1986
question: ¿Durante qué año se dijo que los ciudadanos o las corporaciones no podían presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales?, context: Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.
¿Durante qué año se dijo que los ciudadanos o las corporaciones no podían presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales?
en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales.
Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.
en <hl> 1986 <hl> que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales.
Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo en <hl> 1986 <hl> que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.
Si bien el derecho constitucional se refiere a la estructura de gobernanza de la Unión Europea, el derecho administrativo obliga a las instituciones y los Estados miembros a seguir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "de pie" (locus standi) para presentar reclamaciones contra las instituciones de la UE y otros estados miembros para violar los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o a las corporaciones presentar reclamaciones contra la UE y las instituciones estatales miembros por violación de los Tratados y Reglamentos, si eran debidamente interpretados como derechos. Sin embargo, bajo las directivas, los ciudadanos o las corporaciones se dijo <hl> en 1986 que no se les permitía presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales. <hl> Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la UE donde un gobierno nacional entraba en conflicto, a pesar de que el gobierno del estado miembro podría ser demandado, si impondría una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el "efecto directo" limitan el grado en que los tribunales estatales miembros están obligados a administrar la ley de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden estar sujetas a revisión judicial, y juzgadas por estándares de proporcionalidad, particularmente cuando se comprometen principios generales de derecho o derechos fundamentales. El remedio para un demandante donde ha habido una violación de la ley es a menudo los daños monetarios, pero los tribunales también pueden requerir un desempeño específico o concederán una orden judicial, con el fin de garantizar que la ley sea efectiva.