L 130/138
(20)
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
16.5.2023
Las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo representan entre el 3 y el 4 % de las emisiones de la Unión.
En el Pacto Verde Europeo, la Comisión declaró su intención de adoptar medidas adicionales para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo mediante una serie de disposiciones que permitan a la Unión alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.
En este contexto, debe modificarse la Directiva 2003/87/CE para incluir el transporte marítimo en el RCDE de la UE, a fin de garantizar que dicho sector contribuya en una parte equitativa al aumento de los objetivos climáticos de la Unión, así como a los objetivos del Acuerdo de París, que en su artículo 4, apartado 4, establece que los países desarrollados deben seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas de reducción de emisiones para el conjunto de la economía, al tiempo que se alienta a los países en desarrollo a que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía.
A partir de enero de 2021 hubo que limitar las emisiones procedentes de la aviación internacional fuera de Europa mediante una acción mundial basada en el mercado y, sin embargo, todavía no se ha adoptado ninguna medida que limite o fije el precio de las emisiones del transporte marítimo.
Por tanto, conviene que el RCDE de la UE cubra una parte de las emisiones de los viajes entre un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y otro puerto bajo la jurisdicción de un país tercero, y que el país tercero pueda decidir las medidas adecuadas con respecto al otro porcentaje de emisiones.
La ampliación del RCDE de la UE al transporte marítimo debe incluir, por tanto, la mitad de las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes que lleguen a un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, la mitad de las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes que salgan de un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, todas las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes con llegada a un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro, y todas las emisiones en un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro.
Se ha considerado que este enfoque es una manera práctica de resolver la cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, que constituye un reto desde hace tiempo en el contexto de la CMNUCC.
La cobertura de una parte de las emisiones procedentes de los viajes entrantes y salientes entre la Unión y países terceros garantiza la eficacia del RCDE de la UE, en particular mediante el aumento de los efectos sobre el medio ambiente de la medida en comparación con un ámbito geográfico limitado a los viajes dentro de la Unión, y limita, al mismo tiempo, el riesgo de escalas portuarias evasivas y el riesgo de deslocalización de las actividades de transbordo fuera de la Unión.
Para garantizar una inclusión gradual del sector en el RCDE de la UE, la entrega de derechos de emisión por parte de las empresas navieras debe incrementarse paulatinamente con respecto a las emisiones verificadas notificadas para los años 2024 y 2025.
Con objeto de proteger la integridad medioambiental del sistema, cuando se entreguen menos derechos de emisión en comparación con las emisiones verificadas para el transporte marítimo durante esos años, una vez establecida la diferencia entre las emisiones verificadas y los derechos entregados cada año, debe cancelarse la cantidad de derechos de emisión que corresponda a la diferencia.
A partir de 2026, las empresas navieras deberán entregar el número de derechos de emisión correspondiente a todas sus emisiones verificadas.
Si bien el impacto climático del transporte marítimo se debe principalmente a sus emisiones de CO2, las emisiones distintas del CO2 representan una parte significativa de las emisiones procedentes de los buques.
Según el cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero, publicado en 2020, las emisiones de metano aumentaron significativamente entre 2012 y 2018.
Es probable que las emisiones de metano y óxido nitroso aumenten con el tiempo, en particular con el desarrollo de buques propulsados por gases naturales licuados u otras fuentes de energía.
La inclusión de las emisiones de metano y óxido nitroso sería beneficiosa para la integridad medioambiental y para incentivar las buenas prácticas.
Dichas emisiones deben incluirse en primer lugar en el Reglamento (UE) 2015/757 a partir de 2024 y en el RCDE de la UE a partir de 2026.
(21)
La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE al transporte marítimo va a dar lugar a cambios en los costes de dicho transporte.
Todas las partes de la Unión se van a ver afectadas por dicha ampliación del ámbito de aplicación, ya que las mercancías transportadas por vía marítima desde o hacia puertos situados dentro de la Unión tienen su origen o destino en los distintos Estados miembros, incluso en los Estados miembros sin litoral.
Por ello, la asignación de los derechos de emisión que han de subastar los Estados miembros no debe cambiar, en principio, como consecuencia de la inclusión de las actividades del transporte marítimo, y debe incluir a todos los Estados miembros.
No obstante, los Estados miembros se van a ver afectados en distinta medida.
En particular, los Estados miembros con una gran dependencia del transporte marítimo van a estar más expuestos a los efectos de esta ampliación.
Los Estados miembros con un sector marítimo de gran tamaño en comparación con sus dimensiones relativas se van a ver más afectados por la ampliación del RCDE de la UE al transporte marítimo.
Procede, por tanto, prestar asistencia adicional de una duración limitada a dichos Estados miembros en forma de derechos de emisión suplementarios para brindar apoyo a la descarbonización de las actividades marítimas y a modo de compensación por los costes administrativos soportados.
La asistencia debe ponerse en marcha paulatinamente de modo paralelo a la introducción de las obligaciones de entrega y, por tanto, al aumento de las repercusiones para dichos Estados miembros.
En el contexto de la revisión de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión debe estudiar la pertinencia de dicha asistencia adicional, teniendo en cuenta, en particular, el desarrollo en el número de las empresas navieras que están bajo la responsabilidad de distintos Estados miembros.