user: El 6 de agosto de 2014, en el estado de Sonora ocurrió el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México: la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado. Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de dos mil millones de pesos iniciales. Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante sólo dos años debido a la falta de recursos. Otras nueve plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad, y sólo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures. Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso, lo cual fue avalado por la Profepa en Sonora al dar por concluidas las medidas correctivas y por Semarnat, al resolver satisfactoriamente sobre el cumplimiento de los programas de remediación. Sin embargo, en 2020 una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reparación y compensación ambiental violentaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas. Es por ello que ordenó emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y uno nuevo en materia de remediación, previo diálogo con los afectados, dejando sin efectos el convenio de extinción del Fideicomiso Río Sonora.  A pesar de ello, Grupo México ha emprendido una estrategia de dilación para el cumplimiento de su responsabilidad ambiental en el río Sonora, ya que la operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. Ha sido omiso ante las solicitudes de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por el convenio de extinción del mismo. Además, no ha presentado una propuesta de programa de remediación; por el contrario, impugnó, mediante un juicio de nulidad, un nuevo resolutivo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, que concluye que no se alcanzaron los niveles de remediación. Han pasado 10 años de ese gran desastre y los pobladores de la cuenca del río Sonora exigen justicia.  El 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, conformado por cinco ejes, entre ellos el de salud ambiental y derecho al agua. A partir de ello y ante la demanda de la población afectada, que se integró en comités de cuenca, la Semarnat a través del IMTA y el INECC elaboró el dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora, estudio integral que da cuenta de la presencia actual de contaminación, no sólo en suelo, sino también en agua, aire, flora y fauna, el cual se publicó y se presentó al pueblo de México el 28 de septiembre de 2023. Un esfuerzo del Gobierno de México para generar evidencia técnico-científica y garantizar el derecho a un ambiente sano para las comunidades a lo largo de los más de 400 kilómetros de río.  Entre sus resultados demuestra que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo muestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014.  En el caso de la presencia de metales en agua superficial, estos rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable. Además, la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona. Se presentan resultados relacionados con daños en artrópodos y específicamente polinizadores, que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y el polígono de la mina. De las 10 plantas potabilizadoras que Grupo México se había comprometido instalar, el Gobierno de México acordó la rehabilitación de seis fijas, y con apoyo del IMTA preparó los términos de referencia para los proyectos ejecutivos para la construcción de cuatro plantas nuevas, en Huepac, Aconchi, Baviácora y Arizpe, por parte del estado de Sonora, que también asumió el compromiso de pagar la energía eléctrica y su operación durante un año. Las seis plantas rehabilitadas, gracias a la colaboración de la Comisión Estatal del Agua de Sonora y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, son las de Mazocahui, La Capilla, Banamichi, San Felipe de Jesús, Bacanuchi y San Rafael de Ures. La primera planta en funcionar fue la de San Rafael de Ures, a cargo del IMTA, e inició actividades el 1º de abril del 2023 bajo la operación de la comunidad previamente capacitada por dicho instituto. La rehabilitación de las otras cinco plantas fue responsabilidad del gobierno de Sonora y comenzaron funciones en los primeros meses de 2024. La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente. El gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora y continuará el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región. (FINALIZA VIDEO)

assistant: Bueno, pues eso es lo que…  ¿Tú quieres? Sí.