C 184/72
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
25.5.2023
1.5.
El CESE apoya la obligación de que las instituciones públicas consulten oportunamente a los organismos de igualdad y tengan en cuenta sus recomendaciones, pero recomienda que se exija a los Estados miembros que informen sobre las medidas adoptadas en relación con sus interacciones con dichos organismos y los resultados de estas acciones.
1.6.
El CESE considera que confiar el mecanismo de supervisión a la Comisión Europea garantiza que se preste un elevado nivel de atención a la tarea de seguimiento.
No obstante, para que el mecanismo sea eficaz, pide que se estudie si el plazo de presentación de informes puede reducirse a tres años en lugar de cinco, como proponen las Directivas.
1.7.
El CESE acoge con satisfacción la aclaración de que la accesibilidad para todos requiere también prestar atención a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y subraya que la accesibilidad también puede ser una cuestión de acceso al asesoramiento.
1.8.
El CESE considera muy importante respetar la diversidad de marcos jurídicos y prácticas nacionales en materia de no discriminación —incluido el hecho de que muchos Estados miembros han dotado a los organismos de igualdad de competencias que van más allá de los requisitos mínimos de las Directivas vigentes en materia de igualdad— y tener en cuenta las diferencias en la forma en que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil participan en el proceso.
Las normativas propuestas deben respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y prevenir cualquier rebaja de las actuales normas de protección de las víctimas de discriminación.
El CESE insiste además en que las normativas propuestas deben promover un papel de liderazgo para los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de los marcos nacionales de no discriminación y reforzar las prácticas existentes de apoyo a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil por parte de los organismos de igualdad.
1.9.
El CESE reconoce que el ejercicio de competencias de investigación en el contexto de procedimientos judiciales en nombre de victimas de discriminación o en apoyo de las mismas debe entenderse sin perjuicio de las competencias y la independencia de las investigaciones de órganos jurisdiccionales y otros organismos públicos de supervisión, como las inspecciones de trabajo.
1.10.
El CESE pide que se proporcione una protección adecuada a los denunciantes, que se asegure una indemnización proporcionada por el delito sufrido por la víctima y que se garanticen sanciones a los infractores, con el fin de centrarse en un enfoque individualizado de las víctimas de violencia o discriminación.
Dichas sanciones, que pueden incluir el pago de una indemnización a la víctima, no solo deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, sino que deben establecerse a nivel nacional en consonancia con los marcos jurídicos y las prácticas nacionales (1).
1.11.
El CESE propone que la Comisión Europea desarrolle y financie la promoción de campañas de información sobre los derechos de la Unión y el respeto de la diversidad, que las lleven a cabo a escala local los organismos de igualdad nacionales junto con las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, y que se adapten a las necesidades de los territorios.
Debe prestarse especial atención a los grupos más vulnerables y deben planificarse campañas especiales dirigidas a la infancia y la juventud en la escuela, desde una edad temprana.
1.12.
El CESE pide que se recopilen y analicen periódicamente datos desglosados para supervisar las desigualdades y la discriminación, incluida la discriminación múltiple, y destaca la importancia de llevar a cabo una investigación sistemática sobre las desigualdades y la discriminación, también en cooperación con la sociedad civil organizada y los interlocutores sociales en cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo.
2.
Antecedentes del Dictamen 2.1.
Los organismos de igualdad son instituciones públicas nacionales creadas en toda Europa para promover la igualdad para todas las personas y luchar contra la discriminación.
Son organizaciones independientes que protegen y ayudan a las víctimas de discriminación, supervisan y elaboran informes sobre cuestiones relacionadas con la discriminación.
Desempeñan un papel fundamental en la arquitectura de no discriminación de la UE (2).
(1) (2)
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (artículo 17 — Sanciones) (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).
Equinet.