

Sinaloa resiste, callada, sus propias desapariciones forzadas.  Aquí nadie marcha, grita o incendia edificios públicos para exigir investigación y justicia, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados hace dos meses.  Pero cada día, uno a uno, a cuentagotas, la estadística de hombres y mujeres desaparecidos crece en el estado.  Hoy, la cifra es escalofriante: 1 mil 396 hombres, mujeres y niños están desaparecidos en Sinaloa. 

De acuerdo a una investigación documental realizada por Ríodoce, con información recopilada del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y de organismos de derechos humanos independientes, tan solo en lo que va de este año han sido desaparecidas 263 personas en Sinaloa. 

En 2013, la base de datos nacional registra la cifra más alta en la historia de Sinaloa: 334 desaparecidos. 

Los datos del RNPED—que comenzó a elaborarse en 2011 a raíz de exigencias de organizaciones civiles para atender el problema de los desaparecidos en el país—, se actualiza a partir de los reportes de las procuradurías estatales correspondientes a casos del fuero común de personas no localizadas, conforme a averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas, lo que significa que la estadística podría aumentar, pues hay muchos familiares de personas “levantadas” que no reportan a las autoridades por miedo a represalias.  Sin embargo, la estadística nacional no coincide con la información —mucho menor— que mantiene la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ni con otros datos proporcionados por la independiente Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. 

La Procuraduría arroja una cantidad mucho menor: 882 desaparecidos, hombres y mujeres con rostro, nombres y apellidos que nadie busca y menos encuentra.  Éstos y otros casos investigados por cuenta propia, son los que documentamos en este trabajo. 

Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de la organización Amnistía Internacional (AI), acusa que las cifras del RNPED no reflejan la magnitud del problema, ya que en algunos estados no se están documentando (los desaparecidos) y no se están agregando a un registro oficial. 

Aun con esta cifra —menor a la nacional—, el gobierno de Mario López Valdez ubica al estado en el quinto lugar a nivel nacional con más desapariciones forzadas al sumar 574 desaparecidos en el lapso de enero de 2011 a septiembre de 2014 —al menos siete personas cada mes desde que inició su periodo—, lo que dispara la estadística en un 320 por ciento, comparada con el sexenio anterior de Jesús Aguilar Padilla (2005-2010), en el que desaparecieron 179 personas. 

Durante el sexenio de Renato Vega Alvarado (1993- 1998) desaparecieron 35 personas y Juan Millán Lizárraga (1999-2004) duplicó la cifra en 74.  De los periodos anteriores de Francisco Labastida Ochoa (1987-1992) y Antonio Toledo Corro (1981-1986) no hay información, mientras que en el sexenio de Alfonso G. Calderón Velarde (1975-1980) se comprueban 42 estudiantes desaparecidos por sus ideas políticas, y alrededor de 70 habitantes de la sierra sinaloense por el Ejército Mexicano en la Operación Cóndor. 

Los números indican que es a partir del actual sexenio cuando el problema inicia el ascenso, al duplicar el número de desaparecidos de un año a otro: de 50 en 2010 se incrementó a 107 en 2011; subió a 154 en 2012; 178 en 2013 y 135 desapariciones forzadas a septiembre de este año. 

De los al menos 574 desaparecidos documentados del gobierno malovista no hay una sola línea en el Cuarto Informe de Gobierno entregado al Congreso del Estado el pasado 15 de noviembre. 



Cifras negras

De acuerdo a estadísticas de la base oficial federal, cinco entidades concentran el 50 por ciento del número de desaparecidos en México.  Ese porcentaje lo conforman Tamaulipas, con 5 mil 380 casos; Jalisco, con 2 mil 150; Estado de México, con 1 mil 745; Coahuila, con 1 mil 446 y Sinaloa, con 1 mil 396. 

En las estadísticas elaboradas por este medio con base en la información de la PGJE, se observa que en los últimos cuatro sexenios, Culiacán es el municipio que registra el mayor número de desaparecidos con 317, seguido de Ahome, con 214, Mazatlán con 48 casos, Navolato con 44, El Fuerte con 43, Guasave con 28, Angostura con 22, Salvador Alvarado con 17, Mocorito y Elota con 6 respectivamente, Sinaloa de Leyva y San Ignacio con 4 cada uno, Escuinapa con 3, mientras que Rosario, Cosalá, Concordia y Choix documentan uno cada municipio; y Badiraguato no reconoce ninguno.  Hay, sin embargo, 122 personas desaparecidas con expedientes abiertos en los que no se especifica el municipio de desaparición. 

La relación de desaparecidos que se presenta en esta edición arroja que más de la mitad de los desaparecidos (506) son jóvenes de entre 15 y 35 años de edad —el 57 por ciento de la relación total—, seguido por el grupo de edad de los 36 a los 49 años, con 158 casos, que corresponden al 17 por ciento.  También que de las personas desaparecidas en Sinaloa, 130 son mujeres y 752 hombres. 



Desorden numérico

Durante la primera mitad del año, el gobierno de Enrique Peña Nieto causó polémica al informar que la cifra de personas desaparecidas a nivel nacional había bajado de 26 mil a 8 mil, para después indicar que era de 16 mil con corte a junio de 2013. 

Activistas consultados entonces acusaron a las autoridades de manejar el dato con poca seriedad y “falta de respeto” hacia los familiares. 

Luego, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación informaron que la base de datos no está “depurada ni actualizada”, sino que fueron registros enviados por las procuradurías estatales desde 2011 “sobre los que no existió ninguna acción posterior de revisión y actualización”. 

Señalaron que según las cifras, al 30 de noviembre de 2012 había 26 mil 121 registros de personas no localizadas, que en dos años de se incrementaron hasta 29 mil 707.  Después, que al 31 de julio de 2014 se habían localizaron a 17 mil 175 personas de esa lista y que continúan las acciones de búsqueda de 12 mil 532 más, lo cual comprueba que las procuradurías mantienen actualizados sus datos de desaparecidos. 

Entre ese desorden numérico, que varía en más de 11 mil desaparecidos, los familiares de las víctimas de Sinaloa callan.  No reclaman abiertamente para exigir a las autoridades que investiguen y busquen a sus hombres y mujeres víctimas de la desaparición forzada.  Sujetos al delgado hilo de la esperanza, esperan un cuerpo o una urna de cenizas para llorarle, en un estado que vive con miedo. 

Con el apoyo técnico de Óscar Espinoza. 



Ocultar la evidencia

Leonel Aguirre Meza y Óscar Loza Ochoa, activistas de la independiente Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) coinciden en señalar que el gobernador Malova está temeroso de que se conozcan las cifras de desaparecidos porque lo pueden evidenciar como una persona incapaz de enfrentar el problema. 

“Al contrario, indica Loza Ochoa, en el informe no hay una pizca de autocrítica por lo que no se ha hecho, sigue habiendo una especie de triunfalismo inexplicable”, y en vez de asumir los compromisos acordados en reuniones a nivel federal, “ha buscado evitar que se construya un organismo estatal de búsqueda de desaparecidos”. 

No se ha pasado de la declaración a la acción, dijo Leonel Meza, ni siquiera se reconoce que el problema existe, lo que demuestra la poca preocupación que tiene la autoridad en materia de enfrentar este fenómeno. 

Loza Ochoa y Aguirre Meza coinciden en que la autoridad estatal “está totalmente rebasada, no solo eso, hay una incapacidad estructural de la procuraduría para atender tantos casos, con una sola fiscalía especializada en desaparición forzada” y que lo primero que podría hacer es tener la voluntad política para reconocer que tenemos un problema”. 

Los activistas señalan que el de Malova ha sido desde el inicio un gobierno omiso, pues en los cuatro años de su gestión, el mandatario los ha atendido una sola vez y eso “porque se vio obligado”, cuando el grupo de familiares de desaparecidos se plantaron frente a un evento en el que estaba el procurador Jesús Murillo Karam.  Cuando éste le preguntó ¿qué no los vas a atender?,  el gobernador no tuvo más remedio y los citó para la siguiente semana. 



Caso emblemático Sandra Luz



Uno de los últimos casos más representativo de las desapariciones forzadas en Sinaloa y de la impunidad que se expande desde las calles hasta el interior de las dependencias de procuración de justicia, es la de Sandra Luz Hernández, asesinada por buscar a su hijo desaparecido.  Le dispararon en 15 ocasiones hace poco más de seis meses, mientras se dirigía al encuentro de un supuesto contacto que le daría informa- ción sobre el paradero de su hijo. 

Sandra Luz, de 50 años, se unió al grupo de madres con hijos desaparecidos para iniciar la búsqueda de su hijo Édgar García Hernández, de 25 años.  El joven, quien trabajaba en el área administrativa de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue desaparecido en febrero de 2012.  Desde entonces, la activista se convirtió en la piedra en el zapato del procurador. 

El día de su asesinato, Sandra Luz estuvo en reunión con funcionarios de la PGJE.  Cuatro horas después estaba muerta a me- dia calle de una colonia periférica.