9.12.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 317/145
(20)
Por lo tanto, los principios rectores deben abarcar el desarrollo, el uso y la gestión de prácticas, procesos y competencias empresariales a todos los niveles de la sociedad en los sectores público y privado que participan en la valorización del conocimiento.
Ese nuevo ámbito de aplicación requiere que los responsables políticos armonicen sus objetivos estratégicos en consecuencia y pongan en marcha nuevos enfoques necesarios para la valorización del conocimiento.
Estos principios rectores tienen por objeto ayudar a los responsables políticos de los Estados miembros a hacerlo.
(21)
Por lo tanto, los principios rectores de la presente Recomendación han de referirse a iniciativas estratégicas dirigidas a todas las categorías de agentes del ecosistema que participan en actividades de I+i, tales como: — el mundo académico, las universidades y otras instituciones de educación superior, las organizaciones de investigación, innovación y tecnología y otros organismos públicos de investigación, academias y sociedades científicas, e iniciativas y redes intergubernamentales, como Eureka, — las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales, — los inversores privados y las organizaciones de financiación e inversión, como son las fundaciones y las organizaciones benéficas, — los particulares, como innovadores, empresarios, investigadores, científicos, profesores y estudiantes, — la industria, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas emergentes, las empresas derivadas, las empresas emergentes en expansión y las empresas sociales, — los intermediarios, como los profesionales de la transferencia de conocimientos y tecnología, los viveros de empresas, los parques científicos, los centros o agrupaciones de innovación de la Unión, nacionales y regionales, los expertos en propiedad intelectual e industrial, los consultores y profesionales de apoyo a la innovación, los equipos de comunicación científica y participación política, las organizaciones con conocimientos para el asesoramiento político/científico y los profesionales de la participación ciudadana, — las autoridades nacionales, regionales y locales, y los responsables políticos, — los organismos privados de investigación; los proveedores de servicios públicos y privados, como los hospitales, los proveedores de transporte público y los proveedores energéticos, — las infraestructuras de investigación, las infraestructuras tecnológicas y otras instalaciones y redes de apoyo a las actividades de I+i, — los organismos de normalización.
(22)
Los principios rectores han de formularse para que sean aplicables a todas o a la mayoría de las categorías enumeradas en el considerando 21.
La aplicación de los principios rectores ha de adaptarse a los agentes destinatarios mediante códigos de buenas prácticas, en concreto: un código de buenas prácticas para el uso inteligente de la propiedad intelectual e industrial y un código de buenas prácticas sobre normalización destinado a los investigadores.
En caso necesario, podrían crearse junto con las partes interesadas otros códigos de buenas prácticas pertinentes.
(23)
Estos principios rectores no deben ser vinculantes.
Su aplicación debe respetar el Derecho internacional, de la Unión y nacional y deben tenerse en cuenta en los esfuerzos por hacer que el marco jurídico de la Unión apoye la valorización del conocimiento.
Los principios rectores han de aplicarse con la intención de que abarquen el uso más amplio posible por parte de la sociedad, incluida la contribución a una sociedad sostenible, de conformidad con las directrices de la Unión para hacer frente a las injerencias por parte de agentes extranjeros en el ámbito de la I+i (14).
Siempre que sea posible, y en función del contexto, las actividades de valorización deben tener en cuenta las necesidades y los beneficios para la sociedad, además de los factores de rentabilidad tradicionales.
Un ejemplo es la concesión de licencias socialmente responsable, en la que la concesión de licencias de activos intelectuales debe garantizar que la fijación de precios de los productos y servicios finales no perjudique la accesibilidad.
Estos principios rectores deben centrarse en maximizar el valor de las inversiones en I+i más allá de la transferencia de conocimientos tradicionales y en involucrar a todos los agentes del ecosistema de la I+i.
(24)
La valorización del conocimiento es un proceso complejo que requiere de numerosos recursos para garantizar el desarrollo y el mantenimiento de la gama necesaria de competencias y capacidad ampliable en la Unión.
Requerirá una inversión continua y ampliada para el desarrollo de profesionales y facilitadores de la transferencia e intermediación de conocimientos que actúen como intermediarios entre los agentes pertinentes de I+i.
Es particularmente importante animar a las pymes a que participen a través de sólidos ecosistemas de innovación nacionales y regionales.
Además, debe fomentarse la proactividad en empresas emergentes y en empresas emergentes en expansión de todos los tamaños, y debe convencerse a los socios industriales de que estén dispuestos a asumir riesgos.
(14) Comisión Europea, Dirección General de Investigación e Innovación, Tackling R&I foreign interference: staff working document [Hacer frente a las injerencias por parte de agentes extranjeros en el ámbito de la I+i: documento de trabajo de los servicios de la Comisión], Oficina de Publicaciones, 2022.