Document ID: 31994L0022

Reference:
EUR-Lex - 31994L0022 - ES
Avis juridique important
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31994L0022
Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos
Diario Oficial n° L 164 de 30/06/1994 p. 0003 - 0008 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 4 p. 0237  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 4 p. 0237
DIRECTIVA 94/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL  CONSEJOde 30 de mayo de 1994sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las  autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburosEL  PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, las frases primera y  tercera del apartado 2 de su artículo 57 y sus artículos 66 y 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), Considerando que el mercado interior implicará un espacio sin fonteras interiores, en el que la  libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada; que deben  adoptarse las medidas necesarias para su funcionamiento; Considerando que, en su Resolución de 16 de septiembre de 1986 (4), el Consejo determinó como  objetivo de la política energética de la Comunidad y de los Estados miembros una mayor integración,  sin obstáculos al comercio, del mercado interior de la energía, con vistas a mejorar la seguridad  del abastecimiento, reducir los costes y fortalecer la competitividad económica; Considerando que la Comunidad depende en gran medida de las importaciones para su abastecimiento en  hidrocarburos; que, por tanto, conviene favorecer una prospección, exploración y producción óptimas  de los recursos situados en la Comunidad; Considerando que los Estados miembros tienen soberanía y derechos soberanos sobre los recursos de  hidrocarburos situados en sus territorios; Considerando que la Comunidad es signataria del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho  del mar; Considerando que procede garantizar el acceso no discriminatorio a las actividades relacionadas con  la prospección, exploración y producción de hidrocarburos y el ejercicio de las mismas, en  condiciones que favorezcan una mayor competencia en este sector, contribuyendo así a una óptima  prospección, exploración y producción de los recursos de los Estados miembros y a potenciar la  integración del mercado interior de la energía; Considerando que, con este fin, es necesario establecer normas comunes que garanticen que los  procedimientos de concesión de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de  hidrocarburos estén abiertos a todas las entidades que posean las capacidades necesarias; que la  concesión de las autorizaciones se debe basar en criterios objetivos y de dominio público y que las  condiciones a las que esté sometida deben asimismo ser conocidas previamente por todas las  entidades que participen en el procedimiento; Considerando que los Estados miembros deben conservar la facultad de someter el acceso y el  ejercicio de las actividades en cuestión a limitaciones justificadas por motivos de interés público  y al pago de una contrapartida financiera o en hidrocarburos, cuyas modalidades deberán  establecerse de modo que no se interfiera con la gestión de las entidades; que esta facultad debe  ejercerse de manera no discriminatoria; que, a excepción de aquéllas vinculadas a la utilización de  dicha facultad, debe procurarse no imponer a las entidades unas condiciones y obligaciones que no  estén justificadas por la necesidad de desarrollar adecuadamente esta actividad; que el control de  las actividades de las entidades debe limitarse a lo estrictamente necesario para garantizar el  cumplimiento por su parte de dichas obligaciones y condiciones; Considerando que la extensión de las zonas cubiertas por una autorización y la duración de las  autorizaciones deben quedar limitadas con el fin de evitar que una entidad tenga reservado un  derecho exclusivo sobre zonas en las que la prospección, exploración y producción se puedan  realizar más eficazmente por varias entidades; Considerando que las entidades de los Estados miembros deben poder beneficiarse, en terceros  países, de un trato comparable al que disfrutan en la Comunidad, en virtud de la presente  Directiva, las entidades de los terceros países de que se trate; que procede establecer un  procedimiento con vistas a alcanzar este objetivo; Considerando que la presente Directiva debe aplicarse a las autorizaciones concedidas con  posterioridad a la fecha en que los Estados miembros pongan en vigor las disposiciones legales,  reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la presente Directiva; Considerando que la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990 relativa a los  procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los  transportes y de las telecomunicaciones (1) y la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de  1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del  agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (2) se aplican a las entidades  del sector de la energía en lo referente a sus contratos de suministros, de obras y de servicios;  que la aplicación del otro régimen previsto en el artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE está  especialmente sujeta a la condición de que, en el Estado miembro que solicita la aplicación de  dicho régimen, las autorizaciones sean concedidas de manera no discriminatoria y de forma  transparente; que un Estado miembro cumple esta condición desde el momento y durante el tiempo en  que se ajuste a las obligaciones de la presente Directiva; que procede adaptar en consecuencia la  Directiva 90/531/CEE; Considerando que el artículo 36 de la Directiva 90/531/CEE estipula la revisión, en un plazo de  cuatro años, de su campo de aplicación a la vista de la evolución, en particular, de los avances  realizados en la apertura de contratos y el nivel de competencia. Dicha revisión del ámbito de  aplicación incluye la exploración y extracción de hidrocarburos; Considerando que Dinamarca se encuentra en una situación especial por verse obligada a entablar  negociaciones en torno a una posible continuación de actividades tras la expiración de la concesión  expedida el 8 de julio de 1962, relativa a las zonas que habrá de abandonar el 8 de julio de 2012,  y que, en consecuencia, se le concederá una excepción con respecto a las mismas, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) «autoridades competentes»: los poderes públicos tal como se definen en el apartado 1 del  artículo 1 de la Directiva 90/531/CEE y que son competentes para conceder una autorización o  controlar su ejecución; 2) «entidad»: toda persona física o jurídica, o todo grupo de tales personas, que haya solicitado o  pueda solicitar una autorización o que ya la posea; 3) «autorización»: toda disposición legal, reglamentaria, administrativa o contractual, o  instrumento producido al amparo de la misma, en virtud de los cuales las autoridades competentes de  un Estado miembro faculten a una entidad para ejercer, por su cuenta y riesgo, el derecho exclusivo  de efectuar prospecciones o exploraciones o producir hidrocarburos en una zona geográfica. Podrá  concederse una autorización para cada una de dichas actividades o para varias de ellas; 4) «entidad pública»: «empresa pública» tal como se define en el apartado 2 del artículo 1 de la  Directiva 90/531/CEE. Artículo 21. Los Estados miembros conservarán el derecho a determinar dentro de sus territorios  respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de actividades de prospección,  exploración y producción de hidrocarburos. 2. Siempre que el ejercicio de las actividades mencionadas en el apartado 1 quede autorizado en una  zona, los Estados miembros deberán garantizar que no haya discriminación entre entidades en lo  relativo al acceso a esas actividades y al ejercicio de las mismas. No obstante, los Estados miembros podrán denegar, por motivos de seguridad nacional, el acceso a  estas actividades y su ejercicio a cualquier entidad que esté efectivamente controlada por terceros  países o por nacionales de terceros países. Artículo 31. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que la concesión  de autorizaciones se efectúe mediante un procedimiento que permita a todas las entidades  interesadas presentar una solicitud con arreglo al apartado 2 o al apartado 3. 2. Dicho procedimiento se abrirá: a) bien por iniciativa de las autoridades competentes, mediante un anuncio que invite a presentar  solicitudes publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas al menos 90 días antes de la  fecha límite de presentación de solicitudes, b) o bien, tras la presentación de una solicitud por parte de una entidad, mediante la publicación  en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de un anuncio que invite a presentar solicitudes,  sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2. Las demás entidades interesadas  dispondrán de un plazo de al menos 90 días a partir de la publicación para presentar a su vez una  solicitud. En el anuncio se especificará el tipo de autorización y la zona o zonas geográficas que hayan sido  o puedan ser objeto de una solicitud, así como la fecha o el plazo previstos para la concesión de  la autorización. En el anuncio se especificará si se otorga preferencia a las solicitudes de entidades constituidas  por una única persona física o jurídica. 3. Los Estados miembros podrán conceder autorizaciones sin abrir un procedimiento con arreglo al  apartado 2 si la zona para la que se solicita la autorización: a) está disponible de forma permanente, ob) ha sido objeto de un procedimiento anterior, con  arreglo al apartado 2, que no haya tenido como resultado la concesión de una autorización, oc) ha  sido objeto de renuncia por una entidad y no está incluida automáticamente en el supuesto a). Los Estados miembros que deseen aplicar lo dispuesto en el presente apartado deberán, en un plazo  de tres meses a partir de la adopción de la presente Directiva, o sin demora en el caso de los  Estados miembros que todavía no hayan iniciado dichos procedimientos, tomar las medidas necesarias  para la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de un anuncio que indique las  zonas de su territorio que están disponibles con arreglo al presente apartado y dónde puede  obtenerse información detallada al respecto. Cualquier cambio importante de esta información será  objeto de otro anuncio. No obstante, no se podrá tener en cuenta ninguna solicitud de autorización  al amparo del presente apartado hasta después de que se haya publicado el anuncio pertinente con  arreglo a la presente disposición. 4. Los Estados miembros podrán decidir no aplicar las disposiciones del apartado 1 cuando y en la  medida en que motivos de carácter geológico o de producción justifiquen la concesión de la  autorización para una zona al titular de una autorización para una zona contigua. El Estado miembro  de que se trate garantizará que en dicho caso los titulares de autorizaciones de cualquier zona  contigua puedan presentar solicitudes y se les dé tiempo suficiente para hacerlo. 5. No se considerará concesión de una autorización con arreglo al apartado 1: a) la concesión de una autorización que resulte únicamente de cambios en la denominación o en la  propiedad de la entidad que posea una autorización existente, de una modificación en la composición  de dicha entidad o de una transferencia de autorización; b) la concesión de una autorización a una entidad que posea otra forma de autorización cuando la  posesión de esta última suponga un derecho a la concesión de la primera; c) la decisión de las autoridades competentes adoptada en el marco de una autorización  (independientemente de que la autorización haya sido concedida antes de la fecha establecida en el  artículo 14) relativa al inicio, a la interrupción, a la prolongación o al cese de las actividades  o a la prórroga de la autorización misma. 6. No obstante la apertura de los procedimientos mencionada en el apartado 2 del artículo 4, los  Estados miembros seguirán teniendo la facultad de denegar la concesión de autorizaciones,  procurando que esta facultad no dé lugar a discriminaciones entre entidades. Artículo 4Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que: a) cuando la delimitación de las zonas geográficas no obedezca a una división geométrica previa del  territorio, la amplitud de cada una de ellas se determine de modo que su superficie no sobrepase la  que resulte justificada para garantizar el ejercicio óptimo de las actividades desde el punto de  vista técnico y económico. En caso de autorizaciones concedidas con arreglo a los procedimientos  establecidos en el apartado 2 del artículo 3, se establecerán criterios objetivos al efecto, que se  pondrán en conocimiento de las entidades antes de la presentación de las solicitudes; b) la duración de la autorización no sobrepase la que sea necesaria para llevar a cabo las  actividades para las que haya sido concedida. Sin embargo, las autoridades competentes podrán  prorrogar la duración de la autorización cuando el período estipulado en la autorización sea  insuficiente para concluir la actividad de que se trate, y siempre que la actividad se haya llevado  a cabo de conformidad con la autorización; c) las entidades no sigan ostentando derechos exclusivos en la zona geográfica para la que hayan  sido autorizadas, por más tiempo del necesario para llevar a cabo adecuadamente las actividades  autorizadas. Artículo 5Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que: 1) Las autorizaciones se concedan con arreglo a criterios relativos en todos los casos: a) a la capacidad técnica y financiera de las entidades yb) al modo en el que prevén llevar a cabo  las actividades de prospección, de exploración o de producción de la zona geográfica de que se  trate, y, cuando corresponda, c) en caso de que la autorización se ponga a la venta, el precio que la entidad esté dispuesta a  pagar para obtener la autorización, d) en caso de que, tras la evaluación de acuerdo con los criterios a), b) y, cuando proceda, c),  dos o más solicitudes tuvieren iguales méritos, otros criteros objetivos y no discriminatorios  pertinentes, a fin de hacer una elección final entre dichas solicitudes. Las autoridades competentes podrán asimismo tener en cuenta, en el estudio de las solicitudes, las  faltas de eficacia y de responsabilidad de que haya dado muestras una entidad en el marco de una  autorización precedente. Las autoridades competentes se basarán en criterios objetivos y no discriminatorios a la hora de  determinar la composición de las entidades a las que estén dispuestas a conceder una autorización. Las autoridades competentes se basarán en criterios objetivos y no discriminatorios a la hora de  elegir al agente de una entidad a la que estén dispuestas a conceder una autorización. Los criterios se elaborarán y se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas antes  de que se inicie el plazo de presentación de las solicitudes. Los Estados miembros que ya hayan  publicado los criterios en sus diarios oficiales podrán limitarse a publicar en el Diario Oficial  de las Comunidades Europeas una referencia a la publicación en sus diarios oficiales. Sin embargo,  cualquier cambio en los criterios deberá ser objeto de una publicación completa en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas. 2) Las condiciones y requisitos relativos al ejercicio o a la interrupción de la actividad, que  sean aplicables a cada tipo de autorizaciones en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o  administrativas vigentes en la fecha de presentación de las solicitudes y que estén previstas en la  autorización o cuya aceptación previa constituya una condición para su concesión, se establezcan y  estén siempre a disposición de las entidades interesadas. En el caso contemplado en la letra a) del  apartado 2 del artículo 3 estará permitido no poner a disposición de las entidades dichas  condiciones y exigencias hasta la fecha a partir de la cual puedan presentarse las solicitudes de  autorización. 3) Se comunique a todas las entidades interesadas todo cambio de las condiciones y requisitos que  se haya introducido en el curso del procedimiento. 4) Se apliquen de manera no discriminatoria los criterios, condiciones y requisitos contemplados en  el presente artículo. 5) La entidad cuya solicitud de autorización no se haya aceptado sea informada, si así lo desea, de  los motivos de tal decisión. Artículo 61. Los Estados miembros velarán por que las condiciones y los requisitos contemplados  en el apartado 2 del artículo 5, así como las obligaciones concretas relacionadas con el ejercicio  de una autorización específica, estén justificados exclusivamente por la necesidad de garantizar la  correcta realización de las actividades en la zona para la que se solicite una autorización,  mediante la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 o mediante el pago de una contribución  financiera o de una contribución en hidrocarburos. 2. En la medida en que así lo justifiquen razones de seguridad nacional, seguridad pública, sanidad  pública, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección de los recursos  biológicos y del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico, la seguridad de  las instalaciones y de los trabajadores, la administración planificada de los recursos de  hidrocarburos (por ejemplo, el ritmo de agotamiento de los mismos o la optimación de su  recuperación) o la necesidad de garantizar ingresos impositivos, los Estados miembros podrán  imponer condiciones y requisitos en relación con el ejercicio de las actividades que figuran en el  apartado 1 del artículo 2. 3. Las normas para el pago de las contribuciones a que se hace referencia en el apartado 1,  incluido cualquier requisito de participación del Estado, serán fijadas por los Estados miembros de  modo tal que se garantice el mantenimiento de la independencia de la gestión de las entidades. No obstante, en caso de que la concesión de las autorizaciones esté supeditada a la participación  del Estado en las actividades, y en caso de que se haya encomendado a una persona jurídica la  gestión de dichas participaciones, o bien en caso de que el propio Estado gestione la  participación, no podrá impedirse ni a la persona jurídica ni al Estado de que se trate que asuma  los derechos y las obligaciones vinculados a dichas participaciones, que deberán ser equivalentes a  la importancia de la participación, siempre que la persona jurídica o el Estado en cuestión no sea  parte en la información y no ejerza el derecho de voto en decisiones relativas a las fuentes de  abastecimiento para entidades, que la persona jurídica o el Estado combinado con una o varias  entidades públicas no ejerza su derecho de voto por mayoría, en otras decisiones y siempre que el  voto del Estado o de la persona jurídica en cuestión se base en criterios totalmente transparentes,  objetivos y no discriminatorios y no impida que las decisiones de la entidad relativas a la gestión  se basen en criterios comerciales normales. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior no obstará para que la persona jurídica o el  Estado pueda oponerse a cualquier decisión adoptada por los titulares de una autorización que no  cumpla las condiciones y requisitos especificados en la misma por lo que se refiere a la política  relativa al agotamiento de los recursos y a la protección de los intereses financieros del Estado. La facultad de oponerse a una decisión se ejercerá de manera no discriminatoria, en particular por  lo que respecta a las decisiones relativas a las inversiones y a las fuentes de abastecimiento de  las entidades. Cuando la participación de un Estado en estas actividades se gestione por una  persona jurídica que también sea titular de la autorización, los Estados miembros establecerán una  serie de disposiciones por las cuales la persona júridica de que se trate tendrá la obligación de  hacer constar en registros distintos su función comercial por un lado y su función como gestor de  las participaciones del Estado, por otro, y por las cuales se garantice que no existe ningún flujo  informativo de la parte de la persona jurídica responsable de la gestión de las participaciones del  Estado en cuestión a la parte de la persona jurídica titular de la autorización por derecho propio.  (No obstante, cuando la parte de la persona jurídica responsable de la gestión de las  participaciones del Estado en cuestión comprometa la parte de la persona jurídica titular de la  autorización como asesor, aquélla podrá facilitar toda la información que sea necesaria para llevar  a cabo la labor de asesoría. Se informará previamente a los titulares de todas las autorizaciones  de la información facilitada de esta manera y se les concederá tiempo suficiente para formular  objeciones.)4. Los Estados miembros velarán por que el control de las entidades en el marco de la  autorización se limite a lo necesario para garantizar el cumplimiento de las condiciones,  requisitos y obligaciones contemplados en el apartado 1. Adoptarán, en particular, las medidas  necesarias para que ninguna entidad se vea obligada por vía legal, reglamentaria o administrativa,  o por cualquier acuerdo o compromiso, a facilitar información sobre sus fuentes previstas o  efectivas de abastecimiento, salvo a petición de las autoridades competentes y exclusivamente con  vistas a los objetivos mencionados en el artículo 36 del Tratado. Artículo 7Sin perjuicio de las disposiciones relativas o contenidas en autorizaciones  individuales y de lo dispuesto en la letra b) del apartado 5 del artículo 3, las disposiciones  legales, reglamentarias y administrativas que reserven a una sola entidad el derecho a obtener  autorizaciones en una zona geográfica específica del territorio de un Estado miembro serán  derogadas por los Estados miembros de que se trate antes del 1 de enero de 1997. Artículo 81. Los Estados miembros informarán a la Comunidad de todas las dificultades de  carácter general que las entidades experimenten, de hecho o de derecho, para el acceso a las  actividades de prospección, de exploración y de producción de hidrocarburos y para el ejercicio de  las mismas en terceros países, cada vez que se señalen a su atención dificultades de esta índole.  Los Estados miembros y la Comisión garantizarán el respeto del secreto comercial. 2. La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 31 de diciembre  de 1994 y, a partir de dicha fecha, periódicamente, sobre la situación de las entidades que operen  en terceros países, así como sobre el estado de las posibles negociaciones iniciadas en aplicación  del apartado 3, con estos países o en el marco de organizaciones internacionales. 3. Si la Comisión comprobara, a partir de los informes contemplados en el apartado 2 o bien a  partir de otros datos, que un país tercero no concede a las entidades comunitarias, en lo referente  al acceso a las actividades contempladas en el apartado 1 o al ejercicio de las mismas, un trato  comparable al que la Comunidad concede a las entidades de dicho país tercero, la Comisión podrá  presentar al Consejo propuestas relativas al correspondiente mandato de negociación, con miras a  obtener oportunidades comparables desde el punto de vista de la competencia para las entidades  comunitarias. El Consejo decidirá por mayoría cualificada. 4. En las circunstancias descritas en el apartado 3, la Comisión podrá en todo momento proponer que  el Consejo autorice a uno o más Estados miembros a denegar la concesión de una autorización a una  entidad que esté controlada efectivamente por el país tercero en cuestión o por nacionales de dicho  país tercero. La Comisión podrá formular tal propuesta por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, a la mayor brevedad. 5. Las medidas tomadas en aplicación del presente artículo se entenderán sin perjuicio de las  obligaciones de la Comunidad resultantes de los acuerdos internacionales que regulen el acceso a  las actividades de prospección, de exploración y de producción de hidrocarburos, así como el  ejercicio de las mismas. Artículo 9Los Estados miembros publicarán anualmente, y comunicarán a la Comisión, un informe  que contenga información sobre las zonas geográficas que hayan sido abiertas a la prospección,  exploración y producción, las autorizaciones concedidas, las entidades titulares de dichas  autorizaciones y su composición, así como una estimación de las reservas existentes en su  territorio. La presente disposición no supondrá ninguna obligación para los Estados miembros de publicar  información de carácter confidencial desde un punto de vista comercial. Artículo 10Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de las autoridades  competentes, a más tardar el 1 de mayo de 1995, y le notificarán a la mayor brevedad los cambios  producidos ulteriormente. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la  lista de las autoridades competentes y los cambios que en ella se introduzcan. Artículo 11La presente Directiva se aplicará a las autorizaciones concedidas a partir de la  fecha establecida en el artículo 14. Artículo 12En el artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE se añadirá el apartado siguiente: «5. En lo relativo a las actividades de explotación de zonas geográficas con la finalidad de  efectuar prospecciones o extracciones de petróleo o gas, se aplicarán los apartados 1 a 4 del modo  siguiente a partir de la fecha en la que el Estado miembro en cuestión haya cumplido las  disposiciones de la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 30 de mayo de 1994,  sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección,  exploración y producción de hidrocarburos (*): a) sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, se considerará que se cumplen las condiciones  establecidas en el apartado 1 a partir de dicha fecha; b) a partir de dicha fecha, el Estado miembro contemplado en el apartado 4 deberá comunicar  solamente las disposiciones relativas al cumplimiento de las condiciones mencionadas en los  apartados 2 y 3. (*) DO n° L 164 de 30. 6. 1994, p. 3.». Artículo 13Las disposiciones de los artículos 3 y 5 no se aplicarán a las nuevas autorizaciones  concedidas por Dinamarca antes del 31 de diciembre de 2012, respecto a las zonas que queden libres  el 8 de julio de 2012 en el momento de la expiración de la autorización expedida el 8 de julio de  1962. Las nuevas autorizaciones se concederán con arreglo a principios objetivos y no  discriminatorios. Por consiguiente, el presente artículo no constituirá ningún precedente para los Estados miembros. Artículo 14Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y  administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva el 1 de julio de 1995. Informarán  inmediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente  Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros  establecerán las modalidades de la mencionada referencia. Artículo 15La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial  de las Comunidades Europeas. Artículo 16Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 1994. Por el Parlamento EuropeoEl PresidenteE. KLEPSCHPor el ConsejoEl PresidenteC. SIMITIS (1) DO n° C 139 de 2. 6. 1992, p. 12. (2) DO n° C 19 de 25. 1. 1993, p. 128. (3) Dictamen del Parlamento Europeo de 18 de noviembre de 1992 (DO n° C 337 de 21. 12. 1992, p.  145). Posición común del Consejo de 22 de diciembre de 1993 (DO n° C 101 de 9. 4. 1994, p. 14) y  Decisión del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 (DO n° C 91 de 28. 3. 1994). (4) DO n° C 241 de 25. 9. 1986, p. 1. (1) DO n° L 297 de 29. 10. 1990, p. 1. (2) DO n° L 199 de 9. 8. 1993, p. 84.

Summary:
Prospección, exploración y producción de hidrocarburos
Prospección, exploración y producción de hidrocarburos
 
SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:
Directiva 94/22/CE sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA DIRECTIVA?
Establece un conjunto de normas comunes para toda la UE a fin de garantizar un acceso no discriminatorio a las actividades de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.
Estas normas pretenden:continuar integrando el mercado interior de la energía de la UE;  fomentar una mayor competencia en el seno del mismo; y  mejorar la seguridad de abastecimiento.  
PUNTOS CLAVE
La Directiva afecta a las autorizaciones para conceder derechos de prospección, exploración o producción de hidrocarburos.
Establece que los límites geográficos de una autorización, así como la duración de la misma, deben determinarse con arreglo a la mejor manera posible para desarrollar estas actividades desde un punto de vista económico y técnico. Se trata de evitar que una única entidad goce de un derecho exclusivo sobre una zona cuyos procesos de prospección, exploración y producción puedan ser ejecutados de forma más eficaz por varias entidades.
Las leyes que reservaban a una única entidad el derecho a obtener autorizaciones sobre una zona geográfica específica dentro del territorio de un país de la UE tuvieron que ser suprimidas por los países afectados antes del 1 de enero de 1997.
Los procedimientos de concesión de las autorizaciones deben ser transparentes y basarse en criterios objetivos y no discriminatorios. Así pues, deben estar abiertos a todas las entidades interesadas.
La selección entre las distintas entidades debe basarse en los criterios siguientes:sus capacidades técnicas y financieras;  la manera en la que prevén llevar a cabo las actividades de prospección, de exploración y/o de producción de la zona geográfica en cuestión; y  el precio que la entidad está dispuesta a abonar para obtener la autorización (en caso de que dicha autorización se ponga a la venta).  Toda la información relativa a la autorización (tipo de autorización, zona geográfica solicitada total o parcialmente, fecha límite prevista para la concesión de la autorización, criterios de selección, etc.) se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea al menos 90 días antes del final del plazo para la presentación de solicitudes.
No obstante, los países de la UE conservan su derecho a supeditar el acceso a estas actividades y el ejercicio de las mismas a consideraciones como:la seguridad nacional;  la seguridad pública;  la salud pública;  la seguridad de los transportes;  la protección del medio ambiente;  la protección de los recursos biológicos;  la gestión planificada de los recursos de hidrocarburos o el pago de una contribución financiera o de una contribución en hidrocarburos.  Se establecen procedimientos para alcanzar acuerdos mutuos con terceros países, de tal modo que las entidades de los países de la UE puedan beneficiarse, en estos terceros países, de un trato comparable al que las entidades de terceros países reciben en la UE.
La Directiva 94/22/CE complementa la Directiva 2014/25/UE: Adquisición pública: normas para los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTÁ EN VIGOR LA DIRECTIVA?
Está en vigor desde el 30 de junio de 1994 y tenía que adquirir rango de ley en los países de la UE a más tardar el 1 de julio de 1995.
ANTECEDENTES
Los países de la UE gozan de derechos soberanos sobre los recursos de hidrocarburos situados en su territorio; así pues, corresponde a cada país determinar las zonas geográficas donde pueden ejercerse los derechos de prospección, exploración o producción de hidrocarburos, así como autorizar a las entidades a ejercer estos derechos.
Para más información, véase:Concesión de licencias de petróleo y gas (Comisión Europea).  
DOCUMENTO PRINCIPAL
Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos (DO L 164 de 30.6.1994, pp. 3-8)
DOCUMENTO CONEXO
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, pp. 243-374)
Las modificaciones sucesivas de la Directiva 2014/25/UE se han incorporado al texto original. Esta versión consolidada solo tiene valor documental.
última actualización 23.01.2019