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Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03


NEUQUEN, 3 de Febrero del año 2015.- Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "E.N.S. C/ F.L.J.R.J. S/ FILIACION", (Expte. Nº 64850/2014), venidos en apelación del JUZGADO DE FAMILIA 3 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, puestos los autos para resolver, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- Mediante resolución de fs. 11 se deniega la cautelar requerida por la actora.

Ante ello, la parte interpone revocatoria con apelación en subsidio, siendo denegado el primer recurso y concedido el segundo.

II.- Examinada la cuestión entiendo asiste razón a la jueza interviniente.

En efecto, tal como resulta del escrito de demanda se reclama exclusivamente a fin de que se reconozca la filiación extramatrimonial por parte del demandado con relación a la menor hija de la actora.

En ningún momento del escrito se requiere ni el daño moral -a cuyo respecto se hace reserva de demandar en otra oportunidad- ni por alimentos en relación a la menor.

Trabada la litis y ante la rebeldía del accionado, la parte requiere la fijación de una cuota alimentaria provisoria pero la misma no es procedente toda vez que los alimentos no fueron objeto de la pretensión ni su concesión tiene relación alguna con el objeto del juicio como bien se destaca en la resolución que desestima la revocatoria.

III.- En consecuencia y por compartirse los argumentos expuestos por el sentenciante al resolver la reconsideración y lo expuesto, es que propongo se confirme la resolución apelada, con costas al quejoso.

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II, RESUELVE:

I.- Confirmar la resolución de fs.11 en lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas al quejoso.

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Milan SA. c/ Carniel, Alfredo. s/ Cláusula  Penal.  Ejecución  de  Sentencia.  Cosa  Juzgada.  Cobro de  Alquileres. Incidente Ejecución de Sentencia. Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-05-04

Viola el principio de congruencia, la sentencia que falla sobre aspectos que no deben ser objeto de resolución -entre ellos, los que han sido válidamente resueltos con anterioridad procesal oportuna y definitiva-.
Ejecución de sentencia, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Oliver, Diana Teresa y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-13

Respecto a la excepción articulada, es preciso destacar que en el procedimiento de ejecución de sentencia, a la prescripción de la ejecutoria -en ausencia de un texto legal expreso y por tratarse de una pretensión personal- le es aplicable el plazo general de 10 años y no el particular que pudiera tener cualquier derecho.
Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales, leyes, aplicación de la ley, cómputo privilegiado de la privación de libertad, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: D, H. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Robo   calificado. Incidente de libertad ley 24390. Pretensión liberatoria   de habeas corpus (Expte. CSJ Nº 802-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

El vacío en la instrumentación legal del artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha venido a ser cubierto por una normativa nacional: la ley 24390, autodefinida como "reglamentaria" del precepto convencional (artículo 9). Esta ley contiene, por una parte, normas vinculadas con el proceso penal -duración máxima de la prisión preventiva y posibilidad de su prórroga- y, por la otra, normas que se vinculan directamente con el derecho de fondo, al modificar el artículo 24 del Código Penal en cuanto al cómputo de los períodos de detención preventiva más allá de los plazos previstos. Concretándonos al primer grupo de disposiciones, hay que decir que si bien ellas configuran una regulación de institutos procesales, ante todo son (como la misma le y lo dice) la reglamentación -dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de competencias propias- de una garantía (de un "derecho fundamental", según la calificación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Suárez Rosero v. Ecuador") establecida en un tratado internacional de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22), de suerte tal que deben ser aplicadas en todo el territorio del país por los jueces federales o locales según que las cosas o personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones (artículo 75, inciso 12, Constitución Nacional). Y no obsta a lo dicho la circunstancia de que las disposiciones referidas se encuentren relacionadas con cuestiones procedimentales (lo cual podría habilitar a la formulación de objeciones fundadas en que se trata de materia reservada para sí por las provincias), atento a que el Congreso de la Nación se encuentra excepcionalmente habilitado para dictar normas de tal carácter en tanto y en cuanto ellas resulten necesarias para asegurar el eficaz y efectivo funcionamiento del derecho o la garantía sustancial -en el caso, de raigambre constitucional que se encuentra en juego. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco).
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: TONARELLI ARMANDO EUSEBIO c/ FRIGORIFICO REGIONAL SANTA ELENA S.A. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-13

Es absolutamente necesario probar que el trabajo o las condiciones ambientales en que el mismo se desarrolló o ambos, han tenido incidencia en la producción, aparición o agravamiento de la enfermedad del actor.
Daños y perjuicios, culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Molina, Lino Oscar y otras por sí y sus hijos menores c/ Díaz, Gustavo Eduardo y otra s/ Sumario por Resarcimiento de Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-18

Es que quien transgrede el deber de conducir diligentemente, circulando a una velocidad peligrosa, no puede invocar el privilegio -como en este caso- de paso que corresponde a quien transita por una ruta urbana de salida de una ciudad, zona densamente poblada, puesto que la aludida franquicia no exime del cumplimiento de las obligaciones inherentes al citado deber, ni protege a quien avanza despreocupadamente, desatendiendo las previsibles contingencias del tránsito y habiendo perdido el dominio del automóvil ante la aparición del ciclista por una calle transversal.
Agente fiscal, intervención fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "    Botana,    José    María s/ fata    de    acción   "
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-11

" si bien en los últimos tiempos se ha avanzado hacia una mayor independencia del querellante, ello de ningún modo implica que el representante del Ministerio Público Fiscal se encuentre en un pie de igualdad a todos los efectos, pues no puede perderse de vista que, aún cuando este último se manifieste en sentido contrario a la continuidad de la acción, su intervención en todos los actos trascendentes del proceso sigue siendo ineludible"."Ello es así pues "...la esencia de la etapa instructoria reside justamente en la finalidad de recolectar los elementos que, eventualmente, den base a la acusación o requerimiento para la apertura del juicio público o, en caso contrario, determinen la clausura de la persecución penal (Maier, Julio "Derecho Procesal Penal - I. Fundamentos", 2da.

Edición, Editores del Puerto SRL, pág. 452, Buenos Aires 1999);

y que, por esa circunstancia, el procedimiento preliminar tiene un carácter meramente preparatorio que por su propia naturaleza supone una cierta prevalecencia de los órganos estatales de persecución penal por sobre el imputado (del Fallo "Quiroga" de la CSJN, Q. 162 XXXVIII, rta. el 23/12/04)..." (conf. esta Sala en causa n° .28.612 "Miceli", rta. el 15/12/09, reg.n° 30.827)"."Bajo tales lineamientos, no caben dudas en cuanto a que la intervención que se le confiere al fiscal a la luz de las disposiciones contenidas en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación es de las consideradas ineludibles, pues a consecuencia de ella se habrá de establecer el curso de la investigación, dictaminando si considera o no completa la pesquisa, si entiende que restan medidas que practicar o, en su caso, si corresponde sobreseer o avanzar hacia la etapa de juicio"."De allí que el plazo fijado en el ordenamiento procesal en torno a la cuestión aquí en trato resulte ordenatorio para esa parte (conf. en similar sentido, Sala I de esta Alzada en causa nro. 43.549 "División de Fotografía P.F.A s/defraudación", rta. el 24/11/09, reg. 1351; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I en causa n° 34.842 "Simón", rta. el 15/10/08; y Sala VI en causa n° 16.911 "Gey", rta. el 18/12/01, y en causa n° 36.863 "Messi", rta. el 26/3/09)"."Ello, claro está, en la medida en que su actividad tardía no derive en un exceso incompatible con la marcha del proceso y los derechos del imputado".
Interrupción de la prescripción, remuneración, pago a cuenta
Materia: PROCESAL
Carátula: REYES, HECTOR JOSE MARIA c/ SA. NESTLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-27

El pago mensual de sumas "a cuenta de remuneraciones" configura un reconocimiento de derechos del trabajador, interruptivo de la prescripción en los términos del artículo 3989 del Código Civil.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, cheque sin fondos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Bunge, Carlos Hugo s/ art. 302 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por el delito de libramiento de cheque sin fondos (art. 302, inc. 1, del Código Penal), si para descartar la existencia de autorización para girar en descubierto hizo prevalecer, sin razón plausible, los términos de un informe respecto de lo declarado por el gerente comercial del banco girado y valoró inadecuadamente la peritación contable, pues no resulta exacto que los giros resultaban cubiertos siempre al día siguiente, aserto que la sentencia destacó especialmente.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal, auto de procesamiento, abogados, ejercicio profesional, delitos, asociación ilícita
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: D. S., P. M. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -QUIEBRA FRAUDULENTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 237 AÑO 207)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

Atento a su naturaleza, el auto de procesamiento dictado por el Magistrado instructor no es, en principio, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación. Ello así toda vez que importa un mero juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación que ni en su contenido, consecuencias o exigencias puede ser calificado como sentencia. En punto a ello, el compareciente insiste en que lo decidido le irroga un "gravamen irreparable" en razón de la imputación del delito de "asociación ilícita" que se le enrostra y el conocimiento público que ha tomado la causa, concomitantemente con su profesión de abogado. Sin embargo, no acredita que, en el caso, se halle comprometida de manera actual la libertad ambulatoria del imputado, "uno de los bienes de mayor importancia para el derecho", ni persuade que la decisión objetada le provoque una restricción o impedimento en el ejercicio de sus actividades como abogado, ni que lo decidido implique un cercenamiento del ejercicio de sus derechos constitucionales de trabajar, comerciar y ejercer industria lícita antes del dictado de la sentencia, privándolo así de su derecho a ganarse el sustento por medios lícitos.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, acción de amparo, recursos administrativos, recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, derechos subjetivos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ARGENFORJ SRL c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ RECURSO DE AMPARO. MEDIDA DE NO INNOVAR.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 92-85 LATINO, OSCAR VILLA, GUSTAVO s/ RECURSO DE AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 395-86 COOPERATIVA GANADERA LTDA MANUEL GREGORET c/ COMUNA DE CALCHAQUI s/ DEMANDA DE AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 352-86 RAMIS, MATEO c/ COMUNA DE CALCHAQUI s/ AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 351-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12|1986-09-23|1986-11-19|1987-07-29

El recurso de inconstitucionalidad, vía impugnatoria de carácter extraordinario, sólo es admisible en la hipótesis de sentencias definitivas, cuando ellas se hayan dictado en "juicio que no admite otro ulterior sobre el mismo objeto"; en consecuencia no resulta viable en el caso de atacarse la resolución que confirma el auto del juez de primera instancia que no hace lugar al recurso de amparo interpuesto, ya que dicha providencia no es sentencia definitiva, pues el artículo 14 de la ley 7053 establece expresamente que "el resultado del recurso de amparo se entenderá sin perjuicio de las acciones ordinarias que sobre la misma cuestión deduzcan el recurrente o la autoridad", contando pues el recurrente para la defensa de sus derechos sustanciales, con la vía normal de los recursos en sede administrativa, en cuya esfera se está actuando y la vía judicial en lo contencioso administrativo que en su caso, le permitirá impugnar los vicios que la resolución administrativa pudiera contener.
Personal de casas particulares, fecha de ingreso, prueba documental, libreta de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: Félix, Lidia Estela c/ Ayala, Osvaldo Manuel s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-05-17

A fin de acreditar la fecha de ingreso de la empleada de servicio doméstico, debe estarse a lo dispuesto por los recibos de sueldo y el libro de sueldos y jornales que aportó el demandado, dado que la prueba testimonial es poco confiable a la hora de acreditar datos precisos como el requerido.
Proceso contravencional, prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Roldán, Mónica Noemí s/ Inf. art. Ley 255- Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29

La valoración de las pruebas conforme las pautas de la sana crítica racional impone una ponderación conjunta, teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no un tratamiento particular de cada una de ellas.
Despido, derechos y garantías constitucionales, indemnización tarifada, constitucionalidad, determinación del monto, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Lantarón, Daniel Emilio c/ Banco Español del Río de La Plata s/ Indemnizaciones, etc. Enriquez, Juan Alberto c/ S.A. Nestlé de Productos Alimenticios s/ Indemnización clientela, etc. Facin, Jorge Luis c/ John Wyeth Laboratorios s/ Indemnización, etc. Sverljuga, Raúl Alberto c/ Banco Comercial del Norte S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10|1995-10-11|1991-04-02|1994-02-22

No es inconstitucional la regla del art. 245 segunda parte de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto establece el sistema para el cálculo del tope máximo del resarcimiento, en tanto configura el parámetro que el propio legislador utiliza para indemnizar el perjuicio derivado del despido, y es al Poder Legislativo de la Nación al que incumbe con exclusividad reglamentar las relaciones laborales y las consecuencias de la ruptura del contrato de trabajo.
Proceso penal, inconstitucionalidad, presentación extemporánea, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: J., M. Á. por homicidio calificado por ser el hecho perpetrado por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género en perjuicio de J., E. c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-22

Si se tiene que la norma contenida en el art. 478 del C.P.Penal de la Provincia de Salta fue aplicada por el tribunal de juicio durante la sustanciación del debate, inmediatamente después de que la fiscal interviniente se pronunciara por la ampliación de su acusación, en los términos del art. 466 del C.P.Penal de la Provincia de Salta, carece de validez el fundamento sostenido por la quejosa en cuanto a que la aplicación del dispositivo atacado fue inicialmente realizada por el Tribunal de Impugnación al momento de resolver el recurso de casación intentado. En consecuencia, la introducción de la cuestión constitucional, para habilitar su análisis tanto en la instancia casatoria como en la presente etapa procesal, debió haberse producido en el plazo de interposición que regula el art. 544 del C.P.Penal de la Provincia de Salta.(Del voto de la Dra. Bonari).
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Briguori, José c/ Bullorini, Eugenio s/ Daños y perjuicios Constanzo del Vidio y otra c/ Empresa del Oeste s.a. s/ Daños y perjuicios Díaz, Ceferino Antonio c/ Transporte Ideal San Justo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07|1994-06-30|1996-07-15

No es acertado sostener que los damnificados debieron probar "la condición afectiva que existe en la familia que sufre la pérdida de uno de sus miembros". El daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica, "prueba in re ipsa" y es el responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluyera la posibilidad de un daño moral.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Giulodori, Marcelo L. c/ Marandino, Luis y otros s/ Accidente de trabajo (9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El sueldo anual complementario debe adicionarse al salario diario del trabajador para calcular la indemnización por accidente de trabajo.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Lorenzi, Mario Fabián c/ Maralex S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo Maureliz, Ismael c/ Frigorífico Anselmo S.A. s/ Indemnización de la ley 9688 Díaz, Rosa Esther c/ Yamamoto Rodolfo y otro s/ Indemnización por muerte Esquius, Roberto Elías c/ E.S.E.B.A. y D.E.B.A. s/ Indemnización por enfermedad del trabajo Encina, Daniel D c/ Municipalidad de Berisso s/ Enfermedad accidente Vallini, Néstor R. c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10|1994-08-30|1995-10-11|1997-11-18|2001-11-21|2003-09-10

No puede válidamente aceptarse la automática aplicación del monto nominal fijado en la resolución 7/89 para el cálculo de la indemnización tarifada en la ley 23.643 cuando se traduce en un flagrante despojo del resarcimiento querido por el legislador vulnerándose derechos de raigambre constitucional, como lo son los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución de la Nación.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: BUDAN CARLOS RICARDO c/ A.E.S.Y.A. Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-17

La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo se configura cuando las partes omiten durante un lapso prolongado de tiempo el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, y sólo puede tener validez en la medida que el trabajador, con su comportamiento, haya expresado una renuncia tácita. Es decir, que se requiere un comportamiento concluyente y recíproco que traduzca inequívocamente el abandono de la relación de trabajo, ello por cuanto el art. 241 in fine de la L.C.T. contiene una excepción al sistema formal de extinción de la relación laboral por voluntad concurrente de las partes, de apreciación restrictiva por su carácter excepcional.
Sentencia, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GUZMAN MANUEL MIGUEL c/ SEGURIDAD EMPRESARIAL S.R.L. Y OTRO s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL  -  EMPRESA - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-23

Debe hacerse lugar al recurso de casación fundado en la causal del art. 94 LPT -quebrantamiento de las formas y solemnidades establecidas para la sentencia- si la juzgadora incurrió en 'excesivo rigorismo formal' al denegar por extemporánea, la solicitud de la actora efectuada en el alegato, en el sentido de que se responsabilizase solidariamente a una de las co-demandadas según el art. 30 LCT. Si bien es cierto que el actor en su demanda solo invoco el art. 29 LCT, desarrollo los hechos que imponían al tribunal analizar la situación a la luz del art. 30 LCT, máxime porque fue la propia interesada quien estudio la solidaridad que se atribuía encuadrándola en dicha norma. La sentenciante debió tomar en cuenta lo dispuesto en el art. 65 LPT que le requiere fallar según las disposiciones legales en vigor, pudiendo dictar pronunciamiento 'ultra y extra petita' a condición de no alterar los hechos ni lesionar el derecho a la defensa de la accionada, lo que no ocurrió en autos. En caso de duda, tuvo que aplicar la norma mas favorable al trabajador (art. 9 LCT). La beneficiaria de los servicios de vigilancia se halla en la situación del mencionado art. 30 LCT, respecto del personal de la empresa prestataria, porque, si bien la tarea contratada es en principio accesoria, ya que nada tiene que ver con el objeto especifico de la contratante, se constituyo en 'normal y habitual' dentro de su perímetro, en todo el tiempo que duro la relación contractual. Se trato de un servicio de vigilancia amplio, que comprendió no solo el aspecto externo, sino también el interno del establecimiento, de carácter permanente y con el objeto de otorgar seguridad a la sociedad para el mejor desenvolvimiento y consecución de sus fines. Dicha responsabilidad no deriva de una relación directa de la beneficiaria con los dependientes de la prestataria, sino que la impone la ley.
Sobreseimiento, cuestiones de competencia, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Toninelli, Ángel Rubén c/  s/ recurso de casación REGISTRO Nro: 232/17.4
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-28

Atento lo expresado por el MPF en orden a la vinculación entre los hechos investigados en uno y otro expediente con relación a la actuación de la AFIP, el pronunciamiento recurrido no explica que la decisión de no apelar los sobreseimientos dictados en otra causa y en su conexa hubiera implicado consentir la posibilidad de que finalice la investigación respecto de esos sucesos, ni se indicó algún hecho posterior que pudiese modificar la postura del fiscal sobre la cuestión, tampoco se fundó debidamente que pudo hacerlo la resolución del conflicto de competencia suscitado.

El "sobreseimiento aparente" no es una categoría prevista en norma alguna ni hay jurisprudencia que la avale.

La ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen fundado del MPF impide la convalidación del fallo impugnado.