21.2.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
L 39/7
(11)
En junio de 2021, Filipinas asumió un compromiso político de alto nivel para colaborar con el GAFI y el Grupo Asia/Pacífico en materia de Blanqueo de Capitales (APG) con el fin de reforzar la eficacia de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Desde entonces, Filipinas ha tomado medidas para mejorar su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante el desarrollo y la aplicación de directrices sobre la eliminación de la lista y la liberación de activos respecto de sanciones financieras selectivas relacionadas con la financiación de la proliferación.
Filipinas debe ejecutar su plan de acción y, en particular: 1) demostrar que se está llevando a cabo una supervisión eficaz basada en el riesgo de las actividades y profesiones no financieras designadas; 2) demostrar que los supervisores están utilizando controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para mitigar los riesgos asociados a jugadores especializados de los casinos; 3) aplicar los nuevos requisitos de registro para los operadores de transferencias de dinero y aplicar sanciones a los operadores de remesas no registrados e ilegales; 4) mejorar y racionalizar el acceso de los cuerpos de seguridad a la información sobre los titulares reales y adoptar medidas para garantizar la exactitud y la actualización de dicha información; 5) demostrar un aumento del uso de la inteligencia financiera y un aumento de las investigaciones y enjuiciamientos en materia de blanqueo de capitales en consonancia con el riesgo; 6) demostrar un aumento de la detección, investigación y enjuiciamiento de los casos de financiación del terrorismo; 7) demostrar que se toman las medidas adecuadas con respecto al sector de las organizaciones sin ánimo de lucro (incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro no registradas) sin perturbar la actividad legítima de estas; y 8) mejorar la eficacia del marco de sanciones financieras selectivas tanto para la financiación del terrorismo como para la financiación de la proliferación.
Teniendo todo ello en cuenta, debe considerarse que Filipinas es un país que presenta deficiencias estratégicas en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.
(12)
En febrero de 2021, Senegal asumió un compromiso político de alto nivel para colaborar con el GAFI y el GIABA con el fin de reforzar la eficacia de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Senegal debe seguir ejecutando su plan de acción para subsanar sus deficiencias estratégicas y, en particular: 1) garantizar una comprensión coherente de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en particular en relación con el sector de las actividades y profesiones no financieras designadas) en todas las autoridades pertinentes a través de la formación y la divulgación; 2) recurrir al auxilio judicial mutuo y otras formas de cooperación internacional en consonancia con su perfil de riesgo; 3) garantizar que las entidades financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas estén sujetas a una supervisión adecuada y eficaz; 4) actualizar y mantener información actualizada y completa sobre la titularidad básica y real y reforzar el sistema de sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 5) seguir mejorando los recursos humanos de la unidad de inteligencia financiera para garantizar que tenga una capacidad operativa de análisis eficaz; 6) demostrar que los esfuerzos destinados a reforzar los mecanismos de detección y la capacidad de llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos de delitos de blanqueo de capitales y delitos subyacentes se apoyan de forma coherente en consonancia con el perfil de riesgo de Senegal; 7) establecer políticas y procedimientos exhaustivos y normalizados para detectar, rastrear, incautar y decomisar el producto y los instrumentos del delito en consonancia con el perfil de riesgo de Senegal; 8) reforzar la comprensión por parte de las autoridades de los riesgos de financiación del terrorismo y aumentar la capacidad y el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales que participan en la lucha contra la financiación del terrorismo, en consonancia con la estrategia nacional de lucha contra la financiación del terrorismo de 2019; y 9) aplicar un régimen eficaz de sanciones financieras selectivas relacionadas con la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, así como un seguimiento y supervisión basados en el riesgo de las organizaciones sin ánimo de lucro.
Teniendo todo esto en cuenta, debe considerarse que Senegal es un país con deficiencias estratégicas en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.
(13)
En junio de 2021, Sudán del Sur asumió un compromiso político de alto nivel para colaborar con el GAFI con el fin de reforzar la eficacia de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Sudán del Sur deberá ejecutar su plan de acción y, en particular: 1) solicitar adherirse al Grupo de África Oriental y Meridional contra el Blanqueo de Dinero (ESAAMLG) y comprometerse a someterse a una evaluación mutua por parte del ESAAMLG u otro organismo de evaluación; 2) llevar a cabo una modificación exhaustiva de la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (2012), con el apoyo de interlocutores internacionales, incluida su asistencia técnica, para cumplir las normas del GAFI; 3) designar una autoridad o autoridades encargadas de coordinar las evaluaciones nacionales del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 4) adherirse al Convenio de Viena de 1988, al Convenio de Palermo de 2000 y al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 y aplicarlos; 5) estructurar y capacitar adecuadamente a las autoridades competentes para aplicar un planteamiento basado en el riesgo a la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las entidades financieras; 6) desarrollar un marco jurídico global para verificar la exactitud de la información recopilada sobre la titularidad real de las personas jurídicas; 7) poner en práctica una unidad de inteligencia financiera independiente y plenamente funcional; 8) establecer y aplicar el marco jurídico e institucional para aplicar sanciones financieras selectivas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre financiación del terrorismo y financiación de la proliferación; e 9) iniciar la aplicación de una supervisión y seguimiento específicos basados en el riesgo de las organizaciones sin ánimo de lucro que corran el riesgo de que se abuse de ellas con fines de financiación del terrorismo.
Teniendo todo ello en cuenta, debe considerarse que Sudán del Sur es un país que presenta deficiencias estratégicas en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.