Document ID: 31986R4057

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EUR-Lex - 31986R4057 - ES
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31986R4057
Reglamento (CEE) nº 4057/86 del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativo a las prácticas de tarifas desleales en los transportes marítimos
Diario Oficial n° L 378 de 31/12/1986 p. 0014 - 0020
REGLAMENTO (CEE) Ng 4057/86 DEL  CONSEJOde 22 de diciembre de 1986relativo a las prácticas de tarifas desleales en los transportes  marítimosEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el apartado 2 de  su artículo 84, Visto el proyecto de Reglamento presentado por la Comisión, Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), Considerando que diversos factores, en particular la experiencia de la práctica del sistema de  información instaurado por la Decisión N° 78/774/CEE del Consejo (3) dan pie para que se piense que  determinadas prácticas desleales de las compañías de terceros países obstaculizan la libre  circulación de las flotas de los Estados miembros en el tráfico de línea internacional; Considerando que la estructura del sector de los transportes marítimos en la Comunidad es tal que  es adecuado que las disposiciones del presente Reglamento se apliquen también a los nacionales de  los Estados miembros establecidos fuera de la Comunidad o a las compañías de transporte marítimo  establecidas fuera de la Comunidad y controladas por nacionales de los Estados miembros, si sus  barcos están registrados en un Estado miembro de acuerdo con su legislación. Considerando que estas prácticas desleales consisten en la aplicación regular al transporte de  determinadas categorías de mercancías, de tarifas de flete inferiores a las tarifas más bajas que  las que practican, para las mismas mercancías, los armadores establecidos, representativos de las  compañías no miembros de la conferencia correspondiente; Considerando que las posibilidades de existencia de estas prácticas de tarifas provienen de las  ventajas no comerciales que concede un Estado que no es miembro de la Comunidad; Considerando que la Comunidad debería poder defenderse contra tales prácticas de tarifas; Considerando que no existen normas internacionales reconocidas que definan en qué consiste un  precio desleal en el ámbito de los transportes marítimos; Considerando que, para establecer la existencia de prácticas de establecimiento de tarifas  desleales, conviene prever un método de cálculo apropiado que no se base ni en la tarifa de la  conferencia, ni únicamente en la tarifa de flete más baja para un transporte comparable; Considerando que, para calcular la «tarifa de flete normal» hay que tener en cuenta, al  contrario, las tarifas de flete que practiquen efectivamente compañías establecidas y  representativas, es decir, comparables, que operen en el marco o fuera de las conferencias y que no  se beneficien de ventajas extra comerciales; Considerando que conviene definir los factores que pueden ser útiles para la determinación de un  perjuicio; Considerando que es necesario establecer procedimientos con vistas a permitir a quien actúe en  nombre del sector de los transportes marítimos de la Comunidad que se consideren perjudicados o  amenazados por prácticas de establecimiento de tarifas desleales, formular una queja; que parece  apropiado precisar que, en caso de retirada de la queja, el procedimiento podrá cerrarse, pero que  no debe serlo necesariamente; Considerando que convendría instaurar una cooperación entre Estados miembros y la Comisión, tanto  en lo que se refiere a las informaciones relativas de la existencia de prácticas de tarifas  desleales y del perjuicio que de ello se deriva, como en lo que se refiere al posterior examen de  la cuestión a nivel comunitario; que, a tal efecto, deberían celebrarse consultas en el seno de un  comité consultivo; Considerando que conviene definir claramente las reglas de procedimiento que se deben seguir  durante la investigación, en particular los derechos y las obligaciones de las autoridades  comunitarias y de las partes afectadas, y las condiciones en que las partes afectadas pueden  acceder a las informaciones y pueden solicitar que se les informe de los principales hechos y  consideraciones en base a los que se prevea recomendar medidas definitivas; Considerando que es necesario que el proceso de decisión de la Comunidad permita una acción rápida  y eficaz, en particular por medio de medidas que adopte la Comisión tales como la imposición de  derechos provisionales; Considerando que, con el fin de desanimar la práctica de tarifas desleales, sin, no obstante,  obstaculizar, restringir o viciar a la competencia en materia de precios de líneas fuera de las  conferencias siempre que estén trabajando sobre una base comercial y leal, conviene prever, en los  casos en que los hechos probados demuestren que existen prácticas de tarifas desleales y  perjuicios, aunque no se hubiere decidido la posibilidad de imponer derechos correctores por  razones específicas; Considerando que resulta esencial fijar reglas comunes de aplicación de derechos correctores, a fin  de garantizar su percepción exacta y uniforme; que, dada la naturaleza de estos derechos, estas  reglas pueden diferir de las reglas de percepción de los derechos que son normalmente exigibles en  la importación; Considerando que conviene prever procedimientos abiertos y equitativos para volver a examinar  medidas adoptadas paravolver a abrir la investigación cuando las circunstancias lo exijan; Considerando que deberían establecerse procedimientos apropiados para examinar las solicitudes de  restitución de derechos correctores, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1ObjetivoEl presente Reglamento establece el procedimiento que deberá  seguirse con miras a enfrentarse a las prácticas de tarifas desleales de determinados armadores  nacionales de terceros países que cubren el servicio de líneas internacionales que perturban  gravemente la estructura del tráfico de una línea que cubra puertos de la Comunidad y, de esta  manera cause o pueda causar un perjuicio importante a los armadores de la Comunidad que operen en  esta línea y a los intereses de ésta. Artículo 2Para hacer frente a las prácticas de tarifas desleales contempladas en el artículo 1  que causen un importante perjuicio, la Comunidad podrá imponer un derecho corrector. Una posibilidad de perjuicio importante podrá, únicamente, dar lugar a un examen tal como se  definen en el artí-culo 4. Artículo 3A los fines del presente Reglamento se entenderá por: a)«armadores nacionales de terceros países», las compa-ñías marítimas distintas de las que se  contemplan en la letra d); b)«prácticas de tarifas desleales», la oferta regular, para transporte de determinadas mercancías  o de cualquier mercancía en una línea que cubra puertos de la Comunidad, cuyas tarifas de flete que  sean inferiores a las tarifas normales practicadas durante un período, por lo menos de 6 meses,  cuando éstas tarifas inferiores sean posibles por beneficiarse el armador de que se trate de  ventajas no comerciales que se concedan por un Estado que no sea miembro de la Comunidad: c)«la tarifa de flete normal» se determinará, teniendo en cuenta: ii)la tarifa comparable que compañías establecidas y representativas que no se beneficien de las  ventajascitadas en la letra b), practiquen en condiciones normales de transporte marítimo en el  caso de idéntico servicio en la misma línea o en una línea comparable; ii)o de forma distinta a la tarifa reconstituida, que se determina en función de los costes que  deben soportar compañías que no se beneficien de las ventajascontempladas en la letra b), así como  de un margen de beneficio razonable. Este coste se calculará de acuerdo con el conjunto de gastos,  tanto fijos como variables, con que se corra en condiciones normales de transporte marítimo al que  se añadirá una cuantía razonable para tener en cuenta los gastos generales; d)«armadores de la Comunidad»: - todas las compañías marítimas establecidas en un Estado miembro de la Comunidad con arreglo al  Tratado; - los nacionales de los Estados miembros establecidos fuera de la Comunidad y las compañías  marítimas establecidas fuera de la Comunidad y controladas por un Estado miembro, en caso de que  sus embarcaciones estén matriculadas en un Estado miembro de conformidad con su legislación. Artículo 4Examen del perjuicio1.  El examen del perjuicio deberá incluir los factores  siguientes: a)  las tarifas de flete que ofrezcan los competidores de los armadores de los Estados miembros  para la línea de que se trate, con miras, en particular, a determinar si han sido notablemente  inferiores a las tarifas de flete normal que ofrecen los armadores de los Estados miembros,  teniendo en cuenta el nivel de servicio ofrecido por todas compañías interesadas; b)  el efecto que ejercen los factores citados anteriormente sobre los armadores de la Comunidad  tal como se desprende de las tendencias de determinados índices económicos como: - servicios de comunicación- utilización de las capacidades- fletamento- cuota de mercado-  tarifas de flete (es decir disminución de precios u obstaculización de las alzas de precios que  normalmente se habrían producido)- beneficios- rentabilidad de capitales- inversiones- empleo. 2.  Cuando se alegue posibilidad de perjuicio, la Comisión podrá examinar, igualmente, si se puede  prever claramente que una situación especial puede transformarse en perjuicio real. A este  respecto, podrán igualmente tenerse en cuenta factores como: a)  el aumento de tonelaje que se haya puesto en servicio en la línea en la que se ejerza la  competencia con armadores de la Comunidad; b)  la capacidad disponible en este momento o que vaya a estar disponible en un futuro que se pueda  prever, en elpaís de los armadores extranjeros y la medida en que el tonelaje que resulte de esta  capacidad pueda destinarse a la línea que se cita en la letra a). 3.  N° deberán atribuirse a las prácticas de que se trata, perjuicios causados por otros factores  que, de forma individual o conjunta, ejerzan igualmente una influencia desfavorable sobre armadores  de la Comunidad. Artículo 5Queja1.  Toda persona física o jurídica así como toda asociación que no posea  personalidad jurídica y que actúe en nombre del sector de los transportes marítimos de la  Comunidad, que se consideren perjudicados o en peligro de serlo por prácticas de tarifas desleales  podrán presentar una queja escrita. 2.  La queja deberá contener elementos que constituyan pruebas suficientes de la existencia de las  prácticas de tarifas desleales y del perjuicio que de ellas resulte. 3.  La queja podrá dirigirse a la Comisión o a un Estado miembro que la transmita a la Comisión. La  Comisión enviará copia de toda queja que se le dirija a los Estados miembros. 4.  Se podrá retirar la queja, en cuyo caso el procedimiento quedará cerrado, a menos que este  cierre vaya en contra del interés de la Comunidad. 5.  Cuando resulte, después de consultar, que la queja no consta de elementos de prueba suficientes  para justificar la apertura de una inspección, se informará al demandante. 6.  Cuando, en ausencia de queja, un Estado miembro tenga elementos de prueba suficientes,  relativos a la vez a prácticas de tarifas desleales y a un perjuicio que de ellos resulte a  armadores de la Comunidad, lo comunicará inmediatamente a la Comunidad. Artículo 6Consultas1.  Las consultas previstas por el presente Reglamento se realizarán en el  seno de un comité consultivo compuesto por representantes de cada Estado miembro y presidido por un  representante de la Comisión. A instancia de un Estado miembro o a iniciativa de la Comisión se  procederá a consultas inmediatamente. 2.  El Comité se reunirá previa convocatoria de su Presidente. Este comunicará a los Estados  miembros, a la mayor brevedad posible, todos los elementos de información que sean útiles. 3.  En caso de necesidad, las consultas podrán desarrollarse únicamente por escrito; en este caso,  la Comisióninformará a los Estados miembros y les concederá un plazo durante el cual podrán  expresar su opinión o solicitar una consulta oral. 4.  Las consultas se referirán, en particular a: a)  la existencia y la amplitud de las prácticas de tarifas desleales; b)  la existencia y la importancia del perjuicio; c)  el lazo de causalidad entre las prácticas de tarifas desleales y el perjuicio; d)  las medidas que, teniendo en cuenta las circunstancias, sean apropiadas para prevenir o reparar  el perjuicio causado por prácticas de tarifas desleales así como las modalidades de aplicación de  estas medidas. Artículo 7Apertura y desarrollo de la investigación1.  Cuando, a consecuencia de las consultas,  resulte que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un  procedimiento, la Comisión deberá, inmediatamente: a)anunciar la apertura de un procedimiento en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; este  anuncio indicará el nombre y el país de origen del armador extranjero de que se trate,  proporcionará un resumen de las informaciones que se hayan recibido, y precisará que toda  información útil deberá comunicarse a la Comisión; fijará el plazo en el que las partes interesadas  podrán comunicar su punto de vista por escrito y solicitar que la Comisión las escuche de forma  verbal, de conformidad con el apartado 5; b)comunicarla, de forma oficial, a los armadores, cargadores y agentes afectados, así como a los  demandantes; c)iniciar la inspección al nivel comunitario, en cooperación con los Estados miembros: esta  inspección se hará al mismo tiempo, sobre las prácticas de tarifas desleales y el perjuicio que de  ello resulte y se conducirá de conformidad con los párrafos 2 a 8; la investigación sobre las  prácticas de tarifas desleales cubrirá normalmente un período de una duración mínima de seis meses,  inmediatamente anterior a la apertura del procedimiento. 2. a)La Comisión recabará, en su caso, cualquier información que estime necesaria y se esforzará por  controlar su exactitud ante armadores, agentes, cargadores, comisionarios, conferencias,  asociaciones y demás organizaciones, si las empresas u organizaciones así lo autorizaren. b)En caso de necesidad, la Comisión procederá, previa consulta, a investigaciones en los terceros  países siempre que tenga el acuerdo de las empresas afectadas, y en ausencia de oposición por parte  del Gobierno del país afectado al que se habrá avisado de formaoficial. La Comisión estará  asistida por los agentes de aquellos Estados miembros que hayan manifestado su deseo de hacerlo. 3. a)La Comisión podrá solicitar a los Estados miembros: - que le proporcionen datos; - efectuar todas las verificaciones e inspecciones necesarias, en particular ante los cargadores,  comisionistas, armadores de la Comunidad y sus agentes; - efectuar inspecciones en terceros países, siempre que cuente con el acuerdo de las empresas  afectadas y en ausencia de oposición por parte del Gobierno del país afectado, que habrá sido  avisado oficialmente. b)Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para atender las solicitudes  de la Comisión. Le comunicarán los datos solicitados así como el resultado del conjunto de las  verificaciones, controles o inspecciones realizadas. c)Cuando estos datos sean de interés general o cuando un Estado miembro solicite su transmisión,  la Comisión los remitirá a los Estados miembros, siempre que no tengan un carácter confidencial, en  cuyo caso transmitirá un resumen no confidencial de ellos. d)A instancia de la Comisión o de un Estado miembro, agentes de la Comisión podrán asistir a los  agentes de los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones. 4. a)El demandante, los cargadores y los armadores manifiestamente afectados podrán tener  conocimiento de todos los datos que toda parte afectada por el procedimiento suministre a la  Comisión, a excepción de los documentos internos que establezcan las autoridades de la Comunidad o  de sus Estados miembros, con tal que estos datos sean pertinentes para la defensa de sus intereses,  que no sean confidenciales de acuerdo con el artículo 8 y que la Comisión los utilice en la  inspección. Las personas afectadas dirigirán a tal efecto una solicitud escrita a la Comisión  indicando los datos que se solicitan. b)Los armadores que sean objeto de la investigación y el demandante podrán solicitar que se les  informe de los principales hechos y consideraciones sobre cuya base se prevea recomendar la  imposición de derechos correctores. c)iii)Las solicitudes de información que se presenten con arreglo a la letra b) deberán: - dirigirse por escrito a la Comisión; - especificar aquellos puntos particulares acerca de los que se pide información. iii)La información podrá darse o bien verbalmente o bien por escrito, en la forma en que la  Comisiónjuzgue apropiada. Esta información se entiende sin perjuicio de las decisiones  subsiguientes que pueda tomar el Consejo. Las informaciones confidenciales se tratarán de  conformidad con el artículo 8. iii)Normalmente, deberá darse la información por lo menos quince días antes de que la Comisión  transmita una propuesta de medida, de acuerdo con el artículo 11. Solamente se podrán tomar en  consideración las observaciones que se hagan después de que la información se haya dado, en el caso  de que se reciban dentro de un plazo que la Comisión fijará en cada caso teniendo debidamente en  cuenta la urgencia del asunto, pero que no será inferior a diez días. 5.  La Comisión podrá escuchar a las partes interesadas. Estas habrán de ser escuchadas cuando lo  hayan solicitado, por escrito, en el plazo fijado por el anuncio que se publique en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas, demostrando que son efectivamente partes interesadas que  pueden verse afectadas por el resultado del procedimiento y que existen razones particulares para  ser escuchadas verbalmente. 6.  Además, con el fin de permitir el contraste de las tesis y las posibles refutaciones, la  Comisón, previa petición, proporcionará a las partes directamente afectadas la ocasión de  encontrarse. Al facilitar esta ocasión, tendrá en cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter  confidencial de las informaciones, y la conveniencia de las partes. Ninguna de las partes estará  obligada a asistir a un encuentro y su ausencia no supondrá perjuicio alguno para su causa. 7.  a)  El presente artículo no impedirá a las autoridades del Consejo tomar decisiones  preliminares o aplicar, con prontitud, medidas. b)  Cuando una de las partes afectadas rechace el acceso a las informaciones necesarias o no las  proporcione en un plazo razonable u obstaculice, de forma significativa, la inspección, se podrá  llegar a conclusiones, positivas o negativas que se establezcan atendiendo a los datos  disponibles. 8.  La apertura de un procedimiento contra las prácticas de tarifas desleales no será obstáculo  para el despacho de aduanas de las mercancías a las que se hayan aplicado las tarifas de flete de  que se trate. 9.  a)  Se concluirá una investigación, o bien por su cierre, o bien por una medida con arreglo al  artículo 11. La conclusión deberá procederse, en circunstancias normales, en un plazo de un año  después de la apertura del procedimiento. b)  Un procedimiento se concluirá, o bien por el cierre de la investigación sin imposición de  derechos y sin aceptación de garantías, o bien debido a la expiración o a la derogación de estos  derechos, o bien cuando las garantías caduquen con arreglo a los artículos 14 o 15. Artículo 8Tratamiento confidencial1.  Las informaciones que se reciban en aplicación del presente  Reglamento solamente podrán utilizarse a los fines para los que se hayan solicitado. 2.  a)  El Consejo, la Comisión y los Estados miembros, así como sus agentes, no divulgarán las  informaciones que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento y para las que la parte que  las hubiere proporcionado hubiere solicitado un tratamien-to confidencial, sin autorización  explícita de esta última. b)  Cada solicitud de tratamiento confidencial indicará las razones por las que la información  habrá de ser confidencial y se acompañará de un resumen no confidencial de ésta o de un informe de  los motivos por los que la información no puede resumirse. 3.  Habitualmente se considerará confidencial una información si su divulgación pudiere tener  consecuencias desfavorables significativas para aquel que las hubiera proporcionado o que fuera la  fuente de esta información. 4.  N° obstante, cuando una solicitud de tratamiento confidencial resulte no estar justificada y si  aquel que hubiere proporcionado la información no quisiera hacerla pública o autorizar su  divulgación, en términos generales o en forma resumida, se podrá no tener en cuenta la información  en cuestión. Asimismo, cuando esta solicitud esté justificada, se podrá, igualmente, no tener en cuenta la  información si la parte que la hubiere suministrado no quisiera presentar un resumen no  confidencial de ella, y, siempre que se pudiere hacer un resumen de dicha información. 5.  El presente artículo no se opondrá a la divulgación, por parte de las autoridades comunitarias,  de informaciones generales y, en particular, de los motivos sobre los que se fundamenten las  decisiones que se adopten en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de elementos de  prueba sobre los que las autoridades comunitarias se apoyen en la medida en que sean necesarios  para la justificación de los argumentos durante los procedimientos judiciales. Esta divulgación  habrá de tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en que no se revelen sus  secretos profesionales. Artículo 9Cierre del procedimiento cuando no sean necesarias medidas de defensa1.  Cuando,  después de proceder a consultas, no parezca necesaria ninguna medida de defensa, y si no se hubiere  expresado ninguna objeción sobre esto en el seno del ComitéConsultivo que se cita en el apartado 1  del artículo 6, se cerrará el procedimiento. En cualquier otro caso, la Comisión someterá  inmediatamente al Consejo un informe sobre el resultado de las consultas, así como una propuesta de  cierre. El procedimiento se cerrará si, en el plazo de un mes, el Consejo, por mayoría cualificada,  no hubiere decidido de otro modo. 2.  La Comisión informará a las partes manifiestamente afectadas y anunciará el cierre en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas exponiendo sus conclusiones esenciales y presentando un resumen  de los motivos de éstas. Artículo 10Garantías1.  Cuando en el curso de una inspección se ofrezcan garantías, que la  Comisión, previa consulta, juzgue aceptables, la inspección podrá cerrarse sin imposición de  derechos correctores. Salvo en circunstancias excepcionales, no podrán ofrecerse garantías después de la expiración del  plazo fijado en virtud del inciso iii) de la letra c), del apartado 4 del artículo 7, para la  presentación de observaciones. El cierre se decidirá según el procedimiento definido en el apartado  1 del artículo 9 y se suministrarán informes, publicándose un anuncio con arreglo al apartado 2 del  artículo 9. 2.  Las garantías contempladas en el apartado 1 serán aquellas mediante las cuales se revisarán los  tipos en una medida que elimine, a satisfacción de la Comisión, las prácticas de tarifas desleales  con sus efectos perjudiciales. 3.  La Comisión podrá sugerir garantías, pero el examen del asunto no se verá afectado por la  ausencia de oferta de garantías o por no no haberse aceptado la invitación a suscribirlos. Sin  embargo, el hecho de proseguir las prácticas de tarifas desleales podrá considerarse como un índice  de que es más probable la materialización de un riesgo de perjuicio. 4.  Si fueran aceptadas las garantías se llevará, no obstante, la inspección sobre el perjuicio,  cuando la Comisión, previa consulta, lo decida o si presentaren una solicitud los armadores  afectados de la Comunidad. En tal caso, si la Comisión, previa consulta, dictaminare ausencia de  perjuicio, caducará el compromiso automáticamente. Sin embargo, cuando se dictamine, en ausencia de  riesgo de perjuicio, esencialmente en razón de la existencia de una garantía, la Comisión podrá reclamar el mantenimiento de la garantía. 5.  La Comisión podrá pedir a cualquier parte de la que se haya aceptado una garantía que  suministre periódicamente las informaciones útiles para el cumplimiento de tal garantía y que  permita la verificación de los datos con la misma relacionados. Se considerará una violación de la  garantía el hecho de no ajustarse a esta exigencia. Artículo 11Derechos correctoresCuando, a consecuencia de una inspección, se desprenda que existe  práctica de tarifas desleales; que, a consecuencia de ello se causa un perjuicio y que los  intereses de la Comunidad precisan de una acción comunitaria, la Comisión propondrá al Consejo,  tras haber efectuado la consulta prevista en el artículo 6, que se establezca un derecho corrector.  El Consejo se pronunciará, por mayoría cualificada, en un plazo de dos meses. Artículo 12Al decidir sobre los derechos correctores, el Consejo tendrá, asimismo, debidamente en  cuenta las consideraciones de política de comercio exterior así como los intereses portuarios y las  consideraciones de la política marítima de los Estados miembros interesados. Artículo 13Disposiciones generales en materia de derechos1.  Los derechos correctores se gravarán  a los armadores extranjeros interesados mediante Reglamento. 2.  Las liquidaciones indicarán, en particular, el importe y el tipo de derecho impuesto, la o  la(s) mercancía(s) transportada(s), el nombre y el país de origen del armador extranjero interesado  y los motivos sobre los que se basen. 3.  El importe de los derechos no deberá rebasar la diferencia entre la tarifa del flete  efectivamente practicada y la tarifa normal del flete contemplada en el apartado c) del artículo 3.  Deberá ser inferior a esta diferencia si un importe menos elevados es suficiente para poner fin al  perjuicio. 4.  a)  Los derechos no podrán imponerse ni aumentarse con efectos retroactivos y se aplicarán al  transporte de mercancías cargadas y descargadas en un puerto de la Comunidad después del  establecimiento de estos derechos. b)  Sin embargo, cuando el Consejo compruebe que una garantía ha sido quebrantada o retirada podrán  imponerse, a propuesta de la Comisión, los derechos correctores sobre el transporte de mercancías  cargadas y descargadas en un puerto de la Comunidad dentro de los noventa días que precedan a la  fecha de imposición de los derechos provisionales, sin perjuicio de la restricción de que en caso  de quebranto o retirada de una garantía, tales derechos no podrán aplicarse retroactivamente al  transporte de mercancías cargadas o descargadas en un puerto de la Comunidad antes de dicho  quebranto o retirada. Dichos derechos podrán ser calculados basándose en los hechos establecidos  antes de la aceptación de la garantía. 5.  Los derechos serán recaudados por los Estados miembros bajo la forma, con la tarifa y según los  demás criteriosfijados en el momento de su establecimiento, e independientemente de los derechos  de aduana, impuestos y otras cargas normalmente exigibles en el momento de la importación de las  mercancías transportadas. 6.  La autorización para cargar o descargar en un puerto de la Comunidad podrá subordinarse a la  constitución de una fianza igual al importe de los derechos. Artículo 14Nuevo examen1.  Las liquidaciones por las que se establezcan los derechos  compensatorios y las decisiones de aceptar los compromisos se volverán a examinar, íntegra o  parcialmente, en caso de necesidad. Se procederá a este nuevo examen, o bien a instancia de un  Estado miembro, o bien a iniciativa de la Comisión. Asimismo, un nuevo examen tendrá lugar a  petición de una parte interesada que presente los elementos de prueba de un cambio de  circunstancias suficiente para justificar la necesidad de este nuevo examen, siempre que haya  transcurrido por lo menos un año desde la terminación de la inspección. Estas peticiones serán  dirigidas a la Comisión, que informará a los Estados miembros. 2.  Cuando, previa consulta, se haga necesario un nuevo examen se abrirá de nuevo la inspección con  arreglo al artículo 7, si las circunstancias así lo exigieran. Esta reapertura no afectará por sí  misma las medidas en vigor. 3.  Cuando el nuevo examen, que se conducirá con o sin reapertura de la inspección, lo exija,  modificará las medidas, las derogará o las anulará la institución comunitaria competente para su  adopción. Artículo 151.  Sin perjuicio del apartado 2, los derechos compensatorios y los compromisos  caducarán después de un plazo de5 años a partir de la fecha en que hayan entrado en vigor o hayan  sido modificados en último lugar o confirmados. 2.  La Comisión procederá normalmente, previa consulta, en un plazo de seis meses antes de la  expiración de este plazo de cinco años, a la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades  Europeas de un aviso relativo a la próxima expiración de la medida de que se trate e informará a  los armadores de la Comunidad públicamente interesados. Este aviso fijará el plazo durante el cual  las partes interesadas podrán notificar por escrito su punto de vista y solicitar ser oídas  verbalmente por la Comisión, con arreglo al apartado 5 del artículo 7. Cuando una parte interesada demuestre que la expiración de la medida conduciría de nuevo a un  perjuicio o a un riesgo de perjuicio, la Comisión procederá a un nuevo examen de la medida de que  se trate. Esta permanecerá en vigor en espera del resultado de este nuevo examen. Cuando los derechos compensatorios y los compromisos caduquen en virtud del presente artículo, la  Comisión publicará un aviso a estos efectos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 16Reembolso1.  Cuando el armador interesado pueda demostrar que el derecho percibido  rebasa la diferencia entre la tarifa de flete practicada y la tarifa normal contemplada en el  apartado c) del artículo 3, el importe excedente se reembolsará. 2.  Para solicitar el reembolso contemplado en el apar-tado 1, el armador extranjero presentará  una solicitud ante la Comisión. Esta solicitud será presentada por el intermediario del Estado  miembro en el territorio en el que las mercancías transportadas hayan sido cargadas o descargadas,  y ello en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que el importe de los derechos  correctores que debían percibirse haya sido debidamente establecido por las autoridades  competentes. El Estado miembro remitirá a la Comisión, lo antes posible, la solicitud acompañada o no de un  dictamen sobre su ajuste a derecho. La Comisión informará inmediatamente a los demás Estados miembros y emitirá su dictamen al  respecto. Si los Estados miembros aprobaren el dictamen emitido por la Comisión o no formularen  objeciones a este respecto en el plazo de un mes, la Comisión podrá adoptar una decisión con  arreglo al dictamen anteriormente mencionado. En los demás casos, la Comisión decidirá previa  consulta si, y en qué medida, se deberá dar curso a la solicitud. Artículo 17Disposiciones finalesEl presente Reglamento no excluirá la aplicación de reglas  especiales previstas en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y los terceros países. Artículo 18Entrada en vigorEl presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 1987. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente  aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1986. Por el ConsejoEl PresidenteG. SHAW(1) DO N° C 255 de 15. 10. 1986, p. 169. (2) DO N° C 344 de 31. 12. 1985, p. 31. (3) DO N° L 258 de 21. 9. 1978, p. 35.

Summary:
Transporte marítimo: prestación de servicios, competencia, tarifas desleales y acceso al tráfico transoceánico
Transporte marítimo: prestación de servicios, competencia, tarifas desleales y acceso al tráfico transoceánico
SÍNTESIS DE LOS DOCUMENTOS:
Reglamento (CEE) n.o 4055/86 que aplica el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre países de la UE y países de fuera de la UE
Reglamento (CEE) n.o 4057/86 relativo a las prácticas de tarifas desleales en los transportes marítimos
Reglamento (CEE) n.o 4058/86 sobre una acción coordinada con objeto de salvaguardar el libre acceso al tráfico transoceánico
Reglamento (CE) n.o 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado
Reglamento (CE) n.o 246/2009 sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios)
Reglamento (CE) n.o 906/2009 sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios)
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTOS REGLAMENTOS?
              
Tienen por objeto organizar el transporte marítimo a tenor de los principios básicos de la legislación de la Unión Europea (UE) relativa a la prestación de servicios, la competencia y el libre acceso al mercado en el transporte marítimo.
PUNTOS CLAVE
Libre prestación de servicios
Reglamento (CEE) n.o 4055/86:
otorga a los nacionales de los países de la UE (y a los transportistas marítimos de fuera de la UE que utilicen buques matriculados en un país de la UE y controlados por nacionales de la UE) el derecho a transportar pasajeros o mercancías por mar entre cualquier puerto de un país de la UE y cualquier puerto o instalación costera de otro país de la UE o de un país no perteneciente a la UE;
exige que toda restricción nacional que reserve el transporte de mercancías a los buques que enarbolen el pabellón nacional se adapte o suprima progresivamente e impide la introducción de nuevas restricciones;
establece el procedimiento para los casos en los que las compañías navieras de los países de la UE no tienen la oportunidad efectiva de transportar mercancías con destino a un determinado país de fuera de la UE o en procedencia de este;
hace extensivos los beneficios del Reglamento a los nacionales de países de fuera de la UE establecidos en la UE.
El Reglamento n.o 3577/92/CEE se refiere específicamente a la libertad de prestar servicios en el transporte marítimo dentro de los países de la UE [«cabotaje marítimo»*].
Tarifas desleales en los transportes marítimos
Reglamento (CEE) n.o 4057/86:
autoriza a la UE a aplicar derechos correctores con el fin de proteger a los armadores de los países de la UE de prácticas de tarifas desleales por parte de armadores de fuera de la UE. Dichos derechos correctores pueden imponerse tras una investigación que demuestre que se ha causado perjuicio mediante tarifas desleales y que los intereses de la UE precisan de una acción;
en cuanto al examen del perjuicio, establece los factores o indicadores adecuados que deben tomarse en consideración, como una reducción de la cota de mercado o del beneficio del armador o el efecto sobre el empleo;
establece un procedimiento para las quejas, consultas e investigaciones posteriores.
Libre acceso al tráfico transoceánico
Reglamento (CEE) n.o 4058/86:
se aplica cuando la medida de un país de fuera de la UE o sus agentes limita el libre acceso al transporte de línea, a granel u otro tipo de carga, por las compañías navieras de países de la UE o de buques matriculados en un país de la UE (excepto cuando la medida se tome de conformidad con el Código de las conferencias marítimas de las Naciones Unidas);
prevé una acción coordinada de la UE tras la petición de un país de la UE a la Comisión Europea. Dicha acción puede incluir quejas por la vía diplomática a países de fuera de la UE y contramedidas dirigidas hacia las compañías de que se trate;
permite recurrir a acciones coordinadas similares a petición de otro país que pertenezca a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos con la que se ha celebrado un acuerdo de reciprocidad.
Normas sobre competencia
La normativa general de la UE sobre competencia que se establece en el Reglamento (CE) n.o 1/2003 también se aplica al sector del transporte marítimo de la UE. Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 246/2009 del Consejo, la Comisión puede aplicar excepciones a determinados tipos de cooperación entre compañías de transporte marítimo de línea* [consorcios *]. La Comisión adoptó, por consiguiente, el Reglamento (CE) n.o 906/2009, que prevé dichas excepciones y lo prorrogó hasta el 25 de abril de 2020 a través del Reglamento (UE) n.o 697/2014.
¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTÁN EN VIGOR LOS REGLAMENTOS?
El Reglamento (CEE) n.o 4055/86 del Consejo está en vigor desde el 1 de enero de 1987.
Los Reglamentos (CEE) n.o 4057/86 y 4058/86 del Consejo están en vigor desde el 1 de julio de 1987.
El Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo está en vigor desde el 1 de mayo de 2004.
Reglamento (CE) n.o 246/2009 del Consejo está en vigor desde el 14 de abril de 2009.
El Reglamento (CE) n.o 906/2009 de la Comisión está en vigor desde el 26 de abril de 2010.
ANTECEDENTES
              
Para obtener más información, véase:
Mercado interior: libre acceso al tráfico transoceánico en el sitio web de la Comisión Europea.
* TÉRMINOS CLAVE
              
Cabotaje: cuando una empresa que transporta mercancías, registrada en un país de la UE, realiza transportes nacionales en otro país de la UE.
Tráfico de línea: transporte regular de mercancías en una o varias rutas específicas entre distintos puertos, con horarios y fechas previamente anunciados y a los que puede acceder, a título oneroso, incluso de forma ocasional, todo usuario de transporte.
Consorcio: acuerdos (o serie de acuerdos) entre dos o más compañías navieras que prestan servicios internacionales regulares de línea para el transporte exclusivo de mercancías en una o varias rutas. Su finalidad es prestar un servicio de transporte marítimo conjunto mejor que el servicio que cada uno de los miembros podría prestar individualmente (es decir, sin el consorcio).
DOCUMENTOS PRINCIPALES
            
Reglamento (CEE) n.o 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros (DO L 378 de 31.12.1986, pp. 1-3)
Las modificaciones sucesivas del Reglamento (CEE) n.o 4055/86 se han incorporado al documento original. Esta versión consolidada solo tiene valor documental.
Reglamento (CEE) n.o 4057/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a las prácticas de tarifas desleales en los transportes marítimos (DO L 378 de 31.12.1986, p. 14-20)
Reglamento (CEE) n.o 4058/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, sobre una acción coordinada con objeto de salvaguardar el libre acceso al tráfico transoceánico (DO L 378 de 31.12.1986, pp. 21-23)
Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, pp. 1-25)
Véase la versión consolidada.
Reglamento (CE) n.o 246/2009 de 26 de febrero de 2009, sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea (consorcios) (Versión codificada) (DO L 79 de 25.3.2009, pp. 1-4)
Reglamento (CE) n.o 906/2009 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2009,sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios) (DO L 256 de 29.9.2009, pp. 31-34)
Véase la versión consolidada.
última actualización 17.10.2016