Proceso penal, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Robledo, Hugo Martín s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte Nº 59/08 - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en causa Nº 154/07: Robledo, Hugo Martín - Lesiones Graves - Las Juntas - Dpto. Ambato
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-01

La Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del imputado.

Contra dicho pronunciamiento, el defensor del causante dedujo recurso de casación, al que no hizo lugar esta Corte, mediante la sentencia Nº 23/2009.

En contra de la nominada sentencia, el defensor del imputado interpone este recurso extraordinario federal.

Invoca el recurrente la doctrina de la arbitrariedad sólo por su desacuerdo con lo decidido por el tribunal con arreglo a lo dispuesto por normas de derecho común que rigen el instituto de la suspensión del juicio a prueba, sin poner en evidencia error grosero alguno que justifique la intervención del Máximo Tribunal.

En la instancia anterior, contra lo pretendido en el recurso de casación, sostuvo esta Corte que estaba suficientemente fundada en derecho la decisión del tribunal de grado de no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba, en atención a la oposición manifestada por el Representante del Ministerio Público Fiscal, dado que éste había justificado suficientemente su resistencia en la gravedad de los hechos de la causa, la entidad y evolución del daño producido, la posibilidad de ampliar la acusación y también en la posibilidad de solicitar el cumplimiento efectivo de la pena, y esos motivos fueron evaluados como legítimo fundamento de la posición fiscal adversa a la suspensión del juicio.

Además, sólo es vinculante la opinión fiscal si ésta se encuentra debidamente fundamentada, por lo que el reconocimiento en la sentencia impugnada del carácter vinculante del dictamen fiscal negativo producido en el caso comprendía, naturalmente, el reconocimiento de la oposición fiscal como debidamente fundamentada o, lo que es lo mismo, implicaba, necesariamente, que admitía el Tribunal como razonables los fundamentos invocados por el Representante del Ministerio Público Fiscal en sustento de su negativa a la procedencia en el caso del instituto en cuestión.

Por ello, con los argumentos que expone en esta oportunidad, el apelante no demuestra que, como dice, haya esta Corte omitido el tratamiento del planteo referido a la arbitrariedad de la oposición del Ministerio Fiscal, y el planteo que formula sólo revela su discrepancia con los fundamentos del pronunciamiento impugnado, en el que categóricamente fue juzgado como correcto el fallo del inferior, por entender que la actuación fiscal había sido interpretada de manera adecuada, en el marco legal de las obligaciones inherentes a ese Ministerio, de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, en tanto la ley pone a cargo de la parte acusadora el ponderar la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y, en el caso, había considerado esa parte que la gravedad del hecho permitía avizorar una condena de cumplimiento efectivo, lo que impedía la suspensión del juicio, y había dado suficientes razones de su parecer, por lo que su apreciación resultaba vinculante para el órgano jurisdiccional.

Por todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido.