Case Name: Chevremont Et Al v. El Pueblo de Puerto Rico
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 1903-01-23
Citations: 3 P.R. 214
Docket Number: No. 1
Parties: Chevremont Et Al v. El Pueblo de Puerto Rico.
Judges: Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones, y Aso-ciados, Figueras y Sulzbacher.
Reporter: Puerto Rico Reports
Volume: 3
Pages: 214–262

Head Matter:
Chevremont Et Al v. El Pueblo de Puerto Rico.
Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
No. 1.
Resuelto en Enero 23, 1903.
Lotería Provincial. Billetes. — Los billetes de la Lotería Provincial eran valores del Estado y documentos al portador,- y de no verificarse el sorteo la Administración estaba obligada á devolver su importe á los tenedores de los mismos.
Id. — Un contrato aleatorio que no se oponga á la ley, es valido y exigible.
Contratos. — Las estipulaciones de un contrato válido deben regir sin referen-cia á materias extrínsecas, á no mediar disposición expresa para tal refe-rencia.
Loterías. — Lá trasmisión de billetes de lotería por correo está prohibida por las leyes postales de los Estados Unidos, pero no lo están las loterías por las leyes generales de los mismos.
Billetes de la Lotería Provincial. — Al emitir y vender billetes de lote-ría, bajo las leyes entonces vigentes, la Diputación Provincial de Puerto Rico contrajo la obligación de celebrar los sorteos correspondientes á los mismos, y al no ihacerlo así, por incumplimiento de esa obligación, los tenedores de dichos billetes tienen derecho á la devolución del dinero pa-gado por ellos, quedando el Gobierno obligado á satisfacer sus recla-maciones.
EXPOSICIÓN DEL CASO.
El presente caso es una apelación interpuesta por el Pueblo de Puerto Rico en un pleito contencioso-administrativo seguido por Don Luis Chevremont y otros contra la Oficina Liquidadora de la extinguida Diputación Provincial, sobre reintegro del valor de billetes de lotería, siendo la sentencia apelada, copiada literalmente, la siguiente :
En la Ciudad de San Juan de Puerto Rico á los cuatro días del mes de Octubre de 1901. Visto este recurso contencioso-administrativo seguido entre partes de la una el Letrado Don Antonio Alvarez Nava y Lobo, en representación de Don Luis Chevremont, Don Adolfo Robert, Don Andrés Cueto, Mullenhoff y Korber, Don Pedro Cardona, Rivera y Ca., Cerecedo Hermanos y Ca., Don Pedro Giusti y Don Anfiloquio Gándara, tenedores de billetes de la Lotería, contra la Oficina Liquidadora de la extinguida Diputación Provincial, sobre reintegro del valor de billetes de los que son tenedores, representada esta Corporación por el Ministerio Fiscal.
Resultando: que abolida por la Orden General No. 17, de 20 de No-viembre de 1898, la Corporación denominada “Diputación Provincial de Puerto Rico ”, por considerarla el Gobierno Militar de la Isla, innecesaria é incompatible con la Administración de los negocios públicos, distribuyéndose sus atribuciones entre las Secretarías de Gobernación, Fomento y Hacienda, en diclia fecha existentes, y creándose á la vez una Comisión para averiguar los fondos y responsabilidades, y distribuir el mismo entre los diferentes Departamentos mencionados, se nombró un liquidador que presentó un esta-do,'que motivó la Orden General No. 84 de 18 de Abril de 1900, para que todos los créditos pendientes contra la Corporación abolida fuesen presentados y satisfechos á la brevedad posible, haciéndose efectivas las deudas á favor de ella, nombrándose una nueva Comisión para recibir, oir y resolver todas las reclamaciones contra la Corporación extinguida, ú originadas en contratos con ella, que se presenten dentro de seis .meses á partir de la fecha de esa orden, que entre otras prescripciones contiene la de qué si el Gobernador no aprobase la adjudicación, ó el dictámen de la Comisión no fuera unánime, ó el interesado do aceptare el fallo, el certificado de él, con la reclamación y pruebas en que se apoya, se remitirán por el Gobernador á este Tribunal, con las observaciones que él tuviere por conveniente someter sobre el particular, procediéndose á reconsiderar y resolver por lo contencioso-administrativo.
B,esultando: que Don Luis Chevremont, Don Adolfo Robert, Don An-drés Cueto, Mullenhoíf y Korber, A. Rivera y Ca., Cerecedo Hermanos y Ca., Anfiloquio Gándara, Don Pedro Cardona, y Don Pedro Giusti, presen-taron á la Comisión Liquidadora sus respectivos escritos, manifestando po-seían billetes pertenecientes á los dos últimos sorteos de la Lotería Provincial de Puerto Rico, formando los del primero, ciento veinte y siete ejemplares que al tipo oficial de dos pesos cuarenta y dos cincuenta céntimos de centavos, monta trescientos siete pesos noventa y siete centavos, moneda provincial, jurando en su escrito pertenecen á los dos últimos sorteos y expresando en la lista que sesenta y tres y nueve décimos' de billetes son del sorteo número 2 de 5 de Abril de 1898; el segundo, tres mil quinientos nueve billetes del sorteo ordinario número 382, que debió celebrarse el 20 de Mayo de 1898, más diez y nueve y cinco décimos del extraordinario de 5 de Agosto del mismo año, valor ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos sesenta y un centavos de igual moneda, á dos pesos cuarenta y dos y medio centavos; el tercero, ciento ochenta y cuatro billetes del sorteo número 382, de 20 de Mayo, ascendentes á cuatro cientos cuarenta y seis pesos veinte centavos de la misma moneda; el cuarto, doscientos diez y ocho billetes dél sorteo número 382, montante á quinientos veinte y ocho pesos sesenta y cinco centavos, de igual moneda, á dos pesos cuarenta y dos y medio centavos; el quinto, cin-cuenta y dos billetes siete décimos del extraordinario de 5 de Agosto que con dos cartas de pago, números 11 y 40 de fianza de acciones de billetes, forman todo un total de ciento setenta y seis pesos cincuenta y cinco centavos; el sexto, trescientos noventa y nueve billetes cuatro décimos del sorteo número 382 y ciento sesenta y nueve dos décimos del extraordinario número 2 aseen- diendo todo á mil trescientos setenta y ocho pesos ochenta y cinco centavos provinciales; el séptimo, tres billetes ocho décimos del extraordinario número 2, de 5 de Agosto de 1898, ascendente á nueve pesos veinte centavos de la misma moneda; el octavo, noventa y siete billetes siete décimos del extraordi-nario número 2 citado, que montan á doscientos treinta y seis pesos noventa y dos centavos de la repetida moneda; y el noveno, ciento veinte y ocho billetes nueve décimos del número 382 referido, que importan trescientos doce-pesos cincuenta y ocho centavos de dicha moneda; acompañando cada uno la correspondiente lista expresiva de los números de los billetes y décimos que entregaron según los escritos ó facturas.
Resultando: que para resolver esas reclamaciones se unieron, y aparecen-de las constancias remitidas, copia de la Real Orden, expedida por el Minis-terio de Ultramar del Gabinete Español en 27 de Julio de 1876, publicada en la Gaceta de Puerto Rico de 17 de Agosto del mismo año, autorizando á la Diputación Provincial de esta Isla para establecer una Lotería Provincial y en virtud de ella se incluyeron los productos de ella en el Presupuesto de-1877 á 78, vendiéndose los billetes á dos pesos cuarenta y dos y medio centavos cada uno, moneda de Puerto Rico, suspendiéndose el sorteo número 382 y el extraordinario número 2; apareciendo al mismo tiempo la opinión de dos comisionados contraria al abono de la reclamación, porque la Lotería es una institución que tiende á degradar y empobrecer la sociedad en que florece; porque de la declaración jurada de los reclamantes no se puede saber si los billetes fueron obtenidos directamente de la Diputación ó de-agentes autorizados y porque unos billetes debían sortearse el 20 de Mayo de 1898 y otros, el número dos, en 5 de Abril del 98, que es el sorteo nú-mero dos, los que deberían ser de acuerdo con el memorandum, cuando la de-claración del Sr. Larroca aparece que el sorteo número dos debía haberse llevado á cabo en Agosto 5 de 1898: que la Lotería se vió obligada á sus-* pender el sorteo por la guerra y no llevarlo á efecto después por las leyes de los Estados Unidos; que es una verdad estaba autorizada por el Gobierno Español y el producto dedicado á su servicio y sostenimiento; que no hay Real Decreto ni Reglamentos y Estatutos que autoricen la indemnización á los compradores por no llevarse á cabo el sorteo pues lo hacía á su riesgo, que la equidad y recta conciencia es lo único que favorece al comprador de billetes para devolverle su dinero en ese caso; que si el sorteo se hubiera celebrado, un número limitado de premiados se hubieran beneficiado ; que si existiera algo de contrato ó derecho que á la Diputación obligara á devolver en equidad y recta conciencia, la Guerra es tal motivo que relevaría á la Diputación de pagar; siendo el del otro comisionado favorable al pago y fundado en lo siguiente: que no pudiendo celebrarse el Sorteo por culpa de la Diputación Provincial, no puede legalmente apropiarse el dinero para atender con él á sus obligaciones, debe devolverse el dinero que se cobró al piíblico por la venta de billetes, porque este asunto debe resolverse por la Ley Española que regía cuando se vendieron con consentimiento de la Ley y sería inmoral que una. oficina pública sacara el dinero con engaño al pú-blico y luego lo destinara al pago de servicios públicos, no implicando el es-tado de guerra, porque al desaparecer ese estado debió la Diputación cele-brar los sorteos ó devolver el dinero que había percibido por la venta de los billetes, debe devolverse el valor de los billetes vendidos pertenecientes á los sorteos no celebrados.
Resultando: que el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, acompañando las comunicaciones remitidas á los mencionados peticionarios, participándoles que sus reclamaciones habían sido enviadas por el Gobernador á la Corte de Distrito de San Juan á los efectos del párrafo 6 de la Orden General No. 84 serie 1900, se mostró parte á nombre de los nueve antes indicados, pidió se le entregue lo remitido por el Sr. Gobernador para formular la demanda, á lo que se accedió y en su escrito sienta los hechos antes expuestos y además que la Comisión Liquidadora desestimó la solicitud notificada, á unos, el 8, á otros, el 11, y á los demás el 15 de Junio, siendo esa cuestión conten-ciosa, que el término es de tres meses para interponerla, que los interesados tienen personalidad, citando los artículos 1 y 7 de la Ley de lo Contencioso, el Párrafo 6 de la Orden General número 84 citada y los artículos 1091 y 1124 del Código Civil, y termina suplicando que en definitiva se resuelva se pague á sus representados la cantidad á que asciende el precio de los billetes de cada uno con el interés del seis por ciento desde la fecha que debieron celebrarse los sorteos respectivos hasta la del pago, cuyo escrito del 27 de Junio próximo pasado se tuvo por presentado, confiriéndose traslado al Mi-nisterio Fiscal.
Resultando: que dicho Ministerio Fiscal pide se desestime la demanda de-clarando no se está obligado á pagar á los reclamantes cantidad alguna en concepto de billetes de los sorteos dejados de celebrar por causa de fuerza mayor, con las costas al actor, sentando como hechos: la autorización con-cedida á la Diputación Provincial por Real Orden, la que empezó en 1877, que con motivo de la guerra se dificultó la venta de los billetes, y no pudie-ron celebrarse los sorteos correspondientes al 15 de Julio y 5 de Agosto de 1898; que se suprimió la Diputación por Orden General No. 17 de 1898, no pudiendo celebrarse los sorteos pendientes por estimar el nuevo Gobierno era inmoral el juego de Lotería; que se creó una Comisión Liquidadora á la que se presentaron reclamaciones de tenedores de billetes, la que resolvió no eran justas ni debían pagarse las cantidades reclamadas, entablándose re-curso contencioso contra dicha resolución, de acuerdo con las leyes vigentes, y como derecho que la Lotería era prohibida por inmoral por las leyes que actualmente rigen: que el comprador es un jugador que arriesga su dinero á los azares de la fortuna; que las leyes nada determinan lo que deba hacerse, caso de que no pueda celebrarse un sorteo de una Lotería y vendido billetes de la misma, que los billetes se colocaban en la Isla y extrangero á superior precio del oficial que obtenían los acaparadores, siendo objeto de comercio, y salidos de la Diputación nada tenían que ver con ellos; que nunca se supuso el reembolso caso de faltar algún sorteo, tomándolos el com-prador sin ningún convenio expreso sobre el particular que ninguna res-ponsabilidad tiene la Diputación y el Tesoro de Puerto Rico, por ser caso de fuerza mayor.
Resultando; que contestada la demanda, estando las partes conformes con los hechos, no cabe el recibimiento á prueba, se ordenó formar el extracto, y hecho, se señaló día para la vista, informando las partes en este juicio, ale-gando lo que á su derecho corresponde, según sus pretensiones escritas y ha-biéndose observado en la tramitación de esta instancia las reglas del procedi-miento. — Siendo ponente el Sr. Juez Asociado Don Juan Morera Martínez.
Considerando: que si bien el juego de la Lotería fomenta un vicio fu-nesto á la tranquilidad de las familias y á la prosperidad del Estado, por la grave influencia sobre las costumbres, desanimando más ó menos la fuerza industriosa del hombre, siendo por ello un error económico, social y de Go-bierno consentirla, y por ello está prohibido por disposiciones de los Estados Unidos de ÜSTorte América, no es menos cierto que aquí establecida por la Diputación Provincial, desde 1877-78, con permiso del Gobierno Supremo que existía antes de la ocupación Americana, creándose como un recurso ordinario del presupuesto de ingreso de la Diputación Provincial, en el que vino figurando percibiendo el veinte por ciento del total de cada sorteo para ella, el que utilizaba en pagar sus servicios, entregando además al Estado un cinco por ciento del total como ayuda á su presupuesto, quien contaba con ese ingreso, y en su presupuesto aparecía, quitándole esos actos á la Lotería el carácter de juego ilícito ó no permitido legalmente, por más que aquellos caracteres, al principio expuestos, no pudieran borrarse ni desaparecer.
Considerando: que dando la Administración y el Gobierno el carácter de un recurso análogo á las demás rentas, ó sea como un servicio explotado por ambos para tener una cantidad de ingresos con que atender á sus gastos, no es posible, mientras el Gobierno no la prohibiera, aplicar á actos anteriores á. esa prohibición los razonamientos en que la prohibición hoy se funda, no solo porque la ley no puede tener efecto retroactivo, si porque nadie puede enriquecerse con perjuicio de otro que ejercitaba un legítimo derecho bajo el amparo de una administración y ley, entregando los billetes, percibiendo su importe, para hacer el sorteo y pagar los premiados, pues sin esa solemne obligación ningún valor hubieran tenido ni nadie los hubiera buscado.
Considerando: que los billetes de la Lotería Racional se consideraban y consideran aún en la Península “valores del Estado” y “documentos al portador ”, quedando los que los falsifiquen, enmienden ó alteren sujetos á las prescripciones del Código Penal, y con arreglo á esa disposición legal, los de la Provincial eran igualmente considerados, y sujetos, en los casos antes expresados, á dichas prescripciones penales, demostrando todo que teniendo dicho carácter debe ser devuelto su importe cobrado por la Administración por no haberse efectuado los sorteos á que ellos se refieren.
Considerando: que quien se aprovecha de un contrato pidiendo la entrega del precio y obteniéndolo, reconoce virtualmente su validez; y como el alea-torio de suerte, que es el celebrado, no lo fue contra precepto expreso de una ley prohibitiva que existiera en el momento de efectuarse, su validez no pue-de ponerse en duda.
Considerando: que las obligaciones válidas y eficazmente contraidas tienen fuerza de ley para los otorgantes; y que para resolver cualquiera cuestión que se suscite acerca de su extensión y límites, es indispensable atenerse á las cláusulas y condiciones con que se celebraron, sin que pueda ser exigible ninguna otra que no haya sido expresamente pactada, á no ser aquellas que son naturales de los contratos, si no se estipula lo contrario, lo que no apa--rece de autos, ni de las reglas, reglamentos é instrucciones de la Lotería y forma de sus billetes á ellas ajustadas.
Considerando: que si la Diputación por fuerza mayor, como fué el estado de guerra en que la Isla se encontraba, no pudo celebrar los sorteos, ni afin terminada aquélla, no es justo ni legal, que por esa razón, ni por ninguna otra, deje de devolver á los compradores de los billetes de los no llevados á cabo por ella vendidos y de cuyo importe dispuso, porque esa fuerza mayor, en el caso de autos, sólo le daba el derecho á obtener un plazo para el pago, ó verificar el sorteo, plazo que ha transcurrido con exceso; y por no encon-trarnos en el de la pérdida de la cosa debida, cuyas prescripciones legales no son aplicables á la Diputación Provincial, es imprescindible la devolución del precio de los billetes de los sorteos suspendidos y no efectuados por ser legal la compra venta de billetes de la Lotería en la época en que esa com-pra y venta de ellos se efectuaba, por haber servido la cantidad de su impor-te para servicios de la Diputación.
Considerando: que siendo los repetidos billetes “valores del Estado” y títulos al portador ”, no hay que fijarse ni saber si fueron obtenidos directa-mente de la Diputación ó de Agentes, por no reconocerse más dueño de ellos que la persona que lo presente, sin peijuicio de tercero, cuya declaración correspondía á los Tribunales ordinarios, incumbiendo á la Administración el reconocimiento oficial, en los casos de rotura, deterioro y averiguar si reu-nían ó nó los requisitos y medidas tomadas para evitar su falsificación, y pagar los premios no caducados en el término que la Diputación fijó en sus acuerdos; siendo uno de estos acuerdos para asegurar la venta, expender un determinado número por acciones á personas que recibían los billetes de cada acción, cumpliendo las condiciones que la Corporación había determinado, quedando el resto de los billetes para el expendio al público por la dirección de Loterías en su oficina, previa entrega de los de apartado. ■
Considerando: que el único que por error material fija el 5 de Abril de 1898 en la lista que acompaña del sorteo número 2, es Don Luis Chevre-mont; pero en su escrito conjuramento expresa que los billetes son de los dos últimos sorteos, y por lo tanto no pueden ser de la fecha que la lista indica, tanto más cuanto que los comisionados no afirman que los billetes fueron de un sorteo de 5 de Abril, que no ha existido ni podido existir, porque jugán-dose la Lotería en sorteos cada veinte días, siendo el número 382 del 20 de Mayo, los de Abril se efectuaron el diez y el treinta de este mes por preci-sión, por ser ese el acuerdo tomado para los sorteos, y porque del anuncio del sorteo número 382 Gaceta de esta Isla de 5 de Mayo suspendiendo el sorteo se deduce, deduciéndose además del anuncio de 24 de Junio y del de 3 de Agos-to, publicado en la ‘‘Gaceta de Puerto Rico”, expresando que los sorteos extraordinarios á que el billete del número 2 se refiere, tenían que efectuarse el 5 de Agosto, pues el primero se efectuó el 15 de Julio y. lo declara dicho anuncio.
Considerando: que ese error material en la lista de billetes por Chevre-mont presentada.no es de atenderse dado lo expuesto, y por poderse compro-bar con los billetes presentados que son los reclamados, error material que no es aplicable á los demás reclamantes, porque ninguno de ellos ha incurri-do en él, y por no ser equitativo, justo ni legal dar valor á un error material.
Considerando: que en los anuncios publicados en las Gacetas de 5 de Mayo y 4 de Agosto del 98, publicados por la Diputación Provincial sus-pendiendo los sorteos ordinarios números 382 y dos extraordinarios, declara válidos los billetes vendidos y que tendrán toda su eficacia para el que se celebre y anunciará, lo cual implica esa venta el derecho á ser reintegrados del valor de los mismos ó á pagar los premiados si los sorteos se hubieran efectuado; y por ello deben ser pagados esos billetes, no pudiendo éste Tribunal ocuparse del valor de las dos cartas de pago números 11 y 40, de sumas depositadas para responder á dos acciones de billetes que presentó Rivera y Ca., por no venir resuelta esta cuestión por la Oficina Liquidadora, por ha-berse desglosado en 11 de Junio último para unirlas al expediente formado para el pago de la segunda parte de la reclamación de Rivera y Ca., demos-' trándolo la comunicación que se le pasara y se acompaña con la demanda, en la que se lee se ha resuelto la primera parte de la reclamación número 2, y por no haberse hecho sobre ese punto pretensión expresa en la demanda.
Considerando: que no puede sentarse exista temeridad en las partes que han intervenido en este juicio. Vistos los anuncios de la Gaceta citados, los Reglamentos, instrucciones y reglas de la Lotería que deben tenerse presen-tes, los artículos 1 al 6, 16, 343, 345, 430, 433, 1088 á 1091, 1094, 1119, 1123, 1124, 1216, 1218, 1254 á 1258, 1790, 1798 del Código Civil, las Ordenes Generales números 17 de 29 de Noviembre de 1898 y número 84 de 18 de Abril de 1900, y en especial la doctrina del Consejo de Estado al resolver las apelaciones contenciosa-administrativas de 28 de Marzo de 1871, 21 de Abril de 1873, 13 de Julio de 1874 y 19 de Enero de 1889.
Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la demanda in-terpuesta por los nueve acreedores ó dueños de los billetes y décimos de billetes de la Lotería Provincial de esta Isla, mencionados en el encabeza-miento de esta sentencia, cuya numeración consta de las facturas ó listas, y cuyos billetes y décimos obran en poder de la Comisión Liquidadora de la Diputación Provincial, correspondientes unos al sorteo ordinario número 382, que debió jugarse el 20 de Mayo de 1898, y los otros al sorteo extraordina-rio número 2, que debió celebrarse el 5 de Agosto de dicho año, correspon-diendo este último al anuncio de 24 de Junio publicado en la “Gaceta de Puerto Rico ” por la Diputación Provincial, en dicho mes, y suspendidos dichos sorteos según los anuncios de la “ Gaceta ” de 5 de Mayo y 3 de Agosto, condenándose al pago del importe de dichos billetes á la Adminis-tración, sin especial condena de costas; y firme esta sentencia, remítase de ella copia al Contador General por conducto del Honorable Gobernador, como prescribe el párrafo 6? de la Orden General número 84 citada. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan R. Ramos, Juan Morera Martínez, Jesús Romeu, Ramón Falcón.
Resultando: que notificada la sentencia al Letrado Don Antonio Alvarez Nava, al día siguiente de su pronuncia-miento, ó sea en 5 de Octubre de 1901, y al Honorable Attorney General en 3 de Diciembre del propio año, el Fiscal interpuso recurso de apelación que fué admitido en am-bos efectos habiendo sido emplazadas las partes en 13 y 17 de Diciembre citado.
Resultando: que recibidas las actuaciones en esta Corte Suprema, por providencia de 24 de Enero siguiente se tuvo por personados al Honorable Attorney General y al Letrado Don Antonio Alvarez Nava, que respectivamente compare-cieron, el primero, en 15 de Enero, y el segundo, en 18 de Diciembre anterior, siendo de notar que el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, en el escrito de comparecencia, ma-nifestó que se adhería al recurso, sin que hiciera igual ma-nifestación al evacuar el trámite de instrucción.
Abogado del apelante: Sr. Harlan, Attorney General.
Abogado de los apelados: Sr. Alvarez Nava.

Opinion:
El Juez Asociado Sr. Hernández,
después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal :
Aceptando en lo sustancial los fundamentos de hechos y los de derecho preinsertos, ménos el primero de los de de-recho, en cuanto parece establecer que el juego de Lotería está prohibido por leyes del Congreso de los Estados Unidos, si bien es cierto que las leyes postales de dicho Congreso prohíben y penan'la remisión y circulación, por correo, de billetes de Lotería.
Considerando: que al vender la Diputación Provincial de Puerto Rico los billetes de Lotería, de que se trata en. este pleito, contrajo la obligación que le imponía el Reglamento de la materia de celebrar los sorteos correspondientes, y al no hacerlo así, por incumplimiento de esa obligación, nació para los tenedores de dichos billetes, el derecho á que se les reintegre el precio que satisficieron, ya por exigirlo el prin-cipio altamente moral y jurídico de que nadie puede enri-quecerse en perjuicio de otro, aplicable no solo á las perso-nas, sino á toda entidad jurídica, ya por prevenirlo el pre-cepto del artículo 1124 del Código Civil, al establecer que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
Considerando: que suprimida ' la Diputación Provincial por la Orden General No. 17, serie de 1898, en la que se ordenó que el Secretario de Hacienda se hiciera cargo del activo y pasivo de la misma, de la recaudación de todos sus créditos y liquidación' de todas sus deudas, y creada por otra Orden General No. 84, serie de 1900, una Comisión: Liquidadora para recibir, oir y resolver todas las reclama-ciones contra aquel extinguido organismo, á fin de que los créditos, en forma reconocidos, fueran satisfechos á la mayor brevedad, es claro que al Gobierno de Puerto Rico corres-ponde pagar por medio de su Tesorero, en concepto de rein- tegro, á los demandantes, las cantidades que reclaman como tenedores, de billetes de la Lotería Provincial, cuyos sorteos no fueron celebrados oportunamente.
Considerando: que la sentencia condenando á la Admi-nistración al pago del importe de los. billetes á que se con-trae la demanda, sin especial condenación de costas y sin que haga mérito de la de intereses, no puede ser mejorada en beneficio de los apelados, según han pretendido éstos en el acto de la vista, .pues para ello hubiera sido necesario que se hubieran adherido á la apelación, al evacuar el trámite de instrucción, no favoreciéndoles el haberlo hecho prema-turamente al personarse ¿nte esta Corte Suprema, pues ni antes ni después del expresado trámite puede utilizarse el recurso de adhesión, según terminantemente prescribe el Artículo 467 del Reglamento para la ejecución de la Ley de lo Contencioso-Administrativo.
Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan, en 4 de Octubre de 1901.
Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones, y Aso-ciados, Figueras y Sulzbacher.
Juez disidente : Sr. MacLeary.