18.3.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 90/159
(298) En segundo lugar, el refuerzo de la red de gas y los interconectores tampoco serían una alternativa creíble, debido al elevado coste de estas medidas en comparación con el uso de las infraestructuras de almacenamiento existentes.
En cualquier caso, este tipo de inversión no subsanaría la posible escasez de gas natural en un pico de frío y no estaría disponible a medio plazo.
(299) Asimismo, de la información facilitada por Francia se desprende que el aumento del uso del GNL no resulta una alternativa creíble para garantizar la seguridad del suministro.
De hecho, las terminales de licuefacción existentes funcionan a un nivel cercano a su capacidad máxima para amortizar los importantes costes de inversión.
Por otra parte, casi todos los cargamentos de GNL están sujetos a contratos a largo plazo debido a la intensidad de capital de estos proyectos y, por tanto, se venden antes de su producción.
Además, el menor coste del almacenamiento del gas natural en forma gaseosa explica el bajo desarrollo del almacenamiento de GNL en todo el mundo.
Así pues, las cantidades de GNL disponibles a corto plazo son bajas.
(300) En tercer lugar, Francia explicó que un sistema puramente administrativo de sanciones a los proveedores por no suministrar gas natural a los clientes finales tampoco se podía considerar una alternativa satisfactoria.
De hecho, ese sistema plantea un problema de viabilidad, pues los mercados europeos del gas se ajustan a diario.
Las medidas de restricciones de suministro aplicadas por el gestor de la red en caso de caída crítica de la presión en la red conducirían a un posterior comercio de gas natural, lo que dificultaría enormemente la identificación del proveedor inicialmente incumplidor.
Del mismo modo, los consumidores que sufrirían las restricciones de suministro no serían necesariamente los clientes del proveedor incumplidor.
En este contexto, Francia alega que las medidas ex ante son preferibles a las sanciones ex post.
(301) En cuarto lugar, lo mismo ocurre con las restricciones de suministro o con los dispositivos de interrumpibilidad.
Según las autoridades francesas, las restricciones de suministro constituyen una medida de último recurso en caso de crisis de suministro, y no un mecanismo de flexibilidad, cuya eficacia depende del cumplimiento por parte del consumidor de la orden de restricción de suministro dada por el gestor de la red, pues no es posible restringir el suministro a distancia de manera automática.
Sin embargo, el mecanismo de regulación de las infraestructuras de almacenamiento esenciales está concebido para evitar crisis de suministro que requieran restricciones de suministro.
Los dispositivos de interrumpibilidad, que se aplican en los casos de alto riesgo y baja probabilidad como los picos de frío, aún se estaban definiendo durante la reforma y se tuvieron en cuenta para evaluar la demanda de gas natural.
Por otra parte, los dispositivos de interrumpibilidad no serían adecuados para hacer frente a las eventualidades de congestión caracterizadas por un menor riesgo pero una mayor probabilidad.
(302) A la vista de estos factores, la Comisión considera que el mecanismo regulador es un instrumento adecuado para facilitar el desarrollo de la actividad de almacenamiento de gas natural y garantizar la seguridad del suministro.
c) Sobre la proporcionalidad del régimen de ayudas (303) La ayuda se considera proporcionada cuando su importe constituye el mínimo necesario para limitar los efectos en el mercado interior.
(304) En el caso que nos ocupa, en el marco del mecanismo regulador, los operadores de almacenamiento disfrutan de unos ingresos garantizados.
Para evaluar la proporcionalidad del mecanismo regulador, es necesario evaluar la proporcionalidad del método de cálculo de los ingresos autorizados de los operadores de almacenamiento descrito en los considerandos (59) a (81).
(305) En su Decisión de incoación, la Comisión expresó sus dudas sobre la evaluación económica independiente del valor de mercado de la BAR en el momento de la aplicación del mecanismo regulador realizada por la CRE.
Según la Comisión, esto habría podido cuestionar la proporcionalidad del régimen de ayudas.
(306) Aunque esta valoración se basa principalmente en el importe en libros bruto y la amortización de los activos, Francia y los beneficiarios pudieron demostrar que la CRE llevó a cabo una nueva evaluación pormenorizada de la BAR original a 31 de diciembre de 2016.
La CRE verificó que los períodos de amortización solicitados por los operadores correspondían a los períodos indicados en sus cuentas históricas y a los datos estándar del sector, que podían observarse en otros países.
En particular, la CRE cuestionó el período de amortización del colchón de gas.
Como se menciona en el considerando (73), la CRE rechazó la solicitud de un período de amortización de 250 años y admitió un período de amortización del colchón de gas de 75 años.
En su análisis, la CRE también contó con ayuda de consultores económicos externos para determinar la BAR inicial.
La Comisión observa que, a raíz de estos análisis, la CRE seleccionó una BAR inicial para los tres operadores de 4 800 millones de euros, lo que supone una disminución del 13 % en comparación con la BAR solicitada por los operadores [véase el cuadro 4, en el considerando (77)].