C 214/148
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
16.6.2023
Jueves 19 de enero de 2023
105.
Acoge con satisfacción la adopción del Reglamento relativo a la condicionalidad; recuerda que dicho Reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2021; celebra las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de febrero de 2022, relativas a los recursos interpuestos por dos Estados miembros contra el mecanismo de condicionalidad, y sus conclusiones, en las que confirma que la Unión tiene efectivamente competencias respecto del Estado de Derecho en los Estados miembros y que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es acorde con el Derecho de la Unión; 106.
Recuerda que la cooperación ineficaz o inoportuna o la falta de cooperación de los Estados miembros con la Fiscalía Europea y la OLAF constituye un motivo de actuación con arreglo al Reglamento relativo a la condicionalidad; insta, por tanto, a la Fiscalía Europea y a la OLAF a que denuncien cada caso de incumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros de informar, asistir, emprender las acciones y las medidas de precaución pertinentes y de garantizar el seguimiento apropiado y oportuno de los informes y recomendaciones; 107.
Señala que el Reglamento relativo a la condicionalidad es un instrumento permanente cuya aplicación trasciende a los límites de un MFP determinado, y que es aplicable en todos los ámbitos como requisito previo para acceder a todos los fondos de la Unión; 108.
Recuerda que la observancia del Estado de Derecho y del artículo 2 del TUE constituye un requisito previo para acceder a los fondos, que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es plenamente aplicable a los recursos del MRR, tal como se dispone explícitamente en el artículo 8 del Reglamento del MRR, y que no pueden financiarse medidas con arreglo al MRR que sean contrarias a los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; 109.
Considera que el Reglamento relativo a la condicionalidad es suficiente y capaz de prevenir o corregir un retroceso democrático, pero solo si se utiliza de forma oportuna y en unas condiciones estrictas y claras y está seguido por un control estricto de la aplicación de las medidas correctoras nacionales; 110.
Lamenta profundamente que, en virtud del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, la Comisión presentara a Hungría, a modo de medidas correctoras, un conjunto de diecisiete condiciones que no bastan para subsanar las graves violaciones del Estado de Derecho; lamenta que la Comisión no solicitara cambios y garantías más sustanciales con miras a restablecer la independencia del poder judicial, reducir el nivel de corrupción y garantizar una protección adecuada de los intereses financieros de la Unión; 111.
Mantiene que el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los principios del Estado de Derecho constituye un requisito previo para una buena gestión financiera, en general, y para una gestión eficiente y eficaz de los recursos de la Unión, en particular; por lo tanto, considera que las vulneraciones de tales principios constituyen un grave peligro para los intereses financieros de la Unión; acoge favorablemente las sentencias del TJUE (25) que han puesto de relieve recientemente la clara relación existente entre, por una parte, el respeto de los principios del Estado de Derecho y, por otra, la ejecución eficiente del presupuesto de la Unión; reitera que únicamente mediante el refuerzo de la arquitectura de lucha contra el fraude de la Unión podrá procurarse de manera efectiva y eficiente la protección de los intereses financieros de la Unión, y potenciarse esta mediante la superación de los límites inherentes de los sistemas nacionales, que constituyen un obstáculo al abordar los delitos financieros, que se han convertido en una forma de conducta indebida cada vez más transnacional; considera que solo una revisión judicial efectiva puede garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión, como señaló el TJUE, y en concreto, que el gasto «no puede asegurarse plenamente a falta de una tutela judicial efectiva destinada a garantizar el respeto del Derecho de la Unión; debiendo precisarse que la existencia de dicha tutela, tanto en los Estados miembros como en el ámbito de la Unión, por órganos jurisdiccionales independientes es inherente a un Estado de Derecho» (26); 112.
Destaca los efectos perjudiciales que tiene la corrupción en los derechos de los ciudadanos; reitera una vez más su recomendación de que la Unión debería pasar a ser miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dado que no hay obstáculos jurídicos para su adhesión plena; pide a la Comisión, por consiguiente, que recomiende que el Consejo celebre un acuerdo internacional con el GRECO para definir las condiciones de su adhesión; pide al Consejo que adopte una posición clara sobre la adhesión de la Unión al GRECO, clarificando si existe algún tipo de oposición concreta y, de ser así, por parte de qué Estado o Estados miembros;
(25) (26)
Sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, y la sentencia de 16 de febrero de 2022, República de Polonia/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-157/21, ECLI: EU:C:2022:98.
Sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría / Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, apartado 132.