Resolución   212 / 2023
MINISTERIO DE REL. EXT., COMERCIO INTERN. Y CULTO
Fecha de publicación: 2023-08-17

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO  Resolución 212/2023  RESOL-2023-212-APN-MRE  Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2023  VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-24079831-APN-DGD#MRE del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, la Carta de las NACIONES UNIDAS aprobada por la Ley N° 12.838, el Decreto N° 1521 del 1° de noviembre de 2004 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 543 del 30 de noviembre de 2015 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 2374 del 5 de septiembre de 2017, 2541 del 31 de agosto de 2020, 2590 del 30 de agosto de 2021, 2649 del 30 de agosto de 2022, todas del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, y  CONSIDERANDO:  Que el Artículo 1° del Decreto N° 1521/04 y su modificatorio, establece que las Resoluciones del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS que se adopten en el marco del Capítulo VII de la Carta de las NACIONES UNIDAS que decidan medidas obligatorias para los Estados miembros, que no impliquen el uso de la fuerza armada, y conlleven sanciones, así como las modificaciones y la terminación de éstas, serán dadas a conocer por este Ministerio, a través de Resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.  Que asimismo, el Artículo 2° del Decreto citado en el considerando precedente establece que en aquellos casos en que el CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las Resoluciones mencionadas en el Artículo 1° de dicho Decreto, este Ministerio, o a quien éste designe al efecto, dará a conocer los listados consolidados y sus eventuales actualizaciones, a través de su sitio web oficial y de publicaciones en el Boletín Oficial.  Que mediante la Resolución N° 2374 del 5 de septiembre de 2017 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS se estableció el Comité para supervisar el régimen de sanciones relativo a la situación en Mali.  Que mediante las Resoluciones Nros. 2541 del 31 de agosto de 2020, 2590 del 30 de agosto de 2021 y 2649 del 30 de agosto de 2022, todas del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, se decidió prorrogar el régimen de sanciones relativo a Mali.  Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ha tomado la intervención en el ámbito de su competencia.  Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el marco de su competencia.  Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1521 del 1° de noviembre de 2004 y su modificatorio.  Por ello,  EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO  RESUELVE:  ARTÍCULO 1°.- Danse a conocer las Resoluciones Nros. 2541 del 31 de agosto de 2020, 2590 del 30 de agosto de 2021 y 2649 del 30 de agosto de 2022, todas del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS, referidas al régimen de sanciones relativo a Mali, las que como Anexos registrados en el Informe N° IF-2022-122882929-APN-DOIN#MRE, forman parte integrante de la presente resolución.  ARTÍCULO 2°.- Los listados de personas y entidades sujetas al régimen de sanciones serán publicadas por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto N° 1521/04 y su modificatorio, y comunicados a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL por la Dirección de Organismos Internacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución N° 543/15 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.  ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.  Santiago Andrés Cafiero  NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-  e. 17/08/2023 N° 64250/23 v. 17/08/2023   (Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)  ANEXO       Resolución 2541 (2020)  Aprobada por el Consejo de Seguridad el 31 de agosto de 2020  El Consejo de Seguridad,  Recordando todas sus anteriores resoluciones, declaraciones de la Presidencia y comunicados de prensa sobre la situación en Malí,  Reafirmando su decidido compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Malí, poniendo de relieve que las autoridades malienses tienen la responsabilidad primordial de proporcionar estabilidad y seguridad en todo el territorio de Malí, y recalcando la importancia de lograr la implicación nacional en las iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad,  Recordando las disposiciones del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí (“el Acuerdo”) en las que se le pide que dé su pleno apoyo al Acuerdo, vigile estrechamente su aplicación y, en caso necesario, adopte medidas contra toda persona que obstaculice la aplicación de los compromisos que figuran en él o el cumplimiento de sus objetivos,  Expresando su profunda preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en Malí, condenando enérgicamente el motín acaecido en Kati el 18 de agosto de 2020, subrayando la urgente necesidad de restablecer el estado de derecho y avanzar hacia el regreso al orden constitucional, reiterando su firme apoyo a las iniciativas de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y a los esfuerzos de mediación en Malí, y expresando su disposición a examinar esta cuestión en el transcurso del año, a la luz de las posibles consecuencias de esos recientes acontecimientos para la aplicación del Acuerdo,  Reconociendo que en los últimos ocho meses se ha avanzado en la aplicación del Acuerdo y que la combinación de un cierto grado de voluntad política y presión internacional, incluso mediante la perspectiva de imponer sanciones, ha sido un factor importante para lograr esos avances, expresando considerable impaciencia con las partes por las persistentes demoras en la plena aplicación de las disposiciones fundamentales del Acuerdo, observando además que las continuas demoras en la aplicación contribuyen a generar un vacío político y de seguridad que pone en peligro la estabilidad y el desarrollo de Malí, así como la viabilidad del Acuerdo, destacando la necesidad de una mayor implicación y priorización al aplicar el Acuerdo, y destacando además la importancia de la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres en los mecanismos establecidos por el Acuerdo para apoyar y vigilar su aplicación,  Condenando enérgicamente todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario que se cometen en Malí, y exhortando a todas las partes a que pongan fin a tales violaciones y abusos y cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable,  Recordando las disposiciones de la resolución 2531 (2020), en la que se insta a las partes malienses a que emprendan acciones concretas e inmediatas, con un espíritu de auténtica cooperación, para aplicar las medidas prioritarias enunciadas en su párrafo 3 antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA, alentando al Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) (“el Grupo de Expertos”) a que en sus informes periódicos y actualizaciones provisionales mencione a las partes responsables del posible incumplimiento de esas medidas prioritarias, y expresando su intención, en el caso de que dichas medidas prioritarias no se hayan aplicado antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA, de responder con las medidas previstas en la resolución 2374 (2017) contra las personas y entidades que obstruyan o amenacen de tal modo la aplicación del Acuerdo,  Destacando que todas las partes en el Acuerdo comparten la responsabilidad primordial de lograr progresos constantes en su aplicación,  Tomando nota de que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Malí (“el Comité”) decidió el 20 de diciembre de 2018 y el 10 de julio de 2019 incluir a varias personas en la lista de personas y entidades sujetas a las medidas dimanantes de la resolución 2374 (2017) (“la lista de sanciones 2374”) y tomando nota además de que el Comité tiene intención de considerar la posibilidad de suprimir a esas personas de la lista de sanciones 2374 si se aplican plenamente las medidas prioritarias enumeradas en el párrafo 3 de la resolución 2531 (2020) y si las personas designadas ponen fin a todas las actividades ilícitas, incluidas las indicadas en la justificación de la propuesta de inclusión, pero destacando que todavía no ha percibido avances que le permitan considerar esa posibilidad,  Reiterando que las personas o entidades que figuran en la lista de sanciones 2374 no se beneficiarán de ningún apoyo financiero, operacional o logístico de las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí hasta que su nombre se suprima de la lista y sin perjuicio de las excepciones establecidas en los párrafos 2, 5, 6 y 7 de la resolución 2374 (2017), acogiendo con beneplácito las medidas que ya han adoptado las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí para asegurar que esas personas o entidades no se beneficien de ese tipo de apoyo, y reiterando su solicitud formulada en la resolución 2531 (2020) de que el Secretario General incluya en su próximo informe trimestral sobre la MINUSMA información actualizada sobre esas medidas,  Tomando nota del informe final (S/2020/785) del Grupo de Expertos,  Observando la importancia de que el Grupo de Expertos y todas las demás entidades de las Naciones Unidas que operan en Malí sigan colaborando e intercambiando información, con arreglo a sus mandatos y capacidades,  Habiendo determinado que la situación imperante en Malí sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región,  Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,  1. Decide prorrogar hasta el 31 de agosto de 2021 las medidas enunciadas en los párrafos 1 a 7 de la resolución 2374 (2017);  2. Reafirma que esas medidas se aplicarán a las personas y entidades que designe el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 de la resolución 2374 (2017);  3. Decide prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2021 el mandato del Grupo de Expertos, enunciado en los párrafos 11 a 15 de la resolución 2374 (2017), así como la solicitud hecha a la MINUSMA en el párrafo 16 de la resolución 2374 (2017), expresa su intención de examinar el mandato y adoptar las medidas apropiadas sobre otra posible prórroga a más tardar el 31 de agosto de 2021, y solicita al Secretario General que tome lo antes posible las medidas administrativas necesarias para restablecer el Grupo de Expertos, en consulta con el Comité, aprovechando, según proceda, la especialización de los actuales miembros del Grupo;  4. Solicita al Grupo de Expertos que le presente, tras celebrar deliberaciones con el Comité, un informe de mitad de período a más tardar el 28 de febrero de 2021, un informe final a más tardar el 15 de agosto de 2021 y actualizaciones periódicas entre esas fechas, según proceda;  5. Reafirma las disposiciones relativas a la presentación de informes y el examen que figuran en la resolución 2374 (2017);  6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.    Resolución 2590 (2021)  Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8844a sesión, celebrada el 30 de agosto de 2021  El Consejo de Seguridad,  Recordando todas sus anteriores resoluciones, declaraciones de la Presidencia y comunicados de prensa sobre la situación en Malí,  Reafirmando su decidido compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Malí, poniendo de relieve que las autoridades malienses tienen la responsabilidad primordial de proporcionar estabilidad y seguridad en todo el territorio de Malí, y recalcando la importancia de lograr la implicación nacional en las iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad,  Recordando las disposiciones del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí (“el Acuerdo”) en las que se le pide que dé su pleno apoyo al Acuerdo, vigile estrechamente su aplicación y, en caso necesario, adopte medidas contra toda persona que obstaculice la aplicación de los compromisos que figuran en él o el cumplimiento de sus objetivos,  Reiterando que las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y otros asociados internacionales siguen manteniendo el firme compromiso de aplicar el Acuerdo como medio de lograr la paz y la estabilidad a largo plazo en Malí, acogiendo con beneplácito la actualización de la hoja de ruta para la aplicación del Acuerdo y los esfuerzos realizados por el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) para mejorar su función de apoyo a la aplicación, pero expresando una considerable impaciencia con las partes por los persistentes retrasos en la aplicación del Acuerdo, que contribuyen a generar un vacío político y de seguridad que pone en peligro la estabilidad y el desarrollo de Malí, destacando la necesidad de una mayor implicación y priorización en la aplicación del Acuerdo, y destacando además la importancia de la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en todos los mecanismos establecidos por el Acuerdo para apoyar y vigilar su aplicación,  Expresando grave preocupación por el continuo deterioro de la situación política en Malí, en particular tras el motín que tuvo lugar el 18 de agosto de 2020 y la violación de la carta de transición que se produjo el 24 de mayo de 2021, hechos que ya condenó, recordando los arreglos de transición establecidos en Malí, que incluyen la Carta de Transición, el Plan de Acción para la Transición y un calendario electoral presentado el 15 de abril de 2021, exhortando a todas las partes interesadas de Malí a que faciliten la plena ejecución de la transición política y el traspaso del poder a las autoridades civiles elegidas, instando a las autoridades malienses a que apliquen esos arreglos en el plazo establecido de 18 meses, incluida la organización de las elecciones presidenciales el 27 de febrero de 2022 conforme al calendario electoral, reiterando las decisiones de que el Jefe de la Transición y el Vicepresidente y el Primer Ministro de la Transición no deben ser, bajo ninguna circunstancia, candidatos en las próximas elecciones presidenciales, y acogiendo con beneplácito la mediación de la CEDEAO y la función del Mecanismo de Vigilancia cuya creación ha anunciado,  Expresando gran preocupación por las acciones violentas y unilaterales de agentes no estatales en Malí, que obstaculizan el restablecimiento de la autoridad del Estado y los servicios sociales básicos,  Condenando enérgicamente las actividades que realizan en Malí y la región del Sahel organizaciones terroristas vinculadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) y Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM),  Condenando enérgicamente todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario que se cometen en Malí, en particular los casos de violencia sexual en el conflicto y de reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado, y exhortando a todas las partes a que pongan fin a tales violaciones y abusos y cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable,  Destacando que las medidas impuestas en virtud de la presente resolución no tienen el propósito de acarrear consecuencias humanitarias adversas para la población civil de Malí,  Recordando la necesidad de que los Estados Miembros velen por que todas las medidas que adopten para aplicar la presente resolución se ajusten a las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluidas las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados,  Recordando las disposiciones de la resolución 2584 (2021), en la que se insta a las partes malienses a que emprendan acciones concretas e inmediatas, con un espíritu de auténtica cooperación, para aplicar las medidas prioritarias enunciadas en su párrafo 4 antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA, alentando al Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) (“el Grupo de Expertos”) a que en sus informes periódicos y actualizaciones provisionales mencione a las partes responsables del posible incumplimiento de esas medidas prioritarias, y expresando su intención, en el caso de que dichas medidas prioritarias no se hayan aplicado antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA, de responder con las medidas previstas en la resolución 2374 (2017) contra las personas y entidades que obstruyan o amenacen de tal modo la aplicación del Acuerdo,  Destacando que todas las partes en el Acuerdo comparten la responsabilidad primordial de lograr progresos constantes en su aplicación,  Tomando nota de que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Malí (“el Comité”) decidió el 20 de diciembre de 2018 y el 10 de julio de 2019 incluir a varias personas en la lista de personas y entidades sujetas a las medidas dimanantes de la resolución 2374 (2017) (“la lista de sanciones 2374”), y tomando nota además de que el Comité tiene intención de considerar la posibilidad de suprimir a esas personas de la lista de sanciones 2374 si se aplican plenamente las medidas prioritarias enumeradas en el párrafo 4 de la resolución 2584 (2021) y si las personas designadas ponen fin a todas las actividades ilícitas, incluidas las indicadas en la justificación de la propuesta de inclusión, pero destacando que todavía no ha observado avances que justifiquen considerar esa posibilidad,  Pidiendo de nuevo a todos los Estados, en particular Malí y los de la región, que apliquen activamente las medidas enunciadas en la presente resolución,  Reiterando que las personas o entidades que figuran en la lista de sanciones 2374 no se beneficiarán de ningún apoyo financiero, operacional o logístico de las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí hasta que su nombre se suprima de la lista y sin perjuicio de las excepciones establecidas en los párrafos 2, 5, 6 y 7 de la resolución 2374 (2017), y acogiendo con beneplácito las medidas que ya han adoptado las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí para asegurar que esas personas o entidades no se beneficien de ese tipo de apoyo,  Tomando nota del informe final (S/2021/714) del Grupo de Expertos,  Observando la importancia de que el Grupo de Expertos y todas las demás entidades de las Naciones Unidas que operan en Malí sigan colaborando e intercambiando información, con arreglo a sus mandatos y capacidades,  Habiendo determinado que la situación en Malí sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región,  Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,  1. Decide prorrogar hasta el 31 de agosto de 2022 las medidas enunciadas en los párrafos 1 a 7 de la resolución 2374 (2017);  2. Reafirma que esas medidas se aplicarán a las personas y entidades que designe el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 de la resolución 2374 (2017), entre otras cosas por participar en la planificación, dirección o comisión de actos en Malí que violen el derecho internacional humanitario, incluidos los ataques contra el personal médico o el personal humanitario;  3. Decide prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2022 el mandato del Grupo de Expertos, enunciado en los párrafos 11 a 15 de la resolución 2374 (2017), así como la solicitud hecha a la MINUSMA en el párrafo 16 de la resolución 2374 (2017), expresa su intención de examinar el mandato y adoptar las medidas apropiadas sobre otra posible prórroga a más tardar el 31 de agosto de 2022, y solicita al Secretario General que tome lo antes posible las medidas administrativas necesarias para restablecer el Grupo de Expertos, en consulta con el Comité, aprovechando, según proceda, la especialización de los actuales miembros del Grupo;  4. Solicita al Grupo de Expertos que le presente, tras celebrar deliberaciones con el Comité, un informe de mitad de período a más tardar el 28 de febrero de 2022, un informe final a más tardar el 15 de agosto de 2022 y actualizaciones periódicas entre esas fechas, según proceda;  5. Reafirma las disposiciones relativas a la presentación de informes y el examen que figuran en la resolución 2374 (2017), y solicita al Secretario General que en el informe sobre la MINUSMA que ha de presentar en diciembre de 2021 incluya información actualizada sobre las medidas adoptadas para que las personas sancionadas no se beneficien de ningún tipo de apoyo de las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí;  6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.    Resolución 2649 (2022)  Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 9119a sesión, celebrada el 30 de agosto de 2022  El Consejo de Seguridad,  Recordando todas sus anteriores resoluciones, declaraciones de la Presidencia y comunicados de prensa sobre la situación en Malí,  Reafirmando su decidido compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Malí, poniendo de relieve que las autoridades malienses tienen la responsabilidad primordial de proporcionar estabilidad y seguridad en todo el territorio de Malí, y recalcando la importancia de lograr la implicación nacional en las iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad,  Recordando las disposiciones del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí (“el Acuerdo”) en las que se le pide que dé su pleno apoyo al Acuerdo, vigile estrechamente su aplicación y, en caso necesario, adopte medidas contra toda persona que obstaculice la aplicación de los compromisos que figuran en él o el cumplimiento de sus objetivos,  Reiterando que las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y otros asociados internacionales siguen manteniendo el firme compromiso de aplicar el Acuerdo como medio de lograr la paz y la estabilidad a largo plazo en Malí, acogiendo con beneplácito la reunión decisoria de alto nivel que se celebró en Bamako del 1 al 5 de agosto de 2022 sobre la aplicación del Acuerdo y las decisiones que se tomaron en ella, pero destacando que es necesario actuar en función de esas decisiones, lamentando que el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) no se haya reunido desde octubre de 2021, expresando una considerable impaciencia con las partes por los persistentes retrasos en la aplicación del Acuerdo en su conjunto, que contribuyen a generar un vacío político y de seguridad que pone en peligro la estabilidad y el desarrollo de Malí, destacando la necesidad de una mayor implicación y priorización en la aplicación del Acuerdo, y destacando además la importancia de la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en todos los mecanismos establecidos por el Acuerdo para apoyar y vigilar su aplicación,  Encomiando el papel desempeñado por Argelia y otros miembros del equipo de mediación internacional para ayudar a las partes malienses a aplicar el Acuerdo, poniendo de relieve la necesidad de aumentar la participación de los miembros del equipo de mediación internacional para que se aplique el Acuerdo y subrayando además que el Representante Especial del Secretario General para Malí debe seguir desempeñando un papel central para apoyar y supervisar la aplicación del Acuerdo por las partes malienses firmantes,  Reconociendo las decisiones que adoptó con respecto a Malí la Cumbre de la CEDEAO celebrada en Accra el 3 de julio de 2022 y recordando las disposiciones de la resolución 2640 (2022) sobre las elecciones y el restablecimiento del orden constitucional,  Expresando gran preocupación por las acciones violentas y unilaterales de agentes no estatales en Malí, que obstaculizan el restablecimiento de la autoridad del Estado y los servicios sociales básicos,  Condenando enérgicamente las actividades que realizan en Malí y la región del Sahel organizaciones terroristas vinculadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, y condenando en los términos más enérgicos los continuos ataques contra civiles, representantes de instituciones locales, regionales y estatales, y fuerzas nacionales e internacionales, y contra la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA),  Condenando enérgicamente todos los abusos y violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario que se cometen en Malí, en particular los casos de violencia sexual en el conflicto y de reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado, y exhortando a todas las partes en Malí a que pongan fin a tales violaciones y abusos y cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable,  Destacando que las medidas impuestas en virtud de la presente resolución no tienen el propósito de acarrear consecuencias humanitarias adversas para la población civil de Malí,  Recordando la necesidad de que los Estados Miembros se cercioren de que todas las medidas que adopten para aplicar la presente resolución cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, según proceda,  Expresando preocupación por el estancamiento de la aplicación del Acuerdo, destacando que todas las partes en el Acuerdo comparten la responsabilidad primordial de lograr progresos constantes en su aplicación y recordando que está dispuesto a responder tomando medidas en virtud de la resolución 2374 (2017) si las partes intervienen en hostilidades en contravención del Acuerdo o adoptan medidas que obstruyan su aplicación, la obstaculicen con retrasos prolongados o la pongan en peligro,  Tomando nota de que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Malí (“el Comité”) decidió el 20 de diciembre de 2018 y el 10 de julio de 2019 incluir a varias personas en la lista de personas y entidades sujetas a las medidas dimanantes de la resolución 2374 (2017) (“la lista de sanciones 2374”), y tomando nota además de que el Comité tiene intención de considerar la posibilidad de suprimir a esas personas de la lista de sanciones 2374 si se aplican plenamente las medidas prioritarias enumeradas en el párrafo 4 de la resolución 2584 (2021) y si las personas designadas ponen fin a todas las actividades ilícitas, incluidas las indicadas en la justificación de la propuesta de inclusión, pero destacando que todavía no ha observado avances suficientes que justifiquen considerar esa posibilidad,  Pidiendo de nuevo a todos los Estados, en particular Malí y los de la región, que apliquen activamente las medidas enunciadas en la presente resolución,  Reiterando que las personas o entidades que figuran en la lista de sanciones 2374 no se beneficiarán de ningún apoyo financiero, operacional o logístico de las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí hasta que su nombre se suprima de la lista y sin perjuicio de las excepciones establecidas en los párrafos 2, 5, 6 y 7 de la resolución 2374 (2017), y acogiendo con beneplácito las medidas que ya han adoptado las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí para asegurar que tales personas o entidades no se beneficien de ese tipo de apoyo,  Tomando nota del informe final (S/2022/595) del Grupo de Expertos,  Observando la importancia de que el Grupo de Expertos y todas las demás entidades de las Naciones Unidas que operan en Malí sigan colaborando e intercambiando información, con arreglo a sus mandatos y capacidades,  Habiendo determinado que la situación en Malí sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región,  Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,  1. Decide prorrogar hasta el 31 de agosto de 2023 las medidas enunciadas en los párrafos 1 a 7 de la resolución 2374 (2017);  2. Reafirma que esas medidas se aplicarán a las personas y entidades que designe el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 de la resolución 2374 (2017), entre otras cosas por participar en la planificación, dirección o comisión de actos en Malí que violen el derecho internacional humanitario, incluidos los ataques contra el personal médico o el personal humanitario;  3. Acoge con beneplácito que las autoridades malienses hayan designado un punto focal encargado de la comunicación con el Comité establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) respecto a la aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la presente resolución y pide que las autoridades malienses y el Comité entablen un diálogo e intercambien información de manera rápida y oportuna;  4. Decide prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2023 el mandato del Grupo de Expertos, enunciado en los párrafos 11 a 15 de la resolución 2374 (2017), así como la solicitud hecha a la MINUSMA en el párrafo 16 de la resolución 2374 (2017), expresa su intención de examinar el mandato y adoptar las medidas apropiadas sobre otra posible prórroga a más tardar el 31 de agosto de 2023, y solicita al Secretario General que tome lo antes posible las medidas administrativas necesarias para restablecer el Grupo de Expertos, en consulta con el Comité, aprovechando, según proceda, la especialización de los actuales miembros del Grupo, y exhorta a todos los Estados Miembros a que faciliten la labor del Grupo;  5. Solicita al Grupo de Expertos que le presente, tras celebrar deliberaciones con el Comité, un informe de mitad de período a más tardar el 28 de febrero de 2023, un informe final a más tardar el 15 de agosto de 2023 y actualizaciones periódicas entre esas fechas, según proceda;  6. Reafirma las disposiciones relativas a la presentación de informes y el examen que figuran en la resolución 2374 (2017);  7. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.