12.12.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 472/5
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual una sociedad de gestión que no haya cumplido, en el plazo establecido por dicha normativa nacional, con la obligación de actualizar el folleto, prevista en los artículos 68 a 82 de esa Directiva, respecto a varios organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios puede ser objeto de una sanción administrativa por cada uno de ellos, pese a referirse la modificación que debía actualizarse en los folletos a un único elemento relativo a la composición de un órgano de la sociedad de gestión, siempre que la sanción administrativa sea, además de efectiva y disuasoria, proporcionada.
(1)
DO C 433 de 14.12.2020.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de octubre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.o 2 de Valladolid) — BFF Finance Iberia S. A. U. / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (Asunto C-585/20) (1) (Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/7/UE — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Cobro frente a un poder público de créditos cedidos por empresas a una agencia de gestión de cobro — Compensación por los costes de cobro soportados por el acreedor en caso de morosidad del deudor — Artículo 6 — Cantidad fija mínima de 40 euros — Operaciones entre empresas y poderes públicos — Artículo 4 — Procedimiento de certificación de la conformidad de los bienes o los servicios — Plazo de pago — Artículo 2, punto 8 — Concepto de «cantidad adeudada» — Cómputo del impuesto sobre el valor añadido a efectos del cálculo de los intereses de demora) (2022/C 472/06) Lengua de procedimiento: español Órgano jurisdiccional remitente Juzgado Contencioso-Administrativo n.o 2 de Valladolid
Partes en el procedimiento principal Demandante: BFF Finance Iberia S. A. U. Demandadas: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León
Fallo 1) El artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que la cantidad fija mínima de 40 euros, en concepto de compensación al acreedor por los costes de cobro soportados a causa de la morosidad del deudor, debe abonarse por cada operación comercial no pagada a su vencimiento, acreditada en una factura, incluso cuando esa factura se presente conjuntamente con otras facturas en una reclamación administrativa o judicial única.
2) El artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, con carácter general, respecto de todas las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de 60 días naturales, incluso cuando ese plazo esté compuesto por un período inicial de 30 días para el procedimiento de aceptación o de comprobación de la conformidad con el contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados y por un período adicional de 30 días para el pago del precio acordado.