16.5.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 130/153
(87)
Algunos Estados miembros ya tienen impuestos nacionales sobre el carbono que se aplican a los edificios, el transporte por carretera y otros sectores contemplados en el anexo III de la Directiva 2003/87/CE.
Por lo tanto, debe establecerse una excepción temporal hasta finales de 2030.
Para garantizar la consecución de los objetivos de la Directiva 2003/87/CE y que el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión sea coherente, dicha excepción únicamente debe poder aplicarse en los casos en que el tipo impositivo nacional sea superior al precio medio de subasta del año pertinente y únicamente debe aplicarse a la obligación de entrega de las entidades reguladas que paguen dicho impuesto.
Para garantizar la estabilidad y la transparencia del sistema, el impuesto nacional, incluidos los tipos impositivos pertinentes, debe notificarse a la Comisión al final del período de transposición de la presente Directiva.
La excepción no debe afectar a los ingresos afectados externos para el Fondo Social para el Clima ni, si se establece en virtud del artículo 311, párrafo tercero, del TFUE, a un recurso propio basado en los ingresos procedentes de las subastas del comercio de derechos de emisión en los sectores del transporte por carretera, los edificios y otros sectores.
(88)
Para que el comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, y del transporte por carretera y otros sectores sea eficaz, debe ser posible realizar un seguimiento de las emisiones con un alto grado de certidumbre y a un coste razonable.
Las emisiones deben atribuirse a las entidades reguladas sobre la base de las cantidades de combustible despachado a consumo y combinadas con un factor de emisión.
Las entidades reguladas deben poder identificar y diferenciar de manera fiable y precisa los sectores en los que se despachan a consumo los combustibles, así como los usuarios finales de los combustibles, a fin de evitar efectos no deseados, como la doble carga.
En el limitado número de casos en los que no se pueda evitar el doble cómputo entre emisiones en el RCDE de la UE existente y el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, o cuando surjan costes derivados de la entrega de derechos de emisión de actividades a las que no se aplica la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros deben utilizar esos ingresos para compensar el inevitable doble cómputo u otros costes de este tipo fuera de los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, de conformidad con el Derecho de la Unión.
Deben, por tanto, conferirse a la Comisión competencias de ejecución a fin de garantizar condiciones uniformes para evitar el doble cómputo y q derechos de emisión que sean objeto de entrega para emisiones que no estén contempladas en el régimen de comercio de derechos para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, y para aportar una compensación económica.
Para mitigar en mayor medida cualquier problema de doble cómputo, los plazos para el seguimiento y la entrega en el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión deben vencer un mes después de los plazos del actual régimen para las instalaciones fijas y la aviación.
A fin de disponer de datos suficientes para determinar la cantidad total de derechos de emisión para el período comprendido entre 2028 y 2030, las entidades reguladas titulares de un permiso al inicio del sistema en 2025 deben notificar sus emisiones históricas asociadas correspondientes a 2024.
(89)
La transparencia en lo concerniente a los costes del carbono y la medida en que se repercuten en los consumidores es de vital importancia para hacer posible una reducción de las emisiones rápida y rentable en todos los sectores de la economía.
Esto reviste especial importancia en un régimen de comercio de derechos de emisión basado en obligaciones procedentes de fases previas.
El nuevo régimen de comercio de derechos de emisión tiene por objeto incentivar a las entidades reguladas a reducir el contenido de carbono de los combustibles, y dichas entidades no deben obtener beneficios indebidos repercutiendo a los consumidores más costes del carbono que aquellos en los que efectivamente incurren.
Si bien la subasta completa de derechos de emisión en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores ya limita la aparición de tales beneficios indebidos, la Comisión debe realizar un seguimiento de en qué medida las entidades reguladas repercuten los costes del carbono, de modo que se eviten los beneficios inesperados.
En relación con el capítulo IV bis, la Comisión debe informar anualmente, si es posible por tipo de combustible, sobre el nivel medio de los costes del carbono que se ha repercutido en los consumidores de la Unión.
(90)
Conviene introducir medidas para abordar el posible riesgo de un aumento excesivo de los precios, que, si es especialmente elevado al inicio del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, puede menoscabar la predisposición de los hogares y las personas a invertir en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Dichas medidas deben complementar las garantías proporcionadas por la reserva de estabilidad del mercado y que entraron en funcionamiento en 2019.
Aunque el mercado seguirá determinando el precio del carbono, las medidas de salvaguardia se activarán mediante un mecanismo automático basado en normas, según el cual los derechos de emisión solo van a retirarse de la reserva de estabilidad del mercado si se cumplen una o más condiciones concretas de activación basadas en el aumento del precio medio de los derechos de emisión.
Este mecanismo adicional también debería ser muy reactivo, a fin de hacer frente a la excesiva volatilidad debida a factores distintos de los cambios en los fundamentos del mercado.
Las medidas deben adaptarse a los diferentes niveles de aumento excesivo de los precios, lo que va a dar lugar a distintos grados de intervención.
Las condiciones de activación deben ser objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión, que debe adoptar las medidas con carácter de urgencia cuando se cumplan dichas condiciones.
Esto se entiende sin perjuicio de las medidas de acompañamiento que los Estados miembros puedan adoptar para hacer frente a los efectos sociales adversos.