Case Name: El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co., et al.
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 1911-06-21
Citations: 17 P.R. Dec. 881
Docket Number: No. 636
Parties: El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co., et al.
Judges: Juez concurrente: Sr. Wolf.
Reporter: Decisiones de Puerto Rico
Volume: 17
Pages: 881–889

Head Matter:
El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co., et al.
ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de . San Juan.
No. 636.
Resuelto en junio 21, 1911.
Conteoversia Jurídica — Cdestiones Abstractas. — No alegándose en la demanda que se haya realizado algún pacto concreto y positivo en perjuicio del deman-dante, no existe base para una controversia jurídica que debe ser resuelta por los tribunales de justicia.
Los hechos están expresados en la opinión:
Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.
Abogados de los apelados: Sres. Hartsell y Rodríguez Serra.

Opinion:
El Juez Asociado Sr. del Toro,
emitió la opinión del tribunal.
El Centro de Detallistas de San Juan, una corporación constituida con arreglo a las Leyes de Puerto Rico, entabló demanda contra A. Vicente y Compañía,. Sucesores de L. Vi- llamil y Compañía, Sucesores de M. Lomba y Compañía, J. Ochoa y Hermano, Villar y Compañía, Freiría y Compañía, Sucesores de Pérez Hermanos, S. en C., Aboy Vidal y Com-pañía, M. Lamadrid y Compañía, Sobrinos de'Izquierdo y Compañía, Baquero y Compañía, Balasquide y Compañía, F. Font y Hermano, Pérez Hermanos, R. Paniagua y Com-pañía, Luiña Hermanos, Sucesores Benitez y Compañía, Ce-recedo Hermanos y Compañía, Sucesores A. Suárez y Com-pañía, E. R. Pons y Compañía, V. Melón y Compañía, Sán-chez Pórtela y Compañía, Sucesores de F. Juncos y Com-pañía, C. Malatrasi y Compañía, Cadierno Hermanos, Allés y Hermano, y B. Fernandez y Hermano, a fin de que la corte de distrito declarara que el único sistema a que deben sujetarse ías transacciones comerciales en Puerto Rico es el métrico decimal y que el acuerdo adoptado por las sociales demandadas es ilegal y nulo.
Los hechos esenciales de la demanda son que los deman-dados adoptaron el 1 de febrero de 1910, un acuerdo que fué comunicado a los comerciantes detallistas, relativo a que a partir del primero de marzo próximo, quedaría establecida por los demandados, comerciantes al por mayor, la regla de fijar sus precios para todo artículo cuya venta haya de efec-tuarse por peso, para cada 45-3597 ídlos, equivalentes a cien libras americanas.
"Que tal acuerdo causa perjuicios a todos los comerciantes de provisiones al detalle y a este Centro de Detallistas y a todos y a cada uno de sus socios, cambiando, sin autoridad alguna por parte de los demandantes, el sistema de peso legal, e imponiendo, para las transacciones comerciales un sistema arbitrario1, caprichoso y perjudicial para la buena marcha de los negocios del comercio de provisiones al de-talle; y
' ' Que el demandante nombró una comisión para entenderse con los demandados, habiéndose negado éstos a adoptar el sistema métrico decimal y a revocar su acuerdo."
Los demandados, excepto H. Santos, Pérez Hermanos, y A. Suárez y Cía., alegaron la excepción previa de que la de-manda no aduce hechos suficientes para determinar una cau-sa de acción.. La corte declaró con lugar dicha excepción y como el demandante manifestara que no tenía más hechos que exponer, ordenó que su resolución se registrara como sentencia. Así se hizo y contra la sentencia, registrada el 5 de noviembre de 1910, se interpuso el presente recurso de ape-lación.
La notificación de la apelación hecha a todos los abogados de los demandados el 14 de noviembre de 1910, se archivó el mismo día en la oficina del secretario de la corte de distrito, y elevada la transcripción de los autos a esta Corte Suprema, ambas, partes en su alegatos escritos discutieron amplia-mente el recurso en su fondo.
Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de los autos y los alegatos de las partes y opinamos que la senten-cia que desestimó la demanda por no aducir ésta hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, está bien fun-dada y debe confirmarse.
Dos razones fundamentales existen para ello.
La primera es, que estudiado el acuerdo de los comercian-tes demandados, no aparece que esté en abierta oposición con las prescripciones de -los artículos 230 y 240 del Código Político.
Y la segunda es, que aun cuando se concluyera que lo estaba, en la demanda no se alega que se haya realizado un soló acto concreto y positivo en perjuicio del demandante y siendo esto así, no existe base para una controversia jurídica que deba ser resuelta por los tribunales de justicia. No obs-tante haberse presentado la demanda el 10 de mayo de 1910, no se consigna en ella que el acuerdo adoptado por los de-mandados en 1 de febrero de 1910, para empezar a regir el 1 de marzo del mismo año, se llevara a vías de hecho.
Yéase el caso de la Liga de Propietarios v. El Ayuntamiento de San Juan, decidido por esta Corte Suprema el 12 de febrero de 1908, en donde esta última cuestión ha sido tratada ampliamente y resuelta de modo claro y preciso.
No creemos necesario entrar- en otro orden de considera-ciones. El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.
Confirmada.
Juez concurrente: Sr. Wolf.
Juez disidente: Sr. Presidente Hernández.
Los Jueces Asociados Sres. MacLeary, y Aldrey.no toma-ron parte en la resolución de este caso.'