Resolución   1628 / 2010
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
Fecha de publicación: 2010-12-07

Defensoría General de la Nación MINISTERIO PUBLICO Resolución 1628/2010 Apruébase el 'Régimen jurídico para los Magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa de la Nación'.  Bs. As., 29/11/2010 Ver Antecedentes Normativos VISTO Y CONSIDERANDO: Que mediante la reforma del año 1994 se incorporó el artículo 120 a la Constitución Nacional, por el cual se reconoció y garantizó la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera del Ministerio Público, y se dispuso que sea integrado por un Procurador General de la Nación, un Defensor General de la Nación y los miembros que la ley estableciera. Que, con fecha 18 de marzo de 1998, se promulgó la Ley Nro. 24.946, por la cual se determinó la organización e integración del Ministerio Público de la Nación, y se designó al Defensor General de la Nación como jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa. Que desde la sanción de la ley orgánica hasta el presente, en razón de la inexistencia de un régimen propio, se aplicaron normas relativas al personal que rigen en el ámbito del Poder Judicial, con la excepción de algunas reglamentaciones que fueron dispuestas por la máxima autoridad de este Ministerio Público a lo largo de los años. Que resulta necesario fijar el marco jurídico que establezca los derechos y deberes de los Magistrados, funcionarios y empleados, y reglamente el ingreso, la estructura escalafonaria y la carrera administrativa de los integrantes de esta Institución. Que, a tales fines, se efectuó un relevamiento de las normas internas vigentes, agrupando en un texto normativo unificado el conjunto de disposiciones que rigen las distintas situaciones de revista que se verifican en este Ministerio Público de la Defensa, el cual se divide en tres Títulos: I) 'Escalafón', por el cual se establecen las disposiciones generales, las condiciones de prestación del servicio, los requisitos para efectuar las designaciones y promociones del personal y las formas de egreso; II) 'Régimen de licencias'; y III) 'Régimen disciplinario'. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría Jurídica a fs. 45/46, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 120 de la Constitución Nacional y los artículos 21 y 51 de la Ley Nº 24.946, en mi carácter de Defensora General de la Nación, RESUELVO: I. — APROBAR el 'Régimen jurídico para los Magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa de la Nación', que como Anexo I forma parte integrante de la presente. II. — MODIFICAR el 'Formulario de Solicitud de Licencia y Justificación de Inasistencia' aprobado por Resolución DGN Nro. 1122/10, el cual quedará redactado de conformidad con el Anexo II de la presente resolución. III. — DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones DGN Nros. 496/96, 560/96, 675/96, 416/97, 475/98, 899/98, 1252/98 —artículos 1 a 65 del Anexo—, 1474/98, 204/99,1973/99, 562/00, 1131/00 —Pto. III—, 1634/06 —Pto. III—, 1860/06, 755/07, 950/07 —Pto. I—, 1151/07 —Ptos. I y II—, 1236/07, 1639/07, 1678/07, 637/08, 902/08, 1006/08, 1271/08, 116/09, 557/09, 570/10, 974/10 y 1301/10 y toda otra norma que se oponga al Régimen aprobado en la presente resolución. IV. — ESTABLECER que el Régimen aprobado en el punto I), así como lo dispuesto en los puntos II) y III), comenzará a regir a partir de la publicación de la presente resolución y sus anexos en el Boletín Oficial. Protocolícese, notifíquese a todas las defensorías y dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del organismo y, oportunamente, archívese. — Stella M. Martínez. ANEXO I  (TEXTO ORDENADO 2020 aprobado por el Punto IV de la Resolución N° 999/2020 de la Defendoía General de la Nación B.O. 3/11/2020. Vigencia: a partir del día siguiente a la protocolización de la presente.)  'RÉGIMEN JURÍDICO DEL MINISTERIO PÚBLICO   DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN' -TEXTO ORDENADO 2020- INDICE:  Título I.- Escalafón: Capítulo I -Disposiciones generales- (artículos 1° a 11°); Capítulo II -Condiciones de prestación del servicio- (artículos 12° a 23°); Capítulo III - Designaciones y promociones- (artículos 24° a 54°); Capítulo IV -Egreso- (artículo 55°); y Capítulo V -Facultades extraordinarias- (artículo 56°).  Título II.- Régimen de licencias: Capítulo I -Beneficiarios/as y autoridades de aplicación- (artículos 57° a 58°); Capítulo II -Solicitud de licencias- (artículos 59° a 67°); Capítulo III -Licencias y justificaciones- (artículos 68° a 104°); y Capítulo IV - Normas complementarias- (artículos 105° a 107°).  Título III.- Régimen Disciplinario: Capítulo I -Ámbito de aplicación- (artículos 108° a 110°); Capítulo II -Derechos y deberes esenciales de los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa- (artículos 111° a 120°); Capítulo III -Deberes de los/as funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa- (artículos 121° a 122°); Capítulo IV -Aplicación de sanciones- (artículos 123° a 128°); Capítulo V -De las sanciones- (artículos 129° a 141°); y Capítulo VI -Del procedimiento para la aplicación de sanciones- (artículos 142° a 171°).  TÍTULO I - ESCALAFÓN  CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES   Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. El presente régimen será de aplicación a todos/as los/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.  Artículo 2°.- Denominación. A los efectos del presente reglamento, se denominan 'Magistrados/as' a los/as integrantes del Ministerio Público de la Defensa mencionados/as en el inciso a) del artículo 15 de la Ley N° 27.149; 'funcionarios/as' a los/as agentes que revisten en las categorías enumeradas en el artículo 6° y en los incisos 1 a 8 del artículo 7° del presente régimen, y 'empleados/as' al resto del personal.  Artículo 3°.- Principios generales. Todos/as los/as funcionarios/as y empleados/as comprendidos/as en el presente régimen conforman el personal del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.   Artículo 4°.- Situaciones de revista. Las situaciones en que puede encontrarse el personal que preste servicios en el Ministerio Público de la Defensa son las siguientes:   1) Permanente: es el/la agente que ocupa un cargo efectivo en la planta del Ministerio Público de la Defensa.   2) No permanente: es todo/a agente que presta funciones de carácter transitorio, por períodos de tiempo perentorios.   a) Interino/a: es el/la agente que, ocupando o no un cargo en la planta permanente, se desempeña temporalmente en un cargo transitoriamente vacante;   b) Contratado/a: es el/la agente que cumple funciones inherentes a cualquiera de los cargos del escalafón, por períodos determinados, en las dependencias en las cuales, por razones funcionales de carácter transitorio, se necesita reforzar el plantel de funcionarios/as o empleados/as;   3) Subrogante: es aquel/aquella agente al que, permaneciendo en el ejercicio de su cargo, de manera transitoria se le asigna cumplir funciones de un cargo superior, no inferior a prosecretario/a administrativo/a, cuyo/a titular se encuentre de licencia por enfermedad de largo tratamiento. Por tal asignación transitoria, estos/as agentes tendrán derecho a percibir un adicional remunerativo por reemplazo que será equivalente a la diferencia salarial existente entre ambos cargos.  Artículo 5°.- Estructura escalafonaria. El presente régimen estará configurado por tres agrupamientos:   a) Técnico jurídico   b) Técnico administrativo   c) Servicios auxiliares   Tales agrupamientos estarán divididos, a su vez, en categorías que constituyen los grados que puede ir alcanzando el/la agente durante su carrera en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa.  Artículo 6°.- Agrupamiento 'Técnico jurídico'. Incluye a todas las categorías para las que se requiere, por imperativo legal, contar con título de abogado/a, y cuyos/as integrantes desempeñan tareas principales de dirección, ejecución, fiscalización, asesoramiento y certificación en la prestación del servicio de Defensa Pública y en las cuestiones jurídico administrativas inherentes a las funciones propias de la Defensoría General de la Nación.    Comprende las siguientes categorías:   1. Secretario/a Letrado/a   2. Prosecretario/a Letrado/a   3. Secretario/a de Primera Instancia    Las categorías 1 y 2 están equiparadas, a los efectos remuneratorios, previsionales e impositivos, a las de Defensor Público Oficial Adjunto y Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la Nación, respectivamente. La categoría 3 estará equiparada, a iguales efectos, a la de Secretario/a de Juzgado del Poder Judicial de la Nación. Para ser designado/a en el cargo de Secretario/a Letrado/a se requiere tener veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado/a o de cumplimiento -por igual término- de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con al menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado/a.   Para ser designado/a en los cargos de Prosecretario/a Letrado/a y Secretario/a de Primera Instancia se requiere ser mayor de edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado/a o de cumplimiento -por igual término- de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con al menos dos (2) años de antigüedad en el título de abogado/a.  Artículo 7°.- Agrupamiento 'Técnico administrativo'. Incluye al personal que desempeña tareas principales de dirección, ejecución, fiscalización y asesoramiento en las cuestiones de recursos humanos, contables y financieras, de informática, periciales y técnicas; y al que cumple funciones especializadas o administrativas de naturaleza principal, auxiliar o complementaria. Comprende las siguientes categorías:   1. Secretario/a General   2. Director/a General   3. Subdirector/a General   4. Subdirector/a Adjunto/a   5. Subsecretario/a Administrativo/a   6. Prosecretario/a Jefe/a   7. Jefe/a de Departamento   8. Prosecretario/a Administrativo/a   9. Jefe/a de despacho   10. Oficial Mayor   11. Oficial   12. Escribiente   13. Escribiente Auxiliar   14. Auxiliar   Todas las categorías están equiparadas, a los efectos remuneratorios, previsionales e impositivos, a iguales cargos del Poder Judicial de la Nación.  Artículo 8°.- Agrupamiento de 'Servicios auxiliares'. En este agrupamiento revistará el personal que tendrá como misión realizar tareas vinculadas con la conducción de vehículos, limpieza, mantenimiento de muebles e inmuebles, remisión de expedientes, documentos u oficios, entrega de correspondencia y trámites generales ante organismos públicos o privados que no requieran procedimientos o conocimientos especiales, y/o tareas de mayordomía y maestranza. Comprende las siguientes categorías:   1. Supervisor/a   2. Jefe/a de Sección   3. Encargado/a de Sección   4. Oficial de Servicio   5. Medio/a Oficial   6. Ayudante   El desempeño de cualquiera de los oficios o tareas encuadradas dentro de cada categoría, no implica el derecho del/de la agente a realizarlos con exclusividad.   Todas las categorías de este agrupamiento están equiparadas, a los efectos remuneratorios, previsionales e impositivos, a iguales cargos del Poder Judicial de la Nación.   No podrá en ningún caso exigirse ni tampoco autorizarse, a los/as agentes que se desempeñan en este estamento, el desempeño de funciones inherentes a cualquiera de los otros dos agrupamientos contemplados en los artículos 6 y 7. El incumplimiento de lo aquí normado hará pasible de sanción al/a la titular, o a quien se encuentre a cargo de la dependencia, que promueva o consienta tal situación.  Artículo 9°. Cambio de estamento del personal del agrupamiento 'Servicios auxiliares': Los/as agentes que revisten en el agrupamiento de 'Servicios auxiliares' sólo podrán cubrir vacantes -permanentes y no permanentes- en el estamento 'Técnico administrativo' cuando hubiesen aprobado la evaluación correspondiente y fueran propuestos/as conforme lo establecido en el 'Reglamento de ingreso de personal al Ministerio Público de la Defensa de la Nación'.  Artículo 10°.- Trabajadores/as sociales, médicos/as y psicólogos/as. El personal del Ministerio Público de la Defensa incluye, asimismo, a los/as trabajadores/as sociales, médicos/as y psicólogos/as. A su respecto, sólo rigen los requisitos generales de ingreso y el orden escalafonario establecido en el artículo 38°.  Artículo 11°.- Jefes/as de Despacho relatores. Los/as agentes que se desempeñen, en la actualidad, en el cargo de Jefe/a de Despacho relator/a, serán escalafonados/as en el cargo de Jefe/a de Despacho -artículo 7° inciso 9- al cumplir los tres (3) años de permanencia en la primera de las categorías mencionadas. También podrán ser escalafonados en dicho cargo los/as agentes aludidos en primer término que pese a no registrar tres (3) años de permanencia en el cargo precedentemente indicado, se hayan desempeñado, en forma efectiva, en alguno de los cargos establecidos en los incisos 10 a 13 del artículo 7°, y cuenten con la antigüedad antes mencionada desde su ingreso al Ministerio Público de la Defensa.  CAPÍTULO II. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  Artículo 12°.- Días hábiles e inhábiles. Las dependencias del Ministerio Público de la Defensa funcionarán durante los días hábiles judiciales, salvo disposición expresa en sentido contrario del/de la Defensor/a General de la Nación o de la autoridad delegada.  Artículo 13°.- Horario. El horario de funcionamiento de las Defensorías Públicas Oficiales será el mismo que fijen a tal fin los respectivos tribunales por ante los cuales aquellas actúan. Ello sin perjuicio de la prolongación o disminución que pueda disponer el/la Defensor/a General de la Nación por razones de optimización del servicio.  Artículo 14°.- Habilitación de días y horas. El/la Defensor/a General de la Nación, a solicitud de los/as titulares responsables de las dependencias del Ministerio Público de la Defensa, mediante resolución fundada, podrá habilitar días y horas por razones de servicio, en asuntos complejos o que no admitan demora, con debida comunicación a los/as funcionarios/as y empleados/as de la dependencia, la que importará notificación fehaciente. El/la responsable de la dependencia determinará el mecanismo de compensación por el tiempo trabajado como consecuencia de la habilitación dispuesta.  Artículo 15°.- Derechos. El personal del Ministerio Público de la Defensa tiene los siguientes derechos:   a) Estabilidad en la categoría   b) Retribución por sus servicios   c) Igualdad en la carrera   d) Capacitación   e) Provisión de útiles de trabajo y elementos de seguridad   f) Licencias y justificaciones de inasistencias   g) Asistencia social para sí y su grupo familiar   h) Interposición de recursos    i) Jubilación o retiro j) Renuncia   k) Ambiente de trabajo libre de discriminaciones por razones de nacionalidad, religión, opinión política, orientación sexual y todo otro motivo prohibido por las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos    l) Equidad de género   El personal no permanente gozara de los derechos antes mencionados, excepto los consignados en los incisos a) y c), con las salvedades que en su caso pudieran corresponder.  Artículo 16°.- Estabilidad en la categoría. La estabilidad es el derecho del personal permanente a conservar el empleo y la categoría escalafonaria alcanzados, mientras dure su buena conducta y hasta tanto cumpla con los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.   Lo expuesto no podrá ser interpretado como un impedimento para modificar el tipo de funciones que deba desempeñar el/la agente cuando razones de servicio así lo demanden. El personal no podrá ser trasladado a otras jurisdicciones territoriales sin su expresa conformidad y respetando la jerarquía alcanzada.   Tal limitación no podrá ser invocada por el/la agente cuya designación o promoción haya sido expresamente efectuada para prestar funciones que, por su naturaleza, previsiblemente conlleven la necesidad de trasladarse de manera periódica a jurisdicciones diversas; exceptuándose además los casos de comisiones que obedezcan al cumplimiento de tareas especiales, sumariales o técnicas, con arreglo a las normas de aplicación. El derecho a la estabilidad cesa únicamente cuando se configure alguna de las causales previstas en el Título III -Régimen Disciplinario-, requiriéndose para la remoción del personal su sometimiento al sumario administrativo previo, allí reglamentado.  Artículo 17°.- Retribución. El personal del Ministerio Público de la Defensa tiene derecho a la retribución de sus servicios, con arreglo a las escalas establecidas y en función de sus respectivas categorías de revista.  Artículo 18°.- Igualdad de oportunidades. El personal permanente goza del derecho de igualdad de oportunidades para cubrir los cargos vacantes del escalafón. Podrá ascender a través de los procedimientos establecidos, atendiendo a los conocimientos adquiridos, su idoneidad, desempeño y antigüedad. La carrera del/de la agente se regirá por las disposiciones que se dicten sobre el régimen de capacitación, calificación, promoción y exámenes.   Artículo 19°.- Licencias y justificaciones. Los/as Magistrados/as y el personal del Ministerio Público de la Defensa tienen derecho al goce de licencias y justificaciones de acuerdo con lo que establece el Título II -Régimen de Licencias-.  Artículo 20°.- Obra Social. Los/as Magistrados/as y el personal del Ministerio Público de la Defensa conservan sus derechos respecto de los beneficios prestados por la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley N° 27.149 y al convenio respectivo.  Artículo 21°.- Interposición de recursos. Los/as Magistrados/as y el personal del Ministerio Público de la Defensa que consideren vulnerados sus derechos enumerados en el art. 15 de este Reglamento, podrán recurrir a la respectiva autoridad de Superintendencia, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, N° 19.549, y su decreto reglamentario. Agotada la instancia administrativa, quedará expedita la vía judicial.  Artículo 22°.- Jubilación. Los/as funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa cuya situación se encuentre comprendida dentro de las previsiones establecidas por la Ley N° 24.018, que reúnan los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber jubilatorio, podrán ser intimados a iniciar los trámites respectivos dentro del término de sesenta (60) días. El incumplimiento, imputable al interesado/a, de dicha intimación, autorizará a decretar su cese una vez vencido el plazo para la iniciación del referido trámite. El/la agente deberá acreditar ante la autoridad de Superintendencia de la Defensoría General de la Nación la iniciación del trámite y su fecha. La cesación en el cargo operará a los ciento ochenta (180) días de haberse notificado la intimación, término que podrá prorrogarse contemplando las circunstancias del caso.   También resultarán pasibles de ser intimados/as en los términos mencionados en el párrafo anterior aquellos/as funcionarios/as y/o empleados/as del Ministerio Público de la Defensa cuya situación no se encuentre comprendida dentro de las previsiones establecidas por la Ley N° 24.018, que reúnan los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber jubilatorio, cuando su permanencia en funciones pudiera afectar el correcto funcionamiento de la dependencia en la cual se desempeñen.   Cuando se deje sin efecto el retiro por invalidez acordado al/a la agente de la planta permanente, como consecuencia de la extinción de las causas de su otorgamiento, este/a tendrá un plazo de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de la correspondiente notificación, para solicitar su reincorporación. Dentro de los treinta (30) días corridos de formulado el pedido, y previo a ser examinado/a por el órgano que a tal fin se designe, y en caso de que la citada entidad confirme su aptitud laboral, podrá autorizarse dicha reincorporación en una categoría igual a la que ocupaba al momento de su baja y en funciones acordes con su aptitud laboral, readquiriendo en forma inmediata el derecho a la estabilidad.   Esta restitución no será admitida cuando la suspensión del beneficio se haya fundado en la negativa injustificada del/de la interesado/a a someterse a las revisaciones o tratamientos médicos que contemplan las normas previsionales.  Artículo 23°.- Renuncia. El personal del Ministerio Público de la Defensa presentará la renuncia a su cargo ante la respectiva autoridad de superintendencia, quien la remitirá a la Defensoría General de la Nación, a sus efectos. El/la agente que renuncie deberá continuar prestando servicios hasta la aceptación de su dimisión, pronunciamiento que podrá quedar diferido cuando mediaren actuaciones sumariales labradas en su contra. Hasta tanto la renuncia no le sea expresamente aceptada, el/la agente seguirá sujeto/ta a las disposiciones legales y reglamentarias concernientes al Ministerio Público de la Defensa. La renuncia se considerará aceptada si la autoridad competente no se pronunciare al respecto dentro de los treinta (30) días corridos a partir de su presentación.    Los/as Magistrados/as integrantes de este Ministerio Público presentarán su renuncia ante el/la Defensor/a General de la Nación, quien la elevará al Poder Ejecutivo Nacional.  CAPÍTULO III. DESIGNACIONES Y PROMOCIONES  Artículo 24°.- Ámbito de aplicación. Las siguientes normas se aplicarán con relación a todas las designaciones de carácter permanente y no permanente que se efectúen. Si en lo sucesivo se crearan nuevos cargos que no se correspondan con las categorías que actualmente se contemplan en este escalafón, la Defensoría General de la Nación procederá a reglamentar la forma en que deberán ser realizadas las designaciones en tales grados, de conformidad con los principios generales establecidos en el presente texto.  Artículo 25°.- Dependencias vacantes. Las designaciones y promociones de funcionarios/as y empleados/as en las Defensorías cuya titularidad se encuentre definitivamente vacante, serán realizadas por el/la Defensor/a General de la Nación, teniendo en cuenta la planta de personal de la dependencia.  Artículo 26°.- Meritorios/as no rentados/as. Prohibición. El desarrollo de tareas en el Ministerio Público de la Defensa por parte de personas sin vínculo laboral con el Organismo, únicamente, podrá autorizarse de conformidad con las pautas establecidas por la Defensoría General de la Nación, quedando expresamente prohibido, en este ámbito, el desempeño de personas en carácter de meritorios/as no rentados/as.   Artículo 27°.- Traslados, transferencias y adscripciones. Se entenderá por traslado la situación del/de la agente que, con el cargo del cual es titular en una dependencia determinada, es designado/a para pasar a prestar funciones en otra área de este Ministerio Público de la Defensa, por necesidades funcionales y tiempo determinado.   Cuando la designación para prestar funciones en otra dependencia sea de carácter permanente, se denominará transferencia.   En todos los casos en que la transferencia o el traslado del/de la agente se efectúe a otra ciudad, deberá contarse con su conformidad previa y expresa.   El/la Defensor/a General de la Nación podrá autorizar la adscripción del/de la agente para cumplir funciones en otro Poder del Estado Nacional, Provincial o Municipal, por el plazo máximo de un (1) año, prorrogable por resolución fundada.   Los traslados, transferencias y adscripciones antes mencionadas, únicamente podrán ser dispuestas por el/la Defensor/a General de la Nación.   Los/as agentes que registren una antigüedad de más de un año en el desempeño de sus funciones en el Ministerio Público de la Defensa y cuyo cónyuge o conviviente - dependiente de cualquiera de los Poderes del Estado Nacional- pase a cumplir funciones en otra ciudad de la República por razones de servicio, podrá solicitar su traslado a una Defensoría ubicada en esa jurisdicción.   En ningún caso, quienes se encuentren a cargo de dependencias podrán admitir la realización de funciones con carácter permanente o temporario, de agentes que revisten en otras oficinas públicas -incluso de este Ministerio Público de la Defensa- sin que medie autorización expresa al respecto del/de la Defensor/a General de la Nación.  Artículo 28°.- Permutas. Sólo podrán efectuarse permutas entre el personal de las distintas dependencias, previa autorización expresa del/de la Defensor/a General de la Nación a través del acto administrativo pertinente.  Artículo 29°.- Personas con discapacidad. El cuatro por ciento (4%) de los cargos a cubrir, sobre el total de los/as agentes integrantes de este Ministerio Público, como mínimo, deberá ser ocupado por personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo y se encuentren inscriptas en el Registro creado a tales efectos en la Defensoría General de la Nación.  Artículo 30°.- Autoridad competente. El/la Defensor/a General de la Nación efectuará la designación, promoción y contratación de todos/as los/as funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 27.149, pudiendo delegar esta competencia en los/as Magistrados/as y/o funcionarios/as que estime corresponder.  Artículo 31°.- Fecha de vigencia de los nombramientos. Los nombramientos se tendrán por efectuados a partir de la fecha del dictado del acto administrativo que los disponga o de la que en él se determine. Podrá otorgarse efectos retroactivos sólo a los nombramientos o promociones en cargos no permanentes, siempre y cuando se consigne de manera expresa tal circunstancia en la resolución respectiva. No podrá autorizarse el inicio de la prestación de servicios por parte de ningún agente con anterioridad a la fecha de la resolución que habilite su ingreso al Ministerio Público de la Defensa. El incumplimiento de lo aquí preceptuado hará personalmente responsable a quien incurra en el mismo, por los perjuicios que ello pudiera ocasionar.  Artículo 32°.- Toma de posesión del cargo. Incumplimiento. La persona designada debe tomar posesión del cargo dentro de los diez (10) días de notificada de la resolución que dispone su nombramiento, salvo razones debidamente justificadas que tendrá que comunicar a la Defensoría General de la Nación antes del vencimiento de dicho plazo. En el caso de que no lo hiciere, se dejará sin efecto la designación efectuada.  Artículo 33°.- Renuncia previa. La persona designada en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa que antes de su nombramiento revistare en otra repartición correspondiente al orden nacional, provincial o municipal, sólo será puesta en posesión del cargo previa acreditación de la aceptación de su renuncia a ese empleo anterior.  Artículo 34°.- Requisitos para el ingreso. Los/as aspirantes a ingresar como personal del Ministerio Público de la Defensa deberán:   a) Ser mayores de 18 años de edad, circunstancia que deberá acreditarse mediante el aporte de fotocopia autenticada de la partida de nacimiento y del Documento Nacional de Identidad.   b) No registrar ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el Inc. 1), Ptos. a, b, c y e, del artículo 46°, circunstancia que se deberá acreditar con el certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, sin perjuicio de la excepción prevista en el último párrafo del inciso 1) del artículo 46°.   c) Contar con condiciones apropiadas de aptitud psíquica y física, requisito que deberá acreditarse mediante la presentación del certificado de salud expedido por el organismo competente que la reglamentación establezca a tales efectos.   d) Contar con estudios secundarios completos, acreditados mediante la presentación de la copia certificada del título correspondiente.    e) Si se tratare de extranjeros/as, tener regularizada su situación legal de residencia en el país.   f) Acreditar idoneidad para ser designado/a en el cargo a desempeñar, aptitud que será verificada a través del proceso de concurso y/o evaluación que la reglamentación establezca a tales efectos.   g) No registrar la causal de inhabilidad enumerada en el Inc. 1), Pto. d) del artículo 46°, circunstancia que, quienes se desempeñen o se hubieren desempeñado en cualquiera de los Poderes del Estado o Ministerio Público en el orden nacional, provincial o municipal, deberá acreditar mediante la presentación de un certificado que consigne: fecha de ingreso y egreso; cargos desempeñados y la carencia de sanción que haya conllevado a su separación del cargo, con indicación de fecha y motivo.   h) Si se tratare de profesionales matriculados/as, no registrar la causal de inhabilidad enumerada en el Inc. 1), Pto. g) del artículo 46°, circunstancia que deberá acreditarse mediante la presentación de un certificado del respectivo colegio profesional, del cual surja la antigüedad y estado de la matrícula y si fueron objeto de exclusión de la misma.   El requisito exigido en el inciso d) no será requerido a los/as ingresantes en el escalafón de 'Servicios auxiliares', quienes para su ingreso deberán contar con estudios primarios completos, acreditados mediante la presentación de la copia certificada del título correspondiente.  Artículo 35°.- Personal Técnico jurídico. Ingreso. El/la aspirante a ingresar al Ministerio Público de la Defensa, en alguna de las categorías enumeradas en el artículo 6° de la presente, además de reunir los requisitos exigidos por este reglamento y por las demás disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, deberá contar con título de abogado/a, circunstancia que se acreditará mediante el aporte de la copia certificada del diploma respectivo.   En casos excepcionales, cuando el/la aspirante reúna antecedentes técnico profesionales y de experticia relevantes, específicos para el cargo, y la designación se efectúe en las áreas de la estructura central de la Defensoría General de la Nación, la autoridad competente podrá eximirlo del requisito fijado en el artículo 34° inc. f) del presente reglamento.  Artículo 36°.- Documentación que debe elevarse conjuntamente con la propuesta. Al elevar la propuesta del/de la candidata/a para ingresar al Ministerio Público de la Defensa en cualquiera de los agrupamientos establecidos, el/la Magistrado/a o funcionario/a a cargo de la dependencia respectiva acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas en los artículos 34° y 35°, conjuntamente con la declaración jurada que documente que el/la ingresante no se encuentra inhabilitado/a por razones de parentesco, en los términos reseñados por el artículo 46° del presente reglamento.   Cuando la propuesta de nombramiento o promoción sea observada por la autoridad de Superintendencia, será devuelta al/a la Magistrado/a o funcionario/a que la haya efectuado, a fin de que éste/a fundamente la pertinencia de su petición de manera adecuada o bien para que la deje sin efecto y formule una nueva propuesta.   Los pedidos de promociones o propuestas de designación deberán ajustarse a las normas prescriptas en el presente régimen, y serán denegadas aquellas que impliquen postergación de otros/as agentes del Ministerio Público de la Defensa que se encuentren desempeñando tareas análogas a las inherentes al cargo a cubrir y se hallen revistando en la categoría inferior, observando los requisitos de idoneidad, aptitud, conducta y antigüedad, y no hayan sido calificados/as de manera negativa.  Artículo 37°.- Orden escalafonario de ingreso al agrupamiento 'Técnico administrativo' y de 'Servicios auxiliares'. El ingreso al Ministerio Público de la Defensa como personal permanente en las categorías mencionadas en el artículo 8° y en los incisos 6 a 14 del artículo 7°, sólo podrá efectuarse en el cargo más bajo previsto para ese agrupamiento, mediante la aprobación del examen fijado en el artículo 34° inc. f) del presente reglamento.   La regla establecida en el párrafo anterior podrá exceptuarse cuando el/la aspirante se desempeñe en un cargo efectivo en el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público Fiscal de la Nación; o en el caso de designaciones de personal en las áreas técnicas de la estructura central de la Defensoría General de la Nación.   Sin perjuicio de lo estipulado en el primer párrafo, en el supuesto de que alguna dependencia no registre en su dotación el cargo correspondiente a la categoría inferior de ingreso del agrupamiento de mención, el/la aspirante podrá ser nombrado/a en el cargo más bajo existente en la planta correspondiente a esa oficina.  Artículo 38°.- Orden escalafonario especial. Los/as trabajadores/as sociales, médicos/as y psicólogos/as que ingresen en este Ministerio Público de la Defensa, lo harán en el cargo del inciso 11 del artículo 7°.   Los/as ingresantes que cuenten con los mencionados títulos habilitantes y que cumplan con los requisitos generales para el ingreso -establecidos en el artículo 34° del presente reglamento-, adquirirán estabilidad en sus cargos luego de transcurridos seis (6) meses desde su designación como personal permanente.   Transcurridos cinco (5) años ininterrumpidos de permanencia en la categoría de ingreso sin que registren sanciones disciplinarias y en la medida en que resulten calificados/as satisfactoriamente por sus superiores, los/as agentes aludidos/as tendrán derecho a solicitar su reescalafonamiento al cargo de Prosecretario/a Administrativo/a. El/la Defensor/a General de la Nación, excepcionalmente, podrá aplicar el presente orden escalafonario a otras profesiones y/o especialidades mediante resolución fundada.  Artículo 39°. Pertenencia previa. Para el ingreso al agrupamiento 'Técnico jurídico', a los cargos mencionados en los incisos 1 a 5 del artículo 7° -agrupamiento 'Técnico Administrativo'-, y a los cargos mencionados en el artículo 10°, no se requiere pertenencia previa del/de la funcionario/a o agente propuesto/a a los Ministerios Públicos o al Poder Judicial de la Nación.  Artículo 40°.- Situación de los/as Auxiliares y los/as Ayudantes. Cumplidos los seis (6) meses de servicio efectivo, la confirmación de los/as agentes designados en los cargos de Auxiliar y de Ayudante implicará el reescalafonamiento a las categorías de Escribiente Auxiliar y de Medio Oficial, según el estamento de que se trate.  Artículo 41°.- Confirmación de los/as Auxiliares. Toda confirmación de un/a Auxiliar en el cargo de Escribiente Auxiliar podrá proveerse siempre y cuando se haya acreditado el cumplimiento de todas las condiciones exigibles para el ingreso al Ministerio Público de la Defensa.   Ante el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, vencidos los plazos pertinentes, se deberá disponer el cese del/de la agente.  Artículo 42°.- Auxiliares interinos, contratados y suplentes. Los/as agentes designados/as como Auxiliares interinos/as, contratados/as o suplentes, mientras se encuentren en esa condición, estarán obligados/as a aprobar los cursos de capacitación.  Artículo 43°.- Confirmación de los/as Ayudantes. Todo reescalafonamiento de un/a Ayudante en el cargo de Medio/a Oficial podrá proveerse siempre y cuando se haya acreditado el cumplimiento de todas las condiciones exigibles para permitir su ingreso al Ministerio Público de la Defensa. Ante el incumplimiento injustificado de alguno de aquellos requisitos, se deberá proceder a disponer el cese del/de la agente.  Artículo 44°.- Período de prueba. Cómputo. El período de prueba de seis (6) meses al que hace referencia el art. 40° comenzará a computarse a partir del comienzo de la prestación de servicios en la vacante efectiva por parte del/de la agente, salvo que con anterioridad hubiera cumplido funciones aún con carácter no permanente por idéntico plazo, en algún otro cargo del escalafón. Para el cómputo de este plazo no se tomarán en cuenta las ferias judiciales. El cómputo de este lapso quedará en suspenso si el/la agente se encontrara, durante su transcurso, usufructuando alguna de las licencias contempladas en los artículos 84°, 95°, 96° y 98° del presente régimen. En tal supuesto, el cómputo del plazo se reanudará a partir de la reincorporación del/de la agente a sus funciones.  Artículo 45°.- Recepción de Juramento. Los/as Magistrados/as y funcionarios/as designados/as en cualquiera de los cargos enumerados en el artículo 15, Inc. a) de la Ley N° 27.149 o categorías mencionadas en el artículo 6° y en los inciso 1° a 5°, inclusive, del artículo 7° del presente, deberán prestar juramento ante el/la Defensor/a General de la Nación o la autoridad en que éste/a delegue tal función, dentro de los treinta (30) días contados a partir de sus nombramientos, de conformidad con alguna de las siguientes fórmulas:  a) '¿Juráis por Dios Nuestro Señor y por la Patria, sobre estos Santos Evangelios, desempeñar el cargo de …., bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes de la Nación? … Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demande';  b) '¿Juráis por Dios y por la Patria, desempeñar el cargo de … , bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes de la Nación?.... Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demande';  c) '¿(Juráis) o (Prometéis) por la Patria y vuestro honor, desempeñar el cargo de …., bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y las leyes de la Nación?.... Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande'.  Artículo 46°. Incapacidades generales para el nombramiento.   1. No podrán ser nombrados/as funcionarios/as o empleados/as del Ministerio Público de la Defensa quienes:   a. hayan sido condenados/as por delito doloso en los últimos cinco (5) años;   b. hayan sido condenados/as por delito culposo que guarde relación con el ejercicio de su empleo o profesión en los últimos cinco (5) años;   c. hayan sido inhabilitados/as para ejercer cargos públicos, mientras dure su inhabilitación;   d. hayan sido separados/as de un empleo público anterior por mal desempeño fehacientemente comprobado;    e. hayan sido hallados/as responsables, por sentencia condenatoria firme de participar de cualquier forma en los supuestos contemplados en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se los/as hubiera beneficiado con indulto o condonación de la pena;   f. tengan la edad prevista para acceder al beneficio de la jubilación o perciban un haber previsional o de retiro proveniente de cualquier régimen nacional, provincial o municipal, salvo casos de excepción cuando el tipo de actividad justifique su ingreso;   g. hubiese sido excluido/a de la matrícula profesional, por decisión firme del tribunal de disciplina del colegio correspondiente;   h. hubiera sido eliminado/a de un concurso celebrado en el ámbito del Ministerio Público o Poder Judicial Nacional, provincial o de la CABA en los cinco (5) años anteriores, por conductas o actitudes contrarias a la buena fe o la ética.   Por resolución fundada del/ de la Defensor/a General de la Nación, podrá exceptuarse de los impedimentos enunciados en los ptos. a) y b) a aquella persona propuesta para cargos permanentes o no permanentes de la estructura central de la Defensoría General de la Nación que cuenten con antecedentes penales, siempre que se motive en una petición fundada; y en tanto la persona propuesta no hubiera estado trabajando en este Ministerio Público durante la comisión del delito, ni haya tenido participación criminal en los delitos contemplados en los Títulos IX, X y XI del Libro Segundo del Código Penal (Delitos contra la Seguridad de la Nación, contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional y delitos contra la Administración Pública).   2. No podrán ser designados/as en los cargos de Secretario/a Letrado/a, Prosecretario/a Letrado/a, Secretario/a de Primera Instancia, Prosecretario/a Jefe/a y Prosecretario/a Administrativo/a -y cargos presupuestariamente asimilados- quienes sean cónyuges, personas que mantengan una unión convivencial o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los/as jueces/zas y fiscales ante los cuales intervenga la Defensoría Pública en la cual se produzca la vacante.   3. No podrán desempeñarse en una misma dependencia dos cónyuges o personas que mantengan una unión convivencial, como así tampoco quienes sean parientes ascendientes o descendientes dentro del tercer grado de consanguinidad, colaterales dentro del cuarto grado, y parientes por afinidad en igual grado.   4. No podrán ser designados/as en las dependencias del Ministerio Público de la Defensa quienes sean cónyuges, personas que mantengan una unión convivencial o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los/as defensores/as del mismo fuero o de la misma ciudad -en el caso del interior del país- que la Defensoría en que se produzca la vacante.    En caso de inhabilidad por parentesco sobreviniente, el/la titular de la dependencia deberá comunicar a la Defensoría General de la Nación tal situación de inmediato y, si por razones funcionales así se determinase, el/la Defensor/a General de la Nación podrá disponer el traslado del empleado/a a otra dependencia cuya sede se encuentre dentro de la misma jurisdicción, respetando su situación de revista.  Artículo 47°.- Adquisición del Derecho a la estabilidad. Plazo. Las designaciones del personal que ingrese al Ministerio Público de la Defensa, en cualquier categoría escalafonaria, tendrán carácter provisional por el término de seis (6) meses desde la fecha del nombramiento como personal permanente. Transcurrido dicho término el personal adquiere el derecho a la estabilidad.   El/la Magistrado/a o funcionario/a a cargo de la dependencia deberá informar a la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos, con una antelación no menor a treinta (30) días antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, si durante el lapso indicado el/la ingresante ha demostrado poseer las condiciones de idoneidad y conducta exigibles para desempeñarse como agente del Ministerio Público de la Defensa.   A esos efectos, deberá realizar una evaluación exhaustiva de su desempeño, de acuerdo a las pautas y formularios que a tal fin se disponga. El requisito regirá tanto a efectos de habilitar la continuidad de servicios como de su cese en caso que el informe de gestión de desempeño resultare negativo, en cuyo caso el/la Defensor/a General de la Nación podrá disponer el cese del/de la agente.  Artículo 48°.- Condiciones generales para el ascenso. El personal tiene derecho a ser promovido respetando el orden de la escala de cada agrupamiento. Para el ascenso de empleados/as, se dará prioridad para ocupar la vacante superior a aquellos/as que revisten en la categoría inmediata inferior al cargo a desempeñar, atendiendo a los conocimientos adquiridos por los/as aspirantes, su idoneidad, aptitud y conducta demostradas en el ejercicio de los cargos que hayan ostentado, el cumplimiento de los programas de capacitación anual, la antigüedad y la calificación positiva que hayan recibido de su superior.   La falta de aptitud de parte de la persona cuya situación fuera aludida en la última parte del párrafo anterior para desempeñase en la vacante a cubrir, deberá ser denunciada por la máxima autoridad de la dependencia en oportunidad de efectuar la calificación del/de la agente.    Para ser promovido -con carácter permanente o no permanente- al cargo mencionado en el inciso 8 del artículo 7° será requisito haber desempeñado -en forma permanente o no permanente- durante al menos dos (2) años, el cargo de Jefe/a de Despacho (artículo 7° inciso 9). Este requerimiento no será exigido si el/la candidato/a propuesto/a hubiere aprobado alguno de los concursos implementados en el ámbito de la Defensoría General de la Nación para ocupar un cargo de Magistrado/a del Ministerio Público de la Defensa o de algún procedimiento de evaluación para el ingreso al agrupamiento 'técnico jurídico'.   Todos/as los/as agentes propuestos/as para un ascenso, que se desempeñen -en carácter permanente o no permanente- en los cargos mencionados en los incisos 9 a 14 del artículo 7° deberán acreditar, con carácter excluyente, la asistencia y, en su caso, la aprobación de los programas de capacitación implementados por la Secretaría General Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación que se determinen.   En el caso de que existan candidatos/as con el mismo cargo frente a una promoción, se dará obligatoriamente preferencia en los ascensos, a aquel/lla agente que cuente con el título de abogado/a.  Artículo 49°.- Supuestos de excepción. Excepcionalmente, y ante el supuesto de que el/la agente de la dependencia donde se produzca la vacante de alguno de los cargos mencionados en los incisos 9 a 14 del artículo 7° no se encuentre en condiciones de ascender, se podrá proponer el nombramiento de aquel/aquella aspirante que se desempeñe en la categoría subsiguiente inferior dentro del esquema de la planta correspondiente a esa oficina, siempre y cuando reúna los requisitos de idoneidad y cuente con la antigüedad de revista que para tales casos se establece en el siguiente artículo.   En caso que se demuestre de manera fundada la inconveniencia de la designación del/de la agente que se desempeñe en la categoría subsiguiente inferior, o no hubiera ningún/a agente que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 50°, podrá elegirse un/a candidato/a, preferentemente, que reviste en otra oficina dependiente de este Ministerio Público de la Defensa y, en caso de que ello no resulte posible, de agentes que se desempeñen en el Ministerio Público Fiscal o en el Poder Judicial de la Nación, o que hubiere aprobado alguno de los concursos implementados en el ámbito de la Defensoría General de la Nación para ocupar un cargo de Magistrado/a del Ministerio Público de la Defensa o el procedimiento de evaluación para el ingreso al agrupamiento 'técnico jurídico'.  Artículo 50°.- Requisitos exigidos frente a supuestos de excepción. En caso de que se pruebe la materialización del supuesto descripto en el artículo precedente, podrá procederse a la designación del/de la agente que se encuentre en la condición allí reseñada, atendiéndose a las siguientes pautas:   a) Ejercicio ininterrumpido, por su parte, del cargo inferior, de manera efectiva por el término de: i) tres (3) años -para ser designado/a en el cargo del inciso 9 del artículo 7°-; y ii) un (1) año -para ser designado/a en los cargos de los incisos 10 y 11 del artículo 7°-   b) Ejercicio ininterrumpido, por su parte, del cargo inferior, en carácter no permanente, por el lapso de: i) cuatro (4) años -para ser designado/a en el cargo del inciso 9 del artículo 7°-; y ii) dos (2) años -para ser designado/a en los cargos de los incisos 10 y 11 del artículo 7°-;   c) En ambos supuestos, los plazos exigidos al/ a la agente en el desempeño del cargo anterior en los dos incisos precedentes podrán reducirse a la mitad si este/a contara con título de abogado/a o si dicha vacante tuviera carácter no permanente;   d) Cuando el/la agente que se desempeñe en el cargo inferior hubiere aprobado alguno de los concursos implementados en el ámbito de la Defensoría General de la Nación para ocupar un cargo de Magistrado/a del Ministerio Público de la Defensa o de algún examen para cubrir cargos de funcionarios/as letrados/as de jerarquía igual o superior al que se pretende cubrir, no regirán los plazos establecidos en los incisos precedentes ni la limitación fijada en el párrafo siguiente.   Sin perjuicio de lo expuesto, no se admitirán en ningún caso propuestas de promociones cuya aceptación implique un ascenso del/de la agente de más de dos categorías sucesivas, salvo que se configurase el supuesto contemplado en el inciso d).   Los parámetros fijados con carácter de excepción en el presente artículo, también se aplicarán en aquellos casos en los que la planta correspondiente a la dependencia en la cual la vacante se produzca, no registre habilitado en su estructura el cargo inmediatamente anterior a aquella categoría que se pretende cubrir.  Artículo 51°.- Condiciones personales para ser promovido/a. Para ser promovido/a dentro del Ministerio Público de la Defensa se requieren las siguientes condiciones:   a) Haber sido declarado/a apto/a para el desempeño de la función inmediata superior por el/la Magistrado/a o funcionario/a titular de la dependencia a través de la calificación respectiva.   b) Observar buena conducta.   c) No registrar suspensión en el transcurso de los dos últimos años, ni apercibimiento en el último año.   d) Poseer antigüedad como integrante del Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal o en el Poder Judicial de la Nación y en el desempeño del cargo inmediato inferior durante los periodos que en cada caso se establezcan.    e) No encontrarse de licencia sin goce de haberes por razones particulares o por ejercicio transitorio de otro cargo, fuera del ámbito del Ministerio Público de la Defensa.  Artículo 52°.- Otras promociones. En tanto y en cuanto razones de índole presupuestaria no lo impidan, el desempeño ininterrumpido por parte de alguno de los/as agentes mencionados/as en el art. 7°, incs. 10° a 14°, y 8°, incs. 4° a 6°, durante el transcurso de cinco (5) años le dará derecho a peticionar su reescalafonamiento en el cargo inmediato superior, por una única vez en toda su carrera administrativa, sin perjuicio de la confirmación establecida en los artículos 40°, 41° y 43° del RJMPD.   Previo a disponer el reescalafonamiento precedentemente descripto, podrá exigirse al/a la agente que solicite ser promovido/a, el cumplimiento por su parte de un curso de capacitación o la aprobación de un examen que se implementarán en el ámbito de la Defensoría General de la Nación.   Para ser reescalafonado/a se exigirá, además del cumplimiento de las pautas ya mencionadas, la observancia de las reglas establecidas en los incisos a), b), c) y e) del art. 51, y haber sido calificado/a de manera positiva, por quien se encuentre a cargo de la dependencia en los términos fijados por el art. 53° de la presente.    El reescalafonamiento implica la transformación del cargo del/de la agente por lo que tal promoción no dará lugar a un incremento en la dotación de la planta de personal de la dependencia respectiva, ni al ascenso de aquellos/as agentes que se desempeñen en cargos subalternos al del/de la reescalafonado/a.    En caso de que la persona reescalafonada resulte con posterioridad promovida -de forma permanente o no permanente- a una categoría superior o finalice su relación de empleo con el Ministerio Público de la Defensa por alguna de las causales contempladas en el artículo 55° del RJMPD, quedará vacante en la dependencia el cargo que originariamente ostentaba el/la agente antes de su reescalafonamiento.  Artículo 53°.- Calificación del personal. Los/as titulares de cada una de las dependencias de este Ministerio Público de la Defensa deberán informar a la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos de la Defensoría General de la Nación, antes del 1° de noviembre de cada año calendario, si el personal de su dependencia está en condiciones de ascender al cargo inmediato superior, pronunciamiento que será vinculante frente a futuras promociones. En caso de que se informe que un/a agente no ha demostrado poseer las condiciones de idoneidad y conducta exigibles para el ascenso, se deberá hacer saber tal circunstancia de manera fundada a la citada Secretaría y al/a la referido/a agente. En el caso de los/as agentes contratados/as (artículo 4°.2.b), que no posean cargo efectivo en este Ministerio Público de la Defensa, los/as titulares de las dependencias deberán remitir, al momento de proponer la renovación o no del contrato, un informe semestral a la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos donde deberán realizar una evaluación exhaustiva del desempeño del/de la agente, que incluya un análisis sobre el cumplimiento de las labores encomendadas, su contracción al trabajo, la relación con sus pares, el cumplimiento del horario y asistencia, y toda otra cuestión que pueda resultar importante para valorar la continuidad o no del vínculo contractual.  Artículo 54°.- Renuncia a la promoción. El/La agente que decida renunciar a su derecho a ser promovido/a deberá manifestar su voluntad por escrito y explicitar las razones.  CAPÍTULO IV. EGRESO  Artículo 55°.- La relación de empleo del/de la agente con el Ministerio Público de la Defensa concluye en las siguientes hipótesis:   1) Fallecimiento.   2) Cesantía o exoneración.   3) Cese por vencimiento del plazo establecido en el artículo 47° del presente régimen, por no haber adquirido la estabilidad o por vencimiento del plazo establecido en el artículo 22° del presente.   4) Renuncia aceptada.   5) Jubilación.   Los/as agentes que dejen de pertenecer a este Ministerio Público de la Defensa deberán devolver de inmediato la credencial que se les hubiere expedido.  CAPÍTULO V. FACULTADES EXTRAORDINARIAS  Artículo 56°.- Excepción. El/la Defensor/a General de la Nación podrá disponer, mediante resolución fundada, designaciones, promociones o condiciones no previstas en el presente título, en tanto sean necesarias para la prestación del servicio de defensa pública.  TÍTULO II - RÉGIMEN DE LICENCIAS  CAPÍTULO I. BENEFICIARIOS/AS Y AUTORIDADES DE APLICACIÓN   Artículo 57°.- Beneficiarios/as. El presente título será de aplicación para Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as que revistan en la planta permanente y no permanente del Ministerio Público de la Defensa.   Artículo 58°.- Autoridades de Aplicación. Serán autoridades de aplicación y decidirán sobre las licencias, las siguientes:   a) El/la Defensor/a General de la Nación: las licencias ordinarias y extraordinarias de los/as funcionarios/as y/o Magistrados/as a cargo de las Secretarías Generales y Especiales, Auditoría y Control de Gestión, Asesoría Jurídica, Secretaría de Concursos, Área Técnica y Secretaría Privada, y de todos/as los/as Magistrados/as y agentes del Ministerio Público de la Defensa, cuya concesión no se encuentre delegada en otro/a Magistrado/a o funcionario/a;   b) Los/as Secretarios/as Generales, Magistrados/as a cargo o el/la funcionario/a de mayor jerarquía del área: las ordinarias o extraordinarias que no excedan de treinta y un (31) días, a los/as funcionarios/as y empleados/as que se desempeñen en cada una de las Secretarías;   c) Los/as funcionarios/as y/o Magistrados/as a cargo de la Auditoría y Control de Gestión, de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría de Concursos: las ordinarias y extraordinarias que no excedan los treinta y un (31) días a los/as empleados/as y funcionarios/as que se desempeñen en esas dependencias;   d) El/la Secretario/a Ejecutivo/a del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental: las ordinarias y extraordinarias que no excedan los treinta y un (31) días a los/as empleados/as y funcionarios/as de este Ministerio Público que se desempeñen en dicho órgano;   e) En cada dependencia del Ministerio Público de la Defensa corresponderá al/ a la Defensor/a o en ausencia de éste/a, a su subrogante legal o funcionario/a a cargo, la concesión de licencias ordinarias y extraordinarias de los/as funcionarios/as y empleados/as, que no excedan de los treinta y un (31) días.   La autoridad concedente deberá llevar un registro de las licencias respectivas comunicándolas a la Dirección General de Recursos Humanos para su asentamiento y control en los legajos correspondientes.  CAPÍTULO II. SOLICITUD DE LICENCIAS  Artículo 59°.- Solicitud. Los/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as formularán sus pedidos de licencia a la autoridad que corresponda concederla por intermedio del/de la superior de quien dependan directamente, debiendo éste/a expresar su opinión al respecto. La solicitud de licencia se presentará con una antelación de diez (10) días hábiles, y será resuelta dentro de los cinco (5) días por escrito. Contra la denegatoria podrá interponerse el recurso jerárquico correspondiente. Toda solicitud de licencia deberá indicar si en el curso del año han gozado de otras. No podrá hacerse uso de la licencia solicitada mientras no haya sido acordada, notificada al/a la interesado/a y puesta en conocimiento de la autoridad jerárquica respectiva, salvo casos de excepción originados en la naturaleza de esta o en demoras de diligenciamiento.   En toda solicitud de licencia efectuada por un/a Magistrado/a, que no exceda los treinta y un (31) días, deberá especificarse el subrogante legal, resolviendo la autoridad concedente el pertinente reemplazo.  Artículo 60°.- Aviso. Los/as Magistrados/as y agentes deberán dar aviso de inmediato a su superior directo o a la autoridad concedente según corresponda, mediante notificación fehaciente de los motivos por los cuales se ven impedidos/as para desempeñar sus funciones bajo apercibimiento de hacerse pasibles de las sanciones previstas en el régimen disciplinario.  Artículo 61°.- Falsos motivos. La invocación de falsos motivos para obtener licencias dará lugar a la cancelación de la concedida o a la denegación de la solicitada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas y pecuniarias que correspondieren.  Artículo 62°.- Reintegro. Antes de que opere el vencimiento del beneficio acordado, el/la Magistrado/a o agente podrá reintegrarse a su cargo con la conformidad de la autoridad que lo otorgó o el superior, según corresponda. En el caso de reintegro luego de licencia por enfermedad, sólo podrá hacerlo con la presentación del certificado de alta médica laboral correspondiente.  Artículo 63°.- Simultaneidad. La autoridad competente podrá escalonar, por resolución debidamente fundada, las licencias que pidan dos o más agentes para que no se perturbe el funcionamiento de la oficina a su cargo, sin perjuicio del derecho de éstos/as a utilizar la vía recursiva que corresponda.  Artículo 64°.- Cese. Todas las licencias y justificaciones caducarán automáticamente con el cese del/de la Magistrado/a o agente con el alcance dispuesto por el artículo 74°.  Artículo 65°.- Denegatoria y cancelación. Los beneficios que se contemplan en el presente reglamento podrán ser denegados o cancelados cuando lo justifiquen las necesidades del servicio, salvo los casos previstos en el artículo 68, puntos a, b, c, d, e, f, g, h, j, n y ñ del apartado 2) y puntos a, b, e y j del apartado 3).  Artículo 66°.- Certificados médicos. Cuando el otorgamiento de tales beneficios se halle condicionado a la presentación de un certificado, éste deberá ser expedido por los/as médicos/as pertenecientes a la Obra Social del Poder Judicial o a cualquier otra institución que a tal fin la autoridad designe.    No resultarán válidos, a los fines señalados en el párrafo precedente, los certificados suscriptos por profesionales que sean cónyuges, mantengan una unión convivencial o sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del/de la solicitante de la licencia.   La autoridad concedente podrá solicitar un diagnóstico de la dolencia y de la posibilidad y término de la recuperación del/de la agente que le permita desempeñar normalmente las funciones que le competen. Podrá requerir también un dictamen médico a la institución que a tal fin se establezca.   La ausencia injustificada del/de la agente a la entrevista o estudio al que hubiere sido citado/a, acarreará la cancelación de la licencia concedida o su denegatoria, en caso de haber sido solicitada, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que le pudiera caber.  Artículo 67°.- Excepción. El/la Defensor/a General de la Nación podrá conceder en resolución fundada, beneficios o condiciones no previstos en el presente régimen de licencias y en el que resulta de aplicación supletoria en virtud de lo prescripto por el artículo 105° siempre que mediaren circunstancias excepcionales debidamente comprobadas. La denegación podrá ser objeto del recurso de reconsideración que deberá deducirse dentro del quinto día de notificada la pertinente resolución.  CAPÍTULO III. LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES  Artículo 68°.- Derechos. Los/as beneficiarios/as que se indican en el artículo 57° tienen derecho a las siguientes licencias y justificaciones por los motivos que se indican:   1. Licencias Ordinarias:    a) Ferias Judiciales   2. Licencias Extraordinarias:   a) Nacimiento de hijo/a   b) Procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida.   c) Encuentros con fines de adopción   d) Guarda con fines de adopción   e) Atención de hijos/as menores y/o con discapacidad   f) Enfermedad   g) Atención de familiar enfermo   h) Matrimonio   i) Actividades científicas y culturales   j) Servicio militar y convocatorias especiales   k) Exámenes   l) Motivos particulares   m) Ejercicio transitorio de otros cargos   n) Gremiales y actividades asociativas   ñ) Cargos electivos   3. Justificación de Inasistencias:   a) Casamiento de hijo/a   b) Fallecimiento de parientes   c) Razones particulares   d) Integración de mesas examinadoras   e) Designación como autoridad comicial   f) Causales de fuerza mayor   g) Mudanza   h) Donación de sangre   i) Adaptación y reuniones escolares.    j) Violencia de género.  Artículo 69°.- Ferias. Los/as beneficiarios/as comprendidos/as en el artículo 57° gozarán de licencia ordinaria durante los períodos de feria, salvo cuando a juicio de la autoridad concedente, fundadas razones de servicio aconsejen su permanencia durante esos lapsos. La licencia por feria se extenderá por treinta y un (31) días corridos durante el mes de enero y por diez (10) días hábiles en el mes de julio.   El personal podrá hacer uso del derecho a la licencia siempre que con anterioridad a la iniciación de dicho período haya prestado servicios en el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal o en el Poder Judicial de la Nación por un lapso no inferior a tres (3) meses. De registrar una prestación de servicios menor, le corresponderá una licencia proporcional al tiempo trabajado, que se le otorgará en el período subsiguiente, juntamente con los días de licencias anual que le correspondan. A ese efecto se computará una doceava parte (1/12) de la licencia anual que corresponda, por cada mes o fracción mayor de quince (15) días trabajados.  Artículo 70°.- Transferencia de licencias. Designación de Magistrados/as de Feria. En ejercicio de las facultades delegadas corresponde que la autoridad concedente disponga lo pertinente en orden a la transferencia de las licencias no gozadas debiendo designar a los/as Magistrados/as que permanecerán en funciones durante las ferias judiciales de enero y julio, cumpliendo con la comunicación pertinente a la Defensoría General de la Nación y al órgano judicial con ejercicio de la Superintendencia en la respectiva jurisdicción.  Artículo 71°.- Compensación. Los/as beneficiarios/as comprendidos/as en el artículo 57° que hayan cumplido tareas durante las ferias judiciales tendrán derecho a una licencia ordinaria equivalente. Las correspondientes a los meses de enero y julio podrán desdoblarse en dos fracciones salvo fundadas razones de servicio.    La licencia ordinaria no utilizada deberá ser compensada antes del 31 de diciembre del mismo año, pero podrá ser transferida por única vez al año siguiente por la autoridad facultada a otorgarla cuando concurran circunstancias fundadas en razones de servicio que hagan imprescindibles adoptar esta medida. La falta de uso de la compensación durante ese periodo producirá la caducidad automática.    Los pedidos de transferencia extraordinaria de licencias no gozadas durante el período fijado en el párrafo precedente, deberá ser elevado para su evaluación por parte del/de la Defensor/a General de la Nación antes del 31 de octubre de cada año. Las solicitudes presentadas con posterioridad a dicha fecha serán devueltas al emisor sin tratamiento por parte del organismo.   El/la Magistrado/a y/o agente que no hubiere podido gozar de la licencia ordinaria dentro del periodo correspondiente, por encontrarse afectado/a por una enfermedad de largo tratamiento o por accidente de trabajo, mantendrá el derecho a la licencia que le hubiere quedado pendiente y deberá usufructuarla como máximo dentro de los doce (12) meses en que se produzca su reintegro al servicio. Las licencias ordinarias no utilizadas no podrán ser compensadas durante el periodo de otra licencia ordinaria.   Aquellos/as que hayan hecho uso de licencias por enfermedades, afecciones o lesiones de largo tratamiento tendrán derecho a compensar solamente las ferias judiciales correspondientes al primer año del periodo abarcado por estas licencias.  Artículo 72°.- Interrupción. Las licencias previstas en el artículo 69° sólo se interrumpirán en los supuestos de los artículos 76°, 81°, 83°, 84° y 89°. En los casos previstos en los artículos 83°, 84° y 89° será requisito para que opere la interrupción, que al/a la beneficiario/a le pudiera corresponder una licencia mayor a la mitad del total de la feria que se trate. Para ello, el/la beneficiario/a deberá comunicar de inmediato la causal invocada y, a su reintegro, justificarla debidamente.  Artículo 73°.- Haberes. No se percibirán haberes durante las ferias judiciales cuando las mismas queden comprendidas dentro de un período mayor de licencia otorgado sin goce de sueldos.   Artículo 74°.- Haberes. Cese. Los/as beneficiarios/as que se mencionan en el artículo 57° que se desvinculen por cualquier causa del Ministerio Público de la Defensa tendrán derecho a -previa solicitud- compensar mediante el pago de haberes:   a) las licencias ordinarias no gozadas;   b) la parte de la licencia proporcional al tiempo trabajado en el año en que se produzca el cese.  Artículo 75°.- Prohibiciones. El/la agente y/o Magistrado/a en uso de licencia extraordinaria incurrirá en falta grave si durante ese tiempo infringe las prohibiciones y/o incompatibilidades dispuestas en el artículo 23 de la Ley N° 27.149 y en el Título III del presente -Régimen Disciplinario-.  Artículo 76°.- Nacimiento de hijo/a:   a) Persona gestante:   La persona gestante no podrá cumplir funciones durante los cincuenta y cinco (55) días anteriores y posteriores al parto. Sin embargo, podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior por un lapso que en ningún caso podrá ser inferior a los diez (10) días acreditando la correspondiente autorización médica. En tal supuesto, el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. Si el parto fuera múltiple, el período siguiente al mismo se ampliará en diez (10) días corridos por cada alumbramiento posterior al primero.   Se deberá acreditar con certificado médico la fecha probable de parto y se deberá presentar la solicitud diez (10) días hábiles antes del comienzo de la licencia.   En caso de anormalidad en el proceso de gestación o posterior al parto, podrá concederse la licencia establecida en los artículos 83° y 84° según corresponda.   Si el/la niño/a debiera quedar internado/a por alguna contingencia, el plazo de la licencia posterior al parto comenzará a correr desde el momento del alta médica.   En caso de nacimiento pretérmino, el resto del período total de la licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto, y se acrecentará con el número de semanas equivalente a la diferencia entre el nacimiento a término (37 semanas) y la edad gestacional del/de la recién nacido/a, debidamente comprobada.   Cuando el/la niño/a naciera con discapacidad o patologías que requieran cuidados especiales, debidamente comprobadas por certificado médico conforme lo previsto en el artículo 66° del presente Régimen, el plazo de la licencia posterior al parto se podrá incrementar en un período de hasta tres (3) meses.   La persona gestante tendrá derecho a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista en este artículo, aun cuando el/la hijo/a naciera sin vida o falleciera durante el período solicitado de licencia. En caso de que la persona gestante hiciera uso de esta licencia, no podrá disponer de la que establece el inciso b del artículo 99°. Cuando ambos progenitores sean integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la persona gestante podrá transferir al otro/a progenitor/a hasta un máximo de diez (10) días de su licencia.   b) Persona no gestante:   El/la progenitor/a no gestante deberá tomar una licencia de veinte (20) días laborales por nacimiento de hijo/a. La licencia deberá iniciarse dentro de los primeros seis (6) meses desde el nacimiento del hijo/a. En caso de parto múltiple, el período se ampliará en cinco (5) días hábiles por cada alumbramiento posterior al primero. En caso de nacimiento de un/a hijo/a con discapacidad o patologías que requieran cuidados especiales, debidamente comprobadas por certificado médico conforme lo previsto en el artículo 66° del presente Régimen, el plazo de la licencia posterior al parto se podrá incrementar en un período de hasta tres (3) meses. Para hacer uso de esta ampliación, se debe acreditar que el/la otro/a progenitor/a no esté gozando de una licencia similar.   En el caso de que el/la otro/a progenitor/a falleciera durante la licencia por nacimiento, la presente licencia se ampliará hasta completar el plazo que le correspondía al/a la fallecido/a. Esta ampliación no excluye la licencia prevista en el artículo 82°.  Artículo 77°.- Reducción horaria y cambio de tareas por lactancia o fortalecimiento familiar. La persona que dé de lactar tendrá derecho a la reducción de una (1) hora diaria por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario prolongar la lactancia. En caso de nacimientos o adopciones múltiples, la reducción horaria se incrementará proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.   La persona gestante que con motivo de su embarazo sufra una disminución de su capacidad de trabajo debidamente acreditada con certificado médico podrá solicitar un cambio de tareas o una acorde reducción horaria en los términos de los artículos 83° y 84° del presente régimen.   En el caso de parejas del mismo sexo, cuando ambos/as progenitores/as se desempeñen en el Ministerio Público de la Defensa, solo una/o de ellas/os tendrá derecho al goce de esta licencia.  Artículo 78°.- Procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida. Se concederán quince (15) días por año calendario para procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida, continuos o discontinuos, mediante certificado médico.  Artículo 79°.- Excedencia. Al vencer las licencias previstas en el artículo 76°, el/la beneficiario/a podrá, a su solicitud, quedar en situación de excedencia sin goce de haberes por un período no inferior a un (1) mes, ni superior a seis (6) meses, debiendo en su caso, comunicar esta decisión a la autoridad pertinente con una antelación mínima de diez (10) días a aquel vencimiento.   En el caso de que ambos/as progenitores/as se desempeñen en el Ministerio Público de la Defensa, solo uno/a de ellos/as tendrá derecho al goce de esta licencia.  Artículo 80°. Encuentros con fines de adopción. El/la Magistrado/a y/o agente que pretenda adoptar a uno o más niños/as que vivan en otra jurisdicción, tiene derecho a licencia con goce de haberes para realizar los encuentros previos a la guarda con fines a adopción. Esta licencia podrá ser acordada hasta un máximo de treinta (30) días laborales en el año calendario y en períodos de hasta tres (3) días. Al solicitar la primera licencia, deberá acreditar haber iniciado los trámites con copia de la autorización judicial de visita certificada por el juzgado correspondiente.  Artículo 81°.- Guarda con fines de adopción. En el supuesto de adopción, se otorgará derecho a ciento diez (110) días de licencia con goce de haberes a partir de la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga la guarda con fines de adopción. En el caso de adopciones múltiples, las licencias se ampliarán en diez (10) días corridos por cada niño, niña o adolescente a partir de la/el segunda/o, inclusive.   Esta licencia se aplicará cuando se acredite que el/la otro/a progenitor/a no goza de una licencia similar. En ese caso, la persona tendrá derecho a una licencia de veinte (20) días hábiles.   Cuando ambas/os adoptantes en guarda sean integrantes del Ministerio Público de la Defensa, los plazos de licencias mencionados en el presente artículo y en el inciso b) del artículo 76 se acumularán, y podrán ser distribuidos entre ambos/as progenitores/as para ser usufructuados del modo que lo crean más conveniente para la organización familiar y el cuidado del/de la niño/a. En ningún caso la licencia solicitada por alguno/a de los/as progenitores podrá ser inferior a los 20 días hábiles.   En caso de adopción de un/a hijo/a con discapacidad o patologías que requieran cuidados especiales, debidamente comprobadas por certificado médico conforme lo previsto en el artículo 66° del presente Régimen, el plazo de la licencia se podrá incrementar en un período de hasta tres (3) meses.  Artículo 82°.- Atención de hijos/as menores y/o con discapacidad.   a) El/la Magistrado/a y/o agente cuyo/a cónyuge o persona con quien mantenga una unión convivencial fallezca y tenga hijos/as menores de hasta siete (7) años de edad, tendrá derecho de hasta sesenta (60) días corridos de licencia, sin perjuicio de la que le corresponda por duelo.   b) Se dispondrá de diez (10) días hábiles por año calendario para acompañar a los/as hijos/as con discapacidad en la realización de controles, tratamientos médicos y actividades especiales que requieran. Se deberá presentar el certificado correspondiente a la discapacidad del/de la hijo/a, y del tratamiento o control efectuado. Si las/os progenitoras/es integran el Ministerio Público de la Defensa, tendrán derecho a elegir quién gozará de esta licencia. No podrán hacer uso de la misma ambas personas en el mismo período.  Artículo 83°.- Enfermedad, afecciones comunes. Para el tratamiento de afecciones comunes que inhabiliten para el desempeño del trabajo incluidas lesiones y operaciones quirúrgicas menores, se concederá a los/as agentes hasta treinta (30) días laborales de licencia por año calendario en forma continua o discontinua, con percepción de haberes. Vencido este plazo cualquier otra licencia que sea necesaria acordar en el curso del año por las causales mencionadas se otorgará sin goce de haberes.   Se entenderá por enfermedad de corto tratamiento aquella afección por la cual pudiere corresponder al/ a la agente un periodo de licencia menor a los diez (10) días hábiles continuos. Superado ese plazo, deberá encuadrarse la dolencia en el supuesto del artículo 84°.   Si por esta enfermedad el/la agente debiera retirarse del servicio, se considerará el día como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiere transcurrido menos de media jornada de labor y se le concederá permiso de salida sin reposición horaria cuando hubiere trabajado más de media jornada.  Artículo 84°.- El/la Magistrado/a y/o agente que se encuentre en uso de alguna de las licencias contempladas en el presente artículo, deberá informar, con carácter previo, cada vez se ausente de la jurisdicción correspondiente a la dependencia donde presta funciones. Junto con dicha comunicación, deberá acompañar la autorización de su médico/a tratante. La omisión de dicha comunicación será considerada falta grave y la licencia durante dicho período de tiempo será concedida sin percepción de haberes. (Texto según Punto I de la Resolución N° 1439/2021 de la Defensoría General de la Nación B.O. 02/11/2021. Vigencia: a partir del día siguiente a la protocolización de la Resolución de referencia)  Artículo 85°.- Accidentes de Trabajo. En caso de lesiones o enfermedades producidas durante el tiempo de la prestación de los servicios por el hecho o en ocasión del trabajo por caso fortuito o fuerza mayor inherente al mismo, o cuando el/la Magistrado/a y/o agente se accidente en el trayecto entre el lugar de trabajo y su domicilio o viceversa, siempre que el recorrido no hubiese sido interrumpido o alterado en su interés particular o por causas extrañas al trabajo, la autoridad competente podrá considerar el evento como caso de excepción y ampliar con prudente arbitrio los plazos mencionados en el artículo anterior. En aquellos supuestos en que el trayecto directo entre el domicilio laboral y el particular de los/as Magistrado/s y/o agente/s, al ingreso o egreso de la jornada de trabajo, deba interrumpirse por supuestos personales o profesionales debidamente puestos en conocimiento de la autoridad de aplicación, también se configurará la causal de accidente de trabajo. Para así proceder sólo bastará la fehaciente notificación previa a la autoridad respectiva de las variaciones del recorrido que desdicen la habitualidad ideal.    Los sueldos percibidos en virtud del presente artículo no son deducibles de los montos que por aplicación de otras normas legales correspondiera abonar al/a la Magistrado/a y/o agente en concepto de indemnización por dicha causal.  Artículo 86°.- Acumulación. Cuando la licencia prevista en el artículo 84° se conceda por períodos discontinuos, separados por lapsos inferiores a seis (6) meses, aquellos se acumularán hasta completar los plazos establecidos en dicho artículo. Agotados esos plazos y reintegrado el/la Magistrado/a y/o agente al trabajo no podrá solicitar una licencia del mismo carácter por la misma causal hasta después de transcurridos seis (6) meses desde el vencimiento de la anterior. Esta norma no rige cuando el beneficio se hubiera otorgado en virtud de lo dispuesto en el artículo 85°.  Artículo 87°.- Dictamen médico. Las licencias por enfermedad deberán ser solicitadas con certificado médico, pudiendo la autoridad concedente requerir dictamen médico a los organismos habilitados a dicho fin y proceder del modo previsto en el artículo 66°.   En todos los casos de licencia especial por enfermedad cada sesenta (60) días se exigirá un nuevo dictamen médico de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, que acredite la persistencia de los motivos que dieron lugar al otorgamiento del beneficio.  Artículo 88°.- Cambio de tareas o reducción horaria. En el caso de que funcionarios/as o empleados/as soliciten por recomendación médica un cambio de tareas, se solicitará un diagnóstico por Junta Médica a realizarse por el organismo que a tal efecto se designe, estableciendo en la medida de lo posible la dolencia, circunstancias o ámbito de trabajo que en concreto perjudican al/a la agente, así como el tipo de labores que en lo sucesivo no podrá desarrollar y cualquier otra circunstancia laboral que consideren pueda mantener o agravar su dolencia.  Artículo 89°.- Atención de familiar enfermo. Para la atención de un miembro del grupo familiar del/de la Magistrado/a y/o agente, que se encuentre enfermo o accidentado y requiera cuidado personal de éste/a, se otorgará una licencia especial de hasta veinte (20) días laborales anuales en forma continua o discontinua con percepción de haberes. Si fuera necesario prorrogar esta licencia, podrá concedérsela por otros sesenta (60) días corridos, sin goce de haberes. En cada caso deberán probarse debidamente las circunstancias invocadas. Se entenderá que comprenden el grupo familiar del/de la Magistrado/a y/o agente todas aquellas personas que dependan de su atención y cuidado, convivan o no con él/ella, siempre y cuando tal circunstancia haya sido puesta de manifiesto en forma previa a la autoridad concedente. En este último supuesto quedará facultado para arbitrar las medidas que estime necesarias para corroborar la veracidad de los dichos y el/la Magistrado/a y/o agente, a su vez, obligado/a a facilitarla. En caso contrario podrá denegarse la licencia.  Artículo 90°.- Matrimonio. Los beneficiarios/as comprendidos en el Artículo 57°, con más de seis (6) meses de antigüedad en el desempeño de las funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación, tendrán derecho a licencia extraordinaria con goce de sueldo hasta quince (15) días laborales con motivo de la celebración de su matrimonio debiendo acreditar la causal invocada dentro de diez (10) días posteriores al término de la licencia.   El inicio del goce de esta licencia podrá posponerse salvo que fundadas razones de servicio autoricen a que ésta se difiera. En este caso siempre se entenderá que los quince (15) días hábiles deben compensarse en su conjunto.  Artículo 91°.- Actividades científicas y culturales. Los/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as podrán solicitar licencia extraordinaria a fin de desarrollar actividades científicas o culturales, hasta un máximo de quince (15) días laborales con percepción de haberes por año calendario. Cuando dicha licencia se solicite sin goce de sueldo, el período podrá ser de hasta un (1) año, prorrogable, si a juicio de la autoridad concedente -y el/la titular de la dependencia- no se afectara la debida prestación de servicio.   En toda solicitud de licencia con goce de haberes -cualquiera sea la duración de la misma-, el peticionante deberá declarar bajo juramento que no percibirá honorarios o cualquier otra retribución dineraria por la actividad que pretenda desarrollar durante dicho período. De lo contrario, la licencia será concedida sin goce de haberes.   En todos los casos, los pedidos de licencia deberán realizarse con una antelación mínima de 15 (quince) días.   El/la Defensor/a General de la Nación, excepcionalmente, podrá conceder licencia con percepción de haberes por períodos mayores al señalado en el primer párrafo, cuando resulten necesarias para la prestación del servicio de defensa pública y razones de índole presupuestaria no lo impidan.  Artículo 92°.- Requisitos para obtener la licencia. El/La/os/as beneficiario/s y/o beneficiaria/s mencionados/as en el artículo anterior deberán presentar:   a) junto con la solicitud de la respectiva licencia, un escrito comprometiéndose a transmitir, 'ad honorem', la capacitación que adquiriesen y por los medios que disponga el/la Sr./Sra. Defensor/a General de la Nación, a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa;   b) un certificado expedido por las autoridades de la Institución Académica organizadora que acredite su participación en el curso. En los casos en que la duración del mismo sea de tres (3) meses o más, deberán remitir certificados mensuales acreditando su presencia en el curso;   c) un informe sobre los temas relativos al curso, seminario o posgrado efectuado, el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días a la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia.   En el supuesto de renuncia o desvinculación por cualquier causal del/de la beneficiario/a que hubiere gozado de licencia extraordinaria con goce de haberes, ya sea al momento en que deba reintegrarse por haber fenecido el plazo por el que se la otorgó, o dentro de un período igual al doble de tiempo de duración de la licencia en cuestión, contado desde su reincorporación, éste/a deberá proceder al reintegro al Ministerio Público de la Defensa de la totalidad de los haberes percibidos durante el tiempo de la licencia.  Artículo 93°.- Servicio Militar y Convocatorias Especiales:   1) Se concederá licencia extraordinaria sin goce de haberes por el término de dos (2) años al/a la agente que decida realizar el servicio militar voluntario. Este beneficio sólo alcanzará a los/as agentes que a la fecha de la solicitud tengan hasta veinte (20) años de edad como máximo.   2) Se concederá, asimismo, licencia extraordinaria al/a la agente que se incorpore por convocatoria obligatoria de las fuerzas armadas o movilización de la reserva desde la fecha de su convocación hasta treinta (30) días después de concluido el servicio, liquidándose sus haberes con arreglo a las normas establecidas para la Administración Pública.  Artículo 94°.- Exámenes. Se concederá licencia con goce de haberes para rendir examen a los/as Magistrados/as y agentes estudiantes que cursen estudios en establecimientos universitarios -oficiales, privados e incorporados-, técnicos, secundarios, profesionales o primarios, reconocidos por el Gobierno Nacional. Esta licencia podrá ser acordada hasta un máximo de veinte (20) días laborales en el año calendario y en períodos de hasta cinco (5) días, salvo el supuesto de prórroga del examen.   La causal invocada deberá acreditarse con certificado expedido por el establecimiento educacional en que se indique la materia, la fecha de la prueba y la postergación en su caso. No cumplido este requisito dentro de los diez (10) días posteriores al examen podrán descontarse los días no trabajados.   Por igual término y períodos, se concederá licencia con goce de haberes a los/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as que deban rendir examen en procesos de selección y/o concursos públicos convocados por alguno de los poderes del Estado nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, dicha circunstancia deberá acreditarse con la correspondiente certificación expedida por el organismo encargado de tramitar el proceso de selección o el concurso público.  Artículo 95°.- Motivos particulares. Los/as beneficiarios/as comprendidos/as en el artículo 57°, que cuenten con una antigüedad no menor a seis (6) meses, podrán solicitar licencia extraordinaria por motivos particulares, debidamente fundados sin goce de haberes, quedando a criterio de la autoridad concedente la apreciación de dichos fundamentos.   Esta solicitud podrá efectuarse por períodos no inferiores a treinta y un (31) días y hasta un máximo de un (1) año en forma continua o discontinua, cada tres (3) años a contarse desde la finalización de la última solicitud.   Excepcionalmente, en resolución debidamente fundada, podrá concederse la extensión del plazo previsto o dispensar al/a la peticionante del cumplimiento de alguno de los requisitos.  Artículo 96°.- Ejercicio transitorio de otros cargos. El/la beneficiario/a comprendido en el artículo 57° que fuera designado/a o contratado/a para desempeñar temporariamente función pública en el orden nacional, provincial o municipal, deberá solicitar licencia, la que se acordará sin percepción de haberes, siempre y cuando no se vulnere el régimen de incompatibilidades, y por el término máximo de hasta un (1) año, salvo que el cargo a desempeñar tenga una duración legal o reglamentaria superior, en cuyo caso se acordará la licencia por el período allí establecido.   Cuando el/la beneficiario/a fuera designado/a o contratado/a para desempeñar una función dentro del ámbito de este Ministerio Público de la Defensa, la licencia establecida en el presente artículo podrá ser concedida por plazos mayores al mencionado en el párrafo precedente.  Artículo 97°.- Gremial y actividades asociativas. El/la agente que fuera designado/a o electo/a para el desempeño de los cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos que requieran representación gremial, tendrá derecho a una licencia por el término que dure el mandato, sin goce de haberes. El/la Defensor/a General de la Nación, excepcionalmente, si no se afectara la debida prestación de servicio y razones de índole presupuestaria no lo impidieran, podrá conceder la licencia con percepción de haberes.    Asimismo, las/os Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as podrán solicitar, con goce de haberes, hasta quince (15) días por año calendario para participar o asistir a reuniones, asambleas, conferencias y/o congresos ordinarios o extraordinarios que celebre la organización sindical respectiva o vinculadas con la representación profesional o laboral del Ministerio Público de la Defensa, a nivel nacional e internacional, sin perjuicio de los permisos que en más puede otorgar la autoridad concedente.  Artículo 98°.- Desempeño de cargos electivos. A los/as beneficiarios/as que ocupen cargos electivos en el orden nacional, provincial o municipal se les otorgará una licencia extraordinaria sin goce de sueldo desde su asunción al cargo y hasta treinta (30) días después de concluido el ejercicio de sus funciones.  Artículo 99°.- Justificación de inasistencias. Los/as Magistrados/as y/o agentes tienen derecho a la justificación de inasistencias, con percepción de haberes, por las causales y por el tiempo que para cada caso se establece a continuación:   a) Casamiento de hijo/a, dos (2) días laborales, incluyendo el del casamiento;   c) Fallecimiento:   1) del cónyuge o persona con quien mantenga una unión convivencial, hijos/as o padres, cinco (5) días laborales;   2) de otros parientes hasta segundo grado, dos (2) días laborales.   c) Por razones particulares que resulten atendibles a juicio de la autoridad concedente, hasta seis (6) días laborales por año calendario y no más de dos (2) días por mes;   d) Por integración de mesas examinadoras en la docencia, hasta seis (6) días por año;   e) Por designación como autoridad comicial, el día siguiente al acto eleccionario, debiendo acompañar la correspondiente constancia;   f) Por adaptación escolar de hijo/a que concurra a un establecimiento educativo reconocido oficialmente en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, cuatro (4) horas diarias durante cinco (5) días en el año calendario;   g) Por reuniones organizadas por un establecimiento educativo reconocido oficialmente donde concurra el/la hijo/a en cualquier nivel, hasta quince (15) horas por año calendario.   h) En los casos en que la persona sufra violencia de género y deba ausentarse por tal motivo, ya sea en toda la jornada laboral o en parte de ella, podrá justificar su inasistencia hasta un máximo de diez (10) días calendario por año, en forma continua o discontinua, prorrogable por decisión del/de la Defensor/a General de la Nación, cuando mediaren circunstancias excepcionales debidamente comprobadas. Para solicitar la licencia deberá acompañar la correspondiente certificación expedida por instituciones de atención a víctimas con competencia en la materia o la presentación de la denuncia, sea administrativa o judicial. En el trámite de la solicitud deberá asegurarse la confidencialidad de la información.    En los casos de los incisos f) y g) los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/a del/de la Magistrado/a y/o agente que concurran a establecimientos de enseñanza oficial. Si ambos padres fueran Magistrados/as y/o agentes, la licencia no podrá ser utilizada por ambos en forma simultánea. Las causales invocadas deberán acreditarse con certificado expedido por el establecimiento educativo correspondiente. Cuando la concurrencia de alguna de las causales precedentemente enumeradas fuera invocada con antelación, regirán idénticos requisitos, pero el beneficio se otorgará con carácter de licencia.  Artículo 100°.- Mudanza. El/la Magistrado/a y/o agente que mudare su domicilio podrá solicitar la justificación de su inasistencia por el día del traslado y por el día siguiente al mismo.  Artículo 101°.- Causales de Fuerza Mayor. El/la Magistrado/a y/o agente que se hubiera visto impedido de concurrir a su lugar de trabajo, con motivo de fenómenos meteorológicos o razones de fuerza mayor, debidamente comprobados, tendrá derecho a que se le justifique la ausencia de ese día.  Artículo 102°.- Donación de sangre. Todo/a Magistrado/a y/o agente que acredite con la certificación correspondiente que concurrió a donar sangre, tendrá derecho a la justificación de su inasistencia laboral de ese día. Cuando este beneficio fuera solicitado con antelación regirán idénticos requisitos, pero se otorgará con carácter de licencia.  Artículo 103°.- Certificados. En todos aquellos casos en que fuere menester justificar la licencia concedida con antelación o una inasistencia, las certificaciones correspondientes deberán ser acompañadas a las autoridades que corresponda en el término de cinco (5) días bajo apercibimiento de descuento de los días no trabajados.  Artículo 104°.- Compensación de haberes. Las licencias previstas en este régimen no son compensables en dinero, salvo lo dispuesto por el artículo 74°.  CAPÍTULO IV. NORMAS COMPLEMENTARIAS   Artículo 105°.- Normas supletorias. En subsidio, y en cuanto no se opongan a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y al presente régimen de licencias, serán aplicables las disposiciones del Régimen de Licencias para la Justicia Nacional.  Artículo 106°.- Apelación. Avocación. Las disposiciones que las autoridades concedentes adopten en cumplimiento del este régimen serán susceptibles del recurso de reconsideración, el que deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días de notificados. Denegada la reconsideración, serán susceptibles de recurso de apelación jerárquica ante la autoridad que en cada caso corresponda, en el término de cinco (5) días, oportunidad en la cual el/la Magistrado/a y/o agente podrá asimismo ofrecer prueba. En todos los casos el/la Defensor/a General de la Nación conserva las facultades de avocación inmediata, originariamente o en cualquier estado.  Artículo 107°.- Autoridades delegadas:   a) Disponer que el/la Defensor/a General Adjunto/a de la Defensoría General será autoridad delegada para la concesión de las licencias ordinarias y extraordinarias que no excedan de treinta un (31) días y de las licencias compensatorias en los términos del artículo 71° respecto de los/as Defensores/as Públicos/as con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con excepción de las licencias correspondientes a los/as Defensores/as de Menores e Incapaces de Primera Instancia, Defensores/as Públicos/as Curadores/as y Defensores/as Públicos/as Tutores/as, cuyo otorgamiento estará a cargo del/de la Defensor/a Público/a de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia.   b) Disponer que el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos de la Defensoría General de la Nación será autoridad delegada para la concesión de las licencias ordinarias y extraordinarias que no excedan de treinta y un (31) días y de las licencias compensatorias en los términos del artículo 71° respecto de: 1) los/as Defensores/as Públicos/as con asiento en el interior del país; 2) los/as Secretarios/as Letrados/as de la Defensoría General de la Nación; 3) los/as funcionarios/as y empleados/as que prestan servicio en la Secretaría General de Coordinación y en las distintas Unidades, Programas y Comisiones que de ella dependen; 4) el/la Secretario/a Ejecutivo/a del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental; y 5) las licencias extraordinarias de la totalidad de los Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa que excedan los treinta y un (31) días, con excepción de los/as Defensores/as Generales Adjuntos/as de la Defensoría General de la Nación, los/as Defensores/as Públicos/as Oficiales ante las Cámaras de Casación y los/as Defensores/as Públicos/as de Coordinación.   c) Disponer que el/la Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos de la Defensoría General de la Nación será autoridad delegada para la concesión de las licencias establecidas en el artículo 91°, con excepción de las contempladas en el último párrafo, respecto de la totalidad de los/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa.   d) El/la Director/a General de Recursos Humanos o el/la funcionario/a que el Sr./Sra. Secretario/a General de Superintendencia y Recursos Humanos designe, será autoridad de aplicación y decidirá sobre las licencias ordinarias y extraordinarias que no excedan de treinta y un (31) días y de las licencias compensatorias en los términos del artículo 71° respecto de los/as agentes que revisten en el agrupamiento 'Técnico Administrativo', cargos enumerados en los incisos 9 al 14, ambos inclusive, del artículo 7°, y de la totalidad de los/as agentes que revisten en el escalafón de 'Servicios Auxiliares', en las dependencias mencionadas en el punto 3 del inciso b) del presente artículo.  TÍTULO III - RÉGIMEN DISCIPLINARIO  CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN  Artículo 108°.- Ámbito de Aplicación. El presente régimen de sanciones disciplinarias es aplicable a los/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa.   Comprende asimismo a quienes hubieran sido contratados/as para desempeñar tareas o funciones remuneradas en dicho Ministerio, salvo que el convenio suscrito dispusiere lo contrario.   Quedan también alcanzados por la presente reglamentación, quienes cumplan pasantías rentadas o ad-honorem, salvo que tales convenios prevean expresamente lo contrario.  Artículo 109°.- Excepciones. Los/as abogados/as de la matrícula que intervengan como Defensores/as Públicos/as Coadyuvantes no estarán sujetos a la presente reglamentación.  Artículo 110°.- Aplicación a sumarios en trámite. Las disposiciones del presente régimen se aplicarán automáticamente a todos aquellos sumarios administrativos que se encuentren en pleno trámite, a partir de la fecha de su entrada en vigencia. Los actos cumplidos con el régimen anterior mantendrán su validez.  CAPITULO II. DERECHOS Y DEBERES ESENCIALES DE LOS/AS MAGISTRADOS/AS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA.   Artículo 111°.- Independencia técnica. Para el ejercicio de su cargo, los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa gozan de autonomía e independencia funcional, no pudiendo recibir influencias o presiones provenientes de otros poderes del Estado.   Solo recibirán las recomendaciones generales o indicaciones particulares que, en el ejercicio de las facultades consagradas por el artículo 35, Incs. f) y g) y lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley N° 27.149, dicte el/la Defensor/a General de la Nación.  Artículo 112°.- Confidencialidad. El/la Defensor/a Público/a tendrá derecho a mantener comunicaciones reservadas con su representado/a, tanto en el lugar de cumplimiento de sus funciones, como en las sedes judiciales y centros de detención.  Artículo 113°.- Deber de observancia y deber de obediencia. Los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa deberán observar y hacer observar la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten y las Convenciones y tratados internacionales, especialmente los que regulen materia de derechos humanos.   Deberán, además, cumplir con las normas reglamentarias propias de su función y observar, en todo cuanto fueren aplicables, las recomendaciones generales o indicaciones particulares dictadas por el/la Defensor/a General de la Nación, de conformidad con el mecanismo previsto en el artículo 18 de la Ley N° 27.149.  Artículo 114°.- Deber esencial. Los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa deberán desempeñar su labor de manera eficaz, en forma permanente y continua, propendiendo a una defensa técnica eficiente.  Artículo 115°.- Deber de información. Deberá mantener siempre informado/a a su representado/a sobre las circunstancias del proceso.  Artículo 116°.- Deber de confidencialidad. Deberá proteger la confidencialidad y trato reservado de su asistido/a o representado/a, guardando discreción respecto de todos los hechos e informaciones vinculadas a los casos que representa, cualquiera sea la forma en que las haya conocido.  Artículo 117°.- Deber de asistencia. El/la Magistrado/a deberá considerar las indicaciones de su defendido/a, pero mantendrá siempre su independencia técnica para la solución del caso que resulte más beneficiosa para el imputado/a.  Artículo 118°.- Deber de asistencia y representación. La asignación que recaiga en un/a Defensor/a Público/a sobre un caso, torna obligatoria su gestión en el mismo. La obligación señalada podrá quedar exceptuada por resolución de la autoridad de Superintendencia y, conforme la reglamentación, en los siguientes casos especiales:   1. si se encontrare imposibilitado/a en forma física o psíquica de asumir la asistencia o representación;   2. si se encontrare en una situación de violencia moral respecto de su representado/a, debiéndose entender como tal, todo conflicto insuperable de interés que comprometa o pudiera comprometer la integridad del/de la Defensor/a o impida el ejercicio de una defensa pública efectiva y adecuada;   3. si el asistido/a o defendido/a rechazare la actuación del/de la defensor/a por alguna causa justificada.   En dichos supuestos, el/la Defensor/a Público/a deberá comunicar las causales en las que se funda la excepción, a través del procedimiento establecido, a tales efectos, por las normas reglamentarias.   Admitida la causal, la autoridad de Superintendencia procederá inmediatamente al reemplazo del/de la Defensor/a, conforme las previsiones reglamentarias. Hasta tanto no opere el reemplazo, seguirá actuando el/la Defensor/a primeramente asignado/a.  Artículo 119°.- Otros deberes. Además de los deberes precedentes, los/as Defensores/as Públicos/as en ejercicio de sus funciones deberán:   1. Observar en todo momento una conducta recta y decorosa, que no afecte la dignidad del Ministerio Público de la Defensa.   2. Residir en el lugar en dónde cumplan sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no dificulte el adecuado desempeño de su función.   3. No evacuar consultas como profesional del derecho, ni dar asesoramiento en casos de contienda judicial actual o posible, fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función.   4. No ejercer la abogacía, ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o de su cónyuge o con quien se encontrare en unión convivencial, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal.   5. No ejercer el comercio o actividad lucrativa, salvo autorización expresa del/de la Defensor/a General de la Nación.   6. No desempeñar ningún empleo público o privado, aun con carácter interino, sin autorización previa del/de la Defensor/a General de la Nación, salvo el ejercicio de la docencia universitaria o las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando la práctica de éstas últimas no obstaculice el cumplimiento de la labor, actividad que deberá ser informada al/a la Defensor/a General de la Nación.   7. No afiliarse a partidos o agrupaciones políticas ni militar activamente en ellos, sin previa autorización expresa del/de la Defensor/a General de la Nación. No podrán, en ningún caso, valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativa inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política.   8. Negarse a recibir concesiones, dádivas o gratificaciones de cualquier clase por la realización de sus funciones, en tanto ellas revistan entidad en su valorización material.   9. Declarar su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, en la forma y tiempo que fije la autoridad competente. La referida información se mantendrá reservada en la Defensoría General de la Nación, salvo expresa orden judicial al respecto.   10. Actuar de manera respetuosa y sin discriminación alguna con los demás integrantes de la dependencia a su cargo; con otros/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del sistema de administración de justicia; así como también con sus asistidos/as y familiares.   11. Generar y velar porque en el ámbito laboral prime un ambiente de respeto y confianza para el desarrollo de las tareas.  Artículo 120°.- Declaración enunciativa. La declaración de los derechos y deberes que competen a los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa, contenida en las normas que anteceden, es meramente enunciativa, de manera que su expresa mención no agota el catálogo de derechos y deberes derivados de la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales incorporados a nuestro derecho positivo, las leyes de la Nación, los reglamentos que, en su consecuencia, se dicten y las recomendaciones y/o indicaciones dispuestas en el ámbito específico de la Defensa Pública.  CAPÍTULO III.- DEBERES DE LOS/AS FUNCIONARIOS/AS Y EMPLEADOS/AS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA.  Artículo 121°.- Deberes de los/as funcionarios/as y empleados/as. Los/as funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones deberán:   1. Prestar personal y eficientemente su labor en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determine la autoridad competente;   2. Atender los asuntos que le sean encomendados con diligencia, competencia y genuina preocupación por la labor cumplida;   3. Guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados a las funciones que le fueran asignadas;    4. No evacuar consultas ni brindar asesoramiento jurídico, fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función o tarea;   5. Negarse a recibir concesiones, dádivas o gratificaciones de cualquier clase por la realización de sus funciones, en tanto ellas revistan entidad en su valoración material;   6. No ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o de su cónyuge o con quien se encontrare en unión convivencial, ascendiente o descendiente, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal;   7. No valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política;   8. No desempeñar ninguna profesión, empleo público o privado, aun con carácter interino, sin previa autorización del/de la Defensor/a General de la Nación, exceptuando el ejercicio de la docencia universitaria y las comisiones de investigación y estudio, siempre y cuando la práctica de estas últimas no obstaculice el cumplimiento de la labor encomendada, actividad que deberá ser informada al/a la Defensor/a General de la Nación;   9. Cuidar de los bienes y útiles provistos para el desempeño de su función;   10. Declarar su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, en caso de corresponder, en la forma y tiempo que fije la autoridad competente. La referida información se mantendrá reservada en la Defensoría General de la Nación, salvo expresa orden judicial al respecto.   11. Actuar de manera respetuosa y sin discriminación alguna con los/as demás integrantes de la dependencia; con otros/as Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del sistema de administración de justicia; así como también con sus asistidos/as y familiares.   12. Coadyuvar a que, en el ámbito laboral, prime un ambiente de respeto y confianza para el desarrollo de las tareas.   13. En caso de funcionarios/as a cargo de dependencias, generar y velar porque en el ámbito laboral prime un ambiente de respeto y confianza para el desarrollo de las tareas.  Artículo 122°.- Declaración enunciativa. La declaración expresa de los deberes que competen a los/as funcionarios/as y Empleados/as del Ministerio Público de la Defensa, contenida en la norma que antecede, es meramente enunciativa; de manera que su expresa mención no agota el catálogo de deberes derivados de la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales incorporados a nuestro derecho positivo, las leyes de la Nación, los reglamentos que en su consecuencia se dicten y las recomendaciones y/o indicaciones dispuestas en el ámbito específico de la Defensa Pública.  CAPÍTULO IV. APLICACIÓN DE SANCIONES.  Artículo 123°.- Principio de legalidad. No podrán imponerse sanciones disciplinarias fuera de las establecidas en la presente reglamentación. No podrá darse curso al procedimiento sancionatorio, sino por actos u omisiones calificados previamente como infracciones. Si no obstante ello se iniciara el proceso, este será nulo de nulidad absoluta, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera incurrir el/la funcionario/a que le dio curso.  Artículo 124°.- Juicio previo. Nadie puede ser obligado a cumplir una sanción disciplinaria sin resolución firme luego de un procedimiento llevado a cabo conforme las disposiciones de la presente reglamentación.   Sólo se dispondrá la ejecución de la sanción y su incorporación al legajo cuando ésta adquiriese firmeza.  Artículo 125°.- Presunción de inocencia. El/la sometido/a a procedimiento sancionatorio será considerado/a inocente hasta que una resolución firme declare su responsabilidad.  Artículo 126°.- Prohibición de doble persecución. Nadie puede ser sometido/a a procedimiento sancionatorio, ni sancionado/a en él, más de una vez por el mismo hecho.   Cuando de la tramitación del procedimiento sancionatorio surgiere la posible existencia de una causal de remoción de un/a Magistrado/a, se suspenderá su trámite y se remitirán las actuaciones al/a la Defensor/a General de la Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 60 y concordantes de la Ley N° 27.149. Si el/la Defensor/a General de la Nación desestimare la denuncia, devolverá las actuaciones al órgano sancionador, para que continúe con el trámite respectivo. Durante este periodo quedará suspendido el curso de la prescripción. Si el/la agente fuere sancionado/a no podrá ser sometido/a a Juicio de remoción por la misma causal.   Si se abriere la instancia del Tribunal de Enjuiciamiento y el/la imputado/a resultare absuelto/a, no se lo/la podrá luego someter al procedimiento sancionatorio por ese mismo hecho.  Artículo 127°.- Cosa juzgada. Un proceso sancionatorio pasado en autoridad de cosa juzgada, no podrá ser reabierto.  Artículo 128°.- Inviolabilidad de la Defensa. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos en el procedimiento sancionatorio.  CAPÍTULO V. DE LAS SANCIONES  Artículo 129°.- De las sanciones a Magistrados/as. Las sanciones aplicables a los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con el procedimiento consagrado en la presente reglamentación, son las siguientes:   1) Prevención.   2) Apercibimiento.   3) Multa desde hasta el veinte por ciento (20%) de sus remuneraciones mensuales.   Lo dispuesto, sin perjuicio de la sanción de remoción y su específico procedimiento, previstos en la Ley N° 27.149, además de las correcciones disciplinarias impuestas a tenor de lo normado en el art. 56, de ese mismo texto legal.  Artículo 130°.- De las sanciones a funcionarios/as y empleados/as. Los/as funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa, serán pasibles de las sanciones disciplinarias que a continuación se detallan:   1) Prevención;   2) Apercibimiento;   3) Suspensión de hasta treinta (30) días sin goce de haberes;   4) Cesantía;   5) Exoneración.  Artículo 131°.- Pautas mensurativas. Son pautas mensurativas a considerar al momento de aplicar la sanción, las siguientes:   1) La gravedad de la falta.   2) Los antecedentes en la función del/de la Magistrado/a, funcionario/a y/ o empleado/a.   3) Los perjuicios efectivamente causados, en especial, los que afectaren a la prestación del servicio.   4) Si ha sufrido anteriormente otras sanciones y, en su caso, los motivos que las determinaron.   5) La reparación del daño, si lo hubiere.   En todos los casos deberá existir proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción efectivamente impuesta.  Artículo 132°.- Suspensión del sumario o de la sanción impuesta. En los casos de primera sanción de prevención o apercibimiento, el/la Defensor/a General de la Nación podrá, de conformidad con los antecedentes del caso y las pautas mensurativas mencionadas en el artículo anterior, suspender el proceso o bien 1a ejecución de la sanción impuesta a Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa.   Transcurrido un (1) año desde la fecha de la suspensión, si el/la agente no cometiera una nueva falta, se archivará el proceso o la sanción se tendrá por no impuesta, no quedando antecedente alguno en el legajo.   Si el/la imputado/a incurriere en nueva falta dentro del plazo estipulado, se dejará sin efecto la suspensión acordada y continuará el proceso o se ejecutará la sanción, según sea el caso.   La suspensión de la sanción impuesta o del trámite del proceso interrumpe los plazos de prescripción y caducidad.  Artículo 133°.- Prescripción. Las faltas disciplinarias prescribirán a los tres (3) años, contados a partir del día en que se cometieron o, si fueran continuas, del día en que cesaron de cometerse.   La iniciación de la actuación prevencional o del sumario administrativo interrumpe la prescripción.  Artículo 134°.- Caducidad Registral. El registro de las sanciones impuestas caducará, si transcurridos cinco (5) años desde la fecha de su imposición el/la Magistrado/a o agente no hubiera sido sancionado/a por otro hecho. La caducidad registral importará la desafectación de la sanción al legajo, la que no podrá ser tenida en cuenta a ningún efecto.  Artículo 135°.- De la prevención. La sanción de prevención se aplicará a Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as por toda falta disciplinaria que no sea de gravedad y cuya previsión no encuadre en algunas de las tipologías de sanciones establecidas en la presente reglamentación.  Artículo 136°.- Del apercibimiento a Magistrados/as. Los/as Magistrados/as podrán ser pasibles de este tipo de sanciones, de acuerdo con la gravedad del hecho, cuando:   1) Incumplan los deberes establecidos en los incisos 10 y 11 del artículo 119°, siempre que configuren hechos de menor gravedad.   2) Se comporten de manera indecorosa, afectando la imagen del Ministerio Público de la Defensa.   3) Incumplan injustificadamente las resoluciones que el/la Defensor/a General de la Nación dicte para el ejercicio de su función.   4) Actúen inobservando los deberes que les competen por el lugar que ocupan dentro de la estructura jerárquica y funcional del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con la organización consagrada por la Ley N° 27.149.  Artículo 137°.- Del apercibimiento a funcionarios/as y empleados/as. Se podrá imponer apercibimiento, en los siguientes casos:   1) Inasistencia reiterada e injustificada al lugar de trabajo.   2) Incumplimiento reiterado e injustificado del horario de trabajo establecido por el/la titular de la dependencia.   3) Incumplimiento de los deberes establecidos en los incisos 11 y 13 del artículo 121°, siempre que configuren hechos de menor gravedad.   4) Incumplimiento reiterado e injustificado de los deberes establecidos en los incisos 1 y 2 del artículo 121° de la presente reglamentación.   Artículo 138°.- De la multa a Magistrados/as. Los/as Magistrados/as podrán ser pasibles de la sanción de multa de hasta el veinte por ciento (20%) de sus haberes, de acuerdo con la magnitud de la falta cometida cuando:   1) No mantengan debidamente informado/a a su representado/a, respecto de las circunstancias del proceso y ello afecte el ejercicio de su defensa.   2) Incumplan las recomendaciones generales o indicaciones particulares dictadas por el/la Defensor/a General de la Nación o, en su caso, por los/as superiores jerárquicos/as reglamentariamente facultados/as, cuando el incumplimiento fuere infundado y no se hubiese expresado objeción o, cuando habiéndose expresado ésta, la naturaleza de la recomendación o indicación no admitiese dilaciones y el/la Magistrado/a la incumpliere.   3) Incumplan con los deberes esenciales que rigen su actuación.   4) Incumplan con los deberes establecidos en los incisos 3 a 8 del artículo 119° de la presente reglamentación.   5) Incumplan la obligatoriedad de utilizar el Sistema de Gestión de la Defensa Pública Oficial denominado 'DefensaPública.net', aprobado por Resolución DGN N° 1647/12 -y modificatorias-.   6) Incumplan los deberes de seguridad, custodia y buen uso de los bienes a su cargo, provocando su desaparición injustificada y/o el daño total o parcial por su mal uso.   7) Incumplan los deberes establecidos en los incisos 10 y 11 del artículo 119°, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos constituyan causales de remoción.  Artículo 139°.- De la suspensión a funcionarios/as y empleados/as. Se podrá imponer suspensión de hasta treinta (30) días corridos, continuos o discontinuos, sin goce de haberes, a funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa, en los siguientes casos:    1) Evidente negligencia o marcado desinterés en la atención de los asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas.   2) Abandono parcial del servicio, que se consumará ante la ausencia injustificada y continua por cinco (5) o más días laborales, sin dar aviso de ella al superior.   3) Infracciones que dieren lugar a prevención, reiteradas en por lo menos dos (2) oportunidades y cometidas dentro de los doce (12) meses inmediatos anteriores.   4) Asesoramiento o evacuación de consultas fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función.   5) Violación del deber de reserva con respecto a los asuntos vinculados a las funciones asignadas.   6) Quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los incisos 7 y 8 del artículo 121° de la presente reglamentación.   7) Incumplimiento de los deberes de seguridad, custodia y buen uso de los bienes a su cargo, provocando su desaparición injustificada y/o daño total o parcial por su mal uso;   8) Incumplimiento intencional de órdenes legales.   9) Incumplimiento de los deberes establecidos en los incisos 11 y 13 del artículo 121°, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía.   10) Incumplimiento de la obligación establecida en el inciso 10 del artículo 121° de la presente reglamentación.   La suspensión constituye el impedimento de cumplir la labor asignada por todo el período en que se extienda la medida e implica la pérdida inmediata del derecho a percibir las remuneraciones correspondientes a los días no laborados por dicha causal.   La suspensión se hará efectiva a partir del momento en que la resolución adquiriese firmeza. Será incorporada al legajo del/de la sancionado/a y comunicado a sus efectos al Servicio Administrativo Financiero.  Artículo 140°.- De la Cesantía a funcionarios/as y empleados/as. Son causas para disponer la cesantía de funcionarios/as y/o empleados/as del Ministerio Público de la Defensa, las siguientes:   1) Abandono del servicio, que se consumará si el/la agente registrara más de diez (10) inasistencias continuas sin causa que lo justifique y sin dar aviso de ello a su superior.   2) Infracciones que dieren lugar a suspensión, cuando se hayan superado en los doce (12) meses inmediatos anteriores los treinta (30) días de suspensión.    3) Infracciones que dieren lugar a apercibimiento, reiteradas en por lo menos dos (2) oportunidades y cometidas dentro de los doce (12) meses inmediatos anteriores.   4) Incumplimiento de los deberes establecidos en los incisos 5 y 6 del artículo 121° de la presente reglamentación.   5) Persistencia en el quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los incisos 7 y 8 del artículo 121°, pese a haber sido previamente sancionado/a por ello.   6) Violación del deber de reserva, que ocasionare un perjuicio para el ejercicio del derecho de defensa del/de la justiciable.   7) Sentencia condenatoria firme por delito doloso.   8) Mal desempeño o grave negligencia en el ejercicio de sus funciones.   9) Incumplimiento de los deberes establecidos en los incisos 11 y 13 del artículo 121°, cuando por la gravedad y magnitud de la falta así correspondiere.  Artículo 141°.- De la exoneración de funcionarios/as y empleados/as. Son causas para imponer exoneración, las siguientes:   1) Sentencia condenatoria firme por delito doloso contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.   2) Sentencia condenatoria firme por delito que afectare la imagen del Ministerio Público de la Defensa.   3) Incumplimiento intencional de órdenes legales, cuando afectare seriamente al servicio de Defensa Pública.   4) Imposición de una pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública.  CAPÍTULO VI. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.   Artículo 142°.- Sanciones de plano. Las sanciones de plano impuestas a Magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa serán aplicadas cuando la infracción haya sido percibida directa y objetivamente y no se requiera para su comprobación la formación de un sumario administrativo.   Previamente, deberá comunicarse al/a la empleado/a, funcionario/a o Magistrado/a la falta observada, quien podrá presentar su descargo dentro de los tres (3) días de notificada la imputación.   El/la Defensor/a General de la Nación, en la medida de su potestad disciplinaria, podrán imponer de plano a los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa, las sanciones de prevención, apercibimiento y multa.   Los/as Magistrados/as o funcionarios/as a cargo de la dependencia, en la medida de su potestad disciplinaria, podrán imponer de plano las sanciones de prevención, apercibimiento y suspensión de hasta cinco (5) días.    Se procederá por escrito, y se anunciará en forma clara y precisa el hecho que se repute falta y la sanción impuesta.  Artículo 143°.- Recurribilidad de las sanciones aplicadas de plano. Contra las sanciones aplicadas de plano se podrá interponer recurso de reconsideración con apelación en subsidio, dentro del tercer día de su notificación.   Dichos recursos deberán ser presentados por escrito fundado, bajo pena de inadmisibilidad, pudiendo el/la recurrente ofrecer prueba en dicho acto.   Denegada la reconsideración y pendiente la apelación, las actuaciones serán remitidas a la autoridad de aplicación, quien resolverá dentro del quinto día sobre las   medidas probatorias solicitadas. Si se dispusiere su recepción, se correrá traslado por tres (3) días al/a la sumariado/a para que alegue sobre su mérito.   Presentando el memorial de descargo o vencido el término correspondiente, la autoridad de aplicación resolverá, dentro de los quince (15) días siguientes.   Si la sanción de plano fuese impuesta por el/la Defensor/a General de la Nación, sólo podrá interponerse contra ella recurso de reconsideración, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la sanción.  Artículo 144°.- Avocación. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la resolución del recurso de apelación, el/la sumariado/a podrá solicitar la avocación directa del/de la Defensor/a General de la Nación para que resuelva sobre el mérito de la sanción impuesta.  Artículo 145°.- Autoridad de aplicación. Empleados/as y funcionarios/as. El/la Defensor/a General de la Nación será autoridad de aplicación en el juzgamiento de faltas disciplinarias cometidas por empleados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar dicho carácter en los/as Magistrados/as mencionados/as en el artículo 15, inciso a), de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, N° 27.149.  Artículo 146°.- Autoridad de aplicación. Magistrados/as. Cuando se trate de faltas cometidas por Magistrados/as, será siempre autoridad de aplicación el/la Defensor/a General de la Nación, excepto que se configure alguno de los supuestos contemplados en el artículo 151°.  Artículo 147°.- Instructores/as. Empleados/as y funcionarios/as. En casos de faltas imputadas a empleados/as y funcionarios/as en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el sumario será instruido por un Secretario/a o Director/a General de la Defensoría General según el cargo del sumariado/a sea inferior o equivalente a uno u otro.   En las circunscripciones territoriales del interior del país, será designado/a instructor/a del sumario, el Magistrado/a de la dependencia en la que desempeñe sus funciones el/la agente.   El/la Defensor/a General de la Nación podrá reemplazar al/a la instructor/a y designar en su lugar a un Magistrado/a o funcionario/a, quienes estarán sujetos/as a las prescripciones establecidas en el presente régimen para los instructores/as.  Artículo 148°.- Instructor/a. Magistrados/as. Cuando la falta fuere imputada a un/a Magistrado/a, la instrucción del sumario estará a cargo del/de la Defensor/a General de la Nación o el/la Magistrado/a o funcionario/a que éste designe.  Artículo 149°.- Obligaciones y facultades del instructor.   En el desempeño de su actividad, el/la instructor/a deberá:   1) Actuar con criterio objetivo.   2) Dirigir la investigación de los hechos denunciados y reunir las pruebas que los acrediten.   3) Determinar la responsabilidad de los/as presuntos/as autores/as y formular sus conclusiones, encuadrando la falta cometida conforme las disposiciones de la presente reglamentación.   4) Disponer la realización de las audiencias de prueba.   5) Cumplir con los plazos establecidos en la presente reglamentación.   6) Informar a la Oficina de Sumarios de la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos la iniciación de sumarios que revistan gravedad.   7) Designar secretario/a de actuación, en lo posible letrado/a.    Asimismo, el/la instructor/a podrá:   1) Requerir informes conforme las facultades establecidas en la Ley N° 27.149.   2) Solicitar a la Oficina de Sumarios de la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos, la designación de instructores/as 'ad-hoc', en casos de suma complejidad.  Artículo 150°.- Imputado/a. El/la sumariado/a, en la primera oportunidad, deberá ser informado/a de su derecho de designar un/a defensor/a de su confianza, diligencia que podrá ser efectivizada en cualquier momento del procedimiento sumarial. En caso de alegar y acreditar imposibilidad económica podrá solicitar se le designe un/a defensor/a de oficio, carácter que podrá ser adjudicado a cualquier abogado/a que preste servicios en el Ministerio Público de la Defensa según la lista elaborada oportunamente por la Oficina de Sumarios dependiente de la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos, de acuerdo con las diferentes circunscripciones territoriales.    La falta de designación de defensor/a no paralizará la tramitación del sumario. Las personas con discapacidad, en los casos que correspondan, tendrán derecho a ser asistidas por un intérprete de lengua de señas o de apoyo en caso de discapacidad intelectual o psicosocial, que garantice su derecho de defensa.  Artículo 151°.- Recusación y excusación. Motivos. La autoridad de aplicación podrá ser recusada y deberá excusarse por las causales establecidas en los artículos 59 y 60 del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019).  Artículo 152°.- Trámite de la recusación. La recusación deberá ser presentada por escrito dentro del tercer día de notificado/a de la formación del sumario o de conocida la causal sobreviniente, bajo pena de caducidad, ofreciendo en dicho acto prueba de la que intentara valerse el/la presentante.   El incidente será resuelto por el/la Defensor/a General de la Nación. Contra su decisión no habrá recurso alguno.   Si se admitiera la causal, el/la Defensor/a General de la Nación procederá inmediatamente a su reemplazo por otro/a Magistrado/a.  Artículo 153°.- Instructores. Los/as instructores/as y defensores/as también deberán excusarse y podrán ser recusados/as por los mismos motivos previstos en el artículo 151° en tanto ellos sean compatibles. A los efectos del trámite del incidente, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 152°.  Artículo 154°.- Actos iniciales. El procedimiento de sanciones podrá ser iniciado por denuncia o por actuación prevencional del/de la titular de la dependencia en la que se hubiere cometido la infracción o del/de la funcionario/a o Magistrado/a que la advierta en función de contralor o superintendencia.  Artículo 155°.- Denuncia. La denuncia de una falta administrativa podrá formalizarse por escrito o verbalmente, en cuyo caso se labrará acta.   No se requerirá ninguna formalidad expresa para su presentación, sin perjuicio de lo cual la denuncia deberá contener:   1) Nombre y apellido, número de documento, domicilio y profesión u ocupación del/de la denunciante.   2) Nombre y apellido y asignación funcional del/de la Magistrado/a, Funcionario/a o Empleado/a denunciado/a, así como el lugar en dónde desempeña sus funciones.   3) La relación circunstanciada de los hechos y de la falta que considera cometida.   4) La indicación de la prueba en que se funde, que, si es documental, deberá ser acompañada en ese momento, o en su caso, deberá indicar el lugar en donde puede ser habida.   Si el/la denunciante no cumpliere con alguno de estos requisitos, el/la instructor/a podrá citarlo para ratificar su presentación. La falta de ratificación no obstará a que se inicie la investigación del hecho que se repute falta.  Artículo 156°.- Prevención sumarial. Recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de oficio, el/la titular de la Oficina de Sumarios, o en su defecto el/la Magistrado/a o funcionario/a que a tal fin se designe, si lo considerare pertinente y dentro de los treinta (30) días, prorrogables por resolución fundada en caso de complejidad de la investigación, practicará una prevención sumaria con la única finalidad de acreditar la veracidad de los hechos en los que se funda la denuncia o actuación prevencional.   Culminadas las diligencias, deberá expresarse fundadamente la pertinencia de la formación de un sumario administrativo o la ausencia de mérito para ello.   La autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días, se expedirá disponiendo la formación del sumario -y la designación de un/a instructor/a- o el archivo de las actuaciones.  Artículo 157°.- Instrucción del sumario. Iniciado el sumario administrativo, el/la instructor/a procederá a recoger las pruebas que acreditaren la existencia del hecho u omisión que se reputase falta, a la identificación del/de la o los/as autores/as y su consiguiente responsabilidad.   La instrucción del sumario administrativo no podrá exceder de noventa (90) días, prorrogables por igual término por resolución fundada de la autoridad de aplicación. Regirán las disposiciones sobre prueba pericial, testimonial e instrumental establecidas en el Código Procesal Penal Federal, en tanto no se opusieran con la presente.  Artículo 158°.- Notificación de la imputación. Declaración. Una vez iniciado el procedimiento sumarial, el/la Magistrado/a y/o agente será notificado/a de la imputación. Dentro del plazo de diez (10) días, contados desde esta notificación, el sumariado/a podrá solicitar declarar ante el/la instructor/a y ofrecer los medios y elementos de prueba a su favor. El/la instructor/a las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. Previo a recibirle declaración, se le harán saber los hechos imputados y las pruebas que obrasen en su contra.   El/la sumariado/a y/o su letrado/a defensor/a tendrán derecho a presenciar las diligencias probatorias que se realizaren y a intervenir en ellas con facultades críticas, salvo resolución fundada en contrario.   Artículo 159°.- Rebeldía. El/la sumariado/a debidamente citado/a que no compareciere ni probare justa causa de inasistencia, será declarado/a rebelde, sin perjuicio de continuar con las actuaciones hasta su terminación.  Artículo 160°.- Secreto de las actuaciones. Cuando fuere indispensable para la averiguación del hecho reputado falta, el/la instructor/a podrá disponer por decreto fundado el secreto del sumario por un lapso que no supere las 48 horas, prorrogables por otro término igual. El secreto de las actuaciones no alcanzará a los actos definitivos e irreproducibles, que deberán practicarse siempre con presencia del/de la sumariado/a, salvo lo dispuesto en la última parte del artículo anterior.  Artículo 161°.- Conclusiones del/de la instructor/a. Si el/la instructor/a entendiera reunidos los elementos de convicción suficientes para la acreditación de la comisión de un hecho considerado falta y la responsabilidad del/de Magistrado/a o agente, formulará sus conclusiones por escrito, expresando concretamente la relación circunstanciada de los hechos investigados, la evaluación de la prueba según las reglas de la sana crítica, la calificación de la conducta de los/as sumariados/as, y el encuadre del caso en las disposiciones legales, con indicación precisa de la sanción aplicable.   En caso de que el/la imputado/a sea un/a Magistrado/a y existieran pruebas suficientes para entender que resulta pasible de la sanción de remoción, el/la instructor/a elevará el sumario a la autoridad de aplicación solicitando la remisión de las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento. Si la autoridad de aplicación estuviera de acuerdo se procederá según lo normado en los artículos 55, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, N° 27.149; caso contrario, devolverá las actuaciones al/a la instructor/a a fin de continuar el trámite previsto en los artículos siguientes.  Artículo 162°.- Archivo. Si al término del plazo establecido para la investigación no existieren pruebas suficientes como para determinar la responsabilidad de los/as inculpados/as, el/la instructor/a elevará el sumario con un informe a la autoridad de aplicación solicitando el archivo del sumario.   Si la autoridad de aplicación no estuviere de acuerdo con las conclusiones del informe, podrá disponer la reapertura de la investigación y en su caso el reemplazo del/de la instructor/a.  Artículo 163°.- Descargo. Producido el informe, el/la instructor/a notificará sus conclusiones al/a la sumariado/a, quien en el plazo de diez (10) días podrá presentar un memorial de descargo y solicitar a la autoridad de aplicación la producción de las medidas de prueba denegadas por aquél.  Artículo 164°.- Remisión de actuaciones a la autoridad de aplicación. Contestada la vista prevista en el artículo anterior, el sumario será remitido a la autoridad de aplicación quién podrá disponer la recepción de nuevas pruebas o de aquellas omitidas o denegadas por el/la instructor/a.   Si fuera necesario se ordenará al/a la instructor/a la recepción de la prueba dispuesta o se designará un/a nuevo/a instructor/a para su cumplimiento.  Artículo 165°.- Resolución final. La autoridad de aplicación, previo dictamen del servicio jurídico permanente, resolverá el sumario atendiendo a la descripción de los hechos y las pruebas presentadas por las partes. La decisión será adoptada en el término de quince (15) días a partir de la recepción del sumario o en su caso de la culminación de las diligencias probatorias dispuestas.    1) Esta deberá contener:   2) La fecha y el lugar en que se dicta.   3) La mención de la autoridad de aplicación que la pronuncia.   3) Las condiciones personales del/de la Magistrado/a y/o agente sumariado/a, con detalle de los datos que sirvan para identificarlo/a.   4) Mención del/de la letrado/a que asistió a la defensa técnica del sumariado/a.   5) Una relación clara, precisa y circunstanciada del o de los hechos y/o faltas cuya comisión se imputan al/a la sumariado/a.   6) Una valoración clara y concreta de la prueba de cargo y de descargo colectada en el expediente, efectuada de conformidad con las pautas que impone el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica racional.   7) La determinación sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad que en el hecho le cabe al/a la sumariado/a, con especial mención de las disposiciones legales que se reputen aplicables y, en su caso,   8) la individualización de la sanción disciplinaria aplicable, cuya graduación deberá fundarse en la gravedad de la falta, los antecedentes en la función del/de la sumariado/a y los perjuicios efectivamente causados al servicio público de la defensa.   Toda sanción firme será anotada en el Registro de Sanciones habilitado en la Oficina de Sumarios, la que comunicará tal circunstancia a la Secretaría General de Superintendencia y Recursos Humanos para su asentamiento en el legajo personal del/de la afectado/a.  Artículo 166°.- Medidas preventivas. Los/as funcionarios/as y empleados/as sumariados/as podrán ser trasladados/as de la dependencia en la que cumplen sus funciones o suspendidos/as, por decisión fundada de la autoridad de aplicación y a solicitud del/de la instructor/a, si su permanencia en funciones en el lugar de comisión del hecho reputado falta fuere inconveniente para el desarrollo de la investigación, redundare en un perjuicio para la prestación del servicio de defensa o afectare seriamente el interés público.   El traslado del/de la agente no podrá exceder el término de duración del sumario, contado desde la fecha de su notificación.  Artículo 167°.- Suspensión preventiva. La suspensión preventiva del/de la sumariado/a se dispondrá por un término de sesenta (60) días corridos, prorrogables por resolución fundada.   El auto que dispusiera la suspensión preventiva, deberá ser fundado y contendrá:   1) La mención de los hechos imputados y la justificación de su verosimilitud.   2) La fundamentación de la necesidad de disponer la medida cautelar y la imposibilidad de asegurar sus fines mediante el traslado.   Esta decisión cautelar será recurrible, con efecto devolutivo, ante el/la Defensor/a General de la Nación, por escrito fundado, dentro del tercer día de su notificación y será resuelto directamente y sin sustanciación.   En el caso de haberse aplicado suspensión preventiva, si de las conclusiones del sumario no surgiesen sanciones o si estas no fueran privativas de haberes, estos le serán íntegramente abonados; de lo contrario, el tiempo de suspensión preventiva será computado para su cumplimiento, debiendo en tal caso procederse al descuento respectivo de haberes.  Artículo 168°.- Causa Criminal. La sustanciación de sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la aplicación de sanciones de conformidad con lo dispuesto en el presente régimen, tendrán lugar con prescindencia de la causa criminal que se le siguiere al/a la sumariado/a.   El sobreseimiento definitivo o la absolución dictados en una causa criminal no habilitan al/a la agente a continuar en servicio si es sancionado/a con cesantía o exoneración en el sumario administrativo.   Pendiente la causa criminal, no podrá el/la sumariado/a ser declarado/a exento/a de responsabilidad. En este caso, los plazos de prescripción y caducidad quedarán automáticamente suspendidos.  Artículo 169°.- Reglas Generales. El procedimiento del sumario estará sujeto a las siguientes reglas generales:   1) Los plazos se computan en días hábiles judiciales, a menos que se exprese lo contrario.   2) Las notificaciones se realizarán en forma personal y fehaciente, por nota en el expediente, por oficio en el domicilio laboral, real o constituido, o mediante correo electrónico a los dominios internos pertenecientes al Ministerio Publico de la Defensa o a la dirección electrónica denunciada en el expediente.   3) Si durante la tramitación del sumario administrativo, se advirtieran hechos que puedan configurar la comisión de un delito de acción pública, deberá darse intervención al/a la Juez/a penal que resulte competente.  Artículo 170°.- Recurso de reconsideración. Contra todas las resoluciones administrativas que impongan sanciones disciplinarias se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la misma, mediante escrito fundado, que deberá presentarse ante la misma autoridad que dictó la sanción. En el mismo escrito podrá deducirse subsidiariamente recurso de apelación, si este fuera procedente.   Si la sanción la hubiera impuesto directamente el/la Defensor/a General de la Nación, sólo podrá interponerse recurso reconsideración, dentro del mismo plazo.  Artículo 171°. Recurso de Apelación. El recurso de apelación deberá ser deducido por escrito fundado ante el/la Defensor/a General de la Nación dentro del término de cinco (5) días de notificada la resolución y procede contra las resoluciones administrativas que dispongan la aplicación de sanciones disciplinarias.   El/la Defensor/a General de la Nación ordenará la remisión de las actuaciones y resolverá la cuestión dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la fecha de su interposición. ANEXO II (“Formulario de Solicitud de Licencia y Justificación de Inasistencia” aprobado por Resolución DGN N° 1122/10 -y modificatorias-, sustituido por el Punto VI de la Resolución N° 999/2020 de la Defendoía General de la Nación B.O. 3/11/2020. Vigencia: a partir del día siguiente a la protocolización de la presente.)    Antecedentes Normativos - Anexo I, Artículo 32, sustituido por punto III de la Resolución N° 75/2014 de la Defensoria General de la Nación B.O. 13/02/2014; - Anexo I, Artículo 34, inciso f) sustituido por punto III de la Resolución N° 75/2014 de la Defensoria General de la Nación B.O. 13/02/2014; - Anexo I, Artículo 35 sustituido por punto III de la Resolución N° 75/2014 de la Defensoria General de la Nación B.O. 13/02/2014; - Anexo I, Artículo 37 sustituido por punto III de la Resolución N° 75/2014 de la Defensoria General de la Nación B.O. 13/02/2014; - Anexo I, Artículo 46 sustituido por punto III de la Resolución N° 75/2014 de la Defensoria General de la Nación B.O. 13/02/2014.