Case Name: Partido Acción Civil, peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., recurridos
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 2000-02-25
Citations: 150 P.R. Dec. 359
Docket Number: Número: AC-1999-20
Parties: Partido Acción Civil, peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., recurridos.
Judges: El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintieron sin una opinión escrita.
Reporter: Decisiones de Puerto Rico
Volume: 150
Pages: 359–403

Head Matter:
Partido Acción Civil, peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., recurridos.
Número: AC-1999-20
Resuelto: 25 de febrero de 2000
Nelson Rosario Rodríguez, abogado del peticionario; Ramón L. Walker Merino, de Walker Merino Law Office, abogado del recurrido Comisión Estatal de Elecciones; Gustavo A. Gelpí, Procurador General, y Karen Pagán Pagán, Procu-radora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, recurrido.

Opinion:
El Juez Asociado Señor Hernández Denton
emitió la opinión del Tribunal.
El Partido Acción Civil nos solicita la revocación de una sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones en la cual se sostuvo la constitucionalidad de los Arts. 3.001(3) y 3.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. sees. 3101(3) y 3102.
Por considerar que dichas disposiciones no adolecen de vicio constitucional alguno, confirmamos.
I
El 6 de octubre de 1998 el Partido Acción Civil, una agrupación política interesada en convertirse en un par-tido por petición para participar en las elecciones del 2000, presentó un recurso de sentencia declaratoria e injunction preliminar y permanente ante el Tribunal de Primera Ins-tancia mediante el cual impugnó la constitucionalidad de los Arts. 3.001(3) y 3.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según en-mendada, 16 L.P.R.A. sees. 3101(3) y 3102. Dichas disposi-ciones requieren que las peticiones para inscribir un par- tido por petición sean juramentadas ante notario público y presentadas ante la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante la C.E.E.) dentro del término de siete (7) días de haberse tomado el juramento en cuestión. Solicitó, además, que la C.E.E. adoptara para la inscripción del Partido Ac-ción Civil como partido por petición los mismos requisitos exigidos a los candidatos que interesan participar en las primarias internas de los partidos políticos ya inscritos.
El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda incoada. Sostuvo la constitucionalidad de los requisitos im-puestos por los citados Arts. 3.001(3) y 3.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico, por considerar que las diferencias entre los distintos requisitos de ley establecidos para la inscripción de un partido político por petición y para los trámites primaristas de un partido ya inscrito responden a intereses válidos y legítimos del Estado. Concluyó que para su inscripción como partido político por petición, el Partido Acción Civil no podía exigir de la C.E.E. un trato igual al que se le concede a los partidos ya inscritos.
Inconforme con tal determinación, el Partido Acción Civil acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. So-metido el recurso, el Partido Acción Civil presentó una mo-ción en auxilio de jurisdicción a través de la cual solicitó que se autorizara la recolección de endosos utilizando no-tarios ad hoc designados por la C.E.E., y que se ordenara a ésta recibir todos los endosos, arm aquellos presentados luego del término de siete (7) días establecido en ley. El tribunal apelativo confirmó el dictamen recurrido.
Oportunamente, el Partido Acción Civil presentó ante nos un recurso de apelación, acompañado con una moción en auxilio de jurisdicción para que dejásemos sin efecto el Art. 3.001(3) de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, en cuanto al requisito de que los endosos de inscripción sean juramentados ante notario público. Acogimos el recurso de apelación como uno de certiorari, pero denegamos la mo-ción en auxilio de jurisdicción.
En síntesis, el Partido Acción Civil alega que erraron los tribunales sentenciadores: (1) al concluir que las disposi-ciones de la Ley Electoral de Puerto Rico impugnadas no violan los derechos de asociación, expresión y al voto efec-tivo bajo la doctrina de acceso a la papeleta; (2) al desesti-mar sumariamente la demanda; (3) al desestimar la de-manda sin celebrar vista evidenciaría, ya que esto alegadamente violó sus derechos constitucionales por no haberse cumplido con los requisitos del debido proceso de ley procesal; (4) al concluir que no se viola la disposición constitucional sobre Igual Protección de las Leyes al exigir que sean abogados los que notaricen los endosos de los par-tidos por petición.
Examinados los autos originales, así como los extensos alegatos y escritos de todas las partes, resolvemos.
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La correcta adjudicación de los hechos ante nos requiere que examinemos y armonicemos el importante papel que juegan los partidos políticos en nuestra jurisdicción, con la obligación de la Asamblea Legislativa de salvaguardar el derecho a que los electores puedan ejercer su voto en el contexto de unas elecciones justas y libres de fraude, con-fusión y caos.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce, expresamente, la importancia de los partidos políticos dentro de nuestra organización de go- bierno al establecer la fórmula de garantía de representa-ción minoritaria en la Legislatura. Art. Ill, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986). En el ejercicio de nuestra función adjudi-cativa, esta Curia ha reconocido que los partidos políticos han asumido un rol cada vez más extenso e importante en el funcionamiento cotidiano de los estados modernos, y que existe una correlación entre el sistema de partidos y el or-denamiento constitucional. Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974).
La existencia de los partidos políticos en nuestra jurisdicción está íntimamente ligada al derecho que tiene cada ciudadano de participar en el proceso electoral, elemento base de nuestro sistema democrático, que surge del derecho al voto, consagrado expresamente en nuestra Carta de Derechos. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. En nuestro esquema de derecho constitucional, el derecho al voto no tan sólo comprende el derecho del elector a votar en las elecciones, sino que abarca el derecho a que se incluyan en las papeletas las opciones que reflejan las corrientes políticas contemporáneas del elector. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980). El derecho al voto, en su dimensión de participación política, comprende el derecho a formar agrupaciones para participar en el proceso electoral.
Aunque es indudable el carácter fundamental del derecho a votar de una manera determinada, y el derecho a formar agrupaciones para propósitos políticos a través de una papeleta electoral, este derecho no es absoluto. Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 D.P.R. 141 (1997). Véanse, a modo ilustrativo: Munro v. Socialist Workers Party, 479 U.S. 189 (1986); Burdick v. Takushi, 504 U.S. 428 (1992). Corresponde a la Asamblea Legislativa, en el ejercicio del mandato constitucional impuesto en nuestra Constitución que preceptúa que "[s]e dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas", determinar y reglamentar todo lo concerniente al proceso electoral, inclusive los partidos políticos y las candidaturas. Art. VI, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 407.
La facultad concedida a la Asamblea Legislativa mediante el Art. VI, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, aunque no es absoluta, es amplia y abarcadora. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980). Sólo así puede cumplir el Estado con su obligación de proteger la pureza del proceso electoral. Es decir, la Asamblea Legislativa tiene la facultad y la obligación de aprobar aquella reglamentación que, sin obstaculizar innecesariamente el derecho al voto en todas sus dimensiones, propenda a la realización de un proceso electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto e íntegro. P.S.P v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, supra; P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976). Bajo este poder, al reglamentar el acceso de los grupos, los candidatos o las fórmulas a las papeletas, el Estado se coloca en una posición que, por su naturaleza, tiene el efecto de restringir e imponer cargas sobre el derecho a participar en el proceso electoral. Véase, a modo ilustrativo, Tashjian v. Republican Party of Connecticut, 479 U.S. 208 (1986).
Es dentro de este trasfondo constitucional que debemos analizar los reclamos del Partido Acción Civil.
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El Partido Acción Civil alega que erró el tribunal de instancia al dictar sentencia sumaria sin tomar en consi-deración todos los hechos materiales no controvertidos por la parte demandada y sin concederle la oportunidad de de-mostrar, mediante preponderancia de prueba, que las dis- posiciones impugnadas son inconstitucionales en su aplicación.
La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, regula todo lo concerniente a la sentencia sumaria. El propósito de dicho mecanismo es aligerar la tramitación de los casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar una vista evidenciaría, cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan con la solicitud —y de la totalidad de los autos— surge que no existe controversia sobre los hechos materiales, por lo cual sólo corresponde aplicar el derecho. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990).
Corresponde a la parte promovente demostrar que no existe una controversia real sustancial sobre un hecho material y que, como cuestión de derecho, procede dictar la sentencia a su favor. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624 (1994). El tribunal puede dictar sentencia sumaria a favor de la parte en el litigio que no solicitó dicho remedio si en autos constan fundamentos suficientes para ello. Audiovisual Lang. v. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997).
Hemos destacado en el pasado que "[e]l hecho de que una parte presente una moción de sentencia sumaria no es garantía de que, una vez se determine que ésta pro-cede, necesariamente haya que resolverla en favor de quien la presentó". Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 129 D.P.R. 538, 549 (1991). El tribunal debe analizar los hechos de la forma más favorable a la parte que se opone a ella y emitir sentencia a favor de la parte a la cual le asiste el derecho. Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735 (1992).
Según surge de los autos, el Partido Acción Civil pre-sentó una moción de sentencia sumaria en la que reiteró los argumentos esbozados en la demanda y enumeró los hechos expuestos en la demanda que alegadamente no fue-ron controvertidos por los codemandados. Éstos se opusie-ron a que se dictara sentencia sumaria. El tribunal de ins-tancia, a base de los documentos y de las admisiones de las partes, enumeró una serie de hechos materiales sobre los que no existía controversia real sustancial. Procedió, en-tonces, a examinar el derecho aplicable y a formular las conclusiones de derecho pertinentes. Determinó que, en virtud del derecho vigente en nuestra jurisdicción, proce-día declarar sin lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por el Partido Acción Civil y dictar sentencia mediante la cual se desestimara sumariamente la demanda.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al hacer uso del recurso de sentencia sumaria. Al evaluar el recurso, el foro apelativo concluyó que los alegados hechos en conflicto presentados por el Partido Acción Civil en apelación para tratar de derrotar el dictamen sumario constituyen, más bien, opiniones y conclusiones particulares de la parte apelante. Dichas conclusiones y opiniones, al no estar sustentadas con hechos específicos, no tienen valor probatorio y son insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye. Por no constituir más que especulaciones, no deben ser consideradas como hechos en el procedimiento de sentencia sumaria para determinar si en realidad existe conflicto real sobre hechos materiales. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).
Por considerar, como correctamente lo determinó el tribunal apelativo, que el tribunal de instancia no estaba obligado a considerar las conclusiones y opiniones del Par-tido Acción Civil como hechos materiales en controversia, concluimos que el caso de autos cumple con los requisitos procesales y sustantivos requeridos para un dictamen sumario. Por ende, no abusó de su discreción el foro sen- tenciador al utilizar el mecanismo de sentencia sumaria en el caso de autos.
Por otro lado, el Partido Acción Civil sostiene que el tribunal de instancia incurrió en una violación a su debido proceso de ley procesal al privarle de la oportunidad de establecer en una vista evidenciaría, la alegada inconstitu-cionalidad de las disposiciones impugnadas en una vista evidenciaría. No le asiste la razón.
En su vertiente procesal, la cláusula del Debido Proceso de Ley le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que, en esencia, sea justo y equitativo. Anteriormente establecimos que el debido proceso de ley procesal no es un molde riguroso que se da en el abstracto, pues su naturaleza es eminentemente circunstancial y pragmática, no dogmática. Cada caso exige una evaluación concienzuda de las circunstancias envueltas. Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, 139 D.P.R. 272 (1995); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993).
Para que entre en vigor la protección que ofrece este derecho tiene que estar en juego tm interés individual de libertad o propiedad. Una vez cumplida esta exigencia, hay que determinar cuál es el procedimiento exigido (What process is due). Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (1987).
Para hacer dicha determinación es necesario analizar los factores siguientes: (1) los intereses individuales afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y (3) el interés gubernamental protegido con la acción sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); Matthews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976). Dependiendo de las circunstancias, diversas situa-ciones pueden requerir diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste el requisito general de que el proceso gubernamental debe ser justo e imparcial.
Nuestro ordenamiento procesal civil ha considerado que no se priva a los litigantes de su derecho a un proceso justo e imparcial cuando, de cumplirse con determinados requisitos y a petición de una parte, se demuestra al tribunal que es innecesario la celebración de un juicio en su fondo. En tales supuestos, por no existir controversia sobre los hechos materiales, no hay necesidad de celebrar una vista evidenciaría para recibir o dilucidar la prueba. Nuestro ordenamiento provee el mecanismo de las Reglas 10.3 (Moción para que se dicte sentencia por las alegaciones) y 36 (Sentencia sumaria) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para atender dichas situaciones.
En el caso ante nos, el foro de instancia consideró que por no haber una controversia real sustancial en cuanto a los hechos materiales, no se requería una vista evidencia-ría, pues no había nada que dilucidar en su fondo. El pro-pio Partido Acción Civil así lo reconoció al invocar el meca-nismo de sentencia sumaria. Por no haber controversia sobre los hechos materiales, no se violó el debido proceso de ley del Partido Acción Civil al adjudicar el recurso sumariamente.
IV
El Partido Acción Civil alega que la disposición de la Ley Electoral de Puerto Rico —que exige que sean aboga-dos los que notaricen los endosos de los partidos por peti-ción, mientras se permite que sean notarios ad hoc los que certifiquen los endosos de los miembros de los partidos tra-dicionales que aspiran a convertirse en candidatos a pri- marias— viola la cláusula constitucional sobre Igual Pro-tección de las Leyes.
El Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución, supra, prohíbe que se le niegue a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. La garantía de la igual protección de las leyes no prohíbe o impide que el Estado establezca clasificaciones para descargar adecuada y eficientemente sus funciones, ni exige que se le dé un trato igual a todas las personas; lo que prohíbe es el trato desigual injustificado. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405 (1993); P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631 (1984); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); P.S.P., P.P.D., P.I.P v. Romero Barceló, supra; Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975).
La cláusula de igual protección garantiza que, tomando en consideración el propósito y alcance de la ley, individuos que se encuentren en situaciones similares, sean tratados de modo similar por el Estado. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864 (1991); 3 Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure Secs. 18.1 — 18.2 (1999). Antes de determinar el tipo de escrutinio que debe aplicarse ante una alegada violación a la cláusula de Igual Protección de las Leyes, el tribunal debe examinar, como requisito de umbral, si las personas excluidas de la clasificación están igualmente situadas que aquellas que fueron incluidas, o viceversa. Así, en Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102 (1991), al examinar la aplicación del escrutinio estricto bajo la cláusula de Igual Protección de las Leyes, en aquellas situaciones en que la clasificación impugnada es inherentemente sospechosa, aclaramos: "Claro está, la aplicación de este análisis parte de la premisa de que la ley está brindando un trato desigual a per- sonas similarmente situadas." Calo Morales v. Cartagena Calo, supra, pág. 133.
Al considerar si dos (2) personas están igualmente situadas —para propósitos de la cláusula de Igual Protección de las Leyes— debemos examinar cuál es el propósito del estatuto que se impugna. Examinado el propósito del estatuto, corresponde determinar si la clasificación establecida por la Asamblea Legislativa, al incluir a unas personas y excluir a otras, es razonable. Si en el ejercicio de distinguir entre unas y otras personas el Estado aduce, en virtud del objetivo que se persigue, razones legítimas que justifican la clasificación, no se viola la garantía constitucional de Igual Protección de las Leyes. Treatise on Constitutional Law, supra, Sec. 18.2. La prohibición de esta cláusula no implica la exclusión de cualquier diferenciación entre las personas, si tal diferenciación tiene una justificación objetiva y racional. Véase, a modo ilustrativo, Katzenbach v. Morgan, 384 U.S. 641 (1966); Railway Express v. New York, 336 U.S. 106 (1949).
V
Nos corresponde examinar cuál es el propósito que per-sigue la Asamblea Legislativa al establecer requisitos dife-rentes para la inscripción de agrupaciones políticas como partidos por petición, de los establecidos para los candida-tos a primarias de partidos políticos ya inscritos. No hay duda de que ambos tipos de requisitos, aunque diferentes, en esencia persiguen salvaguardar el interés importante de proteger la integridad del proceso político de candidatu-ras frívolas y fraudulentas, a la vez que aseguran que el proceso electoral sea eficiente y libre de confusión.
Sin embargo, a diferencia del requisito de notarios ad hoc para juramentar las peticiones de inscripción de los candidatos a primarias, el requisito legislativo de exigir la intervención de un notario público para juramentar las peticiones de inscripción de los partidos por petición obedece, además, a la necesidad de establecer un mecanismo de inscripción que, gozando de la presunción de la fe pública notarial, garantice al máximo la pureza del proceso. P.S.P., P.P.D., P.I.P v. Romero Barceló, supra.
Al hacer una distinción entre los requisitos a exigirse para la inscripción de las agrupaciones políticas en proceso de inscripción como partidos por petición de aquellos que se exigen a los candidatos a primarias de los partidos políticos ya establecidos, la Asamblea Legislativa responde a unos intereses razonables y legítimos. Las diferencias que existen entre las asociaciones políticas en proceso de inscripción y los candidatos a primarias de los partidos políticos ya establecidos permiten y justifican que exista un trato diferente en cuanto a los requisitos de juramento de las peticiones de inscripción de cada uno. Esta dicotomía en la reglamentación tiene su razón de ser. Veamos.
La diferencia existente entre los partidos políticos y las agrupaciones políticas en vías de inscripción ha sido reiteradamente reconocida por nuestra jurisprudencia. No es hasta el momento en que la agrupación política ha satisfecho todos los requisitos exigidos por las leyes electorales para su inscripción que se convierte en acreedora de un trato igual a los partidos tradicionales. P.R.P v. E.L.A., supra.
Esta Curia ha reconocido la preeminencia de los partidos políticos como vehículos que facilitan la organiza-ción y efectividad de la participación colectiva de los individuos. Sánchez y Colón v. E.L.A. II, 134 D.P.R. 503 (1993). En nuestro sistema democrático los partidos políti-cos son indispensables, están revestidos de poderes cuasi gubernamentales, y constituyen el vehículo de expresión ciudadana para canalizar pacíficamente las distintas ten-dencias políticas e intereses de los varios sectores de opi-nión del país. P.R.P. v. E.L.A., supra. Es en virtud de su carácter cuasi público que se les otorga un subsidio a tra-vés del fondo electoral para financiar sus actividades. P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978).
Los partidos políticos deben cumplir con rigurosas normas electorales y operan bajo un esquema diseñado para que el Estado pueda supervisar y fiscalizar sus actividades políticas, administrativas y financieras. A diferencia de esto, las agrupaciones políticas que no son partidos políticos no están sujetas a este tipo de escrutinio, por lo cual no pueden ser favorecidas con una asignación de fondos públicos. P.S.P v. E.L.A., supra.
Por su parte, el proceso de las candidaturas a primarias es uno mediante el cual los electores de los partidos políti-cos nominan sus candidatos a cargos públicos electivos. Art. 1.003(47) de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3003(47). Es un proceso intrínsecamente pro-pio de los partidos políticos establecidos, los cuales, por su historial, ya han demostrado un apoyo electoral.
Los aspirantes y candidatos a puestos electivos, al que-dar certificados mediante los endosos, no reciben subven-ción alguna de fondos públicos. La certificación sólo les da derecho a aparecer en una papeleta junto a otros aspiran-tes, para luego someterse al escrutinio público, primero en primarias y luego en las elecciones generales.
A diferencia de los candidatos a primarias, en los cuales el partido a que pertenecen ya ha demostrado que disfruta del apoyo del electorado, las agrupaciones políticas que in- teresan inscribirse como partidos deben poder demostrar que cuentan con suficiente base electoral. El Estado puede, válidamente, establecer unos requisitos para exigir una demostración preliminar de apoyo por el electorado. Estos requisitos pueden formularse como condiciones para aparecer en la papeleta electoral. Véase, a modo ilustrativo, Jenness v. Fortson, 403 U.S. 431, 442 (1971).
El interés del Estado de cerciorarse de que se trate de una agrupación política bona fide que cuenta con un respaldo del electorado es todavía más apremiante si consideramos que, una vez logran su inscripción como partido, las agrupaciones políticas participan del Fondo Electoral, tienen derecho a un Comisionado Electoral y a tener representantes a tiempo completo en las Juntas de Inscripción Permanente a cargo del erario. Ante esta realidad se justifica que el Estado establezca un proceso de evaluación y certificación más estricto.
Un examen del informe sometido por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 896, antecesor de la Ley Núm. 4 de 15 de noviembre de 1978, la cual enmendó el citado Art. 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico y añadió el requisito de que las peti-ciones de inscripción de los partidos por petición fuesen juramentadas ante un notario público, demuestra la pre-ocupación de la Asamblea Legislativa respecto a la partici-pación en el Fondo Electoral:
Un factor de gran importancia qne debe considerarse al apro-bar este Proyecto, lo es la disposición de la Ley Electoral vi-gente en lo referente al Fondo Electoral. Siendo dicho fondo parte del erario público, hay que salvaguardar que la partici-pación del mismo no le sea entregada a partidos por petición que se hayan inscrito fraudulentamente y[,] por el contrario, participe de él aquel partido que tenga el endoso de un sector verdaderamente interesado y el cual inscribió legalmente un nuevo partido. Informe de la Comisión de Gobierno de la Cá-mara de Representantes sobre el P. de la C. 896 de 24 de octu-bre de 1978, pág. 3.
Ante lo anteriormente expuesto, concluimos que las agrupaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos por petición no están igualmente situadas que los candidatos a primarias de los partidos políticos establecidos. Existe una justificación legítima y objetiva para que el Estado establezca unos requisitos más rigurosos para las peticiones de inscripción de las agrupaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos por petición que los requisitos establecidos para los candidatos a primarias.
La Asamblea Legislativa tiene un interés legítimo al exigir una demostración prima facie de apoyo electoral a las agrupaciones políticas que presentan peticiones de inscripción, y al establecer un mecanismo para garantizar la confiabilidad de dichas peticiones. En nuestro ordenamiento, ese mecanismo es el juramento de dichas peticiones ante un notario público y la fe pública que la intervención de tal funcionario otorga.
El Partido Acción Civil alega, además, que durante la celebración del Plebiscito de 13 de diciembre de 1998 se permitió a Pro E.L.A. juramentar los endosos requeridos para tener acceso a la papeleta plebiscitaria y hacer cam-paña con fondos públicos como representante de la libre asociación ante los funcionarios autorizados por ley para tomar juramentos y por notarios ad hoc que fueron autori-zados por la C.E.E.
Sobre esta alegación, basta con señalar que los requisi-tos para representación oficial de las opciones plebiscita-rias, que fueron los requisitos satisfechos por Pro E.L.A., fueron establecidos mediante el Art. 10 de la ley especial conocida como la Ley del Plebiscito de 1998 (Ley Núm. 249 de 17 de agosto de 1998). El propósito de dicha ley fue hacer viable un proceso eleccionario que atendiera la con-troversia sobre la condición política de los habitantes de Puerto Rico con relación a Estados Unidos. Art. 1 de la Ley del Plebiscito de 1998. Fue en atención a la naturaleza especial del proceso plebiscitario que la Asamblea Legisla-tiva pautó los requisitos a cumplirse.
En el proceso eleccionario ordinario los partidos que han logrado acceso a la papeleta presentan al electorado sus candidatos para regir el destino de Puerto Rico. Dichos candidatos, de resultar electos, formarán parte de nuestro Gobierno por los próximos cuatro (4) años. El Estado tiene un interés legítimo en que dichos candidatos sean unos que auténticamente representen los intereses del sector de la población que depositó en ellos su confianza. Para ello es necesario establecer unos requisitos estrictos que garanti-cen que el proceso ha sido uno libre de fraude y corrupción. Configuraría una situación grave el que luego de haber resultado electos ciertos candidatos, y de haber juramen- tado su puesto, se descubriese que el partido que los aus-pició había sido inscrito fraudulentamente.
A diferencia de esto, el proceso plebiscitario no es para elegir candidatos, ni para establecer el Gobierno de Puerto Rico. Por su naturaleza, lo que persigue es dar un acceso a las diversas ideologías existentes sobre cuál debe ser el futuro político de Puerto Rico.
Debemos señalar que la Ley del Plebiscito de 1998, al igual que la Ley Electoral de Puerto Rico, dio un trato diferente a las agrupaciones que solicitaron representar una de las opciones de status que aquél dado a los partidos políticos establecidos. El Art. 10 de la Ley del Plebiscito de 1998, supra, disponía que la participación oficial de los partidos políticos establecidos quedaba asegurada con la mera notificación escrita a la C.E.E. dentro del término pautado en ley por parte de sus organismos directivos.
Por su parte, la oportunidad de participación de las otras agrupaciones políticas se reglamentó específica-mente. En primer lugar, se dispuso que las organizaciones políticas podrían solicitar que se les certificase para repre-sentar oficialmente una opción, siempre y cuando dicha op-ción no estuviese ya representada por un partido político. Además, para obtener tal certificación, la agrupación debía de acreditar ante la C.E.E. que tenía personalidad jurídica al momento de aprobarse la Ley del Plebiscito de 1998, y un público y reconocido historial de defensa de la opción que pretendía representar; someter ante la C.E.E. un nú-mero de peticiones de endosos equivalentes a no menos del tres porciento (3%) de los electores que votaron en el Ple-biscito de 1993 por la opción de status que menos votos obtuvo en dicha consulta; dichas peticiones podían ser ju-ramentadas por los funcionarios autorizados por ley para tomar juramentos y por aquellos que la C.E.E. así autorizara. Art. 10(3) de la Ley Núm. 249, supra. Es decir, la Asamblea Legislativa optó por exigir a las agrupaciones que interesaban participar en el plebiscito de 1998 en representación de una de las opciones que no estuviese representada por un partido político, unos requisitos dis-tintos a los exigidos a los partidos políticos establecidos y a los que se exigen para la inscripción de partidos por peti-ción para las elecciones generales.
El argumento del Partido Acción Civil descansa en el hecho de que Pro E.L.A., como agrupación política que re-presentaba la opción de libre asociación, fue certificada para concurrir al plebiscito a través de juramentos con no-tarios ad hoc y, a su vez, participó de los fondos especiales asignados para el plebiscito. Respecto a este argumento, debemos señalar las diferencias entre la participación de una agrupación política debidamente cualificada para defender una opción de status en los fondos plebiscitarios y la participación de los partidos inscritos, ya sean los princi-pales o por petición, en el Fondo Electoral.
El Fondo Electoral es un fondo de carácter permanente que garantiza a todos los partidos políticos, los principales y los por petición, una participación para cada uno de $300,000 anuales en años no eleccionarios, y de $600,000 en años eleccionarios. Art. 3.023 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3116. Los fondos especiales asignados a los partidos y agrupaciones cualificadas que participaron en el plebiscito de 1998 consistieron de una asignación única y a corto plazo de $2,000,000 a ser distribuida por partes iguales entre todos los partidos políticos y las agrupaciones políticas cualificadas. Art. 30 de la Ley del Plebiscito de 1998, supra.
Por lo anteriormente expuesto respecto a la naturaleza del proceso plebiscitario y al carácter de los fondos públicos asignados para dicho proceso, concluimos que las agrupaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos por petición no están igualmente situadas que las agrupaciones políticas que participan en un proceso plebiscitario. Existe una justificación legítima y objetiva para que el Estado establezca unos requisitos más riguro- sos para las peticiones de inscripción de las agrupaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos por petición. Una vez reconocidas como partidos por petición, dichas agrupaciones tienen derecho a presentar candidatos a puestos electivos en las elecciones generales y a una parti-cipación anual sustancial del Fondo Electoral.
VI
Por último, nos compete examinar la alegación del Par-tido Acción Civil de que las disposiciones impugnadas vio-lan los derechos de asociación, expresión y voto efectivo bajo la doctrina de acceso a la papeleta electoral, y de que la legislación afecta su derecho a ser candidato a un puesto público.
En primer lugar, debemos señalar que aunque los derechos al voto y a asociación son de carácter fundamental, y su ejercicio conlleva el derecho a votar de una manera determinada, tanto el derecho a ser candidato a un cargo electivo, así como el comparecer como asociación en la papeleta electoral, no son derechos fundamentales. P.P.D. v. Planadeball Poggy, 121 D.P.R. 570 (1988); García v. Luciano, 115 D.P.R. 628 (1984). Véanse, además, á modo ilustrativo: Burdick v. Takushi, supra; Munro v. Socialist Workers Party, supra; Clements v. Fashing, 457 U.S. 957, 963 (1982).
Ante el interés estatal de evitar el caos y la confusión electoral, los estados tienen la facultad de reglamentar los requisitos necesarios para tener acceso a la papeleta electoral. Sin embargo, tal poder no es absoluto. Los mecanismos de reglamentación utilizados por el Estado no pueden tener el propósito de excluir a ciertas clases de candidatos y partidos del proceso eleccionario. Es decir, las disposiciones sobre acceso a la papeleta electoral no pueden restringir de modo innecesario o discriminatorio las oportunidades de un candidato o de una agrupación poli- tica a tener acceso al electorado, ni pueden operar para excluir ciertos tipos de candidatos o partidos del proceso electoral. Véase, a modo ilustrativo, Lubin v. Panish, 415 U.S. 709, 716 (1974).
En Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 D.P.R. 445, 450 (1993), examinamos el delicado balance entre el derecho fundamental al sufragio y el interés del Estado en reglamentar su ejercicio, y llegamos a la conclusión que el proceso de análisis es el de estudiar las circunstancias particulares de cada caso. No existe un criterio rígido e invariable que deba ser utilizado en este tipo de análisis judicial.
La jurisprudencia federal relacionada con la doctrina de acceso a la papeleta ha elaborado el escrutinio a aplicarse cuando se alega que alguna disposición del Estado res-tringe a un candidato, o a una asociación, el acceso a la papeleta electoral. Dicha jurisprudencia fue objeto de aná-lisis en Sánchez y Colón v. E.L.A. II, 134 D.P.R. 503 (1993), opinión de conformidad del Juez Presidente Señor Andréu García.
En aquellos casos en que se impugna la constitucionalidad de una ley que reglamenta el acceso a la papeleta electoral, no se impone automáticamente a los tribunales el deber de aplicar un escrutinio estricto. El someter automáticamente cada disposición electoral al escrutinio estricto le ataría las manos a los estados en su interés de reglamentar para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de forma equitativa y eficiente. Véanse, a modo ilustrativo: Burdick v. Takushi, supra; Anderson v. Celebrezze, 460 U.S. 780 (1983); Bullock v. Carter, 405 U.S. 134 (1972).
Ante un reclamo de inconstitucionalidad al amparo de la doctrina de acceso a la papeleta, corresponde al tribunal, en primer lugar, determinar si la restricción es severa, irrazonable o discriminatoria, y examinar la natu- raleza y magnitud del daño alegado y la dimensión del per-juicio ocasionado. Si se determina que la restricción es se-vera, irrazonable o discriminatoria, se sujeta la reglamentación al escrutinio estricto.
Al amparo de la doctrina de acceso a la papeleta se entiende que es severa aquella restricción que tiene el efecto de hacer imposible que todo nuevo candidato o asociación política pueda tener acceso a la papeleta electoral. La pregunta que debe contestarse es si un candidato que ejerce una diligencia razonable puede satisfacer los requisitos impuestos por el Estado. Véanse, a modo ilustrativo: Storer v. Brown, 415 U.S. 724 (1974); Jenness v. Fortson, supra; Norman v. Reed, 502 U.S. 279 (1992).
En aquellos casos en que la restricción impuesta por el estatuto es razonable y no discriminatoria se aplica el estándar de balance de intereses. En este proceso se evalúan los intereses gubernamentales que justifican la imposición de las restricciones impugnadas, y se sopesan frente a la naturaleza y magnitud de los daños alegados por los demandantes a sus derechos al voto y libre asociación. Luego se procede a determinar si los intereses gubernamentales aducidos por el Estado para adoptar la reglamentación son legítimos, y si la importancia de esos intereses justifica la imposición de la reglamentación impugnada. Dentro de este análisis, un interés importante del Estado sería suficiente para sostener la validez constitucional de la reglamentación. Sánchez y Colón v. E.L.A. II, supra; Anderson v. Celebrezze, supra; Burdick v. Takushi, supra.
Nos corresponde, pues, identificar y evaluar cuál es la naturaleza y magnitud de los daños alegados por el Partido Acción Civil, y determinar si las restricciones impuestas por los artículos de la Ley Electoral de Puerto Rico impug-nados son irrazonables o discriminatorias. De determinar que dichas restricciones son razonables y no discriminato-rias, debemos evaluar los intereses gubernamentales que justifican la imposición de la reglamentación, pesándolos frente a los daños al derecho al voto y a la libre asociación alegados por el Partido Acción Civil.
El Partido Acción Civil alega que ambas disposiciones impugnadas son extremadamente onerosas, irrazonables y discriminatorias e imposibles de cumplir, y que responden a una oligarquía de partidocracia. Alega que debido a dichas disposiciones se le hará imposible cumplir, en el tér-mino requerido, con el número de endosos que debe presen-tar ante la C.E.E. para lograr su inscripción como un partido por petición.
Alega, además, que el requisito de juramento ante nota-rio le pone trabas innecesarias a su derecho de acceso a la papeleta electoral y supedita la creación de los partidos políticos a la clase de abogados. Aduce que el requisito de juramento ante notario limita el número de endosos que pueden recolectar, dado el número limitado del total de abogados en nuestra jurisdicción. Expone que ningún abo-gado está dispuesto a salir de su oficina para recolectar endosos, porque lo que recibe por cada endoso es un $1, lo cual le representa una pérdida. Aduce también que dicho requisito le impone hacer primero una campaña para re-clutar notarios para luego reclutar electores, lo cual le re-sulta muy costoso.
Respecto al requisito de tener que someter los endosos juramentados a la C.E.E. dentro de un término de siete (7) días, el Partido Acción Civil alega que es un término one-roso e irrazonable por ser un término demasiado corto para hacer los informes requeridos, sacar copias, confrontar el endoso con las listas electorales y llevarlos a la C.E.E.
No hay duda que las alegaciones del Partido Acción Civil demuestran que las disposiciones impugnadas hacen más difícil el que una agrupación política que desea tener acceso a la papeleta elctoral logre ser reconocida como par-tido por petición. Sin embargo, no podemos coincidir con su alegación de que los requisitos impuestos hacen imposible que una agrupación política logre su inscripción.
En Puerto Rico, al día de ayer, existen 6,735 notarios públicos distribuidos a través de toda la isla. Además, la historia nos demuestra que en 1984, teniendo que cumplir con los mismos requisitos ahora impugnados por el Partido Acción Civil, el Partido Renovación Puertorriqueña logró su inscripción.
Un análisis de las disposiciones impugnadas demues-tran, en primer lugar, que dichas disposiciones impugna-das no son discriminatorias. Las mismas aplican por igual a toda aquella agrupación política que aspire a concurrir en la papeleta electoral como partido por petición, indepen-dientemente de su ideología política o social.
En cuanto a la razonabilidad de las restricciones, debe-mos examinar cuáles son los intereses que el Estado quiere adelantar a través de su imposición, si dichos intereses son legítimos y si su importancia justifica la imposición de la reglamentación impugnada. Analicemos cada restricción independientemente:
A. El requisito de que las peticiones de inscripción sean juramentadas ante notario
La Ley Núm. 4 de 15 de noviembre de 1978, enmendó el Art. 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3101, y añadió el requisito de que las peticiones de inscripción de los partidos por petición fuesen jura- mentadas ante un notario público. La razón de dicha en-mienda quedó plasmada en el Informe de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico respecto al P. de la C. 896:
Por inadvertencia, al considerarse y aprobarse la vigente Ley Electoral, no se incluyó el requisito de que las peticiones para inscribir partidos por petición fuesen juradas.
El requisito de juramentación de las peticiones de inscripción de los partidos por petición establece una garantía de la veraci-dad de la intención del elector expresada en la petición, y se protege la pureza en el procedimiento de inscripción departidos. Ello permite, además, que pueda sancionarse cualquier acto ile-gal por parte de la persona que toma el juramento. Véase: In Re Jorge Luis Landing y José Aulet, Opinión de 13 de abril de 1978.
Nuestra historia política está llena de ejemplo [s] con relación a partidos que, o no lograron inscribirse, o que de haberlo he-cho, no mantuvieron su status de partido por mucho tiempo, demostrándose así que carecían de la solidez y trascendencia deseables en un sistema democrático sólido y estable, como lo es el de Puerto Rico. . (Énfasis suplido.) Informe de la Comi-sión de Gobierno del Senado sobre el P. de la C. 896 de 3 de noviembre de 1978, págs. 2-5.
Por su parte, el Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes señaló que la omisión del requisito de que las peticiones para inscribir partidos por petición fuesen juradas se pretende corregir ahora aña-diendo al palabra "jurada" en los casos en los que se hace referencia a las peticiones de inscripción. Resumió el inte-rés del Estado al exigir la intervención de los notarios:
La solicitud de un juramento en las peticiones de inscripción de un partido por petición, establece una fe pública de la vera-cidad de la intención del elector de crear un nuevo partido que representará el interés político de un sector del Pueblo de Puerto Rico, y garantiza la pureza del procedimiento. (Énfasis suplido.) Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Represen-tantes sobre el P. de la C. 896 de 24 de octubre de 1978, pág. 3.
En Puerto Rico, los notarios son los funcionarios encargados de garantizar la autenticidad de las firmas he-chas ante sí, mediante la fe pública notarial. Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2002. La inter-vención del notario otorga una presunción de veracidad a los documentos en que interviene. Al exigir la intervención de un notario, la Asamblea Legislativa optó por garantizar la confiabilidad de las peticiones mediante la participación de los únicos funcionarios investidos por el Tribunal Supremo para garantizar con el ministerio de la fe pública aquellos documentos que juramenten. In re Algarín Otero, 117 D.P.R. 365 (1986).
Los notarios, como únicos funcionarios capacitados para la dación de fe notarial, tienen la obligación de cumplir estrictamente con lo preceptuado en la Ley Notarial de Puerto Rico. Deben ser exigentes y abstenerse de dar fe si la persona que va a otorgar la declaración jurada no ha comparecido personalmente, o si los hechos que se suscriben son incompatibles con la verdad. In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49 (1999); In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848 (1977).
La práctica notarial está rigurosamente reglamentada en nuestra jurisdicción. Los testimonios o las declaraciones de autenticidad bajo la fe pública están reglamentados por los Arts. 56 al 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sees. 2091 a 2095, y por las Reglas 64 a la 73 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. La ley y el reglamento requieren que se registren en el Registro de Testimonios y que se informen en el índice Mensual que debe rendir todo notario. El notario tiene la obligación de hacer constar tanto en el testamento como en el Registro de Testimonios su conocimiento personal del firmante o, en su defecto, la utilización de los medios su-pletorios del Art. 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2037. El Registro de Testimonios es revisado por los Inspectores de Protocolo para asegurar que el nota-rio ha cumplido rigurosamente con lo dispuesto por la ley.
Por su parte, además de las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone a los abogados la obligación de " 'ajustarse a la sinceridad de los hechos . al redactar afidávit u otros documentos .' In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993); In re Chaar Cacho, 123 D.P.R. 655 (1989). De incumplir con las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico o de los cánones del Código de Ética Profesional, el notario se ex-pone a severas sanciones disciplinarias.
Es un hecho incontrovertido que el Estado no cuenta con suficientes funcionarios para fiscalizar la legitimidad del proceso de los endosos para nuevos partidos. La Asam-blea Legislativa ha requerido la intervención de los nota-rios, únicos funcionarios autorizados para actuar a base del ministerio de la fe pública, como un cedazo inicial que otorgue una presunción de veracidad a los endosos así obtenidos.
La intervención del notario responde, además, al interés apremiante del Estado de garantizar la pureza del proceso electoral, dado el historial de fraude y corrupción electoral vivido en Puerto Rico. La práctica popularmente conocida como "vaciado de listas", documentada en nuestra historia política durante la inscripción del Partido Acción Cristiana en la década de los sesenta (60), justifica el requisito de juramento ante notario. P.S.R., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, supra; In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978); In re Ramos, 86 D.P.R. 125 (1962).
Tomando en consideración que las peticiones de endoso son el instrumento a través del cual, una vez obtenido el número requerido por ley, una agrupación política queda inscrita como partido con todas las prerrogativas que la ley reconoce —como lo es la participación en el Fondo Electoral— y que el notario es el único funcionario investido con la fe pública, es forzoso concluir que el requi-sito de la intervención de un notario en el juramento de dichos endosos es, a la luz de nuestro historial de fraude y corrupción electoral, un requisito razonable y legítimo.
Concluimos también que los intereses del Estado de garantizar la integridad del proceso electoral, de garantizar que las firmas en los endosos de inscripción sean confiables y de exigir que las agrupaciones políticas que pretenden tener acceso a la papeleta electoral demuestren tener el apoyo del electorado, son intereses legítimos y de primordial importancia. No albergamos duda de que la importancia de dichos intereses justifica la imposición de la disposición impugnada.
B. El requisito de que las peticiones de inscripción sean presentadas ante la C.E.E. dentro de siete (7) días de su juramento
El Partido Acción Civil aduce que se le hace imposible presentar ante la C.E.E. la petición original y dos (2) co-pias de cada endoso, así como preparar los informes de las peticiones a presentarse, con sus respectivas copias dentro del término de siete (7) días. No nos persuaden sus argumentos.
El Código Electoral de 1974, según enmendado, prede-cesor de nuestra actual Ley Electoral de Puerto Rico esta-blecía que el término de presentación de las peticiones de inscripción sería de setenta y dos (72) horas, con la posibi-lidad de que se concediera una prórroga de cuarenta y ocho (48) horas, de ameritarlo las circunstancias. La Asamblea Legislativa enmendó dicha disposición para extender el término a siete (7) días. Consideramos que el término de siete (7) días concedido por el citado Art. 3.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico es razonable, es posible su cum-plimiento y responde a un interés legítimo del Estado.
El requisito de que las peticiones de inscripción juramentadas sean presentadas ante la C.E.E. dentro de siete (7) días de su otorgamiento responde al interés del Estado de evitar la acumulación de múltiples peticiones de inscripción cerca de la fecha límite para inscribir los partidos. Además, ofrece la oportunidad de que la C.E.E. pueda notificar a la agrupación en proceso de inscripción, el número de inscripciones validadas, con tiempo suficiente para que pueda subsanar los defectos de las rechazadas. Dichos intereses son legítimos y razonables.
Para garantizar un examen adecuado de los endosos so-metidos, dentro de los limitados recursos que tiene la C.E.E., es necesario un mecanismo que permita un examen gradual de las peticiones para determinar si las mismas han sido debidamente perfeccionadas. La Asamblea Legis-lativa escogió el término de siete (7) días, lo cual no es irrazonable, ni excesivamente oneroso.
Ante las alegaciones del Partido Acción Civil de que tiene que someter 97,784 peticiones, se justifica amplia-mente el requisito de los siete (7) días como un mecanismo para lograr que la C.E.E. puede examinar, en periodos gra-duales y sucesivos, la validez de los endosos sometidos.
VII
Nos corresponde antes de concluir, hacer unos últimos señalamientos.
Si bien es cierto que el proceso de inscripción de una agrupación política no debe estar rodeado de condicio- nes y requisitos tales que en la práctica se impida la orga-nización legal de un partido político, frustrándose así la expresión de un núcleo de la ciudadanía y con ello atentán-dose contra la esencia misma de la democracia (Partido Popular v. Gallardo, 56 D.P.R. 706 (1940)), no debemos ol-vidar que en el ejercicio de su facultad constitucional para regular el proceso eleccionario, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de establecer los requisitos razonables y no discriminatorios para la inscripción de nuevos partidos. Independientemente de nuestra posición personal sobre las ventajas o desventajas que para nuestro ordenamiento democrático supone la concurrencia de una multiplicidad de partidos a la papeleta electoral, nuestra función en este caso se limita a determinar si las disposiciones impugna-das son inconstitucionales.
En el ejercicio de su facultad para regular el proceso eleccionario, la Asamblea Legislativa ha ido, a través de los años, enmendando la Ley Electoral de Puerto Rico y liberalizando los requisitos de inscripción de nuevos partidos y candidatos independientes. Como parte de la reforma electoral de 1983 se enmendó el Art. 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, para eliminar el requisito de dispersión.
Surge de un examen del esquema electoral vigente en nuestra jurisdicción, que en Puerto Rico un nuevo partido político puede constituirse durante cualquier momento. El periodo de inscripción para nuevos partidos abarca todo el año natural, excepto el periodo de junio a noviembre de los años de elección general. Entre las disposiciones vigentes que regulan las inscripciones de nuevos partidos, hay algunas especialmente diseñadas para facilitar la inscripción de nuevas agrupaciones políticas: se exime del sello de $3 de asistencia legal en los juramentos de peticiones de inscripción, Art. 1 de la Ley Núm. 126 de 12 de agosto de 1996 (16 L.P.R.A. see. 3028) y, además, la C.E.E. paga a la agrupación promotora $1 por cada petición notarizada válida como honorarios de abogado. Art. 3.001(3) de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra. Dentro de nuestro esquema electoral existen también otras alternativas, además de los partidos por petición, para tener acceso a la papeleta electoral: la candidatura independiente y el voto directo. Arts. 4.027 y 5.011 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sees. 3177 y 3211, respectivamente.
Examinadas las disposiciones impugnadas por el Par-tido Acción Civil, concluimos que las mismas no violan la doctrina de acceso a la papeleta electoral. Dichas disposi-ciones no son discriminatorias, ya que imponen los mismos requisitos a toda asociación política que aspira a conver-tirse en un partido por petición, independientemente de la ideología o los ideales que sustente. Las disposiciones im-pugnadas, aunque imponen una carga al Partido Acción Civil, no son tan severas como para imposibilitar que una agrupación política que demuestre un grado de diligencia razonable logre acceso a la papeleta electoral.
Respecto a las alegaciones de que el Partido Acción Civil ha recibido un trato desigual respecto a los candidatos a primarias de los partidos tradicionales, y a las agrupacio-nes políticas en el proceso plebiscitario, concluimos que las agrupaciones políticas que aspiran a inscribirse como par-tidos por petición para participar en las elecciones genera-les no están igualmente situadas que los candidatos a pri-marias de los partidos políticos y las agrupaciones políticas que concurrieron al pasado plebiscito.
Las disposiciones impugnadas constituyen un ejercicio razonable de la discreción del poder legislativo para adelantar intereses legítimos y de singular importancia. El objetivo de garantizar un proceso electoral justo y libre de fraude justifica la imposición de dichos requisitos al Partido Acción Civil.
Corresponde a la Asamblea Legislativa, y no a este Tribunal, modificar, de estimarlo necesario, los requisitos para inscripción de un partido por petición. Dicha facultad es de rango constitucional y como tal merece nuestra mayor deferencia (Art. VI, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1).
Se dictará la sentencia correspondiente.
El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintieron sin una opinión escrita.
El Art. 4.011 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3161, dis-pone que dichas peticiones sean juramentadas ante los funcionarios autorizados por ley para tomar juramentos, y ante cualquier elector autorizado por la Comisión Es-tatal de Eleecciones (en adelante C.E.E.) para llevar a cabo esa función a petición de cada candidato en primarias.
Posteriormente a la expedición del certiorari, el Partido Acción Civil presentó tres (3) mociones en auxilio de jurisdicción, las cuales fueron denegadas. Resolucio-nes del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 4 de agosto de 1999, de 27 de octubre de 1999, y de 4 de enero de 2000.
La See. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que "[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protec-ción de las leyes". L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 280.
Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1078: "La [C]onstitución debe reconocer derechos iguales a los ciudadanos cuando ellos son iguales y derechos desiguales cuando ellos son desiguales."
En particular, la jurisprudencia federal ha establecido que, en cuanto a los requisitos de inscripción impuestos por el Estado, las agrupaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos nuevos, así como las personas que aspiran a ser candidatos independientes, no están similarmente situados que los partidos establecidos. Véase, a modo ilustrativo, Clements v. Fashing, 457 U.S. 957 (1982).
La preocupación de la Asamblea Legislativa por asegurarse de que el proceso electoral quede abierto a organizaciones políticas bona fide ha sido consistente. El Informe de la Comisión de Gobierno del Senado sobre el P. de la C. 896 de 3 de noviembre de 1978, antecesor de la Ley Núm. 4 de 15 de noviembre de 1978, la cual enmendó el Art. 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico para añadir el requisito de que las peticiones de inscripción de los partidos por petición fuesen juramentadas ante notario público, así lo refleja:
"Un partido político que pudo inscribirse como partido por petición para parti-cipar en las elecciones generales de 1976, no necesita de la estricta garantía de que sus peticiones de inscripción para participar en las elecciones generales de 1980 sean juramentadas ante Notario Público, bastando, para que se cumpla efectivamente el propósito de la ley, con que sus peticiones sean juramentadas ante electores autorizad[o]s por la Comisión Estatal de Elecciones para esos fines. El esfuerzo que conlleva el inscribir nuevamente un partido político en el periodo posterior a unas elecciones generales en las que dicho partido perdió su personalidad jurídica como tal, es hecho demostrativo de que se trata de una agrupación política bona fide.
"No obstante, entendemos que 'debe mantenerse' el requisito de que las peticio-nes sean juramentadas ante Notarios Públicos en el caso de los partidos que por primera vez se encuentran en proceso de inscripción, salvaguardándose así la pureza del procedimiento, y garantizándose que dichos partidos son agrupaciones políticas bona fide." Informe de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico sobre el P. de la C. 896 de 3 de noviembre de 1978, pág. 4.
El Art. 6 de la Ley del Plebiscito de 1998 estableció que las disposiciones de la Ley Electoral de Puerto Rico serían aplicables al proceso plebiscitario en todo aquello para lo cual la ley especial del plebiscito no hubiese dispuesto un régimen distinto. Esto es congruente con el Art. 7.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3301, que dispone que las celebraciones de referéndum o plebiscito se regirán por la ley especial que para dicho propósito se apruebe.
Las cortes federales inferiores, al analizar la onerosidad de las restricciones impuestas utilizan lo que se conoce como el enfoque total (totality approach). Esto conlleva considerar la carga impuesta por la disposición impugnada pero teniendo en cuenta la totalidad del esquema electoral estatal. McLaughlin v. North Carolina Bd. Of Elections, 65 F.3d 1215 (4to Cir. 1995); Schulz v. Williams, 44 F.3d 48 (2do Cir. 1994).
Los notarios reciben de la C.E.E. un dólar por cada petición notarizada vá-lida como honorarios por su gestión. Art. 3.001(3) de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3101(3).
24 de febrero de 2000.
A través de nuestra historia electoral, los estatutos penales contra el fraude electoral han sido inefectivos como medida de prevención contra el fraude. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980).
El requisito de que las papeletas de inscripción de un partido sean notari-zadas fue validado en la jurisdicción federal en American Party of Texas v. White, 94 S.Ct. 1296 (1976).
Un requisito similar fue validado en Mathers v. Morris, 515 F. Supp. 931, 935 (D. Md. 1981).
Tomamos conocimiento judicial de la presentación del P. de la C. 2438 de 24 de marzo de 1999, para enmendar los Arts. 3.001(3) y 3.002 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sees. 3101(3) y 3102, para establecer que los partidos por petición puedan presentar ante la C.E.E. peticiones juradas, además de ante notarios públi-cos, ante cualquier funcionario o empleado de la C.E.E. autorizado por ésta para llevar a cabo esa función y para extender el término para someter dichas peticiones ante la C.E.E. de siete (7) a quince (15) días.
En relación con dicho proyecto, el Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara recomendó aumentar el pago a los notarios de $1 a $2, bajar la cantidad de peticiones de inscripción a un 4%, extender el término de siete (7) a quince (15) días, y que las peticiones puedan ser juramentadas tanto ante notarios públicos como por funcionarios y empleados de las Juntas de Inscripción Permanente autorizados por la C.E.E. para llevar a cabo esa función.
Hasta 1983, para inscribir un partido por petición se requería la presenta-ción de peticiones juradas en un número no menor de 5% del total de votos para el cargo de gobernador en la elección precedente, y que ese 5% se distribuyera geográ-ficamente entre, por lo menos, la mitad más uno de los precintos electorales.