ley de nacionalización era de 1962, y el tratado estaba en vigor a partir de 1958
question: ¿Cuál fue la razón por la que el Tribunal Constitucional italiano dio que el Sr. Costa perdiera su demanda contra el ENEL?, context: Desde su fundación, la UE ha operado entre una pluralidad creciente de sistemas legales nacionales y globalizadores. Esto ha significado que tanto la Corte Europea de Justicia como los más altos tribunales nacionales han tenido que desarrollar principios para resolver conflictos de leyes entre diferentes sistemas. Dentro de la UE misma, la opinión del Tribunal de Justicia es que si la ley de la UE entra en conflicto con una disposición del derecho nacional, entonces la ley de la UE tiene primacía. En el primer caso importante en 1964, Costa v ENEL, un abogado milanés, y ex accionista de una compañía de energía, llamado Sr. Costa se negó a pagar su cuenta de electricidad a Enel, como protesta contra la nacionalización. Afirmó que la ley de nacionalización italiana estaba en conflicto con el Tratado de Roma, y pidió que se hiciera una referencia tanto al Tribunal Constitucional italiano como al Tribunal de Justicia bajo el artículo 267 de la TFEU. El Tribunal Constitucional italiano dio una opinión de que debido a que la ley de nacionalización era de 1962, y el tratado estaba en vigor a partir de 1958, Costa no tenía ninguna reclamación. Por el contrario, el Tribunal de Justicia sostuvo que, en última instancia, el Tratado de Roma de ninguna manera impidió la nacionalización energética, y en cualquier caso bajo las disposiciones del Tratado, sólo la Comisión podría haber reclamado, no el señor Costa. Sin embargo, en principio, el Sr. Costa tenía derecho a alegar que el Tratado entraba en conflicto con el derecho nacional, y el tribunal tendría el deber de considerar su reclamo de hacer referencia si no habría apelación contra su decisión. El Tribunal de Justicia, repitiendo su opinión en Van Gend en Loos, dijo que los estados miembros "aunque dentro de esferas limitadas, han restringido sus derechos soberanos y creado un cuerpo de ley aplicable tanto a sus nacionales como a sí mismos". La legislación de la UE no "sería anulada por las disposiciones legales internas, sin importar cuán enmarcada... sin que se cuestione la base legal de la propia comunidad". Esto significaba cualquier "acto unilateral posterior" del estado miembro inaplicable. De manera similar, en Amministrazione delle Finanze v Simmenthal SpA, una compañía, Simmenthal SpA, afirmó que una tasa de inspección de salud pública bajo una ley italiana de 1970 para importar carne de Francia a Italia era contraria. De acuerdo con el principio de prioridad del derecho comunitario, dijo el Tribunal de Justicia, las "medidas directamente aplicables de las instituciones" (como el Reglamento en el caso) "hacen que la disposición automáticamente inaplicable a cualquier conflicto nacional". Esto era necesario para evitar que los Estados miembros emprendieran obligaciones de "negación correspondiente" del Tratado incondicionalmente e irrevocablemente "que pudieran" poner en riesgo los cimientos mismos de la "UE". Pero a pesar de las opiniones de la Corte de Justicia, los tribunales nacionales de los Estados miembros no han aceptado el mismo análisis.
¿Cuál fue la razón por la que el Tribunal Constitucional italiano dio que el Sr. Costa perdiera su demanda contra el ENEL?
la ley de nacionalización era de 1962, y el tratado estaba en vigor a partir de 1958 ,
Desde su fundación, la UE ha operado entre una pluralidad creciente de sistemas legales nacionales y globalizadores. Esto ha significado que tanto la Corte Europea de Justicia como los más altos tribunales nacionales han tenido que desarrollar principios para resolver conflictos de leyes entre diferentes sistemas. Dentro de la UE misma, la opinión del Tribunal de Justicia es que si la ley de la UE entra en conflicto con una disposición del derecho nacional, entonces la ley de la UE tiene primacía. En el primer caso importante en 1964, Costa v ENEL, un abogado milanés, y ex accionista de una compañía de energía, llamado Sr. Costa se negó a pagar su cuenta de electricidad a Enel, como protesta contra la nacionalización. Afirmó que la ley de nacionalización italiana estaba en conflicto con el Tratado de Roma, y pidió que se hiciera una referencia tanto al Tribunal Constitucional italiano como al Tribunal de Justicia bajo el artículo 267 de la TFEU. El Tribunal Constitucional italiano dio una opinión de que debido a que la ley de nacionalización era de 1962, y el tratado estaba en vigor a partir de 1958, Costa no tenía ninguna reclamación. Por el contrario, el Tribunal de Justicia sostuvo que, en última instancia, el Tratado de Roma de ninguna manera impidió la nacionalización energética, y en cualquier caso bajo las disposiciones del Tratado, sólo la Comisión podría haber reclamado, no el señor Costa. Sin embargo, en principio, el Sr. Costa tenía derecho a alegar que el Tratado entraba en conflicto con el derecho nacional, y el tribunal tendría el deber de considerar su reclamo de hacer referencia si no habría apelación contra su decisión. El Tribunal de Justicia, repitiendo su opinión en Van Gend en Loos, dijo que los estados miembros "aunque dentro de esferas limitadas, han restringido sus derechos soberanos y creado un cuerpo de ley aplicable tanto a sus nacionales como a sí mismos". La legislación de la UE no "sería anulada por las disposiciones legales internas, sin importar cuán enmarcada... sin que se cuestione la base legal de la propia comunidad". Esto significaba cualquier "acto unilateral posterior" del estado miembro inaplicable. De manera similar, en Amministrazione delle Finanze v Simmenthal SpA, una compañía, Simmenthal SpA, afirmó que una tasa de inspección de salud pública bajo una ley italiana de 1970 para importar carne de Francia a Italia era contraria. De acuerdo con el principio de prioridad del derecho comunitario, dijo el Tribunal de Justicia, las "medidas directamente aplicables de las instituciones" (como el Reglamento en el caso) "hacen que la disposición automáticamente inaplicable a cualquier conflicto nacional". Esto era necesario para evitar que los Estados miembros emprendieran obligaciones de "negación correspondiente" del Tratado incondicionalmente e irrevocablemente "que pudieran" poner en riesgo los cimientos mismos de la "UE". Pero a pesar de las opiniones de la Corte de Justicia, los tribunales nacionales de los Estados miembros no han aceptado el mismo análisis.
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Desde su fundación, la UE ha operado entre una pluralidad creciente de sistemas legales nacionales y globalizadores. Esto ha significado que tanto la Corte Europea de Justicia como los más altos tribunales nacionales han tenido que desarrollar principios para resolver conflictos de leyes entre diferentes sistemas. Dentro de la UE misma, la opinión del Tribunal de Justicia es que si la ley de la UE entra en conflicto con una disposición del derecho nacional, entonces la ley de la UE tiene primacía. En el primer caso importante en 1964, Costa v ENEL, un abogado milanés, y ex accionista de una compañía de energía, llamado Sr. Costa se negó a pagar su cuenta de electricidad a Enel, como protesta contra la nacionalización. Afirmó que la ley de nacionalización italiana estaba en conflicto con el Tratado de Roma, y pidió que se hiciera una referencia tanto al Tribunal Constitucional italiano como al Tribunal de Justicia bajo el artículo 267 de la TFEU. El Tribunal Constitucional italiano dio una opinión de que debido a que la <hl> ley de nacionalización era de 1962, y el tratado estaba en vigor a partir de 1958 <hl>, Costa no tenía ninguna reclamación. Por el contrario, el Tribunal de Justicia sostuvo que, en última instancia, el Tratado de Roma de ninguna manera impidió la nacionalización energética, y en cualquier caso bajo las disposiciones del Tratado, sólo la Comisión podría haber reclamado, no el señor Costa. Sin embargo, en principio, el Sr. Costa tenía derecho a alegar que el Tratado entraba en conflicto con el derecho nacional, y el tribunal tendría el deber de considerar su reclamo de hacer referencia si no habría apelación contra su decisión. El Tribunal de Justicia, repitiendo su opinión en Van Gend en Loos, dijo que los estados miembros "aunque dentro de esferas limitadas, han restringido sus derechos soberanos y creado un cuerpo de ley aplicable tanto a sus nacionales como a sí mismos". La legislación de la UE no "sería anulada por las disposiciones legales internas, sin importar cuán enmarcada... sin que se cuestione la base legal de la propia comunidad". Esto significaba cualquier "acto unilateral posterior" del estado miembro inaplicable. De manera similar, en Amministrazione delle Finanze v Simmenthal SpA, una compañía, Simmenthal SpA, afirmó que una tasa de inspección de salud pública bajo una ley italiana de 1970 para importar carne de Francia a Italia era contraria. De acuerdo con el principio de prioridad del derecho comunitario, dijo el Tribunal de Justicia, las "medidas directamente aplicables de las instituciones" (como el Reglamento en el caso) "hacen que la disposición automáticamente inaplicable a cualquier conflicto nacional". Esto era necesario para evitar que los Estados miembros emprendieran obligaciones de "negación correspondiente" del Tratado incondicionalmente e irrevocablemente "que pudieran" poner en riesgo los cimientos mismos de la "UE". Pero a pesar de las opiniones de la Corte de Justicia, los tribunales nacionales de los Estados miembros no han aceptado el mismo análisis.
Desde su fundación, la UE ha operado entre una pluralidad creciente de sistemas legales nacionales y globalizadores. Esto ha significado que tanto la Corte Europea de Justicia como los más altos tribunales nacionales han tenido que desarrollar principios para resolver conflictos de leyes entre diferentes sistemas. Dentro de la UE misma, la opinión del Tribunal de Justicia es que si la ley de la UE entra en conflicto con una disposición del derecho nacional, entonces la ley de la UE tiene primacía. En el primer caso importante en 1964, Costa v ENEL, un abogado milanés, y ex accionista de una compañía de energía, llamado Sr. Costa se negó a pagar su cuenta de electricidad a Enel, como protesta contra la nacionalización. Afirmó que la ley de nacionalización italiana estaba en conflicto con el Tratado de Roma, y pidió que se hiciera una referencia tanto al Tribunal Constitucional italiano como al Tribunal de Justicia bajo el artículo 267 de la TFEU. El Tribunal Constitucional italiano dio una opinión de que debido a que <hl> la ley de nacionalización era de 1962, y el tratado estaba en vigor a partir de 1958 , <hl> Costa no tenía ninguna reclamación. Por el contrario, el Tribunal de Justicia sostuvo que, en última instancia, el Tratado de Roma de ninguna manera impidió la nacionalización energética, y en cualquier caso bajo las disposiciones del Tratado, sólo la Comisión podría haber reclamado, no el señor Costa. Sin embargo, en principio, el Sr. Costa tenía derecho a alegar que el Tratado entraba en conflicto con el derecho nacional, y el tribunal tendría el deber de considerar su reclamo de hacer referencia si no habría apelación contra su decisión. El Tribunal de Justicia, repitiendo su opinión en Van Gend en Loos, dijo que los estados miembros "aunque dentro de esferas limitadas, han restringido sus derechos soberanos y creado un cuerpo de ley aplicable tanto a sus nacionales como a sí mismos". La legislación de la UE no "sería anulada por las disposiciones legales internas, sin importar cuán enmarcada... sin que se cuestione la base legal de la propia comunidad". Esto significaba cualquier "acto unilateral posterior" del estado miembro inaplicable. De manera similar, en Amministrazione delle Finanze v Simmenthal SpA, una compañía, Simmenthal SpA, afirmó que una tasa de inspección de salud pública bajo una ley italiana de 1970 para importar carne de Francia a Italia era contraria. De acuerdo con el principio de prioridad del derecho comunitario, dijo el Tribunal de Justicia, las "medidas directamente aplicables de las instituciones" (como el Reglamento en el caso) "hacen que la disposición automáticamente inaplicable a cualquier conflicto nacional". Esto era necesario para evitar que los Estados miembros emprendieran obligaciones de "negación correspondiente" del Tratado incondicionalmente e irrevocablemente "que pudieran" poner en riesgo los cimientos mismos de la "UE". Pero a pesar de las opiniones de la Corte de Justicia, los tribunales nacionales de los Estados miembros no han aceptado el mismo análisis.