C 132/58
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
14.4.2023
Miércoles 5 de octubre de 2022
T.
Considerando que la deforestación, el acaparamiento de tierras y las actividades de sobreexplotación y extracción de recursos naturales, también por parte de grupos de delincuencia organizada, tienen un impacto considerable en el nivel y ciclo del agua de ríos y lagos y contribuyen a su drenaje, así como a la contaminación de las zonas explotadas;
U.
Considerando que los ecosistemas de agua dulce cubren menos del 1 % de la superficie de la Tierra, pero acogen a más del 10 % de todas las especies y a biodiversidad delicada; que aproximadamente el 70 % del agua dulce del mundo se destina a la agricultura, mientras que el resto se divide entre usos industriales (19 %) —sobre todo en los sectores alimentario, textil, energético, industrial, químico, farmacéutico y minero— y domésticos (11 %), incluido el consumo humano;
V.
Considerando que los ecosistemas saludables permiten la mejora de la cantidad y la calidad del agua, al tiempo que aumentan la resiliencia frente al cambio climático;
W. Considerando que la agricultura es la mayor consumidora de agua dulce del mundo; que un tercio de las tierras cultivables de todo el mundo se utiliza para alimentar al ganado; que el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de 2020 titulado «El estado mundial de la agricultura y la alimentación: Superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura» sugiere que se puede aumentar significativamente la productividad de alimentos y los ingresos rurales a través de inversiones en nuevos sistemas de riego o la adaptación y modernización de los ya existentes, y que esto debe combinarse con una mejora de las prácticas de gestión del agua, incluida la mejora de las prácticas agrícolas; que el acaparamiento de tierras tiene consecuencias negativas para la disponibilidad y la calidad del agua, desposee a las comunidades locales de fuentes hídricas y viola su derecho humano al agua potable; X.
Considerando que el sector energético es actualmente responsable del 10 % de las extracciones de agua a nivel mundial y que se estima que para 2040 el consumo de agua de dicho sector aumentará en aproximadamente un 60 %;
Y.
Considerando que ciertas industrias extractivas abusivas, y en muchos casos ilegales, tienen un gran impacto sobre los recursos hídricos superficiales o subterráneos y contribuyen a la contaminación y la destrucción de glaciares, bosques, humedales o ríos y otras fuentes de agua vitales para el consumo humano;
Z.
Considerando que la industria textil es uno de los sectores que más agua consume en el mundo, y que su actividad tiene lugar en algunas de las regiones con mayor escasez de agua del mundo; que esta industria está clasificada como la segunda más contaminante a nivel mundial y que una gran parte de esa contaminación acaba en el agua; que la Comisión Europea planea adoptar en el primer cuatrimestre de 2022 la llamada «Estrategia de la UE para los textiles sostenibles» con la que se pretende contribuir a que la Unión avance hacia una economía circular donde los productos textiles se diseñen para ser más duraderos, reutilizables, reparables, reciclables y energéticamente eficientes;
AA.
Considerando que la creciente demanda de agua está provocando la sobreexplotación de los recursos hídricos y que la escasez del agua la ha convertido en un recurso en disputa; que según las Naciones Unidas existen aproximadamente trescientas zonas en el mundo en las que se presagia un conflicto a causa del agua para 2025; AB.
Considerando que la conservación de los recursos hídricos está siendo atacada y que los daños a la calidad del agua se han criminalizado en muchos países; que, en los últimos años, los defensores de los derechos ambientales y del agua han sido objeto de un número cada vez mayor de ataques, incluyendo asesinatos, secuestros, torturas, violencia de género, amenazas, acoso, intimidación, campañas de desprestigio, criminalización, acoso judicial, desalojos forzosos y desplazamientos, y que es urgente apoyarlos activamente y proteger su vida y su integridad; que varios finalistas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia están siendo atacados por su papel en la defensa del agua y los bienes comunes; que los defensores de las aguas del río Guapinol fueron encarcelados durante más de dos años antes de su liberación; que Lolita Chávez lleva cuatro años exiliada por su defensa del territorio contra la actividad de las hidroeléctricas en Iximulew (Guatemala); que Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por su defensa de los ríos Blanco y Gualcarque y que los autores intelectuales de su crimen aún no han sido condenados; AC.
Considerando que, según Global Witness, más de un tercio de los defensores de la tierra y del medioambiente asesinados en el mundo entre 2015 y 2019 pertenecían a comunidades indígenas, cuyas competencias en materia de gestión de la tierra y el agua son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad; AD.
Considerando que la denegación del acceso al agua y la destrucción de las infraestructuras hídricas han sido utilizadas como táctica esencial por las potencias ocupantes para anexionarse territorios ocupados y desplazar a la población de sus tierras;