Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-16


SENT Nro. 450 San Miguel de Tucumán, 19 de JUNIO de 2003.- Y VISTO: Los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada respectivamente en los autos: "Piossek Prebisch, Teresa y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo", y C O N S I D E R A N D O 1.- Vienen a conocimiento y decisión del Tribunal los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Dr. Clímaco J. G. De la Peña en representación de los actores, y por las Dras. Mirta Adriana Avila y Graciela Jure de Herrera en carácter de apoderadas del Gobierno de la Provincia, contra la sentencia del 08/5/2003 dictada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo.

No se avoca esta Corte al conocimiento del recurso de inconstitucionalidad presentado por los actores contra la sentencia que resolvió su pedido de aclaratoria dictada en fecha 21/5/2003 (cfr. fs. 208/210), toda vez que por escrito posterior los actores solicitaron que no se tramite el recurso y que sea considerado como reserva de derechos.

Los recursos de actores y demandado fueron concedidos por resoluciones números 169 y 168 respectivamente dictadas el 27/5/2003.

Se exponen a continuación, sintéticamente, los hechos relevantes para la resolución de los recursos.

La demanda.

2.- En fecha 28/8/2002 los actores iniciaron contra la Provincia de Tucumán acción de amparo prevista en el art. 50 del Código Procesal Constitucional, con el objeto de solicitar lo siguiente:

a) Que se declare la inconstitucionalidad de la ley 6146 denominada Ley de Lemas y por consecuencia el art. 38 inc. 8 de la Constitución de la Provincia, en cuanto permiten que para la elección de legisladores y concejales los votos emitidos a favor de una lista se adjudiquen a otra.

b) La inconstitucionalidad del inciso 9 del art. 38 de la Constitución Provincial que divide a la provincia en tres secciones electorales, y peticionaron que se intime a la Legislatura a que dicte una ley que ordene en lo posible los distritos en la forma que establecía la Constitución de 1907.

c) La inconstitucionalidad del art. 131 de la Constitución de la Provincia, que dispone que la elección de Convencionales Constituyentes para la reforma de la Constitución debe realizarse aplicando las normas establecidas para la elección de legisladores, en tanto implica un reenvío a las normas premencionadas.

d) Que se declaren inconstitucionales los arts. 47 y 140 de la Constitución de la Provincia, en tanto institucionalizan el voto sábana al establecer la realización de elecciones conjuntas.

e) Que se declare inconstitucional la omisión de la Legislatura en dictar una ley para la elección de sus miembros y constituyentes, que respete los principios, declaraciones y garantías constitucionales, para que éstos se expresen en comicios auténticos que permitan a los votantes discernir sobre las calidades de los candidatos, que impidan el monopolio de las candidaturas por los partidos políticos, y que no permitan las elecciones simultáneas de constituyentes con las de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Para justificar su legitimación los actores invocaron su condición de ciudadanos con domicilio en la provincia, su inclusión en el padrón electoral y su derecho a elegir y ser elegidos conforme lo dispone el art. 14 de la Constitución Nacional, y consiguientemente a desempeñarse como miembros de la Convención Constituyente que debe elegirse en virtud de la ley que declara la necesidad de la reforma (cfr. fs. 4).

Los amparistas expusieron que habiéndose dictado la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional, consideran inminente la convocatoria a convencionales constituyentes, -lo que no ocurrió hasta el día del dictado de esta sentencia -, y manifestaron su temor a que esa elección se efectúe en forma conjunta con las nacionales y el resto de los cargos electivos provinciales, con las mismas leyes electorales que se aplica para estos últimos. Expresaron que los derechos que esgrimen no son operativos sino que para su reconocimiento se necesita normas que los reglamenten. Resaltaron que el sistema representativo exige elecciones periódicas, y que las leyes que organizan esas elecciones deben respetar los derechos del ciudadano a elegir y a ser elegidos.

Alegaron que como el cuerpo electoral no es corruptible, los aparatos partidarios procuran que la voluntad de la ciudadanía no se exprese adecuadamente, que sea inducida a la ignorancia o al error sobre las calidades de los candidatos, y confundida sobre el sentido del voto, como resulta de la ley de lemas. Manifestaron que la finalidad esencial del comicio, o sea el principio establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional, de que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, se ve desvirtuado por el sistema electoral de la provincia. Para probar esa afirmación se remitieron al resultado de la ultima elección, indicando que de un cuerpo de 337.114 electores, el sublema más votado obtuvo 8.107 sufragios, y mencionaron como ejemplo el caso del Partido Pueblo Unido, cuyo legislador elegido de un solo sublema resultó más representativo que los legisladores de los partidos mayoritarios. Concluyeron que los ejemplos citados son absurdos a los que se arriba por aplicación de la Ley de Lemas que autoriza el art. 38 incisos 8 y 9 de la Constitución de la Provincia, porque se desvirtúa la intención del acto electoral.

Se explayaron sobre el adjetivo "auténticas" asignado a las elecciones, citando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y sostuvieron que esa calidad fue desconocida por la Constitución del año 1990.

Los actores criticaron que se dejara sin efecto la división territorial que establecía la Constitución del año 1907, y señalaron que entonces había 11 secciones electorales, lo cual tenía el propósito de dividir el territorio provincial en distritos pequeños, lo que permitía al elector conocer la identidad y la calidad de los candidatos, propósito éste que no se cumple en el régimen vigente.

Solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de las normas observadas de la ley electoral, y que se intime a la Legislatura a dictar una nueva ley que se ajuste a los principios de la Constitución del año 1907.

Destacaron que la cuestión propuesta tiene carácter justiciable, y advirtieron que su acción responde a que la Legislatura omitió dictar una norma derogatoria de la Ley de Lemas ajustándose al sistema representativo de la Constitución Nacional, y sancionar una ley en consecuencia.

Ofrecieron pruebas, y solicitaron que se intime a la H. Legislatura para que dicte una nueva ley en reemplazo de la actual de acuerdo a los derechos y garantías de la Constitución de la Nación, según lo plantearon en el capítulo II del escrito de demanda. Pidieron que la intimación se practique bajo apercibimiento de que la Sala dicte las normas que regirán en la convocatoria que se efectúe para las elecciones de convencionales constituyentes.

La contestación de la demanda 3.- Al contestar demanda las apoderadas de la Provincia objetaron la vía elegida, porque teniendo el amparo carácter excepcional, se requiere que no exista otra vía para que sea admisible, lo que no concurre en el caso.

La parte accionada opuso falta de acción, fundada en que los actores no están legitimados para deducir la acción de amparo. Invocaron el art. 51 inc. 2 C.P.C., que consagra la improcedencia del amparo contra de leyes, y del inc. 3, cuando se ha consentido la acción u omisión. También fundaron la falta de acción en que la pretensión de declarar inconstitucionales la ley 6146 y los incisos 8 y 9 del art. 38 de la Constitución de la Provincia, implica que el Tribunal se arrogue facultades que pertenecen al Poder Legislativo, lo cual afecta el sistema republicano de gobierno y la división de poderes.

Expusieron su interpretación sobre la ley de lemas, resaltando que instituye un sistema adoptado por varias provincias, denominado como de doble voto simultáneo, y destacaron que evita las internas partidarias permitiendo una mayor participación de la ciudadanía en la selección y nominación de candidatos. Sostuvieron que la ley de lemas se aplica para la elección de legisladores y concejales, permitiendo a los partidos ofrecer mayores posibilidades de seleccionar candidatos con una oferta más amplia dirigida a los ciudadanos. Manifestaron que el Consejo Asesor Electoral creado por decreto 512/14 integrado por los partidos políticos se expidió mayoritariamente por la implementación del sistema, y citaron leyes análogas vigentes en otras provincias y doctrina favorable a su constitucionalidad.

La sentencia recurrida 3 . a).- La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha 08/5/2003, en la que resolvió lo siguiente: 1) no hacer lugar a la defensa de inadmisibilidad opuesta por la accionada; 2) declarar abstracta la pretensión de declarar inconstitucionales los arts. 47, 131 y 140 de la Constitución de la Provincia, así como la omisión legislativa y consecuente pretensión de que se intime a que se sancione una ley; 3) no hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad de los incisos 8 y 9 del art. 38 de la Constitución de la Provincia; 4) hacer lugar parcialmente a la acción de amparo y declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 6146 con los alcances que la misma expresa, debiendo la accionada adoptar medidas urgentemente a fin de resguardar el proceso electoral en curso; 5) imponer las costas en el orden causado.

3 . b).- Sobre la admisibilidad de la acción, la Cámara se remitió al fallo dictado por esta Corte sobre competencia en fecha 04/10/2002 (cfr. fs. 20/22), interpretando que en ese pronunciamiento se admitió implícitamente la existencia de "jurisdicción" o "justiciabilidad" del caso. Acerca del carácter subsidiario de la acción de amparo, el Tribunal afirmó que no debe exagerarse tal exigencia hasta el punto que se frustre la garantía constitucional.

3 . c).- Refiriéndose a la legitimación procesal, el Tribunal declaró que la sola condición de ciudadano justifica la legitimación para actuar en una causa fundada en la relación jurídica electoral, sustentada en la existencia de un verdadero derecho público subjetivo en orden al ejercicio del sufragio obligatorio. El Tribunal consideró que en ese marco de relación jurídico electoral, la condición de ciudadano otorga suficiente legitimación, pues el rango de derecho subjetivo fundamental está reconocido por el art. 38 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, en cuanto consagra el sufragio popular como derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino.

3 . d).- En relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 131 C.P., en cuanto establece que la elección de convencionales constituyentes debe efectuarse en la misma forma que la elección de legisladores, el Tribunal expresó que el llamado a elecciones del día 29/6/2003 está dirigido exclusivamente a elegir Gobernador, Vice Gobernador, Legisladores Provinciales, Intendentes Municipales, Concejales y Comisionados Comunales, y que no incluye la elección de convencionales constituyentes, por lo que cualquier pronunciamiento sobre el tema deviene prematuro.

3 . e).- Al analizar la tacha de inconstitucionalidad dirigida contra los arts. 47 y 140 de la Constitución Provincial, en cuanto prevén elecciones simultáneas para gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales, porque podrían coincidir con la elección de convencionales constituyentes, la Cámara afirmó que al no haberse llamado hasta la fecha convocatoria para la elección de convencionales, no existirá la simultaneidad impugnada en la demanda, por lo que tal planteo debe ser declarado abstracto.

3 . f).- Al tratar la impugnación dirigida contra la constitucionalidad del inciso 9 del art. 38 de la Constitución de la Provincia, que divide a la provincia en tres secciones electorales, luego de narrar la secuencia de las sucesivas divisiones territoriales electorales en que fue organizada la Provincia, concluyó que la actual división en tres secciones proviene de una valoración prudencial del constituyente que no resulta inconstitucional.

En cuanto al pedido de que se intime a la Legislatura a que sancione una ley para la elección de legisladores y convencionales que organice distritos electorales en función de la población y vecindad, el Tribunal resolvió que la petición debe seguir la misma suerte que la pretensión declarativa que debe proporcionar su sustento.

3 . g).- Sobre la alegada inconstitucionalidad de la omisión de la Legislatura en dictar una ley que asegure distritos electorales e impida el monopolio de las candidaturas por los partidos políticos, la Cámara afirmó que no hay "omisión legislativa" en sentido estricto, que el art. 38 C.N. otorga a los partidos políticos competencia para postular candidatos a cargos electivos, y que la ley 6146 posibilita alguna participación a aquellos que no están afiliados a partidos políticos, por lo que el Tribunal consideró que el reclamo carece de fundamentación suficiente e interés actual, y debe ser declarado abstracto.

3 . h).- En relación al pedido de que se declare inconstitucional el inciso 8 del art. 38 C.P., el Tribunal señaló la distinción prevista en el inciso en cuanto prohibe que los votos emitidos a favor de una lista se adjudiquen a otra, únicamente en la elección de gobernador, vice-gobernador, intendentes municipales y comisionados comunales, y lo permite para la elección de cargos legislativos provinciales y municipales. El Sentenciante expresó que el texto constitucional pone en evidencia que el legislador tiene amplio margen de libertad para optar por cualquier sistema electoral, y consideró que constituiría un exceso de severidad iuspositivista descalificar la simple falta de prohibición del constituyente al legislador en cuanto éste queda habilitado para una determinada opción. El Tribunal consideró que dado que se impugna y juzga la pretensión que persigue que se prohíba que los votos de una lista se adjudiquen a otra, y no una opción que el constituyente posibilita al legislador, resolvió desestimar la tacha de inconstitucionalidad dirigida contra el inciso 8 del art. 38 de la Constitución de la Provincia.

3 . i).- El Tribunal discurrió acerca de los sistemas electorales, advirtiendo que ninguno alcanza la perfección, y que se mueven entre dos valores, uno que privilegia la representación política, y otro la seguridad y estabilidad del gobierno, tras lo cual advirtió que no es factible descalificar completamente a la ley de lemas, porque la opción contingente del legislador por ese sistema no puede tener una valoración unívoca o lineal, que hay grados de antijuridicidad, y que el Tribunal no está llamado a sustituir al constituyente ni al legislador. El Tribunal expresó que la ley de lemas en términos generales persigue lograr una mayor participación de los candidatos, objetivo que debe concordar con el derecho del elector para que discierna su voto.

3 . j).- Luego el Tribunal señaló lo que consideró el nudo dirimente del litigio desde la perspectiva del art. 34 C.P.C., habida cuenta que los actores alegan que el sistema de lemas de la ley 6141 los agravia en su derecho a obtener representación política por afectar -en forma cierta y concreta-, las condiciones de discernimiento, intención y libertad que requiere la debida formación del acto jurídico de selección del voto. El Sentenciante indicó dos motivos que causan la inconstitucionalidad de la ley de lemas, contenidos en el art. 2 de la ley 6146. Expuso que uno de ellos es la delegación al apoderado del sublema de la facultad de certificar firmas, y el segundo es el mínimo de voluntades que se requiere para la presentación del sublema. Transcribió opiniones publicadas en el diario La Gaceta, en las que se critica el excesivo número de sublemas y de candidatos, y se reseñan los distintos proyectos de modificación de la ley.

Fundando su criterio sobre lo inadecuado de la delegación de la potestad certificante al apoderado del sublema, el Tribunal expresó que esa potestad está depositada en principio en el Estado, que debe preservar la fe pública, y que esa delegación trasciende la estructura estatal a favor de una persona indeterminada. Señala que tampoco ha sido asegurada la custodia de la fe pública porque confunde en la misma persona la doble condición de representante y de fedatario, remitiéndose a normas del mandato y de los instrumentos públicos, particularmente al art. 985 del Código Civil, que declara nulos los actos del funcionario público en cuestiones en las que estuviese personalmente interesado.

En relación a la segunda causa de inconstitucionalidad señalada: la desproporción del mínimo exigido para formar un sublema, luego de reseñar distintos ordenamientos referidos al mínimo requerido, el Tribunal analizó la ley 6146 que establece la cantidad fija de 300 adherentes para la sección electoral I, y 150 para las secciones electorales II y III, por lo que sostuvo que el mínimo fijado es impotente para frenar el desborde incontenible de sublemas. Expresó que la experiencia es elocuente en el sentido de que la cantidad de sublemas es excesiva, y que de esa manera el sistema no funciona ni muestra bondades.

El Tribunal resolvió que la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 6146 se hace ostensible por la inadecuación y desproporción de sus disposiciones en relación al mínimo exigido para la conformación de sublemas, y a la instrumentación de la certificación de los avales. Luego de ponderar la actuación de los actores como una meritoria reacción ciudadana, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 6146 con los alcances señalados, y condenó a la demandada a adoptar urgentemente medidas para resguardar el proceso electoral en curso, que permitan que la voluntad del elector se exprese en una elección auténtica, sencilla y transparente con garantías de discernimiento, intención y libertad.

El recurso de inconstitucionalidad de los actores 4 . a).- Los actores se agravian del rechazo de su pretensión de que se declare inconstitucional el inciso 8 del art. 38 de la Constitución de la Provincia, y manifiestan que están en desacuerdo con las conclusiones a las que arriba la sentencia, por cuanto la Constitución local autoriza la adopción de un sistema que contraría el sistema representativo. Cuestionan que el voto emitido a favor de una persona pueda adjudicarse a otra, y concluyen que el inciso 8 del art. 38 permite la desviación del voto. Señalan que el hecho de que la Constitución autorice el sistema de lemas, o que no lo prohiba, no afecta el disvalor resultante del sistema. Sostienen que esa norma infringe el art. 37 C.N., en cuanto éste garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular, y se agravian de que con la ley de lemas las elecciones no pueden considerarse auténticas.

4 . b).- Rechazan la afirmación del Tribunal de que no puede declararse la inconstitucionalidad total de la ley 6146 porque los jueces están llamados a resolver controversias. Reiteran que reclaman algo concreto, y que el sistema de lemas que rige para la elección del 29 de junio del presente año es inconstitucional porque no traduce el resultado real de la votación. Consideran que la decisión de la sentencia pretende perfeccionar algo que por esencia es inconstitucional y desvirtúa el principio de la soberanía. En cuanto a su pedido que el Tribunal dicte las normas para la elección si el demandado se rehusa a cumplir con la sentencia, explican que no proponen sustituir al legislador sino que se resuelva un caso.

4 . c).- Refiriéndose al rechazo de la inconstitucionalidad del inciso 9 del art. 38 C.P. que divide la Provincia en tres secciones electorales, se agravian denunciando que la disposición impugnada viola el principio de gobierno representativo de la Constitución Nacional, porque la actual división impide a los miembros del cuerpo electoral conocer las condiciones de las personas entre las que debe elegir. Alegan que los ciudadanos de Tucumán están impedidos por ese sistema de división de decidir con conocimiento de causa el sentido de su elección, y que corresponde a los jueces remover este obstáculo sin que ello implique el ejercicio de funciones legislativas.

4 . d).- Los recurrentes se agravian de que se declaró abstracta la pretensión de declarar inconstitucionales los arts. 47, 131 y 140 de la Constitución de la Provincia. Sostienen que el art. 47 C.P. es el motivo para mantener el sistema de lemas, ya que al ser obligatorias las elecciones conjuntas de gobernador y legisladores, resulta imposible declarar inconstitucional la ley de lemas, por cuanto significa suspender la elección que debe realizarse el día 29 de junio de 2003. Alegan que la elección de legisladores podría postergarse y hacerse después de la de gobernador y vice, y cuestionan la acumulación de elecciones municipales a las restantes, lo que consideran inadecuado.

En relación al agravio referido al rechazo de la inconstitucionalidad del art. 140 C.P. que establece la simultaneidad obligatoria de las elecciones generales y las municipales imponiendo el voto sábana, argumentan que no se trata de una cuestión abstracta, porque el voto sábana ha sido condenado universalmente, y la cuestión ha sido incluida en la reforma política a estudio en el Congreso. Agregan que lesiona principios constitucionales, entre ellos el de la autonomía municipal, y sostienen que el caso reviste gravedad institucional porque la sentencia incurrió en arbitrariedad al no estar fundada en el derecho aplicable.

4 . e).- Se agravian de la imposición de costas, porque invocan actuar no sólo en interés propio, sino que lo hacen ejercitando una verdadera acción pública contra actos de gobierno.

El recurso fue contestado por la contraparte en los términos del escrito agregado a fs. 217 y ss.

El recurso de Inconstitucionalidad del demandado.

5 - a).- El demandado funda sus agravios en la validez de la ley provincial cuestionada y de la Constitución de la Provincia, y afirma que la sentencia lesiona las normas de las Constituciones Provincial y Nacional. Denuncia que el fallo impacta sobre el plexo constitucional y agrede la forma republicana de gobierno al introducirse en el tratamiento de cuestiones políticas, y que todo ello importa una grave inconstitucionalidad que debe repararse.

Manifiesta que es un absurdo jurídico la pretensión de imponer al Poder Ejecutivo la obligación de realizar actos que las leyes atribuyen al Poder Legislativo o a la Convención Constituyente, como lo es el dictado de las normas electorales. Señala que el fallo se aparta del sistema republicano de gobierno, que descansa en la división de poderes, y que no sólo se limita a declarar la invalidez del art. 2 de la Ley 6146 sino que avanza sobre las facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo, como se desprende de la frase de la sentencia que dice "debiendo en consecuencia la demandada adoptar urgentemente las medidas necesarias a fin de resguardar el proceso electoral en marcha." 5 . b).- Resalta la imposibilidad de retrotraer el calendario electoral hasta que se dicte una nueva norma acorde a la sentencia por cuanto se alterarían las fechas de la Constitución, y señala que el efecto de la decisión es la interrupción del proceso electoral.

5 . c).- Critica que el Sentenciante asuma el carácter de tutor del legislador al fijar el modo en que debe reformarse la ley de lemas en lo que se refiere al mínimo exigido para la presentación de sublemas y a la certificación de las firmas de los avales por parte del apoderado del sublema.

5 . d).- Se agravia de que se reconozca legitimación procesal a los actores, por cuanto el sistema puede pecar de generoso y participativo en grado extremo, pero de ningún modo significa lesión al derecho de elegir o ser elegido, de lo que concluye que la sentencia se equivoca al otorgar legitimación activa a un grupo de ciudadanos, más aún cuando alguno de ellos ha participado en lides electorales con la ley de lemas, lo que representa una grave lesión al principio de la buena fe que consagra la teoría de los actos propios.

5 . e).- El demandado se agravia denunciando que la sentencia lesiona el debido proceso legal, por la inoportunidad del fallo y por no haberse citado a la Junta Electoral cuando ya estaba en funciones a partir de marzo de 2003.

5 . f).- Sostiene que la sentencia carece de la cualidad de previsibilidad que deben tener los fallos judiciales, que asimila a la razonabilidad, porque se altera el calendario electoral y se ignoran los efectos sociales que provendrán de la inaplicación de la ley. De ello concluye que la falta de previsibilidad produce arbitrariedad, e invoca fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se declaró que incurren en arbitrariedad las sentencias que reforman, inaplican, derogan o pretender crear intencionalmente un texto legal.

5 - g).- El recurrente afirma que escapa al control judicial lo referido a los grandes lineamientos de la conducción política interna y externa del Estado que fueran conferidos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Expresa que la discrecionalidad del Poder Legislativo ha sido reconocida por sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Analiza el precedente "Baker vs. Carr" de la Suprema Corte de los Estados Unidos, diciendo que el mismo no resulta de aplicación al caso a estudio por tratarse de diferentes procedimientos, señalando que en aquél estaba resguardado el debido proceso legal porque se trataba de un proceso ordinario, mientras que la vía del amparo no es la adecuada para tratar un tema que atañe a la comunidad y al cuerpo electoral de la provincia.

Introduce la cuestión federal y hace reserva del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48.

Corrido el traslado de ley, los actores contestaron en tiempo y forma en los términos del escrito agregado a fs. 214 y ss.

Admisibilidad de los recursos de inconstitucionalidad.

6.- Atento a la índole de las cuestiones planteadas y al contexto institucional actual, no resulta indispensable examinar la idoneidad de la vía procesal originariamente articulada por los actores. Efectuada esta salvedad, corresponde declarar admisibles ambos recursos por cuanto cumplen los recaudos formales e impugnan sentencia definitiva. Los agravios son idóneos para ser propuestos en esta vía recursiva, en tanto los actores alegan que varios preceptos de la Constitución de la Provincia y la ley 6146 lesionan los principios constitucionales de representatividad y soberanía popular, en tanto que el demandado denuncia que se ha negado validez a una ley de la Provincia por considerársela contraria a la Constitución, y tacha de arbitrario al pronunciamiento. Tales planteos fueron la materia principal de la discusión entre las partes, y la sentencia fue contraria a las pretensiones de los recurrentes (arts. 91 y 92 C.P.P.).

En orden a la admisibilidad resulta relevante considerar también que el caso reviste gravedad institucional, porque sus efectos implican la interrupción de un proceso electoral en curso, recaen sobre el sistema jurídico electoral vigente en la provincia, y por ende en las instituciones del Estado Provincial, en tanto la conformación de los órganos ejecutivo y legislativo dependen de aquél (art. 92 in fine C.P.C. ley 6944).

Legitimación de los actores 7.- Los amparistas, invocando su condición de ciudadanos y electores, impugnaron la constitucionalidad de normas provinciales argumentando que les afectan derechos que detentan por su condición de electores y ante la eventualidad de desempeñarse como miembros de la Convención Constituyente a elegirse (cfr. fs. 4).

En relación a la calidad de electores que invocaron los actores para demandar, resulta pertinente citar las expresiones de la Suprema Corte de la Nación, en el sentido de que "en el régimen representativo el cuerpo electoral es el órgano primario del Estado que expresa la voluntad soberana de la Nación, derivando de él todos los órganos del Estado. De ahí que el sufragio además de un derecho de naturaleza política, sea una función constitucional, y su ejercicio un poder de la comunidad nacional, es decir, una competencia constitucional dentro de los límites y bajo las condiciones que la misma Constitución ha determinado" (CSN en fallo del 16/11/1989, en "U.C.R. - C.F.I. Partido Federal y FREJUPO", publicado en La Ley 1990-B, p. 18, DJ 1990-2, p. 376).

Conforme a tales consideraciones, y por los fundamentos expuestos por la Corte de la Provincia en sentencia del 29/4/1989 en autos "Defensa Provincial Bandera Blanca vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ acción de amparo", se admite la legitimación de los actores en relación a la acción promovida, siguiendo el criterio amplio que adoptara la Corte en el caso citado, con prescindencia de la concurrencia de los extremos que exige el art. 43 de la Constitución Nacional para la procedencia del amparo, que se irán analizando en relación a cada agravio.

Por las razones expresadas, se rechaza el agravio del demandado sobre esta cuestión.

Recurso de inconstitucionalidad de los actores: análisis de su procedencia.

8.- Corresponde rechazar los agravios de los actores contra la decisión que no hizo lugar a su pretensión de que se declare la inconstitucionalidad del inciso 8 del art. 38 de la Constitución de la Provincia, y de la ley de lemas 6146, por las razones que se exponen a continuación.

El art. 38 de la Constitución de la Nación establece lo siguiente "Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. " El precepto citado, en tanto atribuye a los partidos políticos "competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos" constituye una norma de carácter programático por cuanto "el poder constituyente señala un programa o un plan a los órganos de poder constituidos, sobre todo al Legislativo, de tal forma que una norma de menor nivel dé cumplimiento al programa trazado en la cláusula constitucional que, jerárquicamente, es superior". (Zarini, Helio Juan, en "Derecho constitucional" Ed. Astrea, edición l992 pág. 40).

Bidart Campos, al referirse a la frase "competencia para la postulación de candidatos," señala dos aspectos; "el primero que el estado debe garantizar a los partidos una competencia interna entre los afiliados, y el segundo, que no puede prohibirse la postulación partidaria de candidaturas". Este autor expresa que "se aventura a sugerir que la ley podría razonablemente obligar a los partidos a seleccionar los candidatos mediante un procedimiento intrapartidario que diera participación a los afiliados y acaso también a quienes no lo son". Añade que "la garantía de competencia para postular candidatos, equivale entonces a asegurar que los partidos tienen facultad o derecho o habilitación para proponer al electorado y para someter a su votación en un comicio, los candidatos que cada partido postula oficialmente para un cargo electivo", y concluye que "la Constitución ha querido que los partidos postulen candidatos." (Bidart Campos, G. en "Manual de la Constitución Reformada" T. II pág. 266 Ed. Ediar, 1997).

Comentando el art. 38 de la Constitución Nacional, expresa María Angélica Gelli que "no impone expresamente el monopolio partidario en la postulación de candidatos a cargos electivos, pero emplea una frase ambigua, en tanto garantiza la competencia de los partidos políticos para la postulación de candidatos. Sin duda la expresión es abierta y podría sostenerse que, en realidad, el art. 38 de la Constitución no resuelve el punto admitiendo tanto una como otra solución, salvo para las postulaciones a senadores nacionales en las que el monopolio partidario deriva del art. 54 de la Constitución Nacional". A ello añade que "acerca de la preferencia establecida en la ley 23.928, luego de que la Corte Suprema se pronunciara por la constitucionalidad del monopolio de los partidos políticos para la postulación de candidatos, en el mencionado caso "Ríos" -(Ríos Antonio Jesús", Fallos 310: 819, El Derecho, 123-231)-, éste denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la ley interna argentina violaba la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la queja fue rechazada (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Nro. 10.109)". (Conf. Gelli, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada", editorial La Ley, edición 2001, p. 306).

Considerando lo expuesto, no se advierte violación al texto constitucional en cuanto faculta al partido a postular sus candidatos con el sistema de lemas y sublemas, si los propios partidos políticos representados en el Poder Legislativo han limitado las facultades que la Constitución Nacional les reconoce en el art. 38, dictando una ley de lemas que permite la concurrencia de todos los electores, afiliados o no a un partido determinado, a participar en una elección con doble voto simultáneo, en la que se vota por el partido y en el mismo acto se selecciona un candidato dentro del partido elegido.

No se puede desconocer que ante otros sistemas de selección de candidatos partidarios: internas cerradas, designaciones por congresos partidarios, sistema de consenso o de encuestas, el sistema de lemas, aún con los defectos que puedan señalársele, goza de una legitimidad por lo menos igual en la selección al de los otros sistema enunciados.

9.- La decisión en crisis expone un relato sobre la historia de cómo nace y evoluciona el sistema electoral de lemas, al confrontar las exigencias de la ley 5964 con las de la ley 6146, de donde se advierte la incidencia de dos factores fundamentales para poder interpretar el proceso narrado en la sentencia, reveladores de elementos de lo que podría llamarse una "cultura política-electoral tucumana".

En primer término, la reforma constitucional de 1990 incidió en la vida política en tanto prohibió el sistema de lemas a los cargos ejecutivos, e incorporó con respecto a los legislativos la novedad de la no reelección y el impedimento de la renovación parcial del cuerpo legislativo.

El segundo factor a considerar lo constituyó la intervención federal, hecho que en sí mismo demuestra que la crisis política y la caída institucional, se produjeron antes de que se aplicara este sistema que hoy se impugna.

De manera que el crecimiento paulatino del número de sublemas participantes en las elecciones, -de lo que se hizo eco el Tribunal-, no puede sino adjudicarse a la conjunción de múltiples circunstancias analizables desde variadas perspectivas -que no es oportuno ni factible analizar en esta sentencia,- y no atribuirse sin más a ser una consecuencia directa del sistema actual de lemas, habida cuenta que las disposiciones vigentes desde 1991 a la fecha son exactamente las mismas, y que aún antes de esa fecha el sistema de lemas había sido introducido por ley 5964 (B.O. 17/11/1988).

Siendo que la constitucionalización de los partidos políticos está fundada en el expreso reconocimiento de que son uno de los elementos fundamentales de la vida democrática, (art. 38 C.N.), y que uno de los principales fines que justifican la opción legislativa por el sistema de lemas es la neutralización de los "aparatos partidarios" para garantizar su democracia interna, no cuesta concluir que en ese rumbo, tal objetivo lo cumple la cuestionada ley de lemas.

Las singulares características que presentan las próximas elecciones, -cuya condición coyuntural revela el relato de la sentencia,- no pueden constituirse en causa de la tacha de inconstitucionalidad de la Constitución Provincial ni de la ley de lemas, sino que deben ser consideradas como una circunstancia en la historia de un pueblo que debe encontrar su equilibrio, para lo cual sus representantes deberán asumirlas y afrontar su misión de encontrar y organizar sistemas electorales que traduzcan lo mejor posible los principios de representatividad y soberanía popular, actividad ésta exclusivamente legisferante.

10.- No se advierte que los preceptos constitucionales o la ley 6146 que los amparistas impugnan tachándolos de inconstitucionales, provoquen lesión en sus derechos y garantías fundamentales. Los actores promovieron amparo y formularon la tacha de inconstitucionalidad alegando que con el sistema electoral vigente la voluntad del pueblo no se expresa adecuadamente, "debido a que es inducida a la ignorancia o el error sobre las condiciones reales de los candidatos; y hasta sobre el sentido de su propio voto, como resulta de la Ley de Lemas" (cfr. fs. 5 vta. y 6), que la elección "ha sido desvirtuada por el sistema electoral de Tucumán, ya que el acto de elegir implica necesariamente un juicio de valor sobre el candidato, que el elector se ve impedido de realizar antes de decidir su voto" (cfr. fs. 6), entre otras alegaciones similares.

Desde la perspectiva del agravio constitucional invocado por los amparistas en su demanda, no surge la existencia de perjuicio, ni de interés "especial", "inmediato", "concreto" o "sustancial". Más bien invocan actuar en nombre de un interés general porque consideran que se afecta el discernimiento y la intención de los votantes, lo cual resulta notoriamente insuficiente para fundar un interés concreto o sustancial que viabilice la petición de un control judicial de constitucionalidad de la Constitución de la Provincia y de la ley 6146, si no demostraron de qué modo las normas que impugnan afectan su derecho a elegir y a ser elegido; como contracara de esta posición podemos decir, que la posibilidad de votar con discernimiento y libertad, está presente en cada uno de los sublemas oficializados en el presente proceso, y ello lo evidencia su participación, y tampoco se puede presumir infundadamente que los electores obran sin discernimiento ni libertad.

Pese a invocar los derechos políticos consagrados por el art. 37 de la Constitución Nacional, la mayor parte de los cuestionamientos gira en torno a las garantías reconocidas a los partidos políticos por el art. 38 de la ley fundamental, aunque los demandantes sólo actúan en su carácter de ciudadanos y no pueden, -obvio es decirlo- pretender con su accionar representar a toda la ciudadanía de la Provincia de Tucumán. Pese a que el objeto del amparo, y la sentencia dictada recaen directamente sobre los partidos políticos, los mismos no son parte en esta causa ni fueron citados para intervenir, pese a concernirles directamente lo resuelto, y ser los inmediatos destinatarios de la decisión. De ello puede concluirse la inexistencia de perjuicio o interés directo e inmediato de los amparistas en relación a los agravios que invocaron, siendo que como lo sostiene uniformemente la doctrina y la jurisprudencia, "la parte debe demostrar la existencia de un interés especial, directo, o sustancial, o sea que los agravios alegados tengan suficiente concreción e inmediatez para poder procurar tal proceso" (Fallos: 322:529; 324:2388, entre otros).

11.- La opción normativa adoptada por el Poder Legislativo al organizar el sistema electoral de lemas, en tanto observa el principio de razonabilidad, no es revisable en su oportunidad o conveniencia por el Poder Judicial, pues no sólo invadiría las atribuciones de los otros poderes, sino que traería como consecuencia inseguridad jurídica y en el caso en examen la interrupción de un proceso electoral en marcha con las múltiples derivaciones que de ello pueden surgir, en directo detrimento al derecho de elegir y ser elegido en elecciones periódicas y auténticas, dentro del marco jurídico político vigente, que responde al ordenamiento constitucional provincial, nacional, y a los pactos internacionales incorporados a éste último.

Por lo antes expresado, corresponde desestimar el agravio de los actores sobre la tacha de constitucionalidad dirigida contra el inciso 8 del art. 38 de la Constitución de la Provincia y la ley de lemas 6146 in totum, pues desde el punto de vista de su constitucionalidad no ofrece reparos en cuanto salvaguarda el principio de soberanía popular (art. 37 C.N.), la representación de las minorías (art. 38 C.N.), y el principio de representatividad establecido en el inciso 2 del art. 38 de la Constitución de la Provincia.

12.- No corresponde hacer lugar a los agravios referidos al rechazo de la tacha de inconstitucionalidad formulada por los actores contra el art. 38 inciso 9 de la Constitución Provincial.

En su recurso de inconstitucionalidad la parte actora manifiesta que el inciso 9 del art. 38 C.P, al dividir en tres secciones electorales la provincia, violenta la forma representativa de la Constitución Nacional, y que los ciudadanos de Tucumán están impedidos por el sistema de división de distritos de decidir con conocimiento de causa el sentido de su elección, por lo que consideran que corresponde a los jueces remover este obstáculo sin que esto implique de ningún modo el ejercicio de funciones legislativas (cfr. fs. 183).

El recurrente no refuta el criterio sostenido por la Cámara sobre este tema, en el sentido de que "la división en circunscripciones electorales sólo constituye una pieza de un engranaje mayor en el que debe articularse sistémicamente, y en el que el simple criterio opinable del legislador no puede ser sustituido por el simple criterio opinable del juez". El Tribunal añadió que "la actual división en tres secciones electorales proviene de una valoración prudencial del constituyente que desde el punto de vista jurídico y con arreglo a las constancias de estos autos, no adolece de inconstitucionalidad en el grado de evidencia traslúcida y gravedad convincente que serían necesarias para admitir aquí la descalificación del inciso 9° del articulo 38 de la Constitución de Tucumán".

Los argumentos de los recurrentes sobre esta cuestión en modo alguno traducen un agravio o perjuicio real que lesione sus derechos constitucionales. Los perjuicios hipotéticos alegados derivados del grado de conocimiento o desconocimiento que tenga el electorado sobre los candidatos en relación al territorio, no dejan de ser apreciaciones subjetivas, que no logran descalificar la constitucionalidad de las normas impugnadas, siendo relevante destacar que los presentantes no fundan su impugnación en que las mismas vulneren la representación en función de la población, principio consagrado por el art. 38 inciso 2 de la Constitución, y que queda resguardado por el sistema del que se agravian. Las argumentaciones de los mismos referidas a este tema, constituyen cuestiones reservadas a la valoración de los órganos políticos, indudablemente perfectibles, pero privativas del constituyente y del legislador. Los accionantes no exponen de qué manera concreta la disposición atacada agravia sus derechos y garantías constitucionales, constituyendo sus alegaciones, por el contrario, una respetable y ponderable opinión contraria al criterio del constituyente, pero que en modo alguno lo descalifica desde la perspectiva constitucional.

En nuestro sistema republicano de gobierno, el Poder Judicial asume la responsabilidad de realizar el control de constitucionalidad, es decir, custodiar la supremacía de la carta magna frustrando la aplicación de cualquier norma o acto que sea contrario a su texto. El desenvolvimiento de esta tarea no puede ser antojadizo en tanto se encuentra en juego el equilibrio de los poderes como la seguridad jurídica misma. En este sentido, la doctrina, por un lado, y la Corte Suprema de la Nación por otro, fueron precisando los principios orientadores del control de constitucionalidad creando el marco en el cual se debe transitar sin que se invada la esfera de los restantes poderes del Estado. Entre ellos, podemos citar: a) los actos estatales gozan de presunción de constitucionalidad; b) quien alega inconstitucionalidad debe probarla; c) la inconstitucionalidad de un precepto no invalida necesariamente toda la ley d) la declaración de inconstitucionalidad procede sólo cuando es absolutamente preciso, como última ratio del ordenamiento jurídico; e) quien consintió un acto no puede tacharlo de inconstitucional; f) la misión de los juec es no es fiscalizar el mérito, el acierto, la eficacia o la conveniencia de las leyes o los decretos; g) ni descalificar los medios elegidos por el legislador con el argumento de que hay otros mejores; h) en la medida que el texto lo consienta, las leyes han de ser interpretadas en el sentido más favorable a su validez (cfr. Alberto B. Bianchi, "¿Está en crisis el sistema clásico de control de constitucionalidad? - Las profecías acerca de lo que los tribunales harán en concreto, y nada más pretencioso que eso, es lo que yo entiendo por derecho (Oliver W. Holmes,)"publ. en La Ley 1990- E, 1089).

De esa enumeración, que no es exhaustiva, surge una serie de requisitos que llevan a limitar el actuar judicial del control de constitucionalidad; límites que resultan necesarios y coherentes con su naturaleza si consideramos que "la declaración de inconstitucionalidad es un acto prudencial de suma gravedad, que constituye la ultima 'ratio' del orden jurídico, y debe pronunciarse sólo cuando se torna manifiestamente imposible lograr una interpretación conciliadora" (Bidart Campos, G. en "La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional", Ed. Ediar, 1987, pág. 129).

En consecuencia, de ningún modo puede inferirse que en esta cuestión se encuentran configuradas circunstancias tales que impongan el retiro del ordenamiento jurídico de la disposición objetada, puesto que como señalamos, le está vedado a los jueces el examen de la conveniencia, la eficacia, el acierto, o la oportunidad de las medidas normativas adoptadas por el legislador. Una actuación de esta naturaleza, además de invadir las atribuciones de otros poderes, traería como consecuencia una absoluta, riesgosa y trastornadora inseguridad jurídica, toda vez que nunca podría tenerse la certeza de la permanencia y vigencia de las instituciones, al desconocerse el ejercicio de las facultades de los otros poderes.

13.- Corresponde igualmente rechazar los agravios de los actores referidos a la tacha de inconstitucionalidad formulada contra los arts. 47 y 140 de la Constitución Provincial, que prescriben la simultaneidad de elecciones de gobernador y legisladores, así como a la pretensión de postergar la elección de legisladores y la acumulación de elecciones municipales a las restantes. Los recurrentes manifestaron que al no haberse convocado a elecciones de constituyentes, el planteo contra la constitucionalidad del art. 131 C.P. constituye una cuestión abstracta (fs. 185).

Las disposiciones impugnadas prescriben lo siguiente: art. 47 C.P. :"Las elecciones ordinarias de Legislador se verificarán el primer domingo del cuarto mes anterior a aquel en que debe producirse la renovación y serán simultáneas con la de Gobernador y Vicegobernador, salvo que estas últimas lo fueren para completar período. El Poder Ejecutivo podrá trasladar la fecha hasta seis meses antes para hacerlas coincidir con las nacionales". Art. 140: "Las elecciones municipales posteriores a la reforma de esta Constitución se realizarán conjuntamente con las de Gobernador, Vicegobernador y legisladores, debiendo, para dicha fecha, haber sancionado la legislatura la ley de municipalidades adecuada a esta Constitución".

Los amparistas impugnaron en su demanda la constitucionalidad de las normas transcriptas, con el argumento de que "institucionalizan el voto sábana al establecer la realización de elecciones conjuntas" (cfr. fs. 3 vta.), y que el sistema no permite conocer a quiénes se vota ni juzgar su idoneidad (cfr. fs. 7). En el recurso de inconstitucionalidad los actores agregaron que se "lesiona principios constitucionales considerados esenciales, como lo es la autonomía del municipio (arts. 5° y 123 C.N)" (cfr. fs. 185).

De la lectura de los artículos impugnados, se desprende que si bien establecen elecciones simultáneas para Gobernador y Vice, legisladores, y cargos electivos municipales, no mencionan que deban efectuarse con voto sábana, como lo llama el recurrente. La Constitución de la Provincia no impone en ninguna disposición que las elecciones se hagan con esa forma de voto. Y en modo resultan inconstitucionales tales artículos simplemente porque las elecciones simultáneas pudieran hacerse con voto sábana, -cuestión ajena al precepto constitucional-. Lo que los amparistas pretenden suprimir: el voto sábana, no es una modalidad derivada del precepto constitucional, que nada dice al respecto, por lo que en modo alguno puede decirse de tales normas que conculquen derechos o garantías constitucionales que invocan.

La aplicación del sistema de boletas de sufragio que incluyen todas las categorías de candidatos que se votan en un mismo llamado, o voto sábana según lo denomina el recurrente, está instituida en el Código Electoral Nacional, (ley 19.945 y sus modificatorias), cuyo artículo 62 establece las medidas que deben tener las boletas de sufragio, y dispone que "...cuando se realicen elecciones simultáneas (nacionales, provinciales y/o municipales)...tendrán la mitad del tamaño indicado, o sea doce por nueve con cincuenta centímetros (12 X 9,50). Las boletas contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio".

El Código Electoral Nacional se aplica en la elección que se llevará a cabo el próximo 29/6/2003, conforme expresamente lo dispuso el art. 6 del decreto de convocatoria a elecciones Nro. 490/14 (MGyJ) del 07/3/2003. Asimismo, los arts. 9 de la ley 6146, y 8 de la ley 6147, -que rigen las próximas elecciones-, también prescriben la aplicación del Código Electoral Nacional.

Ninguna de las normas que instituyen la aplicación del Código Electoral Nacional, ni este último, que regula ese sistema de boleta de sufragio que persigue resguardar la unidad partidaria, fueron cuestionados por los amparistas, por lo que la impugnación a los arts. 47 y 140 de la Constitución local no tiene ningún fundamento, no pudiendo inferirse que tales artículos no permitan traducir la expresión del cuerpo electoral, ni que lesionen la autonomía municipal garantizada en el art. 123 de la Constitución Nacional, o que afecten derechos o garantías constitucionales.

Tal conclusión no es sino una de las consecuencias de la falta de agravio o perjuicio cierto de los accionantes, que reclaman una decisión de alcance general que les resulte favorable a su expectativa, pero sólo desarrollan argumentaciones que traducen su disconformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sin demostrar menoscabo sufrido, o de inminente producción, en alguno de sus derechos constitucionalmente amparados. La incorporación de intereses de incidencia colectiva a la protección constitucional no enerva la exigencia de que el afectado demuestre en qué medida su interés concreto, inmediato y sustancial se ve lesionado por un acto ilegítimo o por qué existe seria amenaza de que ello suceda, a fin de viabilizar la acción de amparo" (cf. Fallos 324:2381 y 2388).

Las disposiciones constitucionales objetadas por los amparistas constituyen decisiones propias de la potestad que tienen las Provincias de darse sus propias constituciones y autoridades dentro de una esfera propia y exclusiva, reconocida y garantizada por la Constitución Nacional, que les asegura su existencia como unidades políticas que poseen en profundidad determinados atributos de la potestad pública que ejercitan por medio de órganos elegidos por ellos sin ninguna otra intervención.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los agravios referidos al rechazo de su pretensión de que se declare inconstitucionales los arts. 47 y 140 de la Constitución de la Provincia.

14.- Por último, resultan improponibles los agravios dirigidos contra la decisión que impuso las costas por su orden, pues tales planteos constituyen cuestiones de hecho, ajenas al ámbito impugnable establecido en el art. 91 y 92 del Código Procesal Constitucional.

Recurso de inconstitucionalidad del demandado 15.- Asiste razón al demandado en sus agravios dirigidos contra la decisión que declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 6146, por las siguientes razones.

El Tribunal fundó su criterio expresando lo siguiente: "sobresalen en el art. 2 de la ley 6146 dos normas que a nuestro juicio y por el principio "iura novit curia" resultan determinantes -por inadecuación y desproporción- en la causación de aquella afectación al derecho subjetivo del votante que resulta de la multiplicación desmesurada de sublemas: una norma es la delegación de la potestad certificante en el apoderado del sublema y otra norma es la fijación del mínimo de voluntades requeridas para la presentación de un sublema".

De los fundamentos que exhibe la sentencia para declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 6146, no se desprende que se encuentre vulnerado el derecho subjetivo del elector a elegir el candidato que quiere lo represente. Y ello por cuanto el cuestionamiento a la certificación por el apoderado de la firma de la ficha de adhesión al sublema, deviene injustificada si se observa que tanto la Ley de Partidos Políticos Nacional Nro. 23.298 en su art. 23, como la ley 5454 de la Provincia de Tucumán en su art. 12, permiten la certificación de la firma por la autoridad partidaria en la solicitud de afiliación. Atento a ello, los fundamentos con los que se descalificó la autorización legislativa al apoderado para certificar las listas de avales resultan incongruentes con el ordenamiento legal vigente desde hace muchos años sobre la certificación de firmas de afiliados a partidos políticos; por tanto la admisión de calidad de oficiales públicos en lo electoral de aquellos no puede desestimarse con argumentos referidos en sustancia a la inconveniencia de su incorporación al sistema, pues ello implica avanzar sobre potestades exclusivas del legislador.

La misma conclusión cabe respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 6146, por considerar el Sentenciante "desproporcionado" el número mínimo elegido para formar un sublema. De tal adjetivación no se advierte de qué manera se vulnera el derecho subjetivo del elector a votar por su candidato. Y sobre la cantidad de sublemas participantes en las próximas elecciones, se expusieron reflexiones en el considerando nueve de la presente al tratar el recurso de los actores, a lo que se remite, de lo que se señaló que tal fenómeno en modo alguno puede atribuirse sin más análisis y exclusivamente a la ley impugnada o que sea consecuencia de la inconstitucionalidad de alguna de sus disposiciones.

Las consideraciones del Tribunal sobre el art. 2 de la ley 6146 son notablemente imprecisas y resultan insuficientes para fulminarlo con la sanción de inconstitucionalidad.

16.- Resalta la extralimitación del sentenciante y su incursión en atribuciones que le son ajenas, si se considera que lo resuelto no se corresponde con lo demandado, prueba de lo cual es que los mismos amparistas recurrieron el fallo, agraviándose de que demandaron y pretenden algo diferente de lo resuelto, y por un motivo distinto al que sustenta la decisión recurrida. En efecto, puede constatarse que los amparistas invocaron que con el sistema de lemas se desvirtúa la voluntad del elector, en tanto la sentencia conservó el sistema, pero "derogándole" ciertos mecanismos con la declarada finalidad de perfeccionarlo. La decisión obviamente no conformó a los actores porque el motivo de su impugnación ningún vínculo tiene con la intención del Tribunal de reducir la "proliferación de sublemas". Ello pone de relieve la falta de congruencia del fallo dictado, así como su incoherencia intrínseca, en tanto el Sentenciante aún advirtiendo que la ley de lemas era incuestionable porque el Tribunal no podía "sustituir a la legislatura en el discernimiento prudencial de esta cuestión" (cfr. fs. 153), procedió a continuación a hacer exactamente éso, al resolver por su cuenta perfeccionar el sistema electoral vigente declarando la inconstitucionalidad del art. 2 y ordenar al Poder Ejecutivo a "adoptar urgentemente las medidas necesarias a fin de resguardar el proceso eleccionario en curso" (cfr. fs. 155 vta.), con lo cual el efecto final de la decisión implica invadir facultades legislativas por parte del Juzgador.

El Tribunal, con la decisión que se analiza, varió la causa y el objeto de la pretensión, en una impropia aplicación del principio "iura novit curia", porque se apartó de los términos en los que las partes trabaron y delimitaron la litis, sin que ello encuentre justificación en que sea función indelegable del juzgador el encuadramiento legal de los hechos con prescindencia de la opinión de las partes. El doctor Alvarado Velloso, comentando el principio receptado en el antiguo aforismo "iura novit curia" aclara que ello "no constituye como tal una excepción al principio de que el juez no puede conocer de oficio, sino un carácter específico de la función jurisdiccional". (Alvarado Velloso, A. en "El Juez", p. 181, Ed. Depalma, 1982).

17.- Al realizar el juicio de constitucionalidad de las normas impugnadas, la intervención del Tribunal debió circunscribirse al examen del gravamen constitucional invocado, pero en modo alguno efectuar una declaración de inconstitucionalidad genérica sobre un tema ajeno a las cuestiones litigiosas.

18.- Los tribunales de justicia deben imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosos en el uso de sus facultades como del respeto a las que la ley fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (cfr. Fallos: 242:73; 285:369; 300:241, 1087). De lo contrario, el Juez, ejerciendo funciones que le son ajenas, podría suprimir -según su criterio y valoración- la norma dictada por los órganos de gobierno representativos de la ciudadanía, interfiriendo en las funciones privativas de los otros poderes sin que nadie se agravie del modo en que las ejercen, como ocurrió en este caso.

En el estado de derecho, cada Poder tiene por misión indeclinable ejercer sus competencias, y con igual convicción debe autorrestringir su gravitación sobre las decisiones de las otras ramas del gobierno en sus esferas privativas. Lo contrario desequilibraría el sistema constitucional vigente, que no admite la posibilidad de que cada poder del Estado actúe destruyendo la función de los otros, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley.

En la doctrina y la jurisprudencia se reconoce que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional. De allí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos 1:36; 53:420; 155:248; 311:2580; 321:1252, entre otros). Por ello se ha explicado que si bien el ejercicio inconstitucional del poder por las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno está sometido al control judicial, el único freno impuesto a este último es su propio sentido de autorrestricción (voto del juez Stone, en "United States v. Butler", 297 U.S. 1 -1936).

19.- Cualquier situación litigiosa vinculada a un proceso comicial debe ser tratada con la mayor prudencia posible, pues el tratamiento de los asuntos de derecho público electoral no es siempre asimilable al que rige los de derecho privado, ni aun siquiera los de derecho público, que no están sometidos, como en el caso, al cronograma rígido de las leyes electorales, con plazos perentorios e improrrogables, sujetos a una fecha límite final, la de la elección (cfr. fallos de la Cámara Nacional Electoral 1881/95; 1882/95; 1883/95; 1894/95; 1912/95 y 1921/95, entre muchos otros, citados en el caso Salvatierra José L. c. P.E.N., del 2002/11/15, pub. en La Ley 2003-A, 9).

Por tanto, el juzgamiento del planteo exigía esa prudencia, pues los efectos de la decisión inciden directamente sobre un proceso electoral en curso, y sobre la vigencia de las normas que organizan el sistema electoral, con las múltiples y variadas consecuencias que a partir de allí pueden derivarse, al afectar el derecho político de elegir y ser elegido, con significativas implicancias de distintas índoles y magnitudes en personas e instituciones.

20.- De las consideraciones que anteceden, corresponde concluir que la sentencia recurrida ha excedido los límites del control de constitucionalidad existente en nuestro sistema jurídico, por lo que corresponde dejar sin efecto lo resuelto en el punto IV de la parte dispositiva de la sentencia de fecha 08/5/2003 (cfr. fs. 155 vta.), en mérito a la siguiente doctrina: "Es contraria a derecho la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una disposición legal que no vulnera derechos ni garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico". En consecuencia con tal decisión, corresponde dictar la siguiente sustitutiva: "NO HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por los actores".

21.- En cuanto a las costas, atento a la naturaleza y características de las cuestiones debatidas, corresponde imponerlas en el orden causado, manteniendo del mismo modo las que impuso la Cámara en la sentencia recurrida (art. 26 C.P.C. e inciso 1 del art. 106 C.P.C.C.).

Por ello y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 245, 247/249, se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los actores contra la sentencia de fecha 08/5/2003 dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

II.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad presentado por las apoderadas del Gobierno de la Provincia contra el punto IV de la parte dispositiva de la sentencia de fecha 08/5/2003 dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el que se deja sin efecto conforme lo considerado, dictándose la siguiente sustitutiva: "No hacer lugar a la acción de amparo promovida por los actores".

III.- COSTAS en el orden causado.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA