Ley   24812
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
Fecha de publicación: 1997-05-26

CONVENIOS  Ley 24.812  Apruébase un Convenio suscripto con la República del Paraguay, sobre Traslado de Personas Condenadas para Cumplimiento de Sentencias Penales.  Sancionada: Abril 23 de 1997.   Promulgada de Hecho: Mayo 20 de 1997.  B.O: 26 / 5 / 97  El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:  ARTICULO 1°-Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República del Paraguay, sobre Traslado de Personas Condenadas para Cumplimiento de Sentencias Penales, suscripto en Buenos Aires, República Argentina, el 28 de noviembre de 1995, que consta de diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.  ARTICULO 2°-Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.  DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.  -REGISTRADA BAJO EL N° 24.812-  MARCELO E. LOPEZ ARIAS. - EDUARDO MENEM.-Esther H. Pereyra Arandia de Perez Pardo.-Edgardo Piuzzi.  CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES  El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Paraguay, en adelante denominados "las Partes":  Deseosos de fomentar la cooperación mutua en materia de justicia penal:  Estimando que el objetivo de las penas es la reinserción social de las personas condenadas:  Considerando que para el logro de ese objetivo sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad.  Convienen lo siguiente:  ARTICULO I  1. Las penas impuestas en la República del Paraguay a nacionales de la República Argentina podrán ser cumplidas en la República Argentina de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.  2. Las penas impuestas en la República Argentina a nacionales de la República del Paraguay podrán ser cumplidas en la República del Paraguay de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.  3. La calidad de nacional será considerada en el momento de la solicitud del traslado.  ARTICULO II  Para los fines de este Convenio se entiende que:  a) "Estado Sentenciador" es la Parte que condenó al interno y de la cual el interno habrá de ser trasladado.  b) "Estado Receptor" es la Parte a la cual el interno habrá de ser trasladado.  c) "Interno" es la persona que esta cumpliendo una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario.  ARTICULO III  Las Partes se comunicarán por la vía diplomática con la autoridad que se encargara de ejercer las funciones previstas en el presente Convenio.  ARTICULO IV  Para que se pueda proceder en la forma prevista por este Convenio, deberán reunirse las siguientes condiciones:  a) Que la sentencia sea firme y definitiva, es decir, que no este pendiente de recurso legal alguno, incluso procedimientos extraordinarios de apelación o revisión:  b) Que la condena no sea a la pena de muerte, a menos que esta haya sido conmutada;  c) Que la pena que este cumpliendo el interno tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria o haya sido fijada posteriormente por la autoridad competente:  d) Que la parte de la condena que faltare cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea superior a dos años: y  e) Que el interno haya cumplido con el pago de multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole que estén a su cargo conforme a lo dispuesto en la sentencia condenatoria: a que garantice su pago a satisfacción del Estado Sentenciador.  ARTICULO V  1. Las autoridades competentes de las Partes informarán a todo interno nacional de la otra Parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este Convenio, y sobre las consecuencias jurídicas que derivarían del traslado.  2. En caso que lo solicite, el interno, podrá comunicarse con el Cónsul de su país, quien a su vez podrá contactar a la autoridad competente del Estado Sentenciador, para solicitarle se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del interno.  3. La voluntad del interno de ser trasladado deberá ser expresamente manifestada por escrito. El Estado Sentenciador deberá facilitar, si lo solicita el Estado Receptor, que este compruebe que el interno conoce las consecuencias legales que aparejará el traslado y que da el consentimiento de manera voluntaria.  ARTICULO VI  1. El pedido de traslado deberá ser efectuado por el Estado Receptor al Estado Sentenciador por la vía diplomática.  2. Para proceder al pedido de traslado, el Estado Receptor valorará el delito por el que el interno ha sido condenado, los antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que el interno tenga con la sociedad del Estado Receptor, y toda otra circunstancia que pueda considerarse como factor positivo para la rehabilitación social del interno en caso de cumplir la condena en el Estado Receptor.  3. El Estado Receptor tendrá absoluta discreción para proceder o no a efectuar la petición de traslado al Estado Sentenciador.  ARTICULO VII  1. El Estado Sentenciador analizará el pedido y comunicará su decisión al Estado Receptor.  2. El Estado Sentenciador podrá negar la autorización del traslado sin expresar la causa de la decisión.  3. Negada la autorización del traslado, el Estado Receptor no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado Sentenciador podrá revisar su decisión a instancia del Estado Receptor.  ARTICULO VIII  1. Si se aprobara el pedido, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del interno y la forma en que se hará efectivo el traslado.  El Estado Receptor será el responsable de la custodia y transporte del interno desde el momento de la entrega.  2. El Estado Receptor no tendrá derecho a reembolso alguno por gastos contraidos por el traslado o cumplimiento de la condena en su territorio.  3. El Estado Sentenciador suministrará al Estado Receptor los testimonios de la sentencia y demás documentación que pueda necesitarse para el cumplimiento de la condena. Tales testimonios y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el Estado Receptor.  4. Si el Estado Receptor considera que los informes suministrados por el Estado Sentenciador no son suficiente para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar información complementaria.  5. A solicitud del Estado Sentenciador, el Estado Receptor proporcionará informe sobre el Estado de la ejecución de la sentencia del interno trasladado conforme al presente Convenio, incluyendo lo relativo a su libertad condicional o preparatoria.  ARTICULO IX  El interno trasladado no podrá ser nuevamente enjuiciado en el Estado Receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado Sentenciador y su posterior traslado.  ARTICULO X  1. El Estado Sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales.  2. Solo el Estado Sentenciador podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena perpetua.  3. Si así lo hiciere, comunicará la decisión al Estado Receptor, informándole sobre las consecuencias que en la legislación del Estado Sentenciador produce la decisión adoptada.   4. El Estado Receptor deberá adoptar de inmediato las medidas que correspondan a tales consecuencias.  ARTICULO XI  La ejecución de la sentencia se regirá por las leyes del Estado Receptor, incluso las condiciones para el otorgamiento y la revocación de la libertad condicional o preparatoria, anticipada o vigilada.  ARTICULO XII  Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad mas allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado Sentenciador.  ARTICULO XIII  1. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional o de la libertad condicional o preparatoria, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado Receptor.  2. La autoridad Judicial del Estado Sentenciador solicitará las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que se diligenciará por la vía diplomática.  3. Para los efectos del presente Artículo, la autoridad judicial del Estado Receptor podrá adoptar las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al exhortarte sobre la forma en que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que este haya asumido.  ARTICULO XIV  Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes puedan tener, independientemente del presente Convenio, para conceder o aceptar el traslado de un menor infractor.  ARTICULO XV  Las partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Convenio.  ARTICULO XVI  Este Convenio será aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor.  ARTICULO XVII  1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la recepción de la ultima nota diplomática por la que las Partes se  notifiquen haber dado cumplimiento a los requisitos constitucionales respectivos.  2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.  Hecho en Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre de 1995, en dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.