Decreto Reglamentario 646 / 2025
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Fecha de publicación: 2025-09-11

PODER EJECUTIVO  Decreto 646/2025  DECTO-2025-646-APN-PTE - Apruébase la Reglamentación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165.  Ciudad de Buenos Aires, 10/09/2025  VISTO el Expediente Nº EX-2024-110428603-APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 15.869 y su modificatoria, 17.468 y 26.165 y sus modificaciones y los Decretos Nros. 251 del 2 de febrero de 1990, 942 del 18 de diciembre de 1995 y 102 del 7 de febrero de 2007, y  CONSIDERANDO:  Que a través de la sanción de la Ley N° 15.869 y su modificatoria la REPÚBLICA ARGENTINA adhirió a la CONVENCIÓN RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS, suscripta en la ciudad de Ginebra, CONFEDERACIÓN SUIZA, el 28 de julio de 1951.  Que, asimismo, a través de la sanción de la Ley N° 17.468, la REPÚBLICA ARGENTINA adhirió al PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS, el cual fue suscripto en la ciudad de Nueva York, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 31 de enero de 1967.  Que en consonancia con las disposiciones internacionales citadas, se sancionó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nº 26.165 en materia de protección de solicitantes del estatuto de refugiados y de aquellos ya reconocidos como tales en la REPÚBLICA ARGENTINA.  Que el compromiso de la REPÚBLICA ARGENTINA de brindar protección internacional a quienes así lo requieren es de carácter permanente y se ha fortalecido con este marco jurídico, en el contexto de los constantes desafíos globales y regionales que se presentan en materia de desplazamiento y protección de refugiados.  Que la citada Ley N° 26.165 y sus modificaciones protege a las personas que se han visto obligadas a huir de su país de nacionalidad o de residencia habitual, por razones de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan alterado gravemente el orden público o que hubieren sido víctimas de abusos y graves violaciones de derechos humanos, conflictos armados y otros actos de agresión y violencia, y no pueden o no desean acogerse a la protección de sus propios gobiernos por temor a la persecución, que pone en riesgo su vida, seguridad o libertad o las de sus familiares.  Que la citada ley en su artículo 49 recoge el principio de que el reconocimiento de la condición de refugiado por parte del ESTADO NACIONAL es un acto declarativo humanitario e imparcial.  Que la citada Ley Nº 26.165 acogió la valiosa experiencia y los reconocidos estándares de protección desarrollados por el COMITÉ DE ELEGIBILIDAD PARA LOS REFUGIADOS, organismo predecesor al creado por dicha ley, e incorporó los principios internacionales sobre protección como el acceso al territorio y al procedimiento de asilo y la garantía de no ser devueltos al país en el que sufrieron persecución.  Que la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), creada por el artículo 18 de la mencionada Ley Nº 26.165 y sus modificaciones, actualmente actuante en la jurisdicción de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es el Organismo de aplicación de dicha ley.  Que, sin embargo, la falta de procedimientos específicos en la aplicación de la referida Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nº 26.165 y sus modificaciones ocasiona serias demoras en la obtención de respuestas expeditas, inobservancia de estándares constitucionales como el plazo razonable, e incertidumbre jurídica tanto para los solicitantes de la condición de refugiado como para la propia ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.  Que, por lo tanto, deben adoptarse las medidas necesarias para que la efectividad de las disposiciones de la citada Ley N° 26.165 y sus modificaciones no se vea afectada y las mismas puedan ser aplicadas de manera plena.  Que, teniendo en cuenta la situación descripta, se vuelve fundamental aprobar la Reglamentación de la Ley N° 26.165, ya que, conforme fue señalado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: “Si las cláusulas constitucionales, y las normas legislativas dictadas en su consecuencia por el Congreso, no pudieran regir por ausencia de reglamentación, la supremacía constitucional se tornaría ilusoria” (Fallos: 344:3011).  Que, así, con el fin de promover la plena y efectiva implementación de las disposiciones de la citada Ley Nº 26.165 y sus modificaciones, corresponde su Reglamentación mediante la adopción de los dispositivos normativos necesarios que posibiliten la aplicación de los procedimientos previstos en dicha norma en orden a las particularidades y especificidades de la determinación de la condición de persona refugiada.  Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención de sus respectivas competencias.  Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emanadas del artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.  Por ello,  EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA  DECRETA:  ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 y sus modificaciones, que como ANEXO I (IF-2025-97760826-APN-UGA#MJ) forma parte integrante del presente decreto.  ARTÍCULO 2º.- Deróganse los Decretos Nros. 251 del 2 de febrero de 1990, 942 del 18 de diciembre de 1995 y 102 del 7 de febrero de 2007.  ARTÍCULO 3º.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.  ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.  MILEI - Guillermo Francos - Mariano Cúneo Libarona  NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-  e. 11/09/2025 N° 66706/25 v. 11/09/2025  (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)      ANEXO I   REGLAMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN AL REFUGIADO N° 26.165 Y SUS MODIFICACIONES  TÍTULO I  Disposiciones generales   ARTÍCULO 1°.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 2°.- El procedimiento establecido en esta Reglamentación se aplica a las pretensiones administrativas presentadas por las personas solicitantes de la condición de refugiado en el territorio nacional. Dichas solicitudes no constituyen pedidos de autorización administrativa en los términos del artículo 10, inciso b), de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones.  ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones y los principios mencionados en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones se aplicarán tanto a la persona refugiada reconocida como al solicitante de tal condición hasta tanto su solicitud no fuere denegada mediante resolución firme. En el caso de este último, su aplicación quedará supeditada a que se encuentre en el territorio nacional, sus fronteras, mar territorial, espacio aéreo o aguas interiores.  La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), dentro de los DIEZ (10) días contados desde que el solicitante requirió el refugio, deberá expedirse sobre la viabilidad del pedido o su manifiesta improcedencia mediante el rechazo “in limine” estipulado en el artículo 41 de la presente. En caso de viabilidad del trámite, se continuará con el procedimiento establecido en los artículos 32 a 53 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, en caso de rechazo “in limine”, se notificará a la persona solicitante, conforme lo dispuesto en el artículo 50 de esta Reglamentación, quien podrá impugnar la medida mediante el recurso judicial directo previsto en el artículo 50 de la citada ley.  Para el caso de personas solicitantes de la condición de refugio en frontera, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá expedirse sobre la viabilidad del pedido o su manifiesta improcedencia mediante el rechazo “in limine” en un plazo no mayor a SETENTA Y DOS (72) horas. En caso de viabilidad del trámite, se continuará con el procedimiento establecido en los citados artículos 32 a 53 de la referida ley; en caso de rechazo, se notificará a la persona solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Reglamentación, quién podrá impugnar la medida mediante el recurso judicial directo previsto en el artículo 50 de la citada ley.  En todos los casos, la resolución que rechace “in limine” el trámite de refugio deberá estar debidamente motivada, bajo pena de nulidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones.  La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) emitirá la resolución otorgando el estatuto de refugiado o denegando la solicitud dentro de los plazos especificados en el artículo 41 de esta Reglamentación. En caso de que la resolución sea denegatoria, deberá estar debidamente motivada, bajo pena de nulidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones.  CAPÍTULO I  Del concepto de refugiado   ARTÍCULO 4°.- Sin reglamentar.  CAPÍTULO II  De la aplicación del principio de la unidad familiar en la extensión de la condición de refugiado  ARTÍCULO 5°.- La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) adoptará por sí y coordinará junto con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del derecho de unidad familiar.  Tendrán derecho a que se les reconozca el estatuto de refugiado por extensión, el cónyuge de la persona refugiada o la persona con la cual se halle ligada por razón de convivencia, sus ascendientes, descendientes, colaterales en primer grado y las personas menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal, así como las personas incapaces o con capacidad restringida que se encuentren bajo su curatela o sistema de apoyo, siempre que acrediten dichos vínculos y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley que se reglamenta.  La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) resolverá, en cada caso, las solicitudes de reunificación familiar, teniendo en cuenta la existencia de un vínculo genuino de dependencia.  En caso de matrimonio poligámico, si el solicitante ya tuviera un cónyuge viviendo con él en el territorio argentino no se autorizará la reagrupación familiar de otro cónyuge.  La reunificación familiar únicamente podrá ser invocada por la persona reconocida como refugiada.  ARTÍCULO 6°.- A efectos de determinar los alcances del principio de la unidad familiar, la condición de persona refugiada se aplicará por extensión al grupo familiar que estuviese presente en el país o en el exterior y respecto del cual el peticionante solicite la reunificación familiar.  1. Se consideran incluidos en el grupo familiar:  I. su cónyuge o la persona con la cual la persona refugiada se halle ligada en razón de convivencia, y sus descendientes, siempre que acrediten dichos vínculos;  II. sus ascendientes y descendientes;  III. sus hermanos, siempre que dependan económicamente del peticionante, lo cual deberá ser acreditado.  En caso de duda, se deberá estar al criterio que resulte más favorable al ejercicio del derecho de reunificación familiar. Las solicitudes de reunificación familiar que se presenten ante la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) en el marco de la ley, serán remitidas a la Dirección General de Asuntos Consulares del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO con el objeto de recabar información sobre las personas cuya reunificación se requiera.  Recibida la información requerida, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) dictará una resolución respecto de la solicitud de refugio. Dicha resolución será de acatamiento obligatorio para la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES en cuanto a los efectos administrativos derivados del reconocimiento de la condición de refugiado.  Asimismo, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá solicitar a la Dirección General de Asuntos Consulares del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO la tramitación de las visas correspondientes para los casos de reunificación familiar. Tal solicitud será vinculante respecto de la iniciación del trámite consular, sin perjuicio de las facultades propias de las autoridades consulares para evaluar y resolver la concesión del visado conforme a las disposiciones vigentes en materia de seguridad nacional y política exterior.  Los informes elaborados por las oficinas consulares podrán ser considerados como elementos de valoración cuando el solicitante de refugio hubiere ingresado al territorio nacional en virtud de una visa otorgada por la REPÚBLICA ARGENTINA, especialmente en los casos en que existan antecedentes documentales o entrevistas relevantes incorporadas al trámite migratorio previo.  Cuando razones vinculadas a la seguridad nacional o al orden público así lo justifiquen, y con carácter previo a resolver una solicitud de reunificación familiar, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá requerir informes a los organismos competentes en materia policial, criminal y de inteligencia, tanto nacionales como internacionales.  A tal efecto, se consideran organismos nacionales de inteligencia aquellos enumerados en el artículo 6° de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones, a saber: la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) y sus órganos desconcentrados; la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. En el ámbito internacional, podrá requerirse la colaboración de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL).  2. Las autoridades competentes podrán, además, tener en cuenta:  I. la situación del tutor, guardador, apoyo o cualquier persona que, según la ley o la costumbre aplicable, tenga bajo su cuidado a un niño no acompañado, separado de su familia o huérfano;  II. que en circunstancias extraordinarias se podrá considerar incluidos en el referido grupo a parientes u otras personas dependientes con quienes la persona refugiada haya mantenido una relación de convivencia o dependencia económica, siempre que dicha relación esté debidamente acreditada.  3. En el examen de la solicitud se observará lo siguiente:  I. se tendrán en cuenta los documentos que acrediten los vínculos familiares y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento, debiendo al efecto acompañarse copia certificada de los documentos de viaje del miembro o de los miembros de la familia;  II. para comprobar la existencia de vínculos familiares se deberá realizar una entrevista con la persona refugiada y llevar a cabo cualquier otra investigación que se considere pertinente;  III. al evaluar una solicitud relativa a la pareja no casada de la persona refugiada, se tendrá en cuenta, para probar la existencia de vínculos familiares, circunstancias tales como el que tuvieren hijos en común, la cohabitación previa, el registro de la pareja y cualquier otro medio de prueba.  4. No se concederá por extensión la protección como persona refugiada o, en su caso, se denegará su renovación:  I. a quienes no reúnan las condiciones para ser consideradas personas refugiadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones;  II. a quienes invoquen al efecto una relación convivencial con una persona refugiada con la cual hayan dejado de hacer vida conyugal o respecto de quien haya cesado la relación familiar efectiva;  III. a quien invoque al efecto una relación matrimonial, o convivencial con una persona refugiada y alguno de los DOS (2) involucrados haya contraído matrimonio o mantenga una relación estable de pareja con otra persona;  IV. a quien haya utilizado información falsa o engañosa, documentos falsos, haya cometido otro tipo de fraude o utilizado otros medios ilícitos para acceder al estatuto;  V. cuando existan indicios suficientes para presumir que se ha contraído matrimonio, entablado una relación de pareja o adoptado un hijo con el único propósito de permitir el ingreso o residencia en el país del cónyuge, conviviente o hijo; a tal efecto se podrá tener en cuenta, en particular, el hecho de que el matrimonio, la relación en pareja o la adopción se hayan formalizado después de que la persona refugiada haya obtenido el permiso de residencia;  VI. cuando la residencia de la persona refugiada llegue a su fin y el miembro de la familia aún no tenga el derecho al permiso de residencia autónomo con arreglo a lo establecido en la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones.  Cuando existan sospechas fundadas de fraude respecto del matrimonio, relación en pareja o adopción por conveniencia, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) a través de la autoridad migratoria estará habilitada a llevar adelante las inspecciones o las medidas de control necesarias. También podrán practicar las medidas de control que se estimen pertinentes al momento de la renovación del permiso de residencia de los miembros de la familia.  A efectos de la implementación del presente artículo, se deberá tener en cuenta si la persona refugiada es víctima de los delitos previstos en la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas N° 26.364 y sus modificaciones y las excepciones al orden público migratorio y de refugio allí contempladas.  CAPÍTULO III  De la prohibición de devolución y la expulsión   ARTÍCULO 7°.- A los fines de la aplicación del principio de no devolución se tomarán en consideración las siguientes pautas:  1.- Interpretación y aplicación de conformidad con las normas de derecho internacional pertinentes.  Para la aplicación del principio de no devolución se tendrán en cuenta las disposiciones previstas en el artículo 57 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones.  2.- Extraterritorialidad de la condición de persona refugiada.  Sin perjuicio del derecho de una persona a solicitar el reconocimiento de su condición de persona refugiada en el país, las autoridades nacionales podrán reconocer efecto extraterritorial al estatuto de refugiado que le hubiere concedido un tercer país a los fines de protegerla contra la devolución al país de origen. Salvo prueba en contrario, la posesión de un documento de viaje auténtico, válido y con plazo de reingreso vigente expedido por las autoridades del país de asilo, con arreglo a la “CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS”, a la cual adhirió la REPÚBLICA ARGENTINA por la Ley N° 15.869 y su modificatoria, será prueba suficiente del referido estatuto; no obstante, podrá verificarse su existencia y vigencia por la vía diplomática o cualquier otro medio que permita acreditarla fehacientemente. En consecuencia, reconocida la extraterritorialidad del estatuto a efectos de la no devolución al país de origen, si la persona no hubiese solicitado a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) el estatuto de refugiado o su solicitud hubiera sido rechazada en forma definitiva, la persona será reconducida al primer país de asilo.  3.- Interposición de una solicitud previa a la ejecución de una medida de expulsión del territorio nacional.  Cuando, previo a la ejecución inminente de un acto administrativo de expulsión del territorio nacional dictado conforme a la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones, una persona extranjera solicite el reconocimiento de la condición de refugiado y se advierta que la única finalidad de la solicitud es la dilación de la ejecución del acto de expulsión, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deberá remitir el caso en consulta a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) por el medio más expedito.  Cuando, en el marco de lo previsto en el presente reglamento, la citada Comisión Nacional advierta que el caso presenta necesidades de protección internacional como persona refugiada o razones fundadas para considerar la existencia de riesgo conforme al artículo 7° de la ley que se reglamenta, se dará trámite a la solicitud bajo los procedimientos establecidos y se suspenderá la ejecución de dicha medida migratoria. En caso contrario, la solicitud se desestimará sin más trámite, y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES reanudará la ejecución de la medida dictada.  La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) llevará un registro de las presentaciones efectuadas bajo este régimen, que deberá contener los datos de las personas involucradas y el trámite que se les hubiera acordado.  ARTÍCULO 8°.- Cuando la decisión de expulsión quede firme, y luego de haberse concedido al interesado un plazo no mayor a TREINTA (30) días para gestionar su admisión legal en otro país, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES o, a su requerimiento, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), podrán solicitar por la vía que corresponda la admisión de aquél a un país seguro dispuesto a recibirlo. A ese fin, la citada Comisión Nacional podrá solicitar también al ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) sus buenos oficios con el propósito de facilitar la identificación de un país en condiciones de recibirlo.  CAPÍTULO IV  De la exclusión de la condición de refugiado   ARTÍCULO 9°.- Sin reglamentar.  CAPÍTULO V  De las personas que no requieren protección internacional  ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.    CAPÍTULO VI  De la cesación de la condición de refugiado   ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 12.- A efectos de resolver sobre la cesación de la condición de persona refugiada, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá observar el siguiente procedimiento:  1. Cesación de alcance individual:  a. cuando se verifique que la persona refugiada adquirió la nacionalidad argentina, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) resolverá el cese de tal condición sin más trámite.  b. cuando se presente alguna de las causales previstas en el artículo 11 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, incluida la adquisición de la nacionalidad en un tercer país, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) notificará fehacientemente a la persona refugiada para que comparezca a una entrevista personal en un plazo no mayor a CINCO (5) días. Dicha notificación contendrá una mención acerca de la causal prevista en el citado artículo 11 que motiva la citación.  c. cumplida la entrevista, o cuando la persona refugiada no compareciere sin justa causa, se dará por finalizado el trámite y el caso será resuelto previo informe técnico de la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE). La decisión deberá tomarse en un plazo no mayor de SESENTA (60) días.  La resolución de cese de la condición de persona refugiada no producirá efectos hasta tanto no adquiera firmeza.  La resolución que resuelva el planteo sobre la cesación del estatuto de refugiado será susceptible de impugnación mediante el recurso judicial directo previsto en el artículo 50 de la ley que se reglamenta.  Una vez firme la decisión de cese de la condición de persona refugiada, y en caso de corresponder, se concederá un plazo de TREINTA (30) días para que la persona afectada abandone el país o, en su caso, inicie los trámites administrativos pertinentes al amparo previsto en la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones.  2. Cesación de alcance general:  Cuando se tome conocimiento de un cambio sustancial y durable en las circunstancias objetivas del país de nacionalidad o de residencia habitual que afecte de manera generalizada a un grupo de personas refugiadas, y que pudiera dar lugar a la aplicación de las causales previstas en el artículo 11, incisos f) y g), de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) evaluará su procedencia sobre la base de un informe técnico emitido por su Secretaría Ejecutiva.  De considerarse necesario, se requerirá al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO que, por medio de quien corresponda, brinde información sobre las circunstancias objetivas del referido país. La información brindada no será vinculante para la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE).  La decisión de la citada COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) sobre la cesación de alcance general se notificará individualmente a las personas, en los términos del “Reglamento de Procedimientos Administrativos' aprobado por el Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y sus modificatorios, se publicará en el sitio web oficial de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), y se pondrá en conocimiento del ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), a los fines de su eventual difusión en la página institucional de dicho organismo, en el marco de su función de cooperación internacional. A la notificación se añadirá una traducción a un idioma que el destinatario comprenda, con información clara y precisa sobre sus derechos, recursos disponibles y plazos aplicables.  La resolución que resuelva el planteo sobre la cesación del estatuto de refugiado será susceptible de impugnación mediante el recurso judicial directo previsto en el artículo 50 de la ley que se reglamenta.  No obstante ello, las personas refugiadas que se encuentren alcanzadas por tal resolución podrán invocar las razones de excepción contempladas en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, dentro del plazo de QUINCE (15) días desde su notificación.  La solicitud de excepción deberá ser presentada ante la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) y tramitará de conformidad con las reglas establecidas en el inciso 1, apartados b) y c) del presente artículo, suspendiendo los efectos de la cesación hasta tanto recaiga resolución firme sobre el planteo. A los efectos de este artículo, la resolución adoptada respecto de la excepción aludida resuelve el planteo sobre la cesación del estatuto de refugiado.  CAPÍTULO VII  De la cancelación de la condición de refugiado   ARTÍCULO 13.- Excepcionalmente, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá disponer la cancelación del reconocimiento de la condición de refugiado, cuando se verifique, mediante prueba suficiente, que la persona refugiada hubiere ocultado o falseado hechos materiales relevantes sobre los que fundó su solicitud, de manera que, de haber sido conocidos oportunamente, hubieran determinado la denegación del reconocimiento.  En tales casos, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) notificará fehacientemente a la persona refugiada a los fines de que comparezca a una entrevista personal dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, con indicación expresa de los hechos presuntamente ocultados o falseados y de las pruebas en las que se funda la apertura del procedimiento.  Cumplida la entrevista, o en caso de incomparecencia sin causa justificada, se dará por concluida la etapa de vista, y el expediente será elevado con informe técnico fundado de la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), a fin de que la Comisión Nacional resuelva la procedencia o no de la cancelación.  La resolución que disponga la cancelación de la condición de refugiado deberá dictarse en un plazo no mayor de SESENTA (60) días desde la fecha de la notificación, y no producirá efectos hasta tanto adquiera firmeza.  Una vez firme la resolución que cancele la condición de refugiado, y en caso de corresponder, se concederá un plazo de TREINTA (30) días a la persona afectada para que abandone el país, o para que inicie los trámites migratorios que correspondieren conforme a lo previsto en la Ley de Migraciones N° 25.871, sus normas modificatorias y complementarias.  El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO comunicará a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), a través de su Secretaría Ejecutiva, la información presentada por parte de los gobiernos extranjeros que acredite que el refugiado, al momento de su solicitud, falseó u ocultó los hechos materiales sobre los que fundamentó el otorgamiento de la protección internacional.  La referida Secretaría Ejecutiva, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la información, elevará un informe no vinculante a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) en el cual evalúe la procedencia de la cancelación. La Comisión Nacional deberá resolver en un plazo no mayor a QUINCE (15) días de recibido el informe de la Secretaría Ejecutiva.  La cancelación de la condición de persona refugiada se extenderá a todas aquellas personas que lo hubieran obtenido como consecuencia del derecho de reunificación familiar, sin perjuicio del derecho que éstas pudieran invocar para obtener la condición de persona refugiada individualmente por derecho propio.  TÍTULO II  De la extradición   ARTÍCULO 14.- Cuando el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO reciba un pedido de extradición respecto de una persona extranjera, verificará si ha solicitado o reviste la condición de persona refugiada. Si el requerido fuera solicitante de tal condición, deberá observarse el siguiente procedimiento:  1. el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO remitirá a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), en un plazo de DIEZ (10) días, copia de los antecedentes que fundan el pedido de extradición, y la mantendrá periódicamente informada sobre el trámite del requerimiento;  2. cuando se otorgue trámite judicial al pedido de extradición, el citado Ministerio informará a la autoridad judicial interviniente sobre la existencia del pedido de protección internacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7° y 14 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, la solicitud de la condición de persona refugiada no obstará la sustanciación del juicio de extradición;  3. la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), a través de su Secretaría Ejecutiva, podrá solicitar a la autoridad judicial competente información sobre el proceso de extradición, que será evaluada en el procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada;  4. si durante la sustanciación del juicio de extradición se resolviera sobre la solicitud de la condición de persona refugiada, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) informará la decisión al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y a la autoridad judicial competente;  5. cuando el pedido de extradición fuese declarado procedente en sede judicial, el plazo previsto por el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal N° 24.767, quedará suspendido hasta tanto sea resuelta la solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada, su cese o cancelación.  Conforme lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, durante todo el trámite del pedido de extradición las autoridades intervinientes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la estricta confidencialidad y reserva de la información relacionada con la solicitud de la condición de persona refugiada, en particular con relación a las autoridades del país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante.  Cuando la pena asociada al delito que fundamenta la solicitud de extradición se encuentre próxima a prescribir, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá resolver la situación de la persona extranjera involucrada con carácter urgente. Para garantizar una decisión en tiempo oportuno, la Secretaría Ejecutiva podrá convocar reuniones extraordinarias.  En caso de mal desempeño por parte de los miembros de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), el Vicejefe de Gabinete del Interior de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS solicitará que se realicen las investigaciones administrativas o efectuará la denuncia penal correspondiente que permitan deslindar las responsabilidades de los hechos que se imputen como mal desempeño para los miembros de la Comisión cuya conducta haya generado o contribuido a la demora.  ARTÍCULO 15.- Cuando el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO verifique que la persona cuya extradición se solicita reviste la condición de persona refugiada, deberá observar el siguiente procedimiento:  1. Si el pedido de extradición proviene del país que motivó el reconocimiento de la condición de persona refugiada, devolverá la requisitoria sin más trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal N° 24.767. Asimismo, remitirá a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) una copia de la documentación presentada en el requerimiento de extradición, a efectos de que ella evalúe los extremos que considere correspondientes.  2. Si el pedido de extradición proviene de un país distinto a aquel que motivó el reconocimiento de la condición de persona refugiada, remitirá copia de la documentación presentada a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), sin perjuicio de darle el trámite que legalmente corresponda. Previo a que la extradición fuere concedida, se verificará que ella de ningún modo pueda suponer el desconocimiento de los estándares previstos en el Título I, Capítulo III de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones y se corroborará que se hayan solicitado al Estado requirente garantías diplomáticas de que dispensará a la persona que reviste la condición de refugiado un trato acorde con lo allí establecido. Si se concluyere que dar curso a la extradición pudiere implicar una vulneración a lo establecido en el citado Capítulo, o si las seguridades ofrecidas por el Estado requirente no resultaren suficientes, la requisitoria será denegada y se comunicará tal decisión en la forma establecida por el artículo 36 de la Ley N° 24.767.  3. Cuando la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) tome conocimiento de un pedido de extradición formulado respecto de una persona reconocida como refugiada, podrá evaluar la procedencia de iniciar el procedimiento de revisión previsto en el artículo 13 de la ley que se reglamenta, en caso de que dicho requerimiento se encuentre acompañado de información o documentación que constituya prueba suficiente de que el reconocimiento se obtuvo mediante ocultamiento o falseamiento de hechos materiales relevantes, en los términos allí establecidos.  En todos los casos, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá comunicar de manera inmediata a la autoridad judicial o administrativa interviniente en el procedimiento de extradición cualquier modificación que se adopte respecto de la condición de refugio reconocida, una vez firme la resolución correspondiente.  4. Si el pedido de extradición fuere respecto de una persona refugiada que hubiere sido reconocida por las autoridades de un tercer país, se procederá conforme lo establecido en el artículo 7° de la presente Reglamentación en lo que respecta a la extraterritorialidad de la condición de persona refugiada a los fines de tutelar el principio de no devolución.  TÍTULO III  De la condición jurídica del refugiado   ARTÍCULO 16.- Una vez reconocidas, las personas refugiadas deben tramitar la solicitud de residencia ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, presentar la documentación identificatoria correspondiente y tomar los recaudos necesarios para mantener la vigencia de la residencia.  Los refugiados deberán cumplir con lo dispuesto en la legislación nacional y actuar con respeto a la cultura del país de acogida, según lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones.  Las personas refugiadas reconocidas podrán salir y reingresar al territorio argentino de conformidad con lo establecido por la Ley N° 25.871 sus normas modificatorias y complementarias, pero, cuando decidan ausentarse del país por un período mayor a SEIS (6) meses, deberán informar previamente a la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) acerca del propósito y extensión del viaje, bajo apercibimiento de que se considere su situación en el supuesto de cesación conforme a lo previsto por esta Reglamentación.  ARTÍCULO 17.- A fin de implementar el principio de ayuda administrativa que surge del artículo 17 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, los órganos competentes en la materia de que se trate facilitarán a las personas refugiadas los trámites de obtención, legalización o apostillado de documentos, o los eximirán de ellos, según resulte necesario, cuando ello pudiera comprometer su derecho a la confidencialidad y seguridad personal, o el de sus familiares o personas vinculadas en su país de origen. De verificarse alguna de estas situaciones, previa información que suministre el interesado con carácter de declaración jurada, la autoridad competente podrá disponer las medidas que estime necesarias para que los documentos sean sustituidos o verificados a través del mecanismo que se establezca, resguardando la confidencialidad y demás derechos reconocidos por la referida Ley N° 26.165 y por esta Reglamentación.  Los estudiantes extranjeros que hayan solicitado o a quienes les haya sido reconocida la condición de persona refugiada tendrán un tratamiento preferencial en los trámites administrativos de ingreso y egreso de los establecimientos educativos del país.  a. En cuanto al acceso a la educación obligatoria y el reconocimiento de títulos se establece: Los estudiantes que no cuenten con la documentación requerida por la autoridad educativa jurisdiccional para acreditar sus estudios tendrán la posibilidad de rendir un examen global en el Servicio de Educación a Distancia de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a fin de posibilitar la prosecución de sus estudios.  b. Educación superior. En el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, el proceso de reconocimiento de certificados de estudios, títulos y grados académicos de educación superior universitaria podrá realizarse ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, aun cuando la REPÚBLICA ARGENTINA no hubiera suscripto un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificaciones de estudios, títulos o grados académicos de educación superior universitaria con el país emisor.  Para iniciar el proceso de reconocimiento de títulos de educación superior se exigirá:  1. original y copia del diploma que acredita título académico universitario expedido por una institución universitaria reconocida oficialmente por el sistema educativo del país de origen. El original debe estar apostillado y/o legalizado por el Consulado de la REPÚBLICA ARGENTINA en el país de origen;  2. original y copia del certificado analítico con el detalle de las materias aprobadas, calificaciones y carga horaria. El original debe estar apostillado y/o legalizado por el Consulado de la REPÚBLICA ARGENTINA en el país de origen; en alguno de los documentos indicados en el apartado 1 y en el presente debe constar el documento de identidad del país de origen del solicitante;  3. copia foliada y autenticada por las autoridades universitarias de los programas cursados en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente al título de que se trate; el listado de materias deberá coincidir con la información del certificado analítico presentado;  4. original y fotocopia del documento de identidad del país de origen del interesado;  5. certificado original emitido por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) que acredite la condición de persona refugiada.  En caso de tratarse de un país con el cual exista vigente un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificaciones de estudios, títulos o grados académicos de educación superior universitaria, bajo el régimen del sistema de acreditación de programas o carreras que cumplieron con las diversas etapas de los procesos nacionales de acreditación y, al mismo tiempo, cuentan con acreditación vigente en ambos Estados; se podrá evitar la exigencia detallada en el apartado 3 referente a la copia foliada y autenticada por las autoridades universitarias de los programas cursados.  En caso que la persona refugiada no cuente con los originales, con la Apostilla de La Haya o con la legalización consular argentina, se solicitará al interesado que procure su obtención por sí o por intermedio de terceros, siempre que la institución universitaria que emitió la documentación pertenezca al país de origen de aquel y el trámite no implique riesgo alguno para su vida, su libertad y su seguridad. En caso de no resultar posible, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO solicitará a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) que tramite ante el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, por intermedio de las autoridades consulares en el país de origen, la obtención de la legalización o documentación faltante para iniciar el correspondiente proceso de reconocimiento a efectos del ejercicio profesional en nuestro país, sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo. En el supuesto de que resulte infructuosa la tramitación por la vía consular, se requerirá a la persona que aporte otros medios de prueba adicionales que hagan plena fe y que permitan evaluar la validez del diploma que acredite su título académico universitario.  Dentro de los NOVENTA (90) días de entrada en vigencia de la presente Reglamentación, el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO dictará las medidas pertinentes a fin de implementar el proceso de reconocimiento de certificados de estudios, títulos y grados académicos de educación superior universitaria en los términos del artículo 42 de la Ley N° 26.165 , sus modificaciones y del presente acto.  TÍTULO IV  CAPÍTULO I  De los órganos competentes y funciones en materia de refugiados   ARTÍCULO 18.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 21.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 22.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 23.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 24.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 25.- La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS ( CONARE) actuará con el propósito de brindar soluciones oportunas y duraderas a los solicitantes de la condición de refugiado y personas refugiadas que se encuentren en el territorio nacional. A tal efecto, desarrollará sus funciones de acuerdo a las siguientes prescripciones:  a) Acceso a derechos: La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) tomará las medidas que resulten necesarias para que las personas solicitantes de refugio y las personas refugiadas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación ni restricciones. A tal efecto, promoverá la remoción de obstáculos directos e indirectos para el goce de tales derechos, el acceso a programas públicos de asistencia y protección social, la identificación, articulación e implementación de medidas para la integración socioeconómica de los refugiados y solicitantes de asilo, y la adopción de programas dirigidos a poblaciones de mayor necesidad por sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, tomará en consideración las necesidades de asistencia, interpretación y traducción que pudieren tener los refugiados y solicitantes de asilo que se encuentren bajo jurisdicción nacional, la carencia de documentación acreditativa de su identidad o de sus vínculos, la carencia de la documentación debidamente legalizada o traducida, o la tenencia de un documento provisorio que regulariza su estancia en el país.  b) Sin reglamentar.  c) Autorizaciones de ingreso por reunificación familiar. Repatriación voluntaria. Reasentamiento:  I. Autorizaciones de ingreso por reunificación familiar. La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) resolverá, con carácter vinculante en el marco de sus competencias, sobre las solicitudes de reunificación familiar presentadas por personas refugiadas reconocidas conforme lo establecido en la Ley N° 26.165 y sus modificaciones y la presente Reglamentación.  Una vez adoptada la decisión favorable, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) informará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los efectos de solicitar la emisión del correspondiente Permiso de Ingreso en la subcategoría prevista en el artículo 23, inciso k) de la Ley de Migraciones N ° 25.871 y sus normas modificatorias y complementarias.  Asimismo, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) comunicará dicha decisión a la Dirección General de Asuntos Consulares del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, o al organismo que la reemplace en el futuro, a los fines de solicitar la iniciación del trámite de visado correspondiente. La autoridad consular competente verificará los requisitos documentales exigidos en cada caso por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), sin perjuicio de ejercer su facultad discrecional para resolver la emisión o denegatoria del visado conforme a la normativa vigente, incluyendo los criterios de seguridad nacional y orden público.  En caso de denegatoria del visado, la autoridad consular deberá dejar constancia en el expediente y remitir dicha información a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.  Los informes consulares emitidos en oportunidad de la tramitación de visas podrán ser considerados como elementos de valoración, especialmente cuando se trate de personas que luego hubieren solicitado refugio en frontera, con visado argentino vigente o recientemente expedido.  II. Repatriación voluntaria. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo tienen el derecho a retornar voluntariamente a su país de origen en cualquier momento. La decisión de acogerse a los programas de repatriación voluntaria será únicamente adoptada en virtud de la libre expresión de voluntad expresada por la persona refugiada. Su implementación deberá respetar siempre el carácter voluntario e individual de la repatriación de las personas refugiadas y la necesidad de que ella se realice en condiciones de absoluta seguridad, preferiblemente al lugar de residencia de la persona refugiada en su país de origen.  III. Reasentamiento:  III. 1. La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) está facultada para diseñar, coordinar e implementar programas de reasentamiento y vías complementarias de admisión en la REPÚBLICA ARGENTINA. A tal fin, podrá celebrar los acuerdos necesarios vinculados a dichos programas, así como establecer los procedimientos y mecanismos pertinentes para la identificación y admisión de sus beneficiarios.  III.2. La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá adoptar, por sí misma, los protocolos y directrices que considere necesarios para la planificación, la ejecución y el seguimiento de los programas de reasentamiento y vías complementarias de admisión, incluido el patrocinio comunitario.  En particular, con relación a los refugiados reasentados y sus familiares, mencionada Comisión Nacional establecerá, en los términos del artículo 42 de la ley que se reglamenta, los mecanismos de articulación, atención y derivación que estime necesarios a fin de que los organismos competentes en materia de alojamiento, alimentación, salud, educación y empleo, provean asistencia social y promuevan la integración socioeconómica a las personas refugiadas y sus familiares que así lo requieran.  Con respecto a la integración local, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), a través de su Secretaría Ejecutiva, asesorará y orientará a los refugiados reasentados y personas refugiadas que así lo requieran a fin de que puedan acceder a programas o dispositivos de las instituciones públicas de nivel nacional, provincial o local cuyas políticas se orienten a promover y facilitar su inserción en la vida social y económica del país.  A los fines de implementar las acciones antes descriptas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la presente Reglamentación, el área social de la referida Secretaría Ejecutiva pondrá en funcionamiento un sistema de recopilación y gestión de información destinado a relevar los perfiles socioeconómicos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, con el objeto de identificar sus necesidades específicas en materia de acceso a derechos y detectar perfiles que requieran protección reforzada.  A tal efecto, se entenderá por soluciones duraderas aquellas estrategias orientadas a brindar una respuesta sostenible a la situación de desplazamiento forzado, ya sea mediante la integración local, el reasentamiento en un tercer país o la repatriación voluntaria, conforme los estándares establecidos por el ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR).  d) Sin reglamentar.  e) Sin reglamentar.  f) El informe anual será remitido por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que lo elevará para la consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.  g) Sin reglamentar.  h) Los planes de contingencia a los que se refiere el presente inciso, elaborados por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), serán sometidos a la consideración de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para su aprobación anticipada.  Dichos planes deberán contemplar, entre otros aspectos: la caracterización de los colectivos potencialmente comprendidos en el régimen de contingencia; el ámbito de aplicación espacial y temporal; el procedimiento aplicable para el reconocimiento individual o colectivo de las personas afectadas; el sistema de registro y recolección de datos; el régimen jurídico provisorio de admisión y documentación; y las medidas de coordinación interjurisdiccional e internacional, incluyendo la cooperación con el ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR).  Asimismo, sin perjuicio del respeto de los derechos reconocidos en los artículos 7°, 8°, 9°, 11, 13, 14 y 15 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, el procedimiento de contingencia deberá prever salvaguardas y precauciones fundadas en razones de seguridad nacional y protección del orden público dentro del territorio argentino.  ARTÍCULO 26.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 27.- Sin reglamentar.  CAPÍTULO II  De la Secretaría Ejecutiva   ARTÍCULO 28.- La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) se encuentra facultada para celebrar acuerdos de asistencia y colaboración con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, o, en caso de ser necesario, con otras autoridades públicas, a fin de facilitar el acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y asegurar el ejercicio efectivo de las funciones de la Secretaría Ejecutiva. A través de los acuerdos realizados, tanto las oficinas migratorias y las delegaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES como cualquier otra entidad pública que asista a la referida Secretaría Ejecutiva cooperarán conforme a las instrucciones y directivas que esta última imparta.  ARTÍCULO 29.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 30.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 31.- La Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) ejercerá sus funciones de acuerdo a las siguientes prescripciones:  a) Iniciar los expedientes con la documentación pertinente:  La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar el expediente de cada solicitante inmediatamente tras la presentación de su solicitud y adjuntar la declaración del solicitante y la documentación de relevancia que pueda acreditar su situación.  El expediente deberá ser registrado bajo un número de acuerdo al sistema de expedientes electrónicos pertinente para su fácil identificación y seguimiento. Dicho expediente tendrá carácter reservado y no será de acceso público.  b) Realizar entrevistas:  Se realizarán entrevistas a la persona solicitante de la condición de refugiado. Estas entrevistas serán llevadas a cabo por personal cualificado y, en caso de que fuera necesario, con la asistencia de un intérprete.  c) Elaborar un informe técnico no vinculante:  Se elaborará un informe técnico detallando el análisis de los hechos y la situación en el país de origen del solicitante, evaluando su caso en términos de la 'CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS” a la cual adhirió el país por la Ley N° 15.869 y su modificatoria, y la normativa vigente en la materia.  Este informe será finalizado y agregado al expediente dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la entrevista inicial.  d) Otorgar un certificado de permanencia provisoria:  El certificado de permanencia provisoria, previsto en el artículo 51 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones habilitará a sus titulares a habitar en el territorio nacional, a trabajar, a estudiar y a ser atendido por cualquier organismo de salud y seguridad social durante su período de vigencia. Dicho certificado será válido hasta NOVENTA (90) días corridos a partir de su emisión y será renovable automáticamente por períodos idénticos mientras se resuelve la solicitud. El proceso de renovación podrá ser iniciado por el solicitante con al menos CINCO (5) días de antelación a la fecha de vencimiento del certificado vigente.  La salida del territorio nacional por parte del solicitante durante el procedimiento implica el desistimiento tácito de su solicitud. La extensión y la renovación de este certificado no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni es asimilable al arraigo o residencia en los términos de los artículos 22 y 23 de la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones a los efectos de obtener beneficios legales o de ciudadanía.  e) Sin reglamentar.  f) Sin reglamentar.  g) Sin reglamentar.  h) Sin reglamentar.  i) Notificaciones:  Todas las decisiones, incluidas las actas resolutivas y el estado de la solicitud, serán notificadas al solicitante mediante los medios electrónicos y administrativos idóneos. La forma y la eficacia de las notificaciones se regirán por la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones, el “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017” y sus modificatorios.  j) Sin reglamentar.  k) Sin reglamentar.  l) Sin reglamentar.  m) Sin reglamentar.  n) Base de datos y estadísticas:  La Secretaría Ejecutiva de la citada Comisión Nacional mantendrá una base de datos actualizada con información detallada de todos los casos y elaborará estadísticas compilando los antecedentes resolutivos que por su especificidad puedan sentar un precedente.  TÍTULO V  Del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado   ARTÍCULO 32.- La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) coordinará las acciones necesarias para asegurar la tutela efectiva de los derechos de las personas refugiadas y de los solicitantes de la condición de refugiado. En particular, notificará a los solicitantes, en un idioma que comprendan, de su derecho a ser asistidos gratuitamente y en todas las etapas del procedimiento por un abogado provisto por el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN, en caso de no contar con uno de su confianza.  En caso de ser necesario y a fin de asegurar el derecho del solicitante a contar con la asistencia de un intérprete calificado o traductor durante el procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá suscribir acuerdos con colegios públicos de traductores, centros o institutos de estudios de lenguas extranjeras o universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con carreras de traductorado o programas de idiomas.  Los acuerdos podrán contemplar el establecimiento de mecanismos flexibles de traducción de documentos, interpretación o traducción durante entrevistas o charlas informativas de orientación, con inclusión de la utilización de nuevas tecnologías informáticas; todo ello adoptando las medidas que fueren necesarias para garantizar la confidencialidad de la información. La referida COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), a través de su Secretaría Ejecutiva, podrá crear un registro de intérpretes idóneos a tales efectos.  ARTÍCULO 33.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 34.- El trámite para el otorgamiento de la condición de persona refugiada, en los términos de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, se regirá por el procedimiento de carácter especial previsto por la citada ley y por la presente Reglamentación. Todas las cuestiones que no sean objeto de regulación expresa por parte de la citada Ley N° 26.165 y de la presente Reglamentación se regirán conforme las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones, y el “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017” y sus modificatorios.  ARTÍCULO 35.- La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá adoptar directrices sobre temas específicos de protección de personas refugiadas y solicitantes de dicha condición teniendo en cuenta, en lo pertinente, el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado del ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS ( ACNUR), las directrices sobre protección internacional que lo complementan y las conclusiones y recomendaciones del Comité Ejecutivo del referido ACNUR y de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.  CAPÍTULO I  Del ingreso al territorio nacional y la interposición de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado   ARTÍCULO 36.- El solicitante de reconocimiento de la condición de persona refugiada podrá presentar su petición personalmente o a través de un representante. En el último caso, el representante deberá acreditar personería en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones, y del “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017” y sus modificatorios.  Para el inicio del trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, la solicitud podrá ser presentada en forma presencial, de manera verbal o escrita.  Para las personas extranjeras que se encuentren en pasos fronterizos, la mencionada solicitud se hará ante un agente de control migratorio de la frontera únicamente en forma presencial, de manera verbal o escrita.  En todos los casos el solicitante deberá expresar de manera detallada las razones que fundamentan su pedido de reconocimiento de la condición de refugiado.  A efectos de facilitar el registro de las solicitudes presentadas, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá adoptar los formularios que se estimen necesarios.  Ante un requerimiento expreso de solicitud de refugio, el funcionario público migratorio no podrá negarse a iniciar el trámite previsto en la Ley N° 26.165 y sus modificaciones y esta Reglamentación, bajo pena de iniciarse un sumario administrativo.  Las entrevistas no podrán ser reemplazadas por presentaciones escritas ni por manifestaciones del representante de quien formula la solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado. En caso de que la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) así lo amerite, la entrevista podrá realizarse de manera remota, debiendo contar para ello con tecnología adecuada para garantizar una comunicación clara y sin interrupciones, y con confidencialidad en la información.  ARTÍCULO 37.- Ante una solicitud de refugio, las autoridades del centro de detención deberán proporcionar al solicitante la información necesaria sobre las entidades y organizaciones que pueden asistir en la tramitación de su solicitud.  La persona extranjera que se encuentre privada de su libertad ambulatoria podrá manifestar su voluntad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante las autoridades penitenciarias o judiciales competentes, quienes deberán comunicar dicha solicitud de manera inmediata a la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), a los fines de su tramitación conforme el procedimiento establecido.  En caso de que, en una evaluación preliminar, se advierta la evidente inadmisibilidad del pedido, la Secretaría Ejecutiva podrá disponer su desestimación “in limine”, mediante resolución debidamente fundada.  A los efectos de ejercer este derecho, y conforme lo previsto en el artículo 37 de la Ley N ° 26.165, la persona detenida tendrá derecho a efectuar las comunicaciones telefónicas necesarias para promover su solicitud y contactar a sus representantes o personas de confianza.  La documentación inherente a la solicitud deberá ser suscripta por el solicitante y certificada por las autoridades del centro de detención en el cual se encuentre.  ARTÍCULO 38.- La información aportada en la solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada tendrá carácter de declaración jurada, independientemente del modo en que haya sido formulada.  Cuando la solicitud sea realizada por escrito, deberá contener como mínimo los siguientes elementos:  1. Los datos completos del peticionante y la declaración de su nacionalidad.  2. El detalle de los motivos que fundamentan el pedido. Si se tratara de una solicitud reiterada de una persona que ya hubiera presentado u obtenido anteriormente una resolución firme en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá justificar los motivos con una explicación clara y fundada en los hechos nuevos.  3. La manifestación expresa acerca de si ha solicitado refugio en un tercer país. En caso positivo, la Autoridad de Aplicación podrá evaluar si ese tercer país del que emigró no puede brindar las seguridades necesarias de protección frente al país del que huye.  4. Los datos completos de las personas que integran su grupo familiar, con indicación de si solicita la condición de persona refugiada por extensión para aquellos que se encuentren en el país.  5. La documentación de identidad o viaje del peticionante y su grupo familiar que tuviere en su poder, la que acredite vínculos familiares y todo elemento de prueba que se ofrezca en apoyo de su petición.  En caso de que la solicitud fuera formulada de manera verbal, ya sea ante la autoridad migratoria, policial, judicial, penitenciaria competente u otra, dicha información será recabada por escrito por la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) u otra autoridad interviniente y se considerará, a todos los efectos legales, como declaración jurada del interesado. La autoridad receptora deberá asegurar la asistencia de interpretación si fuera necesario, y garantizar la lectura, comprensión y validación del contenido antes de su suscripción.  Si el solicitante o algún miembro de su grupo familiar para el que se requiera la condición de persona refugiada por extensión carecieran de la documentación que acredite su identidad deberán iniciar un proceso judicial de determinación supletoria de identidad a fin de acreditar ésta, sin que ello obste a la tramitación de la solicitud de tal condición. A tal efecto, se faculta a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) para coordinar las acciones necesarias, incluida la celebración de convenios, a fin de facilitar los aspectos referidos al procedimiento de identificación.  No se requerirá la presentación de documentación que se encuentre en poder de las autoridades del país de origen del solicitante, y la falta de tales elementos no obstará al trámite o resolución de la solicitud. No obstante, cuando no fuese aportada documentación relevante cuya existencia se denuncie, se le informará al solicitante que deberá procurar obtenerla, siempre que ello no comprometa la confidencialidad del trámite, su seguridad personal o la de las personas con quienes se encuentra vinculada en el país de origen.  ARTÍCULO 39.- A fin de acceder al procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada y de garantizar el respeto al principio de no devolución, se dispone lo siguiente:  1. Procedimiento de remisión de solicitudes a la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE).  Cualquier autoridad que conociere de una solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada o identificare la necesidad de protección internacional de una persona extranjera en los términos de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, deberá remitir el caso a la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) en forma confidencial e inmediata dentro del plazo máximo e improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) horas.  La comunicación que se efectúe deberá detallar las circunstancias en que se hubiera recibido la solicitud o conocido la situación y deberá ser acompañada de la documentación que se hubiere reunido.  2. Interposición de una solicitud previo a la ejecución de una medida de rechazo en frontera.  Cuando, con carácter previo a que se hiciere efectiva una orden de rechazo en frontera conforme lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones, una persona extranjera interponga una presentación para el reconocimiento de la condición de persona refugiada cuyas razones no guarden relación alguna con los elementos de la definición de persona refugiada o involucre una inequívoca intención de cometer fraude o engaño con relación a la identidad o documentación identificatoria, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, por el medio más expedito, deberá remitir en consulta previa a la citada Comisión Nacional en los términos del artículo 3° de la presente Reglamentación.  Si en el marco de dicha consulta, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) advierte que se trata de un caso que amerita brindar la protección internacional que prevé la Ley N° 26.165 y sus modificaciones mediante el reconocimiento de la condición de refugiado, o que hay razones fundadas para considerar que existe un riesgo en los términos del artículo 7° de la citada ley, dará trámite a la solicitud bajo los procedimientos previstos en la presente Reglamentación, se suspenderá la ejecución de la medida migratoria que hubiere dado origen a la consulta, y se autorizará el ingreso correspondiente. En caso contrario, se procederá al rechazo “in limine” de la solicitud y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá proceder a ejecutar la medida dictada conforme a los procedimientos y garantías previstas en la referida Ley N° 25.871, sus normas modificatorias y complementarias.  A efectos de resolver la viabilidad de la solicitud de refugio en el plazo correspondiente, se podrán utilizar los medios electrónicos y remotos necesarios para la agilidad en la toma de decisiones, para lo cual la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá establecer su procedimiento interno para el rechazo “in limine” de solicitudes.  ARTÍCULO 40.- Ante el requerimiento de la autoridad judicial competente o de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) comunicará inmediatamente toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado interpuesta por una persona respecto de quien se tuviera conocimiento de que registra un procedimiento de carácter penal o administrativo abierto por causa de su ingreso ilegal al país, y les informará sobre toda decisión que se adopte; en particular, sobre el reconocimiento de la condición de persona refugiada, en tanto justifique dejar sin efecto dichos procedimientos o las medidas que se hubieran dictado.  CAPÍTULO II  Del procedimiento   ARTÍCULO 41.- A los efectos de informar adecuadamente a los solicitantes respecto de sus derechos y sus obligaciones y sobre las modalidades del procedimiento para la determinación de la condición de persona refugiada, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) o las dependencias que se encontraren habilitadas al efecto, brindarán tanto al solicitante como a su grupo familiar, de manera detallada, en el idioma que ellos puedan comprender y dejando constancia de ello en el expediente, la siguiente información:  1. Derechos y obligaciones que surgen de su condición de peticionante de reconocimiento de la condición de persona refugiada;  2. principios, garantías y etapas del procedimiento;  3. contenido del deber de cooperación y cargas procesales establecidas, así como las implicancias legales de su incumplimiento;  4. posibilidad de contacto con el ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que provean orientación o representación legal y atención social; e importancia de la individualización del grupo familiar, a efectos de su posterior reunificación, en caso de ser solicitada.  La citada Comisión Nacional deberá instrumentar un sistema apropiado para brindar información, para lo cual se podrá hacer uso de medios escritos, audiovisuales o informáticos, y establecer los mecanismos adecuados para la identificación y el abordaje de las necesidades especiales que puedan presentar en particular los niños no acompañados o las personas víctimas de violencia.  El titular de la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), o los funcionarios técnicos habilitados expresamente, deberán dejar constancia en el expediente del tipo de procedimiento bajo el cual será sustanciada la solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada.  A tal efecto, se dictará una providencia fundada que indique de manera expresa el supuesto normativo aplicable, conforme lo previsto en la presente Reglamentación.  La modalidad procedimental adoptada podrá ser modificada con posterioridad únicamente cuando surjan nuevos elementos de juicio que, conforme los criterios establecidos, lo justifiquen. En tal caso, la decisión deberá ser debidamente fundada y notificada sin dilación al peticionante.  La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), al recibir una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, realizará una evaluación preliminar para determinar si la misma reúne los requisitos mínimos de procedencia y si corresponde tramitarla por el procedimiento ordinario, sumario o excepcional por extradición.  En caso de verificarse la evidente inadmisibilidad de la solicitud por no reunir los criterios mínimos exigidos, se aplicará el procedimiento de rechazo “in limine”, y la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá dictar una resolución debidamente motivada en un plazo no mayor a DIEZ (10) días. La notificación de dicha resolución deberá efectuarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas posteriores a su dictado.  Las modalidades procedimentales para el reconocimiento de la condición de persona refugiada son las siguientes:  1. Procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario se aplicará a las solicitudes que no cumplan con los criterios del procedimiento sumario. Una vez presentada la solicitud, el solicitante será citado para una entrevista personal cuya fecha será fijada conforme a la disponibilidad de recursos y la naturaleza del caso. El solicitante deberá presentar toda la prueba disponible durante la entrevista y, finalizada esta, dispondrá de QUINCE (15) días para presentar documentación adicional y el alegato sobre tal prueba.  La resolución que decidiere sobre el reconocimiento o la denegatoria de la condición de refugiado deberá emitirse dentro de un plazo no mayor de UN (1) año desde el vencimiento del plazo referido en el párrafo precedente. La demora injustificada en la resolución será elemento suficiente para considerar que existió mal desempeño en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios responsables en el caso.  2. Procedimiento sumario. El procedimiento sumario se aplicará a las solicitudes que sean manifiestamente fundadas o infundadas. Este tipo de procedimiento no será aplicable en ningún caso a las solicitudes presentadas por niños o niñas no acompañados o separados; ni a las solicitudes que puedan contemplar cuestiones que, aún demostrando evidentes necesidades de protección, requieran a criterio de la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) de un análisis más completo o producción de pruebas o medidas previas que exijan un período mayor para su evaluación.  a. Solicitudes que se consideren manifiestamente fundadas. Se tendrá en cuenta si:  I. la solicitud denota necesidades evidentes y/o apremiantes de protección internacional y es acompañada de elementos probatorios que permitan tener por acreditados los hechos principales del caso;  II. la información disponible respecto del país de origen, la pertenencia del peticionante a un determinado grupo de riesgo, o su condición de víctima de violencia sexual, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, es determinante para considerar que el temor de persecución alegado se encuentra fundado de acuerdo con los hechos manifestados;  III. la información disponible sobre el país de origen es suficiente para determinar que el cuadro de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, haya amenazado la vida, la seguridad, o la libertad del solicitante, de acuerdo con los hechos presentados.  b. Solicitudes que se consideren manifiestamente infundadas o abusivas. Se tendrá en cuenta la Conclusión N° 30 (XXXIV) de 1983 aprobada por el Comité Ejecutivo del ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR).  Las solicitudes se considerarán manifiestamente infundadas o abusivas si:  I. las razones planteadas que fundan la solicitud no guardan relación con los elementos de la definición de persona refugiada;  II. se verifica que la persona posee una segunda nacionalidad y puede acogerse a la protección de dicho país;  III. existe información que permita verificar que el solicitante mantiene la condición de refugiado y/o tiene trámites pendientes de resolución en UNO (1) o más países donde podría acogerse a la protección. Ello no será aplicable cuando, a criterio de la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), se constate que el tercer país del cual emigró el solicitante no puede brindarle las garantías necesarias de protección frente al país del cual huye;  IV. la solicitud involucrara engaños o intención de cometer fraude, con relación a la identidad, nacionalidad o documentación identificatoria;  V. la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se fundamenta exclusivamente en motivos de conveniencia económica, o bien el peticionante manifiesta que su elección responde únicamente a una preferencia subjetiva respecto de las condiciones de vida, bienestar o comodidad que percibe en el país de acogida en comparación con su país de origen, sin alegar hechos que permitan inferir, siquiera de manera indiciaria, la existencia de una persecución individualizada, una amenaza grave o un riesgo real de afectación a sus derechos fundamentales.  En aquellos casos en los que la autoridad considere que no se configuran, prima facie, los presupuestos necesarios para admitir el trámite sumario de la solicitud, podrá disponer la sustanciación del procedimiento ordinario cuando, a su criterio, concurran elementos contextuales, socio-políticos o humanitarios que puedan requerir un abordaje preliminar más profundo antes de adoptar una decisión definitiva.  c. Solicitudes encuadradas en alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 9° de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones.  2.1. Desarrollo del procedimiento sumario: Cuando la petición encuadre en la modalidad de procedimiento sumario, podrá darse curso a la entrevista prevista en los artículos 31 inciso b), 36 y 41 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones dentro del mismo día o al siguiente día hábil de la presentación.  En el acto de la entrevista personal, el interesado deberá presentar toda la prueba que tenga a disposición. A su finalización, el oficial interviniente notificará al solicitante de su derecho de presentar alegato dentro de los DOS (2) días siguientes. Si el interesado no lo hiciere, la solicitud se resolverá con la información obrante en el expediente. Vencido el plazo previsto para la presentación de documentación y pruebas, y dentro de los TRES (3) días hábiles posteriores a la asignación del expediente para su evaluación, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá confeccionar el informe técnico contemplado en el artículo 31, inciso c) de la Ley N ° 26.165 y sus modificaciones.  El plazo máximo para resolver en estos procedimientos no podrá exceder de SEIS (6) meses.  3. Procedimiento excepcional por extradición. Cuando la solicitud de refugio se presente durante la tramitación de un proceso de extradición, se observará lo siguiente:  a) la entrevista personal deberá realizarse el mismo día o al día siguiente de la presentación de la solicitud. El solicitante deberá presentar toda la prueba disponible en ese acto, bajo apercibimiento de resolver con los elementos obrantes;  b) la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá confeccionar el informe técnico dentro de los TRES (3) días posteriores a la recepción de la declaración personal;  c) las notificaciones deberán realizarse y serán válidas en el domicilio constituido en el expediente judicial, para lo cual la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) o su Secretaría Ejecutiva solicitará en el expediente judicial al juez que las notificaciones se practiquen de manera inmediata, con habilitación de días y horas inhábiles y con el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario.  La decisión sobre la solicitud de refugio a la cual le aplicará el procedimiento excepcional por extradición deberá ser resuelta en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la providencia administrativa que opta por este procedimiento.  4. Rechazo “in limine”. El rechazo “in limine” será de aplicación para los casos de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que fueran manifiestamente improcedentes. Se considerará que una solicitud es manifiestamente improcedente cuando:  a) otra jurisdicción sea responsable conforme a tratados bilaterales o multilaterales;  b) la solicitud se fundamente en motivos de conveniencia económica, o cuando el peticionante manifieste que su elección responde únicamente a una preferencia subjetiva por las condiciones de vida, bienestar, o comodidad que ofrece el país en comparación con su país de origen, sin mencionar que exista una persecución, riesgo o amenaza grave a sus derechos fundamentales que justifique el reconocimiento de la condición de refugiado. En aquellos casos en los que la autoridad considere que no se configuran, prima facie, los presupuestos necesarios para admitir el trámite sumario de la solicitud, podrá disponer el rechazo “in limine” de la solicitud cuando, a su criterio, no exista ninguna circunstancia que aconseje un análisis más detenido de la misma;  c)  las alegaciones sean incoherentes, insuficientes o inverosímiles;  d) se encuentra acreditado de manera evidente que el solicitante se encuentra encuadrado en alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 9° de la ley que se reglamenta.  En situaciones excepcionales, como afluencias masivas o solicitudes en frontera, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer centros de acogida para solicitantes de refugio, en los que se deberá asegurar la no convivencia con la población carcelaria.  La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, podrán disponer residencias transitorias mientras se resuelven las solicitudes, sin que ello implique un derecho a una resolución favorable. Estos centros de acogida son alojamientos para quienes aguarden una resolución a su solicitud de refugio, y de ningún modo implican la imposibilidad de las personas alojadas de retornar voluntariamente a su país de origen o a un tercer país.  En todos los procedimientos se deberán adoptar medidas para asegurar la atención de solicitantes con necesidades especiales, tales como niños no acompañados, víctimas de violencia sexual o personas con discapacidad, garantizando el respeto de sus derechos y una evaluación adaptada a su situación particular.  ARTÍCULO 42.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 43.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 44.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 45.- En ejercicio de su facultad de instrucción del procedimiento, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) deberá notificar al solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado toda medida o actividad que deba cumplir por su parte y asegurarse de que la persona interesada ha comprendido lo comunicado.  Transcurridos SESENTA (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al solicitante, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) lo intimará al cumplimiento de la medida pendiente bajo apercibimiento de que, si transcurriesen otros TREINTA (30) días de inactividad de su parte, se declarará de oficio la caducidad del procedimiento y se archivará el expediente. Vencido dicho plazo sin que el interesado cumpliese, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá decretar la caducidad del procedimiento sin más trámite.  No obstante, el interesado podrá presentar una nueva solicitud de refugio, en la que deberá indicar, de manera fundada, la razón por la que se desinteresó del trámite anterior y el motivo del abandono del país. Si los motivos tuvieren suficiente sustento, se dará curso a la nueva solicitud. En caso contrario, se procederá a su rechazo “in limine”.  ARTÍCULO 46.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 47.- Los casos que sean incluidos por la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) en el orden del día de la siguiente reunión de la mencionada Comisión Nacional serán remitidos a los comisionados por medios electrónicos o digitales seguros, mediante la transmisión del informe técnico y los demás antecedentes que correspondan.  Las reuniones deberán celebrarse de forma mensual. En aquellos casos en los cuales los comisionados se encuentren en condiciones de expedirse en base a la información remitida, podrán adelantar los votos por el mismo medio a través del cual hubieren recibido los casos. La Secretaría Ejecutiva de la referida COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) compulsará los resultados de los casos adelantados y la existencia de las mayorías requeridas para la resolución, en cuyo caso se tendrán por resueltos en la reunión correspondiente que sesione en quórum, conforme lo que establece el artículo 27 de la ley que se reglamenta.  En el supuesto de los casos que tramiten en la modalidad del procedimiento sumario, culminado el expediente, la Secretaría Ejecutiva remitirá el informe de manera inmediata y electrónica a los miembros de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), quienes deberán considerar el caso y expedirse de la manera que corresponda en un plazo no mayor de DIEZ (10) días de recibido, por la misma vía, en virtud del pedido de la presidencia de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) en los términos del artículo 26 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones.  En los casos en los cuales existan razones fundadas que requieran celeridad en la toma de decisiones, como es el rechazo “in limine”, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá reunirse por medios electrónicos, con resguardo de la seguridad y la confidencialidad de las reuniones a través de la plataforma que la Secretaría Ejecutiva informe.  ARTÍCULO 48.- Las sesiones, actas y resoluciones de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) tendrán carácter reservado y estrictamente confidencial, a excepción de las reuniones públicas que convoque a los fines indicados en el reglamento interno de la Comisión y sin perjuicio del derecho de defensa de los solicitantes.  Toda persona refugiada y solicitante de dicha condición tiene derecho a la protección de sus datos personales y de la información que hubiera suministrado en el marco del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. La confidencialidad deberá respetarse desde el primer momento del registro de la información y durante todas las etapas del procedimiento, y la obligación será extensiva a las personas o instituciones que participen directa o indirectamente del mismo, con inclusión de las intervenciones para la búsqueda de soluciones duraderas.  La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) se halla facultada para emitir directrices e instrucciones sobre los alcances del principio de confidencialidad, en particular con relación a comunicaciones con las autoridades del país de origen de los solicitantes y personas refugiadas. Las directrices y las instrucciones deberán ser observadas por las demás autoridades públicas.  ARTÍCULO 49.- En virtud del carácter humanitario, imparcial y confidencial de la decisión sobre la condición de persona refugiada de una persona, el país de origen de un solicitante de asilo o de una persona refugiada reconocida por la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) no podrá intervenir en ningún procedimiento administrativo o judicial que se vincule con la determinación de la condición de persona refugiada de un nacional suyo.  ARTÍCULO 50.- La Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) o las autoridades competentes de la jurisdicción en la cual se encuentre el peticionante, según el caso, notificarán a éste último las resoluciones que emita la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) al domicilio constituido, en forma personal, al domicilio electrónico, o por las formas de notificación aceptadas en los procedimientos administrativos conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones y al “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017” y sus modificatorios.  Al notificarse una resolución de reconocimiento del estatuto de persona refugiada, se informará a la persona refugiada sobre sus derechos y obligaciones; en especial, lo concerniente a su regularización migratoria y a la obtención de documentación de identidad y de viaje.  Cuando se trate de una resolución denegatoria de la condición de persona refugiada, se informará al solicitante sobre sus derechos y obligaciones. En particular, se le comunicarán las vías recursivas previstas en la ley, los plazos correspondientes, la posibilidad de recibir asistencia jurídica gratuita y la obligación de regularizar su situación migratoriaRecibido el recurso, se deberán remitir las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones competente dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes. Junto con la remisión, la Secretaría Ejecutiva deberá presentar un informe circunstanciado sobre la procedencia de la habilitación de instancia y los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada. En caso que la Cámara competente lo autorice, deberá remitir el expediente administrativo por los medios electrónicos previstos al efecto.  ARTÍCULO 51.- La Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) otorgará al solicitante de la condición de persona refugiada y a su grupo familiar un documento provisorio que autorizará una residencia precaria de hasta NOVENTA (90) días corridos, el que podrá ser renovado, a instancias de la persona interesada, por la Secretaría Ejecutiva de la citada Comisión Nacional o, con su autorización, por las autoridades migratorias competentes de la jurisdicción donde se encuentre el solicitante, hasta la resolución firme del caso.  El documento deberá contener estándares de calidad y de seguridad adecuados y consignar los datos identificatorios de la persona solicitante, su fotografía y la intervención del funcionario habilitado al efecto.  El documento provisorio no acredita identidad. Durante su vigencia, habilita a su titular a estudiar y permanecer en el territorio nacional en las condiciones migratorias vigentes. El citado documento conlleva la concesión del permiso de trabajo previsto en el artículo 43 de la Ley N° 26.165 y sus modificaciones, tanto para actividades en relación de dependencia como en forma autónoma, y permite la inscripción del solicitante ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, y la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.  ARTÍCULO 52.- Una vez reconocidas como tales, las personas refugiadas deberán solicitar la residencia temporaria ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES bajo el criterio previsto por el artículo 23, inciso k) de la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones, siempre que no hubieran ya solicitado y obtenido una residencia en virtud de otro criterio ante la mencionada Dirección. A ese efecto, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) expedirá un certificado que acredite tal condición.  Las personas refugiadas reconocidas tienen derecho a obtener, si así lo desean, el Documento de Viaje de la “CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS” de conformidad con las normas que dicte el órgano competente. Para su tramitación, la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) emitirá un certificado que acredite la condición de persona refugiada.  En caso de incumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 16 de la presente Reglamentación, y cuando además resultara de aplicación lo previsto en el artículo 62, inciso e), de la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificaciones, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) podrá considerar la cesación de la condición de persona refugiada y dictar el acto administrativo correspondiente.  ARTÍCULO 53.- Las solicitudes presentadas por niñas o niños no acompañados por sus familias o separados de las mismas de conformidad con los términos establecidos en la Observación General N° 6 (2005) del Comité de los Derechos del Niño de las NACIONES UNIDAS, serán resueltas prioritariamente y tramitadas de acuerdo a un procedimiento ordinario conforme lo establecido en el “PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DURADERAS PARA LOS NIÑOS NO ACOMPAÑADOS O SEPARADOS DE SUS FAMILIAS EN BUSCA DE ASILO”, en virtud de la Disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES N° 2656 del 6 de octubre de 2011 que aprobó el procedimiento de ingreso y egreso de menores hacia y desde el Territorio Nacional, y sus modificatorias, o la norma que en el futuro lo reemplace, e incluirá, entre otras, las siguientes garantías especiales:  1. en el caso de niños indocumentados, se tendrá como válida la edad declarada hasta tanto sean realizadas las pruebas determinativas de la edad, dentro de un plazo razonable;  2. referencia inmediata del caso a la autoridad administrativa de protección o autoridad judicial competente;  3. asistencia de un tutor o representante legal, que intervendrá necesariamente a lo largo de todo el procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada;  4. entrevista asistida por personal especializado en temas de niñez;  5. posibilidad del tutor o representante legal de contar con un plazo razonable para presentar un alegato sobre los méritos de la solicitud.  TÍTULO VI  Disposiciones finales   ARTÍCULO 54.- Sin reglamentar.  ARTÍCULO 55.- La presente Reglamentación se integra, para casos excepcionales de afluencias masivas de solicitantes de refugio, con la disposición de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES N° 2641 del 25 de octubre de 2022 relativa al ingreso abrupto de personas desplazadas desde países limítrofes por desastres socio-naturales de aparición repentina.  En casos excepcionales de afluencia masiva de solicitantes de asilo en frontera, y sin perjuicio del procedimiento especial que se dicte al efecto, la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE), juntamente con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, podrán otorgar las residencias transitorias previstas en el artículo 24, inciso h) de la Ley de Migraciones N° 25.871 sus normas modificatorias y complementarias, mientras resuelve sobre las solicitudes de refugio. El otorgamiento de tales residencias no confiere el derecho a una resolución favorable de la petición.  ARTÍCULO 56.- A los fines establecidos en el artículo que se reglamenta, se tendrán en cuenta los acuerdos, procedimientos y mecanismos previstos en el artículo 25, inciso c), apartado III, de la presente Reglamentación.  ARTÍCULO 57.- Sin reglamentar.