user: Finalmente, presidente, quiero plantearle dos casos de índole social. El primero tiene que ver con el caso de Thalía, una joven que sufrió quemaduras de tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo por una explosión en su departamento en Matamoros, Tamaulipas; accidente cuyo peritaje arrojó que fue por acumulación de gas, aunque ella utilizaba boiler y estufa eléctricos. Las investigaciones señalaron como fuente cercana de gas una línea de gas natural de la empresa francesa Engie, que tiene presencia en nueve entidades del país, entre ellas Tamaulipas, que es donde se dio justamente esta explosión. El próximo 28 de junio, presidente, se cumple un año, tiempo en que la empresa se ha deslindado totalmente de su responsabilidad para indemnizar a Thalía, quien ha sido sometida a más de 15 cirugías, y cuyo tratamiento pues aún no termina para devolverle un poco la calidad de vida y de salud. Pero también ha sido omisa por la explosión sucedida en enero del 2022 en un Seven Eleven, que dejó como saldo dos jóvenes trabajadores muertos a causa de las quemaduras por la explosión. En ambos casos, presidente, le reitero, los inmuebles no contaban con instalación de gas natural. Para dimensionar este caso quiero comentarle que desde del 2022 se han reportado más de 170 fugas de gas natural de la empresa Engie solamente en Matamoros, pero no todas han sido registradas, digamos, de manera oficial. Y han ocurrido estas dos explosiones de importancia que le comento, dejando, por supuesto, estos daños irreparables. El peritaje de la empresa, bueno, se ha basado en el conflicto de intereses, ya que la propia empresa es la que ha hecho el peritaje y la que ha deslindado su responsabilidad al respecto. Si bien en días pasados, el hermano de Thalía ya se reunió con la secretaria del Medio Ambiente y con directivos de la ASEA, que es un área que obviamente ve este tipo de casos, presidente, yo quiero preguntarle, bueno, por una parte, comentarle que la fiscalía, en la fiscalía no ha avanzado las investigaciones, obviamente de eso depende justamente de proceder a que haya una indemnización a la víctima. Y, por otra parte, preguntarle, sí, bajo qué reglas de inspección se monitorea a este tipo de empresas trasnacionales para que se hagan responsables de estas negligencias, ¿no?, y que se ponga en el centro justamente a las víctimas cuando se dan este tipo de accidentes. Y, también tomando en cuenta, presidente, que esta empresa hace unos días anunció invertirá aproximadamente dos mil millones para ampliar el gasoducto Mayakán en el sureste de México para abastecer dos plantas de la Comisión Federal. Eso, por una parte. Por otra, comentarle también, o traerle a colación un caso que tiene que ver con el ejido José María Pino Suárez, que afecta el patrimonio de 47 familias y que en más de 30 años, o sea, gobiernos han ido y gobiernos han llegado, no se ha podido resolver por una serie de omisiones y de irregularidades jurídicas. Quiero comentarle que en este municipio, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, específicamente en el año de 1991, se emitió por el entonces secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, el título de propiedad, afectando 161 hectáreas de propiedad ejidal. En este caso hay que subrayar, presidente, un punto sumamente importante: que este funcionario no estaba facultado para emitir títulos de propiedad, ya que es facultad exclusiva, o era facultad exclusiva en ese entonces, del presidente de la República, de acuerdo al artículo 75 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías en el cual se fundó dicho título de propiedad. Durante nueve años, bueno, pues se ha llevado un juicio y el Poder Judicial de la Federación que, a través del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún, ordenó se repusiera el procedimiento en lugar de estudiar si el título de propiedad era legal o no. Recogimos, obviamente, testimonios de algunos de los afectados, quienes denuncian que a lo largo de estos años, bueno, pues ha habido desalojos. Incluso hay un caso muy peculiar que llama mucho la atención, presidente: que uno de los 47 dueños de estos terrenos está demandado y cada cierto tiempo tiene que venir a firmar para evitar ser encarcelado. Se supone que en este mes de junio se espera, bueno que se dé alguna resolución; sin embargo, pues los afectados comentan que se dan, digamos, muchas trabas o no se han dado realmente esta situación para resolver y hacen que cambie el magistrado que lleva el caso para que nuevamente inicie la revisión, 90 días, y así han pasado. Entonces, en ese sentido, presidente, en estos dos casos, preguntar a dónde acuden las víctimas, qué es lo que pueden hacer justamente, una, para obtener justicia, justamente, por esta empresa, que puedan ser indemnizada, por esta empresa francesa. Y, por el otro caso, también este juicio ejidal que, en efecto, sí tiene muchos años, pero al final del día está basado en una irregularidad que está a la luz y que al menos al Poder Judicial no lo toma en cuenta.

assistant: Mira, en los dos casos. Le vamos a pedir a Rosa Icela que vea lo del gas, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, desde hoy se va a poner en comunicación con las personas para ayudarles. Sí conocemos a esa empresa, sí se dedica a la distribución y tiene ductos de gas en distintas partes del país y sí firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para llevar el gas a la península. Y hasta les puedo hablar de otra cosa, yo creo que esa es la empresa que se amparó en contra de un decreto que yo promulgué para que no se limitara la generación de energía eléctrica en las presas, y me echaron abajo el decreto, un juez. ¿Cómo se llama este juez famoso?