Decreto Reglamentario 498 / 1983
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Fecha de publicación: 1983-03-04

DECRETO N° 498/83  SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS  Apruébase la reglamentación de la Ley N° 22.431.  Bs. As., 1°/3/83  VISTO la Ley número 22.431, que instituye un sistema de protección de las personas discapacitadas; y  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley citada, debe procederse a su reglamentación.  Per ello,  EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA:  DECRETA:  Artículo 1° - Apruébase la reglamentación de la Ley N 22.431 que, como Anexo, forma parte del presente decreto.  Art. 2° - Los Ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente y de Acción Social serán competentes para dictar las pertinentes normas aclaratorias e interpretativas de la reglamentación que se aprueba por el presente, sin perjuicio de las facultades atribuidas específicamente por la Ley N° 22.431.  Art. 3° - El presente decreto entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.  Art. 4° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. BIGNONE-Héctor F. Villaveirán-Horacio M. Rodríguez Castells-Conrado Bauer-Adolfo Navajas Artaza-Llamil Reston  REGLAMENTACION DE LA LEY N° 22.431  Artículo 1° - Sin reglamentar.  Artículo 2° - Sin reglamentar.  Artículo 3° -  1. El Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, a los efectos del otorgamiento del certificado previsto en el Artículo 3° de la Ley número 22 431 constituirá una Junta Médica para la evaluación de personas discapacitadas, la que deberá estar integrada por profesionales especializados.  2. La Junta Médica contará con una secretaría que recibirá las solicitudes de otorgamiento de certificados, los que deberán ser acompañados de todos los antecedentes personales del solicitante y los de índole familiar, médico, educacional y laboral, cuando así correspondiere.  3. La Junta Médica dispondrá la realización de los exámenes y evaluaciones que, en cada caso, considere necesarios, a cuyo efecto podrá recabar las consultas y asesoramientos pertinentes.  4. El dictamen de la Junta Médica deberá producirse dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud; dicho plazo podrá prorrogarse por otro igual, en casos en que fuere necesario la realización de evaluaciones de naturaleza compleja, a solicitud de la Junta Médica y con aprobación de la autoridad que emita el certificado.  5. El Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, queda facultado para establecer la autoridad que emitirá el certificado de discapacidad, el que deberá contener los datos enunciados en el Artículo 3° de la Ley N° 22.431 y su plazo de validez. El certificado o su denegatoria, deberá ser emitido dentro de los diez (10) días de producido el dictamen de la Junta Médica.  6. La Junta Médica dispondrá, por su Secretaría, el registro y clasificación de los certificados que se expidan, juntamente con los antecedentes presentados por el solicitante.  7. Las decisiones emanadas de la autoridad prevista en el punto 5, serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos.  Artículo 4° - Las prestaciones previstas en el Artículo 4° de la Ley número 22.431 cuando se encuentren a cargo del Estado o de los entes de obras sociales, no serán otorgadas cuando las personas discapacitadas, o sus representantes legales en su caso, se, negaren a realizar o a continuar los tratamientos o actividades de rehabilitación indicados en el certificado expedido con arreglo al Artículo 3° de la Ley N° 22 431.  Artículo 5° - Las funciones previstas en los incisos a), b), c), d) y e) del Artículo 5° de la Ley N° 22.431 serán de competencia del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente. Las establecidas en los incisos f) y h) del citado artículo estarán a cargo del Ministerio de Acción Social. Ambos Ministerios en la esfera de su competencia ejercerán las funciones previstas en el inciso g) del artículo antes citado, con 1a sola excepción de lo relativo a la prevención de la discapacidad, que será atribución del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente.  Artículo 6° -  1. Estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la función prevista en el Artículo 6° de la Ley número 22.431.  2. Entiéndese por Taller Protegido Terapéutico al establecimiento público o privado, que funciona en relación de dependencia con una unidad de rehabilitación de un efector de salud, cuyo objetivo es la integración social a través de actividades de adaptación y capacitación laboral, en un ámbito controlado, de personas que por su grado de discapacidad, transitoria o permanente, no pueden desarrollar actividades laborales competitivas ni en talleres protegidos productivos.  Artículo 7° - Estará a cargo del Ministerio de Acción Social la función prevista en el Artículo 7° de la Ley número 22.431.  Artículo 8° - El cómputo del porcentaje determinado resultará de aplicación para lo futuro, debiendo considerarse respecto del cubrimiento de las vacantes que se produzcan a partir de la aplicación de la presente reglamentación, y procurando mantener una relación proporcional directa con la dotación de cada organismo. Del cuatro por ciento (4%) establecido en el artículo 8° de la Ley N° 22.431 deberá darse una preferencia del uno por ciento (1%) para empleo de no videntes.  Artículo 9° - El Ministerio de Trabajo dispondrá el o los organismos que dentro de su área ejercerán la verificación y fiscalización de lo dispuesto por los artículos 8° y 9° de la Ley. En los casos de comprobación de incumplimiento de lo dispuesto en los citados artículos 8° y 9°, el funcionario actuante elaborará un informe precisando las observaciones pertinentes, que será elevado por la vía jerárquica correspondiente al organismo facultado para lograr el pleno cumplimiento de la Ley.  Artículo 10. - Sin reglamentar.  Artículo 11. - Los organismos del Estado Nacional, las Empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, deberán facilitar al Ministerio de Trabajo la verificación del orden de preferencia establecido en favor de las personas discapacitadas.  Artículo 12. - El Ministerio de Trabajo colaborará con las organizaciones privadas en la creación y desarrollo de medios de trabajo protegido. Se considerará Taller Protegido de Producción a la entidad estatal o privada bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica y reconocidas como de bien público, que tenga por finalidad la producción de bienes y/o servicios, cuya planta esté integrada por trabajadores discapacitados físicos y/o mentales, preparados y entrenados para el trabajo, en edad laboral, y afectados de una incapacidad tal que les impida obtener y conservar un empleo competitivo; y Grupo Laboral Protegido a las secciones formadas por trabajadores discapacitados, con las mismas características, que laboran bajo condiciones especiales en un medio de trabajo indiferenciado.  El trabajo protegido en todos sus medios deberá inscribirse en el organismo que el Ministerio de Trabajo determine. Este Ministerio dictará las normas para su habilitación y supervisión.  Las empresas que concedan empleo a personas discapacitadas en Grupos Laborales Protegidos gozarán de la exención impositiva dispuesta por el artículo 23 de la Ley N° 22.431 y de apoyo técnico por parte del organismo que dentro de su área determine el Ministerio de Trabajo.  Todos los medios de empleo protegido subordinarán su labor a un régimen laboral especial.  Artículo 13. - Sin reglamentar.  Artículo 14. - Sin reglamentar.  Artículo 15. - A los efectos de la rehabilitación de pacientes discapacitados, considérense prestaciones médico - asistenciales básicas, las siguientes:  a) Asistencia médica especializada en rehabilitación;  b) Los estudios complementarios para un correcto diagnóstico de la discapacidad y para el control de su evolución;  c) Atención ambulatoria o de internación, según lo requiera el caso;  d) Provisión de órtesis, prótesis y las ayudas técnicas que resulten necesarias para el proceso de rehabilitación.  Con el objeto de asegurar la continuidad de las prestaciones de rehabilitación, la provisión de estos servicios deberá efectuarse prioritariamente a través de prestadores que ofrezcan servicios integrales que cubran todas o la mayoría de las prestaciones enumeradas.  Asimismo, a los fines de asegurar la máxima accesibilidad a los tratamientos de rehabilitación, la cobertura de las prestaciones enumeradas se brindará de acuerdo con la regulación específica que para cada tipo de tratamiento disponga la autoridad de aplicación del régimen de obras sociales, con intervención de la autoridad sanitaria nacional  Las Obras Sociales deberán fijar un presupuesto diferenciado para la atención de discapacitados y un régimen objetivo de preferencia en la atención.  La duración de los tratamientos otorgados será la suficiente y necesaria para que se alcancen los objetivos de rehabilitación médico asistencial planteados en cada caso.  Artículo 16. - Sin reglamentar.  Artículo 17. - Sin reglamentar.  Artículo 18. - Sin reglamentar.  Artículo 19. - Sin reglamentar.  Artículo 20. -  l. Las personas discapacitadas que deban concurrir habitualmente a establecimientos educacionales o de rehabilitación, y que al afecto utilicen los servicios públicos de transporte automotor o ferroviarios a nivel, o subterráneos, sometidos a la jurisdicción nacional o municipal, podrán solicitar ante las oficinas competentes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un pase que los habilite para el uso gratuito de tales servicios.  2. Cumplidos los requisitos que establezcan las autoridades competentes, éstas extenderán un pase, que se identificará con la leyenda "Discapacitado - Ley N° 22.431 - Artículo 20", y en el que constatarán además de los otros datos que fije la reglamentación, las líneas de autotransporte, subterráneas o ferroviarias, que el titular está autorizado a utilizar - con indicación, en el último caso, de las estaciones terminales del trayecto -, el término de vigencia que será de un (1) año, renovable por periodos iguales salvo que de la documentación o de la misma solicitud surja un término menor, la transcripción en los pases correspondientes a las líneas de autotransporte de la parte pertinente del artículo 44 del Reglamento de Penalidades aprobado por Decreto N° 698/79, y la advertencia de que el pase no podrá ser retenido sin orden expresa de autoridad competente. El pase para servicios subterráneos habilitará para el uso de todas las líneas sin limitaciones.  3. Cuando la persona discapacitada deba trasladarse ocasionalmente a establecimientos educacionales o de rehabilitación que se encuentren fuera de la localidad de su domicilio, y requiera al efecto el uso de los servicios públicos  de autotransporte o ferroviarios de larga distancia, podrá solicitar ante la autoridad competente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos una orden oficial de pasaje gratuito para personas discapacitadas, presentando la documentación que establezca dicha autoridad, e indicando en todo caso las fechas en las cuales estima concretará los viajes de ida y regreso.  4. Cumplidas las exigencias, la autoridad competente emitirá la Orden Oficial, preferentemente en los medios de transporte de empresas estatales, que el interesado deberá presentar en las oficinas del transportista correspondiente para obtener su pasaje definitivo. La Orden contendrá además de los otros datos que se determinen por vía de Resolución, la leyenda "Orden Oficial de Pasaje para Personas Discapacitadas - Ley N° 22.431 - Artículo 20", las fechas estimadas para la ida y el regreso, la identificación del o de los transportistas o líneas de ferrocarril aptas para el traslado en el período previsto, la transcripción de la parte pertinente del Artículo 44 del Reglamento de Penalidades aprobado por Decreto N° 698/79 cuando la orden sea utilizada en líneas de autotransporte, y el término de validez, que será de treinta (30) días contados a partir de las fechas estimadas, para la ida y el regreso.  5. Los transportistas asumirán las obligaciones legales y reglamentarias inherentes al contrato de transporte, durante el viaje de los titulares de los pases, o desde la entrega del pasaje correspondiente a una orden oficial, según sea el caso.  6. Por vía de Resolución se establecerán las facilidades que gozarán las personas discapacitadas en los distintos medios de transporte. En particular las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán reservar la cantidad de asientos que en cada caso se determine, con una adecuada individualización, para su uso prioritarto por las personas discapacitadas, aun cuando no exhiban o posean pase u orden oficial de pasaje.  7. La inobservancia a las prescripciones del artículo 20 del presente decreto reglamentario por las empresas de autotransporte, será sancionada con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 698/79 o el que en su reemplazo se dicte. Las empresas estatales prestadoras de servicios de transporte terrestre determinarán las sanciones que corresponda aplicar al personal que viole las disposiciones del presente decreto.  Artículo 21. - Sin reglamentar.  Artículo 22. -  1. En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el ingreso de público, que se ejecuten a partir de la puesta en vigencia de la reglamentación del artículo 22 de la Ley N° 22.431, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas, de conformidad con las especificaciones que a continuación se establecen:  a) Todo acceso a edificio público contemplado en el Artículo 22 de la Ley N° 22.431, deberá permitir el ingreso de discapacitados que utilicen sillas de ruedas. A tal efecto, la dimensión mínima de las puertas de entradas se establece en 0,90 m. En el caso contar con portero, la puerta será realizada de manera tal, que permita la apertura sin ofrecer dificultad al discapacitado, por medio de manijas ubicadas a 0,90 m. del piso y contando además, de una faja protectora ubicada en la parte inferior de la misma, de 0,40 m. de alto ejecutada en material rígido. Cuando la solución arquitectónica obligue a la construcción de escaleras de acceso o cuando exista diferencia en el nivel de la acera y el hall de acceso principal, deberá preverse una rampa de acceso de pendiente máxima de seis por ciento (6%) y de ancho mínimo de 1,30 m.; cuando la longitud de la rampa supere los 5,00 m., deberá realizarse descensos de 1,80 m. de largo mínimo.  b) En los edificios públicos contemplados en el Artículo 22 de la Ley N° 22.431, deberá preverse que los medios de circulación posibiliten el normal desplazamiento de los discapacitados que utilicen sillas de ruedas:  1. Circulaciones verticales:  Rampas: reunirán las mismas características de las rampas exteriores, salvo cuando exista personal de ayuda, en cuyo caso se podrá llegar al once por ciento (11%) de pendiente máxima.  Ascensores para discapacitados (mínimo uno): Dimensión interior mínima de la cabina 1,10 x 1,40 m.; pasamanos separados 0,05 m. de las paredes en los tres lados libres. La puerta será de fácil apertura con una luz mínima de o,85 m., recomendándose las puertas telescópicas. La separación entre el piso de la cabina y el correspondiente al nivel del ascenso o descenso tendrá una tolerancia máxima de 2 cm. En el caso de no contar con ascensoristas la botonera de control permitirá que la selección de las paradas pueda ser efectuada por discapacitados no videntes. La misma se ubicará a 0,50 m. de la puerta y a 1,20 m. del nivel piso ascensor; si el edificio supera las siete (7) plantas, la misma se ubicará en forma horizontal.  2. Circulaciones horizontales:  Los pasillos de circulación pública, deberán tener un lado mínimo de 1,50 m. para permitir el giro completo de la silla de ruedas. Las puertas de acceso a despachos, ascensores, sanitarios y todo local que suponga el ingreso de público o empleados deberá tener una luz libre de 0,85 m. mínimo.  c) Servicios sanitarios:  1. Todo edificio público que en adelante se construya contemplado en el Artículo 22 de la Ley N° 22.431, deberá contar como mínimo de un local destinado a baño de discapacitados, con el siguiente equipamiento: inodoro, lavatorio, espejo, grifería y accesorios especiales. El mismo posibilitará la instalación de un inodoro, cuyo plano de asiento estará a 0,50 m. del nivel del piso terminado, con barrales metálicos laterales fijados de manera firme a pisos y paredes. Los barrales tendrán la posibilidad de desplazarse en forma lateral o hacia arriba, con radio de giro de noventa grados (90°). El portarrollo estará incorporado a uno de ellos para que el discapacitado lo utilice de manera apropiada. El lavatorio se ubicará a 0,90 m. del nivel del piso terminado, y permitirá el cómodo desplazamiento por debajo del mismo, de la parte delantera de la silla utilizada por el discapacitado. Sobre el mismo y a una altura de 0,95 m. del nivel del piso terminado, se ubicará un espejo, ligeramente inclinado hacia adelante, pero que no exceda de diez grados (10°). La grifería indicada será la de tipo cruceta o palanca. Se deberá prever la colocación de elementos para colgar ropa o toallas, a 1,20 m. de altura, y un sistema de alarma conectado al office, accionado por bastón pulsador, ubicado a un máximo de 0,60 m. del nivel del piso terminado. La puerta de acceso abrirá hacia afuera con una luz libre de 0,85 m. mínimo y contará con una manija adicional interior ubicada del lado opuesto a la que acciona la puerta. La dimensión mínima del local será tal que permita el cómodo desplazamiento de la silla de ruedas utilizada por el discapacitado cuyo radio de giro es de 1,50 m. y se tendrá en cuenta que el acceso al inodoro se pueda dar a derecha, izquierda y/o por su frente, permitiendo la ubicación de la silla de ruedas a ambos lados del mismo.  2. En los edificios destinados a empresas públicas o privadas de servicios públicos y aquellos en los que se exhiban espectáculos públicos, que se construyan o refaccionen a partir de la puesta en vigencia de la reglamentación del artículo 22 de la Ley N° 22.431, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas, de ruedas con las mismas especificaciones que las establecidas en el punto 1).  Los edificios destinados a empresas públicas o privadas de servicios públicos deberán contar con sectores de atención al público con mostradores que permitan el desplazamiento de la parte delantera de la silla de ruedas utilizada por el discapacitado. La altura libre será de 0,70 m. y la altura de plano superior del mostrador no superará los 0,85 m.  3. Las obras públicas existentes deberán adecuar sus instalaciones, accesos y medios de circulación para permitir el desplazamiento de los discapacitados que utilizan sillas de ruedas. A tal efecto las autoridades a cargo de las mismas contarán con un plazo de diez (10) años a partir de la vigencia de la presente reglamentación, para dar cumplimiento a tales adaptaciones. Quedarán excluidas de dar cumplimiento de la exigencia prescripta, aquellas en que por la complejidad de diseño no se posible encarar facilidades arquitectónicas para discapacitados que utilizan sillas de ruedas.  4. La accesibilidad de los discapacitados que se movilizan en sillas de ruedas a edificios que cuenten con facilidades para los mismos, como así también a los medios de circulación vertical y servicios sanitarios, se indicará mediante la utilización del símbolo internacional de acceso para discapacitados motores en lugar visible y a 1,20 m. de altura del nivel del piso terminado.  Artículo 23. - Sin reglamentar.  Artículo 24. - Las erogaciones a que se refiere el Artículo 4, inciso c) de la Ley N° 22.431, se imputará a la jurisdicción 080, Ministerio de Acción Social.  Artículo 25. - Sin reglamentar.  Artículo 26. - Sin reglamentar.  Artículo 27. - Sin reglamentar.  Artículo 28. - Sin reglamentar.