ES
C 7/10
Diario Oficial de la Unión Europea
9.1.2023
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 10 de noviembre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Eslovenia) — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana (Asunto C-486/21) (1) [Procedimiento prejudicial — Sistema público de alquiler y uso compartido de vehículos automóviles eléctricos — Distinción entre los conceptos de «concesiones de servicios» y de «contratos públicos de suministro» — Directiva 2014/23/UE — Artículo 5, punto 1, letra b) — Artículo 20, apartado 4 — Concepto de «contratos mixtos» — Artículo 8 — Determinación del valor de una concesión de servicios — Criterios — Artículo 27 — Artículo 38 — Directiva 2014/24/UE — Artículo 2, apartado 1, puntos 5 y 8 — Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1986 — Anexo XXI — Posibilidad de imponer una condición relativa al registro de una actividad profesional determinada con arreglo al Derecho nacional — Imposibilidad de imponer esa condición a todos los miembros de una agrupación temporal de empresas — Reglamento (CE) n.o 2195/2002 — Artículo 1, apartado 1 — Obligación de referirse exclusivamente al «Vocabulario común de contratos públicos» en los documentos de concesión — Reglamento (CE) n.o 1893/2006 — Artículo 1, apartado 2 — Imposibilidad de referirse a la nomenclatura «NACE Rev. 2» en los documentos de concesión] (2023/C 7/12) Lengua de procedimiento: esloveno Órgano jurisdiccional remitente Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Partes en el procedimiento principal Demandante: SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.
Demandada: Mestna občina Ljubljana
Fallo 1) El artículo 5, punto 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2019/1827 de la Comisión, de 30 de octubre de 2019, debe interpretarse en el sentido de que constituye una «concesión de servicios» la operación mediante la cual un poder adjudicador pretende encomendar la creación y la gestión de un servicio de alquiler y uso compartido de vehículos eléctricos a un operador económico cuya aportación financiera se destina mayoritariamente a la adquisición de dichos vehículos, y en la que los ingresos de ese operador económico provendrán esencialmente de los pagos realizados por los usuarios del mencionado servicio, dado que las mencionadas características permiten concluir que el riesgo operacional de los servicios objeto de concesión ha sido transferido a dicho operador económico.
2) El artículo 8 de la Directiva 2014/23 en su versión modificada por el Reglamento Delegado 2019/1827, debe interpretarse en el sentido de que para determinar si se alcanza el umbral de aplicabilidad de esta Directiva, el poder adjudicador debe estimar el «volumen de negocios total de la empresa concesionaria generado durante la duración del contrato, excluido el [impuesto sobre el valor añadido (IVA)]», teniendo en cuenta los pagos que los usuarios realizarán al concesionario, así como las aportaciones y los costes que soportará el poder adjudicador.
No obstante, el poder adjudicador también podrá considerar que se alcanza el umbral previsto para la aplicación de la Directiva 2014/23, en su versión modificada por el Reglamento Delegado 2019/1827, cuando las inversiones y los costes que debe soportar el concesionario, por sí solo o junto con el poder adjudicador, durante todo el período de aplicación del contrato de concesión superan manifiestamente ese umbral de aplicabilidad.