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Recherches sur l’histoire du droit comparé (anc. législ. des obligations et du gage chez les Hindous; docs jurid. assyrs et babyl.). ITALIE. Archivio di psichiatria, scienze penali, etc. 1881, 1-2: Puglia: Rôle de la psychologie dans les sciences pénales; Crivellari: Divorce en médecine légale; Boggio et Collino: Types anthropologiques de criminels; Lombroso: Nouvelle loi sur les asiles d’aliénés. Archivio della Società di storia patria. IV, 4: Ademollo: Les Justices à Rome. Archivio giuridico. XXVI, 5: Brugi: Periodo storico dei postglossatori in Italia, con particolare riguardo al libro dell’av. Chiapelli intorno al giureconsulto Cino da Pistoia; Frugoni: Il nuovo codice federale
al giureconsulto Cino da Pistoia; Frugoni: Il nuovo codice federale svizzero delle obligazioni; Vivante: Le assicurazioni e i creditori navali; Luparia: Chi propone l’azione negatoria e egli dispensato dalla prova della liberté, quand' il convenuto ha per sé una sentenza di manutenzione nel possesso annuale della servitude? Percui: Quale è il termine utile a compiere l’intervento di uno al art. 244 del Codice di commercio? Scialoja: Sul metodo d’insegnamento del diritto romano nelle università italiane. 6: Rizzuto: Sulla frode punibile, e sui criteri per non confondere la collazione civile; Brini: Saggio d’istituzioni del diritto civile italiano; Manaresi: La Questio inter
Saggio d’istituzioni del diritto civile italiano; Manaresi: La Questio inter Virginem Mariam et Diabolum di Bartolo. XXVII, 1-2: Tango: La revocazione; Errera: Compra-vendita mediante spedizione; Rignano: L’art. 14, G. com. ital.; Luparia: Sulla scopo dell’azione di manutenzione nel possesso annuale e di reintegrazione nel possesso e sul senso della molestia e dello spoglio secondo il Codice italiano. 3-4: Scialoja: Servitus oneris ferendi; Durante: Libertà di scrivere e di stampare in Italia; Bensa: Giurisdizione mercantile in Genova nel medio âge; Luparia: La tassa di successione è dovuta prima che il non concepito erede sia nato? Lebano: Ancora della surrogazione legale dei
concepito erede sia nato? Lebano: Ancora della surrogazione legale dei creditori privilegiati sull’indemnità pagabile dagli assicuratori. 5-6: Negri di Lamporo: De lege Rhodia de jactu; Durante: (suite)-, Ghiamelli: Le idee politiques du Bartolo; Brugi: Azione popolare romaine in materia di opere pie; Vadala Papale: Il diritto civile nell’insegnamento universitario; Luparia: L’anno utile per agire in manutenzione nel possesso annuale decorre dal primo atti di molestia oppure dall’. XXVIII, 1: Loria: Teoria ultime del valore negli economisti italiani; Supino: Il Codice di commercio alla camera dei deputati; Scialoja: Propositi del fr. 2: De lege Rhodia. Archivio storico italiano. VIII, 4: Santamaria:
2: De lege Rhodia. Archivio storico italiano. VIII, 4: Santamaria: I feudi nell’Italie méridionale. Archivio storico lombardo. 30 sept. 1881: Del Giudice: Statuts des communes italiennes. Archivio storico per le province napoletane. VI, 2: Raccoppi: Statuts de la bagliva des anciennes communautés dans le territoire napolitain. Il circolo giuridico. VI: S. Salvatore: Società, liquidazione. VII: R. Catania Antonino: Del governo parlamentare o di gabinetto (fin au n° VIII). IX: S. Biuso Greco: Il mal costume in Italia ed il Codice penale. X: Macleod: Moderna scienza della economia. XII: Tuzzolino: Diritti della prole illegitima e delle indagini sulla paternité; Crescimanno: Alienati
della prole illegitima e delle indagini sulla paternité; Crescimanno: Alienati interdetti e non interdetti; Di Marco: Capacità a ricevere degli enti morali non ancora riconosciuti. 1882, I-II: Leoni Giuseppe: Obligazioni divisibili ed indivisibili del diritto romain. Giornale ligustico. Nov.-déc.: Rezasco: Dell’antico debito pubblico denominato Monte. REVUE DES PÉRIODIQUES. Rassegna italiana. Août: Santucci: Divorzio; Contini: Prima grande riforma della disciplina penitenzaria (Suite en sept.-oct.). Rassegna nazionale. Octobre: Fontanelli: Insegnamento delle scienze sociali. Nov.: Fontanelli: Scuola di scienze sociali in Firenze. Janv.: Pantaleoni: Diritto preistorico; Zinati: Contribuzione dei membri del Parlamento. Rassegna settimanale. 16 octobre: Brants: Economie sociale au moyen âge. 6
settimanale. 16 octobre: Brants: Economie sociale au moyen âge. 6 nov.: Gentile: Composition du Sénat dans la république romaine. 1882, 1er janv.: Schupfer: Legge romana di Udinese. Revista Europea. 1er nov.: Puglia: Evoluzione del diritto penale. ESPAGNE. Renaixenza. octobre. Historia del derecho civil antiguo. Revista contemporánea. agosto: Pagès: Regimen municipal de la antigua Cataluña; C. de Almenas: Libertades de Aragón. Revista de España. agosto: Gil Sanz: Nuestro derecho penal. Nov.-déc.: Tejada: El proyecto de ley sobre los Tribunales. Enero: Calvo Marcos: Regimen parlamentario en España (suite en febrero). Febrero: Gil Sanz: El derecho penal. Revista general de legislación 1-11. Alas:
Sanz: El derecho penal. Revista general de legislación 1-11. Alas: Programa de economía política y estadística; González: Informe sobre una cuestión de montes; Ucelay: Jurisdicción especial de comercio; Brusa: Caracteres de la escuela criminalista italiana; E. Reus: Concurso de acreedores según la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881; Iñigo-Josa: Decadencia del imperio romano en sus relaciones con la historia del derecho; Itamos: Inscripciones de posesión anterior a 1863, según la ley hipotecaria; Ibargüen: Contencioso administrativo en hacienda; Mazetti: Intelligencia del artículo 36 del nuevo reglamento del timbre, III-IV; Ibargüen: Restitución in integrum a favor del Estado;
timbre, III-IV; Ibargüen: Restitución in integrum a favor del Estado; S. y Oleiza: Nueva legislación referente a los impuestos del timbre y derechos reales y trasmisión de bienes; Brusa (suite); G. del Alba: Influencia de las pasiones en la criminalidad. BIBLIOGRAFÍA Tratado de seguros marítimos, del desiste y de las avarías, por M. A. Droz, abogado de la Corte de París, doctor en derecho. París, E. Thorin. 2 vol. in-8. Precio: 18 fr. Desde la promulgación del Código de comercio un gran número de dificultades relacionadas con los seguros marítimos han sido agitadas por la doctrina, y resueltas por la
han sido agitadas por la doctrina, y resueltas por la jurisprudencia. Los principios están, en general, establecidos con bastante firmeza: la dificultad comienza con la aplicación de la regla de derecho a las especies múltiples y variadas que se presentan en la práctica. Es aquí también donde se manifiesta al más alto grado el tacto del jurisconsulto, ya que bien frecuentemente una ligera diferencia en los hechos llama a las soluciones jurídicas opuestas. El ejemplo ha sido dado por los maestros de la ciencia, por Emerigon y Valin, cuyos escritos deben siempre servir de modelo, y es necesario elogiar altamente
deben siempre servir de modelo, y es necesario elogiar altamente a M. Alfredo Droz quien ha tomado estas buenas tradiciones. Este elogio no es banal; todos los que han discutido las cuestiones de derecho marítimo, particularmente las que tienen que ver con los seguros, saben cuánta sagacidad y prudencia se necesita para desgajar la verdadera cuestión de derecho, y no permitir que se la abusen con la aparente similitud de las especies. Veamos, pues, un primer mérito que me hago cargo de señalar. No es el único. El libro es claro, un gran aproveche porque trata de materias delicadas y
claro, un gran aproveche porque trata de materias delicadas y arduas; está escrito en el lenguaje del derecho, y con el empleo del vocabulario especial de los seguros. Quand on no se equivoque, en efecto, los seguros tienen una lengua aparte que sólo los iniciados saben hablar o incluso comprender, y se necesita una larga habitación para manejarla con facilidad. En fin, M. Droz ha tenido a no quedarse en las generalidades: ha tomado los recuentos de sentencias; ha examinado con cuidado los hechos y las especies; ha sagemente criticado las decisiones; es un sistema excelente que debe ser aprobado.
las decisiones; es un sistema excelente que debe ser aprobado. El volumen primero enumera las condiciones esenciales del contrato de seguro y de la policía: define la capacidad de las partes contratantes y los objetos de la seguro. El autor encuentra esta larga controversia relacionada con el seguro del fret, y en la que no parece querer tomar partido: estudia la teoría de los riesgos; define el vicio propio y da ejemplos; interpreta a su vez el artículo 347 del Código de comercio, y busca los elementos de la reticencia. La estudio de la restitución, de las derogaciones a las
La estudio de la restitución, de las derogaciones a las cláusulas de la policía, y los principios relativos a los seguros múltiples completan este primer volumen. El segundo ofrece un mayor interés. Trata de las avarías, de la diferencia que separa las avarías grandes de las avarías particulares, de l'abordage y del desiste. Se han dedicado varios capítulos a las dificiles cuestiones surgiendo de los reglamentos de avarías. M. Droz da numerosos ejemplos y disposiciones de despacho, y ha tenido que un gran valor para exponer y discutir con nitidez cuestiones que están ajenas a bien de seguros experimentados. Las
cuestiones que están ajenas a bien de seguros experimentados. Las disposiciones legales en materia de derecho marítimo presentan en general este carácter de que han atravesado los siglos sin sufrir de graves modificaciones, issues de los usos, han sido recogidas por el legislador quien se ha casi siempre limitado a las clasificar y a desarrollar. Eso se comprende fácilmente, porque las necesidades de la vida marítima no se han modificado gran cosa. Las relaciones jurídicas surgidas o entre el armador y los cargadores, o frente al equipo, han conservado la misma naturaleza; los contratos y sus consecuencias no han sufrido
misma naturaleza; los contratos y sus consecuencias no han sufrido alteración, sólo los viajes son más cortos y más fáciles, y los peligros son menos frecuentes. El derecho comercial marítimo presenta pues un carácter de fijeza, absoluto extranjero al derecho civil, que debe acomodarse sin cesar a todas las exigencias de las costumbres, y marchar con la civilización del país. Tales reglas jurídicas, tales costumbres que nosotros encontramos en los discursos de Demóstenes, en los fragmentos del derecho romano y en las compilaciones del medioevo; han sido después recogidas por la ordenanza del mes de agosto de 1081, de donde
la ordenanza del mes de agosto de 1081, de donde han pasado al Código de comercio. Los ejemplos son numerosos, y uno de los más sajantes puede ser tomado de lo que es relativo a las avarías. Ocupémonos específicamente de las avarías grandes o comunes. Se define así todo sacrificio voluntario efectuado para el salvamento del navío y de la carga. Ainsi, le navire est en péril, le sinistre est imminent : pour conjurer le danger, pour sauver à la fois le bâtiment et la marchandise, on prend la résolution de faire un sacrifice quel qu’il soit, ce sacrifice est
de faire un sacrifice quel qu’il soit, ce sacrifice est une avarie commune, et il doit être supporté par tous ceux auquel il profite. Après avoir donné quelques exemples d’avaries grosses, l’article 400 du Code de commerce résume la doctrine en ces mots : « En général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d’après délibérations motivées pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement. » Ainsi, d’après la loi, la réunion de quatre conditions est nécessaire pour constituer l’avarie commune. Il faut : 1° que
nécessaire pour constituer l’avarie commune. Il faut : 1° que le sacrifice soit fait dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison ; 2° qu’il ait pour but d’éviter un péril extrême et imminent; 3° qu’il soit volontaire; 4° qu’il ait procuré le salut commun (G. com., art. 428). Le sacrifice est alors supporté en commun par ceux qui en ont profité (art. 401). Ce sont des règles de bon sens et de droit ; elles ont toujours été suivies (L. 1, 2, 3, Dig., De lege Rhodia, de jacta, XIV, 2). Elles étaient pratiquées à Rome. Juvénal raconte
jacta, XIV, 2). Elles étaient pratiquées à Rome. Juvénal raconte que son ami Catulle, pris en mer par la tempête, avait ordonné le sacrifice du riche mobilier qu’il rapportait : "Fundite, quae mea sunt, dicebat, cuncta Catullus, Precipitare volens etiam pulcherrima, vestem Purpuream, teneris quoque Moecenatibus aptam Atque alias... Ille nec argentum dubitabat mittere, lances Parthenio factas, urnas cratera capacem... Adde et bascandas, et mille escaria, multum Coelati..." (Juvénal, Satire XII). Ainsi le propriétaire sacrifie son bien pour le salut commun, et sans doute les autres chargeurs, ainsi que l’armateur, ont dû contribuer à la perte (De Courcy, Questions de
ont dû contribuer à la perte (De Courcy, Questions de droit maritime, p. 225). Plus tard, cette notion se fixe et se développe ; la pratique amène une convention que les auteurs italiens ont nommée germinemento, et qui est une sorte d’assurance mutuelle en présence du péril commun. Les chargeurs, qui généralement alors accompagnaient leurs marchandises, consentent au sacrifice de tout ou partie de leur bien pour obtenir le salut de tous. De son côté, le capitaine n’hésitera point à jeter à la mer les voiles et les nui BIBLIOGRAPHIE. 275 cottes. Les pertes alors sont assimilées; elles doivent toutes
275 cottes. Les pertes alors sont assimilées; elles doivent toutes être réparées par la voie de la contribution. (Consulat de la mer, LXVI (111), LXVII (112), CL (195), CLI (196), CLII (197), CLXXXVI (232). Pardessus, Coll, des lois marit., t. II, p. 114, 166, 212. — Dufour, Droit maritime, t. 1, p. 17). Mais bientôt les marchands ne sont plus à bord, le chargement est confié aux soins de l’équipage qui le doit conduire à bon port. Alors le capitaine est réputé le mandataire des chargeurs, et c’est lui qui, assisté de l’équipage, décidera si, en face du péril, il
assisté de l’équipage, décidera si, en face du péril, il y a lieu de faire un sacrifice, et qui en déterminera l’étendue (Guidon de la mer, ch. V, n° 21 et suiv. Pardessus, op. cit., t. II, p. 392; Gasa regis, Disc., 19, n° 7 et 8). Les éléments constitutifs de l’avarie grosse furent ainsi précisés, et ces simples notions, rapidement exposées, sont le commentaire de l’art. 6, titre 7, livre III, de l’ordonnance de 1681, dont les dispositions ont passé dans le Code de commerce. Peut-être est-il à regretter que les données fournies par l’histoire n’aient pas toujours été
que les données fournies par l’histoire n’aient pas toujours été recueillies par M. Droz. Il les a, sans nul doute, omises parce qu’il se proposait d’écrire un livre destiné surtout à la pratique. Il est juste de reconnaître qu’il a pleinement réussi, et que son travail sera toujours consulté avec fruit pour l’examen des difficultés si nombreuses, dont la solution est soumise aux tribunaux. L. Michaux-Bellaire, Avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Des sociétés commerciales françaises et étrangères, par Rod. Rousseau, avocat à la Cour d’appel de Paris. Paris, Marec aîné. 2 vol. in-8. Il ne
de Paris. Paris, Marec aîné. 2 vol. in-8. Il ne faudrait pas chercher dans l’ouvrage de M. Rousseau une nouvelle élaboration scientifique d'une matière souvent traitée, mais sur laquelle il y a certainement encore beaucoup à trouver et beaucoup à dire. L’ambition de l’auteur ne s’est pas élevée aussi haut; mais le résultat cherché et obtenu n’en est pas moins utile. Il définit ainsi dans sa préface, le plan de l'ouvrage : « Ce n’est point, en effet, un traité proprement dit sur les sociétés que nous avons écrit. On ne trouvera dans ce livre rien de personnel à son
ne trouvera dans ce livre rien de personnel à son auteur... Notre but a été plus modeste; il a consisté à présenter un état fidèle de la doctrine et de la jurisprudence sur toutes les difficultés que soulève la vaste matière des sociétés commerciales... Notre plan est donc facile à définir. Nous aurions pu intituler l’ouvrage : Repertoire de doctrine et de jurisprudence sur les sociétés commerciales. » Ce cadre ainsi défini a été parfaitement rempli. L’ouvrage a d’abord sur les répertoires du même genre, qui peuvent exister, l’avantage de la nouveauté; c’est un mérite considérable dans une matière sujette
la nouveauté; c’est un mérite considérable dans une matière sujette à des remaniements aussi fréquents, réglementée en grande partie par une loi relativement récente, et sur laquelle on ne peut pas dire que la doctrine et la jurisprudence soient toujours définitivement fixées. Mais il a, en outre, une valeur propre, et, n’en déplaise à la modestie de M Rousseau, quelque chose de personnel à son auteur. Ce quelque chose, c’est un plan excellent, une méthode parfaite qui classe très simplement à leur véritable place les innombrables documents relatifs à la matière. Quand on parcourt ces pages, on éprouve une vraie
matière. Quand on parcourt ces pages, on éprouve une vraie satisfaction de l’esprit à voir se grouper aussi facilement et avec autant de clarté une foule de décisions infiniment variées, qui nourrissent, si l’on peut s’exprimer ainsi, les principes auxquels elles sont rattachées, et leur rendent, comme un miroir fidèle, une grande partie de la lumière qu’elles en reçoivent. Cet ordre méthodique permet aussi de retrouver très facilement les solutions que l’on veut chercher sur un point donné; une table alphabétique très soignée facilite d’ailleurs ces recherches. L’auteur s’est de plus donné à tâche de ne laisser dans l’ombre aucun
plus donné à tâche de ne laisser dans l’ombre aucun des points qui peuvent intéresser les personnes qui s’occupent des sociétés commerciales, et spécialement celles qui les mettent en pratique. A la suite de l’étude juridique principale, il a consacré une série de chapitres fort intéressants aux sociétés formées pour l’exploitation des charges d’agents de change : aux actions en justice concernant les sociétés; à la faillite des sociétés; au séquestre en matière de société; à la conversion des titres nominatifs en titres au porteur; à la perte et au vol de ces derniers titres; à la condition légale des
vol de ces derniers titres; à la condition légale des sociétés étrangères en France; à l’enregistrement et au timbre. Enfin la moitié du second volume est consacrée à un tableau résumé des législations étrangères sur la matière des sociétés; le développement des relations internationales rend ce travail éminemment utile. L’ouvrage se termine par la reproduction des textes législatifs français et par un formulaire. En publiant cet important ouvrage, M. Rousseau a rendu un grand service aux praticiens. Mais les juriconsultes y trouveront aussi des matériaux fort commodément groupés et un secours très précieux pour leurs recherches. A. Boistel, Professeur à
secours très précieux pour leurs recherches. A. Boistel, Professeur à la Faculté de droit de Paris. Ordre et instruction judiciaire, par P. Ayrault, précédé d’une étude sur les progrès de la procédure criminelle en France par M. V. Jeanvrot, substitut du procureur général près la Cour d’Angers. Paris, Cotillon et Chevalier-Marescq, 1881. 1 vol. in-8. Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le treizième siècle jusqu’à nos jours, par M. A. Esmein, agrégé à la Faculté de droit de Paris. Paris, Larose. 1 vol. in-8. Parmi les juristes qui, au seizième siècle, après
vol. in-8. Parmi les juristes qui, au seizième siècle, après l’apparition de la Réforme et grâce au mouvement des idées produit par la Renaissance, luttèrent contre le système répressif alors en vigueur, et cherchèrent à introduire, dans la procédure criminelle, des idées de modération, de justice, d’humanité et de progrès, on trouve en premier rang Pierre Ayrault. Son livre sur l’Ordre et l'instruction judiciaire contient une courageuse critique de la procédure de son temps; il a même sur certains points, avec une élévation de vues et une indépendance d’esprit remarquables, sollicité des améliorations qui ne se trouvent pas encore réalisées.
sollicité des améliorations qui ne se trouvent pas encore réalisées. Cet ouvrage conserve encore pour nous un grand intérêt, car c’est là que les réformateurs du dixhuitième siècle furent chercher ces maximes que nos livres d’aujourd’hui reproduisent et qui étaient une énergique critique de la procédure. Malheureusement il était difficile de se procurer l’ouvrage d’Ayrault, que l’on connaissait surtout par quelques citations empruntées aux traités des criminalistes. Il faut donc savoir gré à M. Jeanvrot d’avoir songé à réimprimer le livre d’Ayrault, et de l’avoir mis ainsi à la portée des jurisconsultes et des érudits. Certainement, l’ouvrage d’Ayrault est d’une
des jurisconsultes et des érudits. Certainement, l’ouvrage d’Ayrault est d’une lecture parfois fastidieuse, souvent même fatigante, par l’abus des citations d’auteurs grecs et romains, et par la multiplicité des digressions inutiles, notamment sur les crimes commis par les étrangers, les procès faits aux princes, etc.; sans doute, il fournit d’erreurs historiques et fournit des exemples qui, empruntés presque toujours à l’antiquité, manquent de portée; mais il fait bien comprendre ce qu’était l’ancienne procédure. Il en montre les vices : abus des détentions préventives; renvois de siège en siège fréquents qui plaçaient les accusés dans une situation inégale; trop grande facilité
plaçaient les accusés dans une situation inégale; trop grande facilité des récusations; secret pour les instructions criminelles; mise au secret; procédure écrite; obligation de reprocher les témoins avant toute déposition; difficultés apportées à l’information à décharge; serment imposé à l’accusé avant son interrogatoire; confrontation des témoins entre eux; entraves à la libre défense; procès aux animaux, aux cadavres et aux choses inanimées, etc. Sa lecture offre donc un très réel intérêt pour les études historiques; néanmoins, il nous semble qu’il ne doit être consulté qu’avec prudence et circonspection. Comme l’a dit avec raison M. Albéric Allard (Histoire de la justice
dit avec raison M. Albéric Allard (Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, p. 460), les vues d’Ayrault sur l’ordonnance de 1539 sont empreintes de partialité; il ne prétend lui reconnaître aucun mérite; tout en flétrissant avec raison ses vices, il ne veut voir aucune de ses qualités; il y a chez lui un parti pris de dénigrement, cause sans doute du peu d’influence qu’il exerça aux seizième et dix-septième siècles. M. Jeanvrot a fait précéder son édition de l'Ordre et l'instruction judiciaire d’une instructive biographie d’Ayrault et d’une remarquable préface consacrée à retracer les phases que la législation
remarquable préface consacrée à retracer les phases que la législation criminelle, notamment la procédure, a eu à traverser en France. Cette dernière mérite qu’on s’y arrête, car le savant magistrat, après avoir exposé les transformations qui se sont produites depuis le seizième siècle, y examine la question de savoir si des améliorations peuvent encore être apportées à notre législation criminelle. Pour lui, le Code pénal, avec les modifications qui y ont été introduites à différentes époques, tout en constituant un incontestable progrès, est loin de concourir avec notre état social. L’organisation de notre système pénitentiaire ne remplit pas suffisamment le
L’organisation de notre système pénitentiaire ne remplit pas suffisamment le but que la société se propose; le mode de répression à ses divers degrés n’est guère d’accord avec la hiérarchie des châtiments édictés par le législateur; l’emprisonnement préventif est beaucoup trop long; l’instruction trop secrète; la surveillance de la haute police est dangereuse pour le libéré et inefficace pour la société; M. Jeanvrot, à qui ses fonctions judiciaires ont donné une compétence particulière, s’est nécessairement occupé des récidivistes. La solution qu’il propose pour mettre un terme à l’accroissement de la récidive est à signaler ici, d’autant plus qu’elle se rapproche