Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-09


Autos: SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO C/ M'LEZIVA ARTURO RAUL S/ X* APREMIOS- (Juzg. de Cob. y Aprem. de la 2° Nom.).- Expte: A10803/00 - SALA III San Miguel de Tucumán, 9 de septiembre de 2004.- Sentencia Nro. 357 Y VISTO :

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 3 de Noviembre de 2.003, y C O N S I D E R A N D O:

Que en la presente causa el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento inició proceso de apremio en contra de Arturo Raúl M'Leziva, persiguiendo el cobro de la suma de dinero por los montos y períodos que se detallan en la boleta de deuda corriente a fs. 4. Hizo constar expresamente que la prescripción de los períodos reclamados se encontraba interrumpida por haber promovido demanda judicial en el mes de Diciembre de 1998.

El demandado opuso excepción de prescripción, por considerar que a los períodos reclamados les alcanzaba el efecto liberatorio del citado instituto.

El Juez resolvió la cuestión declarando de oficio la existencia de litis pendencia, y ordenó el archivo de la causa. Sostuvo en los fundamentos del fallo, que la propia actora en su escrito de demanda reconoció que "la prescripción del presente juicio se halla interrumpida por demanda judicial iniciada en Mesa de Entradas de Tribunales en el mes de Diciembre de 1998 al solo fin de interrumpir la prescripción". Agrega el sentenciante que de las pruebas obrantes a fs 30/33 surge la existencia de ambas causas: expte. n° 17.991 iniciado el 30/12/98, y el presente expte. n° 10.803 iniciado el 22/12/00. Que ambas causas involucran a las mismas partes, por los mismos montos y períodos, y correspondientes a la misma boleta de deuda, por lo que considera configurada la litispendencia prevista en el Código Tributario.

Se agravia la actora manifestando que no se dan en el caso los presupuestos necesarios para la configuración de la litispendencia que, además de la triple identidad, requiere la existencia de litis, es decir, que en el primer juicio se hubiere efectuado la notificación de la demanda, lo que en éste caso no ocurrió.

Corrido el traslado de ley, la parte demandada solicita se confirme la sentencia.

Consideramos que asiste razón al recurrente en cuanto a la improcedencia de la litispendencia. Ello así, por que como su propio nombre lo indica, requiere la existencia de una litis pendiente de resolución.

Es criterio uniforme de la Doctrina y la jurisprudencia que la existencia de litis se configura a partir de la notificación de la demanda. "Para Que se configura la situación procesal de litis pendencia entre dos procesos que tengan como objeto pretensiones idénticas, es necesario que en el juicio iniciado en primer término exista litigio, lo que recién acontece cuando se ha practicado la notificación del traslado de la demanda, y no por la mera interposición de ésta" (Doctrina legal CSJT sentencia 84, fecha 26/2/96) En el presente caso, se acreditó que con anterioridad a éste juicio se promovió una demanda en la que se advierte la triple identidad de sujetos, objeto y causa, pero se acreditó asimismo que en el expediente n° 17.991 iniciado el 30/12/98 que en éste acto tenemos a la vista, no se practicó la notificación de la demanda. Más aún, ni siquiera fue proveída por falta de bonos y documentación original.

En mérito a lo expuesto corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto declara la existencia de litis pendencia, y considerar la defensa de prescripción opuesta por el demandado, y que el Juez no trató en razón de la solución que dio al caso (art 775 del C.P.C.C.).

Y en el estudio de la defensa opuesta por el demandado partiremos de la base que la prescripción es una institución de orden público, cuyo fundamento esencial es la necesidad social de evitar que se mantengan pendiente en forma indefinida las relaciones jurídicas y la incertidumbre sobre los derechos. Constituye un mecanismo de orden al limitar el tiempo de ejercicio de los derechos. Ello significa que si el acreedor durante el lapso que la ley prevé no ejercita su derecho, el deudor puede considerarse liberado (art 4.017 del Código Civil). "La ley, con propósitos de seguridad jurídica, y basada en fundamentos de orden público determina plazos de prescripción, transcurridos los cuales, se extingue la pretensión jurídica accionable, y las obligaciones civiles se transforman en naturales" (Moisset de Espanes: Reflexiones sobre la interrupción y suspensión de la prescripción; ED T. 54 p. 771).

El art. 3.986 del Código Civil establece expresamente que el curso del plazo de la prescripción se interrumpe por demanda contra el deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa, y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio.

Pero pese a la amplitud que la citada norma legal confiere al concepto de demanda como acto interruptivo, no puede llevarse la cuestión a extremos que desnaturalicen la esencia misma de la prescripción. Podrá ser defectuosa o interpuesta ante juez incompetente etc, pero debe tratarse de una demanda en el verdadero sentido de la palabra. Debe tratarse de una pretensión tendiente a abrir juicio contradictorio, y obtener una sentencia firme y definitiva respecto de lo que constituye su propósito real al deducirla.

No existe en nuestro derecho una demanda "al solo fin de interrumpir la prescripción". Si bien esta interrupción es un efecto de aquella, no puede admitirse la deducción de dos o mas demandas en contra de la misma persona y por la misma causa: una demanda para interrumpir la prescripción, y otra para obtener el dictado de la sentencia. Como se ha sostenido en algunos fallos, esto constituiría un verdadero ardid para impedir la prescripción (C.F. LPL JA 11-971 p. 632), y no es lógico pensar que la ley proteja ese tipo de actitudes, en perjuicio de alguien que ni siquiera ha sido oído.

Pero a mayor abundamiento cabe señalar que el art 3.987 dispone expresamente que "La interrupción de la prescripción causada por la demanda se tendrá por no sucedida si el demandante desiste de ella..." Si bien la Doctrina coincide en señalar que el desistimiento debe ser expreso, ya que "no se presume" como lo señala el art. 205 del CPCC, enseña Palacio (T V pag. 539), que ello no implica la necesidad de utilizar formulas sacramentales. El mismo autor cita un fallo de la Cámara Nacional Civil Sala A, publicado en ED T 42 pag. 317, en el que se consideró que "Si se pidió el desglose de la documentación acompañada, a fin de iniciar un nuevo juicio, y se consintió la providencia que dispuso el archivo de las actuaciones, es de toda evidencia que la actora desistió del procedimiento, acto que no requiere términos sacramentales".

En el caso de autos es evidente que la actora desistió de la demanda promovida el 30/12/98 (expte. 17.991) toda vez que, sin procurar que la misma se provea conforme a derecho, deduce una nueva demanda el 22/12/00 en la que acompaña el título base de la ejecución.

Conforme a lo previsto en el art. 3.987, y lo considerado respecto del desistimiento, cabe concluir que en éste caso debe tenerse por no sucedida la interrupción de la prescripción.

Teniendo en cuenta el plazo de prescripción previsto en el art. 52 de la ley 5.121, 5 años, y el punto de partida para su cómputo previsto en el art. 53, corresponde hacer lugar a la prescripción respecto de la deuda reclamada por todos los períodos de 1993 y 1994. en consecuencia, habrá de revocarse la sentencia en éste sentido, ordenándose llevar adelante la ejecución por la suma que resulta luego de deducir del monto reclamado en la demanda, la suma de los importes correspondientes a los períodos que se declaran prescriptos, es decir, por la cantidad de $291,49.

Las costas de primera instancia se imponen a cargo de la parte actora por el importe por el que prospera la excepción de prescripción, y a cargo de la demandada, por el que prospera la ejecución (art. 572 del CPCC). Las costas de segunda instancia se imponen a cargo de la actora, teniendo en cuenta que el éxito obtenido a raíz de su recurso, es insignificante en relación con el éxito de la contraria.

Por ello, R E S O L V E M O S: //// //// I°)- REVOCAR íntegramente la sentencia recurrida de fecha 3 de Noviembre de 2.003, disponiéndose en su reemplazo lo siguiente.: "1°) Hacer lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada, respecto de todos los períodos reclamados por los años 1993 y 1994.- 2°) Ordenar se lleve adelante la ejecución promovida por Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, contra Arturo Raúl M'Leziva, hasta hacerse al acreedor íntegro pago de la suma de pesos Doscientos noventa y uno con 49/100 ($291,49), con más sus intereses que se calcularán con la tasa prevista por el art. 48 del Código Tributario, calculándoselos únicamente sobre el capital reclamado, desde la fecha de la boleta de deuda, hasta su efectivo pago.".- II°) IMPONER LAS COSTAS de ambas instancias conforme a lo considerado.- III°) RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.- HAGASE SABER.- MARTA INÉS AGLIANO JUAN JOSÉ JORRAT.-