16.1.2023
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 15/17
Parte en el proceso principal Spetsializirana prokuratura
Fallo 1) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone — a una normativa nacional que establece, con carácter preventivo, a fin de luchar contra la delincuencia grave y prevenir amenazas graves contra la seguridad pública, la conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización, aunque la referida normativa limite dicha conservación generalizada e indiferenciada a un período de seis meses y establezca una serie de garantías en relación con la conservación de los datos en cuestión y el acceso a ellos; — a una normativa nacional que no establece, de forma clara y precisa, que el acceso a los datos conservados se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo perseguido mediante la conservación de tales datos.
2) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por la Directiva 2009/136, en relación con los artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como los artículos 13 y 54 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prevé el acceso, por las autoridades nacionales competentes en materia de investigación de delitos, a los datos de tráfico y de localización, conservados lícitamente, sin garantizar que las personas a cuyos datos hayan accedido las autoridades nacionales sean informadas de ello según lo establecido por el Derecho de la Unión y sin que dispongan de una vía de recurso frente a un acceso ilícito a esos datos.
(1)
DO C 338 de 23.8.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 17 de noviembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Piteşti — Rumania) — SC Avicarvil Farms SRL / Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea (Asunto C-443/21) (1) [Procedimiento prejudicial — Política agrícola común (PAC) — Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) — Reglamento (CE) n.o 1698/2005 — Artículo 40 — Programa Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 — Ayudas relativas al bienestar de los animales — Errores de cálculo — Reducción de las ayudas por parte de las autoridades nacionales — Principio de protección de la confianza legítima — Principio de seguridad jurídica] (2023/C 15/17) Lengua de procedimiento: rumano Órgano jurisdiccional remitente Curtea de Apel Piteşti