marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Carrizo, Antonio Aldo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Es insuficiente el agravio relativo a la transgresión de los arts.

150 y 251 a 253 del Código de Procedimiento Penal fundado en que los testigos resultan inhábiles en razón de la calidad de víctimas que revisten, si la Cámara rechazó el planteo de inhabilidad que realizó la defensa y concluyó que su calidad de víctimas del hecho no constituye tacha de ningún tipo a la luz de la sana crítica y no se demuestra que con tal decisión el tribunal transgrediera la ley.
Nulidad de sentencia, hábeas corpus, suspensión de las prestaciones, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: Bauzano, Claudia y Morales Lencinas, María Isabel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-12

Corresponde anular la resolución recurrida en cuanto confirmó el rechazo de la acción de habeas corpus incoada toda vez que se omitió todo consideración concreta a si los extremos invocados por el accionante, perjudicaban al amparista en los términos del art. 3º de la ley 23.098 y tampoco se analizó si la suspensión del derecho a percibir las pensiones que ya venía gozando podía constituir un agravamiento ilegítimos de las condiciones de detención.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, jueces, facultades del juez, ley penal, interpretación sistemática
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La ley 24316 aunque no tiene suficiente claridad en la letra, si la tiene en su espíritu: por un lado procura eludir cuando la circunstancia lo permitan y aconseje la afrenta que debe padecer el acusado de un delito, y por otro, descomprimir el sistema tribunalicio para privilegiar la investigación en aquellos casos mas graves y desahogar el abarrotamiento de causas en la justicia. Y por cierto que deben ser los jueces quienes deben asumir un responsable protagonismo para desentrañar la realidad que se pretende, adoptando la solución humana y con miras al beneficio de la comunidad. Y si la interpretación es una operación jurídica que se dirige a descubrir la voluntad de la ley en función de todo el ordenamiento jurídico y las normas superiores de cultura a fin de aplicarla a los casos concretos de la vida real, ante la reconocida ambigüedad de textos se impone un principio básico de interpretación de la ley penal, no exento de aplicación en esta novel institución entre nosotros, cual es la mas benigna y favorable a los acusados.

(Del Voto del Dr. Pangia -En Minoría-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, juicio político
Materia: CIVIL
Carátula: CARDENAS DE INFANTE MARIA LUISA c/ RESOLUCION DE HONORABLE CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ ACCION DE AMPARO.REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-30

Las decisiones emanadas de los jurados de enjuiciamiento se asimilan a decisiones judiciales, toda vez que el proceso de remoción constituye un juicio de responsabilidad política con sujeción a las reglas del debido proceso legal. Al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo sustancial el juicio es político, pero en lo formal se trata de un proceso orientado a administrar justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mora del deudor, pago extemporáneo, pago parcial
Materia: CIVIL
Carátula: Balpalá Construcciones  S.A. c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

El pago efectuado con posterioridad a la fecha en que debía cumplimentarse la obligación no puede considerarse que tenga el carácter de pago cancelatorio, ya que el art. 505 in fine del Código Civil requiere el cumplimiento exacto de la obligación como requisito para obtener el efecto liberatorio; al no reunir el pago efectuado el requisito de integralidad, debe reputárselo como parcial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Carlos Rodolfo s/ Robo automotor, privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Es innecesario resolver la nulidad de la declaración indagatoria que plantea la defensa por medio del recurso de inaplicabilidad de ley si, aun cuando el planteo resultare exitoso, ello no produciría la caída de lo actuado con posterioridad, ya que se le recibió nuevamente declaración al procesado; ni correspondería tampoco dejar sin efecto el auto de prisión preventiva -de naturaleza incidental- porque la presencia de dicho auto constituye cuestión abstracta ante la circunstancia de resolverse por la Corte en la misma sentencia sobre el fondo del juicio.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Paula c/ Transportes Atlantica S.A.C. y otro s/ Daños y perjuicios López, Maria Cristina y otro c/ Doblores, Jose Luis y otros s/ Daños y perjuicios Pachelo, Luis Domingo c/ Provenzano, José O. y Empresa de Transportes "Acordino Hnos". s/ Indemnización daños y perjuicios Leonelli, Enrique Eduardo c/ Nesprias, Guillermo José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23|1986-05-27|1987-11-26|1991-12-10

Quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, puedan presentarse de manera más o menos imprevista.
Contratos comerciales, nulidad relativa, ejecución del contrato, pago, pago parcial
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICARDO SANCHEZ c/ GIULIANI Y ASOCIADOS - FINANCIERA DE VIVIENDAS  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

El cumplimiento del contrato no es factor impeditivo de admisibilidad de la acción de nulidad del convenio, pero de ello puede inferirse que ha mediado consentimiento de los vicios invalidantes, salvo que se demuestre que la conducta de quien la obró fue afectada por una falla en el discernimiento, la intención o la libertad, o que sobre la base de la existencia de lesión, se establezca la subsistencia de la desproporción en la prestación al tiempo de la demanda.

Tratándose los atacados de actos anulables de nulidad relativa (CCIV 954, 1045, 1058, 1062 y 1063), y en tanto debe dársele sentido y significado a la conducta de los deudores que continuaron de manera voluntaria cancelando parcial y escalonadamente su obligación hasta extinguirla, ese reiterado modo de proceder -exento de salvedades y reservas- es demostrativo de que su intención fue la de confirmar el contrato inválido (CCOM 218-4), por lo que no pueden ahora, sin ir inadmisiblemente contra sus propios actos, requerir la ineficacia del contrato.

Es que el principal efecto del pago es su carácter extintivo y a la vez irrevocable, lo que impide al deudor volver sobre sus pasos y restablecer la obligación extinguida para poder luego solventarla en condiciones menos gravosas para él.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

La retardación es una ficción legal por la cual, cumplidos los recaudos procedimentales para configurarla, se entiende que ha existido una denegatoria tácita de la pretensión de quien acciona, corriendo por parte de éste la carga de impugnar dicha denegatoria como si se tratara de un acto expreso.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sobreseimiento provisional
Materia: PENAL
Carátula: RUBBO, A. s/ SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

No son susceptibles del recurso de inaplicabilidad de ley los autos interlocutorios que como el sobreseimiento provisional no ponen fin al proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, accidente de tránsito, automotores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Turchio, Carlos Luis Bernardo c/ Vino, Juan Carlos y/u otro y/o etc s/ Daños y perjuicios. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   1580-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Deviene improcedente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el recurrente cuando, con su genérico planteo de arbitrariedad, no logra explicar por qué el Tribunal de grado ante los planteos llevados a su decisión y frente a su deber de aplicar el derecho que corresponde a los hechos comprobados en la causa, debía verse impedido de abordar el tema de la legitimación del actor conforme lo exigen las normas jurídicas en juego, verificando si el accionante, no obstante no haber probado ser propietario, revestía el carácter de damnificado exigido por las normas legales a efectos de justificar su derecho a accionar. (De la Disidencia de los Dres.

Vigo y Barraguirre).
Ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, intereses, novación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VALDIVIA,   ANA   MARÍA c/ Caja  de  Retiros,  Jubilaciones  yPensiones  de  la  Policía Federal Argentina s/ Personal militar ycivil de las fuerzas armadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-11

Sin perjuicio del criterio sustentado por la Sala hasta el momento, un nuevo estudio de la cuestión debatida lleva a concluir que la emisión de los bonos dispuesta en las distintas leyes de consolidación constituyó una novación de la obligación asumida, sustituyendo una obligación por otra por imperio legal y con fundamento en las razones que fueron analizadas por el Superior Tribunal en la causa "Galli, Hugo Gabriel y otro c/ P.E.N." (sent. del 16.02.05). En tal inteligencia, hasta la efectivización de la novación, el cómputo de intereses será efectuado conforme la obligación primigenia, y sólo a partir de la emisión de los nuevos bonos se computarán los previstos en ellos (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 26.09.05, "Parada, Andrés").
Energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Edesur SA c/ Resolución 8645/03 ENRE (Expte. 14100/03)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

Deben desestimarse los agravios alegados respecto de la multa cuestionada si ésta fue impuesta en virtud de que se le hicieron afrontar al usuario costos que estaban a cargo de la distribuidora en orden a la prestación del servicio, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.3, del Subanexo 4 del Contrato de Concesión de Edesur, el incumplimiento de las obligaciones de la distribuidora referidas a la prestación del servicio es pasible de dicha sanción (Cons.

XI).
Delitos, autoría, aborto
Materia: PENAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

En los casos de aborto provocado, la madre no asume la calidad de víctima, sino la criatura por nacer, que no era persona futura, y sí una realidad viviente. El peor enemigo de la paz es el aborto, porque es una verdadera guerra, un verdadero crimen que la misma madre realiza. Este es el peor enemigo de la paz hoy en día. (Del Voto del Dr. Vigo)
Pacto comisorio, contratos bilaterales
Materia: CIVIL
Carátula: PENTAMAR S.A. c/ ASTILLEROS Y FABRICAS NAVALES DEL ESTADO S.A. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

El art. 1204 de Código Civil cubre no solo los contratos bilaterales sino también los sinalagmáticos imperfectos, o bilaterales imperfectos, puesto que la expresión "prestaciones recíprocas" es mas amplia que la de "contrato bilateral".
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernandez Arias Elena y otros c/ Poggio, José s/ sucesión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-09-19

Procede el recurso extraordinario fundado en que las leyes 13.246, 13.897 y 14.451 infringen los arts. 95 y 67, inc. 11, de la Constitución Nacional; y, además, en que el fallo de la Cámara Paritaria es arbitrario y violatorio de los arts. 16 y 18
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazos procesales, fundamentación del recurso, debido proceso, defensa en juicio, recurso de casación, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: SANHUEZA, GUILLERMO NICOLÁS. c/ CASA LÁCAR S.R.L. s/ INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-30

La exigua demora o duplicación de providencias no resulta fundamento válido que sustente una decisión que restrinja el derecho al recurso. Pues no es atendible limitar la defensa -bajo el argumento de hacer prevalecer la simplificación y la celeridad del proceso- en un contexto desnaturalizado en punto a la consecución de los fines declamados.

De allí que, teniendo en cuenta los valores constitucionales comprometidos y los principios que inspiran al proceso laboral, cabe tener por válida la fundamentación del recurso de apelación si la expresión de agravios fue realizada con posterioridad a su introducción pero dentro del término previsto por el artículo 42 de la Ley 921. (del voto del Dr. Kohon, en adhesión).
Derecho laboral, accidentes de trabajo, apreciación de la prueba, aplicación de la ley, decretos
Materia: LABORAL
Carátula: De Barrios, Carolina Elizabeth c/ Prevención ART SA. s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

La ART cuestiona el porcentaje de incapacidad acogido en grado, invocando la errónea aplicación de los factores de ponderación. La tabla de incapacidades impuestas por el decreto 659/96 es de aplicación obligatoria para los magistrados laborales toda vez que tiene por objetivo garantizar el tratamiento igualitario de los sujetos damnificados para favorecer la suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones tarifadas y en especie estipuladas por la legislación sistémica. El perito médico reconoce que la actora porta secuelas físicas según dicho baremo, pero también le asigna otro porcentaje por la cicatriz, utilizando para ello otra tabla médica de aplicación en el fuero civil y no en el laboral y se apoya en una supuesta incapacidad estética fruto de la cicatriz obrante en miembro inferior producto de la intervención quirúrgica realizada como parte del tratamiento otorgado por la demandada. Por regla, la lesión que afecta la estética de la actora es indemnizable en los términos de la legislación social sólo cuando puede significar disminución de ganancia, dificultad o imposibilidad para obtener trabajo, lo que no puede predicarse de la cicatriz constatada en su rodilla derecha, no en su cara, y que no puede influir en su capacidad para ser conchabada como dependiente de seguridad -la actora es agente de la Policía Federal-. Los tres factores de ponderación -tipo de actividad, posibilidad de reubicación laboral y edad- se suman entre sí para determinar un valor único, que será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la incapacidad funcional. Cabe hacer lugar a la queja de la aseguradora. (Del voto del Dr. Pose en mayoría).
Competencia originaria, cuestión no federal, Estado Provincial, pueblos originarios
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

El hecho de que las omisiones atribuidas al Estado provincial tengan influencia en las garantías que la Constitución Nacional le ha reconocido a las comunidades indígenas, no transforma a la cuestión planteada en una que pueda ser calificada como predominante o exclusivamente federal y que, como tal, justifique, por la sola presencia de las garantías que se dicen afectadas, la jurisdicción de la competencia originaria de la Corte.
Cheque sin fondos, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: CEBULA DE VIZZOCO, MARIA LUISA s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-14

La mera multiplicidad de cheques entregados, aún cuando hayan sido dados a una misma persona, o representen cumplimientos parciales de una única obligación, o se haya intimado su pago mediante un único telegrama interpelatorio, o se haya frustrado su pago mediante una única contraorden, es constitutiva de tantos hechos independientes -en concurso real- como títulos se hayan librado (Del voto del Dr.

Riggi).
Ley de empleo, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Gallay Oscar R. c/ Fraga Carlos R. s/ Indemnización por Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-18

Ni el artículo 8, ni toda la ley 24.013, contienen disposición alguna que establezca pena por el pago de remuneraciones inferiores a las legales ya que las sanciones establecidas en el Titulo II de la misma, siempre están dirigidas a circunstancias relativas a la omisión de la registración de la relación laboral o a la falsedad de alguno de los datos consignados en la misma. Por ello, la pretensión de indemnización con tal fundamento, debe ser rechazada.
Empleados públicos, cesantía, impugnación del acto administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gramajo Raúl Ambrosio c/ I.S.S.B. -Resol. 114/96- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

Esta Sala -integrada por otros vocales- entendió, al fallar en la causa "Dominguez Marcela Beatriz c/ O.S.P.L.A.D. s/ empleo púbico", del 13/11/92, que el art. 40 de la ley 22.140 no está sujeto a ningún requisito impugnatorio previo, ya que la interposición de recursos, atentaría contra la celeridad requerida por la ley 22.140, que estableció este procedimiento especial, sumario y rápido, para permitir la solución definitiva de la controversia en corto tiempo. Sin embargo, la circunstancia de que el legislador haya permitido una vía de acceso directa ante la Cámara competente, sin exigir la intervención previa de la autoridad administrativa, no significa impedir que el agente renuncie a tal procedimiento sumario y rápido -excepcional por sus alcances-, y opte asumir la carga que sobrelleva la deducción de los recursos administrativos hasta el dictado del acto definitivo que agote la instancia. (Consid. 7º y 8º).
Cuestiones de competencia, defraudación, phishing, correo electrónico, falsificación de marca o designación, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N. N. c/  s/ Competencia. Estafa. Ley 22.362
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Corresponde declarar la incompetencia del fuero en lo criminal y correccional ordinario para entender en una causa en la que se investiga una defraudación cometida a través de una maniobra de phishing, por medio de la cual se utilizó un mail falso de una entidad bancaria para estafar a los damnificados, habida cuenta que en la maniobra no puede descartarse la configuración del delito de falsificación de marcas (art. 31, incs. a y b), de competencia federal. En tal sentido, la CSJN declaró que si el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales que concurren en forma ideal, cuando dichos ilícitos fueran cometidos mediante una única conducta, resulta competente la justicia federal.
Regímenes jubilatorios especiales, jubilación de magistrados, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, decreto reglamentario, declaración de inconstitucionalidad, ley derogada, fallos de la Corte Suprema, jubilación ordinaria, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: BLONDI, NESTOR LUIS c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Establecido que la ley 24.018 es un régimen especial y autónomo que no quedó derogado por el art. 168 de la ley 24.241 (en tanto lo que éste derogó fueron las leyes 18.037, 18.038, sus complementarias y modificatorias), la inconstitucionalidad del Dec. 78/94 -en cuanto deroga el régimen de la referida ley 24.018- resulta palmaria; motivo por el cual corresponde confirmar lo decidido por el a quo que concedió el beneficio de jubilación ordinaria previsto en dicha norma. Este criterio se adecua a lo decidido por la C.S.J.N. en autos Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - P.E.N.- Ministerio de Justicia de la Nación, sent. del 19.05.99.
Honorarios, reconvención, tercerías
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TURQUI, EMILI S. EN J: PIEZA SEPARADA EN TURQUI E. EN J: SUC. MARIA ARENAS DE SIMONOVICH c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ Terceria por Regulación Honorarios - Casación (LIBRO: S264 - 158)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-16

La reconvención genera su propia condena en costas y sus propios honorarios, cuando el tercerista invocó el dominio pero subsidiariamente peticionó el pago de las mejoras realizadas, y el reconviniente no sólo reclamó la restitución de la posesión, sino también los daños y perjuicios provenientes de la ocupación ilegítima.
Estabilidad del empleado público, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capeika, Marcos c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Importando el acto que dispuso la cesantía la subsanación de lo indebidamente actuado por la Administración Comunal, es improcedente la indemnización pretendida en tanto el actor debió saber que no contaba con el respaldo de un acto que lo de una autoridad instaurada en virtud del quebrantamiento del régimen constitucional establecido en 1973. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Embargo, bienes de terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguirre c/ Menghini s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

Al tratarse de una petición enderezada a obtener un embargo sobre un inmueble de alguien que no integra una relación jurídica de ya alongado desarrollo y con sentencias firmes, cuyos contradictores se encuentran debidamente determinados, se perfila nítida la improponibilidad de imbricar a modo de mayor aseguramiento, el bien de un tercero en el debate, so pena de violentar basales garantías constitucionales (arts. 18 Const. Nac. y 9 Const. Prov.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)