C 205/26
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
12.6.2023
(f) el proveedor, que hasta el momento no estaba registrado en el otro Estado miembro, tiene la posibilidad de registrarse a efectos del IVA y de utilizar el número de identificación fiscal asignado en ese Estado miembro para expedir una factura al beneficiario de la prestación consignando en ella el impuesto devengado en dicho Estado miembro, lo cual conferiría al destinatario el derecho a la deducción en dicho Estado miembro por el procedimiento especial previsto en la Directiva 2008/9/CE (2) de 12 de febrero de 2008? 2.
¿Es decisivo para la respuesta que deba darse a esta cuestión el hecho de que la Administración tributaria nacional haya devuelto al proveedor el impuesto pagado, como consecuencia directa de la rectificación de la factura, a pesar de que el proveedor, a raíz de la apertura del procedimiento de insolvencia sobre su patrimonio, no ha reembolsado importe alguno al beneficiario de la prestación?
(1) (2)
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO, 2008, L 44, p. 23).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) el 21 de febrero de 2023 — Rada Nadzorcza Getin Noble Bank y otros / Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Asunto C-118/23, Getin Holding y otros) (2023/C 205/29) Lengua de procedimiento: polaco Órgano jurisdiccional remitente Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Partes en el procedimiento principal Demandante: Rada Nadzorcza Getin Noble Bank y otros Demandada: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Cuestiones prejudiciales 1) ¿Debe interpretarse el artículo 85, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en el sentido de que, en el supuesto de que el consejo de supervisión de un ente sujeto a resolución presente una demanda ante un órgano jurisdiccional nacional de lo contencioso-administrativo contra la decisión de resolución forzosa, se considera que las personas que tienen un interés jurídico en impugnar esa decisión tienen garantizada una vía de recurso efectiva en una situación en que el órgano jurisdiccional que efectúa el control de la decisión impugnada no está vinculado por las alegaciones y pretensiones de la demanda ni por la base jurídica invocada, la sentencia firme que se dicte en ese asunto tendrá efectos erga omnes y la posibilidad de que esas personas obtengan la protección de su interés jurídico no está supeditada a que presenten ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo demandas individuales contra dicha decisión?
2) ¿Deben interpretarse el artículo 85, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE, que establece la exigencia de que se efectúe un control judicial rápido, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, que establecen la tutela judicial efectiva, en el sentido de que se oponen a la aplicación de una norma procesal de un Estado miembro que obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales de lo contencioso-administrativo a sustanciar conjuntamente todas las demandas que se presenten ante ellos contra una decisión de la autoridad de resolución, en una situación en que la aplicación de dicha norma y de otros requisitos del procedimiento nacional contencioso-administrativo hace que, habida cuenta del considerable número de demandas, sea excesivamente difícil, cuando no del todo imposible, pronunciarse en el asunto dentro de un plazo razonable?