Decreto   1468 / 1997
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Fecha de publicación: 1998-01-06

CIUDAD JUDICIAL   Decreto 1468/97   Déjase sin efecto el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción y explotación de un complejo urbanístico integrado con capacidad para albergar a la totalidad de los Tribunales Nacionales y Federales con sede en la Ciudad de Buenos Aires.   Bs. As., 30/12/97   B.O.: 06/01/98   VISTO los Decretos Nros. 1279 de fecha 21 de noviembre de 1989, 1801 de fecha 26 de agosto de 1993,929 de fecha 16 de Junio de 1994, 1071 de fecha 4 de julio de 1994 y 369 de fecha 3 de abril de 1996 y la Decisión Administrativa N° 102 de fecha 3 de abril de 1996, lo informado por el MINISTERIO DE JUSTICIA, y  CONSIDERANDO:  Que con fecha 15 de noviembre de 1989, entre el PODER EJECUTIVO NACIONAL y la entonces MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, se celebró un convenio por el que se acordó constituir una sociedad anónima que tendría por objeto la confección de un plan maestro de desarrollo urbano, el estudio de la infraestructura urbana a incorporar y la promoción de inversiones en el área, a fin de potenciar el desarrollo de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.  Que por Decreto N° 1279 del 21 de noviembre de 1989, el PODER EJECUTIVO aprobó el convenio, resolvió la creación de la CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO SOCIEDAD ANONIMA, aprobó su estatuto y ordenó la transferencia en propiedad a la sociedad de los predios comprendidos en el área de Puerto Madero,  Que la Corporación tiene por objeto planificar, proyectar y ejecutar, por sí o por contratación con terceros, la urbanización del área "Antiguo Puerto Madero": y que su capital social inicial fue suscripto y aportado por el ESTADO NACIONAL y la ex-MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en igual proporción.  Que mediante Decreto N° 1801 del 26 de agosto de 1993, se creó la COMISION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE IA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL (CIEJNF), "con la finalidad de elaborar un proyecto para la construcción y explotación de un complejo urbanístico integrado, con capacidad para albergar a la totalidad de los Tribunales Nacionales y Federales con sede en la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION: y asesorar al PODER EJECUTIVO y al PODER JUDICIAL DE LA NACION-si así lo solicitasen-en materia de infraestructura edilicia para la administración de Justicia".  Que la Comisión entendió que la zona del antiguo Puerto Madero, actualmente propiedad de la CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO SOCIEDAD ANONIMA (CAMP) era el lugar apropiado para la materialización del proyecto; por ello, celebró con la Corporación, el 23 de marzo de 1994, un convenio en el que se estipuló que esta tendría a su cargo la proyección y ejecución del proceso integral de realización del  emprendimiento del Centro Judicial.  Que ese convenio, fue aprobado por el Decreto N° 929 del 16 de junio de 1994.  Que el Decreto N° 1071 del 4 de julio de 1994, aprobó el pliego destinado a regir el llamado a licitación publicación nacional e internacional para la precalificación de interesados en el desarrollo del Centro Judicial destinado a albergar la totalidad de los Tribunales Nacionales y Federales con sede en la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.  Que la Ley N° 24.624 de PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el ejercicio 1996, autorizó al señor jefe de Gabinete de Ministros para comprometer créditos presupuestarios correspondientes a ejercicios futuros, hasta la suma anual de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES ($ 36.000.000), con más el importe que correspondiera en concepto de impuesto al valor agregado y hasta un término de QUINCE (15) años, contados a partir de la toma de posesión inmediata con la finalidad de atender el gasto que demandara el alquiler con opción a compra de un complejo edilicio a construirse en la CAPITAL FEDERAL mediante el sistema "llave en mano", financiado íntegramente por el constructor y a su solo y exclusivo riesgo.  Que el Pliego de Bases y Condiciones de la segunda etapa correspondiente a la Licitación Pública Nacional e Internacional para el Desarrollo del Centro Judicial. con el objeto de seleccionar al oferente que tendría a su cargo el proyecto, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento del complejo edilicio, fue aprobado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros por medio de la Decisión Administrativa N° 102 del 3 de abril de 1996. Por su parte, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 369 del 3 de abril de 1996, por el que se convocó a los precalificados en la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional, a presentar las ofertas correspondientes a la segunda etapa del desarrollo del Centro Judicial.  Que en el numeral 1.1. del Pliego de Bases y Condiciones para la Precalificación de Interesados (primera etapa), se establecía que la CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO SOCIEDAD ANONIMA convocaba a la licitación pública nacional e internacional, "por cuenta y orden del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en el marco del convenio suscripto con la Comisión de Infraestructura Edilicia de la Justicia Nacional y Federal".  Que la primera etapa de la licitación abarcaba una doble fase: la que correspondía a la preselección para el acceso a la Sala de Información-Data Room: y la comprensiva del procedimiento de precalificación, en la que los postulantes debían acreditar la capacidad técnica, patrimonial, económica y financiera para encarar un proyecto de la envergadura del que era motivo de la compulsa (numeral 1.2.).  Que se establecía, también, que la adquisición del pliego y la presentación de antecedentes implicaba la renuncia a formular impugnación alguna en caso que el COMITE dejara sin efecto o declarara desierta la licitación (numeral 1.6.3).  Que el COMITE, según se expresaba en el numeral 1.3., era el cuerpo designado para dictar, ejecutar y cumplir todos los actos necesarios para llevar a cabo y controlar el procedimiento de precalificación, incluyendo, entre otras, las facultades para evacuar consultas, resolver todas las cuestiones que se plantearen, de cualquier tipo que fueren, y disponer la preselección y precalificación.  Que en el numeral 8.4. se puntualizaba que el único derecho emergente de la precalificación, era el de presentar ofertas en la siguiente etapa de la licitación, no implicando el hecho de la precalificación compromiso alguno de presentar ofertas en la segunda etapa.  Que el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la segunda etapa, decía en el numeral 1.1. que la CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A., "por cuenta y orden del Estado Nacional Argentino, convoca a los PRECALIFICADOS en la primera etapa de la LICITACION a presentar OFERTA para el DESARROLLO DEL CENTRO JUDICIAL, con el objeto de seleccionar al OFERENTE PRECALIFICADO que tendrá a su cargo el proyecto, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento del  complejo edilicio correspondiente al programa denominado "Ciudad Judicial", por el sistema "llave en mano", a ejecutar en predios pertenecientes a la CAPM para su posterior alquiler con opción a compra por parte del ESTADO NACIONAL. Todo ello, en el marco del convenio suscripto con la Comisión de Infraestructura Edilicia de la Justicia Nacional y Federal, aprobado por decreto P.E.N. N° 929/94".  Que en el numeral 1.2. se manifestaba que la convocatoria correspondía a la segunda etapa de la licitación, a través de la cual los precalificados podrían presentar, una vez adquirido el pliego, la propuesta técnica y la oferta económica, de acuerdo con los requisitos de ese pliego.  Que en el numeral 1.4. se explicaban los significados de diversos términos utilizados en el pliego, de los cuales cabe puntualizar los siguientes:  "COMITE: Es el cuerpo designado para dictar, ejecutar y cumplir todos los actos necesarios para llevar a cabo y controlar el procedimiento de presentación de OFERTAS, incluyendo, entre otras, las facultades para evacuar consultas, resolver todas las cuestiones que se plantearen, de cualquier tipo que fueren, dictar circulares aclaratorias y rectificatorias, y disponer la ADJUDICACION, ad referendum del Ministerio de Justicia.  OFERTA: Es el sobre A y el sobre B que contendrán la Propuesta Técnica y la OFERTA ECONOMICA, respectivamente, presentadas con antelación a la fecha y hora fijadas en el cronograma de la CONVOCATORIA.  PROPUESTA TECNICA: Es la proposición del OFERENTE, incluida en el SOBRE A, respecto de como se prevé llevar a cabo el DESARROLLO DEL CENTRO JUDICIAL en lo concerniente al proyecto, financiación, construcción "llave en mano" y mantenimiento.  OFERTA ECONOMICA Es la declaración de voluntad irrevocable efectuada por cada OFERENTE, formulada en el SOBRE B.  Que el cronograma de la Convocatoria estaba detallado en el numeral 1.5., en el que se preveían los siguientes y sucesivos pasos:  1. 5.1. Período de venta de PLIEGOS.  1.5.2. Período de consultas para la presentación de OFERTAS y acceso a la SALA DE INFORMACION.  1.5.3. Vencimiento del plazo para notificación por parte del COMITE del proyecto de CONTRATO.  1.5.4. Cierre del plazo para recepción de sugerencias por parte de los OFERENTES al proyecto de CONTRATO.  1.5.5. Notificación del texto del modelo de CONTRATO.  1.5.6. Cierre del plazo para recepción de OFERTAS y apertura en acto público del SOBRE A.   1.5.7. Aprobación o rechazo del SOBRE A. Se notificará a todos los OFERENTES de las decisiones adoptadas por el COMITE acerca de los resultados de la evaluación.  1.5.8. Vencimiento del plazo de presentación de impugnaciones a las decisiones del COMITE en relación a la evaluación del SOBRE A.  1.5.9. Notificación de resolución de impugnaciones.   1.5.10. En Acto Público se procederá a la apertura del SOBRE B.  1. 5.11. Notificación de la ADJUDICACION.  1.5.12. Vencimiento del plazo para presentación de impugnaciones a las decisiones del COMITE con relación a la ADJUDICACION.   1.5.13. Notificación acerca de la resolución de las impugnaciones relacionadas con la ADJU DICACION.  1.5.14. Firma del CONTRATO.  1.5.15. Firma de la escritura traslativa de dominio fiduciario.   Que en el numeral 1.7 se fijaban las implicancias de la adquisición del pliego, entre las que se establecían:  "1.7.1. El conocimiento y aceptación de la documentación, y de las reglas y requisitos que rigen la LICITACION.  1 7.2. La renuncia a impugnar los procedimientos y criterios de selección previstos en el PLIEGO que regirá la CONVOCATORIA, sin perjuicio de poder impugnar los actos individuales que se emitan durante su transcurso.  1.7.3. La renuncia a formular impugnaciones o efectuar reclamo alguno o exigir resarcimiento, en el caso que el COMITE deje sin efecto o declare desierta la LICITACION.  1.7.4. La aceptación de las facultades atribuidas al COMITE de acuerdo con lo descripto en el presente PLIEGO".  Que la primera etapa de la licitación se cumplió íntegramente, procediéndose, como culminación de ella, a precalificar a los postulantes escogidos.  Que la segunda etapa llegó a cumplir e hasta el estadio previsto en el numeral 1.5.4; esto es, la presentación de sugerencias por parte de los oferentes al proyecto de contrato.   Que no se llegó a la etapa contemplada en el numeral 1.5.5. que constituía el paso siguiente y que consistía en la notificación del texto del modelo de contrato, por consiguiente, ninguna empresa pudo, hasta el presente, presentar ofertas, ya que tal actividad, estaba prevista en el numeral 1.5.6., vale decir, era posterior a la notificación del texto definitivo del modelo de contrato, la que al día de hoy, no se ha materializado.  Que el principio rector en la materia. es que la Administración puede dejar sin efecto la licitación, en cualquier momento, antes de la adjudicación.  Que así lo explica MARIENHOFF, al decir que "Mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación "definitiva", o para aprobar el contrato no se haya expedido disponiendo esas medidas, la Administración Pública ("Estado") no esta obligada a contratar con el adjudicatario provisional, y correlativamente éste no puede intimar a la autoridad a que contrate con el, pues se ha dicho que en ese estado del procedimiento la Administración Pública tiene una especie de derecho de veto respecto de la celebración del contrato..."; más adelante, agrega: "Recién la adjudicación "definitiva", o la "aprobación" del contrato, crean un derecho en favor del oferente elegido o seleccionado, quien entonces podrá exigir, la realización o formalización del contrato" (MARIENHOFF, Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo" Tomo III-A ps. 245 y 246 Bs. As. 1994).  Que el criterio del citado maestro no constituye una opinión aislada en la doctrina; por el contrario, importa una posición generalizada.  Que expresa MAIRAL que la decisión de la Administración de anular la licitación o el hecho de que sea dejada sin efecto, no puede ser cuestionada por los oferentes, porque constituye una facultad que todos los regímenes de contratación pública reconocen al licitante (MAIRAL, Héctor A.. "Licitación Pública". Bs. As. 1975 p. 131).  Que al respecto dice BARRA: "Por procedimiento revocado debe entenderse, entonces, aquel en el cual la Administración extingue el mismo sin emitir el acto de adjudicación, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, es decir, por una discrecional interpretación del interés público que la lleva a decidir no continuar con la tramitación ya sea porque ha concluido en la inconveniencia de ejecutar la obra misma, o bien ha resuelto efectuar modificaciones a su proyecto o a otras características relativas a su ejecución, o por cualquier otra razón dejada a su apreciación prudencial. (BARRA, Rodolfo Carlos "Contrato de Obra Pública" Bs. As. 1986, Tomo 2, ps. 647 y 648).  Que en similar sentido se pronuncian Héctor J. ESCOLA (Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Bs. As.1977, Volumen I p. 333) y Roberto DROMI ("Derecho Administrativo" Madrid 1994 p.241 y "Licitación Pública" Madrid 1995 p. 417).  Que ese es, también, el criterio expuesto por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION: "...debe tenerse especialmente en cuenta, que con la adjudicación se perfecciona el contrato... naciendo el vinculo contractual entre el Estado y el adjudicatario y dando derecho a los otros oferentes a impugnarlo en caso de haberse violado alguna norma legal". "No habiéndose producido la adjudicación, la firma recurrente carece de título suficiente para oponerse a un acto, que como he dicho, es privativo del poder administrador". "El llamado a licitación implica una invitación del licitante a cotizar ofertas, pero de ninguna manera involucra la obligación de terminar el proceso con la adjudicación" (DICTAMENES 73:341.  Que en aquella oportunidad, también dijo el órgano asesor "Todo aquel que participe en una licitación adquiere el derecho no a la adjudicación, pero si a que esta se realice de conformidad con la ley" (Dictámenes 73:34; en igual sentido: 62:15; 81:50;89:82 y 104:56).  Que en el presente caso, además de que no se produjo la adjudicación, debe tenerse en cuenta que ni siquiera hubo preadjudicación, ni podía haberla habido, desde que  el trámite no llegó al momento de las presentaciones de las propuestas.  Que por lo tanto, la Administración se encuentra facultada para no seguir adelante con el procedimiento de la compulsa, dado que, tal posibilidad deviene de lo establecido en el numeral 1.7.3. del pliego de la segunda etapa, que faculta al "COMITE" a dejar sin efecto o declarar desierta la licitación, a la vez que establece la renuncia de los oferentes a efectuar impugnaciones o reclamo alguno, en tal supuesto.   Que el pliego de bases y condiciones constituye la ley de la licitación, por lo que debe ser escrupulosamente observado, tanto por los oferentes como por la Administración.   Que así lo ha sostenido la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: "La ley de la licitación o ley del contrato es el pliego donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario..." agregando que "...el procedimiento regla en la manifestación de la voluntad contractual administrativa es la adhesión del cocontratante  a cláusulas prefijadas por el Estado. La fusión de voluntades se opera sin discusión porque el oferente debe aceptar las cláusulas contractuales preparadas y redactadas por el licitante...": (Fallos 308: 618 "Recurso de Hecho deducido por la demandada en la causa Hotel Internacional Iguazú c/Estado Nacional". sentencia del 22/04/86).   Que esa doctrina fue repetida en el caso "MONTES, JOSE ANTONIO y EMPRESA HIDRAULICA ARGENTINA (INHAR) c/MUNICIPALIDAD DE QUILMES", en pronunciamiento del 25-8-92 (Fallos 315: 1760).   Que en el caso "DULCAMARA S.A. c/ENTEL s/cobro de pesos" del 29/03/90, Fallos 313:376, dijo la Corte "...que la ley de la licitación o ley del contrato esta integrada por el pliego, donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante y con las notas de aclaración o reservas aceptadas por las partes al perfeccionarse el acuerdo. La falta de esta reserva obsta a que se admita posteriormente su pretensión  y se alteren por vía jurisdiccional los términos del contrato".   Que ese mismo concepto sostuvo el Superior Tribunal de la Nación en "RADEWAK, Juan Carlos C. ADMINISTRACION CENTRAL DE PUERTOS s/ordinario", en pronunciamiento del 29/12/88, Fallos 311:2831.   Que, en la especie, no hay constancias de  aclaraciones o reservas aceptadas por las partes al perfeccionarse el acuerdo, porque no se llegó a esa instancia: pero ningún oferente cuestionó ni efectuó reserva de ninguna especie respecto de lo establecido en el numeral 1.7. del pliego de la segunda etapa, en general, ni del inciso 1.7.3. de aquel, en particular.   Que con referencia al pliego de bases y condiciones, dice DROMI: "Este instrumento establece las reglas específicas de cada licitación de manera tal que todas las cuestiones que eventualmente pudieran surgir deben decidirse de conformidad a sus términos. De ahí que las disposiciones establecidas en el pliego sean vinculantes para la Administración y para los concurrentes, quienes deben acatarlas fiel y rigurosamente" (DROMI, José  Roberto "Reforma del Estado y Privatizaciones" Bs. As.. 1991 Tomo 2 p. 23).   Que, siendo obligatorias para la Administración y para los oferentes las disposiciones del pliego, recordó la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION en Dictámenes 202:151, que "sobre el tema existen precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que se ha puesto de manifiesto que el voluntario sometimiento a un régimen jurídico -el Pliego de Bases y Condiciones- sin reservas expresas comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior impugnación con base constitucional (Fallos 305: 826: 307: 358 y  432: La Ley 1986-D. p. 291; 1988-B, 388:989-C. 93 y 1989-E. 593...).   Que por otra parte, la posibilidad de la Administración de dejar sin efecto la licitación en cualquier momento antes de la adjudicación, como ya se ha visto, ha sido señalada por la PROCURACION DEL TESORO en repetidas oportunidades.   Que el alto órgano asesor en Expte. 391.241/85 PRESIDENCIA DE LA NACION sostuvo: "Si del estudio de las actuaciones  se merituará la inconveniencia de continuar con el presente trámite licitatorio, el organismo licitante podrá, antes de la adjudicación, por causas fundamentadas, dejar sin efecto la licitación (Ara. inciso 77 de la Reglamentación al artículo 61 de la ley de Contabilidad aprobada por Decreto 5720/72, con la modificación introducida  por el Decreto N° 383/73) (Conf. dict. 150:112)".   Que el máximo órgano Asesor, en Dictámenes 160:462 (Expte. 556/81 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA), transcribiendo palabras de ESCOLA, dijo que la licitación "...no solo no es una oferta, sino que al contrario es un llamado, un pedido, para que los particulares formulen sus ofertas para la contratación administrativa... La administración no hace propuestas, en esta etapa, sino que las requiere"  "Esta conclusión es de gran importancia práctica y tiene directa aplicación cuando la administración  pública, habiendo efectuado un llamado a licitación, al cual se han presentado distintos oferentes, deja sin efecto la licitación. Si los particulares que concurrieron al llamado pretendieran ser compensados por los  gastos que hubieran hecho para presentarse a la licitación, tal pretensión debería serles denegada, ya que el pedido de ofertas,  como se ha dicho, no crea ningún vínculo obligatorio para la administración pública, que al dejar sin efecto el llamado en curso ejerce un derecho que le corresponde" (ESCOLA, Hector Jorge, "Tratado Integral  de los Contratos Administrativos", Bs. As. 1977 Tomo 1 P. 333 ).   Que esa es también la postura de MAIRAL  (op. cit. p. 131) y BARRA (op. cit. p. 650), quienes sostienen que en esos casos no procede indemnizar a los oferentes, porque estos al participar de la compulsa, eran sabedores de la posibilidad de que la Administración, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la dejara sin efecto: aunque reconocen, claro está, que si la revocación obedece a un vicio de legitimidad en el acto licitatorio, entonces sí, los afectados tendrían el derecho a una reparación, ya que, explica el primero de los autores citados, la situación contraria "equivaldría a una verdadera dispensa del dolo cuya prohibición por el art. 507 del Código Civil reviste jerarquía de principio general del derecho". (MAIRAL. op. cit. ps. 94/95).   Que, si por fundadas razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la Administración advierte que no es prudente seguir adelante con el trámite de la licitación que nos ocupa, puede, sin duda, y su decisión es  legitima, dejarla sin efecto.   Que la decisión debe ser fundada: porque  si bien es cierto que en el numeral 1.7.3. del Pliego correspondiente a la segunda etapa, se reconoce la facultad del COMITE a dejar sin efecto la licitación sin que tal actitud de lugar a los oferentes "a formular impugnaciones o efectuar reclamo alguno o exigir resarcimiento", eso no puede significar que se pueda dictar un acto administrativo inmotivado, porque ello importaría dispensar la exigencia contenida en el artículo 7, inciso e) de la Ley N° 19.549.   Que BARRA, luego de sostener la facultad de revocar la licitación antes de la adjudicación, afirma que tal decisión "deberá ser debidamente fundada y expresada en el acto que resuelva dar por terminado el  procedimiento" (BARRA, Rodolfo C., op.cit. p.648).  Que en el presente caso existen fundadas  razones que aconsejan dejar sin efecto el llamado a licitación.  Que el alto costo que tendría que afrontar el Estado Nacional para la materialización de la obra, de lo que da cuenta la magnitud de los créditos presupuestarios correspondientes a ejercicios futuros que el artículo 9° de la Ley N° 24.624 autorizó a comprometer al Jefe de Gabinete de Ministros, demuestra la inconveniencia, en las actuales circunstancias, de continuar con el procedimiento licitatorio.  Que lo expuesto resulta aún más claro si se repara en que se esta avanzando en el análisis de la factibilidad técnica de trasladar los Tribunales a las construcciones ubicadas en la zona de Retiro, ocupadas hoy por  la ARMADA ARGENTINA (Edificio Libertad), la FUERZA AEREA ARGENTINA (Edificio Cóndor) y la GENDARMERIA NACIONAL  (Edificio Centinela), lo que acarrearía un gasto sensiblemente menor al estimado al proyectar el emprendimiento de la Ciudad Judicial.   Que todo ello Indica que, en lugar de afrontar una obra pública cuya magnitud puede llegar a generar serias dificultades al erario público, razonables pautas de prudencia administrativa tornan aconsejable la búsqueda de obras alternativas que puedan concretarse sin riesgos financieros.   Que la política de contención y racionalización del gasto público en la que esta empeñado el Gobierno Nacional para poder asignar los limitados recursos con que cuentan para satisfacer las necesidades prioritarias, evidencia que si la necesidad de conseguir un sitio apropiado, para albergar a la totalidad de los Tribunales Nacionales y Federales con sede en la Ciudad de Buenos Aires, excepto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, puede satisfacerse con un costo ínfimo, comparado con el que importaría la construcción de la Ciudad Judicial, es apropiado y legitimo optar por el procedimiento que signifique la menor erogación para las arcas fiscales.   Que los oferentes han renunciado a impugnar la decisión revocatoria de la compulsa y a exigir cualquier resarcimiento fundado en ella (numeral 1.7.3.); aceptando (numeral 1.7.1.) las reglas que rigen la licitación.   Que no obraría de buena fe el postulante que luego de haber aceptado incondicionalmente la totalidad de las normas que rigen la compulsa, consignadas en el pliego, impugnara lo estipulado, que es la ley de ese procedimiento al que adhirió; y, volviendo sobre sus actos anteriores, desconociera lo acordado, en virtud de lo cual el ente licitante obro en consecuencia, confiado en la conducta que hasta entonces habían adoptado los oferentes.   Que tal actitud, estaría, por tanto, también reñida con el principio que inspira a la doctrina de los actos propios   Que el principio de la buena fe, como la teoría de los actos propios, no solo rigen en el ámbito del derecho privado, sino también, y con igual fuerza, en la órbita del derecho administrativo.   Que ha dicho la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, en efecto, que "...resulta decisivo subrayar que el principio cardinal de la buena fe rige por igual en el campo del derecho privado y en el del derecho público, por lo que carece de todo asidero pretender retacear su vigencia en el ámbito de este último" (ALMACENAJES DEL PLATA S.A C. c/ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/daños y perjuicios Fallos 311: 2385).   Que, en el ya citado caso "DULCAMARA" (Fallos 313: 376), dijo el alto Tribunal que "...es menester recordar que es reiterada, jurisprudencia de esta Corte que los contratos deben celebrarse, Interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, principios aplicables al ámbito de los contratos administrativos". En igual sentido, en "CINPLAST" S.A. c/ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), se expidió el Tribunal el 2/3/93.   Que en Fallos 311: 971, en el caso "JUANIVARIA DE VIDO E HIJOS S.C.A. c / DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/nulidad de resolución", sentenciado el 9/06/88, la Corte hizo un expreso reconocimiento de la teoría de los actos propios; en esa oportunidad. manifestó: "...es dable exigir a las partes un comportamiento coherente areno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en el otro contratante".   Que en el numeral 1.7. del pliego correspondiente a la segunda etapa, se estableció una verdadera renuncia de derechos; y, más concretamente, una remisión de deuda, en favor del licitante, que fue aceptada, sin objeción alguna, por los postulantes.   Que el artículo 868 del CODIGO CIVIL dice: "Toda persona capaz de dar o recibir a titulo gratuito, puede hacer o aceptar la renuncia gratuita de una obligación. Hecha y aceptada la renuncia gratuita la obligación queda extinguida".   Que este instituto que es definido por BORDA como la declaración de voluntad por la cual una persona abandona un derecho y lo da por extinguido" (BORDA, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil" Obligaciones I Bs. As. 1994 p. 669), puede comprender, según lo dispone el articulo 872 del citado Código, todos los derechos establecidos en interés particular, "aunque sean eventuales o condicionales: pero no a los derechos concedidos, menos en el interés particular de las personas, que en mira del orden público, los cuales no son susceptibles de ser objeto de una renuncia".   Que ese precepto, concuerda con lo normado en el artículo 21 del mismo cuerpo legal, en cuanto veda las convenciones que dejen sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres.  Que los derechos de que aquí se trata no afectan al orden público, porque son los que hacen al interés exclusivo de los oferentes, y están comprendidos dentro del concepto del artículo 872, porque este abarca incluso a los condicionales que son, como lo enseña LLAMBIAS, aquellos "cuya existencia o cesación dependen de un acontecimiento futuro e incierto, ajeno a las partes, o que es discrecional, para ellas, efectuar o no" (LLAMBIAS, Jorge Joaquín, "Código Civil Anotado" Bs. As. 1979 tomo II-A p. 864).   Que debe recordarse, además. que la jurisprudencia ha considerado que el artículo 872 del CODIGO CIVIL es una norma general, aplicable también en materia de Derecho Administrativo (Cam. Civil, Sala B. La Ley 94-713).  Que lo expuesto en este aspecto, confirma la validez de lo establecido en el numeral 1.7. del pliego correspondiente a la segunda etapa, que constituye una cláusula legitima; entendiendo por legitimidad, como lo explica MAIRAL, la conformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico. Se trata, pues, de una conclusión a la que se llega luego de analizar el acto desde el punto de vista Jurídico (MAIRAL, Hector A. "Control Judicial de la Administración Pública". Bs. As., 1984 Volumen II U ps. 643 y 644).  Que la legalidad del contenido del numeral 1.7., no deriva tan solo de la presunción contenida en el artículo 12 de la Ley N° 19.549, sino, y fundamentalmente, por que, utilizando palabras de ESCOLA, participa de "la cualidad de aquello que es con forme a la ley, entendida esta en su sentido mas amplio y material" (ESCOLA. Hector Jorge "Legalidad, Eficacia y Poder Judicial Bs. As. 1997, p. 37).   Que análogas conclusiones pueden extraer se respecto de los intervinientes en la primera etapa de la licitación, la que establecía en el numeral 8.4. que "El único derecho emergente de la PRECALIFICACION será el de presentar ofertas en la siguiente etapa de esta LICITACION, no implicando el hecho de la PRECALIFICACION compromiso alguno de presentar ofertas en la segunda etapa.  Que el COMITE es competente para dejar sin efecto la licitación, porque así lo establece, expresamente, el numeral 1.7.3 del pliego correspondiente a la segunda etapa.  Que esa decisión puede ser adoptada, así mismo, por el señor Presidente de la Nación, en su calidad de titular del PODER EJECUTIVO, Jefe Supremo de la Nación, Jefe del Gobierno y responsable político de administración general del país (art. 87 y 99, inc. 1) de la CONSTITUCION NACIONAL).  Que al respecto, debe tenerse presente que, en el Capitulo 1, numeral 1.1. del pliego de la segunda etapa, se expresa que "La Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.. por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL ARGENTINO convoca a los PRECALIFICADOS en la primera etapa de esta LICITACION a presentar OFERTA para el DESA RROLLO DEL CENTRO JUDICIAL, con el objeto de seleccionar al OFERENTE PRECALIFICADO que tendrá a su cargo el proyecto, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento del complejo edilicio correspondiente al programa denominado Ciudad Judicial.  Que lo manifestado en el numeral 1.1.. no consistió en la expresión unilateral de la Corporación, porque el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a través de la Decisión Administrativa N° 102/96, aprobó el pliego de la segunda etapa, y el señor Presidente de la Nación dicto el Decreto N° 369/96, por el que convoco a los precalificados en la primera, a presentar las ofertas correspondientes a la segunda etapa del desarrollo del Centro Judicial.  Que ello estaba evidenciando que, efectivamente, la Corporación actuaba "por cuenta y orden" del Estado Nacional, y que, por lo tanto, era este y no aquella, quien convocaba a la compulsa.  Que fue el PODER EJECUTIVO NACIONAL el que, mediante el Decreto N° 1801 /93, creo la COMISION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL (CIEJNF) y le encomendó la elaboración del Proyecto destinado a materializar la Ciudad Judicial. También fue el PODER EJECUTIVO NACIONAL el que aprobó por el Decreto N° 929/94, el Convenio celebrado el 23 de marzo de 1994, entre la "Comisión" y la "Corporación", en el que se encargaba a esta ultima, la realización del emprendimiento.  Que fue también un decreto -Decreto N° 1071/94-, el que aprobó el pliego correspondiente a la primera etapa, en cuyo numeral 1.1. se decía que la Corporación Antiguo Puerto Madero intervenía "por cuenta y orden del PODER EJECUTIVO NACIONAL".  Que nada impide, pues, que el Estado Nacional, a través de un decreto del PODER EJECUTIVO, deje sin efecto la licitación, a la que llamo en su momento.  Que ha tomado la Intervención que le compete el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE JUSTICIA.  Que el presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 99. inciso 1) de la CONSTITUCION NACIONAL 51 de la Ley N° 24.764 y conforme a lo previsto en el artículo 6° del Decreto N° 977 del 6 de julio de 1995.  Por ello,  EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA   DECRETA:  Artículo 1°.-Dejase sin efecto el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción y explotación de un complejo urbanístico integrado, con capacidad para albergar a la totalidad de los Tribunales Nacionales y Federales con sede en la CIUDAD DE BUENOS AIRES, con excepción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, originado en los Decretos Nros. 1801/93, 929/94, 1071/94, 369/96 y en la Decisión Administrativa N° 102/96.   Art. 2°.-Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-MENEM.-Jorge A. Rodríguez.- Raúl E. Granillo Ocampo.