user: Buenos días, presidente.  Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Hace unos días, quienes están a cargo del INE contrataron con una aseguradora un seguro de gastos médicos mayores. El costo por dos años y unos meses fue prácticamente de 300 millones de pesos. Este tipo de prestaciones ya no se dan en el gobierno federal, pero durante años se proporcionaban y fue algo que indignó mucho a la gente. La justificación del INE fue acusar a quienes dieron a conocer esta información de mentir o de no ser preciso, pues aseguraron que el seguro no sólo es para los funcionarios de alto nivel, sino también para mandos medios, alrededor de tres mil personas, fue lo que indicaron en el INE. ¿Qué le diría a quienes mandan en el INE, que parece ser que no entienden el concepto de austeridad y a quienes hacen críticas en ese sentido los acusan de estar en contra de la democracia?

assistant: Bueno, en efecto, esa era una práctica que se estableció durante el periodo neoliberal o neoporfirista, en el periodo que va de 1983 hasta el 2018. Tiene su explicación, el gobierno en estos 36 años tenía como función principal el facilitar la transferencia, el traslado de bienes nacionales, de bienes de la nación a particulares, lo que se llama privatización, ese era el objetivo principal del gobierno en 36 años. Ya hemos hablado de lo que significa privatizar, está en el diccionario, es hacer lo público, privado, o el transferir o el trasladar lo público a particulares. Entonces, para llevar a cabo esta operación de robo, de saqueo, pues se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para este fin. Ya hemos visto aquí cómo en 34 años, 36, todas las modificaciones de la Constitución tenían como propósito el llevar a la práctica esta política de favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, ya lo hemos visto. Aunque parezca increíble, pero empezaron a decir que era un Estado obeso, que cómo iban a tener en el gobierno fábricas de vehículos, decían, hasta de bicicletas, y cómo iba a tener el Estado bancos y cómo se iban a tener minas, incluso petróleo, gas, reclusorios, agua, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas. Todo eso tenía que entregarse a particulares, y eso fue lo que hicieron. Entonces, para que los funcionarios ayudaran en este atraco, los premiaron otorgándoles sueldos elevadísimos y otras prestaciones, además de que también los incluían en los negocios, porque cuando entregaban empresas o entregaban bancos también entregaban acciones llamadas no nominativas y los políticos se convertían también en socios. Cuando se llevó a cabo el traslado, la entrega de bienes de la nación durante el gobierno de Salinas, hicieron la faramalla que lanzaban convocatorias o había subastas, pero de antemano ya se sabía quiénes se iban a quedar con un banco, quiénes se iban a quedar con una empresa, porque lo decidía Salinas, su hermano Raúl y el entonces secretario de Hacienda, Aspe. Es de dominio público que en la licitación de Teléfonos de México le tocó la empresa a Carlos Slim, se enojó muchísimo Roberto Hernández, y para contentarlo le dieron Banamex; pero cuando licitan Banamex, el que queda en segundo lugar recibe después Bancomer; y cuando licitan Bancomer —porque son muy cuidadosos de la legalidad y de las formas— al que queda en segundo lugar le dan el Banco Internacional; y así, al que queda en segundo en el Banco Internacional le dan Bital. Y les dan bancos a quienes ni siquiera tenían experiencia en el sistema bancario de entonces. Es una anécdota de uno de estos beneficiarios, nuevos ricos vinculados al poder, traficantes de influencia, que dijo: ‘Yo, que soñé siempre con robarme un banco, ahora me entregan uno para mísolito’. Pues para que nadie hablara, todos callaran, medios de comunicación, nadie, al contrario —le llamaban eufemísticamente desincorporación de bienes públicos no estratégicos, cuando era una vil privatización, un vil saqueo—; bueno, entonces tenían que —como se usaba en la época de Porfirio Díaz— tenían que maicearbien a los funcionarios, entonces de ahí los sueldos y las prestaciones, de ahí vienen sueldos elevadísimos, seguros para los altos funcionarios. Hay expresidentes, ojalá y alguno de ellos lo diga, que trabajaron en una empresa, un banco, y terminaron y les dieron una liquidación, su fondo de ahorro. ¿Cómo se constituía ese fondo de ahorro? Si el funcionario ganaba 200 mil pesos al mes, el gobierno le aportaba —mejor dicho, el pueblo— con el presupuesto público, 20 mil pesos al mes, el 10 por ciento, y el funcionario aportaba otros 20 mil, de modo que arroba 40 mil pesos mensuales. Cuando se iban, se llevaban todo ese dinero. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? En ese entonces, alrededor de seis mil millones de pesos al año. Lo segundo, la atención médica especial para altos funcionarios, igual, de seis a ocho mil millones al año del presupuesto, porque los altos funcionarios públicos tenían este seguro especial y podían ir a cualquier hospital privado y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Entonces, cuando llegamos se suspendió todo esto. ¿Cómo? Se hizo valer el artículo 127 de la Constitución para que nadie ganara más que el presidente de la República.  Y pues hasta ahora no hemos comprado vehículos nuevos. Y también se llevó a cabo, se aprobó una ley de austeridad. Porque la otra práctica, el contubernio también se hacía porque los funcionarios se iban a trabajar a las empresas o a los bancos. El mal ejemplo, bueno, lo dio Zedillo, que privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar de asesor a la empresa que se beneficia con el remate de los Ferrocarriles Nacionales, porque acabaron con los trenes de pasajeros. Y luego, Calderón se va a trabajar también a Iberdrola de consejero. Pero así muchos. Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobierno nuestro, al principio, en Conagua, en Cananea. Y no sólo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión.