derecho administrativo
question: ¿Qué tipo de ley hace que las instituciones de la UE y sus Estados miembros sigan la ley?, context: Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.
¿Qué tipo de ley hace que las instituciones de la UE y sus Estados miembros sigan la ley?
el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley.
Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.
el <hl> derecho administrativo <hl> obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley.
Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, el <hl> derecho administrativo <hl> obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.
Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, <hl> el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. <hl> Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.