user: Gracias. Presidente, buenos días.  Arnoldo Cuéllar, de Guanajuato del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y la Alianza de la Red de Medios de Periodistas de a Pie. En Guanajuato hay un fuerte problema de agua, un problema hídrico importante, como en el resto de los estados del centro del país. Los gobernantes panistas, los alcaldes, suelen echarle la culpa al gobierno federal por la cancelación de El Zapotillo. Sin embargo, quienes estamos en Guanajuato sabemos que esta crisis viene de antiguo; que es, sobre todo, producto de este modelo no sustentable que tenemos de excesiva explotación de agua para una agricultura industrial exportadora y las manufacturas automotrices. Sin embargo, hay un caso emblemático que me gustaría mucho traer aquí esta mañana, porque se vincula mucho con lo que acaba de decir usted. Resulta que un fondo de inversiones de aquí, de México, propiedad de Jerónimo Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Salinas de Gortari, logró un permiso para establecer un centro comercial en León, junto a un humedal, el único humedal urbano de León. La creación de este centro comercial, con edificios de 50 pisos, con una gran infraestructura, va a dañar este humedal, que además le fue entregado por el municipio de León, el anterior alcalde, prácticamente como un patio trasero. Sin embargo, recientemente activistas ambientales y vecinos de la zona lograron un amparo. Aquí un juez federal se portó bien, es el juez 4º de distrito, se llama Ulises Fuentes. Y entonces, emitió una suspensión para que no entrara en actividades este centro comercial, una inversión importante, son cerca de… Ellos hablan de 200 millones de dólares. pero la autoridad municipal no ha acatado el amparo, no ha hecho que paren las actividades y que no funcione el centro comercial. Resulta, entonces, que los gobiernos panistas, que son defensores de la corte, que creen que es un baluarte de la democracia, no le hacen caso a un juez federal. El mejor homenaje que podrían hacer sería hacerle caso al juez federal y no desobedecerlo, Lo cual, desde mi punto de vista, pues evidencia un doble discurso. Y me gustaría mucho conocer su opinión sobre de ello.

assistant: Bueno, que es parte del influyentismo que imperó durante mucho tiempo, todo el periodo neoliberal y que todavía persiste con el amparo de autoridades locales o del Poder Judicial. El caso de la familia Gerard, o de los hermanos Gerard para no involucrar a toda la familia… Y eso, me refiero a ellos porque han estado beneficiándose al amparo del poder público, es algo muy representativo de lo que sucedía. Son cuñados del expresidente Salinas y en los últimos tiempos empezaron a acaparar contratos en todo el gobierno: están metidos en contratos de hospitales, les dieron concesiones para tener hospitales que le rentan, para decirlo así de manera sencilla, al sector Salud del gobierno. Del presupuesto público, ya sea de los estados o de la federación, ellos se deben de estar llevando como dos, tres mil millones al año, de esos convenios de salud. Por ejemplo, tienen contratos de un hospital de Ixtapaluca y otros más; hay que estar pagándoles por eso. Tienen contratos, les dieron concesiones para carreteras. Tenían contratos, por eso el enojo de muchos, en el aeropuerto de Texcoco. Contratos para la explotación de petróleo, bloques de los que entregaron con la privatización del petróleo, con la llamada reforma energética les tocó un bloque; ni siquiera tardaron mucho, lo vendieron, hicieron su agosto. Y en esto que me estás comentando y en muchas otras cosas. Yo pienso que si la autoridad, en el caso de León, no quiere, deberían de ser los dueños los que acataran la resolución del Poder Judicial, o sea, los empresarios.