Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-14


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA N°: 95.608 SALA II EXPTE. Nº : 26.105/02 (JUZGADO Nº 34 ) AUTOS: "LEZA HECTOR RODOLFO c/ LINEA 22 S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS. " VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 14 de marzo de 2008, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. MIGUEL ÀNGEL MAZA dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo deducido, por diferencias salariales, recurre la parte demandada a tenor del memorial de fs. 392/394 que mereció réplica de la contraria a fs. 396/399.

La parte demandada se queja de: a) que el Dr. Gude consideró que no quedó acreditada la situación de emergencia invocada en la contestación de demanda con lo cual no se encuentra justificada la disminución y ulterior supresión de la "asignación por productividad"; b) del carácter salarial que el sentenciante de grado le otorgó al rubro "asignación por productividad"; c) que no estimó que hubo un acuerdo tácito referido a la supresión de la asignación atento el silencio mantenido por el actor; d) la imposición de costas dispuesta en relación con el rechazo de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561; e) y por último de los honorarios regulados en las presentes actuaciones porque los considera elevados.

A su turno, el perito contador, a fs. 382, apela porque considera reducidos los honorarios regulados a su favor.

II.	En relación con los argumentos vertidos respecto a que no se juzgó probada la situación de emergencia, estimo que la queja no tendrá favorable recepción, ello así porque en mi opinión en este punto no puede ser considerada una expresión de agravios en los términos del art. 116 de la LO, ya que no resulta una crítica concreta y razonada de los fundamentos brindados por el sentenciante de grado.

En efecto, advierto que el recurrente sólo discrepa con lo resuelto, y se limita a señalar que se ha omitido ponderar la crisis económica generalizada por la que atravesó el país en la época en que se procedió a suprimir la "asignación por productividad". El recurrente no rebate el argumento dado por el Dr. Gude -con criterio que comparto- en el sentido de que la crisis económica no puede justificar la violación del principio de ajenidad al riesgo económico que impone el Derecho del Trabajo.

En efecto, el derecho laboral se basa en principios como el ajenidad en los riesgos de la empresa y de indemnidad, a tenor de los cuales no es partícipe de las contingencias de la empresa ya que, así como en principio no participa de las ganancias, no debe verse perjudicado por las eventuales pérdidas o avatares que puedan asolar el giro de la empresa, salvo en el excepcional caso que la ley ha previsto a los efectos de justificar suspensiones o despidos por razones económicas.

Y en base a tales principios, corresponde señalar que la invocada crisis económica en modo alguno justificaría la reducción del salario del trabajador. Aún prescindiendo del instrumento del art. 12 de la LCT ya que la interpretación de sus alcances se encuentra discutida profundamente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, considero que en el ámbito del Derecho del Trabajo no son válidas las renuncias de derechos concretos individuales adquiridos por el trabajador ya sea por acuerdos, transacciones, renuncias o cualquier otra figura jurídica si ello es en el plano de la "negociación" directa e individual entre dependiente y empresario. En el breve estudio "El sentido del principio protectorio" (rev. Legislación del Trabajo, l987 págs.745 y sigts., T XXXV), he tratado de explicar que esa es la idea fundamental que dio vida y razón de ser a esta disciplina jurídica, al principio tutelar y a su herramienta fundamental, la irrenunciabilidad, señalando que el Derecho del Trabajo es especial pues supone y parte de la premisa de que toda renuncia gratuita (sin contraprestación válida del trabajador frente al empresario) es fruto de su inferioridad negocial, cultural y económica.

Y ello quiere decir que, a mi modo de entender y justificar el Derecho del Trabajo, no se requiere probar la existencia de un vicio de la voluntad cuando se verifica la mentada renuncia gratuita de derechos, a diferencia de lo que es regla del derecho común.

Como lo señala agudamente Julio C. Simón en su estudio reciente "Rebaja de salarios, el silencio del trabajador y acuerdo de partes" (revista Derecho del Trabajo, 2005-A-251 y stes.) a las dos tesis tradicionales (interpretaciones restrictiva y amplia del texto del art. 12 de la LCT) se ha venido a sumar una tercera, en la que dicho jurista se inscribe y que, me permito añadir por mi parte, tiene su origen en la jurisprudencia nacida en la Sala VIII de la C.N.A.T y sus más profundas raíces en el dictamen del Dr. Humberto A. Podetti en el Plenario Nº 161 "Bonet, Ángel c/ Sadema S.A. (8/08/71), donde señalara la trascendencia de la conmutatividad y la recíproca causalidad de las prestaciones del contrato de trabajo.

Esta nueva tesis, a la que Simón denomina "intermedia", está basada en los principios contractuales de bilateralidad y onerosidad, es decir sobre el carácter sinalagmático y sobre la onerosidad propia del contrato de trabajo que aparecen claramente reflejadas en los arts. 21, 103, 115 y concs. de la LCT.	En autos "Martinez, Osvaldo R. c/ Impomotor SA" la Sala VIII, por Sent. Nº 26.641 del 11-8-98, con un primer voto del Dr. Juan Carlos E. Morando, desmanteló la apariencia negocial del acuerdo recordando que un acuerdo, en tanto contrato, no resulta tal si una parte se obliga a dar algo a cambio de nada. Ello, señaló Morando, es lo que sucedió en el acuerdo examinado ya que el trabajador pactó la reducción de sus ingresos salariales sin obtener contraprestación alguna. A su modo de ver, esa falta de contraprestación privaría al contrato novatorio de la causa en sentido objetivo.

Más llanamente sostuvo que sería absurdo atribuir al dependiente la intensión de beneficiar a su empleador, ya que no cabe presumir tal deseo por parte de un trabajador respecto de la sociedad comercial empleadora, memorando que la intención de renunciar no se debe presumir, tal como lo dispone el art. 874 del Código Civil.

Dos años después esa línea de pensamiento fue ratificada en autos "Narváez Jorge R. c/ Prosegur SA y otro ", mediante Sent. Nº 29.345 del 18-10-2000 y con posterioridad en repetidos pronunciamientos.

En esta concepción teórica-jurídica resulta evidente que la reducción de una parte de los ingresos del accionante por parte del empleador, sin que se haya invocado el otorgamiento de alguna contraprestación equivalente, implicó un concreto perjuicio salarial y una consecuente pérdida de derechos anteriores para el pretensor.

Por ambas razones, propicio desestimar este aspecto del recurso.

III.	Tampoco tendrá favorable recepción la queja respecto del carácter salarial que el sentenciante de grado le otorgó a la "asignación por productividad".

Lo manifestado por el recurrente al respecto no reúne los requisitos que establece el art. 116 de la LO habida cuenta que el apelante disiente con la interpretación esgrimida y a la conclusión arribada, y sólo se limita a esbozar los mismos argumentos dados en la oportunidad de contestar demanda no rebatiendo los fundamentos expuestos por el Dr. Gude.

Amén de esta carencia formal, la queja es igualmente inadmisible ya que de los propios dichos de la recurrente y hasta la denominación del adicional en cuestión ("por productividad") se desprende el carácter de contraprestación por la labor del dependiente, en el marco del contrato de trabajo. De la apelación no se advierte, por otra parte, que se trate de un pago que escape a la regla del art. 103 LCT.

IV. Lo esbozado por el quejoso en relación con el silencio mantenido por el actor durante el período de seis meses de ausencia de pago de la "asignación por productividad", estimo que no logra desvirtuar lo decidido en origen, en tanto considero que la defensa intentada por la demandada (teoría de los actos propios) no resulta aplicable al trabajador ya que el transcurso del tiempo no puede implicar renuncia de derechos.

En efecto, la jurisprudencia y la doctrina ampliamente mayoritaria, a las que adhiero sin hesitación, tienen dicho hasta el hartazgo que en materia de derechos laborales, por su carácter y naturaleza, el silencio y aún la conformidad expresa del trabajador carecen de valor para perder aquello que la ley de orden público les ha otorgado con carácter de irrenunciable. Por eso, no otorgo significado alguno a tal circunstancia.

Tal como ha resuelto la C.S.J.N., validar el silencio del trabajador conduce a admitir la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de trabajo, negando la validez de tal hipótesis afirmando que ello entraría en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (C.S.J.N. "Padín Capella, Jorge Daniel C/ Litho Formas SA", 12 de marzo de 1987, publ. Rev. TySS 1987-790).

Consecuentemente, esta argumentación del apelante me parece inatendible.

V.	En cuanto a la imposición de las costas de primera instancia respecto del rechazo de la solicitud de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, pese al argumento dado por el apelante, no encuentro motivo alguno que me conduzca a apartarme del principio rector en la materia en tanto el demandado ha sido vencido en lo principal del reclamo (art. 68 CPCCN), y la suerte de ese punto de la controversia no modifica tal situación global.

VI.	Por lo expuesto precedentemente, y de prosperar mi voto, propongo desestimar la queja y en su mérito confirmar la sentencia apelada.

VII.	En último término, trataré los cuestionamientos de las regulaciones de honorarios por parte de la demandada y del perito contador.

En atención a la extensión y mérito de las tareas desarrolladas en las presentes actuaciones, valor económico del litigio, y pautas arancelarias mínimas de aplicación, las regulaciones cuestionadas resultan razonables, por lo que corresponde confirmarlas (art. 38 de la ley 18.345; 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; arts. 3 y 12 decreto ley 16.638/57).

VIII.	Atento el resultado obtenido con el recurso interpuesto corresponde imponer las costas de Alzada a cargo del demandado vencido (art. 68 CPCCN), a cuyo efecto estimo los honorarios de segunda instancia de la representaciones letradas de la parte actora y demandada en el 25%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia (art. 14 de la ley arancelaria).

IX.	En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir juicio acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, cabe hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Àngel Maza por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de agravios. II) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida. III) Regular los honorarios de segunda instancia de la representaciones letradas de la parte actora y demandada en el veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia. IV) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ck	Dr. Miguel Àngel Pirolo	Dr. Miguel Àngel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara