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Apreciación de la prueba, errónea apreciación de la prueba, prueba documental, pérdida de la prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: Zalazar de Rivero, Sara Azucena s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-07

La supuesta pérdida de un documento no puede constituir errónea apreciación de prueba; porque si se habla de apreciar, ello importa no otra cosa que tener en cuenta un documento y emitir una conclusión que al mismo se refiera. Solo la prueba apreciada, puede serlo correcta o equivocadamente. La no preciada podrá implicar la denuncia de arbitrariedad, si era esencial para la solución de la causa; pero nunca se podrá alegar que fue mal apreciada.

Simplemente no se apreció.
Empleo público, empresas del Estado, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: ALBANESE, PASCUAL c/ TELAM SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-09-29

De la confrontación del texto de la ley 20713, artículo 3 y la Ley 21274, artículos 4 y 5, surge que la intención del legislador en esta última ha sido instituir un sistema indemnizatorio único y excluyente que impide valorar patrimonialmente el daño producido por la falta de preaviso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ceresetto, José A. c/ Electronor SRL y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos (Expte CSJ Nº 277-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05

La tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del impugnante con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba. Por lo que pretender invadir esa esfera, significaría que la Corte sustituye a aquellos, distorsionando de tal modo el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, cuestiones procesales, costas, resoluciones apelables
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CHEMES, OSCAR MARIO c/ GONZALEZ, MIRTA BEATRIZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO      DIRECTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 208 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-18

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad pues carece de sustento lo afirmado por la Cámara en relación a la improcedencia del recurso de apelación extraordinaria contra la decisión que determina la proporción en que se cargan las costas, pues si bien en principio es una cuestión propia de los jueces de la causa, ello no impide que si fue resuelta la distribución o imposición con arbitrariedad sea revisable a través de la vía prevista por el artículo 42 de la ley 10160, paso previo -no está demás aclarar- a la deducción, en su caso, del recurso de inconstitucionalidad local.

Como así tampoco resulta un impedimento a ello, que el recurso se deduzca sólo contra lo resuelto en materia de costas, pues su impugnación puede efectuarse de manera autónoma si la arbitrariedad en lo decidido, y por consiguiente el agravio, refiere sólo a ese tópico.
Facultades del juez, rechazo de la demanda, legitimación procesal, falta de legitimación para obrar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CEPPI ROBERTO c/ ANGEL DARIO PARRISENTTI MARCHENA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S129 - 346)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-06

Rrecuerdo que -aunque la "litiscontestatio" produce, entre otros, el efecto de fijar definitivamente los puntos sobre los cuales debe versar la prueba y recaer la sentencia- tengo dicho: "debo señalar, ante todo, que la tesitura del señor Juez a-quo a tenor de la cual, si no se encuentra acreditado el requisito de la legitimación, el juzgador puede, aún de oficio, repeler la demanda al dictar el fallo definitivo, cuenta con el apoyo de doctrina autorizada. En efecto, puede por ejemplo leerse en "La demanda civil" de Carlo Carli (Bs.As.1977,p.231), que el juez debe rechazar (ex officio) la demanda en la sentencia definitiva si el actor no ha probado que le pertenezca el derecho, porque se trata de examinar una de las condiciones de la pretensión. Pero, y lo que es más importantes, ya se ha expedido sobre el punto la Sup.Cort.Just. Provincia, aseverando que puede el tribunal rechazar la demanda meritando para ello la falta de acción de la parte actora, no obstante no haber sido propuesta por el demandado, reiterando una transcripción de Chiovenda, quien escribiera. "Pertenece a la función del Juez, cuando es requerido por una demanda judicial, averiguar si resulta probada la existencia de una voluntad de ley favorable al actor y el interés en obrar", faltando estas condiciones debe rechazarase la demanda, aunque no haya una especial instancia del demandado.-
Madre del menor, defensor público de menores e incapaces
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Salazar, Maria Cristina s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

Resulta ineludible en el caso la intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, en el adecuado resguardo del derecho a ser oído de los niños, en tanto la cuestionada intervención estatal los ha separado de su madre y el pedido de prisión domiciliaria es efectuado principalmente en su nombre. El voto concurrente señaló que habiendo prestado su conformidad el fiscal actuante en el caso, el tribunal no poseía jurisdicción toda vez que, no existiendo controversia entre lo solicitado por la defensa y lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal cobran relevancia los principios que rigen al modelo de enjuiciamiento acusatorio. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -según su voto-).
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rufino, Clementina c/ Benitez, Arcelio y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-17

La procedencia del resarcimiento de los gastos de atención médica, farmacéuticos y de traslados cuando existe daño físico, aún a falta de comprobantes, pues se presume la necesidad de su erogación, aún cuando la víctima cuente con cobertura por obra social o se atienda en establecimientos públicos.
Personal de casas particulares, aplicación de la ley, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GODOY, MARGARITA LEZCANO DE c/ FREY, MIGUEL s/ SERVICIO DOMESTICO     RECLAMO RUBROS LABORALES      EXPTE NRO 268-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-07

No toda persona que presta el servicio doméstico está comprendida en el Decreto Ley 326-56, de donde no le asiste el derecho de goce de los institutos por él previstos a quienes no encuadran en dicha normativa, encontrándose además expresamente excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo.

Siguiendo la opinión de Vázquez Vialard "la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo ha constituido en este aspecto, un retroceso que impone la necesidad de una urgente reforma y además este Tribunal se ha expedido en el sentido que la tendencia a la exclusión de este personal hace resaltar una desigualdad protectiva social que hoy no adquiere justificación".

Los requisitos legales configuran exigencias que constituyen presupuestos ineludibles para poder sostener con apoyo legal que se está inmerso en el contexto de ese estatuto, siendo a cargo de la reclamante acreditar el cumplimiento de los extremos esgrimidos, esto es el trabajo de cuatro días a la semana durante cuatro horas, no probado ello, corresponde el rechazo de la demanda.
Apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivera, Pedro Antonio c/ Soto, Miguel y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-02

La elección de la prueba es facultad privativa del juzgador , quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes siendo suficiente, a tal efecto, que haga referencia a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas., razón por la cual, la preferencia del juez por unas pruebas respecto de otras no viola las leyes que rigen su valoración, por lo que el fallo puede apoyarse en determinados testimonios, pruebas corroborantes de las que éstos resulten y presunciones con prescindencia de otras declaraciones testificales.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: D. de I., B., R. c/ I., E. s/ Art. 647 Código Procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

La desafectación del inmueble del régimen de protección que da la ley de bien de familia es meramente relativo, limitado al crédito del acreedor que pida el embargo y pretende la ejecución del bien, fundado en una obligación anterior a la inscripción del bien de familia.
Contratos administrativos, teoría de la imprevisión, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PIVOT SRL c/ Bco. Nación Argentina s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

Considero contrario al principio de buena fe, la pretensión de revisión del precio contractual, sobre la base de una supuesta distorsión de la ecuación económica financiera del contrato, formulada por el actor cuando ya hacía más de un mes que había finalizado con las entregas de la provisión a su cargo, y solo le faltaba percibir las dos últimas cuotas de ese precio. La posibilidad de reclamar por imprevisión se pierde, pues, no por el solo hecho de que alguna prestación haya sido efectuada, sino por la circunstancia de que ya en el hecho de cumplirla, ya en el de recibirla, deba verse -como en el caso- una conformidad con la situación (Del voto del juez Buján, cons. V.5).
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, reglamento de copropiedad y administración, expensas comunes
Materia: CIVIL
Carátula: CONS. AV. DE LOS INCAS 3419/21/23/25 c/ ABRAMOVICI, Sandra I. s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE PROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

La ley y el Reglamento de Copropiedad rigen las obligaciones de la vida consorcial, y cualquier proceder contrario a ellos constituye un obrar antijurídico, que no puede convalidarse judicialmente, ya que tal actitud crearía un mayor desorden y premiaría los hechos consumados. No obsta a ese principio el mayor valor económico de lo construido, ya que ello implicaría admitir cualquier tipo de obra y reforma realizada ilegítimamente; tampoco la intención de incrementar la contribución en las expensas, que no puede legitimar conductas antisociales, con el consiguiente caos, al alterar la seguridad jurídica y el acatamiento a las normas que rigen el instituto.
Deber de asistencia familiar, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: BRUNO, Luis s/ Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y defraudación N.N. s/ Infracción ley 13.944 POMBO LADO, José Manuel s/ Denuncia infracción Ley 13944 LEZCANO, Miguel Angel s/ Infracción Ley 13944 ALTUZARRA, Héctor Jorge s/ Infracción L. 13944
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1978-02-24|1979-04-24|1987-06-23|1983-02-24|1984-07-31

El incumplimiento de los deberes de asistencia familiar no nace del mero incumplimiento de la obligación de satisfacer los alimentos a que se refieren las correlativas disposiciones del Código Civil. En ese caso la obligación viene impuesta por razón distinta a la tenida en mira por el texto de la ley 13944. En el caso de ésta, conforme lo dispone el art. 1º, lo que se acrimina es el sustraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia, lo que presupone un estado de necesidad que debe ser probado y que es enteramente ajeno a la obligación alimentaria civil.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia civil y comercial federal, competencia contencioso administrativa, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: COPIA TIMONER FERNANDO ANTONIO c/ ESTADO NACIONAL MINIST. DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUB. s/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

Según la doctrina establecida en el Fallo Plenario: "Miguel Boccardo e Hijos y otros c/Banco Hipotecario Nacional s/Ordinario", del 30.5.78, a fin de resolver los conflictos de competencia planteados entre jueces federales en lo civil y comercial y en lo contencioso administrativo corresponde estar, por principio, a la norma de aplicación preponderante en el caso, de ahí que cuando se trata de la aplicación de normas de derecho común, la causa se debe tramitar por ante la justicia civil y comercial federal. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, al relato de los hechos que el actor hace en su demanda y, después, sólo en la medida en que se adecúe a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (cfr. Fallos 307:871, LL 1986-B-278; esta Sala, Causa 7122 del 14.12.93).
Daños y perjuicios, actos ilícitos
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: Elba Aurora MARTINEZ de LARREA c/ MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION s/ DOCENTE  - PRESCINDIBILIDAD - INDEMNIZACION - DAÑO MORAL - SALARIOS -  DAÑOS Y PERJUICIOS - CESANTIA - EMPLEADOS PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

La capacidad laboral especializada constituye una de las facultades y derechos susceptibles de apreciación pecuniaria.
Honorarios del escribano, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ARISTIZABAL DE DOLDAN MARIA CRISTINA c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

El funcionamiento de la analogía como método interpretativo de la ley requiere la presencia de elementos comunes entre el caso previsto en las normas y el caso no previsto, y la selección de esos elementos no puede ser arbitraria, sino que debe reparar especialmente en aquellos extremos relevantes a la luz del fin preseguido en la norma aplicable. De manera que, tratándose de preceptos del arancel notarial, cuadra tener en cuenta los aspectos ponderados por el legislador para fijar la retribución prevista, como son la extensión y complejidad de los mismos, la naturaleza jurídica de los actos instrumentados, su significación económica y la responsabilidad profesional comprometida, entre otros.

Una interpretación armónica de sus preceptos permite advertir en el arancel notarial un sistema que, partiendo de situaciones determinadas, termina en las indeterminadas. Describe así aquéllas para las cuales contempla concretamente el importe del honorario o de la alícuota (arts. 4,5,6,7,8,11,12); prevee la aplicación de esas normas a situaciones que guarden analogía (art. 15); e inclusive otra norma establece la alícuota aplicable para los casos restantes (art. 2), o sea una alícuota de carácter residual.

El art. 2 del arancel notarial debe interpretarse como comprendiendo actividades "cuyos honorarios no se hallaren de otra manera establecidos en este arancel", sea esto en previsiones expresas o mediante la vía analógica recogida en el art. 15 del mismo ordenamiento. La circunstancia de que un acto no se encuentre expresamente contemplado en el ley de arancel, no lleva sin más a su inclusión en el citado art. 2; antes debe examinarse si guarda analogía con alguno de los demás casos previstos en la ley, solo si esta no existe procederá aquella inclusión.
Ley penal tributaria, figura calificada, figura básica, simulación
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fernández, Juan Emilio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-26

En la ley 23.771 encontramos una figura básica (artículo 1°) que contiene un tipo doloso de peligro concreto que castiga las maniobras ardidosas de ocultación, modificación o disimulo de la real situación económica o patrimonial "... con el objeto de dificultar o impedir la fiscalización o la percepción de tributos ...", siempre y cuando "... el hecho no importe un delito más severamente penado ..."; y otra figura agravada (artículos 2°) que castiga al que mediante las maniobras descriptas en el artículo anterior "... evadiere total o parcialmente el pago de tributos ...", es decir que exige la presencia de una daño concreto y efectivo (evasión) que supera el monto exigido por la ley. (Voto del Dr. Riggi).
Hurto simple, apoderamiento
Materia: PENAL
Carátula: Llargués, Javier Horacio s/ Hurto y Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-27

"La doctrina que exige como condición subjetiva del delito el ánimo o propósito de adueñarse de la cosa puede justificarse y aceptarse en otras legislaciones que, directa o indirectamente, así lo establecen.

Pero la norma citada de nuestro Código represivo sólo requiere el apoderamiento sin definir en qué consiste este; y entiendo que tanto constituye ese apoderamiento la sustracción para ejercer el dominio efectivo de la cosa, como la que, sacándola materialmente del poder de su dueño, la coloca abajo del poder y la disposición del agente, siempre, claro está, que tales actos sean cumplidos por éste."
Indemnización, gastos de vestido
Materia: CIVIL
Carátula: Vidal de Prieta, Manuela c/ García, Osvaldo Andrés s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

Cuando las modalidades del hecho y naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima puede presumirse la pérdida de la vestimenta, el daño debe considerarse demostrado aunque no medie prueba específica.
Legitimación procesal, legitimación activa, títulos públicos, caja de valores, colocación de títulos valores, depósito de títulos valores
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Valores S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de y otra s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

La omisión de la Caja de Valores de efectuar la "observación" de los títulos públicos en el plazo previsto en el art. 36 de la ley 20 643 no afecta su legitimación para demandar a quien los puso en circulación, si tal "observación" no resultaba factible al concretarse los depósitos colectivos.
Interdictos posesorios, cuestión abstracta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOROSITO CRUZ, ANTONIO c/ CARLOS A. GRACIANO s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-25

No cabe declarar abstracta la cuestión en razón de que el apelante demandado y vencido en primera instancia- consiguió la adjudicación de la casa objeto del interdicto por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, ya que si bien es posible que la sentencia haga mérito de los hechos constitutivos, modificativos y extintivos producidos durante la sustanciación del pleito, no es admisible por esa vía se llegue a desnaturalizar la esencia de las cosas, a transformar en lícito un hecho originariamente ilícito, ya que legitimaríamos en nuestro caso al desponjante, a quien empleó las vías de hecho, de propia autoridad, para apoderarse de una cosa sin consentimiento del poseedor o tenedor. Se daría el contrasentido de que el despojante se vea consolidado en su situación por un fallo recaído en una causa que le ha sido adversa.
Requisa personal, estado de sospecha, facultades de la autoridad de prevención, falta de orden del juez, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HERSCOVICH, MARIO A. s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 487
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

La requisa efectuada por personal policial sin contar con la pertinente orden judicial, fuera del marco autorizado por el artículo 184, inc. 5), es decir sin mediar razones de urgencia que así lo hagan necesario, constituye la inobservancia de disposiciones concernientes a la intervención del juez en el proceso en los casos en que es obligatoria -art. 167, Inc. 2), ya citado-, violatoria de la garantía constitucional del debido proceso prevista en el artículo 18 de la carta magna -art. 168, Segundo párrafo, del C.P.P.N. (Voto del Dr. Hornos).
Declaración autoincriminante, prueba hematológica
Materia: CONSTITUCIONAL PROCESAL
Carátula: V., S. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-20

No se advierte que la extracción compulsiva de sangre pueda llevar a violentar la integridad física ni su integridad moral, si ella se realiza resguardando los principios que puedan afectar las garantías constitucionales.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, ley provincial, código civil, excepción de prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sandoval, Héctor c/ Provincia del Neuquén. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es arbitraria la sentencia que, al admitir la excepción de prescripción, asignó efecto interruptivo a la demanda planteada ante un juez incompetente, dando prevalencia a la ley local (ley 1284 de la Provincia del Neuquén) sobre el precepto de fondo (art. 3986 del Código Civil).
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Ponce, Jorge Antonio y otro s/ Asociación ilícita, robos reiterados y tentativa de violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación de los incs. 5, 6 y 7 del art. 259 del Código de Procedimiento Penal por haber dado la Cámara carácter presuncional a un reconocimiento en rueda de personas, si el recurrente reconoce el resultado positivo de la diligencia y no controvierte su validez formal ni su valor probatorio.
Recurso de casación, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: Ayuch, Daniel s/ Recurso de queja en autos: "Jaimez, Karina c/ Daniel Ayuch y otro s/  Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-02

El depósito previo del capital, intereses y costas provisorias, exigido por al art.142 de la ley 3603 como requisito para conceder el recurso de casación, importa una razonable medida precautoria de la que no resulta mengua alguna de los derechos y garantías consagrados constitucionalmente; ergo, el orden público no sufre ningún menoscabo.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, juicios contra el Estado, oportunidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Carbini,  José Hermenegildo c/ Empresa Líneas Marítimas Argentinas S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

No procede el recurso extraordinario con respecto a la pretensión de la demandada de excluir su carácter de deudora, emplazando en tal lugar al Estado Nacional - Ministerio de Economía - si no fue introducida oportunamente en el proceso.
Daños y perjuicios, compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Gregorio c/ Petizco, María del Carmen s/ Resolución de boleto de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

La falta de cumplimiento de las obligaciones de parte de la compradora ha ocasionado un daño resarcible al actor, que reconoce su causa en la indisponibilidad del bien inmueble, desde la firma del respectivo boleto (arts. 519 y 520, C.C.). Se trata de un hecho evidente que no necesita de otras pruebas para tenerlo por acreditado, además de que el sentido común enseña que la forzosa inmovilidad de un capital -como el representado por el valor del inmueble prometido en venta-, ocasiona un agravio al patrimonio del contratante que ha cumplido con sus obligaciones.