user: Gracias presidente. Esteban Durán,  Presidente, el pasado 2 de diciembre en una de sus conferencias usted mencionó que se dotaría de mayores instrumentos a la Condusef, dientes más fuertes para que estos metieran en cintura a todas esas empresas que prestan dinero o que reciben recursos de dudosa procedencia, ya sea por lavado de dinero, etcétera. Esta semana pudimos conocer un caso de la empresa Grupo Iban Wallet, en las cuales varios quejosos, varias personas que han sido defraudadas por este Grupo Iban Wallet tuvieron que cerrar, bloquear la avenida Tlalpan para ser escuchados y de esta manera se resuelva su situación. Es una empresa que esta se sumó a la lista de posibles, igual, empresas como Famsa, como otras más que ya mencionaron, y de las cuales están dedicadas a la defraudación y supuestos lavado de dinero, y de la cual la Fiscalía General de la República ya tiene conocimiento; sin embargo, no ha habido ninguna respuesta a estas personas. Ya Jesús Ramírez tiene dos actas, dos denuncias al respecto de esto, ya se le hizo llegar, pero se espera que haya respuesta en este sentido, y aún ¿cuál es la dotación, las herramientas que le darán a la Condusef para que aplique las medidas restrictivas en este sentido, presidente? Y, en otro caso más, presidente, nos vamos a ahora hasta Quintana Roo, en la que la tragedia sigue siendo utilizada por políticos, por gobernantes, y en este caso me refiero a Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, que, bueno, ¿qué puede hacer la federación para que estos continúen lucrando con esta situación, con el COVID-19, con la pandemia, con los afectados en esta situación y en las que aprovechan las circunstancias para hacer a todas luces varios ilícitos. En este sentido hay contratos en cuestión por 254 millones de pesos asignados de manera directa, es decir, sin que mediara licitación a empresas sin ninguna experiencia recién anotadas en el registro de proveedores de la entidad. El colmo de esto, señor presidente, es que una de ella es que… se registró, perdón, cuando la obra de las carpas COVID ya estaban concluidas como si esto llenara un trámite para cobrar los dineros. Igualmente se hace mención de José Luis Brizuela Guevara, quien presume su cercanía con Carlos Joaquín y este es operador, asesor, prestanombres o guardaespaldas del gobernador, fue el que llevó a Guadalajara a la empresa Iafer, con la que obtuve contrato por 44 millones de pesos por carpas COVID en Chetumal. Su asignación de contrato fue del 15 de julio y registró a la empresa en el padrón de proveedores de la entidad el 4 de septiembre. Pero eso no es todo, presidente. Su esposa Vanesa Lizeth Flores Vargas se registró en el padrón de proveedores el 31 de marzo y días después, a partir de abril, empezó a recibir contratos, seis en total por un monto de 200 millones de pesos se le fue asignado. Están aquí, tengo los contratos, presidente. Si quiere, se los menciono o se los pasó a Jesús, cómo usted lo indique, son los contratos SES-COVID 025-2020 por 17 millones de pesos, SES-COVID 00312020 por tres millones de pesos, SES-COVID 0232020 por 127 millones de pesos, 238 carpas COVID en Cancún y SES-COVID 0082020 por dos millones de pesos, SES-COVID 0552020 por dos millones de pesos y el SES-COVID 0952020 por 58 millones de pesos. Todo esto no se sabía, presidente, debido, se dio a conocer, debido a que no se ha pagado a empresas quintanarroenses subcontratos en las cuales se filtraron correos con los que se dieron a conocer estas denuncias que se realizaron para exigir estos pagos, presidente. Por esta situación Jorge Brizuela alias ‘el Venezolano’, los acusó ante la fiscalía de que amenazas en su contra y desestimó las denuncias, aunque aceptó que se les debe dinero. Estamos ante un caso, presidente, con muchas evidencias de irregularidades que pueden llevar a actos de corrupción. No sé qué se pueda hacer en este sentido, presidente, para evitar que funcionarios, repito, continúen lucrando con la tragedia de millones de afectados. Y tengo otro tema, presidente.

assistant: Bueno, en este caso hay varias formas: Primero, ya se presentó la denuncia pública, lo has hecho aquí. Lo segundo es que se presente la denuncia en la fiscalía general. Y lo tercero es que, ejerciendo su derecho, el gobierno de Quintana Roo responda, porque tienen ellos también el derecho de réplica, que no sea nada más la denuncia y que no tengan posibilidad de explicar, argumentar, defenderse. Entonces, cuando se presente una denuncia aquí que sea del ámbito estatal, también decirles a las autoridades de los estados que aquí está el espacio, si lo desean. Puede ser que nos manden un video aclarando y aquí se transmite, también para que se escuche su punto de vista. Que además de acudir a la autoridad competente, presentar la denuncia formal, que también haya el derecho de réplica, creo que esto es justo para todos, porque si no, se hace la acusación aquí y queda ya la mancha. Entonces, no es este instrumento de información, pues un tribunal, mucho menos para juzgar, para hacer un juicio sumario; entonces, si hay una denuncia que se tenga el derecho de réplica. Y en el caso que estás mencionando, yo creo que lo que procede es: si es inversión federal, si fuese recursos federales, pues corresponde a la Secretaría de la Función Pública, que eso habría que verlo, pero si son recursos del estado tiene que ver con autoridades locales, porque los estados son libres, son soberanos. Y puede ser que, aun siendo un asunto local, sí corresponda a la fiscalía general, en especial a la fiscalía anticorrupción, la fiscalía que tiene ese propósito. Eso es lo que podríamos decirte.