17.7.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 252/17
3) ¿Debe interpretarse el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que permite imponer a los infractores del artículo 313-6-2 del Código Penal, introducido por la Ley de 12 de marzo de 2012, multas por el importe previsto en dicho artículo, a saber, de hasta 15 000 euros y, en caso de reincidencia, de hasta 30 000 euros, habida cuenta, por una parte, de la restricción que suponen las disposiciones legislativas establecidas y, por otra parte, de la escasa gravedad de las infracciones cometidas?
4) ¿Deben interpretarse el principio de seguridad jurídica, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como principio general del Derecho de la Unión, y el artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el principio de legalidad de los delitos y las penas, en el sentido de que permiten mantener el artículo 1 de la Ley de 27 de junio de 1919, el cual, por una parte, no permite a los interesados saber si la entrada vendida o cedida ha recibido una subvención o ayuda, aun cuando esta circunstancia genera su responsabilidad penal, y, por otra parte, no permite a los justiciables conocer con precisión la pena señalada, al estar expresada esta pena en antiguos francos y no contener una remisión expresa a la normativa aplicable?
5) ¿Deben interpretarse el principio de seguridad jurídica, consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como principio general del Derecho de la Unión Europea, y el artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el principio de legalidad de los delitos y las penas, en el sentido de que se oponen a la aplicación del artículo 313-6-2 del Código Penal francés, el cual genera incertidumbre en las personas que exponen o proporcionan los medios para la venta de entradas para un evento o espectáculo, que no pueden saber si el vendedor ha obtenido o no la autorización del productor, del organizador o del titular de los derechos de explotación, sin que además el concepto de organizador esté claramente definido en la normativa aplicable?
6) ¿Contribuye el artículo 313-6-2 del Código Penal a garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores, tal como pretende el Derecho de la Unión y conforme al artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que dicha norma penal permite luchar contra la especulación con entradas por intermediarios no autorizados?
7) ¿Es contraria al principio de competencia consagrado en el Derecho de la Unión (artículos 101 TFUE a 109 TFUE) la prohibición, que establece el artículo 313-6-2 del Código Penal, de reventa de entradas por una persona que no sea el organizador o el productor del espectáculo o una persona autorizada a tal fin?
8) ¿Reconoce el artículo 313-6-2 del Código Penal un derecho exclusivo a los organizadores de espectáculos contrario al artículo 106 TFUE, [apartado] 1, en la medida en que les confiere el monopolio sobre la venta de sus entradas?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) el 24 de marzo de 2023 — S. S.A. / C. sp. z o.o.
(Asunto C-197/23, S.)
(2023/C 252/19) Lengua de procedimiento: polaco Órgano jurisdiccional remitente Sąd Apelacyjny w Warszawie
Partes en el procedimiento principal Demandante: S. S.A.
Demandada: C. sp. z o.o.
Cuestiones prejudiciales 1) ¿Deben interpretarse los artículos 2, 6, apartados 1 y 3, y 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que no es un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, que garantice la tutela judicial efectiva, un órgano jurisdiccional de primera instancia de un Estado miembro de la Unión Europea, cuya formación unipersonal esté compuesta por un juez de dicho órgano jurisdiccional que ha sido designado para examinar un asunto con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales?