14.4.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 132/59 Miércoles 5 de octubre de 2022
AE.
Considerando que la Directiva marco sobre el agua reconoce que «el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal»; AF.
Considerando que desde el 6 de diciembre de 2020 el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street; que según Pedro Arrojo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, «el agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestras sociedades que la lógica del mercado no reconoce y, por tanto, no puede gestionar adecuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación»; que según varios expertos de Naciones Unidas la aplicación de una lógica especulativa a la gestión de bienes esenciales para la vida y la dignidad de las personas viola los derechos humanos de las personas en situación de pobreza, exacerba la desigualdad de género y agrava la vulnerabilidad de las comunidades marginadas; AG.
Considerando que los Gobiernos tienen la obligación de garantizar unos niveles mínimos esenciales de agua y saneamiento para toda la ciudadanía; que el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, de 16 de julio de 2021, subraya que el agua debe considerarse un bien público y debe gestionarse con arreglo a un enfoque basado en los derechos humanos que garantice el derecho al agua y al saneamiento y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos; que el suministro de agua y el saneamiento son servicios de interés general y que los ingresos producidos por el ciclo de gestión del agua deben cubrir todos los gastos derivados y los costes de su mejora, a condición de que se salvaguarde el interés público; AH.
Considerando que, tal como reconocen las Directrices de derechos humanos de la UE relativas al agua potable y al saneamiento, los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir estos derechos, y que terceros deben abstenerse estrictamente de interferir en el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento; AI.
Considerando que los trabajadores de la cadena de saneamiento se enfrentan a muchos riesgos, entre ellos riesgos para la salud derivados de unas condiciones de trabajo precarias; que a menudo son trabajadores informales, no protegidos por los derechos laborales; que el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento no debe ir en detrimento de la seguridad, dignidad y bienestar de los trabajadores de saneamiento; 1.
Reafirma el derecho al agua potable y al saneamiento como derecho humano, siendo ambos derechos complementarios; subraya que el acceso a agua potable salubre es indispensable para llevar una vida saludable y digna; resalta que el derecho al agua se constituye como condición previa fundamental para el goce de otros derechos, y como tal tiene que guiarse por una lógica fundada sobre interés público y los bien comunes públicos y globales; 2.
Subraya que el acceso adecuado a los servicios de suministro de agua, saneamiento e higiene y el derecho a la salud y a la vida están correlacionados y constituyen un requisito previo esencial para la salud pública y el desarrollo humano; destaca, en vista de la pandemia, la necesidad de agua limpia y exige la adopción de medidas, estrategias y políticas adecuadas por parte de la Comisión, los Estados miembros y terceros países a fin de poder ofrecer protección suficiente a todas las personas; 3.
Subraya que el reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fue un paso fundamental en el camino hacia una mayor justicia social y ambiental; afirma que se conseguirían mayores avances mediante el aumento de la prioridad política concedida al sector, una mejor aplicación y seguimiento de las políticas en la materia, una financiación más eficiente, y la responsabilidad y la participación pública, especialmente entre lo más marginados y, en concreto, en los países en desarrollo; hace hincapié en que, a la hora de asignar fondos de la Unión y programar la ayuda, se debe conceder una elevada prioridad a la ayuda para ofrecer agua potable y saneamiento; 4.
Recuerda la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados y que deben promoverse y aplicarse de manera justa, equitativa y no discriminatoria; reitera, por tanto, que los Estados deben garantizar un acceso universal, adecuado y asequible a agua potable suficiente, de calidad y segura, así como un mejor acceso al agua para fines de saneamiento e higiene; recuerda que el derecho al agua implica que los servicios de abastecimiento de agua deben ser accesibles para todos; 5.
Recuerda que los Estados que ratifican un tratado de derechos humanos se comprometen a proteger, respetar y cumplir los compromisos adoptados en el marco internacional, nacional, regional y local de protección de estos derechos; en este sentido considera que el reconocimiento de la comunidad internacional del derecho al agua y al saneamiento debe de contemplar mecanismos de protección y de exigibilidad y, por lo tanto, pide a la Unión que promueva a nivel internacional, regional y nacional mecanismos de protección para asegurar que la realización del derecho al agua y el saneamiento no es opcional para los Estados sino un derecho exigible; pide a la Unión y a los Estados miembros que den ejemplo y ratifiquen los convenios pertinentes, como el Protocolo sobre Agua y Salud y el Convenio de 1992 sobre la Protección y el Uso de los Cursos de Agua Transfronterizos y los Lagos Internacionales;