L 64/40
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
2.3.2022
Prioridad en la asignación de los puntos de amarre (211) El artículo 19 ter, apartado 21, de la Ley de 2009 especifica claramente que la prioridad en la asignación de los puntos de amarre es necesaria para garantizar la continuidad territorial con las islas y a la luz de las obligaciones de servicio público de las empresas del antiguo Grupo Tirrenia (incluida Moby/Toremar).
En efecto, a falta de tal prioridad en favor de las empresas a las que se ha encomendado obligaciones de servicio público, dichas empresas tendrían (a veces) que esperar su turno para atracar, lo que conllevaría retrasos que socavan el objetivo de garantizar un enlace fiable y asequible para los ciudadanos.
Un horario regular es sin duda necesario para responder a las necesidades de movilidad de las poblaciones de las islas y contribuir al desarrollo económico de estas últimas.
Además, dado que el nuevo contrato de servicio público contiene obligaciones específicas relativas a las horas de salida en las rutas de servicio público, es necesario dar prioridad al atraque para garantizar que los puertos asignen puntos de amarre y tiempos de atraque de manera que el operador de servicio público pueda cumplir sus obligaciones de servicio público.
Esta prioridad en la asignación de los puntos de amarre fue transferida a Moby/Toremar en el momento de la adquisición de Toremar.
En este contexto, la Comisión considera que esta medida se otorga para permitir a Moby/Toremar cumplir las obligaciones de servicio público que constituyen verdaderos servicios de interés económico general (véase el considerando 7).
Italia también confirmó que la prioridad en la asignación de los puntos de amarre solo es aplicable a los servicios prestados en el marco del régimen de servicio público.
Por consiguiente, la prioridad en la asignación de los puntos de amarre cumple también el primer criterio Altmark.
6.1.2.2.
Segundo criterio Altmark (212) La Comisión recuerda que en la Decisión de 2012 (véase el considerando 205) había concluido de forma preliminar que se cumple el segundo criterio de la sentencia Altmark.
(213) En este contexto, la Comisión señala que los parámetros utilizados para calcular la compensación se han establecido de antemano y cumplen los requisitos de transparencia en consonancia con el segundo criterio Altmark.
(214) Más concretamente, los parámetros sobre cuya base se calculó la compensación se explican detalladamente en la Decisión del CIPE y se han aplicado en el nuevo contrato de servicio público (y sus respectivos anexos).
El método de cálculo de la compensación, incluidos, por ejemplo, los elementos de coste tenidos en cuenta, está detallado en la resolución del CIPE.
Puesto que la prioridad en la asignación de los puntos de amarre no conlleva una compensación financiera para Moby/Toremar, la Comisión considera que esta medida cumple el segundo criterio Altmark.
(215) Por consiguiente, la Comisión concluye que se cumple la segunda condición de la sentencia Altmark.
6.1.2.3.
Tercer criterio Altmark (216) De conformidad con el tercer criterio Altmark, la compensación recibida por la ejecución de las obligaciones de servicio público no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los costes ocasionados por dicha ejecución, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por el cumplimiento de estas obligaciones.
(217) No obstante, la sentencia Altmark no ofrece una definición precisa de beneficio razonable.
Según la Comunicación SIEG, por «beneficio razonable» se entiende la tasa de rentabilidad del capital que requeriría una empresa media que para estimar si presta o no el servicio de interés económico general durante todo el período de atribución del servicio, teniendo en cuenta el nivel de riesgo.
El nivel de riesgo depende del sector en cuestión, el tipo de servicio y las características del mecanismo de compensación.
(218) En la Decisión de 2012, la Comisión expresó sus dudas en cuanto a la proporcionalidad de la compensación abonada a las empresas del antiguo grupo Tirrenia, entre ellas a Moby/Toremar, desde 2012.
En particular, la Comisión adoptó de forma preliminar la opinión de que la prima de riesgo del 6,5 % no reflejaba un nivel adecuado de riesgo ya que, a primera vista, Moby/Toremar no parecía asumir los riesgos normalmente en la prestación de dichos servicios.
En concreto, los elementos de coste tomados en cuenta para el cálculo de la compensación incluyen todos los costes que conllevan la prestación del servicio, así como las variaciones, por ejemplo en los precios del combustible.
En consecuencia, la Comisión consideró que Moby/Toremar podría haber recibido una compensación excesiva.
(219) La Comisión señala que algunos aspectos del método de compensación establecido en el nuevo contrato de servicio público parecen, en efecto, reducir el riesgo comercial incurrido por Moby/Toremar.
En particular, las tarifas máximas que Moby/Toremar pueden aplicar se ajustan anualmente para tener en cuenta la inflación y reflejar las variaciones del índice de los precios de combustible.
Además, el nuevo contrato de servicio público contiene