Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-25


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pro-vincia del Chubut, a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "T., R. G. y otros c/ S. P. C. s/ DEMANDA LABORAL (indem. de ley)", Expte. No. 15.269/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Ins-tancia en lo Laboral (Expte. No. 2327/03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Có-digo de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 373), co-rrespondió el siguiente orden para la votación: Dr. Ju-lio Antonio Alexandre, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y vo-tar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 326/337? y SE-GUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia de fs. 326/337 es ape-lada por las partes y letrados de la demandada de con-formidad con lo informado en la planilla de elevación de fs. 370.

Por una cuestión de orden lógico en el tratamiento de los temas traídos en revisión abordaré en primer lugar los planteados por la accionante, el resultado incidirá en la solución que propicia la de-mandada.

Sostienen los recurrentes que la a quo ha determinado incorrectamente los haberes remunerato-rios de R. G. T. pues no los ha integrado con el SAC tal como informa la jurisprudencia que indica, circuns-tancia que incidirá negativamente en los demás rubros indemnizatorios.

Que idéntico error se advierte en las liquidaciones del resto de los actores.

Se alzan, asimismo y por las razones que aportan en contra del decisorio en cuanto rechaza las indemnizaciones previstas por el art. 2 de la ley 25.323, cuando en realidad se ha configurado la situa-ción allí prevista.

La accionada sostiene la sentencia salvo en lo que refiere a la condena en costas, solicitando su distribución conforme la jurisprudencia que señalan y que resultaría aplicable en el caso.

Vale recordar que la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria. La prescindencia de tal limitación causa agravio a las garantías constitu-cionales de la propiedad y de la defensa en juicio (ver v.gr. CS, setiembre 12-995 "The Coca Cola Company y otros ..." en Rev. LA LEY del 20/11/95, p. 5, fallo 93.763 y doctrina de fallos 310:1371; 311:696 y 1601; 311:1829). Dentro de tal marco de actuación ana-lizaré en primer lugar el primer agravio de la accio-nante.

Que si bien los antecedentes jurispru-denciales locales pueden mostrarse como vacilantes en esta cuestión, la integración del SAC en el salario ba-se, por lo general ocurre por consentimiento del deman-dado y sin obligación de actuar de oficio, en el caso se nos impone una solución fundada y en consecuencia recuerdo que la evolución del instituto desde aquella "gratificación obligatoria" impuesta en época de bonan-za económica a la obligación semestral actual "de impe-riosa necesidad" por las emergencias constantes que nos toca vivir en tal ámbito, han generado profundas diver-gencias en cuanto a su presunta mutabilidad. En tal sentido recuerdo la utilidad de la lectura de Justo Ló-pez en su obra "El salario", Ed. 1988, págs. 191 y ss. parág. 9.

No obstante el avance doctrinario y ju-risprudencial en cuanto a su inclusión a los fines de la determinación de la remuneración base para el cálcu-lo de la indemnización por antigüedad, y por estricto cumplimiento de las directivas que emergen del art. 245 LCT, entiendo que debe interpretarse como mejor remune-ración mensual, normal y habitual, a los fines del pago de la indemnización por antigüedad, a la mejor remune-ración percibida (o devengada en su caso) por el traba-jador con la anterioridad fijada por la ley a la fecha del distracto. Integran la misma todos los rubros que componen el salario, excluyendo gratificaciones extra-ordinarias, SAC y otras prestaciones que por su natura-leza no sean susceptibles de ser percibidas todos los meses.

Y es que el art. 245 de la LCT se refie-re a la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Y el sueldo anual complementario o cualquier otra gra-tificación extraordinaria anual, aunque "normal" (con-forme a las normas) y "habitual" (acostumbrado) no es mensual, ya que no se paga todos los meses, aunque se gana en cada momento. Con aquella delimitación, el le-gislador ha buscado que el resarcimiento por antigüedad se calcule sobre el haber que mensualmente tiene a sus disposición el trabajador como retribución por su des-empeño, con exclusión de asignaciones no mensuales y de premios o remuneraciones extraordinarias (en el sentido de no habituales).

En tal sentido se reiteran los fallos que señalan que no todo ítem retributivo debe ser com-putado para determinar el importe de las indemnizacio-nes por despido; siendo al efecto computables únicamen-te las normales y habituales, de periodicidad mensual" (CTrab., Cba. Sala II, 02/10/2001 -"M., O. H. c/ D. A. S.A. -Demanda"- elDial - AACCD). Y que no corresponde calcular el sueldo anual complementario sobre la remu-neración que es tenida en cuenta para determinar la in-demnización por antigüedad, pues en relación con la ba-se remuneratoria que debe computarse para el cálculo de la indemnización prevista por el art. 245 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238), la norma establece que la misma debe ser la mejor mensual normal y habi-tual percibida durante el plazo de prestación de servi-cios y la parte proporcional del aguinaldo no integra el salario mensual y habitual porque no se trata de una remuneración mensual sino de un adicional que se paga semestralmente (Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-bajo, sala III, 30/08/1996, B., A. F. c. L., J. J. e H. S.A. y otro, DT 1997-A, 950; Rev. Derecho Laboral diri-gida por Vázquez Vialard y Valentín Rubio, Ed. Rubinzal Culzoni 2000, t. I, pág. 472 y ss, nº 393, 394 y Rev. De 2005-1 "Remuneraciones II", pág. 480 p. a); CNTrab., sala VIII, 2002/07/15, DT 2003-A, 359; CNTrab., sala IV, 2001/08/16, DT 2002-A, 742; CNTrab., sala I, 2004/02/17, 2004-A, 651). En atención al espíritu y letra del art. 2º de la ley 25.323 y conforme las constancias adquiri-das en la causa, disiento con los fundamentos de la a quo en cuanto a la denegación del plus indemnizativo allí establecido en tanto y en cuanto se cumplan los requisitos que prevé. Así, ha quedado demostrado que del resultado del análisis de la liquidación final per-cibida por los reclamantes, ha merecido reparos y ajus-tes consentidos en esta instancia por la demandada en consecuencia, han quedado justificadas las intimaciones formuladas en cuanto a la procedencia de tal agrava-miento (fs. 4, 15 y 16) y su integración en el escrito inicial, contrariamente la falta de impugnación concre-ta y fundada respecto del ítem en la contestación de demanda que conformara una justificación objetivamente razonable tal como pacíficamente admiten doctrina y ju-risprudencia en casos como el de autos (ver v.gr. CNTrab., sala VIII, 2003/11/28, DT 2004-A, 816). Todo lo cual torna justificada la revisión actual en el pun-to tratado.

Deberá en consecuencia modificarse el fallo incluyendo el rubro en cuestión en los montos de condena.

En cuanto a la queja de la demandada va-le recordar que éste no es el caso del art. 71 CPr. y en tal sentido se ha aclarado que: "Se ha considerado que las reglas procesales no llevan necesariamente a que la demanda parcialmente admitida implique distribu-ción de las costas, ya que no se trata de un caso de vencimiento parcial y mutuo para el que es necesario que existan pretensiones recíprocas deducidas por vía de demanda y reconvención, o bien acumulación de accio-nes, de las cuales alguna sea admitida y otra rechaza-da" (ver v.gr. CNCiv. Sala "C", 23/9/74, ED.59-372, Nº 19, LL, 1975-A-877, Nº 883).

Y en esa línea de pensamiento, se ha de-cidido que en materia de costas rige el principio de imposición al vencido, esto es, a quien el rechazo to-tal de la demanda obtiene un pronunciamiento adverso, aún cuando la pretensión del actor sólo prospere en parte. En consecuencia, no puede hablarse de vencimien-to mutuo si no existen pretensiones recíprocas entre las partes, como sucede en el caso de la reconvención, en el cual las costas se distribuyen en proporción al éxito obtenido por cada una de ellas (SC Mendoza, 8/5/95, citado por D'Eramo-Santuccione, Costas, LL,1997-B-833, Nº 12 y 13)" (ver elDial - AA14E5). Si tal es la solución pacíficamente admitida tratándose de cuestiones de derecho común, menor dificultad emerge en el fuero por imperio del art. 59 de la ley 69 en rela-ción al 68 CPr. por remisión expresa del art. 76 ley 69, que sin ser resultar de aplicación automática re-quiere de exigencias extremas a los fines de su morige-ración, que no se dan en el caso, máxime cuando por el resultado de la presente, de prosperar la propuesta en el acuerdo, el incumplimiento de la demandada se ve agravado.

Conforme lo expuesto opino que debe re-chazarse parcialmente el recurso apelación interpuesto por la actora, acogiéndolo tan solo en cuanto a la configuración de la situación prevista por el art. 2º de la ley 25.323 y desestimar la queja de la demandada quien soportará las costas de ésta ins-tancia.

Habiéndose modificado el monto del jui-cio deberán adecuarse los honorarios del primera ins-tancia de conformidad por lo ordenado en el art. 279 CPr. y fijarse los de ésta a la hora del acuerdo en el que se tendrán en cuanta las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335.

A la segunda cuestión del Dr. Alexandre dijo: 1) Acoger parcialmente los agravios de la accionante debiéndose incrementar la obligación in-demnizatoria fijada en el punto 1 de la sentencia de fs. 326/337 en el momento del acuerdo, conforme los considerandos pertinentes.

2) Rechazar la apelación articulada por la demandada, debiendo soportar las costas de ambas instancias.

3) Viéndose modificado el monto de la sentencia conforme el punto 1 de la presente y por im-perio de lo ordenado en el art. 279 CPr. deberán ade-cuarse los honorarios de primera instancia y regularse los de ésta al momento del acuerdo todo conforme los considerandos pertinentes. A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. La sentencia de primera instancia obrante a fs. 327/337, fue apelada por la actora a fs. 338 y por la demanda a fs. 339. Los letrados apoderados de la demandada invocando tal representación y por pro-pio derecho apelaron, a fs. 341/343, los honorarios re-gulados por altos. Los recursos fueron concedidos a fs. 344. A fs. 356/361 la actora expresó agravios y a fs. 362/364 la demandada.

2. En relación a los agravios, señalo que no resultará necesario su puntual descripción desde que ya ha sido efectuada por mi colega preopinante y la manda del artículo 169 de la Constitución pro-vincial no exige la repetición de estos en cada uno de los votos. 3. Tratamiento de los agravios.

He de comenzar dando tratamiento a los agravios de la actora puesto que así lo impone una cuestión de orden metodológico.

3.a. Su primer agravio se vincula con la determinación de la base indemnizatoria para el cálculo de la indemnización por antigüedad, concretamente, im-pugna la falta de inclusión del sueldo anual complemen-tario en la misma; adelanto que he de propiciar el re-chazo del agravio.

El argumento central que avala tal pos-tura es la falta de periodicidad mensual del sueldo anual complementario. Tal carácter y la directiva del artículo 245 de la LCT que alude a la mejor remunera-ción mensual, normal y habitual excluye la posibilidad de reconocerle la incidencia indemnizatoria que se pre-tende (Conf. "Tratado del Derecho del Trabajo", dirigi-do por Vázquez Vialard, T. 5, Ed. Astrea, Bs. As. 1984, p. 277; ídem Grisolía, Julio Armando, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", octava edición ac-tualizada, Lexis Nexis- Depalma, Bs. As. 2003, p.557).

Por lo expuesto, no ha de prosperar la queja de la recurrente en el punto.

3.b. En segundo lugar, resiste la actora el rechazo de la aplicación de la multa prevista por el artículo 2 de la ley 25.323. La crítica es procedente y poco es lo que puedo agregar al análisis efectuado por mi colega preopinante.

Importa destacar, primero, que los acto-res fueron despedidos sin invocación de justa causa -fs. 3, 14, 25 y 36- luego que, intimaron el pago de diferencias en liquidación final y de la doble indemni-zación, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el ar-tículo 2 de la Ley 25.323 -fs. 4 y 6; 15y 17; 26 y 28; 38-. Por lo expuesto, al no efectivizar lo debido, la demandada quedó incursa en la aplicación integral de la norma referenciada.

Asiste razón a la recurrente cuando sos-tiene en el tratamiento de esta cuestión que la senten-ciante se ha apartado de las constancias de la causa al no valorar la conducta adoptada por la empleadora en relación a la cuestión debatida.Tal como se señala en la memoria de fs. 356/361, se advierte que la obligada no alegó alguna razón para justificar la falta de pago de la doble in-demnización, verbigracia su constitucionalidad "per se" o la de su vigencia; sólo afirma dogmáticamente que no corresponde el pago de suma alguna porque cumplió la ley 20.744. A su vez, no se advierte que concurran otras eventuales causas justificantes que autoricen una solución distinta. Ello, podría ocurrir en los casos en que el empleador consideró que se daban las condiciones para el despido con justa causa y el tribunal concluyó que había mérito para una sanción no máxima, o también cuando no se pudo satisfacer la intimación por una cau-sa de fuerza mayor no imputable (conf. Jorge J. Sappia "El agravamiento indemnizatorio en la ley 25.323", D.T. 2002-A-223; criterio receptado en S.D. nº 1/05 y 58/05 de esta Sala).

En este contexto, concluyo que corres-ponde hacer lugar al agravio de la parte actora y revo-car el fallo en cuanto eximió a la demandada del recar-go del art. 2 de la Ley 25.323, respecto a las indemni-zación por preaviso y antigüedad correspondiente a los actores, adhiriendo así a la solución que propone mi colega preopinante.

En base a lo expuesto, corresponde reco-nocer a los actores en concepto de multa artículo 2 de la ley 25.323, las sumas siguientes: R. G. T., pesos once mil quince con ochenta y tres centavos ($11.015,83); D. D. C. M., pesos seis mil doscientos diecinueve con setenta y tres centavos ($6.219,73); G. D. C. S., pesos seis mil setecientos ochenta y siete con treinta centavos ($ 6.787,30) y G. M. la suma de pesos once mil cuarenta y tres con cuarenta y ocho cen-tavos ($ 11.043,48).

3.c. La apelación de la imposición de las costas y de los honorarios.

El modo en que ha sido resuelta la cues-tión determina que resulte de abstracto tratamiento el recurso de apelación interpuesto por la demandada fs. 339 y contra la regulación de honorarios contenida en la sentencia en crisis -fs. 341/343-. Ello desde que la modificación del monto de condena impone la revisión de ambos extremos, conforme lo dispuesto por el artículo 279 del C.P.C.C.Ch. aplicable en la especie por expresa remisión de la ley 69. 4. Las costas y honorarios.

Conforme lo expuesto precedentemente, corresponde la readecuación de las costas y honorarios de primera instancia.

En relación a las costas he de señalar que dado que el reclamo originario ha tenido acogida en lo sustancial no se advierten motivos suficientes para variar el criterio de imposición del fallo de primera instancia. Sí corresponde la readecuación de los hono-rarios atendiendo al monto por el cual en definitiva prospera la demanda.

Por lo expuesto y teniendo presente las pautas generales contenidas en el artículo 6 del decre-to 2200 modificado por ley 4335 y las escalas arancela-rias aplicables conforme previsión de los artículos 7 y 9, he de cuantificar los honorarios de la instancia de grado a favor de los Dres. E. J. M., J. M. P. y V. D. R., conjuntamente, en la suma de pesos veinte mil ($20.000,00), los correspondientes a la Dra. B. I. P. en la suma de pesos veintiocho ocho mil ($28.000) y del perito contador A. B. en la suma de pesos cuatro mil quinientos ($4.500,00).

Las costas de la instancia se imponen a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota y atendiendo a la procedencia parcial del recurso y su incidencia en la materia debatida.

Los honorarios de los letrados se regu-larán de conformidad con las pautas generales ya enun-ciadas y en un todo de acuerdo con la previsión especí-fica contenida en el artículo 14 del régimen arancela-rio vigente.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 338.

2º) Modificar parcialmente el punto 1º de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 326/337, estableciendo las sumas adeudadas a favor del señor R. G. T. en pesos treinta y tres mil ciento treinta y ocho con cuarenta y tres centavos ($33.138,43); de la señora D. D. C. M., en pesos dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con noventa y cinco centavos ($18.835,95); G. D. C. S., pesos veinte mil cuatrocientos dieciocho con noventa centavos ($ 20.418,90) y G. M. la suma de pesos treinta y tres mil ciento doscientos veinte con treinta y cuatro centavos ($33.220,34).

3º) Declarar que carece de relevancia jurídica el tratamiento de los recursos interpuestos a fs. 339 y 341/343.

4º) Modificar la regulación de honora-rios contenida en el punto 4 de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 326/336 y vta. Fijar los honorarios de primera instancia correspondiente a la Dra. I. B. P. en la suma de pesos veintiocho mil ($28.000), los de los Dres. E. J. M., J. M. P. y V. D. R., conjuntamente, en la suma de pesos veintiún mil ($21.000,00) y los del perito contador A. B. en la suma de pesos cuatro mil quinientos ($4.500,00).

5º) Costas de esta instancia a la deman-dada, conforme lo señalado en el considerando respecti-vo. Regular los honorarios de segunda instancia corres-pondientes a la Dra. I. B. P. en la suma de pesos ocho mil ($8.000) y los de los Dres. E. J. M. y J. M. P., conjuntamente, en la suma de pesos seis mil ($6.000,00).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 338.

2º) Modificar parcialmente el punto 1º de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 326/337, estableciendo las sumas adeudadas a favor del señor R. G. T. en PESOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($33.138,43); de la señora D. D. C. M., en PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($18.835,95); de G. D. C. S., en PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECIO-CHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 20.418,90) y de G. M. en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($33.220,34).

3º) Declarar que carece de relevancia jurídica el tratamiento de los recursos interpuestos a fs. 339 y 341/343.

4º) Modificar la regulación de honora-rios contenida en el punto 4 de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 326/336 y vta. Fijar los honorarios de primera instancia correspondiente a la Dra. I. B. P. en la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000), los de los Dres. E. J. M., J. M. P. y V. D. R., conjuntamente, en la suma de PESOS VEINTIÚN MIL ($21.000,00) y los del perito contador A. B. en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00).

5º) Costas de esta instancia a la deman-dada, conforme lo señalado en el considerando respecti-vo. Regular los honorarios de segunda instancia corres-pondientes a la Dra. I. B. P. en la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) y los de los Dres. E. J. M. y J. M. P., conjuntamente, en la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00).

6º) Regístrese, notifíquese y devuélva-se.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelan-ca y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

SILVIA N. ALONSO DE ARIET (Presidente) - JULIO ANTONIO ALEXANDRE (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 82 DEL AÑO 2005 - DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS