Disposición   1027 / 2019
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
Fecha de publicación: 2019-03-06

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES  Disposición 1027/2019  DI-2019-1027-APN-DNM#MI  Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2019  VISTO el Expediente EX-2019-09479906- -APN-DG#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley N° 22.520 y sus modificatorias, las Leyes N° 25.871 y N° 25.506, los Decretos N° 616 del 3 de mayo de 2010 y N° 892 del 25 de julio de 2016 y las Disposiciones DNM N° 1488 del 16 de julio de 2010 y N° 1105 del 28 de abril de 2011, y  CONSIDERANDO:  Que la Ley de Migraciones N° 25.871 establece las líneas políticas fundamentales y las bases estratégicas en materia migratoria, regulando la admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas al país.  Que el Decreto Nº 616/10, reglamentario de la Ley referida, establece que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES determinará los requisitos y procedimientos para el trámite de las solicitudes de residencia.  Que en tal sentido, en el artículo 9° de su Anexo II, dispone que los extranjeros que peticionen una residencia ante la autoridad migratoria, deberán presentar, entre otra documentación, un “Certificado de antecedentes penales emitido en la REPÚBLICA ARGENTINA, siempre que se tratare de un extranjero que hubiese cumplido DIECISÉIS (16) años de edad” y un “Certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades competentes de los países donde haya residido por un plazo superior a UN (1) año, durante el transcurso de los últimos TRES (3) años, siempre que se tratare de un extranjero que hubiese cumplido los DIECISÉIS (16) años de edad.”  Que posteriormente, mediante el dictado de las Disposiciones DNM N° 1488/10 y N° 1105/11, que aprobaron los instructivos de tramites de regularización migratoria para nacionales del “Mercosur” y “No Mercosur”, respectivamente, se exige la presentación de dichos certificados de antecedentes penales.  Que en otro orden de ideas, el CÓDIGO PENAL, en su artículo 51, establece que el registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos: “1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia para las condenas condicionales; 2. Después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a penas privativas de la libertad; 3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación”.  Que de tal manera, el mentado Certificado de Antecedentes Penales en nuestro país, expedido por el REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA, informa con una antigüedad de DIEZ (10) años hasta el momento de su emisión.  Que por otro lado, la Ley N° 25.871 alude al principio de reciprocidad entre Estados- universalmente aceptado en el derecho internacional-, receptándolo en su artículo 102. En tal sentido, su párrafo segundo establece que “El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten gravemente el principio de reciprocidad”.  Que en razón de lo expuesto, con fundamento en la normativa vigente antes descripta, y teniendo en cuenta que el Certificado de Antecedentes Penales expedido por el REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA, informa con una antigüedad de DIEZ (10) años hasta el momento de su emisión, deviene pertinente establecer el mismo requisito de antigüedad en todo otro certificado que acredite la carencia de antecedentes penales, presentado como condición para el otorgamiento de un beneficio migratorio.  Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.  Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 105 y 107 de la Ley N° 25.871 y del Decreto Reglamentario N° 616 del 3 de mayo de 2010, por el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996.  Por ello,  EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIONES  DISPONE:  ARTÍCULO 1°.- Establécese que el certificado de antecedentes penales requerido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para todo trámite que corresponda, deberá contener en forma completa y clara los datos de la persona, así como todos los antecedentes penales perfectamente individualizados, con una antigüedad de DIEZ (10) años, a contar desde el momento de su emisión por la autoridad competente del país del extranjero que lo presente o bien del pais donde residia con anterioridad al ingreso a la Republica Argentina.  ARTÍCULO 2°.- Establécese que el plazo determinado en el artículo precedente, podrá ser materia de análisis particular, en razón del principio de reciprocidad del Derecho Internacional receptado en el art. 102 de la Ley Migratoria Nº 25.871.  ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Horacio José García  e. 06/03/2019 N° 12993/19 v. 06/03/2019