Document ID: 31996Y0919(05)

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31996Y0919(05)
Resolución del Consejo de 20 de junio de 1995 relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo
Diario Oficial n° C 274 de 19/09/1996 p. 0013 - 0017
ANEXO I.4RESOLUCIÓN DEL CONSEJO de 20 de junio de 1995  relativa a las garantías mínimas aplicables al procedimiento de asilo EL CONSEJO DE LA  UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo K.1, Decidido, fiel a las tradiciones comunes humanitarias de los Estados miembros, a garantizar a los  refugiados que lo necesiten una protección conveniente con arreglo a la Convención de Ginebra, de  28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, en el texto modificado por el Protocolo  de Nueva York de 31 de enero de 1967, Recordando los compromisos de los Estados miembros en virtud del Convenio europeo para la  protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, Comprobando que los Estados miembros, con arreglo a las dispociones del Derecho nacional, pueden  conceder excepcionalmente el permiso de residencia a extranjeros por motivos especialmente forzosos  que no contempla la Convención de Ginebra de 1951, Corroborando la voluntad de los Estados miembros de aplicar el Convenio de Dublín, de 15 de junio  de 1990, relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo  presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, Convencido de que esto requiere que se resuelvan las solicitudes de asilo sobre bases equivalentes  en todos los Estados miembros y, a tal efecto, en vista de las conclusiones de la Comisión  Ejecutiva del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la  Recomendación n° R(81) 16 del Comité Ministerial del Consejo de Europa, que se adopten garantías de  procedimiento comunes para los solicitantes de asilo, ADOPTA LA SIGUENTE RESOLUCIÓN: I. Las garantías previstas en la presente Resolución se aplicarán al examen de  las solicitudes de asilo en el sentido del artículo 3 del Convenio de Dublín, con la excepción de  los procedimientos para la determinación del Estado competente con arreglo a dicho Convenio. Las  garantías específicas aplicables en lo que se refiere a dichos procedimientos serán definidas por  el Comité ejecutivo creado en virtud del Convenio de Dublín. II. Principios generales para un procedimiento de asilo justo y eficaz 1. Los procedimientos de asilo se llevarán a cabo en total cumplimiento de la Convención de Ginebra  de 1951 y del Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como de las  demás obligaciones de Derecho internacional público relativas a los refugiados y a los derechos  humanos. En particular, los procedimientos respetarán plenamente el artículo 1 de la Convención de  1951 relativo a la definición del concepto de refugiado, el artículo 33 sobre el principio de no  devolución («non refoulement») y el artículo 35 sobre la colaboración con la oficina del ACNUR, en  particular con miras a facilitar a este último la supervisión de la ejecución de la Convención. 2. A fin de garantizar de forma eficaz el principio de no devolución no se tomará ninguna medida de  esta naturaleza mientras no se haya dictado resolución sobre la solicitud de asilo. III. Garantías relativas al examen de las solicitudes de asilo 3. Las normas para acceder al procedimiento de asilo, las características fundamentales del  procedimiento propiamente dicho y la designación de las autoridades responsables del examen de las  solicitudes serán reguladas por el Derecho de cada Estado miembro. 4. Las solicitudes de asilo serán examinadas por una autoridad plenamente cualificada en materia de  derecho de asilo y de refugiados. Las resoluciones se tomarán con independencia, es decir, que  todas las solicitudes de asilo se estudiarán individualmente, de forma objetiva e imparcial. 5. Durante el examen de la solicitud de asilo, la autoridad competente deberá por sí misma  considerar y procurar establecer todos los hechos pertinentes y dar al solicitante de asilo ocasión  para presentar de manera detallada las circunstancias de su caso y las pruebas correspondientes. El  solicitante de asilo, por su parte, deberá presentar todos los hechos y circunstancias de que tenga  conocimiento y poner a disposición los medios de prueba existentes. El reconocimiento del estatuto de refugiado no estará supeditado a la existencia de medios formales  de prueba determinados. 6. Las autoridades competentes para examinar las solicitudes de asilo estarán plenamente  cualificadas en materias relativas al derecho de asilo y a los refugiados. A tal efecto: - contarán con personal especializado que tenga los conocimientos y experiencia necesarios en el  ámbito del derecho de asilo y de las cuestiones relativas a los refugiados, y que por lo tanto  puedan valorar la situación especial de un solicitante de asilo; - tendrán acceso a informaciones exactas y actualizadas procedentes de distintas fuentes, incluido  el ACNUR, sobre la situación de los países de origen de los solicitantes de asilo y de los países  de tránsito; - tendrán derecho a recabar, en caso necesario, dictámenes de expertos sobre cuestiones  específicas, por ejemplo de índole médica o cultural. 7. Las autoridades responsables del control fronterizo y las autoridades locales ante las cuales  deban presentarse las solicitudes de asilo deberán contar con instrucciones claras y detalladas a  fin de que las solicitudes, junto con todas las demás informaciones disponibles, puedan  transmitirse sin demora a efectos de examen a la autoridad competente. 8. En caso de desestimación de la solicitud, deberá preverse la posibilidad de interponer recurso  ante un tribunal o ante una instancia de supervisión que se pronuncie, con total independencia,  sobre cada caso individual, en las condiciones del punto 4. 9. Los Estados miembros velarán por que los servicios competentes dispongan del personal y de los  medios suficientes para poder llevar a cabo sus tareas rápidamente y en las mejores condiciones  posibles. IV. Derechos de los solicitantes de asilo en el marco del procedimiento de examen, recurso y  revisión 10. Todo solicitante de asilo deberá tener la posibilidad efectiva de presentar su solicitud de  asilo tan rápidamente como sea posible. 11. Las declaraciones del solicitante de asilo y los demás datos que figuren en su solicitud son  datos de carácter altamente sensible que necesitan ser protegidos. El Derecho nacional deberá  establecer, a tal efecto, garantías adecuadas en materia de protección de datos, especialmente  frente a las autoridades del país de origen del solicitante de asilo. 12. Mientras no se haya dictado resolución sobre la solicitud de asilo, regirá el principio general  de que el solicitante de asilo puede quedarse en el territorio del Estado miembro que esté  examinando su solicitud o en el que se haya presentado la misma. 13. Se informará a los solicitantes de asilo, en una lengua que puedan entender, acerca del  procedimiento que debe seguirse así como de sus derechos y obligaciones durante el procedimiento.  En particular: - dispondrán, en caso necesario, de los servicios de un intérprete que pueda exponer sus argumentos  ante las autoridades de que se trate. Estos servicios de interpretación se sufragarán con fondos  públicos, siempre que sean las autoridades competentes las que hayan recurrido al intérprete; - los solicitantes de asilo podrán recurrir a un abogado autorizado con arreglo a las disposiciones  del Estado miembro de que se trate, o a otro tipo de asesor, que les asista durante el  procedimiento; - en todas las fases del procedimiento tendrán la posibilidad de ponerse en contacto con los  servicios del ACNUR o con otras organizaciones de ayuda a los refugiados que puedan operar en  nombre del ACNUR en el Estado miembro correspondiente, y viceversa. Además, los solicitantes de asilo podrán ponerse en contacto con otras organizaciones de ayuda a  los refugiados según las modalidades fijadas por los Estados miembros. La conveniencia de que el solicitante se ponga en contacto con el ACNUR y con las demás  organizaciones de ayuda a los refugiados no impedirá necesariamente que se aplique la resolución; - el representante de la Oficina del ACNUR deberá tener la posibilidad de ser informado del  desarrollo del procedimiento, de conocer las decisiones de las autoridades competentes y de exponer  sus observaciones al respecto. 14. Antes de que se dicte resolución definitiva respecto de la solicitud de asilo, el solicitante  deberá tener la posibilidad de mantener una conversación personal con un funcionario cualificado y  debidamente facultado con arreglo al Derecho nacional. 15. La resolución acerca de la solicitud de asilo se comunicará por escrito al solicitante. En caso  de desestimación el solicitante será informado acerca de los motivos y de la posibilidad de  revisión de la resolución. Si el Derecho nacional aplicable contempla tal posibilidad, el  solicitante de asilo podrá informarse o recibir información, en una lengua que comprenda, acerca  del contenido de la resolución adoptada a su respecto y de las posibilidades de recurso. 16. El solicitante de asilo dispondrá de un plazo suficiente para interponer recurso y para  preparar su argumentación, cuando solicite la revisión de la resolución. Estos plazos se  notificarán al solicitante en el momento oportuno. 17. Mientras no se haya dictado resolución sobre el recurso, regirá el principio general de que el  solicitante de asilo puede quedarse en el territorio del Estado miembro de que se trate. Cuando el  Derecho nacional de un Estado miembro permita, en determinadas condiciones, una excepción a este  principio, el solicitante de asilo debería tener, como mínimo, la posibilidad de solicitar el  permiso a las instancias mencionadas en el punto 8 (tribunal o instancia de supervisión  independiente), en atención a las circunstancias especiales de su caso, para permanecer  provisionalmente en el territorio del Estado de que se trate mientras dichas instancias se estén  ocupando del caso; no se podrá tomar ninguna medida de expulsión hasta que se haya dictado  resolución respecto de esta solicitud. Solicitudes de asilo manifiestamente infundadas 18. Las solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, tales como las definidas en la Resolución  adoptada por los Ministros encargados de inmigración en su reunión de los días 30 de noviembre y 1  de diciembre de 1992, se tratarán en las condiciones previstas en dicha Resolución. Las garantías  de la presente Resolución se aplicarán con arreglo a lo dispuesto en los principios de dicha  Resolución. 19. No obstante lo dispuesto en el punto 8, los Estados miembros podrán excluir la posibilidad de  interponer recurso contra una resolución denegatoria siempre que en su lugar un organismo  independiente y distinto de la autoridad examinadora haya confirmado previamente la resolución. 20. Los Estados miembros constatan que no debería haber motivo ni de hecho ni de derecho, dentro  del cumplimiento de la Convención de Ginebra de 1951, de reconocer el estatuto de refugiado a un  solicitante de asilo nacional de otro Estado miembro. En atención a esto, la solicitud de asilo presentada por un nacional de otro Estado miembro será  objeto, según las normas y usos de cada Estado miembro, de un procedimiento particularmente rápido  o simplificado, entendiéndose que los Estados miembros siguen obligados, como se prevé en la  Convención de Ginebra a la que hace referencia el Tratado de la Unión Europea, a proceder a un  estudio individual de cualquier solicitud de asilo. 21. Los Estados miembros podrán establecer excepciones con respecto al principio establecido en el  punto 17 en casos limitados, determinados por el Derecho nacional, cuando, con arreglo a criterios  objetivos externos a la misma solicitud, una solicitud sea manifiestamente infundada en el sentido  de los puntos 9 y 10 de la Resolución adoptada por los Ministros encargados de los asuntos de  inmigración en su reunión de 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992. No obstante, debe quedar  garantizado como mínimo que la resolución sobre la solicitud se adopte a un nivel elevado y que  haya medidas suplementarias suficientes (por ejemplo, apreciación coincidente por parte de otra  autoridad central con los conocimientos y experiencia necesarios en materia de derecho de asilo y  refugiados, con anterioridad a la ejecución de la resolución) que garanticen que la resolución es  correcta. 22. Los Estados miembros podrán establecer excepciones al principio expuesto en el punto 17 en lo  que se refiere a las solicitudes de asilo, siempre que, con arreglo a su Derecho interno, sea de  aplicación la noción de «tercer país de acogida» definida en la Resolución adoptada por los  Ministros responsables de la inmigración en su reunión de 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992.  En tales casos, los Estados miembros podrán disponer igualmente, no obstante el principio del punto  15, que la resolución denegatoria, los motivos en que se funda la misma y los derechos del  solicitante sean comunicados a éste oralmente en lugar de por escrito. A petición del interesado,  la resolución le será confirmada por escrito. Deberá informarse, en caso necesario, a las  autoridades del tercer país de que la solicitud de asilo no ha sido objeto de examen alguno en  cuanto al fondo. Solicitudes de asilo presentadas en la frontera 23. Los Estados miembros adoptarán medidas administrativas por las que se garantice que todo  solicitante de asilo que llegue a la frontera tenga la posibilidad de presentar una solicitud de  asilo. 24. Siempre que esté previsto en el Derecho nacional, los Estados miembros podrán aplicar  procedimientos especiales para establecer, antes de la resolución sobre la entrada al territorio,  si la solicitud de asilo es manifiestamente infundada. Durante dicho procedimiento no se efectuará  medida alguna de expulsión. En caso de que la solicitud sea manifiestamente infundada, podrá denegarse al solicitante de asilo  la entrada al territorio. En estos casos se podrá prever, en el Derecho nacional de un Estado  miembro, una excepción al principio general del efecto suspensivo del recurso legal (principio  recogido en el punto 17). No obstante, deberá garantizarse como mínimo que la resolución  denegatoria de entrada en el territorio la adopte un ministerio o autoridad central de rango  semejante, y que la justicia de la resolución quede asegurada por medio de medidas de salvaguarda  adicionales suficientes (por ejemplo, el estudio previo por parte de otra autoridad central). Estas  autoridades poseerán los conocimientos y la experiencia necesarios en materia de asilo. 25. Asimismo, los Estados miembros podrán prever excepciones a los principios recogidos en los  puntos 7 y 17 cuando, en virtud del Derecho nacional, sea de aplicación el concepto de «tercer país  de acogida» correspondiente a la Resolución de los Ministros responsables de la inmigración de los  días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992. Asimismo, los Estados miembros podrán disponer, no  obstante lo previsto en el punto 15, que se comunique al solicitante de asilo oralmente en lugar de  por escrito la resolución denegatoria y las posibilidades de recurso. A petición del interesado, se  confirmará la resolución por escrito. El procedimiento aplicable a los casos mencionados en la primera frase del párrafo anterior podrá  realizarse antes de la resolución sobre la entrada en el territorio. En estos casos podrá denegarse  la entrada en el territorio. V. Garantías adicionales para los menores no acompañados y para las mujeres Menores no acompañados 26. Deberá velarse por que el menor no acompañado que solicite asilo sea representado por una  institución o por un adulto designado a tal fin cuando, en virtud del Derecho nacional, carezcan de  capacidad para presentar una solicitud. Durante la entrevista personal, los menores no acompañados  podrán ser asistidos por el adulto o por el representante de la institución arriba mencionados.  Estos habrán de velar por los intereses del niño. 27. Cuando se examine la solicitud de asilo de un menor no acompañado, convendrá tomar en  consideración su madurez y desarrollo mental. Mujeres 28. Los Estados miembros procurarán que, en los casos necesarios, participen en el procedimiento de  asilo funcionarias cualificadas e intérpretes de sexo femenino, en particular cuando, debido a los  sucesos vividos o a su cultura, las solicitantes de asilo tengan dificultades para exponer de forma  completa los motivos de su solicitud. VI. Residencia cuando el interesado cumple los criterios de la condición de refugiado 29. El Estado miembro que haya examinado la solicitud de asilo, sin perjuicio de una aplicación  prevista en el Derecho nacional del concepto de «tercer país de acogida», deberá reconocer la  condición de refugiado al solicitante de asilo que cumpla los criterios del artículo 1 de la  Convención de Ginebra. A ese respecto, los Estados miembros podrán prever, en su Derecho nacional,  no hacer uso en su plena extensión de las cláusulas de excepción de la Convención de Ginebra. En principio, debería concederse al refugiado el derecho de residencia en dicho Estado miembro. VII. Otros casos 30. La presente Resolución no afecta a las disposiciones legales y reglamentarias de cada Estado  miembro en lo que se refiere a los casos que se indican en el punto 11 de la Resolución adoptada  por los Ministros responsables de la inmigración en su reunión de 30 de noviembre y 1 de diciembre  de 1992 sobre solicitudes de asilo manifiestamente infundadas. VIII. Medidas complementarias 31. Los Estados miembros tendrán en cuenta estos principios en todas las propuestas para modificar  sus respectivas legislaciones. Los Estados miembros se esforzarán por incorporar a su Derecho  interno estos principios antes del 1 de enero de 1996. Revisarán periódicamente, en colaboración  con la Comisión y en consulta con el ACNUR, el funcionamiento de dichos principios y evaluarán si  son necesarias medidas complementarias. IX. Disposiciones más favorables 32. Los Estados miembros tendrán derecho a establecer, en su legislación nacional sobre garantías  procesales aplicables a los solicitantes de asilo, disposiciones que sean más favorables que las  contenidas en las garantías mínimas comunes.

Summary:
Garantías mínimas para los procedimientos de asilo
Garantías mínimas para los procedimientos de asilo
1) OBJETIVO
Establecer garantías mínimas para los procedimientos de asilo depositados en la UE de acuerdo con los principios de la Convención de Ginebra de 1951 y el protocolo de Nueva York de 1967.
2) ACTO
Resolución del Consejo de 20 de junio de 1995 sobre las garantías mínimas para los procedimientos de asilo [Diario Oficial C 274 de 19.09.1996].
3) SÍNTESIS
Tras la entrada en vigor del Convenio de Dublín de 1990, los Estados miembros quisieron establecer procedimientos equivalentes para examinar las solicitudes de asilo. Con este fin, se definieron para tales procedimientos una serie de garantías mínimas que los Estados miembros deberían respetar. Cada legislación nacional puede luego establecer normas más favorables.
Principios generales
Los procedimientos de examen de una solicitud de asilo deberán respetar la Convención de Ginebra de 1951 y el protocolo de 1967, y en concreto la definición del concepto de " refugiado " y el principio de "no expulsión" (no puede aplicarse ninguna medida de expulsión mientras no se haya adoptado una decisión sobre la solicitud de asilo), y deberán desarrollarse en cooperación con el Alto Comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR).
Garantías relativas al examen de las solicitudes
Todas las solicitudes se examinarán individual, objetiva e imparcialmente. El solicitante presentará con todo detalle su caso y las pruebas existentes, aunque la concesión del estatuto de refugiado no esté supeditada a la existencia de unas pruebas determinadas.
Las autoridades responsables del examen de la solicitud de asilo deberán disponer de personal especializado en número suficiente y de informaciones precisas sobre la situación existente en los países de origen y tránsito, así como de expertos sobre cuestiones específicas (médicas, culturales, etc.).
Deberán darse instrucciones claras a las autoridades responsables de los controles en las fronteras y locales para que transmitan rápidamente las solicitudes a la autoridad competente.
Si la solicitud de asilo es rechazada, podrá presentarse un recurso ante un tribunal o una instancia de revisión independiente.
Derechos de los solicitantes de asilo durante los procedimientos de examen, recurso y revisión
El solicitante podrá permanecer en el territorio del Estado miembro en que haya presentado la solicitud mientras no se haya adoptado una decisión al respecto. Durante el procedimiento, tendrá derecho a disponer de un intérprete y, eventualmente, de un abogado o consejero, y podrá comunicarse con el ACNUR u otras organizaciones de ayuda a los refugiados. Antes de que se adopte ninguna decisión sobre su expediente, tendrá derecho a entrevistarse personalmente con un funcionario cualificado.
En el caso de las solicitudes manifiestamente infundadas, se aplicarán los principios definidos en la Resolución de 30 de noviembre de 1992. Las solicitudes presentadas por un nacional de otro Estado miembro de la Unión se inscribirán en este marco en la medida en que todo Estado miembro es considerado a priori como un país seguro. Dichas solicitudes serán objeto de un procedimiento individual especialmente rápido.
Toda solicitud de asilo deberá poder depositarse en la frontera. Podrá en tal caso examinarse a efectos de determinar si es manifiestamente infundada antes de que el solicitante sea autorizado a entrar en el territorio. No obstante, si existiera un tercer país de acogida, podrían establecerse algunas excepciones al principio de no expulsión.
Garantías suplementarias para los menores no acompañados y las mujeres
Los menores no acompañados estarán representados por un organismo o por un adulto responsable designado que les asista durante el procedimiento.
Los Estados miembros se esforzarán en la medida de lo posible en asociar a los procedimientos a agentes e intérpretes femeninos, especialmente cuando los acontecimientos vividos por la persona o su cultura de origen dificulten la exposición del conjunto de motivaciones de la correspondiente solicitud.
Derecho de residencia
Cuando el solicitante satisfaga los criterios para obtener el estatuto de refugiado, se le concederá en principio el derecho a residir en el Estado que haya examinado su solicitud.
Los Estados miembros se esforzarán por adaptar su legislación nacional a estos principios antes del 1 de enero de 1996.
4) medidas de aplicación
El 20 de septiembre la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado [COM(2000) 578 final - 2000/0238 CNS].
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Hacia un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión para las personas que obtienen el asilo [COM (2000) 755 final -No publicada en el Diario Oficial].
El 22 de noviembre de 2000, la Comisión presentó una comunicación en la que se ponía de relieve que una armonización de los procedimientos de asilo podría tener unos efectos positivos inmediatos. El primero sería limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo influidos por la diversidad de las normas aplicables y los derechos concedidos a raíz del reconocimiento del derecho de asilo. El solicitante de asilo debe estar razonablemente seguro de que, cualquiera que sea el Estado al cual envía su demanda, tendrá las mismas oportunidades de obtener una protección adecuada.
El segundo efecto sería preservar la especificidad del derecho de asilo con relación a las otras formas de protección humanitaria. Además, la Comisión desea establecer la definición de normas comunes para el intercambio de información y la incorporación a la red de las autoridades interesadas con el fin de facilitar el análisis de los datos estadísticos, la colaboración de las distintas autoridades y el intercambio de buenas prácticas.
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de asilo, introduciendo un método abierto de coordinación. Primer informe de la Comisión sobre la aplicación de la Comunicación COM(2000)755 final de 22 de noviembre de 2000 [COM(2001)710 final - No publicada en el Diario Oficial].
En la Comunicación de 22 de noviembre de 2000, la Comisión expuso su opinión sobre la posibilidad de establecer un procedimiento común de asilo definiendo objetivos y proponiendo un método. La Comunicación de 28 de noviembre de 2001 contiene una definición más precisa de los métodos que pueden aplicarse a la política de asilo. Las sugerencias antes mencionadas se someterán a continuación a una consulta con vistas a la presentación formal de una propuesta de la Comisión.
El informe sobre la política común de asilo en la Unión Europea se presentará cada año y constituirá una herramienta de transparencia y debate público. La presente Comunicación se divide en seis títulos:
aplicación del programa legislativo de la primera fase así como de las medidas complementarias (que hace referencia a la legislación ya en vigor así como a las propuestas presentadas tales como Eurodac, la propuesta de Reglamento "Dublín II", el programa ARGO...);
relaciones entre obligaciones de protección internacional y seguridad (exclusión del estatuto de refugiado, transferencia, no devolución);
analisis común (intercambio de estadísticas e información sobre el asilo y los flujos migratorios);
dimensión exterior (ampliación, relación con los Balcanes, Federación Rusa, relaciones con el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados);
aplicación del método de coordinación abierto a la política de asilo (en la práctica, la Comisión invita al Consejo a aprobar las orientaciones plurianuales así como un calendario para la realización de los objetivos a corto, medio y largo plazo. A continuación, los Estados miembros deberán transponer estas orientaciones en su legislación nacional);
recomendaciones.
5) trabajos posteriores
Última modificación: 18.08.2005