Case Name: Luzunaris v. Pastor
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 1903-03-03
Citations: 3 P.R. 424
Docket Number: No. 64
Parties: Luzunaris v. Pastor.
Judges: Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Figueras y Mac Leary.
Reporter: Puerto Rico Reports
Volume: 3
Pages: 424–438

Head Matter:
Luzunaris v. Pastor.
Casación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
No. 64.
Resuelto en Marzo 3, 1903.
Divorcio. — Aunque el artículo 19 de la Orden General de 17 de Marzo, 1899, prescribe que el divorcio puede ser decretado solamente en matrimonio puramente civil, como la sección 8 de la Ley Orgánica, ó Ley Foraker, dispone que todas las personas legalmente casadas, residentes en Puerto Rico, tendrán todos los derechos y recursos conferidos por la ley á los contrayentes de matrimonios civiles ó religiosos, es claro y evidente que la intención del Congreso fué conferir todos aquellos derechos y recursos á todas las personas legalmente'casadas, ya fuese celebrado el matrimonio por la autoridad civil ó por la santidad de la Iglesia.
Id. — Las disposiciones del artículo 19 de la Orden General de Marzo 17, 1899, en cuanto se refieren únicamente á matrimonios civiles, están en conflicto con la Ley Orgánica y deben tener aplicación también á los matrimonios religiosos.
EXPOSICIÓN DEL CASO.
Resultando: que el día 20 de Marzo de 1902 Doña Carolina Luzunaris y Dominguez, representada por su Abogado Don Herminio Diaz Navarro, entabló demanda en el Tribu: nal del Distrito de Humacao contra su esposo Don Ramón Pastor Diaz, en la que, entre otros hechos, alegó que en 7 de Noviembre de 1898 contrajeron ambos matrimonio, con arreglo al ritual romano, en la parroquia del pueblo de Guayama, según consta en la certificación presentada; que en esa unión tuvieron un niño llamado German Ignacio; que vive, y nació el 9 de Septiembre de 1900, y que ya en la primera semana del matrimonio y en numerosas ocasiones después, dicho Pastor la golpeó y maltrató, por lo que se vió precisada á huir del hogar conyugal y á buscar socorro y protección en la casa de sus padres, para evitar estos malos tratamientos; invocó, como fundamentos de derecho, las sec-ciones 18, 19, 20, '23 y 25 de la Orden de la Secretaría de Justicia del Gobierno Militar de esta Isla, de 17 de Marzo de 1899, la sección 8? de la Ley Foraker, y la regla 63 de la Orden General No. 118, serie de 1899, y concluyó con la súplica de que se dictara sentencia definitiva, declarando con lugar el divorcio y disuelto en absoluto el matrimonio canónico, librándose mandamiento al Juez Municipal de Guayama para que inscriba dicha sentencia en el Registro Civil á su cargo, anotando su inscripción al margen de la del matrimonio, con las costas al demandado.
Resultando: que en 25 de Abril del referido año, el deman-dado, por medio de su Abogado Don Luciano Ortiz, contestó la demanda reconociendo su matrimonio'con la dicha Doña Carolina Luzunaris; pero negó haber maltratado de obra á su esposa, alegando que, por el contrario, había sido un marido fiel y cariñoso y que debía hacerla cargos por haber puesto ella mano violenta en él, en una ocasión, é inju-riádole en otra, pidiendo, por tanto, se declarase sin lugar la demanda.
Resultando: que sustanciado el pleito por sus trámites y recibidas declaraciones de numerosos testigos, y absueltas posiciones por la demandante, el Tribunal, por sentencia de 3 de Septiembre de 1902, declaró con lugar la demanda interpuesta y en su consecuencia decretó el divorcio solici-tado, y disuelto el matrimonio canónico celebrado por las partes, debiéndose librar mandamiento al Juez Municipal de Guayama, como encargado del Registro Civil, para que inscriba en él dicha sentencia, luego que sea firme, copián-dola al margen de la del matrimonio, con las costas al demandado.
Resultando: que contra dicha resolución interpuso el demandado recurso de casación por infracción de ley, auto-rizado por los párrafos 78 y 79 de la Orden General No. 118, serie de 1899, y comprendido en los casos 1 y 7 del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando como motivos los que del escrito de interposición del recurso se transcriben á continuación:
I. — Se ha incurrido en la sentencia recurrida en error de derecho en la apreciación de la prueba practicada, pues la demandante Doña Carolina Luzunaris, absolviendo la posición formulada en el acto del juicio oral, con-fesó ser cierto que ella había maltratado de obras, en diferentes ocasiones á su esposo Don Ramón Pastor Díaz, y el Tribunal, en los Considerandos cuarto, quinto y sexto, da un sentido á diclia posición que no tiene ni puede ten'er en sana crítica, infringiendo por tal motivo y por su no aplicación los artículos 1232 del Código Civil vigente hasta el primero de Julio último y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los cuales se expresa que la confesión judicial hace prueba • plena, no obstante cualesquiera otras. La defensa del demandado en el acto del juicio oral formuló una sola posición que expresó así: Diga como es cierto que en diferentes ocasiones ha maltra-tado á su esposo Don Ramón Pastor Diaz, y al notar que la pregunta no especificaba la clase de malos tratamientos, interlineó entre la preposición & y el pronombre posesivo su, la palabra obras, convirtiendo, por medio de una enmienda, dicha preposición, en la preposición de y olvidando de interlinear, á continuación de la palabra obras, otra nueva á, ya que la anteriormente escrita había sido convertida en la letra d, según puede observarse aún en el escrito donde consta la posición formulada. De modo, pues, que la intención de la defensa, claramente expresada, fué según constaba escrita en un princi-pio, preguntar á la demandante, y así lo consignó, si había maltratado á su esposo en diferentes ocasiones. No podía cambiar de intención, cuando que-riendo especificar más y hacer más concreta la pregunta, adicionaba la palabra obras para determinar de qué clase habían sido esos malos tratos. Cualquiera que lea la pregunta hecha por esta defensa á Doña Carolina Luzunaris en el acto del juicio, notará, desde luego, la falta de dicha preposición á, pero sin vacilación ni duda comprenderá lo que allí se pregunta; es decir, si la demandante maltrató de obras, varias veces, á su esposo. La posición for-mulada encierra una oración primera de activa, siendo el sujeto de la misma la persona á quien se pregunta, el verbo es maltratar y el complemento, regido directamente del verbo, el pronombre posesivo su que se refiere á la persona preguntada y al nombre esposo. Lo que falta para la perfecta construcción de esta oración es la preposición á, que requiere en este caso el complemento directo, su esposo. Para que la pregunta dijera si Doña Carolina Luzunaris había sido maltratada por su esposo, se requería una construc-ción completamente distinta, porque la oración, en ese caso, no podía ser más que una primera de pasiva en la cual era indispensable la existencia del verbo ser y el complemento directo debía estar precedido de la preposición por ó de. La posición para que hubiera tenido el sentido que el Tribunal aprecia, debería estar expresada en estos términos: Diga como es cierto que en diferentes ocasiones fu'e maltratada de obras por su esposo Don Ramón Pastor Diaz. Si aún se quiere ver con más claridad el único sentido y alcance de la posición, no hay más que establecer en ellas las palabras la confesante, la declarante 6 usted, suprimidas por elipsis, y entonces la pre-gunta dirá: Diga como es cierto que la declarante (6 la confesante, ó usted) en diferentes ocasiones ha maltratado de obras su esposo Don Ramón Pastor Diaz, y se verá con precisión suma el único alcance que puede tener y tuvo la pregunta. La omisión de la preposición á, que se nota en la pregunta, tiene una facilísima explicación y excusa. La defensa del señor Pastor llevaba actuando como Letrado, el día en que se celebró el juicio oral de este pleito, desde la nueve de la mañana de ese día (Sábado) basta las dos de la madrugada del siguiente (Domingo) y al cansancio de tan continuada labor se unía la angustia y trastorno moral consiguiente á la noticia que recibiera en las primeras horas de la noche, anunciándole haberse enfermado grave-mente uno de sus hijos, y solo por acceder á los deseos del Tribunal y de la representación del demandante, continuó actuando el Letrado defensor en tales condiciones y en Domingo.
II. — Al apreciar erróneamente la prueba de confesión judicial el-Tri-bunal lia infringido también, por su no aplicación, los artículos 593 y 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Establece el Tribunal en la sentencia que la pregunta dirigida por'la defensa del demandado á la demandante, fué encaminada á preguntar si Doña Carolina Luzunaris había sido víctima de malos tratos de obra que su esposo la infiriera. Esta pregunta no podía ser formulada por haberlo sido anteriormente á instancia del Letrado de la parte actora, y con arreglo al artículo 593 citado: “No podrán exigirse nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido una vez objeto de ellas”, y al apreciar la prueba en el sentido en que lo hace el Tribunal, tiene precisión de admitir, con infracción de ese artículo, la posibilidad de varias posiciones sobre un hecho ya preguntado. Si la admisión de la pregunta sobre un hecho objeto de otra anterior ya contestada, obedece, según el Tribunal sentenciador, á la oscuridad en la redacción de la misma, la Corte admite la posibilidad de que se formulen, sin repelerlas de oficio, posiciones oscuras -é indeterminadas, infringiendo con ello lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 580 de la ley de trámites en lo civil.
III. — También por error cometido en la apreciación de la prueba ha infringido el Tribunal sentenciador el artículo 106 del Código Civil, en relación con el 105 del mismo cuerpo legal, y la disposición 20 de la Orden General del Cuartel Genera], Departamento de Puerto Rico, Secretaría de Justicia, dictada en 17 de Marzo de 1899. Si se hubiera apreciado debida-mente la prueba de confesión, la demandante, es indudable que hubiera debido considerarse probado que Doña Carolina Luzunaris había inferido malos tratamientos de obras á su. esposo y por tanto que con arreglo al articulo 106 del Código Civil, no podía declararse el divorcio á petición de la demandante, cónyuge culpable de lo mismo que como causa de su petición alegaba en la demanda. Si la ley decretada por el Senado- y Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso, y aprobada en 12 de Abril de 1900, comunmente conocida con el nombre de Ley ó Bill Foraker, ha establecido en su sección 8 el divorcio con separación del vínculo para los matrimonios religiosos, es indiscutible que las causas que concede para el divorcio son las mismas establecidas en el artículo 105 del Código Civil, con la modificación de la primera; pues en dicha sección se establece que “Todas las personas legalmente casadas en Puerto Rico tendrán todos los derechos y recursos conferidos por la ley á los contrayentes de ma-trimonios civiles y religiosos”, es decir, aún en la hipótesis de entenderse que con esos términos vagos y poco precisos, ha querido hacerse extensivo á los matrimonios canónicos, el divorcio con separación del vínculo, es incues-tionable que con las palabras “tendrán todos los derechos y recursos conferi-dos por la ley, etc. ” se ordena taxativamente la vigencia del Código Civil, en cuanto á las causas y requisitos para pedir y declarar el divorcio, si el matrimonio que tratare de romperse había sido contraido canónicamente; y el vigor de lo preceptuado en la Orden del Secretario de Justicia de Puerto Rico, fechada en 17 de Marzo de 1899, si el divorcio tenía por objeto disol-ver un matrimonio civil”. “ Que el Bill Foraker dejó subsistente el Código Civil, en la materia de que se trata, lo demuestra con toda evidencia la parte de la sección 8 que dice: “ Disponiéndose, además, que el párrafo 1, artículo 105, sección 4, sobre divorcio, en el Código Civil, y el párrafo 2, sección 19 etc., queden por la presente redactados en los términos siguientes: “Adulte-rio por parte del marido ó de la mujer”, es decir que considera digna de mo-dificarse en ambas disposiciones legales aplicables al divorcio (Código Civil y orden de la Secretaría de Justicia) la primera y segunda de las causas que respectivamente reconocen, y no hubiera tenido precisión de hacer esa doble modificación si para el divorcio no hubiera considerado vigente más legisla-ción que la Orden del Sr. Secretario de Justicia de Puerto Rico y hubiera expresado claramente tal única modificación, diciendo: “Disponiéndose, que el párrafo 2, sección 19, de la Orden del Sr. Secretario etc. quede por la presente etc. ” Aún cuando quisiera interpretarse torcidamente la Ley Fo-raker y se creyera que la única legislación aplicable en materia de divorcio es la citada Orden de la Secretaría de Justicia de Puerto Rico, fechada en 17 de Marzo de 1899, aún en ese caso, el Tribunal sentenciador, por el error cometido al apreciar la prueba de confesión de la demandante habría infrin-gido la disposición 20 de esa Orden”. “Cierto es que en ella no se concede, como en el Código Civil, al marido, derecho para reclamar el divorcio, cuando ha sido victima de malos tratos inferidos por su esposa, hechos no considerados como causa para disolver el matrimonio, pero no es menos exacto que la disposición 20 dejó subsistente, para el divorcio en matrimo-nios civiles, la imposibilidad de que el cónyuge culpable reclame el divor-cio”. “Culpable es bajo los preceptos de esa ley y de cualquiera otra, el que realiza hechos que, siendo llevados á cabo por otra persona, tienen una san-ción, merecen un castigo. El que la ley en determinados casos, cuando se trate de ciertas personas, considere que esa sanción, que ese castigo debe ser menos 6 ninguno que cuando se refiera á otros casos y á otras personas, no quita, no empece para que la calificación legal de esos actos subsista, realí-cese cuando y por quien quiera”. El hijo, que con ánimo de lucro y sin violentar ni intimidar á su padre, ni empleando fuerza en las cosas, toma los muebles que á ese padre pertenecen, y sin la voluntad de él, cierto es que no tendrá castigo, que no sufrirá pena por la realización de esos actos, ya que la ley le exime' de responsabilidad, pero no por eso dejará de ser autor de un hurto; será hurtador sin sanción penal, pero hurtador al fin ”. Y pues Doña Carolina Luzunaris ha confesado que maltrató de obras á su esposo, nunca aún aplicando la Orden del Secretario de Justicia de Puerto Rico, puede esa señora pedir ni puede el Tribunal conceder el divorcio por malos tratos que Don Ramón Pastor la infiriera”.
IV. — Además se han infringido por aplicación errónea las secciones 18 y 23 de la Orden Judicial de 17 de Marzo de 1899 sobre matrimonios y la 8 de la Ley conocida comunmente con el nombre de Bill Foralcer, por no tener dichas disposiciones el alcance que se les dá en la sentencia recurrida, pues en la citada sección del Bill Foralcer, solo se concede á las personas le-galmente casadas en Puerto Rico, los derechos ó recursos conferidos por la Ley á los contrayentes de matrimonios civiles ó canónicos y á los contrayen-tes de matrimonios de la última clase, no hay ley que les conceda el divorcio en cuanto al vínculo”.
Resultando: que el Hon. Fiscal de esta Corte Suprema impugnó el recurso en el acto de la vista y por escrito, sos-teniendo que debe declararse sin lugar, con las costas al recurrente.
Abogado del recurrente : Sr. Alvarez Nava.
Abogado del recurrido : Sr. Díaz Navarro.

Opinion:
El Juez Asociado Sr. Sülzbacher,
después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal :
Considerando: que los únicos puntos que plantea el recu-rrente en su recurso de casación, y de los que el Tribunal tiene que ocuparse, son los errores de hecho y de derecho en la apreciación é interpretación de la segunda posición que en sentido afirmativo absolvió la. demandante y que literalmente dice así: "Diga cómo es cierto que en diferentes ocasiones ha maltratado de obra su esposo Don Ramón Pastor Diaz", como también la interpretación de la Orden General de Marzo 17 de 1899, en relación con el artículo 8 de la Ley del Congreso de los Estados Unidos, dictada en 12 de Abril de 1900, titulada: "Ley para proveer temporalmente de rentas y un Gobierno á la Isla de Puerto Rico y para otros fines".
Considerando: que la posición absuelta afirmativamente por la parte demandante: "Diga cómo es cierto que en dife-rentes ocasiones ha maltratado d,e obras su esposo Don Ramón Pastor Díaz", y á la cual el recurrente da gran importancia, es oscura y defectuosa en su redacción y por tanto no puede constituir prueba de que Doña Carolina Luzunaris maltra-tara á su esposo.
Considerando: que después de haber apreciado las decla-raciones de los numerosos testigos presentados por ambas partes, el Tribunal llega á la conclusión de que la deman-dante ha comprobado el hecho de maltrato de obra de parte de su esposo, de una manera concluyente, en tanto que el demandado no ha podido convencer al Tribunal de que la demandante lo haya maltratado según alega.
Considerando: que la Ley del Congreso en su sección 8 dispone lo siguiente : " Que las leyes y ordenanzas-de Puerto Rico, actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en que sean alteradas, enmendadas ó modifica-das por la presente; ó hayan sido alteradas ó modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley entre á regir y en todo aquello en que las mismas no resul-ten-incompatibles ó en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Unidos, no inaplicables localmente, ó con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmenda-das ó revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, ó por una ley del Congreso de los Estados Unidos", Y aunque el artículo 19 de la Orden General de 17 de Marzo de 1899, prescribe que el divorcio puede ser decretado solamente en matrimonio puramente civil, señalándose como una de las causas de divorcio "malos tratos de obra inferidos por el marido ó la mujer", causa alegada y probada eri este pleito, como dicha sección 8 tam-bién dispone: "y todas las personas legalmente casadas en Puerto Rico tendrán todos los derechos y recursos conferi-dos por la ley á los contrayentes de matrimonios civiles ó religiosos", es claro y evidente que la intención del Con-greso fué conferir á todas las personas legalmente casadas to-dos aquellos derechos y recursos, ya fuese celebrado el ma-trimonio por autoridad civil, ó ya por la santidad de la Iglesia; debiendo en su consecuencia llegarse á la conclu-sión de que todas las disposiciones de dicha Orden General de Marzo 17 de 1899, en cuanto se refieran únicamente á matrimonios civiles, están en conflicto con dicha ley del Congreso, y que los términos de la misma Orden General deben aplicarse también á matrimonios religiosos, jurispru-dencia ya establecida por este Tribunal.
Considerando: en mérito de las razones expuestas, que es de desestimarse el recurso por todos y cada uno de sus fundamentos.
Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Don Ramón Pastor Diaz, á quien condenamos en las costas; y comuniqúese esta resolución á la Corte de Distrito de Hur macao á los fines procedentes.
Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Figueras y Mac Leary.