Decreto   142277 / 1943
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Fecha de publicación: 1943-02-23

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PÚBLICA  Dirección de Justicia  Decreto N° 142.277/1943  Se aprueba reglamentación para las empresas de capitalización y ahorro, no comprendidas en las disposisciones de la Ley N° 12.156.  Buenos Aires, 8 de febrero de 1943  Visto: el proyecto de reforma del Reglamento de Sociedades de Capitalización, actualmente vigente, que somete al Poder Ejecutivo la Inspección General de Justicia, atento a que el artículo 85 de la Ley N° 12.778 establece el contralor del Poder Ejecutivo Nacional sobre todas las empresas que realicen operaciones de capitalización o de ahorro, no comprendidas en la Ley de Bancos, en cuya virtud es necesario adaptar las disposiciones del citado reglamento a la situación de las compañías que operan en el interior de la República; en mérito a que, como lo expresa la mencionada Repartición, por razones de ordenación es conveniente comprender en un solo cuerpo las diversas disposiciones dictadas con posterioridad a la aprobación de ese reglamento, y teniendo en cuenta, además, que las sociedades interesadas han sido debidamente informadas de las nuevas normas propuestas por intermedio de los delegados que en su representación integran el Comité Consultivo, organismo que expresó oportunamente su conformidad para la preparación del anteproyecto sobre las bases sugeridas por la Inspección General de Justicia,  El Presidente de la Nación Argentina   DECRETA:  Artículo 1.° - Quedan sujetas a la presente reglamentación todas las empresas que reciban dinero del público en razón de operaciones de ahorro o depósito de dinero no comprendidas en las disposiciones de la Ley N° 12.156, y en especial, las que con el título de Sociedades de Capitalización, de ahorro, de economía, de constitución de capitales, u otra denominación similar, tiendan a favorecer el ahorro mediante la constitución, bajo cualquier forma, de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o no de reembolsos anticipados por medio de sorteos.  Art. 2.° - Las operaciones a que se refiere el artículo 1° sólo podrán ser efectuadas por entidades especiales y únicamente creadas para ese objeto, bajo la forma de Sociedades Anónimas, reconocidas como tales por el Poder Ejecutivo Nacional o por los Provinciales, y previa autorización en las condiciones indicadas en el artículo tercero.  Art. 3.° - Constituida una sociedad en la forma indicada en el artículo 2°, sólo podrá iniciar sus operaciones una vez que haya sido autorizada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, a cuyo efecto presentará, para su aprobación, los siguientes documentos y elementos autenticados por el Presidente de la sociedad:  a) demostración de que posee en capital social inicial, disponible, proveniente de integraciones sobre sus acciones no inferior a $ 100.000, m/n., quedando facultado el Ministerio de Justicia el Instrucción Pública para elevar el expresado mínimo de $ 100.000, hasta no más de $ 300.000 cuando lo considere necesario y con carácter general para todas las empresas.  b) los planes y contratos con los que la sociedad desee operar, modelos completos de los mismos, bases técnicas, tarifas, fórmulas para el cálculo de las cuotas o cotizaciones puras, de las reservas matemáticas y de los valores de rescate u otros que se reconozcan, las tablas de las cuotas puras y de tarifa, la de valores de rescate, u otros, y, en su caso, las bases o reglamentos de la participación de los suscriptores en los beneficios de la sociedad, de la participación en los sorteos de amortización, y demás elementos técnicos necesarios.  La autorización sólo podrá ser negada, o, posteriormente, cancelada, por la falta de ajustamiento o de cumplimiento a las disposiciones de la presente reglamentación. La autorización se acreditará mediante testimonio de la respectiva resolución o comunicación oficial de la misma.  Art. 4° - A requerimiento de los respectivos Gobiernos provinciales, la Inspección General de Justicia de la Nación informará con respecto a las solicitaciones de personería jurídica que se formulen en jurisdicción de aquellos por entidades que se propongan realizar las operaciones objeto de la presente reglamentación. La intervención de la Inspección General de Justicia se limitará a expresar las observaciones o modificaciones que resulten necesarias para facilitar el otorgamiento de la autorización a que se refiere el artículo 3°.  Art. 5° - Las sociedades extranjeras sólo podrán ser autorizadas cuando se hayan constituido en la forma y con el objeto indicados en el artículo 2° - Al pedir la autorización dichas sociedades presentarán los siguientes documentos:  a) copia del acta de constitución y estatutos en su idioma original y demás comprobantes de que pueden funcionar en el país de origen; poder general otorgado a un representante en la República con facultades suficientes para representarla en toda cuestión judicial o administrativa, con terceros, con los suscriptores de títulos o con el Gobierno; último Balance General. Estos documentos deberán estar autenticados y legalizados, con sus correspondientes traducciones hechas por traductor matriculado;  b) los elementos técnicos requeridos en el artículo 3°;  c) certificación de haber depositado en el Banco Central de la República Argentina, a la orden conjunta de las autoridades de la Sociedad y del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, fondos públicos nacionales que, al valor de cotización en el momento del depósito, sean equivalentes al capital mínimo requerido en el artículo 3°. Dicho depósito, constituido para garantizar a los suscriptores o tenedores de títulos, deberá mantenerse mientras existan compromisos pendientes en el país.  Art. 6° - No se podrá actuar como Agente, corredor, representante o cobrador, ni efectuar en la República las operaciones a que se refiere el artículo 1°, por cuenta de empresas no autorizadas de acuerdo a las disposiciones de la presente Reglamentación.   BASES TECNICAS   Art. 7° - El cálculo de las cuotas, de las reservas matemáticas y de los valores de rescisión, deberá ser hecho en forma científica y demostrado la posibilidad de la Sociedad de cumplir todos sus compromisos. Para la determinación de la cuota pura y reservas matemáticas, no podrá emplearse una tasa de interés inferior a la de 2 % ni superior a la de 3,3/4 % anual.  Art. 8° - La cuota a percibir por la Sociedad deberá contener, además de la cuota pura, las cargas que sean necesarias, a juicio de la Inspección General de Justicia, para que la Sociedad pueda desenvolver prudentemente sus actividades. - A tal efecto, se establecerá una carga destinada a cubrir los gastos de la sociedad durante todo el tiempo de duración del contrato y, en su caso, se establecerán cargas destinadas a cubrir los gastos de cobranza y a la amortización de gastos de producción.  El conjunto de las cargas antes mencionadas no podrán exceder del 18 % de la cuota comercial. Este porcentaje podrá ser elevado excepcionalmente hasta el 20 %, como máximo, cuando a juicio de la Inspección General de Justicia, ello fuere absolutamente necesario para el normal desenvolvimiento de una Sociedad que se proponga operar preferentemente en el interior del país y demuestre en forma fehaciente el mayor gasto que ello le ocasione.  Art. 9° - Para la fijación de la carga destinada a la amortización de los gastos de producción, éstos no podrán ser estimados en más de lo que resulte de lo siguiente:  Contratos de cuota única, o de cuotas pagaderas en un período inferior a 5 años, 5 % de la cuota única, o de la suma total a abonar por el suscriptor en concepto de cuotas o cotizaciones.  En contratos de cuotas pagaderas durante 5 años o más regirá la escala siguiente:     DE LOS CONTRATOS   Art. 10. - Los contratos deberán ser de condiciones equitativas y redactados en forma clara, en idioma nacional. No podrán ser emitidos sin previa aprobación del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el que propenderá al establecimiento de condiciones generales uniformes para cada tipo de contrato.  En los títulos que se emitan, en su primera plana deberá consignarse en forma destacada:  a) Nombre de la Sociedad emisora y lugar de asiento de su sede social; fecha de su reconocimiento como persona jurídica y gobierno que se la acordó, o fecha de autorización para operar en la República si se trata de Sociedad extranjera.  b) Condiciones básicas del contrato, en forma sintética y clara.  c) Monto de las cuotas a abonar por el suscriptor y fechas y período de pago de las mismas.  Art. 11. - No podrá hacerse ninguna modificación o alteración posterior en los contratos sin que haya sido aprobada previamente por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; y ni individual ni colectivamente podrá celebrarse convenio alguno con los suscriptores que signifique modificaciones aprobadas.  Art. 12. - El plazo de los contratos no podrá ser superior a 30 años, y el capital a abonar por la empresa el vencimiento debe ser superior al importe percibido en concepto de cotizaciones.  Después de 2 años de terminado el período de pago de las cotizaciones, habiendo transcurrido no menos de 5 años desde la fecha de contratación, y a más tardar a los 20 años de vigencia del contrato, el valor de rescisión no podrá ser inferior al importe total abonado hasta ese momento por el suscriptor en concepto de cotizaciones.  Art. 13. - El título que se entregue al suscriptor podrá ser nominativo o al portador, pero siempre deberá reconocerse la facultad de transferirlo, previo registro por la empresa cuando ésta lo exija, sin más gastos ni derechos que los fiscales correspondientes.  Art. 14. - En el título deberán establecerse con claridad y precisión los derechos y obligaciones del suscriptor y de la empresa, la forma y época de realización de los sorteos, la probabilidad favorable en cada uno de ellos en los casos de sorteos garantizados, el modo de información a los que resulten beneficiados por los mismos, la del establecimiento de la participación del suscriptor en los beneficios de la empresa para el caso de que la hubiera, la forma y plazo en que se produce la caducidad del título y en que podrá ser rehabilitado, y la época a partir de la cual se reconocen valores de rescate, de préstamos u otros y el momento neto de los mismos, no siendo procedente ninguna deducción salvo la que pueda corresponder por concepto de imposiciones fiscales y, en el caso de los préstamos previstos por el artículo 18, un año a lo sumo de intereses adelantados. Deberá consignarse, además, la fecha de aprobación del título por parte del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.  En los títulos se establecerá como plazo de prescripción de los derechos del suscriptor, el de 3 años para los títulos al portador y el de 10 años para los nominativos.  Art. 15. - Para los casos de caducidad por falta de pago de las cotizaciones, no habiendo mediado rescate del título o transformación del mismo, deberá reconocerse derecho a la rehabilitación, en condiciones equitativas, siempre que sea solicitada dentro de los 6 meses de producida la caducidad.  Art. 16. - Las cuotas a abonarse por el suscriptor serán únicas o periódicas. En este último caso no podrán ser de monto creciente con el transcurso del tiempo. En el caso de cotizaciones periódicas, satisfecha la primera para el pago de las siguientes deberá acordarse un plazo no inferior a 15 días, si las cuotas son mensuales, o a un mes, si las cuotas corresponden a períodos mayores. Durante ese término el contrato quedará plenamente vigente, y acordará derecho a participar en los sorteos que se realicen.  Art. 17. - A todo suscriptor que haya mantenido vigente el contrato suscripto por un término no inferior a 2 años, habiendo abonado las cuotas correspondientes, deberá reconocérsele la facultad de rescindirlo en efectivo en cualquier momento de la vigencia del contrato.  Los valores de rescisión, que deberán ajustarse a las normas del artículo 12, no podrán ser superiores al monto de la reserva matemática neta, aparte de la fracción que en otros fondos pueda corresponder al suscriptor, ni menores de la reserva matemática neta que resulte al vencimiento de cada anualidad cumplida y abonada, estimando los gastos de producción con un aumento de 40 %, como máximo, sobre los límites fijados en el artículo 9°.  Además del derecho al rescate, podrá reconocerse a los suscriptores otros beneficios, de importe determinados en base al valor de rescate, calculado en la forma precedentemente indicada, con las deducciones o recargos estrictamente necesarios para atender los gastos de administración  Art. 18. - Podrá reconocerse a los suscriptores el derecho a un préstamo con la garantía del mismo contrato por un valor no superior al 90 % de los valores de rescate y mediante un interés o tasa que no podrá ser inferior en un 2% anual sobre la adoptada para el cálculo de los planes, ni superior a la que, dentro del mínimo indicado, pueda considerarse como normal o corriente en plaza. La Inspección General de Justicia determinará ese máximo y lo modificará cuando lo estime necesario teniendo en cuenta las fluctuaciones que puedan producirse.  Art. 19. - A los efectos de crear, estimular y mantener el hábito del ahorro, las empresas podrán establecer en sus contratos la realización de sorteos que tengan esas finalidades y sobre los cuales regirán las siguientes normas limitativas:  a) Los suscriptores no podrán participar en más de un sorteo por mes;  b) No podrán establecerse, de ninguna manera que fuere, formas o modalidades de sorteos que admitan la posibilidad de que por medio de ellos pueda un suscriptor percibir, en una sola vez o en varias, una suma superior a la que percibiría por vencimiento natural del contrato. A tal efecto, cuando un suscriptor llegara a percibir por vía de sorteos el importe del capital contratado, deberá quedar cancelado el contrato;  c) En los títulos deberá consignarse expresamente si los sorteos son garantizados o condicionales entendiéndose por sorteos garantizados los que realicen las solicitudes contando para atender a los mismos con recursos determinados, de monto preestablecido, estando, por lo tanto, en condiciones de fijar en los contratos la época o frecuencia de los sorteos, la probabilidad favorable a los suscriptores y las sumas a abonarse.  En los sorteos garantizados no podrá decrecer con el transcurso del tiempo y la mayor antigüedad del contrato, ni la probabilidad favorable de aquellos, ni el monto reembolsable, ni la frecuencia de los sorteos;  d) En los casos de sorteos condicionales, que son los que no reúnen las condiciones indicadas en el inciso c), por no ser atendidos con recursos de monto preestablecido, deberá indicarse en los títulos esa circunstancia y, además, los fondos con que serán atendidos por la empresa y las bases y formas de realización de los mismos;  c) Además de las limitaciones que preceden, la Inspección General de Justicia deberá analizar en cada caso, las características y modalidades de los sorteos para los que se pida autorización, cuidando especialmente que ellos no tengan otra finalidad teórica y práctica, que la de crear, estimular y mantener el hábito del ahorro.  Art. 20. - Los sorteos deberán ser realizados por las Sociedades por medio propios o utilizando los que practica la Lotería de Beneficencia Nacional. La Inspección General de Justicia cuidará que los sorteos ofrezcan garantías de seriedad, imparcialidad y seguridad, y que armonicen con la característica del contrato, a cuyo efecto queda facultada para establecer normas reglamentarias. Deberán efectuarse públicamente, sin restricción alguna para asistencia del público y ante Escribano Público, el que, en cada caso, labrará un acta o escritura de la que deberá enviarse testimonio a la Inspección General de Justicia dentro de los 3 días de celebrado el acto.  Art. 21. - Dentro de los diez días siguientes a la realización de los sorteos, los Sociedades deberán publicar en el Boletín Oficial de la Nación o de la respectiva provincia, en su caso, una copia del acta de los mismos, completada con la inserción de los siguientes datos: fecha de emisión de cada título favorecido, su valor, nombre y apellido del derecho-habiente, su domicilio (ciudad o lugar, calle y número). Dentro del mismo término remitirán copia del acta y demás datos mencionados a la Inspección General de Justicia. Además, los resultados de los sorteos deberán publicarse en un diario, por lo menos, elegido entre los de mayor circulación en la localidad en que se encuentre la Sede Social de la empresa, debiéndose consignar en esa información los números o símbolos que individualicen los títulos favorecidos y su valor. En las publicaciones sólo deberán mencionarse los títulos en condiciones de ser reembolsados real y efectivamente de acuerdo con las condiciones y bases aprobadas. Las publicaciones deberán hacerse aunque no hubiere que reembolsar ningún título, enunciándose, en ese caso, esa circunstancia.   DE LA ADMINISTRACION   Art. 22. - Dentro de los 30 días siguientes a la terminación de cada mes, las sociedades deberán presentar a la Inspección General de Justicia:  a) Balance de sumas y saldos de toda su contabilidad;  b) Un informe de los ingresos y egresos habidos en el curso del mes, expresando los montos y conceptos de los mismos;  c) Un detalle de las inversiones hechas en el curso del mes.  Art. 23. - Dentro de los 30 días siguientes a la terminación de cada trimestre del año de calendario, deberá presentarse:  a) Un detalle de los títulos de cada plan que han sido colocados, rehabilitados, favorecidos por sorteo, rescindidos y rescatados en el trimestre, de acuerdo con lo establecido o lo que se establezca en las Resoluciones respectivas de la Inspección General de Justicia;  b) Un detalle del estado de la cartera clasificada por planes, valores y fechas de vigencia o vigor.  Art. 24. - Dentro de los 30 días siguientes a la terminación de cada trimestre del ejercicio económico, se presentará un balance y cuenta explotación ajustados por la fórmula establecida o que se establezca por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.  Art. 25. - Anualmente y con una anticipación no menor de 20 días a la fecha de la Asamblea General Ordinaria que deba considerarlos, deberán presentarse:  a) La Memoria del Directorio demostrativa de la marcha de la empresa y su situación económica y financiera;  b) Un Balance General del Activo y Pasivo, con su correspondiente cuota de Ganancias y Pérdidas, ajustados a las fórmulas establecidas o que se establezcan por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;  c) El informe del Síndico;  d) Un detalle de su cartera de contratos en vigor, clasificada por planes, valores y fechas de vigencia o vigor, y el cálculo de las reservas matemáticas de la misma a la época del Balance;  e) En el caso de que existieren, un detalle y cálculo de los fondos de acumulación de beneficios o cualquier otro crédito o derecho reconocido a los suscriptores.  Los balances trimestrales y los generales y cuentas de ganancias y pérdidas deberán publicarse, por lo menos por una vez en el Boletín Oficial de la Nación o de la Provincia respectiva, previa visación de la Inspección General de Justicia, y aprobación de la Asamblea de Accionistas en lo que respecta a los balances generales y cuentas de ganancias y pérdidas.  Las sociedades extranjeras presentarán, dentro de los 90 días de la terminación del ejercicio económico, cuya duración máxima será de un año, los documentos e informes exigidos en el presente artículo referente a las operaciones realizadas en la República, y, además, dentro de los 60 días de la fecha de realización de la Asamblea respectiva de Accionistas, las Memorias y documentos publicados de acuerdo a las leyes de sus respectivos países.  Art. 26. - Para el establecimiento de los balances generales se calcularán reservas matemáticas (reservas matemáticas netas), cuyo monto será igual a la diferencia entre el valor actual de los compromisos de la sociedad y el de los compromisos de sus suscriptores, computando como tales las cuotas netas con las cargas destinadas a cubrir los gastos de producción, estimados éstos dentro de los límites fijados por el artículo 9° - Los cálculos se harán de acuerdo con las fórmulas y tablas presentadas en conformidad con los artículos 3° y 5°.  Art. 27. - La reserva matemática de ningún contrato en particular podrá ser negativa, y en ningún caso se incluirá en el Activo rubro alguno por reservas negativas o gastos de producción a amortizar.  Art. 28. - Del conjunto formado por el monto de las reservas matemáticas netas determinadas en la forma establecida en los artículos 26° y 27°, por la reserva legal, por los Fondos de Acumulación de beneficios, y por cualesquiera otras sumas que, de acuerdo con las disposiciones de los contratos emitidos por la sociedad, constituyan un crédito o derecho del suscriptor contra la misma, no podrá efectuarse deducción alguna por ningún concepto, y él deberá estar en todo momento íntegramente representado por un activo real invertido en la República en la siguiente forma:  I Sin limitación, en préstamos a los suscriptores de la sociedad en las condiciones y dentro de los límites fijados en el artículo 18;  II Con carácter obligatorio:  De acuerdo con lo exigido por la Ley N° 11.582, en títulos o fondos públicos de la Nación, el 40 %, como mínimo, de la diferencia existente entre el conjunto especificado al comienzo del presente artículo y el de los préstamos acordados a los suscriptores de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18°;  III Con carácter opcional:  a) Sin limitación, en efectivo depositado en Bancos establecidos en la República regidos por la Ley número 12.156;  b) Sin limitación, en fondos públicos y valores de o garantizador por la Nación o Provincias;  c) Hasta el 40 %, como máximo, en inmuebles situados en la República, no pudiendo invertirse más de la mitad de ese porcentaje en un solo inmueble. - No podrán adquirirse inmuebles en condominio salvo cuando la adquisición sea expresa y previamente autorizada por la Inspección General de Justicia en virtud de ser absolutamente necesaria o manifiestamente conveniente;  d) Hasta el 40 %, como máximo, en préstamos hipotecarios en primer grado sobre inmueble situado en la República, siempre que el préstamo no exceda del 50 % del valor real del inmueble, o del 80 % de ese valor, cuando de trate de hipotecas concedidas para la adquisición o construcción de casa destinadas exclusivamente a vivienda familiar y el monto del préstamo no sea superior a $ 25.000 m|n.;  e) Hasta el 25 % como máximo, en obligaciones (debentures), con garantía especial o flotante sobre bienes existentes en la República, o en préstamos garantizados con los debentures siempre que el préstamo no exceda de 60 % del valor de cotización de los mismos. Estas inversiones antes de ser realizadas deberán someterse a la Inspección General de Justicia con todos los elementos ilustrativos de las mismas,  f) Hasta el 20 %, como máximo, en fondos públicos de o garantizados por Municipalidades de la República cuya población sea de 100.000 habitantes como mínimo,  g) hasta el 20%, como máximo, en Títulos Públicos de Estados extranjeros que establezcan reciprocidad para los títulos argentinos, que se coticen en el Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se hallen incluidos en la lista que se establecerá, previa consulta al Ministerio de Hacienda;  h) Hasta el 20 %, como máximo, en préstamos garantizados con títulos o fondos públicos de los puntos b) y f) y siempre que el préstamo no exceda del 80 % del valor de cotización.  Art. 29. - Las sociedades extranjeras que operen en el país, deberán radicar en el mismo los fondos a que se refiere el artículo 28°. Con esos fondos no podrán atender compromisos del exterior, ni retirarlos de la República por motivo alguno.  Art. 30. - Además de las reservas exigidas por el Código de Comercio deberá destinarse obligatoriamente a la constitución de un fondo de previsión una parte de las utilidades que no podrá ser inferior al 10 % de las mismas.  Cuando el fondo de previsión sea igual al 10 % del monto de las reservas matemáticas netas, fondos de acumulación de beneficios, y cualesquiera otras sumas que constituyan créditos o derechos de los suscriptores contra la sociedad, ésta quedará exenta de la obligación de destinar a la constitución del fondo de previsión el porcentaje establecido en el párrafo precedente; pero deberá hacerlo nuevamente, en cualquier momento en que el importe del mismo no alcance al 10 % antes indicado.  El fondo de previsión deberá invertirse, optativamente y sin limitación, en cualquiera o cualesquiera de los rubros indicados en el punto III del artículo 28° y de dicho fondo no podrá disponerse en ningún caso, ni con ningún objeto, salvo en la parte que pudiere exceder al 10 % exigido en el presente artículo.  Art. 31. - Sobre los bienes que constituyan las inversiones exigidas por los artículos 28, 29 y 30, no podrá pesar gravamen o derecho real alguno. - Sin embargo, en casos excepcionales el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, podrá autorizar la constitución de gravámenes sobre dichos bienes, si ello fuere reputado inevitable y al solo efecto de atender compromisos con los suscriptores de títulos.  Art. 32. - El capital social, reservas libres o facultativas no comprendidas en las disposiciones de los artículos 28, 29 y 30, y además fondos disponibles, deberán invertirse en la misma forma que el fondo de previsión (artículo 30), pudiendo, además, destinarse:  a) A la adquisición o suscripción de acciones de sociedades anónimas autorizadas por el Gobierno Nacional o Gobiernos Provinciales, o extranjeras comprendidas en las disposiciones de la Ley N° 3528, con la limitación de que de una determinada sociedad no se podrán poseer acciones por un monto superior al 30 % del total del capital suscripto de la misma. - El monto total de las acciones que suscriba no podrá ser en ningún caso, superior al monto del capital integrado de la sociedad suscriptora; y en el caso de que las acciones suscriptas no fueran integradas en su totalidad, la parte pendiente de integración deberá estar representada por bienes de fácil realización, que oportunamente se puedan aplicar a la integración.  b) A mobiliario y demás inversiones o aplicaciones indispensables para el desenvolvimiento de los negocios sociales.  Art. 33. - Las sociedades constituidas en la República que operen en el exterior, podrán efectuar en el extranjero los depósitos de garantía que los gobiernos correspondientes exijan, y radicar en un determinado país las reservas matemáticas correspondientes a los contratos efectuados en ese país. - Para ello no podrán afectar el capital mínimo fijado en el artículo 3°, ni el fondo de previsión prescripto en el artículo 30, ni las reservas matemáticas correspondientes a las operaciones efectuadas en la República.  La inversión de fondos en el exterior, cuando no haya sido imperativamente determinada por el gobierno correspondiente, deberá ser hecha en completa conformidad con las disposiciones de los artículos 28 a 32. Debiendo la sociedad cumplir con las disposiciones sobre la materia, procurará ajustar en lo posible sus inversiones en el exterior a los preceptos citados.  Art. 34. - Las sociedades deberán poseer permanentemente el capital líquido y disponible fijado en el artículo 3.° .En el caso de que los balances arrojen un saldo de pérdidas o denuncien la existencia de bienes de activo nominal o de dudosa posibilidad de realización, el capital se establecerá de la siguiente manera: del total representado por el capital accionario integrado, más las reservas acumuladas de utilidades líquidas y realizadas, excepción hecha del fondo de previsión a que se refiere al artículo 30, se deducirán las pérdidas y el importe con que figuren los bienes de activo nominal o de dudosa posibilidad de realización.  Art. 35. - Cuando por razones accidentales una empresa llegue a poseer bienes en desacuerdo con las normas de los artículos 28 a 32, deberá realizarlos o transferirlos, según corresponda, en el plazo de tres meses a contar del momento en que los administradores o la Inspección General de Justicia hayan comprobado esa situación. Si esa realización o transferencia, en las condiciones indicadas, fuera imposible o notoriamente inconveniente, deberá la sociedad hacer una presentación al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, por intermedio de la Inspección General de Justicia, a los efectos de que aquél adopte resolución que contemple las circunstancias especiales que existan.  La Inspección General de Justicia podrá observar las inversiones que repute notoriamente inconvenientes o peligrosas. En esos casos podrá exigir la realización de los bienes observados, o la adopción de otras medidas precaucionales.  Art. 36. - Las sociedades de capitalización no podrán emitir debentures.   TRANSFERENCIAS DE CARTERA   Art. 37. - Las sociedades de capitalización podrán transferir total o parcialmente sus negocios, mediante cesión de la cartera de títulos, conjuntamente con la correspondiente reserva matemática neta, a otra sociedad autorizada de conformidad a la presente reglamentación. Se podrá reconocer a la cedente un valor de cartera, sin que tal valor pueda computarse en los balances de la cesionaria como valor activo.  Art. 38. - No podrá efectuarse una transferencia de cartera de títulos de capitalización sin previa autorización del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. El ministerio de Justicia e Instrucción Pública sólo acordará la autorización si la sociedad cesionaria se encontrase en condiciones de aceptarla, de acuerdo a su funcionamiento y a su situación económica.  Art. 39. - Resuelta una transferencia de cartera, deberá efectuarse, con intervención de la Inspección General de Justicia, una publicación en el Boletín Oficial de la Nación o de la respectiva Provincia en su caso, durante 10 días para notificar a los tenedores de títulos. En esa publicación deberán suministrarse algunas indicaciones suscintas y se ofrecerá a los suscriptores que lo soliciten, copia del último balance general y cuenta de ganancias y pérdidas de la sociedad cesionaria y de la cedente. En la publicación debe indicarse: nombre y domicilio de las sociedades cedente y cesionaria, cómo y dónde debe formularse una manifestación de disconformidad, plazo para esa manifestación y lo dispuesto por el artículo 42° para el caso de falta de contestación. Además de las publicaciones en el Boletín Oficial, y en forma simultánea, a todo suscriptor cuyo domicilio sea conocido, deberá enviarse circular con los datos referidos.  Art. 40. - Los suscriptores disconformes deberán hacer una presentación a la Inspección General de Justicia y a las autoridades sociales, en la que manifiesten su disconformidad, en el término de 30 días a contar de la última publicación en el Boletín Oficial. - Esa manifestación deberá ser hecha por nota firmada, en la que se incluyan datos suficientes para distinguir o caracterizar el título poseído. Tratándose de títulos al portador, o de títulos transferibles sin necesidad de registro previo por la empresa, corresponderá exhibir el título al presentar la nota, a pie de la cual se dejará constancia de esa exhibición. La Inspección General de Justicia comunicará a la sociedad cedente las presentaciones que se efectúen en sus oficinas y, a su vez, la sociedad denunciará ante la Inspección General de Justicia, en el plazo de 3 días, toda presentación análoga que se efectúe ante sus autoridades. Una manifestación de disconformidad se considerará debidamente hecha, aunque se efectúe solamente ante la Inspección General de Justicia o ante las autoridades sociales.  Art. 41 - Los tenedores de títulos que no estuvieren conformes con la transferencia, podrán rescindir sus contratos, con derecho a la devolución de la correspondiente reserva matemática neta y de las participaciones o beneficios acumulados, si los hubiere.  Art. 42. - Se considerará que prestan su consentimiento la transferencia de cartear, los suscriptores que no manifiesten su disconformidad en la forma y plazos indicados.   DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN   Art. 43. - Además de los casos previstos en el Código de Comercio, corresponderá el retiro de la autorización para funcionar a toda sociedad que no opere en completa conformidad con las disposiciones de esta Reglamentación.  Disuelta una sociedad de capitalización, deberá procederse a la liquidación, la que se operará de conformidad a las pertinentes disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil, y con la fiscalización de la Inspección General de Justicia.  Art. 44. - Los suscriptores de títulos que así lo deseen, podrán considerarse exentos de la obligación de continuar con el pago de las cuotas o cotizaciones, sin perder por ello el derecho que les corresponda en conformidad con las cuotas abonadas.  Art. 45. - Del balance que deben confeccionar los liquidadores al hacerse cargo de sus funciones, deberá pasarse copia a la Inspección general de Justicia dentro de los 10 días de terminado, a los efectos de las comprobaciones que esa Oficina juzgue oportuno realizar. También deberán formular los liquidadores un plan de liquidación que presentarán a la consideración de la Inspección General de Justicia.  Art. 46. - El tenedor de títulos, aparte del derecho que le corresponda sobre fondos de utilidades para suscriptores u otros, será considerado acreedor por una suma igual ala reserva matemática neta del título que posea, valuada en base a la totalidad de las cuotas abonadas y a la tasa de interés utilizada en el cálculo de las reservas matemáticas.  Los fondos de utilidades para los suscriptores, u otros análogos que existan, serán distribuidos en forma equitativa, con bases que deberán ser sometidas a la consideración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.  Art. 47 - Podrá procurarse una transferencia de cartera en conformidad con las disposiciones de los artículos 37 a 42. El Poder Ejecutivo Nacional podrá exigir se efectúe sus transferencias cuando, de no efectuarse, pueden producirse perjuicios para los suscriptores. No se requerirá el consentimiento de los tenedores de títulos, cuando a juicio del Poder Ejecutivo Nacional la transferencia resulte necesaria para evitar perjuicios a los intereses de aquéllos.  Art. 48. - Deberá reservarse una suma suficiente para débitos litigiosos o que pendieren de una condición, o para satisfacer créditos que no se hubieren reclamado en oportunidad. Esa suma deberá ser depositada en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, de donde sólo podrá ser retirada, previa autorización de la Inspección General de Justicia, para ser aplicada a sus destinos o finalidades, o cuando haya desaparecido la razón de su existencia.  Las deudas no exigibles no podrán ser satisfechas hasta que el activo haya sido totalmente realizado, y los suscriptores de títulos hayan sido totalmente reembolsados, salvo los casos que prevea el plan de liquidación aprobado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.  Art. 49. - Si la sociedad opera en el exterior con respecto a los contratos realizados y a los bienes poseídos fuera del país deberá proceder en completa conformidad con las prescripciones de este Capítulo, en cuanto no se opongan a disposiciones legales de los países en que se hubiere operado y que se halle obligada a cumplir.  Art. 50. - Si se hubieren comprobado irregularidades graves en la administración de la sociedad, o se constataren luego en la liquidación, o si se obstaculizara en cualquier forma la función de contralor de la Inspección General de Justicia, ésta propondrá al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública se realicen las gestiones necesarias para que la liquidación sea efectuada por un liquidador judicial.  Art. 51. - A los efectos de la perfecta aplicabilidad de las disposiciones del capítulo anterior (Transferencia de Cartera) y del presente (Disolución y Liquidación), en los títulos que emitan las sociedades deberán incluirse la siguiente disposición 'A los efectos previstos por el artículo 51 del Reglamento dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 8 de febrero de 1943, conste que queda expresamente convenido que las disposiciones de los artículos 37 a 50 de dicho Reglamento, y las legales o reglamentarias que puedan substituirlas en el futuro, serán de aplicación en el presente contrato'.   DEL CONTRALOR DE LAS SOCIEDADES   Art. 52. - El contralor de las sociedades regidas por el presente Reglamento, y la aplicación de las disposiciones del mismo, estará a cargo de la Inspección General de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la fiscalización que corresponda a los organismos provinciales sobre las sociedades que actúen con personería jurídica dada por sus respectivos Gobiernos. - La Inspección General de Justicia tendrá la facultad de realizar investigaciones y requerir exhibición de los libros y documentos cuando se relacione con el cumplimiento del presente Reglamento.  En el ejercicio de sus funciones de contralor la Inspección General de Justicia procurará armonizar su actuación con la de los correspondientes organismos provinciales, tendiendo a la coordinación de las mismas a efectos de la mayor facilidad y eficacia del contralor. - En cuanto correspondan, actuará en colaboración con los indicados organismos provinciales.  Art. 53. - Créase un Consejo Consultivo de Capitalización, integrado:  a) Por el Inspector General de Justicia, que será su presidente;  b) Por un Inspector de Justicia designado por la Inspección General de Justicia;  c) Por un funcionario público designado por el Poder Ejecutivo Nacional;  d) Por un funcionario público que designarán, siempre que lo estimen oportuno, cada uno de los Gobiernos Provinciales en cuyas jurisdicciones existan sociedades con personería jurídica por ellos acordada y que se hallen sujetas a la presente Reglamentación;  e) Por dos delegados de las sociedades que se hallen sujetas y ajustados a la presente Reglamentación, y cuyas personerías jurídicas hayan sido acordadas pro el Gobierno Nacional;  f) Por dos delegados de las sociedades que se hallen sujetas y ajustadas a la presente Reglamentación y cuyas personerías jurídicas hayan sido acordadas por Gobiernos Provinciales, siempre que el número de las mismas no sea inferior al de sociedades con personerías jurídicas acordadas pro el Gobierno Nacional; en el caso de que dicho número fuere inferior, elegirán un solo delegado.  Los delegados de las sociedades serán designados por las mismas en la forma que reglamente la Inspección General de Justicia; durarán 4 años en sus funciones. Los miembros y delegados actualmente en funciones continuarán en el ejercicio de las mismas hasta el término del mandato para que fueron designados.  Además de los delegados titulares, las sociedades designarán un suplente para cada delegado titular, el que integrará el Consejo en caso de ausencia, impedimento o incompatibilidad del respectivo titular.  Art. 54. - El consejo se reunirá, por convocatoria del Presidente, en toda oportunidad que éste lo crea necesario o que lo soliciten al mismo, 2 de sus integrantes.  Las funciones del Consejo son las de dar opinión sobre todas las cuestiones de orden general que puedan plantearse con motivo de las aplicaciones del presente Reglamento y formular sugestiones que tiendan a mejorar o perfeccionar las disposiciones reglamentarias y de contralor de las sociedades. Deliberará con la presencia de por lo menos 4 miembros y sus opiniones se formularán por mayoría de votos. El Presidente tendrá voto y un segundo voto en caso de empate.  Las opiniones que exprese el Consejo serán consideradas por la Inspección General de Justicia y se harán conocer al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la misma, en todas las cuestiones que deban ser resueltas en definitiva por el Poder Ejecutivo Nacional.  Art. 55.- En los casos en que, a pedido de más de la mitad de las sociedades correspondientes, la Inspección General de Justicia lo considerare conveniente o necesario, podrá convocar a dichas sociedades para considerar la revocación del mandato de sus delegados para decidir, la cual será necesario el voto de por lo menos las dos terceras partes de las sociedades.   DISPOSICIONES GENERALES   Art. 56. - Queda expresamente prohibido a las sociedades realizar directamente o por intermedio de sus agentes o corredores o cualquier otra persona, perteneciente o no a su personal, la colocación de sus títulos mediante operaciones basadas en la adquisición, canje o transferencia de títulos o contratos de otras sociedades, como así también en el canje, rescate u otorgamiento de préstamos sobre títulos de su propia cartera.  La Inspección General de Justicia considerará las denuncias que se le formulen obre la realización de dichas operaciones y, siempre que, a su juicio, la denuncia resulte 'prima facie' fundada, como primera e inmediata providencia, solicitará de la sociedad que resultare beneficiada con la operación, la anulación de la misma y la restitución del título al suscriptor.  Cuando de la tramitación de una denuncia resultare, a juicio de la Inspección General de Justicia, que ha habido transgresión a la presente disposición, aquélla elevará sus conclusiones al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a fin de que éste aplique a la sociedad transgresora las sanciones que estime corresponder, incluso la del retiro de la autorización para operar.  Art. 57. - Toda propaganda o publicidad hablada, por escrito, o de cualquier otro carácter por medio de periódicos, afiches, prospectos, radiotelefonía, etc., que se efectúe directamente o por intermediarios, será puesta en conocimiento de la Inspección General de Justicia dentro de los 3 días de resuelta.  Queda prohibida cualquier propaganda o publicidad con manifestaciones, cifras o datos inexactos o capciosos, o que puedan hacer suponer una intervención o contralor oficial, o de instituciones o reparticiones oficiales, fuera de lo establecido en el presente reglamento.  Art. 58.- Las sociedades tienen la obligación de entregar a todo suscriptor que lo solicite un ejemplar de la última memoria, balance general y cuenta de ganancias y pérdidas, por el que no podrá exigirse un pago superior al de $ 0,20 moneda nacional.  Art. 59. - De toda observación que la Inspección General de Justicia formula a las informaciones, balances, publicidad o procedimientos en general de una sociedad, se dará vista a ésta para ser contestada en un término que no será inferior a 3 días. Con la contestación de la sociedad o sin ella, si no se presentara en el plazo fijado, la Inspección General de Justicia, si considerara subsistente el fundamento de su observación, adoptará la resolución que corresponda.  Art. 60.- En los casos en que una sociedad no proporcionare las informaciones exigidas por la presente reglamentación en los plazos fijados por la misma, y no lo hiciera sin justificar impedimento de fuerza mayor, luego de ser emplazada por la Inspección General de Justicia; o que manifiestamente tendiera a dilatar o eludir el trámite de observaciones que se le hubieren formulado que de cualquier otra manera dificultare o entorpeciere el contralor establecido por la presente reglamentación o el cumplimiento de las disposiciones de la misma, la Inspección General de Justicia podrá aplicar las siguientes sanciones:  a) apercibimiento;  b) apercibimiento con publicidad del mismo.  En los casos de reincidencia, o de que por su gravedad se considere justificado, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública suspenderá a la sociedad, por un tiempo determinado o en forma definitiva, la autorización para operar.  Aparte de las sanciones precedentemente fijadas, si se constatare en una sociedad cualquier irregularidad que de cuerdo a las leyes pueda significar una responsabilidad penal para los administradores, se dará cuenta al Ministerio Fiscal a efectos de que deduzca las acciones que legalmente correspondan.  Art. 61. - Con respecto a las sociedades comprendidas en lo dispuesto en el artículo 1° del presente Reglamento que no practiquen los planes típicos de capitalización, la Inspección General de Justicia analizará los contratos u operaciones que celebren con el público y el destino o inversión que hagan de los fondos que recauden aplicándose a los mismos las normas y principios establecidos en el presente en todo cuanto sea posible. - Oportunamente, la Inspección General de Justicia, sugerirá al Poder Ejecutivo Nacional las ampliaciones que correspondiere introducir en el presente Reglamento a efectos de contemplar en forma más amplia las modalidades propias de esas operaciones y el mejor contralor y fiscalización de dichas sociedades.  Art. 62. - Serán a cargo de las sociedades, los gastos que demande la fiscalización de las mismas establecida en esta Reglamentación.  La cuenta especial 'Inspección y Contralor de las Sociedades de Capitalización y Ahorro', se acreditará con la contribución que deberá efectuar las sociedades, que será equivalente al uno y medio por ciento del monto de las cuotas del ejercicio económico o terminado en el año de calendario precedente, como importe anual de la contribución, a abonar por adelantado, fijándose como límite inferior la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400m/n). Las Sociedades de Ahorro para la Vivienda Familiar, contribuirán con un importe equivalente al uno y medio por mil de las cuentas ordinarias o extraordinarias abonadas por los suscriptores, exceptuándose las cuotas de amortización de préstamos acordados. Para estas sociedades el límite mínimo de contribución será de pesos un mil doscientos moneda nacional anuales ($ 1.200m/n).  A esa cuenta se debitarán los sueldos y gastos que demande el funcionamiento de la Sección 'Inspección y Contralor de las Sociedades de Capitalización y Ahorro', dependiente de la Inspección General de Justicia, previa autorización de aquellos por el Poder Ejecutivo. - El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente:   DISPOSICIONES TRANSITORIAS   Art. 63. - Las sociedades ya en funcionamiento, con amortización acordada por el Poder Ejecutivo Nacional, podrán seguir operando con los planes y contratos que se les haya autorizado, por el término de 4 meses. A partir del vencimiento de ese término no podrán continuar operando sino con contratos ajustados a esta reglamentación y aprobados de acuerdo a las disposiciones de la misma.  Al calcular las reservas matemáticas netas para sus balances, con respecto a los contratos que tengan realizados o realicen hasta el momento en que suspendan la emisión de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en esta reglamentación y dentro del plazo máximo fijado en este artículo, se atendrán a las bases técnicas que se les haya aprobado.  Art. 64. - Las sociedades ya en funcionamiento, con autorización acordada por Gobiernos Provinciales, podrán seguir operando con los planes y contrato que se les haya autorizado, por el término de seis meses. A partir del vencimiento de ese término no podrán continuar operando sino con contratos ajustados a esta reglamentación y aprobados de acuerdo a las disposiciones de la misma.  Al calcular las reservas matemáticas netas para sus balances, con respecto a los contratos que tengan realizados o realicen hasta el momento en que suspendan la emisión de los mismos de conformidad con lo dispuesto en esta reglamentación y dentro del plazo máximo fijado en este artículo, podrán estimar la tasa de interés y los gastos de producción de acuerdo a las bases técnicas que tengan establecidas, con la advertencia de que la tasa de interés no podrá ser superior al cinco por ciento anual, y que los gastos de producción no podrán ser estimados en más del doble de lo que resulta de la escala del artículo 9°. Las sociedades que hagan uso de la facilidad reconocida en el párrafo precedente, consignarán las reservas matemáticas netas, en el Pasivo de los balances, en dos partidas independientes: en una, las reservas correspondientes a los contratos emitidos de conformidad con la autorización concedida con anterioridad al presente Reglamento; y en la otra, las reservas correspondientes a los contratos emitidos con posterioridad.  Art. 65. - Las sociedades ya autorizadas como personas jurídicas por Gobiernos Provinciales que practiquen las operaciones enunciadas en el artículo 1°, hasta tener el carácter de Sociedad Anónima que se exige en el artículo 2°, y no desearen adoptar dicha forma de sociedad, podrán seguir actuando sin modificar el carácter de la Sociedad, pero deberán ajustarse a esta reglamentación en todo lo demás, en los plazos y condiciones fijados en el artículo 64.  Art. 66. - Las sociedades ya autorizadas y en funcionamiento, en el término de un año deberán ajustar las inversiones que ya tengan efectuadas a las normas y limitaciones fijadas en los artículos 28 a 33.  Art. 67. - Las disposiciones de los artículos 63 a 66, no significan autorizar el funcionamiento de empresas en contravención con prescripciones legales o reglamentarias que las alcancen, distintas a las del presente Reglamento.  Art. 68. - Las sociedades ya autorizadas por Gobiernos Provinciales, deberán presentar dentro de los treinta días de la fecha del presente Reglamento: (testimonio de constitución, autorización y estatutos; copia de todos los Balances Generales que hayan confeccionado; nómina de sus autoridades; planes practicados; modelos de los títulos emitidos y bases técnicas correspondientes.  Las tablas para el cálculo de las reservas matemáticas a que se refiere el artículo 64, serán presentadas en el término de sesenta días, en el caso de ser distintas a las que estén en uso en la fecha de esta reglamentación.  Art. 69. - Derógase los Decretos de 16 de junio de 1937 (N° 109.788), 4 de febrero de 1938 (N° 124.857); 11 de febrero de 1938 (N° 125.285), 24 de octubre de 1938 (N° 15.773), 5 de julio de 1938 (N° 32.978), 7 de julio de 1941 (N° 95.132) y el artículo 2° del Decreto N° 110.055, de 19 de febrero de 1942.  Art. 70. - Publíquese, comuníquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.   CASTILLO  Guillermo Rothe