16.5.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 130/3
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El aumento del precio de los combustibles fósiles puede afectar de forma desproporcionada a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables, que gastan una mayor parte de sus ingresos en energía y transporte y que, en determinadas regiones, no tienen acceso a soluciones de movilidad y transporte alternativas y asequibles y que pueden carecer de capacidad financiera para invertir en la reducción del consumo de combustibles fósiles.
En el contexto de la pobreza del transporte, las particularidades geográficas, como las islas, las regiones y territorios ultraperiféricos, las zonas rurales o remotas, las periferias menos accesibles, las zonas montañosas o las zonas rezagadas, pueden verse afectadas por repercusiones específicas en la vulnerabilidad de los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte.
Por consiguiente, estas particularidades geográficas deben tenerse en cuenta a la hora de preparar medidas e inversiones de apoyo a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables, cuando proceda y sea pertinente.
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Por consiguiente, una parte de los ingresos generados por la inclusión de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE debe utilizarse para abordar la repercusión social derivada de esta inclusión, con el fin de que la transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.
El importe general del Fondo Social para el Clima establecido en virtud del presente Reglamento (en lo sucesivo, «Fondo») debe reflejar el nivel de ambición en materia de descarbonización que implica la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios, del transporte por carretera y de otros sectores en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE.
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Utilizar una parte de los ingresos para abordar la repercusión social derivada de la inclusión de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE es aún más pertinente en vista de los niveles actuales de pobreza energética.
La pobreza energética es una situación en la que los hogares no pueden acceder a servicios energéticos esenciales para preservar unos niveles de vida y salud dignos, como un nivel de calor adecuado a través de la calefacción, la refrigeración, cuando suben las temperaturas, la iluminación y la energía para los aparatos eléctricos.
En una encuesta realizada en 2021 a escala de la Unión, alrededor de 34 millones de europeos, casi el 6,9 % de la población de la Unión, declararon que no podían permitirse calentar suficientemente su hogar.
La pobreza energética es, por tanto, un reto importante para la Unión.
Aunque los bonos sociales o la ayuda temporal y directa a la renta pueden proporcionar a corto plazo un alivio inmediato a los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética, únicamente unas medidas estructurales específicas, en particular las renovaciones de edificios, también mediante el acceso a energía procedente de fuentes de renovables y el fomento activo de fuentes de energía renovables a través de medidas de información y concienciación dirigidas a los hogares, y las renovaciones de edificios que contribuyan a los objetivos establecidos en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) pueden aportar soluciones duraderas y ayudar eficazmente a combatir la pobreza energética.
Debe poder actualizarse la definición de pobreza energética que figura en el presente Reglamento de modo que refleje el resultado de las negociaciones sobre una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética (refundición).
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Una enfoque global de las renovaciones de edificios que tenga en cuenta de una forma más eficiente a las personas en riesgo de exclusión, es decir, aquellas que más sufren de pobreza energética en la Unión, podría dar lugar a una menor demanda de energía.
Por lo tanto, el apoyo a cargo del Fondo al sector de los edificios debe orientarse a mejorar la eficiencia energética, lo que daría lugar a una disminución en el consumo energético de cada núcleo familiar que se vería reflejada en sus ahorros y que, por consiguiente, sería una de las vías para luchar contra la pobreza energética.
La revisión de la Directiva 2010/31/UE sentaría las bases para la consecución de esos objetivos, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar el presente Reglamento.
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Dado que la pobreza de transporte aún no se ha definido a escala de la Unión, tal definición debe introducirse a efectos del presente Reglamento.
La pobreza de transporte podría convertirse en una cuestión aún más acuciante, como se reconoce en la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática (8), y dar lugar a una disminución del acceso a actividades y servicios socioeconómicos esenciales, como el empleo, la educación o la asistencia sanitaria, en particular para las personas y los hogares vulnerables.
La pobreza de transporte suele deberse a un solo factor o a una combinación de varios factores como los bajos ingresos, los elevados gastos de combustible o la falta de transporte público o privado asequible o accesible.
La pobreza de transporte puede afectar especialmente a las personas y los hogares de las zonas rurales, insulares, periféricas, montañosas, remotas y menos accesibles o de las regiones o territorios menos desarrollados, incluidas las zonas periurbanas menos desarrolladas y las regiones ultraperiféricas.
(7) Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
(8) DO C 243 de 27.6.2022, p. 35.