C 472/32
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
12.12.2022
o, por el contrario, c) en el sentido de que, para determinar la procedencia de la exclusión del análisis del carácter abusivo de una cláusula contractual, prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE, basta con aplicar el principio general del Derecho civil según el cual los contratos se completan con la ley, a falta de toda referencia o remisión expresa a la correspondiente norma jurídica de la disposición legal en cuestión?
2) ¿Debe interpretarse al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que, en el marco del régimen jurídico especial de protección de los derechos de los consumidores, es excesivo considerar que el consumidor tiene el deber de conocer el contenido de todas las normas jurídicas de las disposiciones legales que completan el contrato, a falta de información previa al consumidor al respecto por parte del profesional?
(1)
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 23 de septiembre de 2022 — Dublin 8 Residents Association / An Bord Pleanála, Irlanda y Fiscal General (Asunto C-613/22) (2022/C 472/36) Lengua de procedimiento: inglés Órgano jurisdiccional remitente High Court (Irlanda)
Partes en el procedimiento principal Recurrente: Dublin 8 Residents Association Recurridas: An Bord Pleanála, Irlanda y Fiscal General Coadyuvante: DBTR-SCR1 Fund, a Sub-Fund of the CWTC Multi-Family ICAV
Cuestiones prejudiciales 1.
¿Tiene por efecto el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/92 (1), en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y/o con el artículo 9, apartados 2 a 4, del Convenio de Aarhus, aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, (2) que, cuando una ONG de protección del medioambiente cumple el criterio de legitimación establecido en esa disposición, debe considerarse que goza de capacidad suficiente para interponer un recurso judicial pese a existir una norma general del Derecho nacional de un Estado miembro que impide a las asociaciones sin personalidad jurídica entablar procedimientos judiciales? 2.
Si el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/92, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y/o con el artículo 9, apartados 2 a 4, del Convenio de Aarhus, aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, no tiene el efecto señalado en la primera cuestión con carácter general, ¿tiene dicho efecto cuando el Derecho nacional del Estado miembro de que se trata establece que una ONG que cumple el criterio de legitimación contemplado en el artículo 1, apartado 2, letra e), de la Directiva tiene por ello capacidad para interponer un recurso judicial? 3.
Si el artículo 11, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/92, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y/o con el artículo 9, apartados 2 a 4, del Convenio de Aarhus, aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, no tiene el efecto señalado en la primera cuestión con carácter general, ¿surte ese efecto cuando el Derecho nacional y/o los procedimientos adoptados por la autoridad competente del Estado miembro de que se trata han permitido a una ONG de protección del medioambiente que de otro modo no tendría capacidad jurídica en el Derecho nacional participar, no obstante, en la fase administrativa del proceso de autorización del proyecto?