24.3.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 97/59
8.1.3.3.
T e r c e r c r i t e r i o A l t m a r k (358) Según el tercer requisito de la sentencia Altmark, la compensación recibida no puede exceder de lo necesario para
cubrir total o parcialmente los costes ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable.
(359) No obstante, la sentencia Altmark no ofrece una definición precisa de beneficio razonable.
De acuerdo con la
Comunicación sobre SIEG, se debe entender «por beneficio razonable» la tasa de rendimiento del capital que requeriría una empresa media que estuviera considerando si prestar o no el servicio de interés económico general a lo largo de toda la duración del período de atribución, teniendo en cuenta el nivel de riesgo.
El nivel de riesgo depende del sector en cuestión, del tipo de servicio y de las características del mecanismo de compensación.
(360) En la Decisión de 2012, la Comisión expresó sus dudas en cuanto a la proporcionalidad de la compensación
abonada a CdI.
En particular, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la prima de riesgo del 6,5 % no refleja un nivel de riesgo adecuado, ya que, a primera vista, CdI no parecía asumir los riesgos normalmente asumidos en la gestión de estos servicios.
En concreto, los elementos de coste tenidos en cuenta para calcular la compensación incluyen todos los costes que conlleva la prestación del servicio y, por ejemplo, se han considerado las variaciones en los precios del combustible.
Por consiguiente, en esta fase, la Comisión consideró que CdI podría haber recibido una compensación excesiva.
(361) La Comisión observa que determinados aspectos del método de compensación con arreglo al nuevo convenio
parecen efectivamente reducir el riesgo comercial asumido por CdI y, posteriormente, por SNS.
En particular, las tarifas máximas que el titular puede aplicar se ajustarán anualmente para tener en cuenta la inflación y la evolución del coste del combustible.
Además, el nuevo Convenio contiene una serie de cláusulas destinadas a mantener el equilibrio económico y financiero del servicio público (véase el considerando 130).
En particular, en caso de que la compensación por servicio público no sea suficiente para cubrir el coste de los servicios encomendados en virtud del nuevo acuerdo, estas cláusulas permiten revisar: i) el alcance de tales servicios, ii) la forma en que se prestan dichos servicios (por ejemplo, el tipo de buques), o iii) las tarifas máximas.
(362) No obstante, estas cláusulas están sujetas a una serie de restricciones.
En particular, en virtud del artículo 8 del
nuevo convenio, el equilibrio económico-financiero del servicio público solo se revisa cada tres años.
Si la revisión muestra que la compensación no basta para cubrir el coste del servicio público, el operador y las autoridades italianas solo pueden convenir cambios para el siguiente período de tres años.
En caso de que los ingresos o costes del servicio público muestren diferencias estructurales imprevisibles que sean un 3 % superiores o inferiores a los valores establecidos en el nuevo convenio, el artículo 9 permite a las partes solicitar (con sujeción a una serie de condiciones) una revisión del equilibrio económico y financiero.
Con arreglo a ambos artículos, estas (posibles) modificaciones se adoptan al término de un proceso de negociación y, hasta que se alcance un acuerdo, el operador debe seguir explotando el servicio público sin modificaciones.
Como consecuencia de ello, el operador sigue estando parcialmente expuesto al riesgo de que la compensación sea insuficiente para cubrir los costes de explotación del servicio.
Aunque los artículos 8 y 9 del nuevo convenio pueden utilizarse para restablecer el equilibrio económico y financiero, las modificaciones solo se refieren a períodos posteriores y no pueden hacerse correcciones retroactivas.
(363) Como se explica en los considerandos 49 a 58, la resolución del CIPE establece que se utiliza una prima de riesgo
del 6,5 % para determinar el rendimiento del capital sobre la base de la fórmula del coste medio ponderado del capital (CMPC).
En particular, en el caso de Siremar, Italia consideró inicialmente un índice beta de 0,56.
El índice beta expresa el riesgo de la actividad del operador y su nivel demuestra que, al calcular la rentabilidad del capital, Italia tuvo en cuenta el hecho de que el riesgo de la actividad del operador es sustancialmente inferior al del mercado.
No obstante, en el curso de la investigación formal (véase el considerando 218), Italia ha aclarado que, dado que el importe de la compensación está limitado por la Ley de 2009, la decisión se adoptó para simplificar el cálculo aplicando el 6,5 % como tasa fija de rendimiento del capital.
Las autoridades italianas también demos­ traron que la aplicación de toda la metodología establecida en la resolución del CIPE daría lugar a un rendimiento del capital superior al 6,5 % (es decir, del 8,87 %).
Por este motivo, Italia considera que su enfoque simplificado es prudente y no da lugar a una compensación a favor del operador superior a la establecida en la Decisión del CIPE.
(364) En este contexto, en el considerando 363 de la Decisión sobre Tirrenia/CIN de 2020, la Comisión comparó el
rendimiento del capital del 6,5 %, que también se aplicó en el cálculo de la compensación para la empresa objeto de dicha investigación (CIN) con la rentabilidad media del capital generado por un grupo de referencia en 2011 (el año anterior a la primera atribución a CdI).
El grupo de referencia consiste en operadores seleccionados