C 264/2
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
27.7.2023
Introducción Los fenómenos extremos producidos recientemente tanto en Europa como en el resto del mundo (incendios forestales, sequías, inundaciones y olas de calor mortales) han demostrado que las consecuencias del cambio climático están afectando a nuestras sociedades con más dureza y rapidez de lo previsto por la ciencia.
El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y de los desastres naturales cada vez repercute en mayor medida en la salud física y mental de las personas, en el resto de la naturaleza y en los activos económicos.
En el sexto informe de evaluación del Grupo Interguber­ namental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) (1) se afirma que, por lo general, la adaptación mundial es lenta, está compartimentada y es progresiva y que, incluso si se produjeran reducciones de las emisiones suficientes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, será necesaria una adaptación transformadora (2).
Lamentablemente, estos fenómenos, así como el informe del GIECC, también han puesto de relieve la falta de preparación y la ausencia de proporcionalidad entre las amenazas climáticas y los mecanismos y las estructuras de respuesta existentes.
Si bien existe incertidumbre a la hora de estimar el futuro riesgo climático, la situación en términos de temperatura que habrá en 2100 (buena, mala o muy mala) realmente no cambia las opciones que existen en la actualidad en lo relativo a la elaboración de políticas de adaptación al cambio climático.
A fin de aumentar la preparación de la sociedad para la intensificación de los efectos del cambio climático, está claro que el sector público debe contribuir incluso en mayor medida a lograr la resiliencia al clima y las inversiones sostenibles que se necesitan.
También es necesario seguir desarrollando y estableciendo unas condiciones reglamentarias y unas capacidades de planificación adecuadas para que los diferentes agentes y mercados puedan seguir el ejemplo con confianza y seguridad y canalizar las inversiones hacia la resiliencia.
La estrategia europea de adaptación de 2013 animó a todos los Estados miembros de la UE a adoptar estrategias de adaptación integrales.
Además, la Comisión publicó directrices para la elaboración de estrategias de adaptación a fin de ayudar a los Estados miembros de la UE a preparar sus estrategias de adaptación.
Entre 2013 y 2018, el número de Estados miembros de la UE que contaban con estrategias de adaptación aumentó considerablemente de 15 a 25, y en 2020 todos los Estados miembros de la UE habían preparado sus estrategias.
Sin embargo, las estrategias varían considerablemente en lo relativo al alcance, la ejecución y el método de puesta en práctica.
El Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima de 2018 aborda la adaptación al cambio climático de dos maneras.
En primer lugar, establece las obligaciones de suministro de información actuales de los Estados miembros de la UE en lo relativo a la adaptación al cambio climático.
En segundo lugar, expone que, cuando proceda, cada Estado miembro de la UE debe definir en su plan nacional integrado de energía y clima otros objetivos y metas, que incluyan, entre otros elementos, objetivos de adaptación.
Con el objetivo de responder a la evolución de la situación y promover cambios estructurales, en la nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE (2021) se definió una mayor ambición y se amplió el alcance para abarcar nuevos ámbitos y prioridades a fin de contribuir a la andadura de la UE hacia la resiliencia al clima, lo que requiere una revisión de las directrices de 2013 sobre la elaboración de estrategias de adaptación.
Además, en julio de 2021 entró en vigor la Ley Europea del Clima.
Mientras que hasta ese momento las obligaciones en materia de adaptación del Reglamento sobre la gobernanza tenían un carácter bastante procedimental, la Ley Europea del Clima estableció el «deber» de la adaptación.
En concreto, se fijó el requisito de garantizar un progreso continuo en lo relativo al aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo de París.
La Ley Europea del Clima contiene disposiciones sobre las estrategias y los planes de adaptación nacionales (así como sobre los de la Unión) y recoge expectativas sobre la calidad de las políticas de adaptación y sus resultados.
Además, obliga a la Comisión a evaluar periódicamente la coherencia de las medidas nacionales pertinentes con los avances en términos de adaptación, así como a formular recomendaciones cuando constate que las medidas adoptadas por un Estado miembro de la UE no son coherentes con el objetivo de garantizar el progreso en lo relativo al aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático.
En consonancia con estas disposiciones, las presentes Directrices persiguen los siguientes objetivos: — Ayudar a los Estados miembros de la UE a revisar sus estrategias de adaptación y a elaborar o revisar sus planes de adaptación para superar los retos de adaptación a los que se enfrentan, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre sus estructuras administrativas y las vías de planificación de la adaptación que ya hayan adoptado.
(1) Contribución del Grupo de Trabajo II, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability [«Cambio climático 2022: efectos, adaptación y vulnerabilidad», documento no disponible en español].
(2) Según el documento AR6 Synthesis Report, Summary for policy makers [«Informe de síntesis del sexto informe de evaluación: resumen para responsables de políticas», documento no disponible en español] del GIECC (2023), el cambio transformador se ve respaldado por medidas de adaptación y mitigación que den prioridad a la equidad, la justicia social, la justicia climática, los enfoques basados en los derechos y la inclusividad.
También se considera que este tipo de medidas conducen a resultados más sostenibles, reducen las soluciones de compromiso y promueven un desarrollo resiliente al clima.