegidos en el comicio impugnado, ello no es óbice suficiente para im-pedir el dictado de un pronunciamiento sobre la cuestionada validez de los antecedentes de los títulos, porque los hechos de toda causa, producidos con ol-vido o desconocimiento de resoluciones judiciales, no pueden erigirse en obstáculos para que la Cámara Nacional Electoral resuelva una cuestión propia de su competen-cia, consolidando el derecho de de-fensa en el debido proceso electoral.

Agregó que el requisito de "gravamen" no subsiste cuando el transcurso del tiempo lo ha tornado inoperante (Fallos, 276:207; 310:819); tampoco cuando éste ha desapare-cido de hecho (Fallos, 197:321; 231:288; 235:430; 243:303; 277:276; 284:84), o cuando ha sido removido el obstáculo legal en que se asentaba (Fallos, 216:147; 244:298; 292:375; 293:513, 518; 302:721). Estos supuestos no se verifican cuando, en sustancia, quedó some-tido a decisión un caso concreto de competencia y derecho elec-toral y no una simple cues-tión abstracta, meramente académica o conjetural, toda vez que la vía intentada resulta ab-solutamente esencial para salvaguardar un interés con-creto y actual que arraiga en el prin-cipio de soberanía popular. Y en este ámbito, donde debe primar la defensa de la transpa-rente manifestación de la voluntad de los ciudada-nos, a riesgo de quedar afectado el pleno imperio de la Constitución Nacional (arts. 1°, 5°, 22 y 33). Así, de-mostrados los agravios que hacen atendibles los argumentos relati-vos a la revisión de los extremos que enmarca-ron el acto comicial, debe considerarse insubsistente toda argumentación que obstaculice el examen judicial, el cual no tendrá otro objeto que el de verificar la genuinidad de la volun-tad popular aparente" (conf. Fallos, 311:1630 y sus citas).

Y más específicamente en una situación que guarda cierta analogía con la pre-sente litis en el aspecto aquí considerado dijo: "La incorporación en el cargo del candi-dato su-plente del actor no convierte en abstracta la presente causa, pues el mandato del amparista no ha vencido, por lo que no puede interpretarse que carezca de interés ac-tual decidir la cuestión. Ello es así porque no deben confundirse las dificultades de hacer efectiva la sen-tencia que, en su caso, admita la pretensión del accionante, con la existencia o inexistencia de interés actual en resolver el pleito" (CSJN in re "Bussi, Antonio Domingo c. Estado Na-cional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/incorporación a la Cámara de Di-putados").

Ello me parece suficiente para concluir que en el caso no se ha producido sus-tracción de materia alguna.

Siendo ello así, ingresaré al tratamiento de la cuestión de fondo propuesta por los recurrentes.

IV. El objeto del recurso de casación.

Resulta necesario dejar aclarado que el recurso propuesto por el Frente Cívico y Federal UCR-CONFE no está referido a la legitimidad o ilegitimidad de la existencia de las llamadas listas colectoras o espejo, ni mucho menos a su sumatoria. Por el contrario ambos aspectos aparecen consentidos por los recurrentes, aún desde el inicio de su peti-ción ante la Honorable Junta Electoral.

El planteo recursivo, por el contrario, se conecta directamente con aquel pedido o reserva formulada en forma previa al acto eleccionario por el Partido Afirmación para una República Igualitaria, al que adhirieron los hoy recurrentes y que se restringe a peti-cionar que se excluya de la sumatoria de las listas espejos, a aquellas que no alcancen el umbral establecido en el art. 82 de la Ley Electoral de la Provincia, esto es, a aquellas listas que no hayan alcanzado un mínimo de votos correspondiente al 3% del padrón electoral.

Este y no otro es el planteo recursivo que surge con toda precisión de la lectura del punto IX.2 "Finalidad perseguida", del escrito agregado a fs. 160/181.

En consecuencia, y resultando expresamente de las constancias de fs.121 y 130 y sigs. del Expte. Nº 566 "Proceso Electoral 2009" originario de la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, que en la proclamación y entrega de títulos a los candidatos electos no se aplicó la norma en cuestión, el objeto del recurso de casación que aquí debe resolverse es si la Junta Electoral ha dejado de aplicar indebidamente (art. 159 inc. 1 del C.P.C.) la norma del art. 82 inc. B) de la Ley 2551 y sus modificatorias.

En la cuestión que es objeto de tratamiento en este recurso no corresponde ingre-sar al debatido tema de la sumatoria de las listas espejos, toda vez que, como ha quedado di-cho, ello no fue materia del recurso, y por lo tanto el Tribunal excedería los límites de su competencia en el caso concreto.

Para dilucidar si correspondía o no la aplicación del art. 82 inc. b) de la Ley Electo-ral de la Provincia, conviene hacer algunas reflexiones previas.

En primer lugar, a mi juicio no cabe duda alguna que la Ley 2551 rige en todo lo concerniente a la adjudicación de los cargos conforme al sistema proporcional que la mis-ma establece pues la ley que regula las elecciones simultáneas de candidatos nacio-nales y provinciales, no avanza -ni puede avanzar conforme a nuestro sistema constitu-cional pro-vincial- sobre el régimen electoral de senadores y diputados provinciales, ni concejales municipales. Abordaré esta cuestión nuevamente más adelante.

En segundo lugar, resulta obvio que la ley provincial que regula el régimen elec-toral no contempló en forma expresa en ningún caso el supuesto de listas espejos y su fun-cionamiento ni para el cómputo de los votos, ni para la aplicación de los resultados a la distribución de cargos correspondientes a los diputados y senadores provinciales ni a los de concejales municipales, toda vez que al momento de la sanción de dicha ley, tales modali-dades no se habían presentado, por lo que la interpretación que se haga de la ley en función de estos supuestos concretos debe contemplar la posibilidad de armonizar las nuevas situa-ciones planteadas con el régimen aún vigente, pero teniendo especialmente en cuenta que no ha sido la voluntad del legislador provincial reformar la mentada ley para adecuarla a las circunstancias que en los últimos años se han venido repitiendo.

En tercer lugar, resulta imprescindible resaltar que, dentro de la economía de la Ley 2551 se erigen dos momentos claves para la interpretación del conflicto suscitado en autos, a saber: uno, consistente en el recuento o cómputo de votos que está plasmado en los arts. 60 y sigs. de dicha normativa; otro, que implica una etapa posterior al prime-ro, y que con-siste en el modo en que se adjudicará cada cargo según los votos obtenidos a cada partido.

Finalmente estimo también necesario distinguir entre la validez de cada voto, la imputación de tal voto a un partido -o como lo llama la ley en el art. 60 a una "denomi-nación registrada" - y finalmente, a la participación de los votos válidos ya asignados a de-terminada agrupación partidaria en la adjudicación de cargos sujetos a elección.

Los votos válidos (todos aquellos que no se encuentran enumerados en el inciso e) se computan conforme al art. 60 asignándose a un determinado partido o agrupación con denominación registrada.

Así surge de todos los incisos del art. 60 en los que no sólo se define una lista como "la nómina registrada de todos los candidatos de un partido o agrupación para los cargos que deban proveerse" (inc. a), sino que además se solucionan los eventuales conflictos pre-vistos por la ley asignando el voto al partido o agrupamiento con denomi-nación registrada a la que corresponda la lista que contenga el voto (incs. b, c, y d).

Es además lo que reflejan las planillas de fs. 67 a 110 correspondientes al Expte. Nº 566 "Proceso Electoral 2009" originario de la Honorable Junta Electoral de la Pro-vincia de Mendoza, elaboradas por la H. Junta Electoral Nacional, en todas las que exis-te atribución de votos para los partidos y agrupaciones políticas oficializadas en las elec-ciones referidas a cargos provinciales en forma nominal, esto es sin sumatoria alguna.

De esta manera queda claro que los votos válidos emitidos le corresponden al Parti-do o Agrupación o Alianza oficializada conforme al régimen establecido en la Ley Electo-ral de la Provincia, y no a los candidatos, ni a las alianzas o acuerdos de hecho.

Este procedimiento es el que respeta con mayor intensidad los arts. 49 y 50 de la Constitución Provincial, 37 y 38 de la Constitución de la Nación , así como los arts 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 23 de la Convención Americana sobre De-rechos Humanos, pues, puestos desde el punto de vista del elector, en primer lugar, debe suponerse que aquel ha tenido una razón para votar a una determinada lista (aun cuando existan listas espejos) desde un partido o agrupación determinada. La supo-sición contraria implicaría desbaratar los principios de soberanía popular y representa-ción política con base en la población. Implicaría ciertamente pensar que los electores no toman una decisión ra-cional al momento de la emisión del voto, y que "les da igual" pronunciarse en un sentido o en otro, lo que no es admisible en nuestro sistema constitu-cional.

Por el contrario debe entonces pensarse que el ciudadano elector antes y durante el acto eleccionario al emitir su sufragio ha merituado no solamente la importancia del acto republicano que implica su decisión, sino en particular la concreción puntual de la decisión que ha tomado en el caso concreto y que por lo tanto ha tenido en cuenta tanto la importan-cia del cargo, cuanto los sujetos que eventualmente van a desempeñarlos y los partidos que los respaldan, asesoran e influyen sobre sus decisiones políticas.

Es conocido por toda la población -y se ha reflejado últimamente con mayor clari-dad en la votación de leyes importantes para el país o relevantes en una determinada cir-cunstancia socio-económica- que al momento de las votaciones en los Cuerpos Legis-lativos resulta de especial y decisiva relevancia la decisión que toman los jefes de ban-cada, las que a su vez se encuentran respaldadas por el partido que representan. Ello sin descono-cer que en algunas contadas excepciones -generalmente relacionadas con as-pectos en los que puede presentarse la llamada objeción de conciencia- los partidos de-jan en libertad de decisión a sus representantes para votar algunos asuntos públicos.

Con ello en definitiva quiero destacar la importancia que tiene un partido político en la decisión que un ciudadano toma al momento de votar y que se ve reflejada en nuestro régimen electoral. Cuando un elector decide qué boleta va a introducir en el so-bre corres-pondiente a su voto, toma una decisión a favor de un partido, y a la vez, des-carta a los otros o al menos demuestra con ello su preferencia por el partido cuya deno-minación figu-ra en la boleta escogida.

Si se trasladan estos conceptos al caso concreto en análisis, no puedo dudar que los votos obtenidos por el Partido Intransigente, Compromiso Popular, Polo Solidario, etc. que no alcanzaron el 3% del padrón electoral en algunos distritos o municipios, y que fueron reconocidos por la H. J. E. de la Provincia, solamente a ellos pertenecen y por ello no po-drían verse privados de tal imputación sino por una disposición expresa, clara y directa de la Ley Electoral, situación que no se configura en nuestra legislación provincial.

Es por ello que, también respecto de los cargos a cubrir en el proceso elecciona-rio aquí cuestionado, debe tenerse en cuenta que en lo que hace al momento del voto, en las disposiciones del titulo IX "De la elección de diputados, senadores, convencionales consti-tuyentes y concejales municipales", de la Ley 2551 ( art. 82 ) se dispone que : "En las elecciones de convencionales constituyentes, senadores, diputados y concejales municipa-les, se seguirá el sistema de representación proporcional. A tal efecto cada elector votará por una sola lista oficializada de candidatos, cuyo número no podrá ser superior al número de cargos a cubrir." .

Ahora bien, ello no significa que en la segunda etapa, esto es en el momento de ad-judicar los cargos conforme a los votos emitidos, no deba respetarse igualmente la exclu-sión establecida en el art. 82 inc. b de la ley que en forma expresa prohíbe su inclu-sión en el escrutinio al prescribir: "No serán consideradas las listas cuyos votos no al-cancen el 3% del padrón electoral del distrito o municipio que corresponda. (texto se-gún Ley 4840, art. 9). Ello significa ni más ni menos que tales votos no pueden ser considerados en la dis-tribución de cargos que se realice conforme al sistema proporcional, ni a favor del partido político al que pertenecen conforme al art. 60 ni a favor de ningún otro partido -como se hace en las planillas que figuran a fs. 131/155 del Expte. Nº 566 "Proceso Elec-toral 2009" originario de la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Mendoza atri-buyendo tales votos al Partido Justicialista- aún cuando hayan presentado la misma nó-mina de candida-tos.

Ello no implica desconocer toda importancia en la vida política del país a los votos que se adjudicaron al partido que no alcanzó el umbral previsto por el art. 82 inc. b), pues ello podrá reflejar el nacimiento de una nueva fuerza política o de una nueva forma de pen-samiento social, o así también el fuerte enraizamiento de esos partidos en algunos distritos o municipios, a diferencia de en otras regiones, todo lo cual permitirá a ese partido ejercer, no ya en los órganos legislativos, sino en la vida política del país una influencia no menos relevante (por ejemplo aparecer en los medios de comunicación, difundir sus ideas, ser re-cibido por las personas que ocupan cargos ejecutivos o legislati-vos, etc.).

Lo dicho implica sostener que la limitación establecida en el art. 82 inc. b) no apa-rece en forma manifiesta como una discriminación inconstitucional de las minorías, aspecto que ni siquiera se ha planteado en esta causa ni en el proceso administrativo electoral. De todos modos, y aún siendo partidaria de la declaración de inconstituciona-lidad de oficio, estimo que no existen razones válidas para que ello se produzca confor-me a la exposición argumental precedente.

Por otra parte, estimo necesario dar otras razones para sostener mi decisión a favor de las pretensiones de los recurrentes, toda vez que a mi juicio resulta claro que en los su-puestos en conflicto no se aplica el régimen electoral nacional ni mucho menos el régimen de los partidos políticos nacionales.

El art. 122 de la Constitución Nacional garantiza a las provincias la vigencia de su propia legislación en estos aspectos cuando prescribe que las Provincias "se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisla-dores y de-más funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal".

Por lo demás la Ley Nacional 15262 sólo establece -en caso de elecciones si-multáneas- que las elecciones provinciales y municipales que se realicen simultánea-mente con las elecciones nacionales -en caso de que el orden constitucional de la Pro-vincia así lo permita- se hagan bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio (art. 1).

Por ello, en numerosos fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sos-tenido que, cabe recordar que es doctrina reiterada del tribunal que la elección de cargos nacionales se rige por normas y autoridades federales y la de cargos locales, por normas y autoridades locales (Fallos 305:926 ; 307:1790; 312:693; 318:535 ; 324:2529), entre mu-chos otros. A ellos se refirió específicamente también adhiriendo al dictamen del Procura-dor Fiscal en la causa Partido Justicialista Distrito Capital Federal (JA 2003-III-165. Fallos 326:1481). Sin perjuicio de lo cual, la Corte también ha dicho que corres-ponde a la justi-cia federal resolver las controversias suscitadas en comicios en los que se llevan a cabo elecciones simultáneas para cargos nacionales y locales, en las materias regidas por la Ley 15262, a saber todos los aspectos regidos por esta normativa y su decreto reglamentario, que por cierto, excluyen el régimen electoral de los cargos pro-vinciales, así como la re-glamentación de los partidos políticos, aspectos no delegados a la Jurisdicción Federal.

Siendo ello así, no puede pretenderse que en relación a candidaturas de senado-res provinciales y concejales municipales deba aplicarse la regla contenida en el art. 6 del Có-digo Electoral de la Nación que parece (o al menos, así ha sido interpretado) ad-mitir las alianzas transitorias no formales.

Por el contrario, nuestra ley provincial de partidos políticos en sus arts. 12 y 13 es-tablecen que las alianzas con fines electorales deben registrarse y para ello entre los requisi-tos exigidos se encuentra el establecido en el inciso c) del art. 13 de la Ley 4746 que tex-tualmente dice: "Expresar el nombre adoptado y acompañar el texto de la plata-forma elec-toral en común.".

Ello supone que, para poder aplicar la interpretación de la Corte de la Nación, y entender que en la elección del año 2009 existió una alianza transitoria, debe violarse sin justificación alguna lo dispuesto en la norma transcripta, pues como queda claro de las constancias respectivas, en dicha elección los partidos que concurrieron con la misma lista, no lo hicieron con una denominación común ni tampoco con una plataforma elec-toral co-mún.

Debo también suponer, por razones de argumentación práctica y lógica formal y material, que para que tal alianza no se formalizara conforme a las normas de las leyes locales hubo alguna razón, pues la interpretación contraria haría suponer, por el absurdo, que los partidos concurren "locamente" a las elecciones sin atender a las consecuencias de las modalidades que adopten para cada elección.

Del mismo modo, debo suponer que los propios candidatos que han aceptado inte-grar listas de distintos partidos debían saber que no podrían responder a las distintas y a veces contradictorias plataformas y directivas partidarias, y por lo tanto, no es absur-do afirmar que la aceptación de integrar distintas listas se encontraba condicionada a la obten-ción del porcentaje previsto en el art. 82 de la Ley Electoral, pues de lo contrario hubieran promovido la formación de una alianza con los caracteres previstos en la Ley 4746.

En definitiva también debo decir que cualquier interpretación que quiera reali-zarse en el sentido de que al ciudadano le basta con votar a un conjunto de personas, sin conocer cuál es la plataforma o programa que en definitiva constituyen sus promesas electorales, implica necesariamente restar todo contenido al derecho electoral del públi-co, así como pretender que éste debe confiar en que tales o cuales personas realizarán -si acceden al puesto público para el que se proponen- el programa partidario que el elec-tor eligió sin ninguna seguridad ni certeza alguna, puesto que si bien puede afirmarse sin temor a equi-vocación que los electores conocen o pueden conocer con claridad y preci-sión los progra-mas partidarios, no sucede lo mismo con las personas que integran las listas, a quienes pue-den o no conocer.

En suma, reducir el derecho del elector a semejante privación de toda racionali-dad en su elección es incompatible con el sistema de representación política que estable-ce el art. 22 de la Constitución Nacional, y por ello no puede admitirse que una mera coinciden-cia en los candidatos que integran la boleta que el elector eligió implique una adhesión a una supuesta alianza cuyos acuerdos no se conocen por el público, ni en su relación con el programa y plataforma electoral de cada partido, ni mucho menos en relación a la naturale-za de la negociación supuestamente efectuada para confluir en un acuerdo informal.

El principio de representación política no puede despreciar de modo alguno la capa-cidad de discernimiento, libertad y decisión del ciudadano, al punto de convertir la expre-sión de la voluntad popular en un voto dado "a ciegas" a un conjunto de personas. Por ello la elección de la boleta con el sello partidario significa mucho más que una simple casuali-dad y quien votó a determinadas personas desde un partido político de-terminado no puede ser reducido a un simple voto más para determinados candidatos que ni siquiera comunica-ron a los electores la naturaleza de la eventual e informal alian-za que se pretende habrían realizado.

En consecuencia, y a mi juicio, conforme a las normas constitucionales que rigen nuestro sistema democrático, representantivo y federal, no puede tampoco alegarse la exis-tencia de una alianza para justificar la sumatoria de votos de los partidos que no alcanzaron el umbral establecido en el art. 82 de la Ley 2551.

Por estas razones, voto con relación a la primera cuestión, por la afirmativa.

SOBRE LA MISMA PRIMERA CUESTION, EL DR. HORACIO GIANELLA, EN VO-TO AMPLIATORIO, DIJO:

1. Comparto el voto emitido por la Sra. Ministro preopinante al que adhiero en un todo.

No obstante, entiendo que deben ser resaltados algunos aspectos implicados en las cuestiones en discusión y agregar otros.

En primer lugar, es importante la adecuada focalización de la cuestión a resolver, la que no cuenta con precedentes ni el orden nacional ni en nuestra provincia.

En efecto, la Honorable Junta Electoral local tuvo que resolver si era procedente la sumatoria de votos de los partidos que no habían constituido formalmente su alianza y pre-sentaban idéntica lista de candidatos (Expte. n° 264, caratulado: "Partido Demócrata s/ opo-sición a sumatoria de votos", decisión del 15.11.99). La resolución fue favorable a la suma-toria y los fundamentos siguieron las líneas trazadas por la Corte Nacional en la causa "U.C.R. c/ Partido Federal y FREJUPO" (sentencia del 16.11.89, LL 1990-B, 18 - DJ 1990-2, 376 - Colección de Análisis Jurisprudencial - Teoría del Estado - Director: Mario H. Resnik - Editorial LA LEY, 2004 , 71, con nota de Mario Justo López (H.); jurisprudencia mantenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación - Partido Nuevo Triunfo - 2009-03-17 y Corte Suprema de Justicia de la Nación - APODERADOS de PARTIDOS: LIBE-RAL, TODOS por la ALIANZA, PACTO AUTONOMISTA LIBE-RAL Y DEMOCRATA PROGRESISTA - 1999-10-14), la que por mayoría se inclinó por ese criterio.

En sentido contrario se expidió la CSJN -integrada por conjueces- en la causa "Alianza Frente por un Nuevo País" (04/06/2003, LA LEY 2003-F, 88 - RU 2004-1, 41, con nota de Ana María Bestard - JA 2003-IV, 688) en la que entendió que "En los co-micios distritales para senador nacional no media impedimento para que dos o más partidos oficialicen una misma lista de candidatos, pero si pretenden acumular los vo-tos obtenidos por cada uno, deben someterse a la reglamentación establecida para la constitución de alianzas o acuerdos transitorios -arts. 3° y 10, Ley 23.298 (Adla, XLV-D, 3635)-, sin que el acuerdo informal entre ambas agrupaciones tenga el mismo efecto, ya que los partidos polí-ticos y las alianzas electorales son las únicas fuerzas con dere-cho para proponer un candi-dato a ocupar la banca en cuestión".

Pero además de lo dicho, tal como lo destaca el voto en minoría de la decisión recu-rrida (fs. 102 vta. y sgtes.), tras pasar revista de los precedentes de la HJE de la pro-vincia y de otras jurisdicciones, el caso a resolver presenta similitudes y diferencias en-tre las que se destaca, por no haber sido resuelto con anterioridad, el planteo que nace del texto del art. 82 de la Ley 2551 (texto según la Ley 4840, 9) en cuanto prescribe que "No serán considera-das las listas cuyos votos no alcancen el 3% del padrón electoral del distrito o municipio que corresponda".

Es ésta, y no otra, la cuestión a resolver, pues como bien acotó la Dra. Mastras-cusa, el recurso propuesto por el Frente Cívico y Federal UCR-CONFE no contiene cues-tionamiento alguno de la legitimidad de las llamadas listas colectoras o espejo, ni de su sumatoria. Por el contrario ambos aspectos aparecen consentidos por los recurrentes, aún desde el inicio de su petición ante la Honorable Junta Electoral. Creo que resulta conve-niente agregar que la formalización de las alianzas y sus efectos, es el restante tema en ín-tima relación con el atinente al "umbral" del 3%.

Ello es de suma trascendencia, en primer lugar para no exceder la decisión a adoptar el marco de las cuestiones sometidas a la jurisdicción y además porque la invo-cación de antecedentes debe hacerse con suma atención, dado que ninguno es exacta-mente igual al que hoy nos ocupa.

Volviendo a la norma del art. 82 de la Ley 2551 (texto según la Ley 4840, 9), no ha sido cuestionada en su constitucionalidad por los recurridos, tal como se pone de ma-nifiesto en el voto de la Dra. Mastrascusa e igualmente se analiza -la constitucionalidad de la norma- en el desarrollo de la opinión de la minoría en el fallo recurrido (fs. 104 y vta.) del cual se extrae la legitimidad del limite impuesto del 3% en cuanto está relacio-nado con los canales de expresión de las instituciones y la eficacia de su accionar.

Como adelantara, este aspecto nuclear del recurso de casación bajo estudio, guarda relación con que "...las alianzas con fines electorales deben registrarse y para ello entre los requisitos exigidos se encuentra el establecido en el inciso c) del art. 13 de la Ley 4746 que textualmente dice: "Expresar el nombre adoptado y acompañar el texto de la plataforma electoral en común.", tal como lo resalta la Dra. Mastrascusa, por cuanto si bien ".... no media impedimento para que dos o más partidos oficialicen una misma lista de candidatos, (pero) si pretenden acumular los votos obtenidos por cada uno, deben someterse a la regla-mentación establecida para la constitución de alianzas o acuerdos transitorios -arts. 3° y 10, Ley 23.298 (Adla, XLV-D, 3635)-, sin que el acuerdo informal entre ambas agrupaciones tenga el mismo efecto, ya que los partidos políticos y las alianzas electorales son las únicas fuerzas con derecho para proponer un candidato a ocupar la banca en cuestión" (CSJN, 04/06/2003, LA LEY 2003-F, 88 - RU 2004-1, 41, con nota de Ana María Bestard - JA 2003-IV, 688).

Y ello tiene serios fundamentos. Nada se hace o deja de hacer sin razón, por lo que los recurridos las habrán tenido para no seguir los dictados de las disposiciones lega-les, para no perder su identidad partidaria, ni modificar sus plataformas en la formula-ción de una común, ni integrar, de este modo, una propuesta conjunta, para ser hecha conocer a la comunidad de tal modo que el elector elija conscientemente sobre la base de estos elemen-tos.

En este sentido, comparto la opinión del Dr. Petracchi (voto en disidencia en la cau-sa "U.C.R. c/ Partido Federal y FREJUPO" (sentencia del 16.11.89, LL 1990-B, 18 - DJ 1990-2, 376 - Colección de Análisis Jurisprudencial - Teoría del Estado - Director: Mario H. Resnik - Editorial LA LEY, 2004 , 71, con nota de Mario Justo López (H.); jurispruden-cia mantenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación - Partido Nuevo Triunfo - 2009-03-17 y Corte Suprema de Justicia de la Nación - APODERADOS de PARTIDOS: LIBERAL, TODOS por la ALIANZA, PACTO AUTONOMISTA LIBE-RAL Y DEMO-CRATA PROGRESISTA - 1999-10-14) conforme a la cual, "Al regu-lar el escrutinio, la Ley de Partidos Políticos se refiere a los sufragios logrados por cada uno de los partidos políticos, a la guarda de las boletas compiladas y ordenadas de acuerdo a los partidos a que pertenecen, al control y reclamos que pueden efectuar los partidos que hubiesen oficializa-do lista de candidatos; por ello, el examen armónico de las normas que integran el sistema electoral lleva a concluir que la expresión "lista de candidatos oficializada" equivale a la lista de partido. Prevalece el partido sobre los candidatos", como asimismo que "... por otra parte, cabe recordar que en los países democráticos, con el fin de garantizar la igualdad entre los candidatos, se intenta reali-zar una distribución equitativa de fondos, de acceso a los medios de propaganda, de reparto de locales, pasajes, etc., lo que se realiza a través de los partidos políticos. Si se admitiere la presentación de distintas listas con idénticos candi-datos con posibilidad de sumar luego los votos obtenidos a favor de todas ellas, el objetivo de la igualdad se vería postergado por el efecto multiplicador de los recursos de varios par-tidos que manteniendo su individualidad teórica, en realidad, constituyen una alianza y pre-tenden conservar derechos sin asumir las correlativas obligaciones y riesgos. Tal criterio, co-nocido con la debida anticipación, llevaría a la división de las agrupaciones políticas en otras más pequeñas con el objetivo de obtener mayores recursos que se volcarían en candi-datos comunes. 10) Que la posibilidad de que dos o más partidos oficialicen la misma lista de candidatos sólo puede darse en la realidad política si media acuerdo interpartidario por-que como cada fuerza política postula a aquéllos que se disponen a identificarse con su orientación ideológica y tiene la facultad de sustituirlos, puede exi-gir la exclusividad de su representación. No se niega a los partidos la posibilidad de oficializar candidaturas comu-nes pero si se pretende la sumatoria de los votos obteni-dos por cada uno debe cumplirse con la reglamentación correspondiente respecto a la configuración de alianzas o acuerdos transitorios (arts. 2º y 10, Ley 23.298). Si -como en el caso- no se ha convenido una lista única que evidencie ante el electorado la volun-tad común de las agrupaciones que la post-ulan, si se han oficializado dos boletas enca-bezadas con diferente número de identificación y otras distinciones partidarias, con diferencias tipográficas para hacerlas inconfundibles entre sí a simple vista, aún para electores analfabetos (según prevé el Código Electoral Na-cional) esto permite suponer que ellas no representaban opciones políticas idénticas, aunque la nómina de represen-tantes fuera la misma, pues cada agrupación ofrece un diferente en-foque, una visión distinta de los problemas de la comunidad y de los medios para superar-los.".

Por lo demás, la interpretación contraria lleva a consecuencias inadmisibles: al man-tener su identidad partidaria ajena a toda alianza, los partidos cuestionados que pre-tenden la sumatoria de votos podrían cesar por caducidad en cuanto tales al no alcanzar el umbral del 3%, y, a la vez, proporcionar o asignar candidaturas, lo que choca contra cualquier lógi-ca de un sistema político. (art. 55, Ley 4746).

Por ultimo, parece ser la que propicio la interpretación sostenida por la CSJN, con-cordando en ello con el voto de la minoría en la resolución recurrida (fs.104 vta., 6.).

Así voto.- SOBRE LA MISMA PRIMERA CUESTION, EL DR. CLAUDIO LEIVA, EN DISIDEN-CIA, DIJO:

I. DELIMITACIÓN DE LA CUESTIÓN NORMATIVA A RESOLVER EN EL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN:

La cuestión normativa a resolver gira en torno a la interpretación y la aplicación del art. 82 inc. b) de la Ley 2.551, conforme a lo establecido por el art. 159 2° párrafo incisos 1° y 2° del C.P.C.; la parte recurrente denuncia vicios de legalidad de la resolu-ción de la Junta Electoral consistente en la errónea interpretación y la falta de aplicación de normas legales, concretamente referidos al artículo mencionado.

El recurrente propone al Tribunal la cuestión que puede sintetizarse del siguiente modo: la limitación que establece el art. 82 inc. b de la Ley Provincial N° 2.551 se apli-ca en forma igualitaria a todas las listas de candidatos individualmente consideradas y, en con-secuencia, pretende que se excluya de la sumatoria a las listas que, aunque con idénticos candidatos, no hayan alcanzado el mínimo del 3 % de los votos de la sección que le corres-ponde.

El art. 82 de la Ley 2.551 dispone que "el escrutinio de la elección se efectuará de la siguiente forma: .b) el total de los votos que reúna cada lista se dividirá por uno, por dos, por tres, etc., hasta llegar al número que corresponda del total de cargos a cubrir. No serán consideradas las listas cuyos votos no alcancen el 3 % del padrón electoral del distrito o Municipio que corresponda." (Texto según el art. 9° de la Ley 4.840).- Como lo ha dicho este Tribunal en forma reiterada, "en el procedimiento men-docino, la procedencia formal del recurso de casación implica dejar incólumes los hechos definitivamente resueltos por los tribunales de grado. Esta vía permite canalizar dos tipos de errores: los de interpretación de las normas y los de subsunción de los hechos en las normas, siempre la interpretación y valoración final de los hechos y de la prueba es privati-va de los jueces de grado" (SCJM, Sala I, Expte. N° 96.801, "Martí-nez, Rubén G. en J 132.360/31.875 Martínez, Rubén Gregorio c/BID Coop. Ltda. En Liquidación p/Acción de nulidad s/Inc. Casación", 04/03/2010, LS 410-232; LS 401 - 106, entre otros); asimismo, ha precisado que "no basta invocar una norma, ni enunciar su contenido sino que el quejoso debe explicitar cuál es la interpretación que corres-ponde o el principio que debe aplicarse y a qué resultados lleva. En otros términos, la sola afirmación de una tesis jurídica no basta para configurar un agravio reparable por casación, desde que es absolutamente necesaria la demostración del error de interpre-tación atribuido, a fin de que los argumentos de la queja alcancen la entidad requerida por el Código Procesal Civil. La procedencia formal del re-curso de casación exige ata-car todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recu-rrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento jurídicamente equivocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser casada, si ésta se funda en otros ra-zonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos" (SCJM, Sala I, Expte. N° 96.279, "Departamento General de Irrigación en J. 10.946/15.517 Sa-racena, Ernesto Omar y ots. Por sí y por su hijo Gonzalo Omar y ot. c/Provincia de Men-doza y ots. p/Ordinario S/Casación", 24/02/2010, LS 410 - 107) y que "el art. 161 inc. 3 del Código Procesal Civil, manda que el recurso de casación debe ser fundado esta-bleciéndose clara y concretamente cuál es la norma que correspondía o no aplicar, y en su caso, en qué consiste la errónea interpretación legal invocada, y cuál es la que se propone como correcta. El desarrollo argumental de la queja debe implicar una crítica razonada de la sentencia en relación a la errónea exégesis que se invoca como funda-mento del recurso. Constituyendo tal exigencia un recaudo de procedibilidad de cum-plimiento insoslayable, su omisión obsta a la procedencia de la vía, atento a su natura-leza excepcional, debiendo destacarse que la sola mención de las normas implicadas no constituye fundamentación adecuada. La sola afirmación de una tesis jurídica no basta para configurar un agravio repa-rable por casación, desde que es absolutamente nece-saria la demostración del error de in-terpretación atribuido, a fin de que los argumentos de la queja alcancen la entidad requeri-da". (SCJM, Sala I, Expte. N° 93.163, "Cirillo, Héctor Carlos en J° J 149.148/30.906 Banco Patagonia Sud Ameris S.A. c/Cirillo, Héc-tor P/Cobro de Pesos s/Inc. Casación"; 22/04/2009, LS 400-167; LS 393-183, entre mu-chos otros).- Además, "el recurso de casación es un remedio extraordinario, y de interpreta-ción restrictiva, que tiene por objeto asegurar la uniformidad en la interpretación jurí-dica o ju-dicial del caso" (SCJM, Sala II, 03/12/2002, Expte. N° 73.717, "Liberty A.R.T. S.A. en J°: Muñoz, Benigno Nicolás - Aceros Cuyanos S.A. Enf.Acc. - Inconstituciona-lidad - Casa-ción", LS 315-228).- II. LA DECISIÓN DE LA HONORABLE JUNTA ELECTORAL DE MENDOZA AQUÍ RECURRIDA:

La Honorable Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, por mayoría, en la deci-sión aquí recurrida, entendió que "deben acumularse los votos de las listas de dis-tintos partidos que llevan como candidato electoral a una misma persona, pues, la "lis-ta" es la nómina registrada de todos los candidatos de un partido o agrupación para los cargos que deben proveerse sin importar si la proponen uno o varios partidos y a tal fin el total de vo-tos computables para la lista es el que resulta de la sumatoria de todos los sufragios emiti-dos a favor de ésta y a partir de allí debe hacerse efectiva la aplicación del art. 82 de la Ley 2.551 de la Provincia de Mendoza".

En minoría, los Dres. Kemelmajer de Carlucci, Pérez Hualde y Salvini sostuvie-ron: "Conforme lo dispuesto por el art. 82 de la Ley Electoral de la Provincia de Men-doza, co-rresponde excluir de la sumatoria de los votos de las listas de distintos partidos políticos que llevan como candidato electoral a una misma persona aquellas que, aun-que idénticas, no hayan alcanzado el 3% del padrón electoral, pues, dicho piso legal es una condición sine qua non que se impone a los fines de adjudicar las bancas e impide convalidar prácticas electorales viciosas consistentes en acuerdos de último momento no controlados por la au-toridad electoral" (Junta Electoral de Mendoza, 14/10/2009, "N., María Alejandra", LLGran Cuyo 2010 (marzo), 153).- III. EL CASO ABSTRACTO EN MATERIA ELECTORAL:

Que, en autos, los partidos recurridos en esta instancia, han planteado la declara-ción de abstracción de la cuestión objeto del recurso de casación, según las presentacio-nes del Partido Intransigente de fojas 268/274, del Partido Federal de fojas 276/282, del Partido Justicialista de fojas 284/291, del Partido Frente para la Victoria de fojas 292/299, del Par-tido Compromiso Popular de fojas 301/308 y de la Alianza Polo Solida-rio Humanista de fojas 309/316.

El planteo común de los distintos partidos intervinientes puede sintetizarse del si-guiente modo: en los autos N° 566, caratulados: "Proceso Electoral 2.009", originarios de la Honorable Junta Electoral de la Provincia, con fecha 9 de abril de 2.010, se resol-vió la proclamación de los candidatos electos en los comicios llevados a cabo el 28 de junio de 2.009 conforme a lo dispuesto en el art. 1° de la Resolución de esa Junta de fecha 14 de octubre de 2.009, lo que motivara el presente recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; por aquella resolución la Junta Electoral dispuso proceder confor-me lo dispuesto por el art. 56 2° parte de la Constitución de la Provincia elevándose todos los antecedentes a las Cámaras o Cuerpos para cuya renovación se llevó a cabo la elección del 28 de junio de 2.009; que tal art. 56 dispone que "su deci-sión con todos los anteceden-tes será elevada a la Cámara o Cuerpo para cuya renova-ción o integración se hubieren practicado las elecciones, a los efectos de los juicios definitivos que correspondan con arre-glo a esta Constitución"; que a su vez, el art. 87 de la Constitución provincial establece que "Cada Cámara es juez de la calidad y elec-ción de sus miembros y de la validez de sus títu-los provisorios otorgados por la Junta Electoral, pero cuando cualquiera de ellas esté en disconformidad con el fallo de la Junta, dicha resolución deberá ser considerada por la Asamblea Legislativa"; sostienen que una vez juzgados en forma definitiva la calidad y elección de los miembros por cada Cámara o cuerpo legislativo de que se trate, los candida-tos pasan a ser integrantes de aquellos en forma definitiva; concluyen que la Suprema Corte no tiene competencia para juzgar sobre la elección, dado que los candidatos electos son ahora legisladores en desempeño, lo que impide que la Corte llegue a un pronunciamiento útil.

En lo que aquí interesa, debo decir que la Corte de la Nación revocó la decisión de la Cámara Nacional Electoral que había declarado abstracta la cuestión sustancial debatida "validez de los comicios realizados en la Provincia de Santiago del Estero para cargos pú-blicos electivos provinciales y nacionales"; allí, el Máximo Tribunal de la Na-ción sostuvo: "1) Procede el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que declaró abstracta la cuestión referida a la validez de los comicios locales para cargos públicos electivos provinciales y nacionales, pues exis-te un interés concreto y ac-tual arraigado en el principio de soberanía popular, en obte-ner la verificación judicial de la legitimidad del acto comicial, interés que no desapare-ce por la asunción de funciones de quienes se denuncian como representantes de una voluntad aparente; 2) Cabe dejar sin efec-to la sentencia de la Cámara Nacional Electo-ral que declaró abstracta la cuestión referida a la validez de los comicios locales para cargos públicos electivos provinciales y nacionales, pues lesiona la garantía del dere-cho de defensa en el debido proceso electoral - art- 18 de la Constitución Nacional- en virtud de que es dicho tribunal el que debe juzgar sobre la adecuación del acto electoral incluido el recuento de votos, a las normas vigentes, constitu-yéndose así en el antece-dente necesario para la proclamación de las candidaturas, sin que ello comporte viola-ción de las potestades de la Cámara de Diputados de la Nación, a la que no le compete la decisión de mérito sobre las impugnaciones contra el escrutinio definitivo practicado por la Junta Electoral; 3) Cabe dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Nacio-nal Electoral que declaró abstracta la cuestión referida a la validez de los comicios locales para cargos públicos electivos provinciales y nacionales, pues aún cuando las circuns-tancias impidieron al tribunal expedirse en tiempo oportuno por haberse consumado la pro-clamación y asunción de cargos elegidos en el comicio impugnado, ello no es óbice sufi-ciente para impedir el dictado de un pronunciamiento sobre la cuestionada validez de los antecedentes de los títulos, máxime cuando se reconocen flagrantes anomalías en la deci-sión de la Junta Electoral que rechaza las impugnaciones, observaciones y nuli-dades plan-teadas" (Del voto de los doctores Fayt y Boggiano) (Corte Suprema de Justi-cia de la Na-ción, 08/11/1994, "Apoderados de la U.C.R. /M.O.P. y sub lema Juárez Vuelve", La Ley Online; AR/JUR/4190/1994).- IV. ALGUNOS TÓPICOS PRELIMINARES: EL DEBATE SOBRE LAS LLA-MADAS "CUESTIONES JUSTICIABLES", EL CASO ABSTRACTO Y LA CALIDAD DE "JUECES" DE LOS TÍTULOS Y DE LAS ELECCIONES DE LAS CÁMARAS LE-GISLATIVA SEGÚN EL ART. 87 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE MENDOZA:

En sus respectivas contestaciones, los partidos recurridos han planteado que el caso se ha vuelto abstracto, fundamentalmente por lo dispuesto por el art. 87 de la Cons-titución Provincial. 1. Mientras el art. 55 de la Constitución de la Provincia de Mendoza dispone que "la Junta Electoral permanente juzgara en primera instancia, haciendo los escrutinios proviso-rios de la validez o invalidez de cada comicio otorgando a los electos, con suje-ción a la ley sus respectivos diplomas. Su decisión, con todos los antecedentes, serán elevada a la Cáma-ra o cuerpo para cuya renovación o integración se hubieren practi-cado las elecciones, a los efectos de los juicios definitivos que correspondan con arre-glo a esta Constitución", el art. 87 establece: "Cada Cámara es juez de la calidad y elección de sus miembros y de la vali-dez de sus títulos provisorios otorgados por la Jun-ta Electoral; pero cuando cualquiera de ellas esté en disconformidad con el fallo de la Junta, dicha resolución deberá ser considera-da por la Asamblea Legislativa. La Cáma-ra que hubiera producido la disidencia, lo comu-nicará inmediatamente al presidente de la Legislatura para que éste la convoque y resuelva el caso." En autos, el procedimiento constitucional de impugnación no se ha seguido, toda vez que lo que se impugna a través del recurso de casación es la decisión que, con el carác-ter provisorio que le asigna el texto constitucional, ha hecho la Junta Electoral de los títulos de los legisladores electos; la Cámara de Senadores examinó los títulos de éstos y los puso en posesión de los cargos correspondientes; no obstante, formularé al-gunas precisiones en torno a la disposición del art. 87 de la Constitución Provincial, se-mejante al art. 64 de la Constitución Nacional.

2. Que los arts. 64 y 66 de la Constitución Nacional, pertenecientes al llamado De-recho Parlamentario, consagran las denominadas facultades colectivas privativas y discipli-narias de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, que constituyen privilegios propios y peculiares de las asambleas representativas.

En la técnica jurídica, se denominan privilegios parlamentarios a los derechos e inmunidades que el estatuto político del país, expresa o incidentalmente, otorga a las asam-bleas legislativas, consideradas como poderes públicos de existencia necesaria, ya a quienes las integran, considerados individualmente, con el objeto de asegurarles un fun-cionamiento independiente y una libre acción de su misión constitucional.

Los privilegios parlamentarios que la Constitución explícitamente instituye, pue-den ser colectivos (Arts. 64, 66 y 71) y personales (Arts. 68, 69, 62 y 74), en función a que se considere la función legislativa de cada cuerpo colegiado o el desempeño indivi-dual de los legisladores respectivamente, empero todos ellos, sin distinción, tienen como finalidad tute-lar el libre y correcto desempeño de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional.

Tuvieron su origen en Inglaterra con el objetivo de asegurar el funcionamiento in-dependiente del parlamento, manteniéndose durante siglos, como una forma de custo-diar la tarea legislativa; este ejemplo se trasladó a los Estados Unidos de América en la etapa constituyente del siglo XVIII, donde la Constitución a la par de consagrar la divi-sión de poderes, explícitamente prevé a través de varias cláusulas la garantía del funcio-namiento libre y autónomo de los cuerpos legislativos.

En forma semejante, los constituyentes argentinos de 1.853 reconocieron de mo-do expreso las prerrogativas legislativas guiados por idéntico objetivo - asegurar una labor parlamentaria independiente -, a las que se suman, conforme lo reconoce la doctri-na cons-titucional, los denominados privilegios implícitos, que no obstante no estar con-tenidos expresamente en la Constitución, resultan imprescindibles para el desempeño de las funcio-nes de las asambleas legislativas.

Los artículos 64 y 66 de la Constitución se relacionan con las condiciones e in-habilidades parlamentarias requeridas para ser legislador. Las primeras, condiciones de elegibilidad, están establecidas en los arts. 48 (diputados) y 55 (senadores) de la Consti-tución, y son requisitos formales y objetivos, imprescindibles para que los candidatos elec-tos puedan ser incorporados a los cuerpos legislativos. El contralor de su cumpli-miento le cabe, en primer término, a la Justicia Electoral de la Nación, quien debe pro-ceder al tiempo de la postulación y oficialización de las listas de los candidatos propues-tos a dar su apro-bación, a fin de habilitarlos para participar en la contienda eleccionaria. En cambio, las in-habilidades parlamentarias se refieren a situaciones, en las que se pue-de afectar el ejercicio independiente, eficaz o digno de la labor congresal; en tal caso, corresponderá a la Cámara respectiva hacer efectiva la objeción, impidiendo la conti-nuación provisoria o definitiva del mandato del legislador.

Las inhabilidades pueden ser normativas y fácticas o materiales; las normativas de-rivan del texto constitucional y de leyes inferiores; están contenidas en un abanico amplio de distintas disposiciones insertas en variados regímenes, principalmente, en el Código Electoral Nacional y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Además, deben ser contro-ladas y juzgadas por la justicia electoral nacional, si están presentes en oportu-nidad de la postulación y oficialización del candidato a legislador, quedando a cargo del órgano judi-cial determinar la pertinencia de la participación de aquel en el acto comicial. Si la inhabili-dad fuera sobreviniente al desempeño de un legislador en ejercicio, le com-peterá a la Cá-mara correspondiente su determinación y la aplicación de las facultades disciplinarias, con-forme a lo establecido en el art. 66 de la Constitución Nacional, quien prevé la suspensión o la remoción del que haya incurrido en una causal semejante.

En cambio, las inhabilidades materiales o morales sobrevinientes comprenden las hipótesis de dolencias físicas o psíquicas y de acuerdo al diseño del indicado art. 66, pue-den dar lugar a suspensiones o remociones, según fueren transitorias o definitivas. El análisis comparativo de los arts. 64 y 66 de la Constitución muestra la signifi-cativa dife-rencia existente entre ambos, ya que el primero alude exclusivamente a la función de cada Cámara como juez de las elecciones, derechos, títulos de sus miembros en cuanto a su vali-dez, de los legisladores ingresantes que se incorporan a las Cámaras, después de haber pa-sado por el tamiz de un examen respecto de sus diplomas y títulos. Mientras que el segundo se refiere al ejercicio de una preeminencia distinta, susceptible de ejecutarse en supuestos y etapas diferentes, en mérito a involucrar el juzgamiento de la conducta de los legisladores en actividad, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorpora-ción y hasta excluirlo de su seno.

Ambas normas se entroncan y logran un vínculo en común al reglar el ejercicio de facultades jurisdiccionales, disciplinarias y sancionatorias de las Cámaras sobre sus propios integrantes, completándose su regulación con lo que disponen los respectivos reglamentos internos de las Cámaras de Senadores y Diputados (PALACIO DE CAEI-RO, Silvia B., Comentario al art. 64, "Análisis de los títulos de los legisladores y facul-tades disciplinarias de las Cámaras. Los casos "Bussi" y "Patti", en SABSAY, Daniel A. (Director), "Constitu-ción de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurispruden-cial", Buenos Aires, Hammurabi, 2.010, pág. 130 y sgtes.).- 3. En el esquema constitucional, cada Cámara es juez en la elección de derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez; se trata de una atribución específica englo-bada dentro de las facultades privativas comunes o colectivas, que se ejercen según el pro-cedimiento establecido en los respectivos reglamentos. El texto del art. 64 fue mantenido literalmente en su redacción por la reforma de 1.994.

Desde la interpretación constitucional clásica, se sostenía la exclusividad de las Cámaras para realizar el juzgamiento de las condiciones de los electos, señalándose que los tribunales de justicia no tenían jurisdicción para juzgar la legalidad o ilegalidad de la com-posición del Congreso, porque es un privilegio constitucional de las Cámaras que lo for-man; desde esta perspectiva, se concluía que cuando una Cámara resuelve sobre la admi-sión o rechazo de un título, obrando al efecto como único juez, no puede reconside-rar su resolución, haciendo extensiva la regla a todo acto relativo al procedimiento elec-toral. Ahora bien, con el transcurso de la vida democrática y el dictado de un sistema normativo electoral completo destinado a la organización y control de las elecciones, la doctrina interpretativa clásica reseñada se atemperó, admitiéndose que las facultades confe-ridas por el art. 64 de la Constitución Nacional presentan un sentido y alcance más restrin-gido. Se entiende que su contenido normativo señala la posibilidad de un control estricta-mente relativo a la constatación del cumplimiento de los recaudos formales exi-gidos para ser legislador, la validez formal de los títulos y condiciones, que consisten en las contenidas en los arts. 48 y 55 de la Constitución. De allí que el control de cada una de las Cámaras sobre la elección de sus miembros, implica resolver las cuestiones que se planteen respecto a ellos, sus títulos o los recaudos que deben cumplir, de acuerdo a las leyes reglamentarias.

Esta disposición ha ido abandonándose por algunas constituciones americanas por entender que dejar a las Cámaras del Congreso el control exclusivo de las elecciones y títu-los de sus miembros, era contraproducente, ya que se dejaba a las ocasionales ma-yorías el manejo de la integración de las Cámaras, más allá de la justicia o injusticia de las impugna-ciones; el propio Parlamento Británico se separó de esa tesitura votando diversas leyes que encargaron el control de elecciones a sus jueces. Más allá de esa tendencia en el derecho comparado, lo cierto es que la reforma de 1.994 mantuvo el texto original de la Constitución; por ello, en la tarea de interpreta-ción de este texto normativo, la doctrina advierte que el problema principal en la aplica-ción del art. 64 radica en la medida de dicho privilegio, surgiendo las siguientes posturas interpreta-tivas:

Una postura estricta considera que las Cámaras no pueden agregar condiciones o exigencias no requeridas por la Constitución, ni extralimitar sus preceptos; si bien la inter-pretación amplia, podría eventualmente haber permitido a una Cámara negar la ad-misión a un legislador electo con fallas morales, abre la puerta a los abusos de una ma-yoría opresora que quisiera regular en forma discriminatoria, el ingreso de los futuros miembros.

Quienes se enrolan en esta postura entienden que el control de la elección y de las condiciones constitucionales exigidas para ser candidato y luego legislador electo, ha que-dado derivada a la justicia electoral, por lo que el juicio de las Cámaras se limita estricta-mente al examen de la validez formal de los títulos.

Además, se afirma que el propio Congreso de la Nación a través de la legislación electoral ha realizado una especie de delegación de dichas facultades, siguiendo así que la disposición del art. 64 ha perdido vigencia y resultaría anacrónica debido al doble examen que sobre las mismas cuestiones implica.

No obstante, al continuar dicha norma en vigencia, los tratadistas admiten el ejerci-cio de dichas facultades, ya que la última palabra la tienen indudablemente las Cámaras.

En cambio, una postura interpretativa más amplia entiende que las Cámaras del Congreso tienen facultades suficientes para juzgar la validez formal y material de los títulos de los legisladores electos. El referido art. 64 ha sido atendido por el Reglamento de la Cá-mara de Diputados de la Nación el que en el Capítulo I, arts. 2 a 9, establece los formalis-mos a respetarse en las hipótesis de incorporación y observaciones relativas a los diputados elegidos por el voto popular; asimismo, las condiciones y los términos en los que se enmar-ca el análisis de las calidades exigidas por la Constitución Nacional y de las objeciones suscitadas respecto de la negación de tales extremos. En forma seme-jante, el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación regula, en sus arts. 7 a 12, el procedimiento fijado para la incorporación de los electos y el trámite de las impugna-ciones (PALACIO DE CAEIRO, Silvia B., Comentario al art. 64, "Análisis de los títu-los de los legisladores y facultades disciplinarias de las Cámaras. Los casos "Bussi" y "Patti", op. cit., pág. 133 y sgtes.; TAGLE ACHAVAL, Carlos, "El Derecho Parlamen-tario y el juicio de las eleccio-nes de los diputados de la Nación", JA 1.964 - III, 73; pue-den verse los siguientes trabajos publicados en "El Poder Legislativo. Aportes ara el conocimiento del Congreso de la Na-ción Argentina", compilado por Jorge Horacio GENTILE, Montevideo, Uruguay, Asocia-ción Argentina de Derecho Constitucional - Konrad - Adenauer - Stiftung e.V., 2.008: HARO, Ricardo, "La justiciabilidad de deci-siones de las Cámaras del Congreso negando la incorporación de un legislador: nuestras reflexiones y la doctrina de la Corte Suprema", pág. 327 y sgtes.; PÉREZ SANMAR-TINO, Osvaldo A., "Las Cámaras del Congreso como jueces de las elecciones, derechos y títulos de los legisladores", pág. 343 y sgtes.; PALA-CIO DE CAEIRO, Silvia, "Incor-poración de legisladores electos. ¿Cuestión política no justiciable (political question)?", pág. 363 y sgtes.); estas consideraciones resultan aplica-bles, mutatis mutandi, al caso de la Provincia de Mendoza, que, como se dijera, otorga idéntica facultad a las Cámaras de Diputados y Senadores en el art. 87, dentro de las dispo-siciones Comunes a ambas Cá-maras.

4. Que se discute la posibilidad del examen judicial de las facultades privativas de las Cámaras en torno al ingreso o incorporación de los legisladores, existiendo, inclu-so, pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto.

En un antiguo precedente, que data de 1.893, "Cullen c/Llerena", la Corte de la Na-ción, atendiendo a la naturaleza política de la cuestión planteada - revisión de la atri-bución y ejercicio de los poderes políticos del Congreso de la Nación para decidir la intervención federal de la Provincia de Santa Fe -, sostuvo que no competía a la Corte examinar la inter-pretación y aplicación que las Cámaras del Congreso han dado al artí-culo 61 de la Consti-tución.

La opinión relativa a la no judiciabilidad de las resoluciones atinentes a la inte-gración de las Cámaras del Congreso fue respetada en los casos "Varela" de 1.881, "Com-pañía Azucarera Tucumana" de 1.924, "Junta Electoral de Entre Ríos" de 1.963, "Unión Cívica Radical" de 1.973; ya en la década de los 90 mantuvo el criterio expuesto en "Pro-vincia de Chaco c/Estado Nacional" de 1.998, "Partido Justicialista - Provincia Corrientes" en 1.999, entre otros.

Sin embargo, la Corte Federal cambió el criterio en los conocidos casos "Bussi" y "Patti": a) La Cámara de Diputados de la Nación rechazó el diploma de un diputado electo por considerar que su participación como funcionario durante el Proceso de Reor-ganización Nacional configuraba la causa de inhabilidad moral impeditiva del acceso al cargo. El diputado electo promovió una acción de amparo con el objeto de que se decla-re la nulidad de la decisión de la Cámara de Diputados. El juez de primera instancia re-chazó in límine la acción impetrada. La Cámara Nacional Electoral hizo lugar al amparo promo-vido. Contra dicho pronunciamiento, se interpuso recurso extraordinario. La Cor-te Supre-ma de Justicia de la Nación declaró inoficioso todo pronunciamiento sobre el planteo intro-ducido en la demanda e interpretó la facultad atribuida en el art. 64 de la Constitución Na-cional a la Cámara de Diputados a juzgar la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 13/07/2007, "Bussi, Antonio D. c. Estado Nacional", LA LEY 25/07/2007, 25/07/2007, 11 - LA LEY 22/08/2007, 10, con nota de Roberto J. Boico; LA LEY 2007-E , 33, con nota de Roberto J. Boico; DJ 2007-II, 1276); b) En el caso "Patti", un diputado nacional elegido en los comicios del día 23 de octubre del año 2005 promovió acción de amparo contra la decisión de la Cámara de Dipu-tados de negarle su incorporación al cuerpo por considerarlo moralmente inhábil. El ampa-ro fue desestimado en primera instancia. Ape-lada la sentencia, la Cámara Nacional Electo-ral la revocó y admitió el amparo. La Cá-mara de Diputados interpuso recurso extraordina-rio, que fue concedido sólo en cuanto a la cuestión federal involucrada en la causa, y dene-gado en lo relativo a la arbitrariedad imputada a la sentencia. La Corte Suprema, por mayo-ría, confirma el pronunciamiento cuestionado (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 08/04/2008, "Patti, Luis Abelar-do", LA LEY 23/04/2008 , 10, con nota de Roberto J. Boi-co; LA LEY 2008-C , 43, con nota de Roberto J. Boico; LA LEY 29/04/2008, 29/04/2008, 7 - LA LEY 2008-C , 409, con nota de Mario A. R. Midón; LA LEY 30/07/2008 , 10, con nota de Maximiliano A. Ceballos; LA LEY 2008-D , 618, con nota de Maximiliano A. Ce-ballos).- De ambos precedentes, puede extraerse la doctrina de la Corte Federal sobre esta materia, según sintetizo a continuación:

1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra habilitada para revisar la decisión por la cual la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el diploma de un diputa-do electo con fundamento en su inhabilidad moral, derivada de haber ocupado un cargo público durante el último gobierno de facto pues, si bien el art. 64 de la Constitu-ción Na-cional dispone que la citada Cámara es juez de los títulos de los diputados, dicha competen-cia no es exclusiva ni excluyente, en tanto el art. 116 de la Ley Suprema esta-blece que incumbe al Poder Judicial el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen so-bre puntos regidos por ella.

2. Una interpretación que llevara al extremo la no justiciabilidad de las decisio-nes del Congreso anularía el diálogo de poderes que la Constitución Nacional sustenta, y podría producir el desamparo de los ciudadanos que pertenecen a minorías, al quedar sujetos a los que decidieran mayorías circunstanciales.

3. La facultad que el art. 64 de la Constitución Nacional reconoce a la Cámara de Diputados de la Nación sólo puede referirse a la revisión de la legalidad de los títulos de los diputados electos y la autenticidad de los diplomas, esto es, si fueron regularmente emitidos por la autoridad competente.

4. La Cámara de Diputados de la Nación no está facultada para rechazar el título invocado por un diputado electo fundándose en la ausencia de idoneidad o en su "in-habilidad moral", ya que, cuando la Constitución Nacional, en su art. 48, regula los re-quisitos necesarios para ser diputado no requiere la idoneidad ni calidades morales. Es fun-ción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisar los límites que la Consti-tución fija para el ejercicio de las competencias del Congreso de la Nación.

En ambos precedentes, los doctores Highton de Nolasco y Petracchi hicieron suyo en su voto en disidencia el dictamen del Procurador General; por su parte, el Dr. Maqueda sentó su voto en disidencia por sus propios fundamentos: "Dado que la cues-tión debatida involucra la responsabilidad y autoridad del Congreso de la Nación, en el ejercicio de una atribución consagrada expresamente en el art. 64 de la Norma Funda-mental, debe excluirse el control judicial para evitar avanzar sobre las competencias propias de otro de los pode-res, y a los efectos de desechar la imposición de un criterio político sobre otro." 5. No soslayo que, entre los casos citados y el aquí analizado, existen diferencias sustanciales (aquí no se está ante un caso en que a un legislador electo se le impide la asun-ción por el examen que efectúa la Cámara Legislativa); por el contrario, aquí los candidatos electos han ingresado al cargo, superando el test efectuado por la Cámara de Senadores o los Concejos Deliberantes respectivos, atacándose directamente la decisión de la Junta Electoral que ordenó el cómputo de los votos del modo indicado en la reso-lución del 14 de octubre de 2.009; como consecuencia de esa decisión, los legisladores asumieron sus car-gos, y de allí la necesidad de determinar si la cuestión aquí planteada se ha tornado abstrac-ta por haberse convertido en una cuestión no justiciable.

6. Que íntimamente ligado con el carácter justiciable o no de la cuestión plantea-da, aparece el planteo de declaración de abstracción que proponen los recurridos.

Siguiendo los grandes lineamientos sentados por la Corte Federal, puede decirse que la justicia no puede expedirse sobre consultas que le formulen: debe existir una "causa" y en ésta un "gravamen".

El gravamen es, precisamente, el agravio, perjuicio, ofensa o ultraje que produce en el derecho la cuestión en debate. Ese agravio no debe tener carácter hipotético, futu-ro, me-ramente conjetural, que no provenga de la misma conducta del recurrente. En consecuencia el gravamen para ser tal debe ser concreto, efectivo y actual. Concreto importa que el per-juicio se encuentra suficientemente determinado y precisado. Efectivo exige que sea cierto, no tienen relevancia los gravámenes aparentes o supuestos. Y por último, actual significa que el gravamen mantenga vigencia, que exista al momento que la Corte deba resolver (SALVADORES DE ARZUAGA, Carlos- FORNACIARI, Ma-rio A., "La cuestión abs-tracta o la ausencia de gravamen actual", LA LEY 2.000 - E, pág. 70).- En el momento que el juez debe fallar, el agravio o perjuicio debe existir, debe man-tener perdurabilidad; así lo sostuvo el Máximo Tribunal en un antiguo fallo: "Agus-tín de Vedia" (Fallos 5:316); en una vista a la jurisprudencia de la Corte Suprema se observa que el sentido de "cuestión abstracta" es amplio y hasta con dirección extensiva; así, en "Wes-tern Electric Co. of Argentina c. Corporación Argentina Americana de Films" allí la Corte dijo que "donde no hay discusión real entre el actor o el demanda-do, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extin-guido la controversia o ha cesado de existir la causa de la ac-ción; o donde las cuestiones a decidir no son concretas o los sucesos ocurridos han tornado imposible para la Corte acor-dar una reparación efectiva, la causa debe ser considerada abstracta" (Fallos 193:524). En "Concepción de Touzon", ante el falleci-miento de la persona por la que se interpuso el hábeas corpus la Corte dijo que "con arreglo a jurisprudencia reiterada no corresponde pro-nunciamiento alguno de esta Corte, en los supuestos en que las circunstancias sobrevinien-tes han tornado inútil la decisión pendiente, a los fines propios de la causa" (Fallos 243:146).- Bianchi señala que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tiene cuatro excepciones en esta materia: "a) cuando existen daños colaterales que el deman-dante pue-da sufrir una vez desaparecido el agravio principal; b) cuando el agravio o daño es de muy corta duración y generalmente ha cesado cuando se llega a la senten-cia. Para que esta ex-cepción pueda darse deben estar reunidos dos requisitos: primero, que el caso pueda repe-tirse en cualquier momento; segundo, que la duración del daño producido sea tan breve que se convierta en abstracto antes de que se obtenga el con-trol judicial; c) cuando el deman-dado voluntariamente se allana a la demanda pero puede incurrir en la misma conducta en cualquier momento y d) cuando se dan las lla-madas acciones de clase (class actions), es decir aquellas que puedan involucrar un grupo innominado de individuos. En este caso, aún cuando el caso sea abstracto al momento en que uno de ellos obtenga sentencia, existe inte-rés en resolver el caso" (BI-ANCHI, Alberto B., "Control de constitucionalidad", Buenos Aires, Ábaco, 1.992, pág. 164 y sgtes.; PEYRANO, Jorge W., "A propósito de la sustrac-ción de materia", JA 1980-II-165; BIDART CAMPOS, Germán, "Causa justiciable, interés concreto y cues-tión abstracta", ED 133 - 685).- Que, en lo que aquí interesa, debo decir que la Corte de la Nación revocó la deci-sión de la Cámara Nacional Electoral que había declarado abstracta la cuestión sustan-cial debatida sobre la "validez de los comicios realizados en la Provincia de Santiago del Estero para cargos públicos electivos provinciales y nacionales"; allí, el Máximo Tribu-nal de la Nación sostuvo: 1) Procede el recurso extraordinario interpuesto contra la sen-tencia de la Cámara Nacional Electoral que declaró abstracta la cuestión referida a la validez de los comicios locales para cargos públicos electivos provinciales y nacionales, pues existe un interés concreto y actual arraigado en el principio de soberanía popular, en obtener la veri-ficación judicial de la legitimidad del acto comicial, interés que no desaparece por la asun-ción de funciones de quienes se denuncian como representantes de una voluntad aparente; 2) Cabe dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Nacional Electoral que declaró abstracta la cuestión referida a la validez de los comicios locales para cargos públicos electivos pro-vinciales y nacionales, pues lesiona la garantía del derecho de defensa en el debido proceso electoral - art- 18 de la Constitución Nacional- en virtud de que es dicho tribunal el que debe juzgar sobre la adecuación del acto electo-ral incluido el recuento de votos, a las nor-mas vigentes, constituyéndose así en el ante-cedente necesario para la proclamación de las candidaturas, sin que ello comporte viola-ción de las potestades de la Cámara de Diputados de la Nación, a la que no le compete la decisión de mérito sobre las impugnaciones contra el escrutinio definitivo practicado por la Junta Electoral; 3) Cabe dejar sin efecto la senten-cia de la Cámara Nacional Electoral que declaró abstracta la cuestión referida a la validez de los comicios locales para cargos públicos electivos provinciales y nacionales, pues aún cuando las circunstancias impi-dieron al tribunal expedirse en tiempo oportuno por haberse consumado la proclamación y asunción de cargos elegidos en el comicio impugnado, ello no es óbice suficiente para impedir el dictado de un pronunciamiento sobre la cuestionada validez de los anteceden-tes de los títulos, máxime cuando se reconocen flagrantes anoma-lías en la decisión de la Junta Electoral que rechaza las impugnaciones, observaciones y nulidades planteadas. (Del voto de los doctores Fayt y Boggiano) (Corte Suprema de Justi-cia de la Nación, 08/11/1994, "Apoderados de la U.C.R. / M.O.P. y sub lema Juárez Vuel-ve", La Ley Online; AR/JUR/4190/1994).- 7. Más allá de que admito la duda razonable que plantea la interpretación del art. 87 de la Constitución de la Provincia a la luz de las actuales tendencias en la doctrina constitu-cional, estimo que las facultades emergentes de este artículo de la Constitución pueden ser revisadas judicialmente en casos excepcionales.

En el caso traído a resolución, se han cuestionado las reglas tenidas en cuenta por la Junta Electoral para adjudicar los cargos, de modo que, estando en juego el orden público involucrado en la materia electoral, debe darse a los perjudicados por aquella resolución una vía judicial idónea para plantear las quejas correspondientes, en aras de garantizar el acceso a la justicia, un debido proceso judicial y una tutela judicial efectiva. Por lo demás, atento a los motivos del recurso de casación deducido, estimo que, más allá de las discusiones que se pueden plantear en torno a la noción de moot case, la deci-sión recurrida debe ser abordada, de modo que el recurrente obtenga un pronunciamien-to sobre el tema central de fondo objeto del remedio procesal intentado, a pesar de que los legislado-res hayan recibido sus títulos por parte de la Honorable Junta Electoral y hayan asumido los cargos respectivos, prestando el debido Juramento ante la Cámara correspondiente. V. UN PUNTO DE PARTIDA EN EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLAN-TEADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN: LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPRE-MA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

Que, previo a ingresar al análisis del objeto del presente recurso de casación, efec-tuaré una reseña de los casos, vinculados con la cuestión de la sumatoria de votos de listas propuestas por distintos partidos políticos, en la jurisprudencia de la Corte Supre-ma de Justicia de la Nación:

a. La sumatoria de votos y el caso "U. C. R. - C. F. I. Partido Federal y FREJU-PO", resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución de la Junta Electoral de un Estado Provincial en cuanto declaró que a los fines del cómputo de votos para asignar car-gos de elector de presidente, vicepresidente y diputados nacionales se debe proceder a la suma de los emitidos a favor de las dos listas que presentaron los dos partidos políti-cos que así lo pretendían, en razón de que ambas contienen una misma y coincidente nómina de candidatos. Contra tal pronunciamiento los apoderados de otro partido políti-co dedujeron recurso extraordinario federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, confirmó la sentencia en recurso.

Allí, la Corte Federal sostuvo: "Que los sistemas electorales estén relacionados con el régimen de partidos políticos y que éstos sean órganos Intermedios entre gober-nantes y gobernados y pieza clave para la existencia del régimen representativo, signifi-ca reconocer que los partidos existen por y para el régimen representativo y no éste por y para aquéllos", que "la defensa jurisdiccional del régimen representativo exige que los partidos no excedan su normalidad funcional. Es decir, que se limiten a proveer la dirección política y la alta jerarquía del Estado, formular los planes para la realización de la política nacional; selec-cionar lo mejor de su dirigencia para su nominación como candidatos para cargos públicos electivos; canalizar la voluntad popular y la opinión mediante una constante labor de in-formática política al pueblo. A estas tareas se le su-man como implícitas las de preparar al ciudadano para el buen uso de la herramienta de trabajo cívico que es el voto, respetar los marcos del sistema político y cumplir su función de órganos intermedios entre el cuerpo electoral y el elegido, entre el gobierno y los gobernados", que "los partidos políticos con-dicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e, incluso, la acción de los poderes gubernamentales y al re-glamentarlos, el Estado cuida una de las piezas principales y más sensibles de su com-plejo mecanismo vital. En consecuencia, resulta constitucional-mente válido el ejercicio del poder reglamentario al establecer controles gubernamentales, con el objeto de ga-rantizar la pluralidad, la acción y el sometimiento de los partidos a las exigencias bási-cas del ordenamiento jurídico y su normalidad funcional", que "nada hay en la ley or-gánica de los partidos políticos que permita suponer que, en el proceso electo-ral, pueda prevalecer el partido sobre los candidatos o que prohíba que dos o más partidos formu-len una alianza transitoria mediante la oficialización en sus respectivas boletas elec-to-rales de una misma y única lista de candidatos a los efectos de la suma en el acto del escrutinio", que "no existe impedimento alguno en las normas electorales para que se pro-ceda a la suma de los votos obtenidos por listas de partidos políticos con idénticos candida-tos", que "si bien la actividad de los partidos políticos influye en el proceso político y en el gubernamental y ha producido cambios en los procesos electorales y aún en la teoría de la representación, esas transformaciones en nuestro país nunca sig-nificaron una modificación de tanta magnitud como para admitir, o consagrar que el cuerpo electoral elija como sus representantes a partidos y no a candidatos, sea esto de modo uninominal o plurinominal". En disidencia, el Dr. Petracchi dijo que "al regular el escrutinio, la ley de partidos políticos se refiere a los sufragios logrados por cada uno de los partidos políticos, a la guarda de las boletas compiladas y ordenadas de acuerdo a los partidos a que pertenecen, al control y reclamos que pueden efectuar los partidos que hubiesen oficializado lista de candidatos; por ello, el examen armónico de las normas que integran el sistema electoral lleva a concluir que la expresión "lista de candidatos oficializada" equivale a la lista de partido. Prevalece el partido sobre los candidatos". (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16/11/1989, "U. C. R. - C. F. I. Partido Federal y FREJUPO", LA LEY 1990-B, 18 - DJ 1990-2, 376).

Debe aclararse, como dato a tener en cuenta, que, en este caso, según puede ex-traerse del fallo de la Cámara Nacional Electoral, "los partidos políticos que formulan esta cuestión han obtenido en cada uno de ellos el piso mínimo exigido por el art. 151 del Códi-go Electoral Nacional, es decir, una cifra superior de votos al 3 % del padrón electoral del distrito" (Cámara Nacional Electoral, 14/06/1.989, U. C. R. - C. F. I. Parti-do Federal y FREJUPO", ED 134 - 757 y sgtes., en especial pág. 758 in fine, conside-rando 4°).- b. La sumatoria de votos de distintos partidos con la misma lista de candidatos en dos decisiones posteriores de la Corte Federal:

En el Caso "Partido Justicialista - Distrito Neuquén", dos partidos políticos dife-rentes solicitaron la suma de los votos obtenidos por las listas presentadas para los car-gos de intendente, concejal municipal y diputado provincial por contener una misma y coinci-dente nómina de candidatos. El Tribunal Superior de Justicia local, al revocar la decisión de la Junta Electoral provincial, admitió lo solicitado por lo que el apoderado de un partido político provincial interpuso recurso extraordinario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en queja, resolvió, en fecha 20/08/1.996, desestimar la presentación directa; allí, se indicó: a) "Resulta insustancial el remedio fede-ral deducido contra la sentencia de un Tribunal Superior provincial que admitió la sumato-ria de los votos obtenidos por las listas presentadas por dos partidos políticos diferentes, toda vez que las disposiciones provinciales aplicables al caso son sustancialmente coinci-dentes con la regulación legal nacional cuya interpretación per-mitió a la Corte Suprema concluir en que -habiendo presentado dos partidos políticos idéntica nómina de candidatos- el total de los votos obtenidos por una lista deba sumar-se a la idéntica aun cuando hayan sido nominadas por distintos partidos"; b) "En la forma representativa de gobierno -arts. 1° y 22 de la Ley Fundamental-, el pueblo como entidad política, es la fuente originaria de la soberanía y el modo de ponerla en ejerci-cio es la elección de los representantes por el cuerpo electoral sobre la base de la re-presentación libre -en el caso dos partidos políticos distintos solicitaron se sumen los votos obtenidos por las listas presentadas-, siendo el su-fragio la base de la organiza-ción del poder y el derecho que tienen los ciudadanos de for-mar parte del cuerpo elec-toral, constituyendo directa o indirectamente a las autoridades de la Nación"; c) "No cabe hacer lugar a la queja interpuesta por un partido político local co-ntra la sentencia de un Tribunal Superior Provincial que, al revocar la decisión de la Junta Electoral, hizo lugar al pedido efectuado por dos partidos políticos de sumar los votos obte-nidos por las listas presentadas, pues los principios básicos del sistema representativo -de normalidad funcional de los partidos políticos y de sinceridad como fin último del pro-ceso electoral- no pueden ser desconocidos por la legislación provincial, ya que el ejer-cicio de facultades propias de las instituciones provinciales debe sujetarse al respeto de la Constitu-ción Nacional a la que esas mismas provincias han acordado someterse al concurrir a su establecimiento"; d) "Si bien la actividad de los partidos influye en el proceso político y en el gubernamental, y ha producido cambios en los procesos electo-rales y aun en la teoría de la representación, esas transformaciones -incluida la nueva previsión constitucional del art. 38- no importan una modificación de tanta magnitud como para admitir o consagrar que el cuerpo electoral elige como sus representantes a partidos y no a los candidatos postulados por ellos -en el caso, la Corte Suprema con-firmó la sentencia del Superior Tribunal local que admitió la sumatoria de votos obte-nidos por dos partidos políticos cuyas listas conte-nían idénticos candidatos-, sea esto de modo uninominal o plurinominal"; e) "Cabe confir-mar la sentencia del Tribunal Supe-rior de Justicia local que, al revocar la decisión de la Junta Electoral provincial, admi-tió el pedido de sumatoria de votos obtenidos por las listas presentadas por dos partidos diferentes conteniendo idéntica nómina de candidatos, pues nada hay en la Ley Orgáni-ca de Partidos Políticos que permita suponer que se hubiera prohibido que dos o más partidos políticos formulen una alianza transitoria mediante la oficialización de sus respectivas boletas electorales de una misma y única lista de candida-tos a los efectos de la suma en el acto del escrutinio" (Corte Suprema de Justicia de la Na-ción, 20/08/1996, "Partido Justicialista - Distrito Neuquén", La Ley Online; AR/JUR/5650/1996).- En el caso "Alianza Frente por un Nuevo País", de fecha 04/06/2003, la Cámara Nacional Electoral había revocado el fallo de grado, proclamó tercer senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en los comicios de octubre de 2001, al candidato de la alianza que había obtenido el segundo lugar en el orden de votos. Se interpusieron varios recursos extraordinarios tendientes a que el candidato de otras dos agrupaciones, cuyos votos suma-dos superaban a los del candidato proclamado, obtuviera la banca en cues-tión.

La Corte Suprema, integrada por conjueces, confirmó la resolución de Cámara: a) "La tercer banca de senador nacional de cada distrito corresponde al partido políti-co o alianza que haya seguido, en número de votos, al partido o alianza que triunfó en los comi-cios, aún cuando la sumatoria de los sufragios reunidos por un tercer candida-to, comparti-do por más de una agrupación política sin que medie alianza formal entre ambas, supere el número de votos reunidos por el postulante que quedó en segundo lugar, pues el constitu-yente tuvo la intención de asignar las bancas a los partidos políti-cos -art. 54, Constitución Nacional, texto según la reforma de 1994-"; b) "En los comi-cios distritales para senador nacional no media impedimento para que dos o más parti-dos oficialicen una misma lista de candidatos, pero si pretenden acumular los votos obtenidos por cada uno, deben someterse a la reglamentación establecida para la cons-titución de alianzas o acuerdos transitorios -arts. 3° y 10, Ley 23.298-, sin que el acuer-do informal entre ambas agrupaciones tenga el mismo efecto, ya que los partidos políti-cos y las alianzas electorales son las únicas fuerzas con derecho para proponer un can-didato a ocupar la banca en cuestión"; c) "Debe procla-marse tercer senador nacional en cada distrito al candidato del partido político o alianza electoral que haya obtenido el segundo lugar en el orden de los votos, aún cuando otro can-didato, compartido por dos o más fuerzas políticas, lo haya superado en cantidad de sufra-gios, considerando la sumatoria de los votos de todas esas agrupaciones, pues el art. 54 de la Constitución Nacional, en cuanto regula la elección de senadores nacionales, refiere a partidos polí-ticos y no a candidatos, máxime cuando es el propio Senado el último juez para la in-corporación de sus miembros" (del voto de la doctora Tyden de Skanata -conjuez-); d) "El art. 54 de la Constitución Nacional debe interpretarse literalmente, por estrictas razones de seguridad jurídica y acatamiento de la manda constitucional, puesto que su letra resulta clara y no da lugar a duda alguna, debiendo otorgarse la tercer banca de se-nador nacional, en cada distrito, al partido político o alianza electoral -constituido según los arts. 3°, 7° y 8°, Ley 23.298- que siga en número de votos al que alcanzó la mayor cantidad de sufragios, y no al candidato de una o más listas" (del voto del doctor Tazza -conjuez-).

En disidencia, se postuló que "no cabe proclamar como tercer senador nacio-nal, en cada distrito, al candidato cuyo partido o alianza haya conseguido el segundo lugar en can-tidad de votos, si otro postulante, compartido por dos o más fuerzas, su-mando los obteni-dos por cada una de ellas, reunió una mayor cantidad de sufragios, aún cuando éstas no hayan celebrado acuerdo formal de alianza, ya que un mismo can-didato no puede competir contra sí mismo, lo que implica sostener un curso no natural de las cosas, dándole al voto del cuerpo electoral un contenido que no tuvo" (del voto en disidencia de los doctores Po-clava Lafuente, García Vitor y Vocos Conesa -conjueces-) y que "no debe proclamarse co-mo tercer senador nacional, en cada distri-to, al postulante del partido o alianza electoral que haya seguido en cantidad de votos a la fuerza que obtuvo el primer lugar, si otro candi-dato, compartido por dos o más agru-paciones, consiguió una mayor cantidad de sufragios sumando los de todas esas fuerzas políticas, pues la solución contraria conduciría a la ex-clusión de un representante ele-gido por el pueblo, comprometiendo gravemente la esencia de la organización política" (del voto en disidencia del doctor Planes -conjuez-). (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 04/06/2003, "Alianza Frente por un Nuevo País"; LA LEY 2003-F, 88 - RU 2004-1, 41, con nota de Ana María Bestard); aclaro que este prece-dente no implica, por sí solo, contradecir la solución a la que arribara la Corte en los casos "U.C.R. - C. F. I. Partido Federal y FREJUPO" y "Partido Justicialista - Distrito Neuquén", toda vez que el argumento central en el caso aquí tratado se focalizó en la propia letra del art. 64 de la Constitución Nacional, aplicable a la elección de senadores de la Nación que, en forma expresa, establece que dos bancas por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires corresponden al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en el número de sufragios.

VI. ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA SUMATORIA DE VOTOS EN MATERIA ELECTORAL EN LA JURISPRUDENCIA PROVIN-CIAL Y NACIO-NAL:

La cuestión aquí analizada no ha sido ajena a los pronunciamientos de otros tri-bunales del país que han resuelto planteos vinculados con la problemática implicada en el presente recurso, según reseño a continuación:

a. El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el caso "Par-tido Afimación para una República Igualitaria":

La Corte de la Provincia de Mendoza tuvo oportunidad de resolver el planteo for-mulado en torno a la sumatoria de votos en las elecciones provinciales y nacionales del año 2.005; allí, con voto preopinante de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci y la adhesión de la Dra. Ana María Viotti, se afirmó que "en materia electoral aparece un trípode integrado por: partidos políticos, sistema de listas y voluntad popular. El siste-ma normativo presume que los partidos políticos y el sistema de listas responden a la voluntad popular; por eso el recuento de votos y la atribución de cargos por el sistema D'Hont, comienza por los parti-dos políticos (o alianzas controladas por autoridad de aplicación) y por los candidatos que aparecen en las listas. Sólo cuando hay certeza que la voluntad popular no se ha expresado a través de los partidos políticos y las lis-tas, puede acudirse a otras argumentaciones. Por lo demás, ese método es constitucio-nalmente válido sólo si existe certeza de que despla-zando al partido y a la lista se llega a la voluntad popular real no expresada por los otros elementos estructurales. Esto es lo ocurrido en todos los casos en los que la jurisprudencia autorizó la sumatoria de votos sin alianzas electorales; por haber identidad de listas presu-mió, y presumió bien, la voluntad popular. En cambio, admitir la sumatoria cuando no exis-te identidad en la lista significa convalidar prácticas electorales viciosas, consistentes en acuerdos de último momento, no controlados por la autoridad electoral. Aceptar la sumato-ria de listas idénticas aunque no haya alianzas es aceptable, porque la voluntad popular es clara a favor de todos esos hombres; en cambio, sumar listas que no son iguales no es de-mocráticamente correcto pues lejos de expresarse una voluntad popular clara, la lista distin-ta, aunque por simple error (pero nunca excusable) ha servido para confundir aún más al electorado" (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, expte. N° 86.525, "Partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI) en actuaciones N° 475 Afirmación para una República Igualitaria s/Oposición a sumatoria de votos y Actuaciones N° 430 Proceso electoral 2.005 s/Casación", 12/03/2007, LS 375-053). b. Un precedente reciente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: el caso "Tunessi, Pedro":

En un precedente más reciente, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, se pronunció a favor de la sumatoria de votos; en ese caso, la Junta Electoral de la Provin-cia de Buenos Aires había entendido que no procedía la acumulación o sumatoria de los votos obtenidos durante los comicios locales de octubre de 2007 por dos listas oportu-namente oficializadas que llevaban un mismo candidato electoral -a la intendencia del distrito de Bahía Blanca-. Contra esta decisión, el candidato interpuso recurso de revo-catoria, el que fue rechazado. Concedido el recurso de inaplicabilidad de ley por ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ésta lo declaró procedente y revocó el pronuncia-miento impugnado, disponiendo que se acumularan los votos de ambas listas. Allí, en voto dividido, el Máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires sos-tuvo: a) "Corresponde acumular los votos de listas oportunamente oficializadas que llevan como candidato electoral a una misma persona, ya que de lo contrario los votos se desdo-blarían, competirían entre sí y no se sumarían, produciéndose con ello una deformación del pronunciamiento popular y una afectación directa del derecho consti-tucional a ser elegido -artículos 37 y 38, Constitución Nacional; 59, Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 21.3, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; XX, Declaración Ameri-cana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23, Pacto de San José de Costa Rica); 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-". (Del voto del doctor Negri); b) "Deben acumularse los votos de las listas que llevan como candidato electoral a una misma persona, oportunamente oficializadas, ya que una in-terpretación contraria no sólo obligaría a un mismo candidato a pujar contra sí mismo o contra los integrantes de su propia lista -común en ambos casos-, sino que llevaría al dislate de que pudiera resultar ganador y per-dedor simultáneamente, según la lista que se tenga en cuenta, cercenándose injustificada-mente la voluntad de los electores". (Del voto de la doctora Kogan); c) "Corresponde sumar los votos que obtengan las lis-tas oportunamente oficializadas para una elección municipal que llevan a la misma persona como candidato electoral, dado que los electores votan por candidato y no por partido político -artículos 190 y 203, Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 117 y 120, Ley 5109 -, a lo que debe agregarse que la solución contraria significaría desconocer la trascendencia del principio de sinceridad -esto es, la garantía consis-tente en la autenticidad o fidelidad del reflejo de la voluntad del electorado manifes-tada en el comicio, así como la preservación contra ambigüedades provenientes del legisla-dor-, fin último del proceso electoral" (Del voto del doctor Hitters); d) "Es irrazona-ble la resolución de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires denegatoria del pedido formulado por un candidato electoral de dos listas oficializadas -en el caso, para el cargo de intendente en un municipio-, a efectos de que se sumen los votos de ambas listas, ya que no existe norma alguna -tanto en el orden federal como en el lo-cal- que proscriba la presentación de listas iguales por distintos partidos, ni la suma-toria de sus votos, máxime si tal limitación se ha producido cuando estaba por acaecer el momento de cierre de la ofi-cialización de listas, dado que ello no ha permitido a las fuerzas en pugna considerar la nueva regulación y actuar en consecuencia" (Del voto del doctor de Lázzari); e) "Es válida la posibilidad de que varias listas propongan a los mismos candidatos electorales, debiendo tenerse en cuenta que, a los fines de atender y respetar la voluntad del electorado, lo real y cierto es que, si bien con la necesaria in-termediación de los partidos políticos -artículo 38, Constitución Nacional-, lo que el pueblo elige son candidatos, sin que la atribución exclusiva de los partidos para la pos-tulación de candidatos deba ni pueda ser entendida como la atribución de la represen-tación del pueblo en estas instituciones" (Del voto del doctor Domínguez); f) "Debe revocarse la resolución de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que prohibió la acumulación de los votos obtenidos por listas oficializadas que proponen el mismo candidato electoral, ya que haber oficializado distintas listas con iguales candi-datos para luego prohibir la sumatoria de sus votos genera confusión en el electorado, siendo absurdo que las boletas de estas listas estén presentes en el comicio con la mis-ma oferta electoral, que el electorado vote los mismos candidatos y que, sin embar-go, se vulnere la soberanía popular no computando votos válidamente emitidos" (Del voto del doctor Natiello).

En disidencia, el Dr. Pettignani sostuvo que "no corresponde habilitar un siste-ma de adhesión de una agrupación política a otra en el que sólo coincide la nominación de un único candidato, sin que exista previo acuerdo respecto de los postulados que cada una de ellas sostiene, ya que el cronograma electoral prevé los plazos y las forma-lidades para constituir alianzas, a lo que debe añadirse la distorsión en el resultado último de las deci-siones del electorado, en tanto se estaría votando las ideas que repre-senta una agrupación política que lleva como candidato a una persona que, a su vez, aceptó a su vez las de otra agrupación con la que aquélla no ha cerrado alianza" (Del voto en disidencia del doctor Pettignani) (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 24/10/2007, "Tu-nessi, Juan Pedro", La Ley Online; AR/JUR/6761/2007).- VII. LA SOLUCIÓN DEL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN: EL CON-CEPTO DE "LISTA" Y LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ART. 82 INC. B) DE LA LEY 2.551 EFECTUADA POR LA HONORABLE JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA:

Este Tribunal debe determinar, conforme se anticipara, si la limitación estableci-da en el art. 82 inc. b de la Ley Provincial N° 2.551 (Modificado por el art. 9 de la Ley 4.840) se aplica en forma igualitaria a todas las listas de candidatos individualmente consideradas, como lo propone la parte recurrente; la respuesta a esta cuestión lleva co-mo consecuencia lógica, si debe o no excluirse de la sumatoria a las listas que, aunque con idénticos candida-tos, no hayan alcanzado el umbral mínimo del 3 % de los votos del padrón electoral de la sección que le corresponde (Art. 159 2° párrafo incisos 1° y 2° del C.P.C.).- 1. Admito que el art. 82 inc. b) de la Ley 2.551 es susceptible, en la particular con-tienda que genera esta decisión, de dos interpretaciones que han quedado plasmadas por los votos de la mayoría y de la minoría en la resolución de la Junta Electoral ya mencionada. Al mismo tiempo, confieso que ambas interpretaciones parecen plausibles; basta para ello la lectura de los argumentos vertidos en aquella decisión. Sin embargo, estimo, tal como lo destaca el voto de la mayoría, que la interpretación que debe preva-lecer es aquella que respeta y - agrego, prioriza - la voluntad del elector.

Una adecuada interpretación de las normas electorales exige privilegiar aquella que respete con mayor fidelidad la voluntad del electorado evitando frustrar la legítima expecta-tiva de los sufragantes; de este modo se tutela el principio de sinceridad como fin último del proceso electoral; en la forma representativa de gobierno consagrada por los arts. 1 y 22 de la Constitución Nacional, el pueblo, como entidad política, es la fuente originaria de la so-beranía; el modo de ponerla en ejercicio es la elección de los represen-tantes por el cuerpo electoral sobre la base de la representación libre; así, el sufragio es la base de la organiza-ción del poder, y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral, y a través de éste, constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación. El ca-rácter representativo de las autoridades depende de que su designación haya tenido o no origen en las elecciones; la función electoral del sufra-gio se cumple mediante las eleccio-nes que son procedimientos a través de los cuales el pueblo elige a sus autoridades; se reali-za así la relación entre quienes aspiran a ser de-signados y quienes con su voto realizan la designación. El primero es, individualmente, el candidato; el segundo, se denomina elector y en su conjunto forman el cuerpo electo-ral (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20/08/1996, "Partido Justicialista - Distrito Neuquén", La Ley Online, AR/JUR/5650/1996).- Como lo ha dicho el Procurador de la Corte de la Nación, corresponde avalar la sen-tencia del pueblo desplegada en las urnas y nunca subvertirla con una decisión judi-cial, toda vez que, de otro modo, se trasladaría la voluntad popular a la de los tribunales. Es, a todas luces, prioritario que, en los litigios referidos a la actividad electoral, incum-ba a los jueces la preservación de la fiel interpretación de la voluntad de los ciudadanos, ello así en tanto y en cuanto el derecho electoral tiene como fin efectivizar uno de los pilares básicos de nuestra Constitución, cual es el principio de la soberanía popular cuyo reconocimiento más auténtico se perfila mediante el voto. En una sociedad libre y de-mocrática, el derecho al sufragio es demasiado importante como para generar su despro-tección por medio de una inapropiada interpretación de la manifestación de la voluntad de los ciudadanos en situa-ciones que se traduce en una violación a la garantía de la vera-cidad del sufragio, esto es, a la autenticidad de sus resultados. En una democracia electo-ral las sentencias deben concre-tar el ideal de justicia sin sustituir ni desconocer la volun-tad popular ni crear, de manera artificial y arbitraria, gobiernos que no reflejan la verda-dera opción del cuerpo electoral que consecuentemente lleva a una falta de legitimidad y representatividad del candidato electo. A todo evento, y antes de subvertir la voluntad popular a través de una resolución judicial, es preferible declarar nula una elección y proceder a una nueva (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 04/06/2003, "Alianza Frente por un Nuevo País", LA LEY 2003-F, 88).- 2. En el caso traído a resolución, debo comenzar por señalar que, en mi entendi-miento, como lo ha sostenido la Cámara Nacional Electoral, "lista electoral es una enu-meración en orden de candidatos o precandidatos nominados que cumpliendo determi-nados requisitos, se presenta ante el organismo electoral competente -justicia de distri-to- con el propósito, si aquéllos están reunidos cumplidamente, de obtener su oficializa-ción legal, para poder participar en la competición de los actos políticos comiciales y plurilatera-les de la votación" (Cámara Nacional Electoral, 23/09/1985, "Alianza Frente Justicialista de Liberación", LA LEY 1986-C, 224).- En la interpretación que formula el voto mayoritario de la Honorable Junta Elec-toral de Mendoza, lista es la nómina de candidatos o lista la que aglutina tras de sí a los partidos y no los partidos a las listas; esta línea de pensamiento es coincidente con el inc. b) del art. 60 de la Ley 2551 cuando expresa que "toda boleta que tenga una denomina-ción registrada constituye un voto a favor de la lista correspondiente".

A este concepto de "lista", en la interpretación sistemática de la Ley N° 2.551, agrego que el propio art. 82 establece que "en las elecciones de convencionales consti-tuyentes, senadores, diputados y concejales municipales, se seguirá el sistema de repre-sentación proporcional. A tal efecto cada elector votará por una sola lista oficializada de candidatos, cuyo número no podrá ser superior al número de cargos a cubrir"; a su vez, destaco que el art. 60 de la misma normativa establece que "para realizar el escru-tinio, la Junta Electoral procederá, en primer término, a practicar el cómputo de los votos obtenidos por cada lista.", especificando, como ya se dijera, en el inc. b) que "toda boleta que tenga una denominación registrada, constituye un voto a favor de la lista correspondiente"; desde esta perspectiva, estimo que los agravios del recurrente son insuficientes para modificar ese punto de partida de la decisión recurrida.

La interpretación del art. 82 inc. b) de la Ley 2.551 debe hacerse en función de las actuales circunstancias políticas en las que la norma debe ser aplicada; piénsese que la Ley 2.551 fue sancionada en el año 1.959, y como se sabe, las normas se independi-zan de la voluntad del legislador, debiendo propiciarse una interpretación que adecúe la norma a las nuevas circunstancias políticas, económicas, culturales y sociales existente al momento de interpretarla y aplicarla. Por ello, entiendo que, tal como se menciona en la decisión de la Junta Electoral recurrida, conforme al voto mayoritario, frente al víncu-lo férreo que poseía el candidato y el partido, al momento en que se dictó la Ley 2.551, era lógico imaginar que lista y partido eran una misma e indisoluble unidad; pero el tiempo, el cambio de las cos-tumbres político partidarias y los modos de hacer política han llevado a que las listas de candidatos hoy no sólo sean integradas por extrapartida-rios, independientes o religiosos sino además por afiliados de distintos partidos políticos, que acuerdan la formación de una única e idéntica lista de candidatos, sin que ello im-plique conformar una alianza transitoria de partidos.

Conforme a lo que vengo explicitando, insisto: lista, entonces, es la misma e idénti-ca nómina de candidatos que fue propuesta por varios partidos, más allá de las "boletas" en las que se instrumentaron.

A los fines de atender y respetar la voluntad del electorado, lo real y cierto es que, si bien con la necesaria intermediación de los partidos políticos -artículo 38, Constitución Nacional-, lo que el pueblo elige son candidatos, sin que la atribución exclusiva de los partidos para la postulación de candidatos deba ni pueda ser entendida como la atribución de la representación del pueblo en estas instituciones. Desde la doc-trina, analizando el fe-nómeno de la democracia y la transformación del rol que cumplen los partidos políticos en la actualidad, se advierte que "las elecciones se han personali-zado de tal forma -incluso las legislativas- que hoy el elector en general vota por aquella persona que mayor con-fianza o simpatía le confiere, independientemente de su ideología. De hecho el factor ideo-lógico, tan representativo de la identidad de los par-tidos en épocas pasadas, se ha desdibu-jado de tal forma, que dejó de ser un elemento que defina no sólo el voto de los electores, sino también la pertenencia al partido de sus dirigentes" (MARTÍN, Santiago J., "La demo-cracia de partidos y el valor del artículo 38 de la Constitución Nacional Argentina", La Ley, Sup. Act. 26/07/2007, 1); este tema tiene connotaciones de índole sociológico, incluso, plantea otras derivaciones y proyec-ciones de tipo jurídico y político, y así, por ejemplo, se plantea la difícil cuestión en ma-teria de pertenencia de bancas de legisladores, pudiendo sintetizarse la misma en estos interrogantes: ¿A quién vota el ciudadano cuando vota?: ¿al partido político o a la per-sona del candidato?, ¿Qué vota el ciudadano cuando vota?: ¿un programa de gobierno y una doctrina partidaria específica o las convicciones, la trayectoria y la confianza que el candidato le inspira? (RISSO, Guido I., "Partidocracia vs. Democracia representativa ¿A quién pertenece la banca de diputado nacional?", La Ley, Sup. Act. 01/12/2005, 1).- Siguiendo a Bidart Campos, me explico un poco más: si quienes votan por el parti-do D, que lleva candidatos como electores los mismos electores del partido A, exte-riorizan su apoyo a A a través de D, lo más coherente y realista es permitir que esos vo-tos se agre-guen a los directamente recaudados por A. Si el espíritu de la Constitución persigue que el acceso al poder sea fiel reflejo de la participación partidaria e individual en el comicio, re-sultaría bastante riguroso que todos los votos emitidos a favor de los mismos candidatos, pero a través de distintos partidos y boletas, no se computaran con-juntamente por provenir de expresiones partidarias plurales (BIDART CAMPOS, Ger-mán, Nota al fallo de la Cá-mara Nacional Electoral de fecha 20/09/1.983, in re "Partido Comunista y otros", ED Tomo 105 - 653; del mismo autor: "Listas iguales de partidos distintos. Cómputo de votos y des-linde de competencias entre la Junta Electoral Nacio-nal y la Provincial en Córdoba", ED 134 - 772).- En modo alguno comparto lo que dice el voto en minoría de la Junta Electoral, ni el voto preopinante en esta sentencia, en el sentido de que el elector quiso votar un par-tido político distinto con compromisos e idearios distintos a aquel partido cuya lista se asemeja; como tampoco comparto la interpretación que se hace de la voluntad del ciu-dadano elector al emitir su voto. Recalco, en lo que aquí interesa, que el elector votó la misma lista - en-tendida como "nómina de candidatos" - desde otra "boleta", la que proponía la lista "colec-tora"; es desde esa otra "boleta oficializada" que se vota el mis-mo listado coincidente de nombres.

3. Por lo demás, me permito disentir con el argumento utilizado en el voto de la Magistrada preopinante de que los partidos políticos deban recurrir, en forma necesaria, a los mecanismos previstos por la ley a los fines de obtener la correspondiente represen-tación; por el contrario, estoy convencido de que la realización de una alianza transitoria o simplemente de hecho no está, en modo alguno, prohibida por la Ley Electoral, de modo que, insisto, cualquier interpretación que se haga, debe, en la duda, inclinar la decisión hacia aquella que priorice la voluntad real del electorado, que quiso, sin que esto pueda ser discutido, votar una lista de candidatos compartida por varios partidos políticos.

Agrego, en este orden de ideas, y en particular, en lo que atañe a los "acuerdos par-tidarios", que el maestro Bidart Campos ha sostenido que la previsión legal de las alianzas para compartir candidatos comunes no debe entenderse como obstruyendo otros acuerdos interpartidarios no regulados por la ley; el silencio legal ha de considerarse permisivo y no impeditivo, porque lo no prohibido se puede hacer, sobre todo si encua-dra en la regla de especialidad que rige a las asociaciones, cuales son los partidos. Todo lo conducente a faci-litar la expresión política real de los partidos, de sus afiliados y de los ciudadanos que optan por ellos, en orden a formular candidaturas, a proponerlas al cuerpo electoral, y a insertarlas en la competencia del comicio, debe darse por permitido mientras la ley no lo vede razona-blemente. Este argumento, de rango constitucional, y muy sólido, goza de prioridad sobre la exégesis más literal o formal de la Ley de Parti-dos y del Código Electoral. La Constitu-ción quiere - implícitamente - y las leyes deben quererlo a tenor de la Constitución, que las expresiones políticas de los votantes y de los partidos no se frustren, no se burlen, sean in-terpretadas con franqueza, no se tergiversen, entren en juego limpio (BIDART CAMPOS, Germán, Nota al fallo de la Cámara Na-cional Electoral de fecha 20/09/1.983, in re "Parti-do Comunista y otros", ED Tomo 105 - 653); aclaro que las simples alianzas o alianzas de hecho no están previstas en la Ley Electoral N° 2.551, y tampoco se encuentran prohibidas; por ende, sería aplicable el art. 19 de la Constitución Nacional; no se vulneran ni compro-meten, aquí, el prestigio ni el monopolio del partido político como vehículo democrático inexcusable e ineludible (DURANTE, Alfredo L., "Los acuerdos políticos informales", ED 134 - 771).- Esta interpretación cuenta con el apoyo de la decisión de la Corte Suprema de Justi-cia de la Nación que ha sostenido en el caso ya citado "Partido Justicialista - Distri-to Neu-quén", que "nada hay en la Ley Orgánica de Partidos Políticos que permita su-poner que se hubiera prohibido que dos o más partidos políticos formulen una alianza transitoria median-te la oficialización de sus respectivas boletas electorales de una mis-ma y única lista de candidatos a los efectos de la suma en el acto del escrutinio" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20/08/1996, "Partido Justicialista - Distrito Neuquén", La Ley Online, AR/JUR/5650/1996; en este punto, puede verse el voto de De Lázzari en el ya citado fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 24/10/2007, "Tunessi, Juan Pedro", La Ley Online; AR/JUR/6761/2007).- La solución que propicio en este voto, en modo alguno, implica convalidar prác-ticas electorales viciosas consistentes en acuerdos de último momento no controlados por la autoridad electoral; por el contrario, estimo que tal situación, de existir, no tiene por qué encontrar en este voto una suerte de sanción, cuando el texto legal en cuestión admite, en cuanto no prohíbe (Art. 19 de la Constitución Nacional), la posibilidad de existencia de este tipo de acuerdos políticos, incluso regulados, en forma expresa, para las próximas eleccio-nes (En este sentido, el tema de las listas colectoras, tan cuestionado por distintos sectores, no deja de tener actualidad; a punto tal que, recientemente, el De-creto 443/2011 de la Pre-sidencia de la Nación Bs. As., del 14/4/2011, reguló en su art. 15 la cuestión de las listas colectoras en estos términos para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligato-rias del presente año: "En el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorí-as para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras en sus respectivas eleccio-nes primarias"; pero, como se destaca en el voto preopinante de esta sentencia, la cues-tión de la legitimidad o no de este procedimien-to no está en juego en el presente recurso de casación, al no haber sido planteada por los recurrentes).

4. No dudo, en la interpretación que vengo desarrollando, que el límite previsto por el art. 82 inc. b) de la Ley 2.551 (3 % del padrón electoral del Distrito correspon-diente) tiene por finalidad preservar el funcionamiento adecuado del Poder Legislativo; de otro modo, se podría producir un verdadero fraccionamiento o atomización de la re-presentación, repercutiendo de manera negativa sobre la formación de la voluntad gene-ral; sin embargo, con razón, se sostiene que la sumatoria de votos promueve, por el con-trario, la formación de grupos mayoritarios en los cuerpos deliberativos.

La interpretación contraria a la que sostengo implicaría, como se ha dicho en varias oportunidades, que el candidato incluido en la lista compartida por varios parti-dos políti-cos estaría compitiendo consigo mismo si no se admitiera la sumatoria de vo-tos, lo que resulta, no sólo inadmisible desde el punto de vista de la hermenéutica jurí-dica, sino, ade-más, ilógico y contrario al sentido común.-.

A los fines previstos por el art. 82 inc. b) de la Ley 2.551, no interesa si la lista es propuesta por uno o varios partidos; considero, entonces, que, para cada lista, deben sumar-se todos los votos válidos emitidos a favor de la misma, sin que interese si ellos provienen de uno o varios partidos o agrupaciones o alianzas transitorias o de hecho; insisto en que, a tal fin, el total de los votos computables para la lista es el que resulta de la sumatoria de todos los votos emitidos en su favor; recién en este momento debe hacerse efectiva la apli-cación de la discriminación (3 % del padrón electoral del distrito electoral que corresponda) que formula el art. 82 inc. b).

Según lo exponen los recurrentes a fojas 175/177, tras admitir que la sumatoria de votos es una solución pretoriana que busca resolver el vacío legislativo producido por el hecho de que, a pesar de no estar previsto, los partidos políticos presentan listas con iguales candidatos, sostiene que la sumatoria se puede realizar una vez aplicada la ley electoral (en particular, la limitación del 3 % para cada partido individualmente); con-cluye en que des-pués de superar ese piso, las listas que tienen idéntica composición y que el ordenamiento legal habilita a participar en la asignación de cargos, se podrán su-mar los votos obtenidos para iguales candidatos. Advierto que aquí el razonamiento parece adolecer de una falacia de atingencia, toda vez que el término "lista" es utilizada ambiguamente o con dos sentidos distintos: lista se identifica, en el entendimiento de los recurrentes, con lista partidaria; si el partido que lleva la misma lista que otro, y no su-pera el umbral del 3 %, esos votos no se cuentan, pero reconoce que si supera ese um-bral mínimo, los votos de esa lista (¿partida-ria?) deben contabilizarse; en este punto, observo el posible equívoco, pues, en el concepto inicial de lista, ésta se identifica con el partido político que la propone, pero en la conclu-sión del razonamiento, si se supera el tope mínimo de votos, ese concepto inicial de lista se desbiduja, en tanto pasa a conside-rarse como "nómina de candidatos", imputándose los votos obtenidos a éstos y no a los partidos políticos (PACELLA, Miguel A., "Curso de es-pecialización en magistratura. Razonamiento judicial. Argumentación y falacias", LA LEY, Sup.Act 14/10/2004, 1 y sgtes.).- Atendiendo al argumento expresado por los recurrentes en torno a la coordina-ción del art. 82 inc. b) de la Ley 2.551 con el art. 55 de la Ley Orgánica de Partidos Polí-ticos N° 4.746, considero que hay total coherencia en la interpretación que sostengo, toda vez que, por un lado, se coloca el piso mínimo del 3 % para la lista de candidatos, para pueda accederse a los cargos, y por otro lado, perfectamente puede producirse la caducidad de la personería jurídico - política de aquel "partido político" que no haya obtenido en alguna de las dos elecciones anteriores el tres por ciento del padrón electo-ral. En la primera de las normas, se menciona la lista en la interpretación que vengo ava-lando, y en esta última norma, la sanción se impone al partido político que no obtiene el piso mínimo del 3 % mencionado.

Tampoco observo que se presente, en la interpretación propuesta, la violación de la igualdad ante la ley sobre la que argumentan los recurrentes; justamente, hay un tra-tamiento desigual ya que las situaciones son diferentes: si dos partidos presentan sus pro-pias listas, sin hacer alianza alguna, corren con las consecuencias de la aplicación del art. 82 inc. b) de la Ley 2.551; en cambio, si se hizo una alianza de hecho, no prohibida por la Ley Electoral, y se presentó una misma lista de candidatos propuesta por otro u otros parti-dos políticos, y de ese modo supera el umbral del 3 %, se justifica el trata-miento diferente que aquí se propone, sin que la igualdad ante la ley se vea menoscaba-da (Art. 16 de la Constitución Nacional).- Una lectura detenida del precedente de la Corte Federal in re "U. C. R. - C. F. I. Partido Federal y FREJUPO", al resolver que debían sumarse los votos obtenidos por las listas N° 3 y 29, me permite concluir que no abordó expresamente la cuestión del piso mí-nimo que debe obtener cualquier lista (3 %), previsto en el art. 152 del Código Electoral entonces vigente; todo lo contrario: en el considerando 13° del voto de la ma-yoría de ese precedente, expresamente se dice que "en relación con la elección de dipu-tados nacionales, tampoco existe en el Código Electoral, disposición alguna que admita la prevalencia de los partidos sobre los candidatos" y allí, en el desarrollo de esa argu-mentación, se introduce la mención de los arts. 152 y 153 indicados; es más, ese prece-dente refuerza la noción de "lista" cuya interpretación propongo: así, el considerando 14°, expresamente concluye, en referencia a las listas de candidatos oficializadas N° 3 y 29, presentadas por la U.C.R: y la Confederación Federalista Independiente, que "am-bas contienen una misma nómina de candidatos, debiendo el total de los votos obteni-dos por esa lista, utilizarse a los fines pre-vistos por los arts. 152 y 153 del Código Elec-toral Nacional" (La cuestión aparece, en cambio, mencionada en la decisión recurrida: Cámara Nacional Electoral, 14/06/1.989, U. C. R. - C. F. I. Partido Federal y FREJU-PO", ED 134 - 757 y sgtes., en especial pág. 758 in fine, considerando 4°).- Debo agregar que la interpretación que propongo no vacía de contenido la norma en cuestión, es decir, la labor interpretativa no lleva a una suerte de derogación de la norma; la misma conserva toda su aplicación en los supuestos en que la lista, presentada en forma individual por un partido político o por varios partidos, sea recurriendo a una alianza formal o de hecho, no alcance el porcentaje precisado calculado sobre el padrón electoral del dis-trito correspondiente.

5. Asimismo, destaco que la teoría de los actos propios, alegada por los recurren-tes, no tiene aplicación en la situación analizada; en este sentido, postulan que los parti-dos políticos que concurren con la misma lista o nómina de candidatos aceptaron el ré-gimen previsto por el art. 82 inc. b) de la Ley 2.551 y por ello, no pueden luego preten-der sumar los votos obtenidos por cada partido individualmente considerado si no supe-ran el mentado 3 % del padrón del distrito correspondiente.

No discuto que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos a través del ejercicio de una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídica-mente re-levante y eficaz; esta situación exige como requisitos que: a) exista una situa-ción jurídica preexistente, b) una conducta jurídicamente eficaz, que suscite en la otra parte una expecta-tiva seria de comportamiento futuro y c) que exista una pretensión con-tradictoria con la conducta anterior atribuible al mismo sujeto (ALTERINI, Atilio A., "Actos propios", Enci-clopedia de Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, Tomo I A?B., págs.: 815).- Sin embargo, la teoría de los actos propios resulta, en el contexto propuesto por los recurrentes, inaplicable si se tiene en cuenta que la propia Junta Electoral de la Pro-vincia venía propiciando determinada interpretación normativa de "lista" y los partidos en cues-tión habían logrado oficializar sus boletas en su oportunidad, en las condiciones descriptas, generándose una expectativa de que el criterio aplicado en situaciones análo-gas, también se aplicaría al proceso electoral 2.009. Por lo demás, la teoría de los actos propios tiene carácter residual y en el caso, se observa, con meridiana claridad, que los partidos recurri-dos nunca desplegaron conducta alguna que contradiga un comporta-miento previo, gene-rador de alguna expectativa de comportamiento futuro en los recu-rrentes; puedo afirmar que, en todo caso, el sometimiento voluntario a un determinado régimen jurídico se efectuó sobre la base de la existencia de precedentes análogos, en el orden provincial y nacional, sobre distintos tópicos vinculados con la cuestión a resolver en autos (por ej., la permisivi-dad de las alianzas de hecho, la sumatoria de votos de listas espejos, etc.), en tanto que lo que pretenden los aquí recurrentes es una determinada interpretación del art. 82 inc. b) de la Ley Electoral de la Provincia, parcialmente nove-dosa, con respecto a casos resueltos con anterioridad.

Aclaro que no se me escapa que, al formular la denuncia a fojas 55/65, en fecha 22/06/2.009, la propia apoderada del Partido para una Afirmación de una República Iguali-taria, reconoce - y acompaña prueba instrumental consistente en planillas de cál-culos y distribución de cargos, proporcionadas por el Ministerio del Interior de la Na-ción - que, en las elecciones de los años 2.005 y 2.007, se procedió a la sumatoria de votos, incluyendo partidos políticos que habían concurrido con la misma lista de candi-datos y que no habían obtenido el 3 % mencionado en el art. 82 inc. b) de la Ley 2.551.

6. Debo mencionar, en forma necesaria, el precedente de la Corte de Mendoza, de fecha 12/03/2.007, in re "Partido Afirmación para una República Igualitaria", que rechaza los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por los representantes del ARI contra la decisión de la Junta Electoral de Mendoza que admitió la sumatoria de votos de las listas propuestas por distintos partidos políticos que no habían formulado una alianza entre sí, a los términos de la Ley Electoral.

Como en aquel pronunciamiento, aquí no está en discusión un cargo de senador nacional y tampoco se ha alegado ni probado que las listas no tengan idénticos candida-tos, en la interpretación de lista que menciona ese precedente, estando "referenciado" el tema del tope o piso del 3 %, según surge de la síntesis de los agravios que se hace en ese sen-tencia contra la decisión impugnada de la Junta; sobre este último punto, vital para la solu-ción del presente caso, en el precedente analizado, los recurrentes, en el re-curso de casa-ción habían dicho que la Junta Electoral había considerado votos en listas que no alcanza-ron el 3 % del padrón electoral del distrito o municipio correspondiente, considerando las listas de los partidos Polo Social, Federal, Intransigente, Frente de In-tegración para un cambio el libertad Socialista y Recrear para el Crecimiento. Por un lado, el recurso de Inconstitucionalidad se desestimó siguiendo estos ar-gumentos: a) La decisión de la Honorable Junta Electoral no carece de motivación; así, la resolución que finalmente declaró los candidatos está precedida de una serie de actos que abordaron específicamente la cuestión relativa a la posibilidad de acumular votos y las dis-crepancias existentes sobre el punto; b) Tampoco es cierto que omita tratar el ar-gumento relativo al porcentaje mínimo establecido en la ley provincial. La HJE ha di-cho, sin ataque de la recurrente, que la elección está regida por la ley nacional y el quejoso no explicita qué artículo de esa normativa prevé un piso mínimo semejante.

Por otro lado, la Corte fundó el rechazo del recurso de Casación en que las razo-nes dadas por el recurrente eran insuficientes para apartarse de lo resuelto por la mayoría de la Corte Federal en el caso "U.C.R. c/Partido Federal", jurisprudencia seguida por la Honora-ble Junta Electoral de la Provincia desde que: a) No estaba en discusión un cargo de sena-dor nacional; y b) El quejoso no invocó, ni por supuesto probó, que no existiera identidad de listas. Está claro que, conforme al art. 64 de la Constitución de Mendoza, "el Poder Legis-lativo de la Provincia será ejercitado por dos cámaras: una de diputados y otra de Senado-res, elegidos directamente por secciones electorales con arreglo a las prescrip-ciones de esta Constitución y a la Ley de Elecciones"; a diferencia de la Constitución Nacional, los arts. 67 y 75, disponen, que tanto la Cámara de Diputados como de Sena-dores Provinciales, se compondrá de representantes del pueblo, en base a la población de cada sección electoral en que se divida, mediante elección directa.

En principio, tanto en este caso, como en el precedente de la Corte aquí glosado, los argumentos para fundar el rechazo del recurso de casación, en principio, y de lo que puede extraerse de una detenida lectura texto del fallo, son semejantes, toda vez que no se discute en autos la elección de un senador nacional, ni tampoco se ha alegado que las listas no sean idénticas. Además, en lo que aquí interesa, aclaro que el argumento relativo a la ley aplica-ble a los comicios provinciales que esgrime la Ministro preopinante se vincula con la aplica-ción de la Ley 15.262 de Elecciones Provinciales y Municipales simultáneas (B.O. 19/12/59) y su Decreto Reglamentario N° 17.265/59, cuyo alcance es discutido en doc-trina (AMAYA, Jorge Alejandro, "La simultaneidad de las elecciones nacionales y loca-les en las últimas reformas provinciales ¿un nuevo jaque al federalismo?", Revista de Derecho APECC, Año I, N° 2, Lima Perú, marzo de 2.004; para verificar la discusión al respecto, puede verse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29/04/2003, "Partido Justicialista Distrito Capital Federal", LA LEY 2003-E , 478, con nota de Gui-do I. Risso); en el caso analizado, según surge del expediente N° 566, caratulado: "Pro-ceso Electoral 2.009", el Decreto N° 546 del 6/04/2.009, se dispuso la convocatoria a elecciones provin-ciales simultáneas, de conformidad con lo dispuesto por el art. 85 de la Ley N° 2.551, resul-tando de aplicación la Ley Nacional N° 15.262 y el Decreto Regla-mentario N° 17.265/59, en cuanto prevé la unificación de las autoridades de comicios y escrutinio.

VIII. CONCLUSIONES DEL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN:

Estimo que, partiendo del concepto de lista al que adhiriera más arriba, la parte re-currente no lleva razón en sostener que la limitación establecido en el art. 82 inc. b de la Ley Provincial N° 2.551 debe ser aplicada en forma igualitaria a todas las listas de candida-tos individualmente consideradas, según sintetizo a continuación:

Interpretación lingüística:

La interpretación lingüística utiliza directivas que indican el modo en que se debe determinar el significado de una norma tomando en cuenta el contexto lingüístico; una norma jurídica se formula en un lenguaje jurídico el que tiene sus propias caracterís-ticas sintácticas, semánticas y pragmáticas (WRÓBLEWSKI, Jerzy, "La interpretación operativa y los problemas de justificación en el Derecho", en ZULETA PUCEIRO, En-rique, "Inter-pretación de la ley", Buenos Aires, LA LEY, 2.003, pág. 218); la Corte Fe-deral ha enseña-do que "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuan-do emplea varios términos opcionales, es regla segura de exégesis la de que esos térmi-nos no son superfluos sino empleados con algún propósito, dado que la inconsecuencia, en el legislador, no se presume" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 19/12/1.991, "Mansilla, Manuel", LA LEY 1.992 - C, 476) y que "la letra de la ley es su primera fuente de interpretación, y ésta debe llevarse a cabo sin violentar su significado especí-fico, máxime cuando aquel con-cuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente" (Corte Supre-ma de Justicia de la Nación, Fallos 324: 2.603).- Tomando estas directivas, desde una interpretación literal de la norma analizada surge con evidencia que "lista" refiere, necesariamente, a una "nómina ordenada", que, aplicada al ámbito específico del Derecho Electoral, permite ser interpretada como "nó-mina de candidatos" propuesta por el/los partido/s político/s, y no debe identificarse, nece-sariamente, como "lista partidaria", y que, por ende, en cuanto tal, puede ser presen-tada y compartida por dos o más partidos políticos, tal como surge de los arts. 60, 80 de la Ley 2.551.

Interpretación sistémica:

Este tipo de interpretación determina el significado de la norma interpretada de acuerdo con el contexto del sistema al que pertenece. El sistema jurídico considerado como conjunto de normas válidas dentro de dimensiones - espacios temporales defini-dos tiene la apariencia de un todo ordenado y en cierto grado consistente (WRÓ-BLEWSKI, Jerzy, "La interpretación operativa y los problemas de justificación en el Derecho", op. cit., pág. 221). En reiterados pronunciamientos, la Corte de la Nación ha afirmado que "las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totali-dad del ordenamiento jurídico y los principios y las garantías de raigambre constitu-cional para obtener un resultado adecuado" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10/03/1.988, "Bagnat, Juan c/Gobierno Nacional", LA LEY 1.988 - D, 489).

Desde una interpretación sistemática de las leyes en cuestión (Ley N° 4.746 de Par-tidos Políticos y Ley N° 2.551 Código Electoral de la Provincia de Mendoza) y del orde-namiento jurídico considerado en su totalidad, se refuerza la interpretación indicada de lista en el sentido de "nómina de candidatos" y no de lista partidaria. Si bien "lista" y "partido" pueden coincidir, como ocurre habitualmente, puede que ello no ocurra; cuan-do el legisla-dor ha querido referirse al partido lo ha hecho expresamente, por ejemplo al fijar el mismo porcentaje (3 %) para determinar como consecuencia jurídica la extinción de la personería del partido político (Art. 55 inc. c) de la Ley 4.746).- Como adelantara más arriba, la interpretación propuesta del art. 82 inc. b) de la Ley 2.551 no queda vacía de contenido, pues puede aplicarse cuando una lista, en el sentido expuesto, individualmente propuesta por un partido o resultado de la sumatoria de votos de los distintos partidos que proponen idéntica lista, no superen el 3 % tan men-tado.

Interpretación funcional:

Esta interpretación determina el significado de las normas teniendo en cuenta su contexto funcional; éste es un grupo más bien complejo de factores que incluye el siste-ma socio político y económico dentro del cual las reglas jurídicas son válidas, la cultura gene-ral de la sociedad, expresada en sus valoraciones y normas, propósitos sociopolíti-cos for-mulados por grupos relevantes, los fenómenos de civilización con relación a los cuales el derecho regula la conducta social, etc. (WRÓBLEWSKI, Jerzy, "La interpreta-ción opera-tiva y los problemas de justificación en el Derecho", op. cit., pág. 224). En palabras de la Corte Federal, "las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración de las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley por naturaleza tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su san-ción" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16/12/1-993, "Jalife, Elías", LA LEY 1.994 - D, 73).

En lo que aquí interesa, no se puede soslayar que la actual realidad a la que debe aplicarse la norma en cuestión avala la interpretación propuesta, desde que, como des-arrollara más arriba, a los fines de atender y respetar la voluntad del electorado, lo real y cierto es que, si bien con la necesaria intermediación de los partidos políticos -artículo 38, Constitución Nacional-, lo que el pueblo elige son candidatos, sin que la atribución exclu-siva de los partidos para la postulación de candidatos deba ni pueda ser entendida como la atribución de la representación del pueblo en estas instituciones.

Debe recordarse la profunda interacción existente entre la democracia represen-tativa y el respeto de los derechos humanos, a tal punto que puede afirmarse que se trata de dos caras de una misma moneda; en una sociedad democrática los derechos y liberta-des inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.

Resulta, entonces, un componente fundamental de la defensa de la democracia re-presentativa, el respeto por la auténtica y libre expresión de la soberanía popular en los ac-tos eleccionarios. Así, el art. 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Huma-nos, con rango constitucional (Art. 75, inc. 22, Constitución Nacional.) dispone que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad de su país" precisando que "esa voluntad se expresará mediante elecciones auténticas .".

Si bien los pactos internacionales de referencia no imponen ningún sistema elec-toral concreto, toda previsión de los ordenamientos locales debe ser compatible con las dis-posiciones aludidas, reflejando con fidelidad la expresión de la voluntad popular. En parti-cular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deriva la necesidad de preser-var a los partícipes de los comicios de ambigüedades y vaivenes relativos a los recaudos y efectos de su intervención como candidatos. Así, en el caso "Yatama" observó la am-bigüedad de la Ley Electoral nicaragüense, por no establecer con claridad las conse-cuencias del incum-plimiento de ciertos requisitos tanto para quienes participaban a tra-vés de un partido como para quienes lo hacían formando una alianza. Consideró en tal sentido que dicho cuerpo legal no permite un claro entendimiento del proceso por parte de los ciudadanos y de los órganos electorales y favorece su aplicación arbitraria y dis-crecional mediante interpreta-ciones extensivas y contradictorias (Corte IDH, Caso Ya-tama, Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 212).

Se destaca, entonces, que la garantía consistente en la autenticidad o fidelidad del reflejo de la voluntad del electorado manifestada en el comicio, así como la preser-vación contra ambigüedades provenientes del legislador, resulta plenamente trasladable al ámbito de las interpretaciones de los órganos encargados de definir las controversias electorales (Del voto del Dr. Hitters en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 24/10/2007, "Tunessi, Juan Pedro", La Ley Online, AR/JUR/6761/2007).

Tomando en consideración las diversas premisas en las que he fundado mi razo-namiento en este voto, sólo puedo concluir en que el total de los votos computables para la lista es el que resulta de la sumatoria de todos los votos emitidos en su favor; tal co-mo lo resuelve la mayoría de la Honorable Junta Electoral de la Provincial, recién en este último momento - y no en forma previa - debe hacerse efectiva la aplicación de la discriminación (3 % del padrón electoral del distrito electoral que corresponda) que formula el art. 82 inc. b) de la Ley 2.551.

Desde los diversos parámetros interpretativos propuestos, no observo, entonces, la errónea interpretación y falta de aplicación normativa denunciadas en el recurso de casa-ción, y por ello, entiendo que debe confirmarse la decisión de la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Mendoza y, en consecuencia, no excluir de la sumatoria a las listas que, aunque con idénticos candidatos, no hayan alcanzado el mínimo del 3 % de los votos de la sección que le corresponde; en definitiva, conforme a lo establecido en el art. 159 2° párra-fo incisos 1° y 2° del C.P.C., el recurso de casación planteado a fojas 167/181 debe ser des-estimado.

Así voto.- SOBRE LA SEGUNDA CUESTION, LA DRA. GRACIELA MASTRASCUSA, DIJO:

Por todo lo expuesto el dispositivo I de la resolución de la Honorable Junta Electo-ral que obra a fs. 112/119 del Expte nº 607, "NAMAN , María Alejandra s/formula reserva" originario de la Honorable Junta Electoral debe sustituirse por el siguiente: "I. Hacer lugar al planteo impetrado por los accionantes, María Alejandra Naman, apoderada del partido Afirmación para un República Igualitaria; Jorge Albarra-cín, y Néstor M. Parés, apoderados del Frente Cívico Federal UCR-CONFE; Mauricio Gaibazzi, apoderado del Frente Partido Demócrata -PRO-RECREAR y Claudio Luis Laciar apoderado del partido político En-cuentro Por San Carlos, y en consecuencia dis-poner la exclusión de la sumatoria a las listas que, aunque idénticas, no hayan alcanzado el 3% del padrón electoral del distrito o munici-pio que corresponda." Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. GIANELLA y LEIVA, adhieren al voto que an-tecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION LA DRA. GRACIELA MASTRASCUSA, DIJO:

Las costas del presente recurso deben ser impuestas a los recurridos por resultar vencidos (art. 36 del C.P.C.).

Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. GIANELLA y LEIVA, adhieren al voto que an-tecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 20 de mayo de 2.011.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Su-prema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Hacer lugar al recurso extraordinario de Casación interpuesto a fs. 167/181 y en consecuencia, anular el dispositivo I de la resolución de la Honorable Junta Electoral que obra a fs. 112/119 del Expte nº 607, "NAMAN , María Alejandra s/formula reserva" origi-nario de la Honorable Junta Electoral, el que quedará redactado de la siguiente ma-nera:

"I. Hacer lugar al planteo impetrado por los accionantes, María Alejandra Naman, apoderada del partido Afirmación para un República Igualitaria; Jorge Albarra-cín, y Néstor M. Parés, apoderados del Frente Cívico Federal UCR-CONFE; Mauricio Gaibaz-zi, apoderado del Frente Partido Demócrata -PRO-RECREAR y Claudio Luis Laciar apo-derado del partido político Encuentro Por San Carlos, y en consecuencia dis-poner la ex-clusión de la sumatoria a las listas que, aunque idénticas, no hayan alcanzado el 3% del padrón electoral del distrito o municipio que corresponda." II. Imponer las costas a la parte recurrida vencida.

III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Notifíquese.

DRA. GRACIELA MASTRASCUSA DR. HORACIO GIANELLA en voto ampliatorio) DR. CLAUDIO LEIVA (en disidencia)