Resolución   53 / 2024
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
Fecha de publicación: 2024-10-01

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS  Resolución 53/2024  RESOL-2024-53-APN-INAI#JGM  Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2024  VISTO el expediente N° EX-2024-105947544-INAI#JGM; la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y complementarias; artículo 2° de la Ley 23.302, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, las Resoluciones N° 781/95 y N°4811/96 de la ex – Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, el Decreto N° 308/2024, y  CONSIDERANDO:  Que el art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y la personería jurídica de sus comunidades, pudiendo las provincias ejercer concurrentemente con la Nación dichas atribuciones.  Que, con la Ley Nacional Nº 23.302, sobre Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes, y su Decreto Reglamentario Nº 155/89 se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el cual funciona el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I).  Que, por Resolución N° 781/95, la ex – Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, de la cual dependía el INAI creó el RE.NA.C.I. para proceder a la inscripción de las comunidades que así lo soliciten.  Que, asimismo por Resolución Nº 4811/96, la ex – Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, se fijaron los criterios para autorizar la inscripción de Comunidades indígenas, simplificándose los requisitos y regulando la concurrencia de las provincias. La misma establece, en el Artículo 2, como únicos requisitos para la inscripción: a) Nombre y ubicación geográfica de la Comunidad. b) Reseña que acredite su origen étnico-cultural e histórico, con presentación de la documentación disponible. c) Descripción de sus pautas de organización y de los medios de designación y remoción de sus autoridades. d) Nómina de los integrantes con grado de parentesco. e) Mecanismos de integración y exclusión de sus miembros.  Que es objetivo principal del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios.  Que, el INAI viene efectuando las inscripciones de las comunidades indígenas, de conformidad a las competencias que le son propias en los términos de los artículos 2° de la ley nacional 23.302 sobre Asuntos Indígenas, artículo 16 del decreto reglamentario 155/89 y 2° de las resoluciones de la ex Secretaría de Desarrollo Social N° 781/95 y 4811/96.  Que, asimismo, de los artículos 5° de la ley N° 23.302 sobre Asuntos Indígenas y 20 y 16 del decreto reglamentario 155/89, surge que el INAI – RE.NA.CI. - debe coordinar sus acciones junto con las de las provincias en materia de inscripción de personerías jurídicas de Comunidades Indígenas.  Que, el INAI, cuando inscribe a las comunidades indígenas en el RE.NA.CI., sólo se limita a constatar que se cumplan los requisitos establecidos en la ley nacional 23.302 y el artículo 2° de la resolución de la ex-Secretaría de Desarrollo Social 4811/96.  Que, la coexistencia de varios niveles de gobierno en un Estado federal exige necesariamente de la presencia de instrumentos que posibiliten y faciliten las relaciones intergubernamentales, en busca de la convergencia de voluntades que tiendan a la coordinación de materia de registración de comunidades indígenas cuya titularidad pertenece en común a ambos niveles (nacional y provincial).  Que la CSJN asume que los acuerdos interjurisdiccionales constituyen “manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y nacionales se unen en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de los intereses del Estado Nacional y de las provincias (Fallos, 314:862, del 20/08/1991)”  Que la actual gestión de gobierno se encuentra abocada a la reperfilación de las tareas encomendadas al RE.NA.CI., en lo atinente a sus obligaciones y regímenes de información implementados con miras a contribuir a la agilización de los procesos y evitar interferencias en las facultades propias de las provincias que cuentan con registros especiales.  Que, en la actualidad 11 (once) provincias cuentan con registro especial para la inscripción de las personerías jurídicas de las comunidades habiendo el INAI firmado un total de siete (07) acuerdos interjurisdiccionales en relación a la inscripción de personería jurídica de las comunidades indígenas.  Que, los acuerdos interjurisdiccionales han sido suscriptos con la finalidad de armonizar las competencias concurrentes en materia de inscripción de personería jurídica entre los distintos niveles de gobierno nacional y provincial.  Que, en el ejercicio de la atribución relativa al registro de las Personerías Jurídicas de las Comunidades Indígenas, existen concurrencia entre las provincias y la Nación.  Que, el RE.NA.CI., en el marco de su actuación, debe dar intervención a los organismos provinciales, no teniendo al respecto, una facultad exclusiva y excluyente del ámbito provincial.  Que los organismos provinciales, se encuentran en mejores condiciones para conocer las necesidades que tienen las comunidades indígenas en el ámbito de sus jurisdicciones.  Que el RE.NA.CI. requiere de una actualización normativa, que permita la generación de mecanismos razonables e idóneos de homogeneización y/o compatibilización de criterios para de esta manera evitar duplicaciones y/o contradicciones, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas por parte de los gobiernos de las provincias.  Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN señaló que el sistema de la Ley N° 23.302 fue concebido cuando aún no se encontraba vigente la disposición constitucional que reconoce a las provincias atribuciones propias y concurrentes con las del Congreso, razón por la cual en la actualidad, las atribuciones del INAI, en relación con la inscripción de la personería jurídica de las comunidades, deben ser ejercitadas con la debida consideración del cambio constitucional, es decir, con la precaución de preservar el espacio necesario para el ejercicio de las atribuciones de las provincias en la órbita de su propia jurisdicción.  Que la concurrencia de atribuciones no otorga poder al gobierno federal para sustituir al provincial en los actos de legislación y administración relacionados con las personas y las cosas que caen bajo su jurisdicción territorial, siempre que este último se mantenga dentro de su órbita propia y atento a las prioridades establecidas en el artículo 31 de la Constitución Nacional.  Que, por ese motivo, el gobierno nacional ha decidido implementar un plan de desregulación de amplísimo alcance y en ese marco resulta necesario derogar la Resolución Nº 4811/96 de la ex – Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, de la cual dependía, por entonces, el RE.NA.C.I.  Que, en ese marco y en adición a los preceptos enunciados, razones de buena administrativa aconsejan abrogar la resolución de la ex-Secretaría de Desarrollo Social 4811/96.  Que las medidas referidas en los considerandos anteriores son razonables e imprescindibles siendo menester que las jurisdicciones provinciales se avoquen en las tareas de registración de las comunidades indígenas que habitan en sus territorios.  Que la Dirección de Tierras y RENACI y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas han tomado la intervención que les compete;  Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias; la Ley N° 23.302 y su Decreto Reglamentario N° 155/89 y el Decreto 308/2024;  Por ello,  EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS  RESUELVE:  ARTÍCULO N°1.- Abrogar la Resolución Nº 4811/96 de la ex – Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, de la cual dependía, por entonces, el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS (RE.NA.C.I.).  ARTÍCULO 2º.- Establecer, la suspensión de todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS (RE.NA.C.I.), sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.  ARTÍCULO 3°- Invitar a todas las Provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a la celebración de acuerdos en orden a homogeneizar criterios para la inscripción, la adecuación y transferencias de las personerías jurídicas de las comunidades indígenas oportunamente registradas en jurisdicción nacional y/o provincial.  ARTÍCULO 4°- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.  Claudio Bernardo Avruj  e. 01/10/2024 N° 68544/24 v. 01/10/2024