Ley   23221
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
Fecha de publicación: 1985-10-03

CONVENCIONES  LEY N° 23.221   Apruébase la Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.   Sancionada: Agosto 21 de 1985   Promulgada: Septiembre 12 de 1985    EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE   LEY:   ARTICULO 1º - Apruébase la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su res. 3068 (XXVIII) del 30 de noviembre de 1973, cuyo texto en idioma español forma parte de la presente ley.  ARTICULO 2° - En el momento de depositar el instrumento de ratificación se  deberá formular la siguiente declaración interpretativa: 'La República  Argentina entiende que el artículo XII de la convención, debe  interpretarse en el sentido que toda controversia que no haya sido  resuelta mediante negociación y en la que ella sea Parte, requerirá su  consentimiento expreso para que la cuestión sea sometida a la Corte  Internacional de Justicia.'      ARTICULO 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, a los veintíun días del mes de agosto del año mil novecientos ochenta y cinco.      JUAN C. PUGLIESE  O. E. GOMEZ CENTURION    Carlos A. Bravo  Antonio J. Macris.            -Registrada bajo el N° 23.221-  CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE   LA REPRESION Y EL CASTIGO   DEL CRIMEN DE APARTHEID   Los Estados Partes en la presente Convención.   Recordando las disposiciones de la carta de las  Naciones Unidas, en virtud de la cual todos los Miembros se han  comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación  con la organización, para lograr el respeto universal de los derechos  humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción  por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales  derechos y libertades.   Considerando la Declaración Universal de Derechos  Humanos, que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales  en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y  libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna, en  particular de raza, color u origen nacional.   Considerando la Declaración sobre la Concesión de la  independencia a los países y pueblos coloniales, en la que la Asamblea  General señala que el proceso de liberación es irresistible e  irreversible y que, en pro de la dignidad humana, del progreso y de la  justicia, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas  de segregación y discriminación que lo acompañan,   Observando que, conforme a la convención  internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación  racial, los Estados condenan especialmente la segregación racial y el  apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar todas las  prácticas de esa naturaleza en los territorios bajo su jurisdicción,   Observando que en la convención para la prevención y  la sanción del delito de genocidio ciertos actos que pueden calificarse  también de actos de apartheid constituyen un delito de derecho  internacional.   Observando que, conforme a la convención sobre la  imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa  humanidad 'los actos inhumanos debidos a la política de apartheid' están  calificados de crímenes de lesa humanidad.   Observando que la Asamblea General de las Naciones  Unidas ha aprobado varias resoluciones en las que se condenan la  política y las prácticas de apartheid como crímenes de lesa humanidad.   Observando que el Consejo de Seguridad ha subrayado  que el apartheid y su intensificación y expansión constantes perturban y  amenazan gravemente la paz y la seguridad internacionales.   Convencidos de que una convención internacional  sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid permitiría  adoptar medidas más eficaces, tanto en el plano internacional como en el  nacional, con objeto de reprimir y castigar el crimen de apartheid.   Han convenido en lo siguiente: ARTICULO I 1. Los Estados Partes en la presente convención  declaran que el apartheid es un crimen de lesa humanidad y que los actos  inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las  políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial  que se definen en el artículo II de la presente convención son crímenes que  violan los principios del derecho internacional, en particular los  propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que  constituyen una amenaza seria para la paz y la seguridad  internacionales.   2. Los Estados Partes en la presente convención  declaran criminales las organizaciones, las instituciones y los  particulares que cometen el crimen de apartheid. ARTICULO II A los fines de la presente convención, la expresión  'crimen de apartheid', que incluirá las políticas y prácticas análogas  de segregación y discriminación racial tal como se practican en el  Africa meridional denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con  el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de  personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo  sistemáticamente:   a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona:   i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;   ii) Mediante atentados graves contra la integridad  física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más  grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos  crueles, inhumanos o degradantes;   iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales;   b) La imposición deliberada a uno o más grupos  raciales de condiciones de existencia que hayan de acarrear su  destrucción física, total o parcial;   c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden  destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la  vida política, social, económica y cultural del país y a crear  deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo  o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más  grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre  ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales  reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y  a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la  libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de  opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de  asociación pacíficas;   d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter  legislativo, destinadas a dividir la población según criterios raciales,  creando reservas y ghetos separados para los miembros de uno o más  grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de  distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes  a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;   e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial sometiéndolos a trabajo forzoso;   f) La persecución de las organizaciones y personas  que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades  fundamentales. ARTICULO III Se considerarán criminalmente responsables en el  plano internacional, cualquiera que sea el móvil, los particulares, los  miembros de las organizaciones e instituciones y los representantes del  Estado, tanto si residen en el territorio del Estado en que se perpetran  los actos como en cualquier otro Estado, que:   a) Cometan los actos enumerados en el artículo II de  la presente convención, o que participen en su comisión, la inciten  directamente o se confabulen para ella;   b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheid o cooperen directamente en ella. ARTICULO IV Los Estados Partes en la presente convención se obligan:   a) A adoptar las medidas legislativas o de otro  orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen  de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus  manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen;   b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y  administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su  jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos  enumerados en el artículo II de la presente convención,  independientemente de que tales personas residan en el territorio del  Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o  de algún otro Estado o sean personas apátridas. ARTICULO V Las personas acusadas de los actos enumerados en el  artículo II de la presente convención podrán ser juzgadas por un  tribunal competente de cualquier Estado Parte en la convención que tenga  jurisdicción sobre esas personas, o por cualquier tribunal penal  internacional que sea competente respecto a los Estados Partes que hayan  reconocido su jurisdicción. ARTICULO VI   Los Estados Partes en la presente convención se  obligan a aceptar y cumplir con arreglo a la Carta de las Naciones  Unidas las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad encaminadas a  prevenir, reprimir y castigar el crimen de apartheid, así como a  cooperar en la ejecución de las decisiones que adopten otros órganos  competentes de las Naciones Unidas con miras a la realización de los  propósitos de la convención.ARTICULO VII 1. Los Estados partes en la presente convención se  obligan a presentar periódicamente informes al grupo establecido con  arreglo al artículo IX sobre las medidas legislativas, judiciales,  administrativas o de otro orden que hayan adoptado para poner en  práctica las disposiciones de la convención.   2. Por conducto del secretario general de las  Naciones Unidas se transmitirán copias de esos informes al Comité  Especial del Apartheid. ARTICULO VIII Todo Estado Parte en la presente convención podrá  pedir a cualquier órgano competente de las Naciones Unidas que adopte,  de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todas las medidas  que considere indispensables para la prevención y represión del crimen  de apartheid. ARTICULO IX   1. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos  nombrará un grupo compuesto de tres miembros de dicha Comisión, que sean  al mismo tiempo representantes de Estados Partes en la presente  convención el cual se encargará de examinar los informes presentados por  los Estados Partes con arreglo al artículo VII.   2. En caso de que entre los miembros de la Comisión  de Derechos Humanos no figuren representantes de Estados Partes en la  presente convención o sean menos de tres, el secretario general de las  Naciones Unidas nombrará previa consulta con todos los Estados Partes en  la convención, a uno o más representantes de Estados Partes en la  convención que no sean miembros de la Comisión de Derechos Humanos para  que participen en los trabajos del grupo constituido con arreglo a lo  dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, hasta que sean elegidos  miembros de la Comisión de Derechos Humanos representantes de Estados  Partes en la convención.   3. Dicho grupo podrá reunirse para examinar los  informes presentados con arreglo a lo dispuesto en el artículo VII por  un período no mayor de cinco días antes o después de los períodos de  sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. ARTICULO X   1. Los Estados Partes en la presente convención autorizan a la Comisión de Derechos Humanos para que:   a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que,  cuando transmitan copias de las peticiones previstas en el artículo 15 de la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de  Discriminación Racial, señalen a su atención las denuncias relativas a  los actos enumerados en el artículo II de la presente convención;   b) Prepare, sobre la base de los informes de los  órganos competentes de las Naciones Unidas y de los informes periódicos  de los Estados Partes en la presente convención, una lista de los  particulares, organizaciones, instituciones y representantes de Estados  que se presuman responsables de los crímenes enumerados en el artículo  II, así como de aquellos contra quienes los Estados Partes en la  convención hayan incoado procedimientos judiciales;   c) Solicite de los órganos competentes de las  Naciones Unidas información acerca de las medidas adoptadas por las  autoridades encargadas de la administración de los territorios en  fideicomiso y no autónomos y de todos los demás territorios a que se  refiere la res. 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea  General con respecto a los particulares que se presuman responsables de  crímenes enumerados en el artículo II de la presente convención y que se  crea se hallan bajo su jurisdicción territorial y administrativa.   2. En tanto no se logren los objetivos de la  declaración sobre la concesión de la independencia a los países y  pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea  General, las disposiciones de la presente convención no limitarán de  manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por otros  instrumentos internacionales o por las Naciones Unidas y sus organismos  especializados.   ARTICULO XI 1. Los actos enumerados en el artículo II de la  presente convención no se reputarán delitos políticos para los efectos  de la extradición. 2. Los Estados Partes en la presente convención se  comprometen en tal caso a conceder la extradición conforme a su  legislación y a los tratados vigentes. ARTICULO XII Toda controversia entre los Estados Partes relativa a  la interpretación, la aplicación o la ejecución de la presente  convención que no haya sido resuelta mediante negociaciones se someterá a  instancia de los Estados Partes en la controversia, a la Corte  Internacional de Justicia, a menos que las Partes hayan convenido en  otro medio de arreglo. ARTICULO XIII La presente convención está abierta a la firma de  todos los Estados. Cualquier Estado que no firmare la convención antes  de su entrada en vigor podrá adherirse a ella. ARTICULO XIV 1. La presente convención está sujeta a  ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder  del secretario general de las Naciones Unidas.   2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de  un instrumento de adhesión en poder del secretario general de las  Naciones Unidas. ARTICULO XV 1. La presente convención entrará en vigor el  trigésimo día después de la fecha en que se haya depositado en poder del  secretario general de las Naciones Unidades el vigésimo instrumento de  ratificación o de adhesión.   2. Para cada Estado que ratifique la presente  convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el vigésimo  instrumento de ratificación o de adhesión, la convención entrará en  vigor el trigésimo día después de la fecha del depósito de su propio  instrumento de ratificación o de adhesión. ARTICULO XVI Todo Estado Parte podrá denunciar la presente  convención mediante notificación por escrito dirigida al secretario  general de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efectos un año  después de la fecha de recepción de la notificación por el secretario  general. ARTICULO XVII 1. Todo Estado Parte en la presente convención podrá  solicitar en cualquier momento la revisión de la misma mediante  notificación por escrito dirigida al secretario general de las Naciones  Unidas.   2. La Asamblea General de las Naciones Unidas  decidirá las medidas que, en su caso, hayan de adoptarse en lo que  respecta a esa solicitud. ARTICULO XVIII El secretario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados los siguientes datos:   a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos XIII y XIV:   b) La fecha de entrada en vigor de la presente convención con arreglo el artículo XV:   c) Las denuncias hechas con arreglo al artículo XVI.   d) Las notificaciones hechas con arreglo al artículo XVII. ARTICULO XIX 1. La presente convención, cuyos textos en chino,  español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos se depositará  en los archivos de las Naciones Unidas.   2. El secretario general de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas de la presente convención a todos los Estados.