5.4.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 125/475 Jueves 15 de septiembre de 2022
BY.
Considerando que la aprobación de la nueva ley no estuvo precedida por ninguna consulta pública y tampoco se consultó directamente a las organizaciones no gubernamentales, en contra de la recomendación de la Comisión de Venecia en su dictamen de 20 de junio de 2017 de que la consulta pública debería involucrar, en la medida de lo posible, a todas las organizaciones de la sociedad civil cuya situación, financiación o ámbitos de operación se verían afectados como resultado de la entrada en vigor de esta ley; que, de conformidad con la nueva ley, estas organizaciones pueden ahora ser objeto de inspecciones financieras periódicas por parte de la Oficina Estatal de Auditoría; que las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas ante la posibilidad de que la Oficina de Auditoría, cuya función principal es supervisar el uso de fondos públicos, y no donaciones privadas, vaya a ser utilizada para someterlas a más presión; que las organizaciones de la sociedad civil han advertido de que, con la nueva ley relativa a las organizaciones no gubernamentales, el Estado interferirá en la autonomía de asociación de organizaciones establecidas sobre la base del derecho de asociación y la privacidad de los ciudadanos que defienden el interés público, y de que la ley va en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión y la sociedad democrática en su conjunto; que la Oficina Estatal de Auditoría emprendió controles sobre decenas de ONG el 17 de mayo de 2022, reclamando sus políticas contables y de gestión de efectivo;
BZ.
Considerando que, el 23 de julio de 2021, se anunció que los Estados donantes del Espacio Económico Europeo y las subvenciones de Noruega (Islandia, Liechtenstein y Noruega) no habían llegado a un acuerdo sobre el nombramiento de un gestor de fondos para gestionar la financiación destinada a la sociedad civil en Hungría; que, como consecuencia de ello, no se ejecutará ningún programa durante el período de financiación actual, lo que anula los 214 600 000 EUR de financiación que se habían reservado para Hungría;
CA.
Considerando que, en su dictamen conjunto de 17 de diciembre de 2018 sobre el artículo 253 de la Ley XLI de 20 de julio de 2018 que modifica determinadas leyes fiscales y otras leyes relacionadas, y sobre el impuesto especial de inmigración, la Comisión de Venecia y la OIDDH de la OSCE afirmaron que el impuesto del 25 % aplicable a la ayuda financiera a actividades en apoyo de la inmigración en Hungría o a la ayuda financiera a las operaciones de una organización con una sede en Hungría que lleve a cabo actividades en apoyo de la inmigración no cumple el requisito de legalidad y constituye una injerencia injustificada en los derechos de libertad de expresión y de asociación de las ONG afectadas;
CB.
Considerando que, en su informe de 21 de mayo de 2019 tras la visita a Hungría del 4 al 8 de febrero de 2019, la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa hizo hincapié en que las medidas legislativas habían estigmatizado y criminalizado actividades de la sociedad civil que deberían considerarse plenamente legítimas en una sociedad democrática y ejercían un efecto amedrentador continuo en las ONG, y señaló asimismo que algunas de las disposiciones legales son excepcionalmente vagas y arbitrarias y no se aplican en la práctica;
CC.
Considerando que, en su informe de 11 de mayo de 2020 a raíz de una visita a Hungría del 10 al 17 de julio de 2019, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes observó que las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban por los derechos de los migrantes en Hungría se enfrentaban a múltiples obstáculos a la hora de llevar a cabo su legítimo e importante trabajo como consecuencia de las enmiendas legislativas, las restricciones financieras y otras medidas operativas y prácticas adoptadas por las autoridades pertinentes; que el relator especial de las Naciones Unidas indicó asimismo que varias organizaciones de la sociedad civil se habían visto sometidas a campañas de desprestigio, en algunos casos seguidas de investigaciones administrativas o penales;
El derecho a la igualdad de trato, en particular los derechos de las personas LGBTIQ
CD.
Considerando que el 13 de julio de 2022 la Comisión indicó en el capítulo sobre Hungría del informe sobre el Estado de Derecho de 2022 que el Comisario de Derechos Fundamentales húngaro había adquirido más competencias, pero que su crédito se había debilitado por las dudas sobre su independencia; que, en el informe y recomendaciones del período de sesiones virtual de su Subcomité de Acreditación, celebrado del 14 al 25 de marzo de 2022, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos recomendó que se rebajase la categoría de acreditación del Comisario de Derechos Fundamentales a la clase B, ya que el Subcomité no había recibido los documentos de respaldo necesarios para determinar que el Comisario cumplía su mandato con eficacia en relación con colectivos vulnerables como las minorías étnicas, las personas LGBTIQ, los defensores de los derechos humanos, los refugiados y los migrantes, o en relación con importantes cuestiones de derechos humanos, como el pluralismo de los medios de comunicación, el espacio cívico y la independencia judicial; que el Subcomité consideró que el comisario actuaba de tal modo que comprometía gravemente su cumplimiento de los Principios de París relativos a los criterios aplicables a las normas internacionales relativas a las instituciones nacionales de derechos humanos; que el Subcomité también señaló algunos problemas relacionados con el proceso de selección y nombramiento y con las relaciones de trabajo y de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos;