el tratamiento
question: ¿Qué consideraron innecesarias las autoridades de salud holandesas en Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds?, context: La "libertad para proporcionar servicios" bajo el artículo 56 de la TFEU se aplica a las personas que dan servicios "por remuneración", especialmente la actividad comercial o profesional. Por ejemplo, en Van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfvereniging voor de Metaalnijverheid un abogado holandés que aconsejaba a un cliente en un caso de seguridad social. El Tribunal de Justicia sostuvo que la libertad de proporcionar servicios aplicados, era directamente eficaz, y la regla era probablemente injustificada: Tener un discurso en el Estado miembro sería suficiente para perseguir el objetivo legítimo de una buena administración de justicia. El Tribunal de Justicia ha sostenido que la educación secundaria cae fuera del alcance del artículo 56, porque por lo general el Estado lo financia, aunque la educación superior no lo hace. La atención médica generalmente cuenta como un servicio. En Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds, la señora Geraets-Smits afirmó que debía ser reembolsada por el seguro social holandés por los costos de recibir tratamiento en Alemania. Las autoridades de salud holandesas consideraron que el tratamiento era innecesario, por lo que argumentó que restringía la libertad (de la clínica de salud alemana) para proporcionar servicios. Varios gobiernos presentaron que los servicios hospitalarios no deberían considerarse como económicos, y no deberían caer dentro del artículo 56. Pero el Tribunal de Justicia mantuvo la salud como un "servicio" a pesar de que el gobierno (en lugar del receptor de servicio) pagó por el servicio. Las autoridades nacionales podrían estar justificadas al negarse a reembolsar a los pacientes por servicios médicos en el extranjero si la atención sanitaria recibida en casa no se demoraba indebido, y siguió a la "ciencia médica internacional". El Tribunal requiere que las circunstancias individuales de un paciente justifiquen listas de espera, y esto también es cierto en el contexto del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Aparte de los servicios públicos, otro campo sensible de servicios son aquellos clasificados como ilegales. Josemans v burgemeester van Maastricht sostuvo que la regulación de los Países Bajos del consumo de cannabis, incluyendo las prohibiciones de algunos municipios sobre turistas (pero no ciudadanos holandeses) que van a cafeterías, quedó fuera del artículo 56 en total. La Corte de Justicia razonó que las drogas narcóticas eran controladas en todos los estados miembros, por lo que esto difiere de otros casos en que la prostitución u otra actividad cuasi-legal estaba sujeta a restricciones. Si una actividad cae dentro del artículo 56, una restricción puede ser justificada bajo el artículo 52 o sobre los requisitos de anulación desarrollados por el Tribunal de Justicia. En Alpine Investments BV v Minister van Financiën un negocio que vendía futuros de productos básicos (con Merrill Lynch y otras firmas bancarias) intentó desafiar una ley holandesa que prohibía a los clientes de llamadas en frío. El Tribunal de Justicia sostuvo que la prohibición holandesa persiguió un objetivo legítimo para evitar "desarrollos indeseables en el comercio de valores", incluyendo la protección del consumidor de tácticas agresivas de ventas, manteniendo así la confianza en los mercados holandeses. En Omega Spielhallen GmbH v Bonn un negocio de "Laserdrome" fue prohibido por el consejo de Bonn. Compró servicios falsos de pistolas láser de una firma del Reino Unido llamada Pulsar Ltd, pero los residentes habían protestado contra "jugar a matar" el entretenimiento. El Tribunal de Justicia sostuvo que el valor constitucional alemán de la dignidad humana, que sustentaba la prohibición, sí contaba como una restricción justificada de la libertad para proporcionar servicios. En la Liga Portuguesa de Futebol v Santa Casa da Misericórdia de Lisboa el Tribunal de Justicia también sostuvo que el monopolio estatal sobre el juego, y una pena para una firma de Gibraltar que había vendido servicios de juego. La prohibición fue proporcional ya que esta era una forma apropiada y necesaria de abordar los graves problemas de fraude que surgen en Internet. En la Directiva de Servicios se codificó un grupo de justificaciones en el artículo 16 que se ha desarrollado la jurisprudencia.
¿Qué consideraron innecesarias las autoridades de salud holandesas en Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds?
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La "libertad para proporcionar servicios" bajo el artículo 56 de la TFEU se aplica a las personas que dan servicios "por remuneración", especialmente la actividad comercial o profesional. Por ejemplo, en Van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfvereniging voor de Metaalnijverheid un abogado holandés que aconsejaba a un cliente en un caso de seguridad social. El Tribunal de Justicia sostuvo que la libertad de proporcionar servicios aplicados, era directamente eficaz, y la regla era probablemente injustificada: Tener un discurso en el Estado miembro sería suficiente para perseguir el objetivo legítimo de una buena administración de justicia. El Tribunal de Justicia ha sostenido que la educación secundaria cae fuera del alcance del artículo 56, porque por lo general el Estado lo financia, aunque la educación superior no lo hace. La atención médica generalmente cuenta como un servicio. En Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds, la señora Geraets-Smits afirmó que debía ser reembolsada por el seguro social holandés por los costos de recibir tratamiento en Alemania. Las autoridades de salud holandesas consideraron que el tratamiento era innecesario, por lo que argumentó que restringía la libertad (de la clínica de salud alemana) para proporcionar servicios. Varios gobiernos presentaron que los servicios hospitalarios no deberían considerarse como económicos, y no deberían caer dentro del artículo 56. Pero el Tribunal de Justicia mantuvo la salud como un "servicio" a pesar de que el gobierno (en lugar del receptor de servicio) pagó por el servicio. Las autoridades nacionales podrían estar justificadas al negarse a reembolsar a los pacientes por servicios médicos en el extranjero si la atención sanitaria recibida en casa no se demoraba indebido, y siguió a la "ciencia médica internacional". El Tribunal requiere que las circunstancias individuales de un paciente justifiquen listas de espera, y esto también es cierto en el contexto del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Aparte de los servicios públicos, otro campo sensible de servicios son aquellos clasificados como ilegales. Josemans v burgemeester van Maastricht sostuvo que la regulación de los Países Bajos del consumo de cannabis, incluyendo las prohibiciones de algunos municipios sobre turistas (pero no ciudadanos holandeses) que van a cafeterías, quedó fuera del artículo 56 en total. La Corte de Justicia razonó que las drogas narcóticas eran controladas en todos los estados miembros, por lo que esto difiere de otros casos en que la prostitución u otra actividad cuasi-legal estaba sujeta a restricciones. Si una actividad cae dentro del artículo 56, una restricción puede ser justificada bajo el artículo 52 o sobre los requisitos de anulación desarrollados por el Tribunal de Justicia. En Alpine Investments BV v Minister van Financiën un negocio que vendía futuros de productos básicos (con Merrill Lynch y otras firmas bancarias) intentó desafiar una ley holandesa que prohibía a los clientes de llamadas en frío. El Tribunal de Justicia sostuvo que la prohibición holandesa persiguió un objetivo legítimo para evitar "desarrollos indeseables en el comercio de valores", incluyendo la protección del consumidor de tácticas agresivas de ventas, manteniendo así la confianza en los mercados holandeses. En Omega Spielhallen GmbH v Bonn un negocio de "Laserdrome" fue prohibido por el consejo de Bonn. Compró servicios falsos de pistolas láser de una firma del Reino Unido llamada Pulsar Ltd, pero los residentes habían protestado contra "jugar a matar" el entretenimiento. El Tribunal de Justicia sostuvo que el valor constitucional alemán de la dignidad humana, que sustentaba la prohibición, sí contaba como una restricción justificada de la libertad para proporcionar servicios. En la Liga Portuguesa de Futebol v Santa Casa da Misericórdia de Lisboa el Tribunal de Justicia también sostuvo que el monopolio estatal sobre el juego, y una pena para una firma de Gibraltar que había vendido servicios de juego. La prohibición fue proporcional ya que esta era una forma apropiada y necesaria de abordar los graves problemas de fraude que surgen en Internet. En la Directiva de Servicios se codificó un grupo de justificaciones en el artículo 16 que se ha desarrollado la jurisprudencia.
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La "libertad para proporcionar servicios" bajo el artículo 56 de la TFEU se aplica a las personas que dan servicios "por remuneración", especialmente la actividad comercial o profesional. Por ejemplo, en Van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfvereniging voor de Metaalnijverheid un abogado holandés que aconsejaba a un cliente en un caso de seguridad social. El Tribunal de Justicia sostuvo que la libertad de proporcionar servicios aplicados, era directamente eficaz, y la regla era probablemente injustificada: Tener un discurso en el Estado miembro sería suficiente para perseguir el objetivo legítimo de una buena administración de justicia. El Tribunal de Justicia ha sostenido que la educación secundaria cae fuera del alcance del artículo 56, porque por lo general el Estado lo financia, aunque la educación superior no lo hace. La atención médica generalmente cuenta como un servicio. En Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds, la señora Geraets-Smits afirmó que debía ser reembolsada por el seguro social holandés por los costos de recibir tratamiento en Alemania. Las autoridades de salud holandesas consideraron que <hl> el tratamiento <hl> era innecesario, por lo que argumentó que restringía la libertad (de la clínica de salud alemana) para proporcionar servicios. Varios gobiernos presentaron que los servicios hospitalarios no deberían considerarse como económicos, y no deberían caer dentro del artículo 56. Pero el Tribunal de Justicia mantuvo la salud como un "servicio" a pesar de que el gobierno (en lugar del receptor de servicio) pagó por el servicio. Las autoridades nacionales podrían estar justificadas al negarse a reembolsar a los pacientes por servicios médicos en el extranjero si la atención sanitaria recibida en casa no se demoraba indebido, y siguió a la "ciencia médica internacional". El Tribunal requiere que las circunstancias individuales de un paciente justifiquen listas de espera, y esto también es cierto en el contexto del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Aparte de los servicios públicos, otro campo sensible de servicios son aquellos clasificados como ilegales. Josemans v burgemeester van Maastricht sostuvo que la regulación de los Países Bajos del consumo de cannabis, incluyendo las prohibiciones de algunos municipios sobre turistas (pero no ciudadanos holandeses) que van a cafeterías, quedó fuera del artículo 56 en total. La Corte de Justicia razonó que las drogas narcóticas eran controladas en todos los estados miembros, por lo que esto difiere de otros casos en que la prostitución u otra actividad cuasi-legal estaba sujeta a restricciones. Si una actividad cae dentro del artículo 56, una restricción puede ser justificada bajo el artículo 52 o sobre los requisitos de anulación desarrollados por el Tribunal de Justicia. En Alpine Investments BV v Minister van Financiën un negocio que vendía futuros de productos básicos (con Merrill Lynch y otras firmas bancarias) intentó desafiar una ley holandesa que prohibía a los clientes de llamadas en frío. El Tribunal de Justicia sostuvo que la prohibición holandesa persiguió un objetivo legítimo para evitar "desarrollos indeseables en el comercio de valores", incluyendo la protección del consumidor de tácticas agresivas de ventas, manteniendo así la confianza en los mercados holandeses. En Omega Spielhallen GmbH v Bonn un negocio de "Laserdrome" fue prohibido por el consejo de Bonn. Compró servicios falsos de pistolas láser de una firma del Reino Unido llamada Pulsar Ltd, pero los residentes habían protestado contra "jugar a matar" el entretenimiento. El Tribunal de Justicia sostuvo que el valor constitucional alemán de la dignidad humana, que sustentaba la prohibición, sí contaba como una restricción justificada de la libertad para proporcionar servicios. En la Liga Portuguesa de Futebol v Santa Casa da Misericórdia de Lisboa el Tribunal de Justicia también sostuvo que el monopolio estatal sobre el juego, y una pena para una firma de Gibraltar que había vendido servicios de juego. La prohibición fue proporcional ya que esta era una forma apropiada y necesaria de abordar los graves problemas de fraude que surgen en Internet. En la Directiva de Servicios se codificó un grupo de justificaciones en el artículo 16 que se ha desarrollado la jurisprudencia.
La "libertad para proporcionar servicios" bajo el artículo 56 de la TFEU se aplica a las personas que dan servicios "por remuneración", especialmente la actividad comercial o profesional. Por ejemplo, en Van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfvereniging voor de Metaalnijverheid un abogado holandés que aconsejaba a un cliente en un caso de seguridad social. El Tribunal de Justicia sostuvo que la libertad de proporcionar servicios aplicados, era directamente eficaz, y la regla era probablemente injustificada: Tener un discurso en el Estado miembro sería suficiente para perseguir el objetivo legítimo de una buena administración de justicia. El Tribunal de Justicia ha sostenido que la educación secundaria cae fuera del alcance del artículo 56, porque por lo general el Estado lo financia, aunque la educación superior no lo hace. La atención médica generalmente cuenta como un servicio. En Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds, la señora Geraets-Smits afirmó que debía ser reembolsada por el seguro social holandés por los costos de recibir tratamiento en Alemania. Las autoridades de salud holandesas consideraron <hl> que el tratamiento <hl> era innecesario, por lo que argumentó que restringía la libertad (de la clínica de salud alemana) para proporcionar servicios. Varios gobiernos presentaron que los servicios hospitalarios no deberían considerarse como económicos, y no deberían caer dentro del artículo 56. Pero el Tribunal de Justicia mantuvo la salud como un "servicio" a pesar de que el gobierno (en lugar del receptor de servicio) pagó por el servicio. Las autoridades nacionales podrían estar justificadas al negarse a reembolsar a los pacientes por servicios médicos en el extranjero si la atención sanitaria recibida en casa no se demoraba indebido, y siguió a la "ciencia médica internacional". El Tribunal requiere que las circunstancias individuales de un paciente justifiquen listas de espera, y esto también es cierto en el contexto del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Aparte de los servicios públicos, otro campo sensible de servicios son aquellos clasificados como ilegales. Josemans v burgemeester van Maastricht sostuvo que la regulación de los Países Bajos del consumo de cannabis, incluyendo las prohibiciones de algunos municipios sobre turistas (pero no ciudadanos holandeses) que van a cafeterías, quedó fuera del artículo 56 en total. La Corte de Justicia razonó que las drogas narcóticas eran controladas en todos los estados miembros, por lo que esto difiere de otros casos en que la prostitución u otra actividad cuasi-legal estaba sujeta a restricciones. Si una actividad cae dentro del artículo 56, una restricción puede ser justificada bajo el artículo 52 o sobre los requisitos de anulación desarrollados por el Tribunal de Justicia. En Alpine Investments BV v Minister van Financiën un negocio que vendía futuros de productos básicos (con Merrill Lynch y otras firmas bancarias) intentó desafiar una ley holandesa que prohibía a los clientes de llamadas en frío. El Tribunal de Justicia sostuvo que la prohibición holandesa persiguió un objetivo legítimo para evitar "desarrollos indeseables en el comercio de valores", incluyendo la protección del consumidor de tácticas agresivas de ventas, manteniendo así la confianza en los mercados holandeses. En Omega Spielhallen GmbH v Bonn un negocio de "Laserdrome" fue prohibido por el consejo de Bonn. Compró servicios falsos de pistolas láser de una firma del Reino Unido llamada Pulsar Ltd, pero los residentes habían protestado contra "jugar a matar" el entretenimiento. El Tribunal de Justicia sostuvo que el valor constitucional alemán de la dignidad humana, que sustentaba la prohibición, sí contaba como una restricción justificada de la libertad para proporcionar servicios. En la Liga Portuguesa de Futebol v Santa Casa da Misericórdia de Lisboa el Tribunal de Justicia también sostuvo que el monopolio estatal sobre el juego, y una pena para una firma de Gibraltar que había vendido servicios de juego. La prohibición fue proporcional ya que esta era una forma apropiada y necesaria de abordar los graves problemas de fraude que surgen en Internet. En la Directiva de Servicios se codificó un grupo de justificaciones en el artículo 16 que se ha desarrollado la jurisprudencia.