L 64/34
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
2.3.2022
jurisdiccionales de la Unión (60), la Comisión considera que modificar (es decir, prorrogar) la duración de un régimen de ayudas que tenía un plazo claro (es decir, el 31 de diciembre de 2008) es suficiente para convertirla en nueva ayuda, independientemente de que se hayan modificado o no otras características de la medida.
(184) Por las razones expuestas, la Comisión considera que, con independencia de si la compensación concedida a Toremar hasta finales de 2008 se consideró o no como ayuda existente (61), la compensación por servicio público pagada en virtud de la prórroga del convenio inicial debe considerarse como una nueva ayuda.
Esta conclusión se aplica también a la prioridad en la asignación de los puntos de amarre.
6.1.2.
Adjudicación a Moby/Toremar del nuevo contrato de servicio público asociado a Toremar (185) Para determinar si la adjudicación del nuevo contrato de servicio público asociado a Toremar constituye una ventaja en favor de Moby/Toremar en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión debe verificar el cumplimiento de los criterios Altmark (véase el considerando 170).
6.1.2.1.
Primer criterio Altmark (186) La Comisión recuerda que no hay ninguna definición uniforme y precisa de qué servicios pueden considerarse SIEG con arreglo al Derecho de la Unión, ya sea en virtud del primer criterio Altmark o en el del artículo 106, apartado 2, del TFUE (62).
El apartado 46 de la Comunicación SIEG dice lo siguiente: «a falta de normas específicas de la Unión que definan el alcance de la existencia de un SIEG, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para definir un servicio determinado como servicio de interés económico general y para compensar al prestador del servicio.
Las competencias de la Comisión al respecto se limitan a comprobar si el Estado miembro ha incurrido en error manifiesto al definir un servicio como servicio de interés económico general (SIEG) y al evaluar la ayuda estatal contenida en la compensación.
Cuando existan normas específicas de la Unión, la apreciación de los Estados miembros estará sujeta a ellas, sin perjuicio de la obligación de la Comisión de evaluar si el SIEG se ha definido correctamente a efectos del control de las ayudas estatales».
(187) Por consiguiente, se otorga a las autoridades nacionales la facultad de considerar determinados servicios como servicios de interés general y de estimar que deben llevarse a cabo sobre la base de obligaciones de servicio público a fin de garantizar la protección del interés público cuando las fuerzas del mercado no sean suficientes para garantizar la prestación de dichos servicios en el nivel o condiciones requeridos.
(188) En el ámbito del cabotaje, el Reglamento sobre el cabotaje marítimo establece determinadas normas detalladas de la Unión sobre obligaciones de servicio público y, con el fin de comprobar la presencia de ayuda estatal a las empresas que prestan servicios de transporte marítimo, en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo («Directrices marítimas») (63).
(189) A tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento sobre cabotaje marítimo, «[u]n Estado miembro podrá celebrar contratos de servicio público o imponer obligaciones de servicio público como condición para la prestación de servicios de cabotaje a las compañías navieras que participen en servicios regulares con origen o destino en islas y entre islas.
Cada vez que un Estado miembro celebre contratos de servicio público o imponga obligaciones de servicio público, lo hará de forma no discriminatoria con respecto a todos los armadores comunitarios».
(60) Sentencia del Tribunal de primera instancia de 6 de marzo de 2002, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava y otros/Comisión, asuntos acumulados T-127/99, T-129/99 y T-148/99, ECLI:EU:T:2002:59, apartado 175.
(61) Decisión (UE) 2020/1411.
(62) Sentencia del Tribunal de primera instancia de 12 de febrero de 2008, BUPA y otros/Comisión, T-289/03, Rec. 2008, II-00081, ECLI: EU:T:2008:29, apartado 96.
Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Tizzano en el asunto C-53/00 Ferring (Rec. 2001 p.
I-9069), y las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto C-126/01 GEMO (Rec. 2003, p.
I-13769).
(63) Comunicación C(2004) 43 de la Comisión, Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo (DO C 13 de 17.1.2004, p. 3).