Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-12-26


Libro de Acuerdos Nro. 50 F 189/194 Nro. 80). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintiseis días del mes de diciembre del año dos mil uno, reunidos en la sala de acuerdos los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia Dres. Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Jorge Daniel Alsina, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nro. 478/2000, caratulado: "Acción de inconstitucionalidad: Colegio de Abogados de Jujuy - Elva Celia Isolda Calsina, María Cecilia Rodriguez y otros c/ Estado Provincial".

El Dr. Tizón, dijo:

En esta causa, el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy y alguno de sus matriculados por sus propios derechos, representados todos por los doctores Sergio Stephan y Ramón Eduardo Nebhen, promovieron acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 179, 180 inc. 1, 188 y concordantes del Código Fiscal de Jujuy; de los artículos 118, 144 y concordantes de su decreto reglamentario y del artículo 8 y concordantes de la ley Impositiva Nro. 4652/92. Luego de fundamentar la competencia de este Superior Tribunal para entender en la cuestión, justifican la legitimación para el ejercicio de esta acción, en el interés legítimo del que se consideran titulares. El del Colegio de Abogados -precisan- por estar facultado -en forma exclusiva y por delegación del Estado Provincial- para el gobierno de la matricula de los abogados y procuradores con domicilio en la Provincia y para percibir los impuestos y contribuciones creados por ley. La de los codemandantes, finca en la condición de obligados al pago del impuesto cuya declaración de inconstitucionalidad ahora procuran.

Dado que la ley 4346 otorga efecto "erga omnes" a la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es dable inferir -estiman los actores- que el legislador ha asignado un contenido igualmente amplio e irrestricto al interés legítimo contemplado en el artículo 2 inciso 1 de esa ley para facultar al ejercicio de la acción, lo que -a su vez- guarda congruencia con el artículo 43, apartado 3, inciso 1 de la Constitución de la Provincia. Por tales razones, y porque así lo ha dispuesto la asamblea extraordinaria del 5 de marzo de 1998, el Colegio de Abogados tiene justificado el ejercicio de la acción que motiva esta causa.

Respecto a la pretensión cuyo acogimiento se demanda, afirman que en el ejercicio de la profesión, los abogados padecen una inconstitucional doble imposición, en tanto el mismo hecho resulta gravado tanto por el impuesto a los ingresos brutos que ahora cuestionan, como por el impuesto a la actividad profesional establecido por la ley 3329 (Estatuto de la Abogacía y la Procuración). Advierten además que tal situación contraviene el convenio de coparticipación federal de impuestos y no distingue la actividad profesional personal de la organizada en forma de empresa, lo que les irroga un perjuicio económico que importa la violación al derecho constitucional de propiedad, a la igualdad y a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Señalan -luego de transcribir los artículos 179, 180 inciso 1 y 118 del Código Fiscal de la Provincia- que la obligación tributaria contemplada en esas normas y que grava, entre otras, la actividad a título oneroso de la profesión de abogado y procurador en la Provincia, es idéntica a la contemplada por el Estatuto de la Abogacía y la Procuración, que crea el impuesto a esa actividad profesional, cuyo monto fija anualmente el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y que se concreta con "la adhesión de una estampilla especial sobre la cual se impondrá la firma del abogado o procurador al pie de cada actuación judicial ." según reza el artículo 105 de esa ley, cuyo texto completo transcriben. Esas normas son las que dan lugar a la doble imposición que denuncian y que debe removerse declarando la inconstitucionalidad de las contenidas en el Código Fiscal, por cuanto el impuesto al ejercicio o actividad profesional de abogados y procuradores únicamente puede ser exigido -según afirman- por el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy.

Más adelante, sostienen que esos mismos artículos del Código Fiscal son contrarios a la Constitución Nacional y a la ley federal de coparticipación de impuestos, en tanto la profesión de abogado y procurador, es actividad que también resulta gravada por el impuesto a las ganancias, cuya percepción corresponde al Gobierno Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado exento del impuesto a los ingresos brutos el ejercicio de la actividad profesional de la abogacía en forma personal (no como empresa) y siendo esa la doctrina legal del Máximo Tribunal de la República respecto a esta cuestión, corresponde resolver la presente causa en ese sentido.

Sustanciada la demanda con el Estado Provincial, compareció a contestarla el doctor Hugo Alberto Lara, solicitando su rechazo. Señala que sólo por un error en la técnica legislativa, se denomina "impuesto a la actividad profesional" al contemplado en la ley 3329, ya que en realidad se trata del aporte que realizan los matriculados para el sostenimiento del Colegio de Abogados y Procuradores y que no ingresa a las Rentas del Estado. El poder para recaudar impuestos es indelegable, por lo que no es posible imaginar que esa Institución, tenga prerrogativas para su percepción.

También niega que el impuesto a los ingresos brutos contravenga el convenio de coparticipación federal de impuestos, sosteniendo que el que se aplica sobre las ganancias sólo debe tributarse a partir de un mínimo de utilidad, que los actores no han demostrado superar. Tampoco es dable afirmar -a decir de la defensa- que ambos impuestos (a las ganancias y a los ingresos brutos) tengan el mismo hecho imponible. Cita en abono de su postura fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asevera que el invocado por la actora (Irungaray c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) fue dictado para resolver cuestión distinta a la que aquí se ventila, por lo que una resolución en sentido contrario de ningún modo comportaría -como injustificadamente lo asevera la parte actora- cercenamiento al constitucional derecho a la igualdad. Solicita, en definitiva, el rechazo de la demanda, con costas.

Clausurada la etapa probatoria en la audiencia a la que sólo concurriera el representante de la actora, los autos fueron llevados a dictamen del Señor Fiscal General habilitado, quien propicia el rechazo de la acción. Como primera cuestión, estima que el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy carece de la legitimación que invoca, no así los matriculados codemandantes. Luego, en cuanto al fondo de la cuestión, considera improcedente la acción, por los mismos fundamentos expresados por este Superior Tribunal de Justicia en L.A. 45 F 49/54 Nro. 30.

Corresponde ahora, emitir nuestro pronunciamiento.

Respecto a la primera cuestión, coincido con lo apuntado por Ministerio Público, por lo que entiendo corresponde desestimar la legitimación del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy para el ejercicio de la acción incoada. Ello así, por cuanto no está obligado al pago del impuesto cuestionado y, por tanto, no es titular de derecho subjetivo o interés legitimo que, hipotéticamente afectado por la norma, justifique el ejercicio de la acción destinada a fulminarla. Tampoco tiene esta Institución, prerrogativa alguna para actuar en nombre y representación de los colegiados en la defensa de sus derechos patrimoniales, ya que ello -aún mediando decisión de asamblea- es extraño a sus fines y ajeno a las facultades que la ley le ha atribuido al tiempo de su creación.

Este ha sido el temperamento adoptado por este Superior Tribunal de Justicia al resolver el expediente Nro. 333/2000 por el que tramitó la acción de inconstitucionalidad promovida por el mismo Colegio Profesional respecto de la ley Provincial Nro. 5177 (L.A. 50 F 45/49 Nro. 20). Iguales consideraciones son predicables respecto del sub-lite, por lo que a ellas me remito para evitar inútiles reiteraciones. Sólo puntualizo que aquí -como en aquella causa- el derecho constitucional que se dice conculcado no es otro que el de propiedad, para cuya defensa sólo se encuentra habilitado el titular del derecho patrimonial afectado. La norma del artículo 43 de la Constitución Nacional que confiere legitimación a "cualquier persona", debe entenderse que lo hace para la defensa de derechos individuales o colectivos, difusos o "de tercera generación", pero no para erigirse en defensa de los ajenos, salvo -claro está- mediando mandato expreso de la ley, supuesto que -como dije- no se configura en la especie.

Retomando lo que anticipé líneas arriba, agrego que el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy ha sido creado como persona de derecho público para-estatal con el objeto de ejercer, por delegación del Estado Provincial, el gobierno de la matrícula y el poder disciplinario sobre sus asociados, así como para bregar por el perfeccionamiento académico de los mismos. Así lo disponen los artículos 45, 50, 54 y concordantes de la ley 3329. No existe en cambio norma legal alguna que le atribuya prerrogativas para arrogarse la representación singular de sus colegiados en la defensa de sus derechos e intereses individuales de contenido patrimonial o económico, como el que se invoca en la demanda.

En definitiva, resultando evidente que la pretensión de la actora en esta causa no se encamina al restablecimiento de derechos generales o colectivos que conciernan -al decir de Morello- al cometido, alcance, incumbencia o ejercicio de la profesión y que, como tal, justifique que el Colegio que los aglutina se erija en su defensa, con el fin de proteger la virtualmente vulnerada independencia, jerarquía, competencia y decoro de los profesionales (cfr. Morello, Augusto J.A. 1981-I-708), la legitimación invocada debe desestimarse.

Agrego, para concluir esta primera cuestión, que el efecto derogatorio que el artículo 7, inciso 3 de la ley 4346 atribuye a la declaración de inconstitucionalidad de una norma (a lo que la actora denomina "alcance erga omnes de la sentencia") no lleva a concluir, como se afirma en la demanda, que cualquier sujeto está atribuido de legitimación para promover la acción dirigida a la tacha de una norma, pues la correlación que se plantea entre el efecto expansivo de la sentencia y quien ha promovido la demanda respectiva, se limita, en todo caso, a los sujetos comprendidos en el precepto cuestionado. De tal suerte -y sólo a modo de ejemplo- una resolución que admitiera la acción promovida por un abogado respecto a la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos, favorecería a todos los demás, de lo que se sigue que cualquiera de los matriculados está legitimado para incoarla; pero ello, claro está, no importa admitir -como injustificadamente se pretende- que tal prerrogativa esté al alcance de quien, por no ejercer la abogacía o la procuración (ni estar investido de representación legal alguna) en nada resulta afectado por su vigencia o derogación, como sucede con el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy.

La legitimación de los profesionales codemandantes me parece, en cambio, incuestionable, no obstante los dichos de la defensa en el sentido de que ninguno acreditó percibir ingresos superiores al mínimo imponible que los obligue al pago del impuesto a las ganancias y que, de tal modo, padezcan la supuesta doble imposición que se denuncia, por estar también compelidos a pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. Ello así porque aún para este supuesto, los abogados debidamente matriculados son, respecto a ambos tributos, sujetos obligados y, por tanto, titulares de un interés legítimo que justifica plenamente su participación en esta causa.

En cuanto al planteo medular de la contienda, dos son los supuestos a abordar a fin de determinar si existe o no la ilegal doble imposición tributaria que se denuncia en la demanda. El primero es el que -al decir de la actora- se suscita entre el impuesto a los ingresos brutos y el llamado "impuesto a la actividad profesional" contemplado en el artículo 105 de la ley 3329; y el segundo, entre aquel y el impuesto a las ganancias, en este último caso, a la luz de las disposiciones de ley de coparticipación federal.

Tal como lo apunta la demandada, el previsto en el artículo 105 de la ley 3329, no es propiamente un "impuesto", aún cuando, con imprecisión en el uso del lenguaje, así haya sido denominado por el legislador. Basta tener en cuenta el destino que la ley acuerda a los fondos recaudados por tal concepto -el sostenimiento del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy- para corroborar esta afirmación.

En efecto: aún antes de la reforma de la ley 3329, ya era posible inferir que ese y no otro era el fin de tal aporte, pues el artículo 105 que lo consagra está ubicado en el capítulo X de esa ley, titulado precisamente, "Recursos del Colegio". De todos modos, cualquier posible duda quedó definitivamente despejada con la sanción de la ley 3716, cuyo artículo 2 incorpora este mal llamado impuesto a la actividad profesional, al artículo 100 de aquella ley (la Nro. 3329) cuyo encabezamiento reza: "Serán recursos del Colegio .".

Como no se trata de un impuesto a favor del fisco, sino de un aporte que los matriculados están obligados a afrontar para el sostenimiento del colegio profesional que los congrega, es evidente que no se configura doble imposición tributaria alguna.

Con lo dicho, sólo queda referir a la superposición entre el impuesto a los ingresos brutos y el que se aplica a las ganancias. Tal como lo señala el Ministerio Público en su dictamen, esta cuestión fue tratada por este Superior Tribunal de Justicia cuando la misma normativa fue tachada de inconstitucional, por idéntica vía a la aquí tentada, por la Dra. Nelly María de los Angeles Libertad Pioli, también miembro del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy. La nombrada profesional, esgrimió entonces similares argumentos a los desarrollados por la parte actora en esta causa, los que fueron desestimados en la sentencia registrada en L.A. 45 F 49/54 Nro. 30. Entre otros fundamentos, se dijo que "no existe superposición del impuesto sobre los ingresos brutos con el impuesto a las ganancias, ya que el honorario como tal, no es el hecho generador de ninguno de ambos tributos".

En efecto, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "no cabe confundir el hecho imponible con la base o medida de la imposición, pues el primero determina y da origen a la obligación tributaria, mientras que la segunda no es más que el elemento a tener en cuenta para cuantificar el monto de dicha obligación" (L.L. 1997-B-407). Como se sabe, el impuesto a los ingresos brutos tiene como hecho imponible, el ejercicio habitual y a título oneroso de -en este caso- la profesión de abogado o procurador y su base de determinación es la totalidad de los montos percibidos por quien la desarrolla. El hecho imponible del impuesto a las ganancias en cambio, es la utilidad obtenida en el ejercicio de esa actividad para cuya determinación deben tomarse como base los montos obtenidos por ese concepto durante el período fiscal.

Agrego que en el citado precedente de este Superior Tribunal (L.A. 45 F 49/54 Nro. 30) hemos resuelto que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Irungaray c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" no era aplicable a esa causa (ni lo es ahora a ésta) por tratarse de cuestiones distintas. Me remito también en esto -para no incurrir en estériles reiteraciones- a cuanto allí hemos considerado.

Por los fundamentos expuestos, propongo el rechazo de la acción promovida.

Para determinar a quién corresponde soportar las costas de este proceso, no encuentro razón que justifique apartarnos del principio general contemplado en el artículo 102 del Código Procesal Civil, por lo que recaerán sobre la actora y se distribuirán entre los codemandantes en partes iguales. En cuanto a los honorarios, teniendo en cuenta el interés comprometido en el proceso, así como la naturaleza y complejidad del asunto, mérito, eficacia y calidad de la defensa (art. 5 y 4 incs. "b" y "c" de la ley 1687) y la participación que tuvo cada letrado, los estimo en la suma de dos mil pesos ($ 2.000.-) para el doctor Hugo Alberto Lara y en un mil cien pesos ($ 1.100.-) para cada uno de los doctores Sergio Stephan y Ramón Eduardo Nebhen, en todos los casos, con más el impuesto al valor agregado si correspondiera.

Los doctores del Campo, Valdecantos, Arnedo y Alsina, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy y los doctores Elva Celia Isolda Calsina, María Cecilia Rodriguez, Cecilia Beatriz Coronel Sarfield Escobar, Hebe del Carmen Meyer, Jorge Daniel Toril, Miguel Antonio Cabezas, Adriana Karina Nassr, Marcelo Elías, Pablo Ernesto Mármol, Aldo Hernán Lozano, Daniel Adolfo Paredes y Pablo Gabriel Sayago.

2. Imponer las costas a la actora.

3. Regular los honorarios profesionales del doctor Hugo Alberto Lara en la suma de dos mil pesos ($ 2.000.-) y los de los doctores Sergio Stephan y Ramón Eduardo Nebhen, en la de un mil cien pesos ($ 1.100.-) para cada uno, en todos los casos con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.

4. Registrar, agregar copia en autos y notificar.