Resolución   406 / 1992
MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de publicación: 1992-12-31

Ministerio de Justicia   JUSTICIA   Resolución 406/92  Amplíanse los alcances de la Resolución N° 56/92.  Bs. As., 22/12/92  VISTO los resultados alcanzados hasta la fecha con la Resolución M. J. No. 56 del 25 de setiembre del corriente año, mediante la cual se adoptaron diversas medidas destinadas a solucionar paulatinamente la situación imperante en los institutos carcelarios dependientes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, instruyendo a los señores representantes del Ministerio Público Fiscal para que promuevan el ejercicio de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, en especial la Ley No. 23.054 -Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y  CONSIDERANDO:  Que las peticiones formuladas en ese sentido para hacer efectivas las medidas adoptadas por este Ministerio, se canalizaron preferentemente por la vía de solicitudes de; excarcelación;  Que este trámite, previsto por nuestra legislación procesal penal y que constituye una de las tradicionales formas de hacer cesar la privación preventiva de la libertad, debe necesariamente completarse con el que se corresponde con la letra y el espíritu de la Convención citada 'ut-supra', estatuto que en el artículo 7, Inciso 5, contiene una disposición que es directamente operativa;  Que tal como lo ha sostenido la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, 'cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que este tratado contemple, siempre que contenga disposiciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación Inmediata', agregando que 'una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que pueda operar inmediatamente, sin necesidad de Instituciones que deba establecer el Congreso' (CSJN, Julio 7 - 992 - Ekmekdjian, Miguel A., c. Sofovich, Gerardo y otros-, La Ley, t. 1992 - C, p. 540);  Que, además, en muchos de los casos revisados se estimó que la detención preventiva sufrida era, no obstante su prolongación, razonable, y por ello no se realizó planteo alguno al respecto, sin que este Ministerio pudiera conocer los fundamentos de esa resolución a los efectos de tener un preciso cuadro de situación y tomar decisiones adecuadas a la realidad;  Que, por todo ello, se hace necesario profundizar las medidas adoptadas con anterioridad, con la finalidad expresa de que se resuelva esta situación, nueva én nuestras costumbres procesales, pero que se corresponde con los conceptos más modernos y avanzados en la búsqueda del equilibrio entre el derecho del Estado a aplicar la ley penal —y asegurar su ejercicio aun a costa de la libertad de personas que no han sido condenadas por ningún Tribunal— y el derecho de estas últimas —cuyo estado jurídico es de inocencia hasta que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada los declare culpables— de que se respete su derecho natural de libertad;  Que se trata en ambos casos de principios de rango constitucional, comunes a todos los núcleos civilizados y que, por tanto, no deben ser enfrentados ni sacrificados el uno en aras del otro, sino armonizados y encuadrados en un justo término medio que es lo que procura lograr la Convención Americana Mencionada;  Que hasta tal punto esto es así que en la resolución 45/110 aprobada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas con fecha 2 de abril de 1991, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Toldo), se establece en el art. 6.1 que 'en el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso...'; y en el art. 6.2 que ' las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible ...', indicando en los arts. 8.1 y 8.2 las medidas alternativas de la prisión, atento a que una de las preocupaciones actuales de la política procesal penal es de reducir al máximo la población carcelaria;  Que debe procurarse por todos los medios legales que se agoten los caminos jurisdiccionales, en especial procurando obtener un pronunciamiento de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, dado que la libertad personal es un bien no susceptible de ser reparado cuando se pierde; que se trata de la aplicación de pactos internacionales y de la situación de los ciudadanos frente a esos compromisos, lo que reviste una gravedad institucional suficiente para constituir un Caso Federal;  Que, por tratarse de disposiciones que integran nuestro orden jurídico nacional, las instrucciones que aquí se imparten, como las ya dispuestas en la resolución 56/92, tienen carácter permanente emanando de las facultades que al suscripto le acuerdan el artículo 89 de la Constitución Nacional, artículo 20, inciso 5 y 7 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y artículo 4 de la Ley No. 20.416.  Por ello,  EL MINISTRO DE  JUSTICIA  RESUELVE:  Artículo 1° — Ampliando las instrucciones contenidas en la Resolución M. J. No. 56/92 los señores Fiscales en el plazo perentorio de 25 (veinticinco) días hábiles de recibidas éstas, insistirán ante los tribunales en que actúan, solicitando la libertad, sin más trámite, de todo procesado que permanezca detenido preventivamente más allá de un plazo razonable, sin perjuicio de la continuación del proceso, haciéndolo por vía incidental, con prescindencia del trámite excarcelatorio, y con expresa reserva de recurrir a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION por la vía del Caso Federal de la Ley No. 48 en caso de denegatoria.  Art. 2° — Dentro de igual plazo, los señores Fiscales informarán por escrito a este Ministerio sobre las libertades solicitadas, con expresión de lo resuelto, en cada caso, por los jueces respectivos.  Art. 3° — En todos los casos en que el procesado estuviera privado de la libertad preventivamente por un lapso mayor de dos años y el Fiscal correspondiente estimara que esa detención es razonable, deberá informar por escrito a este Ministerio, en la forma más circunstanciada posible, sobre cuáles son estas razones.  Art. 4° — A través del Procurador General de la Nación se adoptarán las medidas que fueren conducentes a las más estricta observancia de estas instrucciones, así como las que correspondan en caso de incumplimiento de las mismas.  Art. 5°—Estas Instrucciones tienen el carácter de permanentes, siendo obligación de los señores Fiscales su aplicación a medida que las detenciones preventivas de procesados en las actuaciones en que intervengan vayan perdiendo su carácter de razonables.  Art. 6° — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge L. Maiorano.