Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15


SENT Nro. 603 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 15 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Aguilar de Torres, Irma Carmen vs. González, José Domingo y otros s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 06/3/2003 que hace lugar al incidente de caducidad de segunda instancia deducido por la demandada, imponiendo las costas de la incidencia a cargo del actor.

II.- Ataca el recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma ha violado la norma del art. 210 procesal, penúltimo párrafo, que dispone que "...comenzaran a correr desde la última petición de las partes o acto del órgano jurisdiccional que tenga por objeto activar el curso del proceso". Así, disiente con el criterio sentado por el fallo según la nota actuarial de fs. 351 carece de entidad necesaria para instar el curso del trámite y considera que se la debe interpretar como una actuación del órgano jurisdiccional que tiene como meta activar el curso del proceso en el sentido de que su parte tomara conocimiento de la falta de copias para traslado y las proveyera a efectos de correr el traslado del memorial que restaba realizar, para una completa integración de la litis en la Alzada.

Manifiesta que el temperamento sentencial peca de excesivo rigor formal olvidando la admonición final del art. 210 -en tanto, en caso de duda, se entenderá que la diligencia es impulsiva- y que la función primordial del órgano jurisdiccional es administrar Justicia.

Puntualiza otra cuestión -que dice no ha considerado el tribunal- referente a la legitimación procesal de la aseguradora Belgrano Coop. Ltda. de Seguros, pérdida ésta en virtud de la liquidación forzosa de la misma, por lo que no correspondía correr traslado a ella del memorial de agravios sino seguir el procedimiento de la ley 20.091. Que el letrado Casanova no ha denunciado tal situación en autos ni siquiera cuando opone la caducidad de instancia y recién ante el planteo de nulidad de su parte es que se obliga a Casanova a notificar esta situación a los Delegados Liquidadores de su ex mandante quienes se apersonan a fs. 373/376. Por ello, expresa, el tribunal a quo ha premiado la mala fe procesal.

Sostiene que la omisión del Tribunal de considerar las circunstancias apuntadas lo hace caer en arbitrariedad, violar el principio de interrupción del curso de caducidad de instancia y de interpretación restrictiva de la misma.

Cita jurisprudencia; propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso tentado.

Corrido traslado a la contraparte, la misma contesta según los términos obrantes en el escrito de fs. 429/431.

III.- Por auto interlocutorio del 23/4/2003, la alzada concede el recurso de casación. Corrida vista al Ministerio Fiscal, éste se pronuncia por la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación, correspondiendo, por consiguiente, en esta instancia, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida hace prosperar el planteo de caducidad de instancia. Para ello se funda en que desde que se corrió traslado de los agravios presentados por la actora al codemandado José D. González hasta que aquélla completó las copias necesarias para notificar a las partes restantes de aquella diligencia, ha transcurrido el plazo de tres meses previsto en el art. 210 inc. 2 procesal para que opere la caducidad de instancia de la alzada, sin que en el ínterin las partes ni el órgano judicial hayan realizado actuación alguna con relevancia para instar el curso de la misma. Entiende que la nota actuarial del 14/03/2002 donde se dejaba constancia de la falta de copias para traslado para remitir la notificación faltante, carece de la entidad necesaria para instar el curso del trámite. Cita jurisprudencia en este sentido. Aclara que el hecho de no haber sido formalmente notificada la recurrente de tal nota, tomando conocimiento recién en 15/04/2003 no modifica la conclusión sentada, toda vez que dicha nota no es una providencia que debió ser objeto de notificación alguna pues no implica una disposición de mero trámite ni del tribunal ni de la actuaria en los términos del art. 270 procesal, sino que se trata de una simple constancia actuarial que certifica la causa por la cual no se podía cumplir con el traslado.

En relación a las eventuales anormalidades en la sustanciación del recurso, que la actora refiere al contestar la incidencia, la Cámara considera que debieron haberse denunciado en el momento procesal oportuno para que, de ser ciertas, pudieran haber adoptado las medidas de corrección pertinentes, pues resultan ya extemporáneas.

Expresa que era deber de la apelante preocuparse porque su recurso, abierta la instancia recursiva, se desenvuelva en la integridad de su desarrollo. Por el principio dispositivo tenía la carga de cooperar a lo largo de su sustanciación efectuando peticiones, reclamos y solicitudes necesarias para que el asunto avance hasta quedar en estado de ser resuelto por el tribunal de alzada. Que las demoras en que pudo haber incurrido el órgano jurisdiccional de manera alguna eximía al recurrente de su deber de instar el trámite, pues -con cita de esta Corte Suprema- recuerda que en el sistema procesal civil de Tucumán no se contemplan entre los casos de improcedencia de la perención a aquel en que la prosecución del trámite depende de una actividad impuesta a cargo del juzgador. De allí que debía activar, estimular, urgir la instancia, interesándose porque antes de que venzan los plazos legales pertinentes se corra traslado del memorial de agravios que presentara a las restantes partes intervinientes en el asunto, so riesgo de que se produzca la caducidad de instancia, como en definitiva ocurrió.

Por último, impone las costas de la incidencia al demandante conforme los arts. 106 y 107 procesal.

V.- De la confrontación de los agravios del recurrente con los argumentos sentenciales se colige que asiste razón al tribunal de alzada.

Y ello porque el recurso no logra demostrar la violación al art. 210 procesal que invoca pues el mismo resulta insuficiente al limitarse a plantear la mera discrepancia del quejoso con la consideración sentencial acerca de que la nota actuarial de fs. 351 no posee efecto impulsivo de la instancia y, por ende, el plazo de caducidad se hubo cumplido en autos, conforme el art. 210 inc. 2º procesal.

En efecto, el punto central de los agravios del recurrente consiste en sostener que dicha nota actuarial posee efectivamente un efecto impulsivo del procedimiento y que la caducidad, por ende, no ha operado. Sin embargo, no se advierte que este aserto del recurrente sea correcto por las razones sustentadas por el mismo tribunal sentenciante, las que no han sido atacadas puntual y concretamente por el impugnante.

En efecto, al apelar, el recurrente debía haber tomado los recaudos necesarios -entre ellos, adjuntar las copias suficientes para un debido traslado del memorial a las partes intervinientes- a fin de coadyuvar, en lo que a éste competía, en la sustanciación del recurso hasta colocar la causa en estado de sentenciar, sin que ello haya ocurrido. En este sentido, la nota actuarial referida, estima la Cámara, no tenía como objeto comunicar e instar al apelante a cumplir tales formalidades sino dejar constancia de la razón por la que el trámite de traslado, que correspondía procesalmente efectuar, no podía llevarse a cabo.

Corresponde a esta altura del razonamiento expresar que es de toda evidencia que la constancia inserta en el expediente en esos términos no tiene idoneidad por sí misma para impulsar el curso del proceso. A ello se añade que ninguna duda ha expresado el tribunal, que autorice la aplicación del principio general favorecedor de la prosecución del proceso, conforme lo alega el recurrente invocando el aludido en el pronunciamiento (arg. art. 210, último parágrafo del C.P.C.C.).

En cuanto a las irregularidades referidas a la falta de legitimación de la aseguradora y a que no correspondía correrle traslado, la alegación de las mismas, tal como lo destaca el tribunal a quo, resulta extemporáneas, máxime cuando se advierte que el incidente de nulidad planteado a fs. 361 en base a razones estrechamente vinculadas con esta temática, fue resuelto en contra de esta solicitud de la actora y dicha sentencia quedó firme en autos (ver fs. 398/399 y 404).

De allí que las razones expuestas en el memorial casatorio no alcanzan para eximir de reproche al actor por su falta de diligencia y cooperación en el trámite de la alzada, por lo que se pudo declarar, sin arbitrariedad alguna, la caducidad de instancia. Y es que se está ante un supuesto en que la continuación del trámite dependía de alguna actividad que debía realizar la parte recurrente, en virtud de la cual el traslado del memorial de agravios no pudo ser efectivizado. Siendo así, estando en cabeza de la apelante la continuación del trámite procesal y ante la inactividad de la misma por el plazo legal no cabía a la Cámara sino decidir en la forma en que lo hizo.

En definitiva, el agravio en examen no cumple con los requisitos del art. 815 y 816 procesal, toda vez que no se refuta -sino a través de la mera discrepancia y de alegaciones extemporáneas- los fundamentos claros y contundentes de la sentencia en crisis.

Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso incoado.

VII.- Atento al resultado del recurso, las costas de la instancia casatoria se imponen al recurrente de conformidad a los principios generales de la materia (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 444, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común del 06/3/2003, por las razones expuestas.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.- III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA