Case Name: El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Carmen L. Figueroa Santana, recurrida
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 2001-07-23
Citations: 154 P.R. Dec. 717
Docket Number: Número: CC-2000-922
Parties: El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Carmen L. Figueroa Santana, recurrida.
Judges: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López disintió sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino.
Reporter: Decisiones de Puerto Rico
Volume: 154
Pages: 717–732

Head Matter:
El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Carmen L. Figueroa Santana, recurrida.
Número: CC-2000-922
Resuelto: 23 de julio de 2001
Rosa N. Russé García, Subprocuradora General, Vanessa Lugo Flores, Subprocuradora General, y Eva Samantha Soto Castello, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo, peticionario; José A. Montijo Román y Edwin H. Flores Sellés, de la Sociedad para Asistencia Legal, abo-gados del recurrido.

Opinion:
La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón
emitió la opinión del Tribunal.
Nos corresponde determinar si para que una persona sea declarada culpable por el delito de maltrato, tipificado en el Art. 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (8 L.P.R.A. sec. 631) (en adelante Ley 54), se requiere que el Ministerio Público pruebe como elemento del delito que la persona acusada ha incurrido en un patrón constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica en contra de la víctima.
I
El 3 de junio de 1999 el Ministerio Público presentó dos (2) denuncias contra la recurrida, Carmen L. Figueroa Santana (en adelante Sra. Figueroa o recurrida), una por infracción al Art. 3.2 de la Ley 54, supra, 8 L.P.R.A. sec. 632 (maltrato agravado), y otra por infracción al Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 414. En la vista preliminar se encontró causa probable para acusar a la recurrida por violación al Art. 3.1 de la Ley 54, supra, que establece el delito de maltrato en su modalidad simple.
La vista del juicio en su fondo se celebró el 7 de septiem-bre de 1999. El único testigo que declaró fue la víctima, el Sr. Juan B. Romero Rosa (en adelante señor Romero). Éste declaró que convivía con la acusada, que había procreado dos (2) hijos con ésta, y que al momento de ocurrir los he-chos ella esperaba otro hijo de él. Además, el señor Romero declaró lo siguiente respecto a la forma en que ocurrieron los hechos:
. Alguien le dijo a ella que estaba con otra muchacha o algo . y fue al trabajo a hablar conmigo y yo no le estaba prestando atención. Fue a las 2:30 de la tarde. . Ella me decía que si era verdad y yo que no. No hubo falta de respeto ni voz alta ni de parte de ella ni de él. Ella se siguió acercando donde mí y cuando me fue a tirar, yo me tapé y me raspó el brazo. No vio con lo que le tiró, dice que una sortija, porque yo no vi lo que fue . yo estaba mirando al piso cuando veo que levanta la mano para darme, me tapo. Por el brazo.
. se imaginaba que con un cuchillo, pero no vio el cuchillo. . Cuando se le acercó ella no le dijo nada. El no le contestó nada. . Ocurrió en el "parking" de su trabajo. Ella se va y él siguió su trabajo... El llamó la policía, pero no fue. Fue la poli-cía al otro día, el día 3. . No recibió atención médica.
Durante el contrainterrogatorio, el señor Romero re-afirmó esencialmente lo que declaró en el directo con rela- ción a cómo ocurrieron los hechos. También admitió que él había cometido dos (2) delitos de Ley 54 contra la señora Figueroa.
De acuerdo con esta prueba, la Sra. Figueroa fue decla-rada culpable de infracción al citado Art. 3.1 de la Ley 54, supra. Se le condenó a cumplir 1 (un) año de libertad a prueba, sujeto a la participación de la recurrida en un pro-grama de desvío. Inconforme, la recurrida acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito). Señaló que el tribunal de instancia erró al encon-trarla culpable, ya que "estuvo totalmente ausente de la prueba desfilada por el Ministerio Público, el patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica según se establece en la ley''.( ) El Tribunal de Circuito acogió el planteamiento de la apelante y revocó la sentencia dictada por el tribunal de instancia. El foro ape-lativo concluyó que
el delito contemplado en la Ley Núm. 54 . define ciertos tipos de conducta prohibida o ilegal, las cuales quedan subsu-midas dentro de lo que constituye, en el contexto de dicha ley, [la definición de] violencia doméstica. Por tanto, somos de la opinión que conforme a la definición de "Violencia Doméstica" [patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o vio-lencia psicológica], el Ministerio Público . tiene que probar, como elemento esencial del delito de maltrato un "patrón de conducta constante" por parte del agresor .
De esta determinación el Ministerio Público recurrió ante nos mediante recurso y señaló como único error la conclusión del Tribunal de Circuito de que la conducta ti-pificada como violencia doméstica, en su modalidad de maltrato, requiere un patrón de conducta constante de em- pleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación o persecución.
Decidimos revisar y expedimos el recurso. Las partes han comparecido y con el beneficio de sus argumentos pro-cedemos a resolver.
II
. [L]a violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad. En el desarrollo de la política sobre este asunto, debemos dar énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia doméstica presentan, particularmente a mujeres y menores, para preservar su integridad física y emocional, procurar su seguridad y salvar sus vidas." 8 L.P.R.A. sec. 601.
El párrafo que antecede forma parte de la declaración de política pública contenida en el citado Art. 3.1 de la Ley 54. Esta política pública ha sido reafirmada por este Tribunal al reconocer que "[l]a violencia doméstica es un mal endémico y una infamia repudiable que aqueja a la socie-dad contemporánea. Si algo ha de quedar claro es la política pública en su contra, consagrada en la Ley para la Prevención en Intervención con la Violencia Doméstica .". San Vicente v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 1, 2 (1996).
Así, al interpretar la Ley 54, no podemos perder de perspectiva la política pública subyacente en la misma, ya que " las leyes hay que interpretarlas y aplicarlas en comunión con el propósito social que las inspira, sin desvincularlas de la realidad y del problema humano que persiguen resolver'". Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 537 (1999). Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735 (1992).
Huelga repetir aquí la problemática familiar y social que conlleva la violencia doméstica. Basta ojear día a día los periódicos del país, o ver las noticias televisadas, para darnos cuenta que la violencia doméstica es un mal social que, lamentablemente, está arraigado en nuestras comuni-dades, afectando a todas las clases sociales.
Como regla general, las víctimas más frecuentes de esta problemática son las mujeres y los niños; grupos que históricamente han sufrido los efectos más desgarradores de la violencia, la pobreza y el discrimen. No obstante, este caso nos presenta la situación particular de una mujer en el lado contrario de la típica ecuación de la violencia doméstica. Se trata de una mujer y madre acusada y convicta por el delito de maltrato en contra de su compañero y padre de sus hijos. No obstante, la Ley 54, aunque generalmente en su aplicación protege a las mujeres víctimas de maltrato, se creó también para proteger a los hombres que, en ocasiones, también son víctimas silentes de este triste drama.
III
La evidencia presentada y no contradicha por las partes estableció que entre la recurrida y el señor Romero ocurrió una discusión motivada por los celos. En medio de esa discusión, la recurrida agredió al señor Romero con un objeto, quizás punzante, que le causó una lesión leve en el brazo. La recurrida no negó en momento alguno estos hechos, sino que argumentó que para poder ser acusada y convicta del delito imputado, el Estado tenía que probar que ella había incurrido en un patrón de conducta reiterada de maltrato físico o psicológico en contra de su compañero. Esto debido a que el maltrato es una manifestación de la violencia doméstica, concepto que se define en la ley como
. [P]atrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional. (Énfasis suplido.) 8 L.P.R.A. sec. 602(k).
Así, la recurrida señala que debido a que la definición de "violencia doméstica" requiere un patrón de conducta constante de fuerza física o violencia, no se puede encon-trar a una persona incursa en un delito de violencia doméstica sin que se pruebe ese patrón. O sea, el planteamiento se reduce a que para que se pruebe el delito de maltrato tipificado en el Art. 3.1 de la Ley 54, supra, se requiere probar, como elemento del delito, el patrón de conducta constante de violencia. No tiene razón.
Los tribunales están obligados bajo el principio de legalidad a que la ley penal debe interpretarse restrictivamente, sin menoscabar la intención del legislador, de ser ésta conocida o evidente. Art. 8 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3031. Véase, además, Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 750-751 (1993). Cuando una ley en la que se tipifica un delito penal es clara, los tribunales no tienen la facultad de añadirle limitaciones o restricciones que no aparecen en su texto con el pretexto de interpretarla. Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964). Estas normas de interpretación tienen el propósito de evitar la aplicación de una ley penal que sea inconsistente con su propósito legislativo.
El Art. 3.1 de la Ley 54, supra, tipifica el delito de maltrato, al disponer que:
Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicoló-gica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apre-ciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativa-mente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) meses, excepto que de mediar circuns-tancias atenuantes se podrá reducir a un término no menor de nueve (9) meses y de mediar circunstancias agravantes podrá aumentarse hasta dieciocho (18) meses. 8 L.P.R.A. sec. 631.
Al analizar la disposición citada, encontramos que los elementos del delito de maltrato son: (1) empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución; (2) que se dé contra una persona que haya sido cónyuge del agresor o agresora, o con quien haya convivido, sostenido una relación consensual, o procreado hijos, y (3) que la fuerza o violencia se haya efectuado para causar daño fí-sico a esa persona o a sus bienes. Como vemos, entre los elementos del delito no se encuentra el que se pruebe pa-trón de violencia constante en contra de la víctima. ( ) De hecho, al analizar las disposiciones penales de la Ley 54, nos encontramos con que ninguna de éstas utiliza el con-cepto "violencia doméstica" para criminalizar la conducta constitutiva del delito.
El hecho de que en la ley se defina violencia doméstica como un patrón de conducta constante, no significa que el Art. 3.1 requiera que la fuerza física utilizada en un incidente particular sea parte de un patrón de conducta relacionado. No es lo mismo el concepto "violencia doméstica", que es lo que define el Art. 1.3(k) de la Ley 54, supra, 8 L.P.R. A. sec. 602(k), que "fuerza física" como elemento del delito de maltrato tipificado en el citado Art. 3.1 de la Ley 54. La violencia doméstica, como concepto, se manifiesta generalmente en un patrón de conducta consistente en agresión, maltrato físico, verbal y psicológico. No significa esto que el legislador haya pretendido, en forma alguna, limitar la fuerza física que se requiere para cometer el delito de maltrato a que se pruebe el patrón de conducta constante que, como regla general, implica el concepto "vio-lencia doméstica".
La Ley 54 establece un amplio esquema regulador con el propósito de atender la problemática de la violencia doméstica. Así, no sólo establece sanciones de tipo penal, sino que también establece el remedio civil de la orden de protección. Art. 2.1 de la Ley 54, supra, 8 L.P.R.A. sec. 621. La definición de "violencia doméstica" provista en la ley tiene el propósito de facilitar la comprensión y el alcance jurídico de este remedio.
Es por esta razón que de acuerdo con el Art. 2.1 de la Ley 54, supra, la persona que haya sido víctima de "violencia doméstica", o de conducta constitutiva de delito según tipificado eh la ley, puede solicitar al tribunal una orden de protección. Vemos, pues, cómo este artículo distingue entre la conducta a la que se refiere el término "violencia domés-tica" y la conducta constitutiva de delito tipificada en los Arts. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de la Ley 54, supra, 8 L.P.R.A. secs. 631-634, de manera que se pueda solicitar una orden de protección contra la persona que haya incurrido en cual-quiera de las conductas tipificadas en estos artículos de la ley, aunque no exista un patrón de conducta.
Por otra parte, otras disposiciones de la Ley 54, como por ejemplo, el Art. 3.11 (8 L.P.R.A. see. 641), utiliza el término "violencia doméstica" al ordenar la preparación de informes a los oficiales que intervienen en incidentes de violencia doméstica. También se utiliza dicho concepto en las disposiciones relativas a la función de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el esquema regulador de la Ley 54. Como vemos, cuando el legislador quiso utilizar el concepto "violencia doméstica" en disposiciones específicas de la ley, así lo hizo. En el contexto de dichas disposiciones es que debe aplicarse la definición de "violencia doméstica" establecida en el Art. 1.3(k) de la Ley 5.4, supra.
La interpretación que propone la recurrente está reñida tanto con la letra como con el espíritu de la Ley 54 y choca con la política pública esbozada en el estatuto. Basta solamente con preguntarse: ¿Es lógico y razonable que se interprete el Art. 3.1 de la Ley 54, supra, como que requiere que la persona sea víctima en más de una ocasión de vio-lencia física para que entonces pueda denunciar al agresor o agresora bajo la Ley 54? ¿Debe una persona víctima de agresión por parte de su pareja esperar a ser agredida una segunda, tercera, o cuarta ocasión para poder cumplir con el requisito de patrón de conducta constante alegadamente necesario para que se incurra en el delito de maltrato se-gún tipificado en la Ley 54?
Definitivamente, una contestación en la afirmativa a es-tas preguntas nos llevaría a una interpretación absurda de la Ley 54. La recurrida, para salvar su argumento de esta inaudita pero inescapable interpretación, alega que se puede configurar el delito de maltrato mediante fuerza fí-sica con una sola agresión siempre que el Ministerio Pú-blico demuestre que la persona imputada ha incurrido en alguna otra conducta constitutiva de violencia doméstica, como un patrón constante de violencia psicológica, intimi-dación o persecución.
Ciertamente, este razonamiento no tiene base racional alguna en las disposiciones de la Ley 54. Equivale a imponer al Ministerio Público la carga de probar un elemento del delito de maltrato que simplemente la ley no exige. Aunque generalmente los casos de maltrato por fuerza física implican también intimidación o violencia psicológica, esto no significa que para que se configure dicho delito sea necesario probar que la persona agraviada también fue víctima de violencia psicológica, intimidación y persecución.
La recurrida también alega que en los casos de maltrato mediante fuerza física en los cuales no se demuestre el patrón de conducta constante de fuerza física o violencia psicológica, el agresor siempre podría ser procesado bajo las disposiciones correspondientes del Código Penal de Puerto Rico. Esta aseveración refleja, cuanto menos, poco entendimiento del esquema protector establecido en la Ley 54.
En el Informe Conjunto del Sustitutivo a los P. del S. 90 y 470 de 25 de junio de 1989, se explica que "[e]n el Sustitutivo ante nuestra consideración se crean los delitos de Maltrato y Maltrato Agravado los cuales tipifican de forma especial la conducta que constituye la violencia doméstica".( ) (Énfasis suplido.) Más adelante continúa diciendo que:
Aun cuando algunos de los elementos . mencionados estén presentes en otros delitos, el hecho de que según el proyecto, estén unidos al concepto de la relación conyugal o consensual, tipifican particularmente un tipo de conducta que hasta ahora no está sancionada como delito. Dado que el propósito del pro-yecto de ley e[s] tipificar los delitos de Maltrato y Maltrato Agravado incorporando a éstos los elementos no contemplados en los delitos de agresión ya estatuados, los nuevos delitos tie-nen el propósito de distinguir este tipo de conducta delictiva y establecer una pena específica para ella.( ) (Énfasis suplido.)
Los delitos de maltrato y maltrato agravado que se tipifican en la Ley 54 crean una modalidad especial del delito de agresión tipificado en el Art. 95 del Código Penal de Puerto Rico, 8 L.P.R.A. sec. 4032, para atender específicamente las agresiones ocurridas dentro del contexto de la relación de pareja. Alegar que la persona víctima de violencia doméstica puede recurrir a las disposiciones análogas del Código Penal para denunciar a su cónyuge o compañero agresor es ir en contra de las razones mismas por las cuales se creó la Ley 54. Vale citar aquí, además, nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Rivera Morales, 133 D.P.R. 444, 484 (1993):
Resulta significativo el hecho de que a pesar de que se aprueba la Ley Núm. 54 . se mantuvo vigente la protección del Art. 95(d) un claro reconocimiento de que el problema de la violencia contra la mujer no se limita a una relación de pa-reja, sino que también persiste el grave problema de la mujer que es víctima de agresión por parte de desconocidos. En otras palabras, el legislador aunque particularizó una modalidad para atenderla con mayor especificidad, ha reconocido que aún existe un problema de violencia generalizada contra la mujer. La Legislatura escogió como instrumento de lucha contra este problema de violencia generalizada la legislación penal, el Art. 95(d) ,...( )
Por último, la recurrida se apoya en ciertas expresiones en el historial legislativo de la Ley 54 para sostener su argumento, específicamente las que se refieren a la violen-cia doméstica como "patrón de conducta". No obstante, to-mado en su verdadero contexto, lo que surge del historial legislativo es la preocupación especial de los legisladores y de las comisiones de la Cámara y del Senado de aprobar una ley que resultase efectiva para atacar la grave proble-mática de la violencia doméstica, la cual se manifiesta, en la mayoría de los casos, en un patrón continuo de abuso físico y psicológico. Las referencias que se hacen en los debates legislativos y en los informes de las distintas comi-siones al "patrón de conducta" de violencia doméstica se refieren más bien a la gravedad del problema que se inten-taba remediar con la aprobación de la ley. En ninguna parte del historial legislativo se desprende que se requiere como prueba del delito de maltrato un patrón de conducta de violencia. Como ya hemos indicado, dicha interpretación está en contra de toda la política pública tras la Ley 54, y no está sostenida por las disposiciones específicas que tipi-fican el delito de maltrato.
IV
En conclusión, el Art. 3.1 de la Ley 54, supra, en su modalidad de maltrato mediante fuerza física, no requiere que se pruebe un patrón de conducta constante de violencia. Por lo tanto, erró el Tribunal de Circuito al concluir que dicho patrón de conducta era elemento necesario para encontrar a la acusada culpable del delito de maltrato establecido en el citado Art. 3.1.
Tal vez las circunstancias particulares de este caso lle-varon al foro recurrido a resolver de la manera en que lo hizo. Como ya mencionáramos, la situación fáctica en que se plantea esta importante controversia no es el cuadro típico de violencia doméstica. Aquí se trata de una joven mujer que al cometer los hechos constitutivos de agresión contra su compañero estaba embarazada y bajo la creencia de que éste estaba sosteniendo una relación consensual con otra mujer. Además, el daño físico ocasionado a la víctima, señor Romero, fue mínimo. Definitivamente, no estamos frente a la situación clásica de la persona que abusa de su fuerza física y su posición de poder dentro del núcleo familiar para castigar físicamente a su pareja y causarle grave daño corporal.
No obstante, aunque no sea éste el cuadro típico de violencia doméstica, no podemos añadirle elementos adicionales a los delitos tipificados en la Ley 54 por el hecho de que las circunstancias particulares en que ocurra la agresión, o el hecho de que el daño causado a la víctima sea mínimo, nos haga sentir compasión por la persona acusada. Precisamente, la política pública tras la Ley 54 es lograr que las agresiones entre parejas, por insignificantes que parezcan, no pasen desapercibidas y que no sean consideradas como crímenes pequeños o de menor importancia. Por el contrario, al primer aviso de violencia, la víctima debe tomar las medidas necesarias para lograr que la situación no vuelva a repetirse, y así evitar trage-dias mayores como las que día a día cubren de luto a más familias en nuestro país.
Por todos estos fundamentos, procede revocar la senten-cia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López disintió sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino.
(1) La recurrida también señaló como error el que no se le permitiese a la defensa presentar en evidencia una sentencia contra la víctima, señor Romero, por infracción al Art. 3.1 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989 (8 L.P.R.A. sec. 631). No obstante, la recurrida se limitó únicamente a hacer el señalamiento, sin discutir el error alegado ni en su escrito de apelación ni en su alegato ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por ésta razón, el foro recurrido no hizo determinación al-guna sobre ese error.
(2) No es necesario resolver aquí, por no estar planteado, si para acusar a una persona de violencia psicológica, intimidación o persecución bajo el Art. 3.1 de la Ley 54, supra, se requiere que se pruebe un patrón de conducta.
(3) Informe Conjunto del Sustitutivo a los P. del S. 90 y 470 de 25 de junio de 1989, pág. 9.
(4) Íd., pág. 12.
(5) Voto particular y de conformidad emitido por la Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.