Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-10


En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de mayo del año dos mil once, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LANGHI, Rodolfo Oscar contra PROVINCIA DE SANTA FE -Indemnización de Daños y Perjuicios- (Expte. 90/09) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 28, año 2010). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Erbetta, Falistocco, Spuler, Gutiérrez y Netri.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Surge de las constancias de la causa que mediante proveído de fecha 4 de julio de 2008 la Juez de Trámite dispuso aplazar la audiencia de vista de causa fijada para el día 5 de agosto de 2008 por entender configurada en autos una "real situación de prejudicialidad penal sobre la sentencia civil que debe ser atendida" (cfr. f. 127vta.).

Interpuesto por la parte actora recurso de revocatoria ante el Tribunal Pleno, el Cuerpo lo rechazó con fundamento en que -mas allá de no desconocer que el proceso para preciarse de "justo" debía corresponderse con un tiempo razonable de duración, ni la negativa implicancia que la compleja causa penal podía tener en el mismo- no se podía soslayar la valla de la prejudicialidad que dimana de los artículos 1101 y 1103 del Código Civil, los que en el caso no fueron tachados de inconstitucionales.

Frente a dicha denegatoria, interpone la accionante recurso de apelación extraordinaria, el cual es concedido por el Tribunal Colegiado.

Impuesto el Tribunal de Alzada -Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe- de los autos, mediante acuerdo 186 del 19.10.2009 (fs. 449/457) hace lugar al recurso de apelación extraordinaria mandando que el a quo proceda a convocar a la audiencia de vista de causa definitiva en el presente proceso (decisión que este Órgano resolvió confirmar en el día de la fecha al desestimar la queja interpuesta por haberse denegado -en tal aspecto- el recurso de inconstitucionalidad).

Asimismo, en el punto B del mismo pronunciamiento, la Sala -de oficio- formuló consideraciones en orden a la posibilidad hipotética de otorgar a la causa el carácter de proceso colectivo aludiendo a "consensos" que podrían plasmarse en "actas acuerdos derivadas de audiencias públicas", con "una sola sentencia madre" relacionada al juzgamiento de la eventual existencia o no de responsabilidad civil resarcitoria del Estado demandado, con "mecanismos singulares y extrajudiciales de determinación de los daños en orden a su cuantificación singular".

Luego de referir a datos requeridos por dicho Tribunal de los dos órganos jurisdiccionales santafesinos con conocimiento en innumerables procesos análogos al presente que se hallan en trámite (Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual nro. 1 y 4 de Santa Fe) y explayarse en precedentes jurisprudenciales y doctrinarios sobre el tema, argumenta la Alzada no desconocer que lo sugerido implica generar un proceso inexistente en la norma -con los riesgos que ello implica- y materializar cuestiones derivadas de la puesta en funcionamiento de dicho instituto que -conforme argumenta- "excede el marco de atribuciones funcionales de esta Sala, e incluso exorbita también el del decisorio que puntualmente genera el arribo de este proceso a la misma"; destacando que "es una cuestión que mas allá de lo puramente jurídico involucra matices de rango político, y que como tal incumbe quizás a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia" (cfr. f. 456 vta.).

Consecuentemente, la Sala resuelve "disponer que copia certificada actuarialmente de este pronunciamiento sea remitida a la Presidencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a los fines enunciados en los considerandos" (cfr. f. 457).

2. Contra dicha decisión del A quo, interpuso la Provincia de Santa Fe su recurso de inconstitucionalidad con fundamento -en lo que aquí resulta de interés- en que "...la opinión aparece más como una genuina expresión de buena voluntad que como una decisión judicial mandatoria que corresponde al servicio judiciario..." y que "...para que una multiplicidad de causas tramite como acción de clase y pueda producir los efectos propios de una única sentencia, alguien tiene que pedirlo y un órgano judicial disponerlo...".

Asimismo agregó la accionada que "...La Excma Sala decide iniciar las audiencias de vista de causa..." pero "...en una especie de recomendación de lege ferenda, sugiere que el trámite se enderece como una acción de clase..." como "...una recomendación y no una orden procesal..." (cfr. f. 485v.).

Por último formula consideraciones en orden a la inconveniencia de la aplicación del criterio propuesto por la Sala al "sub lite" por el desentendimiento de las consecuencias prácticas que el mismo apareja y la consecuente violación al derecho de defensa que pudiera alegarse.

3. El Tribunal a quo mediante pronunciamiento del 5 de febrero de 2010 concedió el recurso extraordinario local con relación a los agravios vinculados a la proposición de proceso colectivo por ella formulada, por entender que la singularidad del tema sustancial debatido en el proceso y en los otros análogos justificaba la concesión del planteo constitucional en tanto la solución a brindarse eventualmente en la controversia involucraba no solo una faceta estrictamente jurídica, sino también política, que esta Corte -como cabeza del Poder por mandato constitucional- debe asumir (cfr. fs. 507/510).

4. En el examen de admisibilidad que le compete efectuar a esta Corte por imperio del artículo 11 de la ley 7055, no encuentro razones que me conduzcan a sortear el presente nivel de análisis conforme se expondrá seguidamente.

4.1. De la simple lectura de los fundamentos de la Alzada vertidos en el acuerdo de fecha 19.10.2009 (fs. 449/457) surge con claridad que la Provincia demandada lleva razón en sus asertos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad, en cuanto dijo: "...la opinión (de la Sala) aparece más como una genuina expresión de buena voluntad que como una decisión judicial mandatoria que corresponde al servicio judiciario (...) para que una multiplicidad de causas tramite como acción de clase y pueda producir los efectos propios de una única sentencia, alguien tiene que pedirlo y un órgano judicial disponerlo (...) La Excma. Sala decide iniciar las audiencias de vista de causa (pero) en una especie de recomendación de lege ferenda, sugiere que el trámite se enderece como una acción de clase (como) una recomendación y no una orden procesal..." (cfr. f.

485v.).

Es que en el caso, el Tribunal revisor no ejerció facultades ordenatorias, ni efectuó una disposición en concreto con respecto al punto en cuestión. Y en tal sentido se colige que las argumentaciones desarrolladas en el escrito recursivo de la Provincia accionada, lo fueron "ad eventum" de una hipotética admisibilidad en esta instancia para esa vía colectiva.

De tal modo, teniendo en cuenta lo fundamentado por la Cámara, y el tipo de resolución que en dicho aspecto dictó, entiendo que resulta inoficioso que esta Corte -mediante el excepcional remedio intentado- dilucide la pertinencia de las respectivas aseveraciones de la Sala.

En cuanto a las costas, deben imponerse en el orden causado, atento a la forma en que se resuelve la cuestión.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

4.1. El artículo 1 de la ley 7055 establece que procederá el recurso de inconstitucionalidad -siempre que también se configure al menos uno de los casos enunciados en los tres incisos del citado artículo- contra sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación.

A su vez, cabe agregar que resulta ser una posición pacíficamente aceptada tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (cfr., Fallos:308:1832; A. y S., T. 142, pág. 33).

La simple lectura de lo argumentado por la Alzada en el referido acuerdo pone de manifiesto que en orden a la cuestión sometida a análisis de este Cuerpo, no nos encontramos frente a una sentencia definitiva o auto equiparable que pueda ser objeto de revisión por medio del remedio intentado ya que el pronunciamiento que motiva el presente recurso, lejos de constituirse en una sentencia no es mas que una especie de recomendación de lege ferenda en la que la Sala pone de manifiesto las bondades y dificultades que acarrearía la materialización de una acción de clase para el "sub lite" sin que de dichas expresiones pueda avizorarse por parte de ese Tribunal revisor el ejercicio de alguna facultad ordenatoria, ni disposición en concreto con respecto al punto sometido a cuestión.

En tal sentido, debe compartirse lo sostenido por la demandada en orden a que "...la opinión aparece mas como una genuina expresión de buena voluntad que como una decisión judicial mandatoria que corresponde al servicio judiciario..." y que resulta necesario para que una multiplicidad de causa tramite como acción de clase y pueda producir los efectos propios de una única sentencia, que alguien lo pida y un órgano judicial así lo disponga.

En el marco descripto, lo pretendido oficiosamente por la Alzada con fundamento en el artículo 93, inciso 1) de la Constitución provincial no puede tener andamiaje procedimental alguno, en tanto dicho precepto requiere una sentencia definitiva dictada en juicio o auto interlocutorio que ostente igual carácter, recaudo insoslayable que no se cumple en la especie.

La competencia de la Corte está determinada por lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Carta Magna provincial; y mientras la primera regula la competencia de gobierno o de superintendencia del Poder Judicial, la que es de carácter abierto y admite ser ampliada mediante el dictado de normas legales (de su inciso 8), la segunda regula su faz jurisdiccional, es de carácter cerrado y establece una competencia "numerus clausus", que no puede ser ampliada o restringida por una norma inferior.

Así, en tanto la competencia jurisdiccional de la Corte no puede alterarse por vías de hecho o por normas infraconstitucionales (vid. por todos, A. y S., T. 228, pág. 216), cabe concluir que este Órgano no puede prescindir de las reglas y excepciones que impone la Constitución y las leyes para el ejercicio de su jurisdicción, pues, actuar de otra manera importa asumir competencia originaria sobre una "causa" (en rigor, en el caso, una recomendación) respecto de la que no se dan las condiciones que legalmente la habilitan.

Por las razones expuestas, y, en razón de carecer el presente remedio de objeto recursivo voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Conforme lo expresa la propia Sala en el auto de concesión del recurso de inconstitucionalidad, no hay acto de juzgamiento que contenga mandato alguno susceptible de cumplimiento y que pueda ser comprendido dentro del marco competencial que esta Corte tiene atribuida en la Constitución provincial (arts. 92 y 93, Const. Pcial), con lo cual cualquier decisión a adoptar al respecto excedería las cláusulas superiores enunciadas.

No por ello dejan de tener destacada relevancia las previsiones que, ante un conflicto de esta naturaleza, efectúa la Sala. En efecto, de su lectura se extraen las legítimas preocupaciones de los integrantes de la Cámara -que desde hace años componen el Poder Judicial- a fin de resguardar un principio básico de la prestación del servicio de justicia de dar respuestas jurisdiccionales en tiempos razonables a las pretensiones de los justiciables, circunstancia que se patentiza -en el caso- en el impacto que produce esta clase de reclamos y consecuentemente en la elección de las vías más idóneas y aptas para su canalización.

De ahí que se comparta -o no- el camino sugerido por la Sala, entiendo que, la comunicación cursada a este Cuerpo, como cabeza del Poder Judicial, sobre el modo y la forma más eficaz y eficiente para incoar este tipo de pretensiones, encuentra en las instancias ordinarias el escenario más adecuado para que las partes y los propios órganos jurisdiccionales la consideren y, en su caso, la apliquen en los asuntos concretos sometidos a juzgamiento.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Erbetta, Falistocco y Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Netri expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Erbetta, Falistocco y Spuler, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)