C 112/28
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
27.3.2023
Otras partes en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, República Francesa y Reino de los Países Bajos
Pretensiones de la parte recurrente La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
— Anule la sentencia del Tribunal General, de 30 de noviembre de 2022, en los asuntos acumulados T-316/14 RENV y T-148/19 por lo que respecta a la desestimación de los recursos de anulación interpuestos contra el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/513 (1) del Consejo, de 26 de marzo de 2015, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1325 (2) del Consejo, de 31 de julio de 2015, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2425 (3) del Consejo, de 21 de diciembre de 2015, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1127 (4) del Consejo, de 12 de julio de 2016, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/150 (5) del Consejo, del 27 de enero de 2017, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1420 (6) del Consejo, de 4 de agosto de 2017, la Decisión (PESC) 2019/25 (7) del Consejo, de 8 de enero de 2019, la Decisión (PESC) 2019/1341 (8) del Consejo, de 8 de agosto de 2019, en la medida en que estos actos afectan a PKK (también conocido con las denominaciones KADEK y KONGRAGEL);
— Se pronuncie definitivamente sobre las cuestiones que son objeto del presente recurso de casación y anule esos reglamentos de ejecución y esas decisiones, en la medida en que tales actos afectan al PKK (también conocido con las denominaciones KADEK y KONGRAGEL);
— Condene al Consejo a cargar con las costas en las que ha incurrido la parte recurrente en el marco del presente recurso de casación y de los asuntos acumulados T-316/14 RENV y T-148/19, con sus correspondientes intereses.
Motivos y principales alegaciones La recurrente alega que el Tribunal General incurrió en la sentencia recurrida en los siguientes errores:
I.
El Tribunal General incurrió en un error de Derecho por lo que respecta al artículo 1, apartado 3, párrafo primero, de la Posición Común 2001/931 (9) (en lo sucesivo, «PC 931»), en particular en lo que atañe la interpretación dada a los «fines» mencionados en él y a su aplicación en el caso de autos.
El Tribunal General concluyó erróneamente que el motivo basado en la infracción del artículo 1, apartado 3, de la PC 931 debía desestimarse.
II.
El Tribunal General declaró erróneamente que el Consejo podía invocar el Decreto del Ministro del Interior del Reino Unido de 29 de marzo de 2001 (en lo sucesivo, «Decisión UK 2001») como decisión a efectos del artículo 1, apartado 4, de la PC 931, habida cuenta de la falta de certidumbre sobre si los acontecimientos mencionados en la exposición de motivos vinculada a la Decisión UK 2001 subyacían a la Decisión UK 2001, y de que tales acontecimientos son remotos en el tiempo y no respaldan la conclusión de que el recurrente era un grupo terrorista en el sentido de ese artículo.
El Tribunal General concluyó erróneamente que el motivo basado en la infracción del artículo 1, apartados 3 y 4, de la PC 931 debía desestimarse en tanto en cuanto las medidas impugnadas se basan en la Decisión UK 2001.
III.
El Tribunal General erró al declarar que el reexamen llevado a cabo por el Consejo cumplía las obligaciones que se desprenden del artículo 1, apartado 6, de la PC 931, que se llevó a cabo en tiempo y forma y que el motivo del recurrente basado en la infracción por el Consejo del artículo 1, apartado 6, debía desestimarse en la medida en que tiene por objeto las medidas de 2015 a 2017 y las decisiones de 2019.
IV.
El Tribunal General incurrió en un error de Derecho en cuanto al principio de proporcionalidad, que aplicó de manera errónea al caso de autos.