C 180/4
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ES
Diario Oficial de la Unión Europea
23.5.2023
Para responder al aumento de los precios de la energía, los Estados miembros de la zona del euro han adoptado medidas de emergencia que, según las estimaciones, representan un 1,25 % del PIB en 2022 y hasta el 1 % en 2023, y la disminución prevista depende de la evolución del precio de la energía y del desmantelamiento previsto de las medidas conexas.
Sobre la base de las previsiones económicas del otoño de 2022 de los servicios de la Comisión, las medidas adoptadas hasta la fecha tienen como objetivo principal mitigar los aumentos de precios y, por término medio, solo el 20 % son medidas específicas en materia de ingresos.
Es necesario limitar el coste presupuestario de estas medidas de apoyo, teniendo en cuenta al mismo tiempo su impacto distributivo entre tramos de renta, su impacto en la demanda de energía y la inversión en la transición ecológica, las posibles distorsiones del mercado único y las externalidades negativas entre Estados miembros.
A tal fin, es importante acordar un enfoque común.
En particular, podrían explorarse un modelo bien calibrado de tarificación de la energía en dos niveles, en el que los consumidores vulnerables se beneficien de precios regulados hasta un determinado nivel de consumo, y otros sistemas que conduzcan a alcanzar objetivos similares teniendo en cuenta las características nacionales.
Además, podría reflexionarse sobre las formas adecuadas de eliminar gradualmente las ayudas a medida que disminuyan las presiones sobre los precios de la energía.
Además de las medidas energéticas temporales, la inversión pública y privada puede contribuir a reforzar la independencia y la seguridad energéticas y la transición ecológica.
Desde la crisis financiera mundial, la zona del euro ha venido sufriendo bajos niveles de inversión tanto privada como pública.
Las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19, con el apoyo excepcional de NextGenerationEU, han contribuido a mantener el nivel de inversión pública, con efectos positivos en el crecimiento potencial, especialmente en los Estados miembros con la mayor carga de deuda pública.
Una mayor inversión pública y privada, en particular mediante la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia, de los programas de la política de cohesión y de los planes nacionales de energía y clima que los Estados miembros deben actualizar a más tardar en junio de 2023, es fundamental para un crecimiento sostenible y cohesivo y para lograr las transiciones ecológica y digital.
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El 9 de noviembre de 2022, la Comisión publicó una comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE con el fin de mejorar la eficacia de la supervisión económica y la coordinación de las políticas en la Unión.
Dicha comunicación tiene por objeto definir una arquitectura más sencilla e integrada para la supervisión macrofiscal a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y promover un crecimiento sostenible e integrador.
Los elementos clave de dicha comunicación tienen por objeto simplificar el marco, mejorar la apropiación nacional y reforzar la aplicación.
La comunicación propone que las trayectorias fiscales se establezcan en planes de política fiscal estructurales a medio plazo propuestos por los Estados miembros, dentro de un marco común transparente de la Unión.
Estos planes, que serían adoptados por el Consejo, aunarían compromisos en materia de política fiscal, reformas e inversión que fomentarían la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento sostenible y reflejarían las prioridades de la Unión y las prioridades nacionales.
Los compromisos de reforma e inversión de los planes de política fiscal estructurales a medio plazo permitirían un período de ajuste de la política fiscal más largo.
Al tiempo que se mantienen los valores de referencia del Tratado del 3 % del PIB para el déficit y 60 % del PIB para la deuda, el marco se basaría en una supervisión más fundamentada en el riesgo y centrada en la sostenibilidad de la deuda.
Por lo que se refiere al procedimiento de desequilibrio macroeconómico, es importante seguir abordando los desequilibrios macroeconómicos de forma coordinada y equilibrada.
La comunicación de la Comisión propone un marco más prospectivo para poder identificar los riesgos emergentes a medida que se desarrollan.
La evaluación de la existencia de desequilibrios seguiría basándose en los tres criterios de gravedad, evolución y respuesta política.
No obstante, los criterios de evolución y la respuesta política del Estado miembro de que se trate tendrían más peso en la evaluación.
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El mercado laboral de la zona del euro ha mostrado una notable resiliencia gracias al apoyo político durante la crisis de la COVID-19.
En el primer trimestre de 2022, el total de horas trabajadas superó los niveles anteriores a la pandemia y el empleo siguió creciendo durante el primer semestre de 2022 hasta niveles históricamente elevados en el segundo trimestre de 2022, lo que redujo la tasa de desempleo hasta el 6,8 %, su nivel más bajo desde la creación del euro.
Con todo, aún hay margen de mejora en lo que respecta a la integración en el mercado laboral de las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables.
De cara al futuro, se espera que la desaceleración prevista de la actividad económica afecte a las perspectivas de empleo, con un ligero repunte de la tasa de desempleo en 2023.
No hay apenas pruebas de que la crisis de la COVID-19 haya conducido a un deterioro estructural en la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo.