21.12.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 327/5
(24)
En lo que atañe a cualquier ayuda ad hoc cubierta por el presente Reglamento concedida a un beneficiario que sea una gran empresa, el Estado miembro también debe garantizar, además de las condiciones sobre el efecto incentivador aplicables a las pymes, que el beneficiario ha analizado, en un documento interno, la viabilidad del proyecto o actividad objeto de la ayuda con y sin dicha ayuda.
El Estado miembro debe verificar que este documento interno confirma un incremento sustancial del alcance del proyecto o actividad, un incremento sustancial del importe total desembolsado por el beneficiario en el proyecto o actividad objeto de la ayuda o una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate.
También debe ser posible acreditar el efecto incentivador sobre la base de que, de no ser por la ayuda, el proyecto de inversión o la actividad no se habrían llevado a cabo en la zona rural en cuestión.
(25)
Los regímenes de ayudas automáticos en forma de ventajas fiscales deben seguir estando sujetos a una condición específica en cuanto al efecto incentivador, teniendo en cuenta que las ayudas resultantes de estos regímenes de ayudas se conceden automáticamente.
Esa condición específica significa que esos regímenes de ayudas deben haberse adoptado antes de que se inicien las tareas o los trabajos del proyecto o actividad objeto de la ayuda.
Sin embargo, esta condición no será aplicable en el caso de los regímenes fiscales sucesores, siempre que la actividad ya se encontrase cubierta por los regímenes fiscales anteriores en forma de ventajas fiscales.
Para la evaluación del efecto incentivador de regímenes de ayudas sucesores, el momento crucial es aquel en que la medida fiscal se haya establecido por primera vez en el régimen original.
(26)
Por lo que se refiere a las zonas de la red Natura 2000 (9) en el sector agrícola, el objetivo es garantizar los resultados medioambientales y la eficiencia de las empresas que desarrollan su actividad en el sector agrícola.
La ayuda por hectárea debe cumplir la legislación de la Unión y la legislación nacional de los Estados miembros de que se trate, en materia de protección ambiental, la consecución de los objetivos agroambientales y climáticos, incluido el estado de conservación de la biodiversidad de especies y hábitats, así como el aumento del carácter de utilidad pública de las zonas Natura 2000.
(27)
En lo que atañe a las ayudas destinadas a la concentración parcelaria, las ayudas para acciones de información destinadas a poner la información a disposición de un número indeterminado de beneficiarios en los sectores agrícola y forestal, las medidas de promoción en forma de publicaciones destinadas a sensibilizar al público en general sobre los productos agrícolas, las ayudas destinadas a reparar los daños ocasionados por un fenómeno climático adverso que puede asimilarse a un desastre natural o por otros fenómenos climáticos adversos, las ayudas destinadas a compensar los costes de la prevención, el control y la erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y las pérdidas causadas por tales enfermedades animales o plagas vegetales, las ayudas destinadas a sufragar los costes de retirada y destrucción del ganado muerto, las ayudas destinadas a reparar los daños causados por animales protegidos, las ayudas destinadas a compensar las desventajas relacionadas con las zonas Natura 2000, las ayudas para la investigación, el desarrollo y la innovación, las ayudas destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales y las ayudas a las inversiones en favor de la conservación del patrimonio cultural y natural en la explotación agrícola y en los bosques, las ayudas destinadas a la reparación de los daños causados a los bosques, las ayudas destinadas a la participación de los agricultores en regímenes de calidad del algodón y de los productos alimenticios y las ayudas destinadas a empresas que participen en proyectos de DLP o se beneficien de ellos y en proyectos de grupos operativos de la AEI, la existencia de un efecto incentivador no debe exigirse o debe presumirse si se cumplen las condiciones específicas establecidas para estas categorías de ayudas en el presente Reglamento.
(28)
Con el fin de garantizar que las ayudas son proporcionadas y se circunscriben al importe necesario, siempre que sea posible, los importes máximos de ayuda deben expresarse en términos de intensidades de ayuda en relación con un conjunto de costes subvencionables.
Cuando no pueda fijarse la intensidad máxima de ayuda por la imposibilidad de determinar los costes subvencionables o a fin de facilitar instrumentos más sencillos cuando se trate de pequeñas cantidades, deben establecerse importes máximos de ayuda definidos en términos nominales, con objeto de garantizar la proporcionalidad de la ayuda.
La intensidad de ayuda y los importes máximos de ayuda deben fijarse en niveles que minimicen el falseamiento de la competencia en el sector beneficiario y consigan al mismo tiempo el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades económicas de los beneficiarios en el sector agrícola, las zonas rurales o el sector forestal.
En aras de la coherencia con las intervenciones de desarrollo rural financiadas por la Unión, los límites máximos deben armonizarse con los establecidos en el Reglamento (UE) 2021/2115, en la medida en que ello esté en consonancia con los principios de ayuda estatal resultantes de la aplicación del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.
(29)
Para el cálculo de la intensidad de ayuda, solo deben incluirse los costes subvencionables.
El presente Reglamento no debe eximir las ayudas que rebasen la intensidad de ayuda pertinente como consecuencia de la inclusión de costes no subvencionables.
La identificación de los costes subvencionables debe estar sustentada por pruebas documentales claras, concretas y actuales.
El cálculo debe basarse en importes antes de cualquier deducción de impuestos u otras cargas.
Las ayudas pagaderas en varios plazos deben actualizarse a su valor en el momento de
(9) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).