marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inconstitucionalidad, legitimación activa, sentencia interlocutoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piantino, Gustavo Rafael Enrique y ot. c/ Municipalidad de Tigre s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Fiscal N° 3394/13 y Ordenanza Impositiva N° 3395/13
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Constitución de la Provincia), no hay duda de que la aptitud legitimante en el proceso constitucional supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que se invoca.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios, deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: LLOVERAS, Rubén Eduardo c/ Ovalles, Laura Cristina s/ ordinario s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29

No resulta absurda la apreciación del a quo, en el sentido de que el convenio cumplió con su finalidad, al tener por reconocido que el letrado efectuó su labor realizando gestiones extrajudiciales, y que en función de ello la demandada está obligada a abonar los honorarios pactados. Ello así, desde que se compadece con los hechos probados en el expediente, a saber: a) que las partes estuvieron unidas por un convenio de honorarios; b) de las cláusulas del convenio se desprende que los servicios del abogado comprendían la realización de gestiones administrativas y extrajudiciales (cláusula 2°); c) que el convenio no se anulaba por revocación del poder o rescisión unilateral del mandante; d) el mandante reconoce la realización de gestiones extrajudiciales conforme carta documento de fecha 14 de marzo de 2013 (fs. 04) y revoca mandato; e) los honorarios no fueron saldados al letrado. Y el requerimiento previo de instrucciones del letrado constituye el pilar fundamental por el cual el a quo hace decaer el argumento de la demandada de falta de cumplimiento del actor de su mandato, ya que denota -por el contrario- su interés en la prosecución de la labor encomendada y la falta de colaboración de la mandante.
Garantías procesales, jueces naturales, integración del tribunal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonorino Peró, Abel c/ Nación Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Las garantías del juez natural, del debido proceso y de la defensa en juicio exigen tanto que el Tribunal como ¨órgano institución¨ se halle establecido por la ley anterior al hecho de la causa, cuanto que haya jueces que, como ¨órganos individuo¨, hagan viable la actuación de aquél en las causas en que legalmente se le requiera y le corresponda.
Habeas corpus, condiciones de detención, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, superintendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: J., D. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - RECURSO D  E HABEAS CORPUS CORRECTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 134 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

Corresponde rechazar el pedido de habeas corpus correctivo interpuesto por internos alojados en la Alcaidía de Policía de una localidad provincial, siendo que -para así considerarlo- hay que valorar que de manera excepcional, la Presidencia del Alto Cuerpo dispuso una vista al Máximo representante del Ministerio Público y éste, obviando también las cuestiones formales, entendió que, en relación al fondo del asunto, no existe en la especie materia constitucional sobre la cual expedirse, por cuanto la resolución atacada se encuentra suficientemente fundada. Y es que, no puede dejar de ponderarse que en las instancias de grado, se adoptaron las medidas de superintendencia necesarias para dar satisfacción a la solicitud de los internos recurrentes y que, lo referente a la cobertura de los cargos públicos, aún a desmedro de cualquier requisito formal, no resulta una cuestión de incumbencia judicial.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, sentencia, sentencia de trance y remate, canon locativo, allanamiento, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Galdeano Alvarado, Liliana Rita c/ Buriel Gastronomica SRL y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde confirmar la sentencia de trance y remate que mandó llevar adelante la ejecución por los cánones impagos de un contrato de locación. Ello, sin perjuicio de que los ejecutados se allanaron y abonaron la suma reclamada con fecha posterior a la promoción de la demanda. Consecuentemente, los efectos del referido pago podrán ser discutidos, eventualmente, en la etapa de ejecución de la sentencia.
Materia: CIVIL
Carátula: CORLLI CARLOS c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO S/ RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-23

Todos los vicios procesales son susceptibles de confirmación, a condición que de exista el acto. Una cosa es que un acto jurídico haya nacido defectuoso en mayor o menor grado y otra cosa es que un acto jurídico no haya tenido nacimiento. Así, en el segundo caso, hablamos de actos jurídicos inexistentes. Por lo tanto, no es susceptible de confirmación ni de subsanación por la actividad de las partes ni del juez. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excarcelación, resoluciones equiparables a definitiva, inexistencia de cuestión federal suficiente, peculado, fraude a la Administración Pública
Materia: PENAL
Carátula: Jaime, Ricardo Raúl s/incidente de excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-13

Si bien la decisión que denegó la excarcelación restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar -prima facie- de imposible reparación ulterior, y es por tanto, equiparable a una sentencia definitiva en los términos previstos en el art. 457 CPPN, ello no basta para habilitar la instancia casatoria pues a esos fines es necesario que se halle además involucrada en el caso alguna cuestión federal, la que no se verifica en el sub lite, desde que el recurrente no consigue demostrar el vicio jurídico que alega. Asimismo, al imputado se le atribuyen los delitos de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, y partícipe necesario del delito de tráfico de influencias, todos los que concurren en forma ideal (arts. 261, 173 inc. 7º -174 inc. 5º-, 256, 265, 256 bis, 54 y 45 CP), hay decisiones concordantes del juez y la cámara, una de las condenas dictadas fue por sustraer documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, dato que se estimó que torna razonable la presunción de entorpecimiento, la prisión preventiva no ha tenido una duración excesiva, y se encuentra comprometida la intervención estatal en el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra delitos cometidos desde la función pública y vinculados con ésta.
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, acto administrativo, demolición de obra, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Camarotti, Vicente Jorge c/ Municipalidad de Casilda s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº  279-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-11

No puede invocar un interés legítimo sino un derecho subjetivo el recurrente que pretende que no se le obligue a realizar reparaciones en su propiedad, consideradas innecesarias y que ocasionarían daño patrimonial, ya que el interés resulta propio, único y exclusivo del actor, en relación al objeto del acto: no se encuentra protegido como consecuencia de la tutela jurídica del interés público, sino que el ordenamiento jurídico le brinda la posibilidad de una protección directa e inmediata, y no refleja, ocasional o indirecta del interés público.
Daños y perjuicios, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rogati, Román Florentino Nicolás c/ Domenech, Ernesto Eduardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

La ley 8085 -jurado de enjuiciamiento de magistrados- texto vigente, expresamente establece, a través de su art. 24, que "la acción civil por daños y perjuicios que autoriza el art. 44 de la Constitución, debe deducirse ante los jueces ordinarios, independientemente de la acción a que se refieren los artículos precedentes", esto es, a la de acusación o requerimiento judicial contra los magistrados o funcionarios a que hacen mención los arts. 147 y 172 de la Constitución de la Prov. de Bs. As. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad, personal de casas particulares, aplicación de la ley, despido indirecto, diferencias salariales, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: BASUALTO, ÉRIKA CRISTINA. c/ GIMÉNEZ, MARÍA Y OTRO. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-15

Si el decisorio impugnado reconoció que las tareas prestadas por la actora en el local de los demandantes no fueron preponderantes para la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, entonces debió haber concluido -y no lo hizo- que tales tareas se encuentran comprendidas en el Estatuto de Servicio Doméstico porque eran complementarias de las prestadas en el hogar de los demandados.

Siguiendo el principio determinante de la actividad principal como regla, si ella fue la de servicio doméstico, no excluye ese encuadramiento la prestación esporádica -tal como surge de los testimonios rendidos en la causa- de servicios en el negocio ubicado en el mismo predio del hogar familiar. Ello, resulta una extensión del servicio prestado "para la casa".
Encubrimiento real con receptación, encubrimiento real con receptación de cosas de procedencia sospechosa
Materia: PENAL
Carátula: PAPADOPULOS, Daniel s/ ENCUBRIMIENTO  CON RECEPTACION. ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACION DE COSA  DE PROCEDENCIA SOSPECHOSA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-14

1) La conducta del prevenido, que recibió de su novia objetos de valor, los que procedió a venderlos, sabiendo que eran robados, configuraba, antes de la sanción de la ley 23077, el delito previsto en el art. 278 C. Penal, precepto que en la actualidad se encuentra contenido en el art. 277 inc. 3 C. Penal -encubrimiento con receptación-, debiendo confirmarse la sentencia condenatoria en ese aspecto, con el cambio de encuadramiento legal.

2) Respecto al otro hecho, por el que fue condenado por encubrimiento por receptación de cosa de procedencia sospechosa (art. 278 bis C. Penal ley 21338), debe declararse atípica tal conducta, dado que el mencionado artículo fue derogado por la ley 23077.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), honorarios
Materia: PENAL
Carátula: ORDONEZ DUCCA, RAUL A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE CASACION EN AUTOS:"DIOZQUEZ  MIGUEL EDGARDO s.d. DE HOMICIDIO CULPOSO e.p. DE ALBORNOZ DANTE".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-12-18

Los honorarios regulados por instancias inferiores, resulta ajeno a esta instancia extraordinaria siendo inimpugnables por inaplicabilidad de la ley los pronunciamientos definitivos en materia de honorarios, tanto en lo referente a su monto, como a las pautas regulatorias seguidas, por lo que no corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto.
Jornada de trabajo, horas extra, franco compensatorio
Materia: LABORAL
Carátula: AQUINO, Federico Ariel c/ A.R.A.S.A. y/o SUPER REY s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-06-14

No son horas suplementarias que den derecho a aumento de salarios, los días inhábiles en que el trabajador cumple una jornada normal, ya que la ley ha establecido para estos casos el otorgamiento de un descanso compensatorio de la misma duración, procediendo abonar el salario habitual con un recargo del cien por ciento sólo en el supuesto de omisión de otorgamiento del descanso compensatorio en tiempo y forma. Solo son horas suplementarias en el sentido de la ley y dan derecho a aumento de salario las horas extraordinarias trabajadas con exceso de la jornada legal.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: CAPO, JOSE c/ PETRILLO, GUIDO s/ DEMANDA. COBRO DE PESOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 80-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

La postulación del recurrente de que el decisorio atacado efectúa una interpretación desnaturalizadora del texto legal aplicable -al imponerle la carga de probar el contenido de los recibos de pagos cuya firma reconociera el actor, (apartándose de lo preceptuado por el artículo 1017 del Código Civil) cuando el artículo 60 de la Ley de Contrato de Trabajo impone esa prueba al trabajador- lesiona derechos constitucionales (artículos 18, Constitución Nacional y 9 Constitución Provincial), cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa -desde el punto de vista constitucional- articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, idóneos para lograr la apertura de la instancia extraordinaria.

Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria,propia de la instancia y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN MINORIA EL DR. BARRAGUIRRE.
Beneficios previsionales, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bullrich, Alejandro Julián y otro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

En atención a que el actor debió tramitar la presente acción para obtener el reconocimiento de que los suplementos creados por el Dec. 2744/93 revisten naturaleza remunerativa y bonificable, conforme a la doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos "Zanardo, Osvaldo Miguel y otros" (sent. del 08.09.03) -por adhesión a lo opinado en su dictamen por el Procurador Fiscal-, corresponde hacer aplicación del principio consagrado por el primer parrafo del art. 68 del C.P.C.C., razón por la cual, las costas han de ser impuestas a la demandada en ambas instancias.
Deserción del recurso, medidas autosatisfactivas, despido, coronavirus, insuficiencia del agravio, reinstalación en el puesto de trabajo, salarios caídos
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, María Carla c/ Operaciones Hoteleras Express S.A. s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-07-15

Cabe declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el rechazo in límine del dictado dela medida autosatisfactiva que dispusiera la nulidad del despido y ordenara su inmediata reinstalación en el puesto de trabajo más el pago de salarios caídos, dado que se observa la ausencia de crítica respecto al fundamento en que se apoya la sentencia de grado -art. 265 y 266 CPCyC-, limitándose sólo a hacer referencia a cuestiones dogmáticas tales como normas laborales, la influencia de los derechos humanos sobre el derecho del trabajo y el principio de interpretación, e insistiendo en la verosimilitud de su derecho derivada del despido, con reedición de lo explicado en su demanda. No existe correlato entre la exigibilidad del derecho que invoca la recurrente con sustento en el régimen del art. 92 bis de la LCT y que la comunicación de la extinción del vínculo laboral haya sido recepcionada antes de los 15 días establecidos en la norma, y cuando ya estaba vigente el Dec. N°329/2020 (creado en ocasión de la situación excepcional derivada de la pandemia por el virus Covid 19 que afecta a todo el mundo).
Quiebra, efectos entre partes, actos perjudiciales a los acreedores, actos ineficaces de pleno derecho, bienes del fallido, tercero adquirente de buena fe, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGLIETTA, PIERA PAOLA GINA S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

Cabe revocar la declaración de ineficacia de pleno derecho de la adquisición de un lote por parte del apelante, subadquirente de una parcela de propiedad de la hermana del fallido. Es que el argumento meramente formal que usó el magistrado subrogante refiriendo que la ineficacia de pleno derecho de la venta de la fallida a su hermana que se hizo extensiva -sin fundamentos- a la compraventa ulterior no había sido atacada por el peticionario y que, por ello, su recurso devino extemporáneo, carece de suficiente sustento. Es que, para llegar a tal conclusión se exige acreditar la prueba de la mala fe, como así también, del conocimiento del vicio que hacía inoponible, frente a los acreedores, la adquisición antecedente hecha a la fallida. La apreciación de esos extremos, que debió ser positiva, rigurosa y convincente, en modo alguno ocurrió en el sub lite, pues la magistrada por aquél entonces, erróneamente, hizo improcedente extensión de una ineficacia de pleno derecho -sin respaldo probatorio-, cuando debió acudir, en lo atinente a los derechos del aquí recurrente, a la vía ordinaria o incidental, en su caso, previstas en la LCQ 119. Esto es así, porque, se remarca, no se trata en la especie de un subadquirente a título gratuito, sino de alguien que aparece adquiriendo la totalidad de un inmueble de las hermanas de la fallida, lo que se efectúa en un mismo acto, en una segunda transmisión, ajena a la fallida, a título oneroso, sin ninguna restricción registral y que por ende, prima facie, de buena fe, en tanto desconocedor en principio de la insolvencia, dado que no hay nada que predique lo contrario. En ese marco, el recurrente resulta exento, incluso, de las consecuencias de una revocatoria concursal que ni siquiera se intentó, como hubiera sido de menester (LCQ 119 y 124).
Jueces, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Alba, Ignacio Ramón Alba c/ Balpala Construcciones Ferroviarias  S.A. s/ accidentes del trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

La función judicial no se agota en la letra de la ley, con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho.
Sentencia, principio de congruencia, recurso de nulidad
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Elvio Ramón c/ Monfardini Raimundo Nestor y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-25

Si no se ha respetado ni la jerarquía de las normas vigentes, ni el principio de congruencia, carece la sentencia dictada de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, siendo manifiesto entonces, el vicio de nulidad, lo cual procede declarar de oficio.
Constitución Nacional, libertad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI, ALEJANDRO MELITON c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ ABOGADO - EJERCICIO PROFESIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-18

La convivencia que se exige entre los hombres tiene que realizarse en la libertad, es decir, en el modo que conviene a la dignidad de los seres llevados, por su misma naturaleza racional a asumir la responsabilidad de las propias acciones (Enc. Pacem in Terris).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: López Rega, José c/ MARTINEZ DE PERON, M.E. Y OTROS s/ incidente de excarcelación -causa N. 20.580 MALVERSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01

La resolución que no hizo lugar a la excarcelación, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa ocasionando un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata.
Concubinato, liquidación de sociedades, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: CRAVERO, Elsa Elida c/ SUCESORES DE MIGUEL ANGEL MARTINI s/ Societario Contencioso - Disolución de sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-05-12

Debe hacerse lugar a la demanda de declaración de disolución de sociedad de hecho y respectiva liquidación, interpuesta por una mujer contra la sucesión de quien fuera su concubino durante mas de cuarenta años, pues se acreditó que además de la relación amorosa existió una sociedad dedicada a la actividad agrícola-ganadera y que los bienes que adquiridos fueron inscriptos solo a nombre del concubino, y es que, si bien la relación afectiva y societaria se desarrolló de esa forma por una raigambre cultural patriarcal, ello analizado en un contexto de igualdad de género no resulta permisible, pues el sentenciante como operador jurídico tiene el deber de reparar tales conductas, bajo riesgo de inobservar los numerosos tratados internacionales que propenden a una sociedad más justa e igualitaria.
Tribunal de cuentas, competencia, Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fregonese, Rodolfo Néstor c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

La Ordenanza General 207 es clara en cuanto expresamente excluye del régimen que consagra a los Secretarios y Subsecretarios del Municipio (art. 2, inc. a), razón por la cual el pago a esos funcionarios de una compensación pecuniaria prevista en ese ordenamiento como un derecho de los agentes cuya relación de empleo regula, aparece, al menos bajo el alcance de esta norma, desprovisto de causa legal que lo justifique, sin perjuicio de que la situación de hecho que autoriza su abono se haya o no configurado en el caso.
Impuesto sobre los ingresos brutos, aplicación de la ley, hecho imponible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SIEMENS S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto 2782/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

Si es la ley la que menciona los conceptos -venta mayorista, venta minorista y consumidor final- a los fines de la tributación de los ingresos brutos (arts. 9 incs. a y b de la ley 11.490, 167 del Código Fiscal -t.o. 1944- y último párrafo del art. 1 de la ley 11.518) que luego el decreto 2782/96 reglamenta, es aquélla entonces la que fija el criterio que el actor impugna y no la norma reglamentaria, criterio que atiende a la actividad del destinatario para fijar la obligación y en su caso la alícuota correspondiente, toda vez que es obvio que las nociones de venta mayorista, minorista y consumidor final deben inevitablemente hacer referencia, al menos en parte, al destino del producto adquirido.

Entonces, no se viola el espíritu de la ley ni se configure exceso reglamentario (art. 103 inc. 1 de la Constitución local).