Document ID: 31995R2988

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EUR-Lex - 31995R2988 - ES
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31995R2988
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
Diario Oficial n° L 312 de 23/12/1995 p. 0001 - 0004
REGLAMENTO  (CE, EURATOM) N° 2988/95 DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 1995 relativo a la protección de los  intereses financieros de las Comunidades EuropeasEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su  artículo 203, Vista la propuesta de la Comisión  (1), Visto el dictamen del Parlamento Europeo  (2), Considerando que el presupuesto general de las Comunidades Europeas, financiado por medio de los  recursos propios, es ejecutado por la Comisión, dentro del límite de los créditos consignados y de  conformidad con los principios de una buena gestión financiera; que, para realizar esta tarea, la  Comisión coopera estrechamente con los Estados miembros; Considerando que más de la mitad de los gastos de las Comunidades son abonados a los beneficiarios  por medio de los Estados miembros; Considerando que las modalidades de esta gestión descentralizada y de los sistemas de control son  objeto de disposiciones detalladas diferentes según las políticas comunitarias de que se trate;  que, no obstante, es importante combatir en todos los ámbitos los perjuicios a los intereses  financieros de las Comunidades; Considerando que la eficacia de la lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de  las Comunidades exige el establecimiento de un marco jurídico común a todos los ámbitos cubiertos  por políticas comunitarias; Considerando que los comportamientos que constituyen irregularidades, así como las medidas y  sanciones administrativas correspondientes, están previstos en normativas sectoriales de  conformidad con el presente Reglamento; Considerando que como comportamiento irregular se entiende asimismo el comportamiento de fraude  según aparece definido en el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las  Comunidades Europeas; Considerando que las sanciones administrativas comunitarias deben garantizar una adecuada  protección de dichos intereses; que resulta necesario definir normas generales aplicables a esas  sanciones; Considerando que el Derecho comunitario establece sanciones administrativas comunitarias en el  marco de la política agrícola común; que tales sanciones deberán establecerse asimismo en otros  ámbitos; Considerando que las medidas y sanciones comunitarias adoptadas para la realización de los  objetivos de la política agrícola común son parte integrante de los regímenes de ayudas; que tienen  una finalidad propia que deja a las autoridades competentes de los Estados miembros la total  apreciación del comportamiento de los agentes económicos de que se trate desde el punto de vista  del derecho penal; que debe asegurarse su eficacia mediante el efecto inmediato de la norma  comunitaria y por la plena aplicación del conjunto de medidas comunitarias cuando la adopción de  las correspondientes medidas cautelares no haya permitido alcanzar este objetivo; Considerando que en virtud del deber general de equidad y del principio de proporcionalidad, así  como del principio ne bis in idem, conviene prever, dentro del respeto del acervo comunitario y de  las disposiciones previstas por las normativas comunitarias específicas existentes en el momento de  la entrada en vigor del presente Reglamento, disposiciones adecuadas que eviten la acumulación de  sanciones pecuniarias comunitarias y de sanciones penales nacionales impuestas a una misma persona  por un mismo hecho; Considerando que a efectos de la aplicación del presente Reglamento, puede entenderse que un  procedimiento penal ha finalizado cuando al autoridad nacional competente y el interesado hayan  acordado una transacción; Considerando que el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la aplicación del Derecho  penal de los Estados miembros; Considerando que el Derecho comunitario impone a la Comisión y a los Estados miembros la obligación  de controlar la utilización de los medios presupuestarios de las Comunidades con arreglo a los  fines previstos; que conviene prever normas comunes que se apliquen de forma complementaria con  respecto a la normativa existente; Considerando que los Tratados no han previsto poderes específicos necesarios para la adopción de  disposiciones materiales de carácter horizontal relativas a los controles y a las medidas y  sanciones con vistas a garantizar la protección de los intereses financieros de las Comunidades;  que, por lo tanto, cabe recurrir al artículo 235 del Tratado CE y al artículo 203 del Tratado  CEEA; Considerando que disposiciones generales adicionales de aplicación relativas a los controles y a  las verificaciones in situ se adoptarán ulteriormente, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: TÍTULO I Principios generales Artículo 1 1.  Con el fin de asegurar la  protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se adopta una normativa  general relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las  irregularidades respecto del Derecho comunitario. 2.  Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario  correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto  perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas,  bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios  percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido. Artículo 2 1.  Los controles y las medidas y sanciones administrativas sólo se establecerán en la  medida en que sean necesarias para garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario.  Deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias a fin de garantizar una adecuada protección de  los intereses financieros de las Comunidades. 2.  No se podrá pronunciar sanción administrativa alguna que no esté contemplada en un acto  comunitario anterior a la irregularidad. En caso de modificación posterior de las disposiciones  sobre las sanciones administrativas contenidas en una normativa comunitaria, se aplicarán con  carácter retroactivo las disposiciones menos severas. 3.  Las disposiciones del Derecho comunitario determinarán la naturaleza y el alcance de las  medidas y sanciones administrativas necesarias para la correcta aplicación de la normativa de que  se trate en función de la naturaleza y gravedad de la irregularidad, del beneficio concedido o de  la ventaja obtenida y del grado de responsabilidad. 4.  A reserva del Derecho comunitario aplicable, los procedimientos relativos a la aplicación de  los controles y de las medidas y sanciones comunitarias se regirán por el Derecho de los Estados  miembros. Artículo 3 1.  El plazo de prescripción de las diligencias será de cuatro años a partir de la  realización de la irregularidad prevista en el apartado 1 del artículo 1. No obstante, las  normativas sectoriales podrán establecer un plazo inferior que no podrá ser menor de tres años. Para las irregularidades continuas o reiteradas, el plazo de prescripción se contará a partir del  día en que se haya puesto fin a la irregularidad. Para los programas plurianuales, el plazo de  prescripción se extenderá en todo caso hasta el cierre definitivo del programa. La prescripción de las diligencias quedará interrumpida por cualquier acto, puesto en conocimiento  de la persona en cuestión, que emane de la autoridad competente y destinado a instruir la  irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma. El plazo de prescripción se contará de nuevo  a partir de cada interrupción. No obstante, la prescripción se obtendrá como máximo el día en que expire un plazo de tiempo igual  al doble del plazo de prescripción sin que la autoridad competente haya pronunciado sanción alguna,  menos en aquellos casos en que el procedimiento administrativo se haya suspendido de acuerdo con el  apartado 1 del artículo 6. 2.  El plazo de ejecución de la resolución que fije la sanción administrativa será de tres años.  Este plazo empezará a contar a partir del día en que la resolución sea definitiva. Los casos de interrupción y de suspensión se regirán por las disposiciones pertinentes del Derecho  nacional. 3.  Los Estados miembros conservarán la posibilidad de aplicar un plazo más largo que el previsto  respectivamente en el apartado 1 y en el apartado 2. TÍTULO II Medidas y sanciones administrativas Artículo 4 1.  Como norma general, toda  irregularidad dará lugar a la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, lo que supondrá: -  la obligación de abonar las cantidades debidas o de reembolsar las cantidades indebidamente  percibidas, -  la pérdida total o parcial de la garantía constituida en apoyo de la solicitud de una ventaja  concedida o en el momento de la percepción de un anticipo. 2.  La aplicación de las medidas contempladas en el apartado 1 se limitará a la retirada de la  ventaja obtenida, incrementada, en su caso, con intereses que podrán determinarse de forma global. 3.  Los actos para los cuales se haya establecido que su finalidad es obtener una ventaja contraria  a los objetivos del Derecho comunitario aplicable al caso, creando artificialmente las condiciones  requeridas para la obtención de esta ventaja, tendrán por consecuencia, según el caso, la no  obtención de la ventaja o su retirada. 4.  Las medidas previstas en el presente artículo no serán consideradas como sanciones. Artículo 5 1.  Las irregularidades intencionadas o provocadas por negligencia podrán dar lugar a  las sanciones administrativas siguientes: a)  el pago de una multa administrativa; b)  el pago de una cantidad superior a las sumas indebidamente percibidas o eludidas, incrementada,  en su caso, con intereses. Esta cantidad complementaria, determinada con arreglo a un porcentaje  que se fijará en las normativas específicas, no podrá rebasar el nivel estrictamente necesario para  que tenga carácter disuasorio; c)  la privación total o parcial de una ventaja concedida por la normativa comunitaria, incluso en  el caso de que el agente sólo se haya beneficiado indebidamente de una parte de dicha ventaja; d)  la exclusión o la retirada del beneficio de la ventaja durante un período posterior al de la  irregularidad; e)  la retirada temporal de una autorización o de un reconocimiento necesarios para participar en  un régimen de ayuda comunitaria; f)  la pérdida de una garantía o de una fianza depositada a fin de respetar las condiciones de una  normativa o reconstituir el importe de una garantía liberada indebidamente; g)  otras sanciones de carácter exclusivamente económico, de naturaleza y alcance equivalentes,  previstas en las normativas sectoriales adoptadas por el Consejo en función de las necesidades  propias del sector correspondiente y dentro del respeto de las competencias de ejecución otorgadas  a la Comisión por el Consejo. 2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en las normativas sectoriales existentes en el momento de la  entrada en vigor del presente Reglamento, las demás irregularidades sólo podrán dar lugar a las  sanciones no asimilables a una sanción penal contempladas en el apartado 1, siempre y cuando dichas  sanciones sean indispensables para la correcta aplicación de la normativa. Artículo 6 1.  Sin perjuicio de las medidas y de las sanciones administrativas comunitarias  adoptadas sobre la base de los reglamentos sectoriales existentes en el momento de la entrada en  vigor del presente Reglamento, la imposición de sanciones pecuniarias, como las multas  administrativas, podrá suspenderse por decisión de la autoridad competente si se hubiera iniciado  un procedimiento penal contra la persona de que se trate en relación con los mismos hechos. La  suspensión del procedimiento administrativo suspenderá el plazo de prescripción previsto en el  artículo 3. 2.  Si no continuara el procedimiento penal, el procedimiento administrativo suspendido reanudaría  su curso. 3.  Cuando finalice el procedimiento penal, el procedimiento administrativo que se haya suspendido  se reanudará siempre que los principios generales del Derecho no lo impidan. 4.  Cuando se reinicie el procedimiento administrativo, la autoridad administrativa procurará que  se aplique una sanción que equivalga al menos a la sanción dispuesta por la normativa comunitaria,  pudiéndose tener en cuenta cualquier sanción impuesta por la autoridad judicial por los mismos  hechos a la misma persona. 5.  Los apartados 1 a 4 no se aplicarán a las sanciones pecuniarias que forman parte integrante de  los regímenes de apoyo financiero y pueden aplicarse con independencia de posibles sanciones  penales, en caso de que y en la medida en que no sean asimilables a dichas sanciones. Artículo 7 Las medidas y sanciones administrativas comunitarias podrán aplicarse a los agentes  económicos mencionados en el artículo 1, es decir, a las personas físicas o jurídicas y a las demás  entidades a las cuales el Derecho nacional reconozca capacidad jurídica, que hayan cometido la  irregularidad. Podrán también aplicarse a las personas que hayan participado en la realización de  la irregularidad, así como a las obligadas a responder de la irregularidad o a evitar que sea  cometida. TÍTULO III Controles Artículo 8 1.  De conformidad con las disposiciones legales,  reglamentarias y administrativas nacionales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias  para garantizar la regularidad y la veracidad de las operaciones en las que se comprometan los  intereses financieros de las Comunidades. 2.  Las medidas de control se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los sectores y serán  proporcionales a los objetivos perseguidos. Estas medidas responderán a las prácticas y estructuras  administrativas de los Estados miembros y su concepción no engendrará obstáculos económicos ni  gastos administrativos excesivos. La naturaleza y la frecuencia de los controles y de las verificaciones in situ que deberán efectuar  los Estados miembros, así como las modalidades de su ejecución, vendrán determinadas en caso  necesario por las normativas sectoriales para así garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las  normas en cuestión y, especialmente, prevenir y detectar las irregularidades. 3.  Las normativas sectoriales contendrán las disposiciones necesarias para que, por la  aproximación de los procedimientos y de los métodos de control, los controles sean equivalentes. Artículo 9 1.  Sin perjuicio de los controles que efectúen los Estados miembros de conformidad  con sus respectivas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales y sin  perjuicio de los controles que efectúen las instituciones comunitarias de conformidad con las  disposiciones del Tratado CE y, en particular, su artículo 188 C, la Comisión, bajo su  responsabilidad, hará que se proceda a la verificación de: a)  la conformidad de las prácticas administrativas con las normas comunitarias; b)  la existencia de los justificantes necesarios y su concordancia con los ingresos y gastos de  las Comunidades previstos en el artículo 1; c)  las condiciones en las que se realizan y verifican las operaciones financieras. 2.  Además, podrá llevar a cabo controles y verificaciones in situ en las condiciones previstas en  las normativas sectoriales. Antes de proceder a dichos controles y verificaciones, de conformidad con la normativa vigente, la  Comisión informará al Estado miembro de que se trate a fin de obtener toda la ayuda necesaria. Artículo 10 Serán adoptadas ulteriormente disposiciones generales adicionales relativas a los  controles y a las verificaciones in situ, según los procedimientos previstos en los artículos 235  del Tratado CE y 203 del Tratado CEEA. Artículo 11 El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación  en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente  aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1995. Por el Consejo El Presidente J. BORRELL FONTELLES

Summary:
Lucha contra el fraude: controles en países de la Unión Europea
Lucha contra el fraude: controles en países de la Unión Europea
Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) necesitan poder confiar en la buena utilización del presupuesto de la UE. En 1995, la UE introdujo una normativa [Reglamento (CE, Euratom) no
2988/95 del Consejo, de18 de diciembre de1995] relativa a los controles en los países de la UE y la imposición de sanciones en caso de irregularidades*.
ACTO
Reglamento (CE, Euratom) no
2988/95 del Consejo, de18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
SÍNTESIS
Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) necesitan poder confiar en la buena utilización del presupuesto de la UE. En 1995, la UE introdujo una normativa [Reglamento (CE, Euratom) no
2988/95 del Consejo, de18 de diciembre de1995] relativa a los controles en los países de la UE y la imposición de sanciones en caso de irregularidades*.
¿QUÉ HACE ESTE REGLAMENTO?
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Tiene por objeto combatir el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE (el presupuesto de la UE - las aportaciones de los contribuyentes).
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Establece un marco jurídico común a todos los ámbitos cubiertos por políticas de la UE.
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En particular, prevé controles y medidas y sanciones administrativas para cuando no se respeten las normas de financiación de la UE.
PUNTOS CLAVE
Más de la mitad de los gastos de la UE se abonan a los beneficiarios por medio de los gobiernos de los países de la UE y sus agencias. Tanto este sistema de administración descentralizada como los sistemas de control se rigen por nomas detalladas. Estas normas varían según el ámbito político de que se trate.
Corresponde a los países de la UE adoptar las medidas necesarias para garantizar la regularidad y la veracidad de las operaciones en las que se comprometan los intereses financieros de la UE. Las medidas relativas a los controles deberán ser proporcionales a los objetivos perseguidos, para no engendrar obstáculos económicos ni gastos administrativos excesivos. Además, responderán a las prácticas y las estructuras administrativas de los países de la UE.
La Comisión Europea tiene la responsabilidad de controlar que:
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las prácticas administrativas sean conformes con las normas de la UE;
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existan los justificantes necesarios y concuerden con los ingresos y gastos de la UE;
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las operaciones financieras se realicen y verifiquen en las circunstancias adecuadas.
Además, en virtud del Reglamento (Euratom, CE) no
2185/96, la Comisión Europea podrá llevar a cabo controles y verificaciones in situ.
Retirada de la ventaja obtenida indebidamente
En general, si se detecta una irregularidad, deberá reembolsarse la ventaja obtenida indebidamente incrementada con intereses que podrán determinarse de forma global. La medida que retire la ventaja podrá consistir en:
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la obligación de abonar las cantidades adeudadas o de reembolsar las cantidades indebidamente percibidas;
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la pérdida total o parcial de cualquier garantía constituida o del anticipo recibido por la parte en cuestión.
Las irregularidades intencionadas o las provocadas por negligencia podrán dar lugar a sanciones administrativas, tales como:
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el pago de una multa administrativa;
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el pago de una cantidad adicional; sin embargo, esta cantidad no podrá rebasar el nivel estrictamente necesario para que tenga carácter disuasorio;
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la privación total o parcial de una ventaja concedida, incluso si la parte solo se ha beneficiado indebidamente de dicha ventaja, o la exclusión o la retirada de la ventaja durante un período limitado posterior al de la irregularidad;
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otras sanciones de carácter exclusivamente económico previstas por el Derecho de la UE.
Principios generales
Los controles y medidas y sanciones administrativas deberán ser
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eficaces,
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proporcionados y
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disuasorios.
Habrán de tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la irregularidad, del beneficio concedido o de la ventaja obtenida y el grado de responsabilidad.
Solo se podrá imponer una sanción administrativa si está contemplada en un acto o ley de la UE anterior a la irregularidad.
El plazo de prescripción de las diligencias es de cuatro años a partir de la fecha de realización de la irregularidad. Para las irregularidades continuas o reiteradas, el plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que se haya puesto fin a la irregularidad. Para los programas que duren varios años (es decir, multianuales), el plazo de prescripción se extenderá hasta que el programa finalice.
TÉRMINOS CLAVE
*Irregularidad: toda acción u omisión de un beneficiario de la financiación de la UE, que perjudique el presupuesto general de la UE, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de la UE, bien mediante un gasto indebido.
REFERENCIAS
Acto
Entrada en vigor
Plazo de transposición en los Estados miembros
Diario Oficial de la Unión Europea
Reglamento (CE, Euratom) no
2988/95
26.12.1995
-
DO L 312 de 23.12.1995, pp. 1-4
ACTOS CONEXOS
Reglamento (Euratom, CE) no
2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, pp. 2-5)
última actualización 08.09.2015