Case Name: Ayuntamiento de Caguas v. El Pueblo de Puerto Rico
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 1903-04-17
Citations: 3 P.R. 480
Docket Number: No. 5
Parties: Ayuntamiento de Caguas v. El Pueblo de Puerto Rico.
Judges: Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.
Reporter: Puerto Rico Reports
Volume: 3
Pages: 480–490

Head Matter:
Ayuntamiento de Caguas v. El Pueblo de Puerto Rico.
Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
No. 5.
Resuelto en Abril 17, 1903.
Responsabilidades de los^ Ayuntamientos, Alcaldes y Concejales.— Los Ayuntamientos, Alcaldes y Concejales incurren en responsabilidad por negligencia ú omisión de que pueda resultar perjuicio á los intereses ó servicios que estén bajo su custodia, pero esa responsabilidad bay que plantearla y declararla antes de proceder contra los bienes de los Conceja-les para indemnizar cualquier perjuicio que hubieren causado con su omisión.
Id. — Los respectivos Ayuntamientos, como entidades jurídicas, son responsa-bles, por sus cuotas de gastos carcelarios,- al de la cabecera del partido, pudien.do éste, con arreglo á la Ley Municipal vigente, proceder contra aquéllos, por la vía de apremio, para hacerlas efectivas, pero no contra los Concejales personalmente, cuya responsabilidad, en su caso, es para con el Ayuntamiento del correspondiente municipio.
EXPOSICIÓN DEL CASO.
En el recurso contencioso-admininistrativo que ante Nos pende en grado de apelación, entre el Ayuntamiento de Caguas, representado por el Letrado Don Jacinto Texidor, y El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Fiscal, sobre revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de San Juan, que literalmente dice así:
En la ciudad de San Juan de Puerto Rico á los veinte y nueve días del mes de Agosto de mil novecientos dos. — Vista esta demanda conteneioso-administrativa promovida por el Letrado Don Herminio Diaz Navarro, en representación del Ayuntamiento de la ciudad de Caguas, contra resolución dictada por el Tesorero de Puerto Rico, disponiendo que el Ayuntamiento de Caguas para cobrar lo que le adeuda el de Comerío por gastos carcelarios debía proceder contra los Concejales de que el último se componía cuando se originó el débito y no contra la Corporación Municipal, representada la Administración por el Sr. Fiscal.
Resultando: que formado expediente de apremio por gastos carcelarios que el Ayuntamiento de Comerío adeuda al de Caguas por 1897 á 98 y 1898 á 99, con recargo del dos por ciento, ascendente á mil cuarenta y seis pesos ochenta y un centavos, y constituido el Comisionado de Apremios de Caguas en la casa Ayuntamiento del pueblo de Comerío, donde estaba reunida la Corporación Municipal, y notificada ésta con la boleta, manifestó que la cabecera dél distrito, en ningún tiempo, á pesar de haberlo Comerío exigido, Caguas no ha pasado la liquidación que previene el artículo 7 del Real Decreto de 11 de Marzo de. 1880, y extinguida aquella cabecera, los municipios que formaban el distrito tienen perfecto derecho ,á conocer el estado de la cabecera, sus entradas, salidas, muebles, y, en una palabra, el inventario; se dá por notificada con protesta, por lo expuesto, solicitando nuevamente la liquidación.
Resultando: que según acuerdo del Ayuntamiento de Caguas, con poste-rioridad, al darse cuenta con los expedientes de apremios de los pueblos, por gastos carcelarios, se consignó respecto del de Comerío estar pendiente de una liquidación que necesita y la que no puede suministrarse porque el ex-depositario no ha rendido las cuentas carcelarias correspondientes al año próximo pasado, y acordó que es asunto independiente la liquidación de la cuenta de cárceles de la reclamación que le hace el de Caguas, y deben utilizarse todos los procedimientos que, la ley concede, procediéndose á nuevo requirimiento, al que contestó Comerío ratificando lo manifestado anterior- mente, pero proponiendo además efectuar el pago de cuatro anualidades, á reserva de la liquidación solicitada, lo que no fué admitido por el de Caguas, y habiendo acudido al Plonorable Tesorero, éste, sometido el asunto á la Junta Judicial, resolvió que según la Real Orden de 17 do Abril de 1877, el procedimiento no corresponde contra el pueblo mismo, sino contra los que eran Concejales en la época en que se creó la deuda y tomaron parte en su creación, debiendo declararse nulos, y sin ningún efecto los procedimientos de apremio contra el pueblo de Comerío.
Resultando: que el Ayuntamiento de Caguas promovió' demanda conten-cioso-administrativa, solicitando se revoque la resolución del Plonorable Tesorero de Puerto Rico y se declare que puede y debe continar el Ayunta-miento de Caguas su apremio contra el de Comerío, sentando como hechos: que Caguas satisfizo todas sus cuotas carcelarias, quedándole adeudando Comerío, de tales gastos, lo que reclama, por lo que inició el apremio, y habiendo acudido la Corporación apremiada al Honorable Gobernador Civil, se pasó la instancia al Sr. Tesorero General, y éste resolvió lo expuesto en el resultando anterior; que esa resolución se comunica á Caguas que, asesorán-dose con dos Letrados, acordó interponer este recurso que se admitió, publi-cándose en la “Gaceta”, siendo el derecho: la Real Orden de 17 de Abril de 1877 en lo que á ella se refiere, porque al aplicar la ley, precisa ver si es igual el caso al que se aplica, y la Real Orden citada no lo es al de autos; que esa disposición dice que según la Real Orden de 15'de Abril de 1874, deben exigirse personalmente las responsabilidades, cuando se pruebe que por descuido ó negligencia de los encargados de la administración municipal se había dado lugar al alcance, probados esos extremos en el caso que resolvía, debía proveerse del modo indicado; que en el caso no se demostró ni se supuso siquiera lo que la disposición dice, y se resolvió de plano la cuestión, volvién-dose contra el Tesorero las mismas disposiciones que cita, pues aunque fuera aplicable la Real Orden de 1877, la derogó el artículo 5 del Real Decreto de 11 de Marzo de 1886; que esta demanda compete á este Tribunal, según el artículo 15 del Real Decreto de 23 de Noviembre de 1888; que la resolución impugnada se encuentra comprendida en los artículos 1 y 2 de dicho Real Decreto y 1 y 3 de su Reglamento.
Resultando: que conferido traslado, el Ministerio Fiscal contestó pidiendo' se desestime la demanda, y alegando como hechos los expuestos en el primer y segundo resultando, y que contra la resolución del Tesorero se ha inter-puesto recurso contencioso-administrativo, siendo el derecho que el Tesorero ha determinado á quien se debe cobrar, sin negar el derecho, citando el artículo 5 del Real Decreto de 11 de Mayo de 1886, y la Real Orden de 17 de Abril de 1877.
Resultando: que abierto á prueba se pidió y puso á instancia del actor, testimonio literal del expediente gubernativo referido en el primer y segundo resultando, sin que el Ministerio Fiscal propusiera ninguna por su parte.
Resultando: que señalado día para la vista y dada la voz, no acudieron los representantes de las partes á la liora señalada, quedando el juicio para sentencia. Siendo Ponente el Sr. Juez Asociado de este Tribunal, Mr-Henry F. Hord.
Considerando: que según la Ley Municipal en todo término que forme municipio habrá un Ayuntamiento á quien corresponde el Gobierno y Admi-nistración de cada término municipal, que toma acuerdos en los asuntos de su competencia, los que son ejecutivos, salvo los recursos que las leyes deter-minan, entrando entre esas facultades la de formar, aprobar y distribuir su presupuesto, recaudándolo y administrándolo, examinando y discutiendo sus cuentas y publicándolas; no pudiendo aplicar al pago y cumplimiento de gasto alguno que exceda de los recursos efectivos, sin que con preferencia á toda otra necesidad so solventen los débitos ó atrasos que resultaren de un año para otro y las obligaciones declaradas por ejecutoria de los Tribunales competentes.
Considerando: que el Ayuntamiento de Comerlo formó su presupuesto incluyendo en él todas las partidas que por ley se le ordenaban, y que esta-blecido en la época á que este asunto se refiere, que el sostenimiento de las cárceles de partido correspondía á todos los municipios comprendidos en el mismo por distribución proporcional de los gastos generales, con cuya pres-cripción cumplió dicha Corporación, consignando en su presupuesto la partida correspondiente para ser entregada á la cabecera del partido, Caguas, sin que conste cumpliera con dicha entrega.
Considerando: que los Ayuntamientos, Alcaldes y Concejales incurren en responsabilidad por negligencia ú omisión de que pueda resultar perjuicio á los intereses ó servicios que están bajo su custodia, esa responsabilidad hay que plantearla y declararla, y sólo en virtud de ella y de las responsabili-dades penales, si á ello hubiere lugar, sería cuando podría procederse contra los bienes de los Concejales que con su omisión hubieran causado.el perjuicio.
Considerando: que esa declaratoria, como la reclamación de esa responsa-bilidad subsidiaria, no son ni pueden ser hechas por el Ayuntamiento de Caguas, porque el derecho y acción de éste es contra la entidad jurídica de Comerío que consignó en su presupuesto las partidas reclamadas, y si no los distribuyó ó invirtió, suya es la responsabilidad, pues debiendo publicar al principio de cada trimestre un estado de la recaudación é inversión de sus fondos durante el anterior, tenía que enterarse no sólo él, si que el vecindario; del incumplimiento de esas y demás partidas que no hubieran sido satisfe-chas, y como lo ha sido de los posteriores Ayuntamientos, por estar aun pendiente ese débito que se ha debido seguir consignando en presupuesto.
Considerando: que no sería justo que al Ayuntamiento de Caguas se le obligara á perseguir á los Concejales de la época en que el débito se consignó en su presupuesto, porque si resultan insolventes cargaría dicha Corporación con esa partida con perjuicio de los intereses de dicho municipio, beneficián-dose el de Comerlo, y porque carece de datos, medios y facultades precisas para ello, por constar todo en los archivos de Comerlo, y porque en los asun-tos definidos como de la privativa competencia municipal, cada Ayuntamiento gozará (le toda la libertad de acción compatible con la obediencia á las leyes y con el respeto debido á los particulares.
Considerando: que la Real Orden de 8 de Marzo de 1877, .publicada en la Gaceta de Madrid del 17 de Abril de dicho año, lo que sienta es: que los Concejales que autorizaren con su voto el ^cuerdo son responsables ante el municipio, y que, en tal concepto, si no reintegran dentro de breve plazo que el Ayuntamiento le señale, proceda éste á exigirles el importe por apremio, todo lo que viene á corroborar la doctrina' desarrollada en los considerandos anteriores, y por ello el artículo 5 del Real Decreto, de Marzo de 1886, sienta: que los Alcaldes de las cabeceras de partido serán los encargados de exigir por trimestres vencidos el pago del contingente de cárceles que haya correspondido á los demás Ayuntamientos, á quienes podrá apremiar caso de •necesidad, exigiéndoles, como única condición, que el Ayuntamiento de la cabeza de partido esté al corriente en el pago de su cuota.
Frailamos: que debemos declarar, y declaramos, con lugar esta demanda y en su virtud revocamos la resolución reclamada, dictada por el Tesorero de esta Isla en veinte y ocho de Junio de mil novecientos, y declaramos que puede y debe continuar el Ayuntamiento de Caguas su apremio contra el Ayuntamiento de Comerlo, por el débito carcelario, sin especial condena de costas. — Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y fir-mamos: Juan Morera Martínez, Henry F. Hord, Juan J. Perea.
Resultando: que .notificada la sentencia al Letrado repre-sentante del Ayuntamiento de Oaguas, en 13 de Septiembre último, y en 15 del propio mes al Honorable Attorney General, el segundo interpuso contra ella recurso de apela-ción, que le fué admitido, habiendo sido emplazadas las partes para ante esta Corte Suprema, en 6 de Octubre siguiente.
Resultando: que recibidas las actuaciones en esta Corte Suprema, se personaron ante ella el Honorable Attorney General por El Pueblo de Puerto Rico y el Letrado Don Jacinto Texidor por el Ayuntamiento de Caguas; y redac-tada la nota correspondiente é instruidas las partes, se señaló día para la vista, que tuvo lugar con asistencia de ambas partes.
Abogado del apelante: Sr. del Toro, Fiscal.
Abogado del apelado : Sr. Texidor.

Opinion:
El Juez Asociado Sr. Hernández,
después de exponer los hechos anteriores, -emitió la siguiente opinión del Tribunal :
Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho prein-sertos.
Considerando: que estando como está obligado el Ayunta-miento de Comerío á pagar al dé Caguas el débito carcelario que se le reclama, debe efectuarse ese pago en la forma que previene la Ley Municipal vigente.
Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada, que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan en 29 de Agosto del año próximo pasado, entendién-dose modificada en el sentido de que para el pago del débito carcelario reclamado, debe procederse en* la forma que previene la Ley Municipal citada.
Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.