16.3.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 100/109
3.6.
La propuesta de Directiva amplía la lista de situaciones para la aplicación de medidas de decomiso no basado en una sentencia condenatoria justificadas por un proceso penal a otros casos en los que no es posible una resolución penal condenatoria debido a circunstancias objetivas como la inmunidad, la amnistía o la expiración de los plazos de prescripción.
El CESE reconoce los esfuerzos de la Comisión para imponer límites a estos casos, ya que pueden dar lugar a abusos o utilizarse con fines de acoso o persecución. 3.7.
La propuesta de Directiva incluye un nuevo mecanismo que garantiza el decomiso de bienes no directamente vinculados a un delito incluido en la Directiva, sino basado en cambio en la sospecha de que se trate de bienes ilícitos o de que estos procedan de actividades delictivas.
A pesar del procedimiento judicial obligatorio que precede a la orden de decomiso y de que la Fiscalía asume la carga de la prueba que vincule el activo en cuestión a una actividad delictiva, se exigen más garantías para excluir todo posible abuso durante el procedimiento.
Las jurisdicciones nacionales siguen diferentes vías que van desde el decomiso con arreglo al Derecho civil hasta el Derecho penal.
La propuesta de Directiva debe incluir normas relativas a los derechos y garantías procesales de los acusados y asegurarse de que los jueces y fiscales dispongan de una formación adecuada. 3.8.
Los efectos limitados de la disposición que figura en la Directiva sobre el decomiso para la reutilización con fines sociales exigirían un mayor estímulo para que los Estados miembros incluyeran medidas adecuadas encaminadas a garantizar la efectividad de esa disposición.
El CESE pide a la Comisión Europea que sea más ambiciosa en sus esfuerzos por hacer efectiva la utilización con fines sociales de los activos confiscados y que fije a los Estados miembros un porcentaje mínimo para ello.
Es de vital importancia para la cohesión social que las comunidades afectadas reciban una compensación directamente y que se beneficien del fruto de dichas compensaciones.
Además, las comunidades necesitan una mejor asistencia para contribuir a mejorar su resiliencia frente a la delincuencia organizada, y la sociedad civil debe participar en la gestión y enajenación de los activos decomisados. 3.9.
Como también se refiere en la Directiva sobre el decomiso, el derecho de las víctimas a una indemnización no se verá afectado por las medidas de decomiso.
Sin embargo, la propuesta de Directiva sigue sin garantizar la prioridad de la indemnización de las víctimas en el orden de prelación de los acreedores.
Al mismo tiempo, los ciudadanos de terceros países no están suficientemente protegidos por la Directiva propuesta y otros actos legislativos de la UE, ya que estos se centran en los ciudadanos de la UE. 3.10.
En el informe de evaluación de impacto se señalan las siguientes deficiencias: que no se detallen las funciones de los organismos de recuperación de activos, y que los recursos humanos, financieros y técnicos asignados al seguimiento de activos sean insuficientes.
La Directiva propuesta da respuesta a estas constataciones y exige que se establezca al menos un organismo de recuperación en cada Estado miembro.
Se acoge con satisfacción la obligación explícita de proporcionar los recursos adecuados para garantizar que los organismos de recuperación de activos sean eficientes y eficaces.
No obstante, esta obligación debe ir acompañada de informes periódicos del nivel nacional a la Comisión sobre los recursos asignados, de modo que la Comisión pueda evaluar si existe fragmentación o falta de equilibrio entre los distintos organismos de recuperación de activos. 3.11.
Los costes asociados a la gestión de activos embargados o decomisados pueden ser significativos y exceder incluso el valor del activo en cuestión.
La propuesta de Directiva incluye la obligación de que las autoridades competentes evalúen los costes antes de emitir una orden de embargo.
El CESE acoge favorablemente esta medida como un instrumento eficaz y útil destinado a reducir los costes necesarios y maximizar el valor posterior del activo. 3.12.
El mecanismo de venta anticipada puede aplicarse en un número limitado de casos, que se enumeran en la propuesta de Directiva, y es probable que contribuya a una gestión más eficaz de los activos inmovilizados.
A pesar de que el mecanismo está disponible en la mayoría de los Estados miembros, se utiliza a pequeña escala y con grandes variaciones.
Es probable que la Directiva propuesta refuerce la utilización de este mecanismo al introducir una definición única y las condiciones en las que debe utilizarse. 3.13.
Se determinó que la ausencia de estadísticas exhaustivas y comparables constituye una importante deficiencia para dotar de mayor eficacia al sistema de recuperación de activos.
A este respecto, la propuesta de Directiva obliga a cada Estado miembro a establecer un registro de recuperación de activos que recogerá información codificada de las autoridades competentes a lo largo del proceso de recuperación. 3.14.
El CESE considera que la unificación de todas las disposiciones jurídicas pertinentes relativas a la recuperación de activos en una única Directiva es conforme con el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión, y ayudará a las autoridades pertinentes y a las partes interesadas a comprender mejor las normas y a reforzar la ejecución y la eficacia de las medidas destinadas a aumentar la tasa de recuperación de activos ilícitos en las jurisdicciones nacionales.