Decreto   696 / 2025
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Fecha de publicación: 2025-09-30

PODER EJECUTIVO  Decreto 696/2025  DECTO-2025-696-APN-PTE - Decreto N° 1467/2011. Modificación.  Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2025  VISTO el Expediente N° EX-2025-39455817-APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 25.506 y sus modificaciones y 26.589 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 1467 del 22 de septiembre de 2011 y su modificatorio, 1063 del 4 de octubre de 2016 y su modificatorio, 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios y 297 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios y la Resolución del ex-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 121 del 23 de abril de 2020, y  CONSIDERANDO:  Que por el artículo 1° de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones se establece, de manera general, el carácter obligatorio de la mediación previa a todo proceso judicial, con el propósito de promover mediante tal procedimiento la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de las controversias.  Que por el Decreto N° 1063/16 se aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) como medio electrónico de interacción del ciudadano con la administración, que habilitó la recepción y la remisión de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones entre las partes, entre otros trámites.  Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y, posteriormente, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus modificatorios por el que, entre otras cuestiones, se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en dicho acto.  Que, en ese contexto, el entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dictó la Resolución N° 121/20 con el fin de dar continuidad a la mediación prejudicial durante la vigencia de las restricciones ambulatorias, por medios electrónicos, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen, siempre que quedara garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria previstos en la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  Que, asimismo, la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS dictó la Disposición N° 7/20 por la que, entre otros aspectos, aprobó la “Guía para la Realización de Mediaciones a Distancia”, cuyo objeto es establecer un criterio unificado para el desarrollo de las audiencias de mediación a distancia en los términos en que fueran habilitadas por la referida Resolución del ex-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 121/20, preservando los principios rectores de la mencionada Ley N° 26.589 y su Reglamentación.  Que de los fundamentos de la referida disposición surge que entre las funciones esenciales de todo Estado de Derecho se encuentra la de garantizar la tutela de los derechos de los ciudadanos, siendo los procedimientos de mediación una herramienta de gran relevancia, la cual puede llevarse a cabo a través de las nuevas tecnologías que posibiliten su realización, en un entorno virtual donde las partes dialoguen, independientemente del lugar donde se encuentren, como sucedería en el caso de la mediación por videoconferencia, mensajería u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen.  Que, por su parte, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN comenzó en el año 2011 con el proceso de digitalización por medio de las Acordadas Nros. 31/11; 3/12; 29/12; 14/13; 38/13; 3/15; 9/16; 16/16; 33/16; 38/16; 15/19; 4/20; 11/20; 12/20; 15/20; 27/20; 31/20 y 38/20 y luego emitió las Acordadas Nros. 20/22; 4/23 y 25/23 con el propósito de instalar definitivamente el uso de las tecnologías digitales en los procesos judiciales.  Que a través de las referidas acordadas la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, entre otros aspectos, instó un proceso con el fin de que se realicen las presentaciones en formato digital con firma electrónica, instrumento que en la actualidad se utiliza en la totalidad de las causas judiciales; dispuso el trámite digital de los oficios judiciales y aprobó el uso del Expediente Electrónico Administrativo y el procedimiento para la presentación de recursos directos ante ella por vía remota.  Que las decisiones adoptadas por el Máximo Tribunal prevén la utilización de herramientas digitales y virtuales con el fin de facilitar la transformación del servicio de justicia en miras de una mayor eficiencia, transparencia, reducción del uso del papel y mayor accesibilidad de las partes a los procesos judiciales.  Que la mentada Resolución del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 121/20 y la aludida Disposición de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA N° 7/20 se fundamentaron en las restricciones ambulatorias y de distanciamiento, sin que haya sido dictada una norma posterior que regule el procedimiento de la mediación prejudicial obligatoria a través de herramientas tecnológicas, motivada en circunstancias sobrevinientes y actuales.  Que mediante el artículo 19 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones se estipula, entre otros aspectos, que las partes deberán comparecer personalmente a las audiencias de mediación y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las domiciliadas a más de CIENTO CINCUENTA (150) kilómetros de la ciudad donde se celebren las audiencias.  Que la comparecencia personal de las partes en las mediaciones prejudiciales no obsta a que su realización sea a través de plataformas virtuales siempre que se garantice, entre otros aspectos, la identificación de los involucrados en la controversia, la confidencialidad y el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 7° de la mencionada ley.  Que el uso de medios electrónicos como las videoconferencias y otras herramientas digitales posibilita asegurar el cumplimiento de los principios que rigen el procedimiento de la mediación prejudicial obligatoria, ya que estas plataformas cuentan con mecanismos de seguridad que previenen accesos no autorizados, resguardan la confidencialidad de lo conversado durante las reuniones e impiden la filtración de los datos personales obtenidos.  Que la experiencia acumulada durante más de CINCO (5) años de realización de audiencias virtuales ha demostrado que el sistema digital agiliza los procedimientos de mediación y conciliatorios, reduce los plazos y los costos asociados a la presencialidad y garantiza el respeto a los principios precedentemente referidos.  Que una interpretación evolutiva de la referida norma legal, en línea con los avances tecnológicos y la seguridad informática desarrollada en la última década a nivel mundial, conlleva el dictado de un decreto reglamentario que garantice mayor accesibilidad a derechos, en plazos más reducidos, con procedimientos menos burocráticos, y que facilite el acceso a la jurisdicción a través de herramientas digitales que aseguren los fines previstos en la referida Ley N° 26.589, sancionada en el año 2010.  Que, en ese sentido, el decreto reglamentario debe establecer un medio práctico y moderno a partir del cual los mediadores desarrollen las audiencias de mediación prejudicial obligatoria a través de herramientas digitales, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz y de la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de las partes y el respeto a los principios que rigen el mentado procedimiento de mediación prejudicial.  Que dicho procedimiento debe permitir autenticar la identidad de las partes en las audiencias, la generación de actas en formato digital, la firma electrónica de las partes y los letrados, e incluir la firma digital de los mediadores.  Que cabe tener presente que además de los costos administrativos, de aranceles y de honorarios asociados a las mediaciones, deben añadirse los gastos correspondientes a las notificaciones prejudiciales a cursarse a las personas a través de formatos físicos.  Que, en ese sentido, resulta necesario implementar la notificación electrónica en el procedimiento de mediación prejudicial, para lo cual los mediadores y las partes intervinientes deberán constituir un domicilio electrónico donde serán válidas todas las notificaciones que se efectúen.  Que, a los mismos efectos, con respecto a la citación inicial del requerido, es necesario establecer la validez de la notificación que se cursare al domicilio fiscal electrónico registrado en la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA.  Que teniendo en cuenta las cuestiones operativas que trae aparejada la adopción de la notificación electrónica durante un plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, deberán cursarse las notificaciones iniciales a las personas humanas citadas como parte requerida tanto al domicilio fiscal electrónico como al domicilio denunciado por la parte requirente, a través de instrumentos de notificación en formato físico.  Que se propicia que la adopción de la modalidad presencial para la celebración de las mediaciones quede sujeta a criterio del mediador, según las particularidades del caso y los requerimientos formulados por las partes, por lo cual las audiencias presenciales y las realizadas por las herramientas digitales tendrán la misma validez.  Que la Ley de Firma Digital N° 25.506 y sus modificaciones y el artículo 288 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN regulan el uso de las firmas electrónicas y digitales en documentos electrónicos y digitales, normas que resultan aplicables a las actas de mediación en soporte digital.  Que con la finalidad de adaptar la Reglamentación de la mediación prejudicial obligatoria a los cambios tecnológicos que permitan el desarrollo del procedimiento a través de medios electrónicos, es menester sustituir la Reglamentación de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1467/11 y su modificatorio, por un nuevo ordenamiento reglamentario.  Que en el ámbito de la Administración Pública Nacional existen antecedentes en el uso de herramientas digitales aplicadas a procedimientos de resolución de conflictos, como es el caso de las audiencias de conciliación laboral llevadas a cabo por el SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA (SECLO) dependiente del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, y del sistema digital de suscripción de actas relativas a las audiencias virtuales de conciliación conocido como “e- SERVICIOS SRT – Sistema de Ventanilla Electrónica”, llevadas a cabo por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, los que constituyen un precedente relevante para la implementación de la modalidad virtual en el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.  Que, en ese orden de ideas, resulta necesario que el MINISTERIO DE JUSTICIA implemente un Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria para los mediadores, los profesionales asistentes y las partes intervinientes y sus letrados, que permita la notificación electrónica de las comunicaciones remitidas a las partes, la generación de actas en formato digital, la firma electrónica de las partes y los letrados con la debida autenticación de aquellas, e incluya la firma digital de los mediadores, así como las vinculaciones tecnológicas necesarias para la registración de los trámites de mediación y su acreditación ante el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y la intercomunicación con los mediadores, los profesionales asistentes, los centros de mediación y las entidades formadoras.  Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA ha tomado la intervención de su competencia.  Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.  Por ello,  EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA  DECRETA:  ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el ANEXO I del Decreto Nº 1467 del 22 de septiembre de 2011 y su modificatorio por el que como ANEXO I (IF-2025-100214843-APN-UGA#MJ) forma parte integrante del presente decreto.  ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y su modificatorio por el siguiente:  “ARTÍCULO 4º.- El MINISTERIO DE JUSTICIA contará con un Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria que permita la notificación electrónica de las comunicaciones remitidas a las partes, la generación de actas en formato digital, la firma electrónica de las partes y los letrados con la debida autenticación de aquellas e incluya la firma digital de los mediadores, así como las vinculaciones tecnológicas necesarias para la registración de los trámites de mediación y su acreditación ante el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y la intercomunicación con los mediadores, los profesionales asistentes, los centros de mediación y las entidades formadoras”.  ARTÍCULO 3°.- Instrúyese al MINISTERIO DE JUSTICIA a implementar el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y su modificatorio, sustituido por el artículo 2° de la presente medida, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.  Dicho plazo podrá ser prorrogado por el MINISTERIO DE JUSTICIA por única vez por el plazo de NOVENTA (90) días corridos.  ARTÍCULO 4°.- Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas, así como también a celebrar los convenios que sean necesarios para la adecuada ejecución del presente decreto.  ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.  ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.  MILEI - Guillermo Francos - Mariano Cúneo Libarona  NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-  e. 30/09/2025 N° 72380/25 v. 30/09/2025  (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)  .     ANEXO I  REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 26.589 Y SUS MODIFICACIONES  TÍTULO I  Disposiciones generales.   ARTÍCULO 1°.- Acreditación del cumplimiento de la instancia. La mediación obligatoria instituida por el artículo 1° de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones sólo podrá ser cumplida ante un mediador registrado y habilitado por el MINISTERIO DE JUSTICIA en el marco de la citada norma.  A los fines de acreditar el cumplimiento del procedimiento de la mediación prejudicial obligatoria, la persona interesada deberá acompañar el acta final que hubiera expedido el mediador interviniente, con los recaudos establecidos en el artículo 3° de la mencionada ley.  Las partes citadas en la instancia judicial deberán haber tenido el carácter de requirentes o requeridos en el proceso de mediación prejudicial, al que deben concurrir con la asistencia de un abogado matriculado en la jurisdicción.  Si la notificación del traslado de la demanda al accionado puede llevarse a cabo con éxito en un domicilio distinto de aquel donde no resultó posible citarlo a la instancia de mediación, tanto el requerido como el requirente podrán solicitar la reapertura de la mediación, o disponerla el juez por sí.  ARTÍCULO 2°.- Audiencias de mediación. Los mediadores prejudiciales deben llevar a cabo las audiencias con el uso de herramientas digitales, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz y de la imagen, siempre que se garantice la identidad de las partes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio previsto en la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  Según las particularidades del caso y los requerimientos formulados por las partes, los mediadores podrán optar por la celebración de las audiencias en la modalidad presencial.  Los mediadores podrán variar la modalidad de realización de las audiencias prejudiciales una vez iniciado el procedimiento, de forma fundada, atendiendo a las particularidades de cada caso y lo peticionado por las partes. Tal decisión debe ser notificada a los domicilios electrónicos constituidos por las partes en los plazos y con los requisitos establecidos para la notificación de las audiencias.  Si se ha optado por la celebración de la audiencia en modalidad presencial, será obligación del mediador celebrar las audiencias en su oficina; si por motivos fundados y excepcionales tuviera que convocar a las partes a un lugar distinto, debe hacer constar tal circunstancia en el acta respectiva, además de consignar los fundamentos que justificaron la excepción.  ARTÍCULO 3°.- Confidencialidad. Dispensa. Alcances. El acceso a la plataforma a través de la cual se celebren las audiencias estará restringido únicamente al mediador, al profesional asistente, en su caso, a las partes intervinientes y sus letrados y a quienes se encontraren expresamente autorizados.  En resguardo de la confidencialidad, queda prohibida la grabación de las audiencias o la transcripción de ellas y la transmisión en soportes digitales de sus documentos, imágenes, audios y los intercambios mantenidos entre las partes y el mediador, con excepción de la dispensa expresa que prevé el artículo 9°, inciso a), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  El mediador deberá garantizar la protección de los datos personales de las partes en el ejercicio de su actividad y destruir los elementos que tuviere en su poder en los que conste la información relativa a la mediación tras la conclusión del procedimiento, excepto las actas y la documentación que acredite a las partes, apoderados y letrados.  La violación al principio de confidencialidad por parte del mediador o del profesional asistente dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la presente Reglamentación.  Si la confidencialidad fuese incumplida por alguna de las partes, sus letrados u otros participantes del procedimiento, se aplicará la regla prevista en el artículo 992 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.  La dispensa prevista en el artículo 9°, inciso a) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones deberá ser manifestada por escrito, en forma presencial o a través de herramientas digitales y con firma electrónica de las partes, e incorporada al Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, a los fines de posibilitar su ulterior consulta, con constancia de ello en el acta de mediación respectiva como observación, y ser suscripta todos los intervinientes en las audiencias de mediación prejudicial obligatoria, sin excepción.  ARTÍCULO 4°.- Costos de la mediación. El requirente deberá abonar, independientemente de la forma de designación del mediador, un arancel de inicio en las condiciones que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  Los honorarios provisionales y definitivos del mediador, los honorarios de los profesionales asistentes y el trámite de certificación de firma ológrafa deberán ser abonados por quien las partes convengan o, en su defecto, por la parte requirente, según lo previsto en los artículos 22 y 31 y siguientes de la presente Reglamentación.  TÍTULO II  Procedimiento.   ARTÍCULO 5°.- Sorteo del mediador. En el caso previsto en el artículo 16, inciso b) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, la parte requirente deberá solicitar la designación por sorteo del mediador ante la Mesa General de Entradas del fuero ante el cual correspondería promover la demanda. Este procedimiento se sustanciará completamente a través de las herramientas digitales que se establezcan al efecto.  En esa oportunidad, deberá acompañar:  a) El comprobante de pago del arancel de inicio, cuyo monto establecerá el MINISTERIO DE JUSTICIA. Deberá abonarse a través de los medios electrónicos que disponga el mencionado Ministerio.  b) El formulario de inicio que apruebe el MINISTERIO DE JUSTICIA, del cual surjan los datos de las partes, el objeto del reclamo y el monto, si lo hubiera.  La Mesa General de Entradas del fuero ante el cual correspondería promover la demanda registrará el formulario, sorteará al mediador interviniente y asignará el juzgado que eventualmente entenderá en la causa, al cual le remitirá una copia con el fin de formar un legajo que se reservará hasta la oportunidad en que se presente alguna de las actuaciones derivadas del procedimiento de la mediación prejudicial obligatoria, ejecución del acuerdo o de los honorarios del mediador o, en su caso, del profesional asistente.  El mediador sorteado no volverá a integrar la lista de sorteo hasta tanto no hayan sido designados la totalidad de los mediadores que integran la lista.  ARTÍCULO 6°.- Designación a propuesta de opciones por el requirente. En el caso previsto en el artículo 16, inciso c) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, el requirente deberá proponer al requerido UN (1) mediador y acompañar, además, un listado alternativo de no menos de CUATRO (4) mediadores, quienes deben tener distintos domicilios entre sí, salvo que se trate de mediadores de los Centros de Mediación Gratuita, de acuerdo con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  Una vez notificado lo dispuesto precedentemente, el requerido deberá optar dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles judiciales por cualquiera de los mediadores propuestos.  Si el requerido ejerciere la opción de elegir un mediador del listado alternativo enviado por el requirente, debe notificarlo fehacientemente al domicilio constituido por éste. El mediador elegido por el requerido será el designado para llevar a cabo la mediación.  El silencio o la negativa del requerido a ejercer su derecho de opción entre el mediador propuesto o uno del listado confirmarán al mediador propuesto por el requirente. Si hubiere más de un requerido, éstos deberán unificar la elección y, en caso de no lograrse la unificación, quedará confirmado el mediador propuesto por el requirente.  Si el requirente no logra notificar al requerido, queda confirmado el mediador propuesto en la notificación frustrada.  La propuesta prevista en el artículo 16, inciso c) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones podrá ser efectuada por el mediador sugerido por el requirente, juntamente con la notificación de la audiencia establecida en el artículo 24 de la citada ley, en cuyo caso deberán suscribir el instrumento de notificación el requirente o su apoderado y el mediador propuesto, y hacer constar tal situación en dicha notificación. En este caso, el plazo de TRES (3) días previsto para la notificación de la audiencia se computa dentro del plazo de CINCO (5) días establecidos para ejercer la opción del mediador o para recusarlo conforme a lo que establece el artículo 14 de la referida ley; la audiencia no podrá ser convocada en un plazo inferior a CINCO (5) días.  Alternativamente, la notificación podrá ser suscripta sólo por el mediador propuesto si el requirente o su letrado apoderado lo han facultado en forma expresa y por escrito para que practique esa diligencia.  ARTÍCULO 7°.- Entrega de la documentación al mediador. En el caso previsto en el artículo 16, inciso b) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones y dentro del término de CINCO (5) días hábiles judiciales contados desde la fecha del sorteo, el reclamante deberá remitir al Domicilio Electrónico Constituido (D.E.C.) del mediador ante la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, el comprobante de pago del arancel y el formulario de requerimiento con la intervención de la Mesa General de Entradas del fuero ante el cual correspondería eventualmente promover la demanda. El mediador deberá confirmar de modo fehaciente la recepción de la documentación.  Subsidiariamente, se podrá entregar la documentación en la oficina del mediador. Éste, o quien lo reciba en su nombre, deberá entregar al presentante una constancia con su sello, firma, fecha y hora de recepción.  Si el requirente no cumpliere con esta disposición deberá abonar nuevamente el arancel previsto y solicitar el inicio de un nuevo trámite.  ARTÍCULO 8°.- Primera audiencia. Diligencias preliminares. Una vez recibida y corroborada la documentación requerida, el mediador deberá proceder a fijar la fecha de la primera audiencia a la que deberán comparecer las partes, en el plazo previsto en el artículo 23 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones. La citación deberá ser realizada según las pautas establecidas en el artículo 9° de esta Reglamentación.  Una vez notificados por el mediador y en forma previa a la primera audiencia, las partes y sus letrados patrocinantes deberán remitir desde sus respectivas direcciones de correo electrónico al Domicilio Electrónico Constituido (D.E.C.) del mediador su número de teléfono celular, la imagen del anverso y reverso de su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en la que se visualice con claridad su respectivo Número de Trámite y su firma, o el pasaporte, así como la documentación que acredite su personería, en caso de corresponder, todo ello dentro de los TRES (3) días hábiles judiciales de recibida la citación inicial. La recepción de esta información será considerada como la constitución formal de los domicilios electrónicos, que son válidos para las comunicaciones posteriores relacionadas con el procedimiento. A los efectos de la presente Reglamentación serán considerados domicilios electrónicos constituidos las casillas de correo electrónico desde las que se remita la documentación.  ARTÍCULO 9°.- Notificaciones. Notificación inicial. Domicilio electrónico. Requisitos. Será válida la notificación inicial del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria al domicilio fiscal electrónico constituido en la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA). En aquellos casos en los que no constaré registrado dicho domicilio fiscal electrónico, corresponderá concretar las notificaciones a través de medios fehacientes en formato físico, como medio alternativo de notificación.  Los domicilios electrónicos constituidos son válidos para la recepción de notificaciones vinculadas al procedimiento de mediación prejudicial obligatoria con posterioridad a la notificación inicial.  Los mediadores prejudiciales deberán notificar, de manera fehaciente, con una anticipación no menor a TRES (3) días hábiles judiciales, a las partes y a sus letrados la modalidad, la fecha y la hora en que se llevará a cabo la audiencia conjuntamente con los datos identificatorios de la videoconferencia; la plataforma en la que se realizará o en su defecto el lugar de realización; los nombres completos y los domicilios de las partes; el nombre completo, el domicilio y la matrícula del mediador; la identificación del expediente, en su caso; el objeto y monto del reclamo de corresponder; la transcripción de los artículos 25 y 28 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones; y la firma y sello del mediador, si la notificación fuere cursada a través de un medio físico.  Si por motivos sobrevinientes no fuere posible la notificación por medios digitales, el costo que insuman las notificaciones fehacientes por medios físicos estará a cargo de la parte requirente.  En lo relativo a las notificaciones realizadas por cedula, resultaran aplicables los artículos 140, 141 y 339, segundo y tercer párrafos, del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN y, en lo pertinente, las normas reglamentarias de organización y funcionamiento de la Dirección General de Notificaciones del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. A pedido de parte y en casos debidamente justificados, la cédula podrá ser librada por el mediador para ser notificada en el domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesada. Las cédulas que deban ser diligenciadas en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES sólo requieren la firma y el sello del mediador y sin que fuere necesaria intervención alguna del juzgado.  En caso de tratarse de cédulas a tramitar en extraña jurisdicción regirán las normas de la Ley N° 22.172, y éstas deberán ser intervenidas y selladas por el juzgado que hubiera sido sorteado a solicitud del requirente. La tramitación y la gestión del diligenciamiento de estas notificaciones se encontrarán a cargo de la parte interesada. En estas notificaciones al interior del país, regirá lo previsto por el artículo 158 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a cuyo fin deberá aplicarse la Tabla de distancias entre la Capital Federal y los asientos federales que obra como Anexo de la Acordada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN N° 5 del 22 de marzo de 2010 que se agregarán a los plazos previstos respectivamente para la decisión sobre la modalidad, elección del mediador y realización de la audiencia.  El MINISTERIO DE JUSTICIA, en su carácter de Autoridad de Aplicación, establecerá los requisitos formales y determinará las transcripciones obligatorias de los artículos de la normativa aplicable que deberán contener los diferentes tipos de notificación contemplados en la Ley N° 26.589 y sus modificaciones y en esta Reglamentación.  Si el domicilio de la parte requerida se encontrare en el extranjero, deberán realizarse las notificaciones por vía postal o consular, en cuyo caso podrá solicitarse la intervención del juzgado a fin de aplicar la convención o instrumento internacional pertinente.  ARTÍCULO 10.- Representación por poder. En los casos de las mediaciones que se realizaren a través de herramientas digitales, las partes deberán participar personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, con excepción de las personas jurídicas.  Las personas humanas podrán ser representadas por un apoderado únicamente en las mediaciones que se celebraren presencialmente y en el caso en que se encontraren domiciliadas a más de CIENTO CINCUENTA (150) kilómetros de la ciudad en la que se celebraren las audiencias.  El representante que invoque el carácter de apoderado deberá encontrarse habilitado a tal efecto en el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria.  El representante deberá acreditar su carácter hasta al menos DOS (2) horas antes del horario señalado para el inicio de la primera audiencia en la que debiere intervenir, mediante la presentación de:  a) el instrumento del cual surjan las facultades invocadas;  b) el Documento Nacional de Identidad;  c) la credencial profesional, si actuara como tal; y  d) una declaración jurada por la que asegure la veracidad y el carácter fidedigno de la documentación.  Los documentos deberán ser remitidos a través de la referida plataforma, a fines de permitir su consulta ulterior y permanente por las partes y sus letrados patrocinantes, el mediador y los profesionales asistentes.  El mediador deberá verificar la personería invocada, el domicilio del poderdante y que el apoderado posea facultades para acordar transacciones.  En caso de no ser acreditada la personería según los requisitos y el plazo establecidos en este artículo, se considerará que hubo incomparecencia injustificada de la parte en los términos del artículo 28 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  TÍTULO III  Formas de conclusión de la mediación.   ARTÍCULO 11.- Conclusión por desistimiento. El requirente podrá desistir de la mediación antes de la celebración de la primera audiencia, sin expresión de causa.  Si desiste de la mediación luego de la primera audiencia, se aplicarán las normas relativas a la conclusión del procedimiento por incomparecencia.  ARTÍCULO 12.- Conclusión de oficio. Controversias excluidas. Si el mediador advierte que el reclamo versa sobre alguna de las controversias excluidas por el artículo 5° de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, deberá dar por terminado el procedimiento y notificar de tal circunstancia a las partes. Los casos previstos en el artículo 5°, inciso c) de dicha ley, se regirán de acuerdo con las facultades que surjan de normas específicas de carácter nacional, provincial, municipal o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.  ARTÍCULO 13.- Conclusión por incomparecencia. Si la mediación fracasare por incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes fehacientemente notificadas, el mediador deberá labrar el acta de la audiencia y dejar constancia de su inasistencia.  Vencido el plazo previsto en el artículo 14 de esta Reglamentación y dentro de los TREINTA (30) días corridos, el mediador deberá informar la conclusión por incomparecencia a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA y adjuntar el acta y el instrumento original de notificación cursado a la parte incompareciente.  La precitada Dirección Nacional, a los fines de aplicar la multa prevista en el artículo 28 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, deberá controlar la documentación presentada, verificar que del instrumento surja inequívocamente la notificación fehaciente y la falta de acreditación de una causal de inasistencia justificada en los términos previstos para ello en el artículo 14 de esta Reglamentación y, previo dictamen jurídico, deberá emitir el certificado de imposición de multa e intimar fehacientemente al pago a la parte incompareciente en el domicilio que conste en el instrumento de notificación.  Una vez notificado de la imposición de la multa y su respectiva intimación de pago, el incompareciente deberá abonar la suma adeudada, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos.  En caso de no verificarse el pago de la multa en tiempo y en forma, el MINISTERIO DE JUSTICIA deberá proceder a su ejecución por vía judicial mediante el procedimiento previsto en el artículo 500, inciso 2 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. De no haberse promovido acción judicial derivada del procedimiento de mediación, deberá ejecutarse el mencionado certificado ante la JUSTICIA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL.  El MINISTERIO DE JUSTICIA establecerá las condiciones y las modalidades de pago.  La interposición de recursos administrativos suspenderá el procedimiento de ejecución de la multa.  A los fines de la determinación de la multa establecida en el artículo 28 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones deberá tomarse como base de cálculo la sumatoria de los conceptos remunerativos de percepción mensual de un Juez Nacional de Primera Instancia, cuyo devengamiento no dependa de condiciones particulares o de mayores derechos adquiridos por el magistrado.  El MINISTERIO DE JUSTICIA se encuentra facultado para publicar el monto de la multa y el inicio de la vigencia, mediante información recabada ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.  ARTÍCULO 14.- Incomparecencia de las partes. Causal de justificación de la inasistencia. La incomparecencia sólo se podrá justificar por casos de fuerza mayor debidamente acreditados de forma electrónica en el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, para lo cual deberá adjuntarse la documentación correspondiente y la declaración jurada de su autenticidad.  El mediador deberá dejar constancia de lo sucedido en el acta respectiva.  En caso de no haber justificado su inasistencia antes del cierre del acta y al sólo efecto de evitar la imposición de la multa prevista en el artículo 28 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, la parte incompareciente tendrá CINCO (5) días hábiles judiciales, contados a partir de la fecha de la audiencia, para acreditar en los términos y formas referidos precedentemente la causa de su incomparecencia.  ARTÍCULO 15.- Conclusión con acuerdo. El instrumento de acuerdo será confidencial y deberá ser incorporado como documento adjunto al acta de cierre, en la que sólo deberá hacerse mención de su existencia.  El instrumento de acuerdo deberá confeccionarse con las formalidades relativas a las actas resultantes de las audiencias indicadas en el Título V de la presente Reglamentación, mediante el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria.  El acuerdo al que se arribe en el marco de las mediaciones celebradas a través de herramientas digitales tiene los mismos efectos que aquellos celebrados en audiencias presenciales.  ARTÍCULO 16.- Conclusión sin acuerdo. La mediación culminará cuando las partes no hayan podido arribar a un acuerdo, o cuando el mediador considere que éste no es alcanzable.  Si el requerido hubiese expresado una pretensión durante el procedimiento de mediación que pudiere habilitar la interposición de una reconvención, será responsabilidad del mediador hacer constar claramente esta circunstancia en las observaciones del acta de cierre, y que la pretensión del requerido haya sido parte de las negociaciones.  El requerido podrá exponer esa pretensión en cualquier instancia del procedimiento.  TÍTULO IV  Prórroga y reapertura del procedimiento.   ARTÍCULO 17.- Prórroga del procedimiento de mediación. En el supuesto de que las partes acordaren una prórroga del plazo de la mediación, deberá dejarse constancia de dicha circunstancia en el acta que firmarán las partes, los abogados que las asistan y el mediador.  ARTÍCULO 18.- Reapertura del procedimiento de mediación. Caducidad. Podrá producirse la reapertura del procedimiento de mediación, a instancia de cualquiera de las partes, cuando no se haya promovido la acción ni haya operado la caducidad prevista en el artículo 51 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones. En tal caso la parte interesada deberá formular por escrito el pedido al mediador que hubiera intervenido con anterioridad, el cual deberá convocar a una nueva audiencia.  TÍTULO V  Formalidades de las actas y de los acuerdos.   ARTÍCULO 19.- Contenido del acta. Modalidad. El mediador deberá redactar en soporte digital las actas de cada una de las audiencias, con excepción de las celebradas en la modalidad presencial, las que serán redactadas en el formato y por medio del sistema establecido por el MINISTERIO DE JUSTICIA, en soporte papel.  En las actas deberá consignarse: nombre y apellido o razón social; Documento Nacional de Identidad o Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o pasaporte, según corresponda; objeto de la controversia; el domicilio en el cual se practicaron las notificaciones; número de teléfono y dirección de correo electrónico; Domicilio Electrónico Constituido (D.E.C.); la calidad en la que asistieron las personas involucradas en la controversia y los letrados de cada parte; la fecha y la hora en que se llevó a cabo la audiencia conjuntamente con los datos identificatorios de la videoconferencia y la plataforma digital en la que se llevó a cabo o el lugar de realización si hubiese sido una audiencia presencial. Las personas participantes deben firmar el acta juntamente con el mediador y el profesional asistente, si hubiera intervenido.  Si las partes no arribaren a un acuerdo o la mediación concluyere por incomparecencia de alguna de ellas, o por haber resultado imposible su notificación, en el acta deberá consignarse únicamente esas circunstancias. Queda expresamente prohibido dejar constancia de los pormenores de las audiencias celebradas.  Si durante el curso del procedimiento de mediación se hubiera planteado una pretensión por la parte requerida -reconvención-, deberá dejarse constancia de la misma en el acta a los efectos de la habilitación prevista en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  En el caso de actas resultantes de las audiencias realizadas por herramientas digitales, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz y de la imagen, deberá consignarse en el sector “Observaciones” la leyenda “Realizada en la modalidad a distancia”.  ARTÍCULO 20.- Acta de cierre. Culminada la mediación, el mediador deberá expedir el acta de cierre, suscripta previamente por las partes asistentes a la audiencia, la cual quedará, desde ese momento, a disposición de las partes.  Las actas del procedimiento deben guardar las formalidades que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  ARTÍCULO 21.- Firma de las actas. Para la suscripción de las actas deberán utilizarse el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, en las condiciones que a tal efecto establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  La modalidad de firma de las actas deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes pautas:  a) Firma electrónica de las partes, los apoderados y los letrados.  b) Firma digital del mediador y, en su caso, del profesional asistente, la que deberá ser registrada previamente en la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA.  Al efecto de suscribir las actas, el mediador deberá notificar a las personas intervinientes que el documento se encuentra disponible para su firma electrónica, por un plazo máximo de TRES (3) días hábiles judiciales.  Una vez transcurrido el plazo, si alguna de las partes no hubiera firmado, el mediador deberá intimarla al efecto, por un plazo de DOS (2) días hábiles judiciales. De no cumplirse con lo solicitado en el plazo indicado, el mediador deberá considerar a la parte no firmante como incompareciente e instar el correspondiente procedimiento para la aplicación de las multas pertinentes.  Las actas de audiencia firmadas digitalmente por el mediador deberán quedar archivadas permanentemente en el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria.  En la mediación presencial el acta deberá ser firmada en forma ológrafa e incorporada por el mediador al Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria.  ARTÍCULO 22.- Certificación de las actas y de los acuerdos. Se entenderán certificadas por parte del MINISTERIO DE JUSTICIA las firmas de los mediadores consignadas en las actas de mediación y en los acuerdos cuando las mismas hayan sido formalizadas mediante la firma digital registrada en el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria.  El MINISTERIO DE JUSTICIA establecerá el arancelamiento, las condiciones y los instrumentos necesarios para el trámite de certificación de las firmas ológrafas de los mediadores insertas en las actas finales de mediación y en los acuerdos. La citada Autoridad de Aplicación deberá verificar la presentación con los datos obrantes en sus registros y expedirse acerca de la similitud de la firma de los mediadores.  El MINISTERIO DE JUSTICIA, en oportunidad del procedimiento establecido para el trámite de certificación de las actas por medio del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, deberá constatar que los ejemplares cuenten con las firmas de las partes, de los letrados de cada parte y del mediador interviniente según lo previsto en el artículo 3°, inciso f), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones. La ausencia de firmas de las personas que se determinen como presentes afectará la integralidad del acta y no permitirá completar el trámite.  ARTÍCULO 23.- Registro y archivo. Las actas resultantes de la mediación prejudicial obligatoria deberán registrarse en el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, en el que quedarán archivadas de forma permanente.  ARTÍCULO 24.- Remisión de datos. El MINISTERIO DE JUSTICIA establecerá la forma en que deberán remitirse electrónicamente los datos referidos a las mediaciones.  En caso de incomparecencia, el mediador deberá acompañar los instrumentos de las notificaciones fehacientes cursadas a cada incompareciente. En todos los casos se deberá adjuntar el comprobante de pago de los aranceles.  TÍTULO VI  De los mediadores.   ARTÍCULO 25.- Requisitos para ser mediador. Para inscribirse en el Registro de Mediadores previsto en el artículo 40, inciso a), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos, además de los establecidos en el artículo 11 de la citada ley:  a) Estar matriculado en el Colegio Profesional de la jurisdicción donde se desempeñará como mediador.  b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica en mediación determinada por la Autoridad de Aplicación.  c) Aprobar el examen de idoneidad que se establezca para los aspirantes a ingresar al Registro de Mediadores.  d) Constituir en el Registro de Mediadores un domicilio electrónico y un domicilio físico en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.  e) Disponer de los medios informáticos que permitan el correcto desarrollo del procedimiento de mediación, de acuerdo con las características que a tal efecto fije la Autoridad de Aplicación.  f) Acreditar la realización de la capacitación continua y de la capacitación especial que fije la Autoridad de Aplicación.  g) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  h) Registrar su firma ológrafa, digital y sello. La registración y la renovación de la certificación de la firma ológrafa, de la digital y del sello del mediador se realizará de acuerdo a lo establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  i) Cumplir con las demás exigencias que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  Una vez implementada la firma digital, la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA fijará un plazo para que los mediadores acrediten los requisitos previstos en los incisos d) y h) del presente artículo.  ARTÍCULO 26.- Excusación del mediador. El mediador debe excusarse de intervenir:  a) En el caso contemplado en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, en el plazo de CINCO (5) días hábiles judiciales desde que tomó conocimiento de su designación.  b) En el caso contemplado en el artículo 13, segundo párrafo, de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, de inmediato, al advertir la existencia de las causas que pudieran incidir en su imparcialidad y siempre antes de cualquier otra diligencia en el procedimiento de mediación.  En ambos supuestos el mediador debe enviar por correo electrónico al reclamante la constancia de su inhibición. En el caso de la designación por sorteo, el requirente, dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales, deberá solicitar ante la Mesa General de Entradas del fuero ante el cual eventualmente correspondería promover la demanda el sorteo de un nuevo mediador adjuntando la referida constancia de inhibición.  En caso de que el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, hubiera ejercido o no el requerido su derecho a opción, el reclamante deberá notificar dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales al mediador que le siga en el orden de la propuesta, excepto cuando el mediador inhibido sea el último del listado alternativo, caso en el cual deberá solicitar la intervención del primero de los mediadores propuestos en el listado alternativo. Si el requirente no lo hiciere en el plazo previsto, deberá iniciar un nuevo trámite y abonar el respectivo arancel.  ARTÍCULO 27.- Recusación del mediador. La recusación al mediador, en los términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, deberá plantearse a través del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, a fin de que sea posible su ulterior consulta en cualquier momento. La presentación suspenderá el procedimiento de mediación hasta el momento en que se resuelva la recusación. El mediador recusado deberá, en el plazo de CINCO (5) días hábiles judiciales contados desde que tomó conocimiento de su recusación, aceptar o no, en forma escrita, la cuestión planteada. La recusación rechazada por el mediador se resolverá judicialmente conforme las normas del Título I, Capítulo III del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.  TÍTULO VII  De los profesionales asistentes y observadores.   ARTÍCULO 28.- Actuación de profesionales asistentes. Tanto el mediador como cualquiera de las partes podrán proponer la intervención de profesionales asistentes, que actuarán en los términos del artículo 10 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, si advirtieren que ello es conveniente para la solución del conflicto. La participación del profesional asistente estará supeditada a la conformidad de la totalidad de las partes, quienes deben prestarla en forma expresa en el acta de audiencia que corresponda. La designación deberá ser hecha por el mediador.  ARTÍCULO 29.- Requisitos para ser profesional asistente. Para inscribirse en el Registro de Profesionales Asistentes previsto en el artículo 40, inciso c), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, el interesado deberá cumplir los siguientes requisitos:  a) Poseer título universitario o terciario debidamente legalizado por autoridad competente, en las condiciones y con las especialidades que establezca la Autoridad de Aplicación.  b) Acreditar mediante certificado la capacitación básica en mediación conforme a lo que fije la Autoridad de Aplicación.  c) Acreditar la realización de la capacitación continua conforme a lo que fije la Autoridad de Aplicación.  d) No registrar inhabilitaciones comerciales, civiles o penales, ni haber sido condenado con pena de reclusión o prisión por delito doloso, mientras dure el tiempo de la condena.  e) No estar comprendido por las incompatibilidades o impedimentos que establezca la normativa específica de su profesión o actividad.  f) Abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  g) Registrar su firma ológrafa, digital y sello en el Registro de Profesionales Asistentes. La registración y la renovación de la certificación de la firma ológrafa, digital y del sello del profesional asistente se realizará conforme lo establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  h) Cumplir con las demás exigencias que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  ARTÍCULO 30.- Observadores. El MINISTERIO DE JUSTICIA podrá comisionar agentes mediadores para observar las audiencias que se celebren, previo consentimiento de las partes y cuidando de no alterar o inhibir su desarrollo. El mediador observador deberá redactar un informe y elevarlo a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA de la referida cartera ministerial.  TÍTULO VIII  Honorarios.   ARTÍCULO 31.- Honorarios del mediador. La intervención del mediador se presume onerosa, salvo en los casos en que, conforme a excepciones normativas, pueda o deba actuar gratuitamente.  Para el cálculo y percepción de los honorarios deberán aplicarse las siguientes reglas:  a) Carácter indicativo mínimo. Los honorarios del mediador podrán ser acordados voluntariamente, con la limitación de no ser inferiores a los que fija esta Reglamentación.  b) Honorario provisional. En oportunidad de la audiencia de cierre de la mediación, cualquiera fuera la forma en que finalice, el mediador deberá percibir de quien las partes convengan o, en su defecto, de la parte requirente, el honorario provisional que se fija en el artículo 1° del ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios. Éste se considerará como pago a cuenta del monto del honorario básico establecido en los artículos 2° y 3° del referido ANEXO III, según el caso. El procedimiento no concluye hasta tanto el mediador haya declarado en el Sistema de Gestión Informatizado de la Mediación Prejudicial Obligatoria haber percibido el honorario provisional.  c) Actuación de más de UN (1) mediador. La intervención de más de UN (1) mediador en un mismo procedimiento no incrementa los honorarios, los que deberán ser liquidados como una intervención individual y distribuidos de acuerdo a la respectiva labor desarrollada por cada uno.  d) Base de cálculo del honorario básico. Para determinar el monto del asunto, que servirá como base de cálculo para graduar los honorarios básicos del mediador por su labor, conforme a lo previsto en el artículo 2° del ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios, deberán tenerse en cuenta: el monto del acuerdo entre las partes, cuando la mediación finalice de ese modo; el monto determinado en la sentencia definitiva, el de la transacción, o el de la demanda cuando se verifique otro modo anormal de terminación del proceso judicial, en los casos en que la mediación finalice sin acuerdo y se inicie el juicio; y el monto reclamado en el inicio del procedimiento de mediación, en los casos en que la mediación hubiera finalizado sin acuerdo y no se iniciare juicio o, iniciado el juicio, no se hubiera determinado en éste el monto.  e) Notoria diferencia. Cuando el monto del caso se hubiera determinado judicialmente y exista una notoria diferencia entre éste y el honorario básico ya abonado al mediador, el obligado al pago de las costas debe proceder a integrarlas. Se considera notoria diferencia una variación superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) entre el honorario percibido originalmente y el que correspondiere por la sentencia judicial posterior.  f) Intereses. Desde que resulten exigibles, los honorarios impagos devengarán un interés equivalente al de la tasa activa promedio del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para las operaciones de descuento de documentos comerciales a TREINTA (30) días.  g) Liquidación. En el marco de sus atribuciones, en circunstancia de dictar sentencia u homologar una transacción y de proceder a la determinación de los honorarios del mediador, el juez actuante tomará como base de cálculo el monto del honorario básico, al cual deberá descontarse, en caso de haber sido percibido, el honorario provisional, ambos en los montos vigentes en esta oportunidad.  h) Mediación desistida. Si la parte requirente desistiere de la mediación y el mediador hubiera sido notificado de su designación, y aún no se hubiera celebrado la primera audiencia, los honorarios básicos que le corresponden se reducirán a la mitad de aquellos a los que hubiera tenido derecho de realizarse la mediación, pero no podrán ser inferiores al honorario provisional vigente. El desistimiento siempre deberá notificarse al Domicilio Electrónico Constituido (D.E.C.) del mediador o por cualquier otro medio fehaciente, y la parte requirente deberá acreditar al mediador el pago de los honorarios mencionados dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles judiciales contados desde la notificación del desistimiento.  i)  Mediación finalizada con acuerdo. El instrumento de acuerdo con el que concluye una mediación debe contemplar cláusulas que permitan hacer efectivo el cobro de los honorarios del mediador. Éstos deberán ser abonados, cualquiera sea la modalidad en que se desarrolle la mediación, en oportunidad de la suscripción del instrumento; en caso contrario, deberá dejarse establecido en el instrumento el método, el lugar y la fecha de pago, la que no puede extenderse más allá de los TREINTA (30) días corridos.  j) Mediación finalizada sin acuerdo. Reconvención. La parte requirente que no inicie el juicio dentro de los SESENTA (60) días hábiles judiciales contados a partir de la fecha del acta de cierre sin acuerdo, deberá liquidar, conforme al inciso e) de este artículo, y abonar al mediador el honorario básico establecido en el ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios. En el supuesto de reconvención realizada en el contexto del procedimiento de mediación, la parte requerida que la haya planteado deberá abonar al mediador la parte de los honorarios básicos correspondientes a su pretensión.  Promovida la acción, la parte demandante, deberá notificar dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales tal hecho al mediador que haya intervenido en la mediación previa. Si no lo hiciera, tal omisión habilitará al mediador a exigir directamente a dicha parte sus honorarios básicos, los que deberán ser liquidados conforme al inciso e) de este artículo, sin perjuicio del derecho de aquélla de repetir estas sumas de quien resultare condenado en costas.  La Secretaría del juzgado actuante, dentro de los CINCO (5) días hábiles judiciales de quedar firme la sentencia que imponga las costas o la resolución que dé por finalizado el proceso por cualquier otra vía, notificará lo decidido al mediador al Domicilio Electrónico Constituido (D.E.C.) o al domicilio constituido ante el Registro de Mediadores de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  ARTÍCULO 32.- Criterios para fijación de honorarios ante monto indeterminado. Para el caso en que el monto del reclamo no se hubiera determinado expresamente, a los efectos de los honorarios, dicho monto deberá fijarse de acuerdo con los siguientes datos de referencia:  a) Si se reclamaran sumas de dinero, el monto comprensivo del capital e intereses devengados, de conformidad con lo establecido por el artículo 765 y siguientes del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.  b) Si se reclamara un desalojo, el monto será el importe correspondiente a UN (1) año de alquiler.  c) Si se reclamaran cuestiones atinentes a inmuebles, el valor del negocio jurídico objeto de la pretensión o, subsidiariamente, la valuación fiscal.  d) Si se reclamaran cuestiones atinentes a bienes muebles u otros derechos susceptibles de apreciación pecuniaria, el monto estimado por la parte requirente o, subsidiariamente, el establecido en el ítem H de la escala del artículo 2° del ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios.  e) Si se reclamaran cuestiones atinentes a derechos vinculados con derechos de autor y derechos conexos, patentes de invención, modelos, diseños industriales y marcas, el honorario básico corresponde al monto fijo previsto en el ítem H de la escala del artículo 2° del ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios para las cosas o cuestiones de valor incierto, cuyo monto sea indeterminable. Si la pretensión incluyera, además, reclamos pecuniarios, se adiciona a dicho monto el de los honorarios que surjan de la aplicación de las pautas de base de cálculo del honorario básico previstas en el artículo 31, inciso e) de la presente Reglamentación.  f) Si se reclamaran tercerías de dominio o de mejor derecho, el valor del crédito o del bien respecto del cual se pretende la prioridad.  g) Si se reclamaran acciones posesorias, interdictos, mensuras, deslindes, división de cosas comunes o por escrituración, el valor de los bienes objeto de aquéllas.  h) Si se reclaman cuestiones atinentes a cosas de valor incierto o que estuvieran fuera del comercio cuyo monto sea indeterminable, el honorario básico equivaldrá al monto fijo previsto en el ítem H de la escala del artículo 2° del ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios.  i) Si se reclaman cuestiones que no tuvieran valor pecuniario, el honorario básico corresponderá al monto fijo previsto en el ítem I de la escala del artículo 2° del ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios.  j) Si se reclamaran cuestiones por alimentos previstas en los supuestos del artículo 31, inciso a), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, el monto resultará de multiplicar la cuota alimentaria por el período correspondiente a UN (1) año, y será de aplicación la escala fijada en los ítems A, B, C, D, E, F y G del artículo 2° del ANEXO III del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios.  k) Si se plantearan reconvenciones en el contexto de los procedimientos de mediación, a los efectos de la determinación de los honorarios, aquéllas se considerarán como reclamos autónomos y se les aplicarán las pautas de honorarios anteriormente expuestas, cuyo resultado deberá reducirse a la mitad.  ARTÍCULO 33.- Ejecución de honorarios. Los honorarios no abonados en término podrán ser ejecutados por el mediador o por los profesionales asistentes con la sola presentación del acta de cierre ante el juez competente, en tanto cuente con los requisitos del artículo 3° de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, la que tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de homologación ni reconocimiento de firma.  En los procesos de mediación establecidos en el artículo 16, incisos b) y d), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones será competente el juez que conozca en el proceso principal. En aquellos previstos en los incisos a) y c) del artículo citado, será competente la JUSTICIA NACIONAL EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL.  ARTÍCULO 34.- Honorarios del profesional asistente. Los honorarios de los profesionales asistentes deberán ser pactados con las partes y deberán ajustarse a lo que dispongan sus respectivos regímenes arancelarios profesionales, no pudiendo ser inferiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los honorarios básicos del mediador.  Tanto en el acta de cierre como en el acuerdo de mediación deberá dejarse constancia del convenio de honorarios celebrado. Para el cálculo del honorario son de aplicación las reglas del artículo 31, inciso e), del presente ANEXO; también se aplicarán al profesional asistente las previsiones y facultades, contempladas para el mediador en los incisos g), h) (excepto en el honorario provisional), i) y j) del mismo artículo.  TÍTULO IX  Registro Nacional de Mediación.   ARTÍCULO 35.- Pautas. El Registro Nacional de Mediación y los distintos capítulos que lo integran se deben ajustar a las siguientes pautas:  a) Publicidad en su accionar.  b) Libre acceso a la información, salvo en los casos de confidencialidad y reserva previstos legalmente.  c) Universalidad, entendida como prohibición de imponer limitaciones arbitrarias a los postulantes.  d) Economía, celeridad y eficacia de los trámites que se celebren ante ellos.  Las normas a las que deberá ajustarse la administración y el funcionamiento del Registro Nacional de Mediación y sus respectivos capítulos serán establecidas por el MINISTERIO DE JUSTICIA.  ARTÍCULO 36.- Inhabilidades e incompatibilidades. Los mediadores que se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades enumeradas en el artículo 41, incisos a) y c) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, deberán informar de tal situación al Registro Nacional de Mediación dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haber tomado conocimiento de que la causal se encontrare firme.  La obligación de informar prevista en el primer párrafo del presente artículo se aplica a los profesionales asistentes que se hallen incursos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades emanadas de la normativa específica que regule su profesión o actividad.  Los mediadores y profesionales asistentes incursos en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas no podrán desempeñarse como tales por el tiempo que dure la causal respectiva.  ARTÍCULO 37.- Matrícula. Las personas humanas o jurídicas que se incorporen al Registro Nacional de Mediación deben acreditar el pago de una matrícula anual correspondiente a cada capítulo en el que se inscriban y permanezcan, cuyo monto, fecha, forma de pago y acreditación serán fijados por el MINISTERIO DE JUSTICIA.  En caso de no verificarse la acreditación del pago de la matrícula correspondiente será aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del ANEXO II del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios.  Los mediadores y profesionales asistentes inscriptos en el Registro Nacional de Mediación que acrediten el padecimiento de una discapacidad física mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD, deberán pagar anualmente, en concepto de matrícula, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del importe que se fije por tal concepto para los inscriptos en el mencionado Registro.  TÍTULO X  Régimen de prevenciones y sanciones.   ARTÍCULO 38.- Ponderación de conductas. Al ponderar las conductas para la aplicación de las prevenciones y sanciones, la autoridad administrativa deberá tener en cuenta:  a) La gravedad de la falta.  b) Los antecedentes del imputado.  c) Los perjuicios causados.  d) La existencia o inexistencia de otras sanciones y los motivos que las determinaron.  e) La eventual reparación del daño.  ARTÍCULO 39.- Prevenciones. Las prevenciones serán aplicables por disposición de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, según los siguientes supuestos:  a) Llamado de atención, en los casos de apartamiento de lo preceptuado en la norma, siempre que dicho apartamiento no implique gravedad.  b) Advertencia, en los casos de:  I. reiterarse la conducta objeto de un previo llamado de atención;  II. que el incumplimiento denote una actitud desaprensiva;  III. que se afectare el decoro o el estándar mínimo de calidad del servicio profesional.  Las prevenciones serán de aplicación una vez que hubiera sido notificado el matriculado y formulado el descargo o vencido el término para hacerlo, conforme al procedimiento disciplinario establecido en el ANEXO II del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios, y luego de haber sido ponderada la conducta por dictámenes de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA.  ARTÍCULO 40.- Sanciones. Las sanciones consistirán en la suspensión o en la exclusión del Registro Nacional de Mediación.  Serán aplicables por resolución de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, según el procedimiento previsto en el ANEXO II del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y sus modificatorios.  ARTÍCULO 41.- Suspensión. Son causales de la suspensión del Registro Nacional de Mediación, prevista en el artículo 45, inciso c) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones:  a) Incumplimiento de alguno de los requisitos para el mantenimiento en el aludido Registro.  b) Mal desempeño o incumplimiento de obligaciones o deberes establecidos por la Ley N° 26.589 y sus modificaciones o esta Reglamentación.  c) Retención indebida de documentos.  d) Reincidencia en hechos que hubieran dado lugar a la aplicación de advertencia.  e) Haber incurrido en omisión de informar o haber proporcionado información falsa o inexacta al Registro Nacional de Mediación, respecto de datos de registro, mediaciones, aranceles, cursos o trámites a su cargo.  f) Haber omitido informar al Registro Nacional de Mediación sobre la existencia de incompatibilidades o inhabilidades previstas en el artículo 41, incisos a) y c), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  g) Haberse rehusado a intervenir sin causa justificada en más de TRES (3) mediaciones, dentro de los DOCE (12) meses del año calendario.  h) Incumplimiento de realizar la capacitación continua o la capacitación especial que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA por intermedio de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.  i) Haber sido sancionado por la comisión de falta grave por el Tribunal de Disciplina del Colegio, entidad u organismo que ejerza el contralor de la matrícula profesional al que pertenezca el mediador o profesional asistente.  j) Haber cursado notificaciones que hubieran inducido o indujeren a error o confusión a cualquiera de las partes o terceros intervinientes en la mediación.  La sanción de suspensión aplicable a la persona humana titular del Centro de Mediación o entidad formadora será extensiva a éstos si aquélla no fuere reemplazada estatutariamente dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos de notificado. En los casos de entidades unipersonales, la sanción operará en forma automática.  El plazo de suspensión se determinará entre TREINTA (30) días corridos y UN (1) año, y comenzará a correr a partir de la notificación fehaciente de la resolución sancionatoria.  ARTÍCULO 42.- Exclusión. Son causales de exclusión del Registro Nacional de Mediación:  a) Haber sido suspendido TRES (3) veces dentro de un plazo de CINCO (5) años.  b) Haber sido condenado penalmente por delito doloso con una pena privativa de la libertad superior a DOS (2) años.  c) Abandonar la actividad sin efectuar comunicación alguna al Registro Nacional de Mediación. Se considerará configurada esta causal cuando se presenten más de CUATRO (4) reclamos por parte de requirentes que no hubieran sido atendidos por el mediador de conformidad con la Ley N° 26.589 y sus modificaciones y esta Reglamentación, en un período de SEIS (6) meses, sin causa que lo justifique y sin dar aviso al organismo citado.  d) Negligencia grave en el ejercicio de sus funciones que perjudique el procedimiento de mediación, su desarrollo o celeridad.  e) Violación a los principios de confidencialidad e imparcialidad.  f) Asesorar o patrocinar a alguna de las partes que intervengan en una mediación a su cargo o tener relación profesional o laboral con quienes asesoren o patrocinen a alguna de las partes.  ARTÍCULO 43.- Rehabilitación. La SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA podrá ordenar la rehabilitación de quien hubiera sido excluido del Registro Nacional de Mediación, por única vez y por resolución fundada, siempre que hubieran transcurrido TRES (3) años, como mínimo, desde la aplicación efectiva de la sanción, y hubiera concluido o se hubiera extinguido la condena penal, si ésta hubiese existido.  TÍTULO XI  Procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita.   ARTÍCULO 44.- Mediación prejudicial obligatoria gratuita. Centros de Mediación. El MINISTERIO DE JUSTICIA fijará el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita y los requisitos para integrar el Registro de Centros de Mediación previsto en el artículo 40, inciso b) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, el cual estará a cargo de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del citado Ministerio.  Los Centros de Mediación del sector público o privado brinden servicios de mediación prejudicial obligatoria gratuita deberán cumplir con los siguientes recaudos:  a) estar integrados por mediadores registrados conforme a la Ley N° 26.589 y sus modificaciones;  b) encontrarse habilitados en cumplimiento de las disposiciones de la presente Reglamentación;  c) realizar mediaciones gratuitas para personas de escasos recursos, según lo determine el MINISTERIO DE JUSTICIA; y  d) notificar al mediador conforme a su reglamento interno, que deberá atender las exigencias de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones y de la presente Reglamentación.  ARTÍCULO 45.- Reglas. Las mediaciones que se realicen en forma gratuita a través de los Centros de Mediación deberán observar las siguientes reglas:  a) el procedimiento de mediación estará exento del pago de aranceles de inicio;  b) las partes deberán contar con la asistencia de un letrado matriculado en la jurisdicción;  c) las notificaciones a las partes deberán cursarse según lo previsto en la presente Reglamentación.  Los mediadores inscriptos en el Registro Nacional de Mediación deberán cumplir, a requerimiento y en las condiciones que establezca la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, con su intervención en forma gratuita en hasta DOS (2) mediaciones prejudiciales obligatorias por año, que les serán asignadas por sorteo y hasta que se complete la lista de mediadores inscriptos en dicho registro, a fin de proporcionar el servicio en Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA. De tal actuación deberá dejarse constancia en el legajo personal del mediador. La negativa o el silencio injustificado a la convocatoria a prestar el servicio constituyen un incumplimiento de deberes y es pasible de sanción.  Los Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA deberán receptar las solicitudes de mediación prejudicial obligatoria gratuita prevista en el artículo 36 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, ya sea por escrito o mediante solicitud expresada verbalmente, de lo que deberá dejar constancia el responsable del Centro, con indicación de nombre, apellido y domicilio del solicitante y de las circunstancias por las cuales se requiere el beneficio. Un equipo psicosocial dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA deberá analizar los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que justifiquen la petición formulada y hacer una recomendación al responsable del Centro.  TÍTULO XII  Capacitación.   ARTÍCULO 46.- Entidades formadoras. Las entidades formadoras serán habilitadas como tales por el MINISTERIO DE JUSTICIA, previo informe favorable del área competente. A tal fin deberán presentar un proyecto que cumpla los siguientes requisitos:  a) Las instituciones de carácter universitario deberán encontrarse autorizadas por los organismos ministeriales competentes en materia de educación de la Nación, de las Provincias o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, sujetas a su supervisión y control. Deberán acreditar:  I. El proyecto institucional de la entidad, con descripción de objetivos y planes de acción para su desarrollo. Deberán precisar su estructura organizativa, su integración, funciones y el régimen de docencia.  II. Domicilio constituido en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en donde deberán estar a disposición del MINISTERIO DE JUSTICIA sus registros y demás documentos que este determine.  III. Los cursos que se ofrecerán y para los cuales se solicita homologación, con inclusión en cada caso de la información que requiera el MINISTERIO DE JUSTICIA.  IV. Los antecedentes docentes de quienes habrán de dictar los cursos cuya habilitación se requiere.  b) Las instituciones de carácter no universitario deberán acreditar los requisitos establecidos en el inciso a) de este artículo y además:  I. Personería jurídica.  II. La representación de quien promueve el trámite.  III. Datos personales, antecedentes educativos y académicos completos de las personas integrantes de la entidad, con indicación de los cargos que desempeñan en ella.  IV. Balance de su último ejercicio.  V. Descripción documentada de las instalaciones para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los requisitos que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  c) Las personas humanas que soliciten habilitación para dictar cursos de mediación deberán satisfacer los requisitos establecidos en el inciso a) y en los apartados III y V del inciso b) de este artículo.  Las entidades formadoras deberán cumplir con los demás recaudos que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  Los integrantes de los órganos de dirección y control de las personas jurídicas, los docentes de las entidades formadoras y las personas humanas habilitadas como tales no deberán encontrarse comprendidos en las inhabilidades previstas en el artículo 41, inciso a), de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  Para el reconocimiento de formación de posgrado de mediadores o profesionales asistentes, se requerirá que la formación se hubiera desarrollado exclusivamente en instituciones universitarias, centros de investigación o instituciones de formación profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscripto convenios con las universidades a esos efectos, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 24.521 y sus modificaciones.  Las entidades formadoras deberán abonar la matrícula prevista en el artículo 42 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones.  Corresponde al MINISTERIO DE JUSTICIA entender en la supervisión de proyectos, habilitación de entidades formadoras, homologación de programas de formación y capacitación de los mediadores y los profesionales asistentes, para cuyo servicio las entidades formadoras deberán abonar un arancel cuyo monto e instrumentación será determinado por el citado Ministerio.  El MINISTERIO DE JUSTICIA, por medio de sus áreas competentes, podrá dictar cursos gratuitos correspondientes a todos los niveles de formación.  TÍTULO XIII  Mediación familiar.   ARTÍCULO 47.- Mediación familiar. Sin perjuicio de la exclusión establecida en el artículo 5°, inciso b) de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, las partes podrán intentar un avenimiento o convenir el trámite judicial a seguir y toda otra cuestión relevante para preservar hacia el futuro los vínculos familiares.  ARTÍCULO 48.- Registro de Mediadores Familiares. Quienes aspiren a ser mediadores con especialización en cuestiones de familia, sin perjuicio de los requisitos generales que deben cumplir para inscribirse como mediadores, deberán:  a) Contar con una antigüedad de UN (1) año en el Registro de Mediadores;  b) Haber aprobado los cursos de especialización en mediación familiar que establezca y homologue la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA o, excepcionalmente, contar con antecedentes comprobables en materia de derecho de familia, niñez y adolescencia. En este último caso, a los efectos de obtener la calidad de mediador con especialización en familia, el interesado deberá presentar la solicitud por escrito ante la citada Dirección Nacional, la que deberá decidir sobre la petición en un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos, ponderando los antecedentes del peticionante.  c) Aprobar la instancia de evaluación de idoneidad que establezca el MINISTERIO DE JUSTICIA.  TÍTULO XIV  Cláusulas transitorias.   ARTÍCULO 49.- Implementación. Las disposiciones del presente ANEXO serán aplicables a partir de la entrada en vigencia del decreto que lo aprueba, salvo aquellas que requieran medidas administrativas, técnicas o instrumentales para su efectiva implementación, las cuales serán aplicadas una vez cumplidas dichas acciones. Hasta entonces, en lo que resulte pertinente, continuará aplicándose el procedimiento previsto en el ANEXO I del Decreto N° 1467 del 22 de septiembre de 2011 y su modificatorio, Decreto N° 2536 del 24 de noviembre de 2015, que se reemplaza por el presente Anexo.  ARTÍCULO 50.- Sistemas informáticos. Hasta la completa implementación del Sistema Informatizado de Gestión Integral de las Mediación Prejudicial Obligatoria, continuarán vigentes los sistemas informáticos que se encuentren en uso relativos al procedimiento de mediación prejudicial, en cuanto resulten aplicables.  ARTÍCULO 51.- Notificaciones. Durante el plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la implementación del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria por el MINISTERIO DE JUSTICIA, deberán cursarse las notificaciones iniciales a las personas humanas citadas como parte requerida tanto al domicilio fiscal electrónico como al domicilio denunciado por la parte requirente, a través de instrumentos de notificación en formato físico.