user: Por último, presidente, le vamos a preguntar acerca de un tema que casi nadie se atreve a señalar públicamente, relacionado con lo que sucede en distintos espacios de incidencia de la llamada sociedad civil. Y quienes exponen esta información siempre pagan un costo, pero con la convicción de que la sociedad tiene derecho a conocer todo lo que sucede y que hay que limpiar para abrir le exponemos lo siguiente: Usted se ha referido reiteradamente a los intereses que están detrás de muchos que se autodenominan defensores de derechos humanos; sin embargo, presidente, este es un terreno ciudadano en donde ninguna autoridad se puede meter y solamente queda la opción de denunciar públicamente sus prácticas cuestionables. Sin embargo, hay otros espacios de participación aparentemente ciudadana que sí cruzan los territorios institucionales que incluyen manejo de recursos públicos por parte de grupos de sociedad civil mediante maquinaciones que no están tan a la vista, pero que cada vez más frecuentemente son utilizados para sacar beneficios por la puerta de atrás de las instituciones públicas. Y en estos espacios sí urge poner orden mediante la actualización de las normas, como la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Periodistas y defensores de Derechos Humanos. Esta ley que está construyéndose la señaló el subsecretario Encinas hace unas reuniones aquí mismo. Nos referimos a varios de los integrantes de distintos órganos ciudadanos contemplados en leyes llamados consejos ciudadanos o consejos consultivos. Sabemos que, para mantener el equilibrio democrático y la transparencia en la mayoría de los casos, sus integrantes son seleccionados por el Poder Legislativo mediante convocatoria pública y entrevistas públicas, incluso televisadas y en tiempo real. Son cargos honoríficos que no reciben sueldo ni pago en especie. Aunque su naturaleza es de coordinación ciudadana, en los hechos son personas civiles que ocupan cargos mediante los que realizan funciones públicas porque determinan el uso de recursos públicos e inciden en la vida pública de la población. Mediante sus facultades, tienen acceso a información confidencial de personas e instituciones, tienen voz y voto en temas y destino de los recursos públicos, que es dinero del pueblo y que impactan en la vida de personas en particular y en la sociedad en general. Teóricamente su función está directamente enfocada en que, bajo los ojos ciudadanos, las autoridades cumplan con sus obligaciones, rindan cuentas y que se construyan mejores política públicas, así tener instituciones fuertes que realmente sirvan, pero paradójicamente estos órganos ciudadanos no rinden cuentas a nadie, no transparentan sus procedimientos, no informan de sus acciones, ni siquiera reportan a quienes integran y presiden los sistemas o mecanismos de los que forman parte, no informan con transparencia a la sociedad que dicen representar, aunado a que por ley cuentan con importantes facultades que sirven para construir o destruir, incluso para presionar a autoridades a cambio de privilegios. Muchas autoridades evitan confrontarse con ellos porque temen que les inicien recursos de quejas o denuncias ante los Órganos Interno de Control o ante las comisiones de derechos humanos, y entonces les dejan hacer y deshacer a su antojo creando así grupos de poder alternos dentro del corazón de las instituciones donde fungen como ‘coyotes’ y ejercen abiertamente el influyentismo y el tráfico de influencias en beneficio personal y de grupo, frecuentemente para impulsar los casos de sus propios despachos de abogados. Con la intención de garantizar principios de independencia y autonomía a estos órganos ciudadanos en la ley, se les ha dejado una manga tan ancha que las personas o grupos oportunistas de mercaderes de los derechos humanos que insertan en ellos a personas que usan las facultades que la ley les confiere para su beneficio sin medida ni supervisión. Dicen, presidente, que, en casa del herrero, azadón de palo. Actualmente, dentro de la misma Segob, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas ni siquiera es elegido mediante convocatoria pública del Poder Legislativo, sino que ellos mismos son juez y parte, porque en el gobierno del expresidente Calderón se les facultó a que sus integrantes sean elegidos por ellos mismos por cuatro años y que se puedan reelegir por otros cuatro, y por eso actualmente algunos que fueron nombrado durante estos sexenios anteriores, algunos por ser recomendados por personajes conservadores, defensores de peluche, como el actual senador sin partido de largo apellido, es que ya tienen en estos cargos ocho años o más, periodos que se desconocen con certeza, ya que se niegan a informar cuándo entraron y así permanecen tomando y ejerciendo atribuciones excesivas, que no solamente se usan para privilegiar a sus amigos o grupos afines, facilitando su incorporación al mecanismo y autorizándoles medidas millonarias, sino que además tienen acceso a la información que se encuentra en los expedientes de las personas beneficiarias y es fácilmente difundida por algunos de ellos fuera del mecanismo, vulnerando así la seguridad de las personas a las que el mecanismo pretende proteger, pero que poco pueden hacer contra estos abusos de poder. Este pasado 30 de octubre, después de dos años de retraso injustificado, se cerró la convocatoria para elegir a algunos integrantes de este consejo consultivo. Aunque la convocatoria la emitió el mecanismo, quienes exclusivamente seleccionarán a los nuevos integrantes son los mismos integrantes del actual consejo. Sin que se conozcan los criterios que emplearan para elegir a los perfiles, actúan como las monarquías que van heredando el título a sus descendientes cortesanos de la misma mata. Aunque actualmente hay algunos integrantes éticos y honestos, no son la mayoría y sus voces son acalladas por los intereses creados. Algunas personas beneficiarias han tenido que solicitar por escrito que no se permita el acceso del consejo consultivo a la información de sus expedientes.  Con estos ejemplos le preguntamos si usted está de acuerdo en que en las leyes se establezca con claridad que todos los órganos ciudadanos que en las dinámicas institucionales tengan voto para determinar el destino de los recursos públicos estén obligados por ley a la transparencia y permanente rendición de cuentas, siempre bajo principios democráticos, siendo seleccionados sus integrantes por convocatoria pública y procedimiento abierto del Poder Legislativo, nunca más siendo jueces y parte, eliminando antidemocráticas prácticas de conclave. Le preguntamos si está de acuerdo en impulsar los cambios a las leyes respectivas y en las nuevas leyes, como esta que señaló el subsecretario Encinas, para puntualizar con claridad y transparencia las facultades de estos órganos ciudadanos y qué opina de esta situación.

assistant: Pues yo apoyo a Alejandro Encinas en todo lo que está llevando a cabo para la defensa de los derechos humanos y también para resolver sobre estos organismos, que de verdad ayuden a proteger a los periodistas, a los luchadores sociales, porque se crearon muchos de estos organismos para simular de que se atendían los graves y grandes problemas nacionales, se fueron creando, ya lo hemos dicho varias veces, no sólo en México, en el mundo. Durante todo el periodo neoliberal, se fueron creando organismos supuestamente autónomos de la sociedad civil para todos, empezando por la actitud de la ONU, que tiene un sinnúmero de estos organismos que no ayudan en nada, son aparatos onerosos, costosísimos, para todo, desde de la defensa del medio ambiente hasta la defensa de los derechos humanos pasando por la lucha contra el racismo, contra la discriminación. Pero son aparatos burocráticos que se fueron creando con las llamadas nuevas políticas públicas, ya lo he dicho varias veces, para que volteáramos a ver hacia eso, con todo un lenguaje nuevo, poco entendible por el pueblo, y que no nos ocupáramos de lo fundamental, que no miráramos que estaban saqueando a nuestros países en beneficio de una minoría rapaz, y se crearon todas estas nuevas políticas públicas. Siempre he dicho que en México el principal problema desde hace siglos ha sido el de la corrupción y cuando más corrupción ha habido en toda la historia fue en el periodo neoliberal, en los 36 años del llamado neoliberalismo, neoporfirismo y no se tocó el tema. Es más, ni siquiera era delito grave la corrupción, porque Salinas modificó el Código Penal y quitó a la corrupción como delito grave. Sin embargo, se crearon organismos para supuestamente combatir la corrupción, como el de la transparencia. Todo esto promovido por la llamada sociedad civil. Y todos estos organismos, supuestamente autónomos, vinculados al conservadurismo, a las minorías, hasta los de derechos humanos. Una gran farsa.  Y vivían del presupuesto público, del dinero del pueblo. Imagínense cuánto se llevaban las organizaciones sociales del presupuesto durante el periodo neoliberal las organizaciones campesinas independientes, independientes entre comillas, las organizaciones de la llamada sociedad civil, las organizaciones supuestamente no gubernamentales. Todavía en el caso de la política en Estados Unidos, cuando les hablamos, les insistimos que hay que apoyar a los países de Centroamérica para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, tienen dos mecanismos de respuestas: Uno es entregarles apoyos a organizaciones de la llamada sociedad civil, que nunca llegan a los beneficiarios, es dinero que se queda en estos aparatos supuestamente independientes. Y el otro mecanismo con el que supuestamente quieren resolver el problema es que lleguen empresas extranjeras a invertir, y que esto va a generar empleos y ya va a cambiar las cosas. Pero, bueno, lo que está sucediendo en México es distinto y se están llevando a cabo estos cambios. No les gusta mucho a los que vivían al amparo de estas políticas de simulación, pero pues ahí vamos poco a poco. Y el hecho de que Alejandro Encinas esté a cargo de estos programas pues es una garantía. Por ejemplo, hay una organización de defensa a los periodistas completamente conservadora, completamente reaccionaria, no actúan con independencia real, con profesionalismo, no, y así muchas organizaciones supuestamente independientes. Pero tenemos que seguir con Encinas buscando que se democraticen todos estos procedimientos y que se vayan protegiendo realmente a los que necesitan apoyo.