ES
C 94/24
Diario Oficial de la Unión Europea
13.3.2023
Pretensiones de la parte demandante — Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49, apartado 1, del anexo VI y del artículo 59, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE y de los artículos 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, al mantener en vigor el artículo 2 de la Ley n.o 25/2018, de 14 de junio, que añade el apartado 7 al artículo 25 de la Ley n.o 31/2009, de 3 de julio, en su redacción dada por la Ley n.o 40/2015, en el que se establece que «los titulares de una licenciatura en ingeniería civil a los que se refiere el anexo VI de la Directiva 2005/36/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre de 2013, que iniciaran su formación en los cursos lectivos indicados en dicho anexo y que acrediten que, en el ámbito de lo dispuesto en el Decreto n.o 73/73, de 28 de febrero, han suscrito, entre el 1 de noviembre de 2009 y el 1 de noviembre de 2017, un proyecto arquitectónico que haya obtenido aprobación municipal, podrán elaborar los proyectos específicamente previstos en ese Decreto, en las condiciones establecidas en él y con respeto del régimen legal en vigor para la actividad, quedando, no obstante, sujetos a la observancia de las obligaciones establecidas en la presente Ley y, en su caso, a la acreditación de su cumplimiento ante las entidades administrativas competentes». — Que se condene en costas a la República Portuguesa.
Motivos y principales alegaciones Los ingenieros cuyos diplomas se encuentran enumerados en el anexo VI de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, han adquirido derechos para realizar proyectos arquitectónicos en toda la Unión Europea («derechos adquiridos»).
Los ingenieros solo pueden disponer de derechos adquiridos si se formaron a más tardar en el año lectivo indicado en el anexo VI de la Directiva.
En 2018, la República Portuguesa aprobó una ley (Ley n.o 25/2018, de 14 de junio) que restringió considerablemente los derechos adquiridos por esos ingenieros, el acceso a la profesión de arquitecto y la libre circulación de personas.
En particular, el artículo 2 de esa Ley: a.
Limita los derechos adquiridos a los ingenieros civiles que iniciaron su formación en los cursos lectivos indicados en la Directiva, de modo que todos los ingenieros civiles que iniciaron su formación en cursos lectivos anteriores se ven privados de la posibilidad de ejercer sus derechos adquiridos. b.
Exige, de forma discriminatoria y sin base alguna en la Directiva, que, para realizar un proyecto arquitectónico, un ingeniero civil haya suscrito, entre el 1 de noviembre de 2009 y el 1 de noviembre de 2017, un proyecto arquitectónico que haya obtenido aprobación municipal.
Esta exigencia resulta particularmente difícil de cumplir, ya que, desde 2015, los entes locales portugueses rechazan sistemáticamente los proyectos arquitectónicos presentados por ingenieros que se beneficien de derechos adquiridos en virtud de la Directiva 2005/36/CE.
El 24 de enero de 2019, la Comisión envió un escrito de requerimiento a la República Portuguesa.
A continuación, el 29 de febrero de 2020, se hizo llegar un dictamen motivado a la República Portuguesa, al que esta no ha dado respuesta.
(1)
DO 2005, L 255, p. 22.
Recurso de casación interpuesto el 23 de diciembre de 2022 por Trebor Robert Bilkiewicz contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 26 de octubre de 2022 en el asunto T-273/21, The Bazooka Companies / EUIPO (Asunto C-783/22 P) (2023/C 94/27) Lengua de procedimiento: inglés Partes Recurrente: Trebor Robert Bilkiewicz (representante: P. Ratnicki-Kiczka, adwokat)