user: Buenos días, señor presidente. Son Jéssica Coyotécatl, de Radio Cholollan, radio de uso social indígena de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo México. En enero de 2020 Miguel López Vega, representante comunitario y comunicador indígena de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, fue detenido y encarcelado por tres delitos. Diversas organizaciones y medios lo llamaron ‘el primer preso político de la 4T’, porque estas acusaciones sucedieron en el marco de las manifestaciones de esa comunidad contra el proyecto de desagüe industrial del parque industrial Ciudad Textil, impulsado por el gobierno del estado de Puebla y la Comisión Estatal del Agua, CEAS Puebla. Usted mismo celebró en este espacio que el ambientalista fuera liberado el 29 de enero de 2020. La jueza lo sujeto a proceso por un delito y dictó auto de no vinculación por los delitos mayores. Ayer se realizó la reposición del proceso de Miguel López Vega sobre esos mismos delitos. CEAS Puebla argumentó casi tres años después que no fue notificado de la resolución. En la audiencia de ayer, CEAS Puebla otorgó un perdón absoluto y completo por los delitos de daño a los medios de transporte y obstrucción de la obra pública. La jueza aceptó el perdón, pero el Ministerio Público pidió 10 días más para analizar la solicitud y evaluar posibles medidas de reparación hacia el CEAS. Entonces, la situación de Miguel López Vega sigue incierta por estos dos delitos. Aún más, el tercer delito, daño a las vías de comunicación, continúa sin ser procesado, a pesar de que la misma jueza fijó marzo de 2020 como fecha límite para la investigación complementaria, pues desechó las declaraciones de trabajadores de CEAS por las irregularidades que presentaban. El comunicador está sujeto a medidas cautelares por ese delito, tiene que ir a firmar cada 15 días ya por tres años. Otro comunicador indígena, Alejandro Torres Chocolatl, cubría la protesta y ahora tiene una orden de aprehensión por los mismos delitos que Miguel. En ese contexto, señor presidente, tengo dos preguntas: La primera de ellas, ante la irregularidad del proyecto de desagüe industrial que la fiscalía anticorrupción está investigando y un juzgado federal otorgó amparar a la comunidad de Santa María Zacatepec porque no se hizo la consulta indígena al ser un pueblo náhuatl, además de lo atípico y lento del proceso penal que señala a estos dos comunicadores y ambientalistas que son ampliamente reconocidos por su labor y están acogidos por el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores, ¿no procedería la extinción de la acción penal y completa y definitiva para ambos comunicadores?

assistant: Sí, nada más que tenemos que buscar el acuerdo con el Poder Judicial. Se está logrando en otros casos, se ha ido avanzando y se puede, porque la ley de amnistía que nosotros promulgamos sólo aplica cuando ya hay sentencia, y en estos casos todavía no hay sentencia. Entonces, hay que llegar a acuerdos con el Poder Judicial y con la fiscalía, pero podemos hacerlo. Hoy va a estar, aprovecho para comentarlo, de nuevo informando sobre estos lamentables hechos donde perdieron la vida migrantes en Juárez —algo que nos duele mucho, no nos deja de doler— va a estar informando Rosa Icela, aquí, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y, si te quedas, ella puede ayudar para que se garantice ya la libertad de los comunicadores y que se les quiten los cargos.