2.3.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 64/43
(230) Con respecto a la prioridad en la asignación de los puntos de amarre y a cualquier compensación excesiva que pudiera derivarse de ella, la Comisión observa lo siguiente: Italia argumenta que la ventaja monetaria derivada de la prioridad en la asignación de los puntos de amarre sería limitada (véase el considerando 137).
De esta manera, también el riesgo de compensación excesiva que emana de esta medida sería reducido.
Además, puesto que esta medida contribuiría a reducir los costes de explotación o a aumentar los ingresos del operador del servicio público, estos efectos se reflejarían plenamente en la contabilidad interna del operador.
El análisis de la Comisión mencionado anteriormente (véase el considerando 26) confirma que en el período 2012-2018 Moby/Toremar no recibió una compensación excesiva.
Por ello, la Comisión concluye que también la prioridad en la asignación de los puntos de amarre cumple con el tercer criterio Altmark.
6.1.2.4.
Cuarto criterio Altmark (231) El cuarto criterio Altmark se cumple cuando se selecciona el beneficiario de la compensación por prestación de un servicio de interés económico general como resultado de un procedimiento de licitación que permita elegir al licitador capaz de prestar el SIEG con el menor coste para la colectividad, o si esto no es posible, se calcula la compensación en referencia a los costes de una empresa eficiente.
(232) Según el apartado 63 de la Comunicación SIEG, la manera más sencilla de que las autoridades públicas cumplan el cuarto criterio Altmark es llevar a cabo un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio de conformidad con la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (71) y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (72).
(233) La Comisión observa que, en el presente caso, el procedimiento de licitación se inició antes de la entrada en vigor de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (73) (que se aplica a los contratos públicos adjudicados para la explotación de servicios de transporte marítimo) y de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (74).
En ese momento, las Directivas aplicables eran la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 2004/18/CE.
No obstante, la Directiva 2004/17/CE no se aplica a los servicios de transporte marítimo como los proporcionados por Moby/Toremar.
En efecto, el artículo 5 de esta Directiva deja claro que únicamente se incluyen en su ámbito de aplicación los servicios de transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.
(234) Por otra parte, los contratos públicos adjudicados por los poderes adjudicadores en relación con sus actividades de explotación de servicios de transporte marítimo, costero o fluvial entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE sobre la base de su considerando 20.
Sin embargo, los servicios de transporte por vía navegable se enumeran también en el anexo II B de dicha Directiva, lo que implica (75) que únicamente estarán sujetos a lo dispuesto en su artículo 23 y su artículo 35, apartado 4.
Esto significa que, de conformidad con la Directiva 2004/18/CE, un contrato público de servicios de transporte marítimo solo está sujeto a las obligaciones relativas a las especificaciones técnicas (artículo 23) y a la obligación de publicar un anuncio de adjudicación del contrato (tras la adjudicación del contrato y, por tanto, al final y no al inicio del procedimiento de adjudicación, de conformidad con el artículo 35, apartado 4).
El resto de las normas previstas en la Directiva 2004/18/CE, incluidas las disposiciones relativas al contenido de los anuncios que deben publicarse (artículo 36, apartado 1) y a las disposiciones sobre los criterios de selección (artículos 45 a 52), no se aplican a los contratos públicos para servicios de transporte marítimo.
(235) Además, en todo caso, la Directiva 2004/18/CE no se aplica a las concesiones de servicios definidas en el artículo 1, apartado 4 de tal Directiva (76).
La Comisión observa que las concesiones de servicios (y los contratos públicos) que tienen un determinado interés transfronterizo siguen, no obstante, sometidas a los principios generales del Tratado de transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
(71) Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua y de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134 de 30.4.2004, p. 1).
(72) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, p. 114).
(73) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(74) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(75) En virtud del artículo 21 de la Directiva 2004/18/CE.
(76) El artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/18/CE reza: «la “concesión de servicios” es un contrato que presente las mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio».