ES
C 380/16
Diario Oficial de la Unión Europea
3.10.2022
2.
Segundo motivo, basado en que la Decisión incumple la obligación de motivación consagrada en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 41, apartados 1 y 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 47, párrafo primero, de la Carta, al presentar numerosas lagunas en su motivación, en particular también en lo que atañe a numerosos supuestos de ejercicio de discrecionalidad de la parte demandada, y por no revelar los datos que atañen a otras entidades, así como por el hecho de hacer prácticamente imposible el control judicial. 3.
Tercer motivo, basado en que la Decisión infringe los artículos 69 y 70 del Reglamento (UE) n.o 806/2014 y los artículos 16, 17, 41 y 53 de la Carta, al haber errado la parte demandada en el cálculo del nivel de financiación anual; y, con carácter subsidiario, en que los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 infringen normas de rango superior. 4.
Cuarto motivo, basado en que los artículos 6, 7 y 9 y el anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 infringen normas de rango superior, en particular, al violar el principio que obliga a que las aportaciones se calculen según el riesgo, el principio de proporcionalidad y el principio que obliga a tener en cuenta todos los hechos del expediente. 5.
Quinto motivo, basado en que la Decisión menoscaba la libertad empresarial que ampara a la parte demandante conforme al artículo 16 de la Carta y viola el principio de proporcionalidad, al no corresponderse los multiplicadores de ajuste por riesgo que se utilizaron con el buen perfil de riesgo de la parte demandante, que es mejor que la media. 6.
Sexto motivo, basado en que la Decisión infringe los artículos 16 y 20 de la Carta, viola el principio de proporcionalidad y vulnera el derecho a una buena administración, al constar errores manifiestos en el ejercicio de discrecionalidad de la parte demandada en numerosos supuestos. 7.
Séptimo motivo, basado en que el artículo 20, apartados 1, frase primera, y 2, del Reglamento Delegado infringe el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59/UE (3) y viola el principio que obliga a que las aportaciones se calculen según el riesgo.
(1)
(2) (3)
Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
Reglamento n.o 1, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8).
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190).
Recurso interpuesto el 12 de julio de 2022 — PU/Fiscalía Europea (Asunto T-442/22) (2022/C 380/19) Lengua de procedimiento: griego Partes Demandante: PU (representante: P. Yatagantzidis, abogado) Demandada: Fiscalía Europea
Pretensiones La parte demandante solicita al Tribunal General que: — Anule las resoluciones impugnadas, a saber: a) la resolución n.o 015/2022, de 23 de marzo de 2022, del Colegio de la Fiscalía Europea, por la que se desestima la impugnación de 3 de diciembre de 2021 de la resolución n.o 090/2021, de 8 de septiembre de 2021, del Colegio de la Fiscalía Europea, b) la resolución n.o 090/2021, de 8 de septiembre de 2021, del Colegio de la Fiscalía Europea, c) la resolución n.o 021/2022, de 30 de mayo de 2022, del Colegio de la Fiscalía Europea, y d) cualquier otro acto u omisión relevante de los órganos de la demandada.