ES
C 15/8
Diario Oficial de la Unión Europea
16.1.2023
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de noviembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā rajona tiesa — Letonia) — SIA Rodl & Partner / Valsts ieņēmumu dienests (Asunto C-562/20) (1) [«Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Artículo 18, apartados 1 y 3 — Anexo III, punto 3, letra b) — Planteamiento basado en el riesgo — Evaluación de riesgos efectuada por las entidades obligadas — Identificación de los riesgos por los Estados miembros y las entidades obligadas — Medidas de diligencia debida con respecto al cliente — Medidas reforzadas de diligencia debida — Tercer país con un alto riesgo de corrupción — Artículo 13, apartado 1, letras c) y d) — Exigencias de prueba y documentación que incumben a las entidades obligadas — Artículo 14, apartado 5 — Seguimiento continuo con respecto al cliente que incumbe a las entidades obligadas — Publicación de decisiones que imponen una sanción»] (2023/C 15/07) Lengua de procedimiento: letón Órgano jurisdiccional remitente Administratīvā rajona tiesa
Partes en el procedimiento principal Demandante: SIA Rodl & Partner
Demandada: Valsts ieņēmumu dienests
Fallo 1) El artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en relación con el artículo 5 y el anexo III, punto 3, letra b), de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
no exige que las entidades obligadas atribuyan automáticamente un alto nivel de riesgo a un cliente ni que, por consiguiente, tomen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente, por el mero hecho de que este sea una organización no gubernamental, que uno de los empleados del citado cliente sea nacional de un tercer país con un alto riesgo de corrupción o que un socio comercial de ese mismo cliente, pero no el propio cliente, esté vinculado a tal tercer país.
No obstante, un Estado miembro puede identificar en su Derecho nacional tales circunstancias como factores para la identificación de un riesgo potencialmente mayor de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que las entidades obligadas han tener en cuenta en el marco de la evaluación de los riesgos que deben llevar a cabo con respecto a sus clientes, siempre que dichos factores sean conformes con el Derecho de la Unión y, en particular, con los principios de proporcionalidad y de no discriminación.
2) El artículo 13, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva 2015/849, en relación con los artículos 8, apartado 2, 13, apartado 4, y 40, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva,