user: Gracias, presidente. La segunda pregunta tiene que ver con otro caso, y en este caso nosotros le preguntamos sobre la justicia selectiva hacia la gente del pueblo, a las personas comunes, ya que hay muchos ejemplos de sesgos inexplicables en los procedimientos ministeriales. Por ejemplo, en el sensible caso de Abner, el alumno del Colegio Williams, que falleció y derivado de ello hay dos profesores encarcelados, imputados, primero, por el delito de homicidio doloso por el que se les cumplimentó una orden de aprehensión. Hace más de un mes que hemos investigado y entrevistado a decenas de integrantes de la comunidad escolar, servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia, peritos, policías de investigación e incluso jueces para conocer su postura. La mayoría coinciden en que no hay elementos como para que estén en la cárcel. Inclusive en la audiencia del pasado 18 de noviembre, en que se reclasificó el delito a homicidio culposo y aun así no se les permitió continuar el proceso en libertad, muy por el contrario, integrantes de la comunidad escolar señalan que evidencia de acciones que indican la intención o consigna de no dejarlos salir, como el hecho de que el Ministerio Público señala que la profesora Ana no acudió a diversos citatorios, mismos que nunca se notificaron. Incluso la Policía de Investigación nos confirmó que es una práctica común que cuando se quiere cuadrar la prisión justificada entonces se trata de armar una idea de que la persona imputada tiene intenciones de evadirse de la justicia. Y entre las prácticas para orientar la impresión del juez, se acude al domicilio del futuro imputado y se aparenta que se toca, se pega el citatorio en la puerta, se toman fotografías y enseguida se retira el oficio y nunca se enteran en la casa que alguien acudió. Sin embargo, ni siquiera eso sucedió, hay cámaras en el domicilio donde se revela que nadie acudió en el día y el horario que señalan, incluso en estos mismos horarios se comprueba que la profesora estaba siendo entrevista por personal de la SEP dentro del colegio. Hay muchas irregularidades en este caso, ya que se les imputa de homicidio cuando hay reportes médicos que señalan que el niño salió con vida del colegio, tan es así que lo trasladó una ambulancia, cuyo protocolo señala que solamente pueden trasladar a hospitales a personas vida. Además, se autorizó la cremación cuando en los casos en que se presume un delito y se encuentra en curso la investigación está prohibida. Aunado a lo anterior está la conferencia de prensa que el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, lanza frases que los entrevistados consideran tendenciosas, refiriéndose a la profesora Ana como que no le permitió salir de la alberca, cuando la realidad es que el niño realizaba su rutina de instrucción de nado, o que la atención de la maestra no estaba en supervisar al menor que ya se encontraba en el agua, sin decir que había al menos otros cinco o seis niños dentro del agua en el mismo carril de 25 metros de largo y tenía que atender a todos y a quienes la profesora también estaba dando indicaciones. Los padres entregaron una constancia médica donde señalaban que su hijo tenía padecimientos cardiacos, pero que autorizaban la práctica de natación, incluso el padre declara en un programa de televisión que su hijo sabía nadar perfectamente desde años atrás y otro familiar refiere que el niño nadaba en alberca de más de dos metros de profundidad hasta por cinco horas. También familias entrevistadas señalan que los padres podían, mediante solicitud, acudir a las clases de sus hijos, sobre todo cuando estos tenían alguna condición médica vulnerable, agregando que a los profesores detenidos nunca se les comunicó que el niño tuviera alguna enfermedad cardiaca. Las familias entrevistadas no entienden de dónde pudiera proceder este aparente dolo con el que se está actuando contra una maestra de casi 60 años de edad que ha trabajado toda su vida, tiene casi 40 años de ser instructora en alberca olímpica y 28 en el Colegio Williams sin ningún incidente y que trabaja de 7:00 a 5:00 de la tarde y de 6:00 a 9:00 de la noche, una profesora a la que le han escrito más de 100 cartas de solidaridad y apoyo incondicional alumnos y padres de familia. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Es un chivo expiatorio de las autoridades para mostrar una aparente aplicación inflexible de la ley que satisfaga el dolor familiar y social?  Intentando responder, es que investigamos en fuentes abiertas y encontramos un personaje que habla en nombre de la familia de Abner, que ha sido nombrado su abogado defensor y que se ostenta como el abogado del obradorismo, que muestra en sus redes sociales fotografías en compañía de Américo Villarreal, de Layda Sansores, sentado en el podio del Tercer Congreso Nacional de Morena, que señala también que encabezó la Comisión de Abogados del CEN de Morena y como integrante del equipo de coordinación política de Morena, y que en sus tuits personal dice: ‘Nuestra familia no descansará hasta encontrar responsables de esta tragedia, nuestra familia continuará hasta las últimas consecuencias’. Aunque hay documentos de 2018 donde se presenta como representante del PRI, hoy parecer ser morenista. Como usted ha dicho, no se puede señalar a todo un grupo por la conducta de alguno de sus integrantes; sin embargo, este personaje de nombre José Juan Arellano Minero, además de toda esta participación en Morena que difunde en sus redes sociales, es también ahora uno de los 10 abogados de la familia. Y es por este contexto que cientos de familias de la comunidad escolar del Colegio Williams tienen el temor que mediante relaciones personales de este abogado del obradorismo, como él se hace llamar, se pretenda traficar con influencias y sesgar la investigación ministerial para sacrificar a la profesora Ana como chivo expiatorio de un lamentable suceso, en el que ella solamente hacia su trabajo, como lo ha hecho con miles de alumnos en casi 40 años de esfuerzo comprometido y responsable, como lo señalan sus mismos alumnos en las decenas de cartas que le han escrito. La profesora Ana y sus familiares dicen confiar en la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y en la fiscal general Ernestina Godoy; sin embargo, desconocen si algunos de sus subalternos podrían mantener relación con este abogado o alguien más, y está realizando acciones fuera de la ley o con algún sesgo contra la verdad y de los derechos de los profesores detenidos. ¿Es posible, presidente, que nuevamente la secretaria Rosa Icela pueda conocer los procedimientos que se han realizado en este caso para que todos se realice conforme a derecho y la justicia sea una realidad sin sesgos, ni influyentismo, ni chivos expiatorios para ganar reflectores y fama de algunos abogados?

assistant: Sí, también que lo trate Rosa Icela.