Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de septiembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver el recurso de apelación de fs. 323/326 vta.

La Dra. Marta Paz dijo:

Y VISTOS:

La resolución del 13 de julio de 2006 que dispuso sobreseer a los imputados por inexistencia de delito en orden a lo previsto en el art. 189 bis, apartado segundo, del Código Penal (fs. 306/307 vta.).

El recurso de apelación interpuesto por el Sr. co-titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y Faltas Nº 6 a fs. 323/326 vta., y la presentación del Sr. Fiscal de Cámara obrante a fs. 333/335 vta.

Y CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

En el presente caso, desde que se cuestiona la aplicación del tipo penal previsto en el art. 189 bis, apartado 2º, primer párrafo, del Código Penal según el texto de la Ley nº 25.886, se plantea un supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva El art. 61 inc. 1º de la ley 1287 reconoce al Ministerio Público Fiscal la potestad recursiva en este supuesto en caso de absolución; al mismo debe asimilarse al sobreseimiento ya que determina una certeza negativa acerca de la imputación una vez agotada la investigación. El procedimiento penal tiende a obtener el acto que resuelva definitivamente el conflicto social en el cual reside la imputación penal dándole respuesta, (Maier, Julio B. Derecho Procesal Penal. Fundamentos, T. I, pág. 92 Editores Del Puerto S.R.L., Buenos Aires, año 2004, 2ª edición, 3ª reimpresión) y avanza hacia la decisión que solucione ese conflicto: la sentencia (aún el sobreseimiento).

La diferencia entre ambos radica fundamentalmente en el estadio procesal en que se lo dicte, por lo que interpretar restrictivamente la norma referida resultaría irrazonable, toda vez que el sobreseimiento entraña una sentencia absolutoria anticipada.

Por lo expuesto, entiendo que corresponde habilitar al Ministerio Público Fiscal para que apele la resolución cuestionada.

2. Las presentes actuaciones se iniciaron el 8 de octubre de 2005, en horas de la madrugada, cuando en Avenida Directorio Nº 5448 personal de la seccional 42 de la Policía Federal Argentina procedió a la detención de los imputados Matías Leonel Carrasco y Gabriel Osre por presunta infracción al art. 189 bis del Código Penal; se imputó a ambos la portación sin la debida autorización de un (1) revólver calibre 22 corto marca ITALO GRA Nº 68651 color plomo, con mango de plástico color negro, que contenía seis (6) alvéolos con cuatro proyectiles de bala y dos (2) vainas servidas, que se secuestró a pocos metros del lugar de detención de los imputados, lugar adonde la habrían arrojado momentos antes, mientras eran perseguidos por personal policial.

3. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba a fs. 273 vta.

4. Corrida vista a la Fiscalía, prestó conformidad al ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba respecto de Matías Leonel Carrasco, no así en relación al coimputado Carlos Gabriel Osre, fundado en que éste había sido beneficiado con el mismo instituto el 24 de noviembre de 2004 en la causa Nº 1216, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 9, Secretaría Nº 64, lo que consideró obstativo de su otorgamiento de acuerdo a lo establecido por el art. 76 ter, anteúltimo párrafo, del Código Penal. (fs.282).

5. El 13 de julio de 2006 se resolvió el sobreseimiento de Matías Leonel Carrasco y Carlos Gabriel Osre en orden al delito previsto en el art. 189 bis, apartado 2º, primer párrafo, del Código Penal fundado en que la conducta reprochada, al momento de comisión de los hechos, era atípica (fs. 306/307 vta.).

Para así resolver se tuvo en cuenta que con fecha 5 de mayo de 2004, se produjo la modificación del art. 189 bis del Código Penal, mediante la sanción de la Ley 25.886. Esta derogó el art. 189 ter del CP y el art. 42 bis de la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429, estableciendo en el nuevo art. 189 bis, punto 2) que: la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal será reprimida con prisión de (6) seis meses a (2) dos años y multa de mil pesos ($ 1.000) a diez mil pesos ($ 10.000); la que a su vez supeditó su entrada en vigencia al plazo de seis (6) meses -desde el 5 de mayo hasta el 5 de noviembre de 2004- para posibilitar la inscripción registral de aquéllas. (art. 4, 2º párrafo).

Y que Dicho plazo fue instaurado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Disposición RENAR Nº 103/2006, el que dispone en su art. 1º: Fíjase el período comprendido entre el 2 de mayo de 2006 y el 31 de Octubre de 2006, para la realización de la campaña prevista por el artículo 4º de la Ley 25.886, en los términos de la disposición RENAR Nº 050 de fecha 22 de febrero de 2006 para la legalización de la tenencia de armas de fuego, de lo que colige por aplicación del art. 2º del Código Penal que el tipo legal que sanciona dicha conducta ilícita no ha entrado en vigencia, encontrándose la conducta desincriminada al momento del hecho que diera origen a las presentes actuaciones -8 de octubre de 2005- y hasta el vencimiento del plazo de seis meses fijado en la disposición RENAR Nº 103/06.

6. La fiscalía se agravia por entender que el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil previsto en el art. 189 bis, apartado 2º, primer párrafo, del Código Penal (Ley nº 25.886) se encuentra vigente, por no encontrarse supeditado a que el Poder Ejecutivo disponga las medidas tendientes a facilitar el registro gratuito y sencillo de tales armas de fuego no correspondiendo, en consecuencia, el sobreseimiento dictado. Asimismo consideró que se habría violado el principio acusatorio ya que ni el Ministerio Público Fiscal, ni la defensa, habían solicitado el sobreseimiento.

7. A los fines de resolver si la resolución recurrida se ajusta a derecho es preciso determinar si la vigencia de la norma está sujeta a condición, en el caso, al cumplimiento por parte de la autoridad administrativa de la implementación de un sistema gratuito y sencillo para facilitar el registro de las armas de fuego.

El art. 4º de la Ley Nº 25.886 dispone que el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá, a partir de la promulgación de la presente ley, las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil o uso civil condicionado, por el término de seis (6) meses. Asimismo, en el mismo término se arbitrarán... los medios para recepcionar de parte de la población, la entrega voluntaria de toda arma de fuego que su propietario o tenedor decida realizar ... el primer párrafo del punto 2 del artículo 189 bis entrará en vigencia a partir del plazo establecido en este artículo.

El decreto 50/06 RENAR (dictado el 22/02/2006, publicado en el Boletín Oficial el 04/04/2006) creó el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados que dispone que, a los fines de alcanzar su registro en los términos del art. 4 de la ley 25886, los poseedores de las armas de fuego que carezcan de registración ante el mismo deberán denunciar su tenencia (art 1º) prescribiendo un término de seis meses para alcanzar tal condición.

La disposición 103/06 RENAR fijó el período comprendido entre el 2.05.06 y 31.10.06 para la realización de la campaña prevista en el art. 4º de la ley 25886.

La resolución impugnada sostiene, que el tipo penal previsto por el art. 4º de la ley 25886, no entró en vigencia debido a que el poder ejecutivo dictó la reglamentación que prevé la gratuidad del registro recién a través de la disposición 103/06 RENAR, y la vigencia del tipo quedó supeditada al mismo Cabe formularse entonces la siguiente pregunta: ¿quedó supeditada la vigencia de la ley 25886 a la reglamentación por parte del poder ejecutivo 8. La doctrina contenida en las palabras del gran juez americano que sostiene que la diferencia entre los departamentos es que la legislatura hace la ley, el ejecutivo la ejecuta y el Poder Judicial la interpreta, así como que quien hace la ley puede someter algo a la discreción de los otros departamentos y el límite preciso de este poder es materia de delicada investigación (10, Wheaton, 1, 43) es exacta dentro de los principios consagrados por la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres grandes departamentos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial; independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno. (Fallos, T. 1, pág. 32).

No escapa a la suscripta que el art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional (antes 86, inc. 2º) autoriza al poder ejecutivo para expedir sus instrucciones y los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Esta facultad y la reconocida al poder legislativo en el art. 75, son de idéntica naturaleza en el sentido que ambos pueden comprender, y se refieren a disposiciones de un orden semejante o igual, aunque el contenido o la extensión no reconozcan limitación alguna cuando el poder se ejercita por el congreso.

Cuando el poder ejecutivo es llamado a ejercitar sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que ha menester de ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada constitucionalmente, limitada a no alterar la ley ni, por vía de delegación, dictarla.

Reglamentar, ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es tornar explícita una norma que ya existe y a la que el poder legislativo le ha dado una substancia y contornos definidos; y ello, sólo en la medida que sea necesario para su ejecución, cuidando siempre de no alterar su espíritu.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo, o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. (Fallos 148:430).

9. La diferencia entre una indebida delegación de atribuciones legislativas y una simple remisión al poder reglamentario del Presidente de la República para reglar pormenores y cuestiones de detalle fue establecida claramente por la Corte Suprema en los casos Delfino y Cia. y Mouviel al señalar que: Existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aún en aquellos países en que, como los Estados Unidos de América, el poder reglamentario se halla fuera de la tarea de la Constitución (Fallos: Tº 148:430).

La facultad genérica de reglamentar las leyes acordada por la Constitución Nacional, exige algo más que una simple autorización legislativa para que su ejercicio resulte válido; es necesaria la existencia de leyes dictadas por el Congreso lo suficientemente definidas y precisas, como para que ese ejercicio no se traduzca en un vagar a voluntad entre todas las materias posibles (expresión del justice Cardozo en Schetchter Poultry Corp. vs. United States) de lo que constituye el objeto de la autorización.

Si la ley no establece las condiciones o circunstancias, en definitiva, el criterio que gobierne el rumbo del poder ejecutivo, confiriéndole así una autoridad ilimitada en el tiempo para determinar la política y para hacer efectiva o no la prohibición como lo crea conveniente, tal amplitud autorizada de acción equivaldría a conferir al Presidente las funciones de la Legislatura.

La atribución legislativa es, por principio, indelegable, salvo requisitos estrictos de excepción establecidos en el art. 76 de la carta magna, en cuanto admite solo la delegación impropia mediando una política legislativa definitiva, estado de emergencia y con los alcances temporarios.

Como señala el Dr. Alberto B. Bianchi: La única fuerza ejecutiva que requieren indispensablemente las leyes, por mandato constitucional, es la promulgación; pero fuera de ella cualquier ley que el Congreso dicte puede estar habilitada perfectamente para entrar directamente en vigor, es decir, para ser inmediatamente operativa, de modo que si alguna intervención le cabe al Poder Ejecutivo, bajo el art. 86, inc. 2º, se debe producir, necesariamente, por decisión y a iniciativa del Congreso, pero no por una incapacidad de este último. De lo contrario, caeríamos en el absurdo de que la tarea del Congreso quedaría supeditada a la voluntad del Presidente quien podría no dictar el reglamento ejecutivo respectivo y así obstaculizar la puesta en marca de la ley. Lo expuesto indica que, tanto cuando el Congreso pide al Presidente el dictado de un reglamento ejecutivo, como cuando le delega una materia para su regulación, le está entregando una actividad propia, personal, considerando así más conveniente por razones eminentemente prácticas, que sean reglamentadas por el Presidente, pero en modo alguno -respecto de los reglamentos ejecutivos- esto constituye un paso jurídicamente indispensable exigido por la Constitución, o por ley alguna, sin el cual la ley carezca de validez (La delegación legislativa. Teoría de los reglamentos delegados en la Administración Pública. pág. 121, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1990, el subrayado me pertenece).

Se evidencia entonces que es negativa la respuesta a la pregunta formulada supra. No es posible adoptar una interpretación en el sentido que la vigencia de la ley 25886 quedó supeditada al dictado de la reglamentación por el Poder Ejecutivo, pues ello equivaldría a adoptar una postura en favor de la inconstitucionalidad de la ley.

10. Por último, debe tenerse presente que los principios derivados de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben considerarse inconmovibles en materia penal, y constituyen por lo tanto una guía segura para orientarse en la cuestión de autos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas (Fallos 155:178), lo que refuerza el yerro que implica sostener, como hace la resolución impugnada, que la entrada en vigencia de la ley quedó condicionada sine die a una decisión del Poder Ejecutivo.

11. El principio que establece el art. 76 es que la delegación legislativa está prohibida; el Congreso no puede transferir al Poder Ejecutivo atribuciones de su incumbencia. Su fundamento es mantener la división de competencias, siguiendo aquella expresión de Montesquieu de que la división de poderes hace a la esencia del modelo republicano y que si un poder interfiere, interviene o de alguna manera entorpece el funcionamiento de las competencias privativas de los otros poderes, cesa la división y con ello la República. esta disposición se compadece con la norma del art. 99 inc. 3, párrafo 2º que establece la prohibición al Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo. (Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Ed. Ciudad Argentina, 1997, pág. 302).

En el caso que nos ocupa el legislador definió la materia que quería regular, la estructuró y sistematizó, expresó su voluntad, que es la voluntad soberana del pueblo, en un régimen en sí mismo completo y terminado.

El poder legislativo dispuso el estándar inteligible, es decir, la clara política legislativa, la lógica explícita, discernible, que actuó como un mandato de imperativo cumplimiento por parte del ejecutivo, sobre el que no pueden abrigarse dudas dada la difusión pública de los hechos que dieron origen a la sanción de la ley y que evidencian un claro mandato de desarme que de ningún modo quedó condicionado, ni constitucionalmente habría podido estarlo, a la decisión unilateral del poder ejecutivo.

Lo hasta aquí afirmado resulta concluyente a fin de resolver la cuestión planteada tornando innecesario expedirse sobre la alegada violación del principio acusatorio.

La conducta imputada a los Sres. Carrasco y Osre resulta típica, por cuanto el delito de tenencia de arma de uso civil estaba vigente en la fecha de presunta comisión, ya que la ley 25886 entró en vigencia a los seis meses de la fecha de su promulgación Por todo lo expuesto corresponde:

I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y REVOCAR el sobreseimiento dictado en la causa a fs. 306/307.

II. APARTAR a la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 3, debiendo remitirse las presentes actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que se desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo en la misma.

Así lo voto.

Los Dres. Jorge Franza y Silvina Manes dijeron:

Primera cuestión.

Admisibilidad del recurso 1. La apelación presentada por el Dr. Brunet a fs. 323/326, ha sido interpuesta en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61 inc.1º apartado a) de la Ley de Procedimientos Contravencional, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, la Sra. Jueza de grado resolvió, con fecha 13 de julio pasado, sobreseer al Sr. Carrasco y al Sr. Osre en orden al delito previsto en el art. 189 bis, apartado 2º, primer párrafo del Código Penal, siendo notificado de ello el Sr. Fiscal el 7 de agosto pasado, quien interpuso recurso de apelación el día 10 del mismo mes, es decir dentro de los cinco días habilitados para ello.

Sostuvimos al fallar en la causa n° 13145-01/CC/2006 caratulada Incidente de sobreseimiento en autos EUSEBIO, Héctor Darío s/inf. art. 189 bis C.P.- APELACION que, si bien es cierto que la normativa aplicable (art. 61 inc.1º de la ley nº 12) es clara en reconocer la potestad recursiva del fiscal en el único supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y en el caso de absolución (in re Alcaraz, Héctor Juan s/infr. art. 189 bis CP. Apelación expte. 469-00/CC/2006, rta.6-07-06), cabe entender que dicha posibilidad también involucra al sobreseimiento ya que ambos producen la desincriminación del imputado y ponen fin o impiden la continuación del proceso.

En el presente caso existió un pronunciamiento desincriminante, en el cual el juzgador se expidió sobre el fondo de la cuestión clausurando la persecución penal con valor material de ne bis in idem, motivo por el cual dada la sospecha de haber incurrido en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, corresponde habilitar al Sr. Fiscal que intente revocar la sentencia cuestionada.

Corresponde entonces declarar admisible el remedio intentado, conforme en el art. 61 inc.1º LPC, por reunir los requisitos de forma allí contenidos.

Segunda cuestión.

De los agravios 2. En cuanto a los agravios deducidos por el representante de la vindicta pública, cabe señalar que la presente causa tuvo su inicio en el día 8 de octubre de 2005. El 12 de mayo del corriente, al requerir la elevación a juicio, los fiscales de grado describieron la conducta reprochada a los imputados como constitutiva del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (art. 189 bis, inc. 2º del CP según ley 25.886). El 13 de julio la juez a quo resolvió sobreseer a los imputados por considerar que la conducta reprochada resultaba atípica.

3. Explicamos en el precedente Eusebio las modificaciones introducidas por la ley 25.886 (al que nos remitimos a los fines de la brevedad), precisando en esa oportunidad que el punto a determinar era el alcance que poseía el art. 4º, segundo párrafo de aquella ley, esto es si el término de seis meses mencionado en la norma para la entrada en vigencia del tipo penal de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, debía computarse de manera automática desde la promulgación de la ley o, por el contrario, quedaba sujeta al cumplimiento por parte de la autoridad administrativa competente de un sistema gratuito y sencillo para facilitar el registro de las armas de fuego.

Y resolvimos que, del texto legal mencionado, se desprendía claramente -ya sea realizando una interpretación literal o gramatical; como desde el análisis de la hermenéutica histórica o de la voluntad del legislador- que éste último no había condicionado la entrada en vigencia del delito de simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización a la instrumentación de un registro por parte del Poder Ejecutivo, sino que ello operó trascurridos los seis meses contabilizados desde la promulgación de la ley, es decir el 5 de noviembre de 2004.

Y que además, una resolución en contrario, no haría más que desconocer el motivo principal de la reforma del Código Penal en su art. 189 bis.; interpretar que la entrada en vigor de un tipo penal se posterga como consecuencia de la inactividad de la administración deviene irrazonable y alejado de la intención del legislador.

4. Las conclusiones a las que arribáramos en la causa Eusebio, resultan palmarias a fin de resolver el tema en tratamiento, todo lo cual reafirma nuestra postura en el sentido que la conducta endilgada a los Srs. Matías Leonel Carrasco y Carlos Gabriel Osre no resulta atípica, por cuanto el delito de tenencia de arma de uso civil se encuentra vigente desde el 5 de noviembre de 2004, dado que la ley fue promulgada de hecho el 4 de mayo de ese año.

5. En mérito a lo expuesto consideramos que se debe:

I. REVOCAR la resolución apelada (art. 61 inc. 1º, párrafo 3º LPC y arts. 189 bis, inc. 2º, párrafo primero del Código Penal).

II. APARTAR a la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 3, debiendo remitirse las presentes actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que se desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo.

Así votamos.

Atento al mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. REVOCAR la resolución apelada (art. 61 inc. 1º, párrafo 3º LPC y arts. 189 bis, inc. 2º, párrafo primero del Código Penal).

II. APARTAR a la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 3, debiendo remitirse las presentes actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que se desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo.

Regístrese, notifíquese a las partes y remítase a la Secretaría General de Cámara, a sus efectos.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 se libró una cédula. Conste.

Endede 2006 remití a la Secretaría General de Cámara. Conste.