Case Name: Ex Parte Bird
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 1904-03-15
Citations: 5 P.R. Dec. 247
Docket Number: No. 29
Parties: Ex Parte Bird.
Judges: Jueces concurrentes: Sres. Presidente 'Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.
Reporter: Decisiones de Puerto Rico
Volume: 5
Pages: 247–306

Head Matter:
Ex Parte Bird.
Solicitud para que se expida mandamiento de Habeas Corpus.
No. 29.
Resuelto en marzo 15, 1904.
Libertad de la Prensa. — La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de la prensa, pero no una licencia ilimitada para publicar lo que se quiera con respecto a las personas, funcionarios pú-blicos, o jueces de tribunales, en su capacidad pública o privada.
Injurias a la Autoridad — Instituciones Americanas. — Las disposiciones con-tenidas en el artículo 265 del Código Penal español que preveen y eastigan(*) el delito de injurias a la autoridad, no son incompatibles con el espíritu dq las instituciones de carácter americano.
Id. — Delito de Carácter Infamante. — El delito de injurias a la autoridad, no es de carácter infamante, pues no se castiga con pena corporal, sino con pena correccional, y como ésta se cumple en la cárcel, tal delito es un misdemeanor, y solamente los delitos calificados de felony pueden tener tal carácter.
Gran Jurado — Tribunales Insulares. — Las disposiciones del artículo 5 de las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos no tienen aplicación a; los tribunales insulares, en los que no es necesaria la acusación de un gran jurado para que en ellos pueda declararse culpable a un aeusado.
Juicio por Jurado. — Si un acusado no solicitare a su debido tiempo el juicio por jurado, se entenderá que renuncia a él, y tal juicio sólo puede concederse en casos de felony.
Habeas Corpus — Nombramiento de Jueces — Juez de' Eacto. — Se presume qué el nombramiento de un juez que esté actuando regularmente en un tribunal ha sido heeho con las formalidades legales, pero en todo caso, la legalidad o ilegalidad de tal nombramiento no puede ser investigada en un procedimiento de habeas corpus, y aun en el caso de que no hubiera sido legalmente nom-brado, tendría el carácter de juez de facto, y como tal sus resoluciones serían válidas y no podrían ser atacadas colateralmente por habeas corpus.
Código de Enjuiciamiento Criminal — Código Penal — Delitos Cometidos con Anterioridad a Julio 1, 1902. — Los nuevos Códigos Penal y de Enjuiciamiento Criminal, que empezaron a regir en julio 1, 1902, no tienen aplicación a actos o delitos cometidos con anterioridad a esa fecha.
Leyes in Pari Materia. — Las leyes in pari materia deben ser interpretadas con-juntamente, armonizándolas, si es posible, y en forma tal que no resulte incompatible con los principios generales de dereeho.
Constitución de los Estados Unidos — Territorios.—Para que la Constitución de los Estados Unidos se entienda vigente en un territorio, es necesaria una Ley del Congreso que así lo disponga, o que sus beneficios se hagan exten-sivos a tal territorio por otros departamentos del Gobierno y que el Congreso tácitamente consienta en ello, lo que no ha tenido lugar con respecto a Puerto Rico.
Habeas Corpus — Jurisdicción Sobre la Persona del Acusado y Sobre el De-lito. — En los casos en que apareciere que el tribunal tuvo jurisdicción sobre la persona del acusado y sobre el delito de que fué acusado, la solicitud de excarcelación por habeas corpus deberá desestimarse.
Id. — Objeto del Auto de Habeas Corpus. — El objeto del auto de habeas corpus es librar al peticionario de prisión ilegal, pero tal procedimiento no puede utilizarse a los efectos de una apelación o de un recurso por causa de error.
Los hechos están expresados en la opinión.
Abogados del peticionario: 8res. Dexter y Hernández Tisera.
Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.(*)

Opinion:
El Juez Asociado Se. MaoLeaey,
emitió la siguiente opi-nión del tribunal:
El día cuatro del corriente, mes Hobart S. Bird presentó una solicitud al Hon. José S. Quiñones, Juez Presidente de la Suprema Corte, para un auto de habeas corpus, alegando que había sido arrestado en dicha fecha, por un oficial de la Corte de Distrito de San Juan, y detenido en custodia, de acuerdo con cierto mandamiento expedido por dicho tribunal de dis-trito, bajo una sentencia dictada por la Corte Suprema de Puerto Eico, en 27 del mes de febrero próximo pasado, en la pausa de El Pueblo de Puerto Rico v. Hobart S. Bird, y acompañando a la citada solicitud, copia de dicha sentencia. El Juez Presidente expidió el auto solicitado, y mandó qne se viera la cansa ante el tribunal en pleno, en 6 del presente mes, y de acuerdo con la súplica del demandado, se señaló el día 12 del mismo mes, para la vista, siendo el acusado puesto en libertad bajo fianza durante este intervalo. En la vista habida se discutió el caso para resolverlo hoy.
El peticionario alegó que estaba ilegalmente detenido y privado de su libertad por José Berrios, Alcaide de la prisión "La Cárcel," que corresponde a la cárcel del condado, en Puerta de Tierra, un barrio de San Juan, con violación de la Constitución de los Estados Unidos, y las leyes de los mismos, consignando los siguientes fundamentos:
"1. El Sr. Bird ha sido enjuiciado por infringir el artículo 265 del Código Penal, vigente en Puerto Rico al tiempo de la ocupación americana y que el Congreso de los Estados Unidos, en su Ley Or-gánica de 12 de abril de 1900, sección 8, declaró vigente y con fuerza legal en Puerto Rico.
"Dicho artículo 265 al tiempo de la comisión de este delito por el Sr. Bird, era absolutamente nulo y sin fuerza legal, por ser incompatible con las instituciones americanas y, porque el mismo no era aplicable al caso que servía de base a este proceso.
"2. El artículo 265 ameritado, hacía la ofensa prescrita en él 'un crimen infame' (infamous orime) y lo castigaba con arresto mayor. (*)
"Por esta razón, el denunciado no debía haber sido procesado sino previa la presentación de acusación por el gran jurado.
"3. Al denunciado Sr. Bird se le negó el derecho de ser juzgado por un Pequeño Jurado, como está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos.
"4. Los procedimientos de la corte de distrito no fueron proce-dimientos legales, tales como los define y prescribe la Constitución de los Estados Unidos.
"5. En el acto del juicio oral, la corte de distrito estaba ilegal-mente constituida, pues según los preceptos de la sección 33 de la Ley del Congreso de abril 12 de 1900, llamada la Ley Orgánica, los jueces de las cortes de distrito deben ser nombrados por el Goberna-dor, con la anuencia y consentimiento del Consejo Ejecutivo. Según consta en los autos, cuando el Sr. Bird fué juzgado y sentenciado en la corte de distrito, uno de sus jueces, el Sr. Morera, se inhibió del conocimiento de la causa, y fué sustituido por el Sr. Don Angel Gar-da Veve, nombrado por el Gobernador juez especial de la corte de dis-trito, pero no consta que su nombramiento haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo, ni que el puesto del Sr. Morera esté vacante por su muerte, renuncia, o por haber expirado el tiempo de su nombra-miento. Por esta razón, todos los procedimientos de la corte de dis-trito, y con posterioridad, los del Tribunal Supremo, fueron ejecuta-dos sin tener competencia para ello.
"6. Los procedimientos por los cuales el denunciado fué senten-ciado en la corte de distrito, no fueron legales, porque en los autos consta que el Sr. Bird fué acusado de la comisión de este delito el 13 de febrero de 1902, y el segundo juicio, en el cual fué sentenciado, fué celebrado en octubre de 1903.
"El Io. de julio de 1902, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal empezó a regir, y según consta de los autos, los procedimientos no estaban regulados por esta ley, excepto lo que se refiere a la con-testación del denunciado en el acto del arraignment de no ser culpable y señalamiento del día para la celebración del juicio oral. No-consta en los autos que la acusación fuera presentada por el Fiscal en audiencia pública y a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, ni que estuviera formulada bajo juramento de que estaba basada en la de-claración de testigos juramentados ante él. Tampoco expresa clara-mente los hechos constitutivos del delito como lo exige la ley, y por lo tanto, la sentencia de la corte de distrito es completamente nula.
"7. El Sr. Bird tenía derecho a ser juzado por jurado, según lo (*) preceptúa el capítulo 10 del Código Penal, que empezó a regir en Io. de julio de 1902.
"8. Al ser determinada esta causa por la Corte Suprema de Puerto Rico, ésta rehusó considerar los preceptos legales infringidos, que no hubieran sido presentados por el Sr. Bird, a pesar de que con anterioridad a esta sentencia del Tribunal Supremo, ya éste había sido transformado por Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto-Rico, de 12 de marzo de 1902, en tribunal de apelación con el deber de que en sus resoluciones, tanto en causas civiles como criminales, no se limitaría a considerar las infracciones de leyes o quebranta-mientos de forma protestados por las partes, o expuestos en sus ale: gatos y que constaran en los autos, sino que además podría, para impartir mejor justicia, conocer de todos los hechos y procedimientos en la cansa, como constaran de los antos, y al mismo tiempo entrar en el fondo de la cuestión, para así administrar mejor justicia.
"9. La sentencia del Tribunal Supremo es nula por las razones ya expuestas.
"Por lo cual, el Tribunal Supremo, al dictar sentencia contra mi defendido, erró, causando así un perjuicio muy grande al denun-ciado y perjudicándolo en sus derechos."
El peticionario alega, además, que dicho arresto y deten-ción fueron ilegales, a causa del mencionado procedimiento ilegal y nulo, y por no tener competencia la corte de distrito, ni el Tribunal Supremo, para conocer de la causa, por cuyas razones suplicó que se expidiera el auto de habeas corpus a su favor y que se excarcelara. Estos fundamentos se con-siderarán seriatim.
1. El primero, que alega que el artículo 265 del antiguo Código Penal, bajo el cual el demandado fué convicto, fué ab-solutamente nulo, por ser incompatible con las instituciones americanas y porque no era aplicable a los hechos, se con-siderará primeramente. Esta sección había sido la Ley de Puerto Pico por muchos años antes de la ocupación americana, y durante el gobierno militar, y cuando se estableció el go-bierno civil por la Ley del Congreso, aprobada en 12 de (*) abril de 1900, continuó en vigor, por la sección 8 de la Ley citada, la que, pasando en silencio los Disponiéndose, que no son aplicables al presente caso, dice lo que sigue:
' ' Que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los ca,sos en que sean alteradas, en-mendadas o modificadas por la presente; o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley entre a regir, y en todo aquello en que la mismas no resulten incompatibles o en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Uni-dos no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos."
No se pretende qne esta ley hubiere sido alterada, enmen-dada o modificada por órdenes o decretos vigentes en 1 de mayo de 1900, cnando empezó a regir ¿a Ley Orgánica, ni se alega qne este estatuto esté en conflicto o sea inconsistente con los estatutos de los Estados Unidos, no inaplicables local-mente, o qne esté en conflicto con las disposiciones de la Ley Orgánica, ni qne ésta hubiese sido alterada, enmendada o re-vocada por la autoridad legislativa de Puerto Rico. Se alega simplemente qne semejante ley es incompatible con las insti-tuciones del Gobierno americano. Atendido el argumento oral del abogado defensor del solicitante, es de presumirse que él considera esta ley en conflicto con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de la prensa. Pero tal no es el parecer de este tribunal. Dicho artículo de la Constitución dice lo que sigue:
"El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al estable-cimiento de una religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma; o coartando la libertad de la palabra, o de la prensa; o el derecho del pueblo de reunirse pacíficamente y de dirigir peticiones al Go-bierno, pidiendo' la reforma de abusos. ' '
Nosotros creemos, sin duda alguna, que nadie, bajo estas (*) disposiciones de la Constitución, aun si se sostuviera que está vigente en esta Isla, podría reclamar que por las mismas ten-dría derecho de publicar, a su capricho, cuanto le plugiera en cuanto a personas o funcionarios, o jueces de los tribunales, es sus relaciones públicas o particulares. En otras palabras, es la libertad de la prensa y no la licencia desenfrenada lo que se intenta proteger por esta disposición de la Constitución.
Este tribunal consideró esta materia muy cuidadosamente en la causa de Julio Medina, que fué fallada en noviembre 25 de 1903. En dicha causa se falló que en vista de que la Ley Penal, bajo la cual fué'procesado el demandado, había sido revocada en virtud de una ley subsiguiente de la Legislatura, que se consideró como un indulto legislativo, tendría que ponerse en libertad, al acusado y anularse la sentencia dic-tada. Pero Medina no fné acusado de liaber publicado un artículo injurioso, o d.e haber abusado de la libertad de im-prenta. Los hechos de esa causa demuestran que el delito atribuido fue la publicación de un periódico sin haber obtenido' previamente una licencia de las autoridades municipales. Tal licencia era necesaria, según la antigua ley española, la cual, si bien no estaba en pugna con la Ley Orgánica de la Isla, fue revocada por una ley de la Asamblea Legislativa, decretada el 27 de febrero de 1902, titulada "Ley definiendo derechos del pueblo, " y en su tercera sección preceptúa que no se coar-tará a nadie la libertad de la palabra y de la imprenta, y que toda persona en Puerto Pico tendrá la libertad de hablar, escribir o publicar lo que le plazca sobre cualquier asunto, siendo responsable, sin embargo, de todo abuso en que incurra de esa libertad, y cuya ley entró en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Ni del examen de la ley, ni de la consideración de los argu-mentos aducidos por el letrado en el juicio, se advierte que este artículo 265 del Código Penal español sea, bajo ningún concepto, incompatible con las instituciones americanas, y (*) dicho artículo ciertamente es aplicable a las circunstancias del caso, que sirvieron de base a los procedimientos contra el pro-cesado. Para hacer manifiesto o patente esto, basta sola-mente leer la ley en relación con el artículo publicado y por el cual fué convicto, y el que se expresa en el fallo de esta corte, confirmando la sentencia del tribunal inferior.
2. La segunda pretensión del peticionario de que la ofensa descrita en el artículo 265 del Código Penal, es un delito in-fame, y que por lo tanto, no debería estimarse al procesado por responsable del mismo, a no ser en virtud de una acusa-ción hecha por un gran jurado, no puede considerarse como bien fundada. En primer término, el delito descrito y perse-guido en el artículo 265 del Código español, penado con arresto mayor, no es un delito-infame, pues no es de aquellos por los que en caso de convicción podría aplicársele al acusado castigo corporal, sino simplemente una pena correccional.
Y este delito tampoco podría estimarse como infame, bajo las disposiciones del nuevo Código Penal, si éste fuera apli-cable al mismo, porque la distinción entre felonies y misdemeanors se demuestra claramente en la sección 14 de clicba ley, la que a la letra dice:
"Felony es un crimen castigado con la pena de muerte o de pre-sidio. Misdemeanor comprende todos los demás delitos."
Juzgado por esta ley, el delito del cual fué convicto el peti-cionario, es claramente un misdemeanor, puesto que el castigo del mismo no puede exceder de seis meses de cárcel. Ningún delito que sea menos grave que un felony puede estimarse como delito infame, de acuerdo con las disposiciones de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
No bay dificultad ninguna, boy en día, para determinar cuáles delitos son declarados infames, bajo la quinta enmienda de la Constitución de las Estados Unidos. Esa cuestión, que ba sido discutida por mucb tiempo, fué resuelta definitiva-mente (*) por el Sr. Juez Gray, en la causa de Wilson ex parte, referida en 114 U. S., pp. 425, 426. En aquella opinión clara el Tribunal .Supremo dice:
"Pero por las razones arriba citadas, que se refieren al objeto y los términos de la primera disposición de la quinta enmienda, así como a la historia .de su adopción, y a su primitiva inteligencia y práctica bajo la misma, este tribunal es de opinión que la capacidad del demandado, en el caso de que sea convicto, para servir como tes-tigo en otra causa, no es una prueba verdadera; y que no puede hacerse responsable a ninguna persona, sin información o acusación por un gran jurado, por ningún delito que se pueda castigar por la corte con una pena infamatoria.
"La cuestión es, si el delito es uno de aquellos por el cual la corte queda autorizada por los estatutos a castigar con una pena infama-toria, y no, si la pena qué últimamente se imponga, lo es. Cuando el acusado se encuentra en el peligro de ser sometido a una pena in-famatoria; si se le declarase culpable, él tiene el derecho de insistir que no se celebre el juicio, excepto bajo la acusación de un gran jurado.
"Ni podemos acceder a la proposición, que algunas Taces se ha mantenido, que ningún delito es infame en el sentido de la Quinta Enmienda, que no haya sido declarado por el Congreso. Véase United States v. Wynn, 3 MacCrary, 266 y 11 Fed. Rep., 57; United States v. Petit, 11 Fed. Rep., 58; United States v. Cross, 1 McArthur, 149. El propósito de la enmienda fué limitar eLpoder de la Legislatura, .así como el de los Fiscales de los Estados Unidos. "
Se ha seguido uniformemente esta causa desde 1884, y entre otros, en los casos de United States v. Petit, 114 U. S., 429, y Mackin v. United States, 117 U. S., 348. Véase tam-bién Miller on Constitution, p. 504, y 1 Rawle's Bouvier's Dictionary, p. 1026.
El delito del cual se declaró culpable al solicitante bajo el artículo 265 del Código Penal español, era punible con la pena de arresto mayor. Esta pena fué calificada como pena co-rreccional, bajo el artículo. 24 del Código Penal español. Solamente las penas corporales corresponden, bajo dicho código, (*) al castigo de felonies bajo la Ley Penal americana. Esto aparece claramente al leer el artículo citado, que es como sigue:
"Artículo 24. Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código y sus diferentes clases, son las que comprende la si-guiente escala general:
"Penas aflictivas. — Muerte, cadena perpetua, reclusión perpetua, relegación perpetua, entrañamiento perpetuo, cadena temporal, re-clusión temporal, relegación temporal, entrañamiento temporal, pre-sidio mayor, prisión mayor, confinamiento, inhabilitación perpetua, inhabilitación absoluta temporal, inhabilitación especial perpetua, inhabilitación especial temporal.
"Penas correccionales. — Presidio correccional, prisión correccio-nal, destierro, reprensión pública, suspensión de cargo, suspensión de cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesión u oficio y arresto mayor.
"Penas leves. — Arresto menor, reprensión privada.
"Penas comimes a las tres clases anteriores. — Multa, caución.
"Penas Accesorias. — Degradación, interdicción civil, sujeción a la vigilancia de la autoridad, pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito, pago de costas."
Las penas corporales, según se han designado anterior-mente, corresponden con las penas capitales e ignominiosas a que se refiere la quinta enmienda de la Constitución; y las penas correccionales, leves y accesorias, son de grado inferior. La pena de que se queja el peticionario, es correccional solamente, y no se castiga el delito por prisión en el presidio o la penitenciaría, sino solamente en la cárcel. De aquí que pudiera ser perseguido por información, y no necesitaría una acusación por un gran jurado, ni aun en los tribunales fede-rales. Pero aparte de este aspecto de la causa, el artículo 5o. de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, no tiene aplicación a los' tribunales insulares, y las acusaciones por un gran jurado para la declaración de culpabilidad del acusado, (*) en dichos tribunales, no son más necesarias de lo que lo serían en los tribunales de Estado, o de los territorios en los Estados Unidos. Este es un punto bien establecido por numerosos casos, según queda demostrado en los dis-cursos del Juez Miller sobre la Constitución de los Estados Unidos, discurso 10, p. 493, donde dicho distinguido jurista, al hablar de la enmienda séptima, dice:
"Este artículo de las enmiendas de la Constitución, así como todos los demás, desde uno a ocho inclusive, se refiere al ejercicio del gobierno de los Estados Unidos y no al de los Estados. Esto ha sido decidido repetidas veces." Citando Livingston v. Moore, 7 Pet., 469; The Justices v. Murray, 9 Wall., 274; Edward v. Elliott, 21 Wall., 532.
Ni podrá aplicarse esta disposición en manera alguna a los tribunales insulares en Puerto Rico, hasta que sean con-vertidos en Cortes Federales por una ley del Congreso. Reynolds, v. United States, 98 U. S., 145; Eilenbecker v. District Court, 134 U. S., 31; United States v. Cruikshank, 92 U. S., 542; Walker v. Sauvinet, 92 U. S., 90; Fox v. Ohio, 46 U. S., 410; Holmes v. Jennison, 39 U. S., 549; Presser v. Illinois, 116 U. S., 252; In re Ross, 140 U. S., 453; Cook v. United States, 138 U. S., 157; Hurtado v. California, 110 U. S., 516;, MacAllister v. United States, 141 U. S., 174; Permoli v. N. O., 44 U. S., 589.
No Remos podido encontrar ninguna resolución de la Corte Suprema que de nn modo directo prescriba la condición de las cortes territoriales con arreglo a la enmienda 7a. de la Consti-tución de los Estados Unidos; pero en el caso de Walker v. S. P. R. R. Coresuelto en 1896, el abogado presentó esta cuestión y el Juez Sr. Brewer, al redactar la opinión del tribunal, dijo:
"Juzgamos innecesario considerar la alegación que hace el de-mandado de que las cortes territoriales no son cortes de los Estados Unidos, y que la enmienda 7a. no es de aplicarse a los territorios, porque el Congreso, por una ley de abril 7 de 1874, c. 80, 18 Stat., 27, (*) al legislar para todos los territorios, declaró que a ninguna parte 'se le privará del derecho de tener un juicio por jurado en los casos que hayan de resolverse con arreglo a la ley común; ' y aunque esto no haga extensivas a los territorios, de modo terminante, todas las prescripciones de la enmienda 7a. asegura todos los derechos de un juicio por jurado, tal y como ellos existían en la ley común. ' ' Walker v. Southern Pacific R. R. Co., 165 U. S., 595, 596.
Se hizo referencia a esta causa, aprobándola en la causa posterior de American Publishing Co. v. Fisher, 166 U. S., 467.
Si la enmienda 7a. tuviera aplicación a dichas cortes, es. bastante probable que la resolución se Rubiera basado en la Constitución más bien que en el estatuto; y podemos deducir lógicamente que la Corte Suprema no considera que las cortes, territoriales sean cortes federales dentro de los límites de la enmienda 7a.
Pero las Cortes Insulares de Puerto Eico, de jurisdicción original, tienen más analogía con las Cortes de los Estados- que con las de los territorios. No fueron creadas por una ley del Congreso, sino que existían antes de la aprobación de la Ley Foraker que las reconoció y las dejó en vigor. Véase la sección 33 de la Ley Orgánica. Puerto Eico no es un terri-torio, ni es Estado de la Unión americana, pero sus Cortes de Primera Instancia tienen muchas, si no todas, de las atri-buciones de dichas cortes, y al firmarse el Tratado de París, y durante todo el período del Gobierno Militar, había en la Isla un completo sistema judicial que hasta la fecha presente se ha modificado solamente, sin que se haya cambiado del todo durante el Gobierno Civil.
Por estas razones, si la Constitución de los Estados Unidos estuviera vigente en Puerto Eico, no podría considerarse que la enmienda 7a. tuviera aplicación a sus cortes, pues ellas estarían comprendidas en las decisiones mencionadas ante-riormente, las que sostienen que esta enmienda no tiene apli-cación a las cortes de los Estados.
Una institución como el gran jurado no ha sido nunca vista (*) en las cortes Insulares de Puerto Eico. Existen a la sazón unos mil prisioneros en la penitenciaría de Puerto Eico, a los cuales habría que soltar si se diese esta interpreta-ción al Código Penal; sin embargo, si fuera necesario para hacer justicia en el presente caso, este tribunal no vacilaría en abrir las puertas de todas las cárceles de la Isla. Pero esa interpretación no está autorizada por autoridad alguna, de las que se han presentado ante esta corte, o pudieran encontrarse después de una diligente busca.
3. Se alega que al acusado le fué denegado el derecho a un juicio por jurado, cuyo derecho se lo garantiza la Consti-tución de los Estados Unidos. En relación a esta garantía constitucional, son aplicables las mismas observaciones con-tenidas en el párrafo anterior referentes a acusaciones por los grandes jurados. La enmienda sexta, en vez de la quinta, es la que está envuelta en este caso, y hé ahí la única dife-rencia. Pero el acusado, como está demostrado en los autos, renunció a todo derecho a un juicio por jurado, de acuerdo con las leyes de Puerto Eico y la Constitución de los Estados Unidos, si las mismas fueren aplicables, por no haber hecho nna solicitud con aqnel objeto, a su debido tiempo. La ley de jurados de Puerto Eico preceptúa que un acusado tiene derecho a un juicio por jurado' en todos los casos de delito grave, siempre que así lo solicite cuando se haga la primera lectura de la lista o relación de las causas, y se ponga la de él en la correspondiente a jurados. Yéase el artículo 178 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ninguna solicitud referente a un jurado fué jamás presentada a favor del pro-cesado antes o durante la acusación (arraignment), ni du-rante más de una semana después, cuando su abogado defen-sor se presentó ante el tribunal, tratando de excusar su negli-gencia, y pidió un jurado, que le fué negado, porque el delito de que se le había acusado era solamente un delito menos grave y no felony, y además, porque no había pedido o soli-tado el jurado dentro del término (*) prescrito por la ley, y por lo tanto, había renunciado a su derecho, si es que tenía alguno. Los autos en este proceso sostienen ampliamente esta proposición, y una ligera ojeada dada a los mismos es suficiente para demostrar que una petición o solicitud de esa naturaleza carece d'e base en que fundarse.
4. El cuarto motivo alegado por el peticionario de que los procedimientos en la corte de distrito no constituían un procedimiento legal en debida forma, como lo preceptúa la Constitución de los Estados Unidos, parece simplemente una repetición de las aserciones del segundo y tercero, con probable alusión al quinto y sexto motivo de esta solicitud; al menos no se ha invocado en la solicitud, ni citado en el in-forme oral del letrado defensor, al presentar la causa a este tribunal, ninguna otra disposición constitucional, ni legal. Sin embargo, puede ser que por el uso del término "procedi-miento legal en debida forma" se haya hecho referencia a la enmienda catorce de la Constitución de los Estados Unidos, que dice:
' ' Ni tampoco privará ningún Estado a persona alguna, de su vida, libertad, ni bienes, sin un procedimiento legal en debida forma; ni denegará a ninguna persona, dentro de su jurisdicción, la uniforme protección de la leyes."
Esto es claramente nna limitación de los poderes de las Legislaturas de los Estados y no puede tener referencia a Puerto Eico. En el discurso trece de Miller sobre la Consti-tución, se discute esta enmienda, 3^ el distinguido autor se expresa en la forma siguiente:
"Aquella enmienda fué ordenada para asegurar iguales derechos a todas las personas. Para llevar a cabo el objeto de la misma, el Congreso está investido del poder de hacer cumplir sus disposiciones mediante una legislación adecuada. Por otra parte, no fué ideada para poner obstáculos al poder del Estado para proteger la vida, libertad y los bienes de sus ciudadanos, ni al ejercicio de ese poder en las adjudicaciones (*) de los Tribunales del Estado, al instruir los procedimientos dispuestos por sus leyes. Por lo tanto, cuando una persona acusada de un delito dentro de un Estado es sometida, al igual de todas las demás personas, en dicho Estado, a la ley, en el curso .ordinario de su administración en los tribunales de justicia, el fallo que resulte en esta forma, no puede considerarse como un ejer-cicio de poder arbitrario y sin restricción, y por eso nulo y sin nin-gún valor." Virginia, Ex parte, 100 U. S., 339. In re Converse, 137 U. S., 624. Miller on the Constitution, 658, 659.
La eminente autoridad continúa diciendo:
"La ley, en su curso ordinario de administración por los tribu-nales de justicia, constituye un procedimiento legal en debida forma, y cuando está asegurada por las leyes del Estado, se han llenado los requisitos de la enmienda catorce. El procedimiento legal en debida forma, según el sentido de dicha enmienda, está asegurado si las leyes se aplican a todos de igual modo, y si, por ellas, no se somete al indi-viduo a un ejercicio arbitrario de los poderes del Gobierno." Leeper v. Texas, 139 U. S., 462; Miller on tbe Constitution, p. 664. Yéase también Miller sobre la Constitución, p. 675, como un caso análago.
Según las autoridades citadas, y después de resumir todo lo que se refiere al punto que trata de sostener el letrado defensor, en su solicitud, nos yernos obligados a declarar que el solicitante en el presente caso, no puede quejarse de que los trámites del tribunal de distrito no fueran practicados de acuerdo con un procedimiento legal en debida forma, y que todo derecho que tuviera, y que persona alguna pudiera recla-mar bajo la enmienda catorce de la Constitución, o bajo cual-quiera otra sección de aquel documento, le ha sido concedido y cuidadosamente guardado en el juicio de esta causa.
5. El quinto motivo alegado por el peticionario, para que se le ponga en libertad bajo el auto de habeas corpus, se re-fiere a la competencia del juez especial de la corte de distrito, que fué nombrado para reemplazar al juez en propiedad de dicho tribunal que estaba inhabilitado, porque era uno de los jueces a quien el acusado había atacado en el artículo (*) por cuya publicación fué procesado. Se alega que el juez especial de dicho tribunal, aunque fué nombrado por el Gober-nador, no fué nunca confirmado por el Consejo Ejecutivo, lo cual, según se pretende, era necesario con arreglo a la Ley Orgánica. Si es que la Ley Eoraker exige que un juez especial de un tribunal de distrito, sea no solamente nom-brado por el Gobernador, sino también confirmado por el Consejo Ejecutivo, no hay nada en los autos que demuestre que este juez no fué confirmado por el Consejo Ejecutivo. El fué nombrado en debida forma por el Gobernador, y si fué confirmado o no por el Consejo Ejecutivo, no consta afirmativamente, ni tampoco los autos contienen nada en sen-tido contrario, y por lo tanto, hay que presumir concluyen-temente que fué confirmado, si es que la ley lo exigió. En otras palabras, el hecho de que un juez estaba funcionando en debida forma en el tribunal de distrito, en unión con otros dos, cuyo nombramiento no se pone en duda, y quienes toma-ron parte en el juicio bajo la dirección del Fiscal General, con arreglo a lo dispuésto por la ley, a lo menos autoriza la presunción de que fue nombrado y confirmado legalmente y en debida forma. De todos modos, este fallo era el de un tribunal de facto,, y no bay ley que justificaría a este tribunal en un procedimiento de habeas corpus, de investigar la lega-lidad de su nombramiento.
La .Suprema Corte -de los Estados Unidos establece esta doctrina en los términos siguientes:
"No se puede decir que se baya denegado a una persona la uni-forme protección de las leyes, ni que baya sido privado de su liber-tad, sin un procedimiento legal en debida forma, en violación de la enmienda décimacuarta, por haber sido juzgada y sentenciada a pri-sión por un juez que, aunque baya sido nombrado por el Goberna-dor, sin autoridad para ello, es un juez de facto de un tribunal de jure, por la ley del Estado, según se ba declarado por el tribunal más alto del mismo." In re Manning, 139 U. S., 504; Miller's Lectures, p. 673.(*)
Tan recientemente como en el año 1898, esta doctrina ha sido reafirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la causa de Henry Ward, ex-parte, en la cual el Juez Presidente Fuller, al pronunciar el fallo del tribunal, dice:
"No necesitamos, sin embargo, considerar el amplio alegato del abogado defensor con respecto a este punto, puesto que nosotros con-sideramos aplicable al presente caso la regla bien establecida de que en los casos en que el tribunal tenga jurisdicción sobre un delito y sobre el acusado, si los procedimientos por otra parte se ajustan a la ley, una declaración de culpabilidad es legal, aunque el juez que pre-sida el tribunal sea solamente un juez de facto; y que la validez del derecho de tal juez al cargo como tal, o su derecho de ejercer las fun-ciones judiciales, no pueden ser determinados al presentarse un auto ,de habeas corpus Henry Ward, ex parte, 173 U. S., 454.
' Es verdad que con arreglo a la antigna ley española, en nn recnrso de apelación interpuesto contra nna sentencia dic-tada, tal como el anterior recnrso interpuesto contra la pri-mera declaración de culpabilidad en esta cansa, se investi-gaba la competencia de nn juez especial de nn tribunal de distrito; pero ese no era nn caso de habeas corpus, y tal investigación se bizo únicamente, con arreglo a las expresas disposiciones del Código español, qne no son aplicables a procedimientos de habeas corpus, sino solamente a recursos de apelación. Resulta, pues, qne todas las presunciones deben ser a favor de la legalidad del nombramiento del -Juez Especial García, y de la validez de la sentencia que él dictó en unión con los otros jueces, y esa sentencia no puede atacarse eolateralmente en un procedimiento de habeas corpus.
6. El sexto motivo alegado por el peticionario, para que se le ponga en libertad,'es que no fué declarado culpable a consecuencia de un procedimiento legal en debida forma; porque él alega que el segundo juicio, en que fué declarado' culpable por segunda vez, tuvo lugar en octubre de 1903, y que en primero de jnlio de 1902 había empezado a regir una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que debía habér-sele juzgado (*) con arreglo a dicha ley. Este tribunal ha declarado repetidas veces que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fué adoptada en primero de marzo de 1902 y empezó a regir el primero de julio del mismo año, no podía aplicarse a hechos o delitos perpetrados y cometidos con ante-rioridad al primer día de julio de 1902. El delito de que se declaró culpable al peticionario, fué cometido en trece de febrero de 1902, antes de que se adoptara la ley a que él se refiere, y mucho antes de que empezara a regir, y según nume-rosas decisiones de este tribunal, y especialmente la pronun-ciada en la causa de Mauleón, ex parte, que en la actualidad está pendiente ante el tribunal de los Estados Unidos, el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal no podía aplicarse a delitos cometidos con anterioridad a la fecha en que em-pezó a regir.
Se ha decidido repetidas veces por este tribunal, que el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, que fueron adoptados el primer día de marzo de 1902, para empe-zar a regir al medio día del primero de julio siguiente, nó regía en cuanto a la persecución y castigo de delitos come-tidos con anterioridad a esta fecha. Las razones para esta decisión se hallan consignadas en el amplio dictamen con-currente emitido por el Juez MacLeary, en la causa de Mauleón, ex parte, que fué decidida por este tribunal en 9 de octu-bre de 1903, y contra cuya decisión se interpuso por el peti-cionario recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos; será conveniente, sin embargo, resu-mirlas aquí sucintamente. La interpretación que se ha dado a estos códigos, está de acuerdo con la manifiesta intención de la Legislatura, según se deriva de los mismos códigos, de la historia contemporánea y de las circunstancias que prevalecían en esa época. Church of H. T., v. United States, 143 U. S., 457; Siemens's v. Sellers, 123 U. S., 276; United States v. U. P. R. R. C., 91 U. S., 72; Aldridge v. Williams, 3 How., 8; de la anterior condición de los estatutos o leyes que existían en la Isla. Ross, ex parte, 140 U. S., 453; Platt v. U. P. R. R. Co.,(*) 99 U. S., 48, de la interpretación contem-poránea por funcionarios ejecutivos encargados de su eje-cución. United States v. Healy, 160 U. S., 136; People v. Dayton, 55 N. Y., 377; Wetmore v. State, 55 Ala., 198; United States v. A. G. S. R. R. Co., 142 U. S., 615; United States v. Johnston, 124 U. S., 236, y de una aversión a cambiar una larga serie de decisiones, envolviendo graves consecuen-cias para la Administración de Justicia. Sutherland on Statutory Construction, sección 314, 323; In re Warfield, 22 Cal., 51; Broker v. Lorrilard, 4. N. Y., 261; Rogers v. Goodwin, 2 Mass., 477. En el dictamen citado, se hace también referencia a Soon Hing v. Crowley, 113 U. S., 703; King v. Gallum, 109 U. S., 99; Wisconsin Central R. R. Co., v. Forsythe, 159 U. S., 46; United States v. Clarke, 8 Pet., 436; Territory v. Commissioners, 8 Mon., 409, 411; Foster v. Blount, 18 Ala., 687; Phillips et al. v. Detroit, 111 U. S., 604; United States v. Perot, 98 U. S., 428; Conger v. Weaver, 6 Cal., 548; Sparrow v. Strong, 3 Wall., 97; Tavner v. Patton, 49 Ala., 406; Stockton School District v. Wright, 134 Cal., 68; People v. Craycroft, 111 Cal., 544; Carpy v. Dowdell, 129 Cal., 245; Merced Bank v. Cassacia, 103 Cal., 645; People v. Curry, 130 Cal., 94; Black on Interpretation of Laws, 112; Bishop's Criminal Law, 19; United States v. Webster, Davies, 38; Fosdick v. Perrysburg, 14 Ohio St., 473; y otras autoridades. Puesto que los códigos han sido copiados del Código Penal de California, que en su original •es una sola ley, y puesto que tiene el mismo objeto a saber: el de establecer en la Isla de Puerto Rico un sistema de leyes criminales americanas, derogando el anterior sistema espa-ñol, y siendo por tanto in pari materia, deben ser interpre-tados juntamente, y si es posible, debe hacerse que funcio-nen en armonía, debiéndoselos interpretar de tal manera que no estén en contradicción con los principios generales de la ley, que no son de presumirse que la Legislatura los haya querido cambiar. Puesto que los dos códigos constituyen un sólo sistema, y siendo imposible separarlos el uno del otro,(*) debe presumirse que empiezan a regir a un mismo tiempo, con respecto a cualquiera causa o clase de causas, que se presente y esté comprendida en los mismos; y puesto que el Código Penal dispone especialmente que no afectará a los delitos cometidos con anterioridad al primero de julio de 1902, debe interpretarse el Código de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que contenga la misma disposición. Manuel v. Manuel, 13 Ohio St., 458, 465; Smith v. People, 47 N. Y., 330; Whitcomb v. Rood, 20 Vt., 49; McDougal v. Dougherty, 14 Ga., 674; Hays v. Richardson, 1 Gill and J., 366; Noble v. State, 1 Green, 325; Lane v. Missoula County, 6 Mont., 482; Carruthers v. Madison County, 6 Mont., 483; Thorpe v. Schooling, 7 Nev., 17. En lo que respecta a este fundamento de ia solicitud, este caso es exactamente igual al de Manleón, y las disensiones contenidas en los dictámenes emitidos en aquel caso, son aplicables al presente y no es necesario repetirlas aquí.
7. El séptimo motivo que alega el peticionario para que se le ponga en libertad, es una repetición de su alegación con respecto al derecho que pretende tener a un juicio por jurado, excepto que él .reclama dicho derecho "bajo las disposicio-nes del capítulo 10 del Código Penal de Puerto Pico," que se dice haber empezado a regir el primer día de julio de 1902. Dicha ley dispone expresamente que no tiene refe-rencia alguna a delitos cometidos con anterioridad a esa fecha, y tanto por esta razón, cuanto por otras expresadas anterior-mente en la presente, especialmente bajo el tercer motivo de la solicitud del acusado, éste no tenía derecho a un juicio por jurado, y no se ha cometido ningún error al denegar su solicitud, en que lo pidió. .Sin embargo, examinaremos la cuestión bajo el punto de vista del peticionario, para darle el pleno beneficio de todas sus reclamaciones.
Los abogados defensores del acusado, se refieren en su alegato al capítulo 10 del Código Penal de Puerto Eico, sin expresar el título, ni la sección del código. En dicho có-digo (*) hay tres capítulos marcados con el número diez, uno en el título 12, con respecto a libelo; otro en el título 13, refe-rente a dueños de casas de préstamos; y otro en el título 17, con respecto a pesos y medidas falsos. El primero de los tres capítulos mencionados, es probablemente al que dichos abogados tenían la intención de referirse, y hay que pre-sumir que la sección 246 es la que tenían presente y que dice lo siguiente:
"En todos los procesos promovidos por libelo, se podrá testificar la verdad ante el tribunal o jurado, y si éste estimare ser cierto lo denunciado como infamatorio, y haberse publicado con sana inten-ción, y para fines justificables, deberá absolverse libremente al acu-sado, incumbiendo al jurado determinar las cuestiones de hecho y de derecho."
Por cuanto la ley del jurado que lia sido incorporada en el Código de Enjuiciamiento Criminal, dispone que ninguna persona tiene derecho a un juicio por jurado cuando esté acusada solamente de misdemeanor (y libelo es solamente un misdemeanor con arreglo al código), la sección anterior-mente citada no puede, por implicación, dar al acusado el derecho de pedir un jurado en una causa promovida por libelo. El simple hecho' de que se haga esa cita, no contradice a la ley del jurado, puesto que hay que interpretarla en el sentido de que, siempre que en adelante se disponga que las causas promovidas por libelo sean juzgadas por un jurado,, dicho jurado tendrá el derecho de determinar la ley y los hechos. En el caso de que el derecho a un juicio por jurado, fuere hecho extensivo a los acusados en causas por misdemeanor, o si el delito de libelo fuese declarado felony, enton-ces podría aplicarse esta sección, pero mientras no se hagan estos cambios en las leyes, dicha cita no puede tener la fuerza o efecto que se trata de darle por el peticionario en este caso. Ciertamente, bajo ningún punto de vista de la causa pudiera haberse concedido un jurado al acusado en el juicio en que fué declarado culpable. Esto, sin embargo, no (*) es muy importante para la discusión, puesto que hay que recordar que el acusado no lo fué por libelo, y que no fué juzgado ni declarado culpable por dicho delito, sino por otro comple-tamente distinto.
8. El octavo motivo que alega el acusado en apoyo de su solicitud, no tiene ningún fundamento de hecho y es positi-vamente falso. Un examen del dictamen del tribunal demos-trará, y es un hecho, que de acuerdo con la ley de 12 de marzo de 1903, este tribunal examinó cuidadosamente todos los autos para determinar si había algún, punto legal o de lieclio a favor del acusado, sobre el cual podría basarse una revocation de la sentencia. Los autos no demostraron ningún inci-dente en que se hubieran violado los derechos del acusado, no existiendo procedimiento alguno del que pudiera quejarse con razón. No obstante el hecho de que los abogados del acusado en la vista de esta causa en apelación, solamente presentaron dos proposiciones al tribunal, en el informe oral, •el tribunal examinó minuciosamente los autos de un extremo a otro, y discutió todos los puntos, que surgían de los mis-mos, en un extenso dictamen que forma parte del expe-diente en esta causa, y que ampliamente refuta el ataque hecho en esta parte de la solicitud.' Celo en el interés de su cliente, por parte de un abogado defensor, debe siempre reco-mendarse, pero cualquier desvío de los hechos contenidos en los autos, es imperdonable.
9. El noveno motivo de que el fallo y sentencia del Tribunal Supremo sea irregular y nulo, por las diferentes ra-zones enumeradas anteriormente, es simplemente un resumen de lo que se ha dicho ya, y no necesita ulterior consideración, a excepción de decir que nunca ha sido decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Enidos, que "la Constitución sigue a la bandera." En toda extensión de territorio que hasta ahora ha sido adquirida por los Estados Unidos, antes de que la Constitución, con todos sus poderes y restricciones pudiera considerarse aplicable al Giobierno, tribunales y (*) •pueblo de tal territorio, se ha considerado necesario que el Congreso adopte alguna medida en el asunto, ya sea estable-ciendo una ley directa, por la cual los beneficios de la Cons-titución. se hacían extensivos a dicho territorio, o ya asin-tiendo tácitamente a medidas tomadas en este sentido, por otros ramos del Gobierno. El Congreso no ha adoptado .semejante ley con respecto a Puerto Eico, y no existe tal .asentimiento. Se podrá decir, y nosotros creemos que es el caso, que ciertos derechos personales del ciudadano indi- vidualmente, por el mero lieclio ele la posesión americana, se hacen extensivos a cada persona qne resida dentro de la juris-dicción de los Estados Unidos. Esos derechos son tales como el de dar culto según los dictados de su propia conciencia, el derecho de estar seguro en cuanto a su casa, persona, docu-mentos y efectos, contra registros y secuestros irrazonables, y la uniforme protección de las leyes; pero otras disposi-ciones de la Constitución, que se refieren a la condición polí-tica, derechos civiles, ciudadanía o sufragio y otras cosas por el estilo, no tienen ninguna referencia a un pueblo que habita una isla o una extensión de territorio que ha sido ad-quirido por conquista, por descubrimiento, por un tratado, o de otra manera. Y si fuese necesario invocar aquel docu-mento, se podrá fácilmente ver y comprender por el Tra-tado de París mismo, que la condición del pueblo de Puerto Pico, en cuanto a sus derechos civiles y condición política, depende enteramente de la voluntad del Congreso, según se expresa en la ley. Véase el Tratado de París, artículo 9; y hasta que el Congreso tenga por conveniente hacer las dis-posiciones de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes adoptadas a consecuencia de las mismas, extensivas a los habitantes de esta Isla, éstos deben limitarse a gozar de la libertad que les ha sido concedida por la Ley Orgánica, por la cual se les han dado los privilegios de una autono-mía limitada y de un gobierno civil.
El mero hecho de que los Estados Unidos son una repú-blica en vez de monarquía, no priva a su gobierno del po-der (*) de declarar y hacer guerra, de extender sus confines, de hacer conquistas, de hacer tratados y de adquirir terri-torio en tal forma como les parezca más prudente y conve-niente, a los poderes ejecutivo y legislativo. Es, por su-puesto, de presumirse que un gobierno libre, como lo es el de los Estados Unidos, al adquirir territorio, concederá a la pobla-ción del mismo, mayor suma de libertades de las que anterior-mente gozaba bajo un régimen monárquico; pero el sostener que los habitantes de tal territorio tengan en seguida, inme-diatamente después de la ocupación por los ejércitos del Gobierno americano, todos los derechos de ciudadanía que los ciudadanos primitivos de la república adquirieron por heren-cia de sus antepasados, no está autorizado por nada, en la Constitución, ni en las leyes de los Estados Unidos, ni en las instituciones, que en el progreso de trece décadas, han nacido bajo la protección de aquella Constitución y de aquellas leyes.
Hasta que el Congreso establezca una ley, haciendo la Constitución de los Estados Unidos extensiva a Puerto Rico, o hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declare que dicha constitución está en plena fuerza y vigor aquí, este tribunal debe conformarse con administrar las leyes de esta Isla, tales como se encuentran en los códigos y esta-tutos y no tratar de usurpar funciones legislativas o ejecu-tivas, al ir en pos del fantasma de derechos imaginarios.
Nosotros deducimos de los dictámenes sobre casos insu-lares contenidos en 182 U. .S. Reports, las proposiciones siguientes:
(a) Considerando los diferentes y numerosos tratados, por los cuales el Gobierno americano ha adquirido territorio extranjero, a la luz de las circunstancias que prevalecían en la época en que fueron celebrados, vemos que el poder que celebraba el tratado, carecía siempre de autoridad para in-corporar el territorio en los Estados Unidos, sin el consenti-miento expreso o implícito del Congreso nacional.
(b) Cuando un tratado no contiene estipulaciones res-pecto (*) a la incorporación, y sobre todo, cuando no sola-mente no tiene tales estipulaciones, sino que expresamente dis-pone lo contrario, entonces la incorporación no procede sino hasta que, en la opinión del Congreso, el territorio adquirido haya llegado a tal estado, que sea conveniente que entre en la familia americana, formando parte de ella.
(c) Las disposiciones de la Ley Foraker, consideradas en su totalidad, claramente manifiestan la intención del Con- greso de que, por lo menos en la actualidad, Puerto Rico no lia de ser incorporado a los Estados Unidos.
En el reciente caso de la González, en que se interpuso re-curso de apelación para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, contra el fallo dictado por el Tribunal de Circuito de los Estados Unidos, en Nueva York, el tribunal primeramente citado, declaró que-la persona que quería in-migrar en los Estados Unidos, o sea la González, no era una extranjera en el sentido dado a esta palabra en las leyes de inmigración, pero, al mismo tiempo, no declaró que ella era ciudadana de los Estados Unidos, dejando así la condL ción de los puertorriqueños, en cnanto a la ciudadanía, en el mismo ser y estado en que había sido colocada por la Ley Foraker, y las decisiones en los Casos Insulares. Cuales-quiera que sean las aspiraciones que nuestro pueblo tenga con respecto a ciudadanía, gobierno de la Isla por sí misma, gobierno territorial, y a que se declare la Isla Estado de la Unión, esas aspiraciones deben dirigirse al Congreso nacional, o al menos, a alguna otra autoridad que no sean los tribunales insulares, los cuales están obligados a juzgar las cuestiones sometidas a ellos, de acuerdo con las leyes vigentes.
Aunque se sostuvo por el abogado defensor del acusado, en su informe oral, que esta petición había de concederse o ne-garse, con arreglo a las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, y la sección trigésimaquinta de la Ley Orgá-nica, que confiere a este tribunal la facultad de expedir (*) autos de habeas corpus; y que la Legislatura de Puerto Rico no podía ni aumentar ni restringir los poderes conferidos por dicha Constitución y Ley Orgánica, sin embargo, no creemos que esa afirmación esté bien fundada. Por cuanto la Legis- 1 latura de Puerto Rico tiene la facultad de legislar en cuanto a la jurisdicción y procedimiento de los tribunales, y ha adoptado una ley referente a habeas corpus que establece todos los bien conocidos principios de la ley americana, apli-cables a este gran auto y cuanto a la solicitud de dicho auto y la concesión del mismo, nosotros creemos que es el deber de este tribunal cumplir con- esa ley, y nosotros la examinaremos para ver si bay algo contenido en la misma que autorice al peticionario para pedir que se le ponga en libertad.
Las leyes con respecto a habeas corpus, aplicables a este caso, son especialmente las secciones 482 y 483 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dicen lo siguiente:
"Artículo 482. Si no ha expirado el tiempo durante el cual puede estar detenida legalmente una persona, el juez o tribunal ordenará que continúe detenida dicha persona, si resulta que está detenida o en custodia:
"1. En virtud de mandamiento expedido por el juez del tribunal de distrito de los Estados Unidos, en los casos que dicho tribunal o juez tenga competencia exclusiva, o
"2. En virtud de orden de arresto o sentencia firme o decreto de cualquier tribunal competente en la jurisdicción criminal, o de cual-quier mandamiento expedido en virtud de dicha orden de arresto, sentencia o decreto.
"Artículo 483. Si resulta del auto diligenciado que el preso está en custodia en virtud de mandamiento de cualquier tribunal o juez de Puerto Rico, o funcionario del mismo, el preso puede ser excar-celado en cualquiera de los casos siguientes, con sujeción a las pres-cripciones del artículo anterior:
"1. Cuando se ha traslimitado la jurisdicción de tal tribunal o funcionario.
"2. Cuando siendo legal en su origen el arresto, ha tenido lu-gar (*) después alguna acción, omisión o suceso por el cual la persona arrestada se haya hecho acreedora a su excarcelación.
"3. Cuando el mandamiento es defectuoso en algún requisito fundamental de los que la ley exige, produciendo por este hecho la nulidad.
"4. Cuando el mandamiento, no obstante ser correcto en su for-ma, se ha expedido fuera de los casos permitidos por la ley.
"5. Cuando la persona que tenga en custodia al preso, no es la persona autorizada por la ley para detenerlo.
"6. Cuando el mandamiento no está autorizado por ninguna pres-cripción de la ley, sentencia o decreto de algún tribunal.
"1. Cuando se ha encarcelado una persoüa bajo una acusación criminal sin causa razonable o probable para olio."; .
Del examen de estas secciones resulta claramente que l,a única sección aplicable a este caso, es el.pripaer párrafo de la sección 483, por la que se declara que ' ' cuando se baya- exce-dido la jurisdicción de tal tribunal o funcionario" se podrá poner en libertad al acusado. No puede haber duda después de una revista minuciosa de todos los autos, y de las razones alegadas por el peticionario, para que se le ponga en libertad, que en este caso el tribunal de distrito tenía jurisdicción sobre el delito denunciado, sobre la persona del acusado y sobre el asunto de que se trataba en esta caiisa,. .que no se había excedido la jurisdicción en lo más mínimo, y.que el Tribunal Supremo tenía jurisdicción de apelación para decidir dicho asunto al interponerse el recurso de apelación.
No se ha demostrado nada en la solicitud, ni en el alegato, que pueda atacar con éxito esta jurisdicción o la forma ón que se ha ejercido, y tanto por esta razón,- cuanto por otras expresadas en la presente, la solicitud no puede prevalecer.
La mayoría de los puntos alegados en esta solicitud, ata-can más bien el método de procedimiento, que no la jurisdic-ción de los tribunales que dictaron la sentencia, por la cual el acusado fué declarado culpable, y de esta manera tratan de apartar el objeto del auto de habeas corpus de su primitivo propósito de libertar al peticionario de .una .sujeción o en-carcelación (*) ilegal, de modo que haga las veces de un re-curso de error o de apelación. Es un principio elemental, que esto no es posible, y en apoyo de esto,, no¡creo que.sea néce-sario citar autoridades; sin embargo, .podrá- hacerse refe-rencia a algunas: Storti v. Massachusetts, 183 U. S., 141; Minnesota v. Brundage, 180 U. S., 499; Markuson v. Boucher, 175 U. S., 184; Tinsley v. Anderson, 171 U. S., 101; Baker v. Grice, 169 U. S., 284.
El Juez Taft, en la causa de In re McKnight, en 52 Federal Eeporter, página 801, dijo muy bien, que "Antes de que un tribunal pueda intervenir mediante habeas corpus, en la sentencia dictada por otro tribunal, deberá poder decir que dicha sentencia es nula y sin ningún valor. ' ' También se ha dicho por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que cuando la objección que se haga contra una sentencia, sola-mente se refiere a la regularidad de los procedimientos que dieron por resultado el juicio, y no a la jurisdicción del tribunal de hacer ejecutar la sentencia, tal irregularidad no hace . nula la sentencia. Harding ex parte, 120 U. S., 782. No hay nada en estos autos, que invalide la sentencia y apoye la solicitud.
Habiendo examinado minuciosamente todas las reclama-ciones hechas por el peticionario, para que se le ponga en libertad, e investigado las cuestiones presentadas en su causa, aun más detenida y extensamente de lo que ha indicado el abogado defensor en su alegato, y habiendo buscado en vano algún motivo por el cual se pudiera poner en libertad al acu-bado sin encontrar alguno, la petición de habeas corpus debe ¡ser denegada.
Denegada.
Jueces concurrentes: Sres. Presidente 'Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.
Juez disidente: Sr. .Sulzbacher.