Case Name: Alfonso Vargas Fernández, peticionario, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, recurridos
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 2003-04-08
Citations: 159 P.R. Dec. 248
Docket Number: Número: CC-2001-944
Parties: Alfonso Vargas Fernández, peticionario, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, recurridos.
Judges: El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.
Reporter: Decisiones de Puerto Rico
Volume: 159
Pages: 248–272

Head Matter:
Alfonso Vargas Fernández, peticionario, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, recurridos.
Número: CC-2001-944
Resuelto: 8 de abril de 2003
Teresita Arzuaga Resto, abogada de la parte peticionaria; Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general y Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, representan-tes de la parte recurrida.

Opinion:
El Juez Asociado Señor Rebollo López
emitió la opinión del Tribunal.
En el presente recurso nos corresponde resolver si, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 45 de 5 de agosto de 1993 y la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, cono-cida como la Ley de Retiro del Personal del Gobierno, un empleado del Municipio de Bayamón tiene derecho a reci-bir los beneficios de una pensión por incapacidad ocupado-nal aun cuando el accidente que dio lugar a la incapacidad ocurrió en una fecha anterior a aquella en que su patrono, el Municipio de Bayamón, se convirtió en patrono partici-pante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades (en adelante Sis-tema de Retiro) .Veamos en detalle los hechos que dan lu-gar al presente recurso.
I
El Sr. Alfonso Vargas Fernández, aquí peticionario, co-menzó a trabajar como chofer para el Municipio de Baya-món en 1978. El 27 de mayo de 1992, mientras se encon-traba en el ejercicio de sus funciones, Vargas Fernández sufrió un accidente automovilístico que lo obligó a repor-tarse al Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo). Como consecuencia de este accidente, el peticiona-rio sufrió múltiples fracturas y lesiones por las cuales el Fondo le reconoció y compensó las siguientes incapacida-des: (i) diez por ciento en sus funciones fisiológicas genera-les por fractura de cuatro costillas derechas; (ii) cinco por ciento en sus funciones fisiológicas generales por fractura en la clavícula derecha; (iii) quince por ciento en sus fun-ciones fisiológicas por pérdida de brazo derecho, y (vi) cinco por ciento por "building L3-L4, L4-L5". Los porcentajes de incapacidad fueron notificados al señor Vargas mediante decisión del Administrador del Fondo emitida el 21 de ju-nio de 1994.
El 24 de mayo de 1995, Vargas Fernández solicitó de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades (en adelante la Ad-ministración) los beneficios de una pensión por incapaci-dad no ocupacional al amparo de las disposiciones de la mencionada Ley Núm. 447, ante. En la referida solicitud, Vargas alegó que había desarrollado una condición emocio-nal que lo inhabilitaba para continuar en el servicio público. Esta pensión fue aprobada el 21 de febrero de 1997.
Posteriormente, por decisión del Administrador del Fondo de 2 de febrero de 1998, notificada el 3 de febrero de 1998, se determinó que la condición emocional que sufría el peticionario estaba relacionada con el accidente laboral ocurrido el 27 de mayo de 1992. En vista de tal determi-nación, el 5 de mayo de 1998 Vargas Fernández solicitó de la Administración de Retiro un cambio de "pensión por in-capacidad no ocupacional" a "pensión por incapacidad ocupacional". Dicha solicitud fue denegada por la Adminis-tración al concluir que, a la fecha del accidente, Vargas no era participante del Sistema de Retiro; ello por entender que su patrono, el Municipio de Bayamón, había ingresado al sistema el 1ro de enero de 1994, esto es, dos años con posterioridad a la ocurrencia del accidente en cuestión.
De dicha determinación Vargas Fernández solicitó re-consideración y, habiéndose denegado dicha reconsidera-ción, recurrió en apelación a la Junta de Síndicos del Sis-tema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades (en adelante Junta de Síndicos). Alegó, en síntesis, que cuando el Municipio de Bayamón ingresó al Sistema de Retiro y satisfizo el monto de la obligación actuarial que conllevaba su ingreso, lo hizo con la condición de que todos los empleados que habían trabajado para el Municipio con anterioridad al 1ro de abril de 1990 entraran al Sistema de Retiro bajo la estruc-tura de beneficios vigentes a esa fecha, es decir, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro participante.
Adujo, además, que la condición pactada había tenido el efecto de retrotraer la fecha de ingreso al Sistema de Re-tiro y que el hecho de que en 1995 se le hubiesen cotizado diez años de servicios, a los efectos de su pensión por inca-pacidad no ocupacional, demostraba que el propio Admi-nistrador lo había considerado como "participante" o "miembro" del Sistema de Retiro con anterioridad al 1ro de enero de 1994. Fundamentó su contención en las disposi-ciones contenidas en la Ley Núm. 45 de 5 de agosto de 1995.
Luego de varios incidentes procesales, la Junta de Sín-dicos confirmó la decisión de la Administración conclu-yendo que el peticionario no tenía derecho a recibir una pensión por incapacidad ocupacional toda vez que a la fe-cha de su accidente éste no fungía como "participante" del Sistema de Retiro. A tales efectos señaló que:
Al realizar un estudio de la Ley Núm. 45, supra, y de la Resolución Núm. 93-04 de 7 de diciembre de 1993, aprobada por la Junta [con el propósito de autorizar el ingreso del Mu-nicipio al Sistema de Retiro], no se desprende que la partici-pación del Municipio de Bayamón se retrotraería a una fecha anterior al 1 de enero de 1994, fecha en que dicho Municipio entra como participante del Sistema. Además, no puede adu-cirse que el costo de acreditación sufragado por el Municipio tiene el efecto de retrotraer la fecha de participación al Sistema.
El aplicar la retroactividad en la fecha de ingreso al Sistema al acreditar los servicios no cotizados, constituiría una en-mienda a la Ley Núm. 447, ante. Como norma constitucional, la función de crear, enmendar o revocar leyes es fruición inhe-rente del Poder Legislativo. Este foro administrativo no tiene dicho poder, por lo que nos vemos precisados a no aplicar la retroactividad en la fecha de ingreso al Sistema de Retiro por el Municipio de Bayamón. Resolución de 24 de octubre de 2000, págs. 12 y 14.
Inconforme con la determinación de la Junta de Síndi-cos, Vargas Fernández recurrió —vía recurso de certiora-ri— al Tribunal de Circuito de Apelaciones. El foro apela-tivo intermedio denegó el recurso de certiorari solicitado, sosteniéndose así la determinación de la Junta de Síndicos. En vista de ello, el peticionario recurrió, oportunamente, ante este Tribunal —vía certiorari— imputándole a la Junta de Síndicos haber errado al
. concluir que a partir del 1ro de enero de 1994 comenza-ron a regir las aportaciones y beneficios de todos los emplea-dos del municipio de Bayamón dado [sic] y que la participación de los empleados no se retrotraería a una fecha anterior al 1ro de enero de 1994.
. concluir que el aplicar la retroactividad en la fecha de ingreso al Sistema al acreditar los servicios no cotizados, cons-tituye una enmienda a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. Petición de certiorari, pág. 7.
Expedimos el recurso. Contando con las comparecencias de las partes, y estando en condición de resolver, procede-mos a así hacerlo.
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Antes de comenzar el análisis del asunto que hoy nos ocupa es menester que expongamos brevemente el tras-fondo fáctico que precedió a la aprobación de la mencio-nada Ley Núm. 45 y las circunstancias particulares que rodearon el ingreso del Municipio de Bayamón al Sistema de Retiro. Veamos.
A tenor con lo que al día de hoy dispone la Ley de Retiro del Personal del Gobierno de Puerto Rico, práctica-mente toda persona que sea empleado del Gobierno —in-cluyendo a los funcionarios y empleados regulares de los municipios— está obligado a pertenecer al Sistema de Re-tiro y quedará sujeto a las disposiciones de su Ley Orgánica. Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020, 1032 (1992). De este modo, hemos dispuesto que cuando una persona ingresa al servicio público acepta, como parte esencial de su contrato de empleo, los términos y condiciones establecidos en la Ley Núm. 447, ante. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 617 (1987).
Ahora bien, ello no siempre fue así. Cuando el Munici-pio de Bayamón tramitó el ingresó de sus empleados al Sistema de Retiro, entre 1984 a 1994, la participación de los funcionarios y empleados municipales en dicho sistema se consideraba opcional. A esa fecha la Ley Núm. 447, ante, establecía ciertos requisitos que debían ser satisfe-chos siempre que un municipio interesara ingresar al Sis-tema de Retiro. Por ejemplo, se requería que la Asamblea Municipal aprobara una ordenanza mediante la cual se so-licitara la inclusión de los empleados de su municipio al Sistema de Retiro y que se presentara una copia de este ordenanza ante el Administrador. Además, se requería que se validara y ratificara la ordenanza mediante un re-feréndum que debía celebrarse entre los empleados del municipio en cuestión.
En armonía con tales requerimientos, el 21 de junio de 1984 la Asamblea Municipal de Bayamón aprobó una orde-nanza en la cual se solicitó de la Junta de Síndicos el in-greso de los empleados del referido Municipio al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno. A tenor con lo que disponía en ese momento el Art. 22 de la Ley Núm. 447 (3 L.P.R.A. ant. see. 782), los empleados del Municipio de Ba-yamón ratificaron la referida ordenanza mediante un refe-réndum celebrado el 22 de noviembre de 1985. Transcu- rridos dos años sin que se hubiese aprobado el ingreso del municipio al Sistema de Retiro, y en consideración a que la Ley Núm. 447, ante, había sufrido varias enmiendas que tuvieron el efecto de alterar los beneficios y derechos bajo los cuales los empleados aceptaron unirse al Sistema de Retiro, fue necesario celebrar un segundo referéndum el 9 de junio de 1987.
A tres años de este segundo referéndum, y sin que la Junta hubiese aprobado aún el ingreso de los empleados del municipio al Sistema de Retiro, la Asamblea Legisla-tiva aprobó la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990 (3 L.P.R.A. secs. 766b-782, 785a-785b, 802, 806b y 829d, y 25 L.RR.A. sees. 823 y 825-827), enmendatoria de la Ley Núm. 447, ante. Esta ley, la cual entraría en vigor el 1ro de abril de 1990, modificó significativamente la estructura de beneficios para los nuevos participantes y aumentó las aportaciones que éstos tendrían que satisfacer como miem-bros del Sistema de Retiro.
Ante tales circunstancias, el 5 de agosto de 1993 la Asamblea Legislativa aprobó la antes mencionada Ley Núm. 45. La Exposición de Motivos de esta ley resume las razones que motivaron la acción legislativa y sus propósitos. En ésta se dispuso lo siguiente:
Debido a que la Ley Orgánica del Sistema está constante-mente sujeta a revisión legislativa, pueden ocurrir cambios en la estructura de beneficios a la que tienen derecho los emplea-dos gubernamentales.
Los empleados elegibles del Municipio de Bayamón retifica-ron una Ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal el 21 de junio de 1984. El referéndum se celebró el día 22 de no-viembre de 1985 pero, debido a la complejidad del ingreso pro-piamente, entre la fecha de celebración y aprobación de la or-denanza municipal y el consiguiente referéndum celebrado el día 9 de junio de 1987, ocurrieron cambios significativos en la legislación que alteraron los beneficios y derechos bajo los cua-les los empleados municipales de Bayamón aceptaron unirse al Sistema.
Para remediar esta situación y honrar la verdadera inten-ción consignada por los empleados en el referéndum, debe es- tablecerse que el estado de derecho vigente a la fecha de cele-bración del referéndum, sea lo que determine cuál es la estructura de beneficios aplicable. (Enfasis suplido.)
A tono con tal intención legislativa, en la parte disposi-tiva del referido estatuto, específicamente en su Art. 4, se estableció lo siguiente:
. El ingreso al Sistema de los empleados del Municipio de Bayamón, se hará de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, de manera que los empleados que hubieren estado trabajando en dicho municipio con anterioridad al 1ro. de abril de 1990, que-darán sujetos a las condiciones de matrícula y tendrán derecho de participar en las anualidades y beneficios que provee el Sis-tema de Retiro, según estaban vigentes a la fecha de celebra-ción del referéndum. (Enfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 220.
Así las cosas, el 7 de diciembre de 1993 la Junta de Síndicos emitió una resolución aprobando el ingreso del Municipio de Bayamón al Sistema de Retiro, convirtiendo en "participantes del Sistema" a los funcionarios y emplea-dos del referido municipio. En dicha resolución se especi-ficó que la inclusión del Municipio de Bayamón como par-ticipante del Sistema de Retiro sería efectiva el 1ro de enero de 1994.
Con este trasfondo fáctico en mente, pasamos a analizar la controversia ante nos. Al así hacerlo discutiremos en forma conjunta los errores señalados.
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En su escrito ante nos alega el peticionario Vargas Fer-nández que incidió la Administración, y la Junta de Síndi-cos al confirmar su determinación, al concluir que a partir del 1ro de enero de 1994 comenzaron a regir las aportacio-nes y los beneficios de todos los empleados del Municipio de Bayamón y que, por consiguiente, la participación de los empleados no se retrotraería a una fecha anterior a ésta. Fundamenta su contención en lo dispuesto en el precitado Art. 4 de la Ley Núm. 45, Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 220, argumentando que la referida disposición debe ser interpretada en el sentido de que al momento de nego-ciarse el ingreso del Municipio de Bayamón al Sistema de Retiro todas las partes involucradas —entiéndase el muni-cipio, la Administración y los empleados— tuvieron la in-tención de retrotraer la fecha de participación de los em-pleados del municipio al 1ro de abril de 1990. A tales efectos, arguye que en virtud de tal disposición debe enten-derse que a la fecha de su accidente éste era participante del Sistema de Retiro y que, como tal, cualifica para obte-ner el cambio de pensión solicitado. No le asiste la razón. Veamos por qué.
A. En la Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa de 1951 se aprobó un sistema general de pensiones para los empleados públicos bajo las disposiciones de la citada Ley Núm. 447. En el Art. 1 de esta ley (3 L.P.R.A. see. 761) se dispuso que el referido sistema se establecería en la fecha de vigencia de la ley y comenzaría a aplicarse desde el 1ro de enero de 1952, fecha cuando comenzarían a regir las aportaciones y los beneficios allí dispuestos. Además, se estableció que la "fecha de aplicación del Sistema" sería el 1ro de enero de 1952, excepto en los casos de las empresas públicas y los municipios, para los cuales la fecha de aplicación sería la fecha del comienzo de su participación en el Sistema de Retiro.
Por su parte, el Art. 22 de la Ley Núm. 447, ante, tal y como regía a la fecha de los hechos ante nos, disponía que en el caso específico de los municipios que optaran por ingresar al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, la fecha de aplicación del Sistema de Retiro sería el primero de enero o el primero de julio después de la fecha de aprobación de la Junta de Síndicos. 3 L.P.R.A. ant. see. 782 (según estuvo vigente hasta la aprobación de la Ley Núm. 3 de 13 de febrero de 1996). Esta fecha de aplicación pautaría el comienzo de la participación al Sistema de los nuevos miembros y establecería el inicio de las aportaciones y beneficios establecidos en la ley.
De las disposiciones anteriormente citadas surge con meridiana claridad que en el caso de autos la "fecha de aplicación del Sistema" para los empleados del Municipio de Bayamón debía ser el 1ro de enero o el 1ro de julio de 1994. Ello considerando que la Junta de Síndicos aprobó el ingreso del municipio el 7 de diciembre de 1993. Ahora bien, al determinar en cuál de estas dos fechas realmente comenzaron a regir las aportaciones y los beneficios de los empleados del Municipio de Bayamón, precisa que evalue-mos la Resolución que a tales efectos emitió la Junta de Síndicos en el caso ante nos. En lo pertinente, esta Reso-lución dispuso:
POR CUANTO: La Junta de Síndicos de este Sistema de Retiro acordó aceptar el pago inicial [del costo actuarial del ingreso del Municipio de Bayamón] con posterioridad a la fe-cha de ingreso de 1ro. de enero de 1994, ya que el Banco Gu-bernamental de Fomento le aprobó un empréstito a dicho Mu-nicipio con ese propósito, pero le será entregada la cantidad acordada con posterioridad a la fecha antes señalada;
POR CUANTO: En virtud de todo lo anterior, y según lo pactado, convenido y acordado, esta Junta aceptó y aprobó la inclusión del Municipio de Bayamón como participante del Sistema de Retiro, efectivo al 1ro. de enero de 1994, según lo dispuesto en Reunión Ordinaria celebrada el día 7 de diciem-bre de 1993, cuya Minuta se hace formar parte íntegra de esta Resolución como Anejo I;
POR TANTO: RESUÉLVASE POR ESTA JUNTA DE SÍN-DICOS, aceptar y aprobar la inclusión del Municipio de Baya-món como participante de este Sistema de Retiro, efectivo el 1ro. de enero de 1994. Resolución Adm. Núm. 93-04, págs. 3-4. (Énfasis suplido.)
Una simple lectura de la Resolución transcrita es más que suficiente para concluir que el 1ro de enero de 1994 fue la fecha que la Junta de Síndicos dispuso como la "fecha de aplicación del Sistema" a los efectos de que comenzaran a regir las participaciones de los empleados del municipio en el plan de retiro de los empleados públicos, fecha que es la aplicable a los hechos del caso de autos. Adviértase que en cada uno de los párrafos citados se hace alusión al 1ro de enero de 1994 como la "fecha de ingreso" al Sistema de Retiro, estableciéndose expresamente que la inclusión del municipio como participante del sistema sería efectiva de ahí en adelante.
Lo anterior, definitivamente, no está reñido con lo dispuesto en el precitado Art. 4 de la Ley Núm. 45, ante. Ya hemos señalado que en ésta se estableció que los empleados que hubiesen estado trabajando en el Municipio de Bayamón con anterioridad al 1ro de abril de 1990 quedarían sujetos a las condiciones de matrícula y tendrían derecho a participar de las anualidades y los beneficios vigentes a la fecha de la celebración del segundo referéndum; esto es, al 9 de junio de 1987. Tal y como se desprende de la Exposición de Motivos de la citada ley, ello se hizo con el único fin de que las enmiendas efectuadas a la Ley Núm. 447, ante, las cuales entraron en vigor el 1ro de abril de 1990, no afectaran los derechos y las obligaciones de los empleados del Municipio de Bayamón, una vez éstos ingresaran al Sistema de Retiro.
El hecho de que se le haya permitido a Vargas Fernán-dez disfrutar de la estructura de beneficios vigente, con anterioridad al 1ro de abril de 1990, constituyó una me-dida de justicia social que no puede ser interpretada en el sentido que reclama el peticionario. Evidentemente la Ley Núm. 1, ante, establecía condiciones y beneficios que resul-taban ser menos beneficiosos que los contenidos bajo la estructura vigente a la fecha en que los empleados del mu-nicipio ratificaron la solicitud de ingreso al Sistema de Retiro. Dicha ratificación hubiese resultado en un ejercicio fútil e ineficaz si luego de efectuada hubiesen cambiado por completo las condiciones bajo las cuales se encontraba a esa fecha el plan de retiro del Gobierno. Definitivamente era necesario honrar la verdadera intención consignada por los empleados en el referéndum y así se hizo.
Ahora bien, adviértase que lo dispuesto en el Art. 4 de la ley que nos ocupa únicamente atendía el asunto relativo a las condiciones de matrícula y beneficios que aplicarían a los empleados del municipio una vez entraran a formar parte de la matrícula del Sistema de Retiro. En ningún momento se expresó ni dispuso que la fecha de ingreso al Sistema de Retiro se retrotraería a una fecha distinta a la que correspondía en virtud del Art. 1 de la Ley Núm. 447, ante.
Todo lo contrario; si examinamos el Art. 3 de esta ley inmediatamente advertimos que la intención perseguida era exactamente lo opuesto. En este artículo el legislador expresamente dispuso que "[l]a fecha de aplicación del Sis-tema ser[í]a el 1ro. de julio de 1993 o el 1ro. de enero de 1994, según lo que ac[ordara] el Municipio de Bayamón con la Junta de Síndicos". Leyes de Puerto Rico, ante, pág. 220. Siendo así, no nos convence el argumento del peticio-nario a los efectos de que lo dispuesto en esta ley tuvo el efecto de retrotraer su fecha de ingreso al Sistema de Re-tiro a una fecha anterior al 1 de enero de 1994. Las dispo-siciones de esta ley, definitivamente, no sustentan una con-clusión a tales efectos.
Es evidente que el fin perseguido por la Asamblea Legislativa al promulgar la citada Ley Núm. 447 era asegurar que los empleados del municipio entraran a formar parte del Sistema de Retiro bajo las condiciones existentes al momento en que aceptaron unirse a éste y no convertirlos en "participantes" en una fecha anterior al 1 de enero de 1994; es decir, una fecha anterior a la que estableció la Junta de Síndicos al momento de aprobar su ingreso.
En mérito de lo expuesto, forzosa resulta ser la conclu-sión de que la Junta de Síndicos actuó correctamente al confirmar la decisión emitida por la Administración de los Sistemas de Retiro a los efectos de que el Municipio de Bayamón y, por ende, sus empleados, entraron a formar parte de la matrícula del Sistema de Retiro el 1 de enero de 1994 y no el 1 de abril de 1990 como alega ante nos el peticionario. Concluir lo contrario daría a esta pieza legis-lativa un significado ajeno al propósito perseguido por la Asamblea Legislativa al momento de su aprobación.
Es principio cardinal de hermenéutica que al interpretar una disposición de ley, los tribunales deben considerar cuáles fueron los fines perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener. En estos casos nuestra obligación fundamental debe ser imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del propósito que persigue la ley. Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155 (2000); Emilio Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998); Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513, 523-524 (1991); Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759, 766 (1990); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334, 342—343 (1986).
El simple hecho de que estemos interpretando una pieza legislativa que crea un derecho al disfrute de una pensión no significa que debamos obviar la intención legislativa que propició su creación. La normativa estable- cida por este Tribunal a los efectos de que las disposiciones estatutarias con propósitos remediales deben ser interpre-tadas liberalmente a favor del beneficiario y que la fuerza y efecto de éstas no deben conformarse estricta-mente a los términos literales del estatuto, no significa que en nuestra tarea interpretativa podamos obviar el claro propósito perseguido por el legislador al promulgarlas.
B. Tampoco podemos avalar la contención del peticio-nario a los efectos de que el hecho de que en 1997 se le hubiese aprobado una pensión por incapacidad no ocupa-cional, reconociéndose que tenía, por lo menos, diez años de servicios acreditados, significa que éste era miembro del Sistema de Retiro con anterioridad al 1 de enero de 1994.
La Ley Núm. 447, ante, define los "servicios acreditables" como aquellos servicios anteriores y posteriores a la fecha de aplicación del Sistema de Retiro. 3 L.RR.A. see. 763. El término "servicio anterior" ha sido definido como todo servicio que, como empleado y con anterioridad a la fecha de aplicación al Sistema de Retiro, hubiere prestado un participante, y por el cual recibirá el crédito que corresponda, según lo dispuesto en el inciso (c) del Art. 5 de la ley, 3 L.RR.A. sec. 765(c). Es decir, la frase "servicio an terior" abarca todo servicio prestado por un participante, independientemente de la fecha de su ingreso al Sistema de Retiro, siempre que éste cualifique para ser acreditado de acuerdo con lo establecido a esos efectos en el referido Art. 5.
Lo anterior explica que en ciertos casos pueda darse la anomalía de que al momento de ingresar al Sistema de Retiro alguno de los participantes pueda tener acreditados varios años de servicio. Esto fue exactamente lo ocurrido en el caso del peticionario Vargas Fernández. Al momento de su ingreso al Sistema de Retiro, éste contaba con varios años de servicio, algunos de los cuales le fueron acredita-dos como "servicios prestados con anterioridad a la fecha de aplicación". Ello permitió que a sólo un año de su in-greso al Sistema de Retiro éste fuera elegible a una pen-sión por incapacidad no ocupacional por haber desarro-llado una condición emocional que tuvo el efecto de inhabilitarlo total y permanentemente para el servicio público. Ello, naturalmente, no significa que la fecha de aplicación al Sistema de Retiro pueda quedar alterada por los años de servicio acreditados.
IV
Lo anteriormente expuesto no dispone por completo de la controversia ante nos; es menester dilucidar qué efecto, si alguno, debe tener el hecho de que la incapacidad del peticionario se haya manifestado en una fecha posterior al ingreso de éste al Sistema de Retiro. Veamos.
A. Habiendo concluido que Vargas Fernández entró a formar parte de la matrícula del Sistema de Retiro el 1 de enero de 1994 es evidente que al 27 de mayo de 1992, fecha del accidente laboral sufrido por el peticionario, éste no era "participante" del Sistema de Retiro. Siendo así, la única conclusión posible en el presente caso es a los efectos de que a esta fecha no existía obligación contractual alguna que obligara al Sistema de Retiro a otorgar al peti-cionario una pensión por una incapacidad surgida a con-secuencia de un accidente sufrido en el curso de su empleo. Lo antes expuesto se desprende claramente de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley Núm. 447 (3 L.P.R.A. see. 769), donde se expresa que:
Todo participante que, como resultado de una incapacidad que se origine por causa del empleo y surja en el curso del mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá derecho a recibir una anualidad por incapacidad ocupacional, siempre que:
(a) Se recibiere suficiente prueba médica en cuanto a la in-capacidad mental o física del participante conforme a los cri-terios que mediante reglamento fije el Administrador.
(b) El participante o el patrono, de acuerdo con los regla-mentos de la Junta, notifique al Administrador con respecto a dicha incapacidad.
(c) Que el Fondo del Seguro del Estado determine que el accidente o enfermedad provino de cualquier función del tra-bajo o que sea inherentemente relacionado al trabajo o empleo.
(d) El participante tendrá que radicar la solicitud, susten-tada con suficiente prueba médica, dentro de los ciento ochenta (180) días en que se relacione la condición por la cual radica su solicitud. (Énfasis suplido.)
Un análisis del texto de la disposición transcrita revela que el beneficio de pensión por incapacidad ocupacional dispuesto en esta ley sólo puede ser reclamado por aquellos servidores públicos que, a su vez, ostenten la cualidad de "participante" del Sistema de Retiro. Este término ha sido definido en la ley como "todo empleado acogido al Sistema o que pertenezca a su matrícula". (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 763. Ello significa que para ser acreedor de los beneficios dispuestos en esta sección no es suficiente con que el incidente que provoque la incapacidad haya sur-gido en el curso del empleo y se origine a consecuencia de él. Además, es indispensable que a ese momento ya el soli-citante ostente la cualidad de "miembro" o "participante" del Sistema de Retiro. Es decir, en el momento cuando ocu-rre el incidente que da inicio a la cadena de eventos que finalmente ocasiona la incapacidad, ya el empleado tiene que ser parte de la matrícula del Sistema de Retiro.
Ahora bien, ¿qué efecto, si alguno, tendría el hecho de que al momento en que se manifieste la condición incapa-citante ya el empleado figure como participante del Sis-tema de Retiro? Esto es, nos enfrentamos a una situación en que, aun cuando a la fecha de la ocurrencia del acci-dente, que pone en movimiento la cadena de eventos que provoca la incapacidad, el empleado no era participante del Sistema de Retiro, cuando dicha incapacidad se manifesta, e inhabilita al empleado para el servicio público, ya éste forma parte de su matrícula. ¿Podemos, entonces, retro-traer a la fecha del accidente la condición de "participante" que ostentaba el peticionario al momento de ser relacio-nada su condición? Contestamos dicha interrogante, igual-mente, en la negativa. Veamos.
Tal y como surge del precitado Art. 9 de la Ley Núm. 447, ante, para que un empleado público pueda ser elegible a una anualidad por incapacidad ocupacional se requiere que estén presentes tres requisitos básicos: (i) que el empleado ostente la cualidad de "participante del Sis- tema de Retiro(ii) que la incapacidad de que se trata se haya originado por causa del empleo y (iii) que la referida incapacidad haya surgido en el curso de su empleo. Es decir, se requiere una conexión directa, o una relación causal, entre el incidente o suceso que provoca la incapacidad y la incapacidad misma. Es precisamente ese nexo el que hace que la incapacidad sea clasificada como una "ocupacional".
Ausente la cualidad, o el requisito, de "participante" en la etapa en que ocurre el incidente que inicia la cadena de causalidad que finalmente inhabilita al empleado para el servicio público, sería inapropiado hablar de una incapaci-dad ocupacional. Adviértase que para ser acreedor de este beneficio se requiere que la incapacidad se origine por causa del empleo y surja en el curso de éste. Ello significa que necesariamente tiene que existir un vínculo entre el incidente que eventualmente incapacita al participante y su empleo. Ahora bien, no se trata de cualquier empleo, sino de uno reconocido como tal a los efectos de la estruc-tura actuarial vigente a esa fecha en el Sistema de Retiro.
Siendo así, es evidente que no puede ser considerado como un "empleo", a los efectos de concederse los beneficios que reconoce la ley, aquel que ofrece un patrono que no pertenece a la matrícula del Sistema de Retiro o, lo que es lo mismo, aquel que ostenta un empleado "no participante" del Sistema de Retiro. No existiendo tal "empleo", para to-dos los efectos prácticos relacionados con el Sistema de Re-tiro, tampoco puede existir el vínculo requerido entre éste y la incapacidad que se alega.
Como expresáramos anteriormente, cuando Vargas Fer-nández sufrió el accidente laboral que eventualmente pro-vocó la condición emocional relacionada por el Fondo, éste no era "participante" del Sistema de Retiro. Siendo así, es evidente que no existe la conexión o nexo requerido a los efectos de una incapacidad ocupacional. Es la necesidad de tal conexión la que hace que la cualidad de "participante" tenga que estar presente tanto en el momento en que ocu-rre el suceso que da inicio a la incapacidad como en el instante en que ésta se manifiesta. Sólo así podría existir la conexión entre "incapacidad" y "empleo" requerida en la ley.
A la luz de los fundamentos esbozados, resolve-mos que para que un empleado público pueda beneficiarse de la anualidad por incapacidad ocupacional que dispone el Art. 9 la Ley Núm. 447, ante, es indispensable que a la fecha del incidente que provoca la incapacidad que lo inhabilita éste ya figure como participante del Sistema de Retiro.
Concluir lo contrario, necesariamente, conllevaría que demos a este estatuto un efecto retroactivo que definitivamente no fue contemplado por el legislador al momento de su aprobación. Ante tales circunstancias, se impone lo dispuesto en el Art. 3 de nuestro Código Civil, 31 L.RR.A. see. 3, a los efectos de que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario".
En ocasión de interpretar el referido estatuto en Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.RR. 150,158 (2000), citando a F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil español, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, Vol. I, pág. 124, señalamos que "la retroactividad de una norma se justifica únicamente en casos aislados, 'por determinadas y supremas circunstancias', que hayan sido establecidas concretamente por el legislador". En dicha ocasión fuimos enfáticos al sostener que "la intención de la Asamblea Legislativa de darle efecto retroactivo a una ley, por ser un acto excepcional, 'debe aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto' ". (Citas y énfasis suprimidos.) íd. Advertimos, además, que la retroactividad debe haber sido expresada afirmativamente en el texto de la ley. íd.
Ahora bien, en el referido caso aclaramos que
[e]n las escasas ocasiones en que nos hemos apartado de estas normas imperiosas, ello ha sido porque era obvio y pa-tente el propósito legislativo, en casos en los cuales la aplica-ción retroactiva de la legislación en cuestión era necesaria para corregir un grave mal social o para hacerle justicia a unos peticionarios. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Nieves Cruz v. U.P.R., ante, pág. 159.
Es decir, en aquellos casos en que estén involucradas normas dirigidas a remediar males sociales o de derecho público será licito recurrir a reglas de interpretación para determinar si al promulgar la ley el legislador tuvo la intención de dar efecto retroactivo al estatuto en cuestión. Como es sabido, dicha intención debe ser auscultada acudiendo, en primer lugar, al texto de la ley, pues cuando éste es claro y libre de ambigüedad no debe ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu. 31 L.P.R.A. sec. 14. Véase, además, Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., ante. Es por ello que hemos sostenido que el texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Id.
En el caso ante nos, el estatuto bajo análisis es claro y no dispone, de modo alguno, que la condición de "partici-pante" podrá retrotraerse a una fecha anterior a aquella en que el empleado ingrese al Sistema de Retiro. Por el con-trario, un examen detenido de la Ley del Sistema de Retiro de Personal del Gobierno revela que la intención perse-guida por el legislador al momento de promulgarla era que aplicara de forma exclusiva a los participantes del Sistema del Retiro del Gobierno.
Ello se desprende claramente de lo dispuesto en su Art. 1 (3 L.P.R.A. see. 761), el cual dispone fechas específicas de ingreso al Sistema de Retiro para sus participantes. Nó-tese, además, que en el Art. 9 de la ley, ante, se hace alu-sión específica a los "participantes del Sistema" al referirse a aquellos que podrán recibir los beneficios de una pensión por incapacidad ocupacional. En fin, no hemos podido en-contrar disposición alguna en la ley ni el reglamento del Sistema de Retiro que autorice la concesión de beneficios por incapacidad ocupacional ante las circunstancias parti-culares del caso ante nos.
Finalmente, cabe señalar que este Tribunal ha establecido que "los participantes de un Sistema de Retiro del Gobierno tienen un derecho adquirido de naturaleza contractual", pero, a su vez, ha sido enfático al disponer que ese derecho "surge con el ingreso del empleado al Sistema". Bayrón Toro v. Serra, ante, pág. 618. A la fecha de su accidente, repetimos, Vargas Fernández no era participante del Sistema de Retiro, por lo que no existía a este momento ningún derecho de naturaleza contractual que obligara al Sistema de Retiro a otorgar los beneficios de una pensión por incapacidad ocupacional. Ello impide que pueda existir el vínculo entre "empleo" e "incapacidad" requerido en la ley a los efectos de concederle a éste los beneficios de una anualidad por incapacidad ocupacional.
V
Por los fundamentos antes expuestos, procede decretar la confirmación de la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el presente caso, confirmatoria de la decisión emitida por la Junta de Síndicos.
Se dictará sentencia de conformidad.
El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.
1993 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 219.
3 L.P.R.A. secs. 761-766e, 768-780 y 781-788a.
La referida condición fue diagnosticada por el Fondo como una "depresión mayor" y fue compensada a tenor con lo dispuesto en la Ley del Sistema de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.
Esta ley fue aprobada con el propósito de ratificar la solicitud de ingreso al Sistema de Retiro que hiciera el Municipio de Bayamón mediante la Ordenanza Municipal Núm. 56 de 21 de junio de 1984.
El ingreso al Sistema de Retiro es discrecional tínicamente para los Secreta-rios del Gobierno, los ayudantes del Gobernador de Puerto Rico, los jefes de agencias e instrumentalidades públicas, los miembros de comisiones y juntas nombradas por el Gobernador, el Contralor y los miembros de la Asamblea Legislativa.
Así fue hasta la aprobación de la Ley Núm. 3 de 13 de febrero de 1996, la cual estableció la obligatoriedad de la participación de los funcionarios y empleados mu-nicipales en el Sistema de Retiro del Gobierno.
Así lo disponía el Art. 22 de la Ley Núm. 447 (3 L.RR.A. ant. see. 782) al señalar, en lo pertinente:
"... En el caso de un municipio la ordenanza que adopte la asamblea municipal con estos fines no será válida a los efectos de las sees. 761 et seq. de este título, hasta tanto los empleados elegibles de tal municipio la ratifiquen mediante referéndum. El referéndum se conducirá mediante votación secreta y escrita, previa la orientación correspondiente a los empleados sobre el propósito y los alcances de la ordenanza. Se considerará ratificada la ordenanza si dos terceras partes, por lo menos, de los em-pleados elegibles votan a favor de la misma.
"Una copia debidamente certificada de esta resolución u ordenanza deberá ra-dicarse con el Administrador ." 1990 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 3, 23.
El resultado de dicho referéndum fiie enviado al Administrador de los Siste-mas de Retiro y desde ese momento se comenzó a trabajar en el estudio actuarial para determinar la obligación que conllevaría el ingreso del municipio al Sistema de Retiro.
El peticionario cita, además, las condiciones consideradas al momento de determinarse la obligación actuarial que debía satisfacer el municipio al ingresar al Sistema de Retiro. Dichas condiciones, las cuales fueron mencionadas en una comu-nicación hecha por el Administrador del Sistema de Retiro al Alcalde el 8 de noviem-bre de 1993, reiteran lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley Núm. 45 de 5 de agosto de 1993, Leyes de Puerto Rico, pág. 220. En vista de ello, hemos entendido procedente limitar la discusión del presente asunto a lo relativo al Art. 4 de la citada ley.
Esta ley fue denominada Ley de Retiro del Personal del Gobierno de Puerto Rico. El propósito principal de esta pieza legislativa fue brindarle a los empleados públicos una seguridad económica al retirarse por años de servicio o por incapacidad. Los fondos de este Sistema de Retiro se utilizan en beneficio de los participantes de su matrícula, incluyendo a sus dependientes y beneficiarios, para el pago de anuali-dades por incapacidad ocupacional y no ocupacional, anualidades por retiro y bene-ficios por defunción. 3 L.P.R.A. see. 761.
Ello en vista de que cuando éstos expresaron su deseo de ingresar al Sis-tema de Retiro, en el referéndum del 1987, lo hicieron en el entendido de que entra-rían bajo las condiciones existentes a esa fecha y no bajo las establecidas al apro-barse la Ley Núm. 1, ante.
Véanse: Acuña v. Junta de Retiro, 58 D.P.R. 94 (1941); In re Castro y Torres Braschi, 73 D.P.R. 564 (1952); Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372 (1985).
Véase Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020, 1034 (1992).
Este inciso dispone:
"(c) Cómputo de los servicios. — Para el cómputo de la duración de los servicios anteriores y posteriores a la fecha de aplicación del Sistema y hasta el 1ro de abril de 1990, según sea el caso, regirá la escala siguiente: nueve (9) o más meses de servicio durante un año fiscal serán considerados como un año de servicio; seis (6) a nueve (9) meses de servicio serán considerados como tres cuartas partes de un año de servicio y tres (3) a seis (6) meses de servicio serán considerados como medio año de servicio. Menos de tres meses de servicio no serán considerados para los efectos de este cóm-puto, ni menos de quince (15) días de servicio durante el mes serán considerados como un mes de servicio. No se acreditará más de un año de servicio por todos los servicios prestados por un participante durante un año fiscal. De conformidad con lo dispuesto en la sec. 766c de este título, los servicios prestados por todo nuevo parti-cipante se computarán a base de meses completos. La Junta prescribirá en sus reglas el número de horas o días que habrá de constituir un mes de servicio y la equivalen- cia de los servicios prestados por funcionarios o empleados públicos a base de retri-bución que no fuere por sueldo mensual."
La Ley Núm. 305 de 24 de septiembre de 1999 enmendó los incisos (c) y (d) de este artículo. Previo a la aprobación de esta ley el inciso (c) leía: "la incapacidad fuere indemnizable de acuerdo con las disposiciones de las secs. 1 et seq. del Título 11." Esta ley de 1999 también incorporó el inciso (d) a este artículo.
El término "empleado" ha sido definido en la ley como:
"[T]odo funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico, o de sus instrumen-talidades, o de sus municipios, siempre que dicho empleado prestare servicios conti-nuos en un cargo o empleo. El referido término incluirá:
"(a) A los miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico;
"(b) a los Jueces de Paz de Puerto Rico;
"(c) a los funcionarios electivos del Pueblo de Puerto Rico y empleados de la Asamblea Legislativa;
"(d) a los funcionarios y empleados de las empresas públicas;
"(e) a los funcionarios y empleados de los municipios, y
"(f) al personal irregular que se emplee conforme a las disposiciones de las sees. 711 a 711g de este título." 3 L.P.R.A. see. 763(8).
Presentes dichos requisitos, entonces, el participante tendrá que cumplir con los demás criterios dispuestos en el Art. 9 de la ley, 3 L.P.R.A. sec. 769.
Ciertamente, ello explica el que Vargas Fernández no haya solicitado tales beneficios por las incapacidades físicas surgidas como consecuencia del accidente. Nótese que la pensión solicitada por Vargas en 1995 fue por una condición emocional desarrollada con posterioridad al accidente y no por las incapacidades surgidas como consecuencia de éste.
Así lo determinaron las agencias administrativas encargadas del cumpli-miento de la Ley Núm. 447, ante. Ya hemos visto que dicha interpretación, lejos de producir resultados inconsistentes o contrarios al propósito de la ley, está a tono con este último. Tampoco podemos concluir que lleve a la comisión de injusticias, ante el hecho de que, por la incapacidad sobrevenida, al peticionario se le han concedido los beneficios de una pensión por incapacidad no ocupacional.
Por el contrario, la interpretación que han hecho las agencias administrativas de los estatutos aquí en controversia aseguran la estabilidad económica del Sistema de Retiro al impedir que se compensen aquellas incapacidades desarrolladas como resultado de accidentes ocurridos antes de que el empleado y su patrono hayan comenzado a realizar las correspondientes aportaciones al Sistema de Retiro. Es por todo lo anterior, que estamos impedidos de interferir con la interpretación que de la Ley Núm. 447, ante, han hecho tanto la Administración como la Junta de Síndicos. Dadas las circunstancias del caso ante nos, dicha interpretación merece toda nuestra deferencia. Véanse: A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 821 (1986); M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183, 188-189 (1984).