5.4.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 125/303 Miércoles 14 de septiembre de 2022
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Para determinar el índice de renovación, los Estados miembros deben tener una visión general de los edificios que no alcanzan el nivel de EECN.
Así, los Estados miembros deben publicar y mantener actualizado un inventario de edificios públicos, incluidas las viviendas sociales, que forme parte de una base de datos general de certificados de eficiencia energética.
Dicho inventario también debe permitir que los agentes privados, incluidas las empresas de servicios energéticos, propongan soluciones de renovación y puedan agruparse en el Observatorio del Parque Inmobiliario de la Unión.
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En 2020, más de la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas.
Se espera que, en 2050, esta cifra alcance el 68 % (28).
Además, la mitad de las infraestructuras urbanas previstas para 2050 están todavía por construir (29).
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros de actividad económica, generación de conocimientos, innovación y nuevas tecnologías.
Las ciudades influyen en la calidad de vida de los ciudadanos que viven o trabajan en ellas.
Los Estados miembros deben apoyar técnica y financieramente a los municipios.
Algunos municipios y otros organismos públicos de los Estados miembros ya han puesto en práctica planteamientos integrados sobre ahorro de energía, abastecimiento de energía y movilidad sostenible, por ejemplo, mediante planes de actuación energética sostenibles y planes de movilidad urbana sostenible, como los elaborados en virtud del Pacto de las Alcaldías, y planteamientos urbanos integrados que van más allá de las distintas intervenciones en edificios o modos de transporte.
Se necesitan más esfuerzos en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética de la movilidad urbana, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías, ya que consume alrededor del 40 % de toda la energía del transporte por carretera.
El Reglamento...
[Reglamento RTE-T- 2021/420(COD) revisado] debe contribuir significativamente a abordar la eficiencia energética del transporte urbano con un enfoque coherente, integrado y multimodal, a través del requisito de adoptar planes de movilidad urbana sostenible, tal como se define en ese mismo Reglamento.
Además, a fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, los Estados miembros deben fomentar con determinación que el mayor número posible de autoridades locales adopten planes de movilidad urbana sostenible para contribuir a la reducción del consumo de energía y evitar el transporte innecesario en la medida de lo posible, en consonancia con el principio de «primero, la eficiencia energética».
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En lo que se refiere a la adquisición de determinados productos y servicios y la compra y alquiler de edificios, los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras que firmen contratos de obras, suministros o servicios deben dar ejemplo y tomar decisiones de compra eficientes en cuanto a la energía, y aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética», también en los contratos públicos y concesiones para los que el anexo IV no prevea ningún requisito específico.
Esto debe aplicarse a los órganos administrativos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio de un Estado miembro.
Cuando en un Estado miembro determinado no exista, para una competencia determinada, un órgano administrativo que abarque la totalidad del territorio, esta obligación debería recaer en aquellos órganos administrativos cuyas competencias abarquen en su conjunto todo el territorio.
Sin embargo, ello no debe afectar a las disposiciones de las Directivas sobre contratación pública de la Unión.
Los Estados miembros deben eliminar los obstáculos a la contratación pública dentro de su territorio o a través de las fronteras si ello puede reducir los costes y aumentar los beneficios del mercado interior al crear oportunidades de negocio para los suministradores y los proveedores de servicios energéticos.
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Todas las entidades públicas que inviertan recursos públicos a través de la contratación pública deben dar ejemplo a la hora de adjudicar contratos y concesiones, eligiendo los productos, servicios, obras y edificios de mayor rendimiento energético, también en relación con las contrataciones que no estén sujetas a requisitos específicos en virtud de la Directiva 2009/30/CE.
En este contexto, todos los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y concesiones cuyo valor supere los umbrales establecidos en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (30), en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31), y en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, deben tener en cuenta el nivel de eficiencia energética de los productos, edificios y servicios establecido en el Derecho nacional o de la Unión, priorizando el principio de «primero, la eficiencia energética» en sus procedimientos de contratación.
(28) (29) (30) (31)
https://www.unfpa.org/world-population-trends https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).