6 millones
question: ¿Cuánto dinero se le permitió a François reclamar por daños y perjuicios italianos?, context: En cuarto lugar, los tribunales nacionales tienen el deber de interpretar la ley nacional "lo más lejos posible a la luz de la redacción y el propósito de la directiva". Los libros de texto (aunque no el propio Tribunal) a menudo llamaban a este "efecto indirecto". En Marleasing SA v La Comercial SA el Tribunal de Justicia sostuvo que una Corte española tenía que interpretar sus disposiciones generales del Código Civil, en contratos que carecían de causa o defraudarían acreedores, para cumplir con el artículo 11. El Tribunal de Justicia reconoció rápidamente que el deber de interpretación no puede contradecir palabras simples en un estatuto nacional. Pero, en quinto lugar, si un Estado miembro no ha aplicado una Directiva, un ciudadano puede no ser capaz de presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales, pero puede demandar al Estado miembro por no aplicar la ley. Así, en la Italia de François, el gobierno italiano no había establecido un fondo de seguros para que los empleados reclamaran salarios no pagados si sus empleadores se hubieran vuelto insolventes, como requería la Directiva de Protección de Insolvencia. François, el ex empleado de una firma veneciana en bancarrota, se le permitió reclamar 6 millones de liras del gobierno italiano por daños y perjuicios por su pérdida. El Tribunal de Justicia sostuvo que si una Directiva confiere derechos identificables a los individuos, y existe un vínculo causal entre la violación de la UE por parte de un Estado miembro y la pérdida de un demandante, se deben pagar daños. El hecho de que la ley incompatible sea una ley del Parlamento no es una defensa.
¿Cuánto dinero se le permitió a François reclamar por daños y perjuicios italianos?
François, el ex empleado de una firma veneciana en bancarrota, se le permitió reclamar 6 millones de liras del gobierno italiano por daños y perjuicios por su pérdida.
En cuarto lugar, los tribunales nacionales tienen el deber de interpretar la ley nacional "lo más lejos posible a la luz de la redacción y el propósito de la directiva". Los libros de texto (aunque no el propio Tribunal) a menudo llamaban a este "efecto indirecto". En Marleasing SA v La Comercial SA el Tribunal de Justicia sostuvo que una Corte española tenía que interpretar sus disposiciones generales del Código Civil, en contratos que carecían de causa o defraudarían acreedores, para cumplir con el artículo 11. El Tribunal de Justicia reconoció rápidamente que el deber de interpretación no puede contradecir palabras simples en un estatuto nacional. Pero, en quinto lugar, si un Estado miembro no ha aplicado una Directiva, un ciudadano puede no ser capaz de presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales, pero puede demandar al Estado miembro por no aplicar la ley. Así, en la Italia de François, el gobierno italiano no había establecido un fondo de seguros para que los empleados reclamaran salarios no pagados si sus empleadores se hubieran vuelto insolventes, como requería la Directiva de Protección de Insolvencia. François, el ex empleado de una firma veneciana en bancarrota, se le permitió reclamar 6 millones de liras del gobierno italiano por daños y perjuicios por su pérdida. El Tribunal de Justicia sostuvo que si una Directiva confiere derechos identificables a los individuos, y existe un vínculo causal entre la violación de la UE por parte de un Estado miembro y la pérdida de un demandante, se deben pagar daños. El hecho de que la ley incompatible sea una ley del Parlamento no es una defensa.
François, el ex empleado de una firma veneciana en bancarrota, se le permitió reclamar <hl> 6 millones <hl> de liras del gobierno italiano por daños y perjuicios por su pérdida.
En cuarto lugar, los tribunales nacionales tienen el deber de interpretar la ley nacional "lo más lejos posible a la luz de la redacción y el propósito de la directiva". Los libros de texto (aunque no el propio Tribunal) a menudo llamaban a este "efecto indirecto". En Marleasing SA v La Comercial SA el Tribunal de Justicia sostuvo que una Corte española tenía que interpretar sus disposiciones generales del Código Civil, en contratos que carecían de causa o defraudarían acreedores, para cumplir con el artículo 11. El Tribunal de Justicia reconoció rápidamente que el deber de interpretación no puede contradecir palabras simples en un estatuto nacional. Pero, en quinto lugar, si un Estado miembro no ha aplicado una Directiva, un ciudadano puede no ser capaz de presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales, pero puede demandar al Estado miembro por no aplicar la ley. Así, en la Italia de François, el gobierno italiano no había establecido un fondo de seguros para que los empleados reclamaran salarios no pagados si sus empleadores se hubieran vuelto insolventes, como requería la Directiva de Protección de Insolvencia. François, el ex empleado de una firma veneciana en bancarrota, se le permitió reclamar <hl> 6 millones <hl> de liras del gobierno italiano por daños y perjuicios por su pérdida. El Tribunal de Justicia sostuvo que si una Directiva confiere derechos identificables a los individuos, y existe un vínculo causal entre la violación de la UE por parte de un Estado miembro y la pérdida de un demandante, se deben pagar daños. El hecho de que la ley incompatible sea una ley del Parlamento no es una defensa.
En cuarto lugar, los tribunales nacionales tienen el deber de interpretar la ley nacional "lo más lejos posible a la luz de la redacción y el propósito de la directiva". Los libros de texto (aunque no el propio Tribunal) a menudo llamaban a este "efecto indirecto". En Marleasing SA v La Comercial SA el Tribunal de Justicia sostuvo que una Corte española tenía que interpretar sus disposiciones generales del Código Civil, en contratos que carecían de causa o defraudarían acreedores, para cumplir con el artículo 11. El Tribunal de Justicia reconoció rápidamente que el deber de interpretación no puede contradecir palabras simples en un estatuto nacional. Pero, en quinto lugar, si un Estado miembro no ha aplicado una Directiva, un ciudadano puede no ser capaz de presentar reclamaciones contra otros partidos no estatales, pero puede demandar al Estado miembro por no aplicar la ley. Así, en la Italia de François, el gobierno italiano no había establecido un fondo de seguros para que los empleados reclamaran salarios no pagados si sus empleadores se hubieran vuelto insolventes, como requería la Directiva de Protección de Insolvencia. <hl> François, el ex empleado de una firma veneciana en bancarrota, se le permitió reclamar 6 millones de liras del gobierno italiano por daños y perjuicios por su pérdida. <hl> El Tribunal de Justicia sostuvo que si una Directiva confiere derechos identificables a los individuos, y existe un vínculo causal entre la violación de la UE por parte de un Estado miembro y la pérdida de un demandante, se deben pagar daños. El hecho de que la ley incompatible sea una ley del Parlamento no es una defensa.