Query: ¿Cómo funciona la Ley de Insolvencia del Reino Unido?

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El derecho de sociedades del Reino Unido es el cuerpo de normas que tiene que ver con las corporaciones creadas bajo la Ley de Sociedades de 2006. También regulado por la Ley de insolvencia de 1986, el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido, las Directivas de la Unión Europea y los casos judiciales, la compañía es el principal vehículo legal para organizar y ejecutar los negocios. Rastreando su historia moderna a finales de los años de la Revolución Industrial, las sociedades anónimas ahora emplean más personas y generan más de la riqueza en la economía del Reino Unido que cualquier otra forma de organización.

El Reino Unido fue el primer país en preparar los estatutos de sociedades modernas, en donde a través de un proceso de registro sencillo cualquier inversionista puede incorporar, limitar la responsabilidad de gestión a sus acreedores en caso de insolvencia de las empresas, y en donde la administración fue delegada a una junta de directores centralizada. Modelo internacional influyente, el derecho del Reino Unido siempre ha dado a las personas una amplia libertad para diseñar las normas internas de las empresas, siempre y cuando los derechos mínimos obligatorios de los inversionistas en virtud de su legislación sean cumplidos. El Derecho de Sociedades, o la ley corporativa, se puede dividir en dos campos principales. El gobierno corporativo en el Reino Unido interviene en los derechos y deberes entre los accionistas, empleados, acreedores y directores. Dado que el consejo de administración habitualmente tiene el poder de manejar el negocio bajo una constitución de la empresa, un tema central es qué mecanismos existen para asegurar la "responsabilidad directiva. La legislación del Reino Unido es “accionista amigo” en el que los accionistas , con exclusión de los empleados , por lo general ejercen derechos de voto único en la junta general. La asamblea general tiene una serie de derechos mínimos para cambiar la constitución de la empresa, emitir resoluciones y remover a los miembros de la junta. A su vez, los directores tienen una serie de derechos para sus empresas. La administración debe llevar a cabo sus responsabilidades con competencia, en la buena fe y lealtad inquebrantable a la empresa.Si los mecanismos de votación no prueban suficientemente, en particular para los accionistas minoritarios, los derechos de los directores y otros derechos de los miembros puede ser reivindicado en la corte. De importancia central en la lista y las empresas públicas es el mercado de valores, que se caracteriza por la Bolsa de Valores de Londres .A través de la toma de posesión Código del Reino Unido protege fuertemente el derecho de los accionistas a recibir el mismo trato y libre comercio de sus acciones.

El enfoque principal de la legislación moderna sobre insolvencia y las prácticas de reestructuración de la deuda empresarial ya no se basa en la liquidación y eliminación de entidades insolventes, sino en la remodelación de la estructura financiera y organizativa de los deudores que experimentan dificultades financieras para permitir la rehabilitación y la continuación de sus negocios. Esto se conoce como recuperación comercial o reestructuración de negocios. La implementación de un cambio de negocio puede tomar muchas formas, incluyendo mantener y reestructurar, vender como un negocio en marcha o liquidar y salir. En algunas jurisdicciones, es un delito bajo las leyes de insolvencia que una corporación continúe en el negocio mientras es insolvente. En otros (como Estados Unidos con sus disposiciones del Capítulo 11), el negocio puede continuar bajo un acuerdo de protección declarado mientras se resuelven opciones alternativas para lograr la recuperación. Cada vez más, las legislaturas han favorecido alternativas a la liquidación de empresas.

En la actualidad, la ley 550 de 1999 fue derogada y el régimen actual de insolvencia está descrito por la ley 1116 de 2006. Ésta, sin embargo, no es una ley de quiebra; por el contrario, es una ley que otorga al deudor herramientas para su recuperación y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica, de generación de empleo y célula de prosperidad para el Estado. La citada norma dictamina los parámetros y las reglas de juego mediante las cuales una empresa puede entrar en régimen de insolvencia y procurar un acuerdo de pago con sus acreedores.

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La Ley de las Comunidades Europeas de 1972 otorgó fuerza de ley a la legislación del párrafo 1 del artículo 2 que dice: «Todos los derechos, poderes, responsabilidades, obligaciones y restricciones que de vez en cuando se hayan creado o se deriven de los Tratados ... que no se hayan promulgado ulteriormente para que se les dé efecto legal o se utilicen en el Reino Unido serán reconocidos y estarán disponibles en la ley, y serán aplicados, permitidos y seguidos».

El punto de vista tradicional presentado por AV Dicey es que el parlamento tenía el poder de hacer cualquier ley, excepto cualquier ley que obligara a sus sucesores. Sin embargo, formalmente hablando, el estado actual que es el Reino Unido es descendiente del Tratado de Unión internacional entre Inglaterra y Escocia en 1706/7 que condujo a la creación del «Reino Unido de Gran Bretaña». Está claro que los términos de ese Tratado establecían que algunas de sus disposiciones no podían modificarse, por ejemplo, la existencia separada del sistema legal escocés, y formalmente, estas restricciones son una limitación continua a la soberanía del Parlamento del Reino Unido. Esto también ha sido reconsiderado por teóricos constitucionales, incluidos Sir William Wade y Trevor Allan, a la luz de la Ley de Comunidades Europeas de 1972 y otras disposiciones relacionadas con la pertenencia a la Unión Europea, y la posición de la Ley de Derechos Humanos de 1998 y cualquier intento de hacer esto o otra legislación arraigada.  Estas cuestiones siguen siendo controvertidas, aunque el Reino Unido ha dejado de ser miembro de la UE.

Las autoridades públicas deben actuar dentro de la ley que se les asigna, un segundo enfoque del estado de derecho. Cualquier acción tomada fuera de la ley es "ultra vires" y no puede ser sancionada por los tribunales. "Entick v Carrington" fue un caso histórico en términos de la ley inglesa, con el famoso dicho de Camden LJ: «Si esto es ley, se encontraría en nuestros libros, pero nunca existió tal ley en este país». Joseph Raz identifica al gobierno que sigue la ley como una tautología : si la voluntad de quienes están dentro del gobierno se expresara fuera de sus limitaciones legales, ya no actuarían como el gobierno. Por lo tanto, caracteriza este argumento de forma legal como uno de mera obediencia a la ley; garantizar que los que están en el gobierno sigan las leyes como deben hacerlo los que están fuera de él. Rechaza eso como la única concepción del estado de derecho. En el caso de 2008 de "R v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte Bancoult (No 2)", una minoría de jueces determinó que una orden del Consejo del gobierno británico no tenía base jurídica en la apelación final. Se pueden otorgar poderes adicionales a los actores en nombre del gobierno solo a través del parlamento. En el Reino Unido, las sanciones por apartarse de estas reglas vienen a través de un procedimiento judicial ordinario; en otros países pueden asignarse a tribunales designados. Los departamentos gubernamentales son directamente responsables de los daños causados por sus actos; sin embargo, el soberano conserva inmunidad judicial. Esta inmunidad es más amplia que el hecho de que el Jefe de Estado de otros países, por ejemplo, el Presidente de los Estados Unidos, pueda ser acusado y luego juzgado. En "M v Home Office" se determinó que el Ministro del Interior era responsable de desacato al tribunal. Por otra parte, las leyes del Parlamento que contravenga los derechos básicos —como la detención indefinida sin juicio de sospechosos de terrorismo— siempre de acuerdo con este concepto del estado de derecho.

La devolución del poder en Reino Unido se refiere a la descentralización de los poderes legislativo y ejecutivo en el Reino Unido. Las leyes de devolución votados por el Parlamento de Westminster delegan importantes poderes a los parlamentos o asambleas nacionales de los cuatro países que componen el Reino Unido y resulten con la creación de tres gobiernos autónomos. El concepto de devolución difiere del concepto de federalismo, ya que las competencias delegadas en última instancia siguen perteneciendo al gobierno central, así que legalmente ("de iure") el estado sigue siendo uno único. La legislación que permite los parlamentos o las asambleas subordinadas puede ser abolida o modificada a través del Parlamento. Impulsada por un referéndum en 1997 La ley Escocia (Scotland Act) de 1998 acuerda tanto poderes legislativos como en el ámbito de los impuestos. El parlamento escocés dispone del poder legislativo en los siguientes ámbito;

Desde la Revolución de 1688, la piedra angular de "la constitución británica" ha sido tradicionalmente "la doctrina de la soberanía parlamentaria", según la cual los estatutos que se aprueban por el Parlamento son la fuente suprema y última de su ley (la del Reino Unido). De ello se desprende que el Parlamento puede cambiar la constitución simplemente cuando se aprueban nuevas leyes. Existía cierto debate sobre si este principio seguía siendo plenamente válido hoy en día, en parte debido a la pertenencia del mismo Reino Unido a la Unión Europea, sin embargo con la salida del Reino Unido de la Unión Europea dicho debate resulta estéril.

Las Leyes del Parlamento son leyes (estatutos) que han recibido la aprobación del Parlamento - es decir, el Soberano, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. En raras ocasiones, la Cámara de los Comunes utiliza las "Leyes del Parlamento" (la Ley del Parlamento de 1911 y la Ley del Parlamento de 1949) para aprobar legislación sin la aprobación de la Cámara de los Lores. Es algo inaudito en los tiempos modernos que el Soberano se niegue a sancionar un proyecto de ley, aunque la posibilidad fue contemplada por Jorge V en relación con la ferozmente polémica Ley de Gobierno de Irlanda de 1914.