Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-21


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 21 de 2008.

Considerando: 1. Los ejecutantes apelaron contra la resolución de fs. 151/2 que hizo lugar a la excepción de falsedad de título opuesta por el demandado y rechazó la presente acción.

Fundaron el recurso con la pieza de fs. 160/3, respondida por el ejecutado en fs. 167/170.

2. a) El ejecutado opuso excepción de falsedad de título fundada en que la firma puesta en el pagaré en ejecución no le pertenecía (fs. 125). Refirió en dicha pieza que a partir de la deducción de esta acción había promovido una causa penal contra los ejecutantes por el delito de estafa procesal en la que se había llevado a cabo una pericia caligráfica que había determinado que la firma no era de su autoría.

No obstante ello, ofreció que en este proceso se realice un nuevo examen pericial caligráfico.

Al responder el traslado de la excepción, los actores informaron haber sido sobreseídos en la causa penal antes mencionada, acompañando copia de la sentencia respectiva. Insistieron en que el pagaré había sido suscripto por el demandado y aclararon que lo que surge de la pericia caligráfica realizada en sede penal es que no se pudo atribuir a Migno la autoría de la firma dubitada, pero sí el llenado del pagaré en cuestión, además de que se habían aportado testigos que dijeron haber visto al demandado firmar el documento. Agregaron que Migno era investigado en otras causas penales por falsificación debido al cambio continuo y reiterado de su firma. Se opusieron expresamente a la realización de otra pericia en este juicio (v. fs. 134/7).

b) Los títulos de crédito requieren de un formalismo estricto como contrapartida de su autonomía, literalidad y abstracción para posibilitar su ágil circulación por un lado, y la seguridad de las transacciones por el otro.

Ese rigor se traduce primordialmente en la existencia de firma de quien se obliga cambiariamente.

A su vez, el juicio ejecutivo, cauce natural de cobro forzoso de este tipo de instrumentos, restringe notablemente las defensas oponibles por el presunto deudor, como modo de reconocer esa presunción de legitimidad que dimana del cumplimiento de los requisitos formales y de brindar al portador una vía rápida y expedita para satisfacer sus derechos creditorios.

Por eso, para admitir la procedencia de una acción ejecutiva, considerando las escasas posibilidades defensivas del demandado, es dable exigir al accionante la presentación de un documento formalmente hábil y cuya legitimidad no haya sido desvirtuada.

El CPr. 549 establece que es carga de quien opone las excepciones la prueba de los extremos en que se fundan. Lo propio fue concluido puntualmente respecto de la excepción de falsedad de título por desconocimiento de firma en el fallo plenario dictado por esta Cámara in re: "Rondinelli de Andrade, Rafaela c. Mazzone, Gerino", del 28/7/70 (LA LEY, 139-581; ED 33-81).

En el caso, el ejecutado fundó su defensa en la prueba pericial caligráfica producida en sede penal y, a su vez, ofreció producir una nueva en autos.

La actora se opuso a esta última posibilidad y solicitó se falle de acuerdo a lo dictaminado por el Cuerpo de Peritos Calígrafos Oficiales en la citada causa penal.

De acuerdo a lo que se desprende de los términos de la sentencia que obra copiada en fs. 135, sobre lo cual no hay discrepancia entre las partes, los peritos calígrafos no pudieron determinar en sede penal la intervención del aquí demandado en la firma puesta en el pagaré en ejecución.

Y ello, al margen de que se haya concluido que el documento fue llenado por Migno, impide admitir que se lleve adelante la ejecución por imperio del rigor cambiario ya mencionado, además del principio del favor debitoris recogido en el CCom. 218:7, en cuanto establece que, en casos de duda, ha de estarse "en favor del deudor, o sea en el sentido de la liberación".

En efecto, al haberse opuesto la actora a que se lleve a cabo aquí otra pericia caligráfica consintió que se decida según lo que surge de aquel informe técnico y, el mismo, como se dijo no estableció la autoría de la rúbrica por parte de Migno.

Las dudas que pudiera generar el hecho de que sí se determinara pericialmente que llenó el documento, que variaba habitualmente su firma o la existencia de otras causas por falsificación no permiten apartarse de la solución anticipada, al menos en el estrecho marco del juicio ejecutivo que, reitérase una vez más, exige inequívocamente la existencia de un documento legítimo con cumplimiento estricto de todos los recaudos formales.

Finalmente, cabe referir que el art. 1033 del Código Civil no puede tener en el juicio ejecutivo la extensión que se plantea. Porque, no resultando audibles las alegaciones vinculadas con la causa de la obligación, la autenticidad o falsedad de una firma sólo puede determinarse por dictamen pericial.

Por los motivos expuestos, y al margen de que los actores podrán ocurrir por la vía de un proceso de conocimiento a fin de demostrar la existencia y legitimidad del crédito sobre la base de la relación causal, la pretensión recursiva no puede prosperar.

3. Por ello, se resuelve: desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (CPr. 558).

Devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (CPr. 36:1). - Angel O. Sala. - Rodolfo A. Ramírez. - Martín Arecha.