Resolución   1643 / 2023
MINISTERIO DE ECONOMIA
Fecha de publicación: 2023-11-16

MINISTERIO DE ECONOMÍA  Resolución 1643/2023  RESOL-2023-1643-APN-MEC  Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2023  Visto el expediente EX-2023-125526212- -APN-DGDA#MEC, las resoluciones 696 del 23 de mayo de 2023 (RESOL-2023-696-APN-MEC) y 1529 del 6 de octubre de 2023 (RESOL-2023-1529-APN-MEC), ambas del Ministerio de Economía, y  CONSIDERANDO:  Que la República Argentina se encuentra fuertemente comprometida en avanzar hacia un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones en pos de lo cual es necesario la elaboración e implementación de diversas estrategias, leyes, programas y normativas, enfocados en abordar los principales desafíos que enfrenta el país en materia ambiental y social.  Que, asimismo, el tránsito hacia paradigmas productivos sostenibles requiere trabajar en el desarrollo de mecanismos para la movilización de los recursos adecuados a fin de lograr un crecimiento de manera integral, abarcando tanto los desafíos de la agenda social como los de la agenda climática.  Que, en este sentido, el mercado de capitales y el sistema bancario local e internacional han de tener un rol decisivo en el financiamiento de proyectos y actividades que signifiquen avances hacia una economía sostenible.  Que el surgimiento de mercados específicos para bonos y préstamos con uso de fondos sociales y ambientales es una tendencia cada vez más consolidada que requiere ser afianzada a través de la transparencia en la selección, reporte y evaluación de los proyectos financiados.  Que, consecuentemente, mediante la resolución 696 del 23 de mayo de 2023 del Ministerio de Economía (RESOL-2023-696-APN-MEC), se ha adoptado la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles (ENFS) que, entre otros ejes estratégicos, contempla profundizar el trabajo para el diseño y desarrollo de instrumentos financieros y proyectos innovadores que estimulen los flujos de capital hacia sectores y actividades que tienen beneficios medioambientales y sociales y que garantizan una transición justa hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adaptados a la realidad y necesidades de la República Argentina.  Que por medio de la resolución 1529 del 6 de octubre de 2023 del Ministerio de Economía (RESOL-2023-1529-APN-MEC), se creó el “Comité de Evaluación y Selección de Proyectos de Apoyo a la Estructuración de Financiamiento Soberano Sostenible de Argentina” (COMITÉ) que tiene como objetivo primario el proceso de evaluación y selección de los proyectos elegibles para instrumentos de financiamiento en el marco de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles (ENFS) que contempla, entre otras cuestiones, profundizar el trabajo para el diseño y desarrollo de instrumentos financieros y proyectos innovadores que estimulen los flujos de capital hacia sectores y actividades que tienen beneficios medioambientales y sociales y que garantizan una transición justa hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adaptados a la realidad y necesidades de la República Argentina.  Que en este contexto se elaboró el Marco de Financiamiento Soberano Sostenible de Argentina (en adelante, el “Marco”), que es un documento rector en el que se establecen los criterios para guiar la emisión de bonos y/o préstamos soberanos verdes, sociales y/o sostenibles tanto en los mercados de deuda locales como internacionales, en línea con las mejores prácticas internacionales.  Que el objetivo del Marco es canalizar recursos hacia programas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del país, la protección ambiental y la biodiversidad, la resiliencia al cambio climático, la reducción de la pobreza y otras desigualdades, asegurando la igualdad de género y la diversidad, así como el aumento de la competitividad del país en una senda de desarrollo sostenible.  Que por lo expuesto, procede la aprobación del citado Marco, en los términos descriptos.  Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.  Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones y en el artículo 1° de la resolución 696/2023 del Ministerio de Economía (RESOL-2023-696- APN-MEC).  Por ello,  EL MINISTRO DE ECONOMÍA  RESUELVE:  ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Marco de Financiamiento Soberano Sostenible” (Marco) que establece los criterios para la emisión de bonos y/o préstamos soberanos verdes, sociales y/o sostenibles, tanto en los mercados de deuda locales como internacionales, que como Anexo (IF-2023-135932158-APN-SSCYGI#MEC) forma parte integrante de la presente resolución.  ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.  ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  Sergio Tomás Massa  NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-  e. 16/11/2023 N° 93290/23 v. 16/11/2023   (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)    Autoridades  MINISTRO DE ECONOMÍA  Sergio Tomás Massa  SECRETARIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS INTERNACIONALES  Marco Juan Lavagna  SECRETARIO DE FINANZAS  Eduardo Pablo Guillermo Setti  SECRETARIO DE HACIENDA  Raúl Enrique Rigo  SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL  María Candelaria Alvarez Moroni  SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO  Jorge Horacio Domper  SUBSECRETARIA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  Nicolás Segal  SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO  Leandro Daniel Toriano  Equipo técnico a cargo  Emmanuel Andrín  Eugenia Arioua  Federico Azpiroz  Julián Borgo  Joaquín Esteban  María José Pelliza  Nicolás Pertierra  Juan Pinkasz  Guillermo Valentino  Agradecimientos  A los equipos técnicos de las Secretarías de Industria y Desarrollo Productivo; Agricultura, Ganadería y Pesca; Política Económica; Energía, Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, todas ellas del Ministerio de Economía; Ministerios de Desarrollo Social; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Obras Públicas; Educación; Salud; Transporte; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Mujeres, Géneros y Diversidad; Turismo y Deportes; Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Territorial y Hábitat; Jefatura de Gabinete de Ministros; Agencia Nacional de Discapacidad, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, por su aporte fundamental para la elaboración y diseño de este Marco de Financiamiento Sostenible.  Asimismo, agradecer el apoyo y acompañamiento durante este proceso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus equipos técnicos, así como a la firma HPL LLC.  Abreviaturas  AG Asamblea General  ANR Aportes no Reembolsables  ALC América Latina y el Caribe  APLMA Asia Pacific Loan Market Association              Asociación del Mercado de Préstamos de Asia y el Pacífico  APN Administración Pública Nacional  ASG Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo  AUE Asignación Universal por Embarazo  AUH Asignación Universal por Hijo  BCRA Banco Central de la República Argentina  BID Banco Interamericano de Desarrollo  CERFOAR Sistema Argentino de Certificación Forestal  CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  COP Conference of the Parties          Conferencia de las Partes  DNEIyG Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género  ELP Emisiones a Largo Plazo  ENFS Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles  FOGAR Fondo de Garantías Argentino  FONDEP Fondo Nacional de Desarrollo Productivo  FPAN Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible  FSC Forest Stewardship Council  GBS Sustainability Bond Guidelines          Guía de los Bonos Sostenibles  GBP Green Bond Principles          Principios de los Bonos Verdes  GLP Green Loan Principles Principios de Préstamos Verdes  GEI Gases de Efecto Invernadero  ICMA International Capital Market Association            Asociación Internacional de Mercados de Capital  LGBTI+ Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersex, no binaries  LMA Loan Market Association          Asociación de Mercados de Préstamos  LSTA Loan Syndications and Trading Association            Asociación de Préstamos Sindicados y Comerciales  MBGI Manejo de Bosque con Ganadería Integrada  MECON Ministerio de Economía de la Nación  MiPyMEs Micro, pequeñas y medianas empresas  tCO2e Toneladas de dióxido de carbono equivalente  NDC Nationally Determined Contributions          Contribución Determinada a Nivel Nacional  ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  OGP Open Government Partnership          Alianza para el Gobierno Abierto  ONU Organización de las Naciones Unidas  PAMI Programa de Asistencia Médica Integral  PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification  PIB Producto Interno Bruto  PPG Políticas contra las Violencias por Razones de Género  PNAyMCC Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático  RESO Resolución del Ministerio de Economía de la Nación  SAEyFI Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales  SBG Sustainability Bond Guidelines          Guía de los Bonos Sostenibles  SBP Social Bond Principles          Principios de los Bonos Sociales  SF Secretaría de Finanzas  SH Secretaría de Hacienda  SIGADE Sistema de Gestión de Deuda Pública  SLP Social Loan Principles          Principios de Préstamos Sociales  SPO Second Party Opinion          Opinión de Segunda Parte  VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana  Índice      Introducción  La República Argentina ('Argentina') tiene un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. El país cuenta con importantes recursos naturales y capital humano, destacándose por sus capacidades productivas, científicas y tecnológicas que potencian esos recursos. Sin embargo, también enfrenta grandes desafíos en materia ambiental y social. La visión estratégica del Gobierno Nacional direcciona los esfuerzos para continuar impulsando un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, al tiempo que busca garantizar que exista un crecimiento económico con inclusión social, de manera tal de lograr la reducción de la pobreza y las desigualdades.  Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, 18 en total: 15 continentales, dos marinas y una en la Antártida1. Los recursos naturales constituyen el sustento de la mayoría de las actividades humanas y la base de una gran variedad de servicios. Por ese motivo, la preservación de los ecosistemas naturales y la mitigación y adaptación al cambio climático son algunas de las principales prioridades ambientales del país.  Por otro lado, Argentina es el cuarto país más grande de América Latina y el Caribe (ALC) en términos de población, con 46 millones de habitantes. En materia social, se destaca por su amplia cobertura de protección social al contar con un sistema de salud y educación público, gratuito y universal, con cobertura federal, y destacado por su calidad. Además, con el fin de disminuir las inequidades socioeconómicas existentes y brindar oportunidades a las poblaciones más vulnerables del país, el Estado provee prestaciones sociales a familias de bajos ingresos, población desocupada, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad a través de diversos programas y políticas públicas.  En un contexto global donde las economías tienen que transitar hacia paradigmas productivos sostenibles, resulta un imperativo, para Argentina encarar un proceso de transición justa e inclusiva. Las estimaciones indican que los costos anuales de la mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo aumenta año tras año2. Adicionalmente, si se tiene en cuenta el impacto anual que actualmente tiene el cambio climático en las variables económicas, se evidencia que para los países con perfiles altamente agroexportadores, el agravamiento de las sequías e inundaciones afectan especialmente la evolución de crecimiento económico, su balanza de pagos y su recaudación fiscal. Dicho impacto económico tiene directas consecuencias tanto en las dimensiones productiva como en lo social y es parte de los desafíos que enfrenta Argentina actualmente.  Por lo tanto, es necesario trabajar, entre otras cuestiones, en el desarrollo de mecanismos para la movilización de los recursos adecuados para lograr un desarrollo de manera integral, abarcando tanto los desafíos de la agenda social como los de la agenda climática. Para el cumplimiento estos últimos, los esfuerzos a ser realizados deben estar alineados al principio de 'responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas' establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  Al momento de realizar el presente Marco, Argentina está transitando una de las sequías más significativas en su historia, con más de 129 millones de hectáreas afectadas al mes de abril de 20233. Asimismo, focaliza sus esfuerzos en mitigar los efectos de degradación del suelo asociados a la erosión, que a la fecha ha afectado cerca de 100 millones de hectáreas y avanza a razón de casi dos millones de hectáreas por año4.  En materia energética, Argentina cuenta con una amplia capacidad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Al año 2022, la capacidad instalada de fuentes renovables abasteció el 14% de la demanda de electricidad interna, un porcentaje significativamente mayor al 2% registrado en el año 2015. De acuerdo a lo establecido en la Ley 27.191 de Fomento a las Energías Renovables, al 2025 se espera que el 20% del consumo de energía eléctrica se haya generado mediante fuentes renovables5. Para lograr esta meta, se requieren recursos de largo plazo que faciliten las inversiones en esta área y promuevan la transición hacia una matriz energética más limpia.  Desde el año 2018, Argentina ha enfrentado una serie de desafíos económicos internos y externos que afectaron principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. A la crisis económica existente, se sumó el impacto de la pandemia del COVID-19 y la posterior sequía histórica, que dificultaron los planes de recuperación del Gobierno. El impacto de esta triple crisis implicó que, para el segundo semestre de 2022, la tasa de pobreza alcanzara el 39,2% de la población6. Para contener el impacto de estos desafíos, el Gobierno ha incrementado los esfuerzos en materia de protección social y reforzado en el presupuesto nacional los programas destinados a garantizar la seguridad alimentaria y calidad de vida a la población de menores ingresos.  En este contexto, Argentina busca reforzar su compromiso de elaborar e implementar diversas estrategias, leyes, programas y normativas, enfocados en abordar los principales desafíos que enfrenta el país en materia ambiental y social. Para lograr avances hacia una economía sostenible e inclusiva, el financiamiento de estas políticas es un factor determinante, por lo que el mercado de capitales local e internacional ha de tener un rol decisivo en el financiamiento de programas y actividades que la promuevan. El mercado de deuda con uso de fondos sociales y ambientales es una tendencia cada vez más consolidada que requiere ser afianzada a través de la transparencia en los marcos normativos.  En este contexto, el Gobierno de Argentina ha desarrollado el presente Marco de Financiamiento Soberano Sostenible ('Marco') para la emisión de bonos u obtención de préstamos verdes, sociales y/o sostenibles, tanto en los mercados locales como internacionales de deuda, en línea con lo dispuesto por la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, la Ley 27.701 de Presupuesto para el Ejercicio 2023, las futuras leyes de presupuesto y toda normativa con fuerza de Ley que modificara o refiriera a las mismas. Con ello, Argentina busca canalizar recursos hacia programas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del país, la protección del medio ambiente, la resiliencia al cambio climático, la reducción de la pobreza y otras desigualdades, garantizar la igualdad y diversidad de género, así como el aumento de la competitividad del país en una senda de desarrollo sostenible. El objetivo es alcanzar un crecimiento bajo en carbono y alineado con los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales en materia ambiental y social, incluyendo el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.  1. El Compromiso de Argentina con el Desarrollo Sostenible  Como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Argentina adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que propone un compromiso global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Al asumir este compromiso, lo hizo incorporando, entre otras miradas transversales, el enfoque de derechos humanos a lo largo de toda la Agenda y de cada uno de los diecisiete ODS.  El cumplimiento de esta agenda representa para Argentina un compromiso de Estado. En este contexto, a partir de 2020, Argentina y el Sistema de Naciones Unidas en el país, acordaron la implementación del Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2021-20257 que implicó la articulación intersectorial e interministerial y el desarrollo de alianzas multiactor y multinivel. A partir de ello, se avanzó en el diseño de una nueva matriz de seguimiento de los compromisos del país con los ODS con nuevas metas y objetivos, en el marco de una estrategia territorial y federal.  Durante el año 2020, el Gobierno de Argentina se comprometió a publicar informes que reflejen el compromiso del país con la meta 10 del ODS 16, de contribución a la transparencia y al acceso a la información pública. En virtud de ello, ese mismo año se presentó el Segundo Informe Voluntario Nacional 20208 a nivel nacional, regional y global ante el Foro de Países de América Latina y el Caribe y el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de la ONU. Asimismo, en el 2021 se elaboró el Informe de País9, y en el 2022 la Argentina se comprometió a presentar ante el FPAN el Tercer Informe Voluntario Nacional10, estableciéndose como un referente en la región en materia de cumplimiento de sus compromisos con la Agenda 2030.  Por otro lado, Argentina ha ratificado diversos convenios y acuerdos en materia ambiental. Entre ellos se destaca la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) -incluyendo sus tratados el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París-, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres11 .  En línea con estos compromisos, Argentina forma parte del Acuerdo de París alcanzado durante la COP21. Este Acuerdo se adoptó mediante la Ley N° 27.270 y el país depositó el instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas en diciembre de 2015. Argentina cumple desde entonces con los compromisos de presentación regular de sus inventarios y sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), entre otros informes.  En el 2015, Argentina presentó su Primera NDC (revisada en 2016), y en el año 2020, el país presentó una Segunda NDC planteando una meta más ambiciosa. En la última actualización realizada en octubre de 202112, se incrementó aún más la ambición, estableciendo una nueva meta de no superar la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) en el 203013. Esto equivale a una disminución total del 19% de las emisiones hacia el 2030 en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007, y una reducción del 27,7% respecto de la NDC presentada en el 2016.  Ratificando los compromisos asumidos, el 20 de noviembre de 2019 se sancionó la Ley 27.52014 —Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global— que estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático en todo el territorio nacional.  En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) y los representantes de gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires desarrollaron en 2022 el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático15 (PNAyMCC). Dicho Plan responde a la necesidad de hacer frente de manera consolidada y eficiente, a los enormes y urgentes desafíos del cambio climático. En él, se sistematizó la política climática nacional, recopilando un conjunto de medidas a ser implementadas desde su publicación hasta 2030 para cumplir con la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y su Decreto reglamentario n°1030/2020. Dicho Plan se vincula con la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas Emisiones a Largo Plazo (ELP)16 proyectada a 2050 que busca poner en marcha los compromisos adquiridos de la Segunda NDC.  La acción climática en Argentina está estructurada sobre tres pilares interrelacionados y complementarios: adaptación, mitigación y pérdida y daños. De acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley n° 27.520, las medidas de adaptación son 'las políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados con el Cambio Climático y explorar y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos'. Las medidas de mitigación responden a 'las acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, así como medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono'.  Por otro lado, las pérdidas y daños suelen estar definidos como los costos residuales que no pueden ser evitados por las vías de la adaptación y mitigación —cabe destacar que no existe aún una definición consensuada a nivel internacional para este concepto De manera particular, la noción comprende a las pérdidas como 'impactos negativos en relación a los cuales la reparación o restauración es imposible', y a los daños como 'impactos negativos en relación a los cuales la reparación o restauración es posible'17.  Asimismo, cabe destacar que Argentina, a través de su Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles (MTFS) coordinada por el Ministerio de Economía de la Nación, desarrolló en el año 2023 la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles (ENFS)18. La ENFS tiene como finalidad generar el ecosistema y las condiciones que permitan identificar alternativas para movilizar de forma escalable los recursos necesarios para catalizar inversiones públicas y privadas que contribuyan a alcanzar objetivos económicos y sociales en el marco de los ODS, incluidas las metas de mitigación y adaptación al cambio climático del país. En la ENFS se plantean como parte de sus ejes estratégicos la implementación de un Marco normativo, el desarrollo de una Taxonomía a nivel nacional, la generación de información transparente, el uso de incentivos para catalizar el mercado de finanzas sostenibles y el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles.  En cuanto a los compromisos sociales adquiridos, en el año 2013, y como parte del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), Argentina lanzó el Primer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto donde se comprometió a llevar adelante iniciativas que ponen en valor la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas19. En el año 2020, publicó su cuarta edición20 con 18 compromisos e iniciativas que buscan impulsar soluciones a problemáticas que impactan en los derechos de las minorías y diversos grupos del país. Entre ellos se destacan: visibilización de los pueblos originarios, trata de personas, violencia y brechas de género, sexualidad y derechos, entre otros. Es importante destacar que, tras el gran trabajo e impulso de la sociedad civil en la materia, el Plan de Acción antes mencionado incluye la transversalización de la perspectiva de género y diversidad.  Así, en el año 2019, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, siendo esta entidad parte de la implementación de cada compromiso a partir de un trabajo de análisis y formulación de recomendaciones. Además, en el 2020 se creó en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) y se pusieron en marcha oficinas y programas para la transversalización de la perspectiva de género a todos los espacios que integran la Administración Pública Nacional (APN)21. Esta transformación institucional y esta nueva visión del rol que cumple la perspectiva de género en las políticas públicas tienen su reflejo en el Presupuesto Nacional, que desde el año 2021 incorpora la Perspectiva de Género de manera transversal en sus proyectos de Ley.  Asimismo, el presupuesto aborda otras temáticas transversales como ser Inversión en Niñez y Adolescencia (NNA), Atención de Personas con Discapacidad (DIS) y presupuesto Ambiente Sostenible y Cambio Climático (ACC). Estos enfoques innovadores se basan en la metodología base de presupuesto por programas, identificándose las categorías que aportan a las políticas transversales, su asignación financiera y su producción física y resultados.  1.1. Prioridades en Materia Ambiental  Argentina registraba al año 2018 emisiones por 366 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (tCO2e) anuales, siendo el tercer país con mayor número de emisiones de la región (en línea con el tamaño de su economía). Estas emisiones provienen principalmente de tres sectores: actividad agrícola-ganadera (28%), transporte (14%) y generación de energía (11%)22. El riesgo de no mitigar y no adaptarse al impacto del cambio climático se está traduciendo en riesgos físicos, como estrés hídrico en el norte y centro del país, inundaciones extremas en el litoral, aumento del nivel del mar que afecta a las ciudades costeras, y retroceso de los glaciares.  Dichos riesgos se materializaron con un impacto considerable en los últimos años. Luego de tres años consecutivos del fenómeno meteorológico denominado 'La Niña', a abril del 2023 más de 129 millones de hectáreas del territorio nacional se encuentran en condiciones de sequía, correspondiendo a más de 11, 4 millones de hectáreas agrícolas de cultivo y registrándose más de 24,3 millones de cabezas de ganado afectadas en la superficie restante23. Y al año 2020, más del 35% del territorio nacional se encontraba afectado por procesos de erosión.  En este sentido, Argentina avanza en una serie de programas que procuran ampliar, monitorear, manejar y fiscalizar las áreas protegidas y tomar acciones conducentes a la conservación o uso sostenible de los recursos. El país también trabaja en la conservación de bosques nativos y en programas de reforestación. En lo que respecta a producción agrícola ganadera, el gobierno ratifica su compromiso con la seguridad alimentaria y sostenibilidad, promoviendo una agricultura sostenible, impulsando prácticas agrícolas y ganaderas que aumenten la eficiencia productiva, garantizando el bienestar animal y fomentando el uso responsable de la tecnología y los recursos naturales para seguir produciendo alimentos sanos, seguros y nutritivos.  En materia de energía, Argentina cuenta con una importante reserva de recursos energéticos renovables. Se estima que el potencial eólico técnicamente aprovechable alcanza los 5.000 megavatios (MW) en múltiples regiones del país incluyendo la zona patagónica, cordillerana y costa atlántica24. La irradiación solar alcanza entre 7 y 8 kW/m2 por día en las regiones centro y norte del país25, y cuenta con un superávit de 40 mil millones de toneladas en recursos biomásicos con fines energéticos26.  Sin embargo, pese a su abundancia en recursos renovables, Argentina es un país que aún cuenta con una importante, aunque descendiente, dependencia energética de hidrocarburos (principalmente petróleo y gas), generando el 65% de la energía a partir de combustibles fósiles en 202127. No obstante, bajo el compromiso de avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la utilización de combustibles fósiles, en el año 2016 Argentina promulgó la Ley 27.191 de Fomento del Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Desde entonces se han impulsado diversos programas que promueven el uso de este tipo de fuentes, resultando en un abastecimiento del 14% de la demanda del país en 2022 a través de fuentes renovables como energía eólica, solar y biomasa con metas del 20% para 202528. Por otro lado, en 2019 Argentina sancionó la Ley 27.424 de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública. Esta Ley busca fomentar el uso de fuentes de energía renovables en la generación de energía eléctrica en las redes de distribución para autoconsumo y eventual inyección de excedentes a la red de energía eléctrica.  El transporte es otro de los principales generadores de emisiones de GEI a nivel mundial y, por lo tanto, del cambio climático. Para hacer frente a estos desafíos en el territorio nacional, en el año 2022 el Ministerio de Transporte aprobó mediante la resolución n° 635/202229 el Plan Nacional de Transporte Sostenible que busca generar políticas públicas para transformar el sistema de transporte pensando en las generaciones futuras. A través de este plan el Gobierno Nacional estableció metas de movilidad eléctrica y está fomentando la incorporación de nuevas tecnologías para abastecer energéticamente a vehículos de carga y pasajeros. Además, se está impulsando la transición y eficiencia energética para alcanzar la movilidad sostenible en todos los medios de transporte, comprendiendo también, a la movilidad de carácter particular. De esta manera, se busca aumentar la mitigación al cambio climático, reduciendo las emisiones de este sector e incorporando criterios de sostenibilidad y resiliencia, teniendo en cuenta las posibilidades energéticas de cada zona de nuestro país.  La gestión de los recursos hídricos es otro de los aspectos fundamentales del desarrollo sostenible30. La política hídrica nacional busca garantizar una gestión integrada y sostenible del agua de manera federal, con la participación activa de todos los actores vinculados con la gestión de estos recursos, cuyos intereses abarcan el acceso al agua como derecho humano básico, la gestión integrada del riesgo hídrico y el desarrollo hídrico de las regiones, a través de un abordaje integral de sus distintos usos y la protección de las diversas fuentes del agua como capital hídrico. En este sentido, es vital gestionar un modelo integrado, promoviendo una mayor eficiencia en el uso del agua, el suelo y otros recursos; maximizando los beneficios de su utilización; y protegiendo los ecosistemas.  Como se menciona previamente, con el objetivo de atender los principales desafíos ambientales del país, en el año 2019 se sancionó la Ley 27.52031 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático en todo el territorio nacional. En el año 2022 se publicó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático32, cuyas principales líneas estratégicas son: (1) La conservación de la biodiversidad y bienes comunes; (2) La gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques; (3) La movilidad sostenible; (4) Los territorios sostenibles y resilientes; (5) La transición energética y (6) La transición productiva. Esto incluye la conservación de suelos, medidas de eficiencia energética y diversificación de la producción, gestión de riesgos climáticos agroforestales y pesqueros, manejo integrado de agroecosistemas, mecanismos de trazabilidad de producción y reducción de la deforestación, así como medidas para la mejora de la eficiencia energética, la promoción de energías renovables y la prevención y mitigación de eventos climáticos extremos. El Plan también establece medidas de seguimiento y evaluación para garantizar su implementación efectiva y su contribución a los objetivos nacionales e internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  Es importante destacar que, para lograr avances sustantivos en relación a los puntos antes mencionados, el país requiere de financiamiento asequible, de largo plazo y especialmente diseñado para las necesidades sectoriales, de desarrollo ambiental y para la transición energética. Con el objetivo de continuar trabajando en el corto, mediano y largo plazo por un desarrollo sostenible, con prioridad ambiental, el presente Marco de Financiamiento Soberano Sostenible reafirma el compromiso del Gobierno argentino de financiar programas relacionados con las siguientes categorías ambientales:  • Aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos hídricos;  • Conservación de los sistemas ecológicos y la biodiversidad;  • Eficiencia energética;  • Energías renovables;  • Manejo forestal sostenible;  • Movilidad Sostenible;  • Producción agropecuaria sostenible.   1.2. Prioridades en Materia Social  Desafíos en materia de desigualdad y lucha contra la pobreza  Como muchos países de ingreso medio, uno de los desafíos que enfrenta Argentina, es la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad entre su población. Durante el segundo semestre de 2022 la pobreza en el país alcanzó el 29,6% de los hogares. Este indicador asciende a 54,2% para personas en el rango etario de 0 a 14 años, poniendo en el centro de las políticas públicas la situación de los niños, niñas y adolescentes. Para atender a esta problemática, existen diversos programas públicos y cambios estructurales que han sido implementados para atender a estos sectores, incorporando en ellos la perspectiva de género y el impacto en la niñez.  Para hacer frente a esto, y lograr garantizar un piso de derechos sociales para toda su población, el Estado Nacional provee infraestructura para el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales a familias de bajos ingresos, niños, niñas y adolescentes, población desocupada, adultos mayores, y personas con discapacidad, entre otros. De esta forma, el Estado Nacional busca reducir los niveles de pobreza y desigualdad, cerrando las brechas que existen entre sus ciudadanos. En este marco, el gobierno financia programas de asistencia alimentaria, que buscan garantizar la seguridad alimentaria de las personas en situación de vulnerabilidad social. Los programas apuntan especialmente a asistir a mujeres embarazadas, niños menores de 14 años, discapacitados y adultos mayores y su finalidad es posibilitar el acceso de esta población vulnerable a una alimentación adecuada y suficiente, luchando contra la inseguridad alimentaria.  De esta forma, el país garantiza los derechos esenciales de sus ciudadanos y reduce el impacto de los ciclos económicos, principalmente las recesiones económicas en la población más vulnerable. La respuesta dada durante la pandemia del coronavirus en materia de asistencia social y económica a familias y empresas es un ejemplo de esto.  Acceso a la salud  El sistema de salud de Argentina está compuesto por el sector público, privado y de la seguridad social. El sector público brinda servicios de manera universal y gratuita a todos los ciudadanos, a través de su red de hospitales y centros de atención. Actualmente, el país cuenta con 2.948 hospitales públicos y establecimientos asistenciales registrados33 en todo su territorio de manera federal y equitativa. Por su parte, la atención médica integral para personas jubiladas y pensionadas se financia universalmente mediante el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados34, la obra social pública más grande de América Latina.  La inversión del país en materia de sanidad pública es una de las más altas de la región, contando con uno de los calendarios de vacunación más completos a nivel internacional35, brindando atención médica a todos los pacientes que lo necesitan, con un Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA)36, y monitoreo epidemiológico, pero aún cuenta con muchos desafíos. Entre ellos resulta relevante el de asegurar el derecho a la salud a una población que se encuentra en un período de transición demográfica, que resultará en un envejecimiento significativo de la estructura poblacional en los próximos 25 años.  La pandemia de COVID-19 obligó a redefinir estrategias para el abordaje y manejo de los servicios de salud en el esquema fragmentado de subsistemas público, privado y de seguridad social. Se identificaron numerosas nuevas líneas de acción críticas, al mismo tiempo que se desarrollaron líneas de acción destinadas a garantizar la provisión de bienes y servicios de salud esenciales para la población bajo los tres ejes: acceso, calidad y equidad.  Para mejorar las condiciones del sistema de salud, el Gobierno Argentino ha desarrollado una estrategia nacional para la integración del Sistema de Salud con el objetivo de lograr grados cada vez mayores de integración en el financiamiento y la prestación de servicios de atención de la salud a nivel nacional y subnacional a través de:  • Fortalecimiento de la gobernabilidad y la articulación federal;  • Definición de cobertura de salud y paquete de beneficios: armonización de estándares de calidad para la prestación de servicios de salud;  • Invertir en la formación de los trabajadores de la salud;  • Repensar y diseñar estrategias de financiamiento sostenibles con mecanismos de adquisición ágiles y eficientes para acceder a insumos médicos y servicios de salud;  • Mejorar los sistemas de información y expandir el uso de herramientas digitales;  • Promover y participar en proyectos de innovación científica y tecnológica de múltiples partes interesadas;  • Fortalecimiento de la comunicación en salud.   Para ello, se destacan los siguientes programas y políticas: prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, que cubre los costos para el acceso gratuito y universal al Calendario de Vacunación para toda la población o el fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria, que busca promover el acceso universal a la salud a través de inversiones en obras públicas. De igual modo, se tienen diversos programas para prevención y atención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, así como de educación sexual integral, programas de acceso a medicamentos esenciales, a medicamentos y tratamientos de alto precio para enfermedades raras y/o desatendidas y asistencia para la salud mental desde un abordaje que contempla todo el ciclo de vida de las personas.  Acceso a la educación  El sistema educativo también es público, gratuito y universal en todos sus niveles (inicial, primaria, secundaria y superior) y obligatorio en los primeros tres niveles (inicial, primaria y secundaria)37. Al año 2023, en Argentina existen 76.243 unidades de servicio educativo, de las cuales 79% son estatales y 21% privadas, con un total de 11,7 millones de alumnos inscritos. Además, se destaca la presencia de 23.324 colegios rurales, con una población de 920.000 estudiantes38.  Mientras el nivel primario es finalizado por el 97% de los alumnos, en la escuela secundaria la tasa es del 54%, siendo la prevalencia de estudiantes en el nivel secundario el principal desafío a nivel educativo. La tasa de repitencia es del 1,47% en nivel primario contra un 3,53% en el nivel secundario. Las cifras son más desafiantes al observar los hogares en situación de pobreza39.  Para reducir estas brechas, Argentina cuenta con programas de becas dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Destacan programas para mejorar la formación tecnológica de los jóvenes que buscan disminuir las brechas digitales entre estudiantes, mediante la instalación de pisos tecnológicos y redes de internet en escuelas públicas, y la distribución gratuita de netbooks. Se cuenta con otros programas importantes de infraestructura y equipamiento, así como de entrega de libros y materiales educativos, todos ellos dirigidos a garantizar la educación y fomentar la mejora en la calidad educativa.  Brechas de género y prevención de la violencia por razones de género  Las principales brechas de género en Argentina se encuentran en las tareas del cuidado (las mujeres realizan el 70,2% de las tareas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado)40. Esta dinámica se replica en el mercado laboral: cuatro de cada diez mujeres trabajan en actividades relacionadas con los cuidados, que tienden a estar mal remuneradas. El trabajo en casas particulares emplea al 14% de las ocupadas (es la tercera rama de inserción laboral de las mujeres), y es el sector con ingresos más bajos y mayor porcentaje de informalidad de la economía. Lo anterior propicia que las mujeres estén sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos (66,3%) y sean una minoría en el decil de ingresos más altos (39,1%). Por otro lado, la brecha en el ingreso entre hombres y mujeres está por encima del 22%, y se incrementa entre los asalariados informales.  Para hacer frente a estos desafíos, la estrategia de género se ha definido como política de Estado transversal. El Presupuesto Nacional, desde el año 2021, evidencia el compromiso del Gobierno Nacional con acelerar la igualdad de género en Argentina. En 2023, el 14,7% del presupuesto aprobado está destinado a cerrar brechas de género. Además, se creó la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género que cuenta con diferentes ejes de trabajo en las provincias, entre ellos, el fortalecimiento de políticas de cuidado y la inclusión financiera, la gestión menstrual, entre otras.  Por otro lado, el Gobierno trabaja en la formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG); Políticas de Igualdad y Diversidad; y Acciones de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. Todos estos ejes se enfocan en el reconocimiento de la violencia de género como una problemática social, cultural y estructural y pretenden proteger los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI+, al prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia por motivos de género. Dentro de estas políticas se destacan apoyos económicos para fortalecer la independencia de la población objetivo, desarrollo de una línea telefónica de atención a las víctimas de violencia de género, formación y capacitación de operadores y operadoras judiciales y la creación de redes de cooperación interinstitucional.  Acceso a vivienda e infraestructura básica  En Argentina, el 42% de los hogares viven en situación de hacinamiento; el 18% tiene problemas de irregularidad de la tenencia, y el 14% tiene problemas de vivienda inadecuada, lo que implica que la vivienda no tiene techo ni piso de materiales adecuados41.  Respecto al acceso a infraestructura básica, a nivel nacional el 12.4% de personas no tiene acceso a agua potable. En las zonas urbanas esto comprende a 1 de cada 10 personas, y en zonas rurales agrupadas afecta al 7,1% de la población. Asimismo, a nivel país, un 43,9% (19.7 millones) tiene déficit de cobertura de saneamiento. En zonas urbanas 4 de cada 10 personas no accede al desagüe cloacal, mientras que en las zonas rurales agrupadas afecta al 38,8% de la población.42  Entendiendo esto, desde el Gobierno se han fortalecido las políticas de integración sociourbana mediante diversos programas que llevan adelante mejoras constructivas en las viviendas, ejecución de obras en las redes de agua, saneamiento, gas y electricidad y la creación de lotes con servicio, con mecanismos de participación de los actores locales.  Los programas en estas áreas buscan integrar los barrios vulnerables con limitados accesos a servicios básicos al resto de la ciudad, mediante un abordaje integral que favorezca el desarrollo humano de sus comunidades. Además, contempla la mejora de la infraestructura urbana y del hábitat de los barrios, así como el diseño de mecanismos de participación de los actores locales.  Micro y pequeñas empresas y agricultura familiar  Un sector productivo estratégico y de interés público en Argentina es la agricultura familiar, campesina e indígena, pues contribuye a la seguridad alimentaria, permitiendo el abastecimiento de alimentos de manera sostenible, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural. Para lograr los objetivos afines, existen diversas políticas de estado orientadas al desarrollo integral, el bienestar social y económico de productores, comunidades, trabajadores y agentes del medio rural.  En relación con este tema, Argentina ha trabajado en la formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo43, cuya finalidad es fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina e indígena a través de diversos incentivos dirigidos a la mejora de la infraestructura básica, productiva y equipamiento para la producción e industrialización de los agricultores familiares, además de contribuir al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos, principalmente aquellos que incorporen tecnología y fomenten la innovación.  Otra área en la que se pretende promover procesos de transformación productiva es a través del fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), que genera el 80% del empleo argentino44, fomentando la productividad, la incorporación del conocimiento, la digitalización, el empleo genuino, el agregado de valor, el desarrollo local, la formalización, internalización y competitividad. Para ello el gobierno nacional dispone de programas para el financiamiento a la producción, promoción de la productividad y desarrollo de emprendedores.  Desarrollo de las economías regionales  Las brechas geográficas también se evidencian en el sector productivo. Para afianzar el arraigo y la soberanía alimentaria, el gobierno promueve el desarrollo de las economías regionales y de sus comunidades. La incorporación de tecnología e industrialización de las producciones primarias es un objetivo central de las políticas orientadas a la agricultura familiar. Del mismo modo, se impulsa la digitalización, formalización y competitividad de las MiPyMEs a través de los programas de Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y el Desarrollo de los Emprendedores.  Basado en los retos y prioridades sociales y prioridades de Argentina, el presente Marco reafirma el compromiso de impulsar un desarrollo inclusivo, con prioridad social, mediante el financiamiento de programas que encuadran las problemáticas mencionadas:  • Acceso, calidad, permanencia y terminalidad en el sistema educativo;  • Acceso a vivienda e infraestructura básica asequible;  • Acceso a un sistema de salud integral y de calidad;  • Generación y fomento del empleo y desarrollo de las economías regionales;  • Avance socioeconómico y empoderamiento de grupos vulnerables y minoritarios;  • Promoción de la igualdad de género y la diversidad;  • Seguridad alimentaria sostenible.   2. Marco de Financiamiento Soberano Sostenible  El Gobierno de la República Argentina ha establecido el presente Marco de Financiamiento Soberano Sostenible que guiará la emisión de bonos y/o préstamos verdes, sociales y/o sostenibles. El Marco está alineado con los Principios de Bonos Verdes 2021 (GBP, por sus siglas en inglés), Principios de Bonos Sociales 2021 (SBP, por sus siglas en inglés), y la Guía de los Bonos Sostenibles (SBG, por sus siglas en inglés), establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Además, se alinea con los Principios de Préstamos Verdes 2021 (GLP, por sus siglas en inglés) y los Principios de Préstamos Sociales 2021 (SLP, por sus siglas en inglés), establecidos por la Asociación del Mercado de Préstamos (LMA, por sus siglas en inglés), Asociación de Préstamos Sindicados y Comerciales (LSTA, por sus siglas en inglés) y Asociación del Mercado de Préstamos de Asia y el Pacífico (APLMA, por sus siglas en inglés).  Este Marco incluye cuatro componentes:  1. Uso de los Fondos;  2. Proceso de Selección y Evaluación de Proyectos;  3. Gestión de los Fondos; y  4. Reporte.   2.1. Uso de los fondos  Los ingresos netos de los bonos o préstamos verdes, sociales y/o sostenibles del Gobierno de Argentina se utilizarán para los siguientes destinos:  I. Financiar, en parte o en su totalidad, programas nuevos o existentes que correspondan a una de las categorías ambientales y/o sociales elegibles.  II. Refinanciar, en parte o en su totalidad, programas que correspondan a una de las categorías ambientales y/o sociales elegibles y hayan tenido desembolsos en los últimos 12 meses previos a la fecha de emisión del instrumento temático. En caso de refinanciamiento, al momento de la emisión del instrumento, se informará a los inversionistas el porcentaje que se esté refinanciando, estableciendo en todos los casos un máximo de 25% de la emisión.   Los programas ambientales elegibles se definen como inversiones que se enmarcan en una de las siguientes siete categorías: (1) Aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos hídricos; (2) Conservación de los sistemas ecológicos y la biodiversidad; (3) Eficiencia energética; (4) Energías renovables; (5) Manejo forestal sostenible; (6) Producción agropecuaria sostenible; y (7) Movilidad sostenible.  Los programas sociales elegibles se definen como inversiones que se enmarcan en una de las siguientes siete categorías: (1) Acceso, calidad y permanencia en el sistema educativo; (2) Acceso a un sistema de salud integral y de calidad; (3) Avance socioeconómico y empoderamiento de personas de grupos vulnerables y minoritarios; (4) Generación y fomento del empleo y desarrollo de las economías regionales; (5) Acceso a vivienda e infraestructura básica asequible; (6) Promoción de la igualdad de género y la diversidad; y (7) Seguridad alimentaria sostenible.  Los detalles de cada una de estas categorías y ejemplos de programas se pueden ver en la Tabla 1 y Tabla 2. A su vez, se muestran los ODS y sus respectivas metas asociadas a las categorías ambientales y sociales en las que se enmarcan los programas elegibles.  2.1.1 Categorías Ambientales Elegibles  A continuación, se describen los criterios de elegibilidad de los programas ambientales y su alineamiento con los ODS:  Tabla 1. Categorías Ambientales Elegibles       (2) Para la construcción o ampliación de sistemas centralizados de aguas residuales, incluida la red de alcantarillado y el tratamiento, se deberá garantizar que el nuevo tratamiento de aguas residuales sustituya a los sistemas de tratamiento de aguas residuales más intensivos en emisiones de GEI (tales como letrinas de pozo, tanques sépticos, lagunas anaeróbicas, etc.).         2.1.2 Categorías Sociales Elegibles  A continuación, se describen los criterios de elegibilidad de los programas sociales y su alineamiento con los ODS.  Tabla 2. Categorías Sociales Elegibles                 2.2. Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos  El proceso de evaluación y selección de los proyectos elegibles para los instrumentos de financiamiento temático se llevará a cabo por un Comité de Evaluación y Selección (el 'Comité', CES) definido y conformado dentro del Ministerio de Economía de la Nación (MECON), creado a través de la Resolución 1529/202358. El comité está integrado por representantes de la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales (SAEyFI), la Secretaría de Finanzas (SF) y la Secretaría de Hacienda (SH). La SAEyFI encabeza y coordina la agenda de trabajo, y frente a cada emisión del bono o préstamo, convocará a los Ministerios/Secretarías pertinentes, conforme se describe en la Figura 1.  La selección de los programas y/o proyectos se realizará tomando en consideración:  • Los objetivos de sostenibilidad del Gobierno de Argentina;  • Los criterios de elegibilidad descritos en la sección 2.1 Uso de Fondos del presente marco;  • Los procesos de análisis y gestión de riesgo socio-ambiental y de gobernanza que se determine sean aplicables a cada programa;  • Los criterios de exclusión descritos en la sección 2.2.1 Lista de Exclusión; y  • La Ley 24.156 de Administración Financiera59, la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública60 y las Leyes de Presupuesto correspondientes a cada ejercicio fiscal y toda normativa con fuerza de Ley que modificara o refiera a las mismas.   Figura 1 - Proceso de evaluación y selección de Proyectos del Comité    El Comité se reunirá al menos una vez por trimestre para verificar y validar que:  • Los programas verdes elegibles y programas sociales elegibles están en línea con los compromisos establecidos en el presente Marco.  • El portafolio de Gastos Verdes Elegibles y los Gastos Sociales Elegibles que puedan ser financiados a partir de un instrumento financiero sea mayor al monto neto del instrumento emitido.  • Supervisar que el monto asociado a los Gastos Verdes Elegibles y los Gastos Sociales Elegibles sea equivalente al monto neto de la emisión. Para asegurar la trazabilidad de las decisiones tomadas, se realizarán actas en cada reunión.  • Actualizar, de ser necesario, el Marco de Financiamiento Soberano Sostenible.  • Consolidar reportes de asignación e impacto.   2.2.1 Gestión de riesgos ambientales y sociales  Es importante remarcar que el Ministerio de Economía de la Nación, representado en el Comité por las mencionadas Secretarías, busca gestionar de manera eficiente y responsable las finanzas públicas mientras promueve e incentiva el desarrollo sostenible. Para Argentina, el desarrollo sostenible requiere considerar variables ambientales y sociales, como también económicas, donde se destaca la necesidad de financiar de manera asequible los desafíos que emanan del cambio climático y de la estructura social.  Por esta razón, los programas elegibles del presente Marco abarcan diversas temáticas y buscan fomentar el desarrollo de forma amplia, contemplando temas como la conservación de la biodiversidad, el acceso al sistema de salud y la educación universal en el territorio nacional.  En este sentido, cada programa elegible en la emisión de un Instrumento de Financiamiento Sostenible, requerirá de un análisis particular del marco jurídico ambiental y social aplicable a nivel tanto Nacional, como Provincial y Municipal dado que en Argentina se distinguen tres niveles de gobierno con competencias en los aspectos ambientales y sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante remarcar que, ante cualquier cambio material o controversia relacionada con temas ambientales o sociales con alguno de los proyectos incluidos en los Instrumentos de Financiamiento Sostenible, el Comité se reunirá y lo reemplazará con un programa elegible en un plazo máximo de tres meses. Estos casos serán comunicados dentro del informe anual del instrumento.  2.2.2 Lista de exclusión  Se excluirán de los Gastos Verdes Elegibles y Gastos Sociales Elegibles, cualquier programa, proyecto, activo o gasto que involucre/implique de alguna forma las siguientes actividades:  • Exploración, producción y distribución de combustibles fósiles;  • Generación de energía basada únicamente en la quema de combustibles fósiles;  • Producción y/o comercialización de cualquier producto o actividad considerada ilegal bajo las leyes o regulaciones nacionales, así como convenciones y acuerdos internacionales de los que Argentina forma parte;  • Deforestación o degradación de los bosques;  • Industrias de bebidas alcohólicas61, armas, tabaco y juegos de azar;  • Actividades en áreas protegidas o actividades que violen los derechos indígenas;  • Trabajo infantil o trabajo forzoso.   2.3. Gestión de los fondos  El seguimiento de los recursos del instrumento temático estará a cargo del Ministerio de Economía de la Nación, garantizando el financiamiento de los proyectos ambientales y/o sociales elegibles nuevos o existentes, según se define en el presente Marco.  Los recursos netos de las emisiones u obtenciones de préstamos contempladas se transferirán a la Cuenta Operativa del Tesoro Nacional. En espera de la asignación total de los ingresos del instrumento temático, el MECON administrará los ingresos de conformidad con la Ley n° 24.156 de Administración Financiera, sus modificaciones y complementarias.  El MECON monitoreará el uso de los recursos y actualizará periódicamente el saldo de los fondos asignados a los proyectos ambientales y/o sociales elegibles hasta el vencimiento del instrumento. La asignación de fondos será verificada por un auditor externo anualmente hasta la asignación total del instrumento y será reportada en el informe anual. La trazabilidad de los recursos será garantizada por la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los criterios definidos a continuación.  Los recursos serán presupuestados en la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública62 en la fuente de financiamiento Crédito Externo o Crédito Interno. Se definirá un código en el sistema de gestión y administración de la deuda SIGADE para identificar cada operación de endeudamiento. El monto de la operación de endeudamiento se determinará como un porcentaje del presupuesto vigente de los proyectos elegibles al momento de definir la colocación, o de la ley de presupuesto aprobada para el ejercicio siguiente neto de eventuales amortizaciones o intereses de las series de instrumentos obtenidos.  Los ingresos producidos por la colocación de los bonos o préstamos se registrarán mediante comprobantes de informe de recursos en el Sistema Integrado de Información Financiera, indicando el código SIGADE definido para cada emisión de bono u obtención de préstamo, a fin de dar trazabilidad a los ingresos. En lo que respecta al registro presupuestario de esos ingresos, se identificará con distintos subconceptos dentro del Tipo 36 Colocación de Deuda63, de acuerdo a la moneda en la que se tome el endeudamiento. De esta forma, se permite la recopilación de los datos del presupuesto y percibido del financiamiento, lo que facilitará la trazabilidad y el reporte de la información.  En lo que respecta a la acreditación, los ingresos por la emisión de instrumentos en moneda externa se acreditarán en la cuenta operativa del Tesoro Nacional en moneda extranjera en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para las emisiones en moneda nacional los fondos se acreditarán en la cuenta operativa del Tesoro Nacional en pesos en el BCRA.  Los gastos serán presupuestados en las jurisdicciones que tengan proyectos elegibles en la fuente de financiamiento Crédito Externo y/o Crédito Interno o en la fuente de financiamiento Tesoro según corresponda.  A fin de dar trazabilidad a los gastos, los mismos serán presupuestados dentro de las categorías programáticas de menor nivel de detalle (actividad u obra), adicionando a la denominación la identificación del instrumento de deuda. Esta metodología implica que la ejecución de los fondos asignados a cada programa mediante la emisión de instrumentos de deuda sostenibles se registrará y actualizará de manera diaria para su consulta pública en www.presupuestoabierto.gob.ar.  Una vez acreditados los fondos, los pagos se realizarán en moneda de curso legal a través de la Cuenta Única del Tesoro. En el caso de la fuente Crédito Externo, dado que los ingresos serán en moneda extranjera, el margen de financiamiento disponible en moneda de curso legal será el resultante de la conversión de saldos en moneda extranjera al tipo de cambio del BCRA.  2.4 Reporte  Para cada emisión de bono etiquetado, el MECON elaborará dos reportes: (1) un reporte de asignación de fondos y (2) un reporte de impacto para mostrar los beneficios ambientales y sociales de los programas elegibles financiados o refinanciados. Ambos se publicarán anualmente en su página web una vez que se realice la emisión del instrumento de deuda bajo el presente Marco de referencia, y hasta la completa asignación de los recursos de cada instrumento, en el primer caso, y hasta la completa maduración del instrumento, en el segundo.  El primer reporte anual de cada bono emitido bajo el presente marco se presentará en un plazo máximo de 15 meses posteriores a la recepción de los fondos. Los siguientes reportes se presentarán cada 12 meses, posterior a la publicación del primer reporte.  2.4.1. Reporte de Asignación de Fondos  El Reporte de Asignación de Fondos será preparado por el Comité de Evaluación y Selección, encabezado por la SAEyFI, en consulta y colaboración con los Ministerios y Secretarías pertinentes, y contendrá:  • Un listado de los programas elegibles financiados o refinanciados, incluyendo una breve descripción, alineados con cada una de las categorías elegibles y sus criterios de elegibilidad;  • El monto asignado con los recursos del instrumento, en su totalidad o en parte, por cada categoría elegible;  • El progreso de los giros correspondientes a los programas financiados;  • El porcentaje de financiamiento y refinanciamiento;  • El porcentaje de co-financiamiento; y  • El saldo neto de los fondos pendientes de ser asignados.   En el caso que los recursos de los instrumentos financieros sean emitidos en programas cuyo alcance sea de carácter confidencial, el Gobierno de Argentina se reserva el derecho a no divulgar información sensible sobre los respectivos programas.  2.4.2. Reporte de Impacto  El Reporte de Impacto será preparado por el Comité de Evaluación y Selección, encabezado por la SAEyFI. Los Ministerios y Secretarías relevantes proveerán de un informe de impacto que se utilizará de base para la elaboración del informe final, y contendrá:  • Un apartado cuantitativo detallando el impacto positivo de los programas elegibles por medio de los indicadores mencionados en las Tablas 3 y 4. En el reporte, estos indicadores se especificarán de manera agregada por bono y por proyecto, mencionando su metodología de cálculo. Dependiendo de qué indicadores apliquen a los programas elegibles, se utilizará uno o más indicadores de la categoría elegible correspondiente, considerando los programas que se financien en el año por categoría. Se publicarán los indicadores con la información disponible, al menos uno por categoría.  • Un apartado cualitativo que incluirá una descripción del impacto ambiental o social de los programas, tomando al menos como ejemplo un caso de una categoría elegible.  • En caso de haber hechos relevantes o controversias ASG, estos se especificarán en una sección de eventos relevantes del reporte anual.  • Tomando en consideración que los proyectos y programas financiados integran un universo más extenso de políticas públicas que buscan mejorar las condiciones sociales y ambientales del país, se reportará, el impacto de cada uno de los programas financiados con los recursos obtenidos a partir del financiamiento.   Los Ministerios con programas que hagan parte del portafolio elegible serán los responsables de realizar el seguimiento de los programas y generar los indicadores para darle seguimiento y alimentar al reporte de impacto. Estos Ministerios serán los encargados de enviar al CES los insumos para la preparación del informe de impacto.  Tabla 3. Indicadores de Resultado e Impacto Global Ambiental             Tabla 4. Indicadores de Resultado e Impacto Social                       2.5. Evaluación Externa  El Marco de Financiamiento Soberano Sostenible obtendrá una Opinión de Segunda Parte (SPO, por sus siglas en inglés) que revisará el alineamiento de las categorías sociales y ambientales elegibles con los Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos Sociales y la Guía de los Bonos Sostenibles de ICMA, así como su alineamiento con los Principios de Préstamos Verdes y los Principios de Préstamos Sociales de LMA, LSTA y APLMA. Tanto el Marco como el SPO serán publicados en la página web del Ministerio de Economía.  La asignación de los fondos será revisada anualmente hasta la completa asignación de los recursos por auditores externos e independientes, así como también en caso de haber cambios materiales. Esta verificación externa se publicará dentro del reporte anual del instrumento temático.  Anexo 1: Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible           Anexo 2: Definiciones de Población Objetivo de las Categorías Sociales Elegibles  Tabla 5. Definición de Población Objetivo                                                                  1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad. Disponible aquí.  2 Impact Task Force (2023). Mobilising institutional capital towards the SDGs and a Just Transition. Disponible aquí.  3 Ministerio de Economía (2023). Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. Informe correspondiente al mes de abril. Disponible aquí.  4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Informe del estado del ambiente. Disponible aquí.  5 CAMMESA (2022). Informes y estadísticas. Disponible aquí.  6 INDEC (2023). Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de la Pobreza y la Indigencia. Disponible aquí.  7 Presidencia de la Nación y Organización de Naciones Unidas. Resolución A/RES/72/279. Disponible aquí.  8 Presidencia de Argentina. Segundo Informe Voluntario Nacional 2020. Disponible aquí.  9 Presidencia de Argentina. Argentina. Informe de País 2021. Disponible aquí.  10 Presidencia de Argentina. Tercer Informe Voluntario Nacional 2022. Disponible aquí.  11 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Disponible aquí.  12 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Actualización de la meta de emisiones netas de Argentina al 2030. Disponible aquí.  13 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina. Disponible aquí.  14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ley 27.250. Disponible aquí.  15 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Disponible aquí.  16 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050. Disponible aquí.  17 CMNUCC, 2012, p. 3.  18 Boletín Oficial: Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles. Disponible aquí.  19 Jefatura de Gabinete de Ministros. Planes de Acción de Gobierno Abierto. Disponible aquí.  20 Disponible aquí.  21 Como antecedentes normativos en materia de género se destacan: la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos personales, que adopta un enfoque integral y establece a la violencia de género como un problema público que obliga al Estado a actuar; la Ley Micaela, donde se establece capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñan en la función pública; la Ley 26.743 donde se establece el derecho a la identidad de género, entre otros. Respecto a la transversalización de la perspectiva de género se destacan el Decreto 680/2020 de creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género y la Resolución Conjunta 8/2020 de creación del Programa Interministerial del Presupuesto con Perspectiva de Género.  22 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social (2021). Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Disponible aquí.  23 Ministerio de Economía (2023). Nuevos beneficios para productores afectados por la sequía. Disponible aquí.  24 Ministerio de Hacienda. (2019) Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo Eólico en Argentina. Disponible aquí.  25 Secretaría de Energía. Visor irradiación de energía solar. Disponible aquí.  26 Secretaría de Energía (2020) Actualización del balance biomásico con fines energéticos en Argentina. Disponible aquí.  27 Centro de Información Ambiental (2023). Sistema Integral de Información Ambiental. Disponible aquí.  28 Secretaría de Energía (2022). Energías Renovables Gran Escala. Disponible aquí.  29 Ministerio de T ransporte (2022). Plan Nacional de T ransporte Sostenible. Disponible aquí.  30 Ministerio de Obras Públicas. Política Hídrica. Disponible aquí.  31 Gabinete Nacional de Cambio Climático (2019). Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Disponible aquí.  32 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. (2022). Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Disponible aquí.  33 OPC con datos de RNHPGD (2021). Caracterización del sistema de salud argentino. Disponible aquí.  34 PAMI. Disponible aquí.  35 Calendario Nacional de vacunación. Disponible aquí.  36 SISA. Disponible aquí.  37 Ley 26.206. Ley de Educación Nacional. Disponible aquí.  38 Ministerio de educación (2021). Base de Datos. Disponible aquí  39 CNCPS (2022). Resumen de indicadores y programas sociales. Disponible aquí.  40 Ministerio de economía (2022). El costo de cuidar. Las brechas de género en la economía argentina. Disponible aquí.  41 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2022). Indicadores y Programas Sociales. Disponible aquí.  42 INDEC (2023). Condiciones de vida. Disponible aquí.  43 Ministerio de Economía (2009) Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo. Disponible aquí.  44 Asamblea Anual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Disponible aquí.  45 (1) Para sistemas de acueducto se deberá cumplir con alguna de las siguientes dos opciones:  Opción 1: El sistema de abastecimiento de agua (de principio a fin) tiene un alto grado de eficiencia energética caracterizado por un consumo medio de energía del sistema (incluida la captación, el tratamiento y la distribución) de 0,5 kWh por metro cúbico de suministro de agua facturado/no facturado o menos.  Opción 2: La eficiencia energética del sistema de suministro de agua (de principio a fin) se incrementa sustancialmente disminuyendo el consumo de energía promedio del sistema en al menos un 20% (incluyendo extracción, tratamiento y distribución); medido en kWh por metro cúbico de suministro de agua autorizado facturado/no facturado; o cerrando la brecha entre la fuga real de la red de suministro de agua y un valor objetivo dado en al menos un 20%.  46 Certificaciones como: Better Cotton Initiative, Bonsucro, IFOAM, ISCC (Food, Bio-Based Products, Feed, Energy), ProTerra, Rainforest Alliance Standard, Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Roundtable on Sustainable Biomass (RSB), Soil Association Organic  47 Certificaciones como: BSC-OEKO, BIOLATINA, Rainforest Alliance e Intercultural Federation of Organic.  48 Niveles inicial, primaria y secundaria según el art.16 de la Ley 26.206  49 Ver población en situación de vulnerabilidad socioeconómica definida en Anexo 2  50 Ver definición de personas residentes en territorios de alta vulnerabilidad socioeconómica en el Anexo 2.  51 Ver definición de personas residentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica en el Anexo 2.  52 Ver definición de población en situación de vulnerabilidad socioeconómica en el Anexo 2.  53 Ver definición de personas residentes en territorios de alta vulnerabilidad socioeconómica en el Anexo 2.  54 Ver definición de persona con discapacidad en el Anexo 2.  55 Ver definición de personas en situación de desempleo o subocupada, MiPyME y agricultores familiares en el Anexo 2.  56 Ver personas LGBTI+ definida en Anexo 2.  57 Ver definición de población en situación de vulnerabilidad socioeconómica en el Anexo 2.  58 Boletín Oficial 2023. Disponible aquí.  59 Ministerio de Economía (2016) Ley 24.156 de Administración Financiera. Disponible aquí  60 Ministerio de Economía (2021) Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Disponible aquí  61 Con excepción de la producción de vino y cerveza.  62 Dentro del Presupuesto Nacional, los gastos y recursos atribuibles a emisión de deuda pública (bonos, títulos públicos) se imputan en la Jurisdicción 90, identificando las partidas de recursos (fuentes) y gastos (intereses y amortizaciones) que se atenderán en el ejercicio fiscal.  63 Representan las fuentes (recursos) que se imputan en el ejercicio fiscal originadas en la colocación de deuda pública, tanto en moneda nacional como extranjera, atenientes a corto y largo plazo. Entre otros, abarca la emisión de bonos y títulos públicos.   IF-2023-135932158-APN-SSCYGI#MEC