C 228/156
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
29.6.2023
1.5.
El CESE también recomienda que, además de la modificación de los límites máximos de minimis, se aporten algunas aclaraciones en relación con los aspectos siguientes: i) una definición más amplia de «vivienda social»; ii) una mejor definición del concepto de «margen de beneficio razonable», sopesando la posibilidad de introducir una distinción para las empresas de la economía social cuyos márgenes económicos están vinculados a una finalidad social; iii) el concepto de «deficiencia del mercado».
1.6.
Por lo que se refiere al concepto de «margen de beneficio razonable», el CESE observa que sería útil que la Comisión definiera criterios e indicadores que pudieran establecer una relación entre el margen de beneficio que debe permitirse obtener a los operadores económicos y su capacidad de perseguir fines de interés general, generando de este modo un impacto social positivo.
2.
Observaciones generales 2.1.
En el documento de trabajo Evaluation of the state subsidy rules for health and social services of general economic interest and of the SGEI de minimis Regulation [«Evaluación de las normas sobre las ayudas estatales para los servicios sanitarios y sociales de interés económico general (SIEG) y del Reglamento SIEG de minimis»], los servicios de la Comisión resumen los resultados de su evaluación del paquete Almunia, en vigor desde 2012.
2.2.
Los principales objetivos del paquete de 2012 en relación con los servicios sanitarios y sociales eran: i) simplificar los criterios de compatibilidad; y ii) reducir la carga administrativa para los Estados miembros dispuestos a compensar a las empresas encargadas de prestar servicios de interés económico general (SGEI) a la parte vulnerable de la población en condiciones equitativas y asequibles.
2.3.
Por consiguiente, la evaluación de la Comisión tiene por objeto determinar hasta qué punto las normas aplicables a los servicios sanitarios y sociales han alcanzado sus objetivos y si estas normas siguen siendo adecuadas en el actual escenario social y económico.
2.4.
Más concretamente, la evaluación de la Comisión valora la eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido para la UE de las normas SIEG aplicadas a los servicios sanitarios y sociales en los últimos diez años, centrándose en comprender los problemas concretos a los que se han enfrentado los Estados miembros en la aplicación de las normas SIEG hasta la fecha.
La evaluación también tiene por objeto calibrar cómo se ha aplicado el Reglamento SIEG de minimis.
2.5.
El análisis de la Comisión da a entender que el paquete SIEG de 2012 es bastante eficaz en términos de aclaración y simplificación, ya que simplificó el paquete SIEG de 2005, introduciendo, por ejemplo, un Reglamento SIEG de minimis específico.
También aclaró y perfeccionó determinados conceptos básicos pertinentes para la aplicación de las normas SIEG.
2.6.
No obstante, la evaluación indica que aún hay margen de mejora, en particular la aclaración de determinados conceptos clave relacionados con el ámbito de aplicación del artículo 107 del TFUE y el marco jurídico SGEI específico, como: i) la actividad económica/no económica; ii) el efecto en el comercio; iii) el beneficio razonable; iv) la deficiencia del mercado; v) la vivienda social.
La evaluación también destaca la posibilidad de aumentar el límite máximo de minimis del SIEG actualmente aplicable y el amplio consenso entre las partes interesadas a este respecto.
2.7.
Por lo que respecta a la eficiencia, la evaluación indica que el Reglamento SIEG de minimis y la modificación de la Decisión SIEG ejecutada en 2012 consiguieron reducir la carga administrativa de las administraciones públicas, aunque esta carga podría reducirse aún más.
Otras pruebas recabadas indican que los costes asociados al cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas SIEG deben reducirse.
2.8.
Por lo que respecta a la coherencia, la evaluación indica que las normas sobre ayudas estatales establecidas en el paquete SIEG de 2012 guardan una coherencia interna y pueden garantizar un mejor reparto de las tareas entre los Estados miembros y la Comisión, generando un valor añadido de la UE, reconocido en gran medida por los interlocutores tanto públicos como privados.
2.9.
En términos generales, existe consenso respecto a que el paquete SIEG de 2012 logró garantizar un entorno jurídico estable para los Estados miembros y es adecuado para atender las necesidades en la UE.
No obstante, el impacto y las incertidumbres determinados tanto por la crisis de la COVID-19 como por la invasión rusa de Ucrania todavía no se han podido evaluar plenamente, y cabría emprender algunas mejoras adicionales en el futuro.