Article 4 
Definición de «industria de la Comunidad» 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «industria de la Comunidad» el conjunto de los productores comunitarios capaces de producir un buque similar en sus instalaciones actuales o que pueden adaptarlas rápidamente para producir un buque similar, o aquéllos de entre ellos cuya capacidad conjunta de producir un buque similar constituya una proporción importante de la capacidad comunitaria total para producir un buque similar, tal como se define en el apartado 6 del artículo 5. No obstante, cuando los productores estén vinculados al constructor naval, a los exportadores o a los compradores o sean ellos mismos compradores del buque supuestamente objeto de una práctica perjudicial en materia de precios, la expresión «industria de la Comunidad» podrá entenderse como referida al resto de los productores. 2. A efectos del apartado 1, se considerará que los productores están vinculados al constructor naval, a los exportadores o a los compradores cuando: a) uno de ellos controle directa o indirectamente al otro; b) ambos estén directa o indirectamente controlados por un tercero; c) controlen conjuntamente, directa o indirectamente, a un tercero, siempre que existan razones para creer o sospechar que el efecto de la relación podría llevar al productor afectado a comportarse de forma distinta a los productores no vinculados. A efectos del presente apartado, se considerará que uno controla a otro cuando tenga la capacidad jurídica o efectiva de imponer restricciones o directrices al otro. 3. Serán aplicables al presente artículo las disposiciones del apartado 8 del artículo 3. Artículo 5 Iniciación del procedimiento 1. Salvo en los casos previstos en el apartado 8, se abrirá una investigación para determinar la existencia, importancia o efectos de cualquier supuesta práctica perjudicial en materia de precios tras denuncia escrita presentado por cualquier persona física o jurídica, o cualquier asociación sin personalidad jurídica que actúe en nombre de la industria de la Comunidad. La denuncia podrá ser presentada a la Comisión o a un Estado miembro, que la remitirá a la Comisión. La Comisión remitirá a los Estados miembros una copia de todas las denuncias que reciba. Se considerará que la denuncia ha sido presentada el primer día laborable siguiente al de su entrega a la Comisión mediante correo certificado o la fecha del acuse de recibo de la Comisión. Aunque no se haya formulado ninguna denuncia, cuando un Estado miembro posea pruebas suficientes sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y los perjuicios derivados de las mismas para la industria de la Comunidad, transmitirá inmediatamente dichas pruebas a la Comisión. 2. Las denuncias presentadas con arreglo al apartado 1 serán presentadas a más tardar: a) seis meses a partir del momento en que el denunciante tuvo concocimiento o debería haber tenido conocimiento de la venta del buque, — cuando el denunciante fue invitado a presentar una oferta para el contrato a través de una licitación abierta o de cualquier otro proceso de licitación, — cuando el denunciante realmente presentó una oferta, y — cuando la oferta del denunciante cumplía sustancialmente las condiciones de la licitación; a) seis meses a partir del momento en que el denunciante tuvo concocimiento o debería haber tenido conocimiento de la venta del buque, — cuando el denunciante fue invitado a presentar una oferta para el contrato a través de una licitación abierta o de cualquier otro proceso de licitación, — cuando el denunciante realmente presentó una oferta, y — cuando la oferta del denunciante cumplía sustancialmente las condiciones de la licitación; — cuando el denunciante fue invitado a presentar una oferta para el contrato a través de una licitación abierta o de cualquier otro proceso de licitación, — cuando el denunciante realmente presentó una oferta, y — cuando la oferta del denunciante cumplía sustancialmente las condiciones de la licitación; b) nueve meses a partir del momento en que el denunciante tuvo conocimiento o debería haber tenido conocimiento de la venta del buque aunque no hubiese existido una licitación, siempre que un anuncio de su intención de presentarse, incluyendo la información razonablemente disponible para la identificación de la transacción afectada, hubiese sido presentada a más tardar en el plazo de seis meses a partir de ese momento a la Comisión o a un Estado miembro. En ningún caso una denuncia se presentará más tarde de seis meses desde la fecha de la entrega del buque. Se considerará que el denunciante ha tenido conocimiento de la venta de un buque desde el momento en que se dio publicidad a la conclusión del contrato, junto con la información de carácter general referente al buque, a través de la prensa internacional especializada. A efectos del presente artículo, se entenderá («licitación abierta» una operación en la que el comprador potencial pide ofertas al menos a todos los constructores navales que sabe que son capaces de construir el buque en cuestión. 3. Las denuncias mencionadas en el apartado 1 incluirán pruebas sobre: a) las prácticas perjudiciales en materia de precios; b) el perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de práctica perjudicial en materia de precios y el supuesto perjuicio, y d) i) que, si el buque fue vendido mediante una licitación abierta, el denunciante fue invitado a presentar su oferta, que así lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación (es decir, fecha de entrega y requisitos técnicos); o ii) que, si el buque fue vendido a través de cualquier otro procedimiento de licitación y el denunciante fue invitado a presentar su oferta, realmente lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación; o iii) que, a falta de una invitación a oferta en una licitación distinta de la licitación abierta, el denunciante era capaz de construir el buque en cuestión y, en caso de que supiera o debiera haber sabido de la compra propuesta, hizo esfuerzos demostrables para concluir una venta con el comprador que cumpliese las especificaciones de la oferta en cuestión. Se considerará que el denunciante tuvo concocimiento de la compra propuesta si se demuestra que la mayoría de la industria pertinente hizo todo lo posible ante el comprador para concluir la venta del buque en cuestión, o si se demuestra que la información de carácter general sobre la compra propuesta estaba disponible para los corredores, establecimientos financieros, sociedades de clasificación, fletadores, asociaciones comerciales u otras entidades que intervienen normalmente en las transacciones de construcción naval y con las cuales el denunciante mantiene regularmente contactos o relaciones de negocios. i) que, si el buque fue vendido mediante una licitación abierta, el denunciante fue invitado a presentar su oferta, que así lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación (es decir, fecha de entrega y requisitos técnicos); o ii) que, si el buque fue vendido a través de cualquier otro procedimiento de licitación y el denunciante fue invitado a presentar su oferta, realmente lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación; o iii) que, a falta de una invitación a oferta en una licitación distinta de la licitación abierta, el denunciante era capaz de construir el buque en cuestión y, en caso de que supiera o debiera haber sabido de la compra propuesta, hizo esfuerzos demostrables para concluir una venta con el comprador que cumpliese las especificaciones de la oferta en cuestión. Se considerará que el denunciante tuvo concocimiento de la compra propuesta si se demuestra que la mayoría de la industria pertinente hizo todo lo posible ante el comprador para concluir la venta del buque en cuestión, o si se demuestra que la información de carácter general sobre la compra propuesta estaba disponible para los corredores, establecimientos financieros, sociedades de clasificación, fletadores, asociaciones comerciales u otras entidades que intervienen normalmente en las transacciones de construcción naval y con las cuales el denunciante mantiene regularmente contactos o relaciones de negocios. 4. La denuncia deberá incluir la información que razonablemente tenga a su alcance el denunciante sobre los siguientes extremos: a) identidad del denunciante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor de la producción comunitaria de buques similares. Cuando la denuncia escrita se presente en nombre de la industria de la Comunidad, se identificará la industria en cuyo nombre se formule la denuncia por medio de una lista de todos los productores comunitarios capaces de construir el buque similar y, en la medida de lo posible, se facilitará una descripción del volumen y valor de la producción comunitaria de buques similares que representan dichos productores; b) una descripción completa del buque cuyo precio sea presuntamente perjudicial, los nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y la identidad del comprador del buque; c) datos sobre los precios de venta de tales buques en cuestión cuando se venden en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a los que se venda ese buque desde el país o países de origen o de exportación a uno o más países terceros, o sobre el valor calculado del buque) así como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el buque se revenda por primera vez a un comprador independiente; d) datos sobre el efecto de la venta cuyo precio sea perjudicial sobre los precios de buques similares en el mercado comunitario y las consiguientes repercusiones para la industria de la Comunidad, sobre la base de los factores e índices pertinentes que influyan en el estado de la industria de la Comunidad, tales como los enumerados en los apartados 3 y 5 del artículo 3. 5. En la medida de lo posible, la Comisión valorará las pruebas que se aporten en la denuncia así como su pertinencia, con el fin de determinar si son suficientes para abrir una investigación. 6. No se abrirá una investigación de conformidad con el apartado 1 salvo que se haya determinado, sobre la base del examen del grado de apoyo u oposición a la denuncia expresado por los productores comunitarios capaces de construir el buque similar, que la misma ha sido presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre. La denuncia se considerará «presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre» cuando esté apoyada por productores comunitarios cuya producción conjunta representa más del 50 % de la capacidad de producción total de buques similares producidos por la parte de la industria de la Comunidad que manifiesten su apoyo u oposición a la denuncia. No obstante, no se abrirá ninguna investigación cuando los productores comunitarios que apoyen expresamente la denuncia representen menos del 25 % de la capacidad total de los productores comunitarios capaces de construir el buque similar. 7. Salvo que se haya adoptado la decisión de abrir una investigación, las autoridades evitarán toda publicidad acerca de la denuncia solicitando la apertura de una investigación. No obstante, antes de proceder a abrir la investigación, se informará al Gobierno del país de exportación interesado. 8. Si, en circunstancias especiales, se decidiera abrir una investigación sin haber recibido una denuncia por escrito de la industria de la Comunidad o en su nombre, para la apertura de dicha investigación será necesario poseer suficientes pruebas de prácticas perjudiciales en materia de precios, del perjuicio, del nexo causal y de que el miembro presuntamente perjudicado de la industria de la Comunidad cumple los requisitos de la letra d) del apartado 3 del presente artículo que justifican la apertura de una investigación. En caso adecuado, una investigación podrá ser también abierta como consecuencia de una denuncia escrita presentada por las autoridades de una Parte contratante. Tal denuncia será apoyada por suficientes pruebas que demuestren que el buque está siendo o ha sido objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y que su venta a un comprador comunitario a un precio inferior al normal causa o ha causado un perjuicio a la industria nacional de la Parte contratante afectada. 9. Las pruebas de las prácticas perjudiciales en materia de precios y del perjuicio se examinarán simultáneamente en el momento de decidir si se abre una investigación. La denuncia será rechazada cuando no existan pruebas suficientes de prácticas perjudiciales en materia de precios ni de perjuicio que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. 10. La denuncia podrá ser retirada antes de la apertura de la investigación, en cuyo caso se tendrá por no presentada. 11. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 15, cuando al término de las consultas resulte que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de un procedimiento, la Comisión deberá incoarlo en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la presentación de la denuncia o, en caso de que se inicie en virtud del apartado 8, en un plazo de seis meses a partir del momento en que la venta fue concocida o debería haber sido conocida, y anunciarlo a tal efecto en el Diaro Oficial de las Comunidades Europeas . Cuando las pruebas presentadas sean insuficientes, y previas consultas, se informará al denunciante en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la denuncia ante la Comisión. 12. El anuncio de iniciación del procedimiento deberá indicar la apertura de una investigación, el nombre y país del constructor naval y del comprador o compradores y una descripción del buque afectado, ofrecer un resumen de la información recibida y precisar que toda la información adecuada deberá ser comunicada a la Comisión; deberá fijar los plazos durante los cuales las partes interesadas podrán personarse, presentar sus puntos de vista por escrito y aportar información, en caso de que se pretenda que dichos puntos de vista e información se tengan en cuenta durante la investigación; también fijará el plazo durante el cual las partes interesadas podrán solicitar ser oídas por la Comisión de conformidad con el apartado 5 del artículo 6. 13. La Comisión comunicará oficialmente al exportador y al comprador o compradores del buque y a las asociaciones representativas de productores, exportadores o compradores de dichos buques notoriamente afectados, a los representantes del país cuyo buque está sujeto a la investigación y a los denunciantes, la iniciación del procedimiento y, respetando la confidencialidad de la información, facilitará al exportador y a las autoridades del país de exportación el texto completo de la denuncia escrita recibida con arreglo al apartado 1 del presente artículo, que también pondrá a disposición de las restantes partes interesadas a petición de las mismas. Artículo 6 Investigación 1. Tras la iniciación del procedimiento, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y, en caso necesario, con las autoridades de teceros países, abrirá una investigación en toda la Comunidad que se centrará tanto en las prácticas perjudiciales en materia de precios como en el perjuicio, que serán examinados simultáneamente. 2. Las partes a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en la investigación sobre prácticas perjudiciales en materia de precios dispondrán de un plazo mínimo de treinta días para responder a los mismos. El plazo para los exportadores comenzará a contar desde la fecha de recepción del cuestionario, que se supondrá recibido una semana después de su envío al exportador o de su transmisión a un representante diplomático apropiado del país exportador. Podrá concederse una prórroga del plazo de treinta días teniendo en cuenta los plazos de investigación y siempre que la parte justifique adecuadamente las circunstancias particulares que concurren para dicha prórroga. 3. La Comisión podrá solicitar a las autoridades de los terceros países, en su caso, así como a los Estados miembros, que le faciliten información. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para responder a dicha solicitud y enviarán a la Comisión la información solicitada junto con los resultados de todas las inspecciones, controles o pesquisas realizados. Cuando dichas informaciones sean de interés general o un Estado miembro haya solicitado que se le transmitan, la Comisión las transmitirá a los Estados miembros, siempre que no tengan carácter confidencial, en cuyo caso transmitirá un resume no confidencial. 4. La Comisión podrá solicitar a las autoridades de los terceros países, en su caso, así como a un Estado miembro, que proceda a la realización de todos los controles e inspecciones necesarios, en particular entre productores comunitarios, y a indagar en países terceros, previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado previamente. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para dar curso a las solicitudes de la Comisión. A petición de la Comisión o de un Estado miembro, funcionarios de la Comisión podrán prestar su asistencia a los representantes de la Administración de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los funcionarios de la Comisión podrán auxiliar a los funcionarios de las autoridades de los terceros países en el cumplimiento de su cometido, siempre que así lo decidan de común acuerdo la Comisión y dichas autoridades. 5. La Comisión oirá a las partes interesadas que se hayan personado con arreglo al apartado 12 del artículo 5, siempre que lo hayan solicitado por escrito en el plazo fijado en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que presenten una solicitud por escrito en este sentido, demostrando que son efectivamente partes interesadas que podrían verse afectadas por el resultado del procedimiento y que existen razones concretas para que sean oídas. 6. Al constructor naval, el comprador o compradores, los representantes del Gobierno del país de exportación, los denunciantes y otras partes interesadas que se hubiesen personado con arreglo al apartado 12 del artículo 5, se les ofrecerá la oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y refutaciones. Al proporcionar esta oportunidad se habrán de tener en cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes. Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de su causa. Las partes interesadas tendrán también derecho a presentar información oralmente siempre que posteriormente sea confirmado por escrito. 7. Previa petición por escrito, el constructor naval, el comprador o compradores y otras partes interesadas que se hubiesen dado a conocer con arreglo al apartado 12 del artículo 5, así como los representantes del país exportador, podrán examinar toda la información presentada por cualquiera de las partes en el marco de la investigación, con excepción de los documentos internos elaborados por las autoridades comunitarias o sus Estados miembros, siempre que sea pertinente para la presentación de sus casos y no confidencial con arreglo al artículo 13. Las partes podrán contestar dicha información y sus comentarios se tendrán en cuenta en la medida en que estén suficientemente documentados. 8. Salvo en las circunstancias previstas en el artículo 12, la información suministrada por las partes interesadas en la que se basen las conclusiones será examinada, en la medida de lo posible, para comprabor su exactitud. 9. Los procedimentos para los que se proceda a una comparación y en caso de que el buque hubiera sido entregado, la investigación deberá concluir en el plazo de un año a partir de su fecha de apertura. En los casos en que el buque similar esté en construcción, la investigación se cerrará en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrega de dicho buque. Las investigaciones que utilicen el valor calculado deberán cerrarse en el plazo de un año a partir de la fecha de apertura, o de la fecha de entrega del buque si ésta es más reciente. Estos plazos están supeditados a la aplicación del apartado 2 del artículo 15. Artículo 7 Conclusión sin adopción de medidas. Establecimiento y percepción de derechos por prácticas perjudiciales en materia de precios 1. Cuando la denuncia sea retirada se podrá dar por concluido el procedimiento. 2. Previstas consultas y si no resultase necesaria ninguna medida de defensa y el Comité consultivo no plantea ninguna objeción, se dará por concluido el procedimiento. En todos los demás casos la Comisión presentará inmediatamente al Consejo un informe sobre el resultado de las consultas, así como una propuesta de conclusión del procedimiento. Si en el plazo de un mes el Consejo, por mayoría cualificada, no decidiese otra cosa, se dará por concluido el procedimiento. 3. Se concluirán inmediatamente los procedimientos para los que se determine que el margen de práctica perjudicial en materia de precios es inferior al 2 % del precio de exportación. 4. Cuando de la comprabación definitiva de los hechos se desprenda que existen prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio, el Consejo, por mayoria simple, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo podrá establecer un derecho por práctica perjudicial en materia de precios antidumping. El importe del derecho por práctica perjudicial en materia de precios deberá ser igual al margen de las prácticas perjudiciales en materia de precios establecidos. El Consejo deberá adoptar su decisión en el plazo de treinta días tras la recepción de la propuesta. La Comisión adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la decisión del Consejo, en particular para la percepción del derecho por práctica perjudicial en materia de precios. 5. El constructor naval deberá pagar el derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios en un plazo de ciento ochenta días desde el momento en que se le notifique el establecimiento del derecho que, a los presentes efectos, se supondrá que ha tenido lugar en el plazo de una semana desde el día de su envío al constructor naval. La Comisión podrá conceder al constructor naval una prórroga razonable para el pago en caso de que el constructor naval demuestre que el pago en el plazo de ciento ochenta días le llevaría a la insolvencia o sería incompatible con una reorganización supervisada judicialmente, en cuyo caso el interés se incrementará para las porciones no satisfechas del derecho a un tipo igual al de la rentabilidad del mercado secundario de las obligaciones a medio plazo expresadas en ecus en la bolsa de Luxemburgo, más 50 puntos. Artículo 8 Medidas alternativas Previa consulta al Comité consultivo podrá darse por concluida la investigación sin establecimiento de un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios si el constructor naval anual definitiva e incondicionalmente la venta que da lugar al establecimiento del derecho o si se conforma a la medida equivalente aceptada por la Comisión. Sólo se considerará que la venta ha sido anulada cuando hayan concluido todas las relaciones contractuales para la venta en cuestión entre las partes concernidas, se hayan reembolsado todas las retribuciones y todos los derechos sobre el buque y todas las partes del mismo se hayan restituido al constructor naval. Artículo 9 Contramedidas: denegación de los derechos de carga y descarga 1. En caso de que el constructor naval concernido no pague el derecho establecido con arreglo al artículo 7, la Comisión podrá establecer contramedidas en forma de denegación de derechos de carga o descarga, previa consulta al Comité consultivo, aplicables a los buques construidos por el constructor naval afectado. 2. La decisión de establecer las contramedidas entrará en vigor el trigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , y será derogada en caso de que el constructor pague la totalidad del derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios. La contramedida cubrirá todos los buques contratados durante un período de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión. Todo buque estará sujeto a contramedidas durante un plazo de cuatro años a partir de su entrega. Dicho período sólo podrá ser acortado como resultado de un procedimiento internacional de solución de litigios relativo a la contramedida impuesta. Los buques afectados por la denegación de derechos de carga y descarga serán enumerados en una decisión que la Comisión adoptará y que será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . 3. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros no concederán la autorización de carga ni de descarga a los buques afectados por la denegación de derechos de carga y de descarga. Artículo 10 Consultas 1. Las consultas previstas en el presente Reglamento se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, de forma que se respeten los plazos establecidos por el presente Reglamento. 2. El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, toda la información pertinente. 3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar una consulta oral, que el Presidente concederá siempre que pueda ser desarrollada en unos plazos que permitan respeter a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 4. Las consultas versarán especialmente sobre: a) la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios y los métodos que permitan determinar el margen de dichas prácticas; b) la existencia e importancia del perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y el perjuicio; d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por la práctica perjudicial en materia de precios y las modalidades de aplicación de las mismas. Artículo 11 Inspecciones in situ 1. Cuando lo juzgue apropiado, la Comisión realizará inspecciones in situ con el fin de examinar y verificar los libros de los exportadores, constructores navales, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ . 2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas concernidas, la Comisión notificará a las autoridades del país exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas. 3. Se informará a las empresas concernidas con anterioridad a la vista, de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 4. Durante las inspecciones mencionadas en el presente artículo, la Comisión estará asistida por representantes de la Administración de los Estados miembros que expresen ese deseo. Artículo 12 Falta de cooperación 1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento o obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Se comunicarán a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación. 2. La inexistencia de una respuesta mediante medios informatizados no deberá considerarse que constituye una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionado. 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada haya agotado sus posibilidades. 4. En caso de que no se acepten pruebas o informaciones, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. 5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al valor normal, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de ventas y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación de otras partes interesadas. 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, y en consecuencia dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. Artículo 13 Confidencialidad 1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratado como tal por las autoridades. 2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial, que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla. 3. Si se concluye que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, podrá no tenerse en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que es exacta. Las solicitudes de confidencialidad no serán rechazadas arbitrariamente. 4. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias, de informaciones generales y, en particular, de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades comunitarias se apoyen, en la medida en que sea necesario para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales. 5. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y cuyo tratamiento confidencial haya solicitado la parte que las hubiere facilitado, sin autorización expresa de esta última. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros o cualquier información sobre las consultas realizadas con arreglo al artículo 10 o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Comunidad o sus Estados miembros no será divulgado excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento. 6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. Artículo 14 Divulgación de la información 1. Los denunciantes, el constructor naval, el exportador, el comprador o compradores del buque y sus asociaciones representativas y representantes del país exportador podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar establecer un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios o la conclusión de la investigación o del procedimiento sin el establecimiento de un derecho. 2. Las solicitudes de información presentadas con arreglo al apartado 1 deberán dirigirse por escrito a la Comisión y ser recibidas en los plazos establecidos por la Comisión. 3. La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, prestando especial atención a la protección de la información confidencial y, normalmente, no más tarde de un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de una decisión definitiva con arreglo al artículo 7. Cuando la Comisión no se encuentre en condiciones de comunicar determinados hechos o consideraciones simultáneamente, éstos serán comunicados posteriormente pero lo más rápidamente posible. La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión puede adoptar pero, cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible. 4. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comisión fija en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a diez días. Artículo 15 Disposiciones finales 1. El presente Reglamento no excluirá la aplicación de: a) cualquier norma especial prevista en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y países terceros; b) medidas particulares, cuando ello no se oponga a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre construcción naval. 2. Las investigaciones contempladas en el presente Reglamento no se abrirán ni se establecerán ni mantendrán medidas cuando tales medidas sean contrarias a las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre construcción naval o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable. Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento deberá impedir que la Comunidad cumpla sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre construcción naval relativas a la solución de litigos. Artículo 16 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval ( 5 ). No será aplicable a los buques contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval, excepto para los buques contratados después del 21 de diciembre de 1994 y que deban ser entregados en un plazo superior a cinco años desde la fecha de su contratación. Dichos buques estarán sujetos al presente Reglamento a menos que el constructor naval demuestre que la ampliación de la fecha de entrega se debe a razones comerciales normales y no persigue impedir la aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ( 1 ) DO n o C 13 de 18. 1. 1996, p. 10. ( 2 ) DO n o C 17 de 22. 1. 1996. ( 3 ) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. ( 4 ) DO n o L 67 de 10. 3. 1994, p. 89. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 839/95 (DO n o L 85 de 19. 4. 1995, p. 9). ( 5 ) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L . This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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Article 5 
Iniciación del procedimiento 1. Salvo en los casos previstos en el apartado 8, se abrirá una investigación para determinar la existencia, importancia o efectos de cualquier supuesta práctica perjudicial en materia de precios tras denuncia escrita presentado por cualquier persona física o jurídica, o cualquier asociación sin personalidad jurídica que actúe en nombre de la industria de la Comunidad. La denuncia podrá ser presentada a la Comisión o a un Estado miembro, que la remitirá a la Comisión. La Comisión remitirá a los Estados miembros una copia de todas las denuncias que reciba. Se considerará que la denuncia ha sido presentada el primer día laborable siguiente al de su entrega a la Comisión mediante correo certificado o la fecha del acuse de recibo de la Comisión. Aunque no se haya formulado ninguna denuncia, cuando un Estado miembro posea pruebas suficientes sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y los perjuicios derivados de las mismas para la industria de la Comunidad, transmitirá inmediatamente dichas pruebas a la Comisión. 2. Las denuncias presentadas con arreglo al apartado 1 serán presentadas a más tardar: a) seis meses a partir del momento en que el denunciante tuvo concocimiento o debería haber tenido conocimiento de la venta del buque, — cuando el denunciante fue invitado a presentar una oferta para el contrato a través de una licitación abierta o de cualquier otro proceso de licitación, — cuando el denunciante realmente presentó una oferta, y — cuando la oferta del denunciante cumplía sustancialmente las condiciones de la licitación; a) seis meses a partir del momento en que el denunciante tuvo concocimiento o debería haber tenido conocimiento de la venta del buque, — cuando el denunciante fue invitado a presentar una oferta para el contrato a través de una licitación abierta o de cualquier otro proceso de licitación, — cuando el denunciante realmente presentó una oferta, y — cuando la oferta del denunciante cumplía sustancialmente las condiciones de la licitación; — cuando el denunciante fue invitado a presentar una oferta para el contrato a través de una licitación abierta o de cualquier otro proceso de licitación, — cuando el denunciante realmente presentó una oferta, y — cuando la oferta del denunciante cumplía sustancialmente las condiciones de la licitación; b) nueve meses a partir del momento en que el denunciante tuvo conocimiento o debería haber tenido conocimiento de la venta del buque aunque no hubiese existido una licitación, siempre que un anuncio de su intención de presentarse, incluyendo la información razonablemente disponible para la identificación de la transacción afectada, hubiese sido presentada a más tardar en el plazo de seis meses a partir de ese momento a la Comisión o a un Estado miembro. En ningún caso una denuncia se presentará más tarde de seis meses desde la fecha de la entrega del buque. Se considerará que el denunciante ha tenido conocimiento de la venta de un buque desde el momento en que se dio publicidad a la conclusión del contrato, junto con la información de carácter general referente al buque, a través de la prensa internacional especializada. A efectos del presente artículo, se entenderá («licitación abierta» una operación en la que el comprador potencial pide ofertas al menos a todos los constructores navales que sabe que son capaces de construir el buque en cuestión. 3. Las denuncias mencionadas en el apartado 1 incluirán pruebas sobre: a) las prácticas perjudiciales en materia de precios; b) el perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de práctica perjudicial en materia de precios y el supuesto perjuicio, y d) i) que, si el buque fue vendido mediante una licitación abierta, el denunciante fue invitado a presentar su oferta, que así lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación (es decir, fecha de entrega y requisitos técnicos); o ii) que, si el buque fue vendido a través de cualquier otro procedimiento de licitación y el denunciante fue invitado a presentar su oferta, realmente lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación; o iii) que, a falta de una invitación a oferta en una licitación distinta de la licitación abierta, el denunciante era capaz de construir el buque en cuestión y, en caso de que supiera o debiera haber sabido de la compra propuesta, hizo esfuerzos demostrables para concluir una venta con el comprador que cumpliese las especificaciones de la oferta en cuestión. Se considerará que el denunciante tuvo concocimiento de la compra propuesta si se demuestra que la mayoría de la industria pertinente hizo todo lo posible ante el comprador para concluir la venta del buque en cuestión, o si se demuestra que la información de carácter general sobre la compra propuesta estaba disponible para los corredores, establecimientos financieros, sociedades de clasificación, fletadores, asociaciones comerciales u otras entidades que intervienen normalmente en las transacciones de construcción naval y con las cuales el denunciante mantiene regularmente contactos o relaciones de negocios. i) que, si el buque fue vendido mediante una licitación abierta, el denunciante fue invitado a presentar su oferta, que así lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación (es decir, fecha de entrega y requisitos técnicos); o ii) que, si el buque fue vendido a través de cualquier otro procedimiento de licitación y el denunciante fue invitado a presentar su oferta, realmente lo hizo y que su oferta respondía sustancialmente a las condiciones de la licitación; o iii) que, a falta de una invitación a oferta en una licitación distinta de la licitación abierta, el denunciante era capaz de construir el buque en cuestión y, en caso de que supiera o debiera haber sabido de la compra propuesta, hizo esfuerzos demostrables para concluir una venta con el comprador que cumpliese las especificaciones de la oferta en cuestión. Se considerará que el denunciante tuvo concocimiento de la compra propuesta si se demuestra que la mayoría de la industria pertinente hizo todo lo posible ante el comprador para concluir la venta del buque en cuestión, o si se demuestra que la información de carácter general sobre la compra propuesta estaba disponible para los corredores, establecimientos financieros, sociedades de clasificación, fletadores, asociaciones comerciales u otras entidades que intervienen normalmente en las transacciones de construcción naval y con las cuales el denunciante mantiene regularmente contactos o relaciones de negocios. 4. La denuncia deberá incluir la información que razonablemente tenga a su alcance el denunciante sobre los siguientes extremos: a) identidad del denunciante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor de la producción comunitaria de buques similares. Cuando la denuncia escrita se presente en nombre de la industria de la Comunidad, se identificará la industria en cuyo nombre se formule la denuncia por medio de una lista de todos los productores comunitarios capaces de construir el buque similar y, en la medida de lo posible, se facilitará una descripción del volumen y valor de la producción comunitaria de buques similares que representan dichos productores; b) una descripción completa del buque cuyo precio sea presuntamente perjudicial, los nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y la identidad del comprador del buque; c) datos sobre los precios de venta de tales buques en cuestión cuando se venden en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a los que se venda ese buque desde el país o países de origen o de exportación a uno o más países terceros, o sobre el valor calculado del buque) así como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el buque se revenda por primera vez a un comprador independiente; d) datos sobre el efecto de la venta cuyo precio sea perjudicial sobre los precios de buques similares en el mercado comunitario y las consiguientes repercusiones para la industria de la Comunidad, sobre la base de los factores e índices pertinentes que influyan en el estado de la industria de la Comunidad, tales como los enumerados en los apartados 3 y 5 del artículo 3. 5. En la medida de lo posible, la Comisión valorará las pruebas que se aporten en la denuncia así como su pertinencia, con el fin de determinar si son suficientes para abrir una investigación. 6. No se abrirá una investigación de conformidad con el apartado 1 salvo que se haya determinado, sobre la base del examen del grado de apoyo u oposición a la denuncia expresado por los productores comunitarios capaces de construir el buque similar, que la misma ha sido presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre. La denuncia se considerará «presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre» cuando esté apoyada por productores comunitarios cuya producción conjunta representa más del 50 % de la capacidad de producción total de buques similares producidos por la parte de la industria de la Comunidad que manifiesten su apoyo u oposición a la denuncia. No obstante, no se abrirá ninguna investigación cuando los productores comunitarios que apoyen expresamente la denuncia representen menos del 25 % de la capacidad total de los productores comunitarios capaces de construir el buque similar. 7. Salvo que se haya adoptado la decisión de abrir una investigación, las autoridades evitarán toda publicidad acerca de la denuncia solicitando la apertura de una investigación. No obstante, antes de proceder a abrir la investigación, se informará al Gobierno del país de exportación interesado. 8. Si, en circunstancias especiales, se decidiera abrir una investigación sin haber recibido una denuncia por escrito de la industria de la Comunidad o en su nombre, para la apertura de dicha investigación será necesario poseer suficientes pruebas de prácticas perjudiciales en materia de precios, del perjuicio, del nexo causal y de que el miembro presuntamente perjudicado de la industria de la Comunidad cumple los requisitos de la letra d) del apartado 3 del presente artículo que justifican la apertura de una investigación. En caso adecuado, una investigación podrá ser también abierta como consecuencia de una denuncia escrita presentada por las autoridades de una Parte contratante. Tal denuncia será apoyada por suficientes pruebas que demuestren que el buque está siendo o ha sido objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y que su venta a un comprador comunitario a un precio inferior al normal causa o ha causado un perjuicio a la industria nacional de la Parte contratante afectada. 9. Las pruebas de las prácticas perjudiciales en materia de precios y del perjuicio se examinarán simultáneamente en el momento de decidir si se abre una investigación. La denuncia será rechazada cuando no existan pruebas suficientes de prácticas perjudiciales en materia de precios ni de perjuicio que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. 10. La denuncia podrá ser retirada antes de la apertura de la investigación, en cuyo caso se tendrá por no presentada. 11. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 15, cuando al término de las consultas resulte que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de un procedimiento, la Comisión deberá incoarlo en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la presentación de la denuncia o, en caso de que se inicie en virtud del apartado 8, en un plazo de seis meses a partir del momento en que la venta fue concocida o debería haber sido conocida, y anunciarlo a tal efecto en el Diaro Oficial de las Comunidades Europeas . Cuando las pruebas presentadas sean insuficientes, y previas consultas, se informará al denunciante en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la denuncia ante la Comisión. 12. El anuncio de iniciación del procedimiento deberá indicar la apertura de una investigación, el nombre y país del constructor naval y del comprador o compradores y una descripción del buque afectado, ofrecer un resumen de la información recibida y precisar que toda la información adecuada deberá ser comunicada a la Comisión; deberá fijar los plazos durante los cuales las partes interesadas podrán personarse, presentar sus puntos de vista por escrito y aportar información, en caso de que se pretenda que dichos puntos de vista e información se tengan en cuenta durante la investigación; también fijará el plazo durante el cual las partes interesadas podrán solicitar ser oídas por la Comisión de conformidad con el apartado 5 del artículo 6. 13. La Comisión comunicará oficialmente al exportador y al comprador o compradores del buque y a las asociaciones representativas de productores, exportadores o compradores de dichos buques notoriamente afectados, a los representantes del país cuyo buque está sujeto a la investigación y a los denunciantes, la iniciación del procedimiento y, respetando la confidencialidad de la información, facilitará al exportador y a las autoridades del país de exportación el texto completo de la denuncia escrita recibida con arreglo al apartado 1 del presente artículo, que también pondrá a disposición de las restantes partes interesadas a petición de las mismas. Artículo 6 Investigación 1. Tras la iniciación del procedimiento, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y, en caso necesario, con las autoridades de teceros países, abrirá una investigación en toda la Comunidad que se centrará tanto en las prácticas perjudiciales en materia de precios como en el perjuicio, que serán examinados simultáneamente. 2. Las partes a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en la investigación sobre prácticas perjudiciales en materia de precios dispondrán de un plazo mínimo de treinta días para responder a los mismos. El plazo para los exportadores comenzará a contar desde la fecha de recepción del cuestionario, que se supondrá recibido una semana después de su envío al exportador o de su transmisión a un representante diplomático apropiado del país exportador. Podrá concederse una prórroga del plazo de treinta días teniendo en cuenta los plazos de investigación y siempre que la parte justifique adecuadamente las circunstancias particulares que concurren para dicha prórroga. 3. La Comisión podrá solicitar a las autoridades de los terceros países, en su caso, así como a los Estados miembros, que le faciliten información. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para responder a dicha solicitud y enviarán a la Comisión la información solicitada junto con los resultados de todas las inspecciones, controles o pesquisas realizados. Cuando dichas informaciones sean de interés general o un Estado miembro haya solicitado que se le transmitan, la Comisión las transmitirá a los Estados miembros, siempre que no tengan carácter confidencial, en cuyo caso transmitirá un resume no confidencial. 4. La Comisión podrá solicitar a las autoridades de los terceros países, en su caso, así como a un Estado miembro, que proceda a la realización de todos los controles e inspecciones necesarios, en particular entre productores comunitarios, y a indagar en países terceros, previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado previamente. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para dar curso a las solicitudes de la Comisión. A petición de la Comisión o de un Estado miembro, funcionarios de la Comisión podrán prestar su asistencia a los representantes de la Administración de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los funcionarios de la Comisión podrán auxiliar a los funcionarios de las autoridades de los terceros países en el cumplimiento de su cometido, siempre que así lo decidan de común acuerdo la Comisión y dichas autoridades. 5. La Comisión oirá a las partes interesadas que se hayan personado con arreglo al apartado 12 del artículo 5, siempre que lo hayan solicitado por escrito en el plazo fijado en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que presenten una solicitud por escrito en este sentido, demostrando que son efectivamente partes interesadas que podrían verse afectadas por el resultado del procedimiento y que existen razones concretas para que sean oídas. 6. Al constructor naval, el comprador o compradores, los representantes del Gobierno del país de exportación, los denunciantes y otras partes interesadas que se hubiesen personado con arreglo al apartado 12 del artículo 5, se les ofrecerá la oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y refutaciones. Al proporcionar esta oportunidad se habrán de tener en cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes. Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de su causa. Las partes interesadas tendrán también derecho a presentar información oralmente siempre que posteriormente sea confirmado por escrito. 7. Previa petición por escrito, el constructor naval, el comprador o compradores y otras partes interesadas que se hubiesen dado a conocer con arreglo al apartado 12 del artículo 5, así como los representantes del país exportador, podrán examinar toda la información presentada por cualquiera de las partes en el marco de la investigación, con excepción de los documentos internos elaborados por las autoridades comunitarias o sus Estados miembros, siempre que sea pertinente para la presentación de sus casos y no confidencial con arreglo al artículo 13. Las partes podrán contestar dicha información y sus comentarios se tendrán en cuenta en la medida en que estén suficientemente documentados. 8. Salvo en las circunstancias previstas en el artículo 12, la información suministrada por las partes interesadas en la que se basen las conclusiones será examinada, en la medida de lo posible, para comprabor su exactitud. 9. Los procedimentos para los que se proceda a una comparación y en caso de que el buque hubiera sido entregado, la investigación deberá concluir en el plazo de un año a partir de su fecha de apertura. En los casos en que el buque similar esté en construcción, la investigación se cerrará en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrega de dicho buque. Las investigaciones que utilicen el valor calculado deberán cerrarse en el plazo de un año a partir de la fecha de apertura, o de la fecha de entrega del buque si ésta es más reciente. Estos plazos están supeditados a la aplicación del apartado 2 del artículo 15. Artículo 7 Conclusión sin adopción de medidas. Establecimiento y percepción de derechos por prácticas perjudiciales en materia de precios 1. Cuando la denuncia sea retirada se podrá dar por concluido el procedimiento. 2. Previstas consultas y si no resultase necesaria ninguna medida de defensa y el Comité consultivo no plantea ninguna objeción, se dará por concluido el procedimiento. En todos los demás casos la Comisión presentará inmediatamente al Consejo un informe sobre el resultado de las consultas, así como una propuesta de conclusión del procedimiento. Si en el plazo de un mes el Consejo, por mayoría cualificada, no decidiese otra cosa, se dará por concluido el procedimiento. 3. Se concluirán inmediatamente los procedimientos para los que se determine que el margen de práctica perjudicial en materia de precios es inferior al 2 % del precio de exportación. 4. Cuando de la comprabación definitiva de los hechos se desprenda que existen prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio, el Consejo, por mayoria simple, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo podrá establecer un derecho por práctica perjudicial en materia de precios antidumping. El importe del derecho por práctica perjudicial en materia de precios deberá ser igual al margen de las prácticas perjudiciales en materia de precios establecidos. El Consejo deberá adoptar su decisión en el plazo de treinta días tras la recepción de la propuesta. La Comisión adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la decisión del Consejo, en particular para la percepción del derecho por práctica perjudicial en materia de precios. 5. El constructor naval deberá pagar el derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios en un plazo de ciento ochenta días desde el momento en que se le notifique el establecimiento del derecho que, a los presentes efectos, se supondrá que ha tenido lugar en el plazo de una semana desde el día de su envío al constructor naval. La Comisión podrá conceder al constructor naval una prórroga razonable para el pago en caso de que el constructor naval demuestre que el pago en el plazo de ciento ochenta días le llevaría a la insolvencia o sería incompatible con una reorganización supervisada judicialmente, en cuyo caso el interés se incrementará para las porciones no satisfechas del derecho a un tipo igual al de la rentabilidad del mercado secundario de las obligaciones a medio plazo expresadas en ecus en la bolsa de Luxemburgo, más 50 puntos. Artículo 8 Medidas alternativas Previa consulta al Comité consultivo podrá darse por concluida la investigación sin establecimiento de un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios si el constructor naval anual definitiva e incondicionalmente la venta que da lugar al establecimiento del derecho o si se conforma a la medida equivalente aceptada por la Comisión. Sólo se considerará que la venta ha sido anulada cuando hayan concluido todas las relaciones contractuales para la venta en cuestión entre las partes concernidas, se hayan reembolsado todas las retribuciones y todos los derechos sobre el buque y todas las partes del mismo se hayan restituido al constructor naval. Artículo 9 Contramedidas: denegación de los derechos de carga y descarga 1. En caso de que el constructor naval concernido no pague el derecho establecido con arreglo al artículo 7, la Comisión podrá establecer contramedidas en forma de denegación de derechos de carga o descarga, previa consulta al Comité consultivo, aplicables a los buques construidos por el constructor naval afectado. 2. La decisión de establecer las contramedidas entrará en vigor el trigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , y será derogada en caso de que el constructor pague la totalidad del derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios. La contramedida cubrirá todos los buques contratados durante un período de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión. Todo buque estará sujeto a contramedidas durante un plazo de cuatro años a partir de su entrega. Dicho período sólo podrá ser acortado como resultado de un procedimiento internacional de solución de litigios relativo a la contramedida impuesta. Los buques afectados por la denegación de derechos de carga y descarga serán enumerados en una decisión que la Comisión adoptará y que será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . 3. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros no concederán la autorización de carga ni de descarga a los buques afectados por la denegación de derechos de carga y de descarga. Artículo 10 Consultas 1. Las consultas previstas en el presente Reglamento se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, de forma que se respeten los plazos establecidos por el presente Reglamento. 2. El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, toda la información pertinente. 3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar una consulta oral, que el Presidente concederá siempre que pueda ser desarrollada en unos plazos que permitan respeter a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 4. Las consultas versarán especialmente sobre: a) la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios y los métodos que permitan determinar el margen de dichas prácticas; b) la existencia e importancia del perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y el perjuicio; d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por la práctica perjudicial en materia de precios y las modalidades de aplicación de las mismas. Artículo 11 Inspecciones in situ 1. Cuando lo juzgue apropiado, la Comisión realizará inspecciones in situ con el fin de examinar y verificar los libros de los exportadores, constructores navales, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ . 2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas concernidas, la Comisión notificará a las autoridades del país exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas. 3. Se informará a las empresas concernidas con anterioridad a la vista, de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 4. Durante las inspecciones mencionadas en el presente artículo, la Comisión estará asistida por representantes de la Administración de los Estados miembros que expresen ese deseo. Artículo 12 Falta de cooperación 1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento o obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Se comunicarán a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación. 2. La inexistencia de una respuesta mediante medios informatizados no deberá considerarse que constituye una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionado. 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada haya agotado sus posibilidades. 4. En caso de que no se acepten pruebas o informaciones, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. 5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al valor normal, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de ventas y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación de otras partes interesadas. 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, y en consecuencia dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. Artículo 13 Confidencialidad 1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratado como tal por las autoridades. 2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial, que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla. 3. Si se concluye que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, podrá no tenerse en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que es exacta. Las solicitudes de confidencialidad no serán rechazadas arbitrariamente. 4. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias, de informaciones generales y, en particular, de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades comunitarias se apoyen, en la medida en que sea necesario para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales. 5. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y cuyo tratamiento confidencial haya solicitado la parte que las hubiere facilitado, sin autorización expresa de esta última. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros o cualquier información sobre las consultas realizadas con arreglo al artículo 10 o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Comunidad o sus Estados miembros no será divulgado excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento. 6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. Artículo 14 Divulgación de la información 1. Los denunciantes, el constructor naval, el exportador, el comprador o compradores del buque y sus asociaciones representativas y representantes del país exportador podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar establecer un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios o la conclusión de la investigación o del procedimiento sin el establecimiento de un derecho. 2. Las solicitudes de información presentadas con arreglo al apartado 1 deberán dirigirse por escrito a la Comisión y ser recibidas en los plazos establecidos por la Comisión. 3. La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, prestando especial atención a la protección de la información confidencial y, normalmente, no más tarde de un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de una decisión definitiva con arreglo al artículo 7. Cuando la Comisión no se encuentre en condiciones de comunicar determinados hechos o consideraciones simultáneamente, éstos serán comunicados posteriormente pero lo más rápidamente posible. La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión puede adoptar pero, cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible. 4. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comisión fija en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a diez días. Artículo 15 Disposiciones finales 1. El presente Reglamento no excluirá la aplicación de: a) cualquier norma especial prevista en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y países terceros; b) medidas particulares, cuando ello no se oponga a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre construcción naval. 2. Las investigaciones contempladas en el presente Reglamento no se abrirán ni se establecerán ni mantendrán medidas cuando tales medidas sean contrarias a las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre construcción naval o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable. Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento deberá impedir que la Comunidad cumpla sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre construcción naval relativas a la solución de litigos. Artículo 16 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval ( 5 ). No será aplicable a los buques contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval, excepto para los buques contratados después del 21 de diciembre de 1994 y que deban ser entregados en un plazo superior a cinco años desde la fecha de su contratación. Dichos buques estarán sujetos al presente Reglamento a menos que el constructor naval demuestre que la ampliación de la fecha de entrega se debe a razones comerciales normales y no persigue impedir la aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ( 1 ) DO n o C 13 de 18. 1. 1996, p. 10. ( 2 ) DO n o C 17 de 22. 1. 1996. ( 3 ) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. ( 4 ) DO n o L 67 de 10. 3. 1994, p. 89. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 839/95 (DO n o L 85 de 19. 4. 1995, p. 9). ( 5 ) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L . This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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Article 6 
Investigación 1. Tras la iniciación del procedimiento, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros y, en caso necesario, con las autoridades de teceros países, abrirá una investigación en toda la Comunidad que se centrará tanto en las prácticas perjudiciales en materia de precios como en el perjuicio, que serán examinados simultáneamente. 2. Las partes a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en la investigación sobre prácticas perjudiciales en materia de precios dispondrán de un plazo mínimo de treinta días para responder a los mismos. El plazo para los exportadores comenzará a contar desde la fecha de recepción del cuestionario, que se supondrá recibido una semana después de su envío al exportador o de su transmisión a un representante diplomático apropiado del país exportador. Podrá concederse una prórroga del plazo de treinta días teniendo en cuenta los plazos de investigación y siempre que la parte justifique adecuadamente las circunstancias particulares que concurren para dicha prórroga. 3. La Comisión podrá solicitar a las autoridades de los terceros países, en su caso, así como a los Estados miembros, que le faciliten información. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para responder a dicha solicitud y enviarán a la Comisión la información solicitada junto con los resultados de todas las inspecciones, controles o pesquisas realizados. Cuando dichas informaciones sean de interés general o un Estado miembro haya solicitado que se le transmitan, la Comisión las transmitirá a los Estados miembros, siempre que no tengan carácter confidencial, en cuyo caso transmitirá un resume no confidencial. 4. La Comisión podrá solicitar a las autoridades de los terceros países, en su caso, así como a un Estado miembro, que proceda a la realización de todos los controles e inspecciones necesarios, en particular entre productores comunitarios, y a indagar en países terceros, previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado previamente. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para dar curso a las solicitudes de la Comisión. A petición de la Comisión o de un Estado miembro, funcionarios de la Comisión podrán prestar su asistencia a los representantes de la Administración de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los funcionarios de la Comisión podrán auxiliar a los funcionarios de las autoridades de los terceros países en el cumplimiento de su cometido, siempre que así lo decidan de común acuerdo la Comisión y dichas autoridades. 5. La Comisión oirá a las partes interesadas que se hayan personado con arreglo al apartado 12 del artículo 5, siempre que lo hayan solicitado por escrito en el plazo fijado en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que presenten una solicitud por escrito en este sentido, demostrando que son efectivamente partes interesadas que podrían verse afectadas por el resultado del procedimiento y que existen razones concretas para que sean oídas. 6. Al constructor naval, el comprador o compradores, los representantes del Gobierno del país de exportación, los denunciantes y otras partes interesadas que se hubiesen personado con arreglo al apartado 12 del artículo 5, se les ofrecerá la oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y refutaciones. Al proporcionar esta oportunidad se habrán de tener en cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes. Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de su causa. Las partes interesadas tendrán también derecho a presentar información oralmente siempre que posteriormente sea confirmado por escrito. 7. Previa petición por escrito, el constructor naval, el comprador o compradores y otras partes interesadas que se hubiesen dado a conocer con arreglo al apartado 12 del artículo 5, así como los representantes del país exportador, podrán examinar toda la información presentada por cualquiera de las partes en el marco de la investigación, con excepción de los documentos internos elaborados por las autoridades comunitarias o sus Estados miembros, siempre que sea pertinente para la presentación de sus casos y no confidencial con arreglo al artículo 13. Las partes podrán contestar dicha información y sus comentarios se tendrán en cuenta en la medida en que estén suficientemente documentados. 8. Salvo en las circunstancias previstas en el artículo 12, la información suministrada por las partes interesadas en la que se basen las conclusiones será examinada, en la medida de lo posible, para comprabor su exactitud. 9. Los procedimentos para los que se proceda a una comparación y en caso de que el buque hubiera sido entregado, la investigación deberá concluir en el plazo de un año a partir de su fecha de apertura. En los casos en que el buque similar esté en construcción, la investigación se cerrará en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrega de dicho buque. Las investigaciones que utilicen el valor calculado deberán cerrarse en el plazo de un año a partir de la fecha de apertura, o de la fecha de entrega del buque si ésta es más reciente. Estos plazos están supeditados a la aplicación del apartado 2 del artículo 15. Artículo 7 Conclusión sin adopción de medidas. Establecimiento y percepción de derechos por prácticas perjudiciales en materia de precios 1. Cuando la denuncia sea retirada se podrá dar por concluido el procedimiento. 2. Previstas consultas y si no resultase necesaria ninguna medida de defensa y el Comité consultivo no plantea ninguna objeción, se dará por concluido el procedimiento. En todos los demás casos la Comisión presentará inmediatamente al Consejo un informe sobre el resultado de las consultas, así como una propuesta de conclusión del procedimiento. Si en el plazo de un mes el Consejo, por mayoría cualificada, no decidiese otra cosa, se dará por concluido el procedimiento. 3. Se concluirán inmediatamente los procedimientos para los que se determine que el margen de práctica perjudicial en materia de precios es inferior al 2 % del precio de exportación. 4. Cuando de la comprabación definitiva de los hechos se desprenda que existen prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio, el Consejo, por mayoria simple, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo podrá establecer un derecho por práctica perjudicial en materia de precios antidumping. El importe del derecho por práctica perjudicial en materia de precios deberá ser igual al margen de las prácticas perjudiciales en materia de precios establecidos. El Consejo deberá adoptar su decisión en el plazo de treinta días tras la recepción de la propuesta. La Comisión adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la decisión del Consejo, en particular para la percepción del derecho por práctica perjudicial en materia de precios. 5. El constructor naval deberá pagar el derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios en un plazo de ciento ochenta días desde el momento en que se le notifique el establecimiento del derecho que, a los presentes efectos, se supondrá que ha tenido lugar en el plazo de una semana desde el día de su envío al constructor naval. La Comisión podrá conceder al constructor naval una prórroga razonable para el pago en caso de que el constructor naval demuestre que el pago en el plazo de ciento ochenta días le llevaría a la insolvencia o sería incompatible con una reorganización supervisada judicialmente, en cuyo caso el interés se incrementará para las porciones no satisfechas del derecho a un tipo igual al de la rentabilidad del mercado secundario de las obligaciones a medio plazo expresadas en ecus en la bolsa de Luxemburgo, más 50 puntos. Artículo 8 Medidas alternativas Previa consulta al Comité consultivo podrá darse por concluida la investigación sin establecimiento de un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios si el constructor naval anual definitiva e incondicionalmente la venta que da lugar al establecimiento del derecho o si se conforma a la medida equivalente aceptada por la Comisión. Sólo se considerará que la venta ha sido anulada cuando hayan concluido todas las relaciones contractuales para la venta en cuestión entre las partes concernidas, se hayan reembolsado todas las retribuciones y todos los derechos sobre el buque y todas las partes del mismo se hayan restituido al constructor naval. Artículo 9 Contramedidas: denegación de los derechos de carga y descarga 1. En caso de que el constructor naval concernido no pague el derecho establecido con arreglo al artículo 7, la Comisión podrá establecer contramedidas en forma de denegación de derechos de carga o descarga, previa consulta al Comité consultivo, aplicables a los buques construidos por el constructor naval afectado. 2. La decisión de establecer las contramedidas entrará en vigor el trigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , y será derogada en caso de que el constructor pague la totalidad del derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios. La contramedida cubrirá todos los buques contratados durante un período de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión. Todo buque estará sujeto a contramedidas durante un plazo de cuatro años a partir de su entrega. Dicho período sólo podrá ser acortado como resultado de un procedimiento internacional de solución de litigios relativo a la contramedida impuesta. Los buques afectados por la denegación de derechos de carga y descarga serán enumerados en una decisión que la Comisión adoptará y que será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . 3. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros no concederán la autorización de carga ni de descarga a los buques afectados por la denegación de derechos de carga y de descarga. Artículo 10 Consultas 1. Las consultas previstas en el presente Reglamento se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, de forma que se respeten los plazos establecidos por el presente Reglamento. 2. El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, toda la información pertinente. 3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar una consulta oral, que el Presidente concederá siempre que pueda ser desarrollada en unos plazos que permitan respeter a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 4. Las consultas versarán especialmente sobre: a) la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios y los métodos que permitan determinar el margen de dichas prácticas; b) la existencia e importancia del perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y el perjuicio; d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por la práctica perjudicial en materia de precios y las modalidades de aplicación de las mismas. Artículo 11 Inspecciones in situ 1. Cuando lo juzgue apropiado, la Comisión realizará inspecciones in situ con el fin de examinar y verificar los libros de los exportadores, constructores navales, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ . 2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas concernidas, la Comisión notificará a las autoridades del país exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas. 3. Se informará a las empresas concernidas con anterioridad a la vista, de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 4. Durante las inspecciones mencionadas en el presente artículo, la Comisión estará asistida por representantes de la Administración de los Estados miembros que expresen ese deseo. Artículo 12 Falta de cooperación 1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento o obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Se comunicarán a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación. 2. La inexistencia de una respuesta mediante medios informatizados no deberá considerarse que constituye una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionado. 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada haya agotado sus posibilidades. 4. En caso de que no se acepten pruebas o informaciones, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. 5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al valor normal, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de ventas y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación de otras partes interesadas. 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, y en consecuencia dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. Artículo 13 Confidencialidad 1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratado como tal por las autoridades. 2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial, que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla. 3. Si se concluye que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, podrá no tenerse en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que es exacta. Las solicitudes de confidencialidad no serán rechazadas arbitrariamente. 4. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias, de informaciones generales y, en particular, de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades comunitarias se apoyen, en la medida en que sea necesario para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales. 5. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y cuyo tratamiento confidencial haya solicitado la parte que las hubiere facilitado, sin autorización expresa de esta última. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros o cualquier información sobre las consultas realizadas con arreglo al artículo 10 o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Comunidad o sus Estados miembros no será divulgado excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento. 6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. Artículo 14 Divulgación de la información 1. Los denunciantes, el constructor naval, el exportador, el comprador o compradores del buque y sus asociaciones representativas y representantes del país exportador podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar establecer un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios o la conclusión de la investigación o del procedimiento sin el establecimiento de un derecho. 2. Las solicitudes de información presentadas con arreglo al apartado 1 deberán dirigirse por escrito a la Comisión y ser recibidas en los plazos establecidos por la Comisión. 3. La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, prestando especial atención a la protección de la información confidencial y, normalmente, no más tarde de un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de una decisión definitiva con arreglo al artículo 7. Cuando la Comisión no se encuentre en condiciones de comunicar determinados hechos o consideraciones simultáneamente, éstos serán comunicados posteriormente pero lo más rápidamente posible. La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión puede adoptar pero, cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible. 4. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comisión fija en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a diez días. Artículo 15 Disposiciones finales 1. El presente Reglamento no excluirá la aplicación de: a) cualquier norma especial prevista en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y países terceros; b) medidas particulares, cuando ello no se oponga a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre construcción naval. 2. Las investigaciones contempladas en el presente Reglamento no se abrirán ni se establecerán ni mantendrán medidas cuando tales medidas sean contrarias a las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre construcción naval o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable. Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento deberá impedir que la Comunidad cumpla sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre construcción naval relativas a la solución de litigos. Artículo 16 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval ( 5 ). No será aplicable a los buques contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval, excepto para los buques contratados después del 21 de diciembre de 1994 y que deban ser entregados en un plazo superior a cinco años desde la fecha de su contratación. Dichos buques estarán sujetos al presente Reglamento a menos que el constructor naval demuestre que la ampliación de la fecha de entrega se debe a razones comerciales normales y no persigue impedir la aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ( 1 ) DO n o C 13 de 18. 1. 1996, p. 10. ( 2 ) DO n o C 17 de 22. 1. 1996. ( 3 ) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. ( 4 ) DO n o L 67 de 10. 3. 1994, p. 89. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 839/95 (DO n o L 85 de 19. 4. 1995, p. 9). ( 5 ) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L . This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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Article 7 
Conclusión sin adopción de medidas. Establecimiento y percepción de derechos por prácticas perjudiciales en materia de precios 1. Cuando la denuncia sea retirada se podrá dar por concluido el procedimiento. 2. Previstas consultas y si no resultase necesaria ninguna medida de defensa y el Comité consultivo no plantea ninguna objeción, se dará por concluido el procedimiento. En todos los demás casos la Comisión presentará inmediatamente al Consejo un informe sobre el resultado de las consultas, así como una propuesta de conclusión del procedimiento. Si en el plazo de un mes el Consejo, por mayoría cualificada, no decidiese otra cosa, se dará por concluido el procedimiento. 3. Se concluirán inmediatamente los procedimientos para los que se determine que el margen de práctica perjudicial en materia de precios es inferior al 2 % del precio de exportación. 4. Cuando de la comprabación definitiva de los hechos se desprenda que existen prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio, el Consejo, por mayoria simple, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo podrá establecer un derecho por práctica perjudicial en materia de precios antidumping. El importe del derecho por práctica perjudicial en materia de precios deberá ser igual al margen de las prácticas perjudiciales en materia de precios establecidos. El Consejo deberá adoptar su decisión en el plazo de treinta días tras la recepción de la propuesta. La Comisión adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la decisión del Consejo, en particular para la percepción del derecho por práctica perjudicial en materia de precios. 5. El constructor naval deberá pagar el derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios en un plazo de ciento ochenta días desde el momento en que se le notifique el establecimiento del derecho que, a los presentes efectos, se supondrá que ha tenido lugar en el plazo de una semana desde el día de su envío al constructor naval. La Comisión podrá conceder al constructor naval una prórroga razonable para el pago en caso de que el constructor naval demuestre que el pago en el plazo de ciento ochenta días le llevaría a la insolvencia o sería incompatible con una reorganización supervisada judicialmente, en cuyo caso el interés se incrementará para las porciones no satisfechas del derecho a un tipo igual al de la rentabilidad del mercado secundario de las obligaciones a medio plazo expresadas en ecus en la bolsa de Luxemburgo, más 50 puntos. Artículo 8 Medidas alternativas Previa consulta al Comité consultivo podrá darse por concluida la investigación sin establecimiento de un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios si el constructor naval anual definitiva e incondicionalmente la venta que da lugar al establecimiento del derecho o si se conforma a la medida equivalente aceptada por la Comisión. Sólo se considerará que la venta ha sido anulada cuando hayan concluido todas las relaciones contractuales para la venta en cuestión entre las partes concernidas, se hayan reembolsado todas las retribuciones y todos los derechos sobre el buque y todas las partes del mismo se hayan restituido al constructor naval. Artículo 9 Contramedidas: denegación de los derechos de carga y descarga 1. En caso de que el constructor naval concernido no pague el derecho establecido con arreglo al artículo 7, la Comisión podrá establecer contramedidas en forma de denegación de derechos de carga o descarga, previa consulta al Comité consultivo, aplicables a los buques construidos por el constructor naval afectado. 2. La decisión de establecer las contramedidas entrará en vigor el trigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , y será derogada en caso de que el constructor pague la totalidad del derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios. La contramedida cubrirá todos los buques contratados durante un período de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión. Todo buque estará sujeto a contramedidas durante un plazo de cuatro años a partir de su entrega. Dicho período sólo podrá ser acortado como resultado de un procedimiento internacional de solución de litigios relativo a la contramedida impuesta. Los buques afectados por la denegación de derechos de carga y descarga serán enumerados en una decisión que la Comisión adoptará y que será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . 3. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros no concederán la autorización de carga ni de descarga a los buques afectados por la denegación de derechos de carga y de descarga. Artículo 10 Consultas 1. Las consultas previstas en el presente Reglamento se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, de forma que se respeten los plazos establecidos por el presente Reglamento. 2. El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, toda la información pertinente. 3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar una consulta oral, que el Presidente concederá siempre que pueda ser desarrollada en unos plazos que permitan respeter a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 4. Las consultas versarán especialmente sobre: a) la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios y los métodos que permitan determinar el margen de dichas prácticas; b) la existencia e importancia del perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y el perjuicio; d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por la práctica perjudicial en materia de precios y las modalidades de aplicación de las mismas. Artículo 11 Inspecciones in situ 1. Cuando lo juzgue apropiado, la Comisión realizará inspecciones in situ con el fin de examinar y verificar los libros de los exportadores, constructores navales, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ . 2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas concernidas, la Comisión notificará a las autoridades del país exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas. 3. Se informará a las empresas concernidas con anterioridad a la vista, de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 4. Durante las inspecciones mencionadas en el presente artículo, la Comisión estará asistida por representantes de la Administración de los Estados miembros que expresen ese deseo. Artículo 12 Falta de cooperación 1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento o obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Se comunicarán a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación. 2. La inexistencia de una respuesta mediante medios informatizados no deberá considerarse que constituye una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionado. 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada haya agotado sus posibilidades. 4. En caso de que no se acepten pruebas o informaciones, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. 5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al valor normal, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de ventas y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación de otras partes interesadas. 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, y en consecuencia dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. Artículo 13 Confidencialidad 1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratado como tal por las autoridades. 2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial, que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla. 3. Si se concluye que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, podrá no tenerse en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que es exacta. Las solicitudes de confidencialidad no serán rechazadas arbitrariamente. 4. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias, de informaciones generales y, en particular, de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades comunitarias se apoyen, en la medida en que sea necesario para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales. 5. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y cuyo tratamiento confidencial haya solicitado la parte que las hubiere facilitado, sin autorización expresa de esta última. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros o cualquier información sobre las consultas realizadas con arreglo al artículo 10 o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Comunidad o sus Estados miembros no será divulgado excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento. 6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. Artículo 14 Divulgación de la información 1. Los denunciantes, el constructor naval, el exportador, el comprador o compradores del buque y sus asociaciones representativas y representantes del país exportador podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar establecer un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios o la conclusión de la investigación o del procedimiento sin el establecimiento de un derecho. 2. Las solicitudes de información presentadas con arreglo al apartado 1 deberán dirigirse por escrito a la Comisión y ser recibidas en los plazos establecidos por la Comisión. 3. La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, prestando especial atención a la protección de la información confidencial y, normalmente, no más tarde de un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de una decisión definitiva con arreglo al artículo 7. Cuando la Comisión no se encuentre en condiciones de comunicar determinados hechos o consideraciones simultáneamente, éstos serán comunicados posteriormente pero lo más rápidamente posible. La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión puede adoptar pero, cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible. 4. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comisión fija en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a diez días. Artículo 15 Disposiciones finales 1. El presente Reglamento no excluirá la aplicación de: a) cualquier norma especial prevista en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y países terceros; b) medidas particulares, cuando ello no se oponga a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre construcción naval. 2. Las investigaciones contempladas en el presente Reglamento no se abrirán ni se establecerán ni mantendrán medidas cuando tales medidas sean contrarias a las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre construcción naval o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable. Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento deberá impedir que la Comunidad cumpla sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre construcción naval relativas a la solución de litigos. Artículo 16 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval ( 5 ). No será aplicable a los buques contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval, excepto para los buques contratados después del 21 de diciembre de 1994 y que deban ser entregados en un plazo superior a cinco años desde la fecha de su contratación. Dichos buques estarán sujetos al presente Reglamento a menos que el constructor naval demuestre que la ampliación de la fecha de entrega se debe a razones comerciales normales y no persigue impedir la aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ( 1 ) DO n o C 13 de 18. 1. 1996, p. 10. ( 2 ) DO n o C 17 de 22. 1. 1996. ( 3 ) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. ( 4 ) DO n o L 67 de 10. 3. 1994, p. 89. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 839/95 (DO n o L 85 de 19. 4. 1995, p. 9). ( 5 ) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L . This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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Article 8 
Medidas alternativas Previa consulta al Comité consultivo podrá darse por concluida la investigación sin establecimiento de un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios si el constructor naval anual definitiva e incondicionalmente la venta que da lugar al establecimiento del derecho o si se conforma a la medida equivalente aceptada por la Comisión. Sólo se considerará que la venta ha sido anulada cuando hayan concluido todas las relaciones contractuales para la venta en cuestión entre las partes concernidas, se hayan reembolsado todas las retribuciones y todos los derechos sobre el buque y todas las partes del mismo se hayan restituido al constructor naval. Artículo 9 Contramedidas: denegación de los derechos de carga y descarga 1. En caso de que el constructor naval concernido no pague el derecho establecido con arreglo al artículo 7, la Comisión podrá establecer contramedidas en forma de denegación de derechos de carga o descarga, previa consulta al Comité consultivo, aplicables a los buques construidos por el constructor naval afectado. 2. La decisión de establecer las contramedidas entrará en vigor el trigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , y será derogada en caso de que el constructor pague la totalidad del derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios. La contramedida cubrirá todos los buques contratados durante un período de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión. Todo buque estará sujeto a contramedidas durante un plazo de cuatro años a partir de su entrega. Dicho período sólo podrá ser acortado como resultado de un procedimiento internacional de solución de litigios relativo a la contramedida impuesta. Los buques afectados por la denegación de derechos de carga y descarga serán enumerados en una decisión que la Comisión adoptará y que será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . 3. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros no concederán la autorización de carga ni de descarga a los buques afectados por la denegación de derechos de carga y de descarga. Artículo 10 Consultas 1. Las consultas previstas en el presente Reglamento se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, de forma que se respeten los plazos establecidos por el presente Reglamento. 2. El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, toda la información pertinente. 3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar una consulta oral, que el Presidente concederá siempre que pueda ser desarrollada en unos plazos que permitan respeter a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 4. Las consultas versarán especialmente sobre: a) la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios y los métodos que permitan determinar el margen de dichas prácticas; b) la existencia e importancia del perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y el perjuicio; d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por la práctica perjudicial en materia de precios y las modalidades de aplicación de las mismas. Artículo 11 Inspecciones in situ 1. Cuando lo juzgue apropiado, la Comisión realizará inspecciones in situ con el fin de examinar y verificar los libros de los exportadores, constructores navales, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ . 2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas concernidas, la Comisión notificará a las autoridades del país exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas. 3. Se informará a las empresas concernidas con anterioridad a la vista, de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 4. Durante las inspecciones mencionadas en el presente artículo, la Comisión estará asistida por representantes de la Administración de los Estados miembros que expresen ese deseo. Artículo 12 Falta de cooperación 1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento o obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Se comunicarán a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación. 2. La inexistencia de una respuesta mediante medios informatizados no deberá considerarse que constituye una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionado. 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada haya agotado sus posibilidades. 4. En caso de que no se acepten pruebas o informaciones, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. 5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al valor normal, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de ventas y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación de otras partes interesadas. 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, y en consecuencia dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. Artículo 13 Confidencialidad 1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratado como tal por las autoridades. 2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial, que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla. 3. Si se concluye que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, podrá no tenerse en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que es exacta. Las solicitudes de confidencialidad no serán rechazadas arbitrariamente. 4. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias, de informaciones generales y, en particular, de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades comunitarias se apoyen, en la medida en que sea necesario para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales. 5. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y cuyo tratamiento confidencial haya solicitado la parte que las hubiere facilitado, sin autorización expresa de esta última. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros o cualquier información sobre las consultas realizadas con arreglo al artículo 10 o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Comunidad o sus Estados miembros no será divulgado excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento. 6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. Artículo 14 Divulgación de la información 1. Los denunciantes, el constructor naval, el exportador, el comprador o compradores del buque y sus asociaciones representativas y representantes del país exportador podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar establecer un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios o la conclusión de la investigación o del procedimiento sin el establecimiento de un derecho. 2. Las solicitudes de información presentadas con arreglo al apartado 1 deberán dirigirse por escrito a la Comisión y ser recibidas en los plazos establecidos por la Comisión. 3. La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, prestando especial atención a la protección de la información confidencial y, normalmente, no más tarde de un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de una decisión definitiva con arreglo al artículo 7. Cuando la Comisión no se encuentre en condiciones de comunicar determinados hechos o consideraciones simultáneamente, éstos serán comunicados posteriormente pero lo más rápidamente posible. La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión puede adoptar pero, cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible. 4. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comisión fija en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a diez días. Artículo 15 Disposiciones finales 1. El presente Reglamento no excluirá la aplicación de: a) cualquier norma especial prevista en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y países terceros; b) medidas particulares, cuando ello no se oponga a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre construcción naval. 2. Las investigaciones contempladas en el presente Reglamento no se abrirán ni se establecerán ni mantendrán medidas cuando tales medidas sean contrarias a las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre construcción naval o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable. Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento deberá impedir que la Comunidad cumpla sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre construcción naval relativas a la solución de litigos. Artículo 16 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval ( 5 ). No será aplicable a los buques contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval, excepto para los buques contratados después del 21 de diciembre de 1994 y que deban ser entregados en un plazo superior a cinco años desde la fecha de su contratación. Dichos buques estarán sujetos al presente Reglamento a menos que el constructor naval demuestre que la ampliación de la fecha de entrega se debe a razones comerciales normales y no persigue impedir la aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ( 1 ) DO n o C 13 de 18. 1. 1996, p. 10. ( 2 ) DO n o C 17 de 22. 1. 1996. ( 3 ) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. ( 4 ) DO n o L 67 de 10. 3. 1994, p. 89. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 839/95 (DO n o L 85 de 19. 4. 1995, p. 9). ( 5 ) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L . This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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Article 9 
Contramedidas: denegación de los derechos de carga y descarga 1. En caso de que el constructor naval concernido no pague el derecho establecido con arreglo al artículo 7, la Comisión podrá establecer contramedidas en forma de denegación de derechos de carga o descarga, previa consulta al Comité consultivo, aplicables a los buques construidos por el constructor naval afectado. 2. La decisión de establecer las contramedidas entrará en vigor el trigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , y será derogada en caso de que el constructor pague la totalidad del derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios. La contramedida cubrirá todos los buques contratados durante un período de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión. Todo buque estará sujeto a contramedidas durante un plazo de cuatro años a partir de su entrega. Dicho período sólo podrá ser acortado como resultado de un procedimiento internacional de solución de litigios relativo a la contramedida impuesta. Los buques afectados por la denegación de derechos de carga y descarga serán enumerados en una decisión que la Comisión adoptará y que será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . 3. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros no concederán la autorización de carga ni de descarga a los buques afectados por la denegación de derechos de carga y de descarga. Artículo 10 Consultas 1. Las consultas previstas en el presente Reglamento se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, de forma que se respeten los plazos establecidos por el presente Reglamento. 2. El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, toda la información pertinente. 3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar una consulta oral, que el Presidente concederá siempre que pueda ser desarrollada en unos plazos que permitan respeter a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 4. Las consultas versarán especialmente sobre: a) la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios y los métodos que permitan determinar el margen de dichas prácticas; b) la existencia e importancia del perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y el perjuicio; d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por la práctica perjudicial en materia de precios y las modalidades de aplicación de las mismas. Artículo 11 Inspecciones in situ 1. Cuando lo juzgue apropiado, la Comisión realizará inspecciones in situ con el fin de examinar y verificar los libros de los exportadores, constructores navales, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ . 2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas concernidas, la Comisión notificará a las autoridades del país exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas. 3. Se informará a las empresas concernidas con anterioridad a la vista, de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 4. Durante las inspecciones mencionadas en el presente artículo, la Comisión estará asistida por representantes de la Administración de los Estados miembros que expresen ese deseo. Artículo 12 Falta de cooperación 1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento o obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Se comunicarán a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación. 2. La inexistencia de una respuesta mediante medios informatizados no deberá considerarse que constituye una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionado. 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada haya agotado sus posibilidades. 4. En caso de que no se acepten pruebas o informaciones, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. 5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al valor normal, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de ventas y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación de otras partes interesadas. 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, y en consecuencia dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. Artículo 13 Confidencialidad 1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratado como tal por las autoridades. 2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial, que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla. 3. Si se concluye que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, podrá no tenerse en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que es exacta. Las solicitudes de confidencialidad no serán rechazadas arbitrariamente. 4. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias, de informaciones generales y, en particular, de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades comunitarias se apoyen, en la medida en que sea necesario para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales. 5. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y cuyo tratamiento confidencial haya solicitado la parte que las hubiere facilitado, sin autorización expresa de esta última. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros o cualquier información sobre las consultas realizadas con arreglo al artículo 10 o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Comunidad o sus Estados miembros no será divulgado excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento. 6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. Artículo 14 Divulgación de la información 1. Los denunciantes, el constructor naval, el exportador, el comprador o compradores del buque y sus asociaciones representativas y representantes del país exportador podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar establecer un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios o la conclusión de la investigación o del procedimiento sin el establecimiento de un derecho. 2. Las solicitudes de información presentadas con arreglo al apartado 1 deberán dirigirse por escrito a la Comisión y ser recibidas en los plazos establecidos por la Comisión. 3. La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, prestando especial atención a la protección de la información confidencial y, normalmente, no más tarde de un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de una decisión definitiva con arreglo al artículo 7. Cuando la Comisión no se encuentre en condiciones de comunicar determinados hechos o consideraciones simultáneamente, éstos serán comunicados posteriormente pero lo más rápidamente posible. La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión puede adoptar pero, cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible. 4. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comisión fija en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a diez días. Artículo 15 Disposiciones finales 1. El presente Reglamento no excluirá la aplicación de: a) cualquier norma especial prevista en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y países terceros; b) medidas particulares, cuando ello no se oponga a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre construcción naval. 2. Las investigaciones contempladas en el presente Reglamento no se abrirán ni se establecerán ni mantendrán medidas cuando tales medidas sean contrarias a las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre construcción naval o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable. Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento deberá impedir que la Comunidad cumpla sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre construcción naval relativas a la solución de litigos. Artículo 16 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval ( 5 ). No será aplicable a los buques contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval, excepto para los buques contratados después del 21 de diciembre de 1994 y que deban ser entregados en un plazo superior a cinco años desde la fecha de su contratación. Dichos buques estarán sujetos al presente Reglamento a menos que el constructor naval demuestre que la ampliación de la fecha de entrega se debe a razones comerciales normales y no persigue impedir la aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ( 1 ) DO n o C 13 de 18. 1. 1996, p. 10. ( 2 ) DO n o C 17 de 22. 1. 1996. ( 3 ) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. ( 4 ) DO n o L 67 de 10. 3. 1994, p. 89. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 839/95 (DO n o L 85 de 19. 4. 1995, p. 9). ( 5 ) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L . This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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Article 10 
Consultas 1. Las consultas previstas en el presente Reglamento se desarrollarán en el seno de un Comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante de la Comisión. Las consultas tendrán lugar inmediatamente, a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión y, en cualquier caso, de forma que se respeten los plazos establecidos por el presente Reglamento. 2. El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente. Éste comunicará a los Estados miembros, en el plazo más breve posible, toda la información pertinente. 3. Si ello fuese necesario, las consultas podrán celebrarse únicamente por escrito; en tal caso, la Comisión informará a los Estados miembros y señalará un plazo durante el cual podrán expresar sus opiniones o solicitar una consulta oral, que el Presidente concederá siempre que pueda ser desarrollada en unos plazos que permitan respeter a los plazos establecidos en el presente Reglamento. 4. Las consultas versarán especialmente sobre: a) la existencia de prácticas perjudiciales en materia de precios y los métodos que permitan determinar el margen de dichas prácticas; b) la existencia e importancia del perjuicio; c) el nexo causal entre la venta objeto de prácticas perjudiciales en materia de precios y el perjuicio; d) las medidas que, habida cuenta de las circunstancias, resulten apropiadas para prevenir o reparar el perjuicio causado por la práctica perjudicial en materia de precios y las modalidades de aplicación de las mismas. Artículo 11 Inspecciones in situ 1. Cuando lo juzgue apropiado, la Comisión realizará inspecciones in situ con el fin de examinar y verificar los libros de los exportadores, constructores navales, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones comerciales para verificar la información facilitada sobre prácticas perjudiciales en materia de precios y perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, podrá no realizarse una inspección in situ . 2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en países terceros previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del Gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas concernidas, la Comisión notificará a las autoridades del país exportador los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas. 3. Se informará a las empresas concernidas con anterioridad a la vista, de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 4. Durante las inspecciones mencionadas en el presente artículo, la Comisión estará asistida por representantes de la Administración de los Estados miembros que expresen ese deseo. Artículo 12 Falta de cooperación 1. Cuando una parte interesada o un país tercero niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento o obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles. Si se comprueba que alguna de las partes o países terceros interesados ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Se comunicarán a las partes interesadas las consecuencias de la falta de cooperación. 2. La inexistencia de una respuesta mediante medios informatizados no deberá considerarse que constituye una falta de cooperación siempre que la parte interesada muestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario desproporcionado. 3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente adecuadas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada haya agotado sus posibilidades. 4. En caso de que no se acepten pruebas o informaciones, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera conclusiones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o informaciones. 5. Si las determinaciones, incluidas las relativas al valor normal, están basadas en las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, incluida la información facilitada en la denuncia, se deberá, siempre que ello sea posible y teniendo en cuenta los plazos de la investigación, comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes disponibles, tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de ventas y estadísticas de aduanas, y de la información facilitada durante la investigación de otras partes interesadas. 6. En caso de que una parte interesada no coopere o sólo lo haga parcialmente, y en consecuencia dejen de comunicarse informaciones pertinentes, ello podrá conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. Artículo 13 Confidencialidad 1. Toda información que por su naturaleza sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratado como tal por las autoridades. 2. Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información confidencial, que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla. 3. Si se concluye que una petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos, podrá no tenerse en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que es exacta. Las solicitudes de confidencialidad no serán rechazadas arbitrariamente. 4. El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias, de informaciones generales y, en particular, de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades comunitarias se apoyen, en la medida en que sea necesario para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales. 5. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y cuyo tratamiento confidencial haya solicitado la parte que las hubiere facilitado, sin autorización expresa de esta última. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros o cualquier información sobre las consultas realizadas con arreglo al artículo 10 o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Comunidad o sus Estados miembros no será divulgado excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento. 6. La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. Artículo 14 Divulgación de la información 1. Los denunciantes, el constructor naval, el exportador, el comprador o compradores del buque y sus asociaciones representativas y representantes del país exportador podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar establecer un derecho por prácticas perjudiciales en materia de precios o la conclusión de la investigación o del procedimiento sin el establecimiento de un derecho. 2. Las solicitudes de información presentadas con arreglo al apartado 1 deberán dirigirse por escrito a la Comisión y ser recibidas en los plazos establecidos por la Comisión. 3. La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, prestando especial atención a la protección de la información confidencial y, normalmente, no más tarde de un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de una decisión definitiva con arreglo al artículo 7. Cuando la Comisión no se encuentre en condiciones de comunicar determinados hechos o consideraciones simultáneamente, éstos serán comunicados posteriormente pero lo más rápidamente posible. La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión puede adoptar pero, cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible. 4. Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan recibido en el plazo que la Comisión fija en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a diez días. Artículo 15 Disposiciones finales 1. El presente Reglamento no excluirá la aplicación de: a) cualquier norma especial prevista en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y países terceros; b) medidas particulares, cuando ello no se oponga a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre construcción naval. 2. Las investigaciones contempladas en el presente Reglamento no se abrirán ni se establecerán ni mantendrán medidas cuando tales medidas sean contrarias a las obligaciones de la Comunidad derivadas del Acuerdo sobre construcción naval o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable. Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento deberá impedir que la Comunidad cumpla sus obligaciones con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre construcción naval relativas a la solución de litigos. Artículo 16 Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas . Será aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval ( 5 ). No será aplicable a los buques contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval, excepto para los buques contratados después del 21 de diciembre de 1994 y que deban ser entregados en un plazo superior a cinco años desde la fecha de su contratación. Dichos buques estarán sujetos al presente Reglamento a menos que el constructor naval demuestre que la ampliación de la fecha de entrega se debe a razones comerciales normales y no persigue impedir la aplicación del presente Reglamento. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ( 1 ) DO n o C 13 de 18. 1. 1996, p. 10. ( 2 ) DO n o C 17 de 22. 1. 1996. ( 3 ) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. ( 4 ) DO n o L 67 de 10. 3. 1994, p. 89. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n o 839/95 (DO n o L 85 de 19. 4. 1995, p. 9). ( 5 ) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre construcción naval se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L . This site is managed by the Publications Office of the European Union Need help? 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