marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Villanueva, Javier s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal si el recurrente no acompaña sus afirmaciones sobre los hechos en los que funda sus reclamos con el debido apoyo legal en materia probatoria.
Transporte de carga, mercaderías de rezago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VICEMA  S.A. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-04

Para calificar como de rezago a una mercadería no basta con el transcurso del tiempo, sino que debe mediar un trámite administrativo regular, que ofrezca suficientes garantías al usuario y no le provoque perjuicios.
Juicio ejecutivo, protesto
Materia: CIVIL
Carátula: Domingo Antonio Di Paola e Hijos S.R.L. en j: Marzano Pedro en j: Marzano c/ Sociedad Domingo Di Paola e Hijo s/ Ejecución cambiaria - Casación (Libro: S065-0422)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-06-19

Carece de relevancia el argumento aducido por la ejecutada, consistente en sostener que no pudo pagar en el acto del requerimiento porque se le exigía el pago de conceptos improcedentes ante la nulidad del protesto (intereses moratorios y gastos de protesto), ya que nada le impidió depositar de inmediato en autos la suma reclamada en concepto de capital más una cantidad prudencial para responder al pago de las costas.
Lesiones culposas, accidente de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: C., C. M. c/  s/ sobreseimiento-lesiones culposas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

Carlos Alberto González, a cuyo voto adhirió Juan Esteban Cicciaro, precisó que como consecuencia del suceso la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento y politraumatismos, conforme se desprendía de las constancias de atención médica y del informe del Cuerpo Médico Forense. Por su parte, el vocal Cicciaro agregó que "(...) en el marco de comprensión del concepto de daño en la salud a que alude el tipo de lesiones previstas en el Código Penal, se inscribe el dolor, pues como dice Soler, "causar dolor físico constituye lesión" (Derecho Penal Argentino, Tea, Buenos Aires, 1978, tomo 3, p. 112)".
Ley de empleo, indemnización, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, GUSTAVO ARIEL Y OTRO c/ SERRANO, CAMILO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-01

El art. 11 LNE. es terminante en cuanto a fijar los recaudos que deben mediar para que resulte procedente la indemnización que se prevé en su anterior art. 8.

La no acreditación de la intimación que el trabajador debe cursar a su empleador para que registre la relación de trabajo, obsta a la procedencia de la sanción legal fijada por incumplimiento a la mencionada intimación, de manera tal que, es carga del trabajador el tener que demostrar que dio cumplimiento a la exigencia legal acompañando la pertinente constancia; caso contrario, no contará el accionante con fundamento alguno en qué sustentar el reclamo indemnizatorio.
Intereses, actualización monetaria, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: GINZO, J. c/ CELTA  S.A. s/ SUMARIO (INTERESES)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

El cálculo de un interés puro sobre capital actualizado tiene por finalidad sancionar al deudor por la mora en que incurrió en el cumplimiento de su obligación. De allí que, aceptar el cómputo de réditos sobre el capital repotenciado, y, a su vez, actualizar los ya devengados importaría computar dos veces el fenómeno inflacionario sobre un mismo rubro, convalidando un enriquecimiento sin causa en favor del acreedor.
Fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz de Insfran s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-07-04

La mera disconformidad subjetiva con el criterio de interpretación y conclusiones que arriban los jueces de grado, resulta insuficiente como para descalificar al fallo impugnado como acto judicial válido. (Dr. Bertolini: Según su voto).
Condiciones de detención, régimen penitenciario, Poder Ejecutivo Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Zimardi, Jesús Jonathan Ramón. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

El voto concurrente destacó que la decisión del juzgado federal que fue confirmada por la Cámara, consideró un agravamiento en las condiciones de detención de los internos de la Unidad 14 a la falta de cumplimiento del citado reglamento - "REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA DESTINADA AL EXPENDIO DE ARTÍCULOS DE USO Y CONSUMO PERSONAL PERMITIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA POBLACIÓN PENAL Y SUS VISITANTES"-, pues dicha omisión repercutió en la mala calidad del servicio brindado. Por esta razón, la decisión de la Cámara a quo es coincidente con el reconocimiento efectuado por el Estado Nacional a la importancia convencional y de cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos de respetar las condiciones dignas de detención de las personas privadas de libertad. Ello no implica inmiscuirse en las decisiones políticas del PEN, sino ejercer el rol de control constitucional recíproco, lo que constituye un reforzamiento de las medidas ya asumidas por el Poder Ejecutivo del Estado. Dres. Barroetaveña, Figueroa -voto concurrente- y Petrone.
Recurso de casación, allanamiento, costas, exención de costas
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: NOLLI LUIS ALBERTO c/ COMERCIO Y JUSTICIA EGUIA Y CIA. SOCIEDAD EN COMANDITA s/ RECURSO DE CASACION: SEDE LABORAL - ALLANAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-03-06

Debe ser admitido el allanamiento formulado por la parte actora al recurso de casación interpuesto por la demandada y que fuera declarado formalmente admisible, desde que no se trata en el caso de un derecho irrenunciable de los contemplados en el art. 12 LCT , sino de la determinación del quantum indemnizatorio por vía de actualización y de la fecha que se toma como punto de arranque. De tal modo no se produce renuncia alguna de derechos del actor, sino que se trata de superar un escollo para agilizar el cobro del crédito, más aún tratándose de una actuación que no provino de la parte, sino del propio Tribunal a quo.

Corresponde liberar a la actora de las costas, en razón de la oportunidad en que se formula el allanamiento y la falta de oposición de la demandada.
Ley de emergencia, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. R. S.R.L. c/ Gobierno de la Provincia de Misiones. s/ Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-02-25

El carácter de orden público de la ley de emergencia nacional tiene el alcance de modificar los efectos de las leyes sustantivas nacionales del Estado Nacional, Producida su vigencia, el Poder Legislativo Provincial, decreta la existencia de la situación de emergencia en el Estado de la Provincia de Misiones en uso de sus facultades constitucionales, y sin apartarse del contenido conceptual y sustancial de la norma nacional, otorga fuerza de ley y por ende su vigencia en todo el ámbito de su territorio. No se trata de que sea el Estado Nacional quien deba declarar si existe o no emergencia en un determinado Estado provincial, estando en pleno funcionamiento las instituciones establecidas por la Carta Magna de la Provincia, únicamente es resorte exclusivo del Estado Provincial a través de las leyes que sancione la Honorable Cámara de Representantes, quién se halla autorizada para ello. Dispone la Provincia del poder soberano para determinarlo y declararlo, no por una delegación expresa del Estado Nacional, sino por el ejercicio de su propio poder constitucional que conserva su potestad, para en caso de emergencia, formular tal o cuál declaración. Distinta es la cuestión del alcance que deben tener las medidas a adoptar -respetando los derechos y garantías individuales consagrados en la Carta Magna- a raíz y como consecuencia de la situación extraordinaria de emergencia.
Aportes y contribuciones previsionales, aportes a obras sociales, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, verificación de impuestos, ejecución previsional, juicio de apremio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: O.S.PE.CON. c/ COAR-CO S.C.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

En materia de aportes y contribuciones con destino al régimen de las obras sociales, el Dec. 579/93 modificó el art. 21 del reglamento de la ley 23.660, disponiendo que el régimen de fiscalización y verificación se regiría por las normas vigentes para el S.U.S.S., la D.I.N.O.S. y la A.N.S.S.A.L. De allí, que le resultan aplicables las normas sobre percepción, fiscalización y ejecución judicial que rigen para los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones (art. 86 Dec. 2284/91), que no es otro que el que prevé la ley 18.820, que instituye un procedimiento bilateral que concluye con una decisión fundada.
Competencia federal, falsificación de marca o designación, fraude a la propiedad intelectual
Materia: PENAL
Carátula: Espíndola, Alfredo Leonardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

Corresponde a la justicia federal entender en la causa seguida por falsificación de las marcas debidamente registradas, y su posterior distribución y venta, ya que se trataría de hechos inescindibles con un doble encuadre legal -ley 22.362 y 11.723 que concurrirían en forma ideal entre un delito común y otro de índole federal es a este fuero al que corresponde su investigación. La ausencia de confusión en el consumidor respecto a la originalidad del producto deja incólumne el derecho de propiedad del titular de la marca, dado que no se encuentra menoscabada su función individualizadora. (Dres. Riggi, Catucci y Mitchell -en disidencia-).
Ejecución hipotecaria, hipoteca a favor de tercero, citación al deudor, concurso preventivo
Materia: CIVIL
Carátula: Hart S.A. c/ Gruckiel S.A. y otros s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-03

En el caso de una hipoteca otorgada en resguardo de un crédito de un tercero debe citarse a la causa al deudor de la obligación principal así afianzada. Empero, no resulta aplicable cuando el sujeto pasivo de tal relación se encuentra concursado, pues carece de sentido intimarle un pago que se encuentra imposibilitado legalmente de realizar (conf. art. 16 L.C.), y contra el cual, a su vez, se prohíbe, como principio, la formulación de reclamos judiciales. En tal supuesto la intimación del art. 3163 se encuentra debidamente suplida por la presentación en el concurso del pedido de verificación del crédito. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Honorarios, regulación de honorarios, regulación en términos porcentuales
Materia: COMERCIAL
Carátula: MERLE SACI s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

Debe dejarse sin efecto la decisión que fija el honorario de los profesionales intervinientes en una causa en porcientos pues, no reúne los requisitos con los que deben contar las decisiones judiciales, esto es: ser expresas, positivas y precisas (cpr 163, 6).
Honorarios del abogado, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Araujo, César Raúl c/ Reynaldi, Julio Omar y otro s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Si el letrado ejecutante formuló la opción prevista en el art. 54 inc. "a" del decreto ley 8904/77, no estando vigente la ley 23928 sobre "convertibilidad del austral", resulta prudente y razonable admitir la restante solución que brinda el inciso "b" del citado artículo, tal como se lo requiere en el recurso, disponiéndose en consecuencia que, a partir del 1 de abril de 1991, sobre el capital adeudado deberán liquidarse los intereses que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art. 163 inc. 6, último párrafo, CPCC).
Proceso judicial, ley vigente, aplicación temporal de la ley, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Borda  Osvaldo  y  otro c/ PEN Ley 25561 Dtos 1570/01 214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

La aplicación por parte de los jueces de preceptos legales sin vigencia constituye un supuesto de arbitrariedad de sentencia (Conf. Carrió, Genaro; El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria; Abeledo Perrot, 2da Ed.; pag 179 y ss y jurisprudencia allí comentada) (Cons XV).
Juicio ejecutivo, sobreseimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benzadon, Samuel c/ Pizzicaro, Jorge B. y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

El art. 573 del C.P.C. dispone que realizada la subasta y antes de pagado el saldo de precio, el ejecutado sólo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital, intereses y costas, y la suma, a favor del comprador equivalente a una vez y media el monto de la seña, por lo que el mismo no procede si se encuentra firme el apercibimiento decretado con motivo de la insuficiencia del depósito efectuado.
Plan de parentalidad, astreintes, interés superior del niño, emergencia sanitaria
Materia: CIVIL
Carátula: C. F. J. c/ V. M. D. C. s/ régimen de comunicación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-21

Debe confirmarse la sentencia que intimó a la madre a garantizar el régimen de comunicación decidido, bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes en favor del progenitor, que vive en el exterior, puesto que la medida dispuesta aparece como justificada si se tiene en cuenta el interés superior de los menores y, con ello, la importancia de que se dé cumplimiento al régimen de comunicación decidido. La razonabilidad de la decisión está en el hecho de fijar reglas claras para el desenvolvimiento de las relaciones familiares en el futuro cercano, cuestión de suma trascendencia en condiciones de normalidad y mucho más aún en la situación de emergencia en materia de salud que la sociedad está transitando.
Proceso penal, acción civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CUENCA REVUELTA FRANCISCO Y OTRO s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-23

El titular de la acción civil en el proceso penal pueden ser el damnificado por el hecho, sus herederos,su asegurador o los representantes legales o mandatarios de ellos (C.P.P., art. 14); el damnificado directo o indirecto, seg un el art. 14, no es por consiguiente todo aquél que a raíz del hecho objeto de la causa penal hubiese sufrido en perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, sino la persona física o ideal a la que el hecho le hubiese causado de manera inmediata, es decir por sí mismo, y no en razón de una especial vinculación jurídica con la víctima, un perjuicio de esa especie en las cosas de su propiedad o posesión o en su persona, derechos o facultades. Puede tratarse de un perjuicio económico indirecto, como son los gastos realizados o las pérdidas experimentadas a raíz del perjuicio a su persona, derechos o facultades (c. Civil, art. 1068).-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, quiebra, acuerdo resolutorio, fallido, deudas del fallido, fianza, obligaciones del fiador
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: TSCHOPP, HEBERTO c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA  ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 19 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-19

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el fiador del deudor fallido, sustentado en la arbitrariedad del decisorio impugnado que entendió que no existió pago total y definitivo de las acreencias y que las restricciones acordadas en el acuerdo resolutorio homologado benefician exclusivamente al deudor fallido y, a la luz de la legislación concursal, señaló que el acuerdo fija el límite de la pretensión respecto al concursado y en virtud al mismo 'se opera una extinción legal de la acción con respecto a la parte del crédito que los acreedores renunciaron exigir", pudiendo el acreedor libremente dirigir su pretensión por el importe total contra los fiadores o codeudores del concursado demandado.

Frente al criterio trazado por la Sala, insiste el recurrente que la obligación accesoria -que resulta ser la fianza- ha quedado extinguida ante la extinción de la obligación principal por el pago que realizara el deudor fallido, por lo que no deviene aplicable el artículo 2049 del Código Civil, enfoque que no logra traspasar el límite de la discrepancia hermenéutica, inidónea para habilitar la instancia de excepción.
Extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: LIZARRAGA, Raúl c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS SA s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-25

La homologación ministerial de la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de trabajo veda al trabajador la posibilidad de discutir la naturaleza jurídica de ese acto rescisorio, que sólo podría considerarse inoponible mediante redargución de falsedad que conllevara la nulidad de la homologación, en acción que debería sustanciarse en forma conjunta contra la empleadora y la autoridad administrativa. Las partes que han celebrado un acuerdo de voluntades con discernimiento, intención y libertad no pueden unilateralmente solicitar que se deje sin efecto por razones de oportunidad o conveniencia, en ausencia de vicio nulificante, porque aún en el marco del orden público laboral, lo que las partes convengan con los requisitos señalados constituye una regla a la que deben someterse como a la ley misma por razones de seguridad jurídica (Conf. C.N.A.T. Sala V 15/6/93, in re "Valvo, José C/ Telefónica de Argentina").
Lotería nacional, diferencias salariales, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: GIUNTINI, NESTOR Y OTROS c/ LOTERIA NACIONAL S.E. s/ LABORAL (Reg. 13.028)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-07

La norma que se limitó a fijar un tiempo razonable para interponer acciones, no supone un impedimento para el acceso a la jurisdicción, pues simplemente se limitó a fijar un término razonable para que los interesados ejercieran sus derechos e interpusieran las acciones correspondientes. En dicho período los empleados no vieron cercenada la posibilidad de demandar ante los tribunales en procura de obtener la oportuna tutela de su derecho.

Ni el derecho de defensa en juicio, ni la garantía del debido proceso se vieron afectados, en la medida en que los actores pudieron acudir ante el órgano jurisdiccional en procura de justicia durante un tiempo que cabe caracterizar como prudencial y razonable, y de ser oídos y ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales, sin que se haya demostrado la imposibilidad cierta o real de promover las demandas en tiempo oportuno al solo efecto de evitar la caducidad derivada de la ley 24.447.

La finalidad de la caducidad es acelerar la tramitación judicial, facilitar las transacciones o propender al mayor orden de los litigios. Tiende a obligar al titular de un derecho, mediante un acto de autoridad, a tomar partido rápidamente. Ello está insito en su naturaleza, en su razón de ser, y no por ello es inconstitucional, en tanto y en cuanto se determine en condiciones razonables.

Tampoco es vulnerada la igualdad ante la ley, pues es sabido que ésta no consiste en una igualdad absoluta o rígida, sino en aplicar la ley de igual modo a todos los casos idénticos. El legislador puede establecer distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto no sean arbitrarias, es decir, mientras no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a razones objetivamente fundadas. (del voto del Dr. Slavin, adhesión Dr. París)
Sentencia, voto de los jueces, interpretación de la ley, aplicación de la ley, recursos, recurso de queja (administrativo), recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GEIGNER ADELA BEATRIZ y otros  c/ GCBA  s/ EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja ya que no contiene una crítica suficiente de las razones por las que el recurso de inconstitucionalidad que aquella viene a defender fue denegado. El a quo entendió que los agravios planteados por la recurrente contra la sentencia que por mayoría condenó al GCBA a incorporar el suplemento salarial contemplado en el art. 2° de la ordenanza n° 45421 a los haberes futuros de la actora (siempre y cuando continuara en actividad) y dispuso que no cabía limitar la condena a la fecha de entrada en vigencia de la ley n° 5622, quedaron circunscriptos a la interpretación de cuestiones de hecho, prueba y de las normas que las rigen, todas ellas de carácter infraconstitucional. También argumentó que el recurrente no logró fundar adecuadamente la existencia de una cuestión constitucional, pues las afectaciones constitucionales genéricamente invocadas no guardaron relación directa e inmediata con lo decidido; y que se encuentra descartado el supuesto de arbitrariedad. En su recurso, el quejoso -además de reiterar lo vertido en anteriores oportunidades- solo pone en evidencia su disconformidad con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar que los jueces de la alzada incurrieron en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Dominio, posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CANLLO DE SOSA, BLANCA INES c/ DIAZ, FRANCISCO B. Y OTRO s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-15

Quien ostenta título de dominio ha tenido por sí o sus antecesores la posesión de la cosa desde la fecha del título.
Medidas cautelares, inmuebles del dominio privado del Estado, compraventa inmobiliaria, prohibición de venta, dación en pago, peligro en la demora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agencia de Administración de Bienes del Estado c/ GCBA s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no alterar la situación de ocho inmuebles, que le habían sido cedidos por el Estado Nacional como dación en pago, en el marco del "Convenio Específico entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado el 13 de noviembre de 2019, con el propósito de afectar el valor de su venta, al pago de obras de construcción de viaductos para los ferrocarriles Mitre y San Martín, puesto que, por medio de la nota NO-2020-26887702-GCABADGADB, se intimó a la Directora del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires para que proceda a inscribir los inmuebles por lo que resulta, prima facie, acreditado el peligro en la demora, ya que no puede soslayarse las diversas consecuencias que podría generar una posible enajenación de los inmuebles mencionados y los graves efectos patrimoniales que ello podría traer aparejado.