27.2.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 71/17
3.
En caso de respuesta afirmativa del Tribunal de Justicia a la segunda cuestión prejudicial: ¿Se opone el artículo 6 de la Directiva 2001/86/CE a la aplicación del Derecho del Estado miembro en el que la SE tiene su domicilio social actual a la tramitación a posteriori del procedimiento de negociación cuando la «SE sin trabajadores» ha sido inscrita en el registro de otro Estado miembro sin haberse realizado previamente dicho procedimiento y, ya antes del traslado de su domicilio social, ha pasado a ejercer el control de filiales en varios Estados miembros de la Unión que emplean a trabajadores? 4.
En caso de respuesta afirmativa del Tribunal de Justicia a la tercera cuestión prejudicial: ¿Procede aplicar el mismo criterio si el Estado en el que se registró por primera vez esta «SE sin trabajadores» se ha retirado de la Unión Europea después del traslado del domicilio social de la SE y su legislación ya no contiene disposiciones sobre la tramitación de un procedimiento de negociación para la implicación de los trabajadores en la SE?
(1) (2)
Reglamento (CE) N.o 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO 2001, L 294, p. 1).
Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (DO 2001, L 294, p. 22).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Rayonen sad Nessebar (Bulgaria) el 5 de diciembre de 2022 — Vodosnabdyavane i kanalizatsia EAD / PQ (Asunto C-744/22) (2023/C 71/20) Lengua de procedimiento: búlgaro Órgano jurisdiccional remitente Rayonen sad Nessebar Partes en el procedimiento principal Demandante: Vodosnabdyavane i kanalizatsia EAD Demandada: PQ Cuestiones prejudiciales 1.
¿Son conformes con el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 169, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las disposiciones de los artículos 2, apartado 5, y 7, apartado 2, punto 1, del Naredba 1 ot 09.07.2004g. za minimalnite razmeri na advokatskite vaznagrazhdenia (Decreto n.o 1, de 9 de julio de 2004, sobre el importe mínimo de los honorarios de los abogados), aplicables con arreglo al artículo 47, apartado 6, de la Grazhdanski protsesualen kodeks (Ley de Enjuiciamiento Civil; en lo sucesivo, «GPK»), que se refieren a las normas sobre la fijación de los honorarios de un mandatario ad litem del demandado, a efectos de un procedimiento como el principal, relativo a una acción contra un consumidor para el pago de un consumo de agua de escasa cuantía, si el consumidor, en caso de que se desestimen sus pretensiones, también va a ser condenado en la sentencia al pago de las costas correspondientes al mandatario ad litem con arreglo al artículo 78, apartado 1, de la GPK? 2.
¿Es conforme con el artículo 19 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 169 TFUE, apartado 1, la norma para la designación de un mandatario ad litem establecida en el artículo 47, apartado 6, de la GPK, en relación con el artículo 26, apartado 1, de la Zakon za pravnata pomosht (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), en caso de que el consumidor no pueda ser localizado en su domicilio, según la cual los honorarios serán fijados por el tribunal, si bien existe también la posibilidad de fijarlos en un importe inferior al mínimo, mientras que la designación de un mandatario ad litem es competencia de otro órgano, el Consejo de la Abogacía, que puede, a su discreción y por la única razón de no estar de acuerdo con los honorarios fijados por el tribunal, denegar la designación de un mandatario ad litem? 3.
¿Está el órgano jurisdiccional facultado, por aplicación directa del Derecho de la Unión y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 169 TFUE, apartado 1, en caso de que se deniegue la designación de un abogado como mandatario ad litem, para recurrir a otras normas destinadas a garantizar la protección de los derechos de los consumidores en los procedimientos judiciales que, con arreglo al Derecho nacional de la República de Bulgaria, en principio no se aplican en tales casos, como la concesión de la asistencia jurídica gratuita prevista en el artículo 95, apartado 1, de la GPK sin que el consumidor la haya solicitado?