Deuda pública
Después de la desamortización de bienes eclesiásticos, comenzada en el siglo XVIII, la Ley de 1 de mayo de 1855, declaró en estado de venta todos los bienes rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, a la Iglesia, “a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia” y otros públicos. Del precio de la venta, se invertirá el 80 por 100 en títulos de la Deuda pública al 3 por 100, a favor de las corporaciones o de los pueblos propietarios. El patrimonio de Villa y Tierra sufrió los efectos expropiatorios y fueron enajenados prácticamente la totalidad de sus bienes rústicos.