C 498/42
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
30.12.2022
19. recomienda que las competencias digitales adecuadas sean una de las medidas encaminadas a impulsar el aprendizaje permanente para que todos los ciudadanos europeos puedan beneficiarse del derecho general de acceso a internet.
En este contexto, la educación no puede entenderse solo en el sentido de recibir una formación, sino que debe capacitar a la ciudadanía para que participe activamente y sopese la información con sentido crítico;
20. destaca, en este sentido, que es necesario prestar especial atención a la capacitación digital de los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, y asegurar que tengan, al menos, unas competencias básicas; también es necesario apoyar a los jóvenes de las regiones menos desarrolladas cuyo rendimiento educativo se ha visto más afectado por la crisis debido a la brecha digital y a la falta de acceso a una educación en línea adecuada en algunas regiones.
Las políticas de la UE deben tener más en cuenta las diferencias regionales —en particular, poniendo un mayor énfasis en las regiones menos desarrolladas— a la hora de asignar el presupuesto de educación para responder a la emergencia educativa, como ha ocurrido en los últimos años.
Los contenidos educativos digitales también deben integrar las posibilidades de los niños y niñas de minorías nacionales, garantizando así la igualdad para todos los orígenes sociales;
21.
subraya que una parte indispensable de la alfabetización digital para todos los sectores de la población es también una formación mediática suficiente que les permita evaluar la seriedad de la información, en particular en los ámbitos de la salud, las finanzas y las noticias de actualidad.
Esto reviste especial importancia por el aumento de fenómenos como las noticias falsas y la incitación al odio;
22. propone que, como refuerzo a la recientemente publicada Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales, la Comisión Europea establezca un marco global, actos jurídicos e instrumentos para hacer valer los derechos digitales europeos y fomentar una cooperación más estrecha con los ciudadanos europeos para garantizar que los principios digitales sean compartidos y respondan a las necesidades de la sociedad.
De hecho, debería plantearse una revisión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE promulgada en 2000 teniendo en cuenta los derechos digitales recientemente proclamados;
23.
valora positivamente la recomendación presentada por la Conferencia sobre el Futuro de Europa relativa a establecer la igualdad de acceso a internet como derecho fundamental de todo ciudadano europeo.
En este sentido, es fundamental contar con un acceso fiable a internet y a los servicios digitales a través de una infraestructura digital de la UE soberana y resiliente.
Deben adoptarse medidas para garantizar una competencia leal y abierta y para evitar los monopolios y el abuso general de poder de mercado, la dependencia de un solo proveedor, la concentración de datos y la dependencia de terceros países en relación con las infraestructuras y los servicios;
24. propone, en consonancia con la recomendación formulada en las recomendaciones específicas para las autoridades nacionales de reglamentación emitidas por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (11), que se fomente el uso compartido de infraestructuras (entre los operadores de telecomunicaciones y otros proveedores de servicios como compañías eléctricas, ferrocarriles, etc.) para reducir los costes de desplegar las redes de banda ancha y apoyar a las zonas remotas;
25. señala que muchas regiones han tenido experiencias positivas con colaboraciones público-privadas tanto para incrementar la infraestructura digital como para reducir la brecha digital, y subraya el papel de los centros digitales regionales en el despliegue de la digitalización;
26. subraya enfáticamente que la Comisión Europea y los Estados miembros deberían aprovechar las oportunidades que ofrece el trabajo a distancia al fomentar la vida en las zonas rurales, las islas, las regiones montañosas y las zonas con muy baja densidad de población y dispersión poblacional, y aprovechar las ventajas de vivir en estas zonas, lo que podría derivar en una vida más sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico y más asequible si, entre otros requisitos básicos, se garantiza la cohesión digital, es decir, la plena disponibilidad de los servicios digitales fundamentales;
27. señala las ventajas de compartir ejemplos de buenas prácticas de todas las regiones europeas relativos a políticas que posibiliten un trabajo a distancia sostenible para garantizar que el trabajo a distancia sea una modalidad permanente en los lugares de trabajo de forma que se maximicen los beneficios económicos, sociales y medioambientales;
(11)
Iclaves & Esade, Study on post-COVID measures to close the digital divide, Informe final, octubre de 2021.