L 97/62
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
24.3.2022
(366) La Comisión también acoge con satisfacción el hecho de que el artículo 5 del nuevo acuerdo obligue al operador
a enviar anualmente cuentas de gestión (desglosadas por rutas y certificadas por un auditor independiente) a Sicilia para que esta pueda comprobar si existe una compensación excesiva.
Esto constituye una garantía adicional para garantizar que el operador no pueda beneficiarse de ninguna compensación excesiva.
Las autoridades italianas enviaron también estas cuentas de gestión para el período 2012-2019, lo que permitió a la Comisión realizar los cálculos que figuran en el cuadro 7 (136).
(367) Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que la compensación por servicio público concedida al
operador no excede de lo necesario para cubrir los costes ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable.
Más concretamente, la Comisión considera que la prima de riesgo del 6,5 % prevista por la Directiva CIPE debe evaluarse en combinación con el importe máximo de la compensación estipulado en la Ley de 2009.
Desde este punto de vista, la rentabilidad del capital que CdI y posteriormente SNS podían esperar desde una perspectiva ex ante está en consonancia con los riesgos en los que incurre en la prestación de servicios públicos con arreglo al nuevo convenio.
Las dudas de la Comisión sobre el cumplimiento de la tercera condición de la sentencia Altmark quedan, por tanto, disipadas.
(368) Por lo que se refiere a la prioridad del atraque y a cualquier posible compensación excesiva que pudiera derivarse
de ello, Italia declaró que no era posible cuantificar ninguna ventaja monetaria derivada de esta prioridad (véase el considerando 227).
En cualquier caso, la Comisión señala que, en caso de que tal medida redujera los costes de funcionamiento o incrementara los ingresos del operador de servicio público, estos efectos aparecerían íntegra­ mente en la contabilidad interna del operador.
El análisis de la Comisión en el considerando 365 confirmó que CdI y SNS, considerados conjuntamente, no recibieron ninguna compensación excesiva durante el período 20122019.
Esto también se aplica a SNS considerados individualmente, en los años en los que aplicó el nuevo convenio (período 2016-2019).
Por consiguiente, la Comisión concluye que la prioridad de atraque cumple también el tercer criterio Altmark.
8.1.3.4.
C u a r t o c r i t e r i o A l t m a r k
(369) El cuarto criterio Altmark se considera cumplido si el beneficiario de la compensación por la prestación del
servicio de interés económico general se selecciona mediante un procedimiento de contratación pública que permite seleccionar al licitador capaz de prestar el SIEG en cuestión al menor coste para la colectividad o si la compensación se calcula en función de los costes de una empresa eficiente.
(370) De conformidad con el apartado 63 de la Comunicación SIEG, la manera más sencilla de que las autoridades
públicas cumplan el cuarto criterio Altmark es llevar a cabo un procedimiento de licitación de manera abierta, transparente y no discriminatoria, de conformidad con la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (137) y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (138).
(371) Además, según el punto 65 de la Comunicación SIEG, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
un procedimiento de contratación pública solo excluye la existencia de ayuda estatal si permite seleccionar al licitador capaz de prestar el servicio «con el menor coste para la colectividad».
(372) La Comisión observa que, en el presente caso, el procedimiento de licitación tuvo lugar antes de la entrada en
vigor de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (139) (que se aplica a los contratos públicos adjudicados para la explotación de servicios de transporte marítimo) y de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (140).
En ese momento eran aplicables la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 2004/18/CE.
Sin embargo, la Directiva 2004/17/CE no se aplica a los servicios de transporte marítimo, como los prestados por Siremar (141).
(136) Excepto 2015 y los primeros meses de 2016 (véanse las notas 121 y 122).
Si bien lamenta que Italia no haya facilitado tales datos, la Comisión observa que esto solo afecta al último período en el que CdI prestó el servicio, mientras que su evaluación se centra en el SNS, como se explica en el considerando 295.
(137) Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedi­ mientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua y de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134 de 30.4.2004, p. 1).
(138) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedi­ mientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, p. 114).
(139) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(140) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(141) En efecto, el artículo 5 de la Directiva 2004/17/CE deja claro que únicamente se incluyen en su ámbito de aplicación los servicios de transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.