marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, igual remuneración por igual tarea, convenios colectivos de trabajo, supervisores, discriminación laboral, discriminación salarial
Materia: LABORAL
Carátula: SPINELLI, Arturo c/ ELECTROSONORA MANUFACTURAS SAAVEDRA S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

Cualquiera sea la discrecionalidad que se le reconozca al empleador para retribuir a su personal diferenciadamente, debe respetar los mínimos infranqueables de fuente normativa legal o colectiva. Así, resulta contrario a todo principio de racionalidad pretender que la retribución de personal que se desempeña en cargos de auxilio de dirección y de supervisión como un "encargado" , aunque se halla excluido del ámbito personal de validez del convenio colectivo de la actividad, perciba remuneraciones inferiores en un 30% al empleado no jerarquizado de la primera categoría del convenio aplicable. Tal situación constituye una conducta claramente discriminatoria.
Competencia civil, mutuo hipotecario, sociedad anónima, competencia comercial
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO FRANCO ARGENTINO c/ CASTAÑO JOSE MARIA s/ COBRO DE PESOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1920-04-26

Es competente la Justicia Civil para entender en un juicio seguido por una sociedad anónima por devolución de la suma de dinero dada en préstamo, con garantía hipotecaria, a un deudor no comerciante. Por ello, corresponde rechazar la ejecución promovida ante la justicia Comercial por el banco acreedor, si el ejecutado ha opuesto la excepción de litispendencia, fundado en que, entre las mismas partes, se tramita otro juicio ante la jurisdicción civil, en el que se ha dictado sentencia de trance y remate.
Robo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: PALACIOS GUSTAVO MANUEL s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-09-28

Es suficiente para tener por probada la utilización por parte de los autores de un arma impropia (botella), con el testimonio de la víctima, si el secuestro de la botella por parte de la policía aparece como cuestionable.

Resulta paradójico que el secuestro (dudoso), incluso el no secuestro de un arma impropia (léase: piedra, botella, incluso un arma de fuego que fue utilizada para agredir con su culata, por ejemplo) en nada obsta para que la calificación legal adoptada (robo calificado) sufra modificaciones. Sin embargo, y esto es lo incomprensible, si la víctima hubiera sido desapoderada -por ejemplo- mediante el empleo de un arma de fuego (una pistola 45 por ejemplo) y luego ésta no puede ser habida y consecuentemente no es secuestrada, la calificación legal se desplaza del robo calificado al robo simple. Esto pese al poder letal de dicha arma y que con ella se le apuntó a la cabeza de la víctima desde corta distancia.

Ello en virtud que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia vigente a la fecha, requiere la pericia pertinente del arma en cuestión para determinar su operatividad.
Impuesto de sellos, hecho imponible, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) c/ REALE, PAULA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-07-05

Los fundamentos dados por la Sala para entender que la deuda reclamada por la Administración estaba prescripta resultan sólo aparentes y no aportan a la decisión final la suficiente motivación exigida para que sea considerada derivación razonada del derecho vigente toda vez que, si bien el impuesto de sellos es de los que -en principio- no requiere despliegue de la actividad del Estado para ser determinado (dado que es el propio particular quien lleva a conocimiento del Fisco el instrumento para oblar el impuesto) puede -como ocurrió en la especie- que por la omisión en la exteriorización del instrumento se requiera algún tipo de actividad verificatoria tendente a descubrir con certeza el hecho imponible y determinar la deuda produciendo un acto administrativo ejecutivo que pueda hacerse valer ante la Justicia; y la Alzada no sólo soslayó el aspecto relativo a la falta de conocimiento por parte de la Administración de los instrumentos como obstáculo fáctico y normativo que impedía el comienzo del cómputo de la prescripción, sino también aquél respecto del cual el inicio del procedimiento verificatorio fue antes del cumplimiento del plazo quinquenal, atento que el dictado de las resoluciones finales fue dentro del año de iniciado dicho procedimiento y el plazo entre éstas y la demanda judicial tampoco había traspasado los 5 años exigidos (a partir de la notificación de la resolución que obligaba al pago) para tener al deudor por liberado.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Rivera, Angel Raimundo c/ Tejidos Argentinos S.A. s/ Indemnización POR DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-24

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora -trabajador-, confirmando la sentencia del Inferior.

En efecto, el empleado poseía numerosos antecedentes disciplinarios desfavorables con apercibimientos previos especialmente por mal desempeño de la tarea y por faltas sin aviso ni justificación, situación esta conocida y aceptada por su parte al extremo que no impugnó ni redarguyó de falso ninguno de los documentos constatatorios de tales circunstancias y en el tiempo que debía hacerlo. Por todo ello y además por la circunstancia posterior también acreditada por testigos y relacionada con la negligencia laboral, constituyen y llevan al convencimiento de que la justa causa del despido alegada por la accionada realmente existió, tomándose entonces adecuada la decisión patronal de disolver el vínculo, pues resulta evidente que la conducta del empleado trajo consigo una injuria a los intereses patronales que por su reiteración y constancia justifican la resolución contractual.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Debernardi, Adelmo O. c/ Rosales, Juan y otro s/ Daños y perjuicios Chamorro de Cosussirat, María Teresa c/ Rodríguez, Carlos Alberto y otro s/ Daños y perjuicios Jalenga, Isabel y otro c/ Césare, Gustavo Luis s/ Daños y perjuicios Lucarelli, Mario Antonio y otro c/ Municipalidad de Moreno s/ Daños y perjuicios Villadeamigo, Miguel Jacinto c/ Succo, Gustavo s/ Daños y perjuicios Bernárdez, María c/ Maddonni, Antonio y otros s/ Cumplimiento de obligaciones de no hacer Damato, José Antonio c/ Centro de Fomento Esteban Echeverría s/ Daños y perjuicios Carabajal, Carlos A. y otro c/ Leguizamón, Javier A. s/ Daños y perjuicios Demucho, Miguel Angel c/ Acuña, Calixto y otro s/ Desalojo Roldán, Antonio Benjamín c/ Sáez, Rubén Francisco y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01|1998-02-17|1995-07-04|1996-05-28|1997-09-30|1999-03-23|2002-12-04|2000-03-15|2003-04-23|2007-09-26

El absurdo sólo se configura cuando ha existido en el razonamiento del juzgador un vicio lógico de tal magnitud que sea notorio el apartamiento de las leyes del raciocinio o la desinterpretación material de las piezas de que trata el análisis; se trata de un remedio último y excepcional para casos extremos.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Comercial Finanzas s/ en liquidación B.C.R.A. Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

La medida cautelar de no innovar, no es vía apta para que la autoridad liquidadora de una entidad financiera procure la continuidad de la prestación de un servicio público al margen de las modalidades, plazos, pagos y sanciones reglados por el ordenamiento administrativo, pues ni la quiebra común, ni menos aún la liquidación administrativa, crean un régimen de privilegio que autorice a prescindir de las vías específicamente disciplinadas en la ley concursal en vista al estado de insolvencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de Entidades Financieras, decreto reglamentario, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: González  de  Botta,  Zulema  Luisa c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-20

Del texto del decreto 2076/93 no surge que éste opere retroactivamente, es decir, que rija para las causas judiciales tramitadas a la luz de la reglamentación anterior; por el contrario, los términos empleados remiten al ppio. gral. sentado por el derecho común (conf. C.S.J.N.: in re Menzaghi, Darío y otro c/ B.C.R.A. s/ cobro , del 14/2/95; en sentido similar la Sala III de esta Cámara, in re Malvicino, Alejandro I. c/ B.C.R.A. y otro , del 27/4/95).
Tratados internacionales, normas operativas
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Las cláusulas de los tratados modernos gozan de la presunción de su operatividad, por ser en su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin necesidad de una implementación directa, considerando además que la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva a los efectos de determinar la existencia del ius cogensl. (del voto de la Dra. Liliana Catucci)
Proceso judicial, deberes y facultades del juez, encuadramiento legal de los hechos
Materia: LABORAL
Carátula: REYES PATRICIA KARINA c/ OBISPADO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD,ETC.-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-10-15

El sentenciante resulta esclavo de los hechos en debate, más es dueño del derecho lo que acostumbra refrendarse mediante el brocárdico "iura novit curia", en la medida que se otorga al juzgador la facultad y el deber de analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando de modo autónomo la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes
Hurto, retención indebida, falsificación de documentos, estafa, cheque
Materia: PENAL
Carátula: PISERA, GABRIEL s/ DEFRAUDACION  -  APROPIACION  INDEBIDA  -  CHEQUES  -  HURTO - ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-24

1) La acción de la procesada que se apoderó de 26 cheques librados por la firma donde trabajaba, no configura el delito de defraudación por apropiación indebida, sino el de hurto, ya que sólo comete defraudación quien se apropia de aquello que recibe por un título que produzca obligación de entregar o devolver, lo que supone por parte del obligado la preexistencia de una adquisición legítima de una tenencia; lo que no ocurre en el caso, en que la procesada se desempeñaba como empleada administrativa de la Sección Pago a Proveedores, actuando como ayudante del encargado de pagos, sin poderes autónomos de ninguna naturaleza; añadiéndose que los cheques son cosas por su significación económica, con prescindencia de su valor cartular.

2) No se adecua en el tipo de falsedad documental, la conducta de la encausada que estampó en el dorso de los cheques la aclaración manuscrita del nombre del beneficiario y la expresión "Director", los que luego endosó su coprocesado-, por cuanto no hubo imitación de la firma verdadera, sin que pueda afirmarse que aún, potencialmente pudiera afectarse la fe pública por la circulación, dado que tales documentos, por el modo de su libranza no podían circular.

3) Por la misma circunstancia señalada, también debe descartarse el delito de estafa, proveniente del cobro de los valores mediante el recurso del depósito en las cuentas de ahorro, a través del presunto ardid de su endoso; pues en el caso, en atención al modo de libramiento de los cheques con la cláusula "no a la orden", la transmisión de los mismos sólo podía hacerse en la forma establecida por el Cód. Civil para la cesión de créditos, circunstancia que, de acuerdo a la Circular B-382 del Bco. Central, art. 16, inc. d (B.O.

25/9/63), obliga a los bancos girados y/o depositarios, a negarse a pagar o a recibir un cheque, debiendo proceder a su rechazo.

En consecuencia, el error y el consecuente perjuicio patrimonial no tienen relación causal con el ardid o engaño del autor, sino con la grave inobservancia por parte del Banco de las normas legales en vigor que obstan al pago, lo que resta tipicidad a su quehacer.
Docentes, cómputo de servicios, cesación de servicios, aplicación de la ley, estabilidad propia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL
Carátula: SABA, MICHEL c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Corresponde desestimar la solicitud de reconocimiento de servicios docentes universitarios en los términos de la ley 23.278 y de la Resolución 482/86 S.E.S.S., si el peticionante no gozaba de estabilidad en el cargo ocupado al cese; ya que resulta claro que quien se desempeña con carácter interino ("que sirve por algún tiempo supliendo la falta de otra persona o cosa", o más comúnmente "el que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta de otro" -ver Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española-), no goza de la referida estabilidad.
Proceso penal, acción civil, caducidad de instancia, aplicación supletoria de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "VAZQUEZ, Enrique s/ caducidad de instancia...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-19

La normativa sobre caducidad de la instancia contenida en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no es aplicable al proceso penal. Es que las normas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación deben aplicarse -en lo tocante al ejercicio de la acción civil- en las ocasiones en las que expresamente el Código Procesal Penal de la Nación disponga su remisión a aquél ordenamiento, toda vez que ninguna norma de este prevé una genérica aplicación, sino que, por el contrario, tanto doctrina y jurisprudencia han reconocido el carácter eventual, accesorio y secundario de ésta acción ejercida en sede penal. De esta manera, el instituto de la caducidad de instancia sólo puede regirse por las normas que al respecto contiene el Código Procesal Penal de la Nación, el cual no se remite a la ley procesal civil, sino que prevé supuestos específicos de desistimiento y caducidad.
Derecho penal
Materia: PENAL
Carátula: Tasca, Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-22

La imposición de todas o algunas de las reglas de conducta reseñadas en el artículo 27 bis del Código Penal deben ser dispuestas en la sentencia condenatoria, no siendo posible su diferimiento condicionado a ulteriores pasos procesales desde que, con el fallo definitivo de la instancia, el "a quo" deja de tener jurisdicción plena para ello y sólo queda restringida su potestad a la concesión o rechazo de recursos o al dictado de resoluciones de mero trámite (Voto del Dr. Tragant).
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, actos y diligencias procesales, consumidores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reinaga, Carmen Angélica c/ Edesa SA s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-09

Por otra parte, esta Sala ha dicho que en punto a la responsabilidad civil por daños al usuario, la naturaleza contractual y de derecho privado surge de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al adherirse la mayoría al Dictamen del Procurador General en "Davaro, Saúl c. Telecom. SA" (LL 1993-B-168, LL Online) y también del caso "Angel Estrada y Cía c. Secretaría de Energía y Puertos" (LL 2.005-D-439).

En este último, el Alto Tribunal consideró que el pago al usuario de una indemnización por los daños y perjuicios padecidos, debía resolverse con arreglo a los principios del derecho común, no desplazados por ninguna norma del régimen legal de la energía eléctrica.

Entre las normas de derecho privado aplicables a esa relación no pueden ser excluidas, como se pretende por la Distribuidora, las contenidas en la ley 24.240 de Defensa de los Consumidores.

En efecto, estas constituyen el desarrollo de los derechos reconocidos en los artículos 42 y 31 de las Constituciones Nacional y Provincial sobre la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su salud, seguridad e intereses económicos.

Resulta de importancia para el caso lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 24.240, que establece la presunción legal que la interrupción o alteración de la prestación del servicio obedece a causa imputable a la empresa prestadora.
Jubilación por invalidez, interpretación de la ley, incapacidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Farías, Romualda Hipólita c/ Caja  Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

La exigencia de un 66% de minusvalía física requerida por el art.

33 de la ley 18.037 - T.O. 1976 - no debe ser interpretada de una manera rigurosa y prescindente de los fines tutelares de la legislación previsional, sino que configura una pauta de referencia para evaluar la aptitud laboral y la posibilidad de continuar en la actividad rentada en la misma tarea o en otras compatibles con sus aptitudes personales.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: CORLETTI, Alberto Felipe s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-28

No empaña la cualidad probatoria de sus dichos la circunstancia de que las víctimas de un hecho delictivo manifiesten interés en el resultado de la causa, puesto que es natural que les preocupe el resultado del proceso, esto es, que quien los agrediera sea condenado de encontrárselo responsable. Más aún, si los despojados en un robo manifestaran total indiferencia, sus dichos no serían creíbles habida cuenta que escaparían a lo que es la naturaleza misma de los seres humanos.-
Delitos tributarios, regímenes de presentación espontánea, interpretación de la ley, pago espontáneo
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: MANUEL SANTOS DE URIBELARREA S.A. s/ Régimen penal tributario, incidente de excepción de falta de acción.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-13

El texto legal del Art. 73 de la ley 25401 contiene dos disposiciones distintas, una concerniente a los deberes de una repartición del gobierno (párrafos 1 y 2) y otra que atañe al ejercicio de la acción pública por el Ministerio Publico Fiscal (párrafo 3), y únicamente esta última tiene el alcance de una verdadera amnistía (conf. Sala A, Reg. 639/01, 432/02 y 918/04), no obstante lo cual el contexto de la redacción legal indica que en ambos casos se está refiriendo a la hipótesis de regímenes de presentación espontánea dispuestos por el Poder Ejecutivo, ya sea en función de la atribución conferida por al Art. 113 de la ley 11683 o bien cuando hubiera dispuesto regímenes de regularización de obligaciones tributaria, por lo que no es posible considerar que el hecho atribuido a los imputados (quienes efectuaron el depósito de la totalidad de los tributos adeudados, con antelación a la denuncia y sin acogerse a un régimen de regularización) haya sido objeto de una amnistía, sin perjuicio de lo cual habrá oportunidad de ponderar las consecuencias del pago voluntario de la totalidad de las obligaciones, tanto el que concierne a la configuración típica del delito como en lo atinente al grado de consumación o, eventualmente, al desistimiento de la tentativa (Art. 43 del CP) o, lo que sería equivalente, al arrepentimiento eficaz (Del voto del Dr. Hendler, en disidencia).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, derecho a la vida, aborto, aborto no punible, aborto fundado en violación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Si en el recurso extraordinario se invoca, unilateralmente, la afectación del derecho a la vida de las personas por nacer, pero se omite toda consideración con respecto al otro extremo del conflicto, la situación de la niña de 15 años embarazada a consecuencia de una violación, al sesgar de tal modo su argumentación, se ignora la valoración integral que hizo el tribunal provincial para sostener la constitucionalidad de su interpretación del art. 86, inc. 2° del Código Penal, asumiendo sus implicancias en cuanto a la afectación de la persona por nacer y contrapesando ello con los derechos de la niña, enunciando los sufrimientos que para ella conllevaría una ponderación de los intereses en pugna contraria a la que fuera previamente definida por el legislador (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Libertad condicional, plazo
Materia: PENAL
Carátula: T. A. O. c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-02

Corresponde contabilizar los tiempos en los cuales el condenado estuvo alojado en las residencias socioeducativas de libertad restringida a la hora de fijar el vencimiento de la condena dictada a su respecto (del voto del juez Jantus, al que adhirió el juez Alberto Huarte Petite). Citas de Reglas de las Naciones Unidad para la Protección de Menores Privados de la Libertad, art. 11, inciso "b"; Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley n° 26.061), art. 19 in fine; Fallos: 330:5294; Elías Neuman, Comentario al artículo 10 del Código Penal vigente, en: Eugenio Raúl Zaffaroni (Director), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2016, Tomo I; y Observación General N° 10 del Comité de los Derechos del Niño, en referencia al art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Capacidad procesal, querellante, consorcio de propietarios, representación del consorcio, administrador del consorcio
Materia: PENAL
Carátula: Carbajales, Manuel s/ Querellante
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

No es procedente tener por parte querellante a dos copropietarios, por delito cometido por el ex - administrador del consorcio, ya que éste es un ente distinto de cada uno de sus integrantes, tratándose de un sujeto de derecho con personalidad propia, máxime cuando no se dan circunstancias especiales que permitan considerar a cada uno de los integrantes particulares damnificados por el hecho para evitar su indefensión, posibilitando así la acción "ut singulis".
Jurisdicción y competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Zatt, Elena c/ PAMI (II) s/ cobro de australes - laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Toda vez que el Congreso de la Nación crea un ente destinado a cumplir finalidades de la política social o económica que el legislador federal está autorizado a trazar, se halla presupuesto el derecho de reservar para la justicia nacional el conocimiento de las causas que deriven de su funcionamiento.
Partes del proceso, muerte de las partes, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YAPUR, BLANCA c/ HECTOR YAPUR s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-09-12

El Juez, informado en autos de la muerte de una de las partes, debe proveer la demanda para que una vez trabada la litis sean los propios interesados quienes acrediten tal circunstancia a los fines de que la accionante cumplimente la citación a juicio de los herederos declarados.-