system: Instalación. Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a DDHH 1965-1990

system: Preside esta reunión, Instalación de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia por violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan: La gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, maestra María Eugenia Campos Galván. Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. Secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.  Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez.  Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Comisionada nacional de los Derechos Humanos, licenciada María Rosario Ibarra Piedra. Coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, licenciado Jesús Ramírez Cuevas. Representante de las personas comisionadas expertas, Abel Barrera Hernández.  Representante de familiares víctimas y sobrevivientes, Tita Radilla Pacheco.  Presidente municipal de Chihuahua, el licenciado Marco Antonio Bonilla Mendoza. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, maestra María Campos Galván.

other: Muy buenos días. Saludo al presídium, ya fue debidamente presentado, y agradezco de nuevo de forma muy honesta la compañía del señor presidente que, como se lo dije hace unos momentos, es un gusto tenerlo por estas tierras, por Chihuahua, que es también por supuesto su casa. Agradezco al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, al licenciado Alejandro Encinas. Su trabajo y trayectoria lo precede. Todo mi respeto y admiración por hacer que esta comisión sea posible, pero sobre todo por ofrecer esperanza a tantas familias que continúa en la búsqueda, en esta búsqueda tan leal, tan noble de justicia para sus seres queridos. Para Chihuahua es un gran honor el poder ser escenario de la celebración de la conmemoración internacional del reconocimiento de los derechos humanos. Y no hay forma más honesta de conmemorar este acontecimiento que impulsando estas acciones encaminadas a restablecer el daño a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Un día como hoy, pero de 1948, el mundo reconocía la gran importancia de dar fundamento a la dignidad intrínseca de toda persona y ponerla por encima de cualquier conflicto o división. La segunda guerra, entonces, lastimó profundamente a la humanidad y entregó importantes lecciones para todos los tomadores de decisiones. Este episodio sigue representando un recordatorio de que la tecnología y el desarrollo también pueden ser utilizados para lastimar, causar dolor y asesinar. Esta conmemoración, más allá de una celebración, es un recordatorio de que la confrontación, el odio y el prejuicio siempre serán un camino equivocado. La guerra sucia comprende un periodo especialmente complejo y doloroso en la historia política de México, como nunca antes se utilizó el aparato gubernamental con toda su fuerza para reprimir los destellos de oposición generados desde la esperanza de algunos para tener un futuro mejor. Nada más cruel y nada más injusto. Nada puede justificar los crímenes cometidos por Estado en aquel tiempo. Todo el dolor generado por aquellas acciones lamentablemente es irreparable; sin embargo, lo que sí es posible es el reconocimiento y exposición de la verdad, y sobre todo prometernos que nunca, nunca más dejaremos que esto vuelva a suceder.  Una verdad que le dará justicia a las víctimas y familiares de víctimas, pero que además sentará las bases para la construcción de instituciones más sólidas, de instituciones que utilicen sus capacidades para el reforzamiento de la democracia y la libertad, y nunca, nunca más para la represión y el autoritarismo. Celebramos la conformación de comisiones encargadas de dar justicia a nuestra historia, como ya se hizo sobre el caso de Ayotzinapa, el pueblo triqui y como lo haremos ahora en este complejo periodo. A los familiares de víctimas, particularmente de las víctimas chihuahuenses, les digo: Reconozco, reconocemos que la historia de nuestro estado también está llena de dolor que debemos reparar, como el ocasionado por las represalias excesivas de las que fueron víctimas aquellos jóvenes sensibles que en 1965 asaltaron el cuartel de Madera y como tantos otros en este obscuro periodo de nuestro país. Para todos estos casos expresamos la entera disposición de las instituciones estatales y el compromiso propio, de una servidora, para colaborar con esta comisión y que accedan, se pueda acceder a esta verdad a través de los registros, a través de los expedientes, a través de los inmuebles y de la información necesaria para el esclarecimiento de la verdad. Esa información, esos expedientes, esos inmuebles que les habían sido negados y se habían mantenido cerrados, hoy tienen el compromiso de parte de una servidora y del gobierno del estado que serán abiertos para que conozcamos, todas y todos, la verdad. Enhorabuena al señor presidente por esta iniciativa y gracias a ustedes y a todos los funcionarios del gobierno federal por estar aquí presentes. Y siempre serán bienvenidos en esta tierra, tierra de ideales y tierra de lucha por la cual estaremos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Sean ustedes bienvenidos.

system: Pedimos la palabra del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez.

other: Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con su autorización, señor presidente de la República. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad que nos brinda la ciudadana gobernadora del estado de Chihuahua, en particular en este día tan importante, el Día Internacional de los Derechos Humanos y en este lugar tan significativo para la historia de nuestro país. Aquí, a nuestras espaldas, fue sentenciado, ejecutado y decapitado el primer defensor de los derechos humanos de nuestro país, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien abolió la esclavitud en México y demandó la igualdad entre todas las personas en nuestro país. Quiero agradecer por supuesto la presencia de los integrantes de la Comisión de la Verdad, los representantes de las familias de las víctimas, los sobrevivientes que, quienes, sin lugar a dudas, con su esfuerzo y su tenacidad han sido la pieza clave para la conformación de esta Comisión de la Verdad. Agradecer la presencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, con quien seguramente en estos temas seguiremos caminando con mucho esfuerzo y enjundia con toda la información que nos pueda proporcionar. Y por supuesto agradecer la presencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina. Y de manera muy especial la presencia de Tita Radilla. Sin duda, es un ejemplo y alguien que nos merece todo el reconocimiento por la lucha emprendida durante muchos años donde más allá de su tragedia personal ha defendido y encauzado una causa por la que luchan muchas y muchos mexicanos. De acuerdo con el decreto presidencial publicado el pasado 6 de octubre, el día de hoy instalamos la Comisión presidencial para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia para las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre los años de 1965 a 1990, dando cumplimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar, como él mismo lo ha declarado, lo cito, ‘que nunca jamás debamos de optar por el autoritarismo, por la represión, que siempre tengamos que ser respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, del derecho a disentir, de la pluralidad, de no usar la fuerza, mucho menos la tortura, la desaparición o el asesinato de opositores’. Borrar eso por completo, esa historia negra que tenemos que superar en una etapa nueva, en un proceso de transformación que se está llevando a cabo en el país. La movilización social que se manifestó entre los años de 1960 y 1990 enfrentó una violencia insurgente del Estado que se manifestó de diversas fondas: estigmatización social de la protesta, detenciones arbitrarias, prisión política, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales.  Las violencias del Estado no sólo fueron dirigidas en contra de los movimientos armados registrados durante esos años, sino contra toda expresión de inconformidad social y disidencia política, contra organizaciones sindicales, movimientos campesinos, organizaciones populares, comunidades indígenas, partidos políticos, la mayoría de ellos proscritos en aquel entonces, y contra todas las expresiones contraculturales de la época, contra jóvenes, estudiantes, las personas de la diversidad sexual. Esta violencia siguió patrones claramente distinguibles que la diferencia entre otros procesos de violencia en las décadas posteriores y sobre el cual los gobiernos anteriores no quisieron encarar esta parte de nuestra historia reciente, ni asumieron públicamente la deuda social que esta violencia dejó. Durante muchos años las graves violaciones a derechos humanos cometidas en estos procesos fueron sistemáticamente negadas. A las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas, no sólo se les negó el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra, sino también se les negó el reconocimiento de sus memorias, de sus historias y pretendieron ser sometidas al olvido y a la estigmatización institucional. Esta deuda histórica con las víctimas y con la sociedad mexicana mantiene una herida abierta que requiere de una respuesta clara por parte del Estado mexicano que permita una investigación para el esclarecimiento histórico de estos hechos a fin de contribuir a brindar acceso a la justicia, fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas y que se implementen las acciones pertinentes de reparación integral y garantías de no repetición. Se trata de dar pasos firmes hacia la verdad y la justicia e iniciar diversos procesos que permitan la reconciliación entre las mexicanas y los mexicanos con su pasado reciente. La comisión que hoy instalamos fue diseñada junto con los colectivos familiares y víctimas y con la opinión de expertos en la materia a fin de contribuir a la consolidación de un nuevo régimen democrático, estableciendo garantías para no repetición de los hechos. Para cumplir con este objetivo, la comisión contará con cinco instrumentos fundamentales:  Un mecanismo de esclarecimiento encabezado por un grupo de personas expertas independientes. Un comité de impulso a la justicia. Un programa especial de búsqueda de las personas desaparecidas durante este periodo histórico. Un programa especial de reparación y compensación. Y la construcción de un centro nacional de memoria. Estos mecanismos tendrán acceso a todos los archivos de la Administración Pública Federal, de la Secretaría de Gobernación, del Estado Mayor Presidencial, de la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad, así como los lugares civiles o militares donde presuntamente se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está integrado por cinco expertos que fueron resultado de un proceso público de consulta y con el mayor consenso posible. Este proceso fue acompañado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por representantes de las víctimas, en particular por Alicia de los Ríos. Los integrantes de este mecanismo son Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández, Aleida García Aguirre, de Chihuahua por supuesto, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, quienes serán los responsables y encabezarán todos los trabajos que nos permitan el esclarecimiento histórico de estos hechos. El Comité de Impulso a la Justicia —que no es un asunto menor, hay que tener en cuenta que hay alrededor de 250 averiguaciones previas abiertas en la Fiscalía General de la República que tienen que continuarse y abrirse nuevas líneas de investigación— estará integrado por Ángela Buitrago, que nos sigue a la distancia, por Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. El grupo de trabajo en materia de memoria está conformado por Carlos Ruiz Abreu, titular del Archivo General de la Nación; Gabriela Pulido, de Memórica; y por Fritz Glockner, que en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estamos trabajando ya en la instalación del Centro Nacional de Memoria para los Derechos Humanos que, de inicio, como me comentaba hace un momento Carlos Ruiz Abreu, tiene por delante la sistematización de cinco millones de fichas, de 10 mil cajas de archivo y de cerca de 180 millones de fojas, de lo que implican los archivos en estos momentos que ya obran en el Archivo General de la Nación. El programa especial de búsqueda estará bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda con Karla Quintana y con Javier Yankelevich, que ha venido ya trabajando en toda la metodología para las búsquedas de larga data. Y el programa especial de reparación y compensación estará bajo la coordinación de la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, Martha Yuridia Rodríguez Estrada que el día de ayer fue ratificada por el Senado de la República en su nombramiento y que nos da mucho gusto, porque no solamente habrá rumbo en la comisión, sino que en este ámbito de trabajo encontraremos, sin lugar a  dudas, espacios comunes para construir una nueva institucionalidad en atención a las víctimas y la reparación de los daños hechos. Como lo establece el decreto presidencial, los resultados de los trabajos realizados por estos mecanismos deberán darse a conocer a más tarde el 30 de septiembre de 2024. Se ha fijado un periodo histórico claramente definido, 1965 a 1990, que corresponde con los modos, los modelos de intervención que efectuó el Estado mexicano para perseguir y reprimir a los opositores, y el periodo de conclusión del 30 de septiembre, en el ánimo de dar respuesta, de no ir postergando una definición del Estado. Estamos convencidos que es una oportunidad muy importante que no vamos a desperdiciar y que rendiremos cuentas, buenas cuentas a las víctimas, a los sobrevivientes y a toda la sociedad mexicana para cerrar esta herida abierta que todavía marca la historia de nuestro país. Muchísimas gracias.

system: Procedemos con las palabras del representante de las personas comisionadas expertas, Abel Barrera Hernández.

other: Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Autoridades municipales, estatales y federales. Colectivos de víctimas sobrevivientes y familiares. Muy buenos días. Hoy estamos reunidos en esta histórica ciudad de Chihuahua, un lugar que conocemos porque las articulaciones represivas contra insurgentes y las violencias estatales encontraron un terreno fértil. También conocemos este estado por las luchas del pasado y del presente que han surcado su majestuosa serranía para defender la dignidad humana. Estas tercas y dignas luchas nos reciben hoy y nos sentimos honrados y cobijados.  Hablo en nombre de los cinco compañeros y compañeras del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico e impulso a la justicia de violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990. Somos un órgano colegiado, que es resultado de un proceso de selección en el que participaron la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, así como representantes de los colectivos de familiares de personas detenidas, desaparecidas y de sobrevivientes de la contrainsurgencia del pasado reciente.  Si bien nuestro trabajo no está aislado del realizado por el resto de los mecanismos que comprende la comisión, nuestra responsabilidad primara es investigar con independencia, imparcialidad y competencia las violaciones graves a derechos humanos cometidas en la segunda mitad del siglo XX en México. Ese es el mandato por el que fuimos seleccionados y ese es el mandato que hoy ante ustedes refrendamos y nos comprometemos a cumplir. Celebramos la creación de la comisión en su conjunto, reconocemos la decisión del presidente de la República de publicar el decreto que creó la comisión, así como la compleja tarea de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración por organizar, coordinar y dirigir estos trabajos. Somos parte de una larguísima lucha, de una travesía en la búsqueda por avanzar hacia el esclarecimiento histórico. Ustedes son parte de esta historia, de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en el periodo conocido como la guerra sucia. No somos los primeros ni seremos los últimos en participar en este camino, muchos, muchas se quedaron en el intento. Somos parte de una historia de encuentros y desencuentros, de esfuerzos institucionales y no institucionales, otros fueron esfuerzos anónimos locales, solitarios, pero siempre pujantes. Pero sobre todo estamos aquí como resultado de décadas de luchas, de sufrimientos, de dolores, de colectivos, de familias víctimas, sobrevivientes e individuos que han buscado en todo momento y en todo el país verdad, justicia y reparación. A ellos, a ellas, a ustedes, nuestro trabajo y nuestra presencia en este estado grandioso que en esta mañana nos honra. Por ello, sus testimonios, sus historias de vida de sus familiares, de sus luchas y búsquedas serán siempre privilegiadas, así como también daremos prioridad a que exista una comunicación fluida y acertiva con todos y todas ustedes. Nuestra comisión se proyecta tanto en el pasado como hacia al futuro. ¿Qué significa esto? Que desde nuestra perspectiva no es posible realizar la tarea de esclarecimiento histórico sin perder de vista la situación de violencia que continúa sacudiendo a nuestro país todos los días. Si bien, es posible diferenciar entre algunas características y móviles de las violencias del pasado y las del presente, es imposible no ver cómo la impunidad del pasado continúa permitiendo la impunidad del presente. Es inevitable que las víctimas de violaciones a los derechos humanos de hoy vean reflejadas sus demandas por justicia en las luchas que desde hace décadas han sostenido muchas de las personas sobrevivientes y colectivos aquí reunidos y reunidas. En esa medida nuestro trabajo tiene también el compromiso por establecer una cultura de los derechos humanos para el México del presente, ese es nuestro sueño. El reto que tenemos es mayúsculo. Es evidente que el Estado mexicano ha experimentado diversos cambios desde la década de los 70; sin embargo, también es claro que muchas de las estructuras y enclaves autoritarios de aquellos años siguen vigentes e impondrán obstáculos importantes para nuestra tarea. Es por eso que saludamos y reconocemos el compromiso del presidente de la República de promover que todas las instituciones federales sean partícipes de este ejercicio de transparencia y de verdad. Es inédito, es de celebrar. En particular, aplaudimos la decisión de impulsar el acceso y consulta de los repositorios de los archivos de seguridad del Estado y documentos históricos de todas las instituciones que en su momento hayan coordinado, permitido o avalado graves violaciones a los derechos humanos. El acceso a los archivos, algunos de los cuales han permanecido en la penumbra durante décadas, es piedra fundamental que realizará nuestra investigación y para el trabajo de la comisión en su conjunto. Es alentador y una buena señal la presencia en este presídium del secretario de la Defensa Nacional y del secretario de Marina. La presencia significa compromiso y realmente interés de colaborar en esta dirección. En el mismo sentido esperamos que se cumpla la promesa de garantizar el acceso libre a las instituciones de la Administración Pública Federal, civiles o militares, donde exista la presunción de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta continúa siendo una asignatura pendiente con el pueblo de México. Se trata además de una demanda histórica de las víctimas de violencia estatal que nosotros, nosotras, queremos hacer valer. Los trabajos de la comisión en general y el mecanismo de esclarecimiento histórico al que pertenecemos terminará en septiembre del 2024. El informe final que por entonces integraremos y entregaremos al presidente de la República, a autoridades federales, a las víctimas, a los familiares, a las personas sobrevivientes y al pueblo de México no deberá ser, sin embargo, el punto final de nuestro esfuerzo conjunto por verdad y justicia. Pretendemos que el punto final de nuestro informe y de nuestra participación en la comisión sea más bien el punto de partida para el nacimiento de una política de Estado, el punto de quiebre, de compromiso de garantías de no repetición y el florecimiento de una cultura de derechos humanos, pretendemos también que este informe sea parte de un proceso de justicia, de reparación a las víctimas y de esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas. Con ese fin trabajaremos con ahínco, de manera colegiada, incansable, independiente, solidaria y con toda nuestra fuerza y pasión. Tengan la seguridad que no fallaremos. Comprendemos la dimensión histórica de nuestro trabajo y honraremos la memoria de los caídos y silenciados. Sabemos el enorme reto que tenemos de ser un instrumento eficaz para el esclarecimiento histórico de las décadas sombrías del México adolorido. Muchas gracias.

system: A continuación, pedimos la intervención de la representante de familiares víctimas y sobrevivientes, Tita Radilla Pacheco.

other: Muy buenos días a todas y todos. Con el permiso del presídium. Soy Tita Radilla Martínez, no Pacheco, hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido, desaparecido, el 25 de agosto de 1974 en la carretera México-Acapulco, en un retén militar. Hoy tengo la voz por elección de los colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes, lo que valoro y agradezco. Chihuahua, Chihuahua, a 10 de diciembre de 2021. Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Comisionados y comisionadas para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 por el Estado mexicano.  Funcionarios federales integrantes de la comisión. Personas invitadas especiales. Colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de diferentes lugares del país. Compañeros y compañeras presentes. En este lugar la reacción virreinal asesinó a Miguel Hidalgo el 30 de julio de 1811. Muchos años después de la guerra de Independencia y de una revolución contra la tiranía, el gobernador Giner Durán, después de la ejecución de los insurgentes, del Grupo Popular Guerrillero en Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965 ordenó: ‘¿Querían tierra? Échenles tierra hasta que se harten’. El 15 de enero de 1972, el gobernador Oscar Flores Sánchez conoció de la ejecución de tres jóvenes insurgentes cuando ya se encontraban aprehendidos en las oficinas de la policía judicial de esta ciudad. No investigó de manera seria ni responsabilizó a uno solo de sus subordinados por las ejecuciones extrajudiciales. Fue el mismo Flores Sánchez quien en 1979, como procurador general de la República, negó que nuestros familiares habían sido desaparecidos sistemática y forzadamente por el Estado mexicano. Su entonces secretario particular, Fernando Baeza Meléndez, también gobernó desde este edificio en 1986 y hasta la fecha no ha declarado nada sobre las violaciones graves de derechos humanos que conoció en su paso por la procuraduría. Hace un par de meses, en septiembre del 2021, la fracción panista en el congreso estatal se negó a rendir homenaje a los compañeros caídos el 23 de septiembre de 1965. La cancelación de la historia subterránea y negada, la de hombres y mujeres protagonistas que hoy nos convocan, nos alerta a pensar que la reacción sigue gobernando desde este estado. Historias similares se repiten en diversos estados, en donde múltiples comunidades se organizaron para resistir el autoritarismo del régimen priista. Tal es el caso de lugares emblemáticos como Atoyac de Álvarez en Guerrero, que sufrieron ofensivas militares sin precedentes. Hoy, 10 de diciembre, en el aniversario 73 de la declaración universal de los derechos humanos, para nosotros es claro que este acto protocolario no debió suceder nunca. El periodo de terrorismo de Estado no debió recordarse como parte del pasado reciente. Nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, parejas, hijas e hijos, es decir, nuestras personas amadas no debieron ser desaparecidos, ejecutados ni torturados. La represión desplegada en contra de comunidades de familias, de organizaciones e individuos opositores políticos o no, debió detenerse de manera inmediata e investigada desde hace décadas. Desde 1964 hasta 1994, seis presidentes de la República, junto con su funcionariado civil y militar, violaron el Estado de derecho que dijeron defender y desplegaron un terrorismo de Estado con el uso de recursos públicos, económicos, materiales y humanos, inmuebles estatales y privados fueron utilizados como cárceles clandestinas desde 1965 hasta 2018, nueve mandatarios nacionales ordenaron la simulación sobre la investigación y el castigo a los responsables; asimismo, se han negado a reparar individual, colectiva e integralmente a las víctimas y sus familiares por los daños morales y materiales sufridos.  En este país se prohibió hablar de nuestra historia, no se garantizó que las graves violaciones jamás se repitieran y convirtieron a esta nación en un país de fosas y de personas ausentes. Sabemos que cualquier acción contrainsurgente involucró al Poder Judicial federal y locales, cuyos operadores, sin recato alguno, violaron el debido proceso, jueces y magistrados negaron como pruebas las huellas de las torturas infringidas en las personas procesadas, iniciaron procesos y dictaron sentencias basándose en confesiones arrancadas bajo tortura. Conocemos de sobrevivientes que permanecieron hasta siete años en prisión política sin sentencia de por medio. Esta Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 no es un favor ni una concesión para las familias y los colectivos reunidos en esta ocasión, es una obligación no cumplida por más de 50 años, es una deuda con 95 mil hogares que sufren ausencias de manera forzada, debido a que la impunidad se extendió como virus a todos los rincones del país. Hoy, desde esta tierra herida por los feminicidios, los juvenicidios y las desapariciones forzadas, reconocemos que nuestras historias de búsqueda y denuncia colectiva han sido escuchadas y retomadas por el presidente López Obrador. Señor presidente. Personas comisionadas. Funcionarios que integran esta comisión: Sepan ustedes que estamos conscientes de que hoy inicia un proceso esperanzador, pese a la desolada crisis humanitaria que atravesamos. Por ello, de cara a la nación demandamos gestiones y estrategias contundentes. Comisionadas y comisionados: Ustedes conforman un consejo de personas expertas y comprometidas cuyo propósito principal es esclarecer el paradero de nuestras familias, de nuestros familiares y compañeros. Apelando al profesionalismo, autonomía e independencia, solicitamos que el propósito de su función no se limite a elaborar un informe histórico ni se convierta en un mero ejercicio académico, que de esos ya hay muchos y no necesariamente contribuyen a esta causa de las familias. Por ello, le solicitamos al señor presidente que se proporcione todo recurso necesario material y humano que posibilite la tarea titánica de esta comisión y que sea la investigación histórica la que nutra constantemente los planes de trabajo en materia de justicia, búsqueda y reparación. Hoy reiteramos de nueva cuenta: los archivos y las instalaciones militares en cuyas entrañas desaparecieron la mayoría de nuestros familiares y compañeros deben ser abiertos. Que nunca más un militar genocida escape de la investigación ministerial y la justicia civil, como Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Solicitamos que de la mano de los juristas que hoy se integran a las tareas de acceso a la justicia centren su mirada en los victimarios y comprueben su responsabilidad, comprometan a la Fiscalía General de la República a hacer adecuadamente su mandato de investigación y consignación, reorganicen la lógica de investigación para que funcione, no permitan que transcurran 20 años más para consignar a las personas responsables, no nos obliguen ya a acudir a instancias internacionales ni nos desgasten en amparos para que una diligencia pueda realizarse. Hacemos un llamado amplio para que las autoridades presentes autoricen el presupuesto necesario para recorrer este país buscando a los nuestros. No ahorren en diligencias que debieron realizarse décadas atrás. No son posibles las pesquisas desde los escritorios, sin personal forense especializado, sin la tecnología necesaria y sin la presencia de las familias y sobrevivientes. No se nos juzgue porque demandamos una reparación integral del daño acorde a los más altos estándares internacionales. En el plan de reparaciones se refleja la acumulación de generaciones creadas en orfandad, prisión política, exilio e indiferencia del Estado mexicano. Solicitamos lo proporcional a la gravedad de las miles de violaciones graves de derechos humanos. Ni nada más, pero nada menos. Los sobrevivientes, las familias, somos sujetos, no cosas ni tragedias acumuladas. Esperamos que la dignidad de estas comunidades prevalezca en la realización de los trabajos previstos.  A lo largo de 50 años experimentamos el desprecio, el azote de puertas, el bostezo, la burla, la simulación, la inactividad y un largo etcétera de las peores prácticas gubernamentales.  Comisionadas, comisionados: Cambien la historia de lo que parecerá ser nuestro destino, busquen resultados como si cada caso, cada testimonio, cada expediente, fuera sobre un familiar suyo: una mamá, un papá, una hermana, un hermano, un hijo, una tía, un compañero. En los próximos minutos en que se instalará formalmente esta comisión imaginen que desde nuestros lugares de origen viajaron con nosotras y hoy están presentes nuestros familiares desaparecidos, torturados, ejecutados. Traemos con nosotros a nuestras comunidades desechas, arrasadas y bombardeadas en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Estado de México y Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán y Chihuahua. Este edificio hoy se dignifica con la evocación del Hidalgo insurrecto, con la de los maestros normalistas, rurales, de la juventud insurgentes, de las doñas que los buscaron y los que siguen buscándoles. En ustedes confiamos y, si no, que la patria se los demande. Asamblea de colectivos de familiares y sobrevivientes de terrorismo de Estado en la historia presente de nuestro país. Gracias.

system: Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.