Resolución   92 / 2022
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Fecha de publicación: 2022-03-14

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS  Resolución 92/2022  RESOL-2022-92-APN-DIRECTORIO#ENARGAS  Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2022  VISTO el Expediente Nº EX-2022-17378222- -APN-GDYE#ENARGAS, la Ley N° 24.076 y su Decreto Reglamentario, la Ley Nº 27.541, los Decretos N° 278/20, N° 1020/20 y 871/21; y  CONSIDERANDO:  Que por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades comprendidas en dicha norma conforme lo dispuesto en el Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en los términos del mismo.  Que en su Artículo 2° se establecieron las bases de la delegación, siendo de señalar el inciso b) en cuanto dispone respecto del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la de “Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.  Que mediante el Artículo 5° del Título III “Sistema Energético” de la citada Ley, se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por un lado, a mantener las tarifas de gas natural y, a título de alternativa, iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de la Ley Nº 24.076 y demás normas concordantes, a partir de su vigencia, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, conforme lo allí establecido.  Que, a su vez, por el Artículo 6º se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a intervenir administrativamente el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), por el término de UN (1) año; lo que fue dispuesto por Decreto N° 278/20 y posteriormente prorrogado por Decretos N° 1020/20 y N° 871/21, incluyendo mandas y designaciones.  Que a través del citado Decreto N° 278/20, se asignaron funciones específicas a la Intervención en cuanto se le encomendó –además de las funciones de gobierno y administración establecidas en la Ley N° 24.076- “aquellas asignadas en el presente decreto, que sean necesarias para llevar a cabo todas las acciones conducentes a la realización de los objetivos previstos en el artículo 5° de la Ley N° 27.541”.  Que, particularmente, el Artículo 5º del citado Decreto estableció, expresamente, el deber de la Intervención de “realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor deberá informar al PODER EJECUTIVO NACIONAL, los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante, aportándose la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar”.  Que, en tal orden y respecto de lo encomendado, en lo que atañe a la selección de la alternativa por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el ENARGAS le remitió en tiempo y forma los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante de acuerdo con lo allí ordenado, sugiriendo optar por la alternativa de iniciar el proceso de renegociación respectivo.  Que esta Intervención comunicó, en cumplimiento de la manda establecida por el Decreto N° 278/20, al PODER EJECUTIVO NACIONAL por conducto de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la NACIÓN (NO-2020-80643683-APN-DIRECTORIO#ENARGAS) que sobre REDENGAS S.A. (en adelante e indistintamente “REDENGAS”, la “Prestadora” o el “Subdistribuidor”)ocurría una peculiar situación regulatoria.  Que REDENGAS es un subdistribuidor autorizado por esta Autoridad Regulatoria para prestar el servicio público de distribución de gas natural en la localidad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en los términos de la Resolución ENARGAS N° 35/93 y, particularmente, conforme lo dispuesto en la Resolución ENARGAS N° 8 del 23 de febrero de 1994.  Que, la Revisión Tarifaria de dicha Prestadora no había obedecido a la instancia de renegociación de las licencias, de la que carece, sino que se había considerado el numeral 9.5.1.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (RBLD) aprobadas por Decreto Nº 2255/92 y modificatorias, conforme lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución ENARGAS N° 8/94; a instancias de la Resolución N° 130/16, en la que el entonces Ministerio de Energía y Minería de la Nación le hizo saber a REDENGAS que podía solicitar al ENARGAS la Revisión Tarifaria que correspondiera con sustento en el numeral ya citado.  Que por esa razón, aun cuando no resultaban aplicables a REDENGAS los Artículos 8° y 9° de la Ley N° 25.561, se la consideró incluida dentro del proceso de revisión respectivo y llevado adelante por el ENARGAS, y dentro de los parámetros de análisis mandatorios del Decreto N° 278/20.  Que en consecuencia, según lo remitido por esta Autoridad Regulatoria y los análisis que tuvieron lugar, el PODER EJECUTIVO NACIONAL emitió el Decreto N° 1020/20, en cuyos considerandos sostuvo que la reestructuración tarifaria ordenada por la Ley N° 27.541 “en el contexto actual, se concilia con la selección de la alternativa que ofrece el artículo 5° de dicha ley de llevar adelante una renegociación de las revisiones tarifarias integrales vigentes, habiéndose demostrado como un hecho de la realidad que las tarifas de ambos servicios no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por (…) el ENARGAS”.  Que dicho Decreto determina, en su Artículo 1º el inicio de la renegociación de la RTI en los términos allí dispuestos a las Licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en el marco de lo establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº 27.541 citada.  Que, como se ha expuesto, si bien en el caso de REDENGAS no correspondía referirse a una Revisión Tarifaria (RT) de tipo “integral” puede observarse que su RT se hallaba intrínsecamente relacionada con las RTI de las Licenciatarias, a la par que se utilizaron parámetros equivalentes en su realización. Con ello, la RT de REDENGAS corre la misma suerte que las Revisiones Tarifarias “Integrales” a las que hace referencia el Artículo 5º de la Ley Nº 27.541.  Que, de tal modo y de forma consecuente con las recomendaciones efectuadas por esta Intervención al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en ejercicio de las mandas conferidas por el Decreto N° 278/20, mediante Resolución N° RESOL-2021-160-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, se estableció, con los alcances determinados en dicho acto y en los términos del Decreto N° 1020/20, la suspensión de la Resolución ENARGAS Nº I-4364/2017 (B.O. 03/04/2017) y sus rectificatorias, hasta la aprobación de la RT definitiva de REDENGAS atento existir razones de interés público (Artículo 2°).  Que asimismo este Organismo dispuso que en los términos acordados para las Licenciatarias, REDENGAS será pasible de un recálculo tarifario durante el período de transición, en caso de que surja pertinente de los análisis respectivos.  Que respecto de tales análisis conviene resaltar que en el Decreto N° 1020/20 se ha indicado que en el marco de la renegociación, resulta conveniente establecer un Régimen Tarifario de Transición (RTT) como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las prestadoras, debiendo tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales.  Que en el Decreto citado, también se expuso que esa “medida resulta la mejor alternativa para la finalidad pretendida, por ser proporcional a lo que ha sido encomendado a este PODER EJECUTIVO NACIONAL y resultar, a la vez, la que mejor preserva los derechos de las partes y de los usuarios y las usuarias del servicio, así como aquellos y aquellas potenciales que aún no se encuentren conectados a las redes”; y que “la selección de la presente alternativa de renegociación dará por inaugurado un nuevo período tarifario con tarifas justas y razonables, accesibles y asequibles, en los términos antes indicados”, considerando el marco regulatorio.  Que, como se ha dicho, a REDENGAS no le corresponde una renegociación de una Licencia, ya que carece de una y, como ya fuera dicho, sólo posee una autorización en carácter de subdistribuidor, no habiéndose efectuado para este último una RTI, ni suscripto Acta Acuerdo de ningún tipo.  Que, no obstante, la mencionada Resolución N° RESOL-2021-160-APN-DIRECTORIO#ENARGAS preveía que: “Asimismo, y en los términos acordados para las Licenciatarias será pasible de un recálculo tarifario durante el período de transición, en caso de que surja pertinente de los análisis respectivos” (Artículo 2°, última parte).  Que, además, mediante dicha Resolución se aprobaron para REDENGAS los correspondientes Cuadros Tarifarios de Transición (Artículo 3°); y el Cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales de Transición (Artículo 4°).  Que, atento lo expuesto, en los Considerandos anteriores, se percibe claramente que no le es extraño a REDENGAS, en cuanto a su aplicabilidad, el cuerpo normativo a analizar en lo que sigue; de allí la atinencia en su desarrollo atento la correlatividad entre los procedimientos de RTI de las Licenciatarias y la RT de REDENGAS, amén de sus diferencias específicas.  Que, en tal sentido, con carácter previo a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios de transición tanto para las Licenciatarias como para REDENGAS, esta Autoridad Regulatoria entendió oportuno y conveniente escuchar activamente a los usuarios y a las usuarias y todo otro interesado, a fin de poder contemplar sus consideraciones antes de la emisión de los cuadros tarifarios correspondientes.  Que, en efecto, en función de lo establecido en el Decreto N° 1020/20 se ha reiterado que la participación de los usuarios y las usuarias con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información “adecuada y veraz” y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno, que otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y la usuaria y disminuye las estadísticas de litigiosidad sobre las medidas que se adoptan (conforme Artículos 1° y 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, asimismo Fallos 339:1077).  Que tal como lo ha expresado nuestra Corte Suprema de Justicia, en Fallos 339:1077, Considerando 18 del voto de la mayoría: “…en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida (…) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.  Que, en términos explícitos, el Artículo 8° del Decreto N° 1020/20 determinó que debían aplicarse mecanismos que posibiliten la participación ciudadana, conforme las previsiones del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado por el Decreto N° 1172/03 o bien el régimen propio de participación que el Ente Regulador disponga conforme su normativa vigente.  Que se ha utilizado el “Procedimiento de Audiencias Públicas” que como ANEXO I integra la Resolución ENARGAS Nº I-4089/16, siendo en consecuencia la norma aplicable a los supuestos de estos actuados en razón de la materia.  Que dicha instancia de participación ciudadana es lo que mejor se compadece, además de estar previsto normativamente por el mencionado Decreto Nº 1020/20, con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos ya citados “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” del 18 de agosto de 2016, dónde se sostuvo -cabe reiterar- “La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información “adecuada y veraz” (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno (artículo 1°, CONSTITUCIÓN NACIONAL). Asimismo, otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y disminuye las estadísticas de litigación judicial sobre las medidas que se adoptan” (Considerando 18° del voto mayoritario - Fallos: 339:1077).  Que, en razón de lo expuesto, se decidió a través de la Resolución N° RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS (EX-2021-123837350- -APN-GAL#ENARGAS) convocar a Audiencia Pública con el objeto de poner a consideración, en lo que aquí interesa, la adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de distribución de gas por redes (conf. Decreto N° 1020/20), en la cual se incluyó expresamente a REDENGAS.  Que por el Artículo 7º de la Resolución citada en el considerando anterior se estableció que las Licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y REDENGAS, debían, a efectos de su pertinente publicidad, presentar ante esta Autoridad Regulatoria, hasta la fecha allí establecida, los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, así como la información de sustento de los mismos que permita poner a conocimiento de la ciudadanía, usuarios y usuarias, el contenido propuesto para la adecuación transitoria de las tarifas bajo el RTT, considerando para ello expresamente los parámetros y disposiciones que surgen del Decreto N° 1020/20; conforme surge de dicho Decreto y del Punto 10.2 de su Anexo I.  Que la información requerida fue presentada por REDENGAS en el Expediente N° EX-2021-123837350- -APN-GAL#ENARGAS y durante el desarrollo de la Audiencia Pública citada efectuó las manifestaciones que entendió corresponder.  Que en lo que atañe a sus presentaciones, mediante Actuación N° IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS, REDENGAS hizo referencia a la necesidad de recomposición tarifaria, con tarifas de transición que permitan mantener el sistema en condiciones de seguridad y confiabilidad; asegurar la continuidad del abastecimiento; hacer frente a los gastos de operación y mantenimiento asociados; a la vez que concluyó que “los cuadros propuestos (…) se corresponden con el requerimiento de ingresos mínimo necesario para prestar el servicio en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad del servicio público a nuestro cargo”.  Que en prieta síntesis y como también surge del material de consulta puesto a disposición por el ENARGAS, las pretensiones de REDENGAS en materia tarifaria surgieron de aplicar el IPIM a las tarifas desde abril de 2019 hasta febrero de 2022; lo que arrojaría una variación estimada del 232,2% sobre las tarifas vigentes. Asimismo, solicitó el otorgamiento de una compensación económica capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y la aprobada.  Que, cumplida la participación ciudadana, por Resolución N° RESOL-2022-29-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se resolvió declarar la validez de la Audiencia Pública N° 102 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas mediante Resolución N° RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS por haberse respetado todas las normas procedimentales y sustantivas que regularon el particular; rechazándose las manifestaciones adversas expuestas en tal sentido, conforme se explicitó en los considerandos de dicho acto (Artículo 1°); y se hizo saber que la aprobación de los cuadros tarifarios de Transporte y Distribución, y de Tasas y Cargos correspondientes, sobre la Adecuación Transitoria de Tarifas objeto de la Audiencia se emitirían sujeto al cumplimiento del procedimiento previsto en los artículos pertinentes del Decreto Nº 1020/20 (Artículo 2°).  Que no es menor indicar que mediante la citada Resolución N° RESOL-2022-29-APN-DIRECTORIO#ENARGAS se ponderaron las exposiciones e intervenciones tanto desde el punto de vista económico, como jurídico de los interesados, tanto de aquellos que participaron oralmente por la plataforma habilitada al efecto, como las de aquellos que lo hicieron mediante presentaciones individuales por escrito.  Que, en lo que concierne a los aspectos técnico económicos, cabe indicar que se explicita que, producto de la Emergencia Energética y Tarifaria declarada por la Ley N° 27.541, los cuadros tarifarios aprobados en abril de 2019 se mantuvieron inalterados durante todo el año 2020 y que de no haberse sancionado la Emergencia, ni las suspensiones establecidas por el Decreto N° 1020/20, “las facturas promedio para el mes de octubre de 2021 se habrían ubicado 169% por encima de los cuadros tarifarios de abril de 2019. Entre enero de 2016 y octubre de 2021, el incremento hubiera acumulado 2.978%”.  Que los cuadros tarifarios que tuvieron lugar luego de los ACUERDOS ratificados por Decreto N° 354/21 (todo ello en el marco del Decreto N° 1020/20 que suspendió las RTI en renegociación) implicaron una actualización que se estima en promedio del 6% en las facturas residenciales respecto de los cuadros tarifarios de abril de 2019; a la vez que con la Ley N° 27.637 de Régimen de Zona Fría - modificatoria de la Ley N° 25.565- entre abril de 2019 y octubre de 2021 la factura promedio de los usuarios residenciales habría disminuido un 13% en términos nominales.  Que, asimismo, el recálculo previsto en las ADENDAS celebradas con las Licenciatarias de Distribución (y ratificadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL) implica un incremento porcentual de la factura promedio total país estimada del orden del 20% para la categoría Residencial y del orden del 14% para la categoría Servicio General P, incrementos estos que, aun considerando la situación socioeconómica actual, y tal lo indicado por el Decreto Nº 1020/20 constituyen una adecuada solución de coyuntura, contribuyendo así a la continuidad de la normal prestación del servicio público.  Que, a su turno, respecto de las Tasas y Cargos por Servicios, es razonable que coincida con el incremento previsto para el cargo fijo de la categoría Residencial, en tanto representa una marcada mayoría de la estructura de usuarios de las Licenciatarias.  Que, en lo que atañe a lo previsto para las categorías GNC, Servicio General G y las distintas categorías de Grandes Usuarios, los ajustes son menores a las variaciones considerando lo ocurrido desde abril de 2019 ya que como estas categorías tarifarias se encuentran normativamente impedidas de adquirir el gas natural de la distribuidora, la participación de estos componentes (transporte y distribución) resulta menor con relación a las categorías con servicio completo, por lo cual exhiben menores incidencias de los componentes de distribución y transporte en sus erogaciones totales para la contratación de los tres componentes del servicio final.  Que, en virtud de ello, la sumatoria de los ajustes previstos en el recálculo de los componentes de distribución y transporte, implica incrementos porcentuales promedio similares a los que se obtienen para las categorías Residencial y SGP.  Que el régimen tarifario transitorio que se está llevando adelante por el ENARGAS se presenta de esta manera como una decisión razonable y proporcional con relación al objetivo final perseguido. Esto es, garantizar la continuidad y accesibilidad a servicios públicos esenciales mientras dura la emergencia económica y sanitaria, y se lleva adelante el trabajo necesario para concluir con la renegociación de las revisiones tarifarias integrales conforme Decreto 1020/2020.  Que, por otro lado, en lo que hace a la determinación de una tarifa de transición, esta debe respetar el principio de razonabilidad, el cual asume un perfil particular en el caso de una determinación transitoria como la actual en el contexto de crisis sanitaria y socioeconómica que atraviesa el país. En este sentido, la razonabilidad de la tarifa transitoria debe medirse, principalmente, en términos de su capacidad de asegurar el acceso al grupo de usuarios y usuarias al servicio y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad y calidad del servicio.  Que la participación de usuarias y usuarios en la Audiencia Pública N° 102 aportó valiosos elementos de juicio que concurren, como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el citado precedente “CEPIS”, siendo que la mejor forma de traducir ese principio de razonabilidad en el marco de un régimen tarifario transitorio en un contexto como el de la Argentina a inicios del año 2022 es operativizando otros dos principios centrales en la materia: gradualidad y progresividad.  Que todo reajuste tarifario, más allá de su vigencia transitoria o no, debe incorporar como condición de validez jurídica la protección de los intereses económicos como garantía contenida en el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que se manifiesta en gradualidad como expresión concreta del principio de razonabilidad, siendo que el enfoque sobre el contenido mínimo esencial de los derechos socioeconómicos apunta a reconocer la existencia de un umbral básico que todo Estado debe garantizar en orden a la supervivencia humana.  Que una eventual postergación de una adecuación tarifaria transitoria, es decir, la demora en instrumentarlo, podría afectar la continuidad del servicio público en cuanto tal, siendo este uno de los caracteres del mismo, y tal cual ha sido demostrado por las unidades técnicas intervinientes.  Que tal cual consta en el Expediente del VISTO el carácter cautelar de la nueva tarifa de transición se expresa en un doble orden. Por un lado, en tanto permitirá garantizar la accesibilidad al servicio por parte de usuarios y usuarias actuales y futuros, a través de una adecuación tarifaria que tenga el menor impacto económico posible sobre las economías familiares. Por otro lado, permitirá a REDENGAS mejorar sus ingresos en aras a mantener la continuidad del servicio compatible con la seguridad del abastecimiento (Artículo 38, Ley Nº 24.076).  Que no debe dejar de recordarse el carácter tuitivo del usuario y la usuaria en los términos del Artículo 42 de la Constitución Nacional y que, a nivel infra constitucional, apuntan, v. gr., la Ley N° 24.076, que en su Artículo 2°, inciso a, el cual dispone como función del Ente Regulador la de “Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores”.  Que con ello al momento de determinar la tarifa en concreto hay un cúmulo de consideraciones que el Regulador debe ponderar; vale decir la tarifa debe ser justa y razonable, pero ello debe ser sopesado con el carácter de derecho social del servicio público que remunera y los “intereses económicos” en términos constitucionales de los usuarios y las usuarias.  Que la tarifa sea justa y razonable surge de la Ley N° 24.076, que en su Artículo 2°, inciso “d”, dispone “Fíjanse los siguientes objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural. Los mismos serán ejecutados y controlados por el Ente Nacional Regulador del Gas que se crea por el artículo 50 de la presente ley (…) d) Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente ley”.  Que, además, el Artículo 38 señala que “Los servicios prestados por los transportistas y distribuidores serán ofrecidos a tarifas que se ajustarán a los siguientes principios: a) Proveer a los transportistas y distribuidores que operen en forma económica y prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable, según se determina en el siguiente artículo (…) d) Sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos precedentes, asegurarán el mínimo costo para los consumidores compatible con la seguridad del abastecimiento”.  Que también, a esos fines, debe ser convocado el Artículo 39 en cuanto señala que “A los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad a aquellas empresas que operen con eficiencia, las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberán contemplar: a) Que dicha rentabilidad sea similar a la de otras actividades de riesgo equiparable o comparable; b) Que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los servicios”.  Que con todo aquello, no es menor entonces recordar que la Ley N° 27.541 cuando fijó las bases de la delegación, en el Artículo 2°, estableció que una de esas pautas es reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos.  Que nuestro Máximo Tribunal en “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” del 18 de agosto de 2016 (Fallos: 339:1077) manifestó que la mencionada atribución tiene en miras consideraciones de interés público, tales como asegurar la prestación del servicio en condiciones regulares y la protección del usuario, destacando, asimismo, que la autoridad del Estado concedente no se detiene en el momento del otorgamiento de la concesión y, por ello, resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas y, en su caso, de la necesidad de su modificación (Considerando 27 del voto de la mayoría).  Que en esa línea agregó que todo reajuste tarifario, debe incorporar como condición de validez jurídica –conforme con la previsión constitucional que consagra el derecho de los usuarios a la protección de sus “intereses económicos” (Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL)– el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad. En efecto, manifestó que la aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar (Considerando 32 del voto de la mayoría).  Que, en el Considerando 33 del voto de la mayoría, y como síntesis de lo expuesto, manifestó que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de “confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.  Que todo aquello se vincula con la caracterización del servicio público como derecho social, vinculando al Estado no solo con los prestadores del servicio, sino también con los usuarios y las usuarias, particularmente con la referida -oportunamente en el presente dictamen- reforma constitucional de 1994.  Que no puede pasarse por alto, además, que el Decreto N° 1020/20 insertó dicha medida en un cúmulo de acciones encaradas en este contexto de pandemia, “dentro de las políticas públicas destinadas a morigerar el impacto de la pandemia y garantizar el acceso a servicios esenciales que resultan instrumentales para la consagración del derecho a una vivienda digna”.  Que el Artículo XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ostenta jerarquía constitucional como lo establece el Artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que toda persona debe pagar para el sostenimiento de los servicios públicos. Que todo lo anterior requiere una hermenéutica coherente con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, aprobado por la Ley N° 24.658, que establece en su Artículo 11.1 que: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.  Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en su Artículo 25, que: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...”.  Que en efecto, ha quedado demostrado que se imponen al Estado una serie de deberes y obligaciones respecto de los servicios públicos, que no habrán únicamente de ser interpretados desde la clásica noción meramente contractual; en particular, dado lo ordenado por el Decreto N° 1020/20 respecto de la situación de aquellos servicios públicos de transporte y distribución de gas, en el sentido de que “la declaración de emergencia pública en materia energética y tarifaria que ha realizado el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN denota la gravedad de la situación planteada, en tanto las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, razonables y asequibles en los términos de lo establecido por las Leyes Nros. 24.065 y 24.076”.  Que, como puede observarse, ha sido voluntad concreta del concedente del servicio público en cuestión (PODER EJECUTIVO NACIONAL), el haber contemplado la posibilidad de instancias de adecuaciones tarifarias temporales, circunstanciadas y limitadas en el tiempo, de carácter tuitivo y cautelar, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público mientras dura el proceso de renegociación de la RTI en los términos previstos, tal lo que surge, además, del Artículo 3 “in fine” del mentado Decreto.  Que, con todo ello se está ante una norma que teleológicamente dispone la posibilidad de adecuaciones transitorias de tarifas, bien que, con estrictas condiciones de procedencia, en resguardo de la continuidad en la prestación del servicio público; es decir medidas que son directamente tuitivas de la prestación del servicio en cuanto tal.  Que respecto de REDENGAS, le corresponde también –como prestadora del servicio público de distribución de gas– un recálculo en el marco del Régimen Tarifario de Transición, pero ya no en el marco de una renegociación de una Licencia (que, como se ha expuesto, no tiene), sino en el marco de lo dispuesto en el punto 9.5.1.2 de las RBLD, que le es aplicable conforme ya lo explicado anteriormente, en virtud del Artículo 4° de la Resolución ENARGAS N° 8/94 y conforme el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2021-160-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.  Que corresponde entonces proceder a aprobar nuevos cuadros tarifarios para REDENGAS de conformidad con los ajustes establecidos por categoría y componente de la tarifa correspondientes a las Licenciatarias del servicio público de distribución (cargo fijo y cargo por m3) establecidos en las Adendas a los Acuerdos Transitorios de Renegociación y ratificadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, sobre las tarifas incluidas en los últimos cuadros tarifarios aprobados de la Prestadora; y dados los cuadros tarifarios transitorios de transporte, proceder al traslado de lo allí expresado a la tarifa final de aquella.  Que expuesto todo lo que antecede y las participaciones correspondientes, según las normas aplicables, los cuadros tarifarios que se aprueban por medio del presente son el resultado final de esta adecuación transitoria.  Que los mismos contemplan para el caso de las Entidades de Bien Público, lo establecido por la Ley N° 27.218 que instituye un Régimen Tarifario Específico de Servicios Públicos y regula las condiciones exigidas para la aplicación de dicha categoría tarifaria, sus beneficiarios y el alcance del beneficio. Asimismo, lo establecido por la Resolución N° 146 de la ex Secretaría de Gobierno de Energía, del 28 de marzo de 2019, en cuanto a la estructura tarifaria que corresponde aplicar.  Que, asimismo, en los Cuadros Tarifarios que se aprueban en esta oportunidad, se indica que deberán aplicarse a los Clubes de Barrio y de Pueblo, y a las Empresas Recuperadas y las Cooperativas de Trabajo los beneficios previstos en la Resolución N° RESOL-2021-992-APN-SE#MEC y sus eventuales modificatorias.  Que, con relación al régimen de la Tarifa Social creado por la Resolución Nº 28 del ex Ministerio de Energía y Minería del 28 de marzo de 2016, cabe señalar que se encuentra actualmente vigente la Resolución Nº RESOL-2018-14-APN-SGE#MHA (en particular, su Artículo 2º).  Que, en consecuencia, habiéndose cumplido todos los procedimientos previstos en la normativa aplicable se emiten mediante la presente Resolución los cuadros tarifarios correspondientes a la adecuación tarifaria de transición para REDENGAS.  Que, los Cuadros Tarifarios y el Cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales deberán ser publicados por REDENGAS en un diario de gran circulación de su zona de servicio, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución que los apruebe; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N° 24.076.  Que, al respecto, esta Autoridad Regulatoria ya ha permitido que las Licenciatarias de Transporte y Distribución y REDENGAS publiquen sus respectivos Cuadros Tarifarios en medios gráficos y/o digitales de gran circulación, siempre y cuando se publiquen de manera completa, y el alcance de la publicación sea suficientemente amplio de modo tal que permita la difusión de la información -de manera adecuada y veraz- asegurando los derechos de los usuarios.  Que ha tomado intervención de su competencia el Servicio Jurídico Permanente del ENARGAS.  Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 27.541, el Artículo 52 inciso f) de la Ley N° 24.076, y los Decretos N° 278/20, 1020/2020 y N° 871/21.  Por ello,  EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS  RESUELVE:  ARTÍCULO 1°: Aprobar los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar por REDENGAS S.A., con vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, incluidos en el Anexo (IF-2022-22824492-APN-GDYE#ENARGAS) que forma parte de la presente.  ARTICULO 2°: Aprobar el Cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales de Transición, incluido en el Anexo (IF-2022-22824492-APN-GDYE#ENARGAS) que forma parte del presente acto, y a aplicar por REDENGAS S.A. a partir del día establecido en el ARTICULO 1° precedente, el que deberá ser exhibido en cada punto de atención de la Prestadora, incluyendo su página web.  ARTICULO 3°: Disponer que los Cuadros Tarifarios y el Cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales que forman parte de la presente Resolución deberán ser publicados por REDENGAS S.A. en un diario gráfico y/o digital de gran circulación de su zona de servicio, día por medio durante por lo menos TRES (3) días dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente; conforme lo dispuesto por el Artículo 44 in fine de la Ley N° 24.076 y en los Considerandos de la presente.  ARTICULO 4°: Ordenar que para el caso de que la entrada en vigencia de la presente Resolución se produzca durante el transcurso de un período de facturación, será de aplicación lo dispuesto en el Punto 14 (k) del Reglamento de Servicio de Distribución, aprobado por Decreto N° 2255/92 (T.O. Resolución ENARGAS N° I 4313/17 y sus modificatorias).  ARTÍCULO 5°: Notificar a REDENGAS S.A. en los términos del Artículo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017);  ARTÍCULO 6°: Registrar; comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.  Federico Bernal  NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-  e. 14/03/2022 N° 14224/22 v. 14/03/2022  (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: Anexos)