4.3.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 69/3
A la vista de las circunstancias históricas y teniendo en cuenta los retos y las importantes cargas administrativas asociadas a la introducción de peajes, los Estados miembros deben beneficiarse de un período transitorio suficientemente largo durante el cual deben poder introducir o mantener las tasas por utilización de base temporal.
Tras dicho período transitorio, los Estados miembros solo deben tener la posibilidad de aplicar tasas por utilización de base completamente temporal a los vehículos pesados en tramos de su red transeuropea de carreteras básica en casos debidamente justificados.
Dichos casos debidamente justificados deben limitarse a los casos en que la aplicación de un peaje a los vehículos pesados supondría unos costes administrativos, de inversión y operativos desproporcionados en comparación con los ingresos esperados o los beneficios generados, por ejemplo, debido a la limitada longitud de los tramos de carretera de que se trate o a la relativamente baja densidad de población o al relativamente escaso tráfico, o a los casos en que la aplicación de un peaje a los vehículos provocaría un desvío del tráfico con repercusiones negativas en la seguridad vial o en la salud pública.
Tal posibilidad para los Estados miembros en casos debidamente justificados es necesaria por cuestiones clave de interés público, como tener en cuenta la difícil situación y el aislamiento de las zonas con baja densidad de población, la seguridad vial o la salud pública.
Además, la aplicación de tasas por utilización de base temporal en estos casos debidamente justificados debe estar sujeta al cumplimiento de requisitos de procedimiento: una obligación de valorar la necesidad de dicho sistema y una obligación de notificar a la Comisión de su aplicación.
Dicha notificación debe incluir razones que detallen las circunstancias específicas relacionadas con los tramos de la red transeuropea de transportes básica en los que se apliquen tasas por utilización de base temporal.
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Los Estados miembros que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, apliquen peajes en su red transeuropea de transporte básica o en parte de ella deben poder establecer un sistema de tarificación combinado para todos los vehículos pesados o para algunos tipos de vehículos pesados.
No obstante, esta opción solo debe estar disponible como continuación y complemento de un sistema de peaje en la red transeuropea de transporte básica donde se encuentren los nodos y enlaces estratégicamente más importantes de la red transeuropea de transporte o en parte de ella.
Dicho sistema permitiría a los Estados miembros ampliar y extender la aplicación de los principios del «usuario pagador» y de que «quien contamina paga» más allá de la red de peaje al aplicar tasas por utilización en aquellos tramos de la red transeuropea de transporte básica que no sean objeto de peaje, o a algunos tipos de vehículos pesados, como los de un tonelaje específico, que no estén sujetos a peaje.
El sistema de tarificación combinado ayudaría así a los Estados miembros a seguir avanzando y a garantizar un transporte por carretera más ecológico, en particular allí donde no existe ningún sistema de tarificación y donde los peajes no son una opción económicamente viable o socialmente aceptable.
Además, para respetar plenamente los principios de una movilidad sostenible, el importe máximo de esas tasas por utilización debe variar en función tanto de la clase de emisiones EURO como de la clase por emisiones de CO2 del vehículo.
Habida cuenta de todas estas consideraciones, es innegable que la aplicación de un sistema de esta índole, que combine un enfoque basado en el tiempo y otro basado en la distancia, conllevaría muchas ventajas; por lo tanto, su aplicación debe ser posible también una vez finalizado el período transitorio para los sistemas totalmente basados en el tiempo.
A más tardar cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, cuando establezcan tasas viarias para los vehículos pesados de transporte de mercancías, los Estados miembros deben establecer peajes o tasas por utilización para todos los vehículos pesados de transporte de mercancías.
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A la hora de reforzar los principios del «usuario pagador» y de que «quien contamina paga», es preciso tomar en consideración determinadas características de los Estados miembros o de sus sistemas de peaje y tasas por utilización.
Por ejemplo, en cuanto a las zonas particularmente poco pobladas o redes particularmente grandes de carreteras de peaje o con tasas, debe estar disponible la opción de establecer exenciones para tramos de carretera o segmentos de vehículos.
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Algunos Estados miembros disponen de grandes redes de peaje que, además de las autopistas y las carreteras que forman parte de la red transeuropea de transporte, incluyen muchas otras más.
Por lo tanto, la aplicación de peajes o tasas por utilización a todos los vehículos pesados de transporte de mercancías daría lugar a cargas mucho más acusadas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas artesanales (gran parte de las cuales están implicadas en obras de construcción y normalmente no contratan servicios de transporte).
Estas cargas conducirían, a su vez, a un aumento de los precios, por ejemplo en el sector de la construcción.
Los incrementos de precios podrían suponer que se pospongan o incluso se anulen futuras inversiones en concreto, tales como la renovación energética de casas y apartamentos, así como la modernización de la tecnología aplicada a la vivienda.
Además, las empresas artesanales a veces recorren distancias largas con vehículos para prestar sus servicios, y dichos desplazamientos no pueden llevarse a cabo fácilmente mediante el uso de otros modos de transporte.
Además, las empresas de zonas rurales, que a causa de la escasa demanda y densidad de población de estas zonas, dependen de su capacidad de prestación de servicios y de las actividades de construcción en las zonas metropolitanas, se encuentran en desventaja competitiva respecto de empresas que operan en grandes ciudades o en las afueras de las zonas metropolitanas.
Por consiguiente, debe darse a los Estados miembros la opción de establecer determinadas exenciones de gravámenes, como los aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de materiales, equipos o maquinaria destinados a ser utilizados por el conductor en el transcurso de su trabajo o utilizados para la entrega de bienes producidos artesanalmente.
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Para las personas con discapacidad, puede ser importante contar con la posibilidad de utilizar carreteras sujetas a una tarificación viaria, tales como autopistas, túneles o puentes, en vez de carreteras locales dificultosas.
A fin de que las personas con discapacidad puedan utilizar las carreteras sujetas a una tarificación viaria sin una carga administrativa añadida, debe permitirse a los Estados miembros eximir a los vehículos de las personas con discapacidad de la obligación de pagar un peaje o una tasa por utilización.