Case Name: Esbrí v. Sucesión Serrallés
Court: Supreme Court of Puerto Rico
Jurisdiction: Puerto Rico
Decision Date: 1902-06-28
Citations: 3 P.R. 46
Docket Number: No. 74
Parties: Esbrí v. Sucesión Serrallés.
Judges: Jueces concurrentes: Sres. Hernández y Figueras.
Reporter: Puerto Rico Reports
Volume: 3
Pages: 46–104

Head Matter:
Esbrí v. Sucesión Serrallés.
Casación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
No. 74.
Resuelto en Junio 28, 1902.
Casación. — Cuando en la apreciación de las pruebas la Sala sentenciadora hubiere incurrido en algún error de hecho ó de derecho, es indispensable que en el escrito interponiendo el recurso se exprese, si se estuviere en el primer caso, el acto ó documento auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador; y si en el segundo, la ley ó doctrina legal relativa al valor de las pruebas, que haya sido infringida, sin cuyo requisito no es procedente admitir el recurso.
Contratos. — No incurre en error de derecho el Tribunal que, consagrando la fuerza y eficacia de las obligaciones, dá efecto á las clausulas de un con-trato, con sujeción estricta y literal á los términos de las mismas, cuando en ellas aparece, con expresión clara y explícita, la voluntad de las partes contratantes.
En el caso de autos una de las partes se comprometió á pagar á la otra, en determinados plazos, la cantidad de diez y ocho mil pesos moneda comer-cial, sea cual fuere el cuño de la moneda que con tal carácter circule ó esté aceptada, á razón de cien centavos de la moneda circulante por cada un peso.
Se resolvió:
(o) Precio cierto. — Contratos aleatorios. — Que en el contrato se ha esti-pulado un precio cierto, y que no puede estimarse desvirtuado por las con-diciones del pago, que aunque de naturaleza aleatoria, están establecidas en el contrato y mútuamente aceptadas por las partes, y son perfecta-mente lícitas y admisibles con arreglo á derecho; y
(ó) Pago de obligaciones. — Q,ue el deudor viene obligado á pagar hoy los plazos estipulados á razón de cien centavos de la moneda americana, que es la circulante, por cada un peso de la moneda mejicana.
Id. — Aunque con arreglo á la Ley Orgánica de Abril 12, 1900, todas las deudas pendientes en la fecha en que empezó á regir habían de pagarse en la moneda de Puerto Rico que circulaba en aquella fecha, ó en moneda de los Estados Unidos al tipo de cambio establecido, esa disposición ha de entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por virtud de contra-tos anteriores, en que las partes hubieren convenido una manera distinta de realizar el pago de sus obligaciones, en relación á los cambios que pudieran operarse en el valor de la moneda, y bajo el amparo de las leyes que los regulaban y regían á la fecha en que fueron celebrados.
Interpretación de Loa contratos. — Siendo claros los términos en que apa-rezca redactado un contrato, y no ofreciendo duda alguna sobre la inten-ción de las partes contratantes, los Tribunales han de limitarse á apliear sus cláusulas en su sentido literal.
Apreciación de las pruebas. — La apreciación que de las pruebas practica-das en el juicio hubiere hecho el Tribunal sentenciador, debe ser respe-tada por el Tribunal de Casación, ~á no ser que se demuestre, en la forma legal correspondiente, que hubiere incurrido en error.
Contratos. — El contrato es ley entre las partes contratantes, y siendo igual para todos, no quebranta la reciprocidad de intereses que debe existir entre ambas partes.
EXPOSICIÓN DEL CASO.
Resultando: que por escritura pública otorgada en la ciudad de Ponce, ante el Notario de la misma Don Joaquín Mayoral, como encargado del protocolo del de la misma clase Don Rafael León, que se encontraba en uso de licencia en 1? de Septiembre de 1894, Don José Nicolás de Carta-gena y Mangual vendió á Don Juan Serrallés y Colón, representado en el acto del otorgamiento de la escritura por su administrador y apoderado general Don Eduardo Wel-lemkamp y Chelva, la participación proindivisa que le corres-pondía en la Hacienda de cañas dulces, denominada “Ursula” radicada en el barrio de la “Cintrona”, del término municipal de Juana Diaz, en precio y cantidad de diez y ocho mil pesos, moneda comercial, á pagar en los diferentes plazos que se detallan en la 2a: cláusula de dicha escritura, ó sea “ á razón de dos mil pesos el día 15 de Julio del año de 1898 ; otros dos mil pesos en igual día y mes de 1899 ; igual suma en 15 de Julio de-1900; y tres mil pesos, en cada día 15 de Julio de los años de 1901 al 1904, ambos inclusives, todos de moneda corriente en el comercio, sea cual fuere el cuño de la moneda que con tal carácter circule, ó esté acep-tado en esta Provincia, á razón de cien centavos de la moneda circulante, por cada un peso, y con exclusión de toda clase de papel moneda creado, ó por crear, aún cuando su circulación fuere forzosa”, cuyos plazos devengarían el interés del diez por ciento anual, desde el otorgamiento de la escritura, pagaderos por trimestres vencidos, y quedando hipotecada la misma participación vendida, á la seguridad de los plazos é intereses estipulados; declarando los contra-tantes en la cláusula séptima que el precio porque tenía lugar dicha venta era el justo y verdadero valor “hoy” ó sea en el día de la fecha de la escritura, de la participación enagenada; y en la octava, que para los efectos del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, declaraban también los otorgan-tes, que el precio de la participación hipotecada, era el de diez y ocho mil pesos, moneda corriente, renunciando á todo nuevo avalúo ó acción encaminada á este fin; pues quedaban bien impuestos de que ese precio era el que había de servir de tipo para la subasta que se celebrara, si la obli-gación no fuere satisfecha y hubiere que interponerse recla-mación judicial para el pago.
Resultando: que ocurrido posteriormente el fallecimiento de Don José Nicolás de Cartagena y Mangual, y practi-cada la división y partición de sus bienes, le fueron adju-dicados á su segunda esposa Doña Belén Esbrí y Roubert, en usufructo durante su vida, la suma de mil trescientos sesenta y cinco pesos; de ■ ellos, doscientos en el resto del valor de los muebles inventariados, y los mil ciento sesenta y cinco pesos restantes, en parte de los plazos del crédito hipotecario que á su difunto esposo correspondía contra Don Juan Serrallés y Colón, en la forma siguiente : mil treinta y un pesos, sesenta y seis centavos y dos tercios, del plazo que vencía en 15 de Julio de 1902; y ciento treinta y tres pesos treinta y tres centavos y un tercio en el total importe del plazo, que vence en 15 de Julio de 1903; y que habiendo reclamado al apoderado de la Sucesión del expresado Se-rrallés, por haber éste fallecido, Don Eduardo Wellemkamp y Chelva, los intereses del' trimestre vencido en 15 de Sep-tiembre de 1900, de los plazos que le habían sido adjudi-cados, montantes dichos intereses á la suma de veinte y nuevé pesos doce centavos en moneda americana, sin des-cuento, con arreglo á la cláusula segunda de la escritura de compra-venta de 1? de Septiembre de 1894, como se negara á pagárselos, sin el descuento establecido, el Sr. Wellemkamp, lo demandó la expresada Doña Belén Esbrí y Roubert en juicio verbal civil ante el Juez Municipal de Ponce, que lo condenó al pago de la cantidad reclamada, en la moneda americana circulante, sin descuento alguno, por razón de la diferencia de moneda; é interpuesta apelación por el repre-sentante de la Sucesión demandada, el Tribunal del Distrito • de aquélla Ciudad, con fecha 19 de Enero del año siguiente, confirmó la sentencia del Juez Municipal, por mayoría de votos, con las costas de ambas instancias al apelante.
Resultando: que en 17 de Abril del año próximo pasado, el abogado Don Libertad Torres Grau, á nombre de Doña Belén Esbrí y Roubert, entabló ante el Tribunal de Distrito de Ponce, la demanda origen de este pleito, contra la Suce-sión de Don Juan Serrallés y Colón, en la que haciendo relación de algunos de los antecedentes que quedan expues-tos, y expresando además, que notificado el demandado Don Eduardo Wellemkamp en la representación con que había comparecido en el juicio, de la sentencia ejecutoria pronun-ciada por el referido Tribunal de Distrito, hubo de ser reque-rido más luego para el pago, satisfaciendo al fin el importe del trimestre reclamado, en la moneda americana; y que vencidos ya dos trimestres -más, ó sean los correspondientes al 15 de Diciembre del año anterior de 1900 y 15 de Marzo del siguiente, al reclamar su pago al Sr. Wellemkamp, en su .carácter de representante de la Sucesión Serrallés y Colón, se había negado rotundamente á verificarlo, pretendiendo que, tanto las rentas vencidas, como las que vencieran, y el capital, lo había de pagar en la equivalencia de la moneda provincial, y no en la moneda circulante en el comercio, á razón de cien centavos por cada un peso de la citada moneda, á pesar de lo pactado por los contratantes y de lo resuelto por dicho Tribunal de Distrito, en la ejecutoria á que se había referido, sin que hubieran sido atendidas sus reflexiones y gestiones amistosas; por lo que, invocando á su favor las prescripciones legales que creyó del caso, concluyó solici-tando que el Tribunal se sirviera admitir dicha demanda en juicio declarativo de mayor cuantía, disponer se diera tras-lado de ella á la Sucesión de Don Juan Serrallés y Colón, de que era representante Don Eduardo Wellemkamp y Chelva, para que compareciera á contestarla, y en su día declarar que dicha Sucesión, por virtud de lo expresamente pactado en la cláusula segunda de la escritura de compra-venta de 6 de Octubre de 1894, entre Don Juan Serrallés y Colón y Don Nicolás Cartagena y Mangual, estaba obligada á pagar á Doña Belén Esbrí y Roubert las rentas vencidas hasta la fecha de la demanda, en oro americano, que era la moneda circulante en el comercio de esta Isla; y en su oportunidad las que estaban por vencer, así como la parte de los plazos que le correspondían, vencederos en 1902 y 1903, de los estipulados en dicha escritura, y que le fué adjudicada en la divisoria de los bienes dejados por su citado esposo, en mo-neda corriente en el comercio, sea cual fuere el cuño de la moneda que con tal carácter circule ó esté aceptada en esta Isla, á razón de cien centavos de la moneda circulante por cada un peso; los intereses legales de los ya vencidos y no pagados y las costas del juicio, suscribiendo dicha demanda “por el compañero”, el Ledo. Don Rafael Toro Vendrell.
Resultando: que conferido traslado de la demanda á la Sucesión de Don Juan Serrallés y Colón, y citado y empla-zado en su carácter de representante de la misma, Don Eduardo Wellemkamp y Chelva, se personó éste en los autos por conducto del abogado Don Julio M. Padilla, alegando las excepciones dilatorias de falta de personalidad en el representante del actor, por no venir autorizado el escrito de demanda por el abogado que llevaba la representación de la demandante, sino por otro en nombre de aquél, para cuya sustitución no estaba autorizado; y la de falta de persona-lidad en el demandado, por no tener el Sr. Wellemkamp la representación que se le atribuía, toda vez que, si bien era apoderado de Doña Mercedes Perez, viuda de Don Juan Serrallés y Colón, por sí y en representación de sus hijos menores Don Juan Eugenio y Doña Julia Serrallés, habien-do éstos arribado á la mayor edad, carecía de poder para representarlos en el juicio; y exponiendo además, en cuanto al fondo de la demanda, entre otros particulares, que la Sucesión de Don Juan Serrallés nunca se había negado á pagar en la equivalencia de moneda; que la escritura de 6 de Octubre de 1894, no era la primordial del contrato, pues se había otorgado para rectificar- la de 1? de Setiembre del mismo año: que en una y otra escritura, la cláusula cuestio-nable decía, “que todos los pagos se harían en la moneda corriente en el comercio, sea cual fuere el cuño de la mo-neda que con tal carácter circule, ó esté aceptado en esta provincia, á razón de cien centavos de la moneda circulante por cada un peso, y con exclusión, etc.”: que en 6 de Octubre de 1894, cuando se otorgó el contrato segundo, en que la repetida cláusula se contenía, circulaba en Puerto Rico la moneda mejicana cuya recogida y canje ya estaban oficial-mente anunciados; que en efecto, la. Ley de Presupuestos de 6 de Agosto de 1893, para el ejercicio de 1893-1894, autori-zaba la sustitución de la plata mejicana por plata peninsular: que el Real Decreto de 17 de Agosto de 1895, creó un billete de canje á los fines de la recogida, y sustitución de esa moneda; otro de la misma fecha, autorizó la celebración sin subasta de los contratos ó servicios que exigía dicha medida; que las Reales Ordenes de igual fecha, de 11 de Setiembre, de 28 de Octubre y de 28 de Noviembre, adoptaron varias disposiciones para preparar y facilitar las operaciones de tales recogida y cange; que el Real Decreto de 6 de Diciem-bre, declaró desmonetizados los pesos mejicanos y creó en sustitución el peso especial de cuño español: que el Gobierno General de Puerto Rico, de 20 de Marzo de 1896, retiró de la circulación la moneda española que antes corría, y que en el mismo, año quedó también verificado el canje de la mejicana: que la Sucesión de Serrallés había satisfecho en moneda provincial, sin descuento, hasta el 15 de Julio de 1900, las rentas debidas en moneda mejicana á Doña Belen Esbrí: que esta Isla fué provincia española hasta el 11 de Abril de 1899, en que fué cedida al Gobierno Americano, el que ha formado de ella otra entidad política diferente, que se denomina “El Pueblo de Puerto Rico,” según'Ley del Congreso, aprobada en 12 de Abril de 1900: que en 31 de Julio del mismo año, había quedado, definitivamente reti-rada de la circulación, la moneda especial, mediante canje por la americana al tipo de sesenta centavos de ésta por cada cien de aquélla: y que las cláusulas tercera y octava de la escritura de 6 de Octubre de 1894, y sus concordantes sépti-ma y octava, de la de 1? de Setiembre del mismo año, deter-minan el justo precio de la finca, y su avalúo, en caso de subasta, en diez y ocho mil pesos de la moneda entonces corriente; y deduciendo de todos estos antecedentes las con-sideraciones legales que estimó pertinentes á su derecho, concluyó pidiendo el abogado director del Sr. Wellemkamp, que habiéndole por personado en tiempo y forma en nombre de dicho señor, y teniendo por alegadas las excepciones de falta de personalidad en el representante del actor y en el demandado, y por contestada la demanda, se sirviera él Tribunal, al entrar en el juicio, declarar con lugar aquéllas, y en definitiva absolverle de ésta, imponiendo al actor per-petuo silencio y todas las costas.
Resultando: que recibido el pleito á pruebas y admitidas las propuestas por las partes, entre ellas las de documentos, testigos y presunciones, se trajeron y agregaron á los autos el expediente original del juicio verbal civil, seguido en el Juzgado Municipal de Ponce por Doña Belén Esbrí y Rou-bert contra la Sucesión de Don Juan Serrallés, en cobro de veinte y nueve pesos doce centavos, por intereses de un trimestre de los mil ciento sesenta y cinco pesos del crédito hipotecario que le correspondía sobre la participación de la Hacienda ‘‘Ursula”, que le había vendido al difunto Serra-llés, el esposo de la demante Don José Nicolás de Cartagena y Mangual, y las dos escrituras de 1? de Septiembre y 6 de Octubre de 1894, origen del crédito hipotecario de referencia.
Resultando: que abierto el juicio oral y desestimadas las excepciones dilatorias opuestas por la representación de Don Eduardo Wellemkamp, sobre falta de personalidad en el re-presentante del actor y del mismo demandado, por no tener el carácter con que se le demandaba, contra cuyas resolucio-nes protestó el abogado defensor del Sr. Wellemkamp y así se consignó, á los efectos del recurso de casación, continuó el juicio'respecto á la cuestión principal, recibiéndose las decía- raciones de los testigos Don Guillermo Schuk, Don Francisco Paraccini y Don Antonio Catinchi, los dos primeros, comer-ciantes, y el último, agente de negocios, y todos mayores de edad; de los cuales el primero declaró á preguntas del abo-gado defensor del Sr. Wellemkamp, que sabía que las opera-ciones realizadas en el comercio con documentos parecidos al que motivaba este asunto, se habían hecho todas por la equi-valencia ; y á preguntas del abogado contrarió, que ignoraba en qué forma se hubieran hecho las operaciones en docu-mentos en que se consignara la cláusula que se discutía en el presente caso; el segundo, que las operaciones en el comercio se habían hecho por la equivalencia, y que los documentos que tenía el declarante no contenían la cláusula citada; y el tercero, que en los documentos en que había intervenido, con cláusulas parecidas á la que se discutía, aunque no tan con-cretas, se habían realizado las operaciones por la equiva-lencia.
Resultando: que terminado el juicio oral, dictó sentencia, por mayoría de votos, el Tribunal del Distrito de Ponce, en 17 de Septiembre del año próximo pasado, por la que, decla-rándose con lugar la demanda, se declaró también que la Sucesión de Don Juan Serrallés y Colón estaba obligada á pagar á Doña Belén Esbrí y Roubert, viuda de Don Nicolás Cartagena y Mangual, la renta vencida hasta la fecha, pro-cedente del contrato de compra-venta celebrado entre Carta-gena y Serrallés, en 6 de Octubre de 1894, en moneda ame-ricana, que era la circulante en el comercio de esta Isla; y que en su oportunidad, las réntas que habían de'vencer, así como la parte de los plazos que le correspondían por virtud del mismo contrato, vencederos en los años de 1902 y 1903, y que le fueron adjudicados en la divisoria de los bienes dejados por su citado esposo Sr. Cartagena, se pagarán en la moneda corriente en el comercio, sea cual fuere el cuño de la moneda que con tal carácter circule, ó esté aceptada en esta. Isla, á razón de cien centavos de la moneda circulante, por cada un peso; condenándose, además, á la Sucesión deman- dada al pago de los intereses de las rentas vencidas y no satisfechas, y al de las costas.
Resultando: que pedida aclaración de esta sentencia por el Abogado defensor de Don Eduardo Wellemkamp, para que se determinara si la obligación declarada en aquélla, era la de pagar peso americano por peso prpvincial ó mejicano, ó si era la de pagar en la primera de dichas menedas, con el descuento oficial; y declarado por el Tribunal, por auto de 13 de Noviembre del mismo año, no haber lugar á la aclara-ción que se solicitaba, toda vez que la sentencia dictada expresaba claramente que la Sucesión Serrallés había de ■pagar á Doña Belén Esbrí las rentas é intereses vencidos y por vencer, en pesos americanos, sin descuento de ninguna especie, respecto á la moneda anterior circulante cuando se había otorgado el contrato, se interpuso por la representación de Don Eduardo Wellemkamp, contra la expresada sen-tencia, recurso de casación por quebrantamiento de forma, y simultáneamente por infracción de ley, que le fué admitido; y elevados los autos á este Tribunal Supremo, con citación y ■emplazamiento de las partes, comparecidas éstas, se entre-garon los autos al Abogado defensor del recurrente, quien los devolvió desistiendo del recurso de quebrantamiento de forma, y formalizando el de infracción de ley, como com-prendido en los números 1 y 7 del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y alegando como fundamentos del mismo, los siguientes:
I. Infracción de los artículos 1091, 1256 y 1258 del Código Civil. El contexto literal de las cláusulas segunda y tercera respectivamente, de las escrituras de 1? de Septiembre y 6 de Octubre de 1894, demuestra hasta la suma evidencia que la voluntad de los contratantes Señores Cartagena y Serrallés, fué fijar al condominio vendido por el primero al segundo, el precio de diez y ocho mil pesos,'de la moneda corriente en el país en la fecha del contrato. Esta fué la base capital del contrato. Abocado como se hallaba entonces el canje de la moneda mejicana por la especial, era lógico se previese en el mismo contrato, el quebranto del cinco por ciento que había de sufrir la primera. En su consecuencia se estipuló lo preciso para que no dismi-nuyese el importe del precio, que debía ser necesariamente el de diez y ocho mil pesos de la moneda comercial corriente en Septiembre de 1894, pero nunca ménos, como tampoco más cantidad. La sentencia pues, infringe los artículos 1091, 1256 y 1258 del Código Civil, que determinan el estricto alcance de las obligaciones y contratos, con arreglo á los términos fijados por los contratantes.
II. Infracción de los artículos 1445, 1449 y 1500 del Código Civil. Uno de los requisitos esenciales para la existencia del contrato de compra-ventapes el de que el precio sea cierto ; cuyo señalamiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, siendo la obligación del comprador pagar el que se haya convenido, como así lo previenen los artículos de que se deja hecho mérito.
La sentencia recurrida altera sustancialmente el valor de la cosa vendida, atribuyéndole un precio que excede en más dé la tercera parte del justo valor de diez y ocho mil pesos de la moneda circulante entonces en la Isla y que fué el convenido por el comprador y el vendedor, pues el peso comercial de aquella época tiene un valor igual, calculados sus cien centavos, á sesenta centavos de la moneda americana hoy circulante. De suerte que, siendo el valor real intrínseco, el comercial y aún el legal de los diez y ocho mil pesos de moneda de Puerto Rico, tan sólo en su equivalente de oro americano, el de diez mil ochocientos dollars, el fallo del Tribunal de Ponce lo aumenta caprichosamente en siete mil doscientos dollars más, con gravísimo perjuicio del comprador y con infracción de los preceptos legales que determinan la. certeza del precio en el contrato de compra-venta.
III. Infracción de la Sección 111 de la “ Ley Orgánica para proveer temporalmente de rentas y un Gobierno Civil á la Isla de Puerto Rico y para otros fines ”, votada y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 12 de Abril de 1900.
Dicha Sección 111 dispone de un modo absoluto é imperativo, “que todas las deudas pendientes al empezar á regir dicha ley, serán pagaderas en la moneda de Puerto Rico, actualmente en circulación, ó en moneda de los Estados Unidos al tipo de sesenta centavos moneda acuñada de los Estados Unidos por cada peso de cuño puertorriqueño.” Resulta, pues, evidente, la infracción de dicha ley por el fallo del Tribunal de Ponce.
IV. Infracción de los artículos, 1281, 1283, 1284 y 1289 del Código Civil, que se refieren á la interpretación de los contratos. El Tribunal de Ponce, apartándose de los términos claros del contrato de compra-venta, del que resulta haberse fijado el precio de la cosa vendida en diez y ocho mil pesos de la moneda comercial corriente en Puerto Rico en Septiembre y Octubre de 1894, entra á juzgar la intención de los contratantes, infrin-giendo así el artículo 1281 del Código Civil. La sentencia infringe además el artículo 1283 del mismo Código, porque el criterio de interpretación que la informa establece circunstancias del contrato, distintas á las que los contra- - tantes se propusieron estipular y estipularon. Infringe también el artículo 1284, porque nada más inadecuado como suponer que Don Juan Serrallés y Colón se propusiera contraer la obligación de satisfacer por la cosa comprada, un precio muchísimo mayor que el que en realidad reconoció á aquélla. Infringe asimismo el artículo 1289, porque nada más opuesto á la recipro-cidad de intereses de ambos contratantes, como aumentar, en beneficio del vendedor, el precio de la cosa vendida, en siete mil, doscientos dollars, mientras que la cosa objeto del contrato no ha recibido mejora alguna que justifique ese criterio de interpretación.
V. Infracción, por aplicación indebida, de los artículos 1116,1125, 1261, 1278 y 1285 del Código Civil.
El artículo 1116 está mal citado é indebidamente aplicado al fallo de que se trata, porque se refiere á condiciones imposibles, que no existen en el contrato.
El 1125 lo está también, porque.se refiere al día cierto en que son exigibles las obligaciones, y en este caso no existe mora en el pago de la cantidad justamente estipulada como precio.
El 1261 lo está igualmente, porque supone la sentencia que la obligación contraída por Don Juan Serrallés le constriñe á pagar cien centavos de moneda de cuño americano por cien centavos de moneda de Puerto Eico.
El 1278 lo está así mismo, por iguales razones que el 1261. Y el 1285 ha sido también mal aplicado porque si, como en él se previene, las cláusulas de un contrato deben interpretarse las unas por las otras, es grave error resolver que diez y ocho mil pesos de la moneda puertorriqueña, deben pagarse por diez y ocho mil pesos de moneda de los Estados Unidos, que equivalen á treinta mil pesos de la moneda en que se estipuló el precio; sobre todo, cuando en las mismas cláusulas de ambas escrituras de 1? de Septiem-bre y 6 de Octubre de 1894, se estipula que el precio de la compra-venta es el de diez y ocho mil pesos de la moneda puertorriqueña; y
VI. Los precedentes errores de derecho han originado el error en la apreciación de los documentos que en concepto de prueba fueron presentados por las partes, procediéndose á considerarlos, prescindiendo de la legalidad vigente en el punto controvertido, cual es la establecida por- la Ley Orgánica de 12 de Abril de 1900.
Resultando: que sustanciado el recurso por todos sus trá-mites, se señaló día para la vista, á cuyo acto concurrieron los abogados defensores de las partes, quienes sostuvieron sus respectivas (Conclusiones.
Abogado del recurrente: Sr. Guzmán Benitez (José)
Abogado del recurrido: Sr. Diaz Navarro.

Opinion:
El Juez Presidente Sr. Quiñones,
después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal:
Considerando: que con arreglo al art. 1727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su número 9?, el recurso de casa-ción por infracción de ley no es admisible cuando se interpone contra la apreciación de las pruebas, hecha por la Sala sentenciadora, á ménos que el caso esté compren-dido en el número 7? del artículo 1690 de la misma Ley; es decir, cuando en la apreciación de-las piuebas haya incurrido -la Sala sentenciadora en algún error de hecho ó de derecho, en cuyo caso, según la Jurisprudencia es-tablecida por el Tribunal Supremo de España, y constan-temente seguida por este Tribunal, es indispensable que en el escrito interponiendo el recurso se exprese claramente si el error cometido por la Sala es de hecho ó de derecho, expresando en el primer caso, el acto ó documento auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador; y en el segundo, la .ley ó doctrina legal relativa al valor de las prue-bas, que haya sido infringida; sin cuyo requisito no puede entenderse bien planteado el problema jurídico que se somete á la resolución del Tribunal y no'procede admitir el recurso.
Considerando: que no habiendo sido impugnada la apre-ciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora en la forma que la Ley requiere, puesto que si bien en el sexto y último motivo del recurso se manifiesta que se había incu-rrido en error en la apreciación de los documentos que en concepto de prueba fueron presentados por las partes, pro-cediéndose á considerarlos, prescindiendo de la legalidad vi-gente en el punto controvertido, cual era la establecida por la Ley Orgánica de 12 de Abril de 1900, ni se expresa qué clase de error es el cometido por el Tribunal sentenciador, ni aunque se admita que fuera el de derecho, no se cita la ley ó doctrina legal que haya sido infringida, relativa al valor de los medios de prueba, pues la Ley Orgánica de 12 de Abril de 1900, que como tal se menciona por el recu-rrente, es una ley sustantiva, que en nada se refiere al valor de las pruebas procesales, no procede admitir el recurso en cuanto se funda en el número 7? del Art. 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Considerando: que fijada por el Tribunal sentenciador la inteligencia de la cláusula 351 de la escritura de compra-venta de 6 de Octubre de 1894, en su sentido literal y en toda la extensión y generalidad de los términos en que apa-rece redactada, como expresión clara y explícita de la vo-luntad de las partes, al condenar, en su consecuencia, á la Sucesión de Don Juan Serrallés á su extricto cumplimiento, no infringe, antes al contrario, aplica rectamente los artícu-los 1091, 1256 y 1258 del Código Civil, que se citan como infringidos en el primer motivo del recurso, y que consa-gran la fuerza y eficacia de las obligaciones, y someten á las partes el cumplimiento de las mismas, con todas sus conse-cuencias; ni los artículos 1445, 1449 y 1500 del mismo Có-digo, que se citan en el segundo motivo, y que - requieren para la perfección del contrato de compra-venta, la estipula-ción de un precio cierto, que ha de ser pagado por el com-prador en el tiempo y lugar fijados por el contrato, requisito que ha sido cumplido al fijarse en el contrato de compra-venta de que se trata, como precio cierto de la venta hecha por Don José Nicolás de Cartagena á Don Juan Serrallés y Colón, del condominio que-le correspondía á él y á sus hijos menores de edad, sobre la Hacienda "Ursula", en la suma de diez y ocho mil pesos, de la moneda corriente en el co-mercio á la fecha de la celebración del contrato, y que no puede estimarse desvirtuado por la condición establecida, y mutuamente aceptada por las partes, para, regular el pago de los plazos pendientes, en relación al valor de la moneda circulante á sus respectivos vencimientos, que no por ser de naturaleza aleatoria, deja de ser perfectamente lícita y ad-misible en el contrato de compra-venta, con arreglo á las prescripciones de los artículos 1115 y 1255 del mismo Código.
Considerando: en cuanto á la Sección ID de la Ley Orgánica de .12 de Abril de 1900, que también se supone infringida por la sentencia en el tercer motivo del recurso, que si bien dicha sección dispone que todas las deudas pen-dientes al empezar á regir la expresada Lejr, serían paga-deras en la moneda de Puerto Rico que circulaba en aquella fecha; ó en moneda de los Estados Unidos, al tipo'del cambio establecido, ó sea á razón de sesenta centavos mo-neda acuñada de los Estados Unidos, .por peso de cuño puertorriqueño, esta disposición debe entenderse sin perjui-ció de los derechos adquiridos por virtud de contratos ante-riores, en que las' partes hubieren convenido una manera distinta de realizar el pago de sus obligaciones, en relación á los cambios que pudieran operarse en el valor de la mone-da, y bajo el amparo de las leyes que los regulaban y regían á la fecha en que fueron celebrados; pues siendo un princi-pio de derecho inconcuso y proclamado tanto por la legisla-ción Americana, como por la vigente en esta Isla, que las leyes no tienen efecto retroactivo, no ha podido ser el ánimo del Congreso de los Estados Unidos derogar esos contratos, que á mayor abundamiento, amparaba también el artículo 8 del Tratado de París; y por consiguiente, al condenarse por la sentencia recurrida á la Sucesión Serrallés al pago de las cantidades que le reclama la demandante Doña Belén Esbrí, en la forma que determina la cláusula 3a de la escritura de 6 de Octubre de 1894, no ha infringido la citada disposición legal, y tampoco procede admitirse el recurso por ese otro motivo.
Considerando: que tampoco infringe la sentencia las reglas de interpretación de los contratos, contenidas en los artículos 1281, 1283, 1284 y 1289 del Código Civil, porque siendo claros los términos en que aparece redactada lá cláusula 3a del contrato de compra-venta de 6 de Octubre de 1894, y no ofreciendo duda sobre la intención de las partes contra-tantes, el Tribunal de Ponce se ha limitado á aplicarla An su sentido literal, precisamente como lo ordena el primero de los artículos citados; no habiendo sido tampoco infrin-gido el segundo, ó sea el 1283, porque si el Tribunal senten-ciador ha estimado, en vista de los documentos y demás pruebas practicadas, y contra cuya apreciación no se ha demostrado en la forma legal correspondiente que hubiera incurrido en error, que la voluntad de las partes contratan-tes, al otorgar el contrato de compra-venta de 6 de Octubre de 1894, fuó tal y como resulta clara y terminantemente expresada en las cláusulas del referido contrato, al conde-nar á la Sucesión Serrallés al estricto cumplimiento de lo convenido en la cláusula 3? de la escritura de aquella fecha, con toda la generalidad de los términos en que aparece redactada, y sin limitación de casos, no ha infringido el artículo 1283 del Código Civil, como supone la parte recu-rrente, á diferencia de lo ocurrido en el caso de Doña Josefa Cayol y Juliá y la Sociedad Agrícola Balseiro y Georgetti, fallado recientemente por este Tribunal Supremo y en el que, ni las partes habían hecho constar su voluntad de manera tan clara y explícita como en el caso presente, ni el caso podía ofrecer dificultad, cuando la misma parte deman-dante había reconocido en la demanda, y resultaba pro-bado en el pleito, que la cláusula de la escritura de cuya aplicación se trataba, y en la que fundaba sus pretensiones para pedir que los compradores Balseiro y Georgetti le pagaran los intereses de la parte del precio aplazado en la moneda americana circulante, sin el descuento fijado por el Gobierno de los Estados Unidos sobre la extinguida moneda del país, la habían establecido las partes en contem-plación al canje de la moneda mejicana, que ya se había anunciado por el Gobierno Español á la fecha de la celebra-ción del contrato, por cuya razón hubo este Tribunal Supremo de desestimar el recurso de casación interpuesto por la demandante Doña Josefa Cayol, contra la sentencia pronun-ciada por el Tribunal de Distrito de Arecibo, que desestimó las pretensiones de dicha parte, fundado precisamente en ese mismo artículo 1283 del Código Civil, de cuya aplica-ción se trata en el presente recurso.
Considerando: que tampoco infringe la sentencia las otras reglas de interpretación á que se refieren los artículos 1284 y 1289 del Código Civil, puesto que si por la cláusula 3^ de la escritura de 6 de Octubre de 1894 se obligó el comprador Don Juan Serrallés á pagar los plazos estipulados, á razón de cien centavos de la moneda circulante, cualquiera que fuere su cuño, por cada un peso de la moneda mejicana, nada más lógico, ni más adecuado, para el cumplimiento del contrato, que la Sucesión Serrallés pague hoy las rentas vencidas á los causahabientes del vendedor Don José Ni-colás de Cartagena, á razón de cien centavos de la moneda americana, que es la circulante, por cada un peso de la moneda mejicana; y los plazos y las rentas que están por vencer, en la moneda que circule á su vencimiento, en la misma proporción establecida; en estricto cumplimiento del contrato, que es la ley entre los contratantes, y que siendo igual para todos, no quebranta la reciprocidad de intereses que debe existir entre ambas partes.
Considerando : que no son de estimarse las infracciones de leyes citadas con más ó ménos oportunidad en la sentencia, pero que no sirven de fundamento á la parte dispositiva del • fallo, en cuyo caso se encuentran los artículos del Código Civil que se citan en el 5? motivo del recurso.
Considerando: por todo lo expuesto, que no procede esti-marse el recurso por ninguno de los motivos que se alegan, únicos que puede considerar este Tribunal, con arreglo á los ' preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Orden General N? 118, que regulan el ejercicio del recurso extraor-dinario de casación contra las sentencias definitivas pronun-ciadas por los Tribunales de Distrito en única instancia, y en juicio oral y público, en los asuntos civiles.
Fallamos: que debemos declarar y declaramos, no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el representante de la Sucesión de Don Juan Serrallés y Colón, contra la expresada sentencia del Tribunal de Distrito de Ponce, con las costas al recurrente.
Jueces concurrentes: Sres. Hernández y Figueras.
Jueces disidentes: Sres. Sulzbacher y MacLeary.